El Gobierno presentó un proyecto de ley para el fomento de la agroecología

Fecha de Publicación: 22/06/2021
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Basterra, participó de la presentación de esta iniciativa que está en contra de “la producción agropecuaria con uso de agrotóxicos”.
Leonardo Grosso (Buenos Aires) y José Ruiz Aragón (Corrientes), diputados nacionales por el Frente de Todos, presentaron un proyecto de ley para el fomento a la agroecología.
Su objetivo, según indicaron sus precursores, es fomentar las políticas en todas sus escalas, de cara a la protección de los desarrollos agroecológicos existentes, así como de la promoción y el acompañamiento de nuevas producciones.
La presentación fue encabezada por los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, Roberto Salvarezza; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra. Además participaron representantes del Conicet y el Inta, organizaciones campesinas, sociales y productores.
En la apertura del encuentro, el ministro Salvarezza destacó el proyecto “por su integralidad y el trabajo conjunto en la redacción del mismo”; además, indicó que “la agroecología cumple con dos condiciones: soberanía alimentaria y cuidado ambiental”.
A su turno, Grosso, titular de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, destacó: “Pretendemos resolver, por la positiva y en el momento adecuado, uno de los principales problemas ecológicos que tiene la Argentina, que es la producción agropecuaria con uso de agrotóxicos y con desmontes en toda la Argentina”, agregó.
Por su parte, Ruiz Aragón, presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, aseveró: “Es necesario que entendamos todos y todas la importancia de la participación en estos proyectos que implican la promoción de procesos de producción sustentables”.
“El Estado es fundamental en la promoción de políticas públicas para construir un modelo alternativo, no como contraposición, sino como un camino diferente para los productores que elijan este camino”, continuó.
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El Ministerio de Ambiente convocará a centros de rescate y rehabilitación de fauna silvestre de todo el país

Fecha de Publicación: 22/06/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Así lo anunció el titular de la cartera Juan Cabandié, quien se refirió a la próxima creación de una red federal para impulsar el bienestar animal. Estará conformada por entidades y personas que aporten al adecuado manejo de ejemplares decomisados o rescatados en el territorio nacional.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, adelantó que se va a “llamar a una convocatoria de santuarios en nuestro país”, para garantizar el bienestar animal de ejemplares de la fauna silvestre que sean rescatados o decomisos luego de operativos por tráfico ilegal.
Cabandié introdujo el tema en declaraciones en medios de comunicación al hacer referencia al reciente allanamiento en Santa Fe, donde la cartera ministerial de Ambiente rescató un tigre de bengala, una leona, un coipo y un carpincho. “Nosotros creamos la Brigada de Control Ambiental y por un pedido judicial, junto con Gendarmería, entramos a este campo y labramos actas, se inició un proceso judicial, que está en la etapa de instrucción”, señaló respecto del operativo, y agregó: “Ahora estamos procurando que estos animales tengan un lugar mejor”.
Al respecto, el ministro anticipó la iniciativa de conformar una red federal de establecimientos para garantizar el bienestar animal: “Estamos llamando a una convocatoria en estos días. Detectamos santuarios que trabajan muy bien. Por ejemplo, uno en Córdoba y otro en Entre Ríos. Vamos a ayudar a construir el hábitat necesario para los ejemplares de la fauna silvestre”.
El titular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se refirió así a la próxima publicación de una resolución que creará la Red Federal de Centros de Rescate y Rehabilitación (RFCRR) en pos de aunar esfuerzos por la conservación de la biodiversidad. La misma estará integrada por las distintas autoridades de aplicación nacional, provinciales, municipales, y los centros de rescate y rehabilitación inscriptos ante el Registro único de Operadores de Fauna Silvestre, conformado recientemente por la cartera ministerial.
La presente red federal funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky, y buscará promover la cooperación regional para articular con los diversos actores intervinientes en el decomiso y rescate de fauna silvestre, a fin de lograr la recuperación sanitaria, física, psíquica y conductual de los animales.
También persigue rehabilitar a los individuos decomisados o rescatados, siempre priorizando su liberación en áreas de distribución natural, previa la autorización de la autoridad de aplicación provincial en materia de fauna silvestre y de acuerdo a los protocolos establecidos por Dirección Nacional de Biodiversidad de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente nacional. En tanto, en el caso de no ser posible su liberación, se priorizará su derivación a establecimientos aptos para su estadía.
Dicha resolución también creará el Programa de Fortalecimiento de Centros de Rescate y Rehabilitación, a fin de fortalecer las capacidades técnicas de los actores que conforman la red federal.

Conservación de la biodiversidad
El ministro Cabandié también se refirió al flagelo de la caza ilegal y el tráfico de fauna silvestre: “Cazar un tigre en nuestro país sale 15.000 dólares. En África sale 50.000 dólares. Entonces muchas veces se comete este tipo de delitos y hay cazas furtivas”. “Son animales que están dopados pero que sirven para esa posesión de los humanos de sentirnos dominantes sobre la fauna y sacarnos una foto con la cabeza de un león”, lamentó.
El Ministerio de Ambiente nacional está comprometido con garantizar el bienestar animal y luchar contra el tráfico de fauna silvestre en el país. A tales fines, se creó en septiembre de 2020 la Brigada de Control Ambiental (BCA), que lleva rescatados cientos de animales.
La cartera ministerial, a través de la BCA, realizó más de 60 operativos de inspección y fiscalización relacionados con el comercio ilegal de fauna silvestre, un mercado ilícito que a nivel mundial, se estima, mueve cerca de 20 mil millones de dólares al año.
En ese marco se han logrado rescatar más de 600 ejemplares y hay un número similar de especímenes que están intervenidos en zoológicos mediante causas judiciales en vías de resolución. Vale destacar que el 60 % de los ejemplares capturados por traficantes son aves.
Por su parte, el Ministerio alienta a la población a convocar a la Brigada de Control Ambiental a fin de realizar la entrega de manera voluntaria de ejemplares de la fauna silvestre que sean mantenidos en domicilios particulares como mascotas.
Ante cualquier duda, consulta o denuncia, comunicarse con la BCA a través del correo electrónico brigada@ambiente.gob.ar.
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Campaña para prevenir la contaminación plástica en el Mar Argentino

