Parques Nacionales: Monsanto al gobierno, los privados al poder

Fecha de Publicación: 07/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El gobierno nombró al frente de Conservación de Áreas Protegidas a Leonardo Sarquis, ex CEO de la empresa de agroquímicos. Recortes y ataques a un sector clave para el patrimonio del país.
Los antecedentes de Leonardo Sarquis –primero como gerente del gigante Monsanto y luego como ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal– no parecen ser los mejores argumentos para justificar su desembarco como director de Conservación de Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN). O sí. “Su designación guarda lógica con el pensamiento nefasto del actual gobierno nacional, pero no deja de sorprender tanta irracionalidad institucional”, se queja el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro. Enseguida aporta la explicación: “Sarquis fue el ideólogo de la Resolución del Veneno, que autorizó las fumigaciones con agrotóxicos a cero metros de las viviendas, las escuelas rurales, los ríos y lagunas. Y también, aunque parezca increíble, de las reservas naturales. Por eso decimos que pusieron al lobo a cuidar a las ovejas”.
Publicada en el Boletín Oficial del 17 de diciembre de 2018, la Resolución N° 246-MAGP-18 firmada por el entonces ministro Sarquis habilitaba a partir del 1° de enero de 2019 la aplicación de fitosanitarios “en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento”.
En febrero de 2019, luego del repudio unánime de las asambleas de vecinos y organizaciones sociales y ambientalistas, el gobierno de Vidal decidió suspender la resolución por un año. Desde entonces (y ya con Axel Kicillof en funciones) las prórrogas de la suspensión se sucedieron, evidenciando la nula voluntad política de derogarla.
“Sarquis es un lobbysta activo del agronegocio, que opera alternando las consultorías privadas y los cargos públicos, promoviendo y consolidando el modelo agroindustrial ecocida. Un genuino caso de puertas giratorias”, lo describe Cabaleiro en Naturaleza.ar, y agrega que “exhibe con auto-exaltaciones su paso como CEO de Monsanto, una empresa atravesada por el daño ambiental ocasionado a través de su paquete tecnológico para su uso en la agricultura, que comprende la utilización de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) asociados con agrotóxicos, principalmente el herbicida cancerígeno glifosato”.
Si bien se espera por un anuncio oficial, desde hace unos días Sarquis se pasea por las oficinas de Parques Nacionales. “Con la asunción del nuevo gobierno –explica una fuente– hay un caos total en el sistema de cargos de los organismos públicos. En el caso de Parques Nacionales se sabe que lo quieren desmantelar y por eso hay direcciones que todavía no tienen nombramientos. Pero mientras tanto se necesita que sigan funcionando operativamente, que alguien firme y por eso lo trajeron a Sarquis”.

Sin protección
En junio de 2022, la por entonces candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, fue la única diputada que votó en contra de la creación de nuevos Parques Nacionales. “Estoy a favor de proteger nuestros recursos, flora y fauna pero NO lo estoy para crear zonas donde el Estado NO ejerce la soberanía, NO protege ni avala a los guardaparques y fortalece cajas”, justificó luego en sus redes sociales. Sin darse cuenta sembró las primeras pistas de lo que sería una política de Estado en su gobierno: el desinterés por la preservación de nuestros recursos naturales.
De acuerdo a los cálculos de los propios trabajadores de Parques Nacionales, la intención de las nuevas autoridades es llegar a diciembre de 2024 con un recorte del 50% del personal. La motosierra ya se había prendido a fines de marzo, cuando no se le renovaron contratos a unos 80 trabajadores entre profesionales, técnicos y administrativos. El Parque Nacional Lanín, en Neuquén, fue el que sufrió las mayores bajas, lo que motivó una serie de protestas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de San Martín de Los Andes.
Argentina tiene 55 áreas protegidas que resguardan el patrimonio natural y cultural del país. La conservación hoy está en peligro. También son una fuente turística, aunque el gobierno no se muestra preocupado por promover las visitas: el lunes 13 de mayo las entradas a los Parques Nacionales aumentarán un 400 por ciento.
«Iniciaremos una auditoría que revele a todos los argentinos en qué estado encontramos los parques en aspectos ambientales, sociales, económicos, el desarrollo turístico y la relación con las comunidades originarias», prometió Cristian Larsen al asumir como presidente de la APN hace un mes atrás. Al igual que con las universidades, la excusa de las «auditorías» para tapar el ajuste. Para cumplir con el propósito encomendado por Javier Milei, Larsen debió pedir licencia como miembro del directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) en representación del PRO.
Pero la designación de Larsen causó rechazo entre los trabajadores de la Televisión Pública por considerarlo “el brazo ejecutor de las políticas de Hernán Lombardi de rebaja salarial, violación de convenios y censura en TVP y Radio Nacional durante el macrismo”. Además, señalaron que “cuando ostentó el cargo de auditor interno entre 2017 y 2019 se denunciaron numerosas irregularidades que deben ser investigadas”. Sobre su rol de auditor interno de RTA, la Oficina Anticorrupción “dio cuenta de irregularidades», como fue «una activa intervención en diferentes asuntos de la gestión de dicha empresa estatal, sobre los cuales no poseía atribuciones de gestión sino de control interno, por lo que hipotéticamente habría quedado en posición de tener que controlar su propia actuación”. La “mancha” en el legajo de Larsen (un apellido que curiosamente portan decenas de trabajadores de Parques Nacionales) no alcanzó a convencerlo de bajar el perfil. En sus redes sociales se lo ve posando con el presidente y su hermana Karina, celebrando el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner o militando el cierre de la agencia Télam.  «
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Exclusivo: Neuquén se planta y no aprobará extensiones del convencional sin plan de remediación

Fecha de Publicación: 07/05/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


El ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, anunció que un equipo especial ya audita las áreas cercanas a su vencimiento. “No vamos a avalar el ingreso de empresas que después no puedan hacerse cargo”, advirtió ante el proceso de venta de bloques que lleva adelante YPF. Reveló que son muchas las consultas de pymes extranjeras.
 Exclusivo: Neuquén se planta y no aprobará extensiones del convencional sin plan de remediación Las nuevas oficinas del ministerio de Energía y Recursos Natural de Neuquén comparten el edificio con el Instituto de Juegos de Azar (IJAN) pero si hay algo claro es que el ministro Gustavo Medele no se quiere “timbear” el futuro ambiental de la provincia. Con un pronóstico que en el caso más conservador marca que por el impulso de Vaca Muerta Neuquén duplicará la producción de petróleo en 2028, el gobierno se plantó y fijó como condición uno a las empresas que quieran extender las concesiones del convencional que presenten, y puedan financiar, un plan de remediación ambiental integral.
La postura es trascendente, ya que son 25 las concesiones hidrocarburíferas de Neuquén que vencen entre el año que viene y 2028. Pero además, en ese listado de potenciales pedidos de extensión se encuentran las 9 áreas que YPF puso a la venta a través del Proyecto Andes, una iniciativa que con un total de 30 bloques en todo el país, ya despertó el interés de más de 60 empresas y uniones empresarias.
Además de esas áreas en venta, YPF también cuenta con otros 4 bloques que la petrolera de bandera no abrió a ofertas porque buscaría renegociar o reconvertir, ya que se trata de bloques clave como Loma La Lata y Puesto Hernández.
Una situación, de cara a un vencimiento cercano, en el que también se encuentran empresas como Oilstone, Tecpetrol, Pluspetrol, TotalEnergies, Aconcagua Energía, Petróleos Sudamericanos y Petrolsur.
“Yo nací acá y voy a morir acá. Y mi mirada es más sobre el pasivo que sobre el flujo. No podemos darnos el lujo de desentendernos de ese tema número uno en todo este proceso que es el pasivo ambiental”, aseguró Medele en una entrevista en exclusiva con Energía On.
El ministro explicó ante el proceso de venta de áreas que abrió YPF que “no podemos permitir que se quede (un área) una empresa que no pueda responder a ese pasivo. Ese es el gran problema de la venta de YPF”. Y remarcó que “para nosotros la primera mirada es la del pasivo, o sea que quede bien todo eso, y después el proyecto que traiga, qué va a hacer en el campo”.
Un punto que es común a todos los pedidos de renegociación o extensión de las concesiones, sobre el que enfatizó que “cuando veamos el plan de trabajo, por ahí le vamos a decir a alguna empresa te quiero mucho, pero no te conviene, vas a volcar. Y también nuestra responsabilidad es asegurarnos que esta gente no nos deje un problema dentro de 10 años”.
Medele, quien tras una extensa carrera en la industria viene de ser vicepresidente de Excelencia y Seguridad Ocupacional de YPF, detalló que el procedimiento correcto ante la reversión de un área, la devolución ya sea en vigencia o por vencimiento de la concesión es que “el que se va tiene que limpiar ese campo, tienen que limpiar abandonando los pozos, levantando tuberías o dejándolas inertes, desarmando plantas y viendo también los derrames, los pasivos que tengan”.

