Agrotóxicos: riesgo para la salud y el ambiente
19:00 | 
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Avila: Agrotóxicos ponen en riesgo la salud y el medio ambiente
Fecha de Publicación: 30/09/2009
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
Para Clelia Avila “los efectos que provocan los agrotóxicos en la salud de las personas y en todos los seres vivos son muy graves”. Consideró que un ejemplo claro de ello en el Chaco es la aparición del dengue en la localidad de Charata.
La diputada provincial Clelia Avila luego de participar del “Foro de educación ambiental para el desarrollo sustentable en los humedales chaco”, realizado por el Instituto de Nivel Terciario “Dante D. Celli” de Las Palmas, manifestó a medios periodísticos que “los efectos que provocan los agrotóxicos en la salud de las personas y en todos los seres vivos son muy graves, porque al quebrarse un orden natural las consecuencias no se pueden dimensionar, poniendo en riesgo la salud humana y el deterioro del medio ambiente”.
“En nuestra provincia el ejemplo más notorio es la aparición del dengue en la localidad de Charata que no fue casualidad, es el resultado del uso excesivo de productos que potencian el desarrollo del cultivo, pero que matan a las ranas que se alimentan de larvas de mosquito, y al no existir este agente natural se produjo un desequilibrio con graves consecuencias. Todos debemos tomar consciencia de lo que implica esto para la población”, señaló Avila.
“Otro caso testigo es lo que hoy está ocurriendo en las localidades de Las Palmas y La Leonesa donde el uso de de estos productos en el cultivo del arroz están provocando efectos nocivos en la salud de las personas. Ya existen casos de pobladores, que por encontrarse expuestos y en contacto con Glifosato y Endosulfan, padecen severas enfermedades”, indicó la legisladora.
Finalmente la diputada provincial Clelia Avila destacó que “esta pendiente de aprobación por la Cámara de Diputados el proyecto 1010, presentado por esta diputada en abril de 2009, mediante el cual se solicita que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento al artículo 12º de la Ley provincial Nº 3.378 por el cual se establece que: La autoridad de Aplicación podrá prohibir, restringir, limitar o suspender en el territorio provincial, la introducción, fabricación, fraccionamiento, distribución, comercialización y aplicación de cualquier plaguicida o agroquímico, cuando de estudios técnicos, se determine que los efectos producen daños en seres vivos o en el medio ambiente …”.
Fecha de Publicación: 30/09/2009
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
Para Clelia Avila “los efectos que provocan los agrotóxicos en la salud de las personas y en todos los seres vivos son muy graves”. Consideró que un ejemplo claro de ello en el Chaco es la aparición del dengue en la localidad de Charata.
La diputada provincial Clelia Avila luego de participar del “Foro de educación ambiental para el desarrollo sustentable en los humedales chaco”, realizado por el Instituto de Nivel Terciario “Dante D. Celli” de Las Palmas, manifestó a medios periodísticos que “los efectos que provocan los agrotóxicos en la salud de las personas y en todos los seres vivos son muy graves, porque al quebrarse un orden natural las consecuencias no se pueden dimensionar, poniendo en riesgo la salud humana y el deterioro del medio ambiente”.
“En nuestra provincia el ejemplo más notorio es la aparición del dengue en la localidad de Charata que no fue casualidad, es el resultado del uso excesivo de productos que potencian el desarrollo del cultivo, pero que matan a las ranas que se alimentan de larvas de mosquito, y al no existir este agente natural se produjo un desequilibrio con graves consecuencias. Todos debemos tomar consciencia de lo que implica esto para la población”, señaló Avila.
“Otro caso testigo es lo que hoy está ocurriendo en las localidades de Las Palmas y La Leonesa donde el uso de de estos productos en el cultivo del arroz están provocando efectos nocivos en la salud de las personas. Ya existen casos de pobladores, que por encontrarse expuestos y en contacto con Glifosato y Endosulfan, padecen severas enfermedades”, indicó la legisladora.
Finalmente la diputada provincial Clelia Avila destacó que “esta pendiente de aprobación por la Cámara de Diputados el proyecto 1010, presentado por esta diputada en abril de 2009, mediante el cual se solicita que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento al artículo 12º de la Ley provincial Nº 3.378 por el cual se establece que: La autoridad de Aplicación podrá prohibir, restringir, limitar o suspender en el territorio provincial, la introducción, fabricación, fraccionamiento, distribución, comercialización y aplicación de cualquier plaguicida o agroquímico, cuando de estudios técnicos, se determine que los efectos producen daños en seres vivos o en el medio ambiente …”.
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Detectan restos de pesticidas en la soja
Detectan restos de pesticidas en la soja
Fecha de Publicación: 29/09/2009
Fuente: Prensa UNL - El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Estudios de un grupo de la UNL y el Conicet demostraron que las sustancias permanecen en los granos maduros y verdes, y aun en alimentos ya procesados como las milanesas o los aceites, aunque en cantidades permitidas
Restos de glifosato y endosulfán se encontraron en granos de soja, tanto verdes como maduros. También en alimentos ya procesados y en el suelo usado para la siembra, causando la contaminación de las capas freáticas. Así lo mostraron diversos trabajos de investigación desarrollados por el grupo de Medio Ambiente del Intec (UNL-Conicet), que realizó estudios referentes al uso de glifosato y el endosulfán, plaguicidas ligados al cultivo de la soja.
El glifosato, cuyo nombre químico es N-fosfonometilglicina, se transformó en un herbicida global por su versatilidad para controlar un amplio espectro de maleza que afecta la soja, pero también por formar parte de un paquete tecnológico que ha modificado sustancialmente el sistema agroganadero tradicional. Por su parte, el endosulfán es un insecticida clorado y prohibido en muchos países, pero que en la Argentina sigue siendo utilizado para combatir la chinche verde de la soja.
“Pusimos énfasis en esos dos plaguicidas porque su uso ha aumentado en paralelo al incremento de la superficie cultivada de soja”, indicó María Inés Maitre, investigadora que forma parte del equipo del Intec
Junto a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, el grupo comenzó en 1997 a realizar estudios controlados de fumigaciones en cultivos de soja, analizando tanto el suelo como las plantas y las semillas. “Por ser éstas utilizadas en alimentos es importante saber el nivel de residuos de pesticidas que contienen”, sostuvo. Una síntesis de los resultados obtenidos se presentó en el 2do. Workshop Latinoamericano sobre Residuos de Pesticidas, Alimentos y Medio Ambiente, organizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Residuos en soja Los investigadores diseñaron un método -modificando la molécula del herbicida y utilizando métodos cromatográficos- capaz de detectar los restos de glifosato en soja. Algo que no es posible mediante análisis comunes. “Ésta es una de las causas por la que existe escasa información con respecto a su residualidad en muestras ambientales y alimentos”, aseguró Maitre.
Para comprobar los niveles de residuos que pueden quedar en las semillas, los investigadores realizaron pruebas con aplicaciones controladas de Roundup (nombre comercial del glifosato) en tres lotes de la localidad de Franck, en el departamento Las Colonias. En muestreos con una aplicación no se encontraron restos del herbicida, pero luego de analizar la soja sometida a más de dos aplicaciones observaron que aparecían residuos. “Si bien estaban debajo de los límites permitidos, ya era un llamado de atención, porque es un cultivo transgénico que encima tiene el agregado de un tóxico muy discutido”, enfatizó la investigadora.
Entre 2000 y 2001, otro estudio hecho en las localidades de Diamante y Sauce Pinto, Entre Ríos, pero sobre aplicaciones en soja verde -un producto muy consumido en Asia-, demostró que restos de ambos plaguicidas también estaban presentes. Además, se realizaron ensayos en soja convencional, es decir, no realizada por siembra directa, y transgénica con distintas aplicaciones de glifosato.
“El lote donde no se aplicó endosulfán (lote testigo) se encontró libre, por supuesto. En otros dos, la aplicación se realizó a distintos días de la siembra, a 90 días, en uno, y a 60 y 92, en el otro. Se desarrolló para la investigación una metodología muy específica, porque había que analizar dos plaguicidas: glifosato y endosulfán. El primero es soluble en agua, pero el otro lo es en solventes orgánicos, porque tiene capacidad para acumularse en grasas. No se podía desarrollar en el mismo análisis la extracción de los dos compuestos. Por ello, se hicieron las investigaciones basándose en normas estandarizadas, pero con modificaciones para poder detectar residuos de endosulfán por cromatografía gaseosa y residuos de glifosato por cromatografía líquida”, detalló Maitre.
En los lotes donde se realizaron las aplicaciones se encontraron restos de endosulfán. También se analizó un metabolito de endosulfán, porque este plaguicida se transforma en tres compuestos diferentes. De todos, el sulfato de endosulfán es uno de los más tóxicos. También se encontraron residuos de glifosato en cantidades permitidas. “El problema es que, a medida que aparecen mayores cantidades de residuos, se elevan los niveles permitidos”, lamentó Maitre.
Restos en procesados y en suelo
Por otra parte, el equipo realizó pruebas en alimentos basados en soja para ver si los tóxicos permanecían a pesar de todos los procedimientos de elaboración. De ese modo, analizaron tofu (una especie de queso), leche de soja, milanesas húmedas y secas. “Se encontró glifosato en las milanesas secas, aunque no en cantidades altas, pero significa que luego de los procesos industriales se siguen hallando residuos. También se trabajó en aceites y allí había residuos de endosulfán”, añadió Maitre.
Por otra parte, el equipo estudió la permanencia de los plaguicidas en el suelo. Según la especialista, el glifosato siempre fue promocionado por su rápida degradación. “Pudimos concluir que, a pesar de que el glifosato se adsorbe, tiene capacidad también para resorberse. Entonces, en épocas muy húmedas y lluviosas puede drenar en el suelo y contaminar las capas freáticas”, continuó.
A la misma conclusión llegó el Inta de Pergamino, que tiene instalados unos lisímetros donde recogen el agua de lluvia. Luego de realizadas las aplicaciones y de cada precipitación, se junta el líquido que se lixivia en el suelo y se analiza para ver cuánto drenó. “Hubo la misma conclusión: en un año en que prácticamente no llovió no encontramos residuos. Pero en un año muy llovedor se encontraron restos de glifosato”, dijo.
Además, realizaron experimentos en laboratorio variando el pH de los suelos. “De qué pH tenga el suelo, es decir, de la acidez o basicidad que tenga, dependerá la disponibilidad de glifosato. Esto puede ser importante, porque junto a los plaguicidas se aplican grandes cantidades de fertilizantes. Las variaciones que se producen pueden afectar la movilidad”, relató.
Fecha de Publicación: 29/09/2009
Fuente: Prensa UNL - El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Estudios de un grupo de la UNL y el Conicet demostraron que las sustancias permanecen en los granos maduros y verdes, y aun en alimentos ya procesados como las milanesas o los aceites, aunque en cantidades permitidas
Restos de glifosato y endosulfán se encontraron en granos de soja, tanto verdes como maduros. También en alimentos ya procesados y en el suelo usado para la siembra, causando la contaminación de las capas freáticas. Así lo mostraron diversos trabajos de investigación desarrollados por el grupo de Medio Ambiente del Intec (UNL-Conicet), que realizó estudios referentes al uso de glifosato y el endosulfán, plaguicidas ligados al cultivo de la soja.
El glifosato, cuyo nombre químico es N-fosfonometilglicina, se transformó en un herbicida global por su versatilidad para controlar un amplio espectro de maleza que afecta la soja, pero también por formar parte de un paquete tecnológico que ha modificado sustancialmente el sistema agroganadero tradicional. Por su parte, el endosulfán es un insecticida clorado y prohibido en muchos países, pero que en la Argentina sigue siendo utilizado para combatir la chinche verde de la soja.
“Pusimos énfasis en esos dos plaguicidas porque su uso ha aumentado en paralelo al incremento de la superficie cultivada de soja”, indicó María Inés Maitre, investigadora que forma parte del equipo del Intec
Junto a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, el grupo comenzó en 1997 a realizar estudios controlados de fumigaciones en cultivos de soja, analizando tanto el suelo como las plantas y las semillas. “Por ser éstas utilizadas en alimentos es importante saber el nivel de residuos de pesticidas que contienen”, sostuvo. Una síntesis de los resultados obtenidos se presentó en el 2do. Workshop Latinoamericano sobre Residuos de Pesticidas, Alimentos y Medio Ambiente, organizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Residuos en soja Los investigadores diseñaron un método -modificando la molécula del herbicida y utilizando métodos cromatográficos- capaz de detectar los restos de glifosato en soja. Algo que no es posible mediante análisis comunes. “Ésta es una de las causas por la que existe escasa información con respecto a su residualidad en muestras ambientales y alimentos”, aseguró Maitre.
Para comprobar los niveles de residuos que pueden quedar en las semillas, los investigadores realizaron pruebas con aplicaciones controladas de Roundup (nombre comercial del glifosato) en tres lotes de la localidad de Franck, en el departamento Las Colonias. En muestreos con una aplicación no se encontraron restos del herbicida, pero luego de analizar la soja sometida a más de dos aplicaciones observaron que aparecían residuos. “Si bien estaban debajo de los límites permitidos, ya era un llamado de atención, porque es un cultivo transgénico que encima tiene el agregado de un tóxico muy discutido”, enfatizó la investigadora.
Entre 2000 y 2001, otro estudio hecho en las localidades de Diamante y Sauce Pinto, Entre Ríos, pero sobre aplicaciones en soja verde -un producto muy consumido en Asia-, demostró que restos de ambos plaguicidas también estaban presentes. Además, se realizaron ensayos en soja convencional, es decir, no realizada por siembra directa, y transgénica con distintas aplicaciones de glifosato.
“El lote donde no se aplicó endosulfán (lote testigo) se encontró libre, por supuesto. En otros dos, la aplicación se realizó a distintos días de la siembra, a 90 días, en uno, y a 60 y 92, en el otro. Se desarrolló para la investigación una metodología muy específica, porque había que analizar dos plaguicidas: glifosato y endosulfán. El primero es soluble en agua, pero el otro lo es en solventes orgánicos, porque tiene capacidad para acumularse en grasas. No se podía desarrollar en el mismo análisis la extracción de los dos compuestos. Por ello, se hicieron las investigaciones basándose en normas estandarizadas, pero con modificaciones para poder detectar residuos de endosulfán por cromatografía gaseosa y residuos de glifosato por cromatografía líquida”, detalló Maitre.
En los lotes donde se realizaron las aplicaciones se encontraron restos de endosulfán. También se analizó un metabolito de endosulfán, porque este plaguicida se transforma en tres compuestos diferentes. De todos, el sulfato de endosulfán es uno de los más tóxicos. También se encontraron residuos de glifosato en cantidades permitidas. “El problema es que, a medida que aparecen mayores cantidades de residuos, se elevan los niveles permitidos”, lamentó Maitre.
Restos en procesados y en suelo
Por otra parte, el equipo realizó pruebas en alimentos basados en soja para ver si los tóxicos permanecían a pesar de todos los procedimientos de elaboración. De ese modo, analizaron tofu (una especie de queso), leche de soja, milanesas húmedas y secas. “Se encontró glifosato en las milanesas secas, aunque no en cantidades altas, pero significa que luego de los procesos industriales se siguen hallando residuos. También se trabajó en aceites y allí había residuos de endosulfán”, añadió Maitre.
Por otra parte, el equipo estudió la permanencia de los plaguicidas en el suelo. Según la especialista, el glifosato siempre fue promocionado por su rápida degradación. “Pudimos concluir que, a pesar de que el glifosato se adsorbe, tiene capacidad también para resorberse. Entonces, en épocas muy húmedas y lluviosas puede drenar en el suelo y contaminar las capas freáticas”, continuó.
A la misma conclusión llegó el Inta de Pergamino, que tiene instalados unos lisímetros donde recogen el agua de lluvia. Luego de realizadas las aplicaciones y de cada precipitación, se junta el líquido que se lixivia en el suelo y se analiza para ver cuánto drenó. “Hubo la misma conclusión: en un año en que prácticamente no llovió no encontramos residuos. Pero en un año muy llovedor se encontraron restos de glifosato”, dijo.
Además, realizaron experimentos en laboratorio variando el pH de los suelos. “De qué pH tenga el suelo, es decir, de la acidez o basicidad que tenga, dependerá la disponibilidad de glifosato. Esto puede ser importante, porque junto a los plaguicidas se aplican grandes cantidades de fertilizantes. Las variaciones que se producen pueden afectar la movilidad”, relató.
La sobrepesca del sábalo
La pesca intensiva del sábalo ya está afectando a otras especies
Fecha de Publicación: 28/09/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Fe
Los ejemplares son cada vez menos y más chicos. Y perjudica a dorados y surubíes.
