Anuncian erradicación del basural más grande del país

 


Ambiente anunció la erradicación del basural a cielo abierto más grande del país y presentó el proyecto para construir un Centro Ambiental en Luján

Fecha de Publicación
: 29/05/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional


El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, participó junto al intendente de esa localidad, Leonardo Boto, del acto donde expusieron el proyecto que tendrá una inversión estimada de USD 10.731.820.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, a través del secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, participó de un acto en la localidad de Luján, junto al intendente Leonardo Boto, para anunciar la construcción de un Centro Ambiental y la erradicación del basural a cielo abierto más grande y antiguo de país, en ese municipio bonaerense.
Durante el acto Federovisky remarcó: “Nos comprometimos desde el primer día de la gestión de Juan Cabandié en el Ministerio de Ambiente, con la indicación clara del presidente Alberto Fernández, a hacer de la política ambiental algo que modifique la realidad”, y agregó: “Quienes nos hicimos cargo de la gestión en la cartera ambiental nacional entendimos que no podemos dejar nuestra gestión con 5 mil basurales a cielo abierto, porque si ese llegara a ser nuestro resultado, fracasaremos”.
Además, el funcionario resaltó que el proyecto para la creación de un nuevo centro ambiental en Luján “es emblemático” porque “pone por delante el compromiso social con los trabajadores, con dignificar y formalizar su trabajo”.
Asimismo Federovisky continuó: “Es un proyecto que también pone por delante el bienestar de los trabajadores con una guardería, con todos los espacios previstos para que se pueda trabajar en condiciones normales y no en condiciones dramáticas frente a cualquier inclemencia del tiempo. Es un proyecto que pone por delante la economía circular para recuperar los residuos, y que contempla el tratamiento y la recuperación de todas las corrientes de los residuos sólidos y urbanos que van a tener el tratamiento que corresponde”.
El Centro Ambiental contará con una planta de separación de residuos que se dividirá en un sector para áridos, neumáticos, vidrio y poda, además de un centro de interpretación ambiental y administración que contará comedor, cocina, baños y vestuarios. La inversión estimada será de USD 10.731.820 y se enmarca en el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El equipamiento GIRSU que recibirá el municipio de conduce Boto incluye excavadora, pala frontal, camión con volcador, camiones con caja cerrada con plataforma hid trasera, carretón, autoelevador, minicargadora, trituradora de vidrio, cortadora lateral de neumáticos, trituradora de cascotes, chipeadora de ramas, balanza para camión con eje portatil, enfardadoras con doble cajón vertical y balanzas de piso.
Es importante resaltar que el proyecto ya fue enviado por el Ministerio de Ambiente al BID para su no objeción técnica, para luego iniciar el proceso licitatorio. Una vez adjudicada la obra, lo que se estima que ocurra dentro de los próximos 90 días, se iniciarán los trabajos que demandarán un año hasta la puesta en marcha del nuevo centro ambiental y la erradicación definitiva del actual basural a cielo abierto de la localidad de Luján.
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Jujuy realizará un censo de tarucas en semanas

 


Censo para proteger la población de tarucas en Jujuy   

Fecha de Publicación
: 29/05/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy


Se hará en julio desde la Secretaría de Biodiversidad y Fundación Cebio, para el estudio de la especie y erradicación de la caza furtiva.
Censo para proteger la población de tarucas en Jujuy Considerada emblema del Noroeste Argentino, la taruca tiene un halo de misterio muy especial que la hace única en el corazón de la Puna, Yungas y Valles jujeños.
De espíritu libre y curioso, este venado inmenso, cuyo nombre científico es Hippocamelus antisensis, habita en Santa Ana y Caspalá.
Gracias a la naturaleza agreste, logra con éxito camuflarse entre pastizales que lo ocultan de miradas indiscretas, ya que su pelaje gris se confunde muy fácilmente con el maravilloso paisaje que lo rodea. Es que prefiere, por lo general, caminar por laderas rocosas donde existen distintas especies de pastos para alimentarse y luego seguir su camino junto a la manada que puede tener hasta quince ejemplares en plena zona de altoserranos; dentro de ecorregiones como Puna, Valles, Yungas, Monte de Sierras y Bolsones.
"En el presente, las poblaciones de tarucas se encuentran más aisladas entre sí, en parches de hábitat muy específicos y con muy pocas áreas de contacto entre ellas debido a la fragmentación de hábitat", comentó José Manuel Segovia, asesor técnico y guardaparque de la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, quien describió que desde la entidad a la que pertenece, se pretende obtener un registro poblacional de la especie en la zona.
Este es el proyecto que se viene realizando junto a la Fundación para la Conservación y Estudio de la Biodiversidad - Cebio - que busca generar y difundir conocimiento científico que ayude a valorar y conservar sustentablemente la biodiversidad.
Lo significativo de esta unión es el hecho de haber efectuado una serie de trabajos consistentes en elaborar un censo de tarucas, para ver cuál es el estado poblacional actual en el que se encuentran en Santa Ana y Caspalá. "Se hicieron dos viajes a la zona. El primero en el mes de abril-marzo, donde tomamos contacto con la gente para presentarnos, brindar el proyecto y decir en qué consiste el mismo, cuáles son los resultados que van a obtener", comentó Segovia que se generarán cartillas informativas para distribuirlas en las escuelas de la zona.
La taruca es, entonces, motivo de cuidado y protección; pero también de admiración por su gran belleza, elegancia y porte; que destaca en cualquier lugar en donde esté.
Así, otro de los objetivos es capacitar a los cinco guías turísticos locales, para brindar un circuito y mostrar a las tarucas como un animal súper interesante a los visitantes del lugar.
"Estamos planificando realizar el censo en las primeras semanas de julio, vamos a estar viajando para la zona de Santa Ana a desarrollarlo. Se va a descansar una semana y la siguiente está previsto ir a Caspalá", detalló Segovia acerca de este censo que se efectuará caminando, llegando a puntos clave.
"El censo de las tarucas será mediante transectas y puntos de observación; para esta metodología se utilizará telescopio, binoculares, distanciómetros y planillas. La taruca no es para nada dócil, es arisca, por eso cuesta poder censarla", contó Segovia que integra el equipo conformado por biólogos y otros guardaparques que esperan seguir trabajando por la zona durante muchos años más para lograr establecer cuáles son los principales problemas de conservación de esta especie, en el marco de un proyecto considerado como único y verdaderamente importante para la provincia; y, de esta manera, impedir por todos los medios la caza furtiva de este magnífico animal.
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Salta: alertan sobre criminalización de campesinos

Salta: Acceso a la Justicia alerta contra la criminalización de la referente ambiental y campesina Lucía Ruiz

Fecha de Publicación
: 29/05/2021
Fuente: Ministerio de Justicia
Provincia/Región: Salta


