San Jorge: el Gobierno negó que haya temor a un rechazo masivo y defendió la audiencia en medio de la montaña

Fecha de Publicación: 01/07/2025
Fuente: Portal ElEditorMendoza
Provincia/Región: Mendoza

La audiencia pública por San Jorge se hará el 2 de agosto en el medio de la montaña en pleno invierno. Vecinos y Asambleístas reclaman cambio de lugar.
El director de Minería, Jerónimo Shantal, justificó la decisión de realizar la audiencia pública por San Jorge en el medio de la montaña de Uspallata en pleno invierno. En ese sentido, dijo que el Ejecutivo ya hizo talleres con la posibilidad de preguntas y respuestas y que el Gobierno pretende "dar una idea del lugar donde va a estar la mina". La audiencia es una de las instancias que cumplir para habilitar la discusión legislativa de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), una instancia que el oficialismo espera cerrar antes de fin de año.
Shantal negó que Alfredo Cornejo busque evitar la masividad de una audiencia como la de octubre de 2010, cuando se anotaron 700 personas y más de 2 mil estuvieron en Uspallata cuando se rechazó de forma masiva el proyecto.
"Queda casi en el llano, es a 20 minutos de la ciudad. nosotros podríamos desarrollar la audiencia en la Dirección de Minería, o en Puente del Inca, o en Las Cuevas. Nosotros estamos garantizando el acceso público, que la gente pueda ingresar de modo virtual y la posibilidad de que se pueda ir siguiendo la audiencia", dijo en Mdz sobre el lugar en medio del cerro San Jorge.
"Queremos que la gente al momento de la audiencia tenga mayor conocimiento técnico de dónde se va a hacer el proyecto", agregó.

Cinco minutos por orador
Shantal dijo que el Gobierno hizo visitas al sitio y que hay un antecedente similar de audiencia !in situ: "Fue la que hicimos por la mina de talco. Con la audiencia por la mina Don Ernesto nos fue muy bien, con la conectividad que hay todo el mundo se pudo expresar. Mientras exista el acceso on line...". Y agregó: "Nos han felicitado por este tipo de acciones. La gente puede conocer dónde se va a hacer".
Sin ánimo de modificar el lugar de la audiencia pese a los reclamos de vecinos y asambleístas de Uspallata y de la acción en la justicia interpuesta por el Partido Verde, Shantal indicó que esta vez se dará 5 minutos a cada orador y no 3, como en la audiencia de 2010.

Los "talleres participativos" en Uspallata
El funcionario destacó como instancia de diálogo los talleres que viene realizando la Dirección de Minería. La Asamblea de Vecinos ha rehusado participar de los mismos, y explicó en un comunicado las razones.
"Venimos desarrollando un proceso de comunicación y talleres. En los talleres que hemos estado realizando existe la posibilidad de preguntas y respuesta. Reforzamos los talleres e invitamos a la comunidad y a las asambleas, que nos dijeron que no porque no quieren diálogo", sintetizó el funcionario.
"Empezamos a hacer visitas al sitio y el antecedentes es una audiencia que hi8cimos por la mina de talco. Con Don Ernesto nos fue muy bien, con la conectividad que hay todo el mundo se pudo expresar", se explayó. Esta audiencia, no obstante, fue realizada en abril, con otras condiciones climáticas.

Más Información:

Audiencia por San Jorge en medio de la montaña: "Es una trampa diseñada para desalentar la participación"
La decisión de Alfredo Cornejo de enclavar la audiencia pública por el Proyecto San Jorge en el medio de la montaña en pleno invierno generó la reacción inmediata de vecinos y asambleístas que repudiaron lo que creen, lisa y llanamente, una trampa.
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Probation para un empresario petrolero en Centenario: la situación de otra compañía de servicios

Fecha de Publicación: 01/07/2025
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


La firma accedió a una probation por contaminar un desagüé con residuos del fracking. Otra empresa consiguió una licencia comercial en ese predio. Detalles.
La justicia penal de Neuquén avaló una probation de tres años para el dueño de una empresa petrolera en Centenario que vertía residuos del fracking en canales de riego en Centenario, en el predio de la exjuguera. Sin embargo, una derivación de ese mismo caso tuvo un final mucho más exigente en el plano político: otra firma, BM Inspecciones, que compartía ese espacio con la cuestionada Monali SAS, fue autorizada a operar, pero bajo estrictas condiciones, tras un debate en el Concejo Deliberante.
Vale recordar que la jueza de garantías Carina Álvarez homologó el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de un hombre, titular de Monali SA.S., imputado por haber arrojado líquidos contaminantes con hidrocarburos al desagüe principal de la ciudad entre enero y agosto de 2024. Se trataba de efluentes provenientes del lavado de maquinaria petrolera, que fueron canalizados ilegalmente al sistema hídrico de Centenario.
El empresario accedió a una suspensión de juicio a prueba (probation) por tres años, con la obligación de cumplir pautas de conducta, remediar el predio y destinar $300.000 en materiales de construcción a una organización civil. A pesar del daño ambiental constatado, la sanción penal fue considerada por muchos sectores como leve.
 El ingreso a la exjuguera donde estaba la empresa que vertió líquidos a los desagües. Ahora BM Inspecciones logró tener la licencia comercial por cinco años y tiene que remediar lo que dejó la otra empresa judicializada.
En paralelo a ese proceso, el Concejo Deliberante de Centenario aprobó hace unos días, por unanimidad, la licencia comercial por cinco años para BM Inspecciones, otra de las empresas que operaba en el predio de la ex Jugos del Sur. Pero la habilitación no fue automática ni sencilla. Los concejales impusieron condiciones duras y específicas, que incluyen la obligación de asumir parte de la remediación del daño ambiental que dejó la empresa vecina.