Fecha de Publicación: 22/06/2021
Fuente: Filo News
Provincia/Región: Nacional


La campaña “Guardianes de los Océanos” promueve a través de actividades de investigación, capacitación y gestión, la conservación de la ballena franca austral y su hábitat en el Mar Argentino.
La ballena franca austral es una especie emblemática del Mar Argentino y es una especie indicadora de la salud de este ecosistema. Si bien hoy no se encuentra en peligro de extinción como sucedió en el pasado, la creciente contaminación plástica de los mares representa una amenaza sobre la cual es imprescindible tomar acciones de prevención antes de llegar a un escenario irreversible.
La Roche-Posay junto al Instituto de Conservación de Ballenas se aliaron para la campaña "Guardianes de los Océanos" y buscan promover la conservación de la ballena franca austral en su hábitat.
A través de esta alianza, La Roche-Posay Argentina apoya al Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), para llevar adelante actividades de investigación científica para detectar a través del monitoreo y la foto-identificación las amenazas que enfrenta  la especie y abordará desde la gestión, capacitación y sensibilización diversas actividades para contribuir a prevenir la contaminación plástica y los impactos en la biodiversidad marina ocasionados por redes de pesca y otros elementos plásticos descartados por la industria pesquera en el Mar Argentino. Entre estas actividades, se incluye fortalecer la gestión de recupero de redes de pesca en desuso en los principales puertos del Mar Argentino, realizar actividades de capacitación de tripulantes de embarcaciones pesqueras y acciones de sensibilización del público en general sobre la importancia de preservar los ecosistemas marinos.
“En la planificación para la conservación de la biodiversidad marina efectiva, es fundamental trabajar en la prevención antes de que los impactos sean irreversibles y causen sufrimiento a los animales y afecten la recuperación de sus poblaciones”, explicó el Dr. Mariano Sironi, Co-fundador y Director Científico del ICB.
El informe técnico “Impacto de redes y sogas de la actividad pesquera sobre las ballenas francas de Península Valdés”,realizado por el ICB con el apoyo de La Roche-Posay Argentina para evaluar las heridas producidas por sogas, redes y colisiones con embarcaciones muestra a través de sus  resultados que las heridas representan una problemática que ha aumentado durante las últimas cinco décadas en la población de ballenas francas australes que utiliza como área de cría y reproducción las aguas costeras de la Península Valdés.
- Entre 1971 y 1979, las ballenas con heridas por enmalles representaban el 7% del total de ballenas con heridas de origen antrópico, mientras que en 2010-2017 ese porcentaje se quintuplicó, siendo del 35%.
- Del total de ballenas lesionadas en cada década, las ballenas con heridas por enmalles en 1971-1979 eran el 3% mientras que en 2010-2017 ese porcentaje fue ocho veces superior, llegando al 26%.
Al respecto, Roxana Schteinbarg, Co-fundadora del ICB, sostuvo: “Afortunadamente, la situación de las ballenas francas australes de Península Valdés, no reviste en la actualidad la gravedad extrema en la que se encontraban en el pasado, como sí sucede hoy con las ballenas francas del Atlántico norte. Es por esto, que es fundamental trabajar desde la prevención en forma conjunta con los sectores industriales, gubernamentales, la sociedad civil e instituciones académicas para evitar generar daños a las ballenas y otras especies que habitan el Mar Argentino”

La campaña “Guardianes de los Océanos”  busca:
- Fortalecer la gestión de recupero de redes de pesca para evitar que se conviertan en residuos promoviendo su integración a un programa de economía circular. Se espera contribuir a aumentar en un 50% el recupero de materiales y lograr para fines del 2022, recuperar 200 toneladas de redes de pesca en desuso.
- Realizar actividades de capacitación dirigidas a tripulantes de embarcaciones pesqueras para promover la implementación de mejores prácticas y optimizar la gestión de residuos dentro de las embarcaciones y en puerto. Estas acciones llevadas adelante en forma conjunta con otras organizaciones argentinas permitirá capacitar al menos a 200 personas dedicadas a las actividad pesquera  
- Sensibilizar a la población general y tomadores de decisiones sobre la problemática y sus soluciones a través de la realización de un audiovisual, un webinar abierto, una limpieza muestral en Península Valdés y un taller multidisciplinario.
- Generar información científica a través del programa de foto-identificación y monitoreo sanitario de las ballenas francas para mostrar la evidencia del impacto de las actividades antrópicas sobre esta especie emblemática del Mar Argentino.
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El Parque de la Biodiversidad de Córdoba será centro de rescate

Fecha de Publicación: 21/06/2021
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Córdoba


La Municipalidad de Córdoba anunció que el ex zoológico, el Parque de la Biodiversidad, se convierte en centro de rescate de fauna. Para animales silvestres rescatados del tráfico y el mascotismo, a partir de un aporte económico del Gobierno Provincial.
La función del parque será la protección y conservación de animales que no pueden ser liberados en su ambiente natural. Cuidando el ecosistema y asistiendo y promoviendo el respeto hacia las especies animales.
Desde enero 2021, y por decisión de la actual gestión del intendente Martín Llaryora, luego de realizar un proceso que incluyó una audiencia pública, se creó el Ente Municipal BioCórdoba que se encargará de la conservación de la biodiversidad, la protección y bienestar animal, la educación ambiental, la promoción de la investigación científica en el ámbito de la ciudad.
Entre otras cosas, el Ente tiene a su cargo la conversión del zoológico en un Parque de la Biodiversidad que con el aporte de expertos, especialistas y profesionales tendrá una visión centrada en el cuidado y la protección animal.
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Advierten que la Ciudad dejó de controlar el plomo en sangre de los habitantes de la Cuenca del Riachuelo

Fecha de Publicación: 21/06/2021
Fuente: nueva-ciudad.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo - CABA


La Auditoría porteña advierte que el Gobierno de la Ciudad dejó de controlar el plomo en sangre de las y los habitantes de la Cuenca del Riachuelo y desvió fondos del saneamiento a otros fines.
 El auditor porteño por el Frente de Todos Lisandro Teszkiewicz advirtió que “el Gobierno porteño disolvió el organismo que tenía que encargarse del principal foco de contaminación ambiental, el Riachuelo” y que “cuando se revisaron los números, quedó a la vista que más de la mitad del presupuesto destinado al saneamiento se lo utilizó en otras cosas”.
De acuerdo con el informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA), desde el año 2013 en el Poder Ejecutivo porteño, existía la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR) que tenía como finalidad específica articular y coordinar las actividades, acciones y/o proyectos relativos a la Cuenca entre las diversas áreas de Gobierno, con ACUMAR, la Justicia y otras jurisdicciones intervinientes en la Causa Mendoza. Sin embargo, hacia finales de 2019 el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta disolvió la UPE y sus funciones quedaron subsumidas en dos áreas, la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas (SSAIYPM) y la Dirección General de Políticas y Estrategias Metropolitanas (DGPEM).
Según los datos volcados en el informe las cuestiones del Saneamiento del Riachuelo no sólo perdieron su nombre, sino que quedaron mezcladas con otras problemáticas del Área Metropolitana y la articulación, no ya con 14 municipios pertenecientes a la Cuenca, sino con los 40 municipios que integran el AMBA, dejando de ser el objetivo principal de un área específica del Gobierno de la Ciudad.
Además, el documento marca que para el 2019, la SSAIYPM presentó a ACUMAR una propuesta de inversión en el PISA CABA de $8.499.201.165 de los cuales ACUMAR, aprobó $ 5.277.240.586. En el informe aprobado por unanimidad por la Auditoria se verificó que se habían incluido acciones no identificadas con el saneamiento que representan el 54,58% de la inversión.
Respecto a las relocalizaciones, cabe destacar que dentro de las prioridades establecidas en la Causa Judicial se encuentran los plazos de cumplimiento del Convenio Marco, avanzando en la liberación del Camino de Sirga a la altura de las villas 21-24 y 26, y a más de 10 años del compromiso contraído, los gobiernos de Macri, primero, y Rodríguez Larreta después, no ha dado cumplimiento a lo ordenado por la CSJN. Esto se evidencia con los datos aportados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) al organismo de control que informó que aún se encuentran 1029 familias para ser relocalizadas de 2527 (según el Convenio Marco).
Además, el informe elaborado por la Auditoría señala entre sus observaciones que “no consta que el Ministerio de Salud de la Ciudad haya efectuado evaluaciones toxicológicas para determinar el dosaje de plomo en sangre durante el período auditado”.
En ese marco, el auditor del peronismo porteño dijo que “en cuanto a la reubicación de las familias el informe es muy claro, ya que, a más de 10 años del Convenio Marco, todavía falta reubicar a más de 1.000 familias, y lo que es más grave en el año 2019 dejaron de hacerse los controles de plomo en sangre de la población de la cuenca”.
El informe de la Auditoría concluye con que “los plazos comprometidos se encuentran vencidos. El objetivo no debería ser, simplemente, mostrar un mayor monto de inversión en el PISA incorporando obras y servicios que no están relacionados con las prioridades del saneamiento de la Cuenca, mientras se siguen retrasando las obras de relocalización de las personas que siguen viviendo en ambientes altamente contaminados. El objetivo, debería ser, concentrar los recursos para cumplir con la planificación y los tiempos de las contrataciones realizadas de manera de optimizar los fondos disponibles en el Presupuesto para el saneamiento”.
En ese sentido, Teszkiewicz enfatizó: “Por más publicidad y negociados que haga con las empresas de basura, Rodríguez Larreta no solo es ineficaz en la ejecución de la política ambiental, sino que lisa y llanamente elimina los organismos destinados a sanear el Riachuelo, que es el mayor riesgo ambiental de nuestra población, y suspende los controles de salud en las áreas contaminadas”.
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La Corte deberá abordar la contaminación con agrotóxicos y la Hidrovía Paraná-Paraguay

