Parques Nacionales: Monsanto al gobierno, los privados al poder

Fecha de Publicación: 07/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El gobierno nombró al frente de Conservación de Áreas Protegidas a Leonardo Sarquis, ex CEO de la empresa de agroquímicos. Recortes y ataques a un sector clave para el patrimonio del país.
Los antecedentes de Leonardo Sarquis –primero como gerente del gigante Monsanto y luego como ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal– no parecen ser los mejores argumentos para justificar su desembarco como director de Conservación de Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN). O sí. “Su designación guarda lógica con el pensamiento nefasto del actual gobierno nacional, pero no deja de sorprender tanta irracionalidad institucional”, se queja el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro. Enseguida aporta la explicación: “Sarquis fue el ideólogo de la Resolución del Veneno, que autorizó las fumigaciones con agrotóxicos a cero metros de las viviendas, las escuelas rurales, los ríos y lagunas. Y también, aunque parezca increíble, de las reservas naturales. Por eso decimos que pusieron al lobo a cuidar a las ovejas”.
Publicada en el Boletín Oficial del 17 de diciembre de 2018, la Resolución N° 246-MAGP-18 firmada por el entonces ministro Sarquis habilitaba a partir del 1° de enero de 2019 la aplicación de fitosanitarios “en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento”.
En febrero de 2019, luego del repudio unánime de las asambleas de vecinos y organizaciones sociales y ambientalistas, el gobierno de Vidal decidió suspender la resolución por un año. Desde entonces (y ya con Axel Kicillof en funciones) las prórrogas de la suspensión se sucedieron, evidenciando la nula voluntad política de derogarla.
“Sarquis es un lobbysta activo del agronegocio, que opera alternando las consultorías privadas y los cargos públicos, promoviendo y consolidando el modelo agroindustrial ecocida. Un genuino caso de puertas giratorias”, lo describe Cabaleiro en Naturaleza.ar, y agrega que “exhibe con auto-exaltaciones su paso como CEO de Monsanto, una empresa atravesada por el daño ambiental ocasionado a través de su paquete tecnológico para su uso en la agricultura, que comprende la utilización de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) asociados con agrotóxicos, principalmente el herbicida cancerígeno glifosato”.
Si bien se espera por un anuncio oficial, desde hace unos días Sarquis se pasea por las oficinas de Parques Nacionales. “Con la asunción del nuevo gobierno –explica una fuente– hay un caos total en el sistema de cargos de los organismos públicos. En el caso de Parques Nacionales se sabe que lo quieren desmantelar y por eso hay direcciones que todavía no tienen nombramientos. Pero mientras tanto se necesita que sigan funcionando operativamente, que alguien firme y por eso lo trajeron a Sarquis”.

Sin protección
En junio de 2022, la por entonces candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, fue la única diputada que votó en contra de la creación de nuevos Parques Nacionales. “Estoy a favor de proteger nuestros recursos, flora y fauna pero NO lo estoy para crear zonas donde el Estado NO ejerce la soberanía, NO protege ni avala a los guardaparques y fortalece cajas”, justificó luego en sus redes sociales. Sin darse cuenta sembró las primeras pistas de lo que sería una política de Estado en su gobierno: el desinterés por la preservación de nuestros recursos naturales.
De acuerdo a los cálculos de los propios trabajadores de Parques Nacionales, la intención de las nuevas autoridades es llegar a diciembre de 2024 con un recorte del 50% del personal. La motosierra ya se había prendido a fines de marzo, cuando no se le renovaron contratos a unos 80 trabajadores entre profesionales, técnicos y administrativos. El Parque Nacional Lanín, en Neuquén, fue el que sufrió las mayores bajas, lo que motivó una serie de protestas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de San Martín de Los Andes.
Argentina tiene 55 áreas protegidas que resguardan el patrimonio natural y cultural del país. La conservación hoy está en peligro. También son una fuente turística, aunque el gobierno no se muestra preocupado por promover las visitas: el lunes 13 de mayo las entradas a los Parques Nacionales aumentarán un 400 por ciento.
«Iniciaremos una auditoría que revele a todos los argentinos en qué estado encontramos los parques en aspectos ambientales, sociales, económicos, el desarrollo turístico y la relación con las comunidades originarias», prometió Cristian Larsen al asumir como presidente de la APN hace un mes atrás. Al igual que con las universidades, la excusa de las «auditorías» para tapar el ajuste. Para cumplir con el propósito encomendado por Javier Milei, Larsen debió pedir licencia como miembro del directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) en representación del PRO.
Pero la designación de Larsen causó rechazo entre los trabajadores de la Televisión Pública por considerarlo “el brazo ejecutor de las políticas de Hernán Lombardi de rebaja salarial, violación de convenios y censura en TVP y Radio Nacional durante el macrismo”. Además, señalaron que “cuando ostentó el cargo de auditor interno entre 2017 y 2019 se denunciaron numerosas irregularidades que deben ser investigadas”. Sobre su rol de auditor interno de RTA, la Oficina Anticorrupción “dio cuenta de irregularidades», como fue «una activa intervención en diferentes asuntos de la gestión de dicha empresa estatal, sobre los cuales no poseía atribuciones de gestión sino de control interno, por lo que hipotéticamente habría quedado en posición de tener que controlar su propia actuación”. La “mancha” en el legajo de Larsen (un apellido que curiosamente portan decenas de trabajadores de Parques Nacionales) no alcanzó a convencerlo de bajar el perfil. En sus redes sociales se lo ve posando con el presidente y su hermana Karina, celebrando el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner o militando el cierre de la agencia Télam.  «
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La Argentina pagará caro la inacción en materia ambiental

Fecha de Publicación: 06/05/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Pese a que nuestra economía depende del ambiente, no hay conciencia del valor que supone cuidar los ecosistemas
La Argentina es peculiar. Es el octavo territorio más extenso del mundo, del Trópico de Capricornio a regiones polares. Goza de una diversidad única de climas y ecoregiones: selvas, bosques, desiertos, estepas, cadenas montañosas y extensas llanuras. Integra la quinta cuenca hídrica del planeta. El agua abunda en el 30% del territorio, pero el 70% es árido o semiárido. La Cordillera de los Andes, con sus nieves y glaciares, provee el agua para la población y actividad económica de estas regiones. Posee además un extenso territorio oceánico.
La población es acotada, mal distribuida: el 92% es urbana, concentrada en pocas ciudades, entre ellas la megaurbe del AMBA, donde reside más de la tercera parte de la población del país.
La economía argentina se basa en la producción agropecuaria y derivados. La mayoría de las exportaciones tienen valor agregado bajo a medio. Hoy el valor de las materias primas es una parte cada vez menor del flujo del comercio internacional. Esta situación presiona sobre los ecosistemas del país. Incluyendo al turismo, gran parte de nuestra economía es ambiente dependiente: vendemos clima, agua y suelo. Exportamos riqueza ambiental.
Las sequías que han impactado nuestro país en los últimos 16 años –peor aún la gran sequía 2022-2023– exponen el grado de dependencia y vulnerabilidad socio-económica del modelo basado en una baja diversidad de productos primarios ante perturbaciones ambientales naturales y antropogénicas.
Dado que ambiente y clima son la esencia de nuestra economía, sería razonable pensar que el cuidado del ambiente es prioritario para los ciudadanos y toda la dirigencia. También lo sería la optimización de su uso económico, su puesta en valor para conquistar mercados.
Sin embargo, no es así. El cuidado del ambiente no es relevante para amplios sectores de la ciudadanía, aun sufriendo vulnerabilidades derivadas de la crisis ambiental.
Leyes no faltan. La Constitución de 1994 contempla el derecho al ambiente sano. De ella se desprenden un conjunto de leyes para preservar sistemas naturales. La mayoría fueron fruto de intensos debates, con aportes del sector de I+D. Leyes como la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos y la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares proveen a la preservación de ecosistemas, garantizan la continuidad de sus servicios esenciales para la vida y el desarrollo económico. Son leyes distinguidas en Estados Unidos y Europa.
Pero lo cierto es que estas leyes no reciben los medios para su aplicación o no se las aplica correctamente o se las ignora.
Existen movimientos ambientalistas, pero varios promueven slogans desvinculados de las realidades de los ecosistemas locales y del conocimiento científico. Algunos son cooptados por ideologías partidarias. En la dirigencia se observa escaso interés en la problemática ambiental. No perciben la relación entre la crisis ambiental y la crisis socioeconómica. Algunos sectores políticos la hacen propia solo para hablar mucho, hacer poco, o encubrir destrucción ambiental.
En suma, la crisis ambiental queda inmersa en múltiples grietas, en el desconocimiento y la indiferencia de nuestra sociedad y la dirigencia público-privada.
Las soluciones para nuestro país exigen conocer la dinámica de los sistemas ambientales, la identificación de los desequilibrios y sus causas. Se necesitan sistemas de monitoreo ambiental y análisis científico propios, cuestiones caprichosamente desfinanciadas o abandonadas.
No siempre fue así. En 1872 Sarmiento aprobó por ley la creación del hoy Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tercera institución de su tipo en el mundo, y las primeras academias nacionales de ciencias. Avellaneda crea el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) en 1879. En 1903, el gobierno de Roca apoya la Campaña Antártica Nacional Escocesa y en 1904 establece la primera base antártica permanente del mundo, la Base Orcadas. Roca asienta las bases de lo que luego será el valioso sistema de parques nacionales. Son solo algunos ejemplos.