En el escrito presentado se subraya que “se debe tener en extremo cuidado el tratamiento de causas que signifiquen un riesgo de criminalizar a los defensores del medio ambiente y la lucha por la tierra, el territorio y el medio ambiente sano”.
Ezequiel Álvarez, Coordinador de la Región NOA de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), presentó un escrito ante el juez Anastasio Vázquez Sgardelis, solicitando tenga a consideración el Acuerdo de Escazú y la legislación ambiental vigente en la causa en la que se busca criminalizar a Lucía Ruiz y otros por defender tierras campesinas y de comunidades del Chaco Salteño del desmonte llevado a cabo por un grupo empresario.
Desde 2010 Lucía Ruiz y sus compañeros/as defienden la tierra en la zona conocida como Lote Colonia La Juanita y La Santafesina en el Departamento Rivadavia de la Provincia de Salta. Las y los ambientalistas y campesinas/os alertaron que un grupo de empresarios realiza desmontes y picadas en ese territorio.
“Es imperioso mencionar que desde el 22 de abril se encuentra vigente el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y la especial protección de los derechos de las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, aseguró el abogado Ezequiel Álvarez.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional de carácter vinculante destinado a promover y mejorar los derechos de todas las personas a acceder a la información ambiental, a la participación pública en las decisiones que los afectan, y a garantizar el acceso a la justicia ambiental, contiene además cláusulas especiales para la protección de personas defensoras de derechos humanos en la defensa de la naturaleza.
La lucha por la defensa de la tierra que Lucía y la comunidad impulsan se enmarca también en la aplicación de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Ley 26.331, que establece que los territorios que este grupo de empresarios pretenden apropiarse y desmontar, según su relato y denuncia, pertenecen a la categoría 2 o amarillo según el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la Provincia de Salta. “Es decir, que son sectores de mediano valor de conservación, quedando su uso limitado al aprovechamiento sostenible y recolección de las familias campesinas que allí habitan. Por lo tanto, es obligación del Estado proteger esos territorios del desmonte indiscriminado”, aporta Álvarez.
En el escrito presentado por Ezequiel Álvarez, se subraya que “se debe tener en extremo cuidado el tratamiento de causas que signifiquen un riesgo de criminalizar a los defensores del medio ambiente y la lucha por la tierra, el territorio y el medio ambiente sano”. La referente campesina recibió el apoyo también del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y otros referentes de derechos humanos y ambientales.

Fallo del Tribunal de Tartagal
La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia manifiesto su rechazo y preocupación a la resolución que acaba de tomar el tribunal de Tartagal en la causa que juzga a Lucia Ruiz y otros referentes campesinos, rechazando los amicus curiae presentados por numerosas personalidades y organizaciones de gran trayectoria en la lucha por la vigencia de los derechos humanos.
"Estamos convencidos que en un Estado de Derecho, y desde el poder judicial, se deben no sólo respetar, sino también promover todas aquellas herramientas que contribuyan al conocimiento, vigencia y efectivización de los derechos humanos, en especial de aquellos más vulnerabilizados y perseguidos. El rechazo de los amicus curiae en el marco de la causa mencionada significa un claro retroceso en el marco del derecho a la defensa en causas ambientales y de derechos humanos. Para terminar entendemos, como dice nuestro Papa Francisco, que asumir el desafío de "cuidar la casa común", nuestro planeta, se ve amenazado por este tipo acciones, procesos y resoluciones que criminalizan a los sectores que protegen el medio ambiente, y niegan participación a las organizaciones que trabajan y conocen el territorio con una gran trayectoria en la lucha por los derechos humanos", manifestaron desde la DNPFAJ.
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En Lobos hallaron agroquímicos hasta en la plaza

 


Lobos: encontraron agroquímicos hasta en el suelo de la plaza principal

Fecha de Publicación
: 28/05/2021
Fuente: El Popular
Provincia/Región: Buenos Aires


Una ONG presentó los resultados de un preocupante relevamiento sobre plaguicidas que hizo en colaboración con el INTA. Hallaron sustancias en el agua corriente, en arroyos y canales que llegan a la laguna, en una escuela y hasta en la plaza central.
Un estudio realizado por un laboratorio del INTA a pedido de una ONG de Lobos dio cuenta de la presencia de agroquímicos en el agua corriente de ese distrito, en arroyos y canales que llegan a la laguna local y en el suelo de la plaza principal y de una escuela.
La ONG "Alianza Clima, Vida y Salud Lobos" publicó en los últimos días los alarmantes resultados de un "monitoreo ambiental" que realizó con la colaboración del Laboratorio de Plaguicidas del INTA Balcarce.
"Encontramos contaminación por plaguicidas en todas las muestras de la zona urbana y rural de Lobos, en el agua corriente, en el suelo de nuestros jardines y plazas, en el aire, en el agua de lluvia, y en nuestros cursos de agua y nuestra lagua", informó la organización ambientalista.
A través del estudio, se hallaron "11 plaguicidas en aguas subterráneas de distintas profundidades". "En la bomba 19, perteneciente a la red de agua corriente de Lobos encontramos niveles del herbicida 2,4 D que están 45 veces por encima de lo aceptado por la Unión Europea", explicaron.
Asimismo, indicaron que en una muestra de agua de lluvia tomada en la plaza principal de la ciudad de Lobos se encontraron 10 agroquímicos y seis en material vegetal de árboles.
A través del relevamiento, también se hallaron plaguicidas en los suelos: en la Escuela N°3 de la localidad de Las Chacras (ubicada en el distrito) y en la plaza principal. Además, se detectaron unos 12 en cursos de agua (arroyos y canales) que llegan a la laguna.
"Tanto la Atrazina, como el 2,4 D y el glifosato encontrados en casi todas las muestras en cantidades alarmantes son disruptores endócrinos o sea que pueden provocar enfermedades de la glándula tiroides", señalaron desde la ONG. Y detallaron que otras sustancias encontradas son probables causantes de cáncer.
La organización explicó que los resultados "ponen en evidencia el transporte de los plaguicidas y su impacto por fuera de los campos de cultivo donde se utilizan" y pidió por controles y por la actualización de las normativas municipales.
"Lobos está contaminado con plaguicidas. Tenemos las pruebas científicas frente a nuestros ojos. La buena noticia es que aún estamos a tiempo para hacer algo para cuidar nuestra tierra, nuestra salud y la de nuestras hijas e hijos", indicaron desde "Alianza Clima, Vida y Salud". Y aclararon que los estudios se financiaron "de manera colaborativa" y "están a disposición de la comunidad".
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Leyes para ordenar el pedemonte de Mendoza cajoneadas


Llevan un año “cajoneadas” las leyes para ordenar el pedemonte

Fecha de Publicación
: 28/05/2021
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


El tratamiento del proyecto fue postergando varias veces, debido a que la agenda de la Legislatura se centró en la crisis económica y la pandemia. Se esperan avances la próxima semana.
La propuesta se centra en la determinación de zonas aptas para la construcción y regiones “prohibidas”, principalmente por los riesgos aluvionales.
 Llevan un año “cajoneadas” las leyes para ordenar el pedemonte Este sábado se cumplirá un año desde la presentación de dos proyectos importantes de la gestión de Rodolfo Suárez, que todavía no tienen debate en el recinto legislativo. Ambos están relacionados con el ordenamiento del Piedemonte mendocino y uno de ellos reemplazará -si se aprueba - a la actual ley, que está desactualizada. Las iniciativas pretenden regular y ordenar todo el desarrollo en esa zona tan importante para la provincia, que durante años ha crecido de manera desregulada, incluso avanzando en lugares de alto riesgo aluvional.
Las propuestas fueron presentadas el 29 de mayo del 2020 y ambas cumplieron ya varios meses de estudios técnicos, ya que durante la gestión de Alfredo Cornejo, la secretaría de Ambiente, cuyo titular es Humberto Mingorance, estuvo trabajando en el tema. La pandemia, la crisis económica y otras situaciones coyunturales, provocaron que la Legislatura dejara temporalmente de lado estos proyectos. Sin embargo, uno de ellos, el que plantea un ordenamiento de la zona, podría tener novedades la semana que viene.
Ernesto Mancinelli, senador de Libres del Sur y titular de la comisión de Ambiente, es quien lleva el liderazgo de esta iniciativa, llamada “Ley de pautas de manejo y disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza”. En diálogo con Los Andes, admitió la tardanza en buscar el tratamiento legislativo sobre tablas, pero expresó que este lunes podría haber avances positivos para su sanción.
El legislador recordó que el proyecto tuvo algunas modificaciones durante este 2021, sobre todo provenientes de la dirección Hidráulica, pero insistió en que “ya está listo para ser tratado en el recinto”. En tanto, la otra propuesta, que establece zonas de áreas protegidas también en el Piedemonte, se tratará una vez que se dé aprobación al primero.

