Río Salado: en el agua y en sedimentos hallaron plaguicidas y metales pesados

Fecha de Publicación: 21/11/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe - Litoral


El trabajo de campo se hizo en el arroyo Cululú, la costa del camping municipal de Esperanza y en la playa de Santo Tomé. "Toda la cuenca que se estudió está significativamente degradada y presenta un riesgo para el ambiente acuático", remarcó Rafael Lajmanovich, doctor en Ciencias Naturales e investigador principal del Conicet.
Una nueva investigación científica denuncia la grave contaminación del río Salado en su cuenca baja. En todos los casos analizaron distintos parámetros fisicoquímicos y de metales, y detectaron que la calidad del agua es "marginal", es decir, mala. Los estudios mostraron bajos niveles de oxígeno disuelto y altos niveles de sólidos suspendidos totales, incluidos fosfato, nitrito, conductividad, plomo, cromo y cobre. Mientras que las concentraciones de metales fueron entre 34.000 y 35.000 veces más altas en los sedimentos que en las muestras de agua.
La investigación denominada "Calidad ambiental y ecotoxicidad de sedimentos de la cuenca baja del río Salado sobre larvas de anfibios" fue desarrollada por investigadores del Conicet en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en conjunto con especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Recientemente el estudio fue publicado por la revista científica internacional, "Aquatic Toxicology".
Rafael Lajmanovich, doctor en Ciencias Naturales e investigador principal del Conicet, dialogó con El Litoral y explicó detalles del trabajo que llevaron adelante desde marzo de este año y que demandó más de seis meses, entre las determinaciones fisicoquímicas en los diferentes laboratorios en los que se analizaron las muestras, que detectaron 30 plaguicidas diferentes en el agua y sedimento.
"Si al trabajo lo tengo que resumir en dos renglones digo que: todos los análisis físicoquímicos y ecotoxicológicos, tanto de plaguicidas y de metales, determinan que toda la cuenca que se estudió está significativamente degradada y presenta un riesgo para el ambiente acuático. El índice de riesgo de calidad de agua muestra que es marginal, no es extremadamente mala, pero tampoco es buena", sostuvo el investigador.
El grupo de investigadores tomó muestras de agua y sedimentos en el arroyo Cululú, un afluente de la cuenca del río Salado; la costa del camping municipal de la ciudad de Esperanza; y en la playa de la ciudad de Santo Tomé. Al ser consultado sobre porqué se estudia este tramo del río, Lajmanovich indicó que "es la cuenca final y siempre se estudia para estas caracterizaciones porque es donde llega todo lo de aguas arriba y es como un embudo".

Riesgo ambiental
Si bien el estudio no tiene una caracterización sobre el perjuicio a la salud de las personas que pueden producirse a consecuencia de este algo grado de contaminación, el investigador principal del Conicet aclaró que "sí tiene caracterización de riesgo ecológico, y es obvio que la salud ambiental incluye al humano en el ecosistema, es decir que influye sobre las personas".
El trabajo en red de los científicos y científicas de distintos puntos del país apunta a indagar lo que sucede en las áreas agroindustriales del país y el impacto que tiene para el ambiente. "Uno se sorprende cuando las cosas suceden cerca de su casa, pero hay situaciones que se dan en varios lugares de Argentina", aseguró Lajmanovich.
Esta alta contaminación debido a la presencia de metales y agroquímicos, sumado al bajo nivel de oxígeno disuelto y los aumentos abruptos de la temperatura, afectan directamente a fauna que habita en el río. En 2020 una gran cantidad de peces aparecieron muertos en el río Salado a la altura de Santo Tomé.
El doctor en Ciencias Naturales remarcó que "la mortandad de peces que pasó acá sucede en otros lugares, los ríos contaminados también. Por ejemplo salió hace poco un trabajo importante del río Gualeguay, que tiene características de contaminación similares al Salado".
Los contaminantes hallados no solo provienen de la agroindustria, según señaló el científico: "Muchas características fisicoquímicas, como el contenido de materia orgánica, son contaminantes urbanos porque a los ríos desaguan los vertidos desde las ciudades. Todo lo que va al río termina alterando la calidad del agua y al río no solo van pesticidas, sino que es un resumidero de todo lo que se usa a lo largo de la cuenca, ni siquiera tiene que estar exactamente al lado del río".

"Me sorprendió la excesiva cantidad de cromo"
En la publicación oficial de la página web de la Universidad de San Martín, en el artículo sobre esta investigación, la investigadora Carolina Aronzón, del Conicet y el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la UNSAM advierte: "Me sorprendió la excesiva cantidad de cromo que encontramos. Hace años trabajamos en análisis de agua y, si bien es habitual encontrar excesos de cobre, no ocurría lo mismo con el cromo, que en las muestras que tomamos cerca de la ciudad de Esperanza, por ejemplo, excedieron el límite de protección de la vida acuática determinado por la legislación argentina".
La especialista aclaró que, si bien todos los metales están naturalmente en el territorio, la actividad antrópica –recreativa e industrial– aumenta esos niveles. En el caso del arroyo Cululú, por ejemplo, las actividades vinculadas con las industrias del cuero, vidrio, metalurgia, galvanoplastia, agrícola y láctea afectan la calidad de los sedimentos del fondo de la cuenca de este curso de agua.
"Solo consideramos metales y otros parámetros fisicoquímicos en base a los limites establecidos por las reglamentaciones, pero si a eso le sumamos los plaguicidas, el escenario es aún peor", agrega Aronzón, que es doctora en Ciencias Biológicas. A partir de este trabajo, se detectó la presencia de 30 plaguicidas diferentes en todas las muestras de agua y sedimentos. Por ejemplo, en todas las muestras encontraron glifosato y su metabolito (ácido aminometilfosfónico o AMPA), N,N-Dietil-meta-toluamida (DEET, presente en la mayoría de los repelentes de insectos) y atrazina (que es un disruptor endócrino).
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Sin control: Foto satelital muestra cómo avanza el desmonte en el Corredor Verde

Fecha de Publicación: 21/11/2022
Fuente: Misiones Cuatro
Provincia/Región: Misiones


Pese a las leyes de conservación vigente, ya se perdieron más de 300 mil hectáreas de selva paranaense en la línea entre San Vicente y Bernardo de Irigoyen. Fuerte advertencia en bloque de dirigentes agrarios, sociales y ambientalistas al Gobernador Oscar Herrera Ahuad.
Una imagen satelital de agosto de 2022 muestra con “claridad” la fractura –o desmonte- del Corredor Verde, considerado el último remanente continuo de Selva Paranaense en el mundo, situado en la zona del Alto Uruguay de Misiones.
En 1999, su conservación fue establecida por la Ley 3631 (Ley XVI – Nº60) con el principal propósito de garantizar la permanencia del agua, la biodiversidad de especies de plantas y animales, oxígeno, suelo productivo, el territorio Mbya guaraní, el equilibrio ambiental y la identidad de la selva misionera.
Pero el Corredor Verde como tal, no existe más. Lo advierten, en bloque, los referentes de organizaciones agrarias, sociales, de derechos humanos, gremiales, indígenas y ambientales al cotejar imágenes satelitales que muestran una severa fragmentación en el Noreste misionero, imágenes que monitorea el propio Ministerio de Ecología de la Provincia.
La imagen demuestra que está “severamente fracturado” en el centro y en la línea entre San Vicente y Bernardo de Irigoyen, con “notables desmontes” en toda el área, sobre todo en el norte, y el aislamiento del Parque Provincial Urugua-í y de la Reserva de Biósfera Yabotí.
“Nos estamos quedando sin monte, sin agua y sin suelo productivo”, dijo Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM). “Los primeros perjudicados con esta situación son los agricultores y las personas de menos recursos”, agregó por su parte Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones (MAM).

