Contra el fallo de la Corte: la última carta para evitar el cierre de la causa por el saneamiento del Riachuelo

Fecha de Publicación: 20/11/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


El cuerpo colegiado que monitorea el cumplimiento de la sentencia del caso Mendoza pidió al máximo tribunal que revea su decisión; luego, tiene previsto acudir a la Corte Interamericana
“Un final abrupto, carente de contexto y con una sentencia teñida de arbitrariedad”. En esos términos definieron al cierre de la megacausa del Riachuelo desde el cuerpo colegiado designado para monitorear el cumplimiento del histórico fallo en el caso Mendoza, en el que la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2008 el saneamiento de la cuenca. La reciente decisión del máximo tribunal al respecto, del 22 de octubre, surgió en principio como último clavo en el ataúd de la supervisión judicial del saneamiento, aunque el órgano ambiental de control replicó finalmente con un recurso in extremis, amparado en un alegado “error de hecho”, para que los jueces revean su postura. En definitiva, que vuelvan a resolver.
La reposición presentada abrió el escenario para que, a futuro, la contienda se dirima en la Justicia internacional e intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta tanto la Corte Suprema no rechace o haga lugar a lo planteado, el proceso en el Poder Judicial argentino no tendrá punto final, si bien lo decidido ya tuvo sus primeros efectos. La sentencia no reconoció el daño colectivo de los vecinos y desencadenó dos consecuencias centrales: la más inmediata, el vaciamiento de los juzgados de ejecución, el Federal Criminal y Correccional Nº2, a cargo de Jorge Rodríguez, y el Nº12, en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar el máximo tribunal, donde se empezaron a archivar cientos de causas por daño al ecosistema. Las que subsistieron se desperdigaron en fueros locales y federales no especializados en derecho ambiental. La otra consecuencia, el fin de la supervisión judicial de la gestión de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que ahora rendirá cuentas solo ante el Congreso de la Nación.
”La revocatoria in extremis es un recurso excepcional y prácticamente imposible que nos lo conceda la Corte Suprema, pero sentimos como cuerpo colegiado que tenemos la obligación moral de dejar asentada una postura histórica y la visión crítica que tenemos del fallo. La sentencia es una contradicción a lo que fue la posición del tribunal desde 2008 hasta hoy. Esperemos que los jueces se tomen el trabajo de revisar su sentencia tan débil de fundamentos y la revoquen. Si nos rechazan el planteo, nos reservamos la posibilidad de ir a la Justicia internacional: primero, a la Comisión Interamericana, y luego, a la Corte Interamericana“, dice Cristian Fernández, abogado y representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que compone el cuerpo colegiado junto con la Asociación Vecinos de La Boca, Greenpeace Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH).

El recurso in extremis
En su presentación, denunciaron supuestas incongruencias en la postura de la Corte, que cesó su intervención cuando todavía quedan obras pendientes, como de red de agua potable y cloacas por parte de AySA, la finalización del Sistema Riachuelo –un megacolector de 30 kilómetros entre La Matanza y Dock Sud para la recolección de desechos, obra que financió el Banco Mundial– y 17.700 soluciones habitacionales inconclusas; entre ellas, 700 viviendas que deben construirse para relocalizar a los vecinos de la villa 21-24 en Barracas que aún no fueron licitadas y no cuentan con fondos para su construcción. Se suman otros compromisos asumidos en 2008 para la recuperación de la cuenca donde viven 4,5 millones de personas que representan el 10% de la población argentina. El tribunal tampoco se expidió sobre si se mantiene o se levanta la prohibición de la navegabilidad. Al cerrar la causa, los jueces fundamentaron que los objetivos del fallo Mendoza quedaron cumplidos satisfactoriamente con la creación de la Acumar, en 2007, y del Plan Integral de Saneamiento (PISA), en 2010.
”Es un fallo en contra de lo que necesita la cuenca. La Corte consideró que los grandes litigios estructurales tienen que llegar a un fin y que tenía que cesar el monitoreo del cumplimiento de lo ordenado en 2008, pero lo hizo en el peor momento”, agrega Fernández.
El contexto al que refiere el abogado es el ajuste en la estructura organizativa y funcional de la Acumar, que a principios de 2024 bajo el sello de la gestión libertaria redujo su personal en un 50%. A la vez, el organismo tiene el presupuesto congelado a los valores de octubre de 2022, las partidas relacionadas al saneamiento de la cuenca cayeron este año un 28,2% en términos reales y se paralizaron las obras de saneamiento. También se eliminaron direcciones estratégicas dedicadas al monitoreo de la calidad del aire, el agua y los suelos, como la Dirección General Ambiental.

El fallo de la Corte y sus efectos
A partir del cese de la intervención de la Corte, la Acumar ya no tiene la obligación de presentar ante la Justicia los informes trimestrales de su gestión en cuanto al ordenamiento del territorio, la calidad de aire y agua en napas subterráneas, cloacas, el control de las industrias y de los grandes agentes contaminantes, y la ejecución de las obras. El seguimiento de esos informes había resultado clave para otros organismos de control como la Auditoría General de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, que detectaron mediante el seguimiento presupuestario la reducción y la subejecución de partidas destinadas al PISA entre 2018 y 2024.
Entre las obras más importantes restan la culminación del Sistema Riachuelo, que debía finalizar en noviembre de 2023, y el Parque Industrial Curtidor de Lanús, que tenía plazo de finalización en octubre 2021; según informó la Acumar en abril de este año, la obra está en un 75% de avance. También quedó pendiente la implementación del Plan Sanitario de Emergencia, que debía detallar la cantidad precisa y distribución geográfica de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación y cuántas de ellas son menores de 6 años.
Consultados por LA NACION, desde la Acumar no habían dado declaraciones al cierre de la nota.
En su recurso, el cuerpo colegiado señaló: “La sentencia atacada implica un cambio drástico en el posicionamiento de la Corte dado que toma como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado. Repentinamente, esos informes son validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos. Todo ello, tiñe a la sentencia con el color de la arbitrariedad y amerita una revisión y revocación de lo decidido“.
En esa sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dispusieron el fin de su intervención en el caso Mendoza por considerar que se alcanzaron los objetivos proyectados para la recuperación del Riachuelo. En el fallo, los jueces resolvieron: “La intervención de esta Corte ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución. Los objetivos institucionales propuestos por la sentencia se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA, que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo, y con la creación de la Acumar a cargo de su cumplimiento”.
Dictado el fallo, los juzgados de Lijo y Rodríguez comenzaron a archivar y desprenderse de las causas anexas al caso Mendoza; por ejemplo, el litigio por la reserva ecológica de Ciudad Evita, un predio de 700 hectáreas en La Matanza, que sucumbió ante las ocupaciones de asentamientos, desarrollos inmobiliarios ilegales, basurales, incendios de pastizales y la tala indiscriminada. La causa tramitaba en el juzgado de Rodríguez y fue remitida primero a la Cámara Federal de San Martín, que se declaró incompetente para intervenir y en consecuencia la envió al Juzgado Civil y Comercial Contencioso Administrativo Federal Nº 3 de la misma jurisdicción, todavía con un destino incierto.