A la espera de la luz
Según los cálculos de Mancinelli, la Comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara Alta propondrá este lunes que se establezca una comisión conjunta entre Ambiente, Hacienda y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); para votar en el despacho esa misma semana y que esté listo para ser tratado sobre tablas en la sesión del 8 de junio.
“Con el resto de los legisladores de las comisiones ya hemos tenido contacto y conocen la letra fina del proyecto. Creemos que rápidamente se puede sacar despacho y votarlo”, analizó Mancinelli.
El legislador espera también tener la aprobación de la oposición, teniendo en cuenta que “todo ha sido debatido e incluso se han agregado algunas sugerencias propuestas de otros partidos”. No obstante, desde el PJ señalaron que “no han habido avances en la comisión” y se mostraron sorprendidos por los últimos movimiento del oficialismo.
Algunos de los pedidos realizados por la oposición se centraron en lo que se llamaría “Unidad Interjurisdiccional Piedemonte”. Esta sería, según establece el artículo 6 del proyecto, la autoridad de aplicación que decidirá qué se podrá hacer y qué no, en base a los lineamientos de la ley.
La primera solicitud por parte del PJ, que esté integrada por miembros de cada una de las intendencias del Gran Mendoza, fue que se considere que “todo lo que se resuelve aguas arriba (por el Piedemonte), impacta aguas abajo”.
La propuesta peronista era que, además de Godoy Cruz, Luján, Las Heras y Capital (los cuatro departamentos que son del Piedemonte), pudieran haber miembros (Unidad Interjurisdiccional ) vinculados a su partido, como las intendencias de Maipú y Lavalle. No obstante, este pedido no fue aceptado por el oficialismo.
Acto seguido, el PJ presentó otra propuesta, que consiste en que haya al menos un miembro del Departamento General de Irrigación. Esta opción sí fue avalada por Cambia Mendoza.
De esta manera, la Unidad estará integrada (si se aprueba el proyecto) por dos miembros de la agencia provincial de Ordenamiento Territorial, uno por la unidad de Evaluaciones Ambientales de la Secretaría de Ambiente, otro por la dirección de Hidráulica, el miembro propuesto de Irrigación; y un titular y un suplente por los cuatro municipios donde está la zona del Piedemonte.
En tanto, tal como aclaró días atrás Mingorance, esta nueva ley “daría más precisiones y terminaría con algunas cuestiones que durante años han ocurrido por falta de control”, como por ejemplo, la construcción en áreas de riesgo aluvional sin la aprobación municipal, que han desembocado en millonarias multas para los emprendedores.
Para el funcionario, este proyecto, como el otro que crea un área natural protegida en el Piedemonte (y que se tratará una vez se dé luz verde a éste primero), otorga reglas claras en lo que respecta a qué se puede hacer y qué no en la zona.

Puntos importantes
El objetivo principal del proyecto, en términos generales, es establecer zonas y sub-áreas en el Piedemonte en las cuales, según su peligro aluvional (muy alto, alto, medio, bajo) no puedan desarrollarse proyectos inmobiliarios. Sería el caso por ejemplo de los cauces aluvionales. Al mismo tiempo, se definirían otras regiones que sí podrían ser urbanizables, ya que son seguras desde el punto de vista aluvional.
La iniciativa propone también una limitación de urbanización, que no podrá exceder la curva de nivel de cota de 1.150 metros sobre el nivel del mar (en una zona de Luján será de 1.200) debido a que por arriba de ese punto se dificulta la construcción de infraestructuras de servicios, como el agua potable.
La propuesta se vincula además con el proyecto que propone la creación de un área natural protegida. Su tratamiento está más demorado, ya que aguardarán para aprobar el proyecto “madre” de ordenamiento de la zona.
En base a estos lineamientos, se establecerán zonas con condiciones ambientales “de suma importancia para la conservación de los ecosistemas y para los servicios que brindan a la sociedad mendocina”.
En este sentido, se zonificarán espacios de “Reserva de Paisaje Protegido”, que abarcará a lugares que permitirán “usos recreativos, de esparcimiento y turismo”, con la necesidad de mantener la calidad del paisaje “mediante prácticas de ordenamiento adecuadas”.
Las complicaciones o puntos delicados de este proyecto son terrenos que estarán “sujetos a expropiación” en el Piedemonte, para evitar la expansión urbana y proteger los recursos naturales; y otros sectores donde se aplicará la “restricción al dominio” para “reservar los usos del suelo existentes a los objetivos propuestos para el área, bajo control por parte del Estado”.
Desde la Legislatura destacaron que estas acciones vinculadas con las expropiaciones, han sido la piedra en el zapato de esta iniciativa, que aún tiene que ser debatida en la propia comisión.
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El Nahuel Huapi en peligro por el tratamiento de las cloacas

 

Bariloche: reclaman por una obra que podría contaminar el lago

Fecha de Publicación
: 28/05/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Rio Negro


En Rio Negro, vecinos y vecinas de la localidad de Dina Huapi reclaman que la construcción de una planta para el tratamiento de residuos cloacales puede contaminar el lago Nahuel Huapi y el río Limay. Si bien el proyecto plantea la construcción de una planta depuradora en el propio ejido municipal, este año el gobierno local propuso reemplazarla por un conducto para llevar los efluentes cloacales hacia la planta de la ciudad de Bariloche. “La presión urbana sobre los parques nacionales es cada vez mayor”, señaló a Página/12 Alejandro Beletsky, ex guardaparque y habitante de la localidad.
Los vecinos advierten que ambos proyectos son riesgosos para el medio ambiente, y que no hay datos certeros que afirmen que el sistema actual esté contaminando las napas de agua. El Departamento Provincial del Agua (DPA) de Río Negro afirma que “no hay sistema más eficiente que la red cloacal” y confirmó que “se va a instalar una red freatrimétrica para evaluar el estado de las napas”.
En Dina Huapi, una localidad al norte de la Patagonia habitada desde hace más de cien años aunque declarada como municipio autónomo recién en 2008, viven cerca de 7 mil habitantes. En 2017 el entonces intendente Danilo Rojas propuso la construcción de una red cloacal y una planta depuradora dentro del ejido municipal, donde en la actualidad cada construcción tiene su propia cámara séptica o biodigestor, dos sistemas para el tratamiento de los residuos cloacales domiciliarios. En febrero de este año la actual intendenta, Mónica Balseiro, propuso otra opción: un colector de más de ocho kilómetros para llevar las “aguas negras” hacia la planta depuradora de Bariloche, reinaugurada en diciembre del 2020 después de la ampliación que llevó adelante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
Para evaluar ambos proyectos propuestos para Dina Huapi, el Gobierno provincial convocó a una audiencia pública -tal como establece el artículo 20 la Ley General del Ambiente- en la que gran parte de los vecinos y vecinas se opusieron a ambas alternativas. “La disyuntiva no es si cloacas sí o cloacas no, sino tener en cuenta los sistemas alternativos, que son mucho más eficientes”, sostenía durante la audiencia Alejandro Corbatta, vecino de Dina Huapi y ex presidente del Consejo Deliberante de la localidad. El problema que plantean los vecinos es que, tal como indica el protocolo de actuación de la gestión de los residuos cloacales de Bariloche, “en caso de ocurrir una falla el agua será vertida al Lago Nahuel Huapí por una cañería de by pass” donde se declara “zona de exclusión” hasta que se normalice la situación. Otro de los participantes, el ingeniero industrial Carlos Brendstrup -integrante de una de las dos primeras familias que poblaron el municipio- se preguntó si no sería conveniente “pensar en un gran biodigestor, que vaya a la estepa sin verter los componentes al lago”. Para Beletsky la alternativa viable es que cada lote administre sus residuos. “La presión urbana sobre los parques nacionales es cada vez mayor”, señaló el ex guardaparque, que denuncia la contaminación del lago desde 1995, cuando se instaló en la Patagonia. En Dina Huapi “hace ochenta años que los pozos están ahí y no hay indicio de contaminación”, aseguró.