Hubo una vez millones y millones de sábalos en el sur del río Paraná. Daban de comer a los pobladores costeros y a las familias de pescadores artesanales y comerciales, que los vendían para el mercado interno. Sus huevos y larvas eran el alimento de surubíes y dorados, motor de quienes viven de la pesca deportiva. Pero a mediados de los 90 comenzaron a instalarse factorías que llenaron el río de pescadores noveles, para exportar decenas de miles de toneladas. El final de esta fábula, la adivinaría un niño: no sólo se han reducido los sábalos, en cantidad y en tamaño, sino también los surubíes y dorados, que son cada vez más chicos. "Del sábalo sólo hablábamos los biólogos, y en congresos. A nadie le interesaba demasiado porque es un pez con gusto a barro", comenta Claudio Baigún, investigador del Conicet.
"La pesquería del Paraná siempre se caracterizó por brindar beneficios sociales, antes que económicos -señala Julieta Peteán, coordinadora del Programa de Pesca y Humedales de la Fundación Proteger, con sede en Santa Fe-. Miles de familias dependen de esto para vivir. Había un gran mercado interno que funcionaba en las principales ciudades de las costas del Paraguay y del Paraná, y también enviaba pescado a Córdoba, Tucumán, Buenos Aires".
Los primeros frigoríficos se manejaron con volúmenes relativamente bajos de exportación. Pero con el fin de la convertibilidad, las cifras se dispararon. Los dueños de las factorías (hoy son 17) comenzaron a ganar casi $1.000 por tonelada, mientras a los pescadores siguieron pagando 50 y hasta 25 centavos por pieza, de 2 a 3 kilos.
"Los pescadores se endeudaron por el bajo precio, porque el acopiador les adelantaba dinero para futuras capturas, y así fueron perdiendo sus artes de pesca y sus embarcaciones", relata Peteán. Pero como los dueños necesitaban cada vez más gente, contrataron a desocupados. "Por ejemplo, los peones rurales desterrados de sus campos por el monocultivo -precisa Luis Romero, de Baqueanos del Río, en Paraná-. Otros vendieron su maquinita, compraron una lancha y pescan para las empresas".
Así, en 2004 se llegó al récord de exportación de 35.000 toneladas de sábalo ya eviscerado y sin valor agregado. Al sumar las 12.000 toneladas para el mercado interno, y lo que sale país "por izquierda", ese año se extrajeron unas 60.000 toneladas, estima Proteger.
Empezaron a mermar los peces, y también su tamaño: en 15 años, la talla media del sábalo comercial se redujo de 46-48 centímetros a 42, destaca el biólogo Norberto Oldani. A veces es incluso menor, "lo que indica que nos estamos quedando sin reproductores", agrega. En consecuencia, también comenzaron a reducirse los surubíes, en cantidad y calidad: "La talla de primera reproducción del surubí es de 95 centímetros, y se los está capturando de 60. El fin del surubí está a la vuelta de la esquina".
Si hasta hace diez años había unas mil familias que vivían de la pesca en el Paraná inferior, ahora hay una cifra muy superior, difícil de determinar, ya que el sindicato de pescadores santafesino presiona por inflar el censo, e incorporar a más beneficiarios del subsidio que reciben durante la veda.
"Estaremos llegando a 3.000, lo que no significa que sean pescadores de tiempo completo", anticipa el secretario de Producción de Santa Fe, Ricardo Biani. Y reconoce que la mayoría no tiene el mismo comportamiento responsable de los pescadores tradicionales. En ese sentido, todos los consultados por Clarín coincidieron en que el problema de la sobrepesca es de San Javier al sur, y que hacia el norte existe una cultura de respeto por las vedas y las tallas mínimas.
En 2007, la Subsecretaría de Pesca de la Nación puso cupos a la exportación, que han ido bajando de 17.500 toneladas a las 11.000 de este año. "La evaluación biológica se hace con un equipo técnico propio, dos veces por año, y no hay un colapso del recurso. Es mentira que la talla media está bajando", dice el director de Pesca Continental, Mauricio Remes Lenicov. Y culpa a las represas, la contaminación y los pescadores deportivos por la merma del surubí.
Fecha de Publicación: 28/09/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santa Fe
Los ejemplares son cada vez menos y más chicos. Y perjudica a dorados y surubíes.
Hubo una vez millones y millones de sábalos en el sur del río Paraná. Daban de comer a los pobladores costeros y a las familias de pescadores artesanales y comerciales, que los vendían para el mercado interno. Sus huevos y larvas eran el alimento de surubíes y dorados, motor de quienes viven de la pesca deportiva. Pero a mediados de los 90 comenzaron a instalarse factorías que llenaron el río de pescadores noveles, para exportar decenas de miles de toneladas. El final de esta fábula, la adivinaría un niño: no sólo se han reducido los sábalos, en cantidad y en tamaño, sino también los surubíes y dorados, que son cada vez más chicos. "Del sábalo sólo hablábamos los biólogos, y en congresos. A nadie le interesaba demasiado porque es un pez con gusto a barro", comenta Claudio Baigún, investigador del Conicet.
"La pesquería del Paraná siempre se caracterizó por brindar beneficios sociales, antes que económicos -señala Julieta Peteán, coordinadora del Programa de Pesca y Humedales de la Fundación Proteger, con sede en Santa Fe-. Miles de familias dependen de esto para vivir. Había un gran mercado interno que funcionaba en las principales ciudades de las costas del Paraguay y del Paraná, y también enviaba pescado a Córdoba, Tucumán, Buenos Aires".
Los primeros frigoríficos se manejaron con volúmenes relativamente bajos de exportación. Pero con el fin de la convertibilidad, las cifras se dispararon. Los dueños de las factorías (hoy son 17) comenzaron a ganar casi $1.000 por tonelada, mientras a los pescadores siguieron pagando 50 y hasta 25 centavos por pieza, de 2 a 3 kilos.
"Los pescadores se endeudaron por el bajo precio, porque el acopiador les adelantaba dinero para futuras capturas, y así fueron perdiendo sus artes de pesca y sus embarcaciones", relata Peteán. Pero como los dueños necesitaban cada vez más gente, contrataron a desocupados. "Por ejemplo, los peones rurales desterrados de sus campos por el monocultivo -precisa Luis Romero, de Baqueanos del Río, en Paraná-. Otros vendieron su maquinita, compraron una lancha y pescan para las empresas".
Así, en 2004 se llegó al récord de exportación de 35.000 toneladas de sábalo ya eviscerado y sin valor agregado. Al sumar las 12.000 toneladas para el mercado interno, y lo que sale país "por izquierda", ese año se extrajeron unas 60.000 toneladas, estima Proteger.
Empezaron a mermar los peces, y también su tamaño: en 15 años, la talla media del sábalo comercial se redujo de 46-48 centímetros a 42, destaca el biólogo Norberto Oldani. A veces es incluso menor, "lo que indica que nos estamos quedando sin reproductores", agrega. En consecuencia, también comenzaron a reducirse los surubíes, en cantidad y calidad: "La talla de primera reproducción del surubí es de 95 centímetros, y se los está capturando de 60. El fin del surubí está a la vuelta de la esquina".
Si hasta hace diez años había unas mil familias que vivían de la pesca en el Paraná inferior, ahora hay una cifra muy superior, difícil de determinar, ya que el sindicato de pescadores santafesino presiona por inflar el censo, e incorporar a más beneficiarios del subsidio que reciben durante la veda.
"Estaremos llegando a 3.000, lo que no significa que sean pescadores de tiempo completo", anticipa el secretario de Producción de Santa Fe, Ricardo Biani. Y reconoce que la mayoría no tiene el mismo comportamiento responsable de los pescadores tradicionales. En ese sentido, todos los consultados por Clarín coincidieron en que el problema de la sobrepesca es de San Javier al sur, y que hacia el norte existe una cultura de respeto por las vedas y las tallas mínimas.
En 2007, la Subsecretaría de Pesca de la Nación puso cupos a la exportación, que han ido bajando de 17.500 toneladas a las 11.000 de este año. "La evaluación biológica se hace con un equipo técnico propio, dos veces por año, y no hay un colapso del recurso. Es mentira que la talla media está bajando", dice el director de Pesca Continental, Mauricio Remes Lenicov. Y culpa a las represas, la contaminación y los pescadores deportivos por la merma del surubí.
La Rioja apunta a generar y vender energía
Parque eólico: La Rioja apunta a generar y vender energía
Fecha de Publicación: 28/09/2009
Fuente: Diario Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
La obra del Parque eólico estará lista en el 2010. Antes de fin año entrará en funcionamiento el primer generador
En el 2010 La Rioja podría convertirse en generador de energía eólica. Significa que podrá vender energía al resto del país porque además de ampliar su capacidad para cubrir la demanda de energía de la Provincia, también apostará a un negocio que manejará el Estado desde su propia empresa.
Así lo aseguró el ministro de Infraestructura y Obras Públicas, Javier Tineo. En la obra, que estará emplazada en la Puerta de Arauco al Sur de la ciudad de Aimogasta; y que es de generación de energía limpia se invertirán en total 248 millones de pesos.
"Para la Provincia contar con el Parque eólico significará primero, posicionarla como una generadora de energía. El generador le vende al mercado eléctrico que regula CAMMESA y esta a su vez, en nombre del Estado, regula y compra, y la vende a las distribuidoras de energías. La Rioja va a poder plantarse como generadora que significa rentabilidad. Y el objetivo es que el Estado se posicione y sea protagonista con la empresa estatal de energía (EMSE)", explicó el ministro a NUEVA RIOJA. (Ver recuadro)
La obra "posibilitará, en un predio de más de 7 mil hectáreas de terrenos fiscales, instalar tecnología eólica para generar 300 Megavatios". "La Rioja completa con toda la potencia que demanda en verano, por ejemplo, 200 Megavatios y con esto estamos hablando de un emprendimiento que permitirá dar sostenibilidad a una demanda energética de toda la Provincia", comentó Tineo.
Financiamiento
La inversión para la construcción del Parque eólico está financiada entre el Gobierno provincial, por un crédito del Banco Nación y el Gobierno nacional a través de ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) creada el 29 de diciembre del año 2004, por la Ley Nacional 25.943.
En total cuesta 248 millones de pesos e incluye la compra de torres más las obras complementarias. ENARSA aportará a La Rioja 97 millones de pesos de acuerdo al convenio y además tendrá una participación accionaria en la empresa estatal provincial.
El Gobierno provincial ya compró una torre con fondos propios a 4 millones de dólares a empresa IMPSA del grupo Pescarmona que se quedó con la obra. El primer molino, que ya está en Arauco, aportará 2,1 Megavatio al sistema eléctrico. Faltan instalar 11 torres más.
"Esta parte de la obra tuvo un atraso producto de la industrialización de la turbina. Antes de fin de año debería estar montada la primer torre y a mediados del 2010 las 11 restantes", dijo el Ministro.
Inversión
De acuerdo al convenio con el Gobierno nacional, la empresa ENARSA tendrá una participación del 20 por ciento en el paquete accionario. Las ganancias tanto de la empresa nacional como de la Provincial EMPSE deberá ser invertidas en obras de infraestructura de mejoras para el sistema eléctrico de La Rioja. Según Tineo es obligatorio que ENARSA destine su rentabilidad, dentro de este negocio, a la Provincia.
Tineo consideró además que "el crecimiento en el tiempo de esta obra será en el orden de los 7 a 10 años; y que ya la obra genera 100 puestos de trabajo otorgadas por las empresas subsidiarias".
Orígenes
El proyecto fue diseñado luego de avanzar sobre estudios previos que aseguraban que existían buenos indicadores de vientos en la Puerta de Arauco. Los estudios comenzaron hace 15 años.
En 1985 Diputados aprobó una ley provincial que declaró de interés la energía eólica y en 1994 Telecom instala un eólico en la Puerta de Arauco y cuatro en Chepes y Ulapes.
En el 2001 se iniciaron las mediciones en forma sistemática con anemómetros calibrados y certificados. Ya en el 2005 se presenta el proyecto de la Granja Eólica de Arauco en CRILAR, Anillaco y entre el 2006 y el 2007 el Instituto Geográfico Militar realiza estudios de topografía. Todo esto permitió la elaboración del estudio del Parque Eólico de Arauco.
Los Datos
El Gobierno provincial compró unas torres a industrias Pescarmona. Esta tecnología es utilizada en el Sur de Brasil.
Además fueron comprados otros 11 equipos que son financiados por la Provincia, el Gobierno nacional a través de ENARSA. También el Banco Nación otorgó un crédito.
ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) aporta 97 millones de pesos sobre un total de un proyecto de 248 millones de pesos.
Fecha de Publicación: 28/09/2009
Fuente: Diario Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
La obra del Parque eólico estará lista en el 2010. Antes de fin año entrará en funcionamiento el primer generador
En el 2010 La Rioja podría convertirse en generador de energía eólica. Significa que podrá vender energía al resto del país porque además de ampliar su capacidad para cubrir la demanda de energía de la Provincia, también apostará a un negocio que manejará el Estado desde su propia empresa.
Así lo aseguró el ministro de Infraestructura y Obras Públicas, Javier Tineo. En la obra, que estará emplazada en la Puerta de Arauco al Sur de la ciudad de Aimogasta; y que es de generación de energía limpia se invertirán en total 248 millones de pesos.
"Para la Provincia contar con el Parque eólico significará primero, posicionarla como una generadora de energía. El generador le vende al mercado eléctrico que regula CAMMESA y esta a su vez, en nombre del Estado, regula y compra, y la vende a las distribuidoras de energías. La Rioja va a poder plantarse como generadora que significa rentabilidad. Y el objetivo es que el Estado se posicione y sea protagonista con la empresa estatal de energía (EMSE)", explicó el ministro a NUEVA RIOJA. (Ver recuadro)
La obra "posibilitará, en un predio de más de 7 mil hectáreas de terrenos fiscales, instalar tecnología eólica para generar 300 Megavatios". "La Rioja completa con toda la potencia que demanda en verano, por ejemplo, 200 Megavatios y con esto estamos hablando de un emprendimiento que permitirá dar sostenibilidad a una demanda energética de toda la Provincia", comentó Tineo.
Financiamiento
La inversión para la construcción del Parque eólico está financiada entre el Gobierno provincial, por un crédito del Banco Nación y el Gobierno nacional a través de ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) creada el 29 de diciembre del año 2004, por la Ley Nacional 25.943.
En total cuesta 248 millones de pesos e incluye la compra de torres más las obras complementarias. ENARSA aportará a La Rioja 97 millones de pesos de acuerdo al convenio y además tendrá una participación accionaria en la empresa estatal provincial.
El Gobierno provincial ya compró una torre con fondos propios a 4 millones de dólares a empresa IMPSA del grupo Pescarmona que se quedó con la obra. El primer molino, que ya está en Arauco, aportará 2,1 Megavatio al sistema eléctrico. Faltan instalar 11 torres más.
"Esta parte de la obra tuvo un atraso producto de la industrialización de la turbina. Antes de fin de año debería estar montada la primer torre y a mediados del 2010 las 11 restantes", dijo el Ministro.
Inversión
De acuerdo al convenio con el Gobierno nacional, la empresa ENARSA tendrá una participación del 20 por ciento en el paquete accionario. Las ganancias tanto de la empresa nacional como de la Provincial EMPSE deberá ser invertidas en obras de infraestructura de mejoras para el sistema eléctrico de La Rioja. Según Tineo es obligatorio que ENARSA destine su rentabilidad, dentro de este negocio, a la Provincia.
Tineo consideró además que "el crecimiento en el tiempo de esta obra será en el orden de los 7 a 10 años; y que ya la obra genera 100 puestos de trabajo otorgadas por las empresas subsidiarias".
Orígenes
El proyecto fue diseñado luego de avanzar sobre estudios previos que aseguraban que existían buenos indicadores de vientos en la Puerta de Arauco. Los estudios comenzaron hace 15 años.
En 1985 Diputados aprobó una ley provincial que declaró de interés la energía eólica y en 1994 Telecom instala un eólico en la Puerta de Arauco y cuatro en Chepes y Ulapes.
En el 2001 se iniciaron las mediciones en forma sistemática con anemómetros calibrados y certificados. Ya en el 2005 se presenta el proyecto de la Granja Eólica de Arauco en CRILAR, Anillaco y entre el 2006 y el 2007 el Instituto Geográfico Militar realiza estudios de topografía. Todo esto permitió la elaboración del estudio del Parque Eólico de Arauco.
Los Datos
El Gobierno provincial compró unas torres a industrias Pescarmona. Esta tecnología es utilizada en el Sur de Brasil.
Además fueron comprados otros 11 equipos que son financiados por la Provincia, el Gobierno nacional a través de ENARSA. También el Banco Nación otorgó un crédito.
ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) aporta 97 millones de pesos sobre un total de un proyecto de 248 millones de pesos.
Una política seria para el cambio climático
Una política seria para el cambio climático
Fecha de Publicación: 27/09/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La Argentina padecerá variaciones meteorológicas. No sirve el hábito del avestruz: hay que enfrentar el desafío.
El progreso económico de los últimos doscientos años ha comprometido la química de la Tierra. El calentamiento global, consecuencia de la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero, está aquí para quedarse.
