Córdoba: mientras discuten la ley, desmontan químicamente
08:00 | 
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Eco Sitio |
Preocupa el uso de químicos para desmontar
Fecha de Publicación: 13/12/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Policía Ambiental ya detectó unas 400 hectáreas deforestadas ilegalmente con herbicidas que sólo matan arbustos. La ley de bosques no permite el desmonte químico, pero un proyecto provincial sí.
La reglamentación actual de la ley de bosques nativos prohíbe el desmonte químico, pero esa situación podría cambiar si prospera el proyecto de una nueva ley elaborado por la Provincia, que la Legislatura podría aprobar antes de fin de año.
Este texto deroga la ley actual y su reglamentación, con lo cual el desmonte químico quedaría habilitado. El decreto reglamentario 170/11 prohíbe el uso de químicos y del fuego para eliminar materia vegetal en los bosques nativos.
La Policía Ambiental está comenzando a detectar el uso de agroquímicos para realizar desmontes selectivos. “Estábamos temiendo que el desmonte químico apareciera y hace un mes y medio detectamos los primeros predios que sospechamos que fueron desmontados con estas sustancias”, aseguró Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental.
El funcionario labró el acta por desmonte y clausuró los predios. “También tomamos muestras de la corteza y el suelo para que el Ceprocor las analice y así poder confirmar que se trata de un desmonte químico”, detalló.
Rinaudo estima que el área desmontada supera las 400 hectáreas. Todos los predios están ubicados cerca de Quilino y de Cruz del Eje. Desde organizaciones ambientalistas, advierten que la superficie desmontada con esta técnica superaría las 500 hectáreas.
Indicios
La sospecha de que se trata de agroquímicos se debe a que no se secaron todos los árboles, sino sólo los más chicos y también los arbustos. “Se seca el renoval de menos de un metro de altura, aunque a algunos árboles se les cayeron las hojas”, explicó el funcionario.
La Policía llegó a estos sitios tras denuncias anónimas y también recorridos de oficio. “El desmonte químico es difícil de observar en las imágenes satelitales porque los árboles y los arbustos no desaparecen en el momento”, comentó Rinaudo.
Según el funcionario, esta técnica es cuestionada porque altera la estructura del bosque de una manera diferente a la del desmonte mecánico con rolado. Por lo general, la aplicación se realiza con aviones fumigadores para cubrir grandes superficies.
Los productos
En el mercado existen tres arbusticidas, todos fabricados por Dow Chemical: Togar, Pastar y Tordon D30.
Según su etiqueta, Pastar elimina espinillo, tusca, chañar, brea, garabato negro, tala y uña de gato. Contiene aminopyralid y fluroxipir meptil y según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es un agroquímico clase IV, es decir, no ofrece peligro.
Tordon D30 contiene picloram y 2,4D y es categoría II “moderadamente peligroso”. Se recomienda su uso para eliminar cardos, abrojo y acacia, además de árboles exóticos como el eucalipto.
Por su parte, Togar mata algarrobo, brea, chilca, garabato, rosa mosqueta, tomillo, carqueja, chañar y palma caranday. Contiene picloram y triclopyr y es “ligeramente peligroso” (categoría III).
El mes pasado, el Foro Ambiental Córdoba realizó un pedido de informe a la Policía Ambiental para que le detallen los predios en los que se detectó desmonte químico, sus coordenadas y las hectáreas afectadas.
Rinaudo explicó que la venta de estos productos no está prohibida, pero sí su uso. “Tenemos relevados algunos negocios donde se venden y hace seis meses nos indicaron que iban a hacer una charla demostrativa sobre el uso de estos productos en el norte de Córdoba. Cuando llegamos al lugar, la actividad se había suspendido”, comentó.
La postura del agro
Las observaciones están en 27 de los 62 artículos que contiene el nuevo proyecto provincial. Desde el agro proponen que la ganadería de baja carga sea incluida en la categoría I (rojo).
Sinceramiento. También señalan que en el anterior proceso la Provincia sobreestimó los bosques nativos en el mapa que acompañó la ley 9.814, con lo cual ahora deberá contemplar “el inventario real de los bosques nativos”.