Los dos proyectos
En la planta de Bariloche, instalada al este de la localidad en la costa del Nahuel Huapi, todavía avanzan las obras de la red cloacal, con un colector que transporta por la costanera los efluentes del centro de la ciudad. Hasta hace unos meses la infraestructura aseguraba una cobertura para 90 mil habitantes, un número que la densidad poblacional superó incluso en el censo del 2010, cuando ya había más de cien mil residentes en la ciudad. “Cuando se estudia la factibilidad hay que pensar en población futura. Sino se satura el sistema”, evaluó Carlos Aristegui, presidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), organismo que administra la planta depuradora y la red cloacal de la ciudad. Según afirmó Aristegui a este diario, todavía no fue consultado acerca del proyecto que prevé que la planta de Bariloche se encargue de los efluentes de Dina Huapi. “Hay un procedimiento porque las cosas pueden fallar, por una rotura o por la cantidad de agua de lluvia que se mete en los ductos”, explicó el responsable de la CEB aunque aclaró que se trata de “una situación realmente extraordinaria”.
En Dina Huapi, la obra que impulsó la gestión de Rojas instala la infraestructura, prevista para contener los residuos cloacales de 15 mil habitantes, en un terreno detrás del Club Danés, a 400 metros del arroyo Ñirihuau. Allí se prevé la “descarga de los efluentes tratados a un dren subsuperficial a 70 metros del arroyo”, según precisa el estudio de impacto ambiental realizado por la consultora en ingeniería Funes & Ceriale -radicada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora-, con fecha de febrero de este año.
El informe, que analiza tanto esta alternativa como la del conducto hacia la planta de Bariloche, también detalla los límites máximos a 20 años para el vertido directo de efluentes a los cursos de agua -el Nahuel Huapi y el Limay-, un protocolo que se activa cuando fallan los sistemas de bombeo y sus grupos electrógenos: 290 metros cúbicos por hora para la estación de bombeo junto al lago, y 125 para la que se encuentra junto río. “Cuando llegué a Bariloche, en 1994, me di cuenta de que todos los residuos cloacales iban a parar al lago. Sin tratamiento, totalmente crudos”, relató Beletsky. Si bien la nueva planta de Bariloche -donde durante las temporadas de invierno y verano la densidad poblacional se incrementa en gran medida- estima una capacidad para 190 mil habitantes, como señala Aristegui, “cuando se hacen los estudios de factibilidad se considera no llegar al nivel de saturación, por eso se amplió la planta”.

Anticiparse al problema
En el ejido urbano de Dina Huapi, que comprende 1.216 hectáreas, hay 2.340 conexiones de agua potable y 1.468 terrenos baldíos. “Si empezás a amontonar casas en un mismo lugar es lógico que empiecen a contaminarse las napas”, advirtió Beletsky, para quien anticiparse al problema es una cuestión de índole inmobiliaria. “Si se mantiene controlado el desarrollo urbano, cada uno puede hacerse cargo de sus residuos con biodigestores bien instalados”, explicó y opinó que “el problema de la contaminación no es de la comunidad sino de quien quiere explotar el negocio del desarrollo inmobiliario”. Sin embargo, para la intendenta, la red de cloacas representa una evolución para el municipio. “Si la ciudad sigue creciendo, en cinco o diez años los sistemas individuales van a terminar llegando al suelo. Y es muy probable que si se contamina la napa vamos a terminar contaminando el lago”, señaló Balseiro a este diario aunque admitió que “todavía no sabemos lo que está pasando, si hay o no contaminación”.
Para saber lo que está pasando, el DPA planea instalar, en los próximos meses, una red freatrimétrica, que es un sistema de perforaciones en puntos estratégicos para extraer muestras de agua y evaluar la calidad del líquido y el nivel de la napa. “Es un problema invisible”, describió Fernando Curetti, responsable del organismo que administra las obras de saneamiento en la provincia. Según el funcionario, en Río Negro ya hay diez plantas depuradoras que garantizan “vuelco cero” de efluentes en ríos o lagos.
“Sabíamos que había una situación en Bariloche por los desbordes, pero con la ampliación de la planta ya no hay vertidos crudos al lago”, explicó a Página/12 el ingeniero y advirtió que “los biodigestores funcionan bien pero necesitan control, mantenimiento. Es prácticamente imposible controlar a dos mil usuarios uno por uno”. Ante la falta de certezas, el organismo avanzará primero con la evaluación de las napas de agua. “En el plan director de Bariloche está prevista la construcción de otra planta. Sería lógico que en lugar de construir dos, se rediseñen las dimensiones incluyendo a la población de Dina Huapi”, evaluó Curetti. "No hay sistema más eficiente que la red cloacal”, advirtió.
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Actividad sísmica podría complicar las represas de Santa Cruz

 


Un informe oficial pone en duda el futuro de las represas de Santa Cruz

Fecha de Publicación
: 27/05/2021
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Cruz


Advierte que faltan datos sobre la peligrosidad sísmica de Cóndor Cliff y La Barrancosa; el estudio había sido pedido por la Corte, que debe dictaminar sobre la continuidad de las obras
Un informe oficial advirtió que se omitieron datos sobre la peligrosidad sísmica de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa, en Santa Cruz, y fue presentado ante la Corte Suprema para evaluar la continuidad de las obras, donde participan los empresarios kirchneristas de la firma Electroingeniería.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) emitió un inquietante dictamen sobre los estudios técnicos realizados antes de la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. El organismo aseguró que fue omitido en el estudio de peligrosidad sísmica el análisis de las fallas geológicas sobre el río Santa Cruz. Además, consideró que los estudios realizados no son idóneos y reconoce que no hay información suficiente para considerar los posibles efectos sísmicos que podría generar la obra.
El año pasado, en una de sus primeras apariciones tras el triunfo electoral, la vicepresidenta Cristina Kirchner recorrió la represa Cóndor Cliff acompañada de la gobernadora Alicia Kirchner y el empresario de Electroingeniería Gerardo Ferreyra, quien había sido procesado en la causa de los cuadernos de las coimas. Tras la recorrida, consideró que la obra “fue abandonada por el macrismo”.
El informe del Inpres fue elevado a la Corte Suprema, que en octubre pasado requirió a tres organismos nacionales que den a conocer sus análisis técnicos acerca del impacto que tendrán las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el medio ambiente. Y les dio 30 días de plazo para responder.
Con siete meses de demora, y tras una intimación de la Corte, el organismo con sede en San Juan envió un escueto aunque contundente reporte técnico en el que puso en relieve las deficiencias y omisiones informativas del estudio de sismología.
En octubre pasado, mientras se vivía uno de los momentos de mayor tensión entre el máximo tribunal y el Poder Ejecutivo Nacional, la Corte dio lugar a los planteos realizados en la causa por la Fundación Banco de Bosques –representada por el estudio del constitucionalista Daniel Sabsay–, que intenta que se declaren la nulidad de los estudios de impacto ambiental y una medida cautelar para que se frenen las obras.
Puntualmente, la Corte le solicitó al Inpres verificar la idoneidad de los estudios realizados por la firma Ebisa, y le pidió que emita una opinión fundada en relación con la necesidad de realizar un estudio de sismicidad inducida, es decir eventos sísmicos que resultan de la actividad humana. “No se menciona el tipo el suelo sobre el que estar emplazadas las presas, ni los parámetros de caracterización que justifiquen la elección de opciones en los modelos de atenuación”, expresa el informe, que lleva la firma de la doctora Patricia Alvarado, directora ejecutiva del instituto.
El informe detalla que existen una serie de “fallas geológicas que atraviesan el río Santa Cruz, que si bien son mencionadas, luego son omitidas en el estudio de peligrosidad sísmica por no confirmar las evidencias publicadas. Sin embargo, para ser descartadas estas estructuras del estudio, deberían presentarse mejores fundamentos que el enunciado” y el equipo experto recomienda que se realice el mismo análisis sin descartar las fallas geológicas.
Explican que ante la falta de instrumentos de monitoreo permanente “se hace difícil estimar adecuadamente la amenaza potencial que estas fallas geológicas pudieran tener en el caso de una circunstancial activación” y que “los estudios realizados no permiten confirmar su completa idoneidad”.
Sobre la posible sismicidad inducida de la obra que ya está en marcha recomendaron la instalación de una red de sismómetros que ayude al monitoreo de sismicidad local y obtener registros por al menos de 3 a 5 años previos al llenado de los embalses y aconsejan una red de estaciones sismológicas rodeando ambas presas y las fallas geológicas más cercanas: “Será de gran ayuda para detectar microsismicidad que pudiera estar originada en estas estructuras y de esta forma poder tener mejores estimadores sobre la actividad sísmica en dichas fallas geológicas y de su potencial máximo”.
Para Cristian Fernández, abogado en la causa, el dictamen es un “reconocimiento de un organismo técnico de que existe un vacío de información crucial para ponderar los riesgos sísmicos”. “Amerita el dictado urgente de una medida cautelar”, agregó. La empresa estatal Ieasa fue consultada sobre el informe por LA NACION pero no obtuvo respuestas. Además del Inpres, la Corte pidió informes técnicos a la Administración de Parques Nacionales y al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Solo falta la respuesta de este último.
El proyecto hidroeléctrico que avanza sobre el río Santa Cruz se caracterizó por una sucesión de marchas y contramarchas. Fueron licitadas durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y ganó el consorcio conformado por China Gezhouba Group Limited-Electroingeniería SA e Hidrocuyo SA, pero luego fueron frenadas por una cautelar de la Corte y revisadas durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando además de rediseñar la potencia de las represas recuperaron sus nombres originales, Cóndor Cliff y La Barrancosa, tras haberse llamado por cinco años Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente.