Fecha de Publicación: 21/06/2021
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Litoral Argentino


La procuradora Laura Monti dictaminó la competencia del máximo tribunal para que éste aborde el derecho al agua potable, frente a la contaminación del modelo agroindustrial, y también intervenga respecto a la concesión de la Hidrovía desde una perspectiva del río como ámbito natural y no solo como un canal comercial. En un hecho inédito, también habilitó a que se revaliden las autorizaciones de todos los agrotóxicos que se utilizan en el país.
La procuradora del Área de Derecho Público no Penal, Laura Monti, dio el visto bueno para que la Corte Suprema se avoque a un amparo ambiental contra el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires que busca preservar “el derecho al agua potable” frente a la contaminación que representa el modelo agroindustrial (con aplicación de agrotóxicos y fertilizantes) para los habitantes de la Cuenca del Río Paraná. Se solicita el tratamiento de una serie de medidas de preservación de la salud y el ambiente. El amparo presentado por el abogado de la organización Naturaleza de Derechos, Fernando Cabaleiro, junto a la Asamblea Unidos por el Río, solicita la presentación de un Plan de Gestión Ambiental, que reduzca el uso de agrotóxicos, y también convoca a la creación de un Comité de Cuenca del Río Paraná, que cumpla con esos objetivos, a la vez que exige que se suspenda la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La presentación de la organización Naturaleza de Derechos y la Asamblea Unidos por el Río plantea el avasallamiento del Estado nacional y provincial de varias normas y tratados vigentes respecto del cuidado del ambiente, entre ellos el Acuerdo de Escazú, pero hace eje principal en el incumplimiento del Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (Ley 25.688) y la Ley General de Ambiente (25.675) y plantea una serie de medidas precautelares para que “se detenga el proceso de daño ambiental que viene sufriendo la Cuenca del Río Paraná, por la omisión manifiesta de los demandados ante la afectación grave de su biodiversidad como consecuencia de los agrotóxicos que se utilizan en la agricultura industrial y que terminan como residuos peligrosos en sus sedimentos, aguas y peces”.
El amparo aporta prueba documental y científica generada que evidencia el impacto que los agrotóxicos están teniendo a lo largo de la Cuenca del Río Paraná. Entre ellos, el reciente trabajo de la Universidad Nacional del Litoral que surgió como material probatorio en la causa abierta por la Justicia de Santa Fe a partir de la mortandad masiva de peces ocurrida en el Río Salado en diciembre del 2020 y que reveló la presencia de agroquímicos en peces y sedimentos.
Glifosato, AMPA, clorpirifos, cipermetrina, atrazina y endosulfan son algunos de los agrotóxicos presentes en el Río Paraná y sus afluentes en los estudios citados por los demandantes –que advierten que su presencia indica la violación a otro normativa: la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos– por lo que denuncian la vulneración del acceso al agua potable para la población de toda la cuenca.
Otro de los puntos centrales de la denuncia respecto del “derecho al agua potable” es la “inconstitucionalidad por omisión manifiesta por no haber dictado una ley de Presupuestos Mínimos sobre el uso de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos”, a los que relacionan con otro problemática urgente en la cuenca del Paraná: la proliferación de cianobacterias. En paralelo, se denuncia el incumplimiento del artículo 7 de la Ley 25.688 ante la no determinación de los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas, cuando el sistema agroindustrial utiliza 600 millones de litros de agrotóxicos y más de cinco mil millones de litros de fertilizantes sintéticos, según los denunciantes.
Frente a este contexto, el amparo aceptado por la procuradora Monti dentro de la competencia federal de la Corte Suprema solicita que se haga cumplir el artículo 7 de la Ley 25.688 y en calidad de medida precautelar pide:
- Revalidar todos los agrotóxicos autorizados para su comercialización y uso en el país, conforme el capítulo 18 de la resolución 350/1999, garantizando la participación ciudadana inclusiva.
- Realizar a través del Inta-Balcarce o el EMISA de la Universidad de la Plata, un monitoreo urgente en toda la Cuenca del Río Paraná que comprenda estudios sobre la presencia en sedimentos, aguas superficiales, materia suspendida y peces de más de 40 principios activos, presentes entre los paquetes tecnológicos más utilizados por la agroindustria.
- Disponer una tutela anticipatoria con el fin de establecer una zona de resguardo uniforme en toda la cuenca, en la cual no podrán aplicarse ningún tipo de agrotóxicos ni fertilizantes sintéticos, ni de forma aérea ni terrestre, para lo cual deberá tomarse en cuenta el mapa de la Cuenca del Río Paraná conformado por el Instituto Geográfico Nacional.