Empresa de Vaca Muerta: cómo le dieron la licencia comercial
El tema, de todas maneras, no cerró por la lógica, ya que le dieron seis meses para remediar, mientras que a la otra empresa que asumió la condena, tres años. Si bien BM Inspecciones no fue imputada penalmente, la presión pública y el antecedente del escándalo obligaron al órgano político a intervenir con mayor firmeza que la propia Justicia.
Esa diferencia de criterios generó malestar entre empresarios y vecinos. Sin embargo, ni los concejales sabían la decisión judicial que se iba a tomar con Monali SAS y le extendieron una licencia comercial a la empresa que quedó adentro del predio, que de alguna manera no se sabe si fue testigo de la contaminación, estando tan cerca a metros, una de otra.
Pero la polémica no termina ahí. Una de las preguntas que surgió en el debate es cómo una empresa de servicios petroleros puede operar durante años en medio de las chacras, sin licencia comercial, sin habilitación de Recursos Hídricos, sin inscripción como generadora de residuos peligrosos ni estudios de impacto ambiental actualizados.
Es más, en ese lugar que es zona rural, hace un par de años un taller de chapa y pinturas que trabajaba con solventes tuvo que abandonar el predio. Sin embargo, estas empresas de servicios, que operan por perfilados, siguen apostadas. ¿'Cuál es la razón? Nadie sabe.
En contraste, otras compañías que trabajan en la industria deben someterse a estrictos controles ambientales, pagar tasas elevadas, contratar auditorías externas y hasta certificar normas de calidad ISO 9001 para poder seguir funcionando. El caso de Monali SAS y la empresa que quedaron en el precio, sala a la luz que a todos se los mide con distinta vara.
La firma fue multada con $10,3 millones en 2023 por la jueza de Faltas Carolina Vidal. Pero más allá de la sanción económica, operó caños sin controles efectivos ni intervenciones a tiempo. BM Inspoecciones no tuvo sanciones (las inspecciones municipales no hallaron irregularidades graves y hubo voluntad de trabajo) y logró la licencia comercial definitiva por cinco años, pese a que convivía en el mismo predio con Monali SAS.
El predio en cuestión de la exjuguera es una marca registrada ene la historia de Centenario. Allí funcionaba la antigua Jugos del Sur SA, una planta frutícola que cerró hace años y cuyos dueños estaban en división de bienes desde hace años. Ell galpón reciclado en instalaciones industriales albergaba al menos tres empresas vinculadas a la industria del petróleo: Monali SAS, un taller de soldadura y BM Inspecciones.
Desde hace años, vecinos de las zonas rurales advertían movimientos irregulares como el lavado de flota pesada con agua subterránea, olores fuertes, presencia de hidrocarburos en los desagües. Una torre de acero entre las alamedas se volvió símbolo del avance petrolero en zonas tradicionalmente agrícolas.

Residuos del fracking, directo al río Neuquén
Las inspecciones municipales constataron que los efluentes iban directo a los canales de riego a través de un caño clandestino. A pesar de las actas labradas en abril y mayo de 2024, la actividad no se detuvo. La clausura preventiva recién llegó después del escándalo.
Lo ocurrido en Centenario se transformó en una postal del modelo que avanza en lo poco que queda de la zona rural en Neuquén. Las áreas cultivadas, donde antes predominaban las chacras y el cultivo de manzanas, hoy conviven con torres petroleras, camiones pesados y empresas que muchas veces operan en la informalidad o con escasa fiscalización.
La torre ficticia (se hacen reparaciones) que se alza en medio de las alamedas resume esta transformación. Es parte del decorado de una ciudad que empieza a oler más a petróleo que a fruta. Una ciudad donde, al parecer, algunas empresas pueden operar sin licencia ni permisos, mientras otras deben pagar costos millonarios por cumplir con las normas.
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La Justicia investiga otra vez a Atanor por vertidos de efluentes industriales con una conexión clandestina

Fecha de Publicación: 30/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires


La irregularidad en la fábrica de agroquímicos de San Nicolás, que estuvo cerrada durante varios meses en 2024 tras la explosión de un reactor, fue constatada por el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires. La firma cuenta con una condena por daño ambiental en su haber
En marzo de 2024, la planta que la empresa Atanor tiene en San Nicolás, que fábrica agroquímicos, sufrió la explosión de un reactor que obligó a evacuar los barrios aledaños y a clausurar el predio donde funciona. Tras ese episodio, reabrió sus puertas en noviembre pasado. Pero una inspección del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires en junio de este año marcó una grave inconsistencia por vertidos de efluentes industriales en el suelo que está dentro del mismo predio y que se encuentra muy cercano a la barranca del río Paraná.
Esta irregularidad surge de un informe tras una inspección hecha el 9 de junio por agentes de la Autoridad del Agua (ADA), organismo que depende del Ministerio de Ambiente bonaerense. La exposición del mismo tuvo lugar cuatro días después en una audiencia en la que participaron ocho funcionarios del ADA junto a la jueza que entiende en la causa, Luciana Díaz Bancalari.
El informe, al que tuvo acceso La Capital, constató la existencia de una bomba que evacuaba líquidos al “suelo natural”. Y según se desprende del acta de la audiencia mencionada, los representantes del ADA detallaron la existencia de una “conexión clandestina” que volcaba efluentes industriales al referido suelo.
Desde Greenpeace, ONG que sigue de cerca las acciones de la firma, detallaron a este medio que el sector en cuestión está muy cerca de la barranca del río Paraná, “por lo que la descarga representa un nuevo riesgo inminente de contaminación hídrica”.
El acta que hicieron los agentes de la ADA dio cuenta de la existencia de “encharcamientos en el suelo natural” y “líquidos acumulados” que, con la bomba mencionada, se expulsaban hacia el exterior desde el sistema de tratamientos de efluentes industriales de Atanor. “Esto incumple la prohibición expresa de vuelcos que pesaba sobre la empresa”, señalaron desde Greenpeace.

Condena reciente
El abogado de la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea), Fabián Maggi, afirmó que esta situación “refleja el accionar criminal de una empresa que no sólo contamina sino que, además, desafía las decisiones judiciales y pone en riesgo a comunidades enteras”.
La referencia del letrado es hacia una condena que ya pesa sobre Atanor. A principios de 2023, la Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo por daño ambiental de incidencia colectiva y dictó una sentencia definitiva contra la firma por considerar que ocasionó contaminación ambiental tras volcar sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin ser correctamente tratadas.Por esta reiteración de infracciones, Maggi indicó que se presentó el pedido una medida cautelar para “tratar de frenar el desmanejo que la empresa hace de sus efluentes industriales, que son residuos peligrosos por la actividad que despliega”.
“Pese a estar clausurado el vuelco, siguen volcando a través de bombas clandestinas y de mangueras”, resaltó en diálogo con La Capital. Y profundizó sobre la medida cautelar solicitada a la jueza Díaz Bancalari: “Se intenta darle un corte al circuito de agua. Si Atanor no puede extraer agua de las napas subterráneas y no puede usar el agua del río, le impedimos la posibilidad de que genere efluentes líquidos industriales y, de esa manera, logramos proteger el ambiente impidiendo que vuelquen clandestinamente como lo vienen haciendo hasta ahora.