Comenzaron las auditorías
Con 25 concesiones llegando a su fin antes de 2028, Medele anunció que la provincia ya tomó cartas en el asunto y creó un equipo especial interdisciplinario que ya comenzó a realizar una auditoría de las áreas, un relevamiento propio de los pasivos ambientales y los trabajos de abandono seguro que deben hacerse.
“Ya empezamos a hacer auditorías con nuestros equipos internos. Tenemos a la subsecretaría de Ambiente dentro del ministerio de Energía y estamos con Ambiente y la subsecretaría de Hidrocarburos armando equipos de trabajo de auditorías”, contó Medele.
Y sumó que “ya estamos yendo al campo, empezamos a ir hace un mes voluntariamente a ver los campos grandes. Los equipos están trabajando con nosotros para hacer un mapeo”.
La postura de Neuquén es clara: “el objetivo es tener nuestro propio diagnóstico y no esperar a que la empresa diga cuál es su plan de remediación, sino tener nuestra mirada de qué es lo que hay que hacer en los cuatro elementos que son pozos, ductos, plantas, y los derrames que haya habido”.
Lupa en lo ambiental, el punto clave para el ministro Medele.
Medele reiteró que “de esos cuatro elementos nosotros tenemos que tener nuestra mirada, nuestro inventario. Cosa que si llegan juntas cinco concesiones no colapsemos al equipo”.
“El que venga que quiera comprar por este farm out, va a tener que decir porqué está interesado en entrar acá, qué va a hacer. Porque un plan de inversión es argumentativo aunque digan 100 millones, queremos que digan qué van a hacer en barriles, y en segundo lugar cómo van a asegurar el pasivo, porque si se va YPF le deja todo el pasivo esta empresa que venga”, planteó.
El ministro de Energía remarcó que “nuestra mirada es más sobre el pasivo, porque hoy podés tener pozos con baja producción pero en algún momento van a ser un pasivo que hay que asegurar”.
Y advirtió que “en Neuquén tenemos una posición diferente tal vez a otras provincias como Santa Cruz o Chubut, nosotros con Vaca Muerta prevemos duplicar la producción a 2028, entonces es lógico que estemos más preocupados por el pasivo que por la producción, porque puede ser que el pasivo termine siendo más caro que el potencial activo en la mayoría de las concesiones viejas”.
En los últimos meses fueron varias las empresas que se acercaron al mostrador de Medele interesadas en especial por campos convencionales, ya que el funcionario marcó que “hoy no hay casi lugar en Vaca Muerta”.
“Han venido algunas empresas de México, de Brasil, de Estados Unidos a ver cómo es el convencional. Son otro tipo de empresas, especializadas en el convencional, pero hay que ver muy bien el tema del pasivo, cómo plantean resolverlo, si pueden solventarlo o si en unos años se funden y nos dejan una camioneta y un trailer como pago”, señaló.
Medele remarcó que “somos la generación que tiene que hacer esto para que quede bien, porque tenemos un modelo de crecimiento de producción con Vaca Muerta, y por eso podemos dedicarnos a dejar las cosas bien hechas”.
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La Argentina pagará caro la inacción en materia ambiental

Fecha de Publicación: 06/05/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Pese a que nuestra economía depende del ambiente, no hay conciencia del valor que supone cuidar los ecosistemas
La Argentina es peculiar. Es el octavo territorio más extenso del mundo, del Trópico de Capricornio a regiones polares. Goza de una diversidad única de climas y ecoregiones: selvas, bosques, desiertos, estepas, cadenas montañosas y extensas llanuras. Integra la quinta cuenca hídrica del planeta. El agua abunda en el 30% del territorio, pero el 70% es árido o semiárido. La Cordillera de los Andes, con sus nieves y glaciares, provee el agua para la población y actividad económica de estas regiones. Posee además un extenso territorio oceánico.
La población es acotada, mal distribuida: el 92% es urbana, concentrada en pocas ciudades, entre ellas la megaurbe del AMBA, donde reside más de la tercera parte de la población del país.
La economía argentina se basa en la producción agropecuaria y derivados. La mayoría de las exportaciones tienen valor agregado bajo a medio. Hoy el valor de las materias primas es una parte cada vez menor del flujo del comercio internacional. Esta situación presiona sobre los ecosistemas del país. Incluyendo al turismo, gran parte de nuestra economía es ambiente dependiente: vendemos clima, agua y suelo. Exportamos riqueza ambiental.
Las sequías que han impactado nuestro país en los últimos 16 años –peor aún la gran sequía 2022-2023– exponen el grado de dependencia y vulnerabilidad socio-económica del modelo basado en una baja diversidad de productos primarios ante perturbaciones ambientales naturales y antropogénicas.
Dado que ambiente y clima son la esencia de nuestra economía, sería razonable pensar que el cuidado del ambiente es prioritario para los ciudadanos y toda la dirigencia. También lo sería la optimización de su uso económico, su puesta en valor para conquistar mercados.
Sin embargo, no es así. El cuidado del ambiente no es relevante para amplios sectores de la ciudadanía, aun sufriendo vulnerabilidades derivadas de la crisis ambiental.
Leyes no faltan. La Constitución de 1994 contempla el derecho al ambiente sano. De ella se desprenden un conjunto de leyes para preservar sistemas naturales. La mayoría fueron fruto de intensos debates, con aportes del sector de I+D. Leyes como la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos y la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares proveen a la preservación de ecosistemas, garantizan la continuidad de sus servicios esenciales para la vida y el desarrollo económico. Son leyes distinguidas en Estados Unidos y Europa.
Pero lo cierto es que estas leyes no reciben los medios para su aplicación o no se las aplica correctamente o se las ignora.
Existen movimientos ambientalistas, pero varios promueven slogans desvinculados de las realidades de los ecosistemas locales y del conocimiento científico. Algunos son cooptados por ideologías partidarias. En la dirigencia se observa escaso interés en la problemática ambiental. No perciben la relación entre la crisis ambiental y la crisis socioeconómica. Algunos sectores políticos la hacen propia solo para hablar mucho, hacer poco, o encubrir destrucción ambiental.
En suma, la crisis ambiental queda inmersa en múltiples grietas, en el desconocimiento y la indiferencia de nuestra sociedad y la dirigencia público-privada.
Las soluciones para nuestro país exigen conocer la dinámica de los sistemas ambientales, la identificación de los desequilibrios y sus causas. Se necesitan sistemas de monitoreo ambiental y análisis científico propios, cuestiones caprichosamente desfinanciadas o abandonadas.
No siempre fue así. En 1872 Sarmiento aprobó por ley la creación del hoy Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tercera institución de su tipo en el mundo, y las primeras academias nacionales de ciencias. Avellaneda crea el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) en 1879. En 1903, el gobierno de Roca apoya la Campaña Antártica Nacional Escocesa y en 1904 establece la primera base antártica permanente del mundo, la Base Orcadas. Roca asienta las bases de lo que luego será el valioso sistema de parques nacionales. Son solo algunos ejemplos.

La crisis ambiental
Los problemas ambientales del país son múltiples. Veamos algunos desde la ciencia. El 30% del territorio sufre degradación de suelos de importante a severa. Tal degradación incluye diversos procesos: pérdida importante de nutrientes, erosión, desertificación. La pérdida de biodiversidad microbiana del suelo, fundamental en el ciclo de nutrientes y la fijación de dióxido de carbono atmosférico (CO2), es importante.
La crisis de los suelos se asocia con cambios en el uso de suelos: falta de gestión, destrucción de bosques y pastizales nativos. La rica biodiversidad de nuestros ecosistemas cae por la expansión sin control de la frontera agropecuaria que destruye ecosistemas sin importar las consecuencias ni siquiera para la misma producción que busca expandirse. Los mecanismos de degradación interactúan y se potencian.
La pérdida de cobertura vegetal y trama de raíces que frenan el impacto de lluvias fuertes y retienen el agua promueve la erosión. Además, acelera el escurrimiento del agua hacia las cuencas hídricas, causando inundaciones más rápidas y frecuentes o procesos de sequía más intensos, según el estado del clima. El lavado de suelos facilita la contaminación de los ríos con los múltiples productos químicos tóxicos de la actividad agraria, industrial o minera.
Ríos y napas sufren la contaminación de aguas por falta de tratamiento adecuado de efluentes urbanos e industriales. Se detectaron psicofármacos en aguas del Paraná. Los stocks de agua se están desregulando por extracción excesiva de agua de napas, derretimiento de glaciares y nieve permanentes por el calentamiento global y eventos meteorológicos y climáticos extremos cada vez más frecuentes.
La generación eléctrica con combustibles fósiles y el cambio en el uso de suelos son las principales causas del cambio climático. Tenemos emisiones de gases de efecto invernadero moderadas, similares a las de Suecia. Aquí son ineficientes y costosas por fallas sistémicas, por destrucción ambiental. Reducir estas emisiones es necesario. Pero ante cambios climáticos que ya están ocurriendo debe adaptarse la infraestructura, la vivienda, la salud, la producción. Se requiere capacidad propia para evaluar cómo serán los cambios, para diseñar políticas de adaptación eficientes. Sin estas acciones los costos sociales, las pérdidas económicas, productivas y ambientales crecen.

