Santa Fe prohibe sembrar banquinas
08:09 | 
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Es oficial la prohibición de sembrar banquinas y fumigar camiones
Fecha de Publicación: 05/04/2011
Fuente: Rosario Net
Provincia/Región: Santa Fe
El Comité Provincial de Salud Ambiental de Santa Fe aprobó la veda al sembrado de cereales y oleaginosas en la vera de rutas santafesinas y la aspersión con fosfina u otros agroquímicos en camiones o vagones
El gobierno de Santa Fe prohibió el sembrado de cereales y oleaginosas en las banquinas de rutas provinciales y la fumigación con fosfina y cualquier otro tipo de agroquímico de los cargamentos con granos en camiones o vagones.
El secretario de Medio Ambiente santafesino, César Mackler, explicó que el Comité Provincial Interministerial de Salud Ambiental resolvió la prohibición de sembrar las banquinas "para avanzar en la recuperación de corredores biológicos en los costados de las banquinas" de las rutas de esa provincia.
Además, dijo que "se prohibió el tratamiento con fosfina y cualquier otro tipo de agroquímicos de los granos, productos y subproductos de cereales y oleaginosas, durante su cargamento en camiones o vagones y tránsito por la provincia de Santa Fe".
También se estableció que los titulares de la carga tendrán que presentar el formulario único para el transporte en el territorio provincial que tendrá valor de declaración jurada y deberá acompañar a la Carta de Porte.
Por otra parte, la provincia "recomienda a las autoridades comunales y municipales tener en cuenta en sus planes de urbanización la ubicación fuera de los ejidos urbanos de los locales destinados a depósitos de fitosanitarios".
La sugerencia abarca "todo lo relacionado a la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio o aplicación de tales productos en sus jurisdicciones".
Para Mackler, la prohibición de sembrar en las banquinas es "una herramienta más para poder mitigar los fenómenos no sólo de orden ecológico, sino también ambiental que impactan los subsistemas económico y social".
El Comité Provincial Interministerial de Salud Ambiental fue creado en 2010 con el objetivo de avanzar en la generación de espacios de discusión y toma de decisiones sobre políticas transversales para la protección de la salud de la población.
Fecha de Publicación: 05/04/2011
Fuente: Rosario Net
Provincia/Región: Santa Fe
El Comité Provincial de Salud Ambiental de Santa Fe aprobó la veda al sembrado de cereales y oleaginosas en la vera de rutas santafesinas y la aspersión con fosfina u otros agroquímicos en camiones o vagones
El gobierno de Santa Fe prohibió el sembrado de cereales y oleaginosas en las banquinas de rutas provinciales y la fumigación con fosfina y cualquier otro tipo de agroquímico de los cargamentos con granos en camiones o vagones.
El secretario de Medio Ambiente santafesino, César Mackler, explicó que el Comité Provincial Interministerial de Salud Ambiental resolvió la prohibición de sembrar las banquinas "para avanzar en la recuperación de corredores biológicos en los costados de las banquinas" de las rutas de esa provincia.
Además, dijo que "se prohibió el tratamiento con fosfina y cualquier otro tipo de agroquímicos de los granos, productos y subproductos de cereales y oleaginosas, durante su cargamento en camiones o vagones y tránsito por la provincia de Santa Fe".
También se estableció que los titulares de la carga tendrán que presentar el formulario único para el transporte en el territorio provincial que tendrá valor de declaración jurada y deberá acompañar a la Carta de Porte.
Por otra parte, la provincia "recomienda a las autoridades comunales y municipales tener en cuenta en sus planes de urbanización la ubicación fuera de los ejidos urbanos de los locales destinados a depósitos de fitosanitarios".
La sugerencia abarca "todo lo relacionado a la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio o aplicación de tales productos en sus jurisdicciones".
Para Mackler, la prohibición de sembrar en las banquinas es "una herramienta más para poder mitigar los fenómenos no sólo de orden ecológico, sino también ambiental que impactan los subsistemas económico y social".
El Comité Provincial Interministerial de Salud Ambiental fue creado en 2010 con el objetivo de avanzar en la generación de espacios de discusión y toma de decisiones sobre políticas transversales para la protección de la salud de la población.
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Cada vez se utiliza más soja para biodiésel
Cada vez se utiliza más soja para producir biodiésel
Fecha de Publicación: 04/04/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Por el boom de los biocombustibles, en la Argentina se usa cada vez más soja para producir biodiésel. Además, el sector se perfila para que este año genere más divisas que la exportación de carne vacuna.
En 2011, alrededor del 30% de la producción de aceite de la oleaginosa tendrá como fin la elaboración de biodiésel, que representará unos 2,5 millones de toneladas. En 2010, en el país la producción de biodiésel se ubicó en 1,9 millones de toneladas, ya un 58% más que en 2009, y de ese volumen, el 70% se colocó en la Unión Europea.
"Sobre la producción de aceite, la producción de biodiésel será de alrededor del 30%", comentó Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
Empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), en la que están firmas como AGD, Bunge, Molinos Río de la Plata, Cargill, Explora, Vicentín, Villuco, Renova, Patagonia Bioenergía, Dreyfus, Los Balcanes y Unitec Bio ya invirtieron 700 millones de dólares en los últimos cuatro años.
De esas compañías sale la producción y la exportación de más del 95% del biocombustible, según Carbio. La Argentina es el cuarto productor mundial de biodiésel y el principal exportador.
En 2010, el sector vendió 1,3 millones de toneladas. "Las exportaciones de biodiésel durante 2010 fue de aproximadamente US$ 1300 millones. Para el presente año, estimo una exportación mínima de 1,4 millones de toneladas, con un valor de entre 1700 y 1800 millones de dólares", indicó Molina.
Para el INTA, inclusive hacia fines de 2011 las exportaciones de biocombustibles podrían acercarse a los US$ 2200 millones. Para comparar, en 2010, las exportaciones de carne vacuna y menudencias dejaron US$ 1373 millones.
Se suman más inversiones. Molina recordó que Cargill está construyendo una fábrica de 250.000 toneladas, Terminal 6 Industrial se encuentra inaugurando la ampliación de su fábrica en Puerto San Martín, lo que le permitirá duplicar su capacidad y llevarla a 480.000 toneladas, mientras que LDC Argentina (Dreyfus) está levantando una nueva planta que sumará 305.000 toneladas.
"Se estima que en 2011 se harán efectivas ampliaciones. Las inversiones previstas son del orden de los 200 millones de dólares", explicaron en Carbio, que preside Fernando Peláez.
En la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), precisaron que con los proyectos en marcha la capacidad instalada trepará este año a 3,08 millones de toneladas. "Existen en el país 23 plantas de biodiésel en operación", señalaron.
Por la ley 26.093 se implementó un corte obligatorio del gasoil con el biodiésel. Arrancó con 5% en enero de 2010, luego pasó a 7% en julio pasado y, según Carbio, para 2011 "la expectativa es crecer hasta por lo menos el 10 por ciento".
También etanol
También viene el bioetanol, usado para cortar la nafta con 5%. En este caso, es la industria azucarera la que está realizando inversiones. Según Molina, los ingenios azucareros invirtieron unos US$ 300 millones para producir etanol. Pero, además, hay planes para hacer nuevas destilerías para etanol con maíz.
Según Molina, en 2010 la producción de bioetanol anhidro fue de 100.000 metros cúbicos y para este año "debería duplicarse". Molina explicó que para obtener 200.000 metros cúbicos se requeriría la molienda de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de caña.
A nivel interno, con el biodiésel, según Molina, "no se está cumpliendo efectivamente con la obligación de cortar el 7%; se llega a poco más del 5%. Una o dos petroleras son la excepción a la regla". No obstante, cualquiera que carga gasoil tiene el combustible cortado. En tanto, el corte de las naftas con etanol es parcial, porque la oferta no cubre toda la demanda. "El expendio de nafta cortada con etanol está generalizado en el NOA y es parcial en el NEA, parte de Córdoba, Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y Cuyo", concluyó Molina.
Fecha de Publicación: 04/04/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Por el boom de los biocombustibles, en la Argentina se usa cada vez más soja para producir biodiésel. Además, el sector se perfila para que este año genere más divisas que la exportación de carne vacuna.
En 2011, alrededor del 30% de la producción de aceite de la oleaginosa tendrá como fin la elaboración de biodiésel, que representará unos 2,5 millones de toneladas. En 2010, en el país la producción de biodiésel se ubicó en 1,9 millones de toneladas, ya un 58% más que en 2009, y de ese volumen, el 70% se colocó en la Unión Europea.
"Sobre la producción de aceite, la producción de biodiésel será de alrededor del 30%", comentó Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
Empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), en la que están firmas como AGD, Bunge, Molinos Río de la Plata, Cargill, Explora, Vicentín, Villuco, Renova, Patagonia Bioenergía, Dreyfus, Los Balcanes y Unitec Bio ya invirtieron 700 millones de dólares en los últimos cuatro años.
De esas compañías sale la producción y la exportación de más del 95% del biocombustible, según Carbio. La Argentina es el cuarto productor mundial de biodiésel y el principal exportador.
En 2010, el sector vendió 1,3 millones de toneladas. "Las exportaciones de biodiésel durante 2010 fue de aproximadamente US$ 1300 millones. Para el presente año, estimo una exportación mínima de 1,4 millones de toneladas, con un valor de entre 1700 y 1800 millones de dólares", indicó Molina.
Para el INTA, inclusive hacia fines de 2011 las exportaciones de biocombustibles podrían acercarse a los US$ 2200 millones. Para comparar, en 2010, las exportaciones de carne vacuna y menudencias dejaron US$ 1373 millones.
Se suman más inversiones. Molina recordó que Cargill está construyendo una fábrica de 250.000 toneladas, Terminal 6 Industrial se encuentra inaugurando la ampliación de su fábrica en Puerto San Martín, lo que le permitirá duplicar su capacidad y llevarla a 480.000 toneladas, mientras que LDC Argentina (Dreyfus) está levantando una nueva planta que sumará 305.000 toneladas.
"Se estima que en 2011 se harán efectivas ampliaciones. Las inversiones previstas son del orden de los 200 millones de dólares", explicaron en Carbio, que preside Fernando Peláez.
En la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), precisaron que con los proyectos en marcha la capacidad instalada trepará este año a 3,08 millones de toneladas. "Existen en el país 23 plantas de biodiésel en operación", señalaron.
Por la ley 26.093 se implementó un corte obligatorio del gasoil con el biodiésel. Arrancó con 5% en enero de 2010, luego pasó a 7% en julio pasado y, según Carbio, para 2011 "la expectativa es crecer hasta por lo menos el 10 por ciento".
También etanol
También viene el bioetanol, usado para cortar la nafta con 5%. En este caso, es la industria azucarera la que está realizando inversiones. Según Molina, los ingenios azucareros invirtieron unos US$ 300 millones para producir etanol. Pero, además, hay planes para hacer nuevas destilerías para etanol con maíz.
Según Molina, en 2010 la producción de bioetanol anhidro fue de 100.000 metros cúbicos y para este año "debería duplicarse". Molina explicó que para obtener 200.000 metros cúbicos se requeriría la molienda de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de caña.
A nivel interno, con el biodiésel, según Molina, "no se está cumpliendo efectivamente con la obligación de cortar el 7%; se llega a poco más del 5%. Una o dos petroleras son la excepción a la regla". No obstante, cualquiera que carga gasoil tiene el combustible cortado. En tanto, el corte de las naftas con etanol es parcial, porque la oferta no cubre toda la demanda. "El expendio de nafta cortada con etanol está generalizado en el NOA y es parcial en el NEA, parte de Córdoba, Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y Cuyo", concluyó Molina.
El proyecto sobre extranjerización de la tierra
El proyecto de Verónica Benas sobre extranjerización de la tierra
Fecha de Publicación: 03/04/2011
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
Benas recordó que hoy no hay límites para vender a extranjeros.La diputada rosarina Verónica Benas es autora de una de las siete iniciativas que comenzarán a debatirse en el Congreso. A pesar del año electoral, cree que se reunirá el consenso.
La cantidad de tierras argentinas en manos extrajeras parece interesar y preocupar tanto al Ejecutivo nacional como a varios diputados. Detectaron que más del 10 por ciento del país pertenece a personas o empresas foráneas. Las leyes actuales no proporcionan límites y se han vendido grandes extensiones con riquezas incalculables y otras de importante valor estratégico. En el Congreso ya hubo una ronda de reuniones y los proyectos salen del cajón. Uno de ellos lo presentó hace dos años la rosarina Verónica Benas. Perdió estado parlamentario y decidió arremeter. Son seis o siete los proyectos presentados, sus autores estuvieron en reuniones con la Comisión de Legislación General, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Ambiente. También hay que destacar que no pasó desapercibido el interés sobre el tema de la presidenta Cristina Fernández en la inauguración del año legislativo donde hizo una manifestación pública y mostró su compromiso para poner restricciones a la compara de tierras argentinas a los capitales extranjeros.
La diputada nacional Verónica Benas del partido PARES (Participación, Ética y Solidaridad) dice que la gran cantidad de tierras en manos extranjeras "es una amenaza a la seguridad nacional ya que muchas de esas tierras son estratégicas por los usos en la superficie y las riquezas del subsuelo como los minerales, los hidrocarburos y por supuesto: El agua dulce", y agrega sobre las que están en el margen del mar patagónico "es claramente un problema para la soberanía. Argentina tiene un conflicto con Gran Bretaña y grandes extensiones pertenecen a ingleses y están sobre el mar con puertos y aeropuertos que nadie controla", remató.
Un informe de la Auditoría General de la Nación revela que una importante cantidad de expedientes tienen una autorización dudosa de la Secretaría de Seguridad Interior. La diputada Benas relata que la mayoría de los expedientes aprobados entre 2003 y 2007 sobre la cordillera fueron autorizados vía de excepción. Hay casos emblemáticos por lo exagerado como el de la familia Benetton que compró 900 mil hectáreas y Ted Turner, Douglas Tompkins, Joseph Lewis, Huber Grosse entre otros.
-¿Qué sucedería con las tierras extranjerizadas?
-En primer lugar investigar cada caso. Y los que no cumplan deberán ajustarse a la Ley. Los actos jurídicos que no cumplan con ésta norma serán de nulidad absoluta. Y también plantea un plazo para adaptarse. Las personas jurídicas que son titulares de grandes extensiones de tierras tendrán un año para cumplir con la Ley y vender sus terrenos siendo que las personas físicas lo podrán hacer en dos años y así volver a los causes normales.
-¿Volverían a manos del Estado sin pagar expropiación?
-Exacto. Porque el inconveniente lo tienen los terratenientes extranjeros que no cumplen con la Ley. La mayoría adquirieron sus inmuebles en la dictadura o en los '90 con un grado de connivencia revelada por el informe de la AGN.