En todo el mundo se anuncian condiciones meteorológicas más rigurosas. En la actualidad, seis economías generan el 76% de la emisión mundial de gases de efecto invernadero. La mayor responsabilidad por el calentamiento global recae sobre las economías avanzadas (los Estados Unidos emiten el 22% del total; la Unión Europea, el 17% y Japón, el 5%), cuyas emisiones han contribuido durante dos siglos a generar el desequilibrio actual. Sus emisiones per capita son mucho mayores que la de los países económicamente menos adelantados. Si bien los países en desarrollo han contribuido históricamente menos a la acumulación de los gases de efecto invernadero, su responsabilidad se ha incrementando durante los últimos años de la mano de un sostenido crecimiento económico y poblacional. En la actualidad, China es responsable por un 22% del total emitido y la India y Rusia, por un 5 % cada uno.
Con la firma del Protocolo de Kyoto (1997), la comunidad internacional dio un primer paso para controlar las emisiones contaminantes. Se acordó que los países desarrollados reducirían gradualmente sus emisiones mientras que los menos adelantados podrían incrementar sus emisiones hasta alcanzar un mayor nivel de crecimiento. Simultáneamente, se creó un sistema de incentivos financiado por los países más adelantados para reducir voluntariamente la emisión de gases contaminantes por parte de los países menos avanzados económicamente.
Pero los compromisos asumidos en Kyoto son insuficientes en relación a la escala de los desafíos que enfrenta la Humanidad. El mayor emisor mundial (EE. UU.) no ratificó el Protocolo y grandes contaminadores como China, la India y Rusia no asumieron compromisos relevantes.
El próximo diciembre, en Copenhague, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se relanzará la negociación. Si queremos minimizar la ocurrencia de futuras catástrofes habrá que reducir drásticamente el consumo de hidrocarburos en los países desarrollados y atenuar su crecimiento en los países en desarrollo. Acordar un mecanismo sucesorio al Protocolo de Kyoto, que vence a fines del 2012, que incorpore a los Estados Unidos, China, la India y Rusia a un régimen eficaz de control de las emisiones, será el mayor desafío.
Si bien ya existe un consenso respecto a la necesidad de reducir sustancialmente las emisiones de gases invernadero en el largo plazo (2050), no hay voluntad política para acordar metas concretas en el mediano plazo. Asignar responsabilidades y repartir costos es una tarea compleja y delicada. Probablemente se acuerde un marco negociador, pero las decisiones sustantivas se postergarán en el tiempo.
Pero los argentinos no debemos esperar. Muchas de las consecuencias adversas del cambio climático ya son inevitables. Desafortunadamente, nuestro gobierno no tiene aún una política ambiental seria y mucho menos una política concreta para el cambio climático. Necesitamos urgentemente poner en marcha una política de Estado (un plan de largo plazo) para minimizar las consecuencias adversas del cambio climático sobre nuestro país.
La Argentina, con una producción importante de materias primas, se verá seriamente afectada por el cambio climático. La producción agrícola, frutícola y ganadera estará periódicamente golpeada por eventos extremos (tormentas, olas de calor, inundaciones, sequías, tornados) que afectarán los ingresos, el bienestar, la seguridad y la salud de la población rural y urbana. Tendremos que aprender a convivir con lluvias torrenciales en zonas habitualmente secas, a tener menos agua en los ríos Paraná y Uruguay, a controlar fuegos en zonas semiáridas, a largos períodos de sequía en zonas fértiles, a construir diques de contención y a instrumentar políticas sanitarias para reducir la propagación de enfermedades.
La necesaria política de Estado debe determinar nuestras potenciales vulnerabilidades al cambio climático, identificar las medidas de adaptación y poner en marcha políticas de limitación de emisiones contaminantes consistentes con los compromisos internacionales que asumamos en el futuro.
En el campo de la negociación internacional, debemos presentar un frente común con Brasil. Debemos bregar para que los países más avanzados faciliten los fondos para que los países en vías de desarrollo podamos poner en marcha indispensables y costosas políticas de adaptación.
En el campo interno, tenemos que aprender a adaptarnos a los efectos del cambio climático sobre nuestras vidas y sistema de producción. Habrá que facilitar la reconversión de los sistemas productivos a través de la biotecnología, la inversión en infraestructura y nuevas actividades. Necesitamos disponer de sistemas de vigilancia ambiental y de alerta temprana. Debemos prever respuestas eficaces a los desastres que inevitablemente van a ocurrir, ofreciendo incentivos a las empresas y comunidades que inviertan en obras de infraestructura para prevenir inundaciones, evitar la propagación de incendios y enfermedades, etc.
Se trata de una tarea focalizada y local que dependerá esencialmente de nosotros (gobiernos, empresas y ciudadanos). Precisamos desarrollar el uso de energías alternativas (en particular el gas natural y la energía nuclear) donde contamos con ventajas competitivas, así como mejorar la eficiencia energética de nuestros hogares, industrias y sistemas de transporte.
¿Estamos listos para enfrentar el desafío y elaborar una política de Estado, o preferimos, como el avestruz, clavar la cabeza en la tierra y negar la realidad?
Fecha de Publicación: 27/09/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La Argentina padecerá variaciones meteorológicas. No sirve el hábito del avestruz: hay que enfrentar el desafío.
El progreso económico de los últimos doscientos años ha comprometido la química de la Tierra. El calentamiento global, consecuencia de la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero, está aquí para quedarse.
En todo el mundo se anuncian condiciones meteorológicas más rigurosas. En la actualidad, seis economías generan el 76% de la emisión mundial de gases de efecto invernadero. La mayor responsabilidad por el calentamiento global recae sobre las economías avanzadas (los Estados Unidos emiten el 22% del total; la Unión Europea, el 17% y Japón, el 5%), cuyas emisiones han contribuido durante dos siglos a generar el desequilibrio actual. Sus emisiones per capita son mucho mayores que la de los países económicamente menos adelantados. Si bien los países en desarrollo han contribuido históricamente menos a la acumulación de los gases de efecto invernadero, su responsabilidad se ha incrementando durante los últimos años de la mano de un sostenido crecimiento económico y poblacional. En la actualidad, China es responsable por un 22% del total emitido y la India y Rusia, por un 5 % cada uno.
Con la firma del Protocolo de Kyoto (1997), la comunidad internacional dio un primer paso para controlar las emisiones contaminantes. Se acordó que los países desarrollados reducirían gradualmente sus emisiones mientras que los menos adelantados podrían incrementar sus emisiones hasta alcanzar un mayor nivel de crecimiento. Simultáneamente, se creó un sistema de incentivos financiado por los países más adelantados para reducir voluntariamente la emisión de gases contaminantes por parte de los países menos avanzados económicamente.
Pero los compromisos asumidos en Kyoto son insuficientes en relación a la escala de los desafíos que enfrenta la Humanidad. El mayor emisor mundial (EE. UU.) no ratificó el Protocolo y grandes contaminadores como China, la India y Rusia no asumieron compromisos relevantes.
El próximo diciembre, en Copenhague, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se relanzará la negociación. Si queremos minimizar la ocurrencia de futuras catástrofes habrá que reducir drásticamente el consumo de hidrocarburos en los países desarrollados y atenuar su crecimiento en los países en desarrollo. Acordar un mecanismo sucesorio al Protocolo de Kyoto, que vence a fines del 2012, que incorpore a los Estados Unidos, China, la India y Rusia a un régimen eficaz de control de las emisiones, será el mayor desafío.
Si bien ya existe un consenso respecto a la necesidad de reducir sustancialmente las emisiones de gases invernadero en el largo plazo (2050), no hay voluntad política para acordar metas concretas en el mediano plazo. Asignar responsabilidades y repartir costos es una tarea compleja y delicada. Probablemente se acuerde un marco negociador, pero las decisiones sustantivas se postergarán en el tiempo.
Pero los argentinos no debemos esperar. Muchas de las consecuencias adversas del cambio climático ya son inevitables. Desafortunadamente, nuestro gobierno no tiene aún una política ambiental seria y mucho menos una política concreta para el cambio climático. Necesitamos urgentemente poner en marcha una política de Estado (un plan de largo plazo) para minimizar las consecuencias adversas del cambio climático sobre nuestro país.
La Argentina, con una producción importante de materias primas, se verá seriamente afectada por el cambio climático. La producción agrícola, frutícola y ganadera estará periódicamente golpeada por eventos extremos (tormentas, olas de calor, inundaciones, sequías, tornados) que afectarán los ingresos, el bienestar, la seguridad y la salud de la población rural y urbana. Tendremos que aprender a convivir con lluvias torrenciales en zonas habitualmente secas, a tener menos agua en los ríos Paraná y Uruguay, a controlar fuegos en zonas semiáridas, a largos períodos de sequía en zonas fértiles, a construir diques de contención y a instrumentar políticas sanitarias para reducir la propagación de enfermedades.
La necesaria política de Estado debe determinar nuestras potenciales vulnerabilidades al cambio climático, identificar las medidas de adaptación y poner en marcha políticas de limitación de emisiones contaminantes consistentes con los compromisos internacionales que asumamos en el futuro.
En el campo de la negociación internacional, debemos presentar un frente común con Brasil. Debemos bregar para que los países más avanzados faciliten los fondos para que los países en vías de desarrollo podamos poner en marcha indispensables y costosas políticas de adaptación.
En el campo interno, tenemos que aprender a adaptarnos a los efectos del cambio climático sobre nuestras vidas y sistema de producción. Habrá que facilitar la reconversión de los sistemas productivos a través de la biotecnología, la inversión en infraestructura y nuevas actividades. Necesitamos disponer de sistemas de vigilancia ambiental y de alerta temprana. Debemos prever respuestas eficaces a los desastres que inevitablemente van a ocurrir, ofreciendo incentivos a las empresas y comunidades que inviertan en obras de infraestructura para prevenir inundaciones, evitar la propagación de incendios y enfermedades, etc.
Se trata de una tarea focalizada y local que dependerá esencialmente de nosotros (gobiernos, empresas y ciudadanos). Precisamos desarrollar el uso de energías alternativas (en particular el gas natural y la energía nuclear) donde contamos con ventajas competitivas, así como mejorar la eficiencia energética de nuestros hogares, industrias y sistemas de transporte.
¿Estamos listos para enfrentar el desafío y elaborar una política de Estado, o preferimos, como el avestruz, clavar la cabeza en la tierra y negar la realidad?
La intoxicación productiva….
La intoxicación productiva….
Fecha de Publicación: 27/09/2009
Fuente: "Mejor Imposible" FM 92.5
Provincia/Región: Santa Fe
Hace varios años, alrededor de fines del 2001, yo andaba comprando bidones plásticos de los que usamos para las cosechas de huevos del proyecto yacaré. Desde que empezamos en los 90’s, fuimos probando con varios tipos de envases, que nos permitan transportar los huevos tanto a pié como a caballo.
Así fue que encontramos que los mejores son los bidones de plástico blanco, de entre 25 y 30 litros. Lo que hacemos es cortarle la boca, para permitir cargar los huevos, pero le dejamos la manija, para poder transportarlos de forma práctica. El tema es que comprar eso nuevo, cuando uno necesita cantidad, y máxime si lo va a romper, es evidentemente muy caro, así que siempre tratábamos de conseguir bidones usados de todo tipo. En esa recorrida en el 2001, en Santo Tomé me encontré con una chacarita que tenía una montaña de bidones amontonados adelante, y a un precio excelente (pedían 2 o 3 pesos por cada uno). Paré a hablar con el vendedor y solo para cerciorarme, le pregunté de dónde los sacaba, porque quería saber que tan bien tenía que lavarlos, ya que eran para trasladar huevos embrionados, que obviamente no tienen que estar en contacto con ningún tóxico.
Para mas datos, si ustedes se acuerdan, esa era la época de la crisis, y en muchas localidades se vendía la leche al menudeo. O sea, los productores que tenían vacas las ordeñaban y salían a ofrecerla en las ciudades, a mitad de precio, o menos, de lo que costaba en el súper. Había que ir con la jarrita, y ellos con un embudo te la cargaban desde un bidón. Esto pasaba en casi todos los barrios.
Volviendo a la chacarita de Santo Tomé, y a mi pregunta sobre lo que tenían los bidones, el dueño me dijo: “Quédate tranquilo pibe, estos son los que llevan todos los vendedores de leche de acá. Yo se los compro a los fumigadores que los usan con ese “glisofato”, que no hace nada de nada…”. Obviamente el gaucho se refería al glifosato, que al menos para la opinión pública en general, era presentado como una sustancia absolutamente inocua, aunque ya por entonces, si bien con poca trascendencia, había gente estudiando y comprobando sus efectos, fundamentalmente genotóxicos.
Ya han pasado casi 9 años desde aquella vez, y a pesar de los estudios que prueban lo contrario, la mayor parte de la opinión pública, seguramente direccionada, sigue pensando que el herbicida, que es la base de la producción sojera argentina, no genera mas que beneficios productivos y económicos para nuestro país.
Hace un par de meses se conoció un informe elaborado por una comisión nacional de investigación sobre agroquímicos, que estuvo trabajando en el marco del CONICET. Lo interesante es que esta comisión fue creada desde el Gobierno Nacional, aparentemente como chicana al sector del campo en función de la interminable disputa por la 125. Interpreto que era una forma de decirle al sector: “Ahora que tienen problemas con nosotros, vamos a investigar como contaminan”. Lo patético, es que muchos de los investigadores con los que se constituyó esa comisión, trabajaron o incluso aún hoy trabajan para o con, las multinacionales que casualmente, son las proveedoras y beneficiarias del gran suceso económico de la venta del paquete tecnológico de la soja. Conclusión, el informe en cuestión es una recopilación bibliográfica parcial, mas un montón de recomendaciones de cómo manejar bien el herbicida, ya que según allí se expresa, “bien usado el glifosato no presenta riesgos para la salud”. Curiosamente, el informe no menciona ninguno de los trabajos de investigación que sí comprobaron sus efectos tóxicos, por caso, los estudios en embriones de yacarés, o la investigación del Dr. Carrasco que justamente estuvo hace unos días participando de un taller sobre el tema por aquí en Santa Fe.
Justamente este taller, organizado desde la legislatura santafesina, reunió a varios investigadores y organizaciones no gubernamentales preocupadas por el problema. Claro que también participaron los fumigadores, que a través de su asociación gremial, se ocuparon de hostigar y atacar los argumentos científicos sobre los efectos negativos de la droga sobre la salud. En general sus argumentos de defensa eran: “Bueno, el gas oil también es tóxico, así que prohibamos los autos”. Es obvio que ese tipo de líneas argumentales demuestran mas temor y preocupación por lo que pueda ocurrir con el propio negocio, que con el bienestar de la comunidad toda.
Pasando en limpio, el glifosato es bastante menos tóxico que la mayor parte de los insecticidas clorados y fosforados, hoy prohibidos en casi todo el mundo. El glifosato es bastante menos tóxico que su herbicida pariente, el “agente naranja”, que usaron los americanos en Viet Nam para intentar erradicar la vegetación en la costa de los ríos y así ver mejor a sus guerrilleros enemigos. De hecho sirvió muy poco para eso, pero mató a miles de asiáticos y americanos por sus efectos cancerígenos a través de los años, solo por haber estado en contacto con él. Llamativamente también hubo muchos que por entonces, como hoy nuestros fumigadores, dijeron que era inocuo.
La toxicidad de una droga, depende tanto de sus efectos en sí, como de la dosis utilizada. Hay una gran diferencia entre una gota de veneno, y un balde de veneno. Basta con ver hoy el mapa de la soja en Argentina, para darse cuenta de que nos están fumigando a todos, con un producto que como dije, tal vez no sea tan tóxico como otros, pero que a estas dosis crecientes, ya debería empezar a preocuparnos.
Es cierto que aún no se ha podido demostrar fehacientemente que el incremento en las malformaciones y los abortos espontáneos en seres humanos en las zonas agrícolas, se deban directamente al glifosato, aunque es sugestivo que esto ocurra en poblados que justamente están en el núcleo de las zonas de fumigación, y mas en gente estrechamente ligada al manejo de la droga. Lo que sí se ha comprobado científicamente, es que incluso a las dosis recomendadas por el fabricante, tiene efectos genotóxicos sobre diferentes especies silvestres, y eso solo debería ser ya un llamado a la reflexión tanto de las autoridades, como de los usuarios. Eso sí, también hay que tener en cuenta que es mucho mas fácil conseguir financiación para proyectos que promuevan el uso del glifosato, que para los que pueden analizar sus efectos tóxicos.
Nadie discute la capacidad del campo para generar riquezas en el corto y el mediano plazo. La historia de nuestro país lo ha demostrado reiteradamente. Claro que la distribución de esa riqueza ha sido también históricamente desigual. Hoy mientras el Gobierno se sigue ocupando de peleas de conventillo, la proporción del área sembrada con soja se incrementa, se incrementan los desmontes pseudo-productivos, a pesar de la ley de bosques, y se incrementa diariamente la dosis de glifosato con la que se nos fumiga. Está claro que tanto este, como cualquier otro gobierno, necesita de los ingresos que los impuestos y las retenciones generan, pero me parece conveniente que nos pongamos a pensar de una vez, si no nos está saliendo mucho mas caro el collar que el perro.