Antecedente en la región
De escalar la contienda a la Justicia internacional, hay un antecedente con puntos de similitud al caso Riachuelo. Se trata de la causa de los habitantes del distrito de La Oroya contra Perú que fue resuelta por la Corte Interamericana en noviembre de 2023 a favor de los demandantes.
Los hechos ocurrieron en La Oroya, ubicado en la Sierra Central de Perú, donde la actividad minero-metalúrgica ininterrumpida por 100 años produjo la presencia de plomo en sangre en sus habitantes, ocasionando muertes, problemas de salud y demencia. En 2006, el Tribunal Constitucional de ese país dictó un fallo estructural para solucionarlo e inició un proceso de ejecución de sentencia que duró 17 años (el caso Mendoza duró 16). Al ver que la sentencia no se cumplía, los vecinos afectados llegaron hasta la Corte Interamericana. El organismo condenó al Estado de Perú como responsable por la violación a los derechos humanos, entre ellos: el derecho a la vida, al medio ambiente sano, a la salud, a la integridad personal y a la niñez.
La corte internacional concluyó que el Estado peruano violó, a la vez, el derecho a la protección judicial, toda vez que transcurridos más de 17 años desde la decisión del Tribunal Constitucional no se habían adoptado medidas efectivas y reales para cumplir con la sentencia y resolver la contaminación en La Oroya.
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La bajante del río Paraná atrae a pescadores y turistas irresponsables que afectan la fauna del lugar

Fecha de Publicación: 20/11/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Litoral Argentino


Debido al escaso caudal quedan al descubierto grandes bancos de arena que dejan en estado de vulnerabilidad a los animales que viven allí. Ante la falta de medidas de preservación y control, se hacen fiestas que perjudican a los animales.
La bajante del Río Paraná se profundizó en los últimos años. Hay una tendencia que pone en vulnerabilidad a los peces y deja al descubierto varios bancos de arena que hoy se los utilizan de manera negligente, ensuciándolo.
La falta de caudal del Río Paraná ha dejado expuestos varios bancos de arena a lo largo de los territorios de Corrientes y Chaco. Estamos viviendo un escenario largo que se enmarca en un ciclo de aguas bajas, dejando innumerables espacios que muchas personas están utilizando de forma inadecuada, a tal punto que todos los fines de semana son los días clave, de mayor concurrencia de embarcaciones y personas que llegan a estos para hacer un uso irresponsable del espacio.
Una utilización de un espacio natural en el que realizan fiestas con total libertinaje sobre estos bancos de arena, de los cuales es importante destacar que son espacios totalmente naturales y que hoy es visible por el escaso caudal, pero cuando el río retome su caudal, estos espacios vuelven a sumergirse, llevando restos de basura que dejan los privilegiados que van con sus embarcaciones a un lugar al que no todos pueden llegar.
En estos lugares no solo hay arena, también hay una gran variedad de avifauna, como, por ejemplo, los nidos de Gaviotines. Es importante conocer su estado y prognosis, es un ecosistema en sí mismo.
Ignorar e invisibilizar esto solo demuestra lo lejos que estamos del real y verdadero cuidado de la naturaleza. Hoy, estos espacios naturales, donde una buena diversidad de avifauna anida en estos períodos, son invadidos por estos individuos que no solo alteran el lugar con su visita, sino que dañan a los huevos que anidan en el sitio y que no son muy visibles, ya que se mezcla con el color de la arena.
Ante la situación de aguas bajas, otros de los escenarios visibles es la depredación de los peces. Tras el escaso caudal, muchos pescadores aprovechan para depredar especies de fauna íctica de alto valor ecológico, pero, además, especies protegidas como el Dorado, Manguruyú y el Surubí, hoy están siendo extraídos de sus ambientes naturales en cantidades de manera ilegal e incluso lugares donde colocan espinelas en sitios claves para depredar.
Estamos en periodos clave donde la fauna se prepara para el desove y del cual no se respetan los periodos de vedas que son fundamentales para la reproducción de las especies ícticas. El escaso caudal no solo dificulta su reproducción, sino que pone en peligro su repoblación, ya que hay una mayor presión de pesca en las cuencas, como así también una gran presión sobre los ejemplares juveniles durante los últimos años en el río.
Por el momento, las condiciones y frecuencias de precipitaciones son muy escasas sobre la región, por lo que se vuelve más difícil que el río tenga un repunte. Según las proyecciones, se espera una mejora sensible hasta el 30 de noviembre. Todo queda por suponer que en los meses que siguen existe esa posibilidad, pero ya no como pronóstico ni como tendencia climática, sino que se trata de un escenario probable que puede llegar a ocurrir.
Por lo tanto, es crucial que las autoridades provinciales tanto de Corrientes como la del Chaco establezcan y se ejecuten medidas urgentes de preservación de la fauna íctica del Río Paraná, como la del uso de los bancos de arenas.
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Provincias rechazan retiro de Argentina de la Convención de Cambio Climático

Fecha de Publicación: 19/11/2024
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: Nacional


Las provincias que integran el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) rechazaron la reciente e intempestiva decisión del presidente Javier Milei de ordenar el retiro de la delegación argentina de la COP29, la cumbre mundial sobre cambio climático organizada por la ONU.
En la última asamblea extraordinaria del Cofema, realizada el viernes, La Pampa propuso el tratamiento de este tema. A través de su representante, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático Vanina Basso, se logró incluir este item en el temario.
A raíz de ello, se discutió y aprobó la Resolución N°550/2024, que expresa un enérgico rechazo de las provincias a esta medida unilateral que “margina al país de un espacio clave en las negociaciones climáticas internacionales, poniendo en evidencia que la decisión presidencial no responde a una estrategia consensuada ni a los intereses federales”, en palabras de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
La resolución del consejo destaca que “la ausencia de Argentina no solo limita su capacidad de influir en las decisiones globales sobre cambio climático, sino que también afecta directamente a las provincias, que dependen de estos foros para acceder a mecanismos de financiamiento climático y apoyo técnico para enfrentar los desafíos ambientales”.
“El Cofema demostró así que el compromiso ambiental no puede quedar supeditado a las decisiones de una administración central que actúe en contra de los intereses federales. En su lugar, reafirmó la necesidad de una estrategia coordinada que permita a los gobiernos subnacionales mantenerse como actores relevantes en el ámbito internacional, en defensa de sus territorios y del bienestar de sus comunidades”, sostuvieron desde la cartera pampeana de Ambiente.

Implicancias.
Una delegación argentina, con funcionarios de la Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente, había viajado a la cumbre climática de la ONU que se desarrolla desde el lunes en Bakú, Azerbaiyán. Pero el miércoles recibieron la orden de suspender su agenda y regresar a Buenos Aires de manera inmediata.
La decisión generó rechazo en diversas esferas políticas y sociales nacionales e internacionales, y el distanciamiento del país de las negociaciones climáticas globales, “pone en jaque no solo la posición internacional de Argentina, sino también los intereses y necesidades de las provincias, de que enfrentan desafíos directos debido al cambio climático”, consideraron.
“La COP, como órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es un espacio esencial para coordinar acciones frente a la crisis climática”, sostuvieron desde el Cofema. “La ausencia argentina en Bakú, limita gravemente nuestra capacidad de influir en decisiones globales clave y perjudica las posibilidades de acceso a recursos fundamentales”.
Sostuvieron que no solo las negociaciones se ven afectadas, sino también la percepción internacional del país como socio confiable en la lucha contra el cambio climático: “En un contexto donde países como Brasil y Chile refuerzan su presencia, el vacío dejado por Argentina es evidente y preocupante”.
La cartera ambiental pampeana resaltó que las acciones climáticas en las provincias “necesitan respaldo en el ámbito internacional, donde las negociaciones multilaterales definen estrategias y mecanismos de financiamiento”. “Esta decisión de Milei envía un mensaje equivocado al mundo y a las provincias que dependen de estas instancias para promover soluciones frente a los impactos del cambio climático. Es imperativo que el Gobierno nacional garantice la participación en futuras cumbres. Mientras tanto, las provincias como La Pampa demuestran que el compromiso ambiental no debe depender de la visión unilateral de un gobierno nacional, sino de un esfuerzo conjunto que articule los niveles subnacionales”, concluyeron.
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Chubut ampliará el Área Protegida Punta Tombo y creará una Fiscalía Ambiental