-¿Cuáles son los límites para evitar la figura del testaferro?
-Es un tema difícil. En primer lugar exigimos crear un registro de inmuebles de propietarios extranjeros para al menos avanzar con datos y poder cruzarlos. Además el proyecto plantea límites para las personas o empresas con domicilio o socios mayoritarios radicados en el extranjero. En el registro aparecen claramente los datos y si el comprador es un argentino los organismos correspondientes tendrán que investigar el origen de esos capitales.
En las reuniones de la Secretaria de Ambiente sugirió incorporar en la Ley la protección de las tierras de los pueblos originarios y la diputada Benas amplió sobre éste punto por entender que "hay muchos argentinos excluidos de la posesión de la tierra y que no sólo es un espacio para vivir o producir sino que tiene el peso de darle valor a la identidad de cada habitante".
Fecha de Publicación: 03/04/2011
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
Benas recordó que hoy no hay límites para vender a extranjeros.La diputada rosarina Verónica Benas es autora de una de las siete iniciativas que comenzarán a debatirse en el Congreso. A pesar del año electoral, cree que se reunirá el consenso.
La cantidad de tierras argentinas en manos extrajeras parece interesar y preocupar tanto al Ejecutivo nacional como a varios diputados. Detectaron que más del 10 por ciento del país pertenece a personas o empresas foráneas. Las leyes actuales no proporcionan límites y se han vendido grandes extensiones con riquezas incalculables y otras de importante valor estratégico. En el Congreso ya hubo una ronda de reuniones y los proyectos salen del cajón. Uno de ellos lo presentó hace dos años la rosarina Verónica Benas. Perdió estado parlamentario y decidió arremeter. Son seis o siete los proyectos presentados, sus autores estuvieron en reuniones con la Comisión de Legislación General, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Ambiente. También hay que destacar que no pasó desapercibido el interés sobre el tema de la presidenta Cristina Fernández en la inauguración del año legislativo donde hizo una manifestación pública y mostró su compromiso para poner restricciones a la compara de tierras argentinas a los capitales extranjeros.
La diputada nacional Verónica Benas del partido PARES (Participación, Ética y Solidaridad) dice que la gran cantidad de tierras en manos extranjeras "es una amenaza a la seguridad nacional ya que muchas de esas tierras son estratégicas por los usos en la superficie y las riquezas del subsuelo como los minerales, los hidrocarburos y por supuesto: El agua dulce", y agrega sobre las que están en el margen del mar patagónico "es claramente un problema para la soberanía. Argentina tiene un conflicto con Gran Bretaña y grandes extensiones pertenecen a ingleses y están sobre el mar con puertos y aeropuertos que nadie controla", remató.
Un informe de la Auditoría General de la Nación revela que una importante cantidad de expedientes tienen una autorización dudosa de la Secretaría de Seguridad Interior. La diputada Benas relata que la mayoría de los expedientes aprobados entre 2003 y 2007 sobre la cordillera fueron autorizados vía de excepción. Hay casos emblemáticos por lo exagerado como el de la familia Benetton que compró 900 mil hectáreas y Ted Turner, Douglas Tompkins, Joseph Lewis, Huber Grosse entre otros.
-¿Qué sucedería con las tierras extranjerizadas?
-En primer lugar investigar cada caso. Y los que no cumplan deberán ajustarse a la Ley. Los actos jurídicos que no cumplan con ésta norma serán de nulidad absoluta. Y también plantea un plazo para adaptarse. Las personas jurídicas que son titulares de grandes extensiones de tierras tendrán un año para cumplir con la Ley y vender sus terrenos siendo que las personas físicas lo podrán hacer en dos años y así volver a los causes normales.
-¿Volverían a manos del Estado sin pagar expropiación?
-Exacto. Porque el inconveniente lo tienen los terratenientes extranjeros que no cumplen con la Ley. La mayoría adquirieron sus inmuebles en la dictadura o en los '90 con un grado de connivencia revelada por el informe de la AGN.
-¿Cuáles son los límites para evitar la figura del testaferro?
-Es un tema difícil. En primer lugar exigimos crear un registro de inmuebles de propietarios extranjeros para al menos avanzar con datos y poder cruzarlos. Además el proyecto plantea límites para las personas o empresas con domicilio o socios mayoritarios radicados en el extranjero. En el registro aparecen claramente los datos y si el comprador es un argentino los organismos correspondientes tendrán que investigar el origen de esos capitales.
En las reuniones de la Secretaria de Ambiente sugirió incorporar en la Ley la protección de las tierras de los pueblos originarios y la diputada Benas amplió sobre éste punto por entender que "hay muchos argentinos excluidos de la posesión de la tierra y que no sólo es un espacio para vivir o producir sino que tiene el peso de darle valor a la identidad de cada habitante".
Buenos Aires: otra vez agua marrón
Otra vez, agua marrón en la Ciudad
Fecha de Publicación: 02/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo sufrieron miles de usuarios. Absa lo atribuyó a tareas de "reparación" para "mejorar la presión"
Cuando Eva Schomfeld abrió la canilla, primero se sorprendió y luego protestó por lo que estaba viendo. En la pileta del baño, un líquido amarronado y con arena corría por el lugar en el que tendría que haber habido sólo agua, incolora. "Estuvimos así durante casi todo el día, y no es la primera vez que sucede", reclamó.
abre comillas'Ya nos acostumbramos al agua turbia. Pero aunque es habitual, nunca había salido tan oscura', destacó Cristina, de 62 y 25cierra comillas
Al igual que ella, que vive en 27 y 58, miles de vecinos se vieron afectados ayer en una amplia zona del casco urbano por la presencia de agua turbia en sus tanques y cañerías. El motivo, según la empresa proveedora, fue la reparación de un caño en la zona de 25 y 55.
Como consecuencia de esas tareas, realizadas con la idea de mejorar la presión en dicha zona, se generó "turbidez en el agua en un sector de la red comprendido por las calles 24 a 31 y de 54 a 72", según informó Aguas Bonaerenses.
Para algunos, la presencia del agua marrón motivó sensaciones desagradables, como en el caso de Susana Sosa, vecina de Plaza Brandsen.
"Volví de trabajar y quise ponerme a tomar unos mates. Llené la pava y me la tomé entera con el agua marrón, sin darme cuenta. Recién me enteré de lo que pasaba cuando fui a preparar jugo y mi marido me advirtió que el agua estaba turbia. Tuvimos que tirar el jugo y llenamos la jarra de nuevo para ver qué era lo que salía de la canilla. Enseguida cayeron todos los sedimentos al fondo", explicó Susana.
Para la gente de la zona afectada, la de ayer "no fue la primera vez". Según contaron, ya se han tenido que enfrentar al mismo problema en repetidas ocasiones durante los últimos meses.
"Lamentablemente, ya nos acostumbramos al agua turbia. Pero aunque es habitual en todo el barrio, nunca había salido tan oscura como esta vez", destacó Cristina, de 62 y 25.
"Me fui a lavar los dientes y encontré el agua sucia. La pusimos en un vaso y enseguida se acumuló más de un centímetro de sedimentos", agregó la vecina, aún sorprendida por lo ocurrido.
Durante toda la jornada, los reclamos y consultas se sucedieron sin cesar. Saber si el agua turbia era peligrosa, en caso de consumirla accidentalmente, fue una de las preguntas más repetidas.
También se registraron dudas entre los vecinos sobre lo que se debía hacer para solucionar el inconveniente. Para algunos, se debía dejar correr el agua; para otros, en cambio, se debían cerrar las llaves de paso para que la suciedad no ingresara a las cañerías.
Varios vecinos, por su parte, optaron por la protesta directa. "Esto no se puede creer. Abrí la canilla y me encontré con esta sorpresa. Ya nos está pasando cada vez más seguido esto de encontrar basura en las cañerías. No sé quien va a venir a limpiarme el tanque ahora", se lamentó Carlos, de la zona de 29 y 68.
Fecha de Publicación: 02/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo sufrieron miles de usuarios. Absa lo atribuyó a tareas de "reparación" para "mejorar la presión"
Cuando Eva Schomfeld abrió la canilla, primero se sorprendió y luego protestó por lo que estaba viendo. En la pileta del baño, un líquido amarronado y con arena corría por el lugar en el que tendría que haber habido sólo agua, incolora. "Estuvimos así durante casi todo el día, y no es la primera vez que sucede", reclamó.
abre comillas'Ya nos acostumbramos al agua turbia. Pero aunque es habitual, nunca había salido tan oscura', destacó Cristina, de 62 y 25cierra comillas
Al igual que ella, que vive en 27 y 58, miles de vecinos se vieron afectados ayer en una amplia zona del casco urbano por la presencia de agua turbia en sus tanques y cañerías. El motivo, según la empresa proveedora, fue la reparación de un caño en la zona de 25 y 55.
Como consecuencia de esas tareas, realizadas con la idea de mejorar la presión en dicha zona, se generó "turbidez en el agua en un sector de la red comprendido por las calles 24 a 31 y de 54 a 72", según informó Aguas Bonaerenses.
Para algunos, la presencia del agua marrón motivó sensaciones desagradables, como en el caso de Susana Sosa, vecina de Plaza Brandsen.
"Volví de trabajar y quise ponerme a tomar unos mates. Llené la pava y me la tomé entera con el agua marrón, sin darme cuenta. Recién me enteré de lo que pasaba cuando fui a preparar jugo y mi marido me advirtió que el agua estaba turbia. Tuvimos que tirar el jugo y llenamos la jarra de nuevo para ver qué era lo que salía de la canilla. Enseguida cayeron todos los sedimentos al fondo", explicó Susana.
Para la gente de la zona afectada, la de ayer "no fue la primera vez". Según contaron, ya se han tenido que enfrentar al mismo problema en repetidas ocasiones durante los últimos meses.
"Lamentablemente, ya nos acostumbramos al agua turbia. Pero aunque es habitual en todo el barrio, nunca había salido tan oscura como esta vez", destacó Cristina, de 62 y 25.
"Me fui a lavar los dientes y encontré el agua sucia. La pusimos en un vaso y enseguida se acumuló más de un centímetro de sedimentos", agregó la vecina, aún sorprendida por lo ocurrido.
Durante toda la jornada, los reclamos y consultas se sucedieron sin cesar. Saber si el agua turbia era peligrosa, en caso de consumirla accidentalmente, fue una de las preguntas más repetidas.
También se registraron dudas entre los vecinos sobre lo que se debía hacer para solucionar el inconveniente. Para algunos, se debía dejar correr el agua; para otros, en cambio, se debían cerrar las llaves de paso para que la suciedad no ingresara a las cañerías.
Varios vecinos, por su parte, optaron por la protesta directa. "Esto no se puede creer. Abrí la canilla y me encontré con esta sorpresa. Ya nos está pasando cada vez más seguido esto de encontrar basura en las cañerías. No sé quien va a venir a limpiarme el tanque ahora", se lamentó Carlos, de la zona de 29 y 68.
Proponen prohibir el insecticida endosulfán
Proponen inclusión del insecticida ENDOSULFÁN en el Convenio de Estocolmo
Fecha de Publicación: 01/04/2011
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional
"El endosulfán es un neurotóxico tanto para insectos, mamíferos y humanos. La ONU desde el organismo científico del Convenio de Estocolomo insistió a todos los países a que se considere su eliminación y se lo incluya en la próxima reunión de las partes, a celebrarse el próximo 24 de abril."
Desde Rapal el mensaje era claro: “Nos interesa la situación de este insecticida dado que es uno de los de mayor utilización en el país en diversas áreas de cultivo. También conocemos y nos preocupa su impacto a nivel ambiental incluida la salud humana”.
El endosulfán es un neurotóxico tanto para insectos, mamíferos y humanos. La clasificación de la EPA es de Categoría I de alta toxicidad, en tanto para la Organización Mundial de la Salud la clasificación es Clase II, moderadamente riesgoso.
El Compuesto Orgánico Persistente (COP) está prohibido en más de 60 países. La ONU desde el organismo científico del Convenio de Estocolomo insistió a todos los países a que se considere su eliminación y se lo incluya en la próxima reunión de las partes, a celebrarse el próximo 24 de abril.
La audiencia convocada por la diputada Cecilia Merchán de Libres del Sur y Rapal, la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina, cuyo representante es el coordinador regional Ing. Agr.Javier Souza Casadinho se realizó este martes 29 de marzo, de 9 a 13 hs en la Sala del 2do piso, Edificio Anexo del Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
La diputada Cecilia Merchán manifestó que: “Sucede que desde 2007 a esta parte hubo varios eventos que ameritan una discusión profunda sobre el uso de estas sustancias. Tenemos el fallo de la justicia favorable a los vecinos y vecinas del Barrio Ituzaingó, en Córdoba. Existe el informe de los Médicos de Pueblos Fumigados que da cuenta de casos concretos de daño en la salud. A nivel regional, Brasil, Colombia y Paraguay decidieron restringir el uso de endosulfán” y agregó: “Ante la falta de iniciativa del Ejecutivo para discutir estos temas, interpretamos junto con las organizaciones científicas y ambientalistas que era necesario debatir el tema en el Congreso, cosa que venimos haciendo desde el año pasado. Por eso elegimos la audiencia pública como un vehículo para que las voces surjan y para interpelar al Ejecutivo”.
Por su parte Javier Souza Casadinho, de la Rapal expresó: “Hemos convocado a esta audiencia pública al Ministerio de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y la Cancillería, que son los organismos del Poder Ejecutivo que componen el comité en Argentina. Pero todos se excusaron de participar de la audiencia.Una muestra de que están eludiendo el debate”.
Entre los presentes se encontraban las Madres de Ituzaingó, de Córdoba; quienes informaron que los campos frente a sus casas que eran cultivados con soja, hoy están siendo loteados para la venta “ La gente que venga a vivir allí en unos años tendrán los mismos problemas y enfermedades que nosotros denunciamos” “Esas tierras fueron analizadas y contienen todo tipo de tóxicos, el derecho a un ambiente sano ¿dónde está? expresó Sofía Gatica.
El Dr Medardo Avila Vazquez de la red de Médicos de Pueblos Fumigados, presentó un powerpoint con estadísticas y conclusiones contundentes de las zonas analizadas por esa red. El diputado Carlos Martinez de Libres del Sur de Chaco se refirió al tema arroceras de Chaco y luego de cada ponencia se abrió el debate.
Entre los presentes estaban representantes de ATE, del SENASA y de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA). Desde CASAFE la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes su director ejecutivo Juan Cruz Jaime y Pedro Peretti por la Federación Agraria Argentina.
Entre las ONGs la Dra Graciela Gomez por Ecos de Romang , el Taller de Ecologista de Rosario, el grupo de jóvenes de Soberanía Alimentaria y una representante de Farn, entre otros. La reunión concluyó con el compromiso de llevar la iniciativa para ser presentada el 24 de abril en Ginebra cuya versión taquigráfica será puesta a disposición a tal efecto.