Fecha de Publicación: 27/09/2009
Fuente: "Mejor Imposible" FM 92.5
Provincia/Región: Santa Fe
Hace varios años, alrededor de fines del 2001, yo andaba comprando bidones plásticos de los que usamos para las cosechas de huevos del proyecto yacaré. Desde que empezamos en los 90’s, fuimos probando con varios tipos de envases, que nos permitan transportar los huevos tanto a pié como a caballo.
Así fue que encontramos que los mejores son los bidones de plástico blanco, de entre 25 y 30 litros. Lo que hacemos es cortarle la boca, para permitir cargar los huevos, pero le dejamos la manija, para poder transportarlos de forma práctica. El tema es que comprar eso nuevo, cuando uno necesita cantidad, y máxime si lo va a romper, es evidentemente muy caro, así que siempre tratábamos de conseguir bidones usados de todo tipo. En esa recorrida en el 2001, en Santo Tomé me encontré con una chacarita que tenía una montaña de bidones amontonados adelante, y a un precio excelente (pedían 2 o 3 pesos por cada uno). Paré a hablar con el vendedor y solo para cerciorarme, le pregunté de dónde los sacaba, porque quería saber que tan bien tenía que lavarlos, ya que eran para trasladar huevos embrionados, que obviamente no tienen que estar en contacto con ningún tóxico.
Para mas datos, si ustedes se acuerdan, esa era la época de la crisis, y en muchas localidades se vendía la leche al menudeo. O sea, los productores que tenían vacas las ordeñaban y salían a ofrecerla en las ciudades, a mitad de precio, o menos, de lo que costaba en el súper. Había que ir con la jarrita, y ellos con un embudo te la cargaban desde un bidón. Esto pasaba en casi todos los barrios.
Volviendo a la chacarita de Santo Tomé, y a mi pregunta sobre lo que tenían los bidones, el dueño me dijo: “Quédate tranquilo pibe, estos son los que llevan todos los vendedores de leche de acá. Yo se los compro a los fumigadores que los usan con ese “glisofato”, que no hace nada de nada…”. Obviamente el gaucho se refería al glifosato, que al menos para la opinión pública en general, era presentado como una sustancia absolutamente inocua, aunque ya por entonces, si bien con poca trascendencia, había gente estudiando y comprobando sus efectos, fundamentalmente genotóxicos.
Ya han pasado casi 9 años desde aquella vez, y a pesar de los estudios que prueban lo contrario, la mayor parte de la opinión pública, seguramente direccionada, sigue pensando que el herbicida, que es la base de la producción sojera argentina, no genera mas que beneficios productivos y económicos para nuestro país.
Hace un par de meses se conoció un informe elaborado por una comisión nacional de investigación sobre agroquímicos, que estuvo trabajando en el marco del CONICET. Lo interesante es que esta comisión fue creada desde el Gobierno Nacional, aparentemente como chicana al sector del campo en función de la interminable disputa por la 125. Interpreto que era una forma de decirle al sector: “Ahora que tienen problemas con nosotros, vamos a investigar como contaminan”. Lo patético, es que muchos de los investigadores con los que se constituyó esa comisión, trabajaron o incluso aún hoy trabajan para o con, las multinacionales que casualmente, son las proveedoras y beneficiarias del gran suceso económico de la venta del paquete tecnológico de la soja. Conclusión, el informe en cuestión es una recopilación bibliográfica parcial, mas un montón de recomendaciones de cómo manejar bien el herbicida, ya que según allí se expresa, “bien usado el glifosato no presenta riesgos para la salud”. Curiosamente, el informe no menciona ninguno de los trabajos de investigación que sí comprobaron sus efectos tóxicos, por caso, los estudios en embriones de yacarés, o la investigación del Dr. Carrasco que justamente estuvo hace unos días participando de un taller sobre el tema por aquí en Santa Fe.
Justamente este taller, organizado desde la legislatura santafesina, reunió a varios investigadores y organizaciones no gubernamentales preocupadas por el problema. Claro que también participaron los fumigadores, que a través de su asociación gremial, se ocuparon de hostigar y atacar los argumentos científicos sobre los efectos negativos de la droga sobre la salud. En general sus argumentos de defensa eran: “Bueno, el gas oil también es tóxico, así que prohibamos los autos”. Es obvio que ese tipo de líneas argumentales demuestran mas temor y preocupación por lo que pueda ocurrir con el propio negocio, que con el bienestar de la comunidad toda.
Pasando en limpio, el glifosato es bastante menos tóxico que la mayor parte de los insecticidas clorados y fosforados, hoy prohibidos en casi todo el mundo. El glifosato es bastante menos tóxico que su herbicida pariente, el “agente naranja”, que usaron los americanos en Viet Nam para intentar erradicar la vegetación en la costa de los ríos y así ver mejor a sus guerrilleros enemigos. De hecho sirvió muy poco para eso, pero mató a miles de asiáticos y americanos por sus efectos cancerígenos a través de los años, solo por haber estado en contacto con él. Llamativamente también hubo muchos que por entonces, como hoy nuestros fumigadores, dijeron que era inocuo.
La toxicidad de una droga, depende tanto de sus efectos en sí, como de la dosis utilizada. Hay una gran diferencia entre una gota de veneno, y un balde de veneno. Basta con ver hoy el mapa de la soja en Argentina, para darse cuenta de que nos están fumigando a todos, con un producto que como dije, tal vez no sea tan tóxico como otros, pero que a estas dosis crecientes, ya debería empezar a preocuparnos.
Es cierto que aún no se ha podido demostrar fehacientemente que el incremento en las malformaciones y los abortos espontáneos en seres humanos en las zonas agrícolas, se deban directamente al glifosato, aunque es sugestivo que esto ocurra en poblados que justamente están en el núcleo de las zonas de fumigación, y mas en gente estrechamente ligada al manejo de la droga. Lo que sí se ha comprobado científicamente, es que incluso a las dosis recomendadas por el fabricante, tiene efectos genotóxicos sobre diferentes especies silvestres, y eso solo debería ser ya un llamado a la reflexión tanto de las autoridades, como de los usuarios. Eso sí, también hay que tener en cuenta que es mucho mas fácil conseguir financiación para proyectos que promuevan el uso del glifosato, que para los que pueden analizar sus efectos tóxicos.
Nadie discute la capacidad del campo para generar riquezas en el corto y el mediano plazo. La historia de nuestro país lo ha demostrado reiteradamente. Claro que la distribución de esa riqueza ha sido también históricamente desigual. Hoy mientras el Gobierno se sigue ocupando de peleas de conventillo, la proporción del área sembrada con soja se incrementa, se incrementan los desmontes pseudo-productivos, a pesar de la ley de bosques, y se incrementa diariamente la dosis de glifosato con la que se nos fumiga. Está claro que tanto este, como cualquier otro gobierno, necesita de los ingresos que los impuestos y las retenciones generan, pero me parece conveniente que nos pongamos a pensar de una vez, si no nos está saliendo mucho mas caro el collar que el perro.
Preocupación por el glifosato en Entre Ríos
Marcada preocupación por el uso del glifosato en Entre Ríos
Fecha de Publicación: 26/09/2009
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Ayer, tuvo lugar en Centro de Convenciones “La Vieja Usina” de Paraná el panel “Los agrotóxicos: su impacto en la salud y el ambiente” organizado por la Delegación Entre Ríos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación que conduce el Médico Veterinario Pedro Ríos. También ayer y siempre de acuerdo a la información recabada por DIARIOJUNIO, pero en la ciudad de Basavilbaso, tuvo lugar la realización del quinto Foro de Debate con la ciudadanía convocado por la Comisión Redactora del Código Ambiental, presidida por el diputado Jorge Kerz. En este lugar estuvo presente una víctima de los agrotóxicos, Fabián Tomasi, quien tuvo graves consecuencias de salud al estar expuesto a la fumigación con agroquímicos.
En este encuentro que fue promovido los diputados nacionales Julia Argentina Perié (FPV Misiones), Raúl Patricio Solanas (FPV Entre Ríos) y la senadora nacional Blanca Inés Osuna (FPV Entre Ríos), hicieron uso de la palabra :
El profesor doctor Raúl Montenegro, titular de la Cátedra de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional de Córdoba abrió según lo anunciaba el programa la lista de oradores dando tratamiento a “Plaguicidas, cóctel de contaminantes y estudios epidemiológicos”.
A su turno, el Jefe del Laboratorio de Biología Molecular de Misiones, doctor Hugo Gómez Demaio disertó sobre los “Efectos de los agroquímicos sobre la salud humana. Malformaciones congénitas”.
Le siguieron en el uso de la palabra la abogada correntina Graciela Gómez para referirse a “Lo que no se dice del arroz”, el ingeniero Juan Perié que abordó el tema “Selva misionera y glifosato” y la diputada provincial santafesina Claudia Saldaña que hizo un breve desarrollo sobre “Agresión de los agroquímicos”.
El Director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados ambientalistas, doctor Mariano Aguilar trató los “Aspectos jurídicos y legales de los agrotóxicos”, luego el doctor Marcelo Dignani informó sobre “Fumigados del Gran Buenos Aires”.
El cierre de las exposiciones estuvo a cargo del Profesor Doctor en Medicina Andrés Carrasco del Laboratorio de Embriología Molecular – Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El Profesor Carrasco expuso sobre “El glifosato: sus efectos en el desarrollo embrionario de los vertebrados”.
Más de doscientas cincuenta personas siguieron el desarrollo de las temáticas abordadas con marcada solvencia por los disertantes y escucharon luego del cierre formal del programa al Contador Edgardo Moreyra, miembro fundador de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y Presidente de la fundación ecológica Fundavida, que habló sobre el problema de la contaminación del río Uruguay por acción de la pastera Botnia, al ingeniero agrónomo Alberto Kipen, quien fue invitado a tratar el tema “Agroquímicos y modelo productivo” y al profesor Tomás Caíno que habló sobre “Denuncias y propuestas realizadas en 2005 ; 2006 y 2007”.
El encuentro dio comienzo con palabras de agradecimiento y bienvenida de la diputada nacional Julia Argentina Perié, sucedida por su par entrerriano Raúl Patricio Solanas que luego de destacar la trascendencia de la convocatoria aludió a la importancia de dar tratamiento a la temática propuesta como una manera de ponerse del lado de la vida. El legislador entrerriano puso especial énfasis en los peligros que acechan a la sociedad por el uso indiscriminado de los agrotóxicos y señaló que la necesidad de concientizar sobre los mismos y resistirlos lo movió a promover junto a Perié y Osuna esta iniciativa. Luego fue el turno de la senadora nacional Blanca Inés Osuna quien desarrolló en una alocución referida al tema de la convocatoria conceptos que hacen a la realidad argentina y alertó sobre los riesgos de la utilización de agrotóxicos.
Voces de pequeños productores
Por una iniciativa del Delegado Provincial de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, Médico Veterinario Pedro Ríos, fueron invitados a usar de la palabra los pequeños productores entrerrianos José María Franco, titular del Movimiento Tierra Nuestra del Departamento Federal quien arrancó aplausos espontáneos y sostenidos de los presentes al informar sobre el logro de una Ordenanza que declara a su ámbito de vida y de trabajo zona libre de agrotóxicos. Cabe destacar que integrantes del panel de expositores solicitaron al Responsable Operativo ETA, Téc. Nac. Arturo Casalongue, copias del texto de la Ordenanza de Federal a efectos de estudiarla e impulsar legislación al respecto.
Finalizó el encuentro con un breve discurso del presidente del Movimiento de Pequeños Productores de La Paz, Héctor Mendieta quien destacó la trascendencia de la convocatoria, la calidad de los oradores y el contenido de las disertaciones, al tiempo que se declaró a disposición de la Subsecretaría para dar batalla a la agresión de los agroquímicos.
Basavilbaso y la presencia de una víctima
En tanto, el diputado Flores, ex intendente de Basavilbaso, puso de manifiesto la “importancia de plasmar en una ley las pautas ambientales de la provincia”. Lugo remarcó que “especialmente en esta zona, es de vital importancia establecer normas respecto del cuidado del ambiente, ya que son conocidos los problemas que afronta la población a causa del indiscriminado uso de agroquímicos, lo cual queda evidenciado en los diferentes casos ocurridos en Basavilbaso y que tuvieron amplia difusión por parte de la prensa, como el de Fabián Tomasi, quien tuvo graves consecuencias de salud al estar expuesto a la fumigación con agroquímicos, y con gran esfuerzo se encuentra presente en este debate.”.
A continuación, el diputado Jorge Kerz, brindó un amplio panorama respecto de los criterios utilizados para avanzar en la redacción del Código, exponiendo conceptos referidos al “desarrollo productivo sustentable, en el marco de un ambiente sano y cuidado”.
En ese orden, Kerz sostuvo que “toda intervención del hombre en sus respectivas actividades cotidianas, implican un impacto en el equilibrio natural”.
“Con la formulación del Código Ambiental, lo que pretendemos es establecer un marco normativo y regulatorio para que la provincia tenga desarrollo sustentable en un ambiente vivible”, puntualizó.
Fecha de Publicación: 26/09/2009
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Ayer, tuvo lugar en Centro de Convenciones “La Vieja Usina” de Paraná el panel “Los agrotóxicos: su impacto en la salud y el ambiente” organizado por la Delegación Entre Ríos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación que conduce el Médico Veterinario Pedro Ríos. También ayer y siempre de acuerdo a la información recabada por DIARIOJUNIO, pero en la ciudad de Basavilbaso, tuvo lugar la realización del quinto Foro de Debate con la ciudadanía convocado por la Comisión Redactora del Código Ambiental, presidida por el diputado Jorge Kerz. En este lugar estuvo presente una víctima de los agrotóxicos, Fabián Tomasi, quien tuvo graves consecuencias de salud al estar expuesto a la fumigación con agroquímicos.
En este encuentro que fue promovido los diputados nacionales Julia Argentina Perié (FPV Misiones), Raúl Patricio Solanas (FPV Entre Ríos) y la senadora nacional Blanca Inés Osuna (FPV Entre Ríos), hicieron uso de la palabra :
El profesor doctor Raúl Montenegro, titular de la Cátedra de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional de Córdoba abrió según lo anunciaba el programa la lista de oradores dando tratamiento a “Plaguicidas, cóctel de contaminantes y estudios epidemiológicos”.
A su turno, el Jefe del Laboratorio de Biología Molecular de Misiones, doctor Hugo Gómez Demaio disertó sobre los “Efectos de los agroquímicos sobre la salud humana. Malformaciones congénitas”.
Le siguieron en el uso de la palabra la abogada correntina Graciela Gómez para referirse a “Lo que no se dice del arroz”, el ingeniero Juan Perié que abordó el tema “Selva misionera y glifosato” y la diputada provincial santafesina Claudia Saldaña que hizo un breve desarrollo sobre “Agresión de los agroquímicos”.
El Director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados ambientalistas, doctor Mariano Aguilar trató los “Aspectos jurídicos y legales de los agrotóxicos”, luego el doctor Marcelo Dignani informó sobre “Fumigados del Gran Buenos Aires”.
El cierre de las exposiciones estuvo a cargo del Profesor Doctor en Medicina Andrés Carrasco del Laboratorio de Embriología Molecular – Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El Profesor Carrasco expuso sobre “El glifosato: sus efectos en el desarrollo embrionario de los vertebrados”.
Más de doscientas cincuenta personas siguieron el desarrollo de las temáticas abordadas con marcada solvencia por los disertantes y escucharon luego del cierre formal del programa al Contador Edgardo Moreyra, miembro fundador de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y Presidente de la fundación ecológica Fundavida, que habló sobre el problema de la contaminación del río Uruguay por acción de la pastera Botnia, al ingeniero agrónomo Alberto Kipen, quien fue invitado a tratar el tema “Agroquímicos y modelo productivo” y al profesor Tomás Caíno que habló sobre “Denuncias y propuestas realizadas en 2005 ; 2006 y 2007”.
El encuentro dio comienzo con palabras de agradecimiento y bienvenida de la diputada nacional Julia Argentina Perié, sucedida por su par entrerriano Raúl Patricio Solanas que luego de destacar la trascendencia de la convocatoria aludió a la importancia de dar tratamiento a la temática propuesta como una manera de ponerse del lado de la vida. El legislador entrerriano puso especial énfasis en los peligros que acechan a la sociedad por el uso indiscriminado de los agrotóxicos y señaló que la necesidad de concientizar sobre los mismos y resistirlos lo movió a promover junto a Perié y Osuna esta iniciativa. Luego fue el turno de la senadora nacional Blanca Inés Osuna quien desarrolló en una alocución referida al tema de la convocatoria conceptos que hacen a la realidad argentina y alertó sobre los riesgos de la utilización de agrotóxicos.