Números que duelen
La advertencia que proclama el bloque de dirigentes de reconocida militancia agraria y ecologista se sostiene, también, con una investigación del CONICET, divulgada en octubre de 2022, que indica que entre 1985 y 2021 fueron deforestadas en Misiones 305 mil hectáreas de Selva Paranaense.
Dicho de otro modo, sostiene el informe, elevado casi como una plegaria al gobernador Oscar Herrera Ahuad, que se ha eliminado un 20% de la superficie con monte en ese período, o su equivalente a un promedio de 8.260 hectáreas por año. El mismo estudio señala que el monte fue reemplazado por plantaciones forestales, mayoritariamente, entre otras actividades.
“El mayor aumento se registró en el área ocupada por las plantaciones forestales pasando de130 mil hectáreas en 1985 a 330 mil hectáreas en el 2021, lo que representa un aumento del 151por ciento”, se puede leer en la web del CONICET.
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Investigadores regionales aseguran que existe una relación entre fracking y sismos

Fecha de Publicación: 21/11/2022
Fuente: ANRoca
Provincia/Región: Neuquén


Un trabajo realizado por un grupo de investigadores, entre los que se encuentra el geógrafo roquense Javier Grosso, explica que existe una relación directa entre la práctica del fracking para la explotación de petróleo no convencional, y los sismos que se han registrado en Neuquén y Santa Cruz. Esta investigación fue publicada en la última edición de la prestigiosa revista científica internacional Nature.
El trabajo, titulardo “Evaluación de la deformación del suelo y la sismicidad en dos áreas de intensa producción de hidrocarburos en la Patagonia argentina”, fue realizado por un grupo de docentes de universidades argentinas y españolas.El trabajo original se puede consultar en el sitio web de Nature.
Grosso, integrante del departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue que vienen estudiando la ocurrencia de sismos en la zona de Sauzal Bonito desde 2019, frecuencia que “acompaña los periodos en los que se realiza la extracción de hidrocarburos con la técnica del fracking”.
Enfatízó que han logrado demostrar “la relación entre los recurrentes sismos y el fracking en la cuenca Neuquina”, y “la identificación de dos procesos de deformación superficial posterior a la ocurrencia de sismos inducidos por la actividad hidrocarburífera”. Uno, en Sauzal Bonito; otro, en Las Heras, al norte de Santa Cruz. El investigador apuntó que ese sismo, ocurrido en 2019, “ha permanecido ausente del debate público hasta la fecha y oculto bajo la cortina de “un posible hecho aislado de origen natural” a pesar de haber afectado seriamente a una de las poblaciones más importantes de la provincia de Santa Cruz”.
El geógrafo cuestionó a lo los organismos estatales nacionales y provinciales que “solo han retardado y dificultado nuestra investigación a través de diferentes mecanismos tales como la omisión de información pública, el desgastante atraso en la entrega de datos o la mediación de acuerdos de confidencialidad entre organismos públicos provinciales y nacionales”.
Entre las principales conclusiones de la investigación publicada por Nature, se destaca la “relación entre las actividades de producción de pozos y el desplazamiento de la superficie del terreno. Los resultados obtenidos muestran que no hubo movimiento de tierra durante la ausencia de pozos de fracking, y que el movimiento de tierra comenzó unos meses después del inicio de las operaciones de fracking. Además, los datos recopilados sobre la actividad productiva muestran un claro desequilibrio entre extracción e inyección que se corresponde con el tipo de movimiento detectado (hundimiento)”.
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Cabandié anunció la creación de la Fundación Parques

Fecha de Publicación: 19/11/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, junto al presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Federico Granato, encabezó la presentación de la Fundación Parques, organización creada como aliada de la APN, con el fin de generar recursos y construir estrategias para complementar la gestión de las áreas protegidas del país.
Allí, Cabandié expresó: “La fundación es un gran puente para construir sinergia entre el sector público y el sector privado, y sumó: “Este puente nos sirve justamente para tener agilidad, para generar sinergia incluso con aquellos que van a ser aportantes de pequeñas donaciones que quieren ser parte también, de alguna manera, de este maravilloso mundo que es Parques Nacionales”.
También explicó que lo recaudado a través de la fundación servirá para “mejorar los parques en cuanto a infraestructura, protección, cuidado, restauración y reinserción de su fauna nativa, como hemos hecho con el yaguareté, por ejemplo. Y por sobre todo, crear más parques”.
“En estos casi tres años de gestión hemos creado tres parques nacionales: Ansenuza, Islotes Lobos y Parque Federal San Juan, en Misiones. También hemos ampliado tres parques nacionales. Ese es el objetivo: tener más parques, cuidar la biodiversidad, nuestros ecosistemas, pensar en las áreas protegidas, tenemos 51 áreas protegidas, 41 parques nacionales. Argentina está muy bien en cuanto a áreas protegidas, incluso fue uno de los primeros países de la región en tener un parque nacional en 1934, que fue el Nahuel Huapi”, finalizó el funcionario.
El organismo tiene como objetivo convertirse en una herramienta que sirva de apoyo presupuestario para el cumplimiento de los objetivos de APN, así como para captar fondos de pequeños y grandes donantes a través de campañas específicas de conservación, destinados a nuevas áreas protegidas, infraestructura, uso público, educación ambiental, ciencia y tecnología.
Además, buscará fomentar la participación ciudadana en acciones ambientales concretas y convocar a participar a diferentes actores de la sociedad civil, investigadores, profesionales y educadores.
La fundación estará dirigida y administrada por un consejo de administración integrado por seis miembros: el presidente de la APN, tres representantes de la Administración de Parques Nacionales, un representante elegido por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y un representante del Ministerio de Ambiente de la Nación.
Asimismo, estará sometida a los mecanismos de control establecidos para todas las entidades civiles de este tipo según lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación y la Resolución 3/2021 de la Inspección General de Justicia. Entre sus funciones, el mencionado consejo podrá establecer mediante acta, mecanismos de control propios para dotarla de más transparencia, como por ejemplo, establecer un manual de procedimientos de las donaciones que reciba y de los gastos en los que incurra la fundación.
Del acto participaron el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, y la vicepresidenta de la Administración de Parques Nacionales (APN), Natalia Jauri, entre otras autoridades.
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Se agrava la crisis por la sequía | Con el 60% del país afectado, solamente Misiones junto a otras cuatro provincias se encuentra con buena condición hídrica

Fecha de Publicación: 19/11/2022
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional


La totalidad del territorio de Entre Ríos y Santa Fe está alcanzado por la falta de precipitaciones, mientras que solamente un 5% de la superficie bonaerense no sufre déficit hídrico. Son datos del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica
Se agrava la problemática de la sequía y afecta a gran parte del territorio nacional. A medida que pasan los días los datos que se conocen de la situación son más preocupantes. Según el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (SISSA), una organización internacional que monitorea los eventos climáticos, actualmente más de la mitad de la Argentina se encuentra bajo una condición de déficit hídrico, que va desde un panorama de sequía “extrema y excepcional” hasta estados “anormalmente secos”.
Así, el relevamiento del SISSA al 5 de noviembre, en el cual se tiene en cuenta la situación del último trimestre, indica que el 59,87% de la superficie nacional se encuentra atravesando una sequía que varía en su intensidad, mientras que el 40,13% presenta una condición “no seca”. En términos de área afectada esto significa que hay una extensión de 1.499.780 kilómetros cuadrados con déficit hídrico.
Si se realiza un desagregado de esos datos, el 10,13% (253.688 km2) atraviesa una “sequía excepcional”; el 14,28% (357.624 km2) una “sequía extrema”; el 11,36% (284.617 km2) una “sequía severa”; el 12,55% (314.367 km2) una “sequía moderada”; y el 11,56% (289.484 km2) una situación “anormalmente seca”, mientras que el 40,13% (1.005.377 km2) no se encuentra alcanzado por una situación de déficit
Para tener en cuenta la gravedad de la situación es necesario realizar un recorrido pormenorizado sobre las principales provincias agrícolas del país, como lo son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. El territorio bonaerense atraviesa una situación sumamente grave, ya que el 75,15% de su superficie atraviesa una situación de sequía entre excepcional a extrema, mientras que un 8,98% presenta una condición de déficit hídrico severo, un 5,37% moderado y 5% anormalmente seco. Así, solo en el 5,50% de la provincia, equivalente a unas 16.751 km2, se presenta una situación sin falta de humedad.
El panorama es aún más grave en Santa Fe y Entre Ríos, ya que, según el SISSA, no cuentan con superficie que hoy no esté bajo condición de sequía. En el primer caso, el 18,87% del área atraviesa una sequía excepcional, mientras que el 37,14% refleja una situación de sequía extrema, el 36,91% severa y el 7,07% moderada. En el caso de Entre Ríos, el 36,64% de su territorio está con una sequía excepcional, el 50,5% con una sequía extrema y el 12,86% con condiciones de sequía severa.
Córdoba, de estas cuatro provincias, es hoy la que mejores condiciones presenta. Al 5 de noviembre, el 5,75% de su territorio se encontraba atravesando una sequía extrema; el 16,29%, una sequía severa; el 33,46%, una sequía moderada; y el 27,25%, una situación anormalmente seca, mientras que 17,26% se encontraba bajo un panorama normal o no seco.