El nuevo proyecto
ONG ambientalistas y ecólogos criticaron el proyecto de ley provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos porque no incluye los matorrales entre el bosque nativo, que brindan servicios ambientales esenciales, como la regulación hídrica, y tienen el potencial de convertirse en bosque.
Otras críticas. Entre otros puntos, está el del rolado, un mecanismo para eliminar el estrato arbustivo. No lo prohíbe en la categoría roja, la de mayor protección. Tampoco prohíbe el cambio de uso de suelo.
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Fecha de Publicación: 13/12/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Policía Ambiental ya detectó unas 400 hectáreas deforestadas ilegalmente con herbicidas que sólo matan arbustos. La ley de bosques no permite el desmonte químico, pero un proyecto provincial sí.
La reglamentación actual de la ley de bosques nativos prohíbe el desmonte químico, pero esa situación podría cambiar si prospera el proyecto de una nueva ley elaborado por la Provincia, que la Legislatura podría aprobar antes de fin de año.
Este texto deroga la ley actual y su reglamentación, con lo cual el desmonte químico quedaría habilitado. El decreto reglamentario 170/11 prohíbe el uso de químicos y del fuego para eliminar materia vegetal en los bosques nativos.
La Policía Ambiental está comenzando a detectar el uso de agroquímicos para realizar desmontes selectivos. “Estábamos temiendo que el desmonte químico apareciera y hace un mes y medio detectamos los primeros predios que sospechamos que fueron desmontados con estas sustancias”, aseguró Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental.
El funcionario labró el acta por desmonte y clausuró los predios. “También tomamos muestras de la corteza y el suelo para que el Ceprocor las analice y así poder confirmar que se trata de un desmonte químico”, detalló.
Rinaudo estima que el área desmontada supera las 400 hectáreas. Todos los predios están ubicados cerca de Quilino y de Cruz del Eje. Desde organizaciones ambientalistas, advierten que la superficie desmontada con esta técnica superaría las 500 hectáreas.
Indicios
La sospecha de que se trata de agroquímicos se debe a que no se secaron todos los árboles, sino sólo los más chicos y también los arbustos. “Se seca el renoval de menos de un metro de altura, aunque a algunos árboles se les cayeron las hojas”, explicó el funcionario.
La Policía llegó a estos sitios tras denuncias anónimas y también recorridos de oficio. “El desmonte químico es difícil de observar en las imágenes satelitales porque los árboles y los arbustos no desaparecen en el momento”, comentó Rinaudo.
Según el funcionario, esta técnica es cuestionada porque altera la estructura del bosque de una manera diferente a la del desmonte mecánico con rolado. Por lo general, la aplicación se realiza con aviones fumigadores para cubrir grandes superficies.
Los productos
En el mercado existen tres arbusticidas, todos fabricados por Dow Chemical: Togar, Pastar y Tordon D30.
Según su etiqueta, Pastar elimina espinillo, tusca, chañar, brea, garabato negro, tala y uña de gato. Contiene aminopyralid y fluroxipir meptil y según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es un agroquímico clase IV, es decir, no ofrece peligro.
Tordon D30 contiene picloram y 2,4D y es categoría II “moderadamente peligroso”. Se recomienda su uso para eliminar cardos, abrojo y acacia, además de árboles exóticos como el eucalipto.
Por su parte, Togar mata algarrobo, brea, chilca, garabato, rosa mosqueta, tomillo, carqueja, chañar y palma caranday. Contiene picloram y triclopyr y es “ligeramente peligroso” (categoría III).
El mes pasado, el Foro Ambiental Córdoba realizó un pedido de informe a la Policía Ambiental para que le detallen los predios en los que se detectó desmonte químico, sus coordenadas y las hectáreas afectadas.
Rinaudo explicó que la venta de estos productos no está prohibida, pero sí su uso. “Tenemos relevados algunos negocios donde se venden y hace seis meses nos indicaron que iban a hacer una charla demostrativa sobre el uso de estos productos en el norte de Córdoba. Cuando llegamos al lugar, la actividad se había suspendido”, comentó.
La postura del agro
Las observaciones están en 27 de los 62 artículos que contiene el nuevo proyecto provincial. Desde el agro proponen que la ganadería de baja carga sea incluida en la categoría I (rojo).