Fecha de Publicación: 19/11/2024
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut


También se endurecerán las penas para delitos que atenten contra la fauna de la provincia, y se pondrá en funcionamiento un Comité de Gestión para mejorar la gobernanza de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul, entre una serie de acciones presentadas por el titular del Ejecutivo provincial, enmarcadas en las políticas de Estado para la protección y conservación de la naturaleza en Chubut.
El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, presentó este viernes una serie de importantes medidas enfocadas en la protección y conservación de la fauna provincial, entre ellas la ampliación del Área Natural Protegida Punta Tombo, la creación de una Fiscalía Ambiental, el endurecimiento de las penas frente a los ilícitos cometidos dentro de áreas protegidas, y todos aquellos que afecten la fauna nativa. Los proyectos de ley en cuestión serán enviados por el Gobierno Provincial a la Legislatura, donde serán tratados en las distintas comisiones para luego tomar estado parlamentario y ser tratados en el recinto.
El anuncio fue realizado por el titular del Ejecutivo chubutense junto a la reconocida artista y conductora de televisión, Susana Giménez, desde las instalaciones del nuevo Museo Egidio Feruglio de
Trelew, con el acompañamiento del ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna; el secretario de Ambiente, Juan José Rivera, y el intendente de Trelew, Gerardo Merino.
Durante la presentación, Torres destacó la presencia de Susana Giménez, quien destacó "la cultura y la naturaleza de la provincia", mientras que el mandatario llamó a "concientizar y que llegue a todos lados la necesidad de cuidar nuestra fauna, algo que las generaciones más chicas lo tienen muy a flor de piel".
En otro pasaje de su discurso, el Gobernador hizo referencia a la reciente condena de un empresario por el delito de ecocidio en el Área Natural Protegida Punta Tombo: "Lamentablemente, durante mucho tiempo se creía que no era un tema importante, pero hay que destacar el trabajo que la gestión ha realizado para ponerle un punto final a este tipo de situaciones, por eso vamos a crear una Fiscalía Ambiental".
"Si uno pasa por encima de un nido, si mata a un ave que está protegida por la Unesco, eso es un delito acá y en cualquier país, y por suerte hubo una condena ejemplificadora", remarcó.
"Vamos a ampliar el Área Natural Protegida Punta Tombo y también presentaremos un proyecto de ley que endurezca las penas", sostuvo Torres en relación al proyecto presentado por la senadora nacional Edith Terenzi para la incorporación de los delitos ambientales al Código Penal "para que, de una vez por todas, cada vez que ocurra un hecho de estas características, los responsables cumplan con la condena que deben cumplir ante la Justicia; hoy hay una condena ejemplificadora pero hay que dar un paso más, sentando las bases normativas para que esto no vuelva a pasar en Chubut, como así tampoco en ningún lugar de la Argentina", consignó.
Cabe destacar, asimismo, que uno de los proyectos de ley que será elevado por el Ejecutivo Provincial a la Legislatura establece el incremento de las multas pecuniarias a los delitos de maltrato y crueldad animal.
A su vez, el titular del Ejecutivo provincial resaltó el acompañamiento "de organizaciones que financian estos proyectos, además de que se armará un Comité de Gestión, esto es, una mesa de trabajo, para garantizar la infraestructura necesaria, porque hace algunos años las áreas protegidas eran un desastre, y hoy las estamos poniendo en un lugar necesario para poder cuidar a toda la fauna, pero por sobre todo, para concientizar respecto de la importancia de cuidar lo nuestro, que es parte de la identidad de todos los chubutenses".
La ampliación del Área Natural Protegida Punta Tombo, explicó el Gobernador, "deberá ser aprobada por ley luego de que elevemos el proyecto a la Legislatura, y ya hay distintas organizaciones no gubernamentales que, de aprobarse, están dispuestas a acompañar a la provincia para garantizar la estructura básica" y puso en valor que la gobernanza sobre el sector "incluirá también a científicos y organizaciones destinadas a la conservación".
Por su parte, Susana Giménez se solidarizó con los chubutenses por los hechos ocurridos en la reserva natural, y destacó que "hay una conciencia que la gente está tomando, y lo cierto es que un animal no solo es simpático, sino también inofensivo, por lo que me parecen muy bien las medidas que se van a tomar".
"En Chubut se pueden hacer muchas cosas durante todo el año", destacó la estrella televisiva en relación a las virtudes naturales de la provincia. Además, puso en relieve las nuevas instalaciones del Museo Egidio Feruglio, detallando que "acá se aprende un montón, sabíamos que el lugar era impresionante y ahora lo comprobamos, por lo que hay que felicitar al Gobernador y al equipo del MEF".

Nueva Área Natural Protegida Punta Tombo-Punta Clara
El Área Natural Protegida Punta Tombo fue creada en 1983, con un total de 210 hectáreas terrestres y en ella habita la mayor colonia de pingüinos de Magallanes. Cada año llegan aproximadamente 140 mil parejas de la especie a sus costas. Asimismo, en diciembre de 2015 se creó el Área Marina Protegida Punta Tombo, sumando el ambiente costero y marino al área protegida terrestre y formando también parte de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Actualmente, el Área Natural Protegida Punta Tombo incorporará 1.014 hectáreas terrestres más, sumando así a toda la región de Punta Clara, de forma tal que su zona de influencia abarcaría un total de 180 mil parejas de pingüinos de Magallanes. La nueva Área Natural Protegida Punta Tombo-Punta Clara albergará, asimismo, lobos y elefantes marinos, colonias de aves marinas y costeras, y hábitat de innumerables especies terrestres, transformando el sitio en un enclave de relevancia mundial.
Esta ampliación también implicará una importante inversión en infraestructura y equipamiento para mejorar el control y el monitoreo del área, a los fines de garantizar la protección de la fauna marina que allí habita.

Fiscalía Ambiental y Comité de Gestión
Dichas acciones forman parte de las políticas que lleva adelante el Gobierno del Chubut en lo referido al manejo de las áreas naturales protegidas y la conservación de las especies, destacándose asimismo la creación de una Fiscalía Ambiental, el endurecimiento de las penas frente a los ilícitos que se cometan dentro de dichos sectores protegidos, como así también cualquier delito que afecte a la fauna nativa de la provincia.
Se suma a dichas políticas de Estado, la creación de un Comité de Gestión para mejorar la gobernanza de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul, continuando con el fortalecimiento de las políticas de protección y conservación de la naturaleza en la provincia del Chubut.