La Hidrovía, el modelo agroindustrial y la soberanía alimentaria
Fernando Cabaleiro explicó que el amparo cuenta con el acompañamiento de la Red Salud Popular del Chaco (Chaco), Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos y la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente (Santa Fe). Y remarcó que la petición solicita a la Corte Suprema que comprenda al amparo dentro un marco amplio de protección del ambiente, la biodiversidad y la salud humana, incorporando también el concepto de derecho a la naturaleza del Río Paraná. Por eso, el primer punto de la demanda solicita “implementar un plan de gestión ambiental e integral sobre la Cuenca del Río Paraná, en un plazo no superior a los 120 días hábiles” que contemple “una evaluación exhaustiva de impacto ambiental acumulativa y estratégica sobre toda la cuenca con participación social inclusiva que atienda todas las problemáticas ambientales de modo integral y no como compartimentos estancos”.
Dentro de ese marco integral, aunque la demanda fue presentada ante el Estado nacional y bonaerense sostiene la “indivisibilidad” de la Cuenca del Río Paraná, que comprende a las provincias de Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, por lo que solicita a las demandas convocar a una concertación federal para la conformación de un Comité o Autoridad de Cuenca del Río Paraná con participación ciudadana inclusiva en términos del artículo tres de la Ley 25.688 de Gestión Ambiental de Aguas.
En ese sentido, el pedido de amparo pide que «se cite al Consejo Hídrico Federal por ser una persona jurídica de derecho público creada como instancia federal para el tratamiento de los aspectos de carácter global, estratégico, interjurisdiccional e internacional de los Recursos Hídricos». El presidente Alberto Fernández, por decreto 949/2020, creó el Consejo Federal Hidrovia para avanzar en la renovación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, pero los demandantes advierten que ese ámbito es insuficiente para el análisis global de la hidrovía, proponiendo una perspectiva que respete al río como ámbito natural y no como un canal comercial.
La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un reclamo similar ante el Consejo Hídrico Federal en la apertura del debate para la concesión realizada en febrero pasado, cuando el horizonte de la renovación de la concesión estaba puesta en el 30 de abril. Límite prorrogado, al menos, hasta el 30 de julio, tras la muerte del ministro de Transporte, Mario Meoni.
“Exhortar a las demandadas a realizar, para abordar de modo integral y participativo todas las problemáticas ambientales que la atraviesan, estableciendo un procedimiento de precaución, autorización, prevención, protección, evaluación, vigilancia y control permanente, mitigación, remediación y reconversión respecto de todas las actividades antrópicas que impactan sobre la misma”, exige la medida de amparo ambiental y solicita como medida precautelar que el Estado nacional se “abstenga de emitir actos administrativos conducentes” a cumplir con la licitación de la hidrovía.
La integralidad planteada por las organizaciones socioambientales une el derecho al agua potable con el modelo agroindustrial y la Hidrovía Paraná-Paraguay como símbolo de la salida del 80 por ciento de las exportaciones de esa complejo, al solicitar analizar la concesión desde otra perspectiva: “La necesidad de implementar un programa de reducción de uso de agrotóxicos y de reconversión en la producción agroalimentaria hacia la agroecología”.
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Polémica en Chubut: pagan por el exterminio de especies autóctonas como el puma y el zorro

Fecha de Publicación: 19/06/2021
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Chubut


El gobierno de Chubut puso en práctica una anacrónica ley para promover y recompensar monetariamente la caza de zorros colorados y pumas, ambas especies autóctonas de la Patagonia, con la finalidad de satisfacer de modo cruento un reclamo de los productores ganaderos de la provincia.
Además de crear una Comisión de Control de las Especies Depredadoras de la Ganadería, la Ley XVII-Nº 52, promulgada por el gobernador Mariano Arcioni, establece incentivos monetarios para los cazadores: 1.000 pesos por cada piel de zorro colorado y 5.000 pesos por piel y cráneo de puma.
La mencionada Comisión está representada por la sociedad civil únicamente a través de la Federación de Sociedades Rurales de la Provincia de Chubut, justamente los principales interesados en exterminar a la fauna autóctona de la región ya que, supuestamente, depreda el ganado doméstico.
Otras implicancias de la ley incluyen las capacitaciones para colocar adecuadamente trampas para los animales, así como también obligar a los propietarios de campos a controlar a estos depredadores o a colaborar para que otros lo hagan, como la contratación de cazadores profesionales.
La disposición generó una fuerte polémica en la provincia, especialmente entre entidades ambientalistas y conservacionistas, y alcanzó repercusión nacional, ya que la Fundación Vida Silvestre envió una carta al mandatario chubutense para manifestarle su rechazo.
"El conflicto entre productores agropecuarios y animales silvestres es tan antiguo como la actividad misma. Desde entonces, y con un énfasis dramático en las últimas décadas, los ecosistemas silvestres y las especies que los habitan fueron perdiendo esta disputa sin consideración de los impactos negativos en términos de la riqueza de la biodiversidad", señala la organización.
Además advierte sobre el impacto negativo que produce en el medio ambiente la ganadería a gran escala, mientras que las especies nativas animales y vegetales brindan "servicios ambientales como la calidad del agua, de los suelos, secuestro de gases de invernadero, control de especies portadoras de zoonosis, etc.".
"El incentivo económico para la matanza de animales silvestres nativos demuestra grandes retrocesos en nuestra sociedad y acentúa la preocupación sobre prácticas productivas negativas para el ambiente", afirma Vida Silvestre.
Y reclama "planes de manejo de estas especies que estén basados en información técnica sólida para evaluar su situación poblacional, identificar claramente los problemas o conflictos con las actividades productivas, y analizar diferentes alternativas para solucionarlos".
Finalmente, señala que "los predadores tope —como los zorros y pumas— son un eslabón fundamental en los ecosistemas y esto incluye sinergias positivas incluso con la actividad agropecuaria: en la práctica, la mayoría de zorros y pumas no predan sobre animales domésticos". Además "poblaciones sanas de predadores previenen explosiones demográficas de otras especies como liebres europeas y guanacos".
De hecho, el puma concolor o puma americano, que está presente en todo el continente, obtiene su alimento principalmente de los guanacos, ciervos introducidos, choiques, liebres, roedores y otra fauna silvestre como el zorro colorado, del que es único predador, aparte del hombre.
Además de otras peticiones que aparecen la plataforma Change.org, Vida Silvestre lanzó una campaña solicitando firmas de la ciudadanía para reforzar el pedido de derogación de la ley, a la que se puede suscribir desde
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Presentan un proyecto  de ley para ampliar el Parque  Nacional Pre-Delta en el Paraná

Fecha de Publicación: 19/06/2021
Fuente: Revista Weekend
Provincia/Región: Entre Ríos


La iniciativa propuesta por la diputada Blanca Osuna busca aumentar en 146 hectáreas la reserva natural ubicada a seis kilómetros al sur de la ciudad de Diamante, Entre Ríos.
De prosperar un proyecto de ley que acaba de ser presentado por la diputada Blanca Osuna del Frente para Todos, el Parque Nacional Pre-Delta se verá beneficiado con la incorporación de las 146 hectáreas que actualmente conforman el Campo Coronel Sarmiento, ubicado en las cercanías de la localidad de Villa Diamante, Entre Ríos.
“El objetivo de esta ley es poder sumar como áreas protegidas a las partes tanto de la barranca como de los campos altos, a fin de accionar por la preservación de la flora y de la fauna, y el resguardo de nuestra casa común”, explicó Osuna.
El predio de Campo Coronel Sarmiento, con sus 146 hectáreas de extensión, aporta terrenos no inundables, de fácil acceso y ubicación estratégica, facilitando la instalación de seccionales para el Cuerpo de Guardaparques Nacionales. Pero, además, favorece las posibilidades educativas, turísticas y de esparcimiento a la comunidad, con una perspectiva de resguardo del medio ambiente”, agregó la legisladora entrerriana.
La idea de preservar el Campo Coronel Sarmiento lleva varios años. Primero, con la desafectación del predio al ejido del distrito de Diamante, para su transferencia al Estado Nacional, en 2012 y, luego, con la sanción de la Ley de Aceptación que fue aprobada en el año 2020.
De esta manera, la incorporación del Campo Coronel Sarmiento al predio del Parque Nacional Pre-Delta concluiría el trabajo iniciado hace casi una década.
El proyecto cuenta con el apoyo de los diputados oficialistas Daniela Vilar, Leo Grosso, Carolina Gaillard, Mayda Cresto y Marcelo Casaretto, entre otros.