La India es el mayor consumidor de endosulfán. Durante 26 años las plantaciones de la Corporación de Kerala fueron fumigadas en forma aérea, una superficie de casi 4.700 hectáreas en Kasaragod. Hoy los pobladores que vivían cerca de las plantaciones están pagando el precio. Toda la zona está sufriendo la tragedia de familias enteras luchando con malformaciones, cáncer y trastornos del sistema nervioso central.
Para la Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente (AAMMA) , la limitación del uso de estos compuestos, es una de las prioridades a nivel nacional.
Una investigación de la Universidad del Litoral y el CONICET encontró en el 2010 residuos de endosulfán en granos de soja y puso el alerta. Brasil la semana pasada informó restos del plaguicida en la leche materna de 62 mujeres y puso como plazo límite el año 2013 para su retiro. Bayer el principal fabricante anunció el retiro del producto del mercado a fines del 2009.
Desde Argentina el Senasa y ningún organismo del Estado parecen preocupados por el plaguicida, el segundo de mayor consumo después del glifosato.
La ausencia en la audiencia de los representante del ejecutivo, de la cartera de salud y de legisladores de las Comisiones de Ambiente o Salud de ambas cámaras del Congreso, es una prueba de la desidia y el desinterés por el derecho a la salud de los argentinos.
Fecha de Publicación: 01/04/2011
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional
"El endosulfán es un neurotóxico tanto para insectos, mamíferos y humanos. La ONU desde el organismo científico del Convenio de Estocolomo insistió a todos los países a que se considere su eliminación y se lo incluya en la próxima reunión de las partes, a celebrarse el próximo 24 de abril."
Desde Rapal el mensaje era claro: “Nos interesa la situación de este insecticida dado que es uno de los de mayor utilización en el país en diversas áreas de cultivo. También conocemos y nos preocupa su impacto a nivel ambiental incluida la salud humana”.
El endosulfán es un neurotóxico tanto para insectos, mamíferos y humanos. La clasificación de la EPA es de Categoría I de alta toxicidad, en tanto para la Organización Mundial de la Salud la clasificación es Clase II, moderadamente riesgoso.
El Compuesto Orgánico Persistente (COP) está prohibido en más de 60 países. La ONU desde el organismo científico del Convenio de Estocolomo insistió a todos los países a que se considere su eliminación y se lo incluya en la próxima reunión de las partes, a celebrarse el próximo 24 de abril.
La audiencia convocada por la diputada Cecilia Merchán de Libres del Sur y Rapal, la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina, cuyo representante es el coordinador regional Ing. Agr.Javier Souza Casadinho se realizó este martes 29 de marzo, de 9 a 13 hs en la Sala del 2do piso, Edificio Anexo del Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
La diputada Cecilia Merchán manifestó que: “Sucede que desde 2007 a esta parte hubo varios eventos que ameritan una discusión profunda sobre el uso de estas sustancias. Tenemos el fallo de la justicia favorable a los vecinos y vecinas del Barrio Ituzaingó, en Córdoba. Existe el informe de los Médicos de Pueblos Fumigados que da cuenta de casos concretos de daño en la salud. A nivel regional, Brasil, Colombia y Paraguay decidieron restringir el uso de endosulfán” y agregó: “Ante la falta de iniciativa del Ejecutivo para discutir estos temas, interpretamos junto con las organizaciones científicas y ambientalistas que era necesario debatir el tema en el Congreso, cosa que venimos haciendo desde el año pasado. Por eso elegimos la audiencia pública como un vehículo para que las voces surjan y para interpelar al Ejecutivo”.
Por su parte Javier Souza Casadinho, de la Rapal expresó: “Hemos convocado a esta audiencia pública al Ministerio de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y la Cancillería, que son los organismos del Poder Ejecutivo que componen el comité en Argentina. Pero todos se excusaron de participar de la audiencia.Una muestra de que están eludiendo el debate”.
Entre los presentes se encontraban las Madres de Ituzaingó, de Córdoba; quienes informaron que los campos frente a sus casas que eran cultivados con soja, hoy están siendo loteados para la venta “ La gente que venga a vivir allí en unos años tendrán los mismos problemas y enfermedades que nosotros denunciamos” “Esas tierras fueron analizadas y contienen todo tipo de tóxicos, el derecho a un ambiente sano ¿dónde está? expresó Sofía Gatica.
El Dr Medardo Avila Vazquez de la red de Médicos de Pueblos Fumigados, presentó un powerpoint con estadísticas y conclusiones contundentes de las zonas analizadas por esa red. El diputado Carlos Martinez de Libres del Sur de Chaco se refirió al tema arroceras de Chaco y luego de cada ponencia se abrió el debate.
Entre los presentes estaban representantes de ATE, del SENASA y de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA). Desde CASAFE la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes su director ejecutivo Juan Cruz Jaime y Pedro Peretti por la Federación Agraria Argentina.
Entre las ONGs la Dra Graciela Gomez por Ecos de Romang , el Taller de Ecologista de Rosario, el grupo de jóvenes de Soberanía Alimentaria y una representante de Farn, entre otros. La reunión concluyó con el compromiso de llevar la iniciativa para ser presentada el 24 de abril en Ginebra cuya versión taquigráfica será puesta a disposición a tal efecto.
La India es el mayor consumidor de endosulfán. Durante 26 años las plantaciones de la Corporación de Kerala fueron fumigadas en forma aérea, una superficie de casi 4.700 hectáreas en Kasaragod. Hoy los pobladores que vivían cerca de las plantaciones están pagando el precio. Toda la zona está sufriendo la tragedia de familias enteras luchando con malformaciones, cáncer y trastornos del sistema nervioso central.
Para la Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente (AAMMA) , la limitación del uso de estos compuestos, es una de las prioridades a nivel nacional.
Una investigación de la Universidad del Litoral y el CONICET encontró en el 2010 residuos de endosulfán en granos de soja y puso el alerta. Brasil la semana pasada informó restos del plaguicida en la leche materna de 62 mujeres y puso como plazo límite el año 2013 para su retiro. Bayer el principal fabricante anunció el retiro del producto del mercado a fines del 2009.
Desde Argentina el Senasa y ningún organismo del Estado parecen preocupados por el plaguicida, el segundo de mayor consumo después del glifosato.
La ausencia en la audiencia de los representante del ejecutivo, de la cartera de salud y de legisladores de las Comisiones de Ambiente o Salud de ambas cámaras del Congreso, es una prueba de la desidia y el desinterés por el derecho a la salud de los argentinos.
Piden investigar la venta de agua a buques
Piden investigar la venta de agua a buques
Fecha de Publicación: 31/03/2011
Fuente: Once Noticias
Provincia/Región: Santa Fe
En el marco del día nacional de agua, la UNR mediante su observatorio del Agua, renuevan el pedido de investigación de la venta de agua cruda a los buques cerealeros.
El agua es imprescindible para el ser humano; sin ella le es imposible mantener su existencia.
Además, le es fundamental para la producción de alimentos, para transformarla en energía, para utilizarla en múltiples investigaciones, etc.
Luego de una declaración de Edgardo Quiroga en el marco del conflicto entre las cerealeras y la CGT regional San Lorenzo, la Universidad Nacional de Rosario, mediante su Observatorio del agua, elevó a la provincia de Santa Fe, un pedido de investigación por esta supuesta venta de agua cruda.
Hoy, 31 de Marzo, se festeja según la Resolución Ministerial 1630 del año 1970 , "Día Nacional del Agua" para estimular en todos los argentinos la conciencia en el uso de los recursos públicos hídricos de nuestra nación.
“Nosotros nos hicimos eco de esta grave denuncia, de que se está vendiendo y exportando agua desde el río Paraná, algo que técnicamente se denomina ´agua cruda´, y por eso es que hicimos este pedido de investigación ante el Ministerio del Agua de la Provincia”, dijo a Télam el abogado Aníbal Ignacio Faccendini, del Observatorio del Agua de la UNR.
“La venta de agua cruda a granel a los buques de carga por más de 4 millones de dólares al año”. Esta denuncia, se hizo pública en declaraciones del dirigente de la CGT Edgardo Quiroga mientras se mantenía una medida de fuerza delante los portones de las entidades portuarias.
“Lo que estamos pidiendo a la Provincia es que investigue y confirme o desestime esta denuncia, porque acá en todo caso se están vulnerando leyes, existe una apropiación indebida de dominio público, y se está violando un derecho humano, porque el agua no se puede vender”, agregó.
Según el Artículo 1 de la Ley Provincial Nro 13.036, prohíbe “la comercialización de agua dulce o potable a granel y sin tratamiento o proceso de ningún tipo del dominio originario de la provincia, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que implique directa o indirectamente su exportación”.
Fecha de Publicación: 31/03/2011
Fuente: Once Noticias
Provincia/Región: Santa Fe
En el marco del día nacional de agua, la UNR mediante su observatorio del Agua, renuevan el pedido de investigación de la venta de agua cruda a los buques cerealeros.
El agua es imprescindible para el ser humano; sin ella le es imposible mantener su existencia.
Además, le es fundamental para la producción de alimentos, para transformarla en energía, para utilizarla en múltiples investigaciones, etc.
Luego de una declaración de Edgardo Quiroga en el marco del conflicto entre las cerealeras y la CGT regional San Lorenzo, la Universidad Nacional de Rosario, mediante su Observatorio del agua, elevó a la provincia de Santa Fe, un pedido de investigación por esta supuesta venta de agua cruda.
Hoy, 31 de Marzo, se festeja según la Resolución Ministerial 1630 del año 1970 , "Día Nacional del Agua" para estimular en todos los argentinos la conciencia en el uso de los recursos públicos hídricos de nuestra nación.
“Nosotros nos hicimos eco de esta grave denuncia, de que se está vendiendo y exportando agua desde el río Paraná, algo que técnicamente se denomina ´agua cruda´, y por eso es que hicimos este pedido de investigación ante el Ministerio del Agua de la Provincia”, dijo a Télam el abogado Aníbal Ignacio Faccendini, del Observatorio del Agua de la UNR.
“La venta de agua cruda a granel a los buques de carga por más de 4 millones de dólares al año”. Esta denuncia, se hizo pública en declaraciones del dirigente de la CGT Edgardo Quiroga mientras se mantenía una medida de fuerza delante los portones de las entidades portuarias.
“Lo que estamos pidiendo a la Provincia es que investigue y confirme o desestime esta denuncia, porque acá en todo caso se están vulnerando leyes, existe una apropiación indebida de dominio público, y se está violando un derecho humano, porque el agua no se puede vender”, agregó.
Según el Artículo 1 de la Ley Provincial Nro 13.036, prohíbe “la comercialización de agua dulce o potable a granel y sin tratamiento o proceso de ningún tipo del dominio originario de la provincia, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que implique directa o indirectamente su exportación”.
Endosulfán: agrotóxico con poco futuro
Un agrotóxico con poco futuro
Fecha de Publicación: 30/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En una audiencia pública en el Congreso, diversos sectores pidieron la prohibición del endosulfán, el insecticida más usado en Argentina y prohibido ya en 74 países. El próximo mes se decide su suerte a nivel internacional.
El endosulfán es el insecticida de mayor uso en el país, reconocido por sus consecuencias sanitarias a nivel mundial y prohibido ya en 74 países. El debate sobre sus consecuencias llegó ayer al Congreso Nacional, donde organizaciones ambientales, vecinos afectados por fumigaciones, médicos e incluso productores sojeros participaron de una audiencia pública y solicitaron que se prohibiera su utilización. Elevaron el pedido al Poder Ejecutivo, que a fines de abril participará de la próxima reunión del Convenio de Estocolmo, ámbito internacional que decidirá sobre el futuro del insecticida. Las cámaras empresarias no apoyaron la prohibición, mientras que el gobierno nacional no participó de la jornada. El endosulfán se utiliza en plantaciones de soja, algodón, girasol, maíz, hortalizas y tabaco, entre otros cultivos.
El endosulfán está identificado como plaguicida extremadamente tóxico. La Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), espacio de referencia en la temática, explicó que el insecticida afecta los sistemas nervioso e inmunológico y es disruptor endocrino (produce alteración hormonal). En cuanto a los efectos agudos, provoca mareos, dolor de cabeza, náuseas, dolor de garganta y cuadros de asma. Se degrada muy lentamente, permanece años en el medio ambiente y se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua.
Ayer a las 10 comenzó la audiencia en el edificio Anexo del Congreso, impulsada por la diputada de Libres del Sur Cecilia Merchán y el coordinador de Rapal y docente de la UBA, Javier Souza Casadinho. Explicaron que Argentina adhirió al Convenio de Estocolmo en 2001 y fue ratificado por el Congreso en 2004. El Convenio es un espacio e instrumento internacional, auspiciado por Naciones Unidas, que regula el tratamiento de sustancias tóxicas. Entre el 25 y el 29 de abril será la próxima reunión y allí los Estados decidirán la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo, lo que implicaría su prohibición.
Cada Estado cuenta, en paralelo al espacio internacional, con ámbitos locales del Convenio. “Desde 2007 que no se reúne el Comité de Seguimiento argentino. Luego de cuatro años, estamos acá todos los actores”, dijo al inicio de la jornada Souza Casadinho, aunque aclaró que no concurrieron el Ministerio de Salud, Cancillería y la Secretaría de Ambiente.
La organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba se conformó en paralelo a la multiplicación de casos de cáncer y malformaciones. “Hay endosulfán en la tierra de nuestro barrio, en los tanques de agua y en la sangre de nuestros hijos, confirmado por análisis médicos del Gobierno. Mi hija tiene ese veneno en el cuerpo”, conmovió Sofía Gatica y reclamó la prohibición del insecticida.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) nuclea a empresas del sector. Su director ejecutivo, Juan Cruz Jaime, solicitó durante la audiencia un “cuarto intermedio” hasta mayo, luego de que los integrantes del Convenio de Estocolmo se expidieran. Ante la pregunta de qué opinaba Casafe sobre la prohibición del endosulfán, Jaime evitó la respuesta y aseguró que “se acatará la decisión” que se tome en el marco del Convenio.
La otra gran cámara del sector, Ciafa (Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos), también estuvo presente y cuestionó que, de prohibirse el insecticida, no habría otro agrotóxico para las plagas en cultivos de algodón. Le salió al cruce el coordinador del Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez: “Será menor el rinde del algodón, pero estaremos protegiendo la salud de las personas”, retrucó y recordó que existen legislaciones provinciales que no se respetan. Remarcó la existencia de la Ley General del Ambiente (25.675) y pidió la aplicación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) para el endosulfán y todos los agrotóxicos en los que se basa el modelo agropecuario.
