Por qué el próximo satélite nacional será el mejor guardián del Mar Argentino

Fecha de Publicación: 20/07/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


SABIA-Mar, desarrollado por la CONAE y construido en INVAP, estará listo para su lanzamiento en 2027. Podrá detectar desde fitoplancton y bancos de peces hasta identificar pesqueros ilegales en la zona económica exclusiva. La jefa del proyecto habló con Infobae
Argentina sumará en 2027 una estrella nueva en su constelación satelital e historia espacial con el lanzamiento de SABIA-Mar, el Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar.
La reciente finalización de su integración y el inicio de los ensayos ambientales anunciados esa semana marcan una etapa decisiva para una misión que representa un salto tecnológico y estratégico en la observación de los mares y la gestión de los recursos naturales argentinos.
El desarrollo de SABIA-Mar, liderado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, coloca a Argentina en el selecto grupo de países con capacidad para diseñar, construir y operar satélites de observación ambiental con fines científicos, productivos y de seguridad. 
Concebido originalmente para el estudio del mar y las zonas costeras, el satélite incorpora una actualización tecnológica que amplió su alcance, introduciendo nuevas aplicaciones para la vigilancia marítima, la gestión ambiental y el desarrollo económico del país.
La misión se distingue por su carácter colaborativo: INVAP, con base en Bariloche, lidera la construcción e integración del satélite, mientras que VENG aporta capacidades en operaciones, telecomando y recepción de datos. El proyecto también involucra a la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), IMER y Ascentio, conformando un ecosistema nacional de ciencia, tecnología e industria.
La ingeniera industrial María Emilia Martini, jefa del proyecto SABIA-Mar, explicó a Infobae: “Estamos concluyendo la etapa de integración y configuración final del satélite, en medio de la campaña ambiental del satélite que es cuando se simulan las condiciones de vibración, radiofrecuencia y vacío que va a sufrir el satélite durante el lanzamiento y de esta manera, comprobar que todo el diseño efectuado está acorde a la funcionalidad del satélite. Esto nos permite estar seguros de tener otra misión espacial exitosa y realizar todos los ajustes necesarios antes de mandarlo al espacio”.

Un satélite de nueva generación con innovación nacional
El proceso de integración y los ensayos previos al lanzamiento representan uno de los momentos más sensibles y complejos de cualquier misión espacial.
Martini, con más de una década de experiencia en INVAP, describió la etapa actual como “la más entretenida y vertiginosa”. No obstante, aclara: “También bastante crítica, porque se concluye el trabajo de muchísimas personas. Somos un equipo multidisciplinario. Trabajamos día a día con CONAE y la empresa VENG para tener otra misión argentina exitosa”.
El satélite se encuentra en la fase final de pruebas ambientales, proceso donde se simulan las condiciones extremas que enfrentará durante el lanzamiento y la operación en el espacio. 
“Es importante la coordinación de cada equipo que trabaja en INVAP en las distintas especialidades, como el equipo térmico, de software, o en el ensayo de termovacío. Este último, por ejemplo, dura 24 días de 24 horas cada uno de monitoreo constante, por lo que se necesitan cubrir todos los turnos con varios especialistas siempre a disposición de las mediciones que indique el ensayo al satélite”, remarcó Martini.
Uno de los avances más destacados de SABIA-Mar reside en la actualización de su computadora central, equipada con el software más avanzado diseñado y ensamblado hasta ahora en un satélite argentino.
“Una de las novedades con las que cuenta este nuevo satélite es su computadora, actualizada con el último software. Es la más compleja ensamblada en un satélite argentino hasta ahora. El aparato contará también con nuevas cámaras multiespectrales diseñadas y testeadas en INVAP, que nos permitirán ver el color del mar, su fitoplancton y hasta las luces de los pesqueros en el Mar Argentino. La clave es que esto brindará una ventaja decisiva para monitorear el mar sin ser detectados. Además, se incorpora un concepto de ciberseguridad para proteger los activos espaciales. Se va a encriptar los canales de comando del satélite”, indicó la especialista.
El satélite incorpora una carga útil de última generación, que le permitirá medir el color del mar y estimar variables como la concentración de clorofila-a, asociada con la presencia de fitoplancton y la productividad primaria.
Además de producir información científica relevante, la misión fue diseñada para brindar servicios estratégicos en la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y la protección de los recursos naturales.
Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, destacó: “Argentina vuelve a realizar una nueva misión espacial con SABIA-Mar. Impulsamos una actualización tecnológica que amplió las capacidades del satélite para que pueda brindar servicios estratégicos destinados a fortalecer la seguridad y potenciar la producción”.

Inteligencia satelital para la gestión ambiental y productiva
SABIA-Mar aportará información para la localización de embarcaciones, identificando tanto buques colaborativos como no cooperativos, incluidos aquellos que operan sin transmitir señal AIS. Esta capacidad resulta clave para la vigilancia y el control de la pesca ilegal, fenómeno que afecta fuertemente al Atlántico Sur y al patrimonio económico del país.
Según destacó Martini, la misión incorpora tecnología de monitoreo nocturno mediante una cámara de alta sensibilidad, capaz de detectar luces en el mar bajo condiciones de oscuridad absoluta. Esta herramienta permitirá identificar patrones de actividad pesquera y fortalecer la vigilancia de los espacios marítimos. El satélite también generará información valiosa para la gestión de los recursos pesqueros, la acuicultura, el apoyo a la navegación y la toma de decisiones en el sector productivo.
En el plano ambiental, SABIA-Mar sumará datos sobre la calidad del agua en costas, estuarios y cuerpos de agua interiores. “Permitirá la detección temprana de floraciones algales nocivas, conocidas como marea roja, y contribuirá al monitoreo de ecosistemas marinos, costeros y terrestres, apoyando investigaciones sobre biodiversidad, ciclo del carbono y productividad primaria”, precisó Martini.
La misión incluye la integración del receptor AGR-T (Austral GNSS Receiver Technological), una pieza desarrollada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Por primera vez, un satélite argentino contará con un receptor de posicionamiento global nacional, lo que permite determinar con precisión la posición y velocidad del satélite en órbita, fortaleciendo la autonomía tecnológica del país.
La seguridad también fue priorizada: SABIA-Mar incorpora mecanismos de encriptación y autenticación en el canal de comandos para proteger el software de vuelo y la operación del satélite frente a amenazas cibernéticas.
Martini explicó que el éxito de la misión depende de la coordinación de múltiples especialidades y del monitoreo constante en ensayos como el termovacío, que demanda la atención continua de expertos durante periodos prolongados. 
“Este último por ejemplo dura 24 días de 24 horas cada uno de monitoreo constante, por lo que se necesitan cubrir todos los turnos con varios especialistas siempre a disposición de las mediciones que indique el ensayo al satélite”, describió.
Los datos obtenidos por los sensores ópticos de SABIA-Mar y fuentes complementarias podrán integrarse en tierra mediante herramientas avanzadas de procesamiento e inteligencia artificial, generando productos que combinen variables ambientales con modelos de comportamiento de flotas pesqueras. Esta capacidad potenciará la gestión sostenible de los recursos marinos y la economía azul argentina.
La misión también proveerá información fundamental para la ciencia, contribuyendo al desarrollo de investigaciones sobre el océano, las costas y los ecosistemas acuáticos. SABIA-Mar permitirá sostener series de datos de largo plazo, clave para el estudio de la productividad primaria, la biodiversidad y la dinámica de las aguas costeras.
El satélite ofrecerá una revisita de dos días tanto en el escenario regional —sobre las costas nacionales— como global, alcanzando una resolución espacial de 200 metros y 800 metros respectivamente. Esto permitirá generar información continua y de alto valor para la gestión ambiental y la producción.
La construcción y diseño de SABIA-Mar fue acompañada por rigurosos procesos de revisión y validación. “Se ha finalizado la Revisión Crítica del Diseño del satélite en abril del 2018 y en mayo del mismo año realizó la Revisión Crítica de Diseño del Segmento Terreno. En el año 2022 se realizó la Revisión Crítica de Diseño de la Misión (SABIA-Mar Mission CDR), un análisis técnico multidisciplinar para consolidar el diseño y verificar que se pueda cumplir con los requisitos establecidos para la misión”, indicó Martini.
Con SABIA-Mar, Argentina consolida su posición como referente latinoamericano en tecnología espacial, ampliando las capacidades nacionales en ingeniería satelital, sistemas ópticos, electrónica, software, navegación, control y desarrollo de aplicaciones. La misión representa una herramienta estratégica para expandir la información satelital sobre el Mar Argentino y fortalecer la economía azul, en un contexto donde la protección de los recursos y la seguridad marítima son cada vez más relevantes.
El lanzamiento de SABIA-Mar está previsto para el primer semestre de 2027. La etapa actual de ensayos y validaciones permitirá ajustar los últimos detalles antes de que el satélite se traslade al sitio de lanzamiento y se sume, desde la órbita, a la defensa y el conocimiento de los recursos argentinos.
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Ecología dio marcha atrás y derogó el Registro Provincial de Infractores Ambientales

Fecha de Publicación: 20/07/2026
Fuente: Portal MisionesOpina
Provincia/Región: Misiones 


El Ministerio de Ecología de Misiones dio marcha atrás con una de las medidas más controvertidas de los últimos meses. A través de la Resolución Nº 248/26, firmada este 17 de julio, el ministro Martín Recamán dejó sin efecto la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), que había sido establecido mediante la Resolución 182/26.
La decisión llega apenas horas después de que prácticamente todo el arco empresario, forestal y agropecuario de Misiones rechazara públicamente la iniciativa y cuestionara su constitucionalidad, anticipando incluso la posibilidad de llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el texto de la nueva resolución, el Ministerio sostiene que la Administración "ha reevaluado la medida adoptada originalmente" por razones de "oportunidad, mérito y conveniencia", y en consecuencia dispone dejar sin efecto la resolución que había creado el registro.
La norma no hace referencia a las impugnaciones presentadas por las entidades productivas ni reconoce expresamente los cuestionamientos jurídicos formulados, aunque la marcha atrás se produce en medio del creciente conflicto institucional que había generado la iniciativa.