Voces de pequeños productores
Por una iniciativa del Delegado Provincial de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, Médico Veterinario Pedro Ríos, fueron invitados a usar de la palabra los pequeños productores entrerrianos José María Franco, titular del Movimiento Tierra Nuestra del Departamento Federal quien arrancó aplausos espontáneos y sostenidos de los presentes al informar sobre el logro de una Ordenanza que declara a su ámbito de vida y de trabajo zona libre de agrotóxicos. Cabe destacar que integrantes del panel de expositores solicitaron al Responsable Operativo ETA, Téc. Nac. Arturo Casalongue, copias del texto de la Ordenanza de Federal a efectos de estudiarla e impulsar legislación al respecto.
Finalizó el encuentro con un breve discurso del presidente del Movimiento de Pequeños Productores de La Paz, Héctor Mendieta quien destacó la trascendencia de la convocatoria, la calidad de los oradores y el contenido de las disertaciones, al tiempo que se declaró a disposición de la Subsecretaría para dar batalla a la agresión de los agroquímicos.
Basavilbaso y la presencia de una víctima
En tanto, el diputado Flores, ex intendente de Basavilbaso, puso de manifiesto la “importancia de plasmar en una ley las pautas ambientales de la provincia”. Lugo remarcó que “especialmente en esta zona, es de vital importancia establecer normas respecto del cuidado del ambiente, ya que son conocidos los problemas que afronta la población a causa del indiscriminado uso de agroquímicos, lo cual queda evidenciado en los diferentes casos ocurridos en Basavilbaso y que tuvieron amplia difusión por parte de la prensa, como el de Fabián Tomasi, quien tuvo graves consecuencias de salud al estar expuesto a la fumigación con agroquímicos, y con gran esfuerzo se encuentra presente en este debate.”.
A continuación, el diputado Jorge Kerz, brindó un amplio panorama respecto de los criterios utilizados para avanzar en la redacción del Código, exponiendo conceptos referidos al “desarrollo productivo sustentable, en el marco de un ambiente sano y cuidado”.
En ese orden, Kerz sostuvo que “toda intervención del hombre en sus respectivas actividades cotidianas, implican un impacto en el equilibrio natural”.
“Con la formulación del Código Ambiental, lo que pretendemos es establecer un marco normativo y regulatorio para que la provincia tenga desarrollo sustentable en un ambiente vivible”, puntualizó.
Lucha contra el avance del desierto
Lucha contra el avance del desierto
Fecha de Publicación: 26/09/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En la Argentina el 75% de las tierras están en proceso de degradación, su control requiere de la participación de productores y del Estado; hay proyectos en marcha que están dando los primeros pasos
La desertificación, es decir, la degradación de las tierras secas, afecta al 75% de la Argentina. Este proceso es provocado por variaciones climáticas y actividades humanas como el sobrepastoreo o la deforestación. Una de sus consecuencias directas es la pérdida de productividad del suelo, cuyo promedio global ronda el 1% anual, según estimaciones de las Naciones Unidas. Este deterioro ecológico no es inerte, en la Argentina el 50% de las tierras en proceso de desertificación, son utilizadas para la producción agropecuaria.
Están a la vista las consecuencias económicas que puede ocasionar el avance de la desertificación. Por eso, hay algunas pruebas piloto que buscan empezar a mitigar este proceso. Uno de los más relevantes es el Programa de Evaluación de la Degradación de las Tierras Secas (LADA, por sus siglas en inglés). Proyecto auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
En él converge el trabajo conjunto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología (Conicet) y universidades nacionales, que brindan apoyo científico y técnico a una primera selección de productores de zonas afectadas por la desertificación. Todos ellos son coordinados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que destinó 500 mil pesos a la implementación de este plan. Otro tanto invirtió la FAO.
Son cinco las zonas en las que se puso en marcha el LADA. Hay dos pruebas piloto en la Patagonia, una en Mendoza, en Catamarca y la Puna jujeña.
En Mendoza
El Desierto de Lavalle, es una zona muy árida de Mendoza que ocupa un millón de hectáreas, donde viven 2500 personas y hay 400 puestos productivos. Hace más de dos años, se convirtió en una de las sedes del LADA. "Allí se hizo un relevamiento extensivo. Primero, del soporte biofísico y después de los factores climáticos y productivos que lo afectaban", dijo Elena Abraham, directora del Laboratorio de Desertificación y Ordenamiento Territorial del Conicet.
"Con este proyecto se está planteando un modelo alternativo de producción, para que haya menos presión de pastoreo", explicó Abraham. En el Desierto de Lavalle se cría ganado caprino de manera extensiva, para producir carne.
A través de LADA, se está buscando diversificar el producto. Por eso fomentan la producción de leche, sus derivados y cueros. Para ello, "ya se constituyó una cooperativa de productores, se implementaron sistemas de riego y medidas de sanidad en el rebaño, que hoy está libre de brucelosis", contó Abraham.
Por ahora son 15 los productores involucrados en la experiencia. "Estamos empezando a construir una unidad demostrativa, para que este modelo sea replicado en toda la zona y en otros lugares en proceso de desertificación", explicó Abraham.
Experiencia patagónica
En la localidad de Ingeniero Jacobacci, a 200 kilómetros de Bariloche, también se está ejecutando un proyecto LADA. "Estamos dando pasos muy importantes para hacer un manejo sustentable que no provoque degradación del suelo", explicó Donaldo Bran, coordinador del Área de Recursos Naturales.
"Descubrimos que había sobrepastoreo, ya que en algunos campos se destinaba una hectárea por cada Unidad de Ganadería Ovina (UGO)", contó Bran. Según los estudios realizados en el marco del LADA, la carga ideal para evitar la degradación de la tierra, en Jacobacci, es de un UGO cada dos a cinco hectáreas.
"A través del LADA, se busca que aumente la productividad por animal", dijo Bran. Esto lo conseguirían a través del mejoramiento genético de las ovejas y también incentivando la esquila, limpieza y comercialización in situ . Así se evitaría la sobrecarga de campos, que hoy se practica por una cuestión de rentabilidad.
El sobrepastoreo, es uno de los factores que contribuye a reducir la cubierta vegetal. A raíz de ella queda más suelo expuesto a la erosión eólica e hídrica. La deforestación o los procesos de sequía son otras causas que contribuyen a su deterioro. La degradación del suelo patagónico provocó enormes pérdidas de productividad. A principios del siglo anterior, esa región tenía 22 millones de ovejas y hoy tiene 10 millones.
Fecha de Publicación: 26/09/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En la Argentina el 75% de las tierras están en proceso de degradación, su control requiere de la participación de productores y del Estado; hay proyectos en marcha que están dando los primeros pasos
La desertificación, es decir, la degradación de las tierras secas, afecta al 75% de la Argentina. Este proceso es provocado por variaciones climáticas y actividades humanas como el sobrepastoreo o la deforestación. Una de sus consecuencias directas es la pérdida de productividad del suelo, cuyo promedio global ronda el 1% anual, según estimaciones de las Naciones Unidas. Este deterioro ecológico no es inerte, en la Argentina el 50% de las tierras en proceso de desertificación, son utilizadas para la producción agropecuaria.
Están a la vista las consecuencias económicas que puede ocasionar el avance de la desertificación. Por eso, hay algunas pruebas piloto que buscan empezar a mitigar este proceso. Uno de los más relevantes es el Programa de Evaluación de la Degradación de las Tierras Secas (LADA, por sus siglas en inglés). Proyecto auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
En él converge el trabajo conjunto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología (Conicet) y universidades nacionales, que brindan apoyo científico y técnico a una primera selección de productores de zonas afectadas por la desertificación. Todos ellos son coordinados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que destinó 500 mil pesos a la implementación de este plan. Otro tanto invirtió la FAO.
Son cinco las zonas en las que se puso en marcha el LADA. Hay dos pruebas piloto en la Patagonia, una en Mendoza, en Catamarca y la Puna jujeña.
En Mendoza
El Desierto de Lavalle, es una zona muy árida de Mendoza que ocupa un millón de hectáreas, donde viven 2500 personas y hay 400 puestos productivos. Hace más de dos años, se convirtió en una de las sedes del LADA. "Allí se hizo un relevamiento extensivo. Primero, del soporte biofísico y después de los factores climáticos y productivos que lo afectaban", dijo Elena Abraham, directora del Laboratorio de Desertificación y Ordenamiento Territorial del Conicet.
"Con este proyecto se está planteando un modelo alternativo de producción, para que haya menos presión de pastoreo", explicó Abraham. En el Desierto de Lavalle se cría ganado caprino de manera extensiva, para producir carne.
A través de LADA, se está buscando diversificar el producto. Por eso fomentan la producción de leche, sus derivados y cueros. Para ello, "ya se constituyó una cooperativa de productores, se implementaron sistemas de riego y medidas de sanidad en el rebaño, que hoy está libre de brucelosis", contó Abraham.
Por ahora son 15 los productores involucrados en la experiencia. "Estamos empezando a construir una unidad demostrativa, para que este modelo sea replicado en toda la zona y en otros lugares en proceso de desertificación", explicó Abraham.
Experiencia patagónica
En la localidad de Ingeniero Jacobacci, a 200 kilómetros de Bariloche, también se está ejecutando un proyecto LADA. "Estamos dando pasos muy importantes para hacer un manejo sustentable que no provoque degradación del suelo", explicó Donaldo Bran, coordinador del Área de Recursos Naturales.
"Descubrimos que había sobrepastoreo, ya que en algunos campos se destinaba una hectárea por cada Unidad de Ganadería Ovina (UGO)", contó Bran. Según los estudios realizados en el marco del LADA, la carga ideal para evitar la degradación de la tierra, en Jacobacci, es de un UGO cada dos a cinco hectáreas.
"A través del LADA, se busca que aumente la productividad por animal", dijo Bran. Esto lo conseguirían a través del mejoramiento genético de las ovejas y también incentivando la esquila, limpieza y comercialización in situ . Así se evitaría la sobrecarga de campos, que hoy se practica por una cuestión de rentabilidad.
El sobrepastoreo, es uno de los factores que contribuye a reducir la cubierta vegetal. A raíz de ella queda más suelo expuesto a la erosión eólica e hídrica. La deforestación o los procesos de sequía son otras causas que contribuyen a su deterioro. La degradación del suelo patagónico provocó enormes pérdidas de productividad. A principios del siglo anterior, esa región tenía 22 millones de ovejas y hoy tiene 10 millones.
La necesidad de educación ambiental
La necesidad de educación ambiental
Fecha de Publicación: 25/09/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
“Es imprescindible implememtar políticas públicas que potencien la articulación entre el Estado, la comunidad educativa en todos sus niveles y las organizaciones de la sociedad civil.” La frase es una de las conclusiones a las que se arribó en el VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, que se llevó a cabo el fin de semana último en San Clemente del Tuyú. El encuentro dio pie para que las autoridades locales impulsen la sanción de una ley de Educación Ambiental y promuevan el tratamiento del tema en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, y los consejos federales de Educación y de Medio Ambiente. “Es necesario dar una batalla cultural por un modelo de desarrollo sustentable y para eso es imprescindible la educación ambiental”, dijo a Página/12 Fernando Melillo, subsecretario de Políticas Ambientales y coordinador del congreso.
Participaron del encuentro unos 3100 inscriptos, de los cuales sólo cuatrocientos concurrieron como invitados oficiales. “El resto llegó desde todos los rincones de la región, haciéndose cargo de su traslado y estadía para participar de este congreso”, relató Melillo.
El funcionario –quien trabaja en la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación– opinó que “la educación ambiental actúa como potenciadora de la educación, ya que es un elemento fácil para vincular la escuela con su entorno y tiene que ver con la formación en valores”. Rescató en ese sentido la experiencia de Brasil, que hace diez años viene planteando una estrategia de educación ambiental, y de Chile, que se sumó este año a esta iniciativa. En la Argentina, un proyecto de ley que instauraba la Educación Ambiental en los niveles primario y medio llegó a tener media sanción en Diputados, pero nunca se trató en el Senado y perdió estado parlamentario. Ahora, desde la Subsecretaría de Política Ambiental se intenta impulsar un nuevo proyecto legislativo.
En las tres conferencias, quince mesas redondas y 45 talleres participativos que se llevaron a cabo en el congreso, en los que participaron desde educadores de base hasta funcionarios públicos, pasando por los especialistas académicos y los líderes sociales, se trazaron algunas líneas de consenso. Entre ellas, que “frente a la crisis ambiental global y el cambio civilizatorio la educación ambiental tiene el desafío de fortalecerse institucionalmente como herramienta central en la batalla cultural por un modelo de desarrollo sustentable”.
Asimismo, se acordó en que “todo ello debe hacerse sin perder la frescura y originalidad, la perspectiva integradora frente al conocimiento fragmentario, la visión crítica, el reconocimiento del otro y de la realidad que nos rodea, la valoración de la diversidad y el diálogo de saberes”.
Entre los aspectos resolutivos de la Asamblea de Países se destacan dos: la elección de Chile como país sede del VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en 2012 y la designación de la Argentina a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Programa de Latinoamérica y el Caribe por la Educación Ambiental (Placea-Naciones Unidas) en el período 2010-2012.
Fecha de Publicación: 25/09/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
“Es imprescindible implememtar políticas públicas que potencien la articulación entre el Estado, la comunidad educativa en todos sus niveles y las organizaciones de la sociedad civil.” La frase es una de las conclusiones a las que se arribó en el VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, que se llevó a cabo el fin de semana último en San Clemente del Tuyú. El encuentro dio pie para que las autoridades locales impulsen la sanción de una ley de Educación Ambiental y promuevan el tratamiento del tema en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, y los consejos federales de Educación y de Medio Ambiente. “Es necesario dar una batalla cultural por un modelo de desarrollo sustentable y para eso es imprescindible la educación ambiental”, dijo a Página/12 Fernando Melillo, subsecretario de Políticas Ambientales y coordinador del congreso.
Participaron del encuentro unos 3100 inscriptos, de los cuales sólo cuatrocientos concurrieron como invitados oficiales. “El resto llegó desde todos los rincones de la región, haciéndose cargo de su traslado y estadía para participar de este congreso”, relató Melillo.
El funcionario –quien trabaja en la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación– opinó que “la educación ambiental actúa como potenciadora de la educación, ya que es un elemento fácil para vincular la escuela con su entorno y tiene que ver con la formación en valores”. Rescató en ese sentido la experiencia de Brasil, que hace diez años viene planteando una estrategia de educación ambiental, y de Chile, que se sumó este año a esta iniciativa. En la Argentina, un proyecto de ley que instauraba la Educación Ambiental en los niveles primario y medio llegó a tener media sanción en Diputados, pero nunca se trató en el Senado y perdió estado parlamentario. Ahora, desde la Subsecretaría de Política Ambiental se intenta impulsar un nuevo proyecto legislativo.
En las tres conferencias, quince mesas redondas y 45 talleres participativos que se llevaron a cabo en el congreso, en los que participaron desde educadores de base hasta funcionarios públicos, pasando por los especialistas académicos y los líderes sociales, se trazaron algunas líneas de consenso. Entre ellas, que “frente a la crisis ambiental global y el cambio civilizatorio la educación ambiental tiene el desafío de fortalecerse institucionalmente como herramienta central en la batalla cultural por un modelo de desarrollo sustentable”.
Asimismo, se acordó en que “todo ello debe hacerse sin perder la frescura y originalidad, la perspectiva integradora frente al conocimiento fragmentario, la visión crítica, el reconocimiento del otro y de la realidad que nos rodea, la valoración de la diversidad y el diálogo de saberes”.
Entre los aspectos resolutivos de la Asamblea de Países se destacan dos: la elección de Chile como país sede del VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en 2012 y la designación de la Argentina a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Programa de Latinoamérica y el Caribe por la Educación Ambiental (Placea-Naciones Unidas) en el período 2010-2012.
Garabí: Insisten con convocar a un plebiscito
Garabí: Insisten con la idea de convocar a un plebiscito para la construcción de la represa
Fecha de Publicación: 25/09/2009
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
“No puede existir alternativa de uno o dos cierres sin consultar antes a la población”, afirmó el diputado Ricardo Biazzi.
El diputado provincial Ricardo Biazzi recorrió varios medios de comunicación de la zona Centro donde habló sobre la necesidad de llamar a una consulta popular sobre Garabí -según el proyecto que presentó hace un tiempo en la Legislatura Provincial-, acompañado por Vladimir Pérez y Miriam Duarte, quienes junto a otros ciudadanos, impulsan en Oberá -a través de un nuevo espacio político denominado “Palabra y Compromiso”- la concientización de que antes de tomar cualquier decisión sobre la construcción de la represa, se informe debidamente a la población misionera. “Hay que revitalizar el sistema democrático, no sólo pensando en las elecciones cada dos o cuatro años, sino que también haya mecanismos que conviertan en obligatoria las decisiones de esa comunidad, cuando se trata de cuestiones de suma importancia para la vida en general de esa comunidad. En el caso en particular de Garabí, nos parece que un emprendimiento que impactará sobre generaciones futuras, no puede quedar en manos exclusivamente de los gobernantes de turno. Es más, no se pueda hablar de la posibilidad de uno o dos cierres sin consultar antes a la población. Debe hacer una consulta amplia, generosa y a la vez vinculante, que obligue al resto de los funcionarios públicos, tanto nacionales como provinciales a acatar esa decisión del máximo soberano que tiene una sociedad democrática y que es el pueblo”, dijo.