El mismo argumento fue retomado por el directivo de Federación Agraria (FAA) y productor de soja, Pedro Peretti. Pidió aplicar el principio precautorio, solicitó zonas de exclusión para fumigaciones e instó a no “demonizar a la soja”, sino el monocultivo. Acusó al Estado por la falta de controles y cuestionó “a la izquierda” por tener una mirada “equivocada” en cuanto a la industria transgénica. “Estoy a favor de la ciencia y tecnología en semillas, de mejoras de laboratorio, como también estoy a favor de los trasplantes de órganos en humanos”, comparó, y se expresó favorable a la prohibición del endosulfán.
Al cierre de la audiencia se acordó presentar un pedido formal al Poder Ejecutivo para que apoye la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo (y así votar por su prohibición). De esta forma, Argentina seguiría los pasos de otros 74 países, entre ellos Colombia, Paraguay y Brasil.
Fecha de Publicación: 30/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En una audiencia pública en el Congreso, diversos sectores pidieron la prohibición del endosulfán, el insecticida más usado en Argentina y prohibido ya en 74 países. El próximo mes se decide su suerte a nivel internacional.
El endosulfán es el insecticida de mayor uso en el país, reconocido por sus consecuencias sanitarias a nivel mundial y prohibido ya en 74 países. El debate sobre sus consecuencias llegó ayer al Congreso Nacional, donde organizaciones ambientales, vecinos afectados por fumigaciones, médicos e incluso productores sojeros participaron de una audiencia pública y solicitaron que se prohibiera su utilización. Elevaron el pedido al Poder Ejecutivo, que a fines de abril participará de la próxima reunión del Convenio de Estocolmo, ámbito internacional que decidirá sobre el futuro del insecticida. Las cámaras empresarias no apoyaron la prohibición, mientras que el gobierno nacional no participó de la jornada. El endosulfán se utiliza en plantaciones de soja, algodón, girasol, maíz, hortalizas y tabaco, entre otros cultivos.
El endosulfán está identificado como plaguicida extremadamente tóxico. La Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), espacio de referencia en la temática, explicó que el insecticida afecta los sistemas nervioso e inmunológico y es disruptor endocrino (produce alteración hormonal). En cuanto a los efectos agudos, provoca mareos, dolor de cabeza, náuseas, dolor de garganta y cuadros de asma. Se degrada muy lentamente, permanece años en el medio ambiente y se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua.
Ayer a las 10 comenzó la audiencia en el edificio Anexo del Congreso, impulsada por la diputada de Libres del Sur Cecilia Merchán y el coordinador de Rapal y docente de la UBA, Javier Souza Casadinho. Explicaron que Argentina adhirió al Convenio de Estocolmo en 2001 y fue ratificado por el Congreso en 2004. El Convenio es un espacio e instrumento internacional, auspiciado por Naciones Unidas, que regula el tratamiento de sustancias tóxicas. Entre el 25 y el 29 de abril será la próxima reunión y allí los Estados decidirán la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo, lo que implicaría su prohibición.
Cada Estado cuenta, en paralelo al espacio internacional, con ámbitos locales del Convenio. “Desde 2007 que no se reúne el Comité de Seguimiento argentino. Luego de cuatro años, estamos acá todos los actores”, dijo al inicio de la jornada Souza Casadinho, aunque aclaró que no concurrieron el Ministerio de Salud, Cancillería y la Secretaría de Ambiente.
La organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba se conformó en paralelo a la multiplicación de casos de cáncer y malformaciones. “Hay endosulfán en la tierra de nuestro barrio, en los tanques de agua y en la sangre de nuestros hijos, confirmado por análisis médicos del Gobierno. Mi hija tiene ese veneno en el cuerpo”, conmovió Sofía Gatica y reclamó la prohibición del insecticida.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) nuclea a empresas del sector. Su director ejecutivo, Juan Cruz Jaime, solicitó durante la audiencia un “cuarto intermedio” hasta mayo, luego de que los integrantes del Convenio de Estocolmo se expidieran. Ante la pregunta de qué opinaba Casafe sobre la prohibición del endosulfán, Jaime evitó la respuesta y aseguró que “se acatará la decisión” que se tome en el marco del Convenio.
La otra gran cámara del sector, Ciafa (Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos), también estuvo presente y cuestionó que, de prohibirse el insecticida, no habría otro agrotóxico para las plagas en cultivos de algodón. Le salió al cruce el coordinador del Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez: “Será menor el rinde del algodón, pero estaremos protegiendo la salud de las personas”, retrucó y recordó que existen legislaciones provinciales que no se respetan. Remarcó la existencia de la Ley General del Ambiente (25.675) y pidió la aplicación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) para el endosulfán y todos los agrotóxicos en los que se basa el modelo agropecuario.
El mismo argumento fue retomado por el directivo de Federación Agraria (FAA) y productor de soja, Pedro Peretti. Pidió aplicar el principio precautorio, solicitó zonas de exclusión para fumigaciones e instó a no “demonizar a la soja”, sino el monocultivo. Acusó al Estado por la falta de controles y cuestionó “a la izquierda” por tener una mirada “equivocada” en cuanto a la industria transgénica. “Estoy a favor de la ciencia y tecnología en semillas, de mejoras de laboratorio, como también estoy a favor de los trasplantes de órganos en humanos”, comparó, y se expresó favorable a la prohibición del endosulfán.
Al cierre de la audiencia se acordó presentar un pedido formal al Poder Ejecutivo para que apoye la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo (y así votar por su prohibición). De esta forma, Argentina seguiría los pasos de otros 74 países, entre ellos Colombia, Paraguay y Brasil.
En persona, los jueces revisarán el Riachuelo
En persona, los jueces de la Corte revisarán el Riachuelo
Fecha de Publicación: 30/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Los jueces de la Corte Suprema avanzaron ayer en la idea de realizar una “inspección judicial” a diversos puntos de la cuenca Matanza–Riachuelo, en el marco del proceso de saneamiento que impulsa el tribunal.
En el plenario realizado ayer, si bien no firmaron una resolución al respecto, decidieron que los jueces van a ir personalmente a las zonas críticas para ver, en el propio terreno, la marcha del proceso de saneamiento.
Al mismo tiempo, según fuentes del tribunal, los jueces avanzaron ayer en la definición de un cuestionario específico a partir del cual van a pedir precisiones sobre lo realizado hasta el momento. El pasado 16 de marzo, la Corte convocó a una nueva audiencia pública pero no quedó conforme con los informes obtenidos.
Voceros de la Corte sostuvieron ayer que el problema del saneamiento es “un tema complejo, donde hay cinco millones de personas afectadas, y se están produciendo algunos avances, aunque muy lentamente”.
“Hay que sacar el tema del contexto político electoral de este año, y ver por qué hay problemas de coordinación en la implementación del plan de saneamiento. La función de la Corte es impulsar y controlar este proceso”, señalaron en el tribunal.
Cuando en 2006 la Corte Suprema decidió hacerse cargo de una parte del reclamo judicial de los vecinos de la cuenca, el que planteaba la existencia de daño ambiental colectivo, puso en marcha una serie de medidas que formaron parte del plan integral de saneamiento. A mediados de 2008, en un fallo inédito, la Corte no sólo ordenó a los tres Estados que comparten el conflicto (Nación, Ciudad y Provincia) la puesta en marcha del plan sino que estableció una serie de sanciones que, en caso de incumplimiento, recaerían en forma de multa sobre la entonces titular de la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo), Romina Picolotti, ex secretaria de Medio Ambiente.
Dos años después, en agosto de 2010, la Corte volvió a firmar una extensa resolución en la que ordenó apurar las tareas de limpieza y multar a los funcionarios públicos responsables que no cumplieran con las obligaciones encomendadas.
En la última audiencia pública, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Agustín Sella, reconoció que “todos los plazos están vencidos y hay muchas demoras en los programas o ítems que fijó la Corte Suprema”. En el tribunal estimaron ayer que esos plazos podrían ser prorrogados.
Fecha de Publicación: 30/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Los jueces de la Corte Suprema avanzaron ayer en la idea de realizar una “inspección judicial” a diversos puntos de la cuenca Matanza–Riachuelo, en el marco del proceso de saneamiento que impulsa el tribunal.
En el plenario realizado ayer, si bien no firmaron una resolución al respecto, decidieron que los jueces van a ir personalmente a las zonas críticas para ver, en el propio terreno, la marcha del proceso de saneamiento.
Al mismo tiempo, según fuentes del tribunal, los jueces avanzaron ayer en la definición de un cuestionario específico a partir del cual van a pedir precisiones sobre lo realizado hasta el momento. El pasado 16 de marzo, la Corte convocó a una nueva audiencia pública pero no quedó conforme con los informes obtenidos.
Voceros de la Corte sostuvieron ayer que el problema del saneamiento es “un tema complejo, donde hay cinco millones de personas afectadas, y se están produciendo algunos avances, aunque muy lentamente”.
“Hay que sacar el tema del contexto político electoral de este año, y ver por qué hay problemas de coordinación en la implementación del plan de saneamiento. La función de la Corte es impulsar y controlar este proceso”, señalaron en el tribunal.
Cuando en 2006 la Corte Suprema decidió hacerse cargo de una parte del reclamo judicial de los vecinos de la cuenca, el que planteaba la existencia de daño ambiental colectivo, puso en marcha una serie de medidas que formaron parte del plan integral de saneamiento. A mediados de 2008, en un fallo inédito, la Corte no sólo ordenó a los tres Estados que comparten el conflicto (Nación, Ciudad y Provincia) la puesta en marcha del plan sino que estableció una serie de sanciones que, en caso de incumplimiento, recaerían en forma de multa sobre la entonces titular de la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo), Romina Picolotti, ex secretaria de Medio Ambiente.
Dos años después, en agosto de 2010, la Corte volvió a firmar una extensa resolución en la que ordenó apurar las tareas de limpieza y multar a los funcionarios públicos responsables que no cumplieran con las obligaciones encomendadas.
En la última audiencia pública, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Agustín Sella, reconoció que “todos los plazos están vencidos y hay muchas demoras en los programas o ítems que fijó la Corte Suprema”. En el tribunal estimaron ayer que esos plazos podrían ser prorrogados.
Riachuelo: prohíben su navegación
Riachuelo: prohíben su navegación
Fecha de Publicación: 29/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Justicia declaró ayer zona crítica de protección especial a la cuenca Matanza-Riachuelo y los arroyos que en ella confluyen, además de disponer el desalojo inmediato de todas las obstrucciones que invaden la traza costera, denominada "camino de sirga", donde se han establecido asentamientos precarios de viviendas.
La resolución del juez federal Luis Armella, de Quilmes, se conoció tras un pedido realizado por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), el organismo que agrupa a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, que tienen jurisdicción sobre el curso de agua.
En su dictamen, difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), Armella dijo que la aplicación de la suspensión preventiva de la navegación comercial en el Riachuelo estará a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Armella, además, requirió a los ministerios de Seguridad nacional, porteño y bonaerense que en forma inmediata realizaran recorridas periódicas sobre toda la traza costera de la cuenca y retiraran "a todo aquel que, en infracción a lo aquí ordenado, se encuentre invadiendo el área de protección apuntada".
La Acumar, en tanto, deberá identificar todos los bienes como flora y fauna autóctonas, monumentos, construcciones edilicias de interés cultural o valor histórico, que deban preservarse.
Fecha de Publicación: 29/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Justicia declaró ayer zona crítica de protección especial a la cuenca Matanza-Riachuelo y los arroyos que en ella confluyen, además de disponer el desalojo inmediato de todas las obstrucciones que invaden la traza costera, denominada "camino de sirga", donde se han establecido asentamientos precarios de viviendas.
La resolución del juez federal Luis Armella, de Quilmes, se conoció tras un pedido realizado por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), el organismo que agrupa a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, que tienen jurisdicción sobre el curso de agua.
En su dictamen, difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), Armella dijo que la aplicación de la suspensión preventiva de la navegación comercial en el Riachuelo estará a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Armella, además, requirió a los ministerios de Seguridad nacional, porteño y bonaerense que en forma inmediata realizaran recorridas periódicas sobre toda la traza costera de la cuenca y retiraran "a todo aquel que, en infracción a lo aquí ordenado, se encuentre invadiendo el área de protección apuntada".
La Acumar, en tanto, deberá identificar todos los bienes como flora y fauna autóctonas, monumentos, construcciones edilicias de interés cultural o valor histórico, que deban preservarse.
Ambientalistas, críticos con la minería y la soja
Ambientalistas, críticos con la minería y la soja
Fecha de Publicación: 28/03/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
Unas cincuenta organizaciones del país y Latinoamérica debatieron en Colón, Entre Ríos. Cuestionan a los gobiernos "la criminalización y judicialización de la protesta".
Dirigentes de asambleas ciudadanas y organizaciones no gubernamentales en defensa del ambiente analizaron en Colón, provincia de Entre Ríos, la problemática ambiental de Sudamérica y convocaron a la "unidad latinoamericana" frente a "los fuertes conflictos actuales en Argentina, como mega minería a cielo abierto, monocultivo de soja, pasteras y desertificación". Representantes de más de cincuenta grupos autónomos, de aborígenes, universitarios, investigadores y de bibliotecas populares de las provincias, Ecuador, Chile y Uruguay analizaron el mapa del ambiente en la región, con debates e informes sobre contaminación y pasivo ambiental de diversos emprendimientos. Los organizadores del encuentro dijeron que "el movimiento socio ambiental argentino propone la unidad latinoamericana para rechazar un modelo de desarrollo actualmente trágico y marginador". En ese marco, recordaron "la actualización de la alarma nuclear mundial, la matriz energética y la soberanía alimentaria". "Comenzamos a luchar en solidaridad con Gualeguaychú y a medida que nos fuimos adentrando en las problemáticas ambientales, fuimos teniendo conocimiento de los conflictos locales y nos dimos cuenta de que no somos ajenos a lo que pasa en el país y en el mundo. Hemos comprendido que todo lo que hace uno repercute en el otro", expresó Silvia Echevarria, de la Asamblea Popular Ambiental Colón Ruta 135. En el plenario de ambientalistas se cuestionó a los gobiernos por "la criminalización y judicialización de la protesta".
Fecha de Publicación: 28/03/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
Unas cincuenta organizaciones del país y Latinoamérica debatieron en Colón, Entre Ríos. Cuestionan a los gobiernos "la criminalización y judicialización de la protesta".