Una fuerte reacción del sector privado
El RePIA había despertado un rechazo prácticamente unánime entre las principales organizaciones vinculadas a la producción.
La Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) presentó una impugnación administrativa contra la resolución y sostuvo que el registro era inconstitucional por tres razones centrales.
En primer lugar, cuestionó que permitiera incorporar personas o empresas únicamente por tener un expediente administrativo abierto, sin una resolución firme que acreditara una infracción, lo que —según la entidad— vulneraba el principio de inocencia y el debido proceso.
Además, advirtió que la resolución habilitaba la registración por incumplimientos de "normas complementarias", una redacción considerada demasiado amplia y generadora de inseguridad jurídica.
El planteo más delicado apuntó directamente a la competencia del ministro. Para AMAYADAP, el artículo 122 de la Constitución de Misiones no autoriza a un ministro a crear, mediante una simple resolución administrativa, un registro con efectos jurídicos sobre particulares y empresas.
Ese planteo fue respaldado por la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (APICOFOM), la Sociedad Rural de Misiones, la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) y los Industriales Madereros Nativos Autoconvocados, que coincidieron en señalar que la medida afectaba la competitividad y profundizaba la incertidumbre para el sector productivo.

Un conflicto que trascendía el registro
Aunque el RePIA fue el detonante, las entidades aprovecharon la discusión para expresar un malestar más amplio con distintas políticas impulsadas por el Ministerio de Ecología.
Entre los reclamos figuraban las demoras para obtener permisos de uso del suelo, las restricciones a las quemas, la prohibición del glifosato, el programa REDD+ y la falta de participación de las organizaciones productivas en la elaboración de normas que impactan sobre la actividad económica.
La resolución firmada este viernes desactiva, al menos por ahora, el conflicto específico en torno al Registro Provincial de Infractores Ambientales y evita que la controversia continúe escalando en el plano judicial.
Sin embargo, la decisión también deja expuesto el peso que alcanzó la reacción conjunta del sector empresario y agropecuario, que logró que el Ministerio revocara una medida apenas días después de haber sido implementada.
Ahora resta saber si la derogación del RePIA abre una instancia de diálogo entre el Gobierno y las entidades productivas o si las diferencias sobre la política ambiental de la provincia continuarán manifestándose en otros frentes.
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Elaboran el mapeo más exhaustivo realizado hasta ahora de los ecosistemas argentinos

Fecha de Publicación: 18/07/2026
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional


El proyecto involucró la firma de un convenio de Asistencia Técnica entre la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) y el CONICET y la participación de 15 unidades ejecutoras del Consejo distribuidas en todo el país. El producto será útil para el conocimiento y la gestión de los ecosistemas marinos, acuáticos continentales y terrestres argentinos.
Más de 50 especialistas de 25 institutos y universidades nacionales (investigadores y técnicos), que involucró a 15 unidades ejecutoras del CONICET distribuidas en todo el país, trabajaron de manera coordinada para describir y caracterizar 12 ecosistemas marinos, 66 acuáticos continentales y 55 terrestres a lo largo y ancho de Argentina.
Se trata de un proyecto solicitado por la Dirección de Biodiversidad de la Subsecretaría de Ambiente, en su carácter de Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), en el marco de la elaboración del Séptimo Informe Nacional de Biodiversidad y financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El proyecto también involucró la firma de un convenio de Asistencia Técnica entre la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) y el CONICET y la participación de 15 unidades ejecutoras del Consejo distribuidas en todo el país.
“El resultado es un documento de referencia que cuenta con información organizada en formato de fichas para cada ecosistema, así como material suplementario (planillas con datos geográficos y ambientales y un sistema de información geográfica SIG). Consideramos que el producto obtenido representa un avance significativo para el conocimiento y la gestión de los ecosistemas argentinos”, afirma Paulina Martinetto, una de las coordinadoras del trabajo e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET – UNMDP).
El sistema de información geográfica SIG “es una herramienta digital que une mapas con datos, es decir, que integra información para una determinada ubicación geográfica. Por ejemplo, en este trabajo, el sistema de información geográfica permite tener para cada ecosistema información mapeada de variables ambientales, áreas protegidas y la información geográfica correspondiente”, explica la científica del CONICET.

Mapeo y caracterización de ecosistemas argentinos
Más allá de la separación en los tres tipos de ecosistemas, la clasificación y descripción fue internamente lo más homogénea posible, y en el formato de una ficha para cada ecosistema. “Cada ficha incluye características geográficas (superficie total, posición geográfica y altitud o profundidad), ambientales (temperatura y precipitación para los terrestres y acuáticos continentales; temperatura superficial del mar y clorofila satelital para los marinos), de la flora y fauna, de conservación (áreas con algún grado de protección) y de uso y apropiación humanas (amenazas y servicios ecosistémicos)”, afirma el informe.
En la actualidad, este trabajo constituye el mapeo y la caracterización más completos y exhaustivos disponibles de los ecosistemas de la Argentina. Las iniciativas análogas disponibles estuvieron especialmente centradas en los ecosistemas terrestres. Todo el material elaborado fue diseñado para el uso por parte de gestores y cumple con la solicitud planteada por la CONADIBIO.
Se mapearon y caracterizaron con información satelital y otras fuentes 12 ecosistemas marinos, que abarcan el 100 por ciento del territorio marino nacional. En el caso de los ecosistemas terrestres, los nuevos mapas fueron elaborados a partir de literatura reciente, un modelo digital de elevación, conocimiento de campo y fotointerpretación experta. En el caso de los acuáticos continentales, los 66 ecosistemas fueron establecidos en base a trabajos recientes y la experiencia de expertos que participaron del proyecto.
El informe, titulado “Caracterización y mapeo de ecosistemas marinos, acuáticos continentales y terrestres de la Argentina”, detalla los principales servicios que brinda cada ecosistema. Por ejemplo, la albufera (laguna costera de agua salada) de Mar Chiquita, declarada Reserva Mundial de la Biosfera en 1996, brinda servicios de aprovisionamiento como la pesca artesanal, además de regulación hídrica y climática, y valores culturales vinculados a la educación. El ecosistema del caldenal aporta alimento para el ganado, además de regulación hídrica, control de la erosión, y cumple funciones de soporte como la formación de suelo.
Dentro de los ecosistemas marinos, la plataforma magallánica brinda pesca artesanal e industrial, contribuye al secuestro de carbono, el control de la erosión costera y ofrece servicios culturales como recreación, ecoturismo, investigación científica y educación. Finalmente, ecosistemas acuáticos continentales, como las cuencas de los ríos San Juan y Mendoza, suministran agua dulce, energía hidroeléctrica y cultivos, intervienen en la regulación hídrica y generan oportunidades de recreación y ecoturismo.
“Por primera vez, Argentina cuenta con una base integrada y estandarizada sobre sus ecosistemas, construida de manera colaborativa por más de 50 especialistas de todo el país. Este logro ofrece una herramienta estratégica para conservar la biodiversidad, planificar el territorio y evaluar impactos ambientales a la vez que tiene utilidad en el ámbito educativo ilustrando la diversidad de los ecosistemas en todo el territorio nacional”, indica Martinetto. Y concluye: “La experiencia de este trabajo demuestra la capacidad de la comunidad científica argentina para trabajar unida frente a grandes desafíos, y resalta el papel fundamental de las asociaciones científicas. En este caso, la AsAE tuvo un rol clave al reunir profesionales de distintas disciplinas y ecosistemas, enriqueciendo el proceso y garantizando un producto de alta calidad en tiempo récord”.
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El retroceso del glaciar Perito Moreno ya es visible desde el espacio y los científicos alertan por el calentamiento global

Fecha de Publicación: 18/07/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santa Cruz


Nuevas investigaciones registraron una pérdida sostenida de masa y un retroceso récord del frente de hielo durante los últimos años. Los especialistas sostienen que el cambio marca el fin de la estabilidad que distinguió durante décadas al principal glaciar de la Patagonia. 
El glaciar Perito Moreno, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, comenzó a exhibir un retroceso visible incluso desde el espacio, según imágenes captadas por el satélite Sentinel-2 del programa europeo Copernicus y diversas investigaciones científicas publicadas durante 2026. Los trabajos concluyen que el frente glaciar ya no mantiene la estabilidad que lo convirtió durante décadas en una excepción entre los grandes glaciares de la Patagonia.
Las imágenes tomadas el 30 de junio muestran el frente de hielo en el sector del Brazo Rico del Lago Argentino y permiten compararlo con su posición en 2016 mediante una referencia marcada sobre la fotografía. La diferencia es visible y coincide con las mediciones realizadas durante los últimos años por especialistas en glaciología.
Los estudios indican que el proceso comenzó de forma gradual desde 2016, aunque fue a partir de 2020 cuando las observaciones satelitales evidenciaron con mayor claridad la pérdida de masa y el retroceso del frente norte del glaciar. Esa evolución representa un cambio respecto del comportamiento que había mantenido durante gran parte del último siglo.
Los investigadores sostienen que este fenómeno tiene especial importancia porque los campos de hielo patagónicos constituyen la mayor reserva de agua dulce sólida de Sudamérica y son uno de los principales indicadores de la variabilidad climática regional.