El norte, cordillera y sur
Las provincias del norte también enfrentan un escenario difícil. Por ejemplo, en Corrientes el 89,20% se encuentra atravesando una situación de sequía entre excepcional y extrema. En Chaco, ocurre lo mismo en el 86,14% de la totalidad de su superficie, mientras que en Formosa los dos grados más graves de la falta de agua citados suman 45,5%, a la vez que la condición severa se eleva hasta el 40,79%.
En Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones y Santiago del Estero la situación mejora. A modo de ejemplo, en la última provincia solo un 2,91% de su área reviste una situación de sequía extrema, mientras que en Misiones, el 53,14% de su área se encuentra bajo una buena condición hídrica.
En la zona cordillerana, Mendoza es la provincia que más gravedad reviste, con el 50,15% de su territorio atravesando una situación de sequía, mientras que entre los distritos patagónicos, Neuquén presenta la peor condición con el 35% de su área con algún grado de faltante de humedad.

Mediciones locales
Por su parte, la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, integrada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, sumado a organismos oficiales, calcularon que existen unas 140 millones de hectáreas en sequía, de las cuales más de 7 millones se encuentran en categoría “severa” con 3 provincias como las más afectadas: Buenos Aires (44 partidos), Santa Fe (4) y Entre Ríos (5).
En las perspectivas climáticas para la mencionada zona, el trabajo señaló que para después del 25 de octubre en el área afectada por sequía severa, “se esperan para las próximas dos semanas lluvias por debajo de lo normal. En la próxima semana se esperan acumulados en torno a los 10 mm, lo cual no cubre los valores normales”.
Además, el informe reflejó que hasta el momento los índices de humedad del suelo muestran condiciones de sequía extrema en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, y a lo que se sumó que durante septiembre y hasta mediados del mes pasado, “se acentuó la falta de lluvias en el centro-este del país agravando los impactos de la sequía, especialmente en la zona núcleo. Cabe destacar que el déficit acumulado de precipitación en la zona núcleo entre 2020 y 2022 es más bajo que el registrado entre 2007 y 2009, una de las mas intensas sequías que haya afectado a la región”.
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Ley de bosques: a quince años de su sanción, la deforestación ilegal persiste

Fecha de Publicación: 18/11/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Su aprobación fue uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental. Sin embargo, años más tarde, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde.
Un 28 de noviembre de 2007 en la Argentina se producía uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental: se sancionaba la N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El país se encontraba en emergencia forestal, con tasas de deforestación que rondaban el 0,94% anual (lo que significaba una pérdida aproximada de 700 mil hectáreas por año), lo que impulsó a diferentes sectores de la sociedad civil a trabajar por un objetivo común: frenar la deforestación y proteger los bosques nativos y a las especies y comunidades asociadas.  
A través de una gran movilización y participación ciudadana a nivel nacional, se logró juntar un millón y medio de firmas, poner en agenda legislativa la problemática y finalmente apoyar la aprobación del proyecto de ley. Durante ese proceso, la Fundación Vida Silvestre Argentina aportó elementos técnicos para la discusión que luego se vieron reflejados en la Ley,
Hoy, a 15 años de su sanción, la Ley de Bosques se convirtió en una herramienta imprescindible para planificar el uso de estos ecosistemas permitiendo equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos y visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas. Además, fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina, estabilizándose hasta el año 2019, momento en el cual volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales.
A pesar de contar con esta Ley, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación producto del cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. El avance de la deforestación y conversión de estos ambientes naturales para dichas actividades provoca graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles y que atentan contra nuestra salud y nuestro bienestar, así como el de otras especies que habitan los bosques.
A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas, como claramente indica la ley 26.331. Complementariamente, la ausencia de un registro nacional de infractores a la ley limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Además, los bosques sanos funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano.
A partir del informe “Diagnóstico actualizado del estado de implementación - Ley N° 26.331” -elaborado en conjunto entre Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)- se pueden destacar los siguientes puntos:
- La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. Durante el año 2021 se asignaron 5.000.000 de pesos adicionales que fueron derivados a las provincias y para el 2023, según el proyecto de ley de Presupuesto, el monto asignado tendría un leve aumento y llegaría a un 10,4%., lo que aún está muy lejos de lo que debería asignarse. Estos aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
- Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
- Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
- La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 54% de la deforestación en 2021 haya ocurrido en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), repitiendo tasas de años anteriores. Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables.  No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
- Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que amerita mejoras, desde su creación y puesta en marcha continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.
Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las jurisdicciones y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales.

Por Manuel Jaramillo es director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina y Daniela Gomel, especialista en políticas públicas y gobernanza de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

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Aunque hay una cautelar, la sucesión Patrón Costas desmonta Las Yungas en Salta

Fecha de Publicación: 18/11/2022
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


En la zona quieren instalar un barrio privado, pese a que la Justicia tomó cartas en el asunto. Acusan que no se fiscaliza el avance de la obra.
"La Secretaría de Ambiente de la Provincia incumple la no fiscalización que efectivamente demuestra que los desmontes están frenados", afirmó Fernanda Guillén, abogada que patrocina a los vecinos que decidieron ir a la Justicia para frenar desmontes en las Yungas sanlorenceñas, que inició en diciembre del año pasado Los Maitines S.A. para construir un barrio privado.
Esta área se encuentra protegida por ser uno de los reservorios de especies vegetales más importantes del país, tiene una variada fauna autóctona que incluye algunos animales en peligro de extinción y es una fuente de recursos naturales renovables, además de ser reservorio de agua. Tras los desmontes que inició Los Maitines, vinculada a la familia Patrón Costas, para la caminería en un predio de 125 hectáreas ubicado entre el cerro Elefante y La Quebrada, los vecinos entraron en alerta sobre todo por la amenaza de quedarse sin agua, puesto que el desarrollo urbanístico tendría una toma de captación del líquido elemento del río Castellanos en la zona alta de San Lorenzo.
Por ello interpusieron un amparo ambiental y lograron que la jueza de primera instancia Civil y Comercial de Décima Nominación, María Guadalupe Villagrán, calificara la acción como un proceso colectivo puesto que los vecinos buscan "proteger la biodiversidad de las Yungas y la calidad y caudal del agua del río Castellanos". Los vecinos pusieron foco en los avales irregulares que consiguió Los Maitines, tanto de la Secretaría de Ambiente de la Provincia como de la Municipalidad de San Lorenzo, para iniciar la tala en una zona categorizada como Amarilla por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que no autoriza desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).
"El amparo ambiental pretende que se declare la nulidad de las resoluciones de la Secretaría de Ambiente y de la Municipalidad de San Lorenzo que aprueban el proyecto. Ambiente aprobó un plan de manejo sostenible cuando para una urbanización se tiene que aprobar un plan de cambio de uso de suelo.
La Municipalidad otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental. Lo que es grave ya que se trata de una zona amarilla y en ambas resoluciones eso está reconocido", explicó Fernanda Guillén.
La abogada señaló que el proyecto urbanístico va en contra no sólo de la OTBN, sino de Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y los principios protectorios del Derecho Ambiental. Así las cosas, el Juzgado Civil y Comercial de Décima Nominación, concedió una Medida Cautelar de No Innovar por la cual ordena el cese de todo acto o actividad que implique extracción de especies nativas en los inmuebles propiedad de Los Maitines S.A, en atención a la naturaleza de las obras y a la importancia del proyecto.
"Esto es complicado de fiscalizar, porque se libró un oficio a la Dirección de Fiscalización y Control de la Secretaría de Medioambiente y no se respondió. Se reiteró el oficio y tampoco respondieron. El 26 de octubre venció el plazo para responder el oficio", apuntó Guillén. Agregó, se solicitó la intervención para fiscalizar Ambiente "bajo apercibimiento de desobediencia judicial porque no está cumpliendo. Tiene que hacer informes cada 15 días con imágenes satelitales para que la jueza pueda verificar el cumplimiento de la medida. Y hasta ahora no hizo ni un informe", apuntó./ Nuevo Diario.
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Funcionarios, empresarios y dirigentes sociales a favor de una ley de envases