Revertir la tendencia
Podríamos describir otros procesos de la crisis ambiental nacional (contaminación del aire, pesca, humedales, especies foráneas, entre otros) y sus múltiples sinergias negativas. Pero es relevante considerar que también existen procesos para revertir la situación: soluciones productivas de raíz ecosistémica.
Existen técnicas que no solo cuidan el ambiente mediante actividades productivas, sino que las potencian. Productores ya aplican la ganadería regenerativa y silvoganadería en distintos puntos del país. El uso de la fauna autóctona en la industria textil, láctea y cárnica es otro ejemplo. El uso responsable con valor agregado de la biodiversidad en el sector alimenticio, farmacéutico y cosmética debería desarrollarse. El desarrollo de tecnologías de energía renovables solar, eólica y marina es esencial para el país y genera productos exportables de alto valor agregado. El rol del Estado en cuidado del entorno, certificación de calidad ambiental y desarrollo de conocimientos en favor de toda la sociedad es indeclinable.
Nos debemos un serio debate para revertir esta crisis. El cuidado ambiental es fundamental para proteger y diversificar nuestras producciones, generar empleo, valor agregado y abrir mercados. El desarrollo del conocimiento científico y técnico local es ineludible: universidades, Conicet, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval, la Conae. La transferencia a la sociedad, y en particular a las pymes que no pueden costearlo, es un deber. Las pymes son pilares de la economía. El conocimiento es el otro pilar.
El costo social, económico y ambiental de la inacción es mucho mayor.

Por Pablo O. Canziani
Miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, investigador de la UTN/Conicet y miembro fundador del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisión de la Unesco
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Organizaciones denuncian los impactos ambientales que tendrá la aprobación de la Ley Bases

Fecha de Publicación: 03/05/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Un comunicado de la Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN) subraya que el nuevo proyecto de ley considera la regulación ambiental como una molestia. Advierte sobre la reducción de la participación ciudadana y los privilegios otorgados a industrias extractivas.
Este martes la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Bases. La iniciativa del oficialismo consta de más de 200 artículos y establece la emergencia energética, económica y financiera por un período de un año. Sin embargo, En la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtieron que pese a que este nuevo proyecto no incluye un capítulo específico de desregulación ambiental, sí hay capítulos que plantean un riesgo en la materia. Puntualmente referidos al acceso a la energía, la protección de los bosques y el manejo del fuego.
Entre los derechos socioambientales que se perderían de convertirse en ley la iniciativa, figuran: la posible sustitución de las audiencias públicas para definir proyectos, la creación de un régimen de privilegios en materia tributaria, cambiaria y aduanera, modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y la posible cancelación de fondos para políticas ambientales.
En “La amenaza fantasma. Un nuevo proyecto de Ley Ómnibus sin capítulo ambiental”, FARN explica: “Este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’. La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales delas generaciones presentes y futuras”, detalla el comunicado.
Cuáles son los principales puntos de la nueva ley que afectan al ambiente

1. Audiencias públicas optativas:
El capítulo III del proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Al referirse a las audiencias públicas, que son instancias de participación ciudadana sobre proyectos vinculados al ambiente y el cuidado de los ecosistemas, este procedimiento “podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate”.
“Esta modificación brindaría a las autoridades una amplia esfera discrecional para decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo alternativo que, fuera de la consulta pública, no está especificado por la ley”, advierte FARN.

2. Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos:
El nuevo proyecto de Ley Bases contiene 51 modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319). “Estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y a quitar atribuciones de intervención por parte del Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno”, explica FARN en el documento.
Además, detallan que el proyecto propende a flexibilizar y agilizar el acceso de las firmas a nuevas concesiones, reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore. Esto último contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por la Argentina al ratificar el Acuerdo de París.

3. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
El artículo 161 del proyecto de ley dispone la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este tiene por objetivo atraer inversiones de más de US$200 millones con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.
En el último documento publicado por FARN explican: “Ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley Ómnibus impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología”.
”La desregulación y los beneficios otorgados por el RIGI en materia tributaria, cambiaria y regulatoria promocionan un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador que, a lo largo delos últimos años, tuvo como consecuencia la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática”, subrayan.

4. La posible cancelación de fondos fiduciarios:
El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Existe una multiplicidad de fondos fiduciarios, entre los que se encuentran algunos de relevancia para la política ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Desde FARN explican que estos fondos, junto a otros orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables, “son pilares de las políticas ambientales”. Tienen una vital relevancia para la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y para dotar de herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país.
“Entender a estos fondos como meras ‘cajas’ sin reconocer su importancia en términos de protección y cuidado del ambiente es un error que puede traer serias consecuencias para la preservación de los ecosistemas de nuestro país”, advierte FARN en el documento.
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Chaco aprueba una nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques que permitirá el desmonte de más de un millón de hectáreas

Fecha de Publicación: 02/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco


Así lo alertan oganizaciones sociales, y anticiparon que lo denunciarán judicialmente. En plena madrugada, la legislatura chaqueña aprobó la norma que agravará la situación del desmonte en la provincia, a partir de un mapa elaborado sin participación comunitaria y “a la medida de las tanineras y el agronegocio”.
Mientras en el Congreso Nacional se debatía y preparaba la aprobación de la Ley de Bases del presidente Javier Milei, en la Legislatura Chaqueña también tenía lugar una votación que es rechazada por una parte importante de la sociedad y puede traducirse en una fuerte violación de derechos. En plena madrugada se votó la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): organizaciones sociales advierten que permitirá el desmonte de más de un millón de hectáreas y adelantaron que llevarán el tema a la Justicia.
«Hemos aprobado con satisfacción el ordenamiento de nuestros bosques nativos, muy a pesar de los intereses supranacionales. Este ordenamiento permitirá llevar adelante proyectos agroindustriales de manera ordenada y controlada por el Estado, hasta ahora era más fácil desmontar y pagar la multa, el monte estaba librado a su suerte”, celebró el diputado provincial Samuel Vargas, del Interbloque de Juntos por el Cambio, según consignó el portal Diario Chaco.
Sin embargo, las críticas sobre este nuevo ordenamiento ya habían sido advertidas antes de la votación por organizaciones ambientalistas locales como Somos Monte Chaco y por ONG como Vida Silvestre y Greenpeace, que denunciará “en la Corte Suprema la ilegalidad del nuevo OTBN”.

De madrugada
“Lo hicieron a escondidas de la ciudadanía. Muy pocas veces se ha sesionado a la noche y justamente terminaron de votar a las 2:40 de la madrugada, cuando la mayoría de los chaqueños ya dormían”, cuestionó Débora Páez, de Somos Monte. “Lo irónico y hasta vergonzoso es que parecía una pelea de niños tirándose chicanas unos a otros mientras discutían el futuro de muchos de nosotros”, lamentó en diálogo con Tiempo.
“Con lo que se votó anoche se viola el principio de no regresividad ambiental presente desde la ley general de ambiente. También es violatorio en cuanto a los procedimientos, ya que no se realizaron los procesos participativos y técnicos que establecen la ley y el Consejo Federal de Ambiente. Es violatorio en el contenido de la norma, ya que no cumple con el requisito de no regresividad ambiental. Es violatorio de leyes internacionales”, enumeró la ambientalista.
En el mismo sentido, Greenpeace anunció que denunciará ante el máximo tribunal la “ilegalidad” de la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. “A las 2.40 de la madrugada, y de espaldas al pueblo, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Llevaremos la denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, alertó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
“A medida de las tanineras y el agronegocio. Vamos a acompañar las acciones judiciales”, anticipó el abogado ambientalista Enrique Viale.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital de Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas sólo en 2023. “Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, señaló esa entidad.
La organización advirtió que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco “se realizó sin participación indígena y permitirá el desmonte legal de más de un millón de hectáreas”.