Qué muestran las imágenes satelitales y los estudios sobre el Perito Moreno
La fotografía obtenida por el satélite Sentinel-2 del programa Copernicus permite observar que el frente del glaciar ya no ocupa la misma posición que tenía hace una década. La comparación visual coincide con los resultados obtenidos mediante casi treinta años de monitoreo satelital.
Uno de los trabajos más recientes fue elaborado por investigadores de la Universidad de Concepción, en Chile, y del Instituto de Tecnología Birla Mesra, en India, y publicado en la revista científica Progress in Physical Geography, perteneciente a Sage Journals.
La investigación analizó imágenes de los satélites Landsat entre 1997 y 2023 para reconstruir la evolución del glaciar mediante técnicas de teledetección. Los especialistas evaluaron el desplazamiento del frente, la pérdida de superficie y la velocidad del retroceso del hielo producto del aumento de temperaturas por el calentamiento global.
El estudio concluye que el Perito Moreno mantuvo condiciones cercanas al equilibrio durante gran parte del período analizado, pero desde 2016 comenzó una transición hacia un retroceso sostenido. Las tasas de retroceso alcanzaron aproximadamente 55 metros por año y casi dos tercios de toda la pérdida de superficie registrada desde 1997 ocurrieron durante esta etapa.
El dato más significativo corresponde a 2025. Ese año el frente glaciar retrocedió cerca de 385 metros en el sector del Lago Argentino, el mayor retroceso frontal registrado desde que comenzaron las mediciones en 1997.
Además, entre 1997 y 2023 el glaciar perdió alrededor de 3 kilómetros cuadrados de superficie, equivalentes aproximadamente al 1% de su área original. Los investigadores destacan que buena parte de esa reducción se concentró durante los años más recientes, lo que evidencia una aceleración del proceso.
Rodrigo Abarca del Río, integrante del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción y coautor del estudio, explicó: “Durante décadas, el Perito Moreno fue considerado una de las grandes excepciones glaciológicas del planeta por su estabilidad relativa”.
El investigador agregó: “Más que un evento aislado, esto podría representar una transición en el comportamiento de uno de los glaciares más emblemáticos de la Patagonia”.

Por qué cambió el comportamiento del glaciar y qué preocupa a los científicos
Otra investigación, publicada este año en la revista Earth and Planetary Science Letters por científicos de Argentina y Japón, detectó que el Perito Moreno comenzó a perder masa de forma dinámica desde 2018, un comportamiento que no se había registrado en casi un siglo.
Los especialistas atribuyen este cambio a la pérdida de una morrena sumergida, una barrera natural de sedimentos ubicada en el fondo del lago que durante décadas actuó como sostén del glaciar y limitó su desplazamiento hacia el agua.
Al alejarse de esa estructura, el hielo comenzó a avanzar con mayor velocidad sobre el lago, favoreciendo desprendimientos más frecuentes y un aumento en la pérdida de volumen. Entre 2020 y 2023 las temporadas de deshielo aceleraron ese proceso y, según mediciones realizadas mediante radar e imágenes satelitales, desde 2019 el frente glaciar retrocedió más de 800 metros.
Los investigadores sostienen que el comportamiento del Perito Moreno será determinante para comprender la evolución futura de otros glaciares de la Patagonia. A diferencia de lo que ocurría históricamente, cuando la acumulación de nieve compensaba gran parte de las pérdidas de hielo, los datos actuales muestran que ese equilibrio comenzó a romperse.
La investigación también señala que el glaciar presenta ahora una evolución similar a la de otros cuerpos de hielo patagónicos afectados por el aumento de las temperaturas y las modificaciones en los patrones de precipitación.
Las Naciones Unidas vienen advirtiendo que los glaciares del planeta se derriten a un ritmo sin precedentes debido al calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese fenómeno compromete reservas estratégicas de agua dulce, modifica ecosistemas y contribuye al aumento del nivel del mar.
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Chaco monitorea con GPS al tatú carreta, el armadillo más grande del mundo: está en peligro de extinción y buscan protegerlo

Fecha de Publicación: 17/07/2026
Fuente: Portal Planeta26
Provincia/Región: Chaco


El ejemplar fue monitoreado en el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, como parte de un proyecto científico que estudia sus desplazamientos y el uso que hace de su hábitat para fortalecer las estrategias de conservación.
Un equipo de investigadores colocó con éxito un dispositivo de seguimiento satelital a un ejemplar de tatú carreta (Priodontes maximus) en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia del Chaco. La iniciativa permitirá conocer en detalle los movimientos del animal y obtener información clave para proteger a una de las especies más amenazadas de la fauna argentina.
La intervención fue confirmada por la Administración de Parques Nacionales (APN) y representa el segundo monitoreo mediante tecnología GPS realizado sobre un tatú carreta dentro de esa área protegida, luego de la primera experiencia desarrollada en 2023.

Un proyecto para proteger al armadillo más grande del mundo
La colocación del dispositivo forma parte del Proyecto Tatú Carreta, una iniciativa científica impulsada por el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), que lleva adelante el primer estudio ecológico de largo plazo sobre esta especie en la Argentina.
El objetivo es recopilar información sobre su ecología, los patrones de movimiento, el uso del hábitat y las condiciones necesarias para garantizar su conservación.
Las tareas de investigación se desarrollan principalmente en dos áreas protegidas del norte argentino: el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, y el Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero.

¿Qué permitirá conocer el seguimiento satelital?
Gracias al dispositivo GPS, los investigadores podrán seguir los desplazamientos del ejemplar bajo diferentes condiciones ambientales y analizar cómo influyen los distintos niveles de protección o de intervención humana sobre su comportamiento.
Además, los datos servirán para identificar corredores biológicos y zonas prioritarias para la conservación del tatú carreta dentro de la región chaqueña.
Desde la Administración de Parques Nacionales explicaron que toda la información obtenida contribuirá a fortalecer las estrategias de manejo y conservación que desarrollan en conjunto con instituciones científicas.
Una vez finalizada la colocación del dispositivo y tras realizar una evaluación sanitaria completa, el equipo veterinario liberó al animal exactamente en el mismo lugar donde había sido capturado, con el objetivo de minimizar cualquier alteración en su comportamiento natural.

¿Cómo es el tatú carreta?
El tatú carreta es el armadillo viviente de mayor tamaño del planeta y una de las especies más emblemáticas de los bosques chaqueños y las selvas sudamericanas.
Su cuerpo está protegido por un caparazón formado por placas rectangulares dispuestas en hileras que no se superponen entre sí, una característica que le proporciona una notable flexibilidad. Además, posee entre 11 y 13 bandas móviles que facilitan sus movimientos.
Su cabeza es alargada, las orejas son pequeñas y sus extremidades delanteras cuentan con enormes garras adaptadas para excavar. La garra central puede alcanzar hasta 20 centímetros de longitud, convirtiéndose en una herramienta fundamental para construir madrigueras y buscar alimento.
La cola también está cubierta por pequeñas placas óseas, mientras que su robusta anatomía le permite desplazarse por distintos tipos de terrenos.

