Condenó la Presidenta el corte en Gualeguaychú
21:50 | 
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Condenó la Presidenta el corte del puente a Uruguay
Fecha de Publicación: 03/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
De todos modos, reiteró que el Gobierno no intervendrá; habría un monitoreo ambiental conjunto
Admitió que el corte de ruta en Gualeguaychú contra la planta de Botnia no le gustaba, pero dijo que no podía hacer nada para evitarlo. Con una postura zigzagueante, Cristina Kirchner condenó el bloqueo a Uruguay, le envió un mensaje a la Justicia por no haber fallado contra ninguno de los asambleístas que cortan el puente y se amparó en la falta de decisión de los tribunales para repetir que nunca reprimirá esa protesta.
Así se plantó la Presidenta tras la larga reunión, almuerzo incluido, que mantuvo ayer en esta localidad con su par uruguayo, José Mujica. El único avance fue fijar un plazo de 60 días para acordar la metodología de monitoreo conjunto de la planta de UPM (ex Botnia), tal como ordenó el fallo de la corte internacional de La Haya.
A pesar de cuestionar el corte del paso internacional, la Presidenta insistió en que no reprimirá a los manifestantes y argumentó que existen posturas de la Corte Suprema de Justicia que determinan que el bloqueo no es ilícito.
"En todo caso, es una falla del sistema", se defendió ante la firme postura de no usar la fuerza.
"Desde los 90 se instaló una metodología del corte que no comparto", explicó Cristina Kirchner en una conferencia de prensa que dio junto a Mujica en el modesto y campestre museo de la residencia presidencial de Anchorena, un pequeño galpón que conserva aún los rasgos de su pasado como establo. Los dos presidentes, de hecho, entraron por un gran portón verde de chapa acanalada por el que años atrás lo hacían los caballos.
"Pese a que se han hecho denuncias no hay ningún condenado", apuntó Cristina Kirchner, en referencia a la falta de órdenes de desalojo de la justicia argentina en los más de tres años que la ruta 136 permanece cortada.
Condenó la Presidenta el corte del puente a Uruguay
La Presidenta comenzó desde ayer a desandar el sinuoso camino que había iniciado su marido en 2006, cuando viajó a Gualeguaychú y dio impulso a los cortes. Desde que estalló el conflicto, el Gobierno esquivó una postura contra los manifestantes. Por primera vez de manera contundente, ayer la Presidenta emprendió la embestida final en contra del bloqueo, con la ilusión política de que en algún momento la asamblea ambiental decida ponerle fin.
"Hoy el corte perjudica a los entrerrianos y a los uruguayos que viven en Fray Bentos", sostuvo la Presidenta en su giro discursivo. "No voy a escaparle al bulto", adujo en su explicación, cuando la prensa uruguaya le preguntó sobre una solución al bloqueo.
Recordatorio
Ante la mirada de Mujica, que se ubicó a su lado, Cristina Kirchner rememoró las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el puente Avellaneda en 2002, que obligaron al ex presidente Eduardo Duhalde a adelantar las elecciones.
Mujica, que habló poco porque la Presidenta acaparó la mayoría de las respuestas, sostuvo que apostaba al tiempo para que la asamblea ambiental de Gualeguaychú definiera levantar el corte. "Tenemos que ayudar a que puedan madurar los consensos. Lo tiene que resolver la Argentina. Nosotros tenemos que ayudar y dar garantías", apuntó, pendiente de su público interno, que lo presiona ante la falta de soluciones al bloqueo.
ible cuesta un poco más", confesó el ex tupamaro en un tono más bien pesimista antes de despedirse para irse a almorzar con las comitivas de los dos países en la gran casona residencial ubicada en un extremo de las 1300 hectáreas del parque Anchorena.
Más enfática que otras veces en contra de los asambleístas, Cristina apuntó directo al corazón del reclamo ambiental. "Fuimos a La Haya porque así lo establecía el Tratado del Río Uruguay y porque fue un pedido de los asambleístas", argumentó la jefa del Estado, para entonces sí arremeter contra los manifestantes: "No voy a violar ningún fallo internacional". Los destinatarios de su mensaje eran los mismos que anteayer le habían mandando una nueva carta a la Presidenta para que gestione ante su par uruguayo el desmantelamiento de la planta, en contrario con lo que estableció la corte internacional.
"Mi gobierno va a acatar el fallo que habla de que no se ha probado que Botnia contamine. Vamos a cumplir a rajatabla, porque eso nos convierte en un país serio", se defendió la Presidenta.
Exclusividad
En este sentido, citó que el único gobierno que desoyó a un tribunal internacional había sido el del dictador Rafael Videla. Los uruguayos no dejaron pasar que el gobierno de Néstor Kirchner no atendió el pronunciamiento del tribunal arbitral del Mercosur sobre el corte del puente General San Martín.
La diplomacia argentina se fue conforme ayer de esta residencia, ubicada a 30 kilómetros de Colonia, cuando el frío caía en la gran estancia. El objetivo de máxima para esta reunión, la segunda que comparten los dos mandatarios desde que se conoció la decisión de La Haya, era llevarse cerrado el compromiso uruguayo para que se pueda acceder lo más cerca posible de la planta para la toma de las muestras que serán analizadas en el monitoreo conjunto. Por ahora sólo estiraron los plazos y todo el río Uruguay será evaluado.
Dentro de dos meses, negociación mediante, se reeditará la foto entre ambos mandatarios, aún sin una solución cercana al corte de rutas.
La asamblea expresó su enojo
"Cada vez que habla la Presidenta es una desilusión." Esa fue la primera impresión que tuvo Jorge Fritzler, uno de los asambleístas más caracterizados, luego de escuchar la conferencia de prensa de Cristina Kirchner y José Mujica, al finalizar el encuentro que mantuvieron en la residencia de Anchorena.
Su opinión y su desánimo son compartidos en la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú. "Hasta ahora lo único que se ha hecho es patear el conflicto para adelante, lo que lleva a que éste se agrave", evaluó Fritzler en diálogo con LA NACION.
En la Asamblea Ambiental aseguran que "no hay otra solución que no sea el desmantelamiento de Botnia". El dirigente ambientalista insistió en que "hay un fallo -el dictado por la Corte de La Haya- que dice que la planta contamina".
El anuncio del monitoreo conjunto, que se empezará a ejecutar dentro de 60 días, fue minimizado por los asambleístas. "No dijo cómo será, quién lo va a hacer ni dónde se va a realizar", observó Fritzler.
Para el dirigente local los dichos de la jefa del Estado, acerca de los perjuicios económicos que padecen los entrerrianos de su ciudad y los uruguayos de Fray Bentos, son "una reflexión muy pobre" sobre un conflicto de esta magnitud. "En Gualeguaychú -afirmó- la mayoría de la gente está disconforme con lo que ha hecho la dirigencia política."
Ante el pedido del mandatario uruguayo de levantar el bloqueo en Arroyo Verde y la manifestación de la Presidenta de no compartir la metodología, Fritzler aseguró que "al paso que se vienen dando las cosas va a haber cortes por muchos años".
José Pouler es otra de las caras visibles de la Asamblea. Luego de confiar que tenía "pocas expectativas" ante el cónclave bilateral sostuvo que "Uruguay sigue jugando a las escondidas, al negarse a dar la cara con los controles ambientales" y se mostró molesto ante un nuevo plan. "Se ha comprobado una y mil veces la contaminación que produce Botnia, sobre todo en el aire los días de mucho viento", dijo a LA NACION. Y agregó: "Más que anunciar otro monitoreo tendrían que leer informes que ya se hicieron y que indican que la empresa contamina". Se refirió a trabajos realizados por las universidades de Buenos Aires y La Plata.
En la Asamblea también hicieron notar el rechazo a que ambos países lleven adelante acuerdos comerciales. "Uruguay ha incumplido un tratado bilateral; por lo tanto negociar con un gobierno que no cumple la ley es hacer negocios con un delincuente. No queremos saber absolutamente nada con ese país", afirmó Fritzler. En Gualeguaychú se impone por ahora la idea de llevar adelante "medidas sorpresa"
Fecha de Publicación: 03/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
De todos modos, reiteró que el Gobierno no intervendrá; habría un monitoreo ambiental conjunto
Admitió que el corte de ruta en Gualeguaychú contra la planta de Botnia no le gustaba, pero dijo que no podía hacer nada para evitarlo. Con una postura zigzagueante, Cristina Kirchner condenó el bloqueo a Uruguay, le envió un mensaje a la Justicia por no haber fallado contra ninguno de los asambleístas que cortan el puente y se amparó en la falta de decisión de los tribunales para repetir que nunca reprimirá esa protesta.
Así se plantó la Presidenta tras la larga reunión, almuerzo incluido, que mantuvo ayer en esta localidad con su par uruguayo, José Mujica. El único avance fue fijar un plazo de 60 días para acordar la metodología de monitoreo conjunto de la planta de UPM (ex Botnia), tal como ordenó el fallo de la corte internacional de La Haya.
A pesar de cuestionar el corte del paso internacional, la Presidenta insistió en que no reprimirá a los manifestantes y argumentó que existen posturas de la Corte Suprema de Justicia que determinan que el bloqueo no es ilícito.
"En todo caso, es una falla del sistema", se defendió ante la firme postura de no usar la fuerza.
"Desde los 90 se instaló una metodología del corte que no comparto", explicó Cristina Kirchner en una conferencia de prensa que dio junto a Mujica en el modesto y campestre museo de la residencia presidencial de Anchorena, un pequeño galpón que conserva aún los rasgos de su pasado como establo. Los dos presidentes, de hecho, entraron por un gran portón verde de chapa acanalada por el que años atrás lo hacían los caballos.
"Pese a que se han hecho denuncias no hay ningún condenado", apuntó Cristina Kirchner, en referencia a la falta de órdenes de desalojo de la justicia argentina en los más de tres años que la ruta 136 permanece cortada.
Condenó la Presidenta el corte del puente a Uruguay
La Presidenta comenzó desde ayer a desandar el sinuoso camino que había iniciado su marido en 2006, cuando viajó a Gualeguaychú y dio impulso a los cortes. Desde que estalló el conflicto, el Gobierno esquivó una postura contra los manifestantes. Por primera vez de manera contundente, ayer la Presidenta emprendió la embestida final en contra del bloqueo, con la ilusión política de que en algún momento la asamblea ambiental decida ponerle fin.
"Hoy el corte perjudica a los entrerrianos y a los uruguayos que viven en Fray Bentos", sostuvo la Presidenta en su giro discursivo. "No voy a escaparle al bulto", adujo en su explicación, cuando la prensa uruguaya le preguntó sobre una solución al bloqueo.
Recordatorio
Ante la mirada de Mujica, que se ubicó a su lado, Cristina Kirchner rememoró las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el puente Avellaneda en 2002, que obligaron al ex presidente Eduardo Duhalde a adelantar las elecciones.
Mujica, que habló poco porque la Presidenta acaparó la mayoría de las respuestas, sostuvo que apostaba al tiempo para que la asamblea ambiental de Gualeguaychú definiera levantar el corte. "Tenemos que ayudar a que puedan madurar los consensos. Lo tiene que resolver la Argentina. Nosotros tenemos que ayudar y dar garantías", apuntó, pendiente de su público interno, que lo presiona ante la falta de soluciones al bloqueo.
ible cuesta un poco más", confesó el ex tupamaro en un tono más bien pesimista antes de despedirse para irse a almorzar con las comitivas de los dos países en la gran casona residencial ubicada en un extremo de las 1300 hectáreas del parque Anchorena.
Más enfática que otras veces en contra de los asambleístas, Cristina apuntó directo al corazón del reclamo ambiental. "Fuimos a La Haya porque así lo establecía el Tratado del Río Uruguay y porque fue un pedido de los asambleístas", argumentó la jefa del Estado, para entonces sí arremeter contra los manifestantes: "No voy a violar ningún fallo internacional". Los destinatarios de su mensaje eran los mismos que anteayer le habían mandando una nueva carta a la Presidenta para que gestione ante su par uruguayo el desmantelamiento de la planta, en contrario con lo que estableció la corte internacional.
"Mi gobierno va a acatar el fallo que habla de que no se ha probado que Botnia contamine. Vamos a cumplir a rajatabla, porque eso nos convierte en un país serio", se defendió la Presidenta.
Exclusividad
En este sentido, citó que el único gobierno que desoyó a un tribunal internacional había sido el del dictador Rafael Videla. Los uruguayos no dejaron pasar que el gobierno de Néstor Kirchner no atendió el pronunciamiento del tribunal arbitral del Mercosur sobre el corte del puente General San Martín.
La diplomacia argentina se fue conforme ayer de esta residencia, ubicada a 30 kilómetros de Colonia, cuando el frío caía en la gran estancia. El objetivo de máxima para esta reunión, la segunda que comparten los dos mandatarios desde que se conoció la decisión de La Haya, era llevarse cerrado el compromiso uruguayo para que se pueda acceder lo más cerca posible de la planta para la toma de las muestras que serán analizadas en el monitoreo conjunto. Por ahora sólo estiraron los plazos y todo el río Uruguay será evaluado.
Dentro de dos meses, negociación mediante, se reeditará la foto entre ambos mandatarios, aún sin una solución cercana al corte de rutas.
La asamblea expresó su enojo
"Cada vez que habla la Presidenta es una desilusión." Esa fue la primera impresión que tuvo Jorge Fritzler, uno de los asambleístas más caracterizados, luego de escuchar la conferencia de prensa de Cristina Kirchner y José Mujica, al finalizar el encuentro que mantuvieron en la residencia de Anchorena.
Su opinión y su desánimo son compartidos en la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú. "Hasta ahora lo único que se ha hecho es patear el conflicto para adelante, lo que lleva a que éste se agrave", evaluó Fritzler en diálogo con LA NACION.
En la Asamblea Ambiental aseguran que "no hay otra solución que no sea el desmantelamiento de Botnia". El dirigente ambientalista insistió en que "hay un fallo -el dictado por la Corte de La Haya- que dice que la planta contamina".
El anuncio del monitoreo conjunto, que se empezará a ejecutar dentro de 60 días, fue minimizado por los asambleístas. "No dijo cómo será, quién lo va a hacer ni dónde se va a realizar", observó Fritzler.
Para el dirigente local los dichos de la jefa del Estado, acerca de los perjuicios económicos que padecen los entrerrianos de su ciudad y los uruguayos de Fray Bentos, son "una reflexión muy pobre" sobre un conflicto de esta magnitud. "En Gualeguaychú -afirmó- la mayoría de la gente está disconforme con lo que ha hecho la dirigencia política."
Ante el pedido del mandatario uruguayo de levantar el bloqueo en Arroyo Verde y la manifestación de la Presidenta de no compartir la metodología, Fritzler aseguró que "al paso que se vienen dando las cosas va a haber cortes por muchos años".
José Pouler es otra de las caras visibles de la Asamblea. Luego de confiar que tenía "pocas expectativas" ante el cónclave bilateral sostuvo que "Uruguay sigue jugando a las escondidas, al negarse a dar la cara con los controles ambientales" y se mostró molesto ante un nuevo plan. "Se ha comprobado una y mil veces la contaminación que produce Botnia, sobre todo en el aire los días de mucho viento", dijo a LA NACION. Y agregó: "Más que anunciar otro monitoreo tendrían que leer informes que ya se hicieron y que indican que la empresa contamina". Se refirió a trabajos realizados por las universidades de Buenos Aires y La Plata.