El Parque Nacional Pre-Delta, paraíso entrerriano
Creado el 12 de diciembre de 1991, mediante la Ley N° 24063/91 aprobada por el Congreso Nacional, con el fin de preservar una parte de los ambientes del delta superior del río Paraná, actualmente el Parque Nacional Pre-Delta cuenta con una superficie de 2.608 hectáreas.
Ubicada a 5 kilómetros de la localidad de Diamante , el paisaje está dominado por islas con forma de plato hondo, arroyos, lagunas y riachos con la influencia del Paraná, un corredor de biodiversidad que aporta a la región numerosas especies de animales y plantas típicas tanto de la selva misionera como de la provincia de Chaco.
Por su parte, la Azotea es una barranca natural donde habitan una amplia variedad de aves, entre las cuales se destacan el celestino, el brasita de fuego y el frutero imperial, y el martín pescador grande.
En las lagunas que se forman en las zonas centrales deprimidas de las islas,  sobresalen los irupés con sus grandes hojas flotantes, mientras que en los sitios más altos, se encuentran los bosques ribereños de sauce criollo, timbó, alisos de río y ceibo.
En tanto que, en las  zonas de aguas abiertas se pueden divisar patos, garzas, cigüeñas y gallaretas.
Además de coipos, carpinchos, comadrejas coloradas y gatos monteses, el Parque Pre-Nacional Pre-Delta también protege al lobito de río y al yacaré overo, especies en peligro de extinción, mientras que bajo sus  aguas, abundan sábalos, dorados, surubíes y mojarras.
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Denuncian connivencia entre funcionarios y Comarsa por la basura del fracking en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 19/06/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Neuquén


Asociaciones ambientalistas presentaron actas de inspección de la Subsecretaría de Ambiente que dan cuenta de que la compañía siguió operando "pese a ocupar ilegalmente terrenos fiscales, contaminar, desobedecer y ocultar información al organismo de autoridad".
Luego de que en diciembre la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunciara penalmente por envenenamiento y adulteración a la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S. A. (Comarsa), responsable de gestionar los residuos de Vaca Muerta en la Patagonia, el legislador neuquino Andrés Blanco (FIT) hizo un pedido de acceso a la información pública dirigido a la Subsecretaría de Ambiente provincial para confirmar lo que vecinos y organizaciones venían denunciando desde hace años.
Como resultado, Blanco recibió 1.184 fojas con las actas de inspección realizadas por los técnicos del organismo entre 2013 y 2021, cuyo análisis fue dado a conocer el miércoles pasado en audiencia pública a través de un informe elaborado por el Observatorio Petrolero Sur, el Taller Ecologista de Rosario y La Izquierda Diario.
Según denunciaron, “Provincia, Nación y municipios tuvieron conocimiento de los graves hechos ocurridos en las plantas de tratamiento que Comarsa posee en la ciudad de Neuquén y Añelo. En lugar de tomar medidas para impedirlos, los funcionarios (Jorge Lara, Ricardo Esquivel y Juan de Dios Lucchelli, entre otros) facilitaron el accionar de la compañía, a la que se señala por ocupación ilegal de terrenos fiscales, tratamiento fraudulento de residuos petroleros, daños a la salud de la población, contaminación, desacato y ocultamiento de información”.

Sanciones previas a Comarsa
En 2017, “Comarsa fue sancionada por infracciones a la ley marco ambiental de Neuquén, pero las multas -que suman $ 4.614.148- jamás fueron abonadas. Si la Secretaría de Ambiente hiciera uso de la ley que impone un monto adicional del 10 % por cada día de mora, la cifra ascendería a $ 564.682.409 a marzo de 2021”. Por su parte, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas calcula el pasivo ambiental de Comarsa en 5.000 millones de pesos.
En diálogo con Perfil, Fernando Cabrera, coordinador del Observatorio Petrolero Sur y coautor del informe, declaró: “Lo novedoso es que hoy tenemos acceso a cómo los inspectores de la Subsecretaría de Ambiente, acompañados de inspectores municipales y de la Nación, dan cuenta de una serie de irregularidades e incumplimientos de ciertas normativas básicas por parte de Comarsa”.
Según Cabrera, esto corrobora lo que la comunidad venía denunciando desde 2013: “Los vecinos veían que un horno quemaba mal y salía humo negro, avisaban a un teléfono de advertencia de la Subsecretaría, que mandaba a sus inspectores, y estos se encontraban con que un horno, cuyo uso estaba prohibido, se encontraba prendido. Nosotros lo decíamos, pero ahora es el propio Estado el que se encuentra con eso, y correlativamente no tomando medidas”.

Las empresas petroleras, en la mira
El especialista habla de “connivencia estatal”, pero también apunta contra las corporaciones petroleras que contratan los servicios de la empresa: “YPF, Chevron, Shell, Exxon, Pluspetrol, Panamerican son, según la legislación argentina, las responsables de los residuos peligrosos que generan, por lo que son corresponsables de lo que Comarsa hubiera hecho mal”.
“Desde Shell Argentina buscamos mitigar los impactos potenciales de nuestras actividades en acuerdo con nuestros estándares medioambientales y en cumplimiento de las regulaciones ambientales vigentes”, señaló en dialogo con PERFIL Verónica Staniscia, gerente de Relaciones Externas de Shell. “Para eso, llevamos adelante medidas de pre-tratamiento de secado de recortes de perforación en locación y trabajamos con nuestros contratistas para mejorar su performance ambiental”.
Respecto a las responsabilidades de Comarsa, agregó: “Como contratista para el tratamiento y disposición de residuos en la provincia del Neuquén, Comarsa está certificada por las autoridades correspondientes. Celebramos toda iniciativa que ayude a seguir mejorando la performance ambiental de nuestros contratistas”.
Consultado por PERFIL, Rafael Colombo, de la Asociación de Abogados Ambientalistas y autor de la denuncia penal, indicó que el informe elaborado a partir de las actas de inspección “es decisivo”.
Según el letrado, “el informe ratifica los hechos denunciados en 2020 en relación a las responsabilidades tanto de Comarsa como de los funcionarios públicos de la provincia de Neuquén y la Municipalidad de Neuquén”, y aseguró que, tras la acusación, las autoridades se ocultaron “en el más hermético de los silencios”.
Colombo adelantó a Perfil el nuevo rumbo de la denuncia penal contra Comarsa: “Vamos a hacer una ampliación solicitando que se incorpore el informe presentado y las respuestas oficiales en las que está basado, junto con un encuadramiento jurídico-penal a los fines de fortalecer el rumbo de la investigación y las hipótesis de responsabilidad sobre Comarsa y los funcionarios públicos que por acción u omisión permitieron que todo esto ocurra y siga ocurriendo”. A Comarsa “se le está pagando por una actividad que no realiza”, agregó.
Por su parte, el diputado neuquino Andrés Blanco, quien presentó el pedido de informes, apuntó contra las autoridades legislativas: “En 2019 no funcionó en ninguna oportunidad la Comisión de Ambiente de la Legislatura”. Según el dirigente, “hubo derrames importantes en equipos petroleros, dos incendios y un trabajador petrolero que falleció, pero incluso en ese contexto la Comisión de Ambiente no funcionó. Entendemos que fue para garantizar ese marco de impunidad en el tratamiento de temas tan sensibles como este, que trascendieron en la opinión pública”.
Respecto a la presentación del informe, Blanco declaró a Perfil: “Yo invité a todos los legisladores a la audiencia pública para dar alguna explicación o incluso para decir que no estaban en conocimiento, pero no hubo ninguna repercusión en el ámbito de los legisladores. Vamos a presentar un pedido de interpelación al subsecretario de Ambiente de la provincia. Ahí vamos a ver las voluntades políticas un poco más claras”.
Desde Perfil tratamos de contactarnos con Comarsa y con funcionarios de Ambiente de Neuquén, pero al cierre de este artículo no conseguimos su testimonio. Hoy sesionará la Legislatura de Neuquén. El diputado Andrés Blanco indicó que en ella solicitará que el tema obtenga “tratamiento con preferencia”.
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En Argentina, sólo se recicla el 5% de los residuos electrónicos