Protección de Fauna Marino Costera
Otro de los proyectos de ley que será elevado en los próximos días por el Ejecutivo chubutense a la Legislatura, es el de "Protección de Fauna Marino Costera" y que establece una serie de restricciones al acercamiento y a actividades que impacten negativamente en la fauna marina en las costas y mares provinciales.
La iniciativa parlamentaria prevé "proteger y conservar la fauna marina silvestre" y "garantizar la preservación de las especies y su entorno, permitiendo únicamente interacciones con autorización específica y regulada por el Poder Ejecutivo".
Además, establece la declaración de Interés Público de la conservación de la fauna marina, considerada "un recurso natural a cargo del Estado Provincial".
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Argentina evalúa abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático

Fecha de Publicación: 18/11/2024
Fuente: The New York Times
Provincia/Región: Nacional


El presidente Javier Milei está considerando retirar a Argentina del acuerdo climático que busca frenar las emisiones que calientan el planeta, una medida drástica que solo ha tomado otro dirigente mundial en el pasado: Donald Trump.
El presidente Javier Milei está considerando retirar a Argentina del Acuerdo de París, cuyo objetivo es frenar las emisiones que calientan el planeta, una medida drástica que solo ha tomado otro dirigente mundial en el pasado: el expresidente Donald Trump, quien retiró a Estados Unidos durante su primer mandato.
El país sudamericano está considerando abandonar el acuerdo de 2015 como parte de una amplia reevaluación de sus políticas climáticas, dijo el jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina.
La revisión por parte de Argentina del histórico acuerdo climático se produce cuando el mundo se prepara para una prevista segunda retirada de los acuerdos por parte del presidente electo Donald Trump. Si Milei también abandona el acuerdo, a algunos les preocupa que pueda desencadenar un efecto dominó, impulsando a otros países a reconsiderar su propia participación.
El país aún no ha tomado una decisión sobre si abandonará los acuerdos, según el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein. Pero está reconsiderando su participación en un acuerdo que “tiene un montón de cosas” con las que el gobierno de Milei no está de acuerdo.
“Estamos reevaluando nuestra estrategia en todos los temas relacionados con el cambio climático”, dijo en una entrevista con The New York Times. “Hasta ahora no tomamos ninguna otra decisión más que desensillar hasta que aclare”.
Un día antes, Milei retiró inesperadamente a la delegación argentina de la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el clima, que este año se celebra en Bakú, Azerbaiyán, y se conoce como COP29 este año. En el pasado, Milei, un libertario de derecha, ha calificado la crisis climática de “mentira del socialismo”.
Cuando se le preguntó por qué la delegación había interrumpido su participación, Werthein dijo que, aunque el gobierno de Argentina no niega la existencia del cambio climático, el debate sobre las causas del calentamiento era “un tema filosófico”.
“Tenemos divergencia de las razones”, dijo. “Consideramos que está vinculado a ciclos naturales y coincidimos con la necesidad de tomar medidas para mitigarlo”.
“Decidimos retirar nuestra delegación y reevaluar nuestra posición, nada más”, añadió. “Creo que es un derecho soberano”.
La retirada de Argentina del acuerdo sobre el clima asestaría un duro golpe al histórico Acuerdo de París en un momento crucial de la lucha mundial para contener el cambio climático.
Las investigaciones demuestran que la Tierra ya se ha calentado, principalmente debido a la quema de carbón, petróleo y gas para producir energía, y que la última década ha sido la más calurosa jamás registrada.
Las Naciones Unidas han advertido de que los países deben reducir sus emisiones en un 42 por ciento para 2030 y en un 57 por ciento para 2035 para evitar que las temperaturas aumenten 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Sin estas reducciones, el mundo se encamina hacia un aumento de la temperatura de 2,6 a 3,1 grados centígrados a lo largo de este siglo, lo que dificultará que las sociedades puedan hacer frente a la situación.
Estados Unidos es la única nación que se ha retirado del Acuerdo de París, adoptado por 196 naciones en 2015 para ayudar a alcanzar esos objetivos.
Cuando el entonces presidente Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo, ningún otro país siguió su ejemplo. Y, en 2021, el presidente Biden se reincorporó al acuerdo y amplió los compromisos de Estados Unidos de luchar contra el cambio climático y reducir sus emisiones.
Pero Trump ha prometido ir en dirección contraria cuando vuelva a asumir el cargo. Ha prometido “perforar, perforar, perforar” en busca de petróleo y gas, y retirar de nuevo a Estados Unidos de los acuerdos climáticos de París.
La coincidencia de tono entre Milei y Trump no es una sorpresa.
El presidente argentino ha expresado con frecuencia su admiración por Trump y ha vitoreado su victoria electoral en las redes sociales, publicando imágenes generadas por IA de sí mismo junto al presidente electo. “Haz que América vuelva a ser grande”, dijo Milei. “Puedes contar con Argentina para llevar a cabo tu tarea”.
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Contaminación ambiental: empresarios azucareros deberán pagar 80 millones de pesos por arrojar residuos peligrosos al agua

Fecha de Publicación: 18/11/2024
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán


En el marco de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, la justicia federal de Tucumán determinó que los directivos de la firma “Azucarera J.M. Terán SA”, que explota el ingenio “Santa Bárbara”, deberán abonar una indemnización de 80 millones de pesos por provocar daños ambientales con sus actividades industriales. Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal tras homologar la propuesta presentada por los fiscales Pablo Camuña y Daniel Weisemberg.
Los hermanos Julio José Colombres y José Agustín Colombres, máximos responsables de la empresa azucarera, enfrentaban cargos por contaminar los ríos Chico y Salí-Dulce y violar, de ese modo, el régimen penal de la Ley de Residuos Peligrosos N° 24051, que reprime a todo aquel que, utilizando determinados desechos, “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente general”.
Dicha normativa también aclara que cuando esas conductas “se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir”.
El proceso contó con la intervención de la jueza subrogante Carina Frías del Tribunal de Santiago del Estero, quien a través de su homologación validó la postura acusatoria respecto al acuerdo como una herramienta legal idónea para reparar los perjuicios ocasionados en la comunidad de Santa Bárbara, situada a 100 km al sur de San Miguel de Tucumán.
Según publicó el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF), el dinero será abonado en cuatro cuotas semestrales ajustadas por inflación y se destinará a obras que mejoren la calidad de vida en las zonas afectadas por la contaminación residual, derivada de una operatoria industrial sin los controles y certificaciones ambientales correspondientes.
Si bien los empresarios fueron eximidos de realizar labores comunitarias en virtud de su avanzada edad, deberán implementar una reconversión estructural en sus plantas para adecuarlas a las normativas vigentes. En esa línea, los empresarios dejaron asentado su compromiso para llevar adelante auditorías periódicas dentro del ingenio para lograr procesos productivos más limpios y sostenibles en el tiempo. El propósito, según informó el MPF, tiene como norte reducir la posibilidad de futuros impactos ambientales en la región.
El expediente tuvo su origen en 2006 por medio del impulso fiscal de Gustavo Gómez, que recibió información de la Dirección de Medio Ambiente respecto a posibles daños ambientales producidos por afluentes líquidos arrojados por la compañía azucarera en el río Chica, que sale al río Salí y desemboca luego en la cuenca del Dique Frontal. Si bien en primera instancia los empresarios resultaron sobreseídos, las actuaciones llegaron hasta la Cámara Federal de Casación, desde donde se dispuso el dictado de una nueva resolución.
La contaminación fue corroborada por diferentes informes y estudios especializados que dieron cuenta de la alteración nociva en el agua. Con ese sustento fáctico, Camuña y Weisemberg promovieron el acuerdo con los imputados para resarcir el daño colectivo. Los hermanos Colombres, por otro lado, firmaron distintos convenios con la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán para recomponer los pasivos ambientales de la zona y contar con un auditor que controle la producción limpia.
Un caso similar sucedió en septiembre, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal provincial homologó dos condenas de tres años de prisión de ejecución condicional para Alicia Inés Petit, presidenta del directorio del ingenio azucarero La Corona, y Enrique Fausto González, director de la misma empresa. Ambos fueron condenados por haber cometido delitos de contaminación ambiental en la localidad tucumana de Concepción y por afectar la salud de su población durante un periodo que abarca desde 2006 hasta 2017.
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Dos amenazas: el cambio climático ya afecta la salud en la Argentina, según un informe de expertos internacionales