En la Asamblea también hicieron notar el rechazo a que ambos países lleven adelante acuerdos comerciales. "Uruguay ha incumplido un tratado bilateral; por lo tanto negociar con un gobierno que no cumple la ley es hacer negocios con un delincuente. No queremos saber absolutamente nada con ese país", afirmó Fritzler. En Gualeguaychú se impone por ahora la idea de llevar adelante "medidas sorpresa"
Minería promete ir este mes a Andalgalá
Minería promete a concejales ir este mes a Andalgalá
Fecha de Publicación: 03/06/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Luego de diversos aplazamientos, y ante el reclamo generalizado para que el Gobierno se haga presente en Andalgalá y brinde información sobre la actividad minera, la Secretaría de Minería prometió a los concejales de esa cuidad enviar una comisión técnica durante este mes para contestar distintos planteos y dudas sobre los emprendimientos activos y los que se pretenden instalar.
El edil Edgardo Bernal (FV) informó que en la sesión del martes se leyó una nota en la que el área que conduce José Sinner aseguró que no concurrió hasta el momento por una cuestión de agenda. "Se comprometieron a acercarse en este mes de junio, previa conversación para establecer las fechas, para que no interfieran con otras responsabilidades asumidas por la Secretaría", dijo el edil a Radio Ancasti.
Bernal, no obstante, expresó su malestar y el de algunos de sus colegas, según dijo, porque el organismo tendría que haber llegado a la localidad tras el estallido del 15 de febrero. "Deberían haberse hecho presentes en forma inmediata, ya que acá hay una gran incertidumbre y muchas voces cruzadas, y son los únicos que pueden aclarar las cosas", dijo.
Causa Cecenarro
La Justicia andalgalense siguió buscando ayer, sin resultados, al uruguayo Alejandro De Las Cuevas, para que declare por la causa que le inició el juez de Garantías Rodolfo Cecenarro, por la amenaza de muerte que le profirió el 25 de mayo. La fiscal Marta Nieva, a cargo de la investigación por "coacción simple", pidió la captura nacional del ambientalista, que sigue sin poder ser localizado, a pesar de varios allanamientos que se hicieron.
Aunque la abogada del antiminero, Selene Herrera, sostuvo que su defendido nunca fue notificado de la citación, la fiscal entiende que primero debe presentarse a declarar, y allí ratificar a la letrada como su representante. Es por el reclamo que hizo Herrera de no haber podido acceder al expediente.
Fecha de Publicación: 03/06/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Luego de diversos aplazamientos, y ante el reclamo generalizado para que el Gobierno se haga presente en Andalgalá y brinde información sobre la actividad minera, la Secretaría de Minería prometió a los concejales de esa cuidad enviar una comisión técnica durante este mes para contestar distintos planteos y dudas sobre los emprendimientos activos y los que se pretenden instalar.
El edil Edgardo Bernal (FV) informó que en la sesión del martes se leyó una nota en la que el área que conduce José Sinner aseguró que no concurrió hasta el momento por una cuestión de agenda. "Se comprometieron a acercarse en este mes de junio, previa conversación para establecer las fechas, para que no interfieran con otras responsabilidades asumidas por la Secretaría", dijo el edil a Radio Ancasti.
Bernal, no obstante, expresó su malestar y el de algunos de sus colegas, según dijo, porque el organismo tendría que haber llegado a la localidad tras el estallido del 15 de febrero. "Deberían haberse hecho presentes en forma inmediata, ya que acá hay una gran incertidumbre y muchas voces cruzadas, y son los únicos que pueden aclarar las cosas", dijo.
Causa Cecenarro
La Justicia andalgalense siguió buscando ayer, sin resultados, al uruguayo Alejandro De Las Cuevas, para que declare por la causa que le inició el juez de Garantías Rodolfo Cecenarro, por la amenaza de muerte que le profirió el 25 de mayo. La fiscal Marta Nieva, a cargo de la investigación por "coacción simple", pidió la captura nacional del ambientalista, que sigue sin poder ser localizado, a pesar de varios allanamientos que se hicieron.
Aunque la abogada del antiminero, Selene Herrera, sostuvo que su defendido nunca fue notificado de la citación, la fiscal entiende que primero debe presentarse a declarar, y allí ratificar a la letrada como su representante. Es por el reclamo que hizo Herrera de no haber podido acceder al expediente.
Formosa: un laboratorio de pruebas nucleares
FUNAM sostiene que la provincia será un laboratorio de pruebas nucleares
Fecha de Publicación: 02/06/2010
Fuente: El Comercial
Provincia/Región: Formosa
La Fundación para la Defensa del Ambiente pidió una consulta popular para la instalación de la planta nuclear en Formosa y adelantó denuncias penales por el incumplimiento de leyes ambientales. Además, remarcaron sobre los riesgos que pueden causar los accidentes nucleares en los formoseños. Subrayando que, el reactor CAREM será construido por primera vez en Formosa, debido a que, no hay otro igual en el mundo, siendo esto un riesgo incalculable
La Comisión de Energía Atómica ya ratificó que van a construir un reactor nuclear en Formosa, frente a ello, en diálogo con RadioUno Formosa, Raúl Montenegro, Presidente de FUNAM indicó sobre el tema:
"Como todo reactor nuclear tiene dentro de su corazón materiales reactivos de alta actividad y como todo reactor nuclear puede sufrir un accidente, y la riesgosidad es lo suficientemente importante como para saber que uno está hipotecando el peor accidente que es de grado 7, que es un pequeño Chernobil, es lo que puede llegar a ocurrir, y ni la Comisión Nacional de Energía Atómica ni nadie puede evitarlo.
Por lo cual, todos en Formosa deben saber que cuando tengan un CAREM van a tener que estar muy atentos, porque es como vender tecnológicamente el alma al diablo, porque tener unos 70 megavatios de electricidad, se hipoteca la seguridad por todo el tiempo que dure la vida del reactor, y no duran más de 30 años.
Conflictos internacionales
Haciendo extensiva esta problemática a niveles internacionales dejó abierto la posibilidad de conflictos internacionales: "Las propias organizaciones, y es muy posible que hasta del propio gobierno de Lugo hayan reacciones y protestas internacionales. Hay que tener en cuenta que hay acuerdos, y hay que revisar cuáles son los que rigen para ambos países.
Esto es más grave que Botnia, pero en este caso de un accidente de grado 7 se afectaría mucho más que el río Paraguay, pero me parece que es pedirle demasiado al gobernador que entienda estas cosas", finalizó diciendo.
Ley
La Ley General del Ambiente 25675 indica según Montenegro: "Es mandatoria para la provincia de Formosa. Donde se establece la Obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental, y las Audiencias Públicas, no las puede evitar, por otra parte, establece el principio de precaución".
Residuos radiactivos: "Además, en la propia Formosa van a quedar los residuos radiactivos, para que los formoseños vayan sabiendo, las barras de combustible agotado de una central que pretende instalar la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene un riesgo de radioactividad en unos 200 mil años, y son altamente radioactivos.
Y los mismos tienen que ser aislados en piletas, pero representa un riesgo para la sociedad. Por lo cual, fíjense, hasta qué punto es un riesgo de una decisión improvisada de gobierno ve más el bronce que el riesgo de los propios gobernadores.
Yo puedo asegurar que 60 megavatios de electricidad no pueden comprometer la seguridad de los formoseños", siguió agregando.
Medidas a tomar
Al ser consultado sobre qué medidas podrá tomar el formoseño para evitar la construcción de la central, o qué medidas tomarán desde su organización indicó: "Vamos a ir cotejando toda la información. Además la legislación de actividades nucleares, tiene que haber mínimamente una consulta.
Que más allá de ser vinculante o no, tiene que haber una audiencia pública donde se coloquen todas las piezas. Porque hay que saber también que, si de pronto una sociedad sabiendo los riesgos de la energía nuclear decide dar el visto bueno, no se puede ir en contra de lo que piensan".
Fecha de Publicación: 02/06/2010
Fuente: El Comercial
Provincia/Región: Formosa
La Fundación para la Defensa del Ambiente pidió una consulta popular para la instalación de la planta nuclear en Formosa y adelantó denuncias penales por el incumplimiento de leyes ambientales. Además, remarcaron sobre los riesgos que pueden causar los accidentes nucleares en los formoseños. Subrayando que, el reactor CAREM será construido por primera vez en Formosa, debido a que, no hay otro igual en el mundo, siendo esto un riesgo incalculable
La Comisión de Energía Atómica ya ratificó que van a construir un reactor nuclear en Formosa, frente a ello, en diálogo con RadioUno Formosa, Raúl Montenegro, Presidente de FUNAM indicó sobre el tema:
"Como todo reactor nuclear tiene dentro de su corazón materiales reactivos de alta actividad y como todo reactor nuclear puede sufrir un accidente, y la riesgosidad es lo suficientemente importante como para saber que uno está hipotecando el peor accidente que es de grado 7, que es un pequeño Chernobil, es lo que puede llegar a ocurrir, y ni la Comisión Nacional de Energía Atómica ni nadie puede evitarlo.
Por lo cual, todos en Formosa deben saber que cuando tengan un CAREM van a tener que estar muy atentos, porque es como vender tecnológicamente el alma al diablo, porque tener unos 70 megavatios de electricidad, se hipoteca la seguridad por todo el tiempo que dure la vida del reactor, y no duran más de 30 años.
Conflictos internacionales
Haciendo extensiva esta problemática a niveles internacionales dejó abierto la posibilidad de conflictos internacionales: "Las propias organizaciones, y es muy posible que hasta del propio gobierno de Lugo hayan reacciones y protestas internacionales. Hay que tener en cuenta que hay acuerdos, y hay que revisar cuáles son los que rigen para ambos países.
Esto es más grave que Botnia, pero en este caso de un accidente de grado 7 se afectaría mucho más que el río Paraguay, pero me parece que es pedirle demasiado al gobernador que entienda estas cosas", finalizó diciendo.
Ley
La Ley General del Ambiente 25675 indica según Montenegro: "Es mandatoria para la provincia de Formosa. Donde se establece la Obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental, y las Audiencias Públicas, no las puede evitar, por otra parte, establece el principio de precaución".
Residuos radiactivos: "Además, en la propia Formosa van a quedar los residuos radiactivos, para que los formoseños vayan sabiendo, las barras de combustible agotado de una central que pretende instalar la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene un riesgo de radioactividad en unos 200 mil años, y son altamente radioactivos.
Y los mismos tienen que ser aislados en piletas, pero representa un riesgo para la sociedad. Por lo cual, fíjense, hasta qué punto es un riesgo de una decisión improvisada de gobierno ve más el bronce que el riesgo de los propios gobernadores.
Yo puedo asegurar que 60 megavatios de electricidad no pueden comprometer la seguridad de los formoseños", siguió agregando.
Medidas a tomar
Al ser consultado sobre qué medidas podrá tomar el formoseño para evitar la construcción de la central, o qué medidas tomarán desde su organización indicó: "Vamos a ir cotejando toda la información. Además la legislación de actividades nucleares, tiene que haber mínimamente una consulta.
Que más allá de ser vinculante o no, tiene que haber una audiencia pública donde se coloquen todas las piezas. Porque hay que saber también que, si de pronto una sociedad sabiendo los riesgos de la energía nuclear decide dar el visto bueno, no se puede ir en contra de lo que piensan".
Riachuelo: intiman a desalojar a 1.200 familias
Riachuelo: intiman a desalojar a 1.200 familias y hay polémica
Fecha de Publicación: 02/06/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El Gobierno porteño notificó a 1.200 familias que viven en villas a la vera del Riachuelo, que deben desalojar sus viviendas para poder construir un camino sobre la orilla, tal como ordenó la Corte Suprema, y estalló una polémica . Es que aún no avanzaron los cuatro complejos que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) debe construir para reubicar a esas familias. Por eso ayer el juez porteño Roberto Gallardo, enfrentado con la gestión macrista, dictó una medida cautelar frenando cualquier posibilidad de desalojo.
Desde abril, 1.200 familias recibieron cédulas firmadas por el subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Sergio Agostinelli, avisándoles que deberán desalojar sus viviendas a la vera del Riachuelo. “El juez que interviene en la causa del saneamiento de la Cuenca nos obligó a avisarles a todos los que están en la traza del camino de sirga (ver Un camino ...) que se deberán ir. Sólo intimamos con plazos a las empresas. A los habitantes de villas no, porque antes les tenemos que dar una solución habitacional. Y esos tiempos están relacionados con los fondos del Gobierno Nacional para el plan federal de viviendas”, explicó el ministro Daniel Chaín.
El IVC y la Nación tienen cuatro planes para construir viviendas para las familias afectadas. “El IVC todavía no construyó una sola de las viviendas –afirmó la legisladora porteña Laura García Tuñón, de Proyecto Sur–. La Corte ordenó hacer el camino de sirga y desalojar las villas, pero también que el Gobierno porteño tiene que disponer de fondos para construir viviendas para relocalizar a las familias”.
Ayer el juez Roberto Gallardo le dio lugar a un amparo presentado en nombre de los vecinos. “Dicté una medida cautelar de no innovar que impide fórmulas directas o indirectas de desalojo, porque no hay propuestas de reubicación de la gente –detalló–. Es evidente que se van a tener que ir del lugar , porque es insalubre, pero antes deben darles una solución habitacional”.
Por la tarde, Chaín, su par de Espacio Público, Diego Santilli, y el titular del IVC, Omar Abboud, informaron sobre los avances del plan de saneamiento de la cuenca ante la Comisión de Ecología de la Legislatura, donde la oposición los acusó de evitar dar precisiones . “El avance principal no depende de la Ciudad, que tiene 11 kilómetros de una de las márgenes del Riachuelo –dijo Chaín–. De hecho, el 60% del camino de sirga de esa margen ya está hecho”.
Fecha de Publicación: 02/06/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El Gobierno porteño notificó a 1.200 familias que viven en villas a la vera del Riachuelo, que deben desalojar sus viviendas para poder construir un camino sobre la orilla, tal como ordenó la Corte Suprema, y estalló una polémica . Es que aún no avanzaron los cuatro complejos que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) debe construir para reubicar a esas familias. Por eso ayer el juez porteño Roberto Gallardo, enfrentado con la gestión macrista, dictó una medida cautelar frenando cualquier posibilidad de desalojo.
Desde abril, 1.200 familias recibieron cédulas firmadas por el subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Sergio Agostinelli, avisándoles que deberán desalojar sus viviendas a la vera del Riachuelo. “El juez que interviene en la causa del saneamiento de la Cuenca nos obligó a avisarles a todos los que están en la traza del camino de sirga (ver Un camino ...) que se deberán ir. Sólo intimamos con plazos a las empresas. A los habitantes de villas no, porque antes les tenemos que dar una solución habitacional. Y esos tiempos están relacionados con los fondos del Gobierno Nacional para el plan federal de viviendas”, explicó el ministro Daniel Chaín.
El IVC y la Nación tienen cuatro planes para construir viviendas para las familias afectadas. “El IVC todavía no construyó una sola de las viviendas –afirmó la legisladora porteña Laura García Tuñón, de Proyecto Sur–. La Corte ordenó hacer el camino de sirga y desalojar las villas, pero también que el Gobierno porteño tiene que disponer de fondos para construir viviendas para relocalizar a las familias”.
Ayer el juez Roberto Gallardo le dio lugar a un amparo presentado en nombre de los vecinos. “Dicté una medida cautelar de no innovar que impide fórmulas directas o indirectas de desalojo, porque no hay propuestas de reubicación de la gente –detalló–. Es evidente que se van a tener que ir del lugar , porque es insalubre, pero antes deben darles una solución habitacional”.
