Reclamo de 1.000 millones contra Shell
17:38 | 
Publicado por
ecositio-noticias |
La Justicia habilita un reclamo de 1.000 millones contra Shell
Fecha de Publicación: 01/09/2009
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia porteña notificó a la petrolera holandesa por la causa judicial iniciada por más de 500 vecinos de la localidad bonaerense de Magdalena, que reclaman 1000 millones de pesos para resarcir el derrame de petróleo que afectó su localidad. La empresa había llegado a un sospechoso acuerdo con el intendente local y otras autoridades, por una cifra ridícula para este tipo de desastres naturales.
La Justicia porteña dio un paso histórico en la causa de daño ambiental más resonante de las últimas décadas en la Argentina, al notificar tras diez años de conflicto a la compañía holandesa Shell de una presentación judicial de 526 vecinos del distrito bonaerense de Magdalena, bajo la figura de acción de clase que permite este tipo de presentaciones colectivas cuando se trata de daños al medio ambiente.
Este medio explicó en mayo pasado que la petrolera Shell derramó en 1999 más de 5 millones de litros de hidrocarburos en las costas de Magdalena y que pese a que provocó un desastre ambiental sin precedentes en Argentina y perjudicó la salud y la situación laboral de los lugareños, logró mediante un plebiscito –curiosamente impulsado por el intendente local, Fernando Carballo- desentenderse de su culpabilidad.
Mediante ese plebiscito Shell firmó un acta acuerdo con la Municipalidad de Magdalena y se desligó del daño ambiental por la suma de 9,5 millones de dólares, que serían invertidos para promover el turismo en esa ciudad y otras cuestiones muy lejanas al reconocimiento del perjuicio ocasionado.
Pero a través de una nota de La Política Online que denunció las sospechas que sobrevolaron el acuerdo, la Asociación de Abogados Ambientalistas se contactó con la Fundación Ala Plástica, una ONG ambientalista que sigue el tema desde hace años. Luego de un encuentro mantenido en Capital Federal, el presidente de la Asociación, Mariano Aguilar, presentó un pedido de nulidad del acta acuerdo en la Justicia porteña, que debía homologar el convenio.
La presentación judicial
Las razones para pedir la nulidad se basaron en el artículo 41 de la Constitución nacional, que establece que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley” (en este caso la Ley 25.675), cuestión de la que Shell se quiso liberar desde el principio del litigio.
El director de Ala Plástica, Alejandro Meitin, explicó a La Política Online que la homologación también está trabada por un informe que presentó la ONG, elaborado con investigadores de la Universidad de Montevideo y la Universidad de La Plata que demuestra que “el daño persiste” hasta hoy.
“Hasta que no haya remediación por el daño ambiental no puede haber acuerdo entre las partes”, explicó el abogado ecologista Meitin.
Pero la Justicia porteña no sólo mantiene en el freezer el acta acuerdo sino que ahora hizo un guiño a más de 500 vecinos de Magdalena que demandaron a Shell a lo largo de los 10 años siguientes al derrame, al notificar a la multinacional por primera vez desde 1999.
Por daños económicos y de la salud, reclaman 1000 millones de pesos, una suma más coherente que los 9,5 millones de dólares ofrecidos por Shell si se la compara con otros desastres ambientales en el mundo que en algunos casos alcanzaron los 2500 millones de dólares de resarcimiento (un monto 263 veces mayor al que propuso la empresa holandesa para deshacerse del conflicto).
De todos modos, Meitin se lamenta que el conflicto se circunscriba solamente a una cuestión de dinero, puesto que el daño ambiental aún seguiría sin recomponerse por más que Shell pagara a los vecinos por sus causas particulares.
El silencio oficial
Meitin señaló por otro lado a La Política Online que llama la atención la pasividad que tuvo y tiene el Gobierno tanto a nivel nacional como provincial ante el conflicto con Shell.
El ecologista indicó que desde su fundación presentaron una nota por mesa de entrada al Gobierno de la provincia, otra al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y una nota por mesa de entrada a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación que encabeza Homero Bibiloni. Pero nadie respondió ni envió ningún tipo de señal.
Meitin explicó que lo único que recibió como respuesta de la titular del OPDS, Ana Corbi, fue que “ellos no tienen nada que ver, aunque la provincia y Nación tienen una responsabilidad absoluta en el tema ambiental”.