¿Dónde vive el tatú carreta y por qué está en peligro?
El tatú carreta habita ambientes cercanos a cursos de agua dentro de bosques tropicales y subtropicales. Su distribución abarca desde el norte de Venezuela y las Guayanas hasta Paraguay y el norte de la Argentina.
En el país se encuentra catalogado en peligro de extinción, mientras que a nivel mundial figura como una especie vulnerable. Las principales amenazas que enfrenta son la pérdida de hábitat provocada por la deforestación, la caza furtiva y la captura ilegal destinada al comercio clandestino de fauna silvestre.
Por ese motivo, los investigadores consideran que conocer con precisión cómo se desplaza, qué áreas utiliza y cuáles son sus necesidades ecológicas resulta fundamental para diseñar políticas de conservación más eficaces y garantizar la supervivencia de una de las especies más singulares de la biodiversidad argentina.
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Extranjeros vienen pidiendo permisos para degradar el monte en casi 80 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 17/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Se trata de la empresa Quebracho Colorado SA, que tiene entre sus socios a dos hermanos estadounidenses. Viene solicitando autorizaciones desde 2007. Ahora pidió avanzar sobre unas 11 mil hectáreas, entre cambios de uso de suelo y deforestación.
En más de una década la empresa Quebracho Colorado SA, que tiene entre sus integrantes a dos hermanos ciudadanos estadounidenses, pidió autorización de la provincia para desmontar casi 80 mil hectáreas en los departamentos Anta y Orán. No obstante, de ese monto quedan al menos 30 mil hectáreas que, según la revisión de imágenes satelitales, aún no se han deforestadas.
El lunes último en el Boletín Oficial de la provincia se publicó la convocatoria a una audiencia pública para el “cambio de uso de suelo y plan de manejo silvopastoril con fines de agro ganadería” en 8.175,84 hectáreas, y en 3.729,25 hectáreas con fines de agricultura bajo el “Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MGBI)”.
La modificación del uso de suelo en la finca El Chaguaral (ubicada en Orán) será debatida el 7 de agosto de 2026 a las 11 en la despensa y comedor “Los Hermanos Torres”, local ubicado en la Manzana 4 sobre ruta provincial 5 en la intersección con la ruta provincial 13.
Si bien los pedidos de la empresa para cambio de uso de suelo suman desde 2007 un total de 79.972,75 hectáreas, el total sobre el que se actuó hasta el momento sería menor.
Según el relevamiento realizado en el compilado de las normas publicadas en la provincia, en 2007 la empresa pidió permiso para desmontar 30.962 hectáreas de tierras para ganadería en la finca El Álamo del departamento Rivadavia. En este caso no se llegó a deforestar esa superficie por el freno puesto por quien era la secretaria de Ambiente, Catalina Buliubasich, quien renunció a este cargo tras poner límite a los desmontes en la provincia. Por esta decisión solamente habrían sido desmontadas 3.300 hectáreas de ese permiso.
En 2010 se había solicitado un desmonte para ganadería de 11.432 hectáreas en la finca denominada Estancia El Guayacán, en Anta.
En 2014 la empresa pidió habilitar el desmonte de 7.993 hectáreas en la finca El Chaguaral. En marzo de 2020, solicitó modificar 5.724,74 hectáreas en el mismo predio. En aquel momento y a raíz de la pandemia de la covid-19, la audiencia se suspendió, y volvió a publicarse para fines de ese año.
En 2024 la empresa solicitó el desmonte de 11.955,92 hectáreas también en la finca El Chaguaral. Este año, en tanto, se sumaron 11.905,09 hectáreas para hacer el desmonte en la misma finca.
La organización Greenpeace informó que pudo observar que el desmonte solicitado en 2024 aún no fue concretado. Se especula que la empresa espera el permiso de este nuevo pedido de desmonte para unir ambas superficies, que suman casi 24 mil hectáreas, en una sola acción.

“Ecocidio legalizado”
El coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, afirmó ante Salta/12 que el área cuyo uso será ahora modificado estaba en amarillo en el anterior mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.
De haber continuado la anterior cartografía, Quebracho Colorado, que tiene a los hermanos estadounidenses Gabel en su conformación societaria, no tendría la posibilidad de modificar el suelo. Se lo posibilita el cambio del mapa y el actual ordenamiento, que dispone una nueva área marrón que permite permutar áreas verdes y amarillas.
“El gobierno de Salta está por autorizar un mega desmonte que paradójicamente es de la misma superficie de la deforestación en la finca de los (empresarios) Karlen, uno de los desmontes ilegales más grande de la historia. Este será un ecocidio legalizado a partir del nuevo ordenamiento provincial, que violando la Ley Nacional de Bosques retrocedió en protección de bosques en favor de los terratenientes”, sostuvo Giardini al sintetizar en una frase que el de Quebracho Colorado es “un (caso) Karlen legalizado”.
La referencia es en torno al desmonte ilegal que la ex AFIP encontró en la finca de los Karlen en 2013. La deforestación se había realizado ilegalmente sobre más de 11 mil hectáreas en el departamento San Martín. Desde entonces transcurrieron 13 años en los que el desmonte se judicializó y en ese marco se firmó un acuerdo de restauración que los empresarios incumplieron. Por eso, hoy les pesa una multa de más de 21 mil millones de pesos para que ese bosque pueda recomponerse.

Palabras que marean
El concepto de cambio de uso de suelo, manejo de bosque o uso silvopastoril se entiende como una estrategia para suavizar la palabra “desmonte” ante la sociedad, en medio de un debate que parece lejos de acabarse.
Según el informe Monitoreo de la Superficie del Bosque Nativo de la República Argentina 2024, de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, “se consideraron como pérdida de bosque nativo sólo aquellas áreas con posible uso silvopastoril (SP) donde se realiza desarbustado y remoción de cobertura arbórea en un grado de intensidad elevado, tal que permite su detección a partir de imágenes satelitales de mediana resolución espacial, ya que las mismas pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven comprometidos los servicios ambientales que brindan”.
En el mismo informe se reconoce al concepto de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI) como una alternativa para planificar la actividad ganadera y forestal dentro del bosque nativo que permita conjugar el objetivo productivo con la dinámica del bosque e interacción de sus componentes.
“En la práctica no he visto que (el MBGI) sea diferente al manejo silvo pastoril”, dijo Giardini, quien sostuvo que el hecho de que una superficie mantenga árboles en pie y pasturas, no implica que sea un bosque desde la perspectiva biológica.
Con el manejo de bosque con ganadería se insertan pasturas foráneas dentro de la superficie y frente a este panorama, el ambientalista afirmó que “no está medida cuanta biodiversidad se pierde”.
Una de las suposiciones que hizo es que quizás en una zona de estricto cumplimiento el manejo integrado podría llegar a funcionar, si es que realmente se hace rotar al ganado y se deja crecer bosque nativo para restaurar lo perdido. Pero una de las patas flojas en cuanto al cuidado del ambiente en Salta siempre fue el monitoreo y control de la deforestación.
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Inviolabilidad de la Propiedad Privada: La tierra prometida para los capitales extranjeros

Fecha de Publicación: 16/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa, que habilita la compra de campos sin límites y los desalojos exprés, se trataría mañana en el Congreso. El escenario de votación es incierto. Según Ravier, la ley vigente “criminaliza” a los inversores del exterior.
El Gobierno aprovecha la semana de definición del Mundial para avanzar con la extranjerización de la tierra. El día después de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, en la que la administración de Javier Milei convalidó sin cuestionamientos la prohibición de ingresar con banderas de las Islas Malvinas, el oficialismo buscará aprobar el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Se trata de un paquete de medidas que elimina las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales sin límites, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego. Según el vocero presidencial, Adrián Ravier, “la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros”. “Una barbaridad que se deriva de su malicia o su ignorancia”, dijeron desde el Observatorio de Tierras de la UBA, además de advertir que es una ley a medida del capital norteamericano. El peronismo en el Senado busca bloquear el capítulo de extranjerización de las tierras.
Tras varias semanas de intensas negociaciones, el gobierno busca habilitar la compra, por parte de inversores foráneos, de la totalidad del territorio nacional. Se trata del proyecto de Federico Sturzenegger, que ya recibió más de una docena de modificaciones. La versión del dictamen que circula entre los senadores lleva el número 14 y da cuenta de las veces que el archivo fue modificado. “El texto lo siguen tocando por abajo de la mesa aun cuando ya salió de comisiones”, reveló una fuente del interbloque Popular a este diario, que adelantó que “probablemente se propongan los cambios negociados sobre la base del dictamen que ya estaba”.
La tarde del martes, el oficialismo y la oposición encabezaron negociaciones frenéticas. Según pudo saber este diario, en el oficialismo los números aún no cerraban y había rumores de levantar una vez más la sesión. El peronismo, en cambio, trabajaba para bloquear el capítulo de extranjerización de la tierra. “Tenemos 35, nos falta un voto”, contó un senador al tanto del poroteo a Página12. En efecto, si la sesión transcurre sin ausentes, la oposición necesita 36 votos para bloquear las iniciativas del oficialismo.