Fecha de Publicación: 18/06/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Los electrodomésticos y los dispositivos electrónicos aportan soluciones a problemas de la vida cotidiana, pero una vez se rompen o decidimos cambiarlos por modelos más novedosos, se convierten en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y en muchos casos su porcentaje de recuperación o reciclaje es muy bajo.
Según el Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos (2020), en Argentina se generan 465 mil toneladas de RAEE por año y el 60% termina en basurales o rellenos sanitarios, mientras que el porcentaje de elementos que son recuperados o reciclados es sólo del 5%. El resto, por el contrario, se acumula y se convierte en un grave foco de contaminación, tomando en cuenta que este tipo de residuos contiene infinidad de sustancias tóxicas.
Este fenómeno se agrava con el hecho de que cada vez se consumen más dispositivos electrónicos: cada año se descartan alrededor de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos en todo el mundo y solo el 9% corresponde a los producidos en Latinoamérica. En este contexto, Argentina ocupa el tercer puesto en el ranking regional, luego de Brasil y México, con una generación promedio de 10,3 kg por habitante.
Para visualizar estas cifras en concreto, se estima que de un total de 10 celulares en desuso, entre 5 y 6 son almacenados en hogares e instituciones por desconocimiento sobre qué hacer con ellos. Un celular y medio llega a talleres de reparación y sólo 1 se recicla con la idea de recuperar materiales. Lo más preocupante es que luego de pasar un tiempo almacenados o de atravesar las distintas etapas de recuperación, se calcula que 6 de esos celulares terminan en basurales o rellenos sanitarios.

Elementos peligrosos
La acumulación de RAEE afecta a la salud humana a través de la exposición a elementos tóxicos como el plomo. En investigaciones recientes citadas en el mismo informe del Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos, se ha constatado un número cada vez mayor de efectos adversos para la salud: problemas en el parto, alteraciones en el desarrollo neurológico, problemas de aprendizaje, daños en el ADN, problemas cardiovasculares, respiratorios e inmunológicos, enfermedades de la piel, pérdida de audición y cáncer, sin mencionar el impacto ambiental generado por los tóxicos que desprenden este tipo de dispositivos, los cuales contaminan el suelo, el agua y el aire.
Para aumentar el porcentaje de recuperación y/o reciclaje de RAEE, es necesario el compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas, por un lado, y de los funcionarios a cargo de las distintas localidades por otro. En este sentido, cada municipio debería contar con espacios de recepción para este tipo de residuos y otros especiales como pilas y baterías, aceite usado, cartuchos, toners, entre otros. Asimismo, debería informarse a la ciudadanía de la existencia de dichos puntos, a la vez que se la concientice mediante información que dé cuenta de los impactos que tiene el tema en cuestión.
Mientras se intenta reducir el volumen de RAEE generados a través de programas de recuperación y reciclado, la lucha se hace cuesta arriba con el arraigado consumismo que caracteriza a la sociedad actual. Los aparatos tienen un ciclo de vida cada vez más corto a causa de la obsolescencia programada, una práctica empresarial que consiste en diseñar y fabricar productos con una vida útil relativamente corta para incentivar todavía más su consumo.

Falta de marco legal
Actualmente, una de las grandes deudas ambientales de nuestro país en materia legislativa es la de una Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión para este tipo de recursos. En este sentido, existen leyes nacionales (Ley N° 25.675 General del Ambiente; Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos; Ley N° 25.916 para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios), provinciales y de CABA relacionadas. Sin embargo, estas normativas parecen no haber sido suficientes para impulsar la gestión de RAEE y otros residuos especiales de generación universal (REGU).
En este contexto, en 2016 el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación dictó la Resolución 522 en la que se establecen objetivos, definiciones y lineamientos, para el desarrollo de una Estrategia Nacional referida al Manejo Sustentable de REGU, entre los que se encuentran los RAEE. Sin embargo, dado el tipo de norma elegido, este tipo de resolución no tiene carácter obligatorio. En busca de mejorar la reglamentación existente y avanzar hacia políticas públicas obligatorias de carácter nacional, la discusión debería darse entonces en términos de qué tipo de norma es adecuada para establecer definiciones y qué tipo de ley debió dictarse.

¿Qué hacer?
Mientras tanto, desde nuestro lugar hay algunas acciones que podemos llevar a cabo frente a esta realidad: al adquirir productos eléctricos y electrónicos procuremos elegir aquellos de mejor calidad en la medida de lo posible, para tratar de extender al máximo su vida útil; también es recomendable evitar cambiarlos si aún funcionan o arreglarlos mientras se pueda; finalmente, si debemos reemplazarlos por nuevos, independientemente de la razón, averigüemos emprendimientos, fundaciones o programas que los reciban para refaccionarlos o reciclarlos.
Las acciones individuales siempre pueden inclinar la balanza de manera positiva pero serán efectivas y sostenibles en el tiempo solo si la gestión de RAEE es llevada adelante mediante una estrategia efectiva que aplique para todo el territorio nacional.
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Atropellan y matan a un ocelote y a un venado

Fecha de Publicación: 18/06/2021
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