Incumplimientos de Atanor
En línea con el abogado, la especialista en biodiversidad Agostina Rossi Serra, que forma parte del equipo de Greenpeace, remarcó: “Este nuevo vuelco clandestino confirma lo que venimos denunciando: Atanor opera con total impunidad, repite prácticas ilegales, desobedece fallos judiciales, y pone en riesgo al ambiente y a la salud de toda la población”.
“No estamos ante un accidente sino frente a un patrón sistemático de contaminación, y estamos frente a una empresa reincidente que ya fue condenada por causar daño irreversible al río Paraná. Es urgente que la Justicia actúe con firmeza y que el Estado garantice controles reales para que esto deje de ocurrir”, agregó.
Por parte, Maggi puntualizó que no sólo la firma reincide sino que, además, viola compromisos asumidos que fueron pactados con la jueza para poder reabrir su planta a finales del año pasado. Este fue el principal motivo por el que el abogado que representa a Fomea ingresó el pedido de medida cautelar.
Tras la audiencia del 13 de junio, Díaz Bancalari notificó a la Fiscalía General departamental y a la Fiscalía Federal para que investiguen la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos y personal de la empresa.
Por su parte, la magistrada pidió que esta nueva irregularidad detectada por la ADA se sume al expediente asociado a la medida cautelar que, en marzo del año pasado, había clausurado la actividad en la planta tras la explosión. A su vez, solicitó al organismo dependiente del Ministerio de Ambiente bonaerense otro informe para magnificar el impacto ambiental por los vuelcos y sus riesgos asociados.
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Agroquímicos: la Justicia sostuvo la prohibición de su uso a mil metros en Mar del Plata

Fecha de Publicación: 30/06/2025
Fuente: El Día 
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia confirmó una medida vigente desde 2014 que impide el uso de plaguicidas y fertilizantes en cercanías de áreas pobladas. El municipio de General Pueyrredon deberá hacerla cumplir.
En Mar del Plata, la Justicia ratificó el 23 de mayo de 2024 la prohibición del uso de agroquímicos dentro de un radio de 1.000 metros desde los límites de las plantas urbanas o núcleos poblacionales. La medida, que continúa vigente, fue comunicada por el municipio de General Pueyrredon a través de un parte oficial.
El cumplimiento responde a una resolución judicial dictada en 2014 en el marco de la causa “Picorelli Jorge Omar y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ Inconstitucionalidad Ordenanza N.º 21.296” (Expte. N.º 72.669), que tramita ante la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Como consecuencia, se mantiene suspendida la aplicación de los artículos 19, 23, 27 y 28 de la Ordenanza N.º 21.296/2013.
De esta forma, rige plenamente la Ordenanza N.º 18.740/2008, que prohíbe el uso de productos químicos o biológicos de uso agropecuario y/o forestal —como plaguicidas y fertilizantes— dentro del perímetro definido.
Además, el municipio recordó que “deben cumplirse las demás medidas de prevención y protección del ambiente y de la salud de la población previstas en las Ordenanzas N.º 18.740/2008 y N.º 21.296/2013”, tal como lo dispuso el Tribunal interviniente.
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Indignación del sector agroexportador y ganadero con la Unión Europea por el reglamento de deforestación

Fecha de Publicación: 28/06/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


En base a la explicación del presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, “los que han deforestado pos diciembre 2020, no van a permitir que se venda el producido de esa tierra a la Unión Europea”. 
El nuevo reglamento contra la deforestación de la Unión Europea repercutió de manera negativa entre los exportadores de granos y carne de Argentina. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores.
“Esta es una resolución, la 1115/2023, que dicta el Parlamento de la Unión Europea”, explicó Fernando Rivara. Y precisó: “Básicamente dice que los que han deforestado pos diciembre 2020, o sea, a partir del primero de enero del 2021, no van a permitir que se venda el producido de esa tierra a la Unión Europea”.

Evitar el cambio climático: un objetivo en común
Aunque dijo compartir el objetivo general, “compartimos un poco la mirada de hacer acciones para evitar el cambio climático”, criticó el enfoque burocrático: “El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.
Según Rivara, “hay una serie de burócratas que están en un parlamento y que ven la exigencia de sus votantes de que hagan algo. Es como se hace una resolución y listo, ya está, ya cumplimos”.

Controversias en el reglamento contra la deforestación de la Unión Europea
Uno de los puntos más controversiales del reglamento es la exigencia de que no se mezclen productos provenientes de campos certificados con los que no lo están. “La Unión Europea pretende que el poroto que venga de un campo certificado no se pueda mezclar con el poroto que venga de un campo no certificado”, explicó. Ante este panorama, expresó su rechazo: “No tiene sentido, no tiene sentido práctico, no tiene fundamentación técnica”.
El presidente de la Federación de Acopiadores remarcó que la trazabilidad ya está garantizada mediante herramientas propias del sistema comercial argentino: “La carta de porte es una herramienta comercial, que solamente existe en Argentina, y que amerita de manera clara y concreta la procedencia del poroto de soja”.
Sobre la misma línea, explicó que, ante este escenario, el sector desarrolló una alternativa: “Se ha desarrollado un sistema en donde la persona que deforesta se identifica con las cartas de porte”.
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El atropellamiento de un margay reaviva el reclamo por protección de la fauna

Fecha de Publicación: 28/06/2025
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


La Policía de Misiones intervino el último martes por la noche ante el hallazgo de un ejemplar de margay (Leopardus wiedii), sin vida, a un costado de la avenida 20 de Junio, en el acceso al barrio Tupi, en Puerto Esperanza. El animal, una especie protegida de la selva misionera, habría sido víctima de un atropellamiento.
El aviso fue recibido alrededor de las 20.40 horas mediante un llamado telefónico anónimo, que alertó sobre la presencia de un animal silvestre atropellado en la zona. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría de Puerto Esperanza constataron que se trataba de un margay adulto, macho, de aproximadamente 7 kilos.
El felino ya no presentaba signos vitales y fue identificado con la colaboración de guardaparques del Ministerio de Ecología, quienes confirmaron que se trataba de un ejemplar nativo de la región.
Siguiendo el protocolo correspondiente, el cuerpo del animal fue trasladado a un sitio seguro para que continúe su ciclo natural de descomposición, sin generar riesgos sanitarios ni ambientales.
El margay, también conocido como tigrillo, es una especie protegida en la provincia de Misiones y forma parte del valioso ecosistema de la selva paranaense. Ante este hecho, desde la Policía reiteraron la importancia de conducir con precaución en zonas cercanas a áreas naturales y reservas, para evitar accidentes que afecten a la fauna silvestre.
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Crueldad animal: en Mendoza organizan peleas con una de las especies de aves más traficadas de la Argentina

Fecha de Publicación: 27/06/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Mendoza


El pepitero de collar tiene actitudes territoriales por naturaleza. Los organizadores aprovechan ese comportamiento para cazarlos y hacerlos participar en enfrentamientos entre machos de la especie
“Esto sirve para dimensionar hasta dónde llega la locura humana de usar a los animales”. La afirmación es del jefe del Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza, Adrían Gorrindo, repartición que frecuentemente secuestra, en diversos operativos en esa provincia, varios ejemplares de pepiteros de collar (también conocidos como “siete cuchillos” o “pica huesos”) que se usan en la región para organizar peleas entre machos de la especie.
El pepitero de collar (de nombre científico Saltator aurantiirostris) es una de las especies que suelen encontrarse en decomisos de tráfico de fauna y si bien su estado de conservación no es preocupante, sí lo es la crueldad a la que se someten a los ejemplares.
Las peleas que se organizan siempre son entre machos de la especie, que tienen actitudes territoriales y confrontan con otros pepiteros por una cuestión natural. No lo hacen por agresión ni por competencia, son actitudes propias de estos pájaros.
Los organizadores de las peleas aprovechan esta condición y, además, “entrenan” a los pájaros con espejos frente a sus jaulas para que, al verse reflejados, reaccionen agresivamente. Esto los hace llegar a tal punto de estrés y estado de alerta que los obliga a estar siempre listos para atacar o, en la lógica del animal, para marcar territorio.