Falacias libertarias
Detrás del discurso sobre la defensa irrestricta de la propiedad privada, el Gobierno impulsa una redefinición del régimen de la tierra que facilita el ingreso del capital extranjero sobre activos estratégicos. La discusión excede el derecho de propiedad y atenta contra la soberanía.
De todos, la extranjerización de la tierra es el aspecto más perjudicial para la integridad nacional. En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno “propone levantar las restricciones generales para la adquisición de tierras rurales por extranjeros”. A su vez, cuestionó la legislación vigente al afirmar que “la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros” e intentó diferenciar entre actores privados y estatales al sostener: “Una cosa es un inversor privado y otra un Estado extranjero”. “Es una barbaridad, que se deriva de la malicia o de la ignorancia”, respondió Pablo Voldkin, coordinador del Observatorio de Tierras. Lejos de “criminalizar” la compra de tierras, explicó, la ley vigente la habilita y únicamente regula la concentración excesiva en manos de capitales extranjeros.
Según Voldkin, actualmente los extranjeros poseen alrededor del 5% de la tierra rural del país, mientras que la legislación vigente autoriza que ese porcentaje alcance el 15%. “Hoy poseen 13 millones de hectáreas y podrían llegar a ser dueños de prácticamente 40 millones de hectáreas, una superficie mayor que toda la provincia de Buenos Aires”, explicó. En otras palabras, la norma todavía permite incorporar unos 26 millones de hectáreas más al dominio extranjero. El verdadero objetivo de la reforma, sostiene el investigador, es eliminar los límites precisamente en los territorios donde la tierra adquiere valor estratégico.
“El problema no es que la ley inhiba la compra de tierras, sino que hay departamentos donde la extranjerización ya supera el 40% o el 50%, especialmente en zonas cordilleranas”, advirtió. Con la eliminación de esos topes, podrían quedar completamente en manos de capitales extranjeros áreas donde se concentran recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y los pasos bioceánicos.
Voldkin también cuestionó la diferenciación planteada por Ravier entre Estados e inversores privados. “Los Estados extranjeros no son quienes más compran tierra en la Argentina; los principales compradores son las personas físicas y jurídicas”, señaló. Por eso, el verdadero objetivo del gobierno es remover los límites que hoy pesan sobre el capital privado extranjero. Se suma la eliminación del porcentaje por nacionalidad previsto en la ley vigente, una modificación que, según el investigador, “está hecha a medida del capital norteamericano”, principal poseedor de tierras rurales en el país. Un país a medida de los tecnorricos que Milei admira.
“Es un proyecto de extranjerización del territorio. No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado. Nosotros insistimos con nuestro rechazo porque a la Argentina hay que defenderla en todas las canchas. Sin territorio, dejamos de ser un país soberano”, sostuvo el senador Wado de Pedro ante Página/12. “La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras”, concluyó.

Contra las expropiaciones
El proyecto también endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados. La iniciativa restringe el alcance del concepto de “utilidad pública”, lo que eleva el umbral para justificar una expropiación y fortalece la posición de los propietarios frente a cualquier intento estatal de recuperar inmuebles por razones de interés general.
El Estado deberá indemnizar no solo el valor de la propiedad, sino también las ganancias que el propietario demuestre haber perdido como consecuencia directa de la expropiación. A la vez, establece que la toma de posesión solo podrá concretarse una vez abonada la totalidad de la indemnización, actualizada por inflación y con intereses. Incluso las ocupaciones temporarias de inmuebles quedarán limitadas a un máximo de 90 días. En los hechos, la reforma dificulta que futuros gobiernos puedan recuperar activos estratégicos mediante la herramienta de la expropiación.

Desalojos exprés
Otro de los ejes de la reforma es la aceleración de los desalojos. El texto habilita que cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo sobre un inmueble pueda solicitar la restitución inmediata de la propiedad. Si el juez considera que el planteo reúne elementos suficientes en una evaluación preliminar, podrá ordenar la entrega del inmueble sin esperar la sentencia definitiva del proceso.
La única atenuación prevista, luego de intensas negociaciones, alcanza a hogares donde vivan niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional. En esos casos, se otorgarán diez días para facilitar la búsqueda de otro lugar donde vivir.

Luz verde para los incendios intencionales
La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego y elimina uno de los principales desincentivos a los incendios provocados. Desaparecen las restricciones que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por el fuego durante 60 años, una herramienta incorporada por el diputado Máximo Kirchner para evitar que los incendios fueran utilizados como mecanismo de valorización inmobiliaria o expansión de la frontera agropecuaria.
Con la reforma, se eliminan las prohibiciones que impedían desarrollar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o modificar el uso de los suelos incendiados por 30 años. Deja sin efecto el principal resguardo que buscaba desalentar la especulación sobre tierras arrasadas por el fuego.
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Sierra Pintada: qué es la remediación ambiental y cómo se tratarán los residuos de uranio

Fecha de Publicación: 16/07/2026
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza


En el complejo minero fabril Sierra Pintada hay tachos enterrados con desechos uranio desde hace 30 años. Qué es la remediación ambiental.
Sierra Pintada es la mina con mayor cantidad de reservas de uranio conocida del país y hace 31 años que se dejó de explotar. Desde ese momento, en el complejo minero fabril hay 5.223 tachos enterrados con residuos de uranio y agua contaminada en las canteras que esperan ser tratados en el plan de remediación ambiental.

¿Ya comenzó el plan de remediación ambiental en Sierra Pintada?
En 1995, el complejo minero fabril Sierra Pintada dejó de extraer uranio de las canteras por la caída de los precios internacionales. Hubo un intento de reabrir la mina en 2003 pero quedó trunco tras la presentación de un recurso en la Justicia y la sanción de la ley provincial 7722 que prohibió el uso de arsénico.
En este marco, la Justicia le ordenó a la Comisión Nacional de Energía Atómica remediar los pasivos ambientales y recién en 2019 la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza emitió la Resolución 259 otorgando la Declaración de Impacto Ambiental a la CNEA.
En octubre de 2019, el Gobierno de Mendoza anunció el inicio de la remediación ambiental y el mes pasado -en una visita a Mendoza- los funcionarios de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Nación remarcaron en varias oportunidades: "La remediación se está haciendo, es falso que esté todo abandonado". Sin embargo, todavía no se han abierto los tachos con residuos de uranio ni se ha tratado el agua de cantera.
 Según los sitios especializados se entiende por remediación ambiental al conjunto de acciones orientadas a descontaminar áreas que han sufrido alteraciones por agentes físicos, químicos o biológicos. Estas acciones buscan disminuir los niveles de contaminación a estándares seguros, establecidos por normativas ambientales nacionales e internacionales, y varían de acuerdo al tipo de contaminante, la extensión del daño y las características del medio afectado.
 En este sentido amplio la remediación ambiental ya comenzó en Sierra Pintada porque el plan de trabajo se está ejecutando, la planta de procesamiento se reacondicionó para hacer el tratamiento de uranio y se está construyendo la planta para tratar radio y arsénico. El objetivo es comenzar a destapar los tachos con residuos sólidos y tratar el agua de cantera el año que viene.
En este sentido, la subsecretaria de Políticas Nucleares, Ayelén Giomi, insistió en que los 54 empleados de Sierra Pintada están trabajando. "El complejo no está abandonado, se ha estado trabajando en esto dos últimos años. Hemos hecho el vaso cuatro, se hizo el tratamiento de lodos y afluentes del dique DN3. Se hizo vaso cinco, el dique pulmón, el dique de disposición final, el recondicionamiento de la planta de uranio en la que tuvimos que cambiar más de 100 válvulas y comenzó la construcción de la planta de radio y arsénico", puntualizó.
"El año pasado conseguimos la licencia de parada prolongada de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Queremos entrar en contacto con la comunidad para obtener licencia social. Retomamos el plan de comunicación con la Provincia y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nos falta terminar la planta y el sistema de riego pero si se puede a fin del año 2027 queremos empezar a tratar el agua de cantera", cerró.

El tratamiento de los residuos de uranio
La subgerente del Compejo Fabril Sierra Pintada, Vanesa García, explicó en detalle el proceso de tratamiento de los residuos de uranio. La primera parte se llevará adelante en la antigua planta que fue reacondicionada en los últimos meses y que ya está operativa. Allí se procesarán residuos líquidos y sólidos. Una línea tiene capacidad para tratar 20 metros cúbicos por hora.
"Por las líneas de columna de fijación vamos a absorber el uranio que está contenido en agua de cantera y en residuos sólidos. De esta manera disminuimos a menos de 100 miligramos por litro la concentración de uranio que es lo que exige el Departamento General de Irrigación", dijo García.
"Después se conduce hacia la planta de tratamiento de radio y arsénico, donde por medio del agregado de reactivos químicos disminuimos la concentración de radio y de arsénico. Recién ahí podemos hacer el vertido en acre por medio de un sistema de riego", agregó.
El acre es un área de cultivos restringidos especiales, habilitada por Departamento General de Irrigación para hacer el riego con agua tratada. "El agua que va a cumplir con los controles de calidad. Vamos a hacer los estudios en nuestros laboratorios y con Irrigación", dijo la subgerenta.