Sismos en la zona
Como parte de la misma respuesta, desde el Inpres informaron a la Corte de dos eventos sísmicos en el área cercana donde se construirá la represa Cóndor Cliff. Uno de fecha 17 de enero y el último el 14 de mayo pasado. Y aclaran que existe una alta probabilidad de que ambos sismos puedan estar relacionados con la falla geológica Río Bote, ubicada en el extremo oeste del Río Santa Cruz, lo cual la caracteriza como una potencial falla activa y aseguran que esta hipótesis.
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Santa Fe sigue trabajando con su Inventario de Humedales

La provincia continúa elaborando el Inventario de Humedales con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación

Fecha de Publicación
: 27/05/2021
Fuente: Radio Amanecer
Provincia/Región: Santa Fe


La ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, encabezó un encuentro con profesionales que realizan sus aportes al inventario de humedales de la provincia. “La protección de los humedales es eje central en nuestra agenda ambiental”, afirmó.
El gobierno de Santa Fe, con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, está elaborando el Inventario de Humedales y en ese sentido se conformó una mesa de trabajo con equipos técnicos, profesionales, académicos, jóvenes e instituciones que realizan sus aportes.
En la última semana, la ministra Erika Gonnet mantuvo una reunión con el secretario general de la Universidad Nacional de Rosario, Ing. Agr. MSc. Guillermo Montero; el Ing. Agr. Néstor Di Leo, investigador y especialista en manejo de tierras, y la Ing. Ind. Clara Mitchell, quien forma parte de la Plataforma de Estudios Ambientales y Sostenibilidad de la UNR. Además, participaron el Ing. Maximiliano Aimaretti, y la Lic. en Biodiversidad, Natalia Algarañaz, ambos integrantes del equipo técnico del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
“El gobernador Omar Perotti y el ministro Juan Cabandié firmaron un acuerdo para trabajar de forma conjunta en el inventario de humedales, este hecho tomó estado nacional y ya son varias las provincias que están replicando la iniciativa”, recordó Gonnet. Y en ese marco, destacó “la intención del Ministerio de que la mesa de trabajo la conformen profesionales vinculados, nuestro equipo técnico, y todas aquellas personas que están relacionadas a los humedales y su protección”.
“Es clave la participación de la academia, por eso nos estamos reuniendo con diversos actores para que realicen sus aportes; con Guillermo Montero avanzamos en la participación de la Universidad Nacional de Rosario, principalmente de la Plataforma de Estudios Ambientales y Sostenibilidad”, amplió Gonnet.
“Tienen una claridad conceptual que es de gran aporte para la mesa de trabajo; nos une una agenda de acción climática, con varios ejes que permiten potenciar las acciones propuestas desde el gobierno provincial, pensando siempre en el desarrollo sostenible de nuestra provincia”, continuó.
El inventario de humedales tiene el objetivo de relevar los humedales en el territorio provincial por medio de la articulación territorial y el enfoque ecohidrogeomórfico para conceptualizar estos ecosistemas. Para ello, es fundamental la articulación con el gobierno nacional y con el Consejo Federal de Medio Ambiente. Además, en el marco de la articulación territorial será fundamental también el aporte que puedan realizar municipios, comunales y organizaciones de la sociedad civil, para garantizar la participación pública en cuanto a concientización ambiental de los humedales y el proceso de elaboración del inventario.
“El inventario es una herramienta más de las que estamos llevando adelante, es importante destacar la ampliación de áreas naturales protegidas en zonas costeras en distintos puntos de la provincia y la propuesta de ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe; son medidas concretas de protección y conservación de humedales; son acciones que impulsamos de forma conjunta con municipios, comunas y organizaciones, creemos fundamental el trabajo conjunto y de consenso”, valoró la titular de la cartera ambiental.
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Quiere ordenar los envases vacíos de fitosanitarios en Chubut

Trabajan en la reglamentación de la ley de envases vacíos de fitosanitarios

Fecha de Publicación
: 27/05/2021
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Chubut


El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, trabaja en la reglamentación de la Ley XI N° 74 de gestión de envases vacíos de fitosanitarios con el objetivo de poder implementarlo en el corto plazo.
En ese marco, la cartera ambiental provincial, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, analiza la implementación de dichas normativas para el uso correcto de estos productos que pueden afectar el ambiente.
Cabe mencionar que la Ley XI Nº 74 adhiere a la Ley Nº 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios y su Decreto reglamentario Nº 134/2018.
Ante esta situación, se realizó una reunión de trabajo en donde participaron la directora de Control Operativo Ambiental, Rocío Varisco Puerta; la jefa de Departamento Gestión de Sustancias y Residuos Peligrosos, Mariana Gigena; el director General de Agricultura, Néstor Nápoli; y la jefa de Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Diana Camiña, quienes establecieron los roles y funciones para la reglamentación de la normativa, en la que ambas partes son autoridad de aplicación.
Al respecto el director General de Agricultura, Néstor Nápoli manifestó que “se deben buscar herramientas que sean prácticas para la implementación en el campo, por eso hemos establecido una serie de reuniones posteriores y la intervención de Campo Limpio, en donde se delimitará la función de cada uno de los actores participantes”. En el mismo sentido, el funcionario provincial remarcó que “la corriente Y4 es un residuo peligrosos como lo estipula la Ley Nº 24.051, por eso debe ser almacenado y dispuesto según la normativa, para ello se trabajará desde mi cartera en la implementación y control de los envases
vacíos”.
A su vez, explicó que “se comenzará con una fuerte concientización del triple lavado de envases tipo A y el trabajo a campo, en forma paralela se construirán los Centros de Acopio (CAT) para el almacenamiento temporal”.
Finalmente, Napoli destacó que “esta normativa era una deuda que se tenía con los productores y el cuidado del ambiente en el marco de las buenas prácticas agrícolas. Desde la provincia hace varios años que se trabaja en esta temática, logrando por fin la promulgación de la Ley”.
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Córdoba: directivos de empresa a juicio por contaminación

 


Elevan a juicio a dos responsables de Taym por contaminación ambiental

Fecha de Publicación
: 26/05/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Córdoba