Ejemplo de crueldad
“Esta especie es una de las que más presión de caza tiene en Mendoza", explicó Gorrindo a TN. También contó que suelen detectar ejemplares de pepiteros en requisas sobre personas que vienen de otras provincias, por lo que la problemática escala a nivel regional.
“La causa principal de la tenencia de este animal es para tenerla como ave de canto. Se adapta muy bien al cautiverio y quien compra es para tenerlos enjaulados”, explicó el funcionario, quien agregó que, además, “algunos inescrupulosos los usan para competencias de peleas”.
Las peleas que se organizan siempre son entre machos de la especie, que tienen actitudes territoriales y confrontan con otros pepiteros por una cuestión natural. No lo hacen por agresión ni por competencia, son actitudes propias de estos pájaros.
Los organizadores de las peleas aprovechan esta condición y, además, “entrenan” a los pájaros con espejos frente a sus jaulas para que, al verse reflejados, reaccionen agresivamente. Esto los hace llegar a tal punto de estrés y estado de alerta que los obliga a estar siempre listos para atacar o, en la lógica del animal, para marcar territorio.

Ejemplo de crueldad
“Esta especie es una de las que más presión de caza tiene en Mendoza", explicó Gorrindo a TN. También contó que suelen detectar ejemplares de pepiteros en requisas sobre personas que vienen de otras provincias, por lo que la problemática escala a nivel regional.
“La causa principal de la tenencia de este animal es para tenerla como ave de canto. Se adapta muy bien al cautiverio y quien compra es para tenerlos enjaulados”, explicó el funcionario, quien agregó que, además, “algunos inescrupulosos los usan para competencias de peleas”.
Además, Mendoza adhiere a la ley 22.421, normativa que vela por la conservación de la fauna a nivel nacional, desde 1981 (año en el que se sancionó). Capturar fauna protegida es un delito al que le puede corresponder un castigo en el fuero penal, además de la multa correspondiente que hoy, por cazar pepiteros de collar en esa provincia, asciende a $1.500.000. “Según la gravedad del caso, se puede llegar a un juicio”, agregó el jefe de Fauna.
Según indicó el funcionario,en las investigaciones de los últimos años, no pudieron dar con los organizadores de peleas, pero sí desarrollaron allanamientos en los que se van rescatando a estas aves. “Bajaron la exposición en redes sociales, que son usadas para la venta de ejemplares, pero no están tan expuestos como antes”, detalló Gorrindo, que además dio cuenta de que “siempre hay dinero de por medio” en estas situaciones .

Tráfico en alza
Desde Aves Argentinas señalaron que el pepitero de collar tiene una amplia extensión en el continente, que va desde el norte de la Patagonia hasta Perú. Se lo puede encontrar en múltiples espacios, que van desde bosques abiertos y matorrales hasta parques urbanos.
“Es una de las especies que se suelen encontrar en decomisos de tráfico ilegal de fauna silvestre. Se los busca por su canto llamativo”, explicó a TN Cecilia Maqueda, coordinadora del Programa Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre de la ONG Aves Argentinas.
El programa que coordina realizó una investigación en redes sociales entre 2020 y 2024 en la que encontraron que sólo en Facebook se ofrecieron unos 488 pepiteros para la venta. “Facebook es la red social donde el tráfico de fauna es enorme y totalmente impune”, sumó.
Teniendo en cuenta esta cifra, Gorrindo consideró que si bien actualmente no está en peligro la especie, “si sigue esta demanda y presión de captura, el día de mañana nos vamos a encontrar con un cambio en el estado de conservación”.
A su vez, Maqueda dijo que el pepitero no es la única especie se trafica para ser vendida “como mascota o para grandes coleccionistas”. Por la misma situación pasan otras aves autóctonas como el cardenal copete rojo, las corbatitas, las cabecitanegras, las reinamoras, los loros habladores y los barranqueros. Uno de los que más preocupa es el cardenal amarillo, que se encuentra en peligro de extinción y que, agregó el jefe de Fauna de Mendoza, también se usa para organizar peleas.
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En Misiones, el desmonte no para: En 30 años se perdieron cerca de 130 mil hectáreas de bosque nativo, dentro del Corredor Verde de esa provincia

Fecha de Publicación: 27/06/2025
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Misiones


El Bosque Atlántico, que se extiende por Brasil, Paraguay y Argentina, es uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Dentro de el, la ecorregión conocida como Selva Paranaense –ubicada en la provincia de Misiones- alberga a gran parte de las especies nativas del país. Aún así, es una de las zonas más amenazadas por el desmonte.
En un intento por protegerla, en el año 2000 se creó el Corredor Verde Misionero, con el objetivo de conservar y conectar a las principales áreas protegidas de esa provincia. Sin embargo, ahora un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) mostró que entre 1990 y 2020 se deforestaron allí casi 130 mil hectáreas de bosques nativos, lo que representa un 13% del área original de ese corredor.
“Se estima que el Bosque Atlántico cuenta con menos del 10% de su cobertura original, y su remanente principal en la Argentina está en la Selva Paranaense de Misiones. Esta ecorregión contiene más de la mitad de las especies del país y brinda servicios ecosistémicos claves como regular el ciclo hidrológico, almacenar carbono o proveer alimentos y otros medios de vida para las comunidades locales”, explicó Luis Sangel Polo Perdomo, egresado de la Escuela para Graduados de FAUBA, al medio Sobre la Tierra.
La tesis de especialización de Perdomo se enfoco en la deforestación y fragmentación de los bosques nativos, utilizando imágenes satelitales y teledetección, entre otras herramientas.
“Cuando se combinan el desmonte con la fragmentación, se genera un paisaje más hostil para la biodiversidad y la dinámica de los ecosistemas”, dijo el egresado.
Y detalló a continuación: “La superficie de bosque que quedó se dividió en fragmentos más pequeños y aislados. El tamaño promedio de cada parche pasó de 285 a 215 hectáreas. El número de parches se duplicó y la distancia entre ellos aumentó de 94 a 246 metros. Se perjudica la migración de especies y la dispersión de semillas, y facilita la entrada de especies invasoras, entre otros efectos negativos”.
Si bien en Argentina existe desde 2007 el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que definió zonas de conservación (en rojo aquellas en las que no se puede intervenir, en amarillo las que se pueden aprovechar en forma sostenible, y en verde las que se pueden transformar), la herramienta no logró un impacto duradero en el tiempo.
“Logró un impacto positivo pero no constante. Misiones armó su ordenamiento en 2010. Entre 2010 y 2015 se dio la tasa de desmonte más baja de los 30 años que analicé. Sin embargo, después del 2015 se disparó la tasa y volvió a valores previos al ordenamiento”, resaltó Polo Perdomo.
De acuerdo con el análisis realizado, la fragmentación se mantuvo baja en la categoría roja, aumentó en la amarilla y fue crítica en la verde.
“Por sí solo, el ordenamiento territorial no garantiza la conservación de los bosques. Es necesario complementarlo con restauración, monitoreo y gestión participativa”, sostuvo el investigador.
El trabajo también permitió identificar la zona donde el proceso de trasformación fue más intenso. Se trata del departamento de San Pedro, entre las localidades de Dos Hermanas y Pozo Azul, a ambos lados de la ruta provincial que conduce a El Dorado.
“Busqué aportar a la discusión la necesidad de una gobernanza territorial que, además de regular el uso del bosque, también promueva de forma activa la restauración y la conexión ecológica. Es un tema muy complejo. Hay muchos actores e intereses involucrados. Espero que se le dé la importancia que se merece y que logremos implementar sistemas de producción más sostenibles”, concluyó Perdomo.
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Probation para un empresario petrolero: tenía un lavadero clandestino para caños del fracking