Paso a paso cómo se la remediación
El agua de cantera es el agua de lluvia y subterránea que se acumula en los huecos de la cantera y que entra en contacto con zonas mineralizadas. Uno de los objetivos es mejorar la calidad del agua de cantera minimizando la cantidad de uranio, radio y arsénico.
El agua de cantera ingresa por cañerías a la planta de tratamiento donde pasa por las líneas de columnas con resinas que absorberán el uranio. Cuandos estas resinas se saturen, se las vaciará para volver a reutilizarlas y el uranio desprendido se envasará y almacenará en un sector de acopio dentro del predio.
El agua de cantera se transportará a una segunda planta para eliminar radio y arsénico. Luego se colocará en un dique de decantación para que con correr del tiempo, el agua limpia quede en la superficie y el barro en el fondo.
El agua tratada ingresa al dique decantación, con el tiempo las impurezas se van decantando y en el fondo se asienta el barro. Arriba queda el agua limpia habilitada para riego.
El dique de deposición final tiene una tecnoloóga moderna y segura para los efluentes y respeta las normas de proytección ambiental. Tiene una membrana de polietileno de alta densidad, drenaje de seguridad superior, geored de seguridad, drenaje de seguridad inferior, una segunda membrana de polietileno de alta densidad, arcilla impermeabilizante natural y capas de grava clasificada.
Una vez que se obtenga el agua tratada y sea monitoreada por los organismos de control, el Departamento General de Irrigación dispondrá su uso para el riego de un ACRE (área de cultivos restringidos especiales).
Los residuos sólidos son residuos de tratamiento de purificación del concentrado de uranio en forma de pulpa. Están dispuestos transitoriamente en tambores recubiertos de cola de mineral, que serán extraídos y transportados hacia la planta de tratamiento.
Los residos sólidos ya sin uranio serán transferidos a la segunda planta donde se los neutralizará con cal. Para gestionar los residuos sólidos, los tambores serán abiertos de forma segura mediante un dispositivo especialmente diseñado. Luego se lavarán con agua de cantera y posteriormente se realizará la disolución en la planta de tratamiento para disminuir la concentración de uranio.
El efluente de los residuos sólidos, con muy bajo contenido de uranio, será neutralizado y colocado en el dique de disposición final.
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Conservación de primates en Argentina: solo 7,2% de su hábitat protegido, Chaco y Formosa en riesgo por deforestación

Fecha de Publicación: 15/07/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


En Argentina, la conservación de primates se ha convertido en una prioridad urgente. Un reciente estudio realizado por expertos del CONICET ha identificado las regiones más críticas para proteger a las cinco especies de primates que residen en el país.
El análisis, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reveló que únicamente el 7,2% del territorio de los primates está bajo protección oficial. Esto significa que menos de 20,000 kilómetros cuadrados están resguardados, dejando a estas especies en una situación vulnerable. Ecologíay entorno
Los investigadores han señalado a las provincias de Chaco y Formosa como áreas de especial preocupación. Estas regiones presentan escasos espacios protegidos y sufren altos índices de deforestación, lo que amenaza a los hábitats de los primates.
Esta investigación forma parte del Plan Nacional de Conservación de Primates, aprobado en 2021 mediante la Resolución 430/2021. Este plan establece estrategias para mitigar las amenazas que enfrentan estas especies en Argentina.
En Argentina, cinco especies de primates no humanos habitan distintas ecorregiones. El mono aullador rojo (Alouatta guariba clamitans) está en peligro crítico, mientras que el carayá (Alouatta caraya), el mirikiná (Aotus azarae), el caí negro (Sapajus nigritus) y el caí de las yungas (Sapajus cay) están clasificados como vulnerables.
Mediante modelos de distribución de especies y análisis de priorización espacial, el estudio identificó áreas de importancia nacional y regional para la conservación de estos primates. Se integraron datos sobre la calidad del hábitat, conectividad, y factores como la huella humana y la infraestructura vial.
Los resultados sugieren que las zonas prioritarias para la conservación incluyen el Bosque Atlántico en Misiones y las regiones húmedas en el este de Chaco y Formosa, así como partes de las Yungas.
La conclusión de los expertos es clara: es crucial integrar a las comunidades locales y a los gobiernos provinciales en un proceso participativo para implementar estas medidas de conservación, asegurando el apoyo y el consenso necesarios.
El Plan Nacional de Conservación de Primates de Argentina cuenta con siete objetivos y 32 acciones, gestionadas por diferentes entidades, incluyendo investigadores del CONICET. La gestión nacional está liderada por la Dirección Nacional de Biodiversidad y la coordinación ejecutiva por Martín Kowalewski del CECOAL.
Este plan busca ser un puente entre la ciencia y la gestión pública, permitiendo que la investigación se traduzca en políticas concretas. Talleres participativos y campañas de educación ambiental están entre las acciones futuras para impulsar la conservación de primates en Argentina. 
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Corrientes: el proyecto de reintroducción del oso hormiguero cumplió 19 años

Fecha de Publicación: 15/07/2026
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Tras casi dos décadas de gestión técnica, las nuevas generaciones nacidas en total libertad expanden la biodiversidad del ecosistema litoraleño.
La Fundación Rewilding Argentina conmemoró el 19° aniversario del inicio del exitoso proyecto de reintroducción del oso hormiguero gigante en los Esteros del Iberá.
La histórica iniciativa ambiental, co-creada originalmente junto a Tompkins Conservation y sostenida mediante un trabajo articulado con el Gobierno de Corrientes, logró rescatar y liberar ejemplares de la especie conocida localmente como yurumí, la cual se encontraba extinta en la provincia desde hacía décadas. Tras casi dos décadas de gestión técnica, las nuevas generaciones nacidas en total libertad expanden la biodiversidad del ecosistema litoraleño.

El regreso del yurumí: de la extinción a la libertad en Corrientes
El yurumí había desaparecido de los paisajes correntinos décadas atrás debido a la degradación de su hábitat y la caza, lo que hacía suponer a los especialistas que su recuperación en el territorio provincial era una meta inalcanzable. El proceso requirió el diseño de protocolos científicos inéditos para la fauna mayor de la región.
El núcleo del programa biológico se consolidó a través de los siguientes ejes operativos:
- Protocolos de rescate: el engranaje técnico se basó en el rescate, la rehabilitación adaptativa y la posterior liberación de individuos provenientes de alertas civiles y distintas instituciones.
- Nacimientos silvestres: el éxito permitió que múltiples generaciones de osos hormigueros gigantes nacieran y crecieran de manera autónoma en los campos del Iberá.
- Distribución actual: esta población recuperada no solo volvió a ocupar un rol ecológico clave en gran parte de los Esteros, sino que continúa expandiendo su distribución geográfica en el territorio de Corrientes.

Un modelo de restauración que abrió paso a nuevas especies
Desde la Fundación Rewilding Argentina enfatizaron que el proyecto del oso hormiguero gigante funcionó como el gran caso testigo de que la restauración ecológica y el rewilding son viables en el país cuando existe un trabajo coordinado a largo plazo entre los equipos científicos, las instituciones gubernamentales y las comunidades locales que actúan como guardianas del entorno.
El impacto del programa a 19 años de su primera liberación generó consecuencias directas en la región:
- Faro conservacionista: la historia del yurumí marcó la hoja de ruta metodológica y abrió de forma definitiva el camino técnico para otros programas complejos de reintroducción de especies nativas.
- Recuperación integral: la metodología aplicada sirve de base actual para la estabilización y devolución de depredadores y herbívoros clave en distintos ecosistemas y ambientes protegidos de la Argentina.
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Peligra la situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo

Fecha de Publicación: 15/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo


A dieciocho años del fallo Mendoza, se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud.
Hace 18 años, la Corte Suprema de Justicia dictó el hito jurídico y ambiental más importante de Argentina. A través del fallo “Mendoza” obligó al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a dar respuesta a la grave situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo que afectaba, y aún afecta, a más de 4 millones de personas.
Sin embargo, a fines de 2024, la misma Corte decidió cerrar el caso pese a que la mayoría de las metas vinculadas al acceso al agua, saneamiento y salud pública continúan sin cumplirse. Si bien la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) permanece en actividad, no tiene el respaldo institucional ni presupuestario para continuar con el trabajo necesario para sostener las acciones que demanda uno de los territorios más contaminados del país
Esta desatención estatal se refleja en un drástico recorte presupuestario: según ACUMAR, en 2024 los fondos para saneamiento e infraestructura cayeron un 76,6% real debido a la subejecución y ese mismo año, el presupuesto nacional para la causa “Mendoza” cayó un 69%.
Detrás de estas cifras hay obras paralizadas, falta de controles y vecinos que continúan esperando respuestas, privados de derechos fundamentales como el acceso a un ambiente sano. La exposición cotidiana a los agentes contaminantes presentes en el agua, el suelo y el aire causan enfermedades respiratorias, intoxicaciones por plomo y arsénico, y diversas patologías gastrointestinales, con impactos especialmente graves en niñas, niños y adolescentes.
En este contexto de abandono, se suma una nueva preocupación: el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), impulsado por el Gobierno nacional. La empresa cumple un rol estratégico en la ejecución de obras fundamentales para el saneamiento de la cuenca y, particularmente, para el desarrollo del Sistema Riachuelo, una de las intervenciones de infraestructura más importantes de las últimas décadas.
Frente a este escenario, FARN junto con el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Medio, el Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos un amparo colectivo para frenar la privatización.
Esta medida pone en riesgo la continuidad de inversiones esenciales para ampliar el acceso al agua potable, extender las redes cloacales y garantizar el saneamiento ambiental. La lógica que parece imponerse es priorizar la rentabilidad financiera por encima de derechos básicos y de obligaciones asumidas por el propio Estado. Todo ello, a contramano de la tendencia global que se orienta a la gestión pública del agua.
A esto se suma que el Estado nacional pretende vender el 90% de las acciones de AySA sin haber realizado una evaluación integral de los impactos ambientales y sociales que esta decisión podría generar. Tampoco se ha llevado adelante una auditoría pública que identifique las obras pendientes, las contingencias sanitarias existentes, los pasivos ambientales acumulados ni las necesidades futuras de inversión.
Además, el proceso de privatización avanza sin que se haya convocado a una audiencia pública que permita a la ciudadanía expresar su opinión sobre una decisión de enorme trascendencia pública, como lo exige el Acuerdo de Escazú ratificado por ley en Argentina.
A dieciocho años del fallo Mendoza, la discusión sobre AySA trasciende la gestión de una empresa: se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud, la dignidad y la calidad de vida de millones de personas.
El acceso al agua potable no puede quedar sujeto exclusivamente a criterios de rentabilidad: el agua no es una mercancía sino un derecho humano fundamental ligado a la vida.