La crisis ambiental
Los problemas ambientales del país son múltiples. Veamos algunos desde la ciencia. El 30% del territorio sufre degradación de suelos de importante a severa. Tal degradación incluye diversos procesos: pérdida importante de nutrientes, erosión, desertificación. La pérdida de biodiversidad microbiana del suelo, fundamental en el ciclo de nutrientes y la fijación de dióxido de carbono atmosférico (CO2), es importante.
La crisis de los suelos se asocia con cambios en el uso de suelos: falta de gestión, destrucción de bosques y pastizales nativos. La rica biodiversidad de nuestros ecosistemas cae por la expansión sin control de la frontera agropecuaria que destruye ecosistemas sin importar las consecuencias ni siquiera para la misma producción que busca expandirse. Los mecanismos de degradación interactúan y se potencian.
La pérdida de cobertura vegetal y trama de raíces que frenan el impacto de lluvias fuertes y retienen el agua promueve la erosión. Además, acelera el escurrimiento del agua hacia las cuencas hídricas, causando inundaciones más rápidas y frecuentes o procesos de sequía más intensos, según el estado del clima. El lavado de suelos facilita la contaminación de los ríos con los múltiples productos químicos tóxicos de la actividad agraria, industrial o minera.
Ríos y napas sufren la contaminación de aguas por falta de tratamiento adecuado de efluentes urbanos e industriales. Se detectaron psicofármacos en aguas del Paraná. Los stocks de agua se están desregulando por extracción excesiva de agua de napas, derretimiento de glaciares y nieve permanentes por el calentamiento global y eventos meteorológicos y climáticos extremos cada vez más frecuentes.
La generación eléctrica con combustibles fósiles y el cambio en el uso de suelos son las principales causas del cambio climático. Tenemos emisiones de gases de efecto invernadero moderadas, similares a las de Suecia. Aquí son ineficientes y costosas por fallas sistémicas, por destrucción ambiental. Reducir estas emisiones es necesario. Pero ante cambios climáticos que ya están ocurriendo debe adaptarse la infraestructura, la vivienda, la salud, la producción. Se requiere capacidad propia para evaluar cómo serán los cambios, para diseñar políticas de adaptación eficientes. Sin estas acciones los costos sociales, las pérdidas económicas, productivas y ambientales crecen.

Revertir la tendencia
Podríamos describir otros procesos de la crisis ambiental nacional (contaminación del aire, pesca, humedales, especies foráneas, entre otros) y sus múltiples sinergias negativas. Pero es relevante considerar que también existen procesos para revertir la situación: soluciones productivas de raíz ecosistémica.
Existen técnicas que no solo cuidan el ambiente mediante actividades productivas, sino que las potencian. Productores ya aplican la ganadería regenerativa y silvoganadería en distintos puntos del país. El uso de la fauna autóctona en la industria textil, láctea y cárnica es otro ejemplo. El uso responsable con valor agregado de la biodiversidad en el sector alimenticio, farmacéutico y cosmética debería desarrollarse. El desarrollo de tecnologías de energía renovables solar, eólica y marina es esencial para el país y genera productos exportables de alto valor agregado. El rol del Estado en cuidado del entorno, certificación de calidad ambiental y desarrollo de conocimientos en favor de toda la sociedad es indeclinable.
Nos debemos un serio debate para revertir esta crisis. El cuidado ambiental es fundamental para proteger y diversificar nuestras producciones, generar empleo, valor agregado y abrir mercados. El desarrollo del conocimiento científico y técnico local es ineludible: universidades, Conicet, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval, la Conae. La transferencia a la sociedad, y en particular a las pymes que no pueden costearlo, es un deber. Las pymes son pilares de la economía. El conocimiento es el otro pilar.
El costo social, económico y ambiental de la inacción es mucho mayor.

Por Pablo O. Canziani
Miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, investigador de la UTN/Conicet y miembro fundador del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisión de la Unesco
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El gobierno cortó el presupuesto para la construcción de la central nuclear Carem y 570 empleados quedaron sin trabajo

Fecha de Publicación: 04/05/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Acusan un desfinanciamiento total de parte del gobierno de Milei y advierten de posibles presiones desde Estados Unidos. Se trataría del primer reactor de potencia diseñado en el país que podría llevar energía a zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo.
El gobierno de Javier Milei asumió con un programa de fuerte ajuste presupuestario en todos los sectores del Estado, aunque sin discriminar algunas áreas de alta importancia estratégica como la nuclear, y eso es lo que se viene sintiendo en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que este 30 de abril confirmó la suspensión de la construcción de dos reactores nucleares que estaban muy avanzados y podrían generar no sólo el abastecimiento de energía a zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo, sino que también la exportación de reactores que traerían millones de dólares al país.
En efecto, unos 570 trabajadores, obreros de la construcción, quedaron sin trabajo en la obra que sería la primera central construida íntegramente en Argentina con tecnología de vanguardia. Así lo confirmaron desde dicho organismo a PERFIL. Si bien los proyectos venían sufriendo desfinanciamiento desde gestiones anteriores a la de La Libertad Avanza, en este caso se tornó "totalmente inviable" porque con una inflación de 280% interanual, el gobierno sólo prorrogó el presupuesto de diciembre de 2022 y además congeló los fondos de un fideicomiso que sustenta la vida de estas obras. "Algo parecido a lo que pasó con universidades públicas y Conicet", precisaron.
"Por el ajuste presupuestario se suspendieron los contratos con el servicio de transporte al Centro Atómico Ezeiza y el servicio médico. Lo que imposibilitaba trabajar. Ahora fueron restituidos pero no sabemos hasta cuando", detallaron. El gobierno liberó un fondo que sólo alcanza para cubrir esas cuestiones, entre otras, pero que no cubre las deudas de los proyectos e imposibilita las tareas operativas. Con esos fondos, la CNEA estima que sólo podría llegar hasta el próximo mes de junio.
Estas condiciones impactaron en los proyectos estratégicos como la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) y el Reactor Argentino Multipropósito RA-10. Luego de conciliaciones obligatorias con la Secretaria de Trabajo de mediadora y meses sin respuesta de algún funcionario del gobierno, se formalizó la desvinculación primero de 69 trabajadores, luego la crisis sumó unos 100 más y la reacción de la UOCRA seccional Zárate a cargo de Julio González, sindicato que aglutinan a los trabajadores involucrados, fue exigir una respuesta concreta y evitar extender una voluntad que ya parecía tomada: suspender las obras. Al finalizar esa reunión, los 570 trabajadores de la obra del CAREM ubicada en Zárate quedaron sin trabajo.
 
La renuncia de la presidenta de la CNEA
Adriana Serquis, presidenta de la CNEA, vinculada al kirchnerismo, vio venir que la crisis que ya venían sufriendo de las gestiones del macrismo y el albertismo empeoraría con la llegada de Milei y antes del cambio de gobierno presentó su renuncia, aunque no se la aceptaban porque no conseguían un reemplazo que quisiera tomar la tarea de, indirectamente, romper estos grandes proyectos y ganarse el desprestigio entre colegas del ámbito nuclear.
En un escrito dirigido al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, precisó las cifras alarmantes del organismo: "A comienzos de año, con el secretario de Energía habíamos quedado en que el crédito que se otorgara se iba a pagar. Eso no fue cierto. Hasta el viernes, no habían pagado absolutamente nada del presupuesto 2024, excepto salarios y becas. Veníamos sobreviviendo porque nos habían pagado una deuda de 2023 (...) Después de eso, nos pagaron 3.000 millones que representan el 11% nada más de todo lo que nos deben".
Serquis agregó que "en lo que respecta a la ejecución presupuestaria, se le había asignado a la CNEA una cuota total para devengar durante todo el primer trimestre de $26.337.326.448, sin considerar los sueldos. A la fecha, sorteando muchos obstáculos presupuestarios, se ha logrado devengar $10.435.166.814 y está devengando otros $8.343.614.745 que suman $18.778.781.559 y configurarán la deuda exigible al momento. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos institucionales por ejecutar toda la cuota de gasto durante todo este primer trimestre del año, no se hicieron las transferencias de fondos para poder realizar los pagos efectivos a los proveedores, con la única excepción de las transferencias correspondientes a salarios y becas".
Asimismo, la carta de Serquis coincide con la mirada de unos 13 gerentes que firmaron el comunicado advirtiendo la situación crítica y la necesidad de fondos inmediata.
 