Fecha de Publicación: 16/11/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


The Lancet Countdown, que reúne a 122 especialistas de 57 instituciones, expuso las devastadoras consecuencias del calentamiento global en América Latina; las variables que impactan en el país
En su edición de octubre de 2024, The Lancet Countdown, una iniciativa internacional de monitoreo del cambio climático y sus efectos en la salud, reveló que la Argentina enfrenta graves amenazas de salud pública debido a la crisis climática, con un incremento en enfermedades como el dengue y una marcada escasez de agua potable por sequías prolongadas.
En el informe, elaborado por 122 expertos de 57 instituciones y publicado antes de la COP29, se propone una reorientación de los recursos de combustibles fósiles hacia energías limpias como medida clave para mitigar el impacto de la crisis climática.
El cambio climático, provocado principalmente por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, representa hoy una amenaza concreta y urgente para la salud humana, y la Argentina no es la excepción. En el último reporte de The Lancet Countdown, que contó con la colaboración de instituciones académicas y organismos de las Naciones Unidas, se detallan dos de los principales efectos climáticos que impactaron a la región de América Latina durante 2023: el alarmante aumento en los casos de dengue y las intensas sequías que afectaron a Brasil, Argentina y Uruguay.
Según el informe, en la Argentina la falta de agua potable y el aumento de enfermedades como el dengue son consecuencias directas de los cambios inducidos por el ser humano en el ambiente. Estas condiciones fueron exacerbadas por fenómenos climáticos extremos que están afectando la salud pública y las economías locales. Los expertos señalan que en países como el nuestro, donde el dengue ya representaba un problema de salud pública, las condiciones climáticas cada vez más calurosas y húmedas favorecieron el crecimiento de la población de mosquitos Aedes aegypti, responsables de la transmisión del virus. Durante 2024, los casos de dengue en América Latina aumentaron en un 215% en comparación con el año anterior, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.
La incidencia del dengue en la Argentina, que en décadas anteriores era ocasional, se convirtió en una preocupación endémica en muchas provincias. A medida que la temperatura promedio sube, el ciclo de vida del mosquito se acelera, lo que incrementa las posibilidades de transmisión y brotes en las áreas urbanas, donde las condiciones de infraestructura y el acceso al agua potable son limitados. Las autoridades de salud pública, por su parte, se enfrentan al desafío de adaptar las políticas de control vectorial a una situación que evoluciona rápidamente y que está profundamente influenciada por los cambios climáticos globales.
El segundo gran impacto climático reportado en la Argentina es la sequía. Durante 2023 y 2024, el país experimentó una de las sequías más severas de las últimas décadas, con una disminución drástica en los niveles de precipitación que afectó al sector agrícola, principal motor económico del país. El informe estima que la producción de cereales cayó en un 15%, un golpe devastador para una nación que depende en gran medida de la exportación de productos agrícolas. La sequía afecta también la disponibilidad de agua potable, lo que derivó en problemas de salud relacionados con la deshidratación y la exposición a fuentes de agua contaminada. En Uruguay, una situación similar causó escasez de agua en diversas regiones, un fenómeno que también comienza a manifestarse en el noreste de nuestro país.
Los efectos sobre la salud de la población son múltiples y preocupantes. La falta de acceso a agua potable incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales e infecciones relacionadas con el consumo de agua contaminada. Además, los expertos de The Lancet Countdown subrayan que la exposición prolongada a situaciones de estrés hídrico afecta también la salud mental de las personas, especialmente en poblaciones rurales y en pequeños agricultores, quienes son los más vulnerables a las fluctuaciones de los recursos naturales. Yasna Palmeiro Silva, coautora del reporte, explicó que el fenómeno de la sequía en América Latina se debe tanto al sobreuso humano del agua como a las variaciones climáticas, agravadas por la actividad humana.
En términos económicos, el impacto de la crisis climática en la salud pública también acarrea grandes costos. The Lancet Countdown estima que, para 2050, los países que experimentan fenómenos climáticos extremos podrían enfrentar una reducción significativa en su producto bruto interno debido a la pérdida de productividad laboral. En la Argentina, la sequía prolongada y las altas temperaturas ya comenzaron a afectar la capacidad de los trabajadores en sectores como la agricultura y la construcción, generando pérdidas en productividad y acentuando las desigualdades socioeconómicas en el país. La exposición a temperaturas elevadas aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, lo que a la vez incrementa los costos en el sistema de salud, sobrecargando los recursos médicos en las áreas más afectadas.

Recomendaciones
Frente a este panorama, los expertos de The Lancet Countdown plantean una serie de recomendaciones y propuestas que buscan mitigar los efectos del cambio climático en la salud. Una de las propuestas centrales del reporte es la reorientación de los fondos actualmente destinados a la industria de los combustibles fósiles hacia el desarrollo de energías limpias y sostenibles. Los autores destacan que esta transición hacia una economía de emisiones netas cero no solo beneficiaría la salud de la población al reducir la exposición a contaminantes, sino que también impulsaría la economía global al crear empleos en el sector de energías renovables. En la COP29, que se desarrolla este mes en Bakú, se espera que los líderes internacionales discutan el destino de los fondos para combatir la crisis climática, con un enfoque en la salud y el bienestar globales.
El financiamiento de una transición justa es un punto clave en el informe, que insta a las naciones a cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y a acelerar la adopción de políticas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de la Argentina, los subsidios a combustibles fósiles continúan siendo una herramienta de control de precios, pero al mismo tiempo limitan el avance hacia energías más limpias. El informe sugiere que una transición hacia energías renovables podría reducir la dependencia de combustibles fósiles, mejorar la calidad del aire y disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias, beneficiando a la población y al sistema de salud.
La Argentina, en particular, enfrenta un verano con proyecciones de calor extremo y pocas precipitaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que el impacto directo de estas condiciones se manifieste en una mayor demanda de energía y agua, y en un aumento en los casos de enfermedades relacionadas con el calor y la deshidratación. Expertos en salud ambiental señalan que estos eventos se volverán más frecuentes y severos si no se toman medidas urgentes para mitigar los efectos del cambio climático. Las altas temperaturas no solo elevan el riesgo de enfermedades infecciosas como el dengue, sino que también pueden agravar problemas de salud mental, como el estrés y la ansiedad, en una población cada vez más expuesta a condiciones extremas.
El informe concluye que el cambio climático y la salud pública son temas interrelacionados y que la inacción en la primera área tendrá repercusiones devastadoras en la segunda. La directora ejecutiva de The Lancet Countdown, Marina Romanello, afirmó que la falta de acción climática ya está causando impactos visibles y que los recursos financieros que continúan fluyendo hacia la industria de los combustibles fósiles son una oportunidad desperdiciada. “La inversión en energía limpia y en medidas de eficiencia energética no solo protegería la salud de millones, sino que contribuiría a construir un futuro más equitativo y sostenible”, señaló Romanello.
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Senadores reciben aporte de especialistas en salud, en el estudio del proyecto sobre fitosanitarios

Fecha de Publicación: 16/11/2024
Fuente: Portal Cuestión Entrerriana
Provincia/Región: Entre Ríos


Los profesionales especialistas en toxicología y cáncer dieron su aporte ante los legisladores que forman parte de tres comisiones del Senado: Salud Pública y Drogadicción, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Producción. Los legisladores pretenden reunir la mayor cantidad de información sobre la temática en el marco del estudio del proyecto de ley por el que se adoptan buenas prácticas en materia de fitosanitarios en la Provincia de Entre Ríos.