Por la tarde, Chaín, su par de Espacio Público, Diego Santilli, y el titular del IVC, Omar Abboud, informaron sobre los avances del plan de saneamiento de la cuenca ante la Comisión de Ecología de la Legislatura, donde la oposición los acusó de evitar dar precisiones . “El avance principal no depende de la Ciudad, que tiene 11 kilómetros de una de las márgenes del Riachuelo –dijo Chaín–. De hecho, el 60% del camino de sirga de esa margen ya está hecho”.
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Comenzaron estudios para la quinta nuclear
Comenzaron estudios para construir una quinta central nuclear en el país
Fecha de Publicación: 01/06/2010
Fuente: abeceb.com
Provincia/Región: Formosa
Quieren construir una nueva unidad de generación, que utilizará uranio levemente enriquecido. En 2014 estará listo el primer reactor de fabricación nacional.
En el marco del plan de desarrollo del sector nuclear argentino que puso en marcha el ex presidente Néstor Kirchner, el Gobierno comenzó a realizar los debates y estudios preliminares para construir una quinta central nuclear en el país.
La iniciativa, que se encuentra en estado incipiente, ya cuenta con algunas definiciones. Por ejemplo, es casi seguro que utilizará uranio levemente enriquecido –no alcanza para ser empleado con fines bélicos–, una tecnología que no utilizan las plantas construidas hasta el momento, como Atucha I, Embalse y Atucha II, en vías de terminación.
El plan fue confirmado por varios funcionarios. La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Norma Boero, aseguró ayer en el marco de la celebración del 60´ aniversario de la actividad nuclear en el país que “avanzan los análisis para la definición de la quinta central nuclear argentina”. También aprovechó para recordar que en los ’90 el sector estuvo a punto de la extinción y fue despertado del letargo por el kirchnerismo, que llevó el presupuesto de la CNEA de $ 93 millones en 2007 a $ 750 millones este año.
La miraban desde el escenario armado en el predio que la CNEA tiene en Ezeiza la presidenta Cristina Fernández, que luego le dio un fuerte apoyo a la continuidad del plan nuclear, el ministro de Planificación, Julio de Vido, y los gobernadores Daniel Scioli (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Luis Beder Herrera (La Rioja).
En tanto, el secretario de Energía, Daniel Cameron, confirmó en diálogo con periodistas que la nueva central debería complementar la tecnología que tiene la Argentina en temas atómicos.
El país tiene varios pergaminos en la materia: exportó reactores de investigación a Australia y Egipto, abastece un tercio de los radioisótopos que utiliza Brasil en medicina nuclear y espera duplicar su producción para fin de año.
Además, tiene en marcha el desarrollo del reactor Carem, el primero de diseño y fabricación local dedicado a la producción de energía. Según Boero, al menos “20 países iniciaron contactos informales para comprarlo”, dado que se trata de una unidad pequeña adecuada para abastecer la demanda eléctrica en emprendimientos productivos y poblaciones alejadas de centros de consumo.
A pesar del desarrollo del sector, no cuenta con proyectos nucleares con uranio levemente enriquecido, una deuda pendiente que intentará saldar con la quinta central.
En tanto, la realización de la cuarta usina nuclear tuvo una contramarcha. El Gobierno había cerrado un acuerdo con Energía Atómica de Canadá (AECL) para llevar a cabo esa iniciativa. Sin embargo, la compañía está en proceso de venta, algo que podría derivar en que su control pase a manos privadas, algo que no está en línea con los gustos de Planificación.
En despachos públicos comenzaron a analizar los ítems que deberían cumplir proveedores de otros países para participar del proyecto. “Deberíamos tomar una definición con respecto a ese tema a más tardar a fin de año”, reconoció Cameron ante la consulta de El Cronista.
A Formosa
El primer reactor nuclear para producir energía eléctrica de fabricación nacional se instalará en Formosa. Será una versión ampliada del proyecto Carem, un prototipo cuyo desarrollo costó $ 1.300 millones, se levanta en los terrenos donde también están emplazadas Atucha I y II y debería estar terminado para 2014.
Fecha de Publicación: 01/06/2010
Fuente: abeceb.com
Provincia/Región: Formosa
Quieren construir una nueva unidad de generación, que utilizará uranio levemente enriquecido. En 2014 estará listo el primer reactor de fabricación nacional.
En el marco del plan de desarrollo del sector nuclear argentino que puso en marcha el ex presidente Néstor Kirchner, el Gobierno comenzó a realizar los debates y estudios preliminares para construir una quinta central nuclear en el país.
La iniciativa, que se encuentra en estado incipiente, ya cuenta con algunas definiciones. Por ejemplo, es casi seguro que utilizará uranio levemente enriquecido –no alcanza para ser empleado con fines bélicos–, una tecnología que no utilizan las plantas construidas hasta el momento, como Atucha I, Embalse y Atucha II, en vías de terminación.
El plan fue confirmado por varios funcionarios. La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Norma Boero, aseguró ayer en el marco de la celebración del 60´ aniversario de la actividad nuclear en el país que “avanzan los análisis para la definición de la quinta central nuclear argentina”. También aprovechó para recordar que en los ’90 el sector estuvo a punto de la extinción y fue despertado del letargo por el kirchnerismo, que llevó el presupuesto de la CNEA de $ 93 millones en 2007 a $ 750 millones este año.
La miraban desde el escenario armado en el predio que la CNEA tiene en Ezeiza la presidenta Cristina Fernández, que luego le dio un fuerte apoyo a la continuidad del plan nuclear, el ministro de Planificación, Julio de Vido, y los gobernadores Daniel Scioli (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Luis Beder Herrera (La Rioja).
En tanto, el secretario de Energía, Daniel Cameron, confirmó en diálogo con periodistas que la nueva central debería complementar la tecnología que tiene la Argentina en temas atómicos.
El país tiene varios pergaminos en la materia: exportó reactores de investigación a Australia y Egipto, abastece un tercio de los radioisótopos que utiliza Brasil en medicina nuclear y espera duplicar su producción para fin de año.
Además, tiene en marcha el desarrollo del reactor Carem, el primero de diseño y fabricación local dedicado a la producción de energía. Según Boero, al menos “20 países iniciaron contactos informales para comprarlo”, dado que se trata de una unidad pequeña adecuada para abastecer la demanda eléctrica en emprendimientos productivos y poblaciones alejadas de centros de consumo.
A pesar del desarrollo del sector, no cuenta con proyectos nucleares con uranio levemente enriquecido, una deuda pendiente que intentará saldar con la quinta central.
En tanto, la realización de la cuarta usina nuclear tuvo una contramarcha. El Gobierno había cerrado un acuerdo con Energía Atómica de Canadá (AECL) para llevar a cabo esa iniciativa. Sin embargo, la compañía está en proceso de venta, algo que podría derivar en que su control pase a manos privadas, algo que no está en línea con los gustos de Planificación.
En despachos públicos comenzaron a analizar los ítems que deberían cumplir proveedores de otros países para participar del proyecto. “Deberíamos tomar una definición con respecto a ese tema a más tardar a fin de año”, reconoció Cameron ante la consulta de El Cronista.
A Formosa
El primer reactor nuclear para producir energía eléctrica de fabricación nacional se instalará en Formosa. Será una versión ampliada del proyecto Carem, un prototipo cuyo desarrollo costó $ 1.300 millones, se levanta en los terrenos donde también están emplazadas Atucha I y II y debería estar terminado para 2014.
Glaciares: Se recalienta el debate
Se recalienta el debate por los glaciares en las dos cámaras
Fecha de Publicación: 31/05/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Los bloques opositores intentarán sancionar en Diputados -en la próxima sesión-- el proyecto de ley de Miguel Bonasso que prohíbe la actividad minera y petrolera en los glaciares y el ambiente periglaciar.
Con esta iniciativa, que es un calco de una ley vetada -en diciembre de 2008- por la presidenta Cristina Fernández, el arco anti K va por la revancha en un tema sensible que involucra a la actividad minera en provincias ubicadas en los Andes centrales. El asunto se complica porque también está a la consideración de la Cámara baja (es el dictamen de minoría) un proyecto de Daniel Filmus aprobado por unanimidad en el Senado, en octubre de 2009.
Resulta paradójico que el radicalismo, el PJ disidente, la Coalición Cívica y el socialismo hayan respaldado en la Cámara alta -por acción u omisión- el proyecto de Filmus y en el debate en comisión de Diputados se hayan alineado con el de Bonasso. La explicación es política, coinciden los diputados consultados.
De lo que se trata es de enfrentar un "veto total inadmisible", aseguró el ex kirchnerista Bonasso, quien en las últimas semanas vino conversando con los opositores para sumarlos a la causa en contra del veto y a favor de su proyecto, que en realidad es una réplica del de la ex diputada Marta Maffei.
El radical Oscar Aguad, el macrista Federico Pinedo, la cívica Elisa Carrió y PJ disidente Felipe Solá bendijeron a Bonasso.
Algunos diputados que pidieron reserva de su nombre reconocieron que la sanción del Senado "es más completa, protege mejor a los glaciares". Pero ninguno de estos bloques y mucho menos Bonasso están dispuestos a dar el brazo a torcer: quieren ir al recinto con el dictamen que dice lo mismo que fue vetado, para hacerle pagar el costo a Cristina.
De todos modos, la oposición está dispuesta a introducir mejoras en el texto de la norma para contemplar aspectos que tiene la sanción del Senado. Pero quieren que el debate arranque con los fundamentos del proyecto vetado.
Como es obvio, los K pretenden lo contrario; que el punto de partida sea la sanción que viene de la Cámara alta, para evitarle un dolor de cabeza a Cristina. Esta discusión de poder esconde otro debate más enojoso vinculado a las explotaciones mineras que ya están en marcha en los Andes Centrales, particularmente el de la empresa Barrick, que explota a cielo abierto una mina en San Juan.
Sobre este emprendimiento hubo críticas de ambientalistas debido a que para extraer el mineral es necesario utilizar mucha agua que puede sufrir contaminación.
Lo curioso es que en los fundamentos del proyecto Filmus se especifica la protección de los glaciares de los Andes Centrales (Mendoza San Juan, Catamarca y La Rioja) porque se trata de zonas áridas y el agua de los glaciares es fundamental para alimentar los ríos en verano y sobre todo si hay sequía.
Todo es revisable, dicen en la oposición, pero el punto de partida es el proyecto vetado, que si se aprueba en Diputados pasará al Senado y allí será otra historia.
Fecha de Publicación: 31/05/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Los bloques opositores intentarán sancionar en Diputados -en la próxima sesión-- el proyecto de ley de Miguel Bonasso que prohíbe la actividad minera y petrolera en los glaciares y el ambiente periglaciar.
Con esta iniciativa, que es un calco de una ley vetada -en diciembre de 2008- por la presidenta Cristina Fernández, el arco anti K va por la revancha en un tema sensible que involucra a la actividad minera en provincias ubicadas en los Andes centrales. El asunto se complica porque también está a la consideración de la Cámara baja (es el dictamen de minoría) un proyecto de Daniel Filmus aprobado por unanimidad en el Senado, en octubre de 2009.
Resulta paradójico que el radicalismo, el PJ disidente, la Coalición Cívica y el socialismo hayan respaldado en la Cámara alta -por acción u omisión- el proyecto de Filmus y en el debate en comisión de Diputados se hayan alineado con el de Bonasso. La explicación es política, coinciden los diputados consultados.
De lo que se trata es de enfrentar un "veto total inadmisible", aseguró el ex kirchnerista Bonasso, quien en las últimas semanas vino conversando con los opositores para sumarlos a la causa en contra del veto y a favor de su proyecto, que en realidad es una réplica del de la ex diputada Marta Maffei.
El radical Oscar Aguad, el macrista Federico Pinedo, la cívica Elisa Carrió y PJ disidente Felipe Solá bendijeron a Bonasso.
Algunos diputados que pidieron reserva de su nombre reconocieron que la sanción del Senado "es más completa, protege mejor a los glaciares". Pero ninguno de estos bloques y mucho menos Bonasso están dispuestos a dar el brazo a torcer: quieren ir al recinto con el dictamen que dice lo mismo que fue vetado, para hacerle pagar el costo a Cristina.
De todos modos, la oposición está dispuesta a introducir mejoras en el texto de la norma para contemplar aspectos que tiene la sanción del Senado. Pero quieren que el debate arranque con los fundamentos del proyecto vetado.
Como es obvio, los K pretenden lo contrario; que el punto de partida sea la sanción que viene de la Cámara alta, para evitarle un dolor de cabeza a Cristina. Esta discusión de poder esconde otro debate más enojoso vinculado a las explotaciones mineras que ya están en marcha en los Andes Centrales, particularmente el de la empresa Barrick, que explota a cielo abierto una mina en San Juan.
Sobre este emprendimiento hubo críticas de ambientalistas debido a que para extraer el mineral es necesario utilizar mucha agua que puede sufrir contaminación.
Lo curioso es que en los fundamentos del proyecto Filmus se especifica la protección de los glaciares de los Andes Centrales (Mendoza San Juan, Catamarca y La Rioja) porque se trata de zonas áridas y el agua de los glaciares es fundamental para alimentar los ríos en verano y sobre todo si hay sequía.
Todo es revisable, dicen en la oposición, pero el punto de partida es el proyecto vetado, que si se aprueba en Diputados pasará al Senado y allí será otra historia.
Santa Cruz: algunos no quieren el cianuro
Reiteran que prohiban el cianuro en tierra de Kirchner
Fecha de Publicación: 31/05/2010
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
Hallar volvió a pedir que se de tratamiento a su proyecto para prohibir el uso de cianuro en la provincia. El legislador remarcó que el Parlamento Europeo aprobó hace pocos días una resolución en la que pide la prohibición total del uso del cianuro en la minería europea antes de 2011 con el fin de proteger los recursos hídricos y la biodiversidad.
El texto, aprobado hace pocas semanas solicita además a los gobierno europeos la eliminación de cualquier apoyo directo o indirecto a proyectos mineros que supongan el uso de cianuro, y que apoyen la reconversión de las zonas donde está presente este tipo de minería concediendo apoyo financiero para impulsar industrias ecológicas, energías renovables y el turismo.
El Parlamento Europeo reclamo además enmendar la actual legislación sobre la gestión de residuos procedentes de las industrias de extracción para que las compañías estén obligadas a contratar seguros que cubran las compensaciones por posibles accidentes o problemas en el funcionamiento que generen contaminación.
“Es necesario dictar normas que nos permitan conservar el estatus ambiental de la provincia y de la Patagonia, priorizar el cuidado de los ríos y cursos de agua, prevenir su contaminación con sustancias peligrosas y garantizar la sustentabilidad para las generaciones futuras”, sostuvo el presidente del Bloque Radical, quien también remarcó enfáticamente que existen alternativas al uso del cianuro en la minería que podrían sustituir a las tecnologías a base de cianuro: “No estamos en contra de la actividad minera, sino que pretendemos un desarrollo sustentable, que permita explotar el recurso bajo métodos no contaminantes o cuyos efectos sean compatibles con el cuidado ambiental más riguroso.”
El legislador también indicó que el cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y que, está clasificado como uno de los principales contaminantes y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente y, por ende, en la diversidad biológica. Además sostuvo que en los últimos 25 años, se han registrado en todo el mundo más de 30 accidentes importantes relacionados con vertidos de cianuro y no existe ninguna garantía real de que no vuelva a producirse un accidente semejante.
“Europa avanza hacia la prohibición de cianuro debido no a un capricho, sino a la peligrosidad que tiene para la vida humana. Basta con ver lo que sucedió en Rumania en el año 2000, cuando se vertieron más de 100.000 metros cúbicos de agua contaminada con cianuro desde el embalse de una mina de oro en Baia Mare al sistema fluvial de los ríos Somes, Tisza y Danubio, lo que causó un desastre ecológico, ya que las sustancias tóxicas mataron a muchos organismos, deteriorando el ecosistema y la cadena alimentaria y perjudicando el aprovechamiento humano de los ríos por muchísimo tiempo.”