Regresividad
Vida Silvestre también se pronunció contra el nuevo OTBN, porque implica “graves retrocesos e incumplimiento de la normativa nacional e internacional”.
“La norma dispone un mapa regresivo y no progresivo, yendo contra principios reconocidos por el Acuerdo de Escazú, de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Bosques Nativos y de la normativa específica del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA). Por ejemplo, es alarmante que se proponga pasar a Categoría III-Verde polígonos lindantes al Parque Nacional Copo y a la Reserva Provincial la Pirámide, y cercanos al Parque Natural Provincial Loro Hablador, zonas que en el OTBN anterior están en Categoría II-Amarillo, una categoría más restrictiva. Esto implica una regresividad y no progresividad porque estas áreas, con esta nueva ley, pasan a tener menor protección, situación que se agrava teniendo en cuenta que estos polígonos rodean áreas protegidas y constituyen parte de la zona de amortiguamiento de estas áreas, impactando negativamente su integridad, conectividad y permanencia”.
También cuestionaron que se cree una Mesa de Revisión y Actualización del OTBN para revisar ese ordenamiento de forma anual, “violando la Ley 26.331 y su decreto reglamentario 91/2009 donde se establece que la actualización debe ser realizada cada 5 años. Si se da continuidad a la política ratificada con la sanción de esta ley, esto sería someter a los bosques a una revisión anual de su nivel de protección, quitando además la posibilidad de planificación a mediano plazo que la gestión forestal necesita”.
“Es de altísima gravedad aprobar un mapa que no fue validado en el marco de un proceso participativo como corresponde, mientras que se desconocen los insumos técnicos que generaron el mapa aprobado. Asimismo, nos preocupa el tratamiento irregular y exprés que se le dio al tema por parte de la legislatura chaqueña”, dijo Fernando Miñarro, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
“El mapa propuesto en el proyecto 423/2024 y que fuera sancionado el 30 de abril, cambia de categoría de protección sectores de la provincia, habilitando deforestación donde antes no estaba permitido, rompiendo con el criterio de no regresión. Por ejemplo, el sector oeste de la provincia ahora incrementa el verde, dando lugar a futuros desmontes», planteó Miñarro.
Y acotó: «En definitiva, esta presentación lo único que está haciendo es poner en riesgo los escasos bosques nativos que quedan en Argentina, en una de las provincias que registra las mayores tasas de deforestación legal e ilegal. Esta actitud de los legisladores compromete fuertemente la potencialidad del país de posicionarse ante mercados internacionales que hoy exigen la tipificación del país, según su riesgo de deforestación”.
Vida Silvestre anticipó que pedirá a la Autoridad Nacional de Aplicación que la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos no reciba la acreditación correspondiente, “por no cumplir con los Presupuestos Mínimos, establecidos por la Ley de Bosques (26.331). Por otro lado, se suma la solicitud al gobernador de la provincia de Chaco Leandro Zdero el veto de dicha ley, que en caso de ser promulgada, será pasible se afrontar reclamos ante las justicia en la jurisdicción correspondiente”.
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Acuerdo de Escazú: el Gobierno presentó los compromisos para cumplir con el derecho a la información ambiental

Fecha de Publicación: 27/04/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Augusto Paz, director de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Ambiente, habló durante la COP en Chile. Foco en las capacitaciones.
Desde este lunes y durante tres días, representantes de varios países se reunieron en Santiago, Chile, en el marco de la Conferencia de las Partes (COP) firmantes del Acuerdo de Escazú. La cumbre climática busca hacer un seguimiento del pacto al que suscribió la Argentina en 2018, que pondera el rol del público en la toma de decisiones ambientales y la protección de activistas, en tanto América Latina es la región con más asesinatos de manifestantes ecologistas a nivel mundial.
Este martes, Augusto Paz, director de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Ambiente y representante del Gobierno en esta conferencia, dio a conocer el plan del Ejecutivo para cumplir con el compromiso asumido: “En materia de participación pública, estamos trabajando en el proceso de elaboración participativa de normas para implementar en proyectos futuros. Además, estamos iniciando un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para incorporar su perspectiva en las acciones que demande el acuerdo a nivel nacional”.
En rigor, el Acuerdo de Escazú, que la Argentina firmó en 2018 y ratificó en 2020 a través de la ley 27.566, es un acuerdo regional ambiental de América Latina que pone el foco en la participación de los ciudadanos en las decisiones que los Estados tomen sobre el ambiente.
Sus premisas son garantizar el derecho al acceso a la información, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en estos asuntos. En tanto, es el primer acuerdo de este tipo a nivel mundial que contempla disposiciones específicas sobre defensores ambientales.
Al respecto, durante la segunda jornada del evento, Augusto Paz expuso las claves en las que trabaja la Subsecretaría de Ambiente para concretar acciones. “En el ámbito de la sociedad civil, se está llevando a cabo un diagnóstico sobre la situación de las personas, grupos y organizaciones que defienden el ambiente en Argentina, con el fin de enriquecer el conocimiento oficial y buscar soluciones para sus diferentes realidades”, expresó el funcionario.
Consultado por TN, Paz agregó algunos detalles sobre los puntos en los que trabajará el Gobierno para cumplir con Escazú. “Estuvimos trabajando en facilitar el acceso a la participación, lo que hicimos fue hacerlo más digital y así le damos más lugar a la gente a participar. Y flexibilizamos los plazos e hicimos más accesibles las normas para que la ciudadanía pueda entenderlas”, dijo.
En cuanto a la capacitación, el Gobierno trabaja en la actualización del programa de formación para funcionarios y equipos técnicos nacionales, incorporando contenidos específicos sobre el Acuerdo de Escazú. También se están realizando esfuerzos para promover la educación ambiental a través de material audiovisual que pueda ser utilizado en diferentes ámbitos y niveles educativos. También de manera digital y articulando con provincias y municipios.
“Estamos promoviendo acuerdos con diversas áreas de organismos, tales como la Secretaría de Geoeconomía, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y el Instituto Geográfico Militar Nacional. El objetivo de estos acuerdos se centra en identificar la información ambiental con que cuentan los organismos, generar intercambios, unificar los formatos de publicación y avanzar en la geo-representación de datos. Esto surgió a partir de un diagnóstico que nos mostró que usamos todos bases distintas. Dentro de nuestras secretarías, cuando tuvimos que empezar a mitigar nuestras bases, descubrimos que teníamos 10 tipos de visualizadores distintos de información”, señaló Paz.
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Provincias argentinas se unen para impulsar la economía verde

Fecha de Publicación: 25/04/2024
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Nacional


Participan las provincias de Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Jujuy. En representación de la Provincia de Córdoba participó y firmó la Ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores.
La Alianza Verde Argentina (AVA) es un reflejo del creciente rol de los estados subnacionales como catalizadores de la acción climática.
Cada una de las provincias firmantes se comprometen en abordar los desafíos ambientales y climáticos que atraviesa la región y el país, trabajando coordinadamente para favorecer el cumplimiento de las metas para las contribuciones determinadas a nivel nacional.
Esta coalición de gobiernos, compuesta en primera instancia por las provincias de Misiones, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, La Pampa y Entre Ríos, tiene como objetivo sentar las bases para un futuro más sostenible y resiliente para los pueblos de quienes la conforman, con cooperación interprovincial en la implementación de políticas ambientales y climáticas correspondientes.
En un marco solidario, y abierto a las provincias que quieran incorporarse, se busca implementar políticas y proyectos innovadores que promuevan la sostenibilidad ambiental, la conservación de los recursos naturales y una respuesta adecuada al cambio climático en sus respectivas regiones.
Ante el escenario climático global, surge la importancia de sentar en las mesas de diálogo de los foros internacionales, a los gobiernos subnacionales.
Esto pondrá el foco en su participación de las negociaciones; y unidos en dedicarle especial atención a priorizar la puesta en valor de los servicios ambientales en los mercados globales.
Además, las partes se comprometen a compartir conocimientos, experiencias y llevar a cabo acciones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, como ser: uso de energías limpias y renovables, planificación del uso del suelo potenciando los sectores agrícolas, fortalecer la gestión de riesgo climático en las provincias, conservación de ecosistemas nativos, biodiversidad, entre otros.
También a impulsar el desarrollo social, educativo y económico, promoviendo la innovación tecnológica, turismo ecológico, gestión de residuos y economía circular.
Potenciar la educación ambiental a través de la sensibilización y promoción activa de todos los ciudadanos fortaleciendo la implementación de la Ley Nacional n° 27.621, de Educación Ambiental Integral, y n° 27.592 -conocida como ley Yolanda- para la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático, para las personas que se desempeñen en la función pública.
Al respecto, la ministra Victoria Flores, quien suscribió la incorporación de Córdoba a esta alianza, expresó: “Ante la realidad del cambio climático en el mundo la salida de esta situación es colectiva, por eso en el día de la tierra y desde el interior aparece esta alianza para trabajar en conjunto por nuestra casa común”.
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Comienza la COP 3 de Escazú: reclaman que se avance en la protección de las personas defensoras del ambiente

Fecha de Publicación: 24/04/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


En 2022, América Latina y el Caribe fue escenario del 88% de los asesinatos a personas defensoras ambientales en el mundo. En el evento que arrancó este lunes en Chile, los países miembros discutir este tema y otros como garantizar la participación efectiva de las comunidades locales, la falta de Tribunales ambientales y la información en asuntos ambientales.
Mientras la Argentina vive (cómo no), días convulsionados, a 1100 kilómetros de distancia de Buenos Aires arrancó en Santiago de Chile la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP 3 de Escazú), que tendrá lugar hasta el miércoles. En ese marco, la Alianza por los Humedales Andinos exhorta a que el encuentro contribuya al avance de los objetivos del acuerdo, particularmente la protección y resguardo de las personas defensoras del ambiente, la participación efectiva de las comunidades locales en decisiones relacionadas a sus territorios; así como su acceso a justicia y a información completa, veraz y transparente en temas ambientales. Por ejemplo, con la proliferación de Tribunales de Ambiente, algo que hoy tampoco se cumple.
La COP3 de Escazú, realizada en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reúne a representantes de los países miembro del acuerdo en un diálogo para mejorar la democracia ambiental en el continente.
Según el informe más reciente de la ONG Global Witness, el 88% de los asesinatos a personas defensoras del ambiente en 2022 se produjo en América Latina y el Caribe, un porcentaje que aumenta cada año. «En este contexto, la implementación del Acuerdo de Escazú es de suma urgencia», remarcan desde la Alianza.
Se trata del primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo con disposiciones específicas para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Su nombre se debe a que fue adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Es un acuerdo hecho por y para la región y su gente, en un proceso de negociación inclusivo y participativo que contó con el involucramiento integral de los gobiernos y de la sociedad civil.
Durante la COP3 de Escazú se espera que los países miembro aprueben el Plan de Acción Regional sobre Defensoras y Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en la región. El plan que buscan aprobar incluiría un diagnóstico de las diferentes vulneraciones, con enfoque de género, contemplando la criminalización de la defensa del ambiente y buenas prácticas de prevención, protección y respuesta.
Además, discutirán la incorporación de la perspectiva de género al Acuerdo de Escazú: si bien este Acuerdo tiende un puente entre la cuestión ambiental y la perspectiva de derechos humanos, las previsiones en materia de género necesitan ser más sólidas y es necesario contar con una mirada interseccional, que permita incluir a la diversidad de mujeres en los procesos.