El fiscal Peralta Ottonello formuló la acusación contra María Aráoz Ferrer y César Ripsky. “La planta no debería seguir funcionando en ese predio”, sostuvo en su resolución.
El miércoles último, el fiscal de Instrucción de Alta Gracias, Alejandro Peralta Ottonello, firmó el requerimiento de elevación a juicio a dos responsables de la planta de Taym en Córdoba por contaminación ambiental culposa a raíz de la inundación que desbordó las instalaciones el 28 de marzo de 2017. Consideró responsables del desastre a César Ernesto Ripsky (48) –gerente– y a María del Milagro Araoz Ferrer –jefa técnica–. Si bien dejó en claro que la tormenta que acumuló 150 milímetros en tres horas fue un evento extraordinario, las deficiencias en los terraplenes y muros detectadas por inspecciones antes del fenómeno climático acreditan la responsabilidad penal.
Eso se suma a la elevada presencia de contaminantes en los elementos dispuestos en Taym, porque es precisamente una empresa que recibe residuos altamente peligrosos desde distintos puntos del país.
Otro elemento que analizó el fiscal fue que, una vez inundada la planta, el agua arrastró elementos potencialmente contaminantes hasta el canal Los Molinos y que las compuertas de la planta de Aguas Cordobesas –perteneciente al Grupo Roggio, al igual que Taym– se cerraron una hora después de que ese caudal llegara al cauce. Por eso, el ingreso de residuos arrastrados fue considerado como un riesgo para la salud de la población.
Al cabo de una tarea pericial interdisciplinaria que Peralta Ottonello consideró la base de la acusación, llegó a la conclusión de que hubo contaminación peligrosa para la salud y el ambiente que derivó en un daño ambiental leve de “tipo múltiple” (por la variedad de contaminantes);“difuso” (por la dispersión de la contaminación): “muy extendido” (afectó a una enorme superficie de terreno, subsuelo y aguas subterráneas); de“duración variable” (por los efectos inmediatos y los que pervivirán a largo plazo), y de “distribución variable” (según las características de las sustancias contaminantes).
Valoró que, previo a la inundación, hubo dos inspecciones de la Policía Ambiental, el 4 de noviembre de 2016 y el 14 de marzo de 2017, que constataron deficiencias. Que las autoridades administrativas no la hayan clausurado, para el fiscal no exime de responsabilidad a los directivos.
Oposiciones. Las conclusiones del fiscal no serán definitivas. Fuentes vinculadas a los acusados señalaron a este medio que la defensa técnica de Araoz Ferrer y Ripsky disiente “en todo” con la resolución del fiscal. Considera que el delito está prescripto y, aun en el caso de que no lo estuviera, es un hecho atípico porque no hay contaminación fuera de los parámetros aceptables.
Desde la querella están analizando la resolución. Desde el inicio de la causa vienen sosteniendo que la calificación legal pertinente es la contaminación por dolo eventual (prevé penas de tres a 10 años) y no cu lposa, como aplicó el fiscal. Señalan que los responsables de la planta podrían haber representado el daño potencial por las irregularidades evidenciadas en inspecciones previas, a pesar de lo extraordinario de la tormenta.
Por una o por ambas partes, el expediente será revisado por el Juzgado de Control.
Anticorrupción, sin novedades. Peralta Ottonello valoró las conclusiones periciales porque explicaron “qué pasó, por qué, qué lo provocó, hasta cuándo podrá perdurar, si el predio era el lugar adecuado para que se enclavara una planta de tratamiento de residuos peligrosos, qué sucedió y sucederá con el suelo, las escorrentías y la zona de influencia”. A su criterio, los especialistas brindaron datos trascendentes que podrían tomar las autoridades públicas controlantes de la planta de Taym.
Pero también discernió que la posible “irregularidad, incorrecta actuación, actitud omisiva, etc. que les achacan a las autoridades de contralor, están siendo investigadas por la fiscalía Anticorrupción Penal Económica”. PERFIL CÓRDOBA consultó si había alguna resolución del fiscal, Franco Mondino. La respuesta fue: ninguna. El expediente del fuero Penal Económico sigue sin imputados ni tampoco decisión de archivo.

/“Taym no debió autorizarse en ese predio”/
El requerimiento de elevación a juicio tiene 113 páginas. En la número 100, el fiscal Alejandro Peralta Ottonello resumió en 11 puntos sus convicciones, “con la probabilidad exigida” para esta etapa del proceso:
◆ La planta de Taym no debió haber sido autorizada a instalarse en ese predio.
◆ La zona donde se instaló la planta Taym es altamente inundable.
◆ La forma en que se venía desenvolviendo la planta no era la adecuada ni reunía los elementos de seguridad necesarios para el depósito, reciclaje, tratamiento, etc. de los residuos peligrosos que allí se almacenan.
◆ Los controles realizados por las diversas autoridades nacionales y provinciales no dispusieron las medidas de seguridad que correspondían para evitar o contrarrestar al menos, un episodio como el sucedido, a pesar de haber encontrado numerosas irregularidades.
◆ La precipitación del día 28 de marzo de 2017 fue extraordinaria.
◆ La planta Taym no puede continuar recibiendo o tratando nuevos residuos peligrosos en ese predio.
◆ Las responsabilidades de la contaminación leve, de tipo múltiple, difuso, muy extendido, de duración variable, de distribución variable, no aparecen como atribuibles a una sola persona – entendido como autoridades públicas, empresariales–.
◆ Se necesitará una amplísima discusión para arribar a un estado intelectual de convicción –positiva o negativa– para arribar a una resolución definitiva.
◆ Claramente, los imputados subestimaron la importancia de la acción hídrica por el terraplén Oeste, ya que el día del hecho este se encontraba en etapa constructiva. En cuanto al ubicado al costado Sur, presentaba una abertura al mismo nivel del camino exterior, funcionando como canal de escorrentía. Estas cuestiones contribuyeron al ingreso, sin contención suficiente, del agua proveniente de la precipitación extraordinaria.
◆ La circunstancia de encontrarse una sola muestra positiva ya demuestra que se produjo contaminación y, por lo tanto, daño ambiental.
◆ El agua con los contaminantes llegó al canal Los Molinos-Córdoba.

SECUENCIA DEL DESASTRE
El 28 de marzo de 2017 se produjo una tormenta de características inusitadas. La secuencia cronológica, según datos que constan en el expediente, fue la siguiente:
2.20. Comenzó una torrencial lluvia que duró tres horas, superando 150 mm de agua caída en la zona donde está localizada la planta Taym.
7.40. El caudal llegó al terraplén Oeste del predio y arrasó 60 metros de la débil protección generando “un proceso con alta energía de mezclado y de transporte, invadiendo todos los sectores de la planta, destruyendo terraplenes e inundando piletas y reservorios e incorporando a su paso todo residuo o lixiviado líquido”. Desbordó la planta y arrastró material que encontró a su paso hasta el canal Los Molinos-Córdoba. Siguió su curso en dirección a la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas, recorriendo un trayecto de 12.675 metros.
14.47. Llegó a la planta potabilizadora.
15.47. Aguas Cordobesas cerró las compuertas. Por eso se considera que se puso en riesgo a la población. La distribuidora de agua no detectó, posiblemente, las sustancias en sus análisis porque son variables que no están en sus protocolos de medición.
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Santa Fe: denuncian alta contaminación de un arroyo

 


Piden intervención "urgente" de la provincia por la alta contaminación del arroyo Saladillo

Fecha de Publicación
: 26/05/2021
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe


La investigación de ambientalistas detectó “90 veces más bacterias fecales” que las permitidas en el zanjón que atraviesa la Reserva, como publicó Rosario3 días atrás
Piden intervención "urgente" de la provincia por la alta contaminación del arroyo Saladillo La contaminación en la Reserva Natural de Villa Gobernador Gálvez es una postal conocida y repetida. Desde la Asociación Amigos de la Reserva Natural de Villa Gobernador Gálvez vienen llevando a cabo una vigilancia ambiental, sobre todo en lo que respecta al zanjón que atraviesa la reserva.
El zanjón tiene la función de ser un aliviador pluvial, nace al oeste de la avenida San Martín y desemboca en el arroyo Saladillo, en la zona sur de la ciudad de Rosario. Posteriormente se incorpora al Río Paraná, recorriendo más de 1.500 metros dentro de la Reserva, siendo un área protegida de gran biodiversidad.
El último informe de daño ambiental realizado (ver adjunto), que días atrás fue publicado por Rosario3, arroja algunos números alarmantes:
- La medición de Bacterias Coliformes Totales da una idea de contaminación con exceso de materia orgánica. Este tiene un valor límite para efluentes cloacales de 5000 NMP/100 m, pero en el caso del agua del Zanjón obtuvieron como resultado un valor de 4,6 millones, lo que equivale a 91 veces más que lo permitido para un cloaca. Sin embargo, sabiendo que el Zanjón no es una cloaca, estaría violando por 91 veces los valores permitidos.
- Hay 90 veces más bacterias de excremento fecal que las permitidas.
- Se percibe un olor fuerte a ácido sulfhídrico, hay espuma y algas con grasa de película blanca.
Si bien el canal es producto de la intervención antrópica, la biodiversidad del área protegida le brinda algunos beneficios como disponer de agua apta para consumo animal, favorecer el crecimiento de plantas acuáticas y albergar fauna asociada a cursos de agua como tortugas y peces, además de cumplir la función de pulmón verde de la zona.
En este marco, la diputada provincial Mónica Peralta (GEN), integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, recorrió la zona junto a las y los jóvenes que forman parte de la Asociación de la Reserva Natural, para sumar esfuerzos en su conservación y denunciar el alto grado de contaminación actual del zanjón y del arroyo Saladillo.
Desde el año pasado la Asociación viene alertando sobre el vertido de efluentes en la zona, denunciando un peligroso aumento de los contaminantes y del daño ambiental. Además, tras las reiteradas denuncias intervino el Ministerio Público de la Acusación a través de la fiscal María Laura Martínez, quien lleva adelante el caso, poniendo el foco en las industrias y empresas de la zona.
La diputada Peralta presentó un proyecto (Nº 43441) en la Legislatura, donde solicita se informe y se investiguen las denuncias de contaminación en dicha zona del Arroyo Saladillo, aprobado en la última sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados.
"Es fundamental que el Ministerio de Ambiente avance en establecer líneas de investigación a fin de identificar y sancionar a los responsables de verter efluentes contaminantes. Lo que ocurre en el arroyo Saladillo es perjudicial para la salud de las personas y daña el medioambiente. El olor es nauseabundo e irrespirable", expresó la legisladora luego de la última visita.
"Es necesaria su intervención para verificar lo que está sucediendo, sobre todo en el control de las empresas e industrias de la zona", agregó.
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Cuestionamientos internos por Potasio-Río Colorado

"Yo aviso": De Marchi cuestionó a Suarez por el "experimento" Potasio-Río Colorado

Fecha de Publicación: 26/05/2021
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza


El diputado nacional por Mendoza abrió el fuego interno con una crítica al Gobierno provincial por avanzar con una nueva empresa estatal.
Omar De Marchi juega en el Frente Cambia Mendoza, pero ha sabido marcar diferencias internas. Ahora, cuestionó al Gobierno de Mendoza por lo que consideró "el experimento" de que la Provincia sea ahora la que maneje el yacimiento de Potasio Río Colorado y con conducción de ex funcionarios.
El diputado nacional que ahora reviste en el PRO sorprendió en la mañana del domingo con su tuit sobre las responsabilidades que debería tner el Estado provincial. Y marcó su postura: aseguró que no cree en esta posibilidad.
"El @MendozaGobierno decidió transformarse en empresario con Potasio Río Colorado. No creo en estos experimentos donde NO existe responsabilidad patrimonial por parte de quienes toman las decisiones. O sea, los errores se pagan con los impuestos de los mendocinos", apuntó.
De Marchi incluso parece cuestionar el nombramiento de Emilio Guiñazú como gerente al frente de la nueva empresa estatal. "Los gobiernos tienen otras prioridades y deben tener otra agenda. No creo que personas que nunca arriesgaron su capital, por más buenas intenciones que tengan, de un día para el otro sean expertos en conducir una empresa en un sector tan complejo y sofisticado como el minero", consideró.
"Yo aviso", adelantó el legislador nacional. Y dejó una propuesta que ya es tardía: "Yo hubiera puesto una sola condición: que los gerentes y el staff de "expertos" que conducen la "nueva empresa pública" sólo pueden percibir honorarios q surjan de utilidades q genere Potasio Río Colorado.
Perdón x la franqueza. Pero estas aventuras siempre fracasan. Yo aviso".
El traspaso del yacimiento que dejó la minera brasileña Vale en el sur de Malargüe fue aprobado por ley por la Legislatura a fines de diciembre de 2020. En ese momento, el Gobierno informó que la provincia recuperaba "250 millones de dólares en activos, 80 mil hectáreas de infraestructura con infraestructura industrial incluida y una mina capaz de abastecer el mercado interno y exportar".
Pero los detalles del acuerdo con Vale no se conocieron por una cláusula que mantiene la confidencialidad.
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Estudian como remediar el desastre de los residuos petroleros

 


De residuos petroleros a un proyecto de reforestación

Fecha de Publicación
: 25/05/2021
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén

 
Un proyecto en etapa de estudio propone utilizar suelo biorremediado para la plantación de flora autóctona de la zona. Ya fue probado con plantines, pero buscan agrandar la apuesta.
De residuos petroleros a un proyecto de reforestación A simple vista imaginar que podría crecer una planta de un cutting (recorte de perforación) que generan los trépanos al atravesar las diversas formaciones terrestres es algo, al menos, difícil de comprender. Sin embargo, hay un proyecto que busca demostrar que la tierra biorremediada que alguna vez tuvo altos porcentajes de hidrocarburo es apta para la reforestación y, en algunos casos, mejor que el suelo nativo en la región.
En un trabajo en conjunto entre el equipo de Ambiente de la empresa Comarsa y la Universidad Nacional del Comahue, que está en etapa de estudio y podría derivar en un convenio, buscan probar no solo que el suelo biorremediado es apto para reforestar sino también que pueden acelerarse los tiempos de crecimiento de las plantas.

Paso Seguridad
La biorremediación es un proceso a través del cual mediante el uso de microorganismos se eliminan contaminantes de un suelo y específicamente en la industria petrolera se utiliza las propias bacterias que contienen los hidrocarburos, por ser una materia orgánica, para remediar.
“Desde la UNCO tienen pruebas en suelo común con plantines y eso ha dado sus frutos. La idea es cederles una parte en el predio de Parque Industrial para que hagan una prueba directa y a ellos les interesa porque quieren publicar un estudio, se está trabajando en un convenio”, precisó el gerente general de Comarsa, Nicolás Messina, en diálogo con este medio.
La legislación en la provincia especifica que el material tratado deja de ser un residuo peligro cuando tiene menos de 1% de hidrocarburo y lo por lo general es reutilizado para llenar canteras.
El proceso de biorremediación de Comarsa consiste en generar un ecosistema más favorable que el natural para las bacterias propias del hidrocarburo, mediante humedad, proteínas y productos de la industria del agro. Esto acelera el proceso de eliminación del hidrocarburo del material tratado, aunque hay que tener en cuenta que dura entre 9 y 12 meses en general, sobre todo cuando el porcentaje es menor al 5%.
“Con la biorremediación vos facilitás la degradación de manera natural y lo que nosotros hacemos es acelerar esos procesos. Entonces este material al tener tanto alimento y materia orgánica tiene mejores condiciones que incluso el suelo autóctono de Neuquén para reforestar”, señaló Messina.
Según detallaron, las pruebas con plantines en suelo común lograron desarrollarse, pero aseguran que con semillas y siembra directa el proceso sería más rápido.
“Lo que nosotros queremos demostrar es que el suelo este puede pasar por procesos de biorremediación y puede ser apto para el crecimiento de plantas nativas, que es algo positivo para la reforestación en zona degradadas”, agregó Messina.
Una de las aplicaciones del suelo podría ser cuando las operadoras abandonan locaciones y quedan varios metros cuadrados de suelo sin la flora autóctona que se elimina para las instalaciones de los tráileres y equipamiento. De esta manera cerraría un ciclo para un porcentaje del residuo petrolero sin necesidad de llegar a una disposición final y abriría un abanico de opciones para el suelo biorremediado con las normas ambientales.
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Veda de Pesca en Chaco y piden que Corrientes se sume