Según destacó el legislador los diputados de la euro zona fueron muy claros al marcar que en materia ambiental rige el principio de precaución establecido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de junio de 1992.
“Muchos países de la comunidad europea ya contaban con la prohibición de utilizar cianuro en la extracción de minerales, como la República Checa, Hungría, Alemania, pero ahora se trata de una norma general, que regirá para todos los países que integran esta zona. En Argentina muchas provincias como Chubut, Río Negro, Tucumán, La Rioja y Mendoza ya prohibieron la utilización de cianuro en los procesos mineros a cielo abierto para proteger el ambiente. Santa Cruz debe avanzar en ese sentido, priorizando el cuidado del ambiente y fomentando la utilización de los recursos de manera sustentable.”
Fecha de Publicación: 31/05/2010
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
Hallar volvió a pedir que se de tratamiento a su proyecto para prohibir el uso de cianuro en la provincia. El legislador remarcó que el Parlamento Europeo aprobó hace pocos días una resolución en la que pide la prohibición total del uso del cianuro en la minería europea antes de 2011 con el fin de proteger los recursos hídricos y la biodiversidad.
El texto, aprobado hace pocas semanas solicita además a los gobierno europeos la eliminación de cualquier apoyo directo o indirecto a proyectos mineros que supongan el uso de cianuro, y que apoyen la reconversión de las zonas donde está presente este tipo de minería concediendo apoyo financiero para impulsar industrias ecológicas, energías renovables y el turismo.
El Parlamento Europeo reclamo además enmendar la actual legislación sobre la gestión de residuos procedentes de las industrias de extracción para que las compañías estén obligadas a contratar seguros que cubran las compensaciones por posibles accidentes o problemas en el funcionamiento que generen contaminación.
“Es necesario dictar normas que nos permitan conservar el estatus ambiental de la provincia y de la Patagonia, priorizar el cuidado de los ríos y cursos de agua, prevenir su contaminación con sustancias peligrosas y garantizar la sustentabilidad para las generaciones futuras”, sostuvo el presidente del Bloque Radical, quien también remarcó enfáticamente que existen alternativas al uso del cianuro en la minería que podrían sustituir a las tecnologías a base de cianuro: “No estamos en contra de la actividad minera, sino que pretendemos un desarrollo sustentable, que permita explotar el recurso bajo métodos no contaminantes o cuyos efectos sean compatibles con el cuidado ambiental más riguroso.”
El legislador también indicó que el cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y que, está clasificado como uno de los principales contaminantes y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente y, por ende, en la diversidad biológica. Además sostuvo que en los últimos 25 años, se han registrado en todo el mundo más de 30 accidentes importantes relacionados con vertidos de cianuro y no existe ninguna garantía real de que no vuelva a producirse un accidente semejante.
“Europa avanza hacia la prohibición de cianuro debido no a un capricho, sino a la peligrosidad que tiene para la vida humana. Basta con ver lo que sucedió en Rumania en el año 2000, cuando se vertieron más de 100.000 metros cúbicos de agua contaminada con cianuro desde el embalse de una mina de oro en Baia Mare al sistema fluvial de los ríos Somes, Tisza y Danubio, lo que causó un desastre ecológico, ya que las sustancias tóxicas mataron a muchos organismos, deteriorando el ecosistema y la cadena alimentaria y perjudicando el aprovechamiento humano de los ríos por muchísimo tiempo.”
Según destacó el legislador los diputados de la euro zona fueron muy claros al marcar que en materia ambiental rige el principio de precaución establecido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de junio de 1992.
“Muchos países de la comunidad europea ya contaban con la prohibición de utilizar cianuro en la extracción de minerales, como la República Checa, Hungría, Alemania, pero ahora se trata de una norma general, que regirá para todos los países que integran esta zona. En Argentina muchas provincias como Chubut, Río Negro, Tucumán, La Rioja y Mendoza ya prohibieron la utilización de cianuro en los procesos mineros a cielo abierto para proteger el ambiente. Santa Cruz debe avanzar en ese sentido, priorizando el cuidado del ambiente y fomentando la utilización de los recursos de manera sustentable.”
Gualeguaychú bloquea la "ruta del Mercosur"
Ambientalistas bloquean la "ruta del Mercosur" en una nueva protesta contra una papelera
Fecha de Publicación: 30/05/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas de la ciudad argentina de Gualeguaychú bloquearon hoy el tránsito de la denominada "ruta del Mercosur" en un nuevo acto de protesta por la planta uruguaya de la papelera finlandesa UPM (ex Botnia).
Los integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, situada en la frontera con Uruguay, protagonizaron hoy con sus automóviles una caravana por la ruta nacional 14, una de las principales vías hacia Brasil, que bloquearon durante alrededor de una hora para realizar sobre la carretera su asamblea habitual de los domingos, informó a Efe Paola Robles, miembro de la organización.
Desde hace más de tres años los ecologistas mantienen bloqueado el puente internacional que une la ciudad argentina, situada 260 kilómetros al noreste de Buenos Aires, con la localidad uruguaya de Fray Bentos, donde se emplaza la planta, cuya instalación provocó el peor conflicto en décadas entre ambos países por funcionar a la vera del Río Uruguay, de administración compartida.
La Corte de Justicia de La Haya determinó el pasado abril que aunque Uruguay violó el tratado bilateral sobre el río al autorizar de forma unilateral la instalación de la planta, no había pruebas suficientes para probar que contamina, por lo que no ordenó su desmantelamiento ni fijó compensaciones para Argentina.
Tras el fallo adverso, los ecologistas decidieron hace dos semanas en una asamblea ampliada ratificar el bloqueo del paso fronterizo, que mantienen desde fines de 2006, e intensificar su lucha.
En la reunión celebrada hoy la Asamblea aprobó enviar una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, antes de que se reúna el miércoles en el país vecino con su par uruguayo, José Mujica, para que "se ponga a la cabeza" de sus reclamos, "defendiendo la soberanía argentina sobre la cuenca", indicó Robles.
A Mujica le reiteran "que Uruguay violó el tratado, que Botnia es ilegal, que no tiene que estar allí y que es una grave ofensa" para Argentina, afirmó la ambientalista.
Por otra parte, en la misiva le solicitan a Fernández que se aplique el código aduanero para que no haya intercambio comercial de empresas argentinas con Botnia, que se prohíba el tránsito de barcos y camiones para la planta, y que el Gobierno brinde una audiencia pública "para desarrollar y explicar lo que fue la presentación argentina en la Corte de La Haya", relató a Efe.
Si no se cumplen sus reclamos, anunció que volverán a impedir el tránsito en la "ruta del Mercosur" el próximo 13 de junio.
El corte del puente internacional, uno de los tres pasos fronterizos entre Argentina y Uruguay, cada vez despierta mayores críticas por los perjuicios económicos que supone para las dos ciudades afectadas.
La pasada semana la agrupación ecologista fue demandada penalmente por un grupo de vecinos de Gualeguaychú, integrantes de la organización "Ciudadanos Movilizados por el Levantamiento del Corte".
Un grupo creado en la red social Facebook que pide "pacíficamente" que se levante el bloqueo ya congrega a algo más de 54.000 miembros de ambos países, que convocaron para hoy "mateadas" -encuentros para consumir mate- simultáneas en Buenos Aires, Montevideo y Fray Bentos para expresar su rechazo a esta medida.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, y su par uruguayo, José Mujica, se reunieron en Buenos Aires días después del fallo del tribunal de Naciones Unidas, y aunque se comprometieron a marcar reglas para el control de la planta e instruir a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para vigilar el impacto ambiental de la papelera, no hicieron alusión al bloqueo.
Pese al compromiso de los mandatarios, el Gobierno uruguayo anunció la semana pasada que no aceptará la propuesta que había presentado Argentina el pasado 11 de mayo para mantener un control continuo de la planta.
Fecha de Publicación: 30/05/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas de la ciudad argentina de Gualeguaychú bloquearon hoy el tránsito de la denominada "ruta del Mercosur" en un nuevo acto de protesta por la planta uruguaya de la papelera finlandesa UPM (ex Botnia).
Los integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, situada en la frontera con Uruguay, protagonizaron hoy con sus automóviles una caravana por la ruta nacional 14, una de las principales vías hacia Brasil, que bloquearon durante alrededor de una hora para realizar sobre la carretera su asamblea habitual de los domingos, informó a Efe Paola Robles, miembro de la organización.
Desde hace más de tres años los ecologistas mantienen bloqueado el puente internacional que une la ciudad argentina, situada 260 kilómetros al noreste de Buenos Aires, con la localidad uruguaya de Fray Bentos, donde se emplaza la planta, cuya instalación provocó el peor conflicto en décadas entre ambos países por funcionar a la vera del Río Uruguay, de administración compartida.
La Corte de Justicia de La Haya determinó el pasado abril que aunque Uruguay violó el tratado bilateral sobre el río al autorizar de forma unilateral la instalación de la planta, no había pruebas suficientes para probar que contamina, por lo que no ordenó su desmantelamiento ni fijó compensaciones para Argentina.
Tras el fallo adverso, los ecologistas decidieron hace dos semanas en una asamblea ampliada ratificar el bloqueo del paso fronterizo, que mantienen desde fines de 2006, e intensificar su lucha.
En la reunión celebrada hoy la Asamblea aprobó enviar una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, antes de que se reúna el miércoles en el país vecino con su par uruguayo, José Mujica, para que "se ponga a la cabeza" de sus reclamos, "defendiendo la soberanía argentina sobre la cuenca", indicó Robles.
A Mujica le reiteran "que Uruguay violó el tratado, que Botnia es ilegal, que no tiene que estar allí y que es una grave ofensa" para Argentina, afirmó la ambientalista.
Por otra parte, en la misiva le solicitan a Fernández que se aplique el código aduanero para que no haya intercambio comercial de empresas argentinas con Botnia, que se prohíba el tránsito de barcos y camiones para la planta, y que el Gobierno brinde una audiencia pública "para desarrollar y explicar lo que fue la presentación argentina en la Corte de La Haya", relató a Efe.
Si no se cumplen sus reclamos, anunció que volverán a impedir el tránsito en la "ruta del Mercosur" el próximo 13 de junio.
El corte del puente internacional, uno de los tres pasos fronterizos entre Argentina y Uruguay, cada vez despierta mayores críticas por los perjuicios económicos que supone para las dos ciudades afectadas.
La pasada semana la agrupación ecologista fue demandada penalmente por un grupo de vecinos de Gualeguaychú, integrantes de la organización "Ciudadanos Movilizados por el Levantamiento del Corte".
Un grupo creado en la red social Facebook que pide "pacíficamente" que se levante el bloqueo ya congrega a algo más de 54.000 miembros de ambos países, que convocaron para hoy "mateadas" -encuentros para consumir mate- simultáneas en Buenos Aires, Montevideo y Fray Bentos para expresar su rechazo a esta medida.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, y su par uruguayo, José Mujica, se reunieron en Buenos Aires días después del fallo del tribunal de Naciones Unidas, y aunque se comprometieron a marcar reglas para el control de la planta e instruir a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para vigilar el impacto ambiental de la papelera, no hicieron alusión al bloqueo.
Pese al compromiso de los mandatarios, el Gobierno uruguayo anunció la semana pasada que no aceptará la propuesta que había presentado Argentina el pasado 11 de mayo para mantener un control continuo de la planta.
Biocombustibles, negocio en el norte
Nueva alconafta: Asoma en el norte argentino un negocio de $712 millones
Fecha de Publicación: 30/05/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Desde este año, por una ley reglamentada en 2007, las naftas y el gasoil se despachan en el país con mezclas de biodiésel (aceite de soja) y bioetanol (alcohol de caña). El programa arrancó con un corte obligatorio inicial del 5%, pero la actual producción de etanol no alcanza a cubrir aún ese porcentaje por cada litro de nafta que sale de los surtidores. Muy distinto es el caso del agrocombustible de base oleaginosa, cuya disponibilidad supera largamente la demanda del mercado petrolero, tras la fiebre sojera.
El Tabacal tiene una cuota de producción de 50 millones de litros y San Isidro aportará otros 6 millones.La cuota de Tabacal Salta ocupa expectantes posiciones en ambas franjas del programa nacional de biocombustibles y en el caso del bioetanol, con sólo un proyecto en producción, en el ingenio Tabacal, participa con más de un 25% en el nuevo mercado.
Para alcanzar a cubrir el corte del 5%,deberían suministrarse hoy para su mezcla con naftas unos 22 millones de litros de alcohol de caña. A esta altura de la zafra, no obstante, los ingenios azucareros del NOA registrados como productores de bioetanol ante la Secretaría de Energía de la Nación sólo suman alrededor de 10 millones de litros mensuales.
Desde comienzos de año, la destilería que habilitó el ingenio oranense en diciembre de 2009 -Alconoa- está entregando regularmente bioetanol a compañías petroleras locales. De acuerdo con las proyecciones actuales, esa planta entregará hacia finales de este año aproximadamente 3,5 millones de litros mensuales, que se elevarán a 4,2 millones desde la zafra de de 2011.
Se suma San Isidro
A este polo de producción del orden de los 50 millones de litros anuales, se sumará desde mediados de este año el del ingenio San Isidro, en Campo Santo, con otros 6 millones de litros al año.De la mano de las destilerías de Orán y Güemes, la participación salteña en el mercado argentino del bioetanol se ubicará cerca de los 4,8 millones de litros mensuales.
Un volumen muy cercano a los 5,1 millones de litros que aportará Jujuy con sus ingenios de Ledesma y Río Grande. En este contexto, los ingenios tucumanos que también instalaron y acondicionan destilerías esperan completar el esquema de producción de bioetanol con una cuota 12,3 millones de litros, hacia fines de 2010 y comienzos de 2011.Una vez alcanzados estos niveles de suministro al sector petrolero, las naftas que despachen los surtidores argentinos contarán con los volúmenes necesarios de etanol que demanda el corte obligatorio del 5% previsto por la ley 26.093. Por el momento el porcentaje en las mezclas apenas promedia el 2%.
Más allá de los vaivenes iniciales del programa de biocombustibles y de los interrogantes que aún siguen abiertos acerca de las implicancias sociales, ambientales y económicas ligadas a los nuevos componentes renovables en las naftas y el gasoil, los agrocombustibles asoman con un fuerte protagonismo en Tucumán, Jujuy y Salta.
La vuelta gradual a la alconafta concuerda con un momento en que crece el techo del potencial agrícola, cae el piso de las reservas de gas y petróleo por falta de inversiones en las cuencas hodricarburíferas y el país depende de importaciones de combustibles cada vez más onerosas y abultadas para cubrir sus insatisfechas demandas domésticas.
Fecha de Publicación: 30/05/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Desde este año, por una ley reglamentada en 2007, las naftas y el gasoil se despachan en el país con mezclas de biodiésel (aceite de soja) y bioetanol (alcohol de caña). El programa arrancó con un corte obligatorio inicial del 5%, pero la actual producción de etanol no alcanza a cubrir aún ese porcentaje por cada litro de nafta que sale de los surtidores. Muy distinto es el caso del agrocombustible de base oleaginosa, cuya disponibilidad supera largamente la demanda del mercado petrolero, tras la fiebre sojera.