Fecha de Publicación: 17/11/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente y sobre la población que se dedica a su reciclado.
Funcionarios, empresarios y dirigentes de la Federación de Cartoneros se expresaron a favor de que se apruebe una ley de Envases en la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, que buscará avanzar en las próximas semanas en un dictamen sobre esta propuesta sobre reciclado con cuidado del medio ambiente.
El proyecto promovido desde el Gobierno promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente y sobre la población que se dedica a su reciclado.
La discusión del proyecto de envases se realizó en una reunión de la comisión de Recursos Naturales que se extendió por espacio de dos horas y que fue conducida en forma conjunta por su presidente Leonardo Grosso (FDT) y el vicepresidente, el radical Martín Berhongaray.
Al comenzar a las 14.30 la reunión, el presidente de la comisión, Leonardo Grosso (FDT) dijo que el objetivo del encuentro es que los diputados tengan la visión de todos los sectores, funcionarios, empresarios y organizaciones sociales de cartoneros.
Tras la reunión informativa la inciativa se deberá tratar en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Presupuesto, para comenzar a armar un despacho donde se buscará que tenga consensos entre el FDT y los bloques opositores.
Uno de los puntos que ha generado el año pasado mayor discusión fue la creación de una tasa del 3% para aquellas empresas que no hagan sus propios procesos de reciclado, que generó una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición.
Sobre este punto,el viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky, propuso una modificación del proyecto para que "coexistan dos sistemas, uno privado con supervisión del Ministerio de Ambiente", donde se genere el sistema de reciclado, y otro "financiado con la recaudación de una tasa de parte de aquellos que no presenten sus propios sistemas de tratamiento".
Con esta reforma los empresarios que tengan su propio sistema de reciclado con inclusión social de los cartoneros no deberán pagar la tasa, y solo lo tendran que hacer aquellas empresas que optan que tenga su mecanismo de tratamiento.
Durante la reunión, la diputada oficialista, Natalia Zaracho, referente de los trabajadores de la economía popular, reclamó que se sancione esta ley y dijo que "la tasa del 3% queremos que vaya exclusivamente para generar conciencia ambiental y fortalecer los espacios que viene teniendo la tarea del reciclado".
Desde la oposición, la legisladora radical Dolores Martínez dijo que "es fundamental que esta discusión se realice en un plenario de comisiones para analizar todas las aristas del proyecto y se pueda aprobar una iniciativa que se aplicar" y recalcó que " estamos comprometidos con trabajar por una una ley de envases"
El debate fue abierto por el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, quien aseguró que si "verdaderamente tenemos la vocación de poner en marcha una política pública permanente que sea generosa en materia de residuos tenemos que estar de acuerdo que tenemos que tener la ley de envases"
"La Argentina tiene un serio problema de derivación de residuos por circuitos incontrolados hacia basurales a cielo abierto, que da como resultado un país tapado de residuos", agregó.
El funcionario agregó que "la necesidad de una ley de envases es tal que sin su aprobación no se podrá reducir la importación del plástico pet para uso industrial ni van cesar los basurales a cielo abierto", y aseveró que en el debate del año "hubo malas interpretaciones" y señaló que le llamó la atención que tras haber explicado sobre el propósito de la tasa hayan calificado la misma de "impuesto extorsivo".
Juntos por el Cambio y otros bloques menores rechazaron la creación de una tasa ambiental, y señalaron que se trata de un nuevo impuesto y por eso motivo fracasó el tratamiento de esta iniciativa.
El funcionario dijo que "a lo largo de los años hemos conseguido poner en marcha ocho centros de tratamiento de recolección de residuos con sus respectivas plantas de separación, recuperación, transferencia y cierre de basurales a cielo abierto".
Federovisky también explicó una parte central del proyecto que es la administración de esos fondos que será a través de un fideicomiso administrado por el Banco Nación.
Según el texto, con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros aspectos.
Por su parte, la directora Nacional de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, Maria Castillo, dijo que "tenemos registradas un total de 320 unidades productivas, eso nos está dando un total de aproximado de 150 mil cartoneros trabajando en esos lugares y ese proceso garantiza recuperar 10 toneladas de residuos reciclables en los lugares".
Claudio Terres, presidente de la comisión de Desarrollo Sustentable de la Unión Industrial Argentina, aseguró que desde esa entidad " apoya la ley de envases postconsumo y la ley responsabilidad extendida del productor. Es bueno que podamos avanzar en el análisis porque queremos la ley, no es una cuestión de que no sale porque nosotros la frenamos".
En tanto, Matias Matias Capolango de la Federación Argentina de Cartoneros de La Matanza, es "muy imporntantee para los compañeros que salta esta ley porque hoy la tasa la tasa ambiental la estamos pagando con la vida de los compañeros".
"Entendemos que esta ley es necesaria e importante para cambiar el día a día de nuestros compañeros y realizar en cada municipio un reciclado con inclusión social", agregó.
El presidente de la Cámara Argentina de Reciclado de Plastico, Jose Luis Picconi, afirmó que esta industria "ha reciclado unas 300 mil toneladas" y señaló que "cada 100 toneladas de plástico reciclado en el año es una persona trabajando en blanco en la industria recicladora
En ese marco señaló que tienen "3000 empleados en la industria reciclacora, unos 9000 en la mano de obra indrecta y unos 70 mil recuperadores"
A su vez, el referente de la Federación de Cooperativas de trabajo, Rodrigo Valdés, aseguró que "se debe debatir una ley de envases porque los recicladores y cartoneros hacen un trabajo para mejorar el medio ambiente, ya que sino estuviéramos nosotros la situación ambiental se desbordaría" y por eso "esta tasa viene ayudar a gestionar para ayudar a quienes gestionamos el reciclado".
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Movimiento campesino denunció el desmonte ilegal de territorios en un paraje jujeño

Fecha de Publicación: 17/11/2022
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy


El Movimiento Nacional Campesino Indígena en Jujuy (MNCI) denunció hoy el desmonte ilegal de diversas especies de árboles por parte de una empresa privada en el paraje Maíz Gordo, ubicado a 50 kilómetros de la localidad de Palma Sola y llamaron a defender los territorios de las familias nativas.
Los activistas se pronunciaron este lunes en contra del “robo descarado” de rollos de árboles como quina, cebil, quebracho, palo blanco, entre otros, los cuales fueron sacados del paraje Maíz Gordo, emplazado en el límite con la provincia de Salta.
Los pobladores aseguraron que “vieron salir del paraje tres camiones repletos de inmensos rollos de madera” por lo que refirieron que “para circular la empresa desmontadora tuvo que romper el candado de entrada al paraje campesino”.
La zona afectada es un paraje habitado por cuatro puestos rurales, “cada puesto incluye entre al menos cuatro familias que son poseedoras de los territorios desde el año 1935, nunca abandonaron la posesión, ni la posesión fue interrumpida”, precisaron los voceros en dialogo con Télam.
En ese marco desde el colectivo campesino recordaron que “no es la primera vez que sufren el robo de madera”, debido a que “ya en las décadas de los 70 y en los 90 sufrieron este tipo de saqueo”, aseveraron.
La denuncia de las familias afectadas recayó contra Daniel Gurrieri, alias “tacho”, por “sustracción de madera en peligro de extinción y de manera ilegal, porque usurpa terrenos privados para lograr su cometido”, completaron.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Ambiental y Delegación Fiscal Nº 4, a cargo de Mariana Subelza, el Comando de Prevención Rural y Ambiental, a cargo del subinspector Miguel Oyarzu y el preventor subcomisario Pablo Montoya.
Los campesinos también declararon que se extendieron las denuncias hace poco más de semana, pero “hasta el momento no hubo ninguna reacción del Gobierno provincial que, está claro, creó la policía rural para perseguir a familias campesinas e indígenas, pero no para cuidar el monte ni los parajes campesinos”.
Más adelante manifestaron que en el campo se pudo “constar al menos 5 kilómetros de picadas dónde por lo menos dos máquinas desmontadoras rodean los troncos para cargarlos”, precisaron.
Los activistas remarcaron el pedido para “intentar frenar los desmontes en el territorio”, por lo que las familias de la zona se organizaron para hacer “guardias”, al tiempo que cambiaron el candado a un portón de acceso y carteles que da cuenta del repudio a los desmontes en el departamento jujeño Santa Bárbara.
Finalmente, las familias analizan continuar con “las denuncias iniciadas en la policía” local y se mantienen en alerta con sus asesores legales para realizar las presentaciones pertinentes en la Justicia ordinaria.
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Piden que el Sitio Ramsar Jaaukanigás sea declarado Parque Nacional