Argentina y Escazú
Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú mediante la Ley 27.566. Lo hizo efectivo el 22 de abril de 2021. Pero, hoy con el actual gobierno y con los cambios de organigrama, todavía no hay certezas sobre la aplicación de Escazú.
“En Argentina, se llevan adelante procesos de toma de decisiones ambientales que vulneran los derechos de acceso y de consulta libre, previa e informada con comunidades indígenas, y se promueven en forma creciente reformas normativas y/o sanción de normas que son regresivas en materia ambiental y de derechos humanos”, enfatiza Laura Castillo, coordinadora Programa Altoandinos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“El avance de la derecha busca reducir el rol del Estado, promueve el extractivismo, y criminaliza a quienes lo resisten –continúa–. En este contexto, el Acuerdo de Escazú, con sus estándares obligatorios en materia de información, participación y justicia en temas ambientales se erige como un bastión para asegurar la protección del ambiente y la defensa de los derechos, máxime en un contexto global de policrisis que demanda un abordaje integral a los desafíos climáticos, de contaminación y de pérdida de biodiversidad”.
Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, explica que a pesar de la ratificación del Acuerdo hace tres años, aún no se estableció un sistema de gobernanza efectivo: «esto dio lugar a persistentes dificultades en el acceso a la información, la participación del público en el proceso de toma de decisiones y la criminalización de las personas defensoras del ambiente».
Un ejemplo es lo que sucede en la provincia de Jujuy. Durante el año 2023 se reformaron y sancionaron dos normativas con menor escrutinio social y a expensas de los derechos de las comunidades indígenas y de la sociedad civil. «Tanto en su proceso de reforma como en su contenido, la nueva Constitución de Jujuy y el Decreto 7551/2023, que regula los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la actividad minera ignoraron derechos fundamentales como el acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Esto representa un retroceso en términos de protección ambiental, priorizando el desarrollo de la industria minera en la provincia», apunta.
Y remarca: “Es fundamental que las políticas y regulaciones se desarrollen con la participación activa de todas las partes interesadas y en concordancia con los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú. Esto garantizará la protección del medio ambiente y la plena salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de consulta y consentimiento libre, previo e informado requeridos por la normativa internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el propio Acuerdo de Escazú».
«Este objetivo solo se podrá alcanzar mediante la creación y el fortalecimiento de instituciones transparentes y democráticas, así como mediante reformas progresivas continuas”, enfatiza Vanina Corral, abogada e integrante del área de Política Ambiental de FARN.

Generar políticas públicas
Para Fernández, si bien la ratificación del Acuerdo por parte de Argentina es un paso adelante, ahora es crucial generar políticas públicas concretas en coordinación con las provincias y la Nación para su implementación en el territorio. Esto debe incluir diagnósticos previos, audiencias y procesos de participación que se ajusten a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú
«Si bien Argentina fue el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, lo cierto es que todavía queda mucho camino por recorrer. Falta implementarlo en prácticamente todas las áreas de gobierno. Todavía queda pendiente crear tribunales ambientales en todas las provincias para tener un mayor acceso a la justicia ambiental. La participación ciudadana debe dejar de ser un simulacro para legitimar decisiones adoptadas con anterioridad de manera vertical por las autoridades para hacer un ámbito de discusión genuina y robusta sobre daños ambientales que ocasionan distintos proyectos extractivos», apunta Cristian Fernandez, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN.
«Falta implementar en serio la participación temprana y muchos otros temas, sobre todo lo que tiene que ver con la mayor protección y prevención que se pueda dar a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Falta un plan a nivel nacional que justamente resguarde a los defensores y prevenga todas las amenazas que pueden sufrir», completa.
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La Ciudad de Buenos Aires conformó un gabinete de cambio climático

Fecha de Publicación: 23/04/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Capital Federal


Tras la epidemia de dengue, la suba de las temperaturas y el incremento de eventos extremos, se trabajará el tema transversalmente entre los ministerios
Los impactos del calentamiento global golpean, cada vez, con mayor frecuencia a la ciudad de Buenos Aires. Los datos y estadísticas que manejan en el gobierno porteño lo muestran claramente. Es por eso que se conformó un gabinete de cambio climático en el seno de la administración local.
“La constitución del gabinete está impulsada por la urgencia climática, la extrema relevancia y la necesidad de articulación transversal que tiene esta temática y responde, a su vez, al mandato de la ley local de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”, indicó el gobierno porteño mediante un comunicado.
El cuerpo, que se reunirá periódicamente –algunos ministerios serán convocados mensualmente y otros, cada dos meses– estará presidido por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y contará con la coordinación de la Subsecretaría de Ambiente. A su vez, estará integrado por representantes de todos los ministerios y tendrá instancias de participación de las organizaciones de la sociedad civil, sector privado y académico y referentes de las sedes comunales que, divididos en mesas de trabajo, avanzarán en el diseño de una política climática transversal.
Tres de los ministerios clave que conformarán este gabinete son el de Salud, el de Hacienda y el de Infraestructura. También la subsecretaría de Emergencias asistirá a estas reuniones, organismo clave a la hora de planificar los protocolos de urgencia, por ejemplo, ante inundaciones y temporales como el que ocurrió en diciembre pasado.
Entre los objetivos de la iniciativa está la revisión del Plan de Acción Climática 2050, que la Ciudad actualizó en 2015. Éste contiene 24 acciones prioritarias y 267 subacciones que apuntan trabajar en la mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático. El nuevo plan debe ser presentado en 2026.
Pero no será lo único. La idea de que participen los ministerios de Hacienda e Infraestructura es adaptar las obras públicas a estas nuevas necesidades. La nueva gestión, encabezada por Jorge Macri, planea trabajar en movilidad sustentable y en residuos, entre varios temas.
Uno de los proyectos a los que apuesta el jefe de gobierno es la implementación de un Trambus, colectivos eléctricos articulados, como funcionan en Roma, Italia. La intención es que para el año próximo puedan adquirirse los primeros coches para hacer un recorrido entre la Ciudad Universitaria y Retiro. En una segunda etapa, se podría extender hacia el Sur por el borde del Riachuelo.
La idea es que funcione, sin emitir gases de efecto invernadero, y como articulador de los medios de transporte ya existentes. Y brindaría un servicio, por ejemplo, para conectar el Aeroparque Metropolitano con la estación de trenes de Retiro.
La gestión de residuos, que representa el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Ciudad, es un tema complejo. Además de insistir en el plan de separación de residuos y de continuar con las multas y apercibimientos a grandes generadores como hoteles, restaurantes y edificios de más de 40 unidades, la nueva gestión busca cambiar la tecnología para la disposición final de la basura, que hoy se entierra en los rellenos sanitarios de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad el Estado (Ceamse). En el Área Metropolitana de Buenos Aires se generan y se entierran diariamente 17.000 toneladas de desecho, el 87% en José León Suárez.
El oficialismo insistirá con el waste to energy, que es la quema de residuos para la utilización térmica de la energía, usando como modelo las ciudades de París y Barcelona. La intención no es nueva, de hecho, la Legislatura porteña allanó el camino para la instalación de este tipo de plantas en 2018, algo que se interpretaba como prohibido en la ley denominada de Basura Cero.
La técnica de recuperación de energía por la incineración tiene estándares de calidad elevados. Hay más de 2000 plantas funcionando en todo el mundo y 500 de ellas, en Europa. Los costos de esas plantas están entre 450 millones de dólares y USD 800 millones.
En aquel momento, prepandemia, la idea era que las plantas se instalaran en la Ciudad; otra, en Lomas de Zamora y una tercera, en San Miguel. Cada uno de los establecimientos contendría una planta de procesamiento mecánico biológico, igual a la que funciona en el predio de José León Suárez, Norte III.
La mayor traba de estos dos grandes proyectos es el financiamiento. Sin embargo, en el gobierno porteño creen que es posible conseguir financiación internacional para poder lograrlo. La participación de la Ciudad en el grupo de ciudades líderes contra el cambio climático, el C40, también obliga al distrito a subir el estándar en esta materia. Hoy varios de estos distritos cuentan con sello verde para los presupuestos anuales que aprueban. Por el momento Buenos Aires está bastante lejos de poder alcanzar ese objetivo.
“La Ciudad de Buenos Aires es pionera en materia de agenda ambiental, un eje de trabajo que fue impulsado por Mauricio [Macri] en 2009 y continuado por Horacio [Rodríguez Larreta]. Hoy, tenemos el desafío de sostener ese camino recorrido, construyendo y agregando sobre lo que ya logramos. El trabajo articulado entre las distintas áreas de gobierno, que se plasma en este Gabinete, es fundamental para avanzar en ese sentido”, detalló Macri en el anuncio de la conformación del cuerpo..
Clara Muzzio, por su parte, destacó: “El gabinete de cambio climático va a trabajar para que la Ciudad esté cada vez mejor preparada para enfrentar y sobreponerse a los eventos climáticos extremos que son cada vez más intensos y frecuentes”. Algunos de los temas que se abordarán serán: biodiversidad urbana, riesgos climáticos, transición energética y economía circular. Como asesor externo del cuerpo trabajará Carlos Gentile, ex secretario nacional de Cambio Climático durante la gestión macrista.
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Bajo el signo de la gestión de Milei: qué cambios tendrá la agenda para el saneamiento del Riachuelo