Argentina, entre China y Estados Unidos: las presiones geopolíticas
La otra variable que acusan desde la CNEA es sin dudas la geopolítica. Por un lado, destacaron que ya desde el gobierno de Alberto Fernández, con presencia del ex secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, la embajada de Estados Unidos había estado presente en las obras. "Antes llegó a haber más de 800 empleados", aseguraron para manifestar que desde ese entonces hubo pequeñas olas de despido de 50 personas.
Vale destacar que CAREM, al ser un proyecto de vanguardia internacional, compite justamente con dos monstruos estadounidenses: Westinghouse y General Electric, empresas de primera línea mundial. "Nuestro proyecto es uno de los mas avanzados porque empezó antes, y además se destaca que es el que menor inversión tiene", argumentaron.
Por otro lado, expresaron que "desde que vino la generala Richardson a la Argentina se cayó más puntualmente el desarrollo de esta obra". En el encuentro que la jefa de Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, tuvo en Ushuaia con el presidente Javier Milei, se dejó en claro que la principal preocupación era la actividad de la base espacial China en Neuquén. Sin embargo, hay otra gran preocupación que tienen en el Norte para con Argentina, y es el desarrollo de la cuarta central nuclear, Atucha III, donde el gigante asiático tenía interés en financiar, ya que la Argentina es el único país de la región que domina la energía nuclear, y la producción de reactores permitiría la exportación a vecinos. Uno de los compromisos que habría asumido Milei es de monitorear y disolver esas iniciativas también.

Qué son el Carem y el RA10
El Carem es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina, ubicado en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia (SMR, por sus siglas en inglés).
“Esta clase de reactores tienen una gran proyección para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo de energía (incluyendo la capacidad de alimentar plantas de desalinización de agua de mar)”, dice, aún, la página oficial del gobierno.
El prototipo está siendo construido en Lima, provincia de Buenos Aires. El edificio que lo contendrá comprende una superficie de 18.500 m2, de los cuales alrededor de 14.000 m2 corresponden al llamado ‘módulo nuclear’, el sector que incluye la contención del reactor, la sala de control y todos los sistemas de seguridad y de operación de la central. La obra civil comenzó el 8 de febrero de 2014, momento desde el cual el CAREM se ha constituido como el primer SMR del mundo en estar oficialmente en construcción.
Por su parte, el RA-10 es el reactor multipropósito que se desarrollaba en el Centro Atómico de Ezeiza, que permitirá cuadruplicar la producción de radioisótopos de uso médico para estudios médicos. Puede producir silicio dopado por transmutación neutrónica, un producto de alta demanda global para la producción de chips de computadoras de alta potencia, y ofrecer innumerables servicios para la ciencia y tecnología como la producción, testeado y estudio de materiales.
Este reactor estaba en un 90% realizado y a pocos meses de terminarse. Podría representar un ingreso de dólares que ayudaría, por ejemplo, a la financiación del CAREM.

¿Cuánta plata y tiempo hacen falta?
Una de las pocas voces críticas del CAREM es la de Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear bajo el gobierno de Macri, época en la que los proyectos no estaban bajo la órbita de la empresa estatal Nucleoeléctrica (la cual el gobierno de Milei pretende privatizar) sino de Techint, quien cuestionó todos las barreras que viene afrontando y el tiempo y dinero que se viene gastando. Según su análisis, heredó una obra inicial que devolvió al 70% y en la última época no logró avances.
Desde la CNEA reconocen algunas problemáticas pero aseguran que es "mentira" y que fue la gestión de Serquis, ahora saliente, la que heredó una obra al 30% y que dejó al 70%. En esa línea, advierten que uno de los problemas que sufren es el desfinanciamiento y los despidos. "No es que necesitamos menos, es al revés, necesitamos más personal".
En cuanto al presupuesto, Gadano asegura que hace falta una inversión de 400 millones de dólares para terminar con la obra, mientras que Serquis habla de entre 200 y 300 millones de dólares. "Es mucho dinero, pero cuando vemos que se gastaron 600 millones de dólares en la compra de aviones F-16 entendemos que es una cuestión de elegir prioridades", lamentaron.
"Es importante entender que con estas obras terminadas, los reactores que podríamos exportar podrían ser cada uno por 4 mil millones de dólares, dinero con el cual se podría financiar todo. Incluso está previsto que podríamos capitalizar hasta un 25% de este mercado", concluyeron.
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Organizaciones denuncian los impactos ambientales que tendrá la aprobación de la Ley Bases

Fecha de Publicación: 03/05/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Un comunicado de la Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN) subraya que el nuevo proyecto de ley considera la regulación ambiental como una molestia. Advierte sobre la reducción de la participación ciudadana y los privilegios otorgados a industrias extractivas.
Este martes la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Bases. La iniciativa del oficialismo consta de más de 200 artículos y establece la emergencia energética, económica y financiera por un período de un año. Sin embargo, En la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtieron que pese a que este nuevo proyecto no incluye un capítulo específico de desregulación ambiental, sí hay capítulos que plantean un riesgo en la materia. Puntualmente referidos al acceso a la energía, la protección de los bosques y el manejo del fuego.
Entre los derechos socioambientales que se perderían de convertirse en ley la iniciativa, figuran: la posible sustitución de las audiencias públicas para definir proyectos, la creación de un régimen de privilegios en materia tributaria, cambiaria y aduanera, modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y la posible cancelación de fondos para políticas ambientales.
En “La amenaza fantasma. Un nuevo proyecto de Ley Ómnibus sin capítulo ambiental”, FARN explica: “Este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’. La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales delas generaciones presentes y futuras”, detalla el comunicado.
Cuáles son los principales puntos de la nueva ley que afectan al ambiente

1. Audiencias públicas optativas:
El capítulo III del proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Al referirse a las audiencias públicas, que son instancias de participación ciudadana sobre proyectos vinculados al ambiente y el cuidado de los ecosistemas, este procedimiento “podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate”.
“Esta modificación brindaría a las autoridades una amplia esfera discrecional para decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo alternativo que, fuera de la consulta pública, no está especificado por la ley”, advierte FARN.

2. Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos:
El nuevo proyecto de Ley Bases contiene 51 modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319). “Estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y a quitar atribuciones de intervención por parte del Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno”, explica FARN en el documento.
Además, detallan que el proyecto propende a flexibilizar y agilizar el acceso de las firmas a nuevas concesiones, reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore. Esto último contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por la Argentina al ratificar el Acuerdo de París.

3. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
El artículo 161 del proyecto de ley dispone la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este tiene por objetivo atraer inversiones de más de US$200 millones con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.
En el último documento publicado por FARN explican: “Ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley Ómnibus impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología”.
”La desregulación y los beneficios otorgados por el RIGI en materia tributaria, cambiaria y regulatoria promocionan un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador que, a lo largo delos últimos años, tuvo como consecuencia la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática”, subrayan.

4. La posible cancelación de fondos fiduciarios:
El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Existe una multiplicidad de fondos fiduciarios, entre los que se encuentran algunos de relevancia para la política ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Desde FARN explican que estos fondos, junto a otros orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables, “son pilares de las políticas ambientales”. Tienen una vital relevancia para la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y para dotar de herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país.
“Entender a estos fondos como meras ‘cajas’ sin reconocer su importancia en términos de protección y cuidado del ambiente es un error que puede traer serias consecuencias para la preservación de los ecosistemas de nuestro país”, advierte FARN en el documento.
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El costo ambiental de UPM: hidrofobia, uso excesivo del agua y contaminación

Fecha de Publicación: 02/05/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos


Las operaciones del gigante mundial de la celulosa, UPM, tienen un efecto directo y comprobado sobre diferentes ecosistemas del Uruguay, muestran varios estudios, los cuales muchas veces son opacados por el efecto económico que tiene esa actividad industrial en el país.
UPM 2, ubicada en Pueblo Centenario y responsable del vertido de un millón de soda caústica al arroyo Sauce, arroja sus efluentes al Río Negro y, desde allí, los mismos llegarán hasta el Rio Uruguay, ya afectado por la contaminación proveniente de UPM Fray Bentos (ex Botnia), afectando la zona de pesquería.
El daño de los desechos que la compañía finlandesa arroja al río –ampliamente denunciado por las ciudades costeras del margen argentino- ya ha provocado afectación en los peces que lo habitan.
De acuerdo a un estudio del grupo de investigación Latitud, los peces expuestos al efluente de UPM Fray Bentos producen la mitad de huevos que lo habitual. Además, los peces macho capturados río abajo de la planta de celulosa tenían atrofia testicular.
Pero los efectos de las operaciones de UPM no solo afectan a las especies nativas, garantía de un ecosistema saludable. También son clave en profundizar una problemática que padece el Uruguay, que tiene que ver con el agua, su disponibilidad y calidad.
UPM 2, la mayor planta de celulosa del mundo, extrae diariamente 129 millones de litros de agua de Río Negro. El año pasado, en medio de la crisis hídrica y cuando el área metropolitana del país no poseía agua potable, las plantas de celulosa no sufrieron ninguna afectación en el suministro de agua.
A ello se suma una nueva alerta: el declarado estado de hidrofobia en los suelos como consecuencia de la excesiva plantación de pinos y eucaliptus para abastecer como materia prima a las dos plantas de la compañía finlandesa.
“Este hecho condiciona, por la acumulación de compuestos orgánicos la no penetración de agua de lluvias a las napas, provocando sequias de las mismas y falta de pasturas para la producción agropecuaria, y el aumento de la escorrentía y la erosión, provocan aguas sin freno que van a cañadas, arroyos y ríos provocando violentas inundaciones”, alertó la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en base a un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.