Sinceramiento. También señalan que en el anterior proceso la Provincia sobreestimó los bosques nativos en el mapa que acompañó la ley 9.814, con lo cual ahora deberá contemplar “el inventario real de los bosques nativos”.
El nuevo proyecto
ONG ambientalistas y ecólogos criticaron el proyecto de ley provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos porque no incluye los matorrales entre el bosque nativo, que brindan servicios ambientales esenciales, como la regulación hídrica, y tienen el potencial de convertirse en bosque.
Otras críticas. Entre otros puntos, está el del rolado, un mecanismo para eliminar el estrato arbustivo. No lo prohíbe en la categoría roja, la de mayor protección. Tampoco prohíbe el cambio de uso de suelo.
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Arranca la Campaña Antártica de Verano
Más de 1.800 científicos y militares participan de la Campaña Antártica de Verano
Fecha de Publicación: 13/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Es la 113 campaña desde que Argentina tiene presencia permanente en el continente blanco. Se extenderá durante 130 días y permitirá el relevo de las dotaciones que se encuentran en las trece bases argentinas y el reaprovisionamiento de víveres, combustible y materiales.
Más de 1.800 científicos y militares participan de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2016-2017 que comenzó con la zarpada del aviso “Puerto Argentino” del puerto de Buenos Aires hacia las bases argentinas en la Antártida.
Vientos de más de 100 kilómetros por hora, temperaturas bajo cero, y las corrientes marinas que chocan en la confluencia del Atlántico y el Pacífico son apenas algunas de las pruebas que la Antártida le impondrá a los hombres, buques y aviones que tienen la responsabilidad de abastecer a las trece bases argentinas.
Esta CAV, la 113 desde que Argentina tiene presencia permanente en el continente blanco, se extenderá durante 130 días y de ella participarán 1.800 hombres y mujeres científicos y militares, además de diversos medios aéreos y navales que permitirán el relevo de las dotaciones que se encuentran en las trece bases argentinas actualmente y el reaprovisionamiento de víveres, combustible y materiales.
Mientras el Rompehielos Almirante Irízar (RHAI) espera la ejecución del dragado que le permita salir del astillero estatal Tandanor para efectuar sus pruebas de mar y hielo y ante los inconvenientes para alquilar un buque polar de similares características, este año la campaña antártica abastecerá con buques y aviones de las fuerzas armadas, a excepción de la base Belgrano II que por su posición geográfica requerirá la contratación de un servicio de aerolanzamiento.
Para esto, los transportes “Canal de Beagle” y “San Blas” y los avisos “Puerto Argentino” e “Islas Malvinas” de la Armada Argentina deberán cubrir tareas de buques polares de mayor envergadura y potencia, mientras que los Hércules de la Fuerza Aérea deberán completar el abastecimiento de la base Marambio en un extenso puente aéreo de más de cien vuelos.
El “Puerto Argentino” zarpó ayer en lo que fue la inauguración formal de la campaña antártica, y visitará las bases Carlini, Orcadas, Esperanza, Petrel y Decepción que lo esperan para completar sus almacenes y depósitos de combustible.
Además de un avión Twin Otter y dos helicópteros MI 17 y Bell 212 que que operarán desde Marambio mantendrán a las bases conectadas entre sí.
Durante la campaña está previsto que las dotaciones trasladen a las trece bases que posee nuestro país en la Antártida alrededor de 200 toneladas entre víveres frigorizados y secos y más de 10 mil toneladas de gasoil antártico.
El ministro de Defensa, Julio Martínez, afirmó en diálogo con Télam que “para abastecer Marambio hace falta un buque polar que además pueda hangarar helicópteros porque la isla es una meseta de 150 metros sobre el nivel del mar; al no disponer este año de esos medios de planificó el reabastecimiento a través de un puente aéreo con los Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y eso además nos permite estirar los plazos de la operación porque los buques tiene dos meses antes de que se cierren los hielos mientras que los aviones pueden cruzar durante casi todo el año”.
“Los responsables de base Marambio nos dijeron que tienen existencias de combustibles y alimentos al menos hasta el mes de abril, y eso nos permite operar con tranquilidad y sin apuros en una campaña en la que doce de las trece bases van a ser atendidas por medios propios”, agregó Martínez.