Fecha de Publicación: 17/04/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


El ente tripartito que debe encargarse de la tarea redujo en un 50% su estructura y tiene un presupuesto acotado; priorizará la limpieza y los tratamientos residuales; así lo explicó hoy el presidente del organismo designado por el gobierno nacional, Lucas Figueras
Con una exposición a libro cerrado, el nuevo presidente designado en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Lucas Figueras, que representa al gobierno nacional, presentó hoy el plan de acción del ente tripartito, integrado también por la Ciudad y la Provincia, para el saneamiento del Riachuelo, el cauce más contaminado del país en el que habita uno de cada 10 argentinos. Expuso en el Juzgado Federal Nº2 de Morón la agenda que definió –tras el cambio de gestión– cuál será el destino de la entidad este año. El funcionario ya ocupó el cargo durante la presidencia de Mauricio Macri y retoma el mando en un escenario de gran limitación presupuestaria para el organismo que recortó hasta el momento la mitad de su estructura.
Los ejes de la propuesta pretenden a través de un ente reducido enfocar los recursos en el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema en la causa “Mendoza” que en 2008 ordenó la recuperación de la zona tras el desastre ambiental. El diseño del manual de Acumar hizo referencia al cambio climático, definió qué obras serán prioritarias y que continúan en su gestión, adelantó la eliminación de contratos con intermediarios como los cooperativistas que hoy desempeñan tareas en la limpieza de los márgenes y superficie del río, cuál será la asistencia social que se mantiene en la población afectada y sentó las bases para ampliar y facilitar la radicación de empresas en la Cuenca.
El funcionario asistió a la Justica luego de ser citado por el juez Jorge Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº2 que ejecuta la sentencia  “Mendoza” en la que fueron condenados el Estado nacional, el provincial, y el de la Ciudad, Acumar y 44 empresas por daño ambiental. El motivo de la citación fue que hasta el momento el organismo había omitido presentar el informe trimestral sobre los avances en el Riachuelo. Rodriguez ordenó entonces que Figueras explique el plan de acción, los objetivos que pretende cumplir y las dificultades para alcanzarlos.
Por orden judicial la presentación no pudo ser delegada en otro funcionario y tuvo que realizarla el nuevo presidente, que adelantó el plan por escrito en el expediente al que accedió LA NACIÓN. En la audiencia también participaron los miembros del Cuerpo Colegiado que fueron designados por la Corte Suprema para auditar y monitorear los avances en el cumplimiento de la sentencia. No pudieron realizar preguntas ni intervenir en la exposición.

Ajustes
El plan de acción definió las políticas que se mantendrán y las que desaparecen. Un punto central fue el presupuesto acotado. Acumar tiene para este año fondos congelados de $19.000 millones, los mismos que tuvo en 2023 que le fueran asignado por la prórroga del Presupuesto Nacional de ese año, que fue elaborado en 2022, cuando la inflación anual no alcanzaba los tres dígitos como ahora. Acumar redujo la estructura del organismo en un 50% (pasó de 130 personas a 65) mediante la eliminación de las “unidades operativas cuya competencia se solapaba con otras áreas o no tenían una vinculación directa con el cumplimiento del Programa de Saneamiento que ordena el fallo”. En definitiva, señalaron desde el ente, desaparecieron las oficinas que repetían funciones o roles. “Se eligió mantener solo los recursos que están directamente vinculados a cumplir el fallo y se descontinuaron tareas como por ejemplo financiar una bicicleteada por la Cuenca”.
Por otro lado, sostuvieron, había tareas duplicadas como los muestreos de la calidad de aire, agua y suelos que realizaban tanto Acumar como Aysa y laboratorios por convenio. “Por supuesto que se va a mantener la continuidad del muestreo de calidad de aire y agua y suelos, pero a través del laboratorio que es propio de Acumar”, sostuvieron desde el organismo.
La reducción del ente, de acuerdo con Figueras, derivó en una disminución de gastos en la planta política, programas y acciones que no estaban vinculadas directamente con el cumplimiento del fallo a la vez que se suprimieron programas y fondos que sí estaban ligados al saneamiento. “Por ejemplo, la eliminación de intermediarios en los sistemas de planes sociales impide continuar, en los términos que venían desarrollándose, las vinculaciones con cooperativistas en la limpieza de márgenes”. El caso de los cooperativistas no nace del propio recorte de Acumar, sino que se trata de una consecuencia de la descontinuación por parte del Ministerio de Capital Humano del plan Potenciar Trabajo que impactó en la operación que realizaban estos grupos en la limpieza. Desde el organismo sostuvieron que están negociando con los municipios para que absorban el gasto para mantener su actividad.
El organismo a su vez evalúa la posibilidad de transferir progresivamente al Estado nacional y a los municipios que componen la Cuenca algunas responsabilidades y competencias, aunque no definió específicamente cuáles serían las tareas de las que se desligaría ya que se encuentra en tratativas con los gobiernos comunales.

Obras prioritarias en el Riachuelo
Las obras que aseguró su continuidad y que tienen el visto bueno del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, son las más grandes que provienen de financiamiento del crédito internacional del Banco Mundial. Una es el Sistema Riachuelo, que bordea el margen de la ciudad de Buenos Aires en un megacolector de 30 kilómetros de túneles que recolectan los desechos cloacales. Su construcción incluye el Emisario Subfluvial, que recorre 12 km del lecho del Río de la Plata para liberarlos en aguas abiertas y una planta de pretratamiento de los residuos que está avanzada en un 86%.
Por otro lado, informó que continuará con el Sistema Agua Sur, obra que está ejecutando Aysa y que se prevé que finalizará en 2027 para expandir la red de agua potable, y con la Planta Depuradora de Laferrere que tiene como fin tratar el líquido cloacal con impacto en 150.000 habitantes. Se está construyendo en La Matanza a la altura del arroyo Morales y avanzó un 14%.
Un punto que podría modificar la presencia de las empresas que componen la Cuenca es la puesta en funcionamiento del Parque Industrial de Curtidores, cuyas obras están demoradas. Si bien el crédito del Banco Mundial que lo financia termina en septiembre próximo, Acumar aseguró que cuenta con la aprobación del organismo para prorrogarlo y finalizar la planta de tratamiento de los contaminantes del polo de curtiembre radicado en Lanús, que estaría completada en un 75%.
“Por la crisis de los últimos años disminuyó casi en un 60% la cantidad de curtiembres que había activas al momento de iniciado el proyecto, lo que nos obliga a abrir más el abanico a otras industrias que trabajan en la Cuenca y que puedan ser incorporadas al Parque Industrial Curtidor, que no va a ser solamente curtidor, sino que abierto a más industrias para poder llegar al número de emprendimientos necesarios para poder operarlo”, sostuvieron a LA NACIÓN voceros de Acumar. Y agregaron: “La industria de curtiembre por el estilo de efluentes es de las más contaminantes, por lo que la planta de tratamiento va a tener capacidad de recibir industrias menos contaminantes que se adapten a su sistema, como frigoríficos, pinturerías y derivados.”.