El derrame en Pueblo Centenario, el peor accidente químico en la historia
UPM 2 arrojó al arroyo Sauce un millón de soda caústica en un accidente que si bien ocurrió en agosto pasado, tomó estado público en octubre y fue reconocido por la empresa recién un mes después.
Las consecuencias, documentadas por el Ministerio de Ambiente, fueron pérdida de especies vegetales de flora acuática y arraigada, como así también una posible destrucción de microalgas, y la muerte de más de 250 peces.
ONG vecinales y ambientales habían denunciado desde junio pasado filtraciones en las piletas de tratamiento de la planta Paso de los Toros.
Empresa y gobierno dieron por saldada la cuestión con una multa de 182.000 dólares –inicialmente el monto era de u$s 42.000-, considerada irrisoria por los activistas que señalaron que UPM obtiene ganancias diarias por 650.000 dólares.
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Qué alertas despierta sobre el cambio climático en la Argentina un informe internacional

Fecha de Publicación: 30/04/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Dengue, trastornos neurológicos, diabetes, daño pulmonar, mortalidad por olas de calor, disminución de la mano de obra y pérdida de horas de trabajo, algunas de las incidencias negativas según Lancet Countdown Latinoamérica
Según el informe 2023 de Lancet Countdown Latinoamérica, el cambio climático ha demostrado tener en la Argentina consecuencias cuantificables tanto en la salud como en la economía. La población de bajos recursos suele sufrirlas en mayor medida. Desde 2000, las temperaturas medias de verano han ido aumentando 0.04°C por año y los registros de 2022 demuestran que son 1.2°C más elevados que los que la institución utiliza como referencia (1986-2005). Las olas de calor llegaron a generar pérdidas de 300 millones de horas laborales y de US$1.300 millones. Las precipitaciones, cada vez más frecuentes, elevaron el potencial transmisor del dengue un 18% respecto del que tenían en la década ´50.
A pesar de los datos negativos, el estudio rescata a nivel local algunas mejoras: la reducción de emisiones de gases del transporte y de la industria disminuyeron la mortalidad en un 36.9% entre 2005 y 2020. Tanto la Argentina como los demás países de América Latina deberán implementar políticas multidisciplinarias si quieren reducir los efectos que el deterioro medioambiental tiene sobre la población.
Lancet Countdown Latinoamérica es un centro de colaboración independiente y multidisciplinario que realiza desde 2022 el seguimiento de los vínculos entre la salud y el cambio climático en América Latina, una de las regiones con mayores desigualdades sociales. Depende del compromiso de 23 instituciones académicas regionales, de agencias de las Naciones Unidas y de 34 investigadores de todo el mundo. Tres especialistas argentinos participan de la iniciativa; entre ellos Marina Romanell, directora ejecutiva del Lancet Countdown Global, su predecesora a escala mundial desde 2015.
El informe 2023 de Lancet Countdown Latinoamérica resalta la importancia de las políticas climáticas intersectoriales y del fortalecimiento de los sistemas de salud. La adaptabilidad al cambio climático y la necesidad inminente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son otros de los puntos destacados este año. En su segunda edición, contempla además un apartado especial con datos de la Argentina.
“Los informes de Lancet son importantes porque permiten hacer un seguimiento de como los diferentes países avanzan para enfrentar los impactos del cambio climático en la salud”, dijo a LA NACION Stella Hartinger, directora de Lancet Countdown Latinoamérica.
“El estudio destaca el desafío de abordar la planificación de la salud en relación al cambio climático en el nivel subnacional”, dijo Francisco Chesini, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental y coautor del informe. “La Argentina ha realizado avances en ese sentido en Neuquén, Misiones y Tucumán, gracias a un financiamiento otorgado por el Fondo Verde para el Clima. Fue la primera vez que financió un proyecto del sector salud a nivel mundial”, indicó.

La olas de calor en la economía
Según Lancet Countdown Latinoamérica, en la Argentina las altas temperaturas son uno de los mayores problemas para la salud. Las desigualdades latentes agravan aún más su impacto.
“Cuando las temperaturas son altas, el cuerpo no puede regular bien la pérdida de calor”, dijo a LA NACION Yasna Palmeiro Silva, investigadora y coautora del informe. “Esto deriva en diversos síntomas: dolor de cabeza, desmayos, palpitaciones y calambres. Puede causar daños en los riñones y de otros órganos e incluso la muerte”, sostuvo.
Según el informe, entre 2000 y 2022, las temperaturas medias de verano aumentaron en 0.04°C cada año en la Argentina. Los registros de 2022 superaron en 1.2°C al período de referencia de la institución (1986-2005).
Los adultos mayores de 65 años experimentaron, entre 2013-2022, un 220% más de días de olas de calor que en el período de referencia, según una estimación ponderada de Lancet. En el caso de los menores de un año el aumento es de 187%.
“En el caso de la Argentina, como la población está envejeciendo rápidamente, el riesgo es mayor. La implementación de alertas tempranas por parte de los organismos oficiales y la adecuada preparación puede ayudar a reducir los daños”, sostuvo Palmeiro Silva.
La exposición al calor afecta también a la actividad económica, en la medida que perjudica la salud de los trabajadores, sus empleos y la productividad laboral. Tal como expone Lancet, entre 2013 y 2022, se perdieron en la Argentina 300 millones de horas laborales por la acción de las altas temperaturas, lo que significa un aumento del 116% en comparación con el decenio 1991-2000. Equivale a una merma potencial de ingresos de US$1.300 millones al año, concentrados principalmente en los sectores de construcción y servicios.
El potencial transmisor del dengue es también consecuencia del cambio climático. El aumento del calor provoca mayores precipitaciones y favorece la proliferación de esa infección ocasionada por el mosquito vector aún en áreas nuevas. Entre 2013 y 2022, la capacidad de transmisión de Aedes aegypti en la Argentina aumentó un 18% en comparación con el período 1951-1960.

La presión de los combustibles fósiles
Todo subsidio destinado a los combustibles fósiles implica, para Lacent Latinoamérica, utilizar fondos públicos para financiar emisiones que perjudican la salud. Tal como lo expone en su último informe, la Argentina en 2020 destinó a ese tipo de subsidios US$4.600 millones, monto que equivale a un 10.5% del gasto en salud. “Está por debajo del promedio regional (17%) y por encima de países como Ecuador (8.3%) y Chile (5,6%)”, dijo a LA NACION Oscar Melo, académico del Centro de Cambio Global de Chile y coautor del informe.
“Para lograr una transición rápida y efectiva hacia fuentes de energía más limpias, es crucial que los gobiernos cesen la promoción de la quema de combustibles fósiles a través de subsidios y, en su lugar, redirijan recursos para facilitar una transición saludable hacia la neutralidad de emisiones”, sostiene en el estudio Lancet Latinoamérica.
La baja adopción de energías renovables limpias eleva el riesgo de enfermedades y la mortalidad, y sobrecarga el sistema de salud. Afecciones respiratorias y cardiovasculares, cáncer de pulmón, diabetes, trastornos neurológicos, problemas de gestación son, según el informe, algunas de las principales dolencias que recaen luego sobre los sistemas sanitarios.
En América Latina, el uso de combustibles sólidos contaminantes para cocinar y calentar es elevado. Además, millones de personas están expuestas a niveles altos de contaminación por PM2.5 (partículas finas menores a 2.5 micrómetros que pueden penetrar los pulmones y afectar la salud).
“Si bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero de los diferentes sectores, baja el material particulado PM2.2″, dijo Hartinger, directora de Lancet Countdown Latinoamérica.
Como dato positivo, el informe destaca que en la Argentina en 2022 el 99.9% de la población urbana y el 97.8% de la población rural dependía de combustibles limpios para cocinar. Además, la tasa de mortalidad prematura atribuible a PM2.5 derivado de combustibles fósiles disminuyó en un 36.9% entre 2005 y 2020, principalmente por reducción de emisiones del transporte y la industria.
Las políticas públicas desempeñan, según Lancet Latinoamérica, un papel crucial en la construcción de resiliencia frente a las múltiples amenazas climáticas; no solo a nivel nacional, sino también municipal. En ese sentido, el respaldo financiero, es vital para que las ciudades y poblaciones logren una buena adaptación, pero también para que puedan implementar medidas que mitiguen el cambio climático.
Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Argentina cuenta con planes y estrategias. “El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, publicado en el Boletín Oficial mediante la Resolución Nº 146/2023, posee como enfoque transversal la salud”, dijo Camila Mercure responsable del área de política climática de FARN. “También contamos con la Estrategia Nacional de Salud y Cambio Climático, aprobada en 2023 bajo la Resolución conjunta Nº 2/2023″. El problema, tal como asegura Mercure, es que si bien varias políticas están definidas, no cuentan todavía con financiamiento.
En América Latina la interrelación de políticas públicas ambientales y sanitarias son fundamentales para lograr progresos interdisciplinarios más contundentes. Dependerán, sin embargo, de que los fondos destinados sean acordes a las necesidades.
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Por sí o por no: inician el pozo que definirá si hay petróleo offshore