En las últimas horas fueron arrollados en la ruta provincial 19 y sobre la ruta nacional 12.
Entre el martes y es miércoles, dos animales silvestres murieron atropellados en rutas de la provincia de Misiones, de acuerdo a informes proporcionados por la Policía de la provincia.
Desde la Unidad Regional 5, la Defensa del Medio Ambiente de Puerto Iguazú, se indicó que el martes a las 19:40 un movil oficial del Ministerio de Ecologia, constató que sobre la ruta 19, en el Parque Provincial Urugua-i, que un ejemplar de ocelote macho, adulto en el medio de la ruta estaba sin vida, producto de una colisión de un automóvil. Al ejemplar se lo trasladó al puesto de Urugua-í para las actuaciónes correspondientes.
Esta madrugada de miércoles, alrededor de las 1:40, la comisaría de la localidad de Candelaria, informó sobre la muerte en idénticas circunstacias de un venado sobre la ruta nacional 12, en el tramo comprendido entre Candelaria y Santa Ana.
De tamaño mediano, se hallaba tendido sin signos vitales, presumiblemente atropellado por un vehículo, cuyos datos por el momento se desconocen, se informó.
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Acumar presentó un programa para capacitar a ediles sobre gestión ambiental

Fecha de Publicación: 18/06/2021
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo


La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) creó un programa para capacitar a concejales municipales y comuneros de la Ciudad de Buenos Aires sobre buenas prácticas de gestión ambiental con la finalidad de fortalecer las capacidades estatales sobre la normativa en esa temática.
Se trata del Programa de Gobernanza Ambiental para el Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo que tiene por objetivo la interacción entre las personas involucradas en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones, que sirve para co-construir propuestas unificadas incorporando todas las miradas, mediante un trabajo colectivo y de cooperación.
Según se informó, además se trabajará con los Consejos Escolares, quienes representan un nexo con la comunidad educativa y resultan claves en la transmisión de buenos hábitos.
El objetivo es brindar formación y capacitaciones con perspectiva ambiental que permitan elaborar legislaciones para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
El proyecto contará con talleres de aprendizaje colectivo que abordarán ejes como residuos sólidos urbanos, biodiversidad, salud y educación ambiental, ordenamiento ambiental del territorio, cambio climático, reservas urbanas, evaluación de impacto ambiental y participación pública.
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YPF busca incursionar en el litio para potenciar vehículos eléctricos y energías renovables   

Fecha de Publicación: 17/06/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El interés por el litio está a tono con el objetivo del Gobierno nacional de explotación del mineral y su agregación de valor local de carácter estratégico como ventana de oportunidad de desarrollo de la movilidad sustentable.
YPF busca incursionar en el litio para potenciar vehículos eléctricos y energías renovables La petrolera YPF analiza el mercado del litio, a través del cual se podría abrir el desarrollo del aprovechamiento de este mineral de alta demanda para el proceso de electrificación global y en particular para su industrialización como materia prima de las baterías de los vehículos eléctricos y las energías renovables.
El tema fue motivo de análisis en las dos últimas reuniones del directorio de la petrolera, por lo que de definirse avanzar con la conformación de una nueva figura jurídica -que todavía no fue creada-, permitirá incursionar en un segmento que comenzó a ser estudiado durante las gestiones de Miguel Galuccio y Miguel Angel Gutiérrez.
La iniciativa ahora bajo la conducción del actual titular de la compañía, el santacruceño Pablo González, es parte de "la necesidad de ir preparándose para acomodar la industria a un nuevo tipo de energías, y hacerlo con una visión de futuro".
González, en la última reunión de directorio, planteó que "se tiene que pensar en diversificar el horizonte de negocios" de la compañía, lo que permitirá, a la vez, "sumar un horizonte de inversiones para los accionistas".
"También se cuenta con el acompañamiento de las provincias productoras que están a disposición de YPF y creen que con el liderazgo que tiene en diversos rubros, no solamente la producción, es fundamental para llevar adelante nuevas figuras asociativas que diversifiquen el horizonte de negocios", explicó.
La iniciativa de analizar las posibilidades de incursionar en un nuevo mercado es de interés de los gobernadores de las provincias que cuentan con las mayores reservas de litio del país, entre las que se encuentran Jujuy, Salta y Catamarca.
YPF podría enfocar su misión en el sector extractivo, para lo cual tiene la experiencia necesaria no sólo por la actividad hidrocarburífera que desarrolla hace 99 años sino sobre la base de la división de minería a través de la Compañía de Inversiones Mineras S.A. (Cimsa), que acaba de absorber formalmente hace dos meses.
Pero también se abriría a un proceso de investigación y desarrollo de los procesos variados de industrialización del mineral, lo que incluye la etapa final de producción de baterías de litio para la industria automotriz y de energías renovables, rubros de alto valor agregado para el mineral.
Tal como viene ocurriendo en las grandes petroleras globales, YPF es "la primera empresa de energía integrada del país que ya está pensando en los desafíos que vienen, liderando la transformación energética a través de la utilización de renovables y la investigación sobre otras fuentes como el litio o el hidrógeno", explicaron fuentes consultadas para esta nota.
La nueva área de trabajo podría seguir así la línea ya trazada por YPF Luz en el campo de la generación eléctrica, tanto en la operación de centrales termoeléctricas como en el desarrollo de las energías renovables, en las cuales cuenta con los proyectos eólicos de Manantuales Behr, Los Teros y Cañadón León.

YPF Luz
YPF también encabeza el consorcio de investigación y desarrollo del hidrógeno, iniciativa conocida como H2ar mediante la cual convocó a grandes empresas locales para convertir al país en productor a gran escala de hidrógeno obtenido a partir de energías renovables, un elemento clave en la transformación del sistema energético global.
El interés por el litio está a tono con el objetivo del Gobierno nacional de explotación del mineral y su agregación de valor local de carácter estratégico como ventana de oportunidad de desarrollo de la movilidad sustentable, vinculada a la existencia de las reservas de litio en el país.
El presidente Alberto Fernández anunció el 1º de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el envío de un Proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable durante el presente año, con la que se promoverá la producción local de vehículos propulsados con fuentes no convencionales.
Ya en noviembre de 2014, bajo la gestión de Galuccio, YPF a través su Y-Tec (YPF Tecnología S.A.) firmó un convenio marco para la creación del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas sobre Litio y sus aplicaciones, junto al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ia provincia de Jujuy, y la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).
En diciembre de 2016, Y-TEC firmó con la compañía italiana FIB-FAAM y la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado una carta de intención para avanzar en el estudio de factibilidad de la construcción de la primera planta de celdas de ion-litio de la Argentina, a lo que siguió en 2019 un acuerdo con la provincia de Jujuy para incrementar la cooperación en los desarrollos en torno al mineral.
Ya en la actual gestión de Gobierno, en junio de 2020, el secretario de Minería, Alberto Hensel, admitió el interés en que YPF, en la que el Estado cuenta con el 51% de las acciones, abra una división para desembarcar en el sector minero y asociarse con empresas extranjeras, idea que conversó con el entonces titular Guillermo Nielsen, a través de Cimsa, la firma que la petrolera adquirió en 2013, para proveerse de las arenas silíceas que utiliza para la fractura no convencional.
La Argentina, junto a Bolivia y Chile, pertenece al llamado Triángulo de Litio, en le cual alrededor del 67% de las reservas probadas y cerca de la mitad de la oferta global se concentran en esa zona para atender a un proceso de reconversión tecnológica.
Así, este mineral es considerado el el punto de partida para poner en valor el potencial que tiene el país: la dotación de recursos naturales, las redes de investigación y desarrollo, una industria automotriz con proveedores locales y regionales y una industria química de trayectoria.
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Colección de cuentos por el clima “El cambio climático no es un cuento”