El ministro aseguró que “hay que sacarse el sombrero ante aquellos compatriotas que eligen voluntariamente invernar en alguna de las bases, esa gente hace patria todos los días y cuesta entender el coraje de algunos como los 19 tipos que todos los años quedan aislados en la base Belgrano II, al otro lado del mar de Weddell”.
“Este es un esfuerzo logístico enorme contra un clima adverso como pocos en el mundo; va a ser un esfuerzo de todos nuestros hombres para que buques que no son rompehielos cumplan tareas para las que no fueron concebidos, pero todos afrontan los desafíos y riesgos presentes en la operación sabiendo que se tomaron todos los recaudos necesarios para que todo vaya bien”, concluyó.
El secretario de Logística, Emergencia y Gestión Cultural dijo a Télam que “para esta campaña antártica teníamos presupuestados cerca de cien millones de dólares, pero a través de la utilización de medios propios estimamos que podemos cumplir con todos los objetivos utilizando algo más de 72 millones; parte de ese ahorro va a ser destinado a insumos y repuestos que añadan horas de vuelos a los aviones y helicópteros que se van a utilizar y días de navegación a los buques que deberán trasladar gran parte de la carga”.
“Poner en marcha una campaña antártica atendida por medios propios en menos de dos meses fue posible por el compromiso y el profesionalismo de todos los efectivos de las fuerzas armadas y el personal de distintos organismos que se entregaron a la tarea; también hay que agradecer la buena voluntad de proveedores claves como YPF o el Mercado Central que entregaron combustible y alimentos para embarcarlos aún antes de que se hiciesen efectivos los pagos”, añadió.
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Fecha de Publicación: 13/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Es la 113 campaña desde que Argentina tiene presencia permanente en el continente blanco. Se extenderá durante 130 días y permitirá el relevo de las dotaciones que se encuentran en las trece bases argentinas y el reaprovisionamiento de víveres, combustible y materiales.
Más de 1.800 científicos y militares participan de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2016-2017 que comenzó con la zarpada del aviso “Puerto Argentino” del puerto de Buenos Aires hacia las bases argentinas en la Antártida.
Vientos de más de 100 kilómetros por hora, temperaturas bajo cero, y las corrientes marinas que chocan en la confluencia del Atlántico y el Pacífico son apenas algunas de las pruebas que la Antártida le impondrá a los hombres, buques y aviones que tienen la responsabilidad de abastecer a las trece bases argentinas.
Esta CAV, la 113 desde que Argentina tiene presencia permanente en el continente blanco, se extenderá durante 130 días y de ella participarán 1.800 hombres y mujeres científicos y militares, además de diversos medios aéreos y navales que permitirán el relevo de las dotaciones que se encuentran en las trece bases argentinas actualmente y el reaprovisionamiento de víveres, combustible y materiales.
Mientras el Rompehielos Almirante Irízar (RHAI) espera la ejecución del dragado que le permita salir del astillero estatal Tandanor para efectuar sus pruebas de mar y hielo y ante los inconvenientes para alquilar un buque polar de similares características, este año la campaña antártica abastecerá con buques y aviones de las fuerzas armadas, a excepción de la base Belgrano II que por su posición geográfica requerirá la contratación de un servicio de aerolanzamiento.
Para esto, los transportes “Canal de Beagle” y “San Blas” y los avisos “Puerto Argentino” e “Islas Malvinas” de la Armada Argentina deberán cubrir tareas de buques polares de mayor envergadura y potencia, mientras que los Hércules de la Fuerza Aérea deberán completar el abastecimiento de la base Marambio en un extenso puente aéreo de más de cien vuelos.
El “Puerto Argentino” zarpó ayer en lo que fue la inauguración formal de la campaña antártica, y visitará las bases Carlini, Orcadas, Esperanza, Petrel y Decepción que lo esperan para completar sus almacenes y depósitos de combustible.
Además de un avión Twin Otter y dos helicópteros MI 17 y Bell 212 que que operarán desde Marambio mantendrán a las bases conectadas entre sí.