Dirigentes de asambleas ciudadanas y organizaciones no gubernamentales en defensa del ambiente analizaron en Colón, provincia de Entre Ríos, la problemática ambiental de Sudamérica y convocaron a la "unidad latinoamericana" frente a "los fuertes conflictos actuales en Argentina, como mega minería a cielo abierto, monocultivo de soja, pasteras y desertificación". Representantes de más de cincuenta grupos autónomos, de aborígenes, universitarios, investigadores y de bibliotecas populares de las provincias, Ecuador, Chile y Uruguay analizaron el mapa del ambiente en la región, con debates e informes sobre contaminación y pasivo ambiental de diversos emprendimientos. Los organizadores del encuentro dijeron que "el movimiento socio ambiental argentino propone la unidad latinoamericana para rechazar un modelo de desarrollo actualmente trágico y marginador". En ese marco, recordaron "la actualización de la alarma nuclear mundial, la matriz energética y la soberanía alimentaria". "Comenzamos a luchar en solidaridad con Gualeguaychú y a medida que nos fuimos adentrando en las problemáticas ambientales, fuimos teniendo conocimiento de los conflictos locales y nos dimos cuenta de que no somos ajenos a lo que pasa en el país y en el mundo. Hemos comprendido que todo lo que hace uno repercute en el otro", expresó Silvia Echevarria, de la Asamblea Popular Ambiental Colón Ruta 135. En el plenario de ambientalistas se cuestionó a los gobiernos por "la criminalización y judicialización de la protesta".
Un acuerdo sobre la energía nuclear
Un acuerdo sobre la energía nuclear
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La trágica experiencia de Japón y de otros sitios del mundo, además de los accidentes registrados en el país, torna imprescindible definir entre todos una política sobre el uso de energía nuclear.
El 30 de junio de 1983, la Central Nuclear Embalse (CNE) sufrió el peor accidente registrado en nuestro país en una planta de generación nucleoenergética. El riesgoso percance se atribuyó a una conjunción de fallas en el diseño, errores humanos y deficiencias en los manuales de operación. El accidente se mantuvo en secreto hasta 1987; cuatro años de silencio y ocultamiento, algo que no debería haber sucedido en las relaciones de la CNE y la ciudadanía de Córdoba.
Lo demuestra también la lucha interminable que libra el barrio de Alta Córdoba para que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) relocalice Dioxitek SA, empresa que produce dióxido de uranio que utilizan las centrales atómicas de nuestro país y de la cual es accionista mayoritaria. Dioxitek acumuló en una zona densamente poblada unos 36 mil metros cúbicos de residuos de minería de uranio. Para trasladarlos a Los Gigantes (Tanti), como se había anunciado, serían necesarios unos 1.800 viajes en un camión mediano. Antes de concretar el traslado, se evalúa ahora la alternativa de “gestionar en el sitio”, lo que implica confinar de manera controlada los residuos mencionados, de acuerdo con la experiencia desarrollada en Malargüe, Mendoza.
Según denuncias de ambientalistas, Embalse tiene una historia de fugas de agua pesada contaminada, problemas de válvulas, escapes sorpresivos de vapor, daños en tubos de presión, interrupción del servicio por problemas de mantenimiento (2003, 2005, 2010), que no guardan relación con los cronogramas operativos de las centrales Candu, como la de Embalse. Además, del 29 de junio al 7 de julio de 1996 sufrió una contaminación con tritio 3 radiactivo, que se diseminó por el interior de la planta.
Todos estos elementos, además de los graves ejemplos que surgen de lo ocurrido en Japón y en otros sitios del mundo, deberían obligar a las autoridades argentinas, la oposición política y a los sectores económicos a debatir con responsabilidad el uso de la generación nuclear. En definitiva, estamos hablando de la energía que el país tendrá en sus próximos 20 ó 30 años.
Aunque este tipo de acuerdo aparece como improbable, dadas nuestras tradiciones, y que sólo restan siete meses para una crucial elección presidencial, su definición aparece como una verdadera política de Estado, de esas que no abundan en el país.
Argentina tendrá a comienzos de 2012 dos centrales nucleares en funcionamiento en Lima, provincia de Buenos Aires, además de la de Embalse, sobre la cual se decidió prorrogar su vida útil otros 25 años. Al tiempo que se necesitan programas de entrenamiento y prevención continuos para evitar desastres como los vividos en el mundo, el debate de las fuentes de energía debería ser un capítulo prioritario para un desarrollo sustentable.
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La trágica experiencia de Japón y de otros sitios del mundo, además de los accidentes registrados en el país, torna imprescindible definir entre todos una política sobre el uso de energía nuclear.
El 30 de junio de 1983, la Central Nuclear Embalse (CNE) sufrió el peor accidente registrado en nuestro país en una planta de generación nucleoenergética. El riesgoso percance se atribuyó a una conjunción de fallas en el diseño, errores humanos y deficiencias en los manuales de operación. El accidente se mantuvo en secreto hasta 1987; cuatro años de silencio y ocultamiento, algo que no debería haber sucedido en las relaciones de la CNE y la ciudadanía de Córdoba.
Lo demuestra también la lucha interminable que libra el barrio de Alta Córdoba para que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) relocalice Dioxitek SA, empresa que produce dióxido de uranio que utilizan las centrales atómicas de nuestro país y de la cual es accionista mayoritaria. Dioxitek acumuló en una zona densamente poblada unos 36 mil metros cúbicos de residuos de minería de uranio. Para trasladarlos a Los Gigantes (Tanti), como se había anunciado, serían necesarios unos 1.800 viajes en un camión mediano. Antes de concretar el traslado, se evalúa ahora la alternativa de “gestionar en el sitio”, lo que implica confinar de manera controlada los residuos mencionados, de acuerdo con la experiencia desarrollada en Malargüe, Mendoza.
Según denuncias de ambientalistas, Embalse tiene una historia de fugas de agua pesada contaminada, problemas de válvulas, escapes sorpresivos de vapor, daños en tubos de presión, interrupción del servicio por problemas de mantenimiento (2003, 2005, 2010), que no guardan relación con los cronogramas operativos de las centrales Candu, como la de Embalse. Además, del 29 de junio al 7 de julio de 1996 sufrió una contaminación con tritio 3 radiactivo, que se diseminó por el interior de la planta.
Todos estos elementos, además de los graves ejemplos que surgen de lo ocurrido en Japón y en otros sitios del mundo, deberían obligar a las autoridades argentinas, la oposición política y a los sectores económicos a debatir con responsabilidad el uso de la generación nuclear. En definitiva, estamos hablando de la energía que el país tendrá en sus próximos 20 ó 30 años.
Aunque este tipo de acuerdo aparece como improbable, dadas nuestras tradiciones, y que sólo restan siete meses para una crucial elección presidencial, su definición aparece como una verdadera política de Estado, de esas que no abundan en el país.
Argentina tendrá a comienzos de 2012 dos centrales nucleares en funcionamiento en Lima, provincia de Buenos Aires, además de la de Embalse, sobre la cual se decidió prorrogar su vida útil otros 25 años. Al tiempo que se necesitan programas de entrenamiento y prevención continuos para evitar desastres como los vividos en el mundo, el debate de las fuentes de energía debería ser un capítulo prioritario para un desarrollo sustentable.
Las tierras de los wichís
Las tierras de los wichís
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La Cámara federal salteña reconoció los derechos de tres comunidades wichís en Tartagal sobre los territorios que ocupan. Así, puso un freno a los desmontes en la zona.
Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial –que revocó otra de primera instancia– le ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades” mencionadas “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.
En cambio, los jueces eludieron expedirse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada consideraron sobre ese punto que “siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados” por los wichís en cuanto “a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan” resulta necesario “un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar” si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.
A pesar de lo parcial del fallo, los wichís, representados en esta causa por el abogado Matías Duarte, expresaron su satisfacción por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, al que calificaron de “sin precedentes en el fuero federal” del país. La causa se había iniciado, a mediados de 2006, en el Juzgado federal de Orán a cargo de Raúl Reynoso, quien rechazó la demanda de demarcación, delimitación y titularidad en todos sus términos. Como la Cámara ordenó que se realice la demarcación y delimitación de los territorios de las tres comunidades, pero se excusó de resolver el tema de los títulos de propiedad, este punto será ahora apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su sentencia, la Cámara recordó que los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Los camaristas señalaron que está debidamente probada en la causa “la condición de las actoras como comunidades indígenas preexistentes; la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”.
Los jueces precisaron que los derechos de las comunidades wichís quedaron demostrados a partir de los informes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de las declaraciones testimoniales de Ana Laura Alvarez y Claudia Elizabeth Lungu y de las conclusiones a las que arribaron los antropólogos Buliubasich y Rodríguez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta.
En el texto de la resolución, la Cámara dejó constancia, también, de las referencias que se hicieron en la presentación judicial sobre “los desmontes efectuados en la zona de residencia” de las comunidades y de “los daños graves que estas prácticas” implican. En septiembre de 2008, cuando Página/12 recorrió las tres comunidades wichís, ubicadas a unos 100 kilómetros de la ciudad salteña de Tartagal, en apenas cuatro años habían de- saparecido 807 mil hectáreas de montes en la provincia. Los desmontes, aprobados por el gobierno de Salta, provocaron al menos la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís y las topadoras seguían trabajando en esas zonas, junto con el avance de las plantaciones de soja.
Con la documentación reunida, los camaristas concluyeron que “puede afirmarse que en los términos de las normas legales citadas las (comunidades) accionantes resultan ser titulares de los derechos a la determinación y regularización dominial de las extensiones que ocupan”, citando en ese mismo sentido un informe del defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo se dejó presente que el Estado nacional “ha omitido materializar esos derechos” hasta el presente “acarreando con ello un perjuicio a las comunidades” que presentaron el recurso.
Las comunidades denunciaron que los desmontes afectaron a más de 60 familias de los cuarenta mil wichís que viven en la provincia. Lo sucedido les impide el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua porque se han puesto alambradas y tranqueras en lugares donde no existían. Además, “se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras sobre las cuales, ahora, se les ha reconocido sus derechos constitucionales. Las denuncias han buscado hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, provocando la criminalización de los líderes comunitarios”.
Luego de resaltar que el fallo de la Cámara de Salta es “un importante reconocimiento” a sus derechos “a la tierra y territorio”, los wichís recalcaron que ahora insistirán “para que se cumpla la sentencia y para que se ordene al Estado nacional a poner las tierras a nombre” de las comunidades de El Traslado, El Escrito y Zopota.
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La Cámara federal salteña reconoció los derechos de tres comunidades wichís en Tartagal sobre los territorios que ocupan. Así, puso un freno a los desmontes en la zona.
Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial –que revocó otra de primera instancia– le ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades” mencionadas “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.
En cambio, los jueces eludieron expedirse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada consideraron sobre ese punto que “siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados” por los wichís en cuanto “a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan” resulta necesario “un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar” si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.
A pesar de lo parcial del fallo, los wichís, representados en esta causa por el abogado Matías Duarte, expresaron su satisfacción por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, al que calificaron de “sin precedentes en el fuero federal” del país. La causa se había iniciado, a mediados de 2006, en el Juzgado federal de Orán a cargo de Raúl Reynoso, quien rechazó la demanda de demarcación, delimitación y titularidad en todos sus términos. Como la Cámara ordenó que se realice la demarcación y delimitación de los territorios de las tres comunidades, pero se excusó de resolver el tema de los títulos de propiedad, este punto será ahora apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su sentencia, la Cámara recordó que los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Los camaristas señalaron que está debidamente probada en la causa “la condición de las actoras como comunidades indígenas preexistentes; la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”.
Los jueces precisaron que los derechos de las comunidades wichís quedaron demostrados a partir de los informes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de las declaraciones testimoniales de Ana Laura Alvarez y Claudia Elizabeth Lungu y de las conclusiones a las que arribaron los antropólogos Buliubasich y Rodríguez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta.
En el texto de la resolución, la Cámara dejó constancia, también, de las referencias que se hicieron en la presentación judicial sobre “los desmontes efectuados en la zona de residencia” de las comunidades y de “los daños graves que estas prácticas” implican. En septiembre de 2008, cuando Página/12 recorrió las tres comunidades wichís, ubicadas a unos 100 kilómetros de la ciudad salteña de Tartagal, en apenas cuatro años habían de- saparecido 807 mil hectáreas de montes en la provincia. Los desmontes, aprobados por el gobierno de Salta, provocaron al menos la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís y las topadoras seguían trabajando en esas zonas, junto con el avance de las plantaciones de soja.
Con la documentación reunida, los camaristas concluyeron que “puede afirmarse que en los términos de las normas legales citadas las (comunidades) accionantes resultan ser titulares de los derechos a la determinación y regularización dominial de las extensiones que ocupan”, citando en ese mismo sentido un informe del defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo se dejó presente que el Estado nacional “ha omitido materializar esos derechos” hasta el presente “acarreando con ello un perjuicio a las comunidades” que presentaron el recurso.
Las comunidades denunciaron que los desmontes afectaron a más de 60 familias de los cuarenta mil wichís que viven en la provincia. Lo sucedido les impide el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua porque se han puesto alambradas y tranqueras en lugares donde no existían. Además, “se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras sobre las cuales, ahora, se les ha reconocido sus derechos constitucionales. Las denuncias han buscado hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, provocando la criminalización de los líderes comunitarios”.
Luego de resaltar que el fallo de la Cámara de Salta es “un importante reconocimiento” a sus derechos “a la tierra y territorio”, los wichís recalcaron que ahora insistirán “para que se cumpla la sentencia y para que se ordene al Estado nacional a poner las tierras a nombre” de las comunidades de El Traslado, El Escrito y Zopota.
Bosque nativo: pilar del desarrollo sustentable
Preservar el bosque nativo, pilar del desarrollo sustentable
Fecha de Publicación: 26/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por Silvia A. Révora
Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
La celebración del Día Mundial de los Bosques Nativos, el 21 de marzo último, da lugar a reflexionar acerca de esta problemática. Los bosques están en retroceso a nivel mundial debido, fundamentalmente, al avance de la frontera agropecuaria y a las actividades extractivas e industriales. Nuestro país no es la excepción. El Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estableció que su superficie asciende a 33.190.442 hectáreas, y que se perdieron más de dos tercios en casi un siglo, dado que en 1914 se calculaban 106 millones de hectáreas cubiertas por masas forestales nativas.
La ciudadanía en general tiene una visión romántica del bosque nativo. En el imaginario colectivo se asocia con la belleza de los bosques del sur patagónico o con la selva misionera o El Impenetrable chaqueño, habitado por una fauna que en general desconocemos.
Pero los bosques nativos cumplen en la biosfera funciones esenciales en la preservación de la vida: protegen las cuencas, retienen el agua, regulan el clima, fijan y conservan los suelos, son sistemas de alta diversidad biológica, brindan productos madereros y no madereros (como miel, frutos, flores, esencias, semillas), son fuente de materias primas de la industria farmacéutica y constituyen el hábitat de nuestros pueblos aborígenes y campesinos.