Fecha de Publicación: 01/09/2009
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia porteña notificó a la petrolera holandesa por la causa judicial iniciada por más de 500 vecinos de la localidad bonaerense de Magdalena, que reclaman 1000 millones de pesos para resarcir el derrame de petróleo que afectó su localidad. La empresa había llegado a un sospechoso acuerdo con el intendente local y otras autoridades, por una cifra ridícula para este tipo de desastres naturales.
La Justicia porteña dio un paso histórico en la causa de daño ambiental más resonante de las últimas décadas en la Argentina, al notificar tras diez años de conflicto a la compañía holandesa Shell de una presentación judicial de 526 vecinos del distrito bonaerense de Magdalena, bajo la figura de acción de clase que permite este tipo de presentaciones colectivas cuando se trata de daños al medio ambiente.
Este medio explicó en mayo pasado que la petrolera Shell derramó en 1999 más de 5 millones de litros de hidrocarburos en las costas de Magdalena y que pese a que provocó un desastre ambiental sin precedentes en Argentina y perjudicó la salud y la situación laboral de los lugareños, logró mediante un plebiscito –curiosamente impulsado por el intendente local, Fernando Carballo- desentenderse de su culpabilidad.
Mediante ese plebiscito Shell firmó un acta acuerdo con la Municipalidad de Magdalena y se desligó del daño ambiental por la suma de 9,5 millones de dólares, que serían invertidos para promover el turismo en esa ciudad y otras cuestiones muy lejanas al reconocimiento del perjuicio ocasionado.
Pero a través de una nota de La Política Online que denunció las sospechas que sobrevolaron el acuerdo, la Asociación de Abogados Ambientalistas se contactó con la Fundación Ala Plástica, una ONG ambientalista que sigue el tema desde hace años. Luego de un encuentro mantenido en Capital Federal, el presidente de la Asociación, Mariano Aguilar, presentó un pedido de nulidad del acta acuerdo en la Justicia porteña, que debía homologar el convenio.
La presentación judicial
Las razones para pedir la nulidad se basaron en el artículo 41 de la Constitución nacional, que establece que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley” (en este caso la Ley 25.675), cuestión de la que Shell se quiso liberar desde el principio del litigio.
El director de Ala Plástica, Alejandro Meitin, explicó a La Política Online que la homologación también está trabada por un informe que presentó la ONG, elaborado con investigadores de la Universidad de Montevideo y la Universidad de La Plata que demuestra que “el daño persiste” hasta hoy.
“Hasta que no haya remediación por el daño ambiental no puede haber acuerdo entre las partes”, explicó el abogado ecologista Meitin.
Pero la Justicia porteña no sólo mantiene en el freezer el acta acuerdo sino que ahora hizo un guiño a más de 500 vecinos de Magdalena que demandaron a Shell a lo largo de los 10 años siguientes al derrame, al notificar a la multinacional por primera vez desde 1999.
Por daños económicos y de la salud, reclaman 1000 millones de pesos, una suma más coherente que los 9,5 millones de dólares ofrecidos por Shell si se la compara con otros desastres ambientales en el mundo que en algunos casos alcanzaron los 2500 millones de dólares de resarcimiento (un monto 263 veces mayor al que propuso la empresa holandesa para deshacerse del conflicto).
De todos modos, Meitin se lamenta que el conflicto se circunscriba solamente a una cuestión de dinero, puesto que el daño ambiental aún seguiría sin recomponerse por más que Shell pagara a los vecinos por sus causas particulares.
El silencio oficial
Meitin señaló por otro lado a La Política Online que llama la atención la pasividad que tuvo y tiene el Gobierno tanto a nivel nacional como provincial ante el conflicto con Shell.
El ecologista indicó que desde su fundación presentaron una nota por mesa de entrada al Gobierno de la provincia, otra al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y una nota por mesa de entrada a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación que encabeza Homero Bibiloni. Pero nadie respondió ni envió ningún tipo de señal.
Meitin explicó que lo único que recibió como respuesta de la titular del OPDS, Ana Corbi, fue que “ellos no tienen nada que ver, aunque la provincia y Nación tienen una responsabilidad absoluta en el tema ambiental”.
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