Fecha de Publicación: 26/06/2025
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Una jueza le concedió una probation tras reconocer el delito de contaminación. Operaba en el predio de un exjuguera en zona de chacras con otras empresas.
El dueño de una empresa de servicios petroleros que operaba en el predio de la ex Juguera de Centenario accedió a una suspensión de juicio a prueba, tras ser acusado por el Ministerio Público Fiscal por contaminación. Se comprobó que arrojaba residuos peligrosos y del fracking, a los canales de desagüe rurales que conducen al río Neuquén.
La jueza de garantías Carina Álvarez homologó este lunes el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa de F.D.O., responsable de la firma Monali SAS, que vertía líquidos contaminantes -provenientes del lavado de maquinaria pesada utilizada en la industria del fracking- directamente al sistema de riego de la ciudad.
La causa penal se inició en 2024 luego de múltiples denuncias de vecinos y de informes técnicos de la Municipalidad de Centenario. El lugar es en el edificio de la exjuguera, cerca del cementerio, una zona que aún es rural, pero que persisten algunas empresas de servicios petroleros.
La probation se extenderá por tres años y durante ese plazo, el imputado deberá cumplir con reglas de conducta, llevar a cabo tareas de remediación ambiental en el predio afectado y presentar la compra de materiales de construcción por un monto de 300 mil pesos, destinados a una organización civil sin fines de lucro.

Contaminación por residuos del fracking: dónde operaba la empresa
Además, el acuerdo impone que se presente un plan de saneamiento ante la Secretaría de Ambiente provincial, el cual debe incluir el vaciamiento y cauterización de piletas, la limpieza de contenedores, y la eliminación de residuos con trazabilidad.
La jueza Álvarez justificó su decisión en que el imputado no posee antecedentes penales y la pena prevista para el delito ambiental es de ejecución condicional. De hecho, es una persona que no es de Neuquén, sino de la vecina provincia de Río Negro, que había apostado a reconvertir la juguera en una empresa de servicios petroleros.
El caso tomó notoriedad porque la empresa Monali SAS, radicada en la ciudad de Neuquén y constituida en 2019, operaba en un edificio emblemático de Centenario. Es de la ex Jugos del Sur SA, una planta agroindustrial que supo dar trabajo a decenas de personas y que hoy está desmantelada y convertida en un predio compartido por firmas vinculadas al negocio petrolero.
Allí funcionaba un lavadero de flota pesada, donde se limpiaban camiones, tolvas y tubos de perforación con agua subterránea. También se limpiaban caños de perforación empetrolados.
Los residuos eran efluentes cargados de hidrocarburos, considerados peligrosos por la Ley Nacional 24.051 y especiales por la Ley Provincial 1875. Sin tratamiento alguno, se constató que eran arrojados de forma sistemática al desagüe que corre paralelo a las chacras y desemboca en el río Neuquén.
Los vecinos advertían desde hace años un movimiento inusual en la zona rural con camionetas petroleras, operarios, un tanque de almacenamiento y hasta el montaje de una torre ficticia, visible desde el cementerio. Todo a simple vista, entre las alamedas de un área agrícola. Los rastros de hidrocarburos en el agua llamaron la atención de los vecinos que todos los días pasaban por esa zona, cerca del Loteo Cabezas y de quienes practicaban deportes cerca del predio. Presentaron denuncias y se labraron actas. Pero durante la pandemia, ninguna inspección oficial detectó las maniobras. Recién a partir de abril de 2024, el Municipio de Centenario logró comprobar el vertido ilegal.
Las inspecciones documentaron que un caño clandestino llevaba directamente los fluidos contaminantes al desagüe entre el cementerio y un camino colector de la calle 4N y el edifico de la exjuguera. El acta del 12 de abril de 2024, que luego se reforzó con otra inspección el 10 de mayo, advertía del incumplimiento de los plazos y la persistencia del daño ambiental.
En su momento, la jueza de Faltas, Carolina Vidal, multó a la empresa con $10,3 millones por el derrame, el mínimo previsto por no tratarse de un infractor reincidente. La compañía fue clausurada preventivamente y se ordenó la adecuación de su sistema de tratamiento, que nunca se realizó.

Otras empresas en el mismo predio
Además de Monali SAS., en el predio funcionan al menos otras dos empresas: un taller de soldadura y la empresa BM Inspecciones. Pero sólo una quedó judicialmente involucrada por los derrames. Las demás están solicitando la licencia comercial, que aún no lograron y llegaron un acuerdo con la comuna para conservar las fuentes laborales, hasta que logren el trámite.
Pero la Municipalidad detectó otras irregularidades La firma no estaba inscripta como generadora de residuos peligrosos: no tenía permiso de Recursos Hídricos para usar agua subterránea; nunca presentó el tratamiento final de los residuos generados y funcionó casi cuatro años con avales dudosos y sin cumplir requisitos ambientales básicos.
El funcionamiento de empresas petroleras, o de servicios, ligadas a Vaca Muerta, en zona rural de Centenario, es un debate que está en boga y desde la comuna vienen advirtiendo que no harán cambio en el uso del suelo.
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Cazadores mataron a un ciervo de los pantanos, monumento natural de Corrientes

Fecha de Publicación: 26/06/2025
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


El operativo fue realizado por  Policía Rural y Ecológica. Los sujetos no contaban con permiso de caza. 
La Policía de Corrientes informó este lunes que detuvo a tres hombres que transportaban carne de un ciervo de los panantos, monumento natural de la provincia. 
El hecho se registró cuando la efectivos de la Policía Rural y Ecológica  de La Cruz pararon la marcha de los sujetos se movilizaban en motocicleta. 
El operativo tuvo lugar sobre la Ruta provincial Nº 145, donde los agentes observaron que llevaban media res de ciervo del pantano y un carpincho, sin contar con permiso de caza. También se hallaron armas blancas.
Intervino el fiscal Facundo Sotelo, quien ordenó el secuestro de la carne y las motos, y el inicio de una causa por depredación de fauna.
Firme control de la Policía Rural  protegiendo nuestra fauna local.
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Entre Ríos regula el uso de agroquímicos cerca de escuelas rurales

Fecha de Publicación: 25/06/2025
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La provincia aprobó un protocolo que establece zonas de aplicación, requisitos técnicos y condiciones de notificación para proteger la salud de estudiantes y docentes. El sector agropecuario cuestionó algunos puntos por considerarlos “excesivos”.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos oficializó, mediante la Resolución N.º 1109/25, el “Protocolo de actuación ante casos de aplicaciones con productos fitosanitarios en cercanías de escuelas rurales”. El documento establece zonas de exclusión, amortiguamiento y libre aplicación según la distancia a los establecimientos educativos y el tipo de equipo utilizado.
“Este protocolo pone en el centro la salud de niñas, niños y adolescentes del ámbito rural, sin desatender la producción”, declaró la secretaria del área, María Inés Farías. 