El Tabacal tiene una cuota de producción de 50 millones de litros y San Isidro aportará otros 6 millones.La cuota de Tabacal Salta ocupa expectantes posiciones en ambas franjas del programa nacional de biocombustibles y en el caso del bioetanol, con sólo un proyecto en producción, en el ingenio Tabacal, participa con más de un 25% en el nuevo mercado.
Para alcanzar a cubrir el corte del 5%,deberían suministrarse hoy para su mezcla con naftas unos 22 millones de litros de alcohol de caña. A esta altura de la zafra, no obstante, los ingenios azucareros del NOA registrados como productores de bioetanol ante la Secretaría de Energía de la Nación sólo suman alrededor de 10 millones de litros mensuales.
Desde comienzos de año, la destilería que habilitó el ingenio oranense en diciembre de 2009 -Alconoa- está entregando regularmente bioetanol a compañías petroleras locales. De acuerdo con las proyecciones actuales, esa planta entregará hacia finales de este año aproximadamente 3,5 millones de litros mensuales, que se elevarán a 4,2 millones desde la zafra de de 2011.
Se suma San Isidro
A este polo de producción del orden de los 50 millones de litros anuales, se sumará desde mediados de este año el del ingenio San Isidro, en Campo Santo, con otros 6 millones de litros al año.De la mano de las destilerías de Orán y Güemes, la participación salteña en el mercado argentino del bioetanol se ubicará cerca de los 4,8 millones de litros mensuales.
Un volumen muy cercano a los 5,1 millones de litros que aportará Jujuy con sus ingenios de Ledesma y Río Grande. En este contexto, los ingenios tucumanos que también instalaron y acondicionan destilerías esperan completar el esquema de producción de bioetanol con una cuota 12,3 millones de litros, hacia fines de 2010 y comienzos de 2011.Una vez alcanzados estos niveles de suministro al sector petrolero, las naftas que despachen los surtidores argentinos contarán con los volúmenes necesarios de etanol que demanda el corte obligatorio del 5% previsto por la ley 26.093. Por el momento el porcentaje en las mezclas apenas promedia el 2%.
Más allá de los vaivenes iniciales del programa de biocombustibles y de los interrogantes que aún siguen abiertos acerca de las implicancias sociales, ambientales y económicas ligadas a los nuevos componentes renovables en las naftas y el gasoil, los agrocombustibles asoman con un fuerte protagonismo en Tucumán, Jujuy y Salta.
La vuelta gradual a la alconafta concuerda con un momento en que crece el techo del potencial agrícola, cae el piso de las reservas de gas y petróleo por falta de inversiones en las cuencas hodricarburíferas y el país depende de importaciones de combustibles cada vez más onerosas y abultadas para cubrir sus insatisfechas demandas domésticas.
Gioja, furioso con Mendoza
Gioja, furioso: “Estoy cansado de las declaraciones desde Mendoza”
Fecha de Publicación: 29/05/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: San Juan - Mendoza
En medio de los cruces por la promoción industrial, el gobernador de San Juan cargó duro contra Jaque. Dice que está “cansado” de sus constantes reclamos y que Mendoza no avanza con la minería “porque no tiene las bolas bien puestas”.
En medio de la fuerte polémica desatada a partir de la exclusión de Mendoza de los beneficios de la promoción industrial, el gobernador de San Juan echó más leña al fuego al expresar que está “cansado” de los reclamos de nuestra provincia.
“Estoy cansado de las declaraciones en nuestra contra desde Mendoza. Lo voy a hablar personalmente con Jaque. Lo llame y no lo encontré. Si cantamos en Ischigualasto, si se hace la cumbre del Mercosur, si la promoción industrial, si la minería. Todo es un problema”, declaró Gioja en Misión Imposible, por Radio Colón, según consigna en su edición digital el Diario de Cuyo.
Además cuestionó sin tapujos la política minera de Jaque: “Mendoza tiene más posibilidades geológicas que nosotros para desarrollar la industria minera, pero no tienen las bolas bien puestas para hacerlo”, apuntó.
Fecha de Publicación: 29/05/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: San Juan - Mendoza
En medio de los cruces por la promoción industrial, el gobernador de San Juan cargó duro contra Jaque. Dice que está “cansado” de sus constantes reclamos y que Mendoza no avanza con la minería “porque no tiene las bolas bien puestas”.
En medio de la fuerte polémica desatada a partir de la exclusión de Mendoza de los beneficios de la promoción industrial, el gobernador de San Juan echó más leña al fuego al expresar que está “cansado” de los reclamos de nuestra provincia.
“Estoy cansado de las declaraciones en nuestra contra desde Mendoza. Lo voy a hablar personalmente con Jaque. Lo llame y no lo encontré. Si cantamos en Ischigualasto, si se hace la cumbre del Mercosur, si la promoción industrial, si la minería. Todo es un problema”, declaró Gioja en Misión Imposible, por Radio Colón, según consigna en su edición digital el Diario de Cuyo.
Además cuestionó sin tapujos la política minera de Jaque: “Mendoza tiene más posibilidades geológicas que nosotros para desarrollar la industria minera, pero no tienen las bolas bien puestas para hacerlo”, apuntó.
Riachuelo: echaron a una funcionaria
Riachuelo: echaron a una funcionaria
Fecha de Publicación: 29/05/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Es la titular de la Agencia de Protección Ambiental; la reemplaza Javier Corcuera; rumores sobre el alejamiento de Bibiloni en la Nación
A 48 horas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimara a los Estados nacional, bonaerense y porteño a ampliar un informe oficial, al que calificaron de incompleto, el plan de saneamiento del Riachuelo se cobró un nuevo funcionario.
Ayer Graciela Gerola, presidenta de la Agencia de Protección Ambiental porteña (APA) tuvo que presentar su renuncia. Aunque en el gobierno indicaron que se trató "exclusivamente de diferencias personales entre ella y el ministro de Ambiente, Diego Santilli", LA NACION pudo saber que la flaca actuación de la funcionaria en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y el desprolijo manejo del conflicto con la provincia de Buenos Aires por las 10 toneladas de pilas acopiadas y sin destino que tiene la ciudad, fueron los detonantes.
La decisión del máximo tribunal también provocó rumores sobre la posibilidad de un cambio en la Secretaría de Ambiente de la Nación, aunque la versión no pudo ser confirmada. Hoy la Corte cuestiona tanto la actuación de la ciudad, como de la nación y de la provincia de buenos Aires en el manejo del saneamiento del Riachuelo. Cabe recordar que esa cuestión fue también decisiva cuando el gobierno nacional decidió el alejamiento de Romina Picolotti de ese organismo, antecesora de Bibiloni.
Sustituto
En reemplazo de Gerola asumirá Javier Corcuera, un especialista en temas ambientales y ex director de la Fundación Vida Silvestre Argentina. En la actualidad, es representante de la Fundación Avina en el país. Será la limpieza del río más contaminado de la Argentina uno de los temas a los que se abocará de inmediato, según dijeron sus allegados a LA NACION.
"Queremos dar impulso a la agenda verde: profundizar las acciones en el saneamiento del Riachuelo y Corcuera es un experto en la materia. También hay que resolver el tema de las pilas. Lo que quiero destacar es que se seguirá trabajando con los recursos de la Agencia cuya institucionalidad sigue intacta".
La Corte determinó que la presentación de la Acumar, en abril pasado, no da adecuada respuesta al informe requerido por el alto tribunal, pues no establece, respecto de todos los objetivos y resultados, "las pautas cuantitativas exigidas ni el grado en que ha sido alcanzado, mediante el concreto porcentaje correspondiente a cada uno de los contenidos".
Hace casi dos años el máximo tribunal determinó que los Estados nacional, bonaerense y porteño sanearan el Riachuelo y estableció plazos para cada una de las acciones que debían estar cumplidas. En su mayoría, están vencidos.
Según los cálculos oficiales, el saneamiento del Riachuelo insumirá $ 23.801 millones hasta 2024. Entre 2006 y 2009, se invirtieron $ 3114 millones. Sobre el presupuesto para este año no hay un detalle oficial.
Otro tema polémico que tiene la APA por resolver es el destino de las 10 t de pilas acopiadas en un depósito del gobierno porteño. La provincia de Buenos Aires se niega a recibir las baterías agotadas, que son residuos peligrosos, y la ciudad de Buenos Aires no tiene un lugar donde darles tratamiento.
A principios de este mes la presidenta de la Auditoría de la ciudad de Buenos Aires, Sandra Bergenfeld, se presentó ante la Unidad Fiscal Federal para Investigación de Delitos contra el Ambiente (Ufima) ya que se había adjudicado a una empresa radicada en la provincia el trataxmiento del material.
"La adjudicación para el transporte, tratamiento y disposición final de pilas y baterías agotadas en la provincia es a todas luces inconstitucional y nula por ilegítima. Le pedí al fiscal que investigue esta situación y determine si existió o no un delito ambiental", dijo Bergenfeld. El artículo 28 de la Constitución bonaerense prohíbe el ingreso de desechos tóxicos y radiactivos a ese territorio.
"La ciudad se convirtió en generadora de residuos peligrosos al acopiar 10 t de pilas sin programar adecuadamente su disposición final", agregó Bergenfeld.
La APA se creó en la ciudad de Buenos Aires después de la reforma de la ley de ministerios que impulsó el gobierno macrista. Es un ente autárquico que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Bajo su órbita está la protección del ambiente y por eso está a cargo de las inspecciones y de velar por el cumplimiento de las normas que rigen en la Capital.
También es la agencia la que forma parte de la Acumar. Lo hace en representación de la ciudad de Buenos Aires.
PROTAGONISTAS DE UN PROCESO CONFLICTIVO
GRACIELA GEROLA
Era titular de la Agencia Porteña
Tiene un perfil técnico. Es especialista en residuos; trabajó en la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
JAVIER CORCUERA
Reemplaza a Gerola
Biólogo. Antes de vincularse con las organizaciones del tercer sector trabajó en el Conicet y en el Museo Argentino de Ciencias Naturales.
HOMERO BIBILONI
Secretario de Ambiente de la Nación
Los rumores sobre su alejamiento del cargo vuelven a intensificarse. Ni por ese ni por otros temas su dependencia ofrece información.
ROMINA PICOLOTTI
Ex secretaria de Ambiente
Aunque el saneamiento del Riachuelo no fue el único motivo de su alejamiento, tuvo que renunciar sin haber concretado grandes avances.
QUE PIDE LA CORTE
Contaminación industrial
* Se inspeccionó el 20% de los 4103 establecimientos señalados por la Acumar. Hay casi 20.000. La Corte había exigido que se inspeccionaran en 30 días. En 2009 se relevaron diez por día. Sólo en marzo se diseñó un registro de industrias, que no se incluyó en el informe a la Corte.
Limpieza de márgenes
* Es lo que más ha avanzado hasta el momento. Hasta ahora no hay ningún proyecto integrado para las márgenes y los arroyos de la cuenca. Es necesario este trabajo y la urbanización de villas para poder construir los conductos cloacales, la obra más importante de saneamiento.
Calidad del agua y del aire
* La Acumar debía presentar informes cada tres meses. Los informes son incompletos y tardíos. El gobierno porteño debía instrumentar un sistema de medición. Fue la administración que más avanzó con el tema, a pesar de la poca cantidad de puntos de medición que tiene.
Saneamiento del Riachuelo
* Para la provisión de agua y cloacas, sumada a la construcción del colector cloacal se usarán US$ 840 millones obtenidos a través de un crédito del Banco Mundial. Construir los colectores, que desembocarán en el Río de la Plata, demandará al menos dos años.
Limpieza de basurales
* Hay 171 basurales en la cuenca. La Corte había fijado para febrero pasado el cierre de todos. No se cumplió. El 96,4% de la población de la cuenca está expuesta a riesgo ambiental, que se traduce en tasas de mortalidad general e infantil que superan la media del país.
Fecha de Publicación: 29/05/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Es la titular de la Agencia de Protección Ambiental; la reemplaza Javier Corcuera; rumores sobre el alejamiento de Bibiloni en la Nación
A 48 horas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimara a los Estados nacional, bonaerense y porteño a ampliar un informe oficial, al que calificaron de incompleto, el plan de saneamiento del Riachuelo se cobró un nuevo funcionario.
Ayer Graciela Gerola, presidenta de la Agencia de Protección Ambiental porteña (APA) tuvo que presentar su renuncia. Aunque en el gobierno indicaron que se trató "exclusivamente de diferencias personales entre ella y el ministro de Ambiente, Diego Santilli", LA NACION pudo saber que la flaca actuación de la funcionaria en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y el desprolijo manejo del conflicto con la provincia de Buenos Aires por las 10 toneladas de pilas acopiadas y sin destino que tiene la ciudad, fueron los detonantes.
La decisión del máximo tribunal también provocó rumores sobre la posibilidad de un cambio en la Secretaría de Ambiente de la Nación, aunque la versión no pudo ser confirmada. Hoy la Corte cuestiona tanto la actuación de la ciudad, como de la nación y de la provincia de buenos Aires en el manejo del saneamiento del Riachuelo. Cabe recordar que esa cuestión fue también decisiva cuando el gobierno nacional decidió el alejamiento de Romina Picolotti de ese organismo, antecesora de Bibiloni.
Sustituto
En reemplazo de Gerola asumirá Javier Corcuera, un especialista en temas ambientales y ex director de la Fundación Vida Silvestre Argentina. En la actualidad, es representante de la Fundación Avina en el país. Será la limpieza del río más contaminado de la Argentina uno de los temas a los que se abocará de inmediato, según dijeron sus allegados a LA NACION.
"Queremos dar impulso a la agenda verde: profundizar las acciones en el saneamiento del Riachuelo y Corcuera es un experto en la materia. También hay que resolver el tema de las pilas. Lo que quiero destacar es que se seguirá trabajando con los recursos de la Agencia cuya institucionalidad sigue intacta".
La Corte determinó que la presentación de la Acumar, en abril pasado, no da adecuada respuesta al informe requerido por el alto tribunal, pues no establece, respecto de todos los objetivos y resultados, "las pautas cuantitativas exigidas ni el grado en que ha sido alcanzado, mediante el concreto porcentaje correspondiente a cada uno de los contenidos".
Hace casi dos años el máximo tribunal determinó que los Estados nacional, bonaerense y porteño sanearan el Riachuelo y estableció plazos para cada una de las acciones que debían estar cumplidas. En su mayoría, están vencidos.
Según los cálculos oficiales, el saneamiento del Riachuelo insumirá $ 23.801 millones hasta 2024. Entre 2006 y 2009, se invirtieron $ 3114 millones. Sobre el presupuesto para este año no hay un detalle oficial.
Otro tema polémico que tiene la APA por resolver es el destino de las 10 t de pilas acopiadas en un depósito del gobierno porteño. La provincia de Buenos Aires se niega a recibir las baterías agotadas, que son residuos peligrosos, y la ciudad de Buenos Aires no tiene un lugar donde darles tratamiento.
A principios de este mes la presidenta de la Auditoría de la ciudad de Buenos Aires, Sandra Bergenfeld, se presentó ante la Unidad Fiscal Federal para Investigación de Delitos contra el Ambiente (Ufima) ya que se había adjudicado a una empresa radicada en la provincia el trataxmiento del material.
"La adjudicación para el transporte, tratamiento y disposición final de pilas y baterías agotadas en la provincia es a todas luces inconstitucional y nula por ilegítima. Le pedí al fiscal que investigue esta situación y determine si existió o no un delito ambiental", dijo Bergenfeld. El artículo 28 de la Constitución bonaerense prohíbe el ingreso de desechos tóxicos y radiactivos a ese territorio.
"La ciudad se convirtió en generadora de residuos peligrosos al acopiar 10 t de pilas sin programar adecuadamente su disposición final", agregó Bergenfeld.