Fecha de Publicación: 17/06/2021
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Nacional


Convocatoria abierta para estudiantes de Institutos de Educación superior de todo el país
La Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa junto con el área de Políticas Estudiantiles del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) abren la convocatoria para participar de la Colección de cuentos por el clima: “El cambio climático no es un cuento”. El objetivo es elaborar un repositorio colaborativo hecho por estudiantes de los institutos de formación docente del país, y que los cuentos permitan no solo cuestionar las causas y efectos del cambio climático, sino también construir de forma literaria historias que sean insumos de trabajo en las futuras y actuales prácticas docentes que se desarrollan en las escuelas en torno a la educación ambiental y el cambio climático.
Todos los cuentos seleccionados formarán parte del repositorio y se encontrarán disponibles en el portal de la Red INFOD, la página del Ministerio de Educación y el Portal Educ.ar. También se emitirá un certificado de mención a cada estudiante que haya participado como autor/a de los cuentos seleccionados.
También se invita a quienes deseen participar, a que puedan inscribirse para recibir un acompañamiento en encuentros virtuales sincrónicos a modo de taller junto con especialistas y envío de materiales de consulta. Este acompañamiento estará limitado a quienes deseen participar y se inscriban previamente aqui.

Objetivos
-Promover reflexiones sobre la problemática del cambio climático desde la perspectiva de los y las docentes en formación.
-Comunicar a través de obras literarias la necesidad de abordar el cambio climático como problema socioambiental.
-Propiciar la participación estudiantil y docente a través de una experiencia colectiva singular que sea comunicable a otros.
-Favorecer la acción climática a partir de la participación estudiantil en la que se incluyan otros espacios socioculturales y comunitarios, fuera de la propia institución educativa.

Condiciones para participar
-Podrán participar estudiantes de todos los Institutos de Formación Docente del país, ya sea de forma individual o a través de grupos de trabajo, con un máximo 5 integrantes.
-Se deberá presentar por cada grupo de trabajo un cuento original e inédito de una extensión de 2500 hasta 5000 palabras en el que se incorpore la vinculación del cambio climático con, al menos 2 de los ejes mencionados en la presentación del proyecto.
-El cuento podrá acompañarse con -hasta 5 (cinco)- dibujos y/o fotografías originales y/o sin derechos de autor, en formato digital y como anexos en el mismo archivo de texto. Por otra parte, las y los estudiantes participantes tendrán la posibilidad de convocar a una/un docente o especialista para colaborar en la puesta en marcha del proyecto. La o el docente referente podrá acompañar este proceso desde los contenidos y/o la orientación en la redacción y escritura.
-Cada estudiante podrá presentar hasta 2 (dos) cuentos, independientemente de que se trate de un trabajo grupal o individual.

Presentación del cuento
La presentación será exclusivamente en formato digital a través de un formulario en el que se detallen:
Datos del ISFD: Provincia, localidad, nombre del ISFD.
Nombre de lo/as estudiantes (y docentes, si los hubiese)
Correo electrónico y teléfono de los y las integrantes del grupo autoral
Carrera/s a la que pertenece cada estudiante
Título del cuento.
Ejes seleccionados que se abordaron en el cuento.
También se adjuntará al formulario 3 archivos:
Cesión de los derechos de autor
Declaración jurada de originalidad del cuento
El cuento en formato .doc o .docx (Word u otro procesador de texto) - 

Formulario

Acompañamiento
Al momento del lanzamiento de la convocatoria, y en el marco del mes del Ambiente, se realizará una entrevista (la que será grabada para su posterior consulta en el canal oficial de YouTube del Ministerio) con especialistas en la temática.

Selección de los cuentos
La Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa, a través del Área “Debates sociales y participación desde la educación en Cambio Climático”, en forma conjunta con el Área de Políticas Estudiantiles, seleccionará los cuentos que formarán parte del repositorio de acuerdo a los siguientes criterios:
Creatividad y originalidad del cuento.
Incorporación de, al menos, dos ejes temáticos con los que se vincula el cambio climático.
Potencialidad/Factibilidad de incorporación del cuento como recurso didáctico.
Para esta instancia se podrá contar con la colaboración de representantes de los equipos jurisdiccionales de educación superior.
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Contaminación con plomo: citaron a una funcionaria y a ex directivos de la firma

Fecha de Publicación: 17/06/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


Los tres serán indagados en setiembre, acusados de tener algún tipo de responsabilidad por las intoxicaciones que terminaron con varios hospitalizados y una niña fallecida.
Avanza la investigación por el caso de personas contaminadas con plomo en la ciudad de Ceres, en el norte provincial, y ahora la Justicia Federal resolvió citar a declaración indagatoria a dos ex integrantes de la comisión directiva de la empresa Nesaglo y a una funcionaria del gobierno provincial.
El juez Reinaldo Rodríguez fijó fecha para el 1° de setiembre, a pedido del fiscal federal Jorge Gustavo Onel, quien interinamente está al frente de la delegación rafaelina del Ministerio Público Fiscal.
La causa fue iniciada de oficio por la fiscalía, al tomar conocimiento por medios periodísticos sobre la existencia de niños contaminados con plomo que estaban siendo asistidos en el Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal Onel asegura que, con las pruebas reunidas hasta el momento, hay "suficientes elementos de juicio para sospechar que Daniel Osmar Ochoa y Norma Inés Orellano –quienes integraron el Directorio de la firma Nesaglo S.A. a la fecha de cierre de la misma (año 2017)-, como así también Mónica Mabel Ucero –Directora General de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia-; por impericia en el propio arte o profesión, en el caso de dos directivos de la firma; y por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, en relación a la funcionaria".
Onel explicó en su pedido al juez que los análisis realizados confirmaron que en el predio de la empresa, donde funcionaba el establecimiento Cerplac SA, en inmediaciones del cruce de calles Tucumán y Larrea, se había producido una contaminación con plomo de modo peligroso para la salud en el agua, el suelo, en elementos vegetales y en otros sólidos del lugar.
Los estudios también determinaron la presencia de plomo en sangre -en una concentración nociva- en al menos 21 personas de familias que se habían radicado en el predio abandonado, de las cuales tres fueron hospitalizadas y una falleció.
En cuanto a la actuación de la funcionaria, el fiscal explica que era la encargada de efectuar el control sobre las empresas como Nesaglo, "consistente en la respectiva inspección de impacto ambiental, plan de cierre y eventualmente la posterior clausura en tiempo oportuno".

Irreparable
El plomo terminó cobrándose la vida de una de las víctimas intoxicadas. Se llamaba Xiomara Abigail Crespín, era apenas una niña y tenía una elevadísima concentración de ese metal en sangre: 1,98 mg/I (valor de referencia: <0,05 mg/I).
La pequeña ingresó al hospital de la ciudad de Ceres y luego derivada en grave estado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe el día 31 de diciembre de 2020. Luego de una prolongrada agonía, falleció el 6 de enero.
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