Zonas de aplicación y condiciones técnicas
El protocolo define tres zonas:
    Zona de Exclusión: se prohíbe toda aplicación en un radio de 15 a 500 metros, dependiendo del equipo utilizado.
    Zona de Amortiguamiento: permite el uso solo de productos de baja toxicidad (bandas azul y verde), con requisitos estrictos de aviso, supervisión técnica y condiciones climáticas.
    Zona de Libre Aplicación: habilita el uso de todos los tipos de fitosanitarios sin necesidad de notificación previa.
Además, en la zona intermedia se deberá notificar con al menos 48 horas de anticipación, ajustar las aplicaciones a contraturno escolar, y garantizar la presencia de un asesor fitosanitario habilitado. 


Reacciones dispares: el campo pide revisión
Desde el sector rural, surgieron críticas. Carlos Luján, referente de la Federación Agraria de Entre Ríos, sostuvo que “si bien coincidimos en la necesidad de regulación, los límites establecidos son desmedidos para la escala de muchos pequeños productores. Pedimos diálogo para evitar parálisis productiva”.
El protocolo también establece cómo actuar en caso de denuncias de aplicaciones indebidas, señalando como vía principal la exposición policial con documentación detallada y pruebas complementarias. 

Una herramienta para la convivencia rural
Con esta resolución, Entre Ríos busca marcar una hoja de ruta que equilibre la actividad agropecuaria con el derecho a un ambiente sano para los entornos escolares. Ahora resta ver cómo se instrumentará en el territorio y si se abrirá la mesa de diálogo con el sector productivo para lograr consensos.
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Este domingo se registró un nuevo sismo cerca de Añelo, dentro del área de Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 25/06/2025
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Neuquén


El temblor, de magnitud 3 y con epicentro cercano a una zona de fracking operada por YPF, se suma a una serie de eventos que investigadores asocian con la actividad extractiva en Vaca Muerta.
Este domingo se detectó un nuevo movimiento sísmico a 91 kilómetros al norte de la localidad neuquina de Añelo, dentro del área de Vaca Muerta. La información fue confirmada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
De acuerdo con los datos proporcionados, el sismo alcanzó una magnitud de 3 grados en la escala de Richter y tuvo lugar a una profundidad de 7 kilómetros.
El evento sísmico ocurrió a las 04:48, según el reporte del INPRES, con una localización estimada en “91 km al norte de Neuquén, 94 km al noroeste de Roca”.
Por su parte, el Observatorio de Sismicidad Inducida —integrado por un grupo de especialistas— señaló que ambos movimientos registrados el viernes pasado ocurrieron “muy cerca de un equipo de fractura que se encuentra activo en la zona de Bajada del Palo Oeste”.
En lo que va del año, ya se contabilizan 39 sismos en la región. De ellos, 31 se vinculan directamente con actividades de fracturamiento hidráulico, mientras que los 8 restantes tendrían un origen natural.
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Abejas en peligro: el impacto de los agroquímicos

Fecha de Publicación: 24/06/2025
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional


Los agroquímicos no solo amenazan la biodiversidad: estudios recientes revelan cómo afectan los sentidos, el aprendizaje y la vida social de las abejas melíferas
En los campos argentinos, donde los cultivos se despliegan en vastas extensiones, un problema silencioso pero profundo amenaza el equilibrio de los ecosistemas.
Las abejas, fundamentales para la polinización de un tercio de los cultivos agrícolas, enfrentan un enemigo silencioso: los agroquímicos. ¿Qué consecuencias tiene esta exposición en las colmenas?
Un estudio pionero realizado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), junto con otras instituciones, destapa un panorama preocupante que podría comprometer la sustentabilidad del agro.
La polinización, un proceso esencial que une flores y frutos, trasciende lo estético al ser clave para la producción agrícola y la biodiversidad. Es una base insustituible de la producción agrícola. Sin embargo, las abejas melíferas, principales aliadas de este proceso, están en peligro.
“En los campos argentinos se usan agroquímicos masivamente. Las abejas, al polinizar, entran en contacto con estos productos, los cuales se acumulan en la colmena, afectando a toda la colonia”, explicó Jorge Zavala, investigador de la FAUBA y del CONICET.
El estudio reveló que los agroquímicos, especialmente el glifosato, impactan en las abejas a múltiples niveles: desde sus capacidades sensoriales y cognitivas hasta su comportamiento social.
Ivana Macri, profesional del INTA y autora principal de la investigación, comentó que estas sustancias alteran genes esenciales, debilitando las defensas y complicando actividades vitales como la higiene y la recolección de alimento.
En condiciones reales de campo, los investigadores instalaron colmenas en distintos lotes y monitorearon a las abejas antes y después de las aplicaciones de agroquímicos. “Hallamos residuos químicos en el polen y en las abejas recolectoras. Esto generó una exposición múltiple que debilitó a toda la colonia”, señaló Macri.
Los resultados fueron contundentes: las abejas expuestas perdieron capacidad para asociar olores de flores con recompensas y fueron menos sensibles al néctar, recolectando menos alimento para la colmena.
El daño no se limitó a las habilidades individuales. “Cuando se altera un gen vinculado al cerebro, el comportamiento social se ve afectado, reduciendo la eficiencia en la recolección de alimento y comprometiendo la supervivencia de la colonia”, agregó Macri.
La exposición a agroquímicos también redujo la calidad y diversidad de los recursos alimenticios disponibles, acentuando las dificultades.
¿Podemos imaginar un futuro sin abejas? Su rol en la polinización no solo sustenta la producción agrícola, sino que también garantiza la diversidad en los ecosistemas.
Estos insectos trabajan incansablemente, moviéndose de flor en flor, asegurando la continuidad de cientos de especies vegetales. Su declive no solo impactaría la economía agrícola, sino también la estabilidad ambiental.
Para Jorge Zavala, la conclusión es clara: “Si se afecta la capacidad de las abejas para recolectar alimento y transmitir información, la polinización a largo plazo se verá comprometida”.
Por su parte, Macri adelantó que el equipo continuará investigando, profundizando en cómo los agroquímicos afectan a las abejas según sus diferentes edades y tareas en la colmena. Además, buscarán entender cómo estos compuestos alteran la flora intestinal de las abejas, clave para su inmunidad y nutrición.
La relación entre la producción agrícola intensiva y el impacto en los polinizadores plantea interrogantes cruciales. Abordar esta problemática será esencial para garantizar un equilibrio entre la agricultura sostenible y la conservación de los ecosistemas.
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La impactante muestra que expone la brutalidad de la caza de trofeos