La APA se creó en la ciudad de Buenos Aires después de la reforma de la ley de ministerios que impulsó el gobierno macrista. Es un ente autárquico que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Bajo su órbita está la protección del ambiente y por eso está a cargo de las inspecciones y de velar por el cumplimiento de las normas que rigen en la Capital.
También es la agencia la que forma parte de la Acumar. Lo hace en representación de la ciudad de Buenos Aires.
PROTAGONISTAS DE UN PROCESO CONFLICTIVO
GRACIELA GEROLA
Era titular de la Agencia Porteña
Tiene un perfil técnico. Es especialista en residuos; trabajó en la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
JAVIER CORCUERA
Reemplaza a Gerola
Biólogo. Antes de vincularse con las organizaciones del tercer sector trabajó en el Conicet y en el Museo Argentino de Ciencias Naturales.
HOMERO BIBILONI
Secretario de Ambiente de la Nación
Los rumores sobre su alejamiento del cargo vuelven a intensificarse. Ni por ese ni por otros temas su dependencia ofrece información.
ROMINA PICOLOTTI
Ex secretaria de Ambiente
Aunque el saneamiento del Riachuelo no fue el único motivo de su alejamiento, tuvo que renunciar sin haber concretado grandes avances.
QUE PIDE LA CORTE
Contaminación industrial
* Se inspeccionó el 20% de los 4103 establecimientos señalados por la Acumar. Hay casi 20.000. La Corte había exigido que se inspeccionaran en 30 días. En 2009 se relevaron diez por día. Sólo en marzo se diseñó un registro de industrias, que no se incluyó en el informe a la Corte.
Limpieza de márgenes
* Es lo que más ha avanzado hasta el momento. Hasta ahora no hay ningún proyecto integrado para las márgenes y los arroyos de la cuenca. Es necesario este trabajo y la urbanización de villas para poder construir los conductos cloacales, la obra más importante de saneamiento.
Calidad del agua y del aire
* La Acumar debía presentar informes cada tres meses. Los informes son incompletos y tardíos. El gobierno porteño debía instrumentar un sistema de medición. Fue la administración que más avanzó con el tema, a pesar de la poca cantidad de puntos de medición que tiene.
Saneamiento del Riachuelo
* Para la provisión de agua y cloacas, sumada a la construcción del colector cloacal se usarán US$ 840 millones obtenidos a través de un crédito del Banco Mundial. Construir los colectores, que desembocarán en el Río de la Plata, demandará al menos dos años.
Limpieza de basurales
* Hay 171 basurales en la cuenca. La Corte había fijado para febrero pasado el cierre de todos. No se cumplió. El 96,4% de la población de la cuenca está expuesta a riesgo ambiental, que se traduce en tasas de mortalidad general e infantil que superan la media del país.
Alumbrera no permitió extraer muestras
Minera Alumbrera no permitió a un fiscal extraer muestras de su planta de Ranchillos
Fecha de Publicación: 28/05/2010
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca
Debido a que la empresa no se dio por notificada, no permitió que el fiscal federal Emilio Ferrer, acompañado por Gendarmería, realice una extracción de muestras minerales en la planta de secado de Ranchillos. Malestar de asambleístas y funcionarios judiciales. Se investiga una millonaria evasión impositiva por parte de la minera.
Minera Alumbrera impidió que el jueves pasado se realice una extracción de muestras en el marco de una causa en la que se investiga un supuesto caso de evasión fiscal. El frustrado operativo iba a realizarse en la planta de filtrado de Ranchillos, lugar donde desemboca el mineraloducto proveniente de la explotación a cielo abierto ubicada en el departamento de Belén, Catamarca.
Según explicó a primerafuente el fiscal federal que investiga la causa, Emilio Ferrer, la minera no permitió que se realice el procedimiento debido a que, supuestamente, la notificación judicial a Minera Alumbrera fue enviada al domicilio anterior de la firma. Por ende, la cédula nunca habría llegado a destino.
“Ante esto quisimos evitar planteos de nulidad por parte de la empresa”, explicó Ferrer, quien investiga la causa en manos del juez federal Nº 1, Daniel Bejas.
Sin embargo, fuentes de la Justicia Federal advirtieron que el procedimiento podría haberse realizado de todas formas debido a que, en rigor, la notificación a la minera no debe realizarse para la extracción de la muestra sino recién para su posterior peritaje.
Por su parte, el fiscal general federal, Gustavo Gómez, calificó como “tremendamente grave, que un fiscal, con orden judicial y respaldado por Gendarmería, haya retrocedido ante la actitud de la empresa de negar el cumplimiento del procedimiento judicial”.
“Se llega al punto de desobedecer una orden escrita de un juez federal. ¿Qué sucedería si alguno de nosotros se resiste a una orden judicial? Sin embargo, cuando los ciudadanos salen a protestar o a realizar bloqueos contra las mineras inmediatamente aparecen fiscales, jueces, policías, fuerzas especiales y gendarmería para reprimir y criminalizar las protestas y judicializar a los vecinos”, se quejaron integrantes de la Asamblea Socioambiental del NOA.
El origen de la causa contra la minera
Minera Alumbrera está siendo investigada, entre otras cosas, por obtener, aparentemente, ganancias encubiertas que no distribuye con sus socios de Yacimientos Minero Aguas de Dionisio (YMAD), a partir de que no produciría sólo lo que públicamente ha declarado (oro, cobre y molibdeno) sino que además exportaría cromo, titanio, cobalto, cesio y uranio, entre otros, los que en sí mismos tienen un valor agregado mucho mayor.
La presentación judicial, realizada por Guillermo Amilcar Vergara, permitiría sacar a la luz que la minera estaría ganando de modo encubierto un promedio de noventa dólares por tonelada, habiendo descontado de dicho monto todo lo que significa el costo de producción desde la extracción hasta el fraccionado y la venta.
Al analizar propia documentación de la explotadora minera, Gómez indicó que se estarían extrayendo en forma anual un promedio de 91.250.000 toneladas. Es decir, que la empresa no declara 8.266.337.500 dólares por año. Asimismo, señaló que Minera La Alumbrera habría evadido el impuesto a las ganancias por un total de 17.360.148.750 dólares.
Fecha de Publicación: 28/05/2010
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca
Debido a que la empresa no se dio por notificada, no permitió que el fiscal federal Emilio Ferrer, acompañado por Gendarmería, realice una extracción de muestras minerales en la planta de secado de Ranchillos. Malestar de asambleístas y funcionarios judiciales. Se investiga una millonaria evasión impositiva por parte de la minera.
Minera Alumbrera impidió que el jueves pasado se realice una extracción de muestras en el marco de una causa en la que se investiga un supuesto caso de evasión fiscal. El frustrado operativo iba a realizarse en la planta de filtrado de Ranchillos, lugar donde desemboca el mineraloducto proveniente de la explotación a cielo abierto ubicada en el departamento de Belén, Catamarca.
Según explicó a primerafuente el fiscal federal que investiga la causa, Emilio Ferrer, la minera no permitió que se realice el procedimiento debido a que, supuestamente, la notificación judicial a Minera Alumbrera fue enviada al domicilio anterior de la firma. Por ende, la cédula nunca habría llegado a destino.
“Ante esto quisimos evitar planteos de nulidad por parte de la empresa”, explicó Ferrer, quien investiga la causa en manos del juez federal Nº 1, Daniel Bejas.
Sin embargo, fuentes de la Justicia Federal advirtieron que el procedimiento podría haberse realizado de todas formas debido a que, en rigor, la notificación a la minera no debe realizarse para la extracción de la muestra sino recién para su posterior peritaje.
Por su parte, el fiscal general federal, Gustavo Gómez, calificó como “tremendamente grave, que un fiscal, con orden judicial y respaldado por Gendarmería, haya retrocedido ante la actitud de la empresa de negar el cumplimiento del procedimiento judicial”.
“Se llega al punto de desobedecer una orden escrita de un juez federal. ¿Qué sucedería si alguno de nosotros se resiste a una orden judicial? Sin embargo, cuando los ciudadanos salen a protestar o a realizar bloqueos contra las mineras inmediatamente aparecen fiscales, jueces, policías, fuerzas especiales y gendarmería para reprimir y criminalizar las protestas y judicializar a los vecinos”, se quejaron integrantes de la Asamblea Socioambiental del NOA.
El origen de la causa contra la minera
Minera Alumbrera está siendo investigada, entre otras cosas, por obtener, aparentemente, ganancias encubiertas que no distribuye con sus socios de Yacimientos Minero Aguas de Dionisio (YMAD), a partir de que no produciría sólo lo que públicamente ha declarado (oro, cobre y molibdeno) sino que además exportaría cromo, titanio, cobalto, cesio y uranio, entre otros, los que en sí mismos tienen un valor agregado mucho mayor.
La presentación judicial, realizada por Guillermo Amilcar Vergara, permitiría sacar a la luz que la minera estaría ganando de modo encubierto un promedio de noventa dólares por tonelada, habiendo descontado de dicho monto todo lo que significa el costo de producción desde la extracción hasta el fraccionado y la venta.
Al analizar propia documentación de la explotadora minera, Gómez indicó que se estarían extrayendo en forma anual un promedio de 91.250.000 toneladas. Es decir, que la empresa no declara 8.266.337.500 dólares por año. Asimismo, señaló que Minera La Alumbrera habría evadido el impuesto a las ganancias por un total de 17.360.148.750 dólares.
Intentan que se levante el corte de ruta
El Gobierno intentará que se levante el corte de ruta
Fecha de Publicación: 28/05/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Entre Ríos
No se fijaron plazos para convencer a los asambleístas. Aníbal Fernández dijo que la salida de la crisis no será inmediata. El fallo de La Haya obliga a superar el conflicto.El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reiteró la "vocación" de la Casa Rosada por convencer a los asambleístas de Gualeguaychú para que desactiven el bloqueo del puente internacional, pero advirtió que la resolución no será en el corto plazo.
"No hay que mirarlo como una cosa de inmediatez", advirtió Fernández, aunque subrayó que el gobierno argentino "tiene tanta vocación de resolverlo, como el presidente José Mujica" al bloqueo de rechazo a la instalación de la pastera UPM (ex Botnia), en Fray Bentos.
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y Mujica se reunirán el miércoles de la semana próxima en la Residencia de Anchorena, a pocos kilómetros de la ciudad uruguaya de Colonia.
"Cuando el presidente Mujica vino a la Argentina, la primera vez, no estaba el fallo de la Corte Internacional de La Haya, con lo cual prácticamente no se habló del tema. Y la segunda, ya con el fallo de La Haya, se habló de todo", sostuvo.
Respecto del conflicto derivado del corte de ruta de los asambleístas, el jefe de Gabinete sostuvo que "nosotros tenemos tanta vocación de resolverlo, como lo tiene el presidente Mujica". "Lo importante que se rescató es que a partir de ese punto (por el fallo de La Haya) comenzaba un proceso distinto del que había sucedido hasta ese momento entre argentinos y uruguayos, y que era apostar por una excelente relación como la tuvimos toda la vida", remarcó.
Los errores
Para Aníbal Fernández, "si esto se hubiera resuelto en tiempo y forma, no hubiéramos llegado al momento en que nos encontramos". "En ese marco, todos los temas, sin exclusión, van a ser analizados y trabajados con Uruguay de la mejor manera, para cumplirlos y resolverlos en el momento oportuno y conveniente. Y eso es lo que está sucediendo, no hay que mirarlo como una cosa de inmediatez", aseveró.
El jefe de Gabinete recordó que el propio Mujica manifestó en su momento: "ni la Presidenta (Fernández de Kirchner) ni yo somos magos", por lo que Aníbal Fernández consideró que "con eso dejó (el mandatario uruguayo) más que gráfica una definición política respecto a la vocación política de resolver los temas" que prolongan el conflicto bilateral.
Fecha de Publicación: 28/05/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Entre Ríos
No se fijaron plazos para convencer a los asambleístas. Aníbal Fernández dijo que la salida de la crisis no será inmediata. El fallo de La Haya obliga a superar el conflicto.El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reiteró la "vocación" de la Casa Rosada por convencer a los asambleístas de Gualeguaychú para que desactiven el bloqueo del puente internacional, pero advirtió que la resolución no será en el corto plazo.
"No hay que mirarlo como una cosa de inmediatez", advirtió Fernández, aunque subrayó que el gobierno argentino "tiene tanta vocación de resolverlo, como el presidente José Mujica" al bloqueo de rechazo a la instalación de la pastera UPM (ex Botnia), en Fray Bentos.
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y Mujica se reunirán el miércoles de la semana próxima en la Residencia de Anchorena, a pocos kilómetros de la ciudad uruguaya de Colonia.
"Cuando el presidente Mujica vino a la Argentina, la primera vez, no estaba el fallo de la Corte Internacional de La Haya, con lo cual prácticamente no se habló del tema. Y la segunda, ya con el fallo de La Haya, se habló de todo", sostuvo.
Respecto del conflicto derivado del corte de ruta de los asambleístas, el jefe de Gabinete sostuvo que "nosotros tenemos tanta vocación de resolverlo, como lo tiene el presidente Mujica". "Lo importante que se rescató es que a partir de ese punto (por el fallo de La Haya) comenzaba un proceso distinto del que había sucedido hasta ese momento entre argentinos y uruguayos, y que era apostar por una excelente relación como la tuvimos toda la vida", remarcó.
Los errores
Para Aníbal Fernández, "si esto se hubiera resuelto en tiempo y forma, no hubiéramos llegado al momento en que nos encontramos". "En ese marco, todos los temas, sin exclusión, van a ser analizados y trabajados con Uruguay de la mejor manera, para cumplirlos y resolverlos en el momento oportuno y conveniente. Y eso es lo que está sucediendo, no hay que mirarlo como una cosa de inmediatez", aseveró.
El jefe de Gabinete recordó que el propio Mujica manifestó en su momento: "ni la Presidenta (Fernández de Kirchner) ni yo somos magos", por lo que Aníbal Fernández consideró que "con eso dejó (el mandatario uruguayo) más que gráfica una definición política respecto a la vocación política de resolver los temas" que prolongan el conflicto bilateral.
Abortos y malformaciones detrás de la soja
Abortos y malformaciones detrás del boom de la soja
Fecha de Publicación: 27/05/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Nacional
El herbicida más usado en el país afecta el desarrollo embrionario, afirmó un investigador en su visita a La Plata
Que el glifosato -el herbicida más utilizado en nuestro país y la clave del boom sojero- produciría trastornos en la salud de las poblaciones rurales más expuestas a él ha sido objeto de denuncias desde hace tiempo. Pero a falta de pruebas científicas, esas denuncias siempre habían quedado relativizadas hasta que el año pasado investigadores del Conicet comprobaron que el famoso agroquímico no es inocuo: puede producir al menos abortos espontáneos y serias malformaciones embrionarias. Desde aquel hallazgo, el responsable del estudio, el doctor Andrés Carrasco, no ha dejado de alertar sobre el riesgo sanitario que implica su utilización y el escaso interés del Estado por considerarlo.
Invitado el viernes último para dar una charla en la facultad de Agronomía de La Plata, Andrés Carrasco -profesor de embriología, investigador principal del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA- relató cómo, a partir de una iniciativa propia y una "investigación muy sencilla", su equipo comprobó algo que en el campo se sabe desde hace años: el glifosato puede causar serios efectos sobre la salud de las personas expuestas a él.
Para comprobarlo los investigadores utilizaron embriones de anfibios y aves -dos modelos cuyas reacciones son comparables a las del embrión humano- y los expusieron a concentraciones variables de glifosato, ya sea por inmersión o inyección. En ambos casos "el resultado fue igualmente alarmante: disminución del largo del embrión y alteraciones en la formación del cerebro y el corazón", aseguró el investigador.