Fecha de Publicación: 16/11/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


Fue solicitado por especialistas reunidos en el 3° Foro Nacional de los Humedales, en Villa Ocampo. La designación permitiría dotar a este humedal ubicado en el noreste provincial de mayor infraestructura. "Estamos provocando una extinción acelerada de muchas especies, y estoy seguro de que está en nuestras manos luchar para que eso termine. La forma es volver a integrarnos a la naturaleza y Jaaukanigás tiene esa idea", dijo el biólogo Alejandro Giraudo. La provincia avanza con el proyecto.
Especialistas del ambiente reunidos en el 3º Foro Nacional de los Humedales, que se desarrolló el 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Villa Ocampo, plantearon la necesidad de que el Sitio Ramsar Jaaukanigás sea declarado Parque Nacional, para garantizar la preservación de su ambiente, a través de la infraestructura que se necesita para su cuidado.
Jaaukanigás, que en lengua abipona significa gente del agua, es un humedal ubicado en el río Paraná medio, al noreste de la provincia, en el Departamento General Obligado. Se trata de un complejo de cursos de agua, lagunas, estanques, pantanos de agua dulce permanentes y pastizales inundados estacionalmente, con una importante biodiversidad.
En octubre de 2001 el lugar fue declarado como Sitio Ramsar, lo que le dio la categoría de humedal de importancia internacional. Y en los últimos años, el gobierno provincial viene realizando estudios para avanzar en las gestiones y transformarlo en Parque Nacional. "Ya tenemos las propuestas que venimos trabajando hace varios meses junto a Parques Nacionales, el Foro y el Comité Intersectorial de Manejo (CIM)", dijo la ministra de Ambiente de la provincia, Erika Gonnet. "Se trabajó en un relevamiento del territorio desde Reconquista a Florencia".
El proyecto plantea la creación de un área de conservación de más de 150.000 hectáreas dentro del Sitio Ramsar Jaaukanigás (492.000 hectáreas totales), con tres núcleos de Parques Nacionales, ubicados en zona de Islas dentro de los Distritos de Reconquista, Villa Ocampo, Las Garzas, Florencia y El Rabón. La superficie comprendida entre estos Parques Nacionales será declarada bajo la categoría de "Reserva Hídrica Provincial" (Ley Provincial N°12.175) y contará con su Plan de Manejo donde quedarán establecidos los índices de conservación del área. Esta Reserva se encontraría delimitada al este por el Río Paraná y al oeste por el Arroyo Paraná Mini.
En los últimos meses, la ministra Gonnet le presentó este proyecto a los intendentes, legisladores y diferentes organismos involucrados. La idea del gobierno provincial es impulsarlo para que se sancione primero una ley en la Legislatura y luego otra en el Congreso. Ese es el camino que se debe transitar para la creación de un Parque Nacional.
Las 492.000 hectáreas que tiene Jaaukanigás están delimitadas al norte con el paralelo 28º -límite entre las provincias de Chaco y Santa Fe, y límite sur del sitio Ramsar Humedales Chaco-; al oeste con la Ruta Provincial 1 y la Ruta Nacional 11; al sur con el arroyo Malabrigo; y al este con el canal de navegación del río Paraná, límite entre las provincias de Corrientes y Santa Fe.

Diversidad de la vida
La fauna de este ambiente está compuesta por unas 699 especies, y la flora, por 882 plantas, según los registros de los especialistas. El objetivo es preservar esta biodiversidad conformada por el quebracho colorado, el guayacán, el mistol, el sacha poroto, el palo cruz, el algarrobo negro, el ambay, el ingá, el sangre de drago, el canelón, el timbó blanco y el colorado, y el ivirá-puitá. También se busca preservar al aguará guazú, el zorro de monte, el lobito de río, el puma, o el aguará popé. Al igual que el guazuncho, el tamanduá, el carpincho y el carayá.
Entre las aves que vuelan Jaaukanigás aparece el coscoroba, el pato picazo, el sirirí colorado, el sirirí cariblanco y el sirirí vientre negro; macáes, gaviotas, gaviotines, garzas incluyendo la rara garcita azul, cigüeñas como el yabirú o la americana, entre otros. Algunas de las rapaces diurnas más representativas son el águila negra, el aguilucho colorado, el aguilucho pampa o el carancho. Entre los pájaros más abundantes están el jilguero dorado, la cardenilla, el cardenal copete rojo o el pepitero gris.

Antecedentes
La idea de crear un Parque Nacional dentro de Jaaukanigás tiene ya varios años. Así lo testimonia una nota enviada por el CIM, del Sitio Ramsar Jaaukanigás a la Administración de Parques Nacionales y la Provincia de Santa Fe, solicitando su creación en las tierras fiscales de las islas, y su correspondiente protección con una infraestructura más efectiva.
"Fue un círculo virtuoso donde todos actuamos por el bien común: un desarrollo integral entre ciencia y sociedad mediados por la educación. En esa misma línea, hoy la vinculación con Aves Argentinas puede darnos un nuevo impulso", aseguró el biólogo investigador del Conicet, Alejandro Giraudo, que integra el CIM desde su creación.
Desde Aves Argentinas, Andrés Bosso, recordó que la provincia "ha dado un paso importante en la creación del Parque Nacional Islas de Santa Fe" y este proyecto "pondría otro potente mojón de conservación en el río Paraná".
"Somos la especie más racional que jamás pisó la tierra y estamos dotados de moral, es decir, podemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, estamos provocando una extinción acelerada de muchas especies. Esto es muy paradójico y estoy seguro que está en nuestras manos luchar para que eso termine. La forma es volver a integrarnos a la naturaleza y Jaaukanigás tiene esa idea", reflexionó Giraudo.
El Foro contó con la participación activa de agentes de entidades públicas y de la sociedad civil. Asistieron representantes del Ministerio de Ambiente de Santa Fe, Municipalidades de Villa Ocampo y de Florencia, Ministerio de Turismo de Corrientes, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de Chaco, Ministerio de Turismo de la Nación, Administración de Parques Nacionales, Comité Intersectorial de Manejo, Fundación Humedales, INALI CONICET, FICH y FHUC - UNL, Universidad Nacional de San Martín, INTA Reconquista, Museo de Arqueología de Reconquista, Aves Argentinas, Custodios del Territorio.
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La nueva gran apuesta minera de Rodolfo Suarez ya ingresó a la Legislatura