Fecha de Publicación: 24/06/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


A pesar del amplio rechazo social, el Argentina siendo un destino clave para el comercio de partes de animales cazados, lo que amenaza la biodiversidad de múltiples ecosistemas. Cómo la exposición fotográfica “Naturaleza Muerta. Trofeos de Caza” busca generar conciencia
La caza de trofeos es una práctica que genera fuertes debates a nivel mundial debido a su crueldad y a las consecuencias que trae consigo para las especies en peligro de extinción. En países como Argentina, que figura entre los principales importadores de trofeos de especies amenazadas de mamíferos, su comercio sigue siendo una práctica legal.
Sin embargo, la creciente preocupación por el bienestar animal y la preservación de la biodiversidad motivó un movimiento global para prohibir esta actividad.
En el país, un proyecto de ley busca establecer restricciones sobre la importación de trofeos de caza. Su objetivo es alinearse con las políticas internacionales que protegen a los especímenes más vulnerables.
A pesar del creciente apoyo popular y del respaldo de varias organizaciones que defienden los derechos de los animales, los intereses de una pequeña fracción de la sociedad que promueve esta práctica, así como la falta de urgencia por parte de los legisladores, continúan siendo barreras significativas para la implementación de esta legislación.
En este contexto, diversas iniciativas, como la exhibición de la muestra fotográfica “Naturaleza Muerta. Trofeos de Caza” de Britta Jaschinski en la Cámara de Diputados de la Nación, tienen un rol clave al intentar sensibilizar a la opinión pública y, especialmente, a los legisladores sobre los efectos negativos de la caza de trofeos.
Argentina se enfrenta a una situación paradójica: mientras que un 92% de la población está en favor de la prohibición de la importación de trofeos de caza, el país es el 3er mayor importador de estos trofeos en toda América Latina.
Las especies que se ven vulneradas por estas prácticas forman parte de la lista confeccionada por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esta busca proteger a los animales de una explotación comercial que amenace su supervivencia.
Marina Ratchford, de la organización de protección animal Humane World for Animals (HWA), explicó que, cuando comenzaron a abordar esta problemática en Argentina, muchos ciudadanos desconocían el rol que el país ocupa en el comercio global de trofeos.
“Cuando empezamos a trabajar en esto en Argentina, la mayoría de la gente no sabía el rol que el país tiene en esta industria global de trofeos de caza. Por eso, aunque la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo que debería haber una prohibición, ha sido dificultoso hacer que esto sea una prioridad para los políticos y actores que deciden al respecto”, señaló en diálogo con Infobae.
El proyecto de ley presentado por la diputada Soledad Carrizo busca prohibir la importación de trofeos de caza. En especial de especies como el elefante africano, el león y la jirafa, que están en grave peligro debido a la caza furtiva y la caza por trofeos. Ratchford destacó que, a través de la exposición de esta problemática, se pretende presionar a los legisladores para que aprueben el proyecto de ley, buscando una regulación efectiva que limite esta actividad.
“Esperamos que los legisladores vean esta muestra y apoyen al proyecto de ley, a lo largo de sus etapas en comisiones, así como su debate y aprobación en la Cámara de Diputados y Senadores”, aseveró.
Esta legislación es un paso clave para regular una práctica que, según organizaciones como HWA, sigue siendo una amenaza para la biodiversidad global. Además, complementando este esfuerzo, la Resolución 133/2022 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación implementó restricciones a la importación, exportación y tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza de especies autóctonas.
Aunque la resolución representó un avance importante, no abarca completamente las especies extranjeras que continúan siendo objeto de comercio. Tanto el proyecto de ley como la resolución forman parte de un marco normativo que busca reducir la presión sobre los ejemplares más vulnerables y fomentar un cambio en la postura del país frente al mercado de los trofeos de caza.
Más allá de los efectos visibles de la caza de trofeos sobre los animales, esta práctica tiene un impacto considerable sobre los ecosistemas. Matar a los individuos más fuertes de una especie, generalmente machos reproductores, reduce la capacidad de regeneración de las poblaciones y aumenta el riesgo de extinción.
Desde HWA advierten que esta actividad genera una “erosión genética”, lo que disminuye la diversidad y la resiliencia de las especies. Esto las deja más vulnerables a otros factores como el cambio climático y la destrucción de su hábitat.
En palabras de Ratchford, “esta práctica no debería tener un lugar en nuestra sociedad moderna”. Además, desde la organización destacan que las leyes de protección animal en Argentina no son suficientes para frenar esta amenaza, y que una prohibición más estricta contribuiría significativamente a la conservación de las especies más vulnerables.
En este contexto, la muestra fotográfica “Naturaleza Muerta. Trofeos de Caza” de la fotoperiodista de vida silvestre Britta Jaschinski llega a la Argentina con un mensaje claro: visibilizar la brutalidad de esta práctica y llamar a la reflexión sobre la relación entre los seres humanos y la fauna. La exposición, que se presenta en la Cámara de Diputados de la Nación, tiene como objetivo sensibilizar tanto al público general como a los legisladores sobre los efectos destructivos de la caza de trofeos.
“Mis fotos ofrecen una visión escalofriante de la indiferencia humana hacia otras especies. No se trata solo de la pérdida insensata de muchas vidas; estos trofeos representan la pérdida de nuestra integridad. Es profundamente preocupante que la caza de trofeos no solo sea nuestro pasado, sino también nuestro presente y, posiblemente, nuestro futuro si no actuamos. La buena noticia es que podemos tomar mejores decisiones. Gobiernos y legisladores, por favor, observen estas fotografías. ¿Es así como realmente imaginamos el mundo que nos rodea?”, declaró Jaschinski en un comunicado.
Ratchford resalta la importancia de la muestra como una herramienta clave para generar conciencia: “A través de estas imágenes emotivas, esperamos que el público ponga presión a los legisladores para que aprueben el proyecto de ley que ha presentado la diputada Carrizo”.
Este tipo de exposiciones tienen la capacidad de movilizar a la sociedad y poner en la agenda política una problemática que, a pesar del consenso popular en su contra, sigue siendo ignorada debido al enfoque persistente en otros proyectos que abordan asuntos diversos.
El debate sobre la caza de trofeos no se limita a Argentina, sino que forma parte de un movimiento global.
Países como Colombia y Singapur implementaron restricciones significativas sobre la importación y exportación de trofeos de caza, estableciendo un precedente para que otras naciones sigan sus pasos. Argentina, con un fuerte apoyo de la sociedad, tiene la oportunidad de convertirse en un referente en la región en cuanto a la protección de las especies amenazadas.
De acuerdo con HWA, las restricciones comerciales sobre los trofeos de caza son esenciales para proteger a las especies que ya están luchando por sobrevivir. Enfatizan la urgencia de avanzar en legislaciones, como la propuesta en Argentina, que podrían tener un impacto positivo en la conservación de especies vulnerables.
El futuro de los animales en peligro depende de decisiones políticas valientes y de una legislación que defienda la biodiversidad de manera efectiva.
A través de la aprobación del proyecto de ley y el apoyo a iniciativas como la muestra “Naturaleza Muerta. Trofeos de Caza”, Argentina puede dar un paso importante hacia un futuro libre de la caza de trofeos.
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El organismo clave en Mendoza que está amenazado por la motosierra de Javier Milei