Si bien estos efectos fueron advertidos en el Laboratorio de Embriología de la UBA al utilizar glifosato en las cantidades recomendadas por sus fabricantes, también aparecieron en embriones expuestos a dosis hasta 1.540 veces inferiores a las usadas en los campos de soja.
Con todo, "no deja de ser una exacerbación de lo que ocurre en la naturaleza; estas malformaciones aparecen cuando el embrión logra resistir la exposición al glifosato; pero lo normal es que no la resista y se produzca un aborto espontáneo", explica Carrasco, quien asegura que ese resultado es consistente con cientos de denuncias surgidas durante los últimos años en poblaciones rurales.
"Es un hecho indiscutible que el glifosato, al atravesar la barrera placentaria y aumentar en cuatro o cinco veces el ácido retinoico, produce malformaciones en el embrión. El mecanismo que nosotros pudimos comprobar afecta a una población restringida: mujeres en edad fértil que cursan embarazos en zona rurales. Pero el glifosato también está asociado a un aumento significativo de casos de leucemia en chicos menores de 15 años, entre otros trastornos que nuestro sistema sanitario no se ha ocupado de investigar epidemiológicamente en profundidad", sostuvo Carrasco.
"Entiendo los intereses de los pooles de siembra y las grandes compañías pero no entiendo la mora del Estado nacional por revisar la toxicidad de los agroquímicos. No hay renta que justifique esa mora ni que esté por encima de la salud de la gente: es un límite ético que uno no puede olvidarse", dijo.
Fecha de Publicación: 27/05/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Nacional
El herbicida más usado en el país afecta el desarrollo embrionario, afirmó un investigador en su visita a La Plata
Que el glifosato -el herbicida más utilizado en nuestro país y la clave del boom sojero- produciría trastornos en la salud de las poblaciones rurales más expuestas a él ha sido objeto de denuncias desde hace tiempo. Pero a falta de pruebas científicas, esas denuncias siempre habían quedado relativizadas hasta que el año pasado investigadores del Conicet comprobaron que el famoso agroquímico no es inocuo: puede producir al menos abortos espontáneos y serias malformaciones embrionarias. Desde aquel hallazgo, el responsable del estudio, el doctor Andrés Carrasco, no ha dejado de alertar sobre el riesgo sanitario que implica su utilización y el escaso interés del Estado por considerarlo.
Invitado el viernes último para dar una charla en la facultad de Agronomía de La Plata, Andrés Carrasco -profesor de embriología, investigador principal del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA- relató cómo, a partir de una iniciativa propia y una "investigación muy sencilla", su equipo comprobó algo que en el campo se sabe desde hace años: el glifosato puede causar serios efectos sobre la salud de las personas expuestas a él.
Para comprobarlo los investigadores utilizaron embriones de anfibios y aves -dos modelos cuyas reacciones son comparables a las del embrión humano- y los expusieron a concentraciones variables de glifosato, ya sea por inmersión o inyección. En ambos casos "el resultado fue igualmente alarmante: disminución del largo del embrión y alteraciones en la formación del cerebro y el corazón", aseguró el investigador.
Si bien estos efectos fueron advertidos en el Laboratorio de Embriología de la UBA al utilizar glifosato en las cantidades recomendadas por sus fabricantes, también aparecieron en embriones expuestos a dosis hasta 1.540 veces inferiores a las usadas en los campos de soja.
Con todo, "no deja de ser una exacerbación de lo que ocurre en la naturaleza; estas malformaciones aparecen cuando el embrión logra resistir la exposición al glifosato; pero lo normal es que no la resista y se produzca un aborto espontáneo", explica Carrasco, quien asegura que ese resultado es consistente con cientos de denuncias surgidas durante los últimos años en poblaciones rurales.
"Es un hecho indiscutible que el glifosato, al atravesar la barrera placentaria y aumentar en cuatro o cinco veces el ácido retinoico, produce malformaciones en el embrión. El mecanismo que nosotros pudimos comprobar afecta a una población restringida: mujeres en edad fértil que cursan embarazos en zona rurales. Pero el glifosato también está asociado a un aumento significativo de casos de leucemia en chicos menores de 15 años, entre otros trastornos que nuestro sistema sanitario no se ha ocupado de investigar epidemiológicamente en profundidad", sostuvo Carrasco.
"Entiendo los intereses de los pooles de siembra y las grandes compañías pero no entiendo la mora del Estado nacional por revisar la toxicidad de los agroquímicos. No hay renta que justifique esa mora ni que esté por encima de la salud de la gente: es un límite ético que uno no puede olvidarse", dijo.
Corrientes: Ley de Bosques controvertida
Ley de Bosques: Salió como quería el oficialismo, pero tendría destino judicial
Fecha de Publicación: 27/05/2010
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes
No se incluyeron cambios en la Cámara baja y el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos salió como pidió la Casa de Gobierno. El oficialismo lo toma como una herramienta para atraer inversiones productivas, aunque desde el PJ anunciaron que llevarán el asunto a la Justicia. “Mañana acudo al fiscal en turno a ofrecer pruebas para que se investigue; aquí hay cosas graves”, dijo en forma vehemente la legisladora peronista Mary Mansutti, que en su propuesta de cambios consiguió el acompañamiento de todo el bloque Correntinos por el Cambio y del liberal Bernardo Quetglas.
Con una fuerte controversia como trastienda, se aprobó anoche en la Cámara de Diputados la Ley de Bosques Nativos, que establece diferentes niveles de protección ambiental para numerosos entornos naturales de la provincia. El oficialismo con aliados impuso un infranqueable número de 18 votos para sacar la norma, que según la oposición incurre en vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad ante lo cual la diputada María Inés Fagetti anunció que llevará el caso a la Justicia.
El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se convirtió anoche en ley, al obtener la media sanción que le faltaba tras la sanción del Senado sin modificaciones al expediente que remitió el Poder Ejecutivo como una copia textual del decreto firmado el año pasado por el Gobierno de Arturo Colombi y que hace poco más de un mes fuera tachado de inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia. El oficialismo consiguió que a sus legisladores se sumen aliados que permitieron imponer una mayoría automática con 18 voluntades.
Diputados sancionó en general la ley y llevaba aprobados 14 artículos sin modificaciones del proyecto que remitió la administración de Ricardo Colombi.
Previamente a la votación, la presidenta de la Comisión de Ecología, María Inés Fagetti (PJ), anunció que llevará el asunto a los tribunales, en virtud de una serie de vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad que advirtió en el marco de una extensa justificación para oponerse a la aprobación sin cambios en la norma.
“Mañana acudo al fiscal en turno a ofrecer pruebas para que se investigue; aquí hay cosas graves”, dijo en forma vehemente la legisladora peronista, que en su propuesta de cambios consiguió el acompañamiento de todo el bloque Correntinos por el Cambio y del liberal Bernardo Quetglas.
Fagetti aseguró que en los informes científicos requeridos a los diversos organismos oficiales “hay falsificación” y además, que se recortaron “párrafos sustanciales” de los documentos remitidos a la Comisión. Y además, que no se cumple el principio precautorio que establecen las normas ambientales federales, superiores a la ley correntina.
Sugestivamente, el oficialismo no respondió ninguna de las acusaciones que vertió ayer la diputada del PJ y se remitió estrictamente a avanzar con la votación, luego de que el cuerpo se constituya en comisión, lo que significó que no había término de tiempo para las exposiciones de los diputados.
Así, en general y los primeros 14 artículos de la norma se sancionaron orillando las 23,30: contra la mayoría automática que consiguió la UCR habían pedido cambios Fagetti, Carlos Rubín, Angel Rodríguez e Irma Pacayut, mientras que por el liberalismo el único representante que justificó su posición fue Alejandro Sitjá y Balbastro.
En rigor, la ley establece que en rojo, es decir, en el grado de máxima protección, se incluyeron 76 mil hectáreas de la provincia que cuentan con vegetación, tierra y aguas intocables. Unos meses atrás, ese espacio lo ocupaban casi 100 mil hectáreas. De ese modo se agrandó el espacio pintado de verde, donde se podrán realizar desmontes y donde, por ejemplo, se podrían incluir represas arroceras sobre cursos de agua naturales, una controversia que promete continuar en el ámbito político tanto como judicial.
En ese sentido, hay posiciones tomadas a nivel social, como lo demostraron ayer en el recinto el titular de la Rural y militantes ecologistas.
Fecha de Publicación: 27/05/2010
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes
No se incluyeron cambios en la Cámara baja y el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos salió como pidió la Casa de Gobierno. El oficialismo lo toma como una herramienta para atraer inversiones productivas, aunque desde el PJ anunciaron que llevarán el asunto a la Justicia. “Mañana acudo al fiscal en turno a ofrecer pruebas para que se investigue; aquí hay cosas graves”, dijo en forma vehemente la legisladora peronista Mary Mansutti, que en su propuesta de cambios consiguió el acompañamiento de todo el bloque Correntinos por el Cambio y del liberal Bernardo Quetglas.
Con una fuerte controversia como trastienda, se aprobó anoche en la Cámara de Diputados la Ley de Bosques Nativos, que establece diferentes niveles de protección ambiental para numerosos entornos naturales de la provincia. El oficialismo con aliados impuso un infranqueable número de 18 votos para sacar la norma, que según la oposición incurre en vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad ante lo cual la diputada María Inés Fagetti anunció que llevará el caso a la Justicia.
El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se convirtió anoche en ley, al obtener la media sanción que le faltaba tras la sanción del Senado sin modificaciones al expediente que remitió el Poder Ejecutivo como una copia textual del decreto firmado el año pasado por el Gobierno de Arturo Colombi y que hace poco más de un mes fuera tachado de inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia. El oficialismo consiguió que a sus legisladores se sumen aliados que permitieron imponer una mayoría automática con 18 voluntades.
Diputados sancionó en general la ley y llevaba aprobados 14 artículos sin modificaciones del proyecto que remitió la administración de Ricardo Colombi.
Previamente a la votación, la presidenta de la Comisión de Ecología, María Inés Fagetti (PJ), anunció que llevará el asunto a los tribunales, en virtud de una serie de vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad que advirtió en el marco de una extensa justificación para oponerse a la aprobación sin cambios en la norma.
“Mañana acudo al fiscal en turno a ofrecer pruebas para que se investigue; aquí hay cosas graves”, dijo en forma vehemente la legisladora peronista, que en su propuesta de cambios consiguió el acompañamiento de todo el bloque Correntinos por el Cambio y del liberal Bernardo Quetglas.
Fagetti aseguró que en los informes científicos requeridos a los diversos organismos oficiales “hay falsificación” y además, que se recortaron “párrafos sustanciales” de los documentos remitidos a la Comisión. Y además, que no se cumple el principio precautorio que establecen las normas ambientales federales, superiores a la ley correntina.
Sugestivamente, el oficialismo no respondió ninguna de las acusaciones que vertió ayer la diputada del PJ y se remitió estrictamente a avanzar con la votación, luego de que el cuerpo se constituya en comisión, lo que significó que no había término de tiempo para las exposiciones de los diputados.
Así, en general y los primeros 14 artículos de la norma se sancionaron orillando las 23,30: contra la mayoría automática que consiguió la UCR habían pedido cambios Fagetti, Carlos Rubín, Angel Rodríguez e Irma Pacayut, mientras que por el liberalismo el único representante que justificó su posición fue Alejandro Sitjá y Balbastro.
En rigor, la ley establece que en rojo, es decir, en el grado de máxima protección, se incluyeron 76 mil hectáreas de la provincia que cuentan con vegetación, tierra y aguas intocables. Unos meses atrás, ese espacio lo ocupaban casi 100 mil hectáreas. De ese modo se agrandó el espacio pintado de verde, donde se podrán realizar desmontes y donde, por ejemplo, se podrían incluir represas arroceras sobre cursos de agua naturales, una controversia que promete continuar en el ámbito político tanto como judicial.
En ese sentido, hay posiciones tomadas a nivel social, como lo demostraron ayer en el recinto el titular de la Rural y militantes ecologistas.
Riachuelo: rechazó la Corte un informe oficial
Riachuelo: rechazó la Corte un informe oficial
Fecha de Publicación: 27/05/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Corte Suprema de Justicia volvió a intimar a los estados nacional, bonaerense y porteño y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) para que en tres días cumpla con lo requerido el 6 de abril pasado, cuando pidió que se presente un informe sobre el cumplimiento de las tareas de saneamiento porque consideró que la información no estaba completa.
"La presentación efectuada por la Acumar que contempla la ley 26.128 no da adecuada respuesta al informe requerido, pues no establece, respecto de todos los objetivos y resultados, las pautas cuantitativas exigidas ni el grado en que ha sido alcanzado, mediante el concreto porcentaje correspondiente a cada uno de los contenidos", advirtió el máximo tribunal.
En la resolución, firmada ayer, también se recordó que en el fallo anterior se intimaba a brindar un informe que debía establecer, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas, el grado en que ha sido alcanzado -al 31 de marzo pasado- cada uno de los objetivos y resultados que integraron el programa de ejecución obligatoria impuesto en el fallo por la limpieza del Riachuelo.
LA NACION intentó comunicarse con la Acumar pero no tuvo éxito. En tanto, en el Cuerpo Colegiado, conformado por el Defensor del Pueblo de la Nación y varias ONG que deben controlar el cumplimiento del plan, analizaban la nueva decisión de la Corte.
Punto de inflexión
La semana pasada, Gustavo Villa Uría, presidente del consejo ejecutivo de Acumar, describió el trabajo que se está haciendo desde el Estado: "Acumar está cumpliendo con los requerimientos del fallo de crear un organismo autárquico que pueda manejar su presupuesto. Se ha desligado de la Secretaría de Ambiente, es interjurisdiccional. No podemos decir que llegamos a un punto de inflexión, pero estamos llegando a indicadores que marcan algunas mejoras".
El funcionario reconoció, durante el seminario de Defensores y Medios, que hasta el momento sólo cuenta con el 50% del presupuesto asignado para el organismo (no precisó el monto), que de las 2000 industrias que se han inspeccionado en la cuenca (hay un universo calculado de entre 10.000 y 20.000) sólo fueron sancionadas dos por contaminar y sólo una presentó en tiempo y forma un plan de reconversión industrial.
Hace casi dos años la Corte ordenó el saneamiento del río más contaminado de la Argentina. Para concretar ese plan se creó, cuando Romina Picolotti era secretaria de Ambiente de la Nación, la Acumar como órgano autárquico. Sin embargo, sólo hace un mes pudo contratar su propio personal, entre ellos los inspectores, que no superan el número de 30.
El saneamiento del Riachuelo insumió $ 23.801 millones hasta 2024, mientras que entre 2006 y 2009 se invirtieron $ 3114 millones.
Una gran parte de esos aportes provendrán de un crédito otorgado por el Banco Mundial de 840 millones de dólares para un colector cloacal. Los trabajos están en etapa de licitación.
Fecha de Publicación: 27/05/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Corte Suprema de Justicia volvió a intimar a los estados nacional, bonaerense y porteño y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) para que en tres días cumpla con lo requerido el 6 de abril pasado, cuando pidió que se presente un informe sobre el cumplimiento de las tareas de saneamiento porque consideró que la información no estaba completa.
"La presentación efectuada por la Acumar que contempla la ley 26.128 no da adecuada respuesta al informe requerido, pues no establece, respecto de todos los objetivos y resultados, las pautas cuantitativas exigidas ni el grado en que ha sido alcanzado, mediante el concreto porcentaje correspondiente a cada uno de los contenidos", advirtió el máximo tribunal.