Fecha de Publicación: 29/04/2024
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


El buque perforador Valaris DS - 17 llegó al país para trabajar a unos 300 kilómetros al sudeste de la ciudad de Mar del Plata.
Finalmente, se está a las puertas de uno de los momentos más esperados para exploración de hidrocarburos offshore en la Cuenca Mar Argentino Norte: el inicio del pozo Argerich – I.
La llegada del buque perforador Valaris DS -17, que se encuentra fondeado a unos 30 kilómetros de Mar del Plata, anuncia ei inminente comienzo de los trabajos en el bloque CAN 100, a 308 kilómetros al sudeste de la ciudad de Mar del Plata, cuyos resultados serán definitorios. en cuanto a la presencia  o no de petróleo en el lugar.
Por sí o por no, como supo decir el año pasado, en plena campaña, un ex candidato a a presidente de la Nación, la perforación permitirá saber si existen hidrocarburos en el lecho marino y si su eventual presencia se da en cantidad y calidad suficiente como para justificar una futura explotación.
El miércoles pasado el Valaris DS -17, de casi 200 metros de eslora, llegó a la zona de Mar del Plata y fondeó a unos 30 kilómetros de la costa para cumplimentar los correspondientes procesos administrativos (Migraciones / Aduana), controles de rigor por parte de Prefectura Naval y tareas de abastecimiento, Ahora deberá dirigirse al sitio de perforación junto a dos buques de suministro offshore, el Skandi Caledonia y el Hos Remington, que le brindarán apoyo.
Este primer pozo se hará en el talud continental, donde el lecho marino se encuentra a unos 1.527 metros de profundidad, en aguas ultra profundas, y la perforación espera superar los 4.000 metros bajo el suelo.
La perforación tiene carácter únicamente exploratorio, es decir, se perfora y se comprueba la existencia de hidrocarburos.
Se estima que la ejecución del pozo Argerich demandará unos dos meses de labor, por lo que podría finalizar en junio, y luego probablemente se tarde hasta tres meses más (septiembre) para definir si lo encontrado justifica seguir realizando pozos exploratorios.
Los profesionales de YPF prevén que ese yacimiento CAN 100 -no solo el pozo Argerich- podría llegar a los 1.000 millones de barriles de petróleo. Si se monetiza a 100 dólares el barril, es una reserva con valor de 100.000 millones de dólares, con el agregado de que en la Cuenca Argentina Norte, se presume, existen otros 20 yacimientos similares, equivalentes a 20 Vaca Muerta.
El plan oficial de Equinor, empresa asociada a YPF y a Shell en este proyecto, prevé que finalizada la perforación solo se analicen muestras de las dos secciones más profundas, que son unos cilindros de un poco más de un metro de lecho marino.
El primer análisis y prueba de esas muestras se realizará a bordo del barco perforador, pero no se descarta que en otra etapa sean trasladadas a los laboratorios de YPF en La Plata para más ensayos de producción.
Terminada la evaluación, el pozo será sellado (cegado) con cemento para cumplir con las medidas de seguridad y los protocolos establecidos.
Pero como se señaló el año pasado, desde estas mismas páginas, las chances de hallar hidrocarburos no son para nada altas, pero existe mucha confianza.
De hecho, si no existiera esa cuota de optimismo, un proyecto costoso como este jamás hubiese sido encarado.
Por eso en la anterior administración nacional hubo algunos que se animaron a hablar de la futura Vaca Muerta marina .
Uno de los que más profundizó en el tema es el empresario Marcelo Guiscardo, presidente del Cluster de Energía de Mar del Plata y fundador de la exitosa firma QM Equipment, que diseña y fabrica equipamiento para la industria petrolera de Vaca Muerta.
En tal sentido, recordó que toda el área del Mar Argentino Norte que se extiende entre la Bahía de San Borombón y Carmen de Patagones, con unos mil kilómetros de costa, aún no ha sido explorada.
“No se ha encontrado petróleo en ningún lugar donde ahora buscará, y en sitios así, inexplorados, la chance de éxito de un pozo exploratorio va del 5 al 7 por ciento. O sea que tenés 90 y pico por ciento de posibilidades de que no se encuentre.
“Ahora –agregó, en este caso, como YPF está estudiando el área desde hace más de 20 años, se han hecho muchos estudios previos y se encontró en los estudios que se hicieron después un correlacionamiento con yacimientos que están en el sur de África, que tienen la misma edad geológica y se remontan a la época en la que los continentes estaban juntos, América del Sur y África eran una sola cosa”.
En tal sentido, el empresario señaló que a través de los años, a medida que se separaban los continentes, el sedimento que se daba en la costa de África era el mismo que el de esta zona.
“Lo que se encuentra allá en África es mucho más parecido a lo que tenemos nosotros acá. Entonces, los descubrimientos que se hicieron en Namibia y en Orange, en el sur de África, son los que le dan a este pozo una chance del 20% de encontrar petróleo.
“De todas formas –continuó--, el 80% de las posibilidades es que no haya, es decir,  no es algo seguro, es un pozo exploratorio".
Indudablemente, si los resultados son positivos, las chances de hallar petróleo en el área más cercana a Bahía Blanca crecerán enormemente, aunque esto llevará más tiempo porque la exploración hacia el sur se irá concretando de manera paulatina.
Para el ingeniero Diego Lamacchia, un reconocido especialista,  “hay grandes posibilidades de encontrar hidrocarburos”.
Sus estimaciones se basan “principalmente en los resultados de pozos exploratorios en las costas de Namibia y Sudáfrica en 2021, 2022 y 2023 que mostraron un potencial enorme de hidrocarburos en esa área”.
Esa geología, que data de hace 120 millones de años, es “muy similar a la que tenemos en el Atlántico Norte y, salvando los tiempos geológicos de acumulación de sedimentos y movimientos de las capas tectónicas, estaríamos haciendo el pozo Argerich a 300 kilómetros de donde se formaron estos pozos”.
“Los tiempos geológicos -insistió en declaraciones a La Capital- y la magnitud de lo que se encontró da para decir es muy posible que encontremos también hidrocarburos”.
Además, a través de filminas satelitales, pudieron determinar “la existencia de salida natural de hidrocarburos sobre el lecho marino, lo cual confirma presencia de hidrocarburos en el área”, reiteró.
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Acuerdo de Escazú: el Gobierno presentó los compromisos para cumplir con el derecho a la información ambiental