Fecha de Publicación: 23/06/2025
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Nacional


Por medio de un decreto, el Instituto Nacional del Agua (INA) que cumple tareas fundamentales en la provincia, será puesto bajo el ala del Ministerio de Economía. Desde el ente expresaron una gran incertidumbre y desconfianza en la estabilidad del ente tras este anuncio. 
La “motosierra” del Gobierno nacional pasó sobre una institución estatal con presencia en Mendoza. A partir de un decreto, el Instituto Nacional del Agua (INA) pasará a formar parte de la estructura de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. La nueva situación generó una gran incertidumbre en el ente local.
El Decreto 396/2025, firmado por Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y Luis Caputo, ministro de Economía, determina que el INA dejará de ser un organismo que administre sus propios recursos, tenga autonomía, pueda firmar convenios y hacer asesoramientos externos, entre otras cosas.

Incertidumbre por los puestos laborales y el edficio
El Instituto Nacional del Agua cuenta con una presencia en Mendoza desde 1973, cuando inició sus actividades como Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCyTH).
Aunque Santiago Ruíz Freites, subgerente del INA Centro Regional Andino, lo describió como “un organismo pequeño“, resaltó su “alto nivel técnico y científico” debido a los servicios que presta.
Actualmente, más de treinta personas, entre empleados de planta y contratos temporales, conforman su equipo en la provincia. A nivel nacional, el organismo cuenta con aproximadamente 300 empleados, divididos en siete subgerencias, una de las cuales tiene asiento en Mendoza.
El presupuesto general del INA para la totalidad del ente es de 8.357 millones de pesos, el mismo que en 2024. En esa suma está contemplado el pago de sueldos de todo el personal nacional y el mantenimiento operativo en general del  costo de los edificios que hay en los distintos centros regionales. 
Para Ruíz Freites, “la cifra es irrisoria al lado de otros organismos y absolutamente desactualizada”.
Si bien el Gobierno nacional sostiene que este cambio no afectaría la continuidad de las funciones técnicas esenciales del organismo y que las competencias del INA podrán ser desarrolladas con igual eficacia desde la administración centralizada, existe preocupación en Mendoza por la posible pérdida de puestos de trabajo y la discontinuidad de algunas de sus tareas.
José Pozzoli, exsubgerente del INA y actual concejal en Guaymallén por el Partido Justicialista, consideró que el proceso de centralización de Nación “es un primer paso para terminar de liquidar el instituto o reducirlo a su mínima expresión”.
Más allá de las justificaciones del Gobierno, amparada por el recorte de gastos estatales, el exfuncionario indicó que parte de la medida del Estado se corresponde en parte por un “tema inmobiliario”:
“Yo creo que desde el Gobierno Nacional están viendo con muy buenos ojos hacer un negocio inmobiliario con los bienes que tiene el INA. Especialmente en Ezeiza, donde tiene 70 hectáreas en un lugar muy codiciado por varios emprendimientos privados“, denunció Pozolli.
En Mendoza, la sede local se encuentra en Belgrano al 210, de Ciudad de Mendoza, junto a la Universidad Tecnológica Nacional. Para el concejal justicialista, es “un edificio con muy buena ubicación y que creo que la intención por ahí también es usarlo para otra cosa”. 
Este inmueble pertenece a la Nación, siempre y cuando siga existiendo el INA. En caso de desaparecer el edificio pasaría a la Provincia y ésta debe compensar los gastos al Gobierno nacional. Así lo determinó el convenio de cooperación firmado entre los gobiernos en 1980.

Las funciones del INA en Mendoza
A pesar de no tener el control del recurso hídrico en la provincia, el INA lleva adelante una amplia gama de tareas científicas que son cruciales para la gestión del agua en Mendoza. Según señaló Pozzoli: “En el INA se investiga, se publica y se trabaja con los distintos actores”.
En el ámbito de la meteorología y las lluvias, el instituto elabora estudios sobre el comportamiento de las precipitaciones y su impacto en los recursos hídricos. Para ello, utilizan modelos a escala y una red de pluviómetros y estaciones meteorológicas en el Pedemonte.
Esta red proporciona información sobre las propiedades de escalamiento temporal de intensidades máximas de lluvias de corta duración, conformando un sistema de alerta temprana clave para prevenir y gestionar los impactos de las lluvias torrenciales, que junto a Defensa Civil aporta en el cuidado de comunidades vulnerables, principalmente las que están ubicadas a la orilla de los canales provinciales.
También brindan asistencia técnica, colaborando con el Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza, por ejemplo, el convenio para el monitoreo de la cuenca de la zona de la destilería de Luján de Cuyo, donde Irrigación envía estos informes al INA para que el instituto realice el monitoreo de las cuencas subterráneas.
Pozzoli indicó que “con Irrigación la relación quedó a medias“, ya que, a su entender, el ente provincial “siempre ha desperdiciado la posibilidad de que el Instituto procesara y trabajara sobre datos que Irrigación tiene y que muchas veces no tuvieron acceso”.
El INA también se dedica al estudio de la calidad del agua subterránea, realizando monitoreos, entre ellos, en la subcuenca del río Tunuyán Inferior, fundamental para el control de la composición química del agua destinada a riego, que se hizo en febrero de 2024. Dada la vital importancia del agua subterránea para el consumo humano, el INA ha estado involucrado durante años en los controles previos al suministro a la población.
La investigación del agua y la vitivinicultura es otra área prioritaria, dada la relevancia económica de esta actividad en Mendoza. Según Ruíz Freites, actualmente están inmersos en un proyecto de investigación sobre la relación entre el agua y la viticultura.
Además, el INA ha realizado evaluaciones de impacto ambiental, produciendo dictámenes técnicos para asegurar que los proyectos y actividades en la provincia cumplan con los estándares ambientales y no comprometan los recursos hídricos.
El estudio del escurrimiento andino es fundamental para el INA, ya que monitorean constantemente el agua que desciende de la Cordillera de los Andes, principal fuente de agua superficial para la provincia.
A la vez, el INA se encarga de la auditoría de pasivos ambientales petroleros, buscando mitigar la contaminación y proteger el medio ambiente en las zonas con presencia de esta industria. Un ejemplo de estos trabajos fue la remediación de pasivos ambientales en obras de YPF, bajo la supervisión de la Dirección de Protección Ambiental.
Finalmente, el instituto colabora en proyectos con otros organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, universidades locales y el INTA, llevando adelante diversas investigaciones.
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