Su deforestación y degradación generan serios problemas ambientales con un fuerte impacto social. Recordemos el caso de Tartagal, Salta, donde la deforestación de la alta cuenca provocó un alud que generó muertes, arrasó con viviendas, caminos y puentes, con la consabida erosión y pérdida del suelo.
La Ley Nacional 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, votada por el Congreso de la Nación, establece por primera vez en 200 años de nuestra historia una política nacional de protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los bosques nativos. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, como autoridad de aplicación, ha iniciado a través de mecanismos de concertación con las provincias un proceso de fortalecimiento conjunto a fin de lograr la efectiva implementación de esta ley.
Es así que, hasta la fecha, se han desarrollado acciones impulsadas desde el gobierno nacional, que demuestran la voluntad política de profundizar y materializar el espíritu de la norma.
En 2009, la SAyDS asignó recursos para apoyar proyectos experimentales, financiando en todo el país ciento once planes trienales de manejo y conservación de bosques nativos por un monto de 101.139.619 pesos. De esta cifra, ya se han transferido a las provincias ejecutoras 42.925.138 pesos.
Asimismo, se ha asistido a las provincias con la suma de 3.403.013 pesos para la realización del Ordenamiento Territorial, pues aquellas que no lo han realizado por ley no pueden solicitar fondos para proyectos específicos de preservación y manejo. En síntesis, durante el período 2009/2010, el Estado nacional pagó o pagará a las provincias 143.895.877 pesos, debido a que los fondos transferidos deben ser rendidos para que se efectivicen nuevas transferencias.
El 30 de marzo nos reuniremos con las provincias para realizar la distribución de 300 millones de pesos del año 2011.
De esta suma, le corresponden a esta Subsecretaría 20 millones de pesos para su fortalecimiento institucional. No obstante, se ha decidido reasignar este monto a las 23 provincias para que parte de estos recursos sean destinados a proyectos dirigidos a los campesinos y aborígenes que habitan el bosque nativo.
Se ha decidido crear un Observatorio de Seguimiento del Cumplimiento de la Ley a fin que universidades, organizaciones no gubernamentales y cámaras empresariales colaboren con la Secretaría en la defensa y conservación del patrimonio forestal nativo.
Cabe señalar que esta política de Estado se inscribe en una estrategia nacional de desarrollo sustentable con equidad social.
Fecha de Publicación: 26/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por Silvia A. Révora
Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
La celebración del Día Mundial de los Bosques Nativos, el 21 de marzo último, da lugar a reflexionar acerca de esta problemática. Los bosques están en retroceso a nivel mundial debido, fundamentalmente, al avance de la frontera agropecuaria y a las actividades extractivas e industriales. Nuestro país no es la excepción. El Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estableció que su superficie asciende a 33.190.442 hectáreas, y que se perdieron más de dos tercios en casi un siglo, dado que en 1914 se calculaban 106 millones de hectáreas cubiertas por masas forestales nativas.
La ciudadanía en general tiene una visión romántica del bosque nativo. En el imaginario colectivo se asocia con la belleza de los bosques del sur patagónico o con la selva misionera o El Impenetrable chaqueño, habitado por una fauna que en general desconocemos.
Pero los bosques nativos cumplen en la biosfera funciones esenciales en la preservación de la vida: protegen las cuencas, retienen el agua, regulan el clima, fijan y conservan los suelos, son sistemas de alta diversidad biológica, brindan productos madereros y no madereros (como miel, frutos, flores, esencias, semillas), son fuente de materias primas de la industria farmacéutica y constituyen el hábitat de nuestros pueblos aborígenes y campesinos.
Su deforestación y degradación generan serios problemas ambientales con un fuerte impacto social. Recordemos el caso de Tartagal, Salta, donde la deforestación de la alta cuenca provocó un alud que generó muertes, arrasó con viviendas, caminos y puentes, con la consabida erosión y pérdida del suelo.
La Ley Nacional 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, votada por el Congreso de la Nación, establece por primera vez en 200 años de nuestra historia una política nacional de protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los bosques nativos. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, como autoridad de aplicación, ha iniciado a través de mecanismos de concertación con las provincias un proceso de fortalecimiento conjunto a fin de lograr la efectiva implementación de esta ley.
Es así que, hasta la fecha, se han desarrollado acciones impulsadas desde el gobierno nacional, que demuestran la voluntad política de profundizar y materializar el espíritu de la norma.
En 2009, la SAyDS asignó recursos para apoyar proyectos experimentales, financiando en todo el país ciento once planes trienales de manejo y conservación de bosques nativos por un monto de 101.139.619 pesos. De esta cifra, ya se han transferido a las provincias ejecutoras 42.925.138 pesos.
Asimismo, se ha asistido a las provincias con la suma de 3.403.013 pesos para la realización del Ordenamiento Territorial, pues aquellas que no lo han realizado por ley no pueden solicitar fondos para proyectos específicos de preservación y manejo. En síntesis, durante el período 2009/2010, el Estado nacional pagó o pagará a las provincias 143.895.877 pesos, debido a que los fondos transferidos deben ser rendidos para que se efectivicen nuevas transferencias.
El 30 de marzo nos reuniremos con las provincias para realizar la distribución de 300 millones de pesos del año 2011.
De esta suma, le corresponden a esta Subsecretaría 20 millones de pesos para su fortalecimiento institucional. No obstante, se ha decidido reasignar este monto a las 23 provincias para que parte de estos recursos sean destinados a proyectos dirigidos a los campesinos y aborígenes que habitan el bosque nativo.
Se ha decidido crear un Observatorio de Seguimiento del Cumplimiento de la Ley a fin que universidades, organizaciones no gubernamentales y cámaras empresariales colaboren con la Secretaría en la defensa y conservación del patrimonio forestal nativo.
Cabe señalar que esta política de Estado se inscribe en una estrategia nacional de desarrollo sustentable con equidad social.
Riachuelo y la Corte contra la pasividad
Riachuelo y la Corte contra la pasividad
Fecha de Publicación: 25/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La limpieza del Riachuelo se ha convertido en un caso testigo de la capacidad que tiene la Justicia para movilizar a los restantes poderes de la República a fin de concretar derechos constitucionales.
El papel activo asumido por la Corte Suprema en la causa promovida por vecinos afectados por la cuenca Matanza-Riachuelo es la señal más evidente de un cambio judicial enriquecedor para las instituciones y la sociedad. Este compromiso de los magistrados con las directrices constitucionales ha permitido desplegar un espacio legítimo para incidir en cuestiones postergadas por los restantes poderes, a pesar de los imperativos legales y la existencia de padecimientos sociales. El caso emblemático de esta posición se ha dado en materia ambiental.
Pero este compromiso positivo ha chocado con la inercia, desidia e ineptitud de los cuerpos ejecutivos, obligados a realizar las tareas. Esto ha quedado en evidencia en la audiencia realizada días atrás, en la cual la Corte buscaba recibir información sobre los avances de las tareas de saneamiento del Riachuelo, pero las imprecisiones y vaguedades de los expositores obligaron a los jueces a convocar a una nueva audiencia, en la cual se deberán responder cuestiones concretas, como las razones del aumento de basurales a cielo abierto en la zona, los niveles actuales de contaminación en aire y agua, los plazos para la relocalización de las población de las villas de emergencia y, entre otros temas, la utilización de los créditos obtenidos.
Ya han pasado más de dos años, desde que en 2008 la Corte ordenó a la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a concretar el saneamiento. En agosto de 2010, nuestro Máximo Tribunal intimó la realización de las tareas, responsabilizando a los funcionarios por los incumplimientos. Ahora, nuevamente los avances son mínimos, las demoras son enormes y, además, la Auditoría General de la Nación se ha visto impedida de auditar el plan de saneamiento. Es de esperar que la firmeza de la Corte logre que las obras se dinamicen.
La Corte asumió un rol activo en materia de derechos constitucionales, como se refleja en el caso del Riachuelo. Pero debe revertir la pasividad de los encargados de ejecutar las obras.
Fecha de Publicación: 25/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La limpieza del Riachuelo se ha convertido en un caso testigo de la capacidad que tiene la Justicia para movilizar a los restantes poderes de la República a fin de concretar derechos constitucionales.
El papel activo asumido por la Corte Suprema en la causa promovida por vecinos afectados por la cuenca Matanza-Riachuelo es la señal más evidente de un cambio judicial enriquecedor para las instituciones y la sociedad. Este compromiso de los magistrados con las directrices constitucionales ha permitido desplegar un espacio legítimo para incidir en cuestiones postergadas por los restantes poderes, a pesar de los imperativos legales y la existencia de padecimientos sociales. El caso emblemático de esta posición se ha dado en materia ambiental.
Pero este compromiso positivo ha chocado con la inercia, desidia e ineptitud de los cuerpos ejecutivos, obligados a realizar las tareas. Esto ha quedado en evidencia en la audiencia realizada días atrás, en la cual la Corte buscaba recibir información sobre los avances de las tareas de saneamiento del Riachuelo, pero las imprecisiones y vaguedades de los expositores obligaron a los jueces a convocar a una nueva audiencia, en la cual se deberán responder cuestiones concretas, como las razones del aumento de basurales a cielo abierto en la zona, los niveles actuales de contaminación en aire y agua, los plazos para la relocalización de las población de las villas de emergencia y, entre otros temas, la utilización de los créditos obtenidos.
Ya han pasado más de dos años, desde que en 2008 la Corte ordenó a la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a concretar el saneamiento. En agosto de 2010, nuestro Máximo Tribunal intimó la realización de las tareas, responsabilizando a los funcionarios por los incumplimientos. Ahora, nuevamente los avances son mínimos, las demoras son enormes y, además, la Auditoría General de la Nación se ha visto impedida de auditar el plan de saneamiento. Es de esperar que la firmeza de la Corte logre que las obras se dinamicen.
La Corte asumió un rol activo en materia de derechos constitucionales, como se refleja en el caso del Riachuelo. Pero debe revertir la pasividad de los encargados de ejecutar las obras.
Aumentó en un 24% las áreas protegidas
Parques Nacionales aumentó en un 24% las áreas protegidas
Fecha de Publicación: 25/03/2011
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Desde 2003, la Administración de Parques Nacionales (APN), incorporó 900.000 hectáreas de superficie protegida, que se sumaron a las 3.100.000 hectáreas que había hasta entonces. El presupuesto se incrementó en un 700 por ciento.
“Teníamos un sistema de áreas protegidas que representaba el 1 por ciento de la superficie total del país. Hoy hemos incrementado eso en un 24 por ciento, es decir, a las 3.100.000 hectáreas que teníamos les incorporamos otras 900.000. Es un gran avance, aunque todavía no es suficiente”, dijo la titular de la Administración de Parques Nacionales (APN), Patricia Gandini.
Esto no podría haber sido posible sin un incremento en el presupuesto de la institución, que pasó de 30 millones de pesos a los 220 millones actuales.
“Cuando empezamos la gestión en 2003 teníamos un magro presupuesto de 30 millones de pesos, y el año pasado ya teníamos 220 millones, o sea, un incremento de casi el 700 por ciento, lo que demuestra una clara política de tratar de mejorar el sistema de áreas protegidas”, precisó la funcionaria.
Entre las áreas incorporadas en estos 8 años, destacan los Parques Marinos, una nueva iniciativa que llegó de la mano de la primera Presidenta mujer de la institución, una especialista en biología marina que dedicó gran parte de su vida a estudiar la vida en los océanos.
“Nos fuimos al agua. Fue un salto importante porque se cambia una tradición que era un parque siempre mirando a la tierra. Por primera vez se mira al mar en otra figura jurídica interesante, que es crear los parques de manera interjurisdiccional. Esto quiere decir que la provincia no pierde el manejo completo del recurso, pero si o si tiene que consultarlo con parques”, destacó.
En tal sentido, se empezó por Chubut, con la creación de Parque Marino Costero, y se siguió con otros dos y otro tercero, que todavía es un convenio que no está escrita la ley; el Parque Nacional Isla Pingüino, en Santa Cruz, “una zona muy interesante que muestra la voluntad de la provincia de manejar muy bien sus recursos naturales”, precisó Gandini.
Otras áreas incorporadas fueron el Parque Nacional Campos del Tuyú, el primero en territorio bonaerense, y que tiene la particularidad de haber sido la primera sesión de tierra que hace la provincia de Buenos Aires desde la creación de la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, el monumento natural Bosque Petrificado, ubicado en colonia Sarmiento de la provincia Chubut, dejó de ser monumento y tiene un área de parque natural alrededor, y asimismo, aumentó la superficie del Parque Lihue Calel, en la provincia de La Pampa, entre otros.
“Otro ejemplo de este incremento se dio con respecto a terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa, que cuando era ministra Nilda Garré, se pudo firmar una serie de acuerdos para identificar las áreas que eran de interés para la conservación”, explicó la titular de la APN.
En tal sentido, se creó lo que se denominaron: las Reservas Naturales para la Defensa, y que según destacó la funcionaria, permitió crear, por ejemplo, el corredor biológico Puerto Península en Iguazú, que conecta dos “parches” que existían en el seno del Parque Nacional de Iguazú. También Mar Chiquita y La Calera, en Córdoba, se incorporaron por esa modalidad.
“Se creó una comisión de manejo conjunto con el Ministerio de Defensa, y las fuerzas realizan actividades que están consensuadas con parques que pone el personal para el monitoreo y la vigilancia, es decir, no hace falta ser el dueño para poder controlarlo, sino que nos aliamos con organismos del estado para poder custodiar esa tierra”, destacó Gandini.
A futuro, está prevista la creación del Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia del Chaco, que va a tener unas 200.000 hectáreas. “Una parte va a ser propia del Parque, con dominio y jurisdicción, y otra que también va a pertenecer al sistema nacional que va a ser una especie de mezcla con la provincia”, concluyó Gandini.
Fecha de Publicación: 25/03/2011
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Desde 2003, la Administración de Parques Nacionales (APN), incorporó 900.000 hectáreas de superficie protegida, que se sumaron a las 3.100.000 hectáreas que había hasta entonces. El presupuesto se incrementó en un 700 por ciento.
“Teníamos un sistema de áreas protegidas que representaba el 1 por ciento de la superficie total del país. Hoy hemos incrementado eso en un 24 por ciento, es decir, a las 3.100.000 hectáreas que teníamos les incorporamos otras 900.000. Es un gran avance, aunque todavía no es suficiente”, dijo la titular de la Administración de Parques Nacionales (APN), Patricia Gandini.
Esto no podría haber sido posible sin un incremento en el presupuesto de la institución, que pasó de 30 millones de pesos a los 220 millones actuales.
“Cuando empezamos la gestión en 2003 teníamos un magro presupuesto de 30 millones de pesos, y el año pasado ya teníamos 220 millones, o sea, un incremento de casi el 700 por ciento, lo que demuestra una clara política de tratar de mejorar el sistema de áreas protegidas”, precisó la funcionaria.