Fecha de Publicación: 27/04/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Augusto Paz, director de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Ambiente, habló durante la COP en Chile. Foco en las capacitaciones.
Desde este lunes y durante tres días, representantes de varios países se reunieron en Santiago, Chile, en el marco de la Conferencia de las Partes (COP) firmantes del Acuerdo de Escazú. La cumbre climática busca hacer un seguimiento del pacto al que suscribió la Argentina en 2018, que pondera el rol del público en la toma de decisiones ambientales y la protección de activistas, en tanto América Latina es la región con más asesinatos de manifestantes ecologistas a nivel mundial.
Este martes, Augusto Paz, director de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Ambiente y representante del Gobierno en esta conferencia, dio a conocer el plan del Ejecutivo para cumplir con el compromiso asumido: “En materia de participación pública, estamos trabajando en el proceso de elaboración participativa de normas para implementar en proyectos futuros. Además, estamos iniciando un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para incorporar su perspectiva en las acciones que demande el acuerdo a nivel nacional”.
En rigor, el Acuerdo de Escazú, que la Argentina firmó en 2018 y ratificó en 2020 a través de la ley 27.566, es un acuerdo regional ambiental de América Latina que pone el foco en la participación de los ciudadanos en las decisiones que los Estados tomen sobre el ambiente.
Sus premisas son garantizar el derecho al acceso a la información, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en estos asuntos. En tanto, es el primer acuerdo de este tipo a nivel mundial que contempla disposiciones específicas sobre defensores ambientales.
Al respecto, durante la segunda jornada del evento, Augusto Paz expuso las claves en las que trabaja la Subsecretaría de Ambiente para concretar acciones. “En el ámbito de la sociedad civil, se está llevando a cabo un diagnóstico sobre la situación de las personas, grupos y organizaciones que defienden el ambiente en Argentina, con el fin de enriquecer el conocimiento oficial y buscar soluciones para sus diferentes realidades”, expresó el funcionario.
Consultado por TN, Paz agregó algunos detalles sobre los puntos en los que trabajará el Gobierno para cumplir con Escazú. “Estuvimos trabajando en facilitar el acceso a la participación, lo que hicimos fue hacerlo más digital y así le damos más lugar a la gente a participar. Y flexibilizamos los plazos e hicimos más accesibles las normas para que la ciudadanía pueda entenderlas”, dijo.
En cuanto a la capacitación, el Gobierno trabaja en la actualización del programa de formación para funcionarios y equipos técnicos nacionales, incorporando contenidos específicos sobre el Acuerdo de Escazú. También se están realizando esfuerzos para promover la educación ambiental a través de material audiovisual que pueda ser utilizado en diferentes ámbitos y niveles educativos. También de manera digital y articulando con provincias y municipios.
“Estamos promoviendo acuerdos con diversas áreas de organismos, tales como la Secretaría de Geoeconomía, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y el Instituto Geográfico Militar Nacional. El objetivo de estos acuerdos se centra en identificar la información ambiental con que cuentan los organismos, generar intercambios, unificar los formatos de publicación y avanzar en la geo-representación de datos. Esto surgió a partir de un diagnóstico que nos mostró que usamos todos bases distintas. Dentro de nuestras secretarías, cuando tuvimos que empezar a mitigar nuestras bases, descubrimos que teníamos 10 tipos de visualizadores distintos de información”, señaló Paz.
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Comienza la COP 3 de Escazú: reclaman que se avance en la protección de las personas defensoras del ambiente

Fecha de Publicación: 24/04/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


En 2022, América Latina y el Caribe fue escenario del 88% de los asesinatos a personas defensoras ambientales en el mundo. En el evento que arrancó este lunes en Chile, los países miembros discutir este tema y otros como garantizar la participación efectiva de las comunidades locales, la falta de Tribunales ambientales y la información en asuntos ambientales.
Mientras la Argentina vive (cómo no), días convulsionados, a 1100 kilómetros de distancia de Buenos Aires arrancó en Santiago de Chile la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP 3 de Escazú), que tendrá lugar hasta el miércoles. En ese marco, la Alianza por los Humedales Andinos exhorta a que el encuentro contribuya al avance de los objetivos del acuerdo, particularmente la protección y resguardo de las personas defensoras del ambiente, la participación efectiva de las comunidades locales en decisiones relacionadas a sus territorios; así como su acceso a justicia y a información completa, veraz y transparente en temas ambientales. Por ejemplo, con la proliferación de Tribunales de Ambiente, algo que hoy tampoco se cumple.
La COP3 de Escazú, realizada en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reúne a representantes de los países miembro del acuerdo en un diálogo para mejorar la democracia ambiental en el continente.
Según el informe más reciente de la ONG Global Witness, el 88% de los asesinatos a personas defensoras del ambiente en 2022 se produjo en América Latina y el Caribe, un porcentaje que aumenta cada año. «En este contexto, la implementación del Acuerdo de Escazú es de suma urgencia», remarcan desde la Alianza.
Se trata del primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo con disposiciones específicas para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Su nombre se debe a que fue adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Es un acuerdo hecho por y para la región y su gente, en un proceso de negociación inclusivo y participativo que contó con el involucramiento integral de los gobiernos y de la sociedad civil.
Durante la COP3 de Escazú se espera que los países miembro aprueben el Plan de Acción Regional sobre Defensoras y Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en la región. El plan que buscan aprobar incluiría un diagnóstico de las diferentes vulneraciones, con enfoque de género, contemplando la criminalización de la defensa del ambiente y buenas prácticas de prevención, protección y respuesta.
Además, discutirán la incorporación de la perspectiva de género al Acuerdo de Escazú: si bien este Acuerdo tiende un puente entre la cuestión ambiental y la perspectiva de derechos humanos, las previsiones en materia de género necesitan ser más sólidas y es necesario contar con una mirada interseccional, que permita incluir a la diversidad de mujeres en los procesos.

Argentina y Escazú
Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú mediante la Ley 27.566. Lo hizo efectivo el 22 de abril de 2021. Pero, hoy con el actual gobierno y con los cambios de organigrama, todavía no hay certezas sobre la aplicación de Escazú.
“En Argentina, se llevan adelante procesos de toma de decisiones ambientales que vulneran los derechos de acceso y de consulta libre, previa e informada con comunidades indígenas, y se promueven en forma creciente reformas normativas y/o sanción de normas que son regresivas en materia ambiental y de derechos humanos”, enfatiza Laura Castillo, coordinadora Programa Altoandinos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“El avance de la derecha busca reducir el rol del Estado, promueve el extractivismo, y criminaliza a quienes lo resisten –continúa–. En este contexto, el Acuerdo de Escazú, con sus estándares obligatorios en materia de información, participación y justicia en temas ambientales se erige como un bastión para asegurar la protección del ambiente y la defensa de los derechos, máxime en un contexto global de policrisis que demanda un abordaje integral a los desafíos climáticos, de contaminación y de pérdida de biodiversidad”.
Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, explica que a pesar de la ratificación del Acuerdo hace tres años, aún no se estableció un sistema de gobernanza efectivo: «esto dio lugar a persistentes dificultades en el acceso a la información, la participación del público en el proceso de toma de decisiones y la criminalización de las personas defensoras del ambiente».
Un ejemplo es lo que sucede en la provincia de Jujuy. Durante el año 2023 se reformaron y sancionaron dos normativas con menor escrutinio social y a expensas de los derechos de las comunidades indígenas y de la sociedad civil. «Tanto en su proceso de reforma como en su contenido, la nueva Constitución de Jujuy y el Decreto 7551/2023, que regula los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la actividad minera ignoraron derechos fundamentales como el acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Esto representa un retroceso en términos de protección ambiental, priorizando el desarrollo de la industria minera en la provincia», apunta.
Y remarca: “Es fundamental que las políticas y regulaciones se desarrollen con la participación activa de todas las partes interesadas y en concordancia con los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú. Esto garantizará la protección del medio ambiente y la plena salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de consulta y consentimiento libre, previo e informado requeridos por la normativa internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el propio Acuerdo de Escazú».
«Este objetivo solo se podrá alcanzar mediante la creación y el fortalecimiento de instituciones transparentes y democráticas, así como mediante reformas progresivas continuas”, enfatiza Vanina Corral, abogada e integrante del área de Política Ambiental de FARN.

Generar políticas públicas
Para Fernández, si bien la ratificación del Acuerdo por parte de Argentina es un paso adelante, ahora es crucial generar políticas públicas concretas en coordinación con las provincias y la Nación para su implementación en el territorio. Esto debe incluir diagnósticos previos, audiencias y procesos de participación que se ajusten a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú
«Si bien Argentina fue el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, lo cierto es que todavía queda mucho camino por recorrer. Falta implementarlo en prácticamente todas las áreas de gobierno. Todavía queda pendiente crear tribunales ambientales en todas las provincias para tener un mayor acceso a la justicia ambiental. La participación ciudadana debe dejar de ser un simulacro para legitimar decisiones adoptadas con anterioridad de manera vertical por las autoridades para hacer un ámbito de discusión genuina y robusta sobre daños ambientales que ocasionan distintos proyectos extractivos», apunta Cristian Fernandez, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN.
«Falta implementar en serio la participación temprana y muchos otros temas, sobre todo lo que tiene que ver con la mayor protección y prevención que se pueda dar a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Falta un plan a nivel nacional que justamente resguarde a los defensores y prevenga todas las amenazas que pueden sufrir», completa.
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Merluza negra, demanda colectiva: El “pueblo argentino” acciona contra la pesca ilegal

Fecha de Publicación: 24/04/2024
Fuente: Diario El Sureño
Provincia/Región: Nacional


En una acción legal poco frecuente, un grupo de abogados presentó una acción de clase en defensa de un bien común: el ecosistema marino que reiteradamente es víctima de la depredación.
Después del escándalo de la persecución del buque pesquero TAI AN que operaba en la Zona Económica Exclusiva argentina (ZEEA), se inició una demanda colectiva o “acción de clase” destinada a proteger el derecho constitucional a un ambiente “equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras de los argentinos”.
La demanda ingresó en el Juzgado Civil y Comercial Federal 11 Secretaría N° 21 el 4 de abril de 2024 y fue presentada por los abogados Daniel Sallaberry, Miguel Araya y Horacio Rodolfo Belossi contra la empresa Prodesur SA, propietaria del buque pesquero de bandera argentina B/P TAI AN, por pesca ilegal dentro de la ZEEA. En esta nota, DEF te cuenta los detalles exclusivos de esta acción judicial.