Ley de buenas prácticas fitosanitarias
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pretende garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, proteger y conservar la salud, gozar de un ambiente sano y equilibrado y favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible.
La reunión fue encabezada por los senadores Hernán Méndez (presidente de la comisión de Salud Pública y Drogadicción), Gloria Cozzi (presidenta de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y Casiano Otaegui (presidente de la comisión de Producción).

Aportes de los especialistas
En primer lugar, mediante teleconferencia, hizo su exposición la Dra. Cecilia Tavella, del Centro de Toxicología, Asesoramiento y Servicios (TAS) de Rosario. La profesional mencionó que un proyecto de estas características “provoca sensibilidad social y debate”, por lo que “necesita de interdisciplina y trabajo en equipo”. Tavella puso como eje de la discusión a la salud como un derecho, atendiendo la preocupación de las personas expuestas a los agroquímicos en el agua, el polvo ambiental y los alimentos.
Tavella hizo hincapié en el acuerdo sobre el uso seguro de los productos, que deben tener buenos usos y prácticas. Además, habló sobre la venta de los productos, la capacitación, los elementos de protección personal en la manipulación, y la receta agronómica. Aseguró que la falta de estadísticas sobre los afectados está vinculada principalmente a malas prácticas en el uso de estos productos y sugirió incorporar un representante de salud en el Consejo Asesor Fitosanitario que se crearía con la sanción del proyecto de ley.

Impacto de los agroquímicos
Los senadores Méndez, Oliva y Benedetti realizaron consultas sobre los efectos de los agroquímicos, a lo que Tavella respondió que un 90% de las afectaciones se deben al mal uso o a la falta de protección personal. Además, explicó que las personas más vulnerables son los niños y las mujeres gestantes, y destacó que la mayoría de las consultas que reciben se relacionan con problemas respiratorios y dermatológicos.
A continuación, Dr. Nicolás Fernández, director del Instituto Provincial del Cáncer, abordó el tema del cáncer y su relación con las exposiciones a fitosanitarios. El médico subrayó que es difícil generar evidencia de causas debido a la complejidad de evaluar causas directas, y resaltó la falta de estadísticas en la materia. No obstante, señaló que a nivel nacional y regional ha habido una tendencia decreciente en los casos de cáncer.

El proyecto de ley
El proyecto de ley establece la creación de un Consejo Asesor Fitosanitario y un Fondo Fitosanitario Entrerriano. Se detallan pautas para los registros de usuarios de fitosanitarios, importadores, elaboradores, formuladores, expendedores, asesores, aplicadores, y operarios. También se establece la obligación de emitir una receta agronómica digital, y se regulan las zonas de exclusión, la protección de escuelas rurales y la salud en relación con la aplicación de fitosanitarios.

Presencias
Estuvieron presentes en la reunión los senadores Nancy Miranda (Federal), Ramiro Favre (Colón), Claudia Silva (Paraná), Gustavo Vergara (Diamante), Jaime Benedetti (Gualeguaychú), Gladys Domínguez (Feliciano), Martín Oliva (Uruguay), Marcelo Berthet (San Salvador) y Juan Conti (Tala).
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Nuevo fallo histórico: ABSA deberá entregar bidones de agua a la población por la contaminación con agroquímicos

Fecha de Publicación: 15/11/2024
Fuente: Portal Cuatro Vientos
Provincia/Región: Buenos Aires


En un fallo histórico, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Plata ha dictado una sentencia a favor de los vecinos de French, en el partido de Nueve de Julio, quienes denunciaron la contaminación del agua potable. La resolución obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y a la Provincia de Buenos Aires a tomar medidas urgentes para asegurar la provisión de agua limpia y sin contaminantes para los habitantes de la región.
El caso se originó en la causa "Kersich Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses s/ Amparo", presentada por vecinos y organizaciones ambientales, quienes exigen el acceso al agua en condiciones seguras. Entre los amparistas se encuentran residentes de French y representantes de la Asociación Civil “Observatorio del Derecho a la Ciudad”, con el patrocinio del abogado Fernando Cabaleiro.
La sentencia ordena a ABSA a suministrar agua potable en bidones a los amparistas y a crear centros de distribución para el resto de los usuarios de French. Esta agua debe cumplir con estándares de calidad internacional, como la concentración de arsénico bajo los 10 microgramos por litro, además de estar libre de agrotóxicos. Las familias afectadas recibirán al menos 20 litros de agua potable por día mientras dure el proceso judicial.
Asimismo, la resolución exige que ABSA realice análisis mensuales del agua para detectar arsénico y otros contaminantes. Estos resultados deberán publicarse en los medios locales y en las boletas de consumo, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental para los ciudadanos.
La Provincia de Buenos Aires deberá también efectuar análisis trimestrales de los niveles de agrotóxicos en las fuentes de agua subterránea de Nueve de Julio, incluyendo sustancias como glifosato, atrazina, y otros pesticidas de uso común en la zona agrícola. Estos resultados también serán de acceso público y se difundirán en medios de comunicación locales.
La sentencia busca proteger los pozos de bombeo y las áreas rurales habitadas, al establecer una "zona de exclusión" de 1000 metros alrededor de estos lugares donde queda prohibida la fumigación con agrotóxicos. Esta medida apunta a resguardar la salud pública, especialmente en comunidades rurales expuestas a las fumigaciones.
Los habitantes de French y activistas ambientales han celebrado el fallo, calificándolo de "precedente histórico" en la lucha por el acceso al agua potable y la protección contra la contaminación química. Sin embargo, los vecinos permanecen atentos al cumplimiento de la sentencia, demandando que las autoridades locales y provinciales aseguren el suministro de agua sin riesgos para la salud.
Este fallo representa un hito en la defensa del derecho ambiental y establece obligaciones claras para las empresas y el gobierno en cuanto al suministro de agua potable segura y el monitoreo de contaminantes peligrosos. La comunidad de French ha demostrado que la organización y la acción legal pueden ser herramientas efectivas en la defensa del medio ambiente y la salud pública.
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El senado le dio luz verde al Distrito Minero Malargüe y festeja el oficialismo

Fecha de Publicación: 15/11/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