Por Cristian Fernández - Coordinador de Legales de FARN y Luciana Dorigo  - Directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Medio
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Fallo histórico: la Justicia confirmó el daño irreversible de Atanor al río Paraná

Fecha de Publicación: 14/07/2026
Fuente: Portal PrimeraPlana
Provincia/Región: Buenos Aires


La Suprema Corte bonaerense ratificó la condena contra la planta agroquímica ubicada en San Nicolás por la contaminación mediante efluentes industriales. La sentencia expone graves falencias en los controles del Estado y reactiva el reclamo vecinal por una investigación ambiental profunda e integral
La ratificación judicial de un reclamo histórico
Tras doce años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa de agroquímicos Atanor por provocar un daño ambiental irreversible sobre las aguas del río Paraná.
El máximo tribunal provincial había comenzado a evaluar el expediente en agosto de 2023, apenas unos meses antes de que la planta protagonizara una explosión en uno de sus reactores. Aquel incidente dejó un saldo de un operario herido y forzó la evacuación de los vecinos del barrio circundante, quienes posteriormente reportaron síntomas respiratorios y la aparición de manchas blancas en plantas, veredas y vehículos. Frente al avance de la causa, la compañía intentó interponer un último recurso que fue desestimado por la Corte, confirmando definitivamente su culpabilidad por el vertido de efluentes industriales contaminantes.

Irregularidades operativas y falta de controles
La resolución judicial dio por acreditados los argumentos presentados originalmente por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que comprobó la presencia de atrazina —un reconocido agroquímico industrial— en niveles superiores a los permitidos, y evidenció el tratamiento insuficiente de estos compuestos por parte de la empresa.
Fabián Maggi, abogado de la entidad denunciante, destacó que el fallo pone en evidencia el marco de ilegalidad en el que operaba la firma y señala la alarmante deficiencia de los organismos provinciales encargados de la fiscalización de industrias de alto riesgo. En particular, la sentencia apunta contra la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente bonaerense por no controlar la totalidad de los químicos asociados a la actividad de Atanor.
Esta carencia de supervisión sostenida en el tiempo se vio ratificada por episodios ocurridos a lo largo de este año. Análisis efectuados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet, sobre muestras tomadas por la ADA entre febrero y abril de 2026, revelaron la presencia de glifosato, atrazina, AMPA y elevadas concentraciones de Atrazina-Hidroxi en descargas pluviales que desembocan en el río. Sumado a esto, Greenpeace Argentina denunció recientemente el hallazgo de residuos agroquímicos en los sistemas de drenaje tras detectarse una conexión clandestina mediante una inspección oficial.

El futuro de la planta y la exigencia de remediación
Ante la acreditación judicial de los hechos, el representante legal de la asociación civil subrayó la obligación indelegable del Estado de implementar una investigación ambiental integral, independiente y transparente. El objetivo central es determinar la extensión territorial y temporal del daño, evaluar qué sustancias persisten en el ambiente y establecer medidas de protección concretas para los miles de nicoleños que habitan en las inmediaciones del complejo.
En la actualidad, Atanor transita un proceso de relocalización productiva luego de que la Justicia ordenara la suspensión definitiva de la elaboración de agroquímicos en su sede de San Nicolás. Ante esta etapa inminente de desmantelamiento y limpieza, tanto organizaciones como Greenpeace y el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) han exigido conjuntamente que las operaciones de traslado se ejecuten bajo un riguroso esquema de monitoreo y control ambiental.

Más Información: 

Portal LaPoliticaAmbiental - Buenos Aires: La Justicia confirmó que Atanor provocó un daño ambiental irreversible sobre el río Paraná
Después de más de una década de litigio, quedó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa agroquímica por la contaminación del río Paraná desde su planta de San Nicolás. El fallo expone las graves fallas en los controles ambientales y vuelve a poner bajo la lupa el modelo de fiscalización sobre industrias de alto impacto.
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Incendios forestales. La Patagonia se prepara para un nuevo escenario climático que también interpela a otros lugares

Fecha de Publicación: 14/07/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Patagonia


Cuatro megaincendios quemaron casi 70 mil hectáreas en Chubut, Río Negro y Neuquén durante una temporada de verano. Es equivalente a la mitad de todo lo destruido por el fuego en los 23 años. Especialistas y organizaciones se reunieron para debatir cómo prevenir y comunicar.
En una sola temporada de verano, el fuego arrasó cerca de 70 mil hectáreas de bosque en Chubut, Río Negro y Neuquén, como consecuencia de cuatro incendios de gran magnitud. El área dañada representa la mitad de toda la superficie afectada en la Patagonia durante los 23 años previos y refuerza la advertencia sobre un fenómeno cada vez más frecuente, que exige prevención y adaptación frente al cambio climático.
Para debatir este nuevo escenario, especialistas, científicos, comunicadores, brigadistas, representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales y referentes territoriales se reunieron en Lago Puelo, Chubut, donde se realizó el taller “De la información a la acción: comunicar incendios en un nuevo escenario climático en la Patagonia Norte”.
La problemática no se limita a la Patagonia. También interpela a Córdoba, donde los incendios que se repiten en las sierras ponen en riesgo viviendas, monte nativo, infraestructura y actividades productivas. A su vez, encuentra un correlato internacional en España, donde los incendios forestales vuelven a exponer el impacto de las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y la rápida propagación del fuego.
El encuentro fue organizado por Iniciativa BASE, Fundación Avina, Fundación Alimentaris, Asociación AcercAR e InnContext con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ciencia, comunicación, territorio y experiencias comunitarias para mejorar la prevención y la respuesta frente a las emergencias.
La magnitud del problema se refleja también en otros datos presentados durante la actividad. En 2024 se detectaron más de 346 mil focos de incendio en Sudamérica, en un contexto de aumento de los eventos extremos asociados al cambio climático.
En 2025, el fuego arrasó más de 37 mil hectáreas en Chubut, Río Negro y Neuquén, provocó la muerte de una persona y destruyó al menos 120 viviendas en El Bolsón y sus alrededores.
La situación volvió a agravarse en enero de 2026, cuando nuevos incendios se registraron en las mismas zonas de la cordillera patagónica. Durante esa temporada se quemaron más de 60 mil hectáreas, confirmando que el fuego dejó de ser un fenómeno excepcional para convertirse en un riesgo recurrente.

Un cambio persistente desde 2006
El agrónomo e investigador del Conicet, Marcos Easdale, y el meteorólogo Santiago Hurtado identificaron un cambio persistente en el comportamiento del clima del norte de la Patagonia desde el período 2006-2007.
El trabajo, titulado “Cambio climático e incendios en el Norte de la Patagonia argentina: transitando un nuevo escenario”, analiza lo ocurrido.
La principal conclusión es que no se trata de una fluctuación pasajera, sino de la transición hacia un nuevo régimen climático en el que las condiciones meteorológicas favorecen incendios más severos, extensos y difíciles de controlar. Según la investigación, la temperatura media anual aumentó entre 0,2 y 0,7 grados.
Los valores más críticos se registran durante diciembre y enero, cuando se detectaron picos de hasta 1,5 grados por encima del promedio histórico anterior a 2007. Ese incremento acelera la pérdida de humedad de árboles.

Menos lluvias y menor caudal de los ríos
El estudio determinó que las precipitaciones anuales disminuyeron más de un 20% en gran parte de la zona cordillerana después de 2006.
Hurtado explicó que la reducción del agua disponible se ubica entre el 20% y el 30% en algunos lugares y llega hasta el 40% del acumulado anual en determinadas regiones.
El déficit hídrico también se observa en los ríos Neuquén y Chubut, cuyos caudales presentan una disminución de entre el 30% y el 40% respecto de los valores normales anteriores a 2007.
El meteorólogo detalló que el nuevo escenario combina “una disminución de agua disponible debido a las bajas precipitaciones, entre el 20% y el 30% en algunos lugares y hasta el 40% en el acumulado anual; y un aumento de la temperatura en verano del orden de un grado y en algunas regiones de hasta 1,5 grados”.
Esa combinación genera “las condiciones perfectas para que los incendios sean mucho más severos y se propaguen más rápido”.