Fecha de Publicación: 16/11/2022
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El proyecto de Cerro Amarillo se presentó en el Senado durante la tarde de este viernes. El oficialismo confía en conseguir la ratificación por ley de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para avanzar con la exploración en el yacimiento de cobre de Malargüe.
Un día después de que el gobernador Rodolfo Suarez anunciara que enviaría a la Legislatura el proyecto minero Cerro Amarillo, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración del yacimiento de cobre de Malargüe ingresó al Senado. En 2014 hubo un intento de avanzar con este emprendimiento pero no se obtuvo el aval legislativo. Sin embargo, el oficialismo confía en que ahora conseguirá sin dificultades el respaldo de ambas cámaras y planifica un debate sin acelerar tiempos para su votación.
La iniciativa que envió el Poder Ejecutivo en la tarde de este viernes a la Casa de las Leyes plantea concretamente la ratificación de la resolución conjunta de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental, por cual se otorga la DIA al proyecto Cerro Amarillo.
Se trata de un requisito legal para cualquier proyecto de minería metalífera ya sea en las fases de cateos, prospección, exploración, explotación o industrialización, tal y como lo establecen las leyes 7722 y 5961.
“Es un proyecto del Ejecutivo porque la ley manda que sea así. Cuando se presenta un proyecto minero, se establece que tienen que presentar toda la documentación para la DIA en el Ejecutivo y cuando los organismos encargados emiten el dictamen, tiene que ser ratificado por la Legislatura”, explicó a MDZ la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas.
Durante la gestión del gobernador peronista Francisco “Paco” Pérez se buscó el aval legislativo para Cerro Amarillo, pero el proyecto fue rechazado. El argumento que esgrimió la oposición radical de ese entonces fue que todavía no se había terminado el relevamiento de glaciares en las cercanías del yacimiento de cobre.
“Lo que trababa este proyecto era el inventario de glaciares ordenado por la Ley nacional 25643, que estuvo listo recién en 2018. Con esta información se ratifica que Cerro Amarillo no tiene interferencia con glaciares y por eso los inversores privados deciden seguir adelante con los procesos administrativos correspondientes”, manifestó este viernes el asesor ad honorem de la Subsecretaría de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien a su vez es el titular de la empresa provincial minera PRC.
En tanto, desde el gobierno de Suarez enfatizan en que se trata de un proyecto que es compatible con la Ley 7722, es decir que prevé la utilización para la eventual explotación de ninguna de las sustancias prohibidas por esa norma, como es el caso del cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Teniendo en cuenta que la propuesta ingresó recién este viernes por la tarde al Senado, todavía no se ha resuelto cómo será el recorrido que tendrá hasta su tratamiento en el recinto. Se espera que al inicio de la semana que viene se resuelva el giro a comisiones, las cuales podrían ser las de Ambiente y la Hidrocarburos, Minería y Energía.
En tanto, desde el oficialismo resaltan que no pretenden un tratamiento exprés para la iniciativa y que se votará cuando haya acuerdo. “No hay tiempos imperativos de que se vote antes de fin de año”, expresaron.
“La idea es que salga bien y que no haya dudas, que se entienda que es un paso importante para el desarrollo económico de la provincia, porque es un proyecto muy grande. Estamos tranquilos, porque no tiene ningún punto controversial. Cumple perfectamente con la Ley 7722 y es para una etapa de exploración, así que creemos que va a salir bien”, expresó la senadora radical Eisenchlas.
En este sentido, planteó que desde el Ejecutivo no han puesto ningún plazo perentorio para que sea tratado y advirtió que en todavía quedan pendientes varios proyectos para su votación en la Legislatura, como las leyes de Avalúo, Impositiva y Presupuesto 2023 en el Senado, el Mendoza Activa Eficiencia y la reciente Ley de Alfabetización que impulsó la DGE.
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Cáncer y agroquímicos, una relación que alarma en la Región Centro del país

Fecha de Publicación: 15/11/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Las seis universidades públicas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos estudian la asociación entre la actividad agrícola, el arsénico en agua y la mortalidad por tumores.
El rol de las universidades no es solo producir y formar. También, por ejemplo, estudiar problemáticas de las sociedades en las que trabajan. La mortalidad por cáncer en la región Centro de Argentina –Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe– es de las más elevadas del país. Un grupo de investigadores de universidades públicas de las tres provincias se propuso demostrar que el dato está asociado a la actividad agroindustrial y la calidad del agua consumida. Las dos variables tienen una razón: mientras la primera está saturada de agroquímicos, la segunda presenta niveles de arsénico que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera una amenaza. La conclusión fue inequívoca: a mayor superficie sembrada y mayor porcentaje de población expuesta a niveles tóxicos de arsénico, más altos son los índices de mortalidad por cáncer, sobre todo en los hombres.
“La Argentina tiene dos problemas históricos –explica Alejandro Oliva, médico e investigador de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)–. Por un lado, desde el 2011 que no se publica información sobre el uso de agroquímicos; la única forma de poder valorar esos datos es analizando las superficies sembradas, lo que nos permite inferir la carga de agroquímicos. Por otro, seguimos impactados por los niveles de arsénico en agua; el código argentino permite aceptar como normal un máximo de 50 microgramos por litro para el consumo, pero la OMS estableció el valor recomendado en 10 microgramos por litro”.
Oliva forma parte de la Red Interuniversitaria en Ambiente y Salud de la Región Centro (Redinasce) creada en octubre del 2016 a través de un convenio entre los seis rectores de las universidades públicas de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe con el fin de “intervenir en la interface Ambiente y Salud, desde la investigación, la docencia y la extensión”.
Junto a Leandro Duarte, médico especialista en Oncología Clínica; Florencia Delgado, licenciada en Sociología; Néstor Di Leo, ingeniero agrónomo y Sergio Montico, ingeniero agrónomo y doctor en Ingeniería, elaboraron los artículos «Análisis y tendencias de la mortalidad por cáncer en la Región Centro, 1992-2016», publicado en la Revista Argentina de Salud Pública en mayo del 2021 y «Mortalidad por cáncer, arsénico y nitratos en aguas de consumo y superficies sembradas en Argentina», publicado en la Revista Panamericana de la Salud Pública en agosto pasado. “Lo primero que hay que decir –aclara– es que se trata de estudios ecológicos, no demuestran causas sino asociaciones. Probar las causas implica otro modelo de estudio más caro y casi imposible en la Argentina”.

Sin acompañamiento
La investigación de la Redinasce, financiada por el Ministerio de Salud de la Nación y la UNR, analizó decenios de superficies sembradas totales (SST) y el porcentaje de población expuesta a niveles elevados de arsénico y nitratos en aguas de consumo en relación con las tasas de mortalidad total (TMT) y órgano-específica (TME): «se hallaron correlaciones positivas y significativas entre los dos primeros decenios de SST y el primer decenio de TMT, así como correlaciones con cáncer de pulmón, páncreas y colon en hombres; y con cáncer de colon en mujeres”. En tanto, “los niveles elevados de arsénico se asocian con las TMT en ambos sexos y en todos los decenios, aunque de manera específica con cáncer de pulmón en hombres”.
“La asociación entre las SST y las TMT y TME –concluyeron los investigadores– presentan mayor intensidad cuanto más cerca están entre ellas temporalmente, y expresan un mayor impacto de los cultivos más antiguos. La asociación entre las TMT y el consumo de aguas arsenicales, así como la hallada en TME de pulmón en hombres y colon en mujeres, muestran que esta exposición histórica es central para entender las condiciones epidemiológicas regionales”.
El 21 de octubre se convocó a reunión plenaria con las seis universidades para presentar los resultados de la investigación y realizar una propuesta concreta: la creación de un Observatorio Nacional que lleve adelante políticas de vigilancia y prevención en lo ambiental y la salud pública. Invitaron a representantes del Instituto Nacional del Cáncer y de las tres agencias provinciales de control del cáncer, pero ninguno concurrió. La jornada, entonces, se suspendió.
“Siempre fueron las comunidades –dice Oliva– las que llevaron adelante las transformaciones, pero si la gestión política no acompaña va a costar mucho”.
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La yaguareté Mbareté volvió a Corrientes con sus cachorros, fueron liberados en el Iberá

Fecha de Publicación: 15/11/2022
Fuente: EL Territorio
Provincia/Región: Corrientes


Las crías llevan al Iberá los genes de su padre, Qaramta, aumentando la diversidad genética de esa población incipiente. La lucha por frenar la extinción de la especie comienza a mostrar resultados.
Días atrás se completó una ambiciosa acción de conservación activa iniciada en marzo de este año, cuando la yaguareté correntina Mbareté, había sido llevada temporalmente al Parque Nacional El Impenetrable (Chaco) para aparearse con un yaguareté silvestre llamado Qaramta.
Producto de esa cruza nacieron -a mediados del mes pasado- dos cachorros que junto a su madre regresaron hoy a su hogar en el Parque Nacional Iberá, donde fueron liberados. Las crías llevan al Iberá los genes de su padre, Qaramta, aumentando la diversidad genética de esa población incipiente.
"Lo que se hizo con Mbareté y sus cachorros, que comprende la crianza en semicautiverio, la junta con un individuo silvestre y el traslado, es una acción extrema pero indispensable si queremos revertir la amenaza de extinción que pesa sobre la especie", afirmó Sebastián Di Martino, director de conservación de Fundación Rewilding Argentina, a cargo del proyecto.
Esta acción de manejo activo realizada en el marco de la estrategia de rewilding fue posible gracias a un trabajo en conjunto con las provincias de Chaco y de Corrientes y los Parques Nacionales Iberá y El Impenetrable, unidos para evitar la extinción de la especie.
Siendo el depredador tope, el yaguareté es una especie clave para garantizar la salud y el buen funcionamiento de los ecosistemas que habita. Los resultados del proyecto de reintroducción en los esteros del Iberá, iniciado en 2012, son contundentes: en los últimos dos años se logró pasar de cero a 12 yaguaretés libres en el humedal correntino.
Estos individuos se vienen desempeñando positivamente en su vida en completa libertad: se alimentan por sus propios medios y han llegado a reproducirse, haciendo que la población crezca favorablemente, se explicó en un comunicado.
"La población de esta especie desaparecida en Iberá hace más de 70 años por acciones humanas está renaciendo, y los resultados esperanzadores demuestran que estas acciones de manejo activo de fauna permiten restituir y enriquecer poblaciones de especies extintas o amenazadas localmente", analizó Di Martino, acotando que "desde la Fundación tenemos la visión para diseñar estas estrategias y equipos que implementan acciones audaces".
    