Pesca ilegal en el Mar Argentino: que plantea la demanda colectiva
En la presentación, los demandantes señalan que la pesca o captura de 175 toneladas de merluza negra entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024 fue efectuada en violación de las normas vigentes y ocasionó un daño relevante al ecosistema oceánico argentino y solicitan que los responsables compensen económicamente a “la clase” –constituida por “toda la comunidad argentina”– por el daño patrimonial, extrapatrimonial o moral y punitivo ambiental.
En este caso, piden un resarcimiento económico equivalente al valor de lo extraído -en este caso la merluza negra- en el mercado internacional, más otra suma a determinarse por un sistema de monetización de daños ambientales de uso internacional en concepto de daño moral ambiental, además de la que el Tribunal determine en concepto de daño punitivo con el fin de desalentar estas conductas antijurídicas en el futuro.
Según solicitan los demandantes, dichas indemnizaciones deberán ser asignadas a un Fondo de Compensación Ambiental que se destinará a la Prefectura Naval para mejorar el control de la pesca ilegal en aguas territoriales argentinas, incluidas las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.

Los antecedentes de demandas colectivas en Argentina y en el mundo
Los profesionales llevan adelante esta demanda colectiva en calidad de afectados y, a su vez, representantes de toda la comunidad en defensa del derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano, presente y futuro.
Esta es la segunda acción de este tipo a nivel nacional en la que “la clase” está constituida por 45 millones de personas. La anterior fue la causa “Giménez Alicia Fanny c/ Monsanto, Bayer etc. sobre transgénicos y agrotóxicos”.
Hay muy pocos casos similares a nivel mundial –si es que hay alguno– que contemplen una clase tan numerosa. Ni siquiera la famosa causa por contaminación con asbesto en Estados Unidos implicó a tanta gente.
La demanda ingresó en el Juzgado Civil y Comercial Federal 11 Secretaría N° 21 el 4 de abril de 2024.

El poder de la acción colectiva en el sistema judicial
Según la normativa, están autorizados a buscar reparación y el cese de las actividades en este tipo de perjuicios colectivos generados a cualquier ciudadano afectado tanto el Defensor del Pueblo, como las ONG ambientalistas y los diversos estamentos del Estado.
La noción de acción de clase implica que una decisión judicial tiene un alcance general para todas las personas o miembros de un grupo que se ven afectados en un mismo derecho, con el propósito de evitar la multiplicidad de demandas.
En materia ambiental, para que sea pertinente la competencia federal judicial deben existir dos condiciones: la degradación o contaminación efectiva y que el recurso sea interjurisdiccional, como es el caso de la merluza negra, especie migratoria y frágil que está protegida internacionalmente y forma parte del patrimonio nacional.
El incidente se suma a otro anterior ocurrido en el puerto de Ushuaia donde se detectó la llegada del mismo buque con merluza negra.
Quizás el caso más resonante de una acción de clase que hace décadas espera una solución efectiva es el conocido como causa de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Este proceso se inició en 2004, impulsada por los mismos abogados, cuando un grupo de vecinos, mediante una acción de daño ambiental colectivo, presentó una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de esta Cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios provocados por la contaminación.
Esta causa –“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza–Riachuelo)– continúa veinte años después esperando el cumplimiento de la sentencia de 2008 que ordenaba, en un fallo inédito, la recomposición ambiental.

Alerta roja en el mar argentino, los hechos
El 27 de marzo, la Armada y Prefectura Naval Argentina, en una acción coordinada, abordaron un buque de bandera china –el TAI AN– que estaba pescando ilegalmente en la ZEE del Mar Argentino.
El incidente se inició cuando las autoridades nacionales, a cargo de la vigilancia de la región, lo detectaron navegando 12 millas adentro de las aguas jurisdiccionales argentinas y con el sistema de identificación automática (AIS) apagado.
El barco chino ignoró los intentos de comunicación de parte del buque argentino hasta encontrarse en aguas internacionales, momento en el que activó también el identificador.
Pasadas apenas unas horas y con el equivocado convencimiento de que las autoridades argentinas no regresarían, volvieron a la zona para continuar con la depredación. Sin embargo, la corbeta y el patrullero oceánico, debido a un cambio de rumbo, retornaron la ruta y confirmaron la operación irregular de la embarcación.
Las indemnizaciones deberán ser asignadas a un fondo de compensación ambiental que se destinará a la Prefectura Naval Argentina para mejorar el control de la pesca ilegal.
Este incidente se suma a otro que había ocurrido la semana anterior en el puerto de Ushuaia, donde se detectó al mismo barco llevando a cabo capturas ilegales de merluza negra, se especula que desde mediados de febrero.
Esta especie se encuentra protegida por un sistema de cuotas establecido por el Consejo Federal Pesquero (CFP), mediante un régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Capturas (CITC), que están asignadas a tres barcos en Argentina pertenecientes a las empresas nacionales. Y cuenta también con protección internacional que exige que las embarcaciones tengan asignada una cuota para las capturas.

El informe del INIDEP sobre la pesca ilícita del TAI AN
Según un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP, (organismo cuya misión es asesorar sobre el uso racional de los recursos pesqueros) entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024 el pesquero TAI AN capturó 175 toneladas de merluza negra, utilizando redes de arrastre de fondo a una profundidad promedio de 450 metros, dentro del Área de Protección de Juveniles de esa especie.
Este arte de pesca está prohibido en el sector protegido y, según el INIDEP, la captura de juveniles superó ampliamente el límite permitido.
A esto se suma que el buque no posee autorización para la pesca de merluza negra desde 2020. El informe, por último, sostiene que la apropiación de este recurso protegido no fue producto de la imprudencia, sino que se efectuó con la intención concreta de obtener un rédito económico, ignorando el daño al ecosistema marino.
Este caso es uno más de los muchos a los que se enfrenta la Argentina de explotación de especies por parte de flotas extranjeras, en especial de bandera china, que operan en el Atlántico Sur, en los límites de la ZEEA.
Ante esta situación, la acción legal iniciada busca proteger un bien colectivo, de naturaleza común, y promover la conciencia sobre la importancia de las regulaciones ambientales en el sector pesquero.
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En 25 años, Argentina deforestó el equivalente a una provincia entera, según Greenpeace

Fecha de Publicación: 22/04/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


Pese al consenso científico internacional sobre la crisis climática y la importancia de proteger la biodiversidad, las políticas de protección de ecosistemas claves como los bosques nativos resultan insuficientes ante el avance de una situación de degradación ambiental que alcanzó el estatus sostenido de emergencia.
El 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 2009 para sensibilizar y alertar sobre la importancia del cuidado del medioambiente. En ese marco es que Greenpeace, organización ecologista, alerta nuevamente sobre el preocupante avance de los desmontes ilegales en el norte de Argentina.
Según un reciente informe elaborado por Greenpeace en base al monitoreo de imágenes satelitales, durante 2023 en el norte del país se perdieron 126.149 hectáreas de bosques nativos, un 6,2% más que en 2022, siendo Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta las provincias más afectadas.
En Córdoba el problema más importante son los incendios y el avance de los negocios inmobiliario y ganadero sobre el bosque protegido.
“Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Debemos avanzar en forma urgente en la prohibición y penalización de la deforestación”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El agresivo desmonte que se registra en el país se traduce en un agravamiento de las consecuencias del cambio climático, que van desde más inundaciones y desertificación hasta extinción de especies, desalojos de comunidades campesinas e indígenas y aparición de enfermedades.
El fenómeno no es nuevo: entre 1998 y 2022 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7 millones de hectáreas, equivalente a la superficie de la provincia de Formosa, de acuerdo a datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Sin embargo, Greenpeace advierte sobre el aumento de los desmontes durante el año pasado, sobre todo en forma ilegal. El ejemplo más evidente es el caso de Chaco, todos los desmontes realizados en 2023 fueron ilegales debido a que rige una suspensión establecida por la Justicia provincial desde 2020 por la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). En tanto, en Santiago del Estero el 80% de los desmontes fueron ilegales.
Si bien es alentador que desde 2014 se evidencie una disminución de la deforestación, cercana al 40% respecto del promedio de la década previa a la Ley de Bosques sancionada en 2007, aún más de la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido.
La principal causa de la pérdida de bosques nativos es el avance de la frontera agropecuaria, principalmente para ganadería intensiva y soja transgénica que tiene a Asia y Europa como mayor destino.
No es el único impacto de esas prácticas, si se considera que la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la deforestación representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Argentina y contribuyen, así, a una crisis climática de consecuencias ya evidentes.
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Bajo el signo de la gestión de Milei: qué cambios tendrá la agenda para el saneamiento del Riachuelo

Fecha de Publicación: 17/04/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