Durante la campaña está previsto que las dotaciones trasladen a las trece bases que posee nuestro país en la Antártida alrededor de 200 toneladas entre víveres frigorizados y secos y más de 10 mil toneladas de gasoil antártico.
El ministro de Defensa, Julio Martínez, afirmó en diálogo con Télam que “para abastecer Marambio hace falta un buque polar que además pueda hangarar helicópteros porque la isla es una meseta de 150 metros sobre el nivel del mar; al no disponer este año de esos medios de planificó el reabastecimiento a través de un puente aéreo con los Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y eso además nos permite estirar los plazos de la operación porque los buques tiene dos meses antes de que se cierren los hielos mientras que los aviones pueden cruzar durante casi todo el año”.
“Los responsables de base Marambio nos dijeron que tienen existencias de combustibles y alimentos al menos hasta el mes de abril, y eso nos permite operar con tranquilidad y sin apuros en una campaña en la que doce de las trece bases van a ser atendidas por medios propios”, agregó Martínez.
El ministro aseguró que “hay que sacarse el sombrero ante aquellos compatriotas que eligen voluntariamente invernar en alguna de las bases, esa gente hace patria todos los días y cuesta entender el coraje de algunos como los 19 tipos que todos los años quedan aislados en la base Belgrano II, al otro lado del mar de Weddell”.
“Este es un esfuerzo logístico enorme contra un clima adverso como pocos en el mundo; va a ser un esfuerzo de todos nuestros hombres para que buques que no son rompehielos cumplan tareas para las que no fueron concebidos, pero todos afrontan los desafíos y riesgos presentes en la operación sabiendo que se tomaron todos los recaudos necesarios para que todo vaya bien”, concluyó.
El secretario de Logística, Emergencia y Gestión Cultural dijo a Télam que “para esta campaña antártica teníamos presupuestados cerca de cien millones de dólares, pero a través de la utilización de medios propios estimamos que podemos cumplir con todos los objetivos utilizando algo más de 72 millones; parte de ese ahorro va a ser destinado a insumos y repuestos que añadan horas de vuelos a los aviones y helicópteros que se van a utilizar y días de navegación a los buques que deberán trasladar gran parte de la carga”.
“Poner en marcha una campaña antártica atendida por medios propios en menos de dos meses fue posible por el compromiso y el profesionalismo de todos los efectivos de las fuerzas armadas y el personal de distintos organismos que se entregaron a la tarea; también hay que agradecer la buena voluntad de proveedores claves como YPF o el Mercado Central que entregaron combustible y alimentos para embarcarlos aún antes de que se hiciesen efectivos los pagos”, añadió.
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Agroquímicos y problema sanitario en Chaco
Problema sanitario que generan los agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/12/2016
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Lejos de generar un impacto en los espacios de decisión, lo que vino después terminó resultando un escenario mucho más complejo y descontrolado de lo que por entonces solo era calificado de “alarmista”. Su experiencia en estudios de genotixicidad en población expuesta de la provincia del Chaco, lo llevó a ser convocado a un proyecto que lo vincula al doctor Raúl Montenegro (profesor de la Cátedra de Biología Evolutiva Humana, Universidad Nacional de Córdoba) y al doctor Jean-Jacques Girardot (investigador francés de la Universidad de Franche-Comté) para estudiar, mediante otros indicadores, el impacto sanitario ambiental y ecológico que tienen los plaguicidas.
Lucero considera vital el proyecto para el estudio de otros contaminantes en la zona y ver la relevancia estadística de la aplicación de agroquímicos. Las denuncias en las que se asocia el incremento de una multiplicidad de patologías con la exposición a la fumigación, surgió de la vinculación con las primeras investigaciones que ya se realizaban en el país y en el extranjero, además del contacto estrecho con el grupo de científicos liderados por el fallecido doctor Andrés Carrasco referente en el área. Algunas de esas evidencias fueron recogidas en poblaciones enteras expuestas en forma directa al contacto con los agrotóxicos, como los casos del Barrio Ituzaingó de Córdoba (2001), que fue llevado a la justicia y logró sentar jurisprudencia.
Alertados por estos hallazgos se realizaron estudios en aplicadores de estos productos demostrándose un incremento en los indicadores de riesgo asociados a genotoxicidad en comparación con la población no expuesta.