Más viento y más días de peligro
La investigación también identificó un aumento del 15% en la intensidad de las ráfagas máximas de viento durante febrero, uno de los meses más críticos de la temporada.
El viento es determinante para la velocidad de propagación de las llamas, la aparición de nuevos focos y las dificultades que enfrentan los brigadistas para contener el fuego.
La cantidad de días por año con condiciones meteorológicas de peligro de incendio alto o extremo aumentó en más de 15 jornadas respecto del régimen climático anterior a 2007.
Hurtado también advirtió que las comunidades deben aceptar que atraviesan una realidad distinta. “Tenemos que replantearnos todo, desde nuestro sistema productivo, nuestras ciudades, nuestra interacción con el bosque y el manejo del material combustible”, señaló.
Por su parte, Easdale, investigador de la Fundación Bariloche, explicó que el fuego forma parte naturalmente de los ecosistemas patagónicos, aunque históricamente tenía una frecuencia baja. También advirtió sobre el crecimiento de viviendas y urbanizaciones dentro de áreas forestales.
Según explicó, muchas personas se trasladan a la Patagonia con “el imaginario de tener una vivienda en el medio del bosque, rodeada de árboles”.
El problema también puede observarse en las sierras de Córdoba, donde viviendas, barrios y complejos turísticos se encuentran próximos a áreas de monte.

Comunicar antes de que comience la emergencia
Uno de los principales acuerdos del taller en el que participó La Voz del Interior fue sostener durante todo el año espacios de articulación entre medios de comunicación, organizaciones sociales, instituciones públicas, brigadistas, referentes territoriales y actores científicos.
La propuesta apunta a que todos esos sectores lleguen a las emergencias con vínculos, contactos y acuerdos previamente establecidos.
También se planteó impulsar una comunidad de articulación por WhatsApp, con canales temáticos para compartir alertas, información oficial, fuentes confiables, verificación de contenidos y coordinación de donaciones y ayudas.
Los participantes coincidieron en promover una comunicación responsable, basada en información verificada y fuentes claramente identificables.
Otro de los acuerdos fue fortalecer las acciones de prevención y preparación durante todo el año, en lugar de concentrarlas únicamente durante los meses de verano.

Un decálogo para periodistas y organizaciones
Durante la actividad, Fundación Avina presentó contenidos de la publicación “Guía para diseñar relaciones simbióticas entre periodismo y sociedad civil”, elaborada en 2025 por Ceper Uniandes, Fundación Avina, la Agencia de Noticias InnContext y el Centro Pulitzer.
Pablo Baños Trujillo, Gerente de comunicaciones de Fundación Avina, presentó un decálogo destinado a mejorar los vínculos entre periodistas, organizaciones sociales, científicos y comunidades. La guía propone facilitar el acceso a fuentes confiables, conocimiento técnico e información territorial.
El taller dejó como conclusión que los incendios forestales ya no pueden abordarse solamente durante la emergencia. Frente a un clima más cálido, más seco y con temporadas de riesgo cada vez más extensas, la articulación entre ciencia, comunicación, instituciones, brigadistas y comunidades se convirtió en una herramienta para prevenir daños y reducir la exposición de las poblaciones.
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Desmontaron ilegalmente miles de hectáreas y se niegan a pagar la multa

Fecha de Publicación: 13/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Hace trece años los hermanos José y Darío Karlen deforestaron, sin autorización, 11 mil hectáreas en el norte salteño. Se les impuso una multa millonaria, que hasta ahora vienen resistiendo mediante todo tipo de planteos judiciales. Mientras tanto, siguen produciendo en la zona desmontada. 
Por cuarta vez los empresarios José y Darío Karlen presentaron una apelación en la causa judicial que se tramita a raíz del desmonte en su finca, en este caso para evitar pagar una multa equivalente a unos 15 millones de dólares por aquel desmonte de más de 11 mil hectáreas en 2013, de manera ilegal. El argumento principal de los finqueros es que con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia las áreas afectadas son desmontables.
La novedad la dio a conocer el Ministerio Público Fiscal de Salta al contestar esta última apelación de los empresarios. Este último recurso presentado por los desmontadores fue contra la ampliación del embargo preventivo dispuesto por la administración de justicia para garantizar eventuales tareas de restauración ambiental en los catastros afectados por la deforestación.
La fiscal civil, comercial y laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, presentó la nueva contestación ante la Cámara de Apelaciones.
La historia se retrotrae a un años antes de oficializar la existencia del desmonte ilegal. En 2012 las denuncias de las comunidades wichí eran desoídas por la Secretaría de Ambiente de la provincia, en aquel momento bajo la gestión de Gustavo Paul. Los encargados de confirmar la denuncia decían que nada pasaba. Fue necesario un operativo de la hoy ex AFIP que, además de develar el desmonte, denunció que en la finca había personas en condiciones de trabajo esclavo.
El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente ante la Procuración General de la provincia el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre las aproximadamente 16 mil hectáreas de su finca, incluyendo las 11 mil hectáreas desmontadas ilegalmente, e integrar en esa solución a las comunidades indígenas y familias criollas asentadas en la zona. El acuerdo fue homologado judicialmente el 3 de diciembre de 2018.
Desde entonces, la fiscal Vélez Román impulsó de manera permanente el cumplimiento de ese compromiso mediante intimaciones, inspecciones técnicas realizadas junto a especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección General de Bosques y el INTA, sin que se verificaran avances suficientes en la recomposición comprometida.

Demoras en pie, monte caído
La causa registra numerosos planteos defensivos formulados por los hermanos Karlen a lo largo de los años, todos ellos rechazados por la administración de justicia. Las demoras, sin embargo, continúan y el monte sigue sin regenerarse porque las tierras, según se logró confirmar en una de las tantas idas y vueltas de la causa, continúan en producción y no en un proceso de restauración.
En 2015, durante el interinato del fiscal Gonzalo Ariel Vega, la fiscalía civil contestó diversas apelaciones contra la ampliación de la medida cautelar ambiental que recaía sobre los catastros involucrados, rechazándose los cuestionamientos.
Posteriormente, en 2016, la entonces fiscal Griselda Beatriz Nieto sostuvo la ampliación de la cautelar frente a nuevas defensas de los demandados, entre ellas un planteo de prescripción de la causa e impugnaciones contra los peritos, todas resueltas favorablemente para la fiscalía.
En 2018, la fiscal Vélez Román intimó nuevamente al cumplimiento del convenio y, ante la persistencia del incumplimiento, solicitó la imposición de astreintes (multas diarias), medida que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal en 2020. Los posteriores planteos de nulidad también fueron rechazados.
Asimismo, la fiscalía de Cámara a cargo de Ramiro Michel Cullen intervino en un recurso vinculado a un planteo de caducidad de instancia promovido por los demandados, que fue desestimado por la Cámara de Apelaciones el 27 de septiembre de 2023.
En 2024, el Juzgado resolvió avanzar con la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijando una suma líquida y exigible de 67.920.000 pesos correspondiente a diciembre de 2023. Esa decisión también fue apelada por la parte demandada, pero la Cámara Civil rechazó el recurso el 16 de diciembre de 2025.
En 2026, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella y la fiscal Vélez Román solicitaron ampliar el embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo desde más de 171 millones de pesos hasta 21.805 millones de pesos, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para eventuales tareas de restauración ambiental de ejecución forzada. El pedido fue admitido por el Juzgado.

Un argumento impune
Frente a esa resolución, los Karlen volvieron a apelar. En esta oportunidad, además de cuestionar la ampliación del embargo, solicitaron que se deje sin efecto todo el proceso judicial, no obstante haber dado su acuerdo antes. Argumentaron que la nueva legislación provincial sobre bosques les permitiría actualmente realizar desmontes.
La nueva y reciente contestación de la fiscal Rosa Vélez Román sostiene que ese planteo carece de sustento jurídico. En su presentación realizó un análisis de la legislación nacional y provincial en materia ambiental y reafirmó que la obligación de recomponer el daño subsiste, independientemente de eventuales modificaciones normativas.
Además, la fiscal destacó que la nueva ley provincial distingue expresamente los desmontes ilegales mediante una categoría específica de protección y remarcó la plena vigencia del principio de no regresión ambiental, previsto tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
La resolución definitiva sobre esta nueva apelación quedará ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia.

Desmontes ilegales, afuera
“Dejamos afuera los desmontes ilegales porque es algo que está en manos de la Justicia”, respondió Luchas Seghezzo, quien encabezó el equipo técnico a cargo de la definición del nuevo Ordenamiento en la provincia, al ser consultado por Salta/12 respecto del argumento de los empresarios.
Seghezzo indicó que incluso la nueva ley es más restrictiva que la anterior por lo que decir que permite hacer más desmontes “es absurdo”. Añadió que tampoco esto significa que alguien que haya desmontado de manera ilegal puede tener “redención alguna con la nueva ley. Eso es falso”.
“Es insólito que los empresarios traten de evitar la multa y la restauración del ecocidio que realizaron argumentando que con la nueva ley de bosques de Salta podrían desmontar. Muestra el nivel de impunidad con la que se manejan”, sostuvo por su parte el coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El coordinador dijo que es esperable que “pronto se avance en la recomposición del daño, como lo establecen leyes nacionales y provinciales. El bosque debe volver. Además, el caso muestra claramente por qué se precisa penalizar la destrucción de bosques, las multas no están sirviendo”. 
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