El ente tripartito que debe encargarse de la tarea redujo en un 50% su estructura y tiene un presupuesto acotado; priorizará la limpieza y los tratamientos residuales; así lo explicó hoy el presidente del organismo designado por el gobierno nacional, Lucas Figueras
Con una exposición a libro cerrado, el nuevo presidente designado en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Lucas Figueras, que representa al gobierno nacional, presentó hoy el plan de acción del ente tripartito, integrado también por la Ciudad y la Provincia, para el saneamiento del Riachuelo, el cauce más contaminado del país en el que habita uno de cada 10 argentinos. Expuso en el Juzgado Federal Nº2 de Morón la agenda que definió –tras el cambio de gestión– cuál será el destino de la entidad este año. El funcionario ya ocupó el cargo durante la presidencia de Mauricio Macri y retoma el mando en un escenario de gran limitación presupuestaria para el organismo que recortó hasta el momento la mitad de su estructura.
Los ejes de la propuesta pretenden a través de un ente reducido enfocar los recursos en el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema en la causa “Mendoza” que en 2008 ordenó la recuperación de la zona tras el desastre ambiental. El diseño del manual de Acumar hizo referencia al cambio climático, definió qué obras serán prioritarias y que continúan en su gestión, adelantó la eliminación de contratos con intermediarios como los cooperativistas que hoy desempeñan tareas en la limpieza de los márgenes y superficie del río, cuál será la asistencia social que se mantiene en la población afectada y sentó las bases para ampliar y facilitar la radicación de empresas en la Cuenca.
El funcionario asistió a la Justica luego de ser citado por el juez Jorge Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº2 que ejecuta la sentencia  “Mendoza” en la que fueron condenados el Estado nacional, el provincial, y el de la Ciudad, Acumar y 44 empresas por daño ambiental. El motivo de la citación fue que hasta el momento el organismo había omitido presentar el informe trimestral sobre los avances en el Riachuelo. Rodriguez ordenó entonces que Figueras explique el plan de acción, los objetivos que pretende cumplir y las dificultades para alcanzarlos.
Por orden judicial la presentación no pudo ser delegada en otro funcionario y tuvo que realizarla el nuevo presidente, que adelantó el plan por escrito en el expediente al que accedió LA NACIÓN. En la audiencia también participaron los miembros del Cuerpo Colegiado que fueron designados por la Corte Suprema para auditar y monitorear los avances en el cumplimiento de la sentencia. No pudieron realizar preguntas ni intervenir en la exposición.

Ajustes
El plan de acción definió las políticas que se mantendrán y las que desaparecen. Un punto central fue el presupuesto acotado. Acumar tiene para este año fondos congelados de $19.000 millones, los mismos que tuvo en 2023 que le fueran asignado por la prórroga del Presupuesto Nacional de ese año, que fue elaborado en 2022, cuando la inflación anual no alcanzaba los tres dígitos como ahora. Acumar redujo la estructura del organismo en un 50% (pasó de 130 personas a 65) mediante la eliminación de las “unidades operativas cuya competencia se solapaba con otras áreas o no tenían una vinculación directa con el cumplimiento del Programa de Saneamiento que ordena el fallo”. En definitiva, señalaron desde el ente, desaparecieron las oficinas que repetían funciones o roles. “Se eligió mantener solo los recursos que están directamente vinculados a cumplir el fallo y se descontinuaron tareas como por ejemplo financiar una bicicleteada por la Cuenca”.
Por otro lado, sostuvieron, había tareas duplicadas como los muestreos de la calidad de aire, agua y suelos que realizaban tanto Acumar como Aysa y laboratorios por convenio. “Por supuesto que se va a mantener la continuidad del muestreo de calidad de aire y agua y suelos, pero a través del laboratorio que es propio de Acumar”, sostuvieron desde el organismo.
La reducción del ente, de acuerdo con Figueras, derivó en una disminución de gastos en la planta política, programas y acciones que no estaban vinculadas directamente con el cumplimiento del fallo a la vez que se suprimieron programas y fondos que sí estaban ligados al saneamiento. “Por ejemplo, la eliminación de intermediarios en los sistemas de planes sociales impide continuar, en los términos que venían desarrollándose, las vinculaciones con cooperativistas en la limpieza de márgenes”. El caso de los cooperativistas no nace del propio recorte de Acumar, sino que se trata de una consecuencia de la descontinuación por parte del Ministerio de Capital Humano del plan Potenciar Trabajo que impactó en la operación que realizaban estos grupos en la limpieza. Desde el organismo sostuvieron que están negociando con los municipios para que absorban el gasto para mantener su actividad.
El organismo a su vez evalúa la posibilidad de transferir progresivamente al Estado nacional y a los municipios que componen la Cuenca algunas responsabilidades y competencias, aunque no definió específicamente cuáles serían las tareas de las que se desligaría ya que se encuentra en tratativas con los gobiernos comunales.

Obras prioritarias en el Riachuelo
Las obras que aseguró su continuidad y que tienen el visto bueno del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, son las más grandes que provienen de financiamiento del crédito internacional del Banco Mundial. Una es el Sistema Riachuelo, que bordea el margen de la ciudad de Buenos Aires en un megacolector de 30 kilómetros de túneles que recolectan los desechos cloacales. Su construcción incluye el Emisario Subfluvial, que recorre 12 km del lecho del Río de la Plata para liberarlos en aguas abiertas y una planta de pretratamiento de los residuos que está avanzada en un 86%.
Por otro lado, informó que continuará con el Sistema Agua Sur, obra que está ejecutando Aysa y que se prevé que finalizará en 2027 para expandir la red de agua potable, y con la Planta Depuradora de Laferrere que tiene como fin tratar el líquido cloacal con impacto en 150.000 habitantes. Se está construyendo en La Matanza a la altura del arroyo Morales y avanzó un 14%.
Un punto que podría modificar la presencia de las empresas que componen la Cuenca es la puesta en funcionamiento del Parque Industrial de Curtidores, cuyas obras están demoradas. Si bien el crédito del Banco Mundial que lo financia termina en septiembre próximo, Acumar aseguró que cuenta con la aprobación del organismo para prorrogarlo y finalizar la planta de tratamiento de los contaminantes del polo de curtiembre radicado en Lanús, que estaría completada en un 75%.
“Por la crisis de los últimos años disminuyó casi en un 60% la cantidad de curtiembres que había activas al momento de iniciado el proyecto, lo que nos obliga a abrir más el abanico a otras industrias que trabajan en la Cuenca y que puedan ser incorporadas al Parque Industrial Curtidor, que no va a ser solamente curtidor, sino que abierto a más industrias para poder llegar al número de emprendimientos necesarios para poder operarlo”, sostuvieron a LA NACIÓN voceros de Acumar. Y agregaron: “La industria de curtiembre por el estilo de efluentes es de las más contaminantes, por lo que la planta de tratamiento va a tener capacidad de recibir industrias menos contaminantes que se adapten a su sistema, como frigoríficos, pinturerías y derivados.”.

Desafíos y asistencia social
El presupuesto reducido será un desafío para mantener la limpieza de los márgenes del río y el espejo de agua, terminar con la extracción y desguace de buques abandonados, limpiar los basurales –tarea que hoy realizan las empresas Covelia, ligada al gremio de camioneros, y Ashira– y terminar con el despeje del camino de sirga que libere finalmente las orillas de asentamientos y obstrucciones. Según detalló el organismo, esta última iniciativa se encuentra avanzada en un 89% y aún resta la relocalización de vecinos de la Villa 26 de la ciudad.
Otro desafío será conservar los humedales y áreas protegidas como las reservas naturales de Santa Catalina, Bosques Ciudad Evita y la Laguna de Rocha. Allí, deberán lidiar con la multiplicación en los últimos años de usurpaciones, asentamientos consolidados y desarrollos inmobiliarios no autorizados.
En cuanto a la asistencia social, Figueras detalló que habrá un refuerzo de los corredores sanitarios con los sistemas municipal, nacional y provincial, y en la atención ambulatoria en los barrios de difícil acceso mediante el uso de unidades móviles. Sostuvo que a los efectos de disminuir la mortalidad infantil se mantendrá el monitoreo de la situación ambiental epidemiológica, se consignarán nacimientos y defunciones por anomalías congénitas y enfermedades oncológicas y que estará garantizado “el acceso a la atención de alta complejidad neonatal”. Acumar pretende, a su vez, tener una mayor penetración en los barrios mediante mesas de participación vecinal sobre la “adaptación al cambio climático en lo referente a temperaturas extremas y catástrofes climáticas”.
Por último, Figueras sostuvo que habrá una revisión de los criterios para definir los barrios más vulnerables y el riesgo ambiental a través de un entrecruzamiento con los datos del Censo 2022.
En simultáneo la Corte Suprema ordenó a los dos juzgados federales que ejecutan la sentencia “Mendoza” que informen en los próximos 30 días los avances que hubo a 15 años del fallo. Uno es el que está a cargo del juez Rodríguez, en el que expuso hoy Figueras. El otro, es el Nº12 en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por Milei para integrar la Corte Suprema.
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