Entre las áreas incorporadas en estos 8 años, destacan los Parques Marinos, una nueva iniciativa que llegó de la mano de la primera Presidenta mujer de la institución, una especialista en biología marina que dedicó gran parte de su vida a estudiar la vida en los océanos.
“Nos fuimos al agua. Fue un salto importante porque se cambia una tradición que era un parque siempre mirando a la tierra. Por primera vez se mira al mar en otra figura jurídica interesante, que es crear los parques de manera interjurisdiccional. Esto quiere decir que la provincia no pierde el manejo completo del recurso, pero si o si tiene que consultarlo con parques”, destacó.
En tal sentido, se empezó por Chubut, con la creación de Parque Marino Costero, y se siguió con otros dos y otro tercero, que todavía es un convenio que no está escrita la ley; el Parque Nacional Isla Pingüino, en Santa Cruz, “una zona muy interesante que muestra la voluntad de la provincia de manejar muy bien sus recursos naturales”, precisó Gandini.
Otras áreas incorporadas fueron el Parque Nacional Campos del Tuyú, el primero en territorio bonaerense, y que tiene la particularidad de haber sido la primera sesión de tierra que hace la provincia de Buenos Aires desde la creación de la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, el monumento natural Bosque Petrificado, ubicado en colonia Sarmiento de la provincia Chubut, dejó de ser monumento y tiene un área de parque natural alrededor, y asimismo, aumentó la superficie del Parque Lihue Calel, en la provincia de La Pampa, entre otros.
“Otro ejemplo de este incremento se dio con respecto a terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa, que cuando era ministra Nilda Garré, se pudo firmar una serie de acuerdos para identificar las áreas que eran de interés para la conservación”, explicó la titular de la APN.
En tal sentido, se creó lo que se denominaron: las Reservas Naturales para la Defensa, y que según destacó la funcionaria, permitió crear, por ejemplo, el corredor biológico Puerto Península en Iguazú, que conecta dos “parches” que existían en el seno del Parque Nacional de Iguazú. También Mar Chiquita y La Calera, en Córdoba, se incorporaron por esa modalidad.
“Se creó una comisión de manejo conjunto con el Ministerio de Defensa, y las fuerzas realizan actividades que están consensuadas con parques que pone el personal para el monitoreo y la vigilancia, es decir, no hace falta ser el dueño para poder controlarlo, sino que nos aliamos con organismos del estado para poder custodiar esa tierra”, destacó Gandini.
A futuro, está prevista la creación del Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia del Chaco, que va a tener unas 200.000 hectáreas. “Una parte va a ser propia del Parque, con dominio y jurisdicción, y otra que también va a pertenecer al sistema nacional que va a ser una especie de mezcla con la provincia”, concluyó Gandini.
Eduardo Galeano y la minería contaminante
Eduardo Galeano en Mendoza y la minería contaminante
Fecha de Publicación: 24/03/2011
Fuente: MDZOL
Provincia/Región: Mendoza
El célebre escritor uruguayo visitó la provincia y dejó sus conceptos, su talento y también su postura respecto de la minería contaminante. Aquí, la foto habla por sí misma.
El famoso escritor uruguayo estuvo en Mendoza y recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo.
También brindó notas, firmó libros y dio una charla. En todas las ocasiones, estuvo rodeado del amor de los mendocinos por él y su literatura.
Fiel a su compromiso de toda la vida, no dejó pasar la ocasión para dejar ver que se opone a los proyectos megamineros y que hacen peligrar el ambiente.
La fotografía así lo prueba.
Fecha de Publicación: 24/03/2011
Fuente: MDZOL
Provincia/Región: Mendoza
El célebre escritor uruguayo visitó la provincia y dejó sus conceptos, su talento y también su postura respecto de la minería contaminante. Aquí, la foto habla por sí misma.
El famoso escritor uruguayo estuvo en Mendoza y recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo.
También brindó notas, firmó libros y dio una charla. En todas las ocasiones, estuvo rodeado del amor de los mendocinos por él y su literatura.
Fiel a su compromiso de toda la vida, no dejó pasar la ocasión para dejar ver que se opone a los proyectos megamineros y que hacen peligrar el ambiente.
La fotografía así lo prueba.
Se creó el Registro de Anomalías Congénitas
Por los agroquímicos, se creó un Registro de Anomalías Congénitas
Fecha de Publicación: 23/03/2011
Fuente: El Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Funciona desde el año pasado, recabando datos sobre más de 100 mil nacimientos anuales en 31 hospitales públicos de todo el país. Procura trazar un mapa de esas patologías, asociadas, entre otras causas, a contaminantes ambientales.
En medio de crecientes denuncias por nacimientos con malformaciones vinculadas a la inhalación de agrotóxicos, el Ministerio de Salud de la Nación decidió responder a la problemática con la creación de un Registro Nacional Anomalías Congénitas (RENAC), para prevenir esas patologías y disminuir la morbimortalidad infantil. El RENAC forma parte del Programa Red Nacional de Genética Médica –creado en octubre de 2008– y cuenta en la actualidad con información de 31 hospitales públicos del Noroeste, Noreste, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Capital Federal, abarcando así 111.300 nacimientos anuales, es decir, el 27% de los 417 mil partos del sector público. El objetivo para este año es extenderse primero a los 100 hospitales públicos del país con más de 1000 nacimientos y posteriormente a las clínicas privadas, para tener un mapa completo de las anomalías a nivel nacional.
Si bien desde el RENAC argumentan que la visibilidad de los casos vinculados a inhalación de agrotóxicos no fue determinante para su creación, en los documentos del programa se menciona explícitamente “la preocupación por conocer la distribución geográfica y temporal de las frecuencias de anomalías congénitas, en función de presuntas alarmas vinculadas con contaminantes ambientales”.
“Hace tiempo que consideramos necesario tener un registro para conocer la prevalencia de estas anomalías y evaluar el impacto de cuestiones como la fortificación de alimentos con ácido fólico, las campañas de vacunación contra la rubeola y el impacto de ciertos medicamentos. También está el tema de los agrotóxicos. Para saber qué pasa, necesitamos datos. Nos preocupa el tema del glifosato, porque hay referencias y estudios experimentales, pero la realidad es que todavía se desconoce si existe una asociación”, explicó uno de los coordinadores del RENAC, el doctor Pablo Barbero.
Entre esos estudios experimentales sobre glifosato figura el del doctor Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del CONICET. La revista estadounidense Chemical Research in Toxicology publicó el año pasado un informe suyo que confirma que el químico estrella del agronegocio tiene acción sobre el ácido retinoico, provocando malformaciones en embriones de vertebrados, una conclusión aplicable a la especie humana.
“Contar casos es un primer paso, lo importante es que no saquen conclusiones apresuradas o que se hagan estos estudios con el fin de corroborar una hipótesis previa. Puesto así, el registro parece más una salida a ciertos compromisos. Hay que hacer un verdadero estudio epidemiológico: tomar una población y ver cuántos casos había en un período y en otro”, advirtió Carrasco a Tiempo Argentino.
Uno de los pocos estudios epidemiológicos oficiales se realizó en Chaco y sus conclusiones no fueron reconocidas luego por las autoridades provinciales. Allí se determinaba que los casos de malformaciones congénitas habían crecido un 400% y, en algunas localidades como La Leonesa, las patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas, lo habían hecho en un 300% entre los períodos 1990-1999 y 2000-2009.
Para despejar estas desconfianzas, la doctora Rosa Liascovich, también coordinadora del RENAC, explicó que el registro es sólo el primer paso y que permitirá tener información sobre frecuencias y áreas de influencia para que, en el futuro, se puedan realizar estudios específicos en algunas zonas. Prefirió no divulgar datos aún, pero adelantó que no se hallan hasta el momento demasiadas variaciones: “Son las cifras históricas y se corresponden con las referencias internacionales, entre el 1 y el 2% de casos de malformaciones graves, es decir, aquellas que comprometen la salud del paciente”, explicó Liascovich, quien estimó que el primer reporte estará disponible para octubre de este año.
“Es buena la medida. Pero deben dar participación a los equipos médicos en contacto con las poblaciones afectadas. En Córdoba, tenemos estudios que muestran cómo estas patologías pasaron de un 1,5% al 4,7% en 30 años”, explicó el neonatólogo Medardo Ávila, de Médicos de Pueblos Fumigados, quien caracterizó a las pulverizaciones con glifosato como “una verdadera guerra química”.
Fecha de Publicación: 23/03/2011
Fuente: El Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Funciona desde el año pasado, recabando datos sobre más de 100 mil nacimientos anuales en 31 hospitales públicos de todo el país. Procura trazar un mapa de esas patologías, asociadas, entre otras causas, a contaminantes ambientales.
En medio de crecientes denuncias por nacimientos con malformaciones vinculadas a la inhalación de agrotóxicos, el Ministerio de Salud de la Nación decidió responder a la problemática con la creación de un Registro Nacional Anomalías Congénitas (RENAC), para prevenir esas patologías y disminuir la morbimortalidad infantil. El RENAC forma parte del Programa Red Nacional de Genética Médica –creado en octubre de 2008– y cuenta en la actualidad con información de 31 hospitales públicos del Noroeste, Noreste, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Capital Federal, abarcando así 111.300 nacimientos anuales, es decir, el 27% de los 417 mil partos del sector público. El objetivo para este año es extenderse primero a los 100 hospitales públicos del país con más de 1000 nacimientos y posteriormente a las clínicas privadas, para tener un mapa completo de las anomalías a nivel nacional.
Si bien desde el RENAC argumentan que la visibilidad de los casos vinculados a inhalación de agrotóxicos no fue determinante para su creación, en los documentos del programa se menciona explícitamente “la preocupación por conocer la distribución geográfica y temporal de las frecuencias de anomalías congénitas, en función de presuntas alarmas vinculadas con contaminantes ambientales”.
“Hace tiempo que consideramos necesario tener un registro para conocer la prevalencia de estas anomalías y evaluar el impacto de cuestiones como la fortificación de alimentos con ácido fólico, las campañas de vacunación contra la rubeola y el impacto de ciertos medicamentos. También está el tema de los agrotóxicos. Para saber qué pasa, necesitamos datos. Nos preocupa el tema del glifosato, porque hay referencias y estudios experimentales, pero la realidad es que todavía se desconoce si existe una asociación”, explicó uno de los coordinadores del RENAC, el doctor Pablo Barbero.
Entre esos estudios experimentales sobre glifosato figura el del doctor Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del CONICET. La revista estadounidense Chemical Research in Toxicology publicó el año pasado un informe suyo que confirma que el químico estrella del agronegocio tiene acción sobre el ácido retinoico, provocando malformaciones en embriones de vertebrados, una conclusión aplicable a la especie humana.
“Contar casos es un primer paso, lo importante es que no saquen conclusiones apresuradas o que se hagan estos estudios con el fin de corroborar una hipótesis previa. Puesto así, el registro parece más una salida a ciertos compromisos. Hay que hacer un verdadero estudio epidemiológico: tomar una población y ver cuántos casos había en un período y en otro”, advirtió Carrasco a Tiempo Argentino.
Uno de los pocos estudios epidemiológicos oficiales se realizó en Chaco y sus conclusiones no fueron reconocidas luego por las autoridades provinciales. Allí se determinaba que los casos de malformaciones congénitas habían crecido un 400% y, en algunas localidades como La Leonesa, las patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas, lo habían hecho en un 300% entre los períodos 1990-1999 y 2000-2009.
Para despejar estas desconfianzas, la doctora Rosa Liascovich, también coordinadora del RENAC, explicó que el registro es sólo el primer paso y que permitirá tener información sobre frecuencias y áreas de influencia para que, en el futuro, se puedan realizar estudios específicos en algunas zonas. Prefirió no divulgar datos aún, pero adelantó que no se hallan hasta el momento demasiadas variaciones: “Son las cifras históricas y se corresponden con las referencias internacionales, entre el 1 y el 2% de casos de malformaciones graves, es decir, aquellas que comprometen la salud del paciente”, explicó Liascovich, quien estimó que el primer reporte estará disponible para octubre de este año.
“Es buena la medida. Pero deben dar participación a los equipos médicos en contacto con las poblaciones afectadas. En Córdoba, tenemos estudios que muestran cómo estas patologías pasaron de un 1,5% al 4,7% en 30 años”, explicó el neonatólogo Medardo Ávila, de Médicos de Pueblos Fumigados, quien caracterizó a las pulverizaciones con glifosato como “una verdadera guerra química”.
Piden explicaciones a los Gioja por la Barrick
Piden explicaciones a los Gioja
Fecha de Publicación: 23/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
La diputada Reyes exige que aclaren a la Justicia sus vínculos con la Barrick
La disputa entre el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, y su hermano, el senador nacional César Gioja, podría trasladarse hoy a los Tribunales. La diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica-ARI) prepara un pedido para que ambos sean citados ante la Justicia para que expliquen qué tipo de relación tienen con la multinacional Barrick Gold, que en San Juan opera la mina Veladero.
Reyes acusa a César Gioja y al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, de "tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", en el marco de la causa que investiga las motivaciones que llevaron en 2008 al veto de la ley de glaciares, que tramita el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.
Según un comunicado difundido ayer, la diputada basó su acusación en dos entrevistas que La Nacion publicó el domingo, en las cuales los hermanos intercambiaron acusaciones con respecto a su relación con la compañía canadiense.
En el diálogo con La Nacion, el gobernador negó cualquier vínculo con Barrick Gold, pero sostuvo que su hermano aparecía "como proveedor de la Barrick". El senador también desmintió estar relacionado con la empresa, pero sugirió que, a diferencia del mandatario, él no le "convenía" a la Barrick por su intención de que las regalías que paga la empresa sean móviles, para garantizar "una distribución más justa" para el Estado.
"José Luis Gioja confirmó de esta manera lo que denuncié en 2008, cuando presenté en la Justicia pruebas de que Bentonitas Santa Gema SA, una empresa de César Gioja, era proveedora de la Barrick Gold", indicó Reyes. "Estas declaraciones también evidencian que el poder político de San Juan es garante de los intereses mineros de la Barrick Gold", agregó.
Desde que anunció su interés de modificar la Constitución local y habilitar un tercer mandato, José Luis Gioja recibió duras críticas del senador, que calificó la decisión de "antidemocrática" y comparó a su hermano con los gobernantes de Egipto y Libia, Hosni Mubarak (derrocado) y Muammar Khadafy. César Gioja era uno de los aspirantes a suceder al gobernador.
A pesar de la virulencia del enfrentamiento, en la oposición sanjuanina sobrevuelan dudas acerca de la existencia de un acuerdo secreto entre los hermanos para polarizar las elecciones a gobernador.