Desafíos y asistencia social
El presupuesto reducido será un desafío para mantener la limpieza de los márgenes del río y el espejo de agua, terminar con la extracción y desguace de buques abandonados, limpiar los basurales –tarea que hoy realizan las empresas Covelia, ligada al gremio de camioneros, y Ashira– y terminar con el despeje del camino de sirga que libere finalmente las orillas de asentamientos y obstrucciones. Según detalló el organismo, esta última iniciativa se encuentra avanzada en un 89% y aún resta la relocalización de vecinos de la Villa 26 de la ciudad.
Otro desafío será conservar los humedales y áreas protegidas como las reservas naturales de Santa Catalina, Bosques Ciudad Evita y la Laguna de Rocha. Allí, deberán lidiar con la multiplicación en los últimos años de usurpaciones, asentamientos consolidados y desarrollos inmobiliarios no autorizados.
En cuanto a la asistencia social, Figueras detalló que habrá un refuerzo de los corredores sanitarios con los sistemas municipal, nacional y provincial, y en la atención ambulatoria en los barrios de difícil acceso mediante el uso de unidades móviles. Sostuvo que a los efectos de disminuir la mortalidad infantil se mantendrá el monitoreo de la situación ambiental epidemiológica, se consignarán nacimientos y defunciones por anomalías congénitas y enfermedades oncológicas y que estará garantizado “el acceso a la atención de alta complejidad neonatal”. Acumar pretende, a su vez, tener una mayor penetración en los barrios mediante mesas de participación vecinal sobre la “adaptación al cambio climático en lo referente a temperaturas extremas y catástrofes climáticas”.
Por último, Figueras sostuvo que habrá una revisión de los criterios para definir los barrios más vulnerables y el riesgo ambiental a través de un entrecruzamiento con los datos del Censo 2022.
En simultáneo la Corte Suprema ordenó a los dos juzgados federales que ejecutan la sentencia “Mendoza” que informen en los próximos 30 días los avances que hubo a 15 años del fallo. Uno es el que está a cargo del juez Rodríguez, en el que expuso hoy Figueras. El otro, es el Nº12 en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por Milei para integrar la Corte Suprema.
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Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos firmaron un convenio para impulsar políticas ambientales conjuntas

Fecha de Publicación: 16/04/2024
Fuente: Diario Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe - Entre Ríos


Apunta a potenciar la cooperación interprovincial en el cuidado del medioambiente
El Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia de Córdoba firmó un convenio de colaboración con autoridades de las carteras ambientales de Santa Fe y Entre Ríos, para impulsar acciones conjuntas que promuevan el cuidado del ambiente y la mitigación del cambio climático.
El acuerdo fue suscripto por Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular de la Provincia de Córdoba; Enrique Estévez, ministro de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe; y Rosa Hojman, secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.
También estuvo presente Carlos Massei, secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales del gobierno de Córdoba, ya que la firma de este convenio se realiza en el marco de una estrategia para fortalecer y consolidar la Región Centro.
A través de la integración, el federalismo y el diseño de políticas ambientales transversales, se busca potenciar los proyectos que ofrezcan soluciones a los desafíos que enfrentan las provincias.
La firma de este convenio representa un claro avance en la construcción de alianzas, ya que consiste en un espacio de diálogo que permitirá a los líderes de gobiernos provinciales compartir proyectos, en desarrollo y a futuro, referidos al cambio climático, el modelo de economía circular y sostenibilidad.
A partir de esta firma, las provincias acuerdan la implementación de acciones conjuntas, que promuevan el intercambio recíproco de información, experiencias de gestión y gobernanza estratégica en materia ambiental.
Entre las acciones que implica el convenio, se encuentra la posibilidad de brindar capacitaciones en pos del desarrollo sostenible en la región, realizar actividades conjuntas para fortalecer la educación ambiental integral, entre otras estrategias.
Del acto participó el secretario de Ambiente, Federico García; el secretario de Economía Circular y Empleo Verde, Nicolás Vottero; el secretario de Policía Ambiental, Adrian Rinaudo; la subsecretaria de Empleo Verde; y el subsecretario de Coordinación, Agustín Benavides.
Representando a la provincia de Santa Fe, estuvo presente Gustavo Leone, secretario de Ambiente; Alejandro Luciani, secretario de Biodiversidad; Diego Martín, secretario de Cambio Climático; y Pablo Aceñolaza, director de Biodiversidad, Ordenamiento Territorial y Áreas Naturales Protegidas.
En representación de la provincia de Entre Ríos, Omar Molteni, coordinador de Gestión Integral de Residuos.
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Denuncian que están “dejando morir” el programa Pro-Huerta: menos semillas y alimentos para miles de familias

Fecha de Publicación: 12/04/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Nació hace más de 30 años y fue sostenido por diversos gobiernos, pero está dejando de existir por decisión o inacción del Ministerio de Capital Humano, que no renueva el convenio con el INTA y paraliza su funcionamiento. Pro-Huerta da sustento a más de 600 mil huertas en todo el país y repartió más de un millón de kits de semillas.
“Lo están dejando morir”. Así definen trabajadores y trabajadoras la situación del programa Pro-Huerta, que desde hace más de tres décadas funciona como herramienta de facilitación de recursos alimenticios y capacitación para miles de familias en todo el país. Su existencia depende de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social (hoy Capital Humano) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Pero el área que conduce Sandra Pettovello no dispuso autoridad que firme su renovación. En los hechos, eso implica su final.
Además de la no firma del convenio, no fueron renovados los contratos de más de 40 trabajadores que integran el programa a través del Ministerio (el resto del personal depende del INTA).
“Hay una situación de abandono y de dejar morir un programa que lleva más de 30 años de existencia, dándole respuesta a miles de familias en todo el país. Y son 43 trabajadores y trabajadoras que no tienen respuesta. Son quienes le dan vida al programa, a esta política pública”, advirtió Julieta Boedo, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en INTA.
“Desde la coordinación nacional de ATE en INTA venimos exigiendo para que se agoten todos los canales en la búsqueda de esa firma por parte de Capital Humano, que es quien debiera terminar de cerrar este convenio. Porque sabemos que desde INTA elevaron una resolución donde se reubicaba al programa en la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF), pero esa firma por parte de Capital Humano nunca se concretó. Es simplemente dejar morir. Al no renovar, simplemente cae”.
Hasta el cierre de esta nota, no hubo información sobre el futuro del programa por parte de la cartera de Pettovello. “Lo que queremos remarcar es la importancia de Pro-Huerta y sobre todo en este momento de brutal miseria planificada. Porque multiplica el alimento a familias empobrecidas por este sistema y sobre todo por el gobierno de Javier Milei”, resumió Boedo.

El riesgo alimentario sin Pro-Huerta
Pro-Huerta permitió impulsar más de 600 mil huertas familiares y escolares, entregó más de un millón de kits de semillas y sustentó 15 mil granjas agroecológicas. Hubo más de 200 mil aves entregadas y unas 170 mil personas capacitadas, según los datos que aportan desde el programa. Su importancia aumenta en contextos de hambre creciente.
“El programa tiene 34 años de antigüedad. Nació en una de las tantas emergencias económicas que tuvimos, como paliativo a la situación de necesidad de las familias. Empezó por algunas regiones y fue un éxito notable, con muy buena acogida en las comunidades y buen desempeño. Eso lo consolidó año a año como programa ejemplar en Argentina e incluso en el mundo”, destacó Roberto Cittadini, coordinador de Pro-Huerta entre 2006 y 2013.
Agregó: “En América Latina tuvo mucha repercusión. Estuve en una misión de trabajo en Francia y cuando uno presentaba el programa se quedaban sorprendidos; se presentó en la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como ejemplo. Eso ha llevado a que todos los gobiernos los sostengan, hasta el momento”.
“En una situación crítica como la actual, con la desocupación que se está generando y la baja de ingresos, se vuelve más estratégico aun. Es inentendible -o entendible desde una visión donde la justicia social no interesa- que no continúe”, cuestionó el especialista.
“Hay un tema de ineficacia y desidia también. Porque no hay una noticia firme que diga que se cerró Pro-Huerta. Deja de existir porque nadie se ocupa. El INTA tiene listo el convenio firmado, pero no tiene interlocutor. Todos los años se renueva el convenio, el Ministerio financia gran parte y el INTA instrumenta a través de su red en todo el país. En los hechos, sin renovación, está dejando de funcionar sin que nadie diga que terminó”.
Según difundió un investigador del INTA en la red social X, trabajadores del espacio recibieron días atrás una notificación por Whastapp: “El logo del Pro-Huerta no se continuará usando ya que no existe el programa, desde abril se discontinúa el uso”.

El mercado y las semillas
Cittadini explicó que en gran medida las semillas de Pro-Huerta en lo que va del año se llegaron a distribuir, porque se habían licitado el año pasado. “Pero para la próxima temporada no va a haber más. Eso implica no solo un perjuicio muy grande para huerteros, sino también para las familias que producen las semillas: una cooperativa de minifundistas de San Juan que vienen de un proyecto de INTA con la misma antigüedad de Pro-Huerta o más”.
Todo esto se da, además, en un marco en que el gobierno de Javier Milei viene intentando favorecer la mercantilización de las semillas, como reclaman las multinacionales. “Todo tiene relación. Los sectores más concentrados del agro-negocio propugnan la modificación de la Ley de Semillas para cobrar regalías o patentes por todo uso de semillas. Desde Pro-huerta y la agricultura familiar se venía promoviendo el intercambio y el uso de semillas propias, pero quieren terminar con todo eso”.
Tanto en la primera como en la segunda versión de la Ley Ómnibus –que se intenta volver a impulsar por estos días- figuraba el intento del Gobierno de adherir a una convención internacional que da más poder sobre las semillas a corporaciones trasnacionales como Bayer-Monsanto y locales como Bioceres. Desde otro lado pero en el mismo sentido, se desmantelaron el mes pasado el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar (CNAF).
“Esperemos que se revierta lo de Pro-Huerta –deseó Cittadini- Esto ya pasó una vez hacia el año 2000, con la Alianza. Se había discontinuado el programa y hubo cuatro o cinco meses sin cobrar, incluso se acudió a la Justica. Fue tan fuerte la reacción de la comunidad y los técnicos que siguieron trabajando sin cobrar, que se revirtió. Esa experiencia podría servirnos para ponernos firmes contra este avasallamiento de los derechos”.
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Las provincias patagónicas le reclaman al gobierno nacional que active de inmediato el Consejo Federal Pesquero