El legislador justicialista agregó que “cuando un pueblo se pone de pie, y se planta frente a decisiones que se toman en ámbitos ajenos a su propia deliberación, puede tener el impacto beneficioso de que se clausure un emprendimiento que puede ser riesgoso para toda la población, y me refiero al caso Corpus. En el año 1996, la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP), y a través de acuerdos de los gobiernos paraguayo y argentino parecía que era inminente la represa de Corpus, sin embargo por esta decisión del pueblo misionero que se encolumnó a través de un No contundente con más del 80% del electorado en ese plebiscito, hizo que se impida la continuidad del emprendimiento”.
Biazzi sostuvo que los misioneros deben tener en claro que la propietaria de los recursos naturales de una provincia, es la propia provincia, es decir sus habitantes, sus estructuras políticas e institucionales. “Somos los dueños del río en el curso que transita por el territorio misionero, y no puede ser que se tomen decisiones sin la participación de los dueños del recurso que somos nosotros. Tenemos la obligación de poner todos los elementos de juicio sobre la mesa, y mostrar a la sociedad, tanto los beneficios que dicen algunos que traen las represas, como los enormes perjuicios que significará su emplazamiento”, destacó.
Debatir con toda información
Con respecto al mentado desarrollo regional que se “alega” muchas veces, para justificar la construcción de la represas, tanto Biazzi, como Pérez y Duarte sostuvieron que ese argumento suele quedar solapado el cataclismo ambiental. “Nunca se pone sobre la mesa los dos valores juntos. Y acá nos preguntamos si ese desarrollo vendrá a costa de tantas cosas como las que produce una mega represa que está señalado por la Organización Mundial de la Salud que son un desastre en zonas de las características que tiene la nuestra ¿Es necesario que sea Misiones el ámbito físico donde se instale una represa como Garabí? No nos olvidemos que ya sufrimos las consecuencias de Itaipú a 17 kilómetros de nuestro propio territorio, y a Yacyretá ya instalada”, concluyeron.
Fecha de Publicación: 25/09/2009
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
“No puede existir alternativa de uno o dos cierres sin consultar antes a la población”, afirmó el diputado Ricardo Biazzi.
El diputado provincial Ricardo Biazzi recorrió varios medios de comunicación de la zona Centro donde habló sobre la necesidad de llamar a una consulta popular sobre Garabí -según el proyecto que presentó hace un tiempo en la Legislatura Provincial-, acompañado por Vladimir Pérez y Miriam Duarte, quienes junto a otros ciudadanos, impulsan en Oberá -a través de un nuevo espacio político denominado “Palabra y Compromiso”- la concientización de que antes de tomar cualquier decisión sobre la construcción de la represa, se informe debidamente a la población misionera. “Hay que revitalizar el sistema democrático, no sólo pensando en las elecciones cada dos o cuatro años, sino que también haya mecanismos que conviertan en obligatoria las decisiones de esa comunidad, cuando se trata de cuestiones de suma importancia para la vida en general de esa comunidad. En el caso en particular de Garabí, nos parece que un emprendimiento que impactará sobre generaciones futuras, no puede quedar en manos exclusivamente de los gobernantes de turno. Es más, no se pueda hablar de la posibilidad de uno o dos cierres sin consultar antes a la población. Debe hacer una consulta amplia, generosa y a la vez vinculante, que obligue al resto de los funcionarios públicos, tanto nacionales como provinciales a acatar esa decisión del máximo soberano que tiene una sociedad democrática y que es el pueblo”, dijo.
El legislador justicialista agregó que “cuando un pueblo se pone de pie, y se planta frente a decisiones que se toman en ámbitos ajenos a su propia deliberación, puede tener el impacto beneficioso de que se clausure un emprendimiento que puede ser riesgoso para toda la población, y me refiero al caso Corpus. En el año 1996, la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP), y a través de acuerdos de los gobiernos paraguayo y argentino parecía que era inminente la represa de Corpus, sin embargo por esta decisión del pueblo misionero que se encolumnó a través de un No contundente con más del 80% del electorado en ese plebiscito, hizo que se impida la continuidad del emprendimiento”.
Biazzi sostuvo que los misioneros deben tener en claro que la propietaria de los recursos naturales de una provincia, es la propia provincia, es decir sus habitantes, sus estructuras políticas e institucionales. “Somos los dueños del río en el curso que transita por el territorio misionero, y no puede ser que se tomen decisiones sin la participación de los dueños del recurso que somos nosotros. Tenemos la obligación de poner todos los elementos de juicio sobre la mesa, y mostrar a la sociedad, tanto los beneficios que dicen algunos que traen las represas, como los enormes perjuicios que significará su emplazamiento”, destacó.
Debatir con toda información
Con respecto al mentado desarrollo regional que se “alega” muchas veces, para justificar la construcción de la represas, tanto Biazzi, como Pérez y Duarte sostuvieron que ese argumento suele quedar solapado el cataclismo ambiental. “Nunca se pone sobre la mesa los dos valores juntos. Y acá nos preguntamos si ese desarrollo vendrá a costa de tantas cosas como las que produce una mega represa que está señalado por la Organización Mundial de la Salud que son un desastre en zonas de las características que tiene la nuestra ¿Es necesario que sea Misiones el ámbito físico donde se instale una represa como Garabí? No nos olvidemos que ya sufrimos las consecuencias de Itaipú a 17 kilómetros de nuestro propio territorio, y a Yacyretá ya instalada”, concluyeron.
Reunión para analizar la potabilidad del agua
Reunión para analizar la potabilidad del agua
Fecha de Publicación: 24/09/2009
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
La Mesa del Agua se reunirá este mediodía en la sede de la Comisión de Investigaciones Científicas de la ciudad de la Plata y se abordará el problema del arsénico en el agua que se consume.
Asistirán, entre otros, integrantes de los Honorables Consejos Delibetantes de los distritos afectados (Pehuajó, Carlos Casares y Nueve de Julio), como así también, integrantes a distintas Secretarías del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, coordinada por la Subsecretaría de Servicios Públicos, y también participará la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el OCABA (organismo de control del agua de Buenos Aires), indico a diariohoy.net el presidente del Consejo Deliberante de Carlos Casares, ing. Luis Seraci.
Además de la Facultad de de Ingeniería de La Plata, el Ministerio de Salud de la Provincia a través de la Dirección de Prevención de Enfermedades, la Autoridad del Agua, ABSA, Intendentes Municipales y Concejos Deliberantes de distritos de Pehuajó, Carlos Casares y Nueve de Julio y Comisiones de Vecinos de los referidos partidos.
Fecha de Publicación: 24/09/2009
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
La Mesa del Agua se reunirá este mediodía en la sede de la Comisión de Investigaciones Científicas de la ciudad de la Plata y se abordará el problema del arsénico en el agua que se consume.
Asistirán, entre otros, integrantes de los Honorables Consejos Delibetantes de los distritos afectados (Pehuajó, Carlos Casares y Nueve de Julio), como así también, integrantes a distintas Secretarías del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, coordinada por la Subsecretaría de Servicios Públicos, y también participará la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el OCABA (organismo de control del agua de Buenos Aires), indico a diariohoy.net el presidente del Consejo Deliberante de Carlos Casares, ing. Luis Seraci.
Además de la Facultad de de Ingeniería de La Plata, el Ministerio de Salud de la Provincia a través de la Dirección de Prevención de Enfermedades, la Autoridad del Agua, ABSA, Intendentes Municipales y Concejos Deliberantes de distritos de Pehuajó, Carlos Casares y Nueve de Julio y Comisiones de Vecinos de los referidos partidos.
La ley de Glaciares está lista ...
La ley de Glaciares está lista para llegar al recinto del Senado
Fecha de Publicación: 24/09/2009
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El expediente 2200/09 intentará tener mejor suerte que el proyecto que fue convertido en ley en forma unánime por ambas cámaras pero que lo vetó la Presidenta, generando una gran polémica. El proyecto tiene despacho para ser debatido en las próximas sesiones.
Tras la gran polémica por el veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la ley de Glaciares, el senador oficialista Daniel Filmus vuelve a insistir con un proyecto con el mismo objetivo pero salvando las diferencias con los intereses de las mineras.
En esta oportunidad, el Senado aprobó el pedido de tratamiento con despacho de la iniciativa que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y las actividades industriales, como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas y la generación de energía hidroeléctrica, como fuente de información científica y como atractivo turístico.
Por definición -el primer problema de la anterior ley- la protección se extiende, dentro del ambiente glacial, a los glaciares descubiertos y cubiertos; y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros; cuerpos que cumplen uno o más de los servicios ambientales y sociales.
Según la iniciativa, se entiende por:
*Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formado por la recristalización de la nieve, cualquiera sea su forma y dimensión.
*Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria.
*Glaciares de escombros: aquellos cuerpos de detrito congelado y hielo, cuyo origen esta relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo, o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos. Son parte constituyente de cada glaciar, además del hielo, el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.
El proyecto prohíbe las actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, o sus funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado; o las que interfieran en su avance. Se prohíben, en particular las siguientes actividades:
*La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen;
*La construcción de obras de arquitectura o infraestructura, con excepción de las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos.
*La exploración y explotación minera o hidrocarburífera.
*La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Artículo 7: Todas las actividades proyectadas en los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, que no se encuentran prohibidas estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que corresponda conforme a su escala de intervención, previo a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
*De rescate, derivado de emergencias aéreas o terrestres;
*Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
*Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente.
Cabe señalar que este proyecto fue firmado por los senadores de distintos sectores políticos. Ellos son: Daniel Filmus, Carlos Rossi, María Estensoro, Alfredo Martinez, Elida Vigo, Julio Miranda, Pedro Guastavino, María Díaz, María Perceval, Delia Pinchetti de Sierra Morales, Ada Iturrez de Cappellini, Horacio Lores, Jorge Banicevich, Silvia Gallego y Rubén Giustiniani.
A continuación, los fundamentos del proyecto.
El agua es un recurso natural fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta. Esta afirmación pronunciada en tantas oportunidades es una circunstancia indiscutida de la que no se ha tomado debida conciencia en aquellos países o regiones donde la misma aún se brinda generosa.
El agua dulce, corresponde solo al 3% del total de agua en el planeta, y un 77,06% de ella esta congelada en los polos y en los glaciares de latitudes medias. Su uso ineficiente, la contaminación y su distribución espacial heterogénea la han situado en una condición de escasez, poniendo a la población mundial en situación de vulnerabilidad, generándose graves conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales, que concitan la preocupación de los gobiernos, la ciudadanía y los organismos internacionales.
Actualmente, la disputa por este recurso entre distintas fuentes productivas y de consumo han profundizado la preocupación mundial y puesto en evidencia la fuerte conexión existente entre escasez de agua, pobreza y degradación ambiental.
El proyecto de ley que se pone a consideración tiene por objeto, la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, los que en virtud de los procesos de acumulación y fusión, permiten la regulación hídrica de los diferentes afluentes, abasteciendo los ecosistemas, la población y las actividades productivas de gran parte del país.
La necesidad de contar con una ley de protección de glaciares y ambientes periglaciales responde al mandato constitucional establecido en el Artículo 41, en cuanto a que el derecho a un ambiente sano y equilibrado sea apto para el desarrollo humano y que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, así como al deber de todos los habitantes de preservarlo, en un verdadero punto de equilibrio armónico entre el ambiente, la producción, el empleo y la inclusión social, incorporando al hombre y a la mujer en dicha relación virtuosa.
Ya en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunida en Estocolmo en 1972, se advertía la necesidad de que las administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones proveyeran la legislación necesaria en materia ambiental, preservando los recursos naturales y alentando a la planificación del desarrollo económico, atribuyendo importancia a la conservación de la naturaleza (Principio 4).
Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM – ONU 2000), acordados en la “Declaración del Milenio”, se destaca el Punto 7 en cuanto a la necesidad de “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, lo que implica, entre otras cuestiones, integrar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas de cada país con el fin de revertir la pérdida de los recursos ambientales y reducir la pérdida de biodiversidad.
Es necesario tener presente que, el Principio 11 de la Declaración de Río (1992) como asimismo, entre los fundamentos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificado por Ley Nº 24.295, se reconoce la necesidad de que los Estados deben promulgar leyes ambientales eficaces y que las normas, los objetivos de gestión y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican, en este sentido, la ley que se propicia responde a ese requerimiento esencial en pos de la aplicabilidad normativa.
Asimismo el Principio 4 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) sostiene que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”.
La formación de los glaciares se debe al proceso de trasformación de nieve a hielo, conocido como diagénesis. Dicho proceso se genera por la compactación de la nieve en sucesivos estratos de acumulación, con la consiguiente pérdida parcial del aire, aumentando la densidad y pasando de una textura suave y esponjosa a una granular y más dura (Paterson, 2001).
Un glaciar es un sistema abierto, con interacciones internas y con el medio ambiente; esto le da una dinámica compleja cuya formación obedece a condiciones ambientales únicas. Por ello cualquier acción que se desarrolle sobre los glaciares o en territorios circundantes puede generar vulnerabilidad a los ecosistemas de montaña, poniendo en riesgo a toda la población que se abastece de agua de los glaciares gracias a los deshielos (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, 2004).
En ambos lados de la Cordillera de los Andes, la mayoría de los glaciares están atravesando como consecuencia del Calentamiento Global un proceso de retracción generalizado. El adelgazamiento y la pérdida de sus superficies se han más que duplicado durante la década de los noventa. Así también elevaron los volúmenes de agua que aportan al aumento del nivel del mar, según reveló un estudio realizado con la ayuda de cartografía y radares (Rignot et al., 2003).
Este estudio, publicado en la revista Science de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, advirtió el retroceso, con una aceleración mayor a la prevista de la mayoría de los 63 glaciares que monitorearon en los Campos de Hielo Patagónicos. Nueve de estos glaciares son argentinos y están ubicados en Santa Cruz.
"El retroceso actual de los glaciares es un fenómeno generalizado en los Andes, con la excepción de algunos glaciares, como el Perito Moreno. El retroceso ha sido paulatino durante los últimos cuatro siglos, siendo más intenso desde la década del 70", dijo Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
En las regiones áridas del oeste argentino, las actividades agrícolas y económicas son altamente dependientes del recurso agua. En las provincias de Mendoza y San Juan, el agua potable así como aquella empleada para el regadío y la producción de energía eléctrica se origina a partir de la nieve y de los cuerpos de hielo en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes.
En los Andes Centrales la nieve se acumula como consecuencia de tormentas frontales que alcanzan la región principalmente en invierno. En aquellos sectores más elevados y protegidos de la fuerte radiación solar, particularmente alta en verano, la nieve persiste de un año al siguiente y forma con el tiempo cuerpos de hielo permanentes. Estos cuerpos de hielo persistirán a través de los años si existe un balance entre el agua que se acumula en la parte superior del glaciar (generalmente en forma de nieve) y el agua que se derrite por ablación en la parte baja del glaciar. Dependiendo de las variaciones anuales en la precipitación nívea y la temperatura, los glaciares aumentan su masa en años con grandes nevadas invernales y temperaturas relativamente frescas en verano, mientras que sus volúmenes se reducen en años secos y muy cálidos. En años de escasa precipitación nivel en la Cordillera, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos en Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa hasta el 85% si se considera la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y de escombros (Leiva, 2004, 2007; Milana 1998). Este balance les confiere a las masas de hielo en los Andes Centrales un papel fundamental en la regulación del recurso hídrico.
En años particularmente húmedos el agua se acumula en estos cuerpos de hielo para ser entregada posteriormente cuando el recurso agua se torna más escaso (Leiva, 1989, 2007). Los glaciares durante los períodos estivales o de sequía, son las fuentes principales de abastecimiento debido a su respuesta inversa al déficit hídrico, ya que en períodos secos y con menor caída de nieve aflora el hielo más antiguo y sucio, provocando menor reflectancia, con lo cual el glaciar absorbe más energía solar, ocasionando un mayor derretimiento. Al contrario, durante los años en que la nieve caída es mayor, la reflectancia aumenta, disminuyendo la fusión y la escorrentía de agua (Paterson 2001).
Por ello, para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, uno de los puntos centrales de la presente, propugna conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo en las diferentes cuencas andinas, siendo imprescindible para toda planificación de las actividades humanas.