 


Veda total: ambientalistas presionan para que Corrientes se sume a Chaco en la medida

Fecha de Publicación
: 25/05/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Chaco - Corrientes


La vecina provincia realizó este jueves una mesa pesquera, con la participación de activistas correntinos, para comunicar la prohibición de pesca desde hoy. Luego de la reunión, insistieron en llegar a un acuerdo entre las dos provincias.
La provincia de Chaco comenzará hoy una veda de pesca total en su territorio ante la bajante del río Paraná y de acuerdo al sistema “semáforo”, acordado el año pasado con asociaciones de pescadores y activistas ecológicos. En tanto que la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral (Apdl) y el ambientalista Luis Martínez insistieron en que también Corrientes determine restricciones para proteger la fauna ictícola.
La Comisión de Pesca de Chaco se reunió este jueves a través de la plataforma Zoom  y fue convocada por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, para comunicar la medida acorde a la Resolución 1078/20.
“Corrientes brilla por su ausencia, estamos pendientes de cuáles van a ser las medidas que tome. No van a querer implementar la veda debido a que Yacyretá va a liberar una determinada cantidad, pero esto no significa que el río deja de estar en peligro”, indicó Martínez en diálogo con El Litoral.
La resolución retomada el jueves determina el sistema de “semáforo de alerta” por el cual hoy comenzará en Chaco la veda total, debido a que el río presenta una altura menor al metro. En la reunión se comunicó que finalizaron el censo de pescadores comerciales y pronto se anunciarán datos oficiales, junto a propuestas de subsidios para que los trabajadores puedan sobrellevar el impedimento de pescar.
Sin embargo, la Apdl volvió a cuestionar la gestión de recursos naturales de Corrientes: “¿Qué medidas adoptarán principalmente la provincia de Corrientes y sus funcionarios? ¿Seguirán haciendo oídos sordos a los reclamos y a la situación alarmante del río, el cual comparte con Chaco y otras provincias? ¿Convocará a la mesa de trabajo que permanece paralizada?”, manifestaron en un comunicado. “Por el momento no nos han convocado a ninguna mesa en Corrientes. Tampoco han contestado a nuestra petición de hace más de 10 días”, añadió Martínez en relación a su presentación ante la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes para reclamar restricciones a la pesca.

Control
Para dar cumplimiento a dicha medida, se llevará un registro y será la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad la encargada de generar el reporte diario de la altura hidrométrica del río “a fin de alertar futuras modificaciones” para garantizar, de esta manera, la protección de la fauna íctica.
Además, la resolución consigna que “el incumplimiento supondrá la sanción de multas e inhabilitaciones agravadas por la situación ambiental de bajante extraordinaria del río Paraná”.
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OPDS quiere mayor contro de las industrias

Los residuos peligrosos y ordenar el parque industrial, en la agenda ambiental bonaerense

Fecha de Publicación
: 25/05/2021
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires


El control y aplicación de multas a empresas de agroquímicos y el ordenamiento del parque industrial provincial, son parte de las acciones de la agenda ambiental emprendida por el Gobierno bonaerense, según declaró a Télam Radio el director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS. Juan Brardinelli.
Sobre las multas a empresas de agroquímicos, el funcionario dijo que es un trabajo que se realiza "desde que comenzamos en la gestión, en diciembre del 2019. Es una aplicación de una ley nacional sobre la necesidad de recuperar los envases vacíos de agroquímicos, ya que una vez terminado su contenido quedan restos de agroquímico" por lo cual es "un residuo peligroso".
"Un residuo peligroso tanto para el ambiente como para la salud. Entonces, las empresas fabricantes de agroquímicos son los responsables de recuperar esos envases y hacer un reciclado en elementos definidos", agregó.
"En Argentina estamos un poco retrasados en el sentido de que recién en 2016 tuvimos una ley y todavía no se está aplicando (...) entonces, en base al incumplimiento de las empresas fabricantes, se realizó este proceso de multa después de haber agotado todas las instancias previas", sostuvo.
"En el 2019 las empresas fabricantes de agroquímicos volcaron al mercado 13 millones de envases y solo recuperaron un millón (...) en el 2020, volcaron 14 millones de envases y todavía llevamos un porcentaje de recuperación muy bajo. De esos 14 millones de envases solamente se llevan recuperados 600 mil envases", aseguró el funcionario.
Brardinelli menciona que esperan que los fabricantes de agroquímicos "tengan un cambio de actitud y que implementen todas las medidas necesarias para recuperar los envases y que no queden tirados en los campos, prendidos fuego, abandonados a la vera de los arroyos que terminan contaminando los cauces de agua".
"O, muchas veces -precisa- terminan siendo reciclados de forma ilegal y terminan en plásticos de uso distribuido que no sabemos si están en contacto con el humano o con alimentos".
Sobre las zonas rurales que se van poblando y mutan de fisonomía, de la mano de distintos emprendimientos, y su impacto en el ciudadano, el funcionario sostuvo: "es un trabajo muy grande que venimos haciendo junto con la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y Urbano, en el ordenamiento territorial tanto ambiental como de bosque nativo".
"Hay un abandono muy grande en la Provincia de Buenos Aires producto de la gestión anterior, que estamos tratando de revertir, y estamos simplificando los trámites y trabajando como para que esta planificación se pueda empezar a desarrollar de manera más ordenada, y que tanto los pobladores como las industrias como los sectores agropecuarios puedan tener una previsibilidad en sus inversiones inmobiliarias, a la hora de radicarse, a la hora de formar un hogar, a la hora de formar una industria".
"Asumimos -abundó- con un gran problema por un nuevo decreto reglamentario que habían sacado días anteriores a abandonar la gestión, sobre la radicación industrial (...) un taller de frenos, por ejemplo, tenía que estar adentro de un parque industrial cuando sabemos que un taller de frenos necesita estar en una avenida porque es un taller que necesita tener un contacto directo con sus clientes".
"Sacamos un nuevo decreto, el 973 del 2020 y, con estándares de calidad muy superiores respecto a lo ambiental, pudimos ordenar el parque industrial de la Provincia de Buenos Aires, que por otro lado, es el parque industrial más grande de la Argentina", destacó.
Brardinelli agregó que el organismo que encabeza mantiene "en funcionamiento todo el sistema de fiscalizaciones y de controles ambientales", en forma remota, y ofrece cursos tanto para docentes como para agentes de la provincia, municipales y del Poder Judicial, en materia ambiental.
"Con todo esto hemos capacitado durante la pandemia a más de 3.000 personas, y la verdad es que es un orgullo poder trabajar en este sentido", completa.
El funcionario también destacó a Télam Radio la participación ciudadana en materia ambiental: "Se pueden hacer denuncias web o por la línea telefónica y tenemos más de 12 unidades de respuesta rápida distribuidas en toda la Provincia. Y ante un hecho ambiental, nosotros acudimos las 24 horas del día los 365 días del año.
"Hemos instaurado un sistema para que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas interesadas en la política ambiental puedan participar, tanto en las grandes obras como en las radicaciones industriales. Y esto es interesante, nunca se había hecho en el organismo", destacó.
"Durante nuestro período ya llevamos más de 130 participaciones ciudadanas realizadas. No hay industria actualmente de categoría 3 que se pueda radicar si no tiene una participación ciudadana en las cuales todos y todas las ciudadanas pueden expresar su voluntad, sus deseos, sus inquietudes", precisó.
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