En la resolución, firmada ayer, también se recordó que en el fallo anterior se intimaba a brindar un informe que debía establecer, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas, el grado en que ha sido alcanzado -al 31 de marzo pasado- cada uno de los objetivos y resultados que integraron el programa de ejecución obligatoria impuesto en el fallo por la limpieza del Riachuelo.
LA NACION intentó comunicarse con la Acumar pero no tuvo éxito. En tanto, en el Cuerpo Colegiado, conformado por el Defensor del Pueblo de la Nación y varias ONG que deben controlar el cumplimiento del plan, analizaban la nueva decisión de la Corte.
Punto de inflexión
La semana pasada, Gustavo Villa Uría, presidente del consejo ejecutivo de Acumar, describió el trabajo que se está haciendo desde el Estado: "Acumar está cumpliendo con los requerimientos del fallo de crear un organismo autárquico que pueda manejar su presupuesto. Se ha desligado de la Secretaría de Ambiente, es interjurisdiccional. No podemos decir que llegamos a un punto de inflexión, pero estamos llegando a indicadores que marcan algunas mejoras".
El funcionario reconoció, durante el seminario de Defensores y Medios, que hasta el momento sólo cuenta con el 50% del presupuesto asignado para el organismo (no precisó el monto), que de las 2000 industrias que se han inspeccionado en la cuenca (hay un universo calculado de entre 10.000 y 20.000) sólo fueron sancionadas dos por contaminar y sólo una presentó en tiempo y forma un plan de reconversión industrial.
Hace casi dos años la Corte ordenó el saneamiento del río más contaminado de la Argentina. Para concretar ese plan se creó, cuando Romina Picolotti era secretaria de Ambiente de la Nación, la Acumar como órgano autárquico. Sin embargo, sólo hace un mes pudo contratar su propio personal, entre ellos los inspectores, que no superan el número de 30.
El saneamiento del Riachuelo insumió $ 23.801 millones hasta 2024, mientras que entre 2006 y 2009 se invirtieron $ 3114 millones.
Una gran parte de esos aportes provendrán de un crédito otorgado por el Banco Mundial de 840 millones de dólares para un colector cloacal. Los trabajos están en etapa de licitación.
Mendoza en riesgo por uso de plaguicidas
Guaymallén y Maipú, en riesgo por uso de plaguicidas
Fecha de Publicación: 26/05/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Ambos departamentos encabezan una lista nacional que incluye a 470 comunas, porque sus zonas cultivadas tienen un alto riesgo de contaminación por plaguicidas. La producción de hortalizas y frutales de pepita requieren de los pesticidas de mayor toxicidad.
Guaymallén y Maipú tienen un riesgo muy alto de contaminación por plaguicidas. De hecho, ocupan el primero y segundo puesto, respectivamente, en una lista que incluye 470 departamentos en todo el país.
El dato surge de una investigación que tuvo como objeto determinar los efectos de la degradación ambiental en la niñez y que realizaron en forma conjunta la Defensoría del Pueblo de la Nación y cuatro organizaciones del Sistema de Naciones Unidas.
La investigación dio como resultado un Atlas del Riesgo Ambiental de la Niñez de Argentina, en el que se establecen índices de contaminación -potencial, no efectiva- para cada uno de los departamentos o distritos del país. En este sentido, no es un mapa de zonas contaminadas, sino una herramienta de planificación de políticas públicas que apunten a la prevención y control.
Para hacer el estudio se analizaron cuatro procesos de degradación, generados por las actividades industrial, agrícola y minera, y por saneamiento básico insuficiente -es decir, la ausencia de sistemas de agua potable y cloacas-, y se calculó un índice para cada uno de ellos en función de algunas variables.
En el caso de los plaguicidas, se consideró la posibilidad de que los químicos que se utilizan en la producción agropecuaria contaminen los ríos, la napa freática, el aire, la tierra y los alimentos. Y este riesgo se definió a partir de la superficie sembrada de distintos cultivos en cada departamento, los agroquímicos empleados, el grado de toxicidad que poseen y la cantidad que se utiliza.
Guaymallén y Maipú figuran en los primeros sitios en el país ya que tienen una gran proporción del territorio sembrado con hortalizas (13 y 11%), que es un cultivo para el que se usan plaguicidas de elevada toxicidad. Además, también hay presencia de frutales de pepita, que si bien tienen un porcentaje muy bajo de ocupación de superficie, son los que poseen el mayor potencial tóxico.
Los cítricos, que se ubican en tercer lugar en cuanto a nivel de toxicidad, poseen un valor 90% menor que las hortalizas, mientras la soja ocupa el sexto puesto. Por otra parte, las hortalizas y frutales suelen producirse en zonas periurbanas, lo que hace que la población esté muy expuesta.
Cristina Maiztegui, jefa del Área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, subrayó que el índice de contaminación por plaguicidas se calculó en base al concepto de toxicidad aguda, no crónica (los efectos de la exposición a bajas dosis de contaminante durante largo tiempo).
También planteó que en la Argentina se siguen utilizando productos que han sido prohibidos en otras partes del mundo y que en general existe una cultura de sobre utilización del agroquímico.
El organismo que se encarga de controlar diversos aspectos relacionados con el uso de pesticidas es el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen). Oscar Astorga, quien está al frente del Programa Agroquímicos, consideró lógico que se considere al cinturón verde de Guaymallén y Maipú como una zona de riesgo, pero también detalló que el año pasado se tomaron en la provincia 250 muestras en distintos niveles de comercialización y sólo en 7 u 8% de los casos se encontró mal uso.
Tiempo de exposición
El ingeniero explicó que el estudio del producto final permite determinar, en función del residuo que se encuentra, si se utilizó otro pesticida diferente al que corresponde para cada cultivo, si se usó mayor cantidad de la recomendada y si se respetó el tiempo que debe transcurrir desde la última exposición hasta la cosecha.
También manifestó que permanentemente se realizan capacitaciones de buenas prácticas de uso y que hace seis años se desarrolla una propuesta de recolección de envases vacíos.
Violeta Becerra, del Área de Fitoterapéutica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), señaló también que si bien está establecido cómo debe usarse cada plaguicida, no siempre se respetan estas recomendaciones, y que los productos que contaminan menos el ambiente son más costosos.
Por otra parte, indicó que hay zonas donde se cultivan hortalizas que tienen la napa freática a muy poca profundidad, lo que incrementa el riesgo de degradación.
Precisamente, el atlas cruza datos de los cuatro tipos de contaminación y en Guaymallén y Maipú se superponen tres riesgos: el alto índice por la producción agrícola y, en menor medida, por la presencia de industrial y de saneamiento básico insuficiente. Aunque se puede considerar que en estos casos el riesgo ambiental se suma, también es probable que la combinación provoque que se potencie.
Fecha de Publicación: 26/05/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Ambos departamentos encabezan una lista nacional que incluye a 470 comunas, porque sus zonas cultivadas tienen un alto riesgo de contaminación por plaguicidas. La producción de hortalizas y frutales de pepita requieren de los pesticidas de mayor toxicidad.
Guaymallén y Maipú tienen un riesgo muy alto de contaminación por plaguicidas. De hecho, ocupan el primero y segundo puesto, respectivamente, en una lista que incluye 470 departamentos en todo el país.
El dato surge de una investigación que tuvo como objeto determinar los efectos de la degradación ambiental en la niñez y que realizaron en forma conjunta la Defensoría del Pueblo de la Nación y cuatro organizaciones del Sistema de Naciones Unidas.
La investigación dio como resultado un Atlas del Riesgo Ambiental de la Niñez de Argentina, en el que se establecen índices de contaminación -potencial, no efectiva- para cada uno de los departamentos o distritos del país. En este sentido, no es un mapa de zonas contaminadas, sino una herramienta de planificación de políticas públicas que apunten a la prevención y control.
Para hacer el estudio se analizaron cuatro procesos de degradación, generados por las actividades industrial, agrícola y minera, y por saneamiento básico insuficiente -es decir, la ausencia de sistemas de agua potable y cloacas-, y se calculó un índice para cada uno de ellos en función de algunas variables.
En el caso de los plaguicidas, se consideró la posibilidad de que los químicos que se utilizan en la producción agropecuaria contaminen los ríos, la napa freática, el aire, la tierra y los alimentos. Y este riesgo se definió a partir de la superficie sembrada de distintos cultivos en cada departamento, los agroquímicos empleados, el grado de toxicidad que poseen y la cantidad que se utiliza.
Guaymallén y Maipú figuran en los primeros sitios en el país ya que tienen una gran proporción del territorio sembrado con hortalizas (13 y 11%), que es un cultivo para el que se usan plaguicidas de elevada toxicidad. Además, también hay presencia de frutales de pepita, que si bien tienen un porcentaje muy bajo de ocupación de superficie, son los que poseen el mayor potencial tóxico.
Los cítricos, que se ubican en tercer lugar en cuanto a nivel de toxicidad, poseen un valor 90% menor que las hortalizas, mientras la soja ocupa el sexto puesto. Por otra parte, las hortalizas y frutales suelen producirse en zonas periurbanas, lo que hace que la población esté muy expuesta.
Cristina Maiztegui, jefa del Área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, subrayó que el índice de contaminación por plaguicidas se calculó en base al concepto de toxicidad aguda, no crónica (los efectos de la exposición a bajas dosis de contaminante durante largo tiempo).
También planteó que en la Argentina se siguen utilizando productos que han sido prohibidos en otras partes del mundo y que en general existe una cultura de sobre utilización del agroquímico.
El organismo que se encarga de controlar diversos aspectos relacionados con el uso de pesticidas es el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen). Oscar Astorga, quien está al frente del Programa Agroquímicos, consideró lógico que se considere al cinturón verde de Guaymallén y Maipú como una zona de riesgo, pero también detalló que el año pasado se tomaron en la provincia 250 muestras en distintos niveles de comercialización y sólo en 7 u 8% de los casos se encontró mal uso.
Tiempo de exposición
El ingeniero explicó que el estudio del producto final permite determinar, en función del residuo que se encuentra, si se utilizó otro pesticida diferente al que corresponde para cada cultivo, si se usó mayor cantidad de la recomendada y si se respetó el tiempo que debe transcurrir desde la última exposición hasta la cosecha.
También manifestó que permanentemente se realizan capacitaciones de buenas prácticas de uso y que hace seis años se desarrolla una propuesta de recolección de envases vacíos.
Violeta Becerra, del Área de Fitoterapéutica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), señaló también que si bien está establecido cómo debe usarse cada plaguicida, no siempre se respetan estas recomendaciones, y que los productos que contaminan menos el ambiente son más costosos.
Por otra parte, indicó que hay zonas donde se cultivan hortalizas que tienen la napa freática a muy poca profundidad, lo que incrementa el riesgo de degradación.
Precisamente, el atlas cruza datos de los cuatro tipos de contaminación y en Guaymallén y Maipú se superponen tres riesgos: el alto índice por la producción agrícola y, en menor medida, por la presencia de industrial y de saneamiento básico insuficiente. Aunque se puede considerar que en estos casos el riesgo ambiental se suma, también es probable que la combinación provoque que se potencie.
Buenos Aires: deberán tener seguros ambientales
El gobierno bonaerense obligará a empresas a contratar seguros para cubrir eventuales daños ambientales
Fecha de Publicación: 25/05/2010
Fuente: El Comercio On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno bonaerense dispuso que las empresas que puedan contaminar el ambiente deberán contratar un seguro "para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño" que pudieran causar, como condición ineludible para conseguir habilitaciones, permisos e inscripciones de parte de las autoridades respectivas.
La resolución fue emitida por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible que dirige José Manuel Molina y alcanza a empresas consideradas por la normativa vigente como de segunda y tercera categoría, según la complejidad ambiental, y a "personas físicas o jurídicas responsables de la generación, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos especiales".
Según la ley ambiental que rige en el territorio bonaerense, los establecimientos de segunda categoría son los considerados "incómodos porque su funcionamiento constituye una molestia para la salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente".
Y los de tercera son los "peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente".
En tanto, la primera categoría contempla a los "inocuos", pues "su funcionamiento no constituye riesgo o molestia a la seguridad, salubridad e higiene de la población, ni ocasiona daños a sus bienes materiales ni al medio ambiente".
Las autoridades recordaron que la Constitución Nacional "establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley" y que la Carta Magna bonaerense "dispone que toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo".
Y resaltaron que la Ley General del Ambiente "obliga a toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, a contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir". Asimismo, "determina que quien ocasione un daño al ambiente será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción".
Y con similar temperamento otras normas -por ejemplo las de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCB's y de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios- "establecen la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil a fin de asegurar la recomposición de posibles daños ambientales", añadieron.
Por ello, la resolución oficial 165/10 dispuso que los titulares de esas actividades, para "obtener las respectivas habilitaciones, permisos e inscripciones" oficiales, "deberán acreditar la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental que su actividad pudiera producir".
El organismo destacó que la Corte Suprema nacional "ha venido requiriendo la efectiva constitución de seguros ambientales a través de sus más recientes pronunciamientos (por ej. Riachuelo)". Y que "las pólizas de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva" que se aceptarán serán "las emitidas por las compañías que hayan sido previamente aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación".
El seguro ambiental -enfatizó- es "una herramienta de prevención y reparación del daño, ya que el valor de la prima así como el monto asegurable tendrá directa relación con la gestión de la actividad que se realice".
Fecha de Publicación: 25/05/2010
Fuente: El Comercio On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno bonaerense dispuso que las empresas que puedan contaminar el ambiente deberán contratar un seguro "para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño" que pudieran causar, como condición ineludible para conseguir habilitaciones, permisos e inscripciones de parte de las autoridades respectivas.
La resolución fue emitida por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible que dirige José Manuel Molina y alcanza a empresas consideradas por la normativa vigente como de segunda y tercera categoría, según la complejidad ambiental, y a "personas físicas o jurídicas responsables de la generación, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos especiales".
Según la ley ambiental que rige en el territorio bonaerense, los establecimientos de segunda categoría son los considerados "incómodos porque su funcionamiento constituye una molestia para la salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente".
Y los de tercera son los "peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente".
En tanto, la primera categoría contempla a los "inocuos", pues "su funcionamiento no constituye riesgo o molestia a la seguridad, salubridad e higiene de la población, ni ocasiona daños a sus bienes materiales ni al medio ambiente".
Las autoridades recordaron que la Constitución Nacional "establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley" y que la Carta Magna bonaerense "dispone que toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo".
Y resaltaron que la Ley General del Ambiente "obliga a toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, a contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir". Asimismo, "determina que quien ocasione un daño al ambiente será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción".
Y con similar temperamento otras normas -por ejemplo las de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCB's y de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios- "establecen la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil a fin de asegurar la recomposición de posibles daños ambientales", añadieron.
Por ello, la resolución oficial 165/10 dispuso que los titulares de esas actividades, para "obtener las respectivas habilitaciones, permisos e inscripciones" oficiales, "deberán acreditar la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental que su actividad pudiera producir".
El organismo destacó que la Corte Suprema nacional "ha venido requiriendo la efectiva constitución de seguros ambientales a través de sus más recientes pronunciamientos (por ej. Riachuelo)". Y que "las pólizas de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva" que se aceptarán serán "las emitidas por las compañías que hayan sido previamente aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación".
El seguro ambiental -enfatizó- es "una herramienta de prevención y reparación del daño, ya que el valor de la prima así como el monto asegurable tendrá directa relación con la gestión de la actividad que se realice".
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