Fecha de Publicación: 23/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
La diputada Reyes exige que aclaren a la Justicia sus vínculos con la Barrick
La disputa entre el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, y su hermano, el senador nacional César Gioja, podría trasladarse hoy a los Tribunales. La diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica-ARI) prepara un pedido para que ambos sean citados ante la Justicia para que expliquen qué tipo de relación tienen con la multinacional Barrick Gold, que en San Juan opera la mina Veladero.
Reyes acusa a César Gioja y al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, de "tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", en el marco de la causa que investiga las motivaciones que llevaron en 2008 al veto de la ley de glaciares, que tramita el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.
Según un comunicado difundido ayer, la diputada basó su acusación en dos entrevistas que La Nacion publicó el domingo, en las cuales los hermanos intercambiaron acusaciones con respecto a su relación con la compañía canadiense.
En el diálogo con La Nacion, el gobernador negó cualquier vínculo con Barrick Gold, pero sostuvo que su hermano aparecía "como proveedor de la Barrick". El senador también desmintió estar relacionado con la empresa, pero sugirió que, a diferencia del mandatario, él no le "convenía" a la Barrick por su intención de que las regalías que paga la empresa sean móviles, para garantizar "una distribución más justa" para el Estado.
"José Luis Gioja confirmó de esta manera lo que denuncié en 2008, cuando presenté en la Justicia pruebas de que Bentonitas Santa Gema SA, una empresa de César Gioja, era proveedora de la Barrick Gold", indicó Reyes. "Estas declaraciones también evidencian que el poder político de San Juan es garante de los intereses mineros de la Barrick Gold", agregó.
Desde que anunció su interés de modificar la Constitución local y habilitar un tercer mandato, José Luis Gioja recibió duras críticas del senador, que calificó la decisión de "antidemocrática" y comparó a su hermano con los gobernantes de Egipto y Libia, Hosni Mubarak (derrocado) y Muammar Khadafy. César Gioja era uno de los aspirantes a suceder al gobernador.
A pesar de la virulencia del enfrentamiento, en la oposición sanjuanina sobrevuelan dudas acerca de la existencia de un acuerdo secreto entre los hermanos para polarizar las elecciones a gobernador.
Reclaman suspender el programa nuclear
Reclaman suspender el programa nuclear y ponerle fecha a su cierre definitivo
Fecha de Publicación: 22/03/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace realizó este martes una protesta frente a las instalaciones de las centrales nucleares Atucha I y Atucha II para reclamarle al Gobierno Nacional que revea el plan nuclear que lleva adelante desde 2004.
Los activistas ingresaron a las plantas navegando en gomones por el río Paraná, accedieron al muelle de las centrales nucleares y desplegaron un cartel con la leyenda: “Cristina: basta de plantas nucleares”, sobre el frente del edificio que aloja el sistema de refrigeración.
“El gobierno nacional debe repensar su apuesta a la energía nuclear, un error descomunal, tanto por sus riegos, como por sus enormes costos económicos” dijo Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina.
“La finalización de Atucha II, que ya lleva 30 años, es un enorme despropósito, una planta antigua y cara que no hace otra cosa que incrementar los riesgos nucleares en el país y aumentar el legado de basura altamente radiactiva que le dejaremos a las futuras generaciones”, agregó Villalonga.
Hoy, Argentina cuenta con dos plantas nucleares activas, Atucha I en Lima, Provincia de Buenos Aires y Embalse, en la Provincia de Córdoba. En 1981 comenzó a construirse la tercera planta, Atucha II, también en Lima (1).
“La inauguración de Atucha II, anunciada para este año, implicará continuar con los descomunales gastos que se están destinando a esta planta obsoleta, a la reactivación de sus laboratorios de enriquecimiento de uranio, al proyecto de construcción de un mini-reactor en Formosa, la extensión de la vida útil de Embalse y la licitación para construir una cuarta planta nuclear”, agregó el vocero de Greenpeace. (2)
La extensión de la vida útil de Embalse costará unos mil millones de dólares y un costo similar implicaría su desmantelamiento. En tanto, la construcción de Atucha II se estima en unos cuatro mil millones de dólares. “Estas cifras no incluyen, por ejemplo, el mantenimiento de la planta de agua pesada en Neuquén ni el desarrollo de la minería de uranio que entraña los mismos riesgos que la minería metalífera intensiva en utilización de químicos”, señaló Villalonga.
“Hay que ponerle fecha para el cierre definitivo de la actividad nucleoeléctrica en la Argentina, hay que parar con las obras que implicarán mayores costos en la generación de electricidad, mayores riesgos y una pesada carga radiactiva para las próximas generaciones”, concluyó Villalonga.
Fecha de Publicación: 22/03/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace realizó este martes una protesta frente a las instalaciones de las centrales nucleares Atucha I y Atucha II para reclamarle al Gobierno Nacional que revea el plan nuclear que lleva adelante desde 2004.
Los activistas ingresaron a las plantas navegando en gomones por el río Paraná, accedieron al muelle de las centrales nucleares y desplegaron un cartel con la leyenda: “Cristina: basta de plantas nucleares”, sobre el frente del edificio que aloja el sistema de refrigeración.
“El gobierno nacional debe repensar su apuesta a la energía nuclear, un error descomunal, tanto por sus riegos, como por sus enormes costos económicos” dijo Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina.
“La finalización de Atucha II, que ya lleva 30 años, es un enorme despropósito, una planta antigua y cara que no hace otra cosa que incrementar los riesgos nucleares en el país y aumentar el legado de basura altamente radiactiva que le dejaremos a las futuras generaciones”, agregó Villalonga.
Hoy, Argentina cuenta con dos plantas nucleares activas, Atucha I en Lima, Provincia de Buenos Aires y Embalse, en la Provincia de Córdoba. En 1981 comenzó a construirse la tercera planta, Atucha II, también en Lima (1).
“La inauguración de Atucha II, anunciada para este año, implicará continuar con los descomunales gastos que se están destinando a esta planta obsoleta, a la reactivación de sus laboratorios de enriquecimiento de uranio, al proyecto de construcción de un mini-reactor en Formosa, la extensión de la vida útil de Embalse y la licitación para construir una cuarta planta nuclear”, agregó el vocero de Greenpeace. (2)
La extensión de la vida útil de Embalse costará unos mil millones de dólares y un costo similar implicaría su desmantelamiento. En tanto, la construcción de Atucha II se estima en unos cuatro mil millones de dólares. “Estas cifras no incluyen, por ejemplo, el mantenimiento de la planta de agua pesada en Neuquén ni el desarrollo de la minería de uranio que entraña los mismos riesgos que la minería metalífera intensiva en utilización de químicos”, señaló Villalonga.
“Hay que ponerle fecha para el cierre definitivo de la actividad nucleoeléctrica en la Argentina, hay que parar con las obras que implicarán mayores costos en la generación de electricidad, mayores riesgos y una pesada carga radiactiva para las próximas generaciones”, concluyó Villalonga.
Argentina es el cuarto productor de biodiesel
Argentina se convirtió en el cuarto productor mundial de biodiesel
Fecha de Publicación: 21/03/2011
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
Argentina juega cada vez más fuerte en el mercado internacional de biodiesel, donde con una producción de más de un millón de toneladas por año ya es el cuarto productor mundial. Así se desprende de un informe elaborado por la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), que destaca que la industria nacional de biocombustibles elaborados en base al aceite de soja creció exponencialmente desde el año 2006.
A esto se le suma una previsión de más de tres millones de toneladas de capacidad instalada para finales de 2011, un volumen que permitirá cubrir el creciente mercado interno y reforzar las exportaciones a Europa, gran demandante de energías limpias.
Millonarios. Según las cifras suministradas por la Cader, Argentina ya forma parte del “club de los millonarios”, que son los países que elaboran más de un millón de toneladas de biocombustible por año, lo que le permitió pasar del quinto al cuarto lugar entre los exportadores. El top five de los grandes jugadores está encabezado por Alemania, que si bien sigue siendo de lejos el mayor productor mundial, redujo un 10% su producción en 2009, con un total de 2,5 millones de toneladas.
Francia, líder en energía no fósil, sigue siendo uno de los mercados más eficientes del mundo en términos de biodiesel, con un mercado sólido y uno de los índices de producción más altos del planeta. Su producción creció un 8% y roza los dos millones de toneladas, lo que lo ubica como segundo proveedor del mundo.
La gran perjudicada del año, sin duda, fue la industria de los Estados Unidos, que con 1,68 millones de toneladas producidas en 2009 quedó relegada a la tercera posición. Brasil, en pleno proceso de consolidación como gran potencia mundial, se mantuvo como cuarto productor con 1,4 millones de toneladas en 2009, para escalar al tercer lugar el año pasado, un dato que refleja el crecimiento sólido de su mercado nacional de biodiesel. Es que los vecinos aún no exportan.
Argentina, destaca el trabajo, mantuvo el quinto puesto mundial en 2009 y trepó a la cuarta posición el año pasado, con un aumento de la producción de un 31% para completar 1,2 millones de toneladas.
Dentro de las ventajas competitivas que tiene la industria nacional de biocombustibles, se destaca el tamaño de sus plantas, que en promedio figuran entre las más grandes del mundo: “Argentina tiene factorías con más del 108.000 toneladas en promedio, mucho más que las 89.000 toneladas promedio europeas, y las 70.000 toneladas de Brasil”.
Inversiones. La doble salida del biocombustible local, que alimenta tanto la creciente demanda mundial como la también ascendente demanda interna, llevaron a que apareciera una “segunda ola” de inversiones para ampliar capacidades. Según detalla el informe de la cámara, sólo en los últimos meses del año pasado se anunciaron obras para poder producir unas 460.000 toneladas adicionales de biodiesel.
Cargill, uno de los productores de etanol de maíz y de biodiesel más importantes de Estados Unidos, anunció la construcción de una planta en Santa Fe, que con una producción anual estimada de 240.000 toneladas estiman estará lista para el último trimestre de este año.
En el frente interno, la decisión del gobierno de Cristina Fernández de ampliar el corte obligatorio de biocombustibles en los gasoil tradicionales colaboró mucho para afianzar una red de industrias pequeñas y medianas. La proporción de combustibles de origen vegetal en los de origen fósil ya llega al 7% (B7), y el objetivo oficial es ampliarlo al 10% (B10) a lo largo de este año.
Según el estudio, la medida adoptada por la administración kirchnerista “impulsa la actividad agroindustrial, generando valor agregado en las materias primas producidas en el territorio nacional y diversificando la matriz energética”. Esto sirve además para reducir la necesidad de importar gasoil contaminante y el uso de divisas.
De paso, les tendió una mano a las aceiteras cuando a mediados del año pasado China suspendió las compras de aceite de soja.”La ampliación a un B7 dejó en claro al mercado el compromiso del ministerio de Planificación y de la autoridad de aplicación de continuar reduciendo las importaciones de gasoil, diversificando la matriz energética, e incrementando el uso de energías renovables en general”, estipula el documento.
Fecha de Publicación: 21/03/2011
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
Argentina juega cada vez más fuerte en el mercado internacional de biodiesel, donde con una producción de más de un millón de toneladas por año ya es el cuarto productor mundial. Así se desprende de un informe elaborado por la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), que destaca que la industria nacional de biocombustibles elaborados en base al aceite de soja creció exponencialmente desde el año 2006.
A esto se le suma una previsión de más de tres millones de toneladas de capacidad instalada para finales de 2011, un volumen que permitirá cubrir el creciente mercado interno y reforzar las exportaciones a Europa, gran demandante de energías limpias.
Millonarios. Según las cifras suministradas por la Cader, Argentina ya forma parte del “club de los millonarios”, que son los países que elaboran más de un millón de toneladas de biocombustible por año, lo que le permitió pasar del quinto al cuarto lugar entre los exportadores. El top five de los grandes jugadores está encabezado por Alemania, que si bien sigue siendo de lejos el mayor productor mundial, redujo un 10% su producción en 2009, con un total de 2,5 millones de toneladas.
Francia, líder en energía no fósil, sigue siendo uno de los mercados más eficientes del mundo en términos de biodiesel, con un mercado sólido y uno de los índices de producción más altos del planeta. Su producción creció un 8% y roza los dos millones de toneladas, lo que lo ubica como segundo proveedor del mundo.
La gran perjudicada del año, sin duda, fue la industria de los Estados Unidos, que con 1,68 millones de toneladas producidas en 2009 quedó relegada a la tercera posición. Brasil, en pleno proceso de consolidación como gran potencia mundial, se mantuvo como cuarto productor con 1,4 millones de toneladas en 2009, para escalar al tercer lugar el año pasado, un dato que refleja el crecimiento sólido de su mercado nacional de biodiesel. Es que los vecinos aún no exportan.
Argentina, destaca el trabajo, mantuvo el quinto puesto mundial en 2009 y trepó a la cuarta posición el año pasado, con un aumento de la producción de un 31% para completar 1,2 millones de toneladas.
Dentro de las ventajas competitivas que tiene la industria nacional de biocombustibles, se destaca el tamaño de sus plantas, que en promedio figuran entre las más grandes del mundo: “Argentina tiene factorías con más del 108.000 toneladas en promedio, mucho más que las 89.000 toneladas promedio europeas, y las 70.000 toneladas de Brasil”.
Inversiones. La doble salida del biocombustible local, que alimenta tanto la creciente demanda mundial como la también ascendente demanda interna, llevaron a que apareciera una “segunda ola” de inversiones para ampliar capacidades. Según detalla el informe de la cámara, sólo en los últimos meses del año pasado se anunciaron obras para poder producir unas 460.000 toneladas adicionales de biodiesel.
Cargill, uno de los productores de etanol de maíz y de biodiesel más importantes de Estados Unidos, anunció la construcción de una planta en Santa Fe, que con una producción anual estimada de 240.000 toneladas estiman estará lista para el último trimestre de este año.
En el frente interno, la decisión del gobierno de Cristina Fernández de ampliar el corte obligatorio de biocombustibles en los gasoil tradicionales colaboró mucho para afianzar una red de industrias pequeñas y medianas. La proporción de combustibles de origen vegetal en los de origen fósil ya llega al 7% (B7), y el objetivo oficial es ampliarlo al 10% (B10) a lo largo de este año.
Según el estudio, la medida adoptada por la administración kirchnerista “impulsa la actividad agroindustrial, generando valor agregado en las materias primas producidas en el territorio nacional y diversificando la matriz energética”. Esto sirve además para reducir la necesidad de importar gasoil contaminante y el uso de divisas.
De paso, les tendió una mano a las aceiteras cuando a mediados del año pasado China suspendió las compras de aceite de soja.”La ampliación a un B7 dejó en claro al mercado el compromiso del ministerio de Planificación y de la autoridad de aplicación de continuar reduciendo las importaciones de gasoil, diversificando la matriz energética, e incrementando el uso de energías renovables en general”, estipula el documento.
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