Fecha de Publicación: 04/04/2024
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Nacional - Patagonia


Los gobernadores patagónicos exigen intervenir en la política de pesca; agravaron la tensión los despidos en un instituto nacional de investigación y desarrollo clave para el sector.
Desde que asumió el nuevo gobierno, el Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo que reúne a las provincias con litoral marítimo, aún no fue convocado y tanto desde el sector público como del privado reclaman que empiece a sesionar. Eso, sumado al revuelo que generó la sanción del buque argentino Tai An en Ushuaia y a los despidos anunciados en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), incrementó la tensión entre el gobierno nacional y las provincias patagónicas.
“Es el primer tema que detonó la relación entre la Nación y la región patagónica. Por la presión, logramos frenar la reforma pesquera propuesta en la Ley Ómnibus; sin embargo, es otro de los temas que genera rispidez”, aseguraron desde el gobierno santacruceño ante la consulta en referencia a la reforma de la actividad pesquera que por ahora no avanzó.
Entre los cambios principales y cuestionados por las provincias estaba la quita de atribuciones al Consejo Federal Pesquero -que integran Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego-, que reinstaló viejas disputas entre la Nación y las provincias.
Además, en la propuesta se cambiaba el criterio de asignación de cuotas de pesca. Los cambios no prosperaron, pero hasta ahora tampoco fue convocado el Consejo y las provincias siguen sin poder activar su participación en las decisiones del área comandada por el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, que entre 2015 y 2019 representó a Tierra del Fuego en el CFP.
La semana pasada la senadora nacional por Chubut Edith Terenzi reiteró un pedido al secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, para que active de inmediato el funcionamiento del Consejo. La última vez que se constituyó fue el 7 de diciembre de 2023 y en esa reunión quedó estipulado que la próxima sesión sería el 24 de enero de 2024, pero eso no ocurrió. La mayoría de las provincias ya han designado quiénes serán sus representantes, pero no ha ocurrido lo mismo con los miembros que debe nominar el Poder Ejecutivo Nacional.
Según la ley 24.922, que regula el régimen de pesca, el CFP tiene en sus manos establecer la política pesquera nacional y también interviene en la Captura Máxima Permisible. Integra el organismo diez directores, de los cuales cuatro pertenecen a las provincias patagónicas. Por Santa Cruz, Ricardo Patterson es el designado. “Creo que el Gobierno nacional no conoce la importancia del recurso y prefiere manejar las políticas de pesca sin contar con la intervención de las provincias”, dijo a La Nación Patterson, exdiputado nacional por la UCR, quien ya integró el Consejo entre 2015 y 2019, y destacó la urgencia de activar el organismo y permitir la participación de las provincias.
Pese a que no se convoca al Consejo, los últimos operativos de vigilancia y control del espacio marítimo desplegados desde el Ministerio de Defensa dejaron a la vista que el sector tiene importancia para el actual Gobierno: el miércoles pasado un buque pesquero de nacionalidad china se encontraba navegando dentro jurisdicción argentina a baja velocidad y con el sistema de identificación (AIS) apagado, lo cual encendió las alertas del Gobierno y eso derivó en una inspección ocular de las autoridades argentinas en el barco.

Operativos
El operativo de vigilancia del que formaba parte el ministro de Defensa, Luis Petri, sobre el área del Golfo San Jorge, estaba previsto con anterioridad, según informaron fuentes de esa cartera, y coincidió con el episodio del barco en aguas argentinas: el buque, al ser llamado por radiotelefonía, incrementó su velocidad, prendió su identificador y adoptó una dirección de salida de la zona de jurisdicción nacional. Recién respondió los llamados de las autoridades argentinas al pasar la línea de las 200 millas náuticas. Tras la inspección ocular, las autoridades detectaron que no contaba con vestigios de pesca reciente.
El operativo generó la reacción de la Embajada China en Argentina, quien cuestionó la reacción gubernamental y explicó que el barco no estaba realizando pesca en el territorio nacional. “De acuerdo con la información fehaciente que la embajada china maneja, el buque pesquero de nacionalidad china no da indicios de pesca ilegal, y ahora se encuentra en aguas internacionales realizando actividades normales”, publicó la cuenta oficial de la embajada en la red X, antes Twitter.
Desde la embajada reforzaron el mensaje: “El Gobierno chino va por seguir trabajando como siempre con la comunidad internacional, con Argentina incluida, para luchar contra pesca ilegal, en fomento de la conservación científica y el uso sostenible de recursos pesqueros”.
Fuentes del sector explicaron que es habitual que barcos de bandera de otro país, que pasan por el estrecho de Magallanes con rumbo a pescar en aguas internacionales a la altura del Golfo San Jorge, crucen por el Mar Argentino. Lo inédito fue que tuviera apagado el sistema de geolocalización satelital, AIS, que permite determinar su ubicación en tiempo real.
La semana pasada, empresas radicadas en Ushuaia acusaron al barco Tai An, de la empresa Prodesur, de estar realizando pesca ilegal de merluza negra en cercanías a Tierra del Fuego. La denuncia y las demoras para que el barco regrese a puerto desataron un escándalo en la Cancillería Argentina, que terminó con la renuncia de un funcionario del área. La primera información que circuló hacía referencia a “un barco chino”, confusión generada a partir de la nominación del buque.
“Somos una empresa argentina, radicada en Tierra del Fuego y el barco es argentino”, explicó la vocera de la empresa Prodesur SA, dueña del Tai An. En la compañía aclararon que el principal accionista de la empresa es Liu Zhijiang, de ascendencia china nacionalizado argentino, y negaron que su barco haya realizado pesca ilegal merluza negra. “El buque no pescó ilegalmente, sino que hubo un exceso de captura. En ciertas zonas conviven a determinada profundidad la merluza polaca con la merluza negra. En cinco lances que lanzó el Tai An vino contaminada con merluza negra. El barco tiene capacidad de 130 toneladas en un solo lance, el barco pescó 3.400 toneladas, por lo cual lo que capturó de merluza negra representa menos del 5%. No fue pesca ilegal, sino incidental”, aseguran desde Prodesur SA.
El Gobierno resolvió aplicar una dura sanción contra la empresa Prodesur SA por haber pescado 139 toneladas de la codiciada merluza negra en la zona donde se encuentran ejemplares juveniles, sin contar con los permisos para realizar esa pesca -que tiene una cota total de 3600 toneladas, repartidas 3000 entre las firmas Argenova SA, Estremar SA y Pesantar-. La firma no podrá pescar por 45 días y se le aplicó una multa de $56 millones, que ya fue abonada, según confirmaron a este medio desde la empresa.
El kilo de merluza negra, salvo la cabeza y la cola, ronda los 24 o 25 dólares el kilo, contra 1,5 de la merluza común, según señalaron diversas fuentes a este medio.
Desde la empresa insistieron en que la actividad está reglada, controlada y fiscalizada y en que a bordo estaban los inspectores de pesca, que cada 72 horas envían informes a tierra. “No fue una acción deliberada, ni un delito como fue difundido”, explican los voceros y sostienen que los 45 días de multa sin poder salir de puerto es para la empresa una sanción muy dura, que afecta en forma directa a los 90 trabajadores que deben quedarse en tierra y pierden ingresos.
Tras la sanción, reclaman recuperar las cuotas de merluza negra que supo tener el Tai An entre 1996 y 2019. Desde Prodesur aseguran que las cuotas fueron transferidas de manera irregular a otra pesquera que tenía el buque alquilado y ahora las quieren recuperar. También piden que las autoridades revean los límites fijados para la pesca incidental. Temas pendientes que tiene el Consejo Federal para tratar.

Despidos en el Inidep
Mientras el CFP no se conforma, en el máximo organismo científico del Estado que investiga y aconseja sobre el recurso pesquero, el Inidep, el miércoles pasado notificó la no renovación de los contratos de 35 trabajadores del sector. La Asociación de Profesionales del Inidep denunció, a través de un comunicado oficial, que la no renovación de los contratos era solo el comienzo de la destrucción del sistema científico nacional.
Expresó su preocupación por la asfixia presupuestaria y financiera a la que están sometidas las instituciones científicas y académicas. Hizo un llamado al subsecretario de Pesca y Acuicultura, López Cazorla, para revertir la decisión y garantizar la continuidad de las actividades científicas en el Inidep. “Usted ya sabe que el Inidep está operando con una dotación por debajo del mínimo requerido para su funcionamiento óptimo”, afirmó. “También es consciente que el presupuesto actual del instituto impedirá la realización de muchas de las tareas científicas y las campañas de investigación que se requieren para un adecuado asesoramiento a la Administración Pesquera”, le dijeron los profesionales asociados.
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