La Cámara de Senadores aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de 34 proyectos mineros ubicados en ese departamento. Hubo 33 votos a favor y solo tres en contra.
Mientras afuera de la Legislatura se manifestaban activistas ambientales y afiliados de la UOCRA, dentro del recinto los senadores provinciales votaron a favor del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental. En total, 33 senadores levantaron su mano a favor del proyecto impulsado por el oficialismo y solo los senadores Dugar Chappel, Flavia Manoni y Gerardo Vaquer votaron en contra. De esta forma, la Legislatura le dio luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental de 34 proyectos mineros ubicados en Malargüe.
Se trata de una de las principales apuestas del gobierno provincial para generación de empleo y diversificación de la matriz productiva de Mendoza. Si bien la norma abre la puerta a diferentes proyectos mineros, todos enmarcados dentro de lo permitido por la ley 7722, recién comenzarían las tareas de prospección y exploración, por lo que aún se desconoce cuántos de esos proyectos tienen potencial extractivo.
Más allá de ello, la vicegobernadora Hebe Casado afirmó que se trata de "un paso firme hacia un futuro de oportunidades que mejorará la vida de muchos mendocinos y dará un impulso económico a una zona que ha reclamado esta actividad durante años". "Hoy la provincia está de fiesta", aseveró la vicegobernadora y destacó el rol del director de Minería, Jerónimo Shantal, para lograr tan amplio apoyo.
"Actuamos con responsabilidad, escuchando las voces de quienes buscan un futuro de oportunidades en nuestra tierra. Esta actividad, legítima y necesaria en todo el mundo, avanza con el compromiso de cumplir los estándares más altos de seguridad y cuidado ambiental", esgrimió.
"Mendoza tiene certezas, equipos técnicos preparados, mano de obra calificada y una firme decisión de lo que hay que hacer, ampliando su matriz productiva para asegurar un futuro de oportunidades reales para todos los mendocinos", concluyó Hebe Casado.
Fuera de la Casa de las Leyes se vivió un clima variopinto. Por un lado, asambleas por el agua y ambientalistas se expresaban en contra del proyecto del oficialismo. Por el otro, afiliados de la UOCRA se convocaron para respaldar la iniciativa entendiendo que va a servir para generar empleo en Mendoza.
El proyecto contó con el respaldo de casi todo el arco opositor y en el recinto estuvo presente como espectador el intendente de Malargüe, Celso Jaque. El exgobernador era uno de los principales interesados en el avance del distrito minero en el que encuentra una posibilidad de desarrollo genuina para su municipio, de histórica tradición minera.
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Javier Milei ordenó retirar a la misión argentina de la cumbre de cambio climático

Fecha de Publicación: 14/11/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La ya disminuida delegación argentina que participaba esta semana en Azerbaiyán de la conferencia de lucha contra el cambio climático y sus efectos, conocida como la COP 29, se retiró de las sesiones por orden del gobierno de Javier Milei afirman otros participantes de la misma.
El Presidente tiene una posición contra las políticas de lucha contra el cambio climático similares a Donald Trump, a quien va a ver entre este jueves y viernes, en Florida, Estados Unidos.
A diferencia de la administración demócrata, del saliente presidente Joe Biden, Trump amenaza nuevamente con salirse del todo del acuerdo de París.
El martes Clarín preguntó en el Ministerio De Turismo y Deporte que comanda Daniel Scioli por qué ellos habían enviado una delegación y no la Cancillería, como en otros años. Como no hay ministerio de medio ambiente, la presencia argentina fue dudosa. A los diplomáticos se les había prohibido participar.
"La representación de la Subsecretaría de Ambiente estaba dada por técnicos que viajaron porque a fin de año hay que presentar el Informe de Transparencia y iban a tomar unas capacitaciones para ver cómo llevar a cabo este trabajo", dijeron en Buenos Aires las fuentes consultadas sobre por qué había tan escasa presencia.
"Los equipos técnicos van a ilustrarse sobre el modo de llevar a cabo estos informes, reportes y presentaciones que hay que hacer ante la Convención, en cumplimiento de los compromisos internacionales que tomó la Argentina", agregaron.
Ahora, hasta esa pequeña delegación se levantó para "no entorpecer las negociaciones y las decisiones con las que no están de acuerdo". En el encuentro también se vio a Mariángeles Bellusci, embajadora argentina en Azerbaiyán.
Y también Cancillería envió a sus técnicos. Se los vio en el Estadio Olímpico donde se desarrolla la Cumbre. Tal vez, para no arriesgar su puesto exageraron con el hermetismo, tanto en los pasillos como en las negociaciones en acuerdos en los que Argentina tiene mucho para ganar, ya que es uno de los países que puede recibir fondos millonarios para acelerar la incorporación de energías renovables o enfrentar pérdidas ocasionadas por las catástrofes climáticas.
La delegación de Cancillería fue de cuatro personas bajo la batuta de Luciana Alonso. Es un área que ha quedado desmantelada cuando desplazaron junto a Diana Mondino a la máxima experta en estos temas, Marcia Levaggi. Su sucesora, Corina Lehman, prefirió no asistir y envió a Alonso en lo que muchos leen como otra contradicción: ir a un foro para no estar.
La Cumbre cobija a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil y en tiempos de Mondino se los había convocado a una reunión el último septiembre para definir una postura.
Es curioso nadie del Gobierno nacional se preocupó por llamar a los representantes de las provincias, a las ONG, miembros sindicales, de la Iglesia y consultores rompiendo una larga tradición.
Ni siquiera la embajadora, María Ángeles Bellusci, abrió las puertas de su residencia y tampoco se la pudo ubicar en las reuniones. Hoy se supo el motivo con el retiro de la delegación.
Pero no hay más que darse una vuelta por los pabellones para darse cuenta de la ausencia argentina. Brasil descolla en su stand con permanentes debates y hasta Chile se luce junto a Islandia.
Las negociaciones suceden de manera permanente en un área especial en el primer piso del Estadio. Son 159 países que se han dividido en bloques. Argentina juega en dos. Uno es el grupo de los 77 más China que expresa a los países en desarrollo. El otro es el Grupo Sur junto a Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador.
Por cierto, la decisión de retirar a los enviados argentinos causó conmoción en los dos grupos de negociaciones en los que participa la Argentina: el grupo sur con Brasil, Uruguay y Paraguay y el G77 más China.
La delegación no pudo ingresar esta mañana siquiera al estadio olímpico donde se desarrolla la cumbre, ya que esperaban una orden desde Buenos Aires.
Argentina no puede retirarse del Acuerdo de París que firmó en 2015 y fue ratificado por el Congreso en 2016 El trámite de retiro de la COP 29 lleva un año.
Incluso se dice en Bakú que cuando Trump se retiró del acuerdo de París en 2016 dejó de manera permanente a los negociadores de EE.UU.
Hay quienes relacionan esta drástica decisión de Milei con la llegada de Emmanuel Macron a Buenos Aires en una señal intempestiva ante el francés que es uno de los líderes globales en la lucha contra el cambio climático.
Y no deja de llamar la atención ya que en el comunicado oficial sobre la posición argentina ante esta Cumbre se indica que el país seguirá adelante con las mediciones sobre las emisiones que produce, uno de los compromisos del Acuerdo de París.
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El gobierno impulsa endurecer las sanciones contra desmonte ilegal

Fecha de Publicación: 14/11/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional


El gobierno envió a la legislatura un proyecto de Ley con el objeto de adoptar medidas más rigurosas para combatir el desmonte ilegal que incluyan, tanto la agravación de las penas como la implementación de mecanismos de control más eficientes.
Así lo informaron ayer el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez y el ministro de la Producción, Víctor Zimmermann. "Durante toda esta gestión no hubo autorización de cambio de uso de suelo ni permiso para desmonte de ninguna hectárea.
Estamos combatiendo el desmonte ilegal y en ese marco promovemos el agravamiento de multas y un control más fuerte", apuntó Gutiérrez e informó que la propuesta contempla penas mucho más duras que las actuales para quienes violen el régimen forestal.
Zimmermann destacó también el compromiso del gobernador Zdero y de la actual gestión con el cuidado del ambiente y preservación de bosques. "Se trata fundamentalmente de evitar los desmontes ilegales, esto se suma al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que impulsamos oportunamente", destacó.
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Misiones refuerza su lucha contra la caza furtiva y atropellamientos de fauna

Fecha de Publicación: 14/11/2024
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


Misiones lanzó una campaña para frenar la caza furtiva y proteger su biodiversidad, abarcando acciones educativas y de control. En tanto para este fin de semana se realizarán actividades para prevenir atropellamientos de animales.
En un nuevo esfuerzo por erradicar la caza furtiva en Misiones, el Ministro de Ecología, Martín Recamán, explicó los detalles de la campaña presentada el pasado fin de semana en Puerto Libertad, dada su ubicación estratégica en la zona norte. La iniciativa busca visibilizar el impacto negativo de la caza furtiva y promover la consigna de que «en Misiones no se caza», protegiendo así el 52% de la biodiversidad argentina que alberga la provincia.

Importancia de la fauna misionera
Recamán enfatizó la relevancia de conservar la fauna de Misiones, destacando que la provincia alberga el 50% de los yaguaretés de Argentina. «Es nuestro patrimonio, y debemos protegerlo», declaró. Los guardaparques son fundamentales en esta labor, habiendo realizado más de 100 operativos este año para combatir la caza furtiva. Ellos se internan en el bosque durante días, enfrentando situaciones peligrosas y cazadores armados, para preservar la vida silvestre misionera.
El Ministro explicó que la caza furtiva en Misiones no se limita a un problema comercial, sino que también incluye la caza por deporte, placer o consumo personal. Además, existe un mercado negro que trafica pieles, huesos y aves, no solo a nivel local, sino también hacia países vecinos como Brasil y Paraguay. La ubicación geográfica de Misiones, rodeada por estos países, contribuye a la problemática debido a las extensas fronteras secas y la pérdida de fauna en dichas naciones, convirtiendo a Misiones en un «patio verde» para la caza y comercialización.

Medidas de protección
El Ministerio de Ecología de Misiones aborda el problema desde el control y la concienciación, realizando operativos y campañas educativas para involucrar a la sociedad. «Trabajamos con otras instituciones para proteger nuestra fauna», afirmó Recamán. Ante el uso de armas ilícitas, los guardaparques están armados por seguridad, ya que las confrontaciones con cazadores pueden ser peligrosas. Los ciudadanos pueden denunciar la caza furtiva al 911, donde la policía ambiental y los guardaparques actúan conjuntamente.

Prevención de atropellamientos
En ese sentido contó que para el próximo fin de semana coordinan actividades para en el marco de la campaña «Yo freno por la fauna» que busca concienciar sobre la importancia de reducir la velocidad en áreas protegidas. Misiones cuenta con 33 pasafaunas y el primer ecoducto de Latinoamérica para prevenir atropellamientos. Recamán enfatizó que respetar las normas viales es vital para evitar incidentes que afectan a especies como el yaguareté. Recientemente, se sancionó a una empresa por atropellar un yaguareté, y se actuó ante la justicia federal en otro caso similar.
Respecto a la gestión de este año, el Ministro destacó que Misiones ha sumado 10 reservas privadas este año y está desarrollando un proyecto de bonos de carbono para beneficiar a pequeños propietarios. «Misiones es un modelo de conservación a nivel internacional, y eso se reconoce ampliamente», concluyó.
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Preocupación por una mortandad de peces en el río Uruguay por posible contaminación

Fecha de Publicación: 13/11/2024
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


Gran cantidad de peces aparecieron muertos en la desembocadura del arroyo Yuquerí Chico y el río Uruguay, en zona de Benito Legerén, en el departamento Concordia. La situación preocupa a vecinos y pescadores, quienes aseguran que la principal causa de esta mortandad es la contaminación de las aguas “producto de los efluentes que se desechan y provienen del Parque Industrial”.
Según trascendió, un panorama similar se presentó días atrás en todo el arroyo Yuquerí Chico, un sitio conocido por sus aguas cristalinas y por ser un refugio natural para diversas especies.
Los habitantes de la zona exigen que se realice un monitoreo constante de los efluentes industriales y solicitan medidas concretas para frenar la contaminación y preservar el arroyo Yuquerí Chico, además del ecosistema que de él depende.
Tiempo atrás, desde la Municipalidad de Concordia se había informado que planeaban analizar muestras de agua y peces en colaboración con la Facultad de Alimentos para determinar si existe presencia de contaminantes químicos.
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Acuerdo para la conservación de los ríos del sur neuquino une a guías de pesca, fundaciones y propietarios

Fecha de Publicación: 13/11/2024
Fuente: Noticias NQN
Provincia/Región: Neuquén


El Gobierno de Neuquén, la Cámara de Guías de Pesca y la Fundación Tierras Patagónicas firmaron un acuerdo para proteger los ríos Collón Curá, Aluminé, Chimehuín y Caleufú.
En las oficinas del Ministerio de Turismo de San Martín de los Andes, el Gobierno de Neuquén, la Cámara de Guías y Profesionales de Pesca Deportiva, la Fundación Tierras Patagónicas y propietarios ribereños firmaron un acuerdo histórico para la conservación de los ríos Collón Curá, Aluminé, Chimehuín y Caleufú en el sur neuquino.
Este convenio, que establece un marco integral de gestión ambiental y uso turístico, representa un hito en la conservación de los recursos naturales de la región.
“El acuerdo sienta un precedente histórico en la gestión de nuestros recursos naturales, asegurando un equilibrio entre el uso recreativo y la conservación ambiental”, destacó Fernández Capiet, uno de los impulsores del acuerdo.
Un elemento clave del convenio es la creación de una Mesa de Trabajo Permanente, en la que participan todos los firmantes para evaluar el uso de los recursos y coordinar políticas de conservación en base a estudios científicos. Esta mesa se reunirá al menos dos veces al año y se encargará de definir zonas de acampe, accesos y la gestión de residuos para reducir el impacto ambiental.
Además, el acuerdo incluye monitoreos regulares de la calidad del agua y recursos pesqueros, realizados por el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN) y la Fundación Tierras Patagónicas, con el objetivo de ajustar las políticas en función de los resultados. También se exigirá capacitación en manejo de fuego para guías de pesca y campamenteros, organizada por la Cámara de Guías y el Sistema Provincial de Manejo del Fuego.
La supervisión del uso responsable de los recursos estará a cargo del Ministerio de Turismo, conforme a la Ley 2536 y su Decreto 1.777/07, con sanciones específicas para infracciones. El convenio aspira a ser un modelo de gestión sostenible que pueda replicarse en otras áreas de la Patagonia, integrando la colaboración público-privada y el respaldo de datos científicos para la toma de decisiones.
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