La doctora Delia Aiassa, Investigadora del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC, de Córdoba, es una de los principales exponentes en esta área de estudio.
Para Lucero, desde entonces a diciembre de 2016 nada ha cambiado, por el contrario: ha empeorado. Si bien hay determinados sectores que se resisten a admitir la nocividad de los plaguicidas para la salud, el tema ya no representa el foco de la discusión. El debate actualmente tiene un giro planteado por los mismos empresarios nucleados en la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), referido a las buenas prácticas agrícolas y el buen uso de los productos para la protección de los cultivos.
Como ejemplo de la gravedad de la situación vale mencionar el trabajo del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA), que depende de la Universidad Nacional de La Plata y que acaba de ser publicada por la revista internacional "Enviromental Monitoring ad Assessment". Es la primera de esa escala realizada en cuenca del Paraná.
En la misma se advierten "altos niveles" de glifosato y su degradación, el ácido aminometilfosfónico (AMPA), "en los cursos medio y bajo de los afluentes tributarios del río, de acuerdo con la agricultura intensiva que se desarrolla en la región". El estudio realizado en cooperación con Prefectura demostró "altos niveles" del herbicida -recategorizado como "probablemente cancerígeno por la OMS"-, en los sedimentos acumulados en la desembocadura de 23 arroyos y cursos que tributan a sus aguas desde el Río Pilcomayo hasta el Luján".
“A pesar de la tecnología que se dispone para realizar fumigaciones de precisión, la deriva de estos agroquímicos no es controlada. La gravedad del estado de situación dado por los datos que se relevan del mismo campo, tiene dos razones: en primer lugar, se desplazó demasiado la frontera agropecuaria. Al recorrer las rutas se puede ver que entre un campo y otro hay fuentes de agua, pequeños poblados, escuelas. Todos quedan presos de estos químicos. Si esto no fuera así no existirían tantas denuncias de escuelas rurales fumigadas ni se encontrarían Agroquímicos en las fuentes de agua”, señaló Lucero.
La segunda razón y quizás la más grave, es que “el Estado no cumple con su rol como organismo de contralor”. “No se controla ni la cantidad ni los agroquímicos y sus mezclas con los que se fumigan las plantaciones. Además, los mismos productores admiten un aumento preocupante de las dosis de plaguicidas porque las malezas se hacen resistentes”, explicó Lucero.
-¿El control se debe limitar a la fumigación en los campos?
- No. El monitoreo debe continuar también en los alimentos, porque aparecen rastros de plaguicidas a medida que se van buscando. La Universidad Nacional de La Plata tiene un equipo de investigadores que está realizando este seguimiento en productos de uso cotidiano. Han hallado de manera azarosa restos de glifosato en el algodón comercial de farmacia. De a poco y gracias a la tecnología disponible, este control no oficial nos permite comprender el peligro al que estamos expuestos.
Ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Lo afirma una investigación realizada por este mismo grupo de investigadores, en la que se analizaron verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. La variedad de plaguicidas es muy grande. Y el cóctel de químicos es muy fuerte. Entre los productos que más se detectaron está el insecticida endosulfán.
El trabajo afirma que los pequeños productores son también víctimas del modelo que los impulsa a utilizar los plaguicidas. Insta a que los gobiernos tomen medidas urgentes y llama la atención: la solución no pasa por reemplazar un veneno por otro, sino en dejar de usarlos.
-¿Por qué cree que el uso de los agroquímicos generó un escenario complejo y grave?
-Estamos ahora en la etapa de aparición de enfermedades que se consideraban poco frecuente y basta con relacionar los datos de indicadores de salud con la cantidad de agroquímicos vendidos. Muchos niños hijos de productores rurales están expuestos a intoxicación crónica a pequeñas dosis, que pueden finalmente desencadenar multiplicidad de patologías.