Antecedentes
El proyecto para reintroducir el yaguareté en Iberá, Corrientes, donde estaba extinto hace más de 70 años, comenzó en 2012 en un trabajo conjunto entre Tompkins Conservation, Fundación Rewilding Argentina y el gobierno de Corrientes con la construcción del Centro de Reintroducción de Yaguareté (CRY).
En 2019 se sumó la provincia del Chaco con esfuerzos para preservar la especie en el interfluvio Bermejo -Bermejito. Un año antes, en 2018, nacieron en el CRY las dos primeras cachorras, Arami y Mbareté; en 2021 los primeros individuos fueron liberados y hoy 12 yaguaretés viven libres en el Parque Iberá.
En 2021 en el Parque Nacional El Impenetrable, en el marco de un innovador proyecto para recuperar la especie, nacieron los yaguaretés Nala y Takajay, a los que se prevé liberar en un futuro cercano.
El yaguareté (Panthera onca) es el mayor felino del continente americano y está categorizado como en peligro crítico de extinción en Argentina, principalmente debido a la cacería, la disminución de la abundancia de sus presas y la destrucción y fragmentación de su hábitat. Con una población estimada en 200-250 individuos, la especie ocupa menos del 5% de su área de distribución histórica en Argentina.
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En 20 años, Argentina perdió 438 mil hectáreas de bosque primario húmedo

Fecha de Publicación: 14/11/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


Entre 2001 y 2021, del total de la masa forestal talada en el país, el 80% fue consecuencia directa de la industria de materias primas, incendios forestales, agricultura itineraria y urbanización, según un informe. Cómo afecta el desmonte a las comunidades del norte argentino, la zona más desprotegida.   
Las zonas deforestadas en la Argentina se incrementaron sustancialmente en los últimos 20 años y la desaparición de gran parte del área boscosa, sin intención de nuevas plantaciones, engrosa la lista de factores que profundizan la crisis climática: desde 2001 hasta 2021, el 80% de la masa forestal local eliminada estuvo directamente vinculada con los sectores dominantes que responden a la deforestación, según relevó la plataforma de monitoreo de bosques Global Forest Watch.
Durante ese período, el país perdió 438 mil hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 7% de la pérdida total de cobertura arbórea y una disminución de esa flora nativa del 9,9%.

Un castigo a nuestra tierra
Entre las actividades que generaron mayor índice de pérdida forestal en el país, la deforestación asociada a la obtención de materias primas -postes de luz, tanino, durmientes o carbón- encabezó la lista, con 151 mil hectáreas menos en 2021 que en 2001. Le siguieron la agricultura itinerante, que dejó en ese mismo año un saldo de 25 mil hectáreas taladas de las 200 mil que hubo en total, según informó el organismo.
"Muchas zonas desmontadas después terminan siendo suelos inútiles al cabo de los años, por la salinización y la contaminación con agrotóxicos. Los wichí les llaman 'campos vencidos', son suelos que hacen más frecuentes las inundaciones porque ya no absorben las lluvias y, en verano, el efecto espejo contribuye al calentamiento", lamentó en diálogo con Télam Noemí Cruz, responsable del área de bosques de Greenpeace.
"Cuando la materia prima es sólo para carbón, tanino, postes de luz o durmientes para la utilización en las vías férreas, se hace sobrexplotación. Eso se denomina 'erosión de bosques'; se extrae madera y se empobrece y degrada todo le suelo de la zona boscosa", advirtió Cruz, y denunció: "El 85% de un ecosistema único como el quebrachal del Bosque de Tres Quebrachos -al sur de Chaco- fue destruido".
Fuentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalaron en diálogo con Télam que "la deforestación registrada se debe a desmontes ilegales o prácticas de transformación excesivas por parte de productores ganaderos en sistemas silvopastoriles, además de los incendios", que suceden con frecuencia en los bosques de categoría I y II, los más preservados.
Para dar respuesta a esta problemática, entre la cartera de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Gandería y Pesca, se creó en 2022 el Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que busca transformar esas prácticas silvopastoriles en modelos foresto-ganaderos para "asegurar la continuidad de la estructura y función de los bosques nativos", explicaron desde la entidad.
"El MBGI busca abordar el problema de la pérdida de bosques regulando las intervenciones en bosques nativos para poder arribar a modelos de producción libres de deforestación, forma parte de los lineamientos técnicos estratégicos de la Ley Bosques", reforzaron las fuentes oficiales.
El estudio evidenció además que Argentina perdió 6,32 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que representa un 16% menos de su totalidad, y generó como consecuencia la emisión de 1,4 gigatoneladas de carbono a la atmósfera.
En 2008, por ejemplo, se midió una deforestación récord: hubo un total de 588 mil hectáreas podadas, de las cuales 491 mil fueron utilizadas para materias primas. ¿Qué consecuencias generó este desmonte? Cruz advirtió que los pueblos que habitan en la cercanía de las zonas deforestadas "pasan a ser desalojados, son parias en zonas urbanas, sin posibilidades de subsistencia conforme su cultura”.
Además, la masiva deforestación provoca la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, también en la productividad de los suelos, cambios en los llamados "ciclos hidrológicos" -que facilita las inundaciones-, y pérdida en la capacidad de fijar carbono, que termina expulsado a la capa de ozono y contribuye al avance del calentamiento global.
Sobre el dosel arbóreo en Argentina -el ecosistema que se forma por debajo y entre las copas de los árboles-, en ese mismo período las cinco provincias que registraron mayor pérdida fueron Santiago del Estero, con 1,90 millones de hectáreas; seguida por Salta, con 1,39 Mha; Chaco, con 878 Mha; Formosa, con 693 Mha; y Misiones, con 533 Mha.
El 52% del total de la pérdida de la cobertura arbórea en del país corresponde solo a la suma de las dos primeras provincias que encabezan esa lista.
Además, el 87% de la pérdida de bosques nativos corresponde a esa región del parque chaqueño, principalmente Santiago del Estero (28%), Salta (21%), Chaco (14%) y Formosa (13%). El total del área constituye el segundo foco de deforestación de Sudamérica, después del Amazonas.
Actualmente, la plataforma registró que sólo en seis días -el período que va del 6 al 13 de octubre de 2022- se registraron 163.693 alertas de deforestación local, lo que abarca un área de 1,81 mil hectáreas que se encuentran en proceso de ser taladas para diferentes actividades, entre ellas, la industria agropecuaria (mayormente), la agricultura y ganadería intensivas.
De modo que, si bien toda actividad forestal que se ejecuta dentro del territorio argentino debería estar estrictamente controlada bajo el marco regulatorio de la Ley de Bosques -la 23.331-, Cruz aseguró que “en el norte, lamentablemente, no hay recomposición de los bosques destruidos ilegalmente”.
Incluso, refuerza, “hemos presenciado desmontes en lugares de Salta, como El Arenal, y en Chaco, cerca de Misión Nueva Pompeya, donde el monte había empezado a volver después de ser arrasado y en menos de diez años se le volvió a pasar la topadora”.