La creación de un inventario de glaciares que individualice y registre todos los glaciares existentes en el territorio nacional, su dimensión, avance, retroceso y su aporte al caudal de las cuencas en que se encuentran, a fin de conocerlos, monitorearlos y poder planificar la gestión y uso del agua potable, se torna una tarea necesaria que llevará adelante el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) que en la actualidad es una unidad ejecutora del CONICET (Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Técnica), en la que participan además la Universidad Nacional de Cuyo y los gobiernos de Mendoza y San Juan. Esta propuesta se debe a que dicho organismo ya ha avanzado en esta tarea en parte de las provincias de San Juan y Mendoza, sin perjuicio de otras aportaciones del sistema científico e institucional que puedan sumarse.
El Inventario que propugna esta ley, especifica y complementa los instrumentos de protección ambiental vigentes, y permitirá ampliar significativamente nuestro conocimiento sobre los glaciares y su dinámica de retracción por el cambio climático, constituyendo un verdadero aporte al desarrollo sustentable como las Políticas de Estado que proclama el Gobierno Nacional ante la sociedad.
Es necesario tener presente que la Ley 25.675 ha establecido el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación interjurisdiccional de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el que en la presente ley, como en el resto de la normativa ambiental, se constituye en el ámbito pertinente de articulación federal, conforme se establece en el Art. 10 de la presente.
Como es de público conocimiento, el proyecto de ley registrado bajo el número 26.418 sobre Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionado el 22 de octubre de 2008, fue objeto de veto por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Tal como lo manifestamos en oportunidad de la aprobación del proyecto de ley en el Senado, así como posteriormente en reiteradas ocasiones, mantenemos la convicción respecto de que la protección de los glaciares, constituye uno de los temas más importantes para el futuro de la Argentina, y que resulta un tema fundamental y decisivo porque alude a las reservas de agua de nuestro país.
En ese sentido, en la sesión del 10 de diciembre pasado nos comprometimos, a redactar un texto que supere o mejore las condiciones de protección de los glaciares teniendo en cuenta los aspectos señalados en los considerandos del veto.
En cumplimiento de tal compromiso, y en virtud de diversas reuniones convocadas en primer término por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y luego por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de este Senado, en la que participaron representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de gobiernos provinciales, senadores y diputados nacionales, técnicos y especialistas, etc., se ha logrado consensuar la elaboración de este proyecto de ley.
Cabe destacar que la propuesta respeta absolutamente el espíritu de protección que ostentaba el proyecto original, pero con el agregado de una serie de precisiones y consideraciones que lo hacen superador. Un claro ejemplo de ello son las nuevas definiciones incorporadas al artículo 2, donde se detallan las especificidades de los tres tipos de glaciares que se busca proteger; los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos y los glaciares de escombros. Ciertamente, esta modificación le otorga fortaleza jurídica a la norma, pues evita la posibilidad de interpretaciones erróneas respecto del alcance de la protección.
Otra de las modificaciones realizadas, que responde directamente a uno de los cuestionamientos del veto, es la incorporación al artículo 4 de una mención a la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en las tareas de inventario.
También fue modificado el artículo 8, incorporando como autoridades competentes, en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, a la Administración de Parques Nacionales, y en el caso del Sector Antártico Argentino, a la Dirección Nacional del Antártico.
Por su lado, en el artículo 15 se introduce la referencia a la culminación del inventario en cada jurisdicción, a partir de cuando corre el plazo para la realización de las auditorias ambientales sobre las actividades preexistentes.
En síntesis, creemos que con las incorporaciones y modificaciones realizadas se ha logrado perfeccionar en gran medida el texto de la ley. De esta manera se cumple con el compromiso de reformulación de la ley, atendiendo a la superación cualitativa del texto legal anterior.
Agradecemos la enriquecedora colaboración de los investigadores y técnicos del IANIGLA en la elaboración del presente proyecto de ley.
Resulta asimismo significativo la determinación de plazo legal para su reglamentación, a fin de que el Poder Ejecutivo adopte las medidas necesarias en pos de la efectividad de la ley.
Fecha de Publicación: 24/09/2009
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El expediente 2200/09 intentará tener mejor suerte que el proyecto que fue convertido en ley en forma unánime por ambas cámaras pero que lo vetó la Presidenta, generando una gran polémica. El proyecto tiene despacho para ser debatido en las próximas sesiones.
Tras la gran polémica por el veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la ley de Glaciares, el senador oficialista Daniel Filmus vuelve a insistir con un proyecto con el mismo objetivo pero salvando las diferencias con los intereses de las mineras.
En esta oportunidad, el Senado aprobó el pedido de tratamiento con despacho de la iniciativa que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y las actividades industriales, como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas y la generación de energía hidroeléctrica, como fuente de información científica y como atractivo turístico.
Por definición -el primer problema de la anterior ley- la protección se extiende, dentro del ambiente glacial, a los glaciares descubiertos y cubiertos; y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros; cuerpos que cumplen uno o más de los servicios ambientales y sociales.
Según la iniciativa, se entiende por:
*Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formado por la recristalización de la nieve, cualquiera sea su forma y dimensión.
*Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria.
*Glaciares de escombros: aquellos cuerpos de detrito congelado y hielo, cuyo origen esta relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo, o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos. Son parte constituyente de cada glaciar, además del hielo, el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.
El proyecto prohíbe las actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, o sus funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado; o las que interfieran en su avance. Se prohíben, en particular las siguientes actividades:
*La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen;
*La construcción de obras de arquitectura o infraestructura, con excepción de las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos.
*La exploración y explotación minera o hidrocarburífera.
*La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Artículo 7: Todas las actividades proyectadas en los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, que no se encuentran prohibidas estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que corresponda conforme a su escala de intervención, previo a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
*De rescate, derivado de emergencias aéreas o terrestres;
*Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
*Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente.
Cabe señalar que este proyecto fue firmado por los senadores de distintos sectores políticos. Ellos son: Daniel Filmus, Carlos Rossi, María Estensoro, Alfredo Martinez, Elida Vigo, Julio Miranda, Pedro Guastavino, María Díaz, María Perceval, Delia Pinchetti de Sierra Morales, Ada Iturrez de Cappellini, Horacio Lores, Jorge Banicevich, Silvia Gallego y Rubén Giustiniani.
A continuación, los fundamentos del proyecto.
El agua es un recurso natural fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta. Esta afirmación pronunciada en tantas oportunidades es una circunstancia indiscutida de la que no se ha tomado debida conciencia en aquellos países o regiones donde la misma aún se brinda generosa.
El agua dulce, corresponde solo al 3% del total de agua en el planeta, y un 77,06% de ella esta congelada en los polos y en los glaciares de latitudes medias. Su uso ineficiente, la contaminación y su distribución espacial heterogénea la han situado en una condición de escasez, poniendo a la población mundial en situación de vulnerabilidad, generándose graves conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales, que concitan la preocupación de los gobiernos, la ciudadanía y los organismos internacionales.
Actualmente, la disputa por este recurso entre distintas fuentes productivas y de consumo han profundizado la preocupación mundial y puesto en evidencia la fuerte conexión existente entre escasez de agua, pobreza y degradación ambiental.
El proyecto de ley que se pone a consideración tiene por objeto, la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, los que en virtud de los procesos de acumulación y fusión, permiten la regulación hídrica de los diferentes afluentes, abasteciendo los ecosistemas, la población y las actividades productivas de gran parte del país.
La necesidad de contar con una ley de protección de glaciares y ambientes periglaciales responde al mandato constitucional establecido en el Artículo 41, en cuanto a que el derecho a un ambiente sano y equilibrado sea apto para el desarrollo humano y que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, así como al deber de todos los habitantes de preservarlo, en un verdadero punto de equilibrio armónico entre el ambiente, la producción, el empleo y la inclusión social, incorporando al hombre y a la mujer en dicha relación virtuosa.
Ya en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunida en Estocolmo en 1972, se advertía la necesidad de que las administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones proveyeran la legislación necesaria en materia ambiental, preservando los recursos naturales y alentando a la planificación del desarrollo económico, atribuyendo importancia a la conservación de la naturaleza (Principio 4).
Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM – ONU 2000), acordados en la “Declaración del Milenio”, se destaca el Punto 7 en cuanto a la necesidad de “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, lo que implica, entre otras cuestiones, integrar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas de cada país con el fin de revertir la pérdida de los recursos ambientales y reducir la pérdida de biodiversidad.
Es necesario tener presente que, el Principio 11 de la Declaración de Río (1992) como asimismo, entre los fundamentos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificado por Ley Nº 24.295, se reconoce la necesidad de que los Estados deben promulgar leyes ambientales eficaces y que las normas, los objetivos de gestión y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican, en este sentido, la ley que se propicia responde a ese requerimiento esencial en pos de la aplicabilidad normativa.
Asimismo el Principio 4 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) sostiene que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”.
La formación de los glaciares se debe al proceso de trasformación de nieve a hielo, conocido como diagénesis. Dicho proceso se genera por la compactación de la nieve en sucesivos estratos de acumulación, con la consiguiente pérdida parcial del aire, aumentando la densidad y pasando de una textura suave y esponjosa a una granular y más dura (Paterson, 2001).
Un glaciar es un sistema abierto, con interacciones internas y con el medio ambiente; esto le da una dinámica compleja cuya formación obedece a condiciones ambientales únicas. Por ello cualquier acción que se desarrolle sobre los glaciares o en territorios circundantes puede generar vulnerabilidad a los ecosistemas de montaña, poniendo en riesgo a toda la población que se abastece de agua de los glaciares gracias a los deshielos (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, 2004).
En ambos lados de la Cordillera de los Andes, la mayoría de los glaciares están atravesando como consecuencia del Calentamiento Global un proceso de retracción generalizado. El adelgazamiento y la pérdida de sus superficies se han más que duplicado durante la década de los noventa. Así también elevaron los volúmenes de agua que aportan al aumento del nivel del mar, según reveló un estudio realizado con la ayuda de cartografía y radares (Rignot et al., 2003).
Este estudio, publicado en la revista Science de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, advirtió el retroceso, con una aceleración mayor a la prevista de la mayoría de los 63 glaciares que monitorearon en los Campos de Hielo Patagónicos. Nueve de estos glaciares son argentinos y están ubicados en Santa Cruz.
"El retroceso actual de los glaciares es un fenómeno generalizado en los Andes, con la excepción de algunos glaciares, como el Perito Moreno. El retroceso ha sido paulatino durante los últimos cuatro siglos, siendo más intenso desde la década del 70", dijo Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
En las regiones áridas del oeste argentino, las actividades agrícolas y económicas son altamente dependientes del recurso agua. En las provincias de Mendoza y San Juan, el agua potable así como aquella empleada para el regadío y la producción de energía eléctrica se origina a partir de la nieve y de los cuerpos de hielo en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes.
En los Andes Centrales la nieve se acumula como consecuencia de tormentas frontales que alcanzan la región principalmente en invierno. En aquellos sectores más elevados y protegidos de la fuerte radiación solar, particularmente alta en verano, la nieve persiste de un año al siguiente y forma con el tiempo cuerpos de hielo permanentes. Estos cuerpos de hielo persistirán a través de los años si existe un balance entre el agua que se acumula en la parte superior del glaciar (generalmente en forma de nieve) y el agua que se derrite por ablación en la parte baja del glaciar. Dependiendo de las variaciones anuales en la precipitación nívea y la temperatura, los glaciares aumentan su masa en años con grandes nevadas invernales y temperaturas relativamente frescas en verano, mientras que sus volúmenes se reducen en años secos y muy cálidos. En años de escasa precipitación nivel en la Cordillera, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos en Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa hasta el 85% si se considera la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y de escombros (Leiva, 2004, 2007; Milana 1998). Este balance les confiere a las masas de hielo en los Andes Centrales un papel fundamental en la regulación del recurso hídrico.
En años particularmente húmedos el agua se acumula en estos cuerpos de hielo para ser entregada posteriormente cuando el recurso agua se torna más escaso (Leiva, 1989, 2007). Los glaciares durante los períodos estivales o de sequía, son las fuentes principales de abastecimiento debido a su respuesta inversa al déficit hídrico, ya que en períodos secos y con menor caída de nieve aflora el hielo más antiguo y sucio, provocando menor reflectancia, con lo cual el glaciar absorbe más energía solar, ocasionando un mayor derretimiento. Al contrario, durante los años en que la nieve caída es mayor, la reflectancia aumenta, disminuyendo la fusión y la escorrentía de agua (Paterson 2001).
Por ello, para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, uno de los puntos centrales de la presente, propugna conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo en las diferentes cuencas andinas, siendo imprescindible para toda planificación de las actividades humanas.
La creación de un inventario de glaciares que individualice y registre todos los glaciares existentes en el territorio nacional, su dimensión, avance, retroceso y su aporte al caudal de las cuencas en que se encuentran, a fin de conocerlos, monitorearlos y poder planificar la gestión y uso del agua potable, se torna una tarea necesaria que llevará adelante el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) que en la actualidad es una unidad ejecutora del CONICET (Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Técnica), en la que participan además la Universidad Nacional de Cuyo y los gobiernos de Mendoza y San Juan. Esta propuesta se debe a que dicho organismo ya ha avanzado en esta tarea en parte de las provincias de San Juan y Mendoza, sin perjuicio de otras aportaciones del sistema científico e institucional que puedan sumarse.
El Inventario que propugna esta ley, especifica y complementa los instrumentos de protección ambiental vigentes, y permitirá ampliar significativamente nuestro conocimiento sobre los glaciares y su dinámica de retracción por el cambio climático, constituyendo un verdadero aporte al desarrollo sustentable como las Políticas de Estado que proclama el Gobierno Nacional ante la sociedad.
Es necesario tener presente que la Ley 25.675 ha establecido el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación interjurisdiccional de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el que en la presente ley, como en el resto de la normativa ambiental, se constituye en el ámbito pertinente de articulación federal, conforme se establece en el Art. 10 de la presente.
Como es de público conocimiento, el proyecto de ley registrado bajo el número 26.418 sobre Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionado el 22 de octubre de 2008, fue objeto de veto por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Tal como lo manifestamos en oportunidad de la aprobación del proyecto de ley en el Senado, así como posteriormente en reiteradas ocasiones, mantenemos la convicción respecto de que la protección de los glaciares, constituye uno de los temas más importantes para el futuro de la Argentina, y que resulta un tema fundamental y decisivo porque alude a las reservas de agua de nuestro país.
En ese sentido, en la sesión del 10 de diciembre pasado nos comprometimos, a redactar un texto que supere o mejore las condiciones de protección de los glaciares teniendo en cuenta los aspectos señalados en los considerandos del veto.
En cumplimiento de tal compromiso, y en virtud de diversas reuniones convocadas en primer término por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y luego por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de este Senado, en la que participaron representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de gobiernos provinciales, senadores y diputados nacionales, técnicos y especialistas, etc., se ha logrado consensuar la elaboración de este proyecto de ley.
Cabe destacar que la propuesta respeta absolutamente el espíritu de protección que ostentaba el proyecto original, pero con el agregado de una serie de precisiones y consideraciones que lo hacen superador. Un claro ejemplo de ello son las nuevas definiciones incorporadas al artículo 2, donde se detallan las especificidades de los tres tipos de glaciares que se busca proteger; los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos y los glaciares de escombros. Ciertamente, esta modificación le otorga fortaleza jurídica a la norma, pues evita la posibilidad de interpretaciones erróneas respecto del alcance de la protección.
Otra de las modificaciones realizadas, que responde directamente a uno de los cuestionamientos del veto, es la incorporación al artículo 4 de una mención a la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en las tareas de inventario.
También fue modificado el artículo 8, incorporando como autoridades competentes, en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, a la Administración de Parques Nacionales, y en el caso del Sector Antártico Argentino, a la Dirección Nacional del Antártico.
Por su lado, en el artículo 15 se introduce la referencia a la culminación del inventario en cada jurisdicción, a partir de cuando corre el plazo para la realización de las auditorias ambientales sobre las actividades preexistentes.
En síntesis, creemos que con las incorporaciones y modificaciones realizadas se ha logrado perfeccionar en gran medida el texto de la ley. De esta manera se cumple con el compromiso de reformulación de la ley, atendiendo a la superación cualitativa del texto legal anterior.
Agradecemos la enriquecedora colaboración de los investigadores y técnicos del IANIGLA en la elaboración del presente proyecto de ley.
Resulta asimismo significativo la determinación de plazo legal para su reglamentación, a fin de que el Poder Ejecutivo adopte las medidas necesarias en pos de la efectividad de la ley.
Encuentro por la conservación de las ballenas
Encuentro de países latinoamericanos por la conservación de las ballenas
Fecha de Publicación: 23/09/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Con la presencia del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero M. Bibiloni comenzó, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Exterior, el VI encuentro del Grupo Buenos Aires de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que reúne a los miembros de América latina para analizar a nivel regional la caza comercial de ballenas, el desarrollo de programas de investigación, la preservación de cetáceos y el desarrollo de las negociaciones en curso en el seno del organismo, entre otros temas.
Durante la reunión, que se desarrolla los días 22 y 23 de septiembre, se abordará la necesidad de continuar avanzando en una política de consenso y de acción común entre los países latinoamericanos en el marco de la Comisión.
El Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni junto al Director de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad de la cartera ambiental, Oscar Padín.
sus siglas en inglés) es un organismo internacional creado en 1946 por la Convención Internacional para la Regulación de la caza de ballenas con el objetivo de regular la caza y el comercio de los cetáceos. Está conformada por 77 países miembros, entre los cuales se encuentran Alemania, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, España, Inglaterra, Japón, México, Holanda Nueva Zelanda y Colombia.
En el marco de la CBI fue firmado en junio de este año un convenio de cooperación para la conservación, control y estudio de las ballenas en aguas argentinas por el Secretario de Ambiente Homero Bibiloni, el vicecanciller Victorio Taccetti y el jefe de Prefectura Naval Argentina, Prefecto Oscar Arce.
Fecha de Publicación: 23/09/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Con la presencia del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero M. Bibiloni comenzó, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Exterior, el VI encuentro del Grupo Buenos Aires de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que reúne a los miembros de América latina para analizar a nivel regional la caza comercial de ballenas, el desarrollo de programas de investigación, la preservación de cetáceos y el desarrollo de las negociaciones en curso en el seno del organismo, entre otros temas.
Durante la reunión, que se desarrolla los días 22 y 23 de septiembre, se abordará la necesidad de continuar avanzando en una política de consenso y de acción común entre los países latinoamericanos en el marco de la Comisión.
El Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni junto al Director de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad de la cartera ambiental, Oscar Padín.
sus siglas en inglés) es un organismo internacional creado en 1946 por la Convención Internacional para la Regulación de la caza de ballenas con el objetivo de regular la caza y el comercio de los cetáceos. Está conformada por 77 países miembros, entre los cuales se encuentran Alemania, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, España, Inglaterra, Japón, México, Holanda Nueva Zelanda y Colombia.
En el marco de la CBI fue firmado en junio de este año un convenio de cooperación para la conservación, control y estudio de las ballenas en aguas argentinas por el Secretario de Ambiente Homero Bibiloni, el vicecanciller Victorio Taccetti y el jefe de Prefectura Naval Argentina, Prefecto Oscar Arce.
En 20 años la calidad de vida en Mendoza decae
En 20 años la calidad de vida en Mendoza será peor que ahora
Fecha de Publicación: 22/09/2009
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Es el escenario posible proyectado por expertos de la UNCuyo en el caso de que no se tomen las políticas necesarias. Habrá menos agua y más contaminación. Presentarán propuestas.
De no tomarse las previsiones necesarias, la calidad de vida en Mendoza declinará en forma significativa en los próximos 20 años. Habrá menos agua en los ríos, el campo y la ciudad sufrirán las consecuencias de la escasez del líquido vital y los cultivos padecerán los efectos de la salinización.
Los espacios verdes disminuirán, la contaminación se agudizará y el desequilibrio territorial será tan grande que el oasis provincial estará aún más saturado de población que en la actualidad. Pero esto no será todo: las desigualdades sociales aumentarán y la productividad local irá en franco declive.
El escenario posible para las décadas venideras es preocupante. Pero el costado positivo es que todavía los mendocinos se encuentran a tiempo para lograr adelantarse a ese futuro. Justamente por eso, un grupo de expertos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se encuentra realizando un trabajo conjunto con especialistas de otras unidades académicas y organismos.
El objetivo es aportar ideas y propuestas que sirvan de sostén a las futuras políticas de Estado que se tomen para 'ordenar' el territorio.
De hecho, visualizar qué destino le espera a las generaciones presentes y futuras fue el primer paso para comenzar a dar marcha a un diagnóstico general que permita soluciones concretas.
Días atrás, el equipo de profesionales, integrado por ingenieros, especialistas en agua, geógrafos, biólogos y economistas presentó el "Escenario Tendencial Mendoza 2030" ante representantes de distintos organismos y la semana que viene realizarán una sistematización de sus propuestas.
Todo, en el marco de los aportes que el área científico-técnica deberá efectuar al Gobierno para ajustar los detalles del plan estratégico territorial, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento territorial (8.051) aprobada hace 4 meses en la Legislatura.
"Este trabajo servirá de complemento a lo que está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente", explicó Arturo Somoza, rector de la UNCuyo y agregó que lo que se plantea desde esta casa de altos estudios es la necesidad de lograr un cambio sustancial en el modelo de desarrollo que se ha venido aplicando en las últimas décadas.
Somoza consideró además que los cambios ocurridos en Mendoza han sido injustos no sólo en lo territorial, sino también en el aspecto social. "No hay que hacer correcciones menores; hay que cambiar el modelo y por eso estamos elaborando propuestas que sirvan en forma concreta", dijo el rector.
Las conjeturas proporcionadas por los expertos no fueron elaboradas al azar. Lejos de esto, las proyecciones científicas estuvieron basadas en los análisis y tendencias estadísticas registradas por distintos organismos provinciales durante la última década. Así, las perspectivas para los años venideros se desplegaron sobre aspectos clave para el desarrollo de nuestra provincia.
Glaciares. El informe indica que la retracción de los glaciares, verificada en la provincia desde hace 40 años, hará descender el caudal de los ríos hasta 12%. Por otra parte, la isoterma de 0° ascenderá en altitud, aumentarán las lluvias en el llano y disminuirán en la cordillera.
Agua. El escenario para 2030 indica que su demanda crecerá a un ritmo superior al poblacional. "En el 2009 ya había alcanzando un promedio de crecimiento de 1,6% anual, valor superior al crecimiento poblacional que era del 1,2%", advierte textual el informe.
Desarrollo humano y crecimiento. El Producto Bruto Geográfico (PBG) global de Mendoza registra para dentro de dos décadas un crecimiento moderado a diferencia de 2015, cuando la tasa promedio fue del 6% anual. El crecimiento en el período 2003-2006 había sido superior, alcanzando una tasa de crecimiento real de 12,8% anual.
Sin embargo el Índice de Desarrollo Humano (IDH) seguirá presentando al 2030 aspectos regresivos y desequilibrio en relación a la distribución territorial. Los valores más altos se registrarán en el Gran Mendoza, San Rafael y Malargüe. Esto marcará una inequidad con respecto al resto de los departamentos.
Producción. Para las próximas décadas los especialistas prevén que los sectores comercial y hotelero- gastronómico, junto al de minas y canteras serán los de mayor crecimiento. Dentro de este último, la explotación de petróleo y gas perderá protagonismo frente a la metalífera.
Minería. El escenario es que la explotación minera crecerá hasta cubrir 30% del territorio y las áreas protegidas disminuirán.
Contaminación. La disponibilidad de agua para riego se reducirá en 2030 a causa también de la contaminación de las aguas con basura y efluentes. Además influirá el aumento de la demanda para uso doméstico. En la actualidad (2009) hay al menos 20 mil hectáreas contaminadas por efluentes urbanos mientras crece el costo de limpieza de los canales.
También aumentará la generación de residuos urbanos y la contaminación atmosférica por monóxido de carbono e hidrocarburo de plomo. La falta de planificación del transporte público y el incremento del parque automotor provocarán más contaminación sonora.
Salinización del agua y la tierra. La contaminación salina de agua subterránea crecerá y afectará a las áreas del acuífero norte con valores críticos. Esto será negativo para la actividad agrícola y el consumo humano. La superficie de suelo afectado por salinidad en la zona cultivada del río Mendoza alcanza 50% en 2009 y llegará a 56% en 2015. Para 2030 afectará 62% de esa zona.
Asimetrías sociales. Se profundizarán las desigualdades, sobre todo en materia de vivienda. Incluso en la actualidad, investigaciones del Centro de Estudios sobre Asentamientos Humanos de la UNCuyo indican que 29% de los hogares mendocinos padecen situaciones deficitarias. De ellos, 68% está afectado por déficit relativo (viviendas que podían ser recuperadas o ampliadas) y 31,7% presenta una situación de déficit absoluto (viviendas precarias irrecuperables o compartidas).
El 60% de las villas y asentamientos se encuentran en el Gran Mendoza. La postal contrasta con los 180 barrios cerrados existentes en el Área Metropolitana.
Concentración en la ciudad. En 2030 el 83% de la población vivirá en las ciudades ubicadas en las zonas de oasis. La tendencia de concentración en los centros urbanos (especialmente en el Gran Mendoza) se profundizará. En 2004, el 79% de la población vivía en las ciudades ubicadas en zonas de oasis, de ella 68% se concentraba en el Gran Mendoza. En el resto de los departamentos se prevé que baje la tasa de crecimiento poblacional por la falta de trabajo y oportunidades.
Crecimiento de la población. La población del Gran Mendoza en las próximas dos décadas será de 1.300.000 habitantes. En 2001 ya superaba los 800.000 habitantes, concentrados en menos de 1% de la superficie provincial (245km2).
Riesgo sísmico y aluvional. La población de casi 500.000 nuevos habitantes, que se incorporaron al Gran Mendoza de 2001 a 2030, profundizará el crecimiento urbano en forma desordenada hacia zonas de riesgo sísmico y aluvional y también hacia tierras fértiles agrícolas. Para esa fecha se urbanizará gran parte de la tierra fértil del oasis y se empujará la frontera agrícola hacia el secano.
Ríos. Para 2030 el Gran Mendoza presentará un estrés hídrico crítico. Surgirán situaciones de exclusión, conflictividad social y resentimiento en las actividades productivas.
Espacios verdes. En el Gran Mendoza, el crecimiento de los espacios verdes se verá limitado por el uso del suelo para vivienda. Habrá menos disponibilidad de plazas y parques por habitante.
Fecha de Publicación: 22/09/2009
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Es el escenario posible proyectado por expertos de la UNCuyo en el caso de que no se tomen las políticas necesarias. Habrá menos agua y más contaminación. Presentarán propuestas.
De no tomarse las previsiones necesarias, la calidad de vida en Mendoza declinará en forma significativa en los próximos 20 años. Habrá menos agua en los ríos, el campo y la ciudad sufrirán las consecuencias de la escasez del líquido vital y los cultivos padecerán los efectos de la salinización.
Los espacios verdes disminuirán, la contaminación se agudizará y el desequilibrio territorial será tan grande que el oasis provincial estará aún más saturado de población que en la actualidad. Pero esto no será todo: las desigualdades sociales aumentarán y la productividad local irá en franco declive.
El escenario posible para las décadas venideras es preocupante. Pero el costado positivo es que todavía los mendocinos se encuentran a tiempo para lograr adelantarse a ese futuro. Justamente por eso, un grupo de expertos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se encuentra realizando un trabajo conjunto con especialistas de otras unidades académicas y organismos.
El objetivo es aportar ideas y propuestas que sirvan de sostén a las futuras políticas de Estado que se tomen para 'ordenar' el territorio.
De hecho, visualizar qué destino le espera a las generaciones presentes y futuras fue el primer paso para comenzar a dar marcha a un diagnóstico general que permita soluciones concretas.
Días atrás, el equipo de profesionales, integrado por ingenieros, especialistas en agua, geógrafos, biólogos y economistas presentó el "Escenario Tendencial Mendoza 2030" ante representantes de distintos organismos y la semana que viene realizarán una sistematización de sus propuestas.
Todo, en el marco de los aportes que el área científico-técnica deberá efectuar al Gobierno para ajustar los detalles del plan estratégico territorial, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Ordenamiento territorial (8.051) aprobada hace 4 meses en la Legislatura.
"Este trabajo servirá de complemento a lo que está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente", explicó Arturo Somoza, rector de la UNCuyo y agregó que lo que se plantea desde esta casa de altos estudios es la necesidad de lograr un cambio sustancial en el modelo de desarrollo que se ha venido aplicando en las últimas décadas.
Somoza consideró además que los cambios ocurridos en Mendoza han sido injustos no sólo en lo territorial, sino también en el aspecto social. "No hay que hacer correcciones menores; hay que cambiar el modelo y por eso estamos elaborando propuestas que sirvan en forma concreta", dijo el rector.
Las conjeturas proporcionadas por los expertos no fueron elaboradas al azar. Lejos de esto, las proyecciones científicas estuvieron basadas en los análisis y tendencias estadísticas registradas por distintos organismos provinciales durante la última década. Así, las perspectivas para los años venideros se desplegaron sobre aspectos clave para el desarrollo de nuestra provincia.
Glaciares. El informe indica que la retracción de los glaciares, verificada en la provincia desde hace 40 años, hará descender el caudal de los ríos hasta 12%. Por otra parte, la isoterma de 0° ascenderá en altitud, aumentarán las lluvias en el llano y disminuirán en la cordillera.
Agua. El escenario para 2030 indica que su demanda crecerá a un ritmo superior al poblacional. "En el 2009 ya había alcanzando un promedio de crecimiento de 1,6% anual, valor superior al crecimiento poblacional que era del 1,2%", advierte textual el informe.
Desarrollo humano y crecimiento. El Producto Bruto Geográfico (PBG) global de Mendoza registra para dentro de dos décadas un crecimiento moderado a diferencia de 2015, cuando la tasa promedio fue del 6% anual. El crecimiento en el período 2003-2006 había sido superior, alcanzando una tasa de crecimiento real de 12,8% anual.
Sin embargo el Índice de Desarrollo Humano (IDH) seguirá presentando al 2030 aspectos regresivos y desequilibrio en relación a la distribución territorial. Los valores más altos se registrarán en el Gran Mendoza, San Rafael y Malargüe. Esto marcará una inequidad con respecto al resto de los departamentos.
Producción. Para las próximas décadas los especialistas prevén que los sectores comercial y hotelero- gastronómico, junto al de minas y canteras serán los de mayor crecimiento. Dentro de este último, la explotación de petróleo y gas perderá protagonismo frente a la metalífera.
Minería. El escenario es que la explotación minera crecerá hasta cubrir 30% del territorio y las áreas protegidas disminuirán.
Contaminación. La disponibilidad de agua para riego se reducirá en 2030 a causa también de la contaminación de las aguas con basura y efluentes. Además influirá el aumento de la demanda para uso doméstico. En la actualidad (2009) hay al menos 20 mil hectáreas contaminadas por efluentes urbanos mientras crece el costo de limpieza de los canales.
También aumentará la generación de residuos urbanos y la contaminación atmosférica por monóxido de carbono e hidrocarburo de plomo. La falta de planificación del transporte público y el incremento del parque automotor provocarán más contaminación sonora.
Salinización del agua y la tierra. La contaminación salina de agua subterránea crecerá y afectará a las áreas del acuífero norte con valores críticos. Esto será negativo para la actividad agrícola y el consumo humano. La superficie de suelo afectado por salinidad en la zona cultivada del río Mendoza alcanza 50% en 2009 y llegará a 56% en 2015. Para 2030 afectará 62% de esa zona.
Asimetrías sociales. Se profundizarán las desigualdades, sobre todo en materia de vivienda. Incluso en la actualidad, investigaciones del Centro de Estudios sobre Asentamientos Humanos de la UNCuyo indican que 29% de los hogares mendocinos padecen situaciones deficitarias. De ellos, 68% está afectado por déficit relativo (viviendas que podían ser recuperadas o ampliadas) y 31,7% presenta una situación de déficit absoluto (viviendas precarias irrecuperables o compartidas).
El 60% de las villas y asentamientos se encuentran en el Gran Mendoza. La postal contrasta con los 180 barrios cerrados existentes en el Área Metropolitana.
Concentración en la ciudad. En 2030 el 83% de la población vivirá en las ciudades ubicadas en las zonas de oasis. La tendencia de concentración en los centros urbanos (especialmente en el Gran Mendoza) se profundizará. En 2004, el 79% de la población vivía en las ciudades ubicadas en zonas de oasis, de ella 68% se concentraba en el Gran Mendoza. En el resto de los departamentos se prevé que baje la tasa de crecimiento poblacional por la falta de trabajo y oportunidades.
Crecimiento de la población. La población del Gran Mendoza en las próximas dos décadas será de 1.300.000 habitantes. En 2001 ya superaba los 800.000 habitantes, concentrados en menos de 1% de la superficie provincial (245km2).
Riesgo sísmico y aluvional. La población de casi 500.000 nuevos habitantes, que se incorporaron al Gran Mendoza de 2001 a 2030, profundizará el crecimiento urbano en forma desordenada hacia zonas de riesgo sísmico y aluvional y también hacia tierras fértiles agrícolas. Para esa fecha se urbanizará gran parte de la tierra fértil del oasis y se empujará la frontera agrícola hacia el secano.
Ríos. Para 2030 el Gran Mendoza presentará un estrés hídrico crítico. Surgirán situaciones de exclusión, conflictividad social y resentimiento en las actividades productivas.
Espacios verdes. En el Gran Mendoza, el crecimiento de los espacios verdes se verá limitado por el uso del suelo para vivienda. Habrá menos disponibilidad de plazas y parques por habitante.
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