La Ley de Bosques
El aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales de los bosques primarios llevó a que en 2007 se discutiera un marco legal que garantizara la protección de los bosques y los clasificara según su valor de conservación. La resolución de la ley, que se implementó en 2009, estableció un presupuesto mínimo para la protección ambiental y el manejo sostenible de esas zonas.
Sobre eso, Cruz alertó que en las zonas donde ella trabaja -Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa- “hay bosques muy amenazados, principalmente habitados por campesino e indígenas que no tienen el reconocimiento de la tierra y, con lo cual, no son destinatarios de esos fondos y no perciben las mejoras económicas locales”.
En ese sentido, desde el Ministerio respondieron que junto con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) elaboraron un Proyecto de Pagos Basados en Resultados (PBR) por el cual Argentina recibió un financiamiento de USD82 millones en concepto de pago por reducción de emisiones forestales por la disminución de la deforestación.
Este financiamiento tiene una duración de seis años a partir del 2022 y está destinado a la implementación de modelos de gestión forestal libres de deforestación que contemplen, a su vez, la participación social en la planificación y el uso sostenible de los bosques como factor de desarrollo de las economías regionales.
Este programa incluye, además, "actividades que prevén la inclusión social con especial atención a comunidades indígenas y campesinas para promover el arraigo, la perspectiva de género; la producción de conocimiento y trasferencia y la mejora permanente de instrumentos de monitoreo y control como el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación", aseguraron desde la cartera ambiental.
En total, existen en Argentina 34,3 millones de hectáreas de superficie forestal, de las cuales 33,1 millones pertenecen a monte nativo, mientras que solo 1,2 millones están compuestos por monte implantado.
Sobre ese caudal de territorio, la ley jerarquizó los bosques según el valor de conservación y la dificultad para mantenerlo activo:
Categoría 1 - Rojo: Sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse ni ser sujetos a aprovechamiento forestal. Pueden realizarse actividades que no alteren sus atributos de conservación.
Categoría 2 -Amarillo: Sectores de mediano valor de conservación, que no deben desmontarse. Podrán ser sometidos a aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
Categoría 3 - Verde: Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.
Las mediciones llevadas adelante por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, indicaron en un informe titulado “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, que entre el período que va desde 2008 al 2018, el 47,2% de la deforestación correspondió a desmontes autorizados dentro de la categoría 3, mientras que el 52,8% restante se produjo en las categorías 1 y 2, es decir, en áreas que la ley prohíbe.
Por otra parte, están los incendios: en Argentina, la época donde se registran mayores focos ígneos es a principios de agosto. Entonces, los organismos especializados se encargan de difundir información para evitar el inicio de éstos y dar a conocer las multas para quienes los generan adrede.
Estas alarmas rigen con frecuencia y en el período que va del 1 de noviembre de 2021 hasta el 24 de octubre del 2022, se registraron 14.590 alertas si sólo se toman en cuentas aquellas que son de "alta confianza".
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, midió que este fenómeno se dio fundamentalmente en las regiones Espinal y Monte -San Luis, La Pampa y Río Negro-, en donde más del 95% de las pérdidas de bosque nativo fueron causadas por incendios en los años 2017 y 2018.
Asimismo, en la región del Bosque Andino Patagónico, se identificaron 64.340 hectáreas de pérdida de bosque nativo entre 2001 y 2017 por incendios forestales, representando el 84% de las pérdidas registradas.
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Cuadro comparativo entre los proyectos de Ley de Humedales con dictamen de minoría y de mayoría

Fecha de Publicación: 14/11/2022
Fuente: Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Provincia/Región: Nacional


Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas realizamos el siguiente cuadro comparativo entre los dictámenes de minoría, del proyecto presentado por el Diputado Leonardo Grosso, y el dictamen de mayoría del Diputado Maxi Ferraro.
COMPARATIVO ENTRE LOS DICTAMENES DE MINORÍA (DIP. LEONARDO GROSSO) CON EL DICTAMEN DE MAYORÍA (DIP. MAXI FERRARO)

• OBJETO
El dictamen de mayoría no reconoce, en el objeto de la ley, el valor intrínseco de los humedales, ni el resguardo para su integridad ecológica para asegurar los servicios ecosistémicos que éstos brindan.

• OBJETIVOS
Los objetivos de la ley son notoriamente más amplios y protectores en el dictamen de minoría.
Por ejemplo, entre muchos otros, el dictamen de minoría contempla aplicar el principio de no regresión en materia ambiental y, en caso de controversias, resguardar los principios in dubio pro aqua e in dubio pro natura, en favor de la protección de los humedales.
También el dictamen de minoría establece como objetivo de la ley “valorar, reconocer y apoyar los medios de vida y producción, tradicionales y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sustentable.”

• DEFINICIONES
Las definiciones del proyecto de minoría son más amplias, y más protectoras, que el proyecto de mayoría.

• OBJETIVOS PARA EL INVENTARIO (INH)
El único que tiene objetivos específicos para el Invetario Nacional de Humedales (INH) es el dictamen de minoría.

• PLAZOS PARA REALIZAR EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO (OAT)
El proyecto de minoría establece que el proceso de Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) debe incorporarse en un plazo máximo de 2 años desde la sanción de la ley.
El de mayoría de 1 año desde la publicación del inventario, es decir 4 años desde la sanción de la ley (3+1)

• PRINCIPIOS
El de minoría dispone la aplicación de los siguientes principios: Participación, Co-construcción del conocimiento, Equidad territorial y social, Perspectiva del paisaje, Progresividad, Variabilidad espacio-temporal de los humedales, Principio in dubio pro natura, Principio in dubio pro aqua, Principio de no regresión, Resguardo jurídico ambiental.
Mientras que el de mayoría los omite.

• MONITOREO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE HUMEDALES (OTH)
Sólo el proyecto de minoría establece un Monitoreo, actualización y participación ciudadana en el Ordenamiento Territorial de Humedales.

• TRANSICIÓN
El dictamen de minoría establece que en el tiempo entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el OAT, todas las nuevas actividades (o ampliación de existentes) deberán realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa que deberán cumplir con las previsiones de la Ley (muy importante esto) y las normas locales.
En cambio, el dictamen de mayoría, en el mismo periodo hasta que se apruebe el OTH, permite “cambios en el uso del suelo o la ampliación de las actividades existentes en humedales plenamente reconocidos cuando la Autoridad Competente determine que no se verán afectadas significativamente sus características ecológicas.” Dejando así una gran discrecionalidad, además de exigir que sean “plenamente reconocidos”.

• EXIGENCIAS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
Son mas amplias las exigencias de la EIA en el despacho de minoría que establece que “deberá considerar en todas sus etapas las características e integridad ecológica de los mismos, así como su valor intrínseco y los criterios de manejo racional y uso sustentable que como aplicación de la presente surjan, incorporando el análisis a escala de paisaje y/o regional, a fin de considerar la interdependencia con otros ambientes y posibles impactos acumulativos”.
Pero lo que es fundamental que el proyecto de minoría (y el de mayoría omite) es obligar, expresa y taxativamente, a una EIA previa en el caso de:
f) La construcción de pólders, terraplenes, bordos, albardones o estructuras similares que modifiquen la libre circulación del agua;
g) La construcción de represas o endicamientos de cualquier escala;
c) El movimiento de suelos cualquiera sea su fin;
h) El volcamiento de efluentes, desechos, desperdicios o cualquier otro elemento o sustancia extraños al humedal que pueda resultar contaminante o que modifique sus parámetros estructurales o de funcionamiento;
k) La introducción de especies exóticas -no nativas- con cualquier fin ya sea recreativo, productivo, deportivo, etc.;
l) Las actividades que impliquen monocultivos, cultivos intensivos y/o agricultura industrial.
n) El cambio de uso del suelo;
p) La exploración y explotación minera, hidrocarburífera y la presencia de reservas para fracking.
La mayoría de estas actividades actualmente se realizan sin una EIA previa.

• EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PREVIA A FUMIGACIONES
Solo el dictamen de minoría establece la obligación de realizar una EIA previa de fumigaciones aéreas o terrestres. Esto es muy importante y sería un avance significativo ya que actualmente no existe esta obligación. Esto es omitido en el dictamen de mayoría.

• OBLIGACIÓN DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADAS
El Dictamen de minoría obliga a la restauración de las áreas degradas (estableciendo, además, prioridades en territorio indígena, agricultores familiares, comunidades locales y Cambio Climático) y el de Mayoría solo establece un “apoyo” de la autoridad nacional.

• PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE HUMEDALES
El de Minoría crea el Programa Nacional de Conservación de Humedales, con un capítulo específico.
El de Mayoría no tiene nada al respecto.

• COMITÉ O CONSEJO
El proyecto de Mayoría incorpora en el Comité Nacional de Humedales, entre otros, al Consejo Federal de Minería, el INTA, el Consejo Federal Agropecuario y elimina a los sindicatos. El de minoría crea un Consejo que le da más importancia a la sociedad civil (organizaciones sociales, ambientales e indígenas)

• AUTORIDAD DE APLICACIÓN
El proyecto de mayoría pone, insólitamente, como autoridad de aplicación –junto al MAyDS a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Solo el proyecto de Minoría establece la “responsabilidad solidaria”, en caso de daño ambiental, de empresas o personas que suscriban estudios con datos omitidos o falsos.

EN CONCLUSIÓN EL DICTAMEN DE MAYORÍA ES MUY REGRESIVO EN COMPARACIÓN AL DE MINORÍA
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