En la Argentina dejamos de privilegiar la alimentación de seres humanos para pasar a alimentar masivamente el ganado de la Comunidad Europea y China, y a proveer de biocombustibles sus vehículos, Estamos perdiendo la soberanía alimentaria con el consecuente problema social que esto acarrea. ¿Hay opciones?, una de ellas es la Agroecología. Tiene sus detractores, quienes sostienen que es un modelo que no puede alimentar al mundo. Pero no consideran que los organismos genéticamente modificados tampoco alimentan al mundo, porque cada vez hay más gente con hambre y enferma. Debemos asumir la responsabilidad como hombres de ciencia, formados en universidades públicas gratuitas, porque la ecuación es sencilla: “cuando no se discute un problema, se lo silencia, y en consecuencia desaparece”. Es una táctica que hasta el momento dio muy buenos resultados.
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Fecha de Publicación: 13/12/2016
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Lejos de generar un impacto en los espacios de decisión, lo que vino después terminó resultando un escenario mucho más complejo y descontrolado de lo que por entonces solo era calificado de “alarmista”. Su experiencia en estudios de genotixicidad en población expuesta de la provincia del Chaco, lo llevó a ser convocado a un proyecto que lo vincula al doctor Raúl Montenegro (profesor de la Cátedra de Biología Evolutiva Humana, Universidad Nacional de Córdoba) y al doctor Jean-Jacques Girardot (investigador francés de la Universidad de Franche-Comté) para estudiar, mediante otros indicadores, el impacto sanitario ambiental y ecológico que tienen los plaguicidas.
Lucero considera vital el proyecto para el estudio de otros contaminantes en la zona y ver la relevancia estadística de la aplicación de agroquímicos. Las denuncias en las que se asocia el incremento de una multiplicidad de patologías con la exposición a la fumigación, surgió de la vinculación con las primeras investigaciones que ya se realizaban en el país y en el extranjero, además del contacto estrecho con el grupo de científicos liderados por el fallecido doctor Andrés Carrasco referente en el área. Algunas de esas evidencias fueron recogidas en poblaciones enteras expuestas en forma directa al contacto con los agrotóxicos, como los casos del Barrio Ituzaingó de Córdoba (2001), que fue llevado a la justicia y logró sentar jurisprudencia.
Alertados por estos hallazgos se realizaron estudios en aplicadores de estos productos demostrándose un incremento en los indicadores de riesgo asociados a genotoxicidad en comparación con la población no expuesta.
La doctora Delia Aiassa, Investigadora del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC, de Córdoba, es una de los principales exponentes en esta área de estudio.
Para Lucero, desde entonces a diciembre de 2016 nada ha cambiado, por el contrario: ha empeorado. Si bien hay determinados sectores que se resisten a admitir la nocividad de los plaguicidas para la salud, el tema ya no representa el foco de la discusión. El debate actualmente tiene un giro planteado por los mismos empresarios nucleados en la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), referido a las buenas prácticas agrícolas y el buen uso de los productos para la protección de los cultivos.
Como ejemplo de la gravedad de la situación vale mencionar el trabajo del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA), que depende de la Universidad Nacional de La Plata y que acaba de ser publicada por la revista internacional "Enviromental Monitoring ad Assessment". Es la primera de esa escala realizada en cuenca del Paraná.
En la misma se advierten "altos niveles" de glifosato y su degradación, el ácido aminometilfosfónico (AMPA), "en los cursos medio y bajo de los afluentes tributarios del río, de acuerdo con la agricultura intensiva que se desarrolla en la región". El estudio realizado en cooperación con Prefectura demostró "altos niveles" del herbicida -recategorizado como "probablemente cancerígeno por la OMS"-, en los sedimentos acumulados en la desembocadura de 23 arroyos y cursos que tributan a sus aguas desde el Río Pilcomayo hasta el Luján".
“A pesar de la tecnología que se dispone para realizar fumigaciones de precisión, la deriva de estos agroquímicos no es controlada. La gravedad del estado de situación dado por los datos que se relevan del mismo campo, tiene dos razones: en primer lugar, se desplazó demasiado la frontera agropecuaria. Al recorrer las rutas se puede ver que entre un campo y otro hay fuentes de agua, pequeños poblados, escuelas. Todos quedan presos de estos químicos. Si esto no fuera así no existirían tantas denuncias de escuelas rurales fumigadas ni se encontrarían Agroquímicos en las fuentes de agua”, señaló Lucero.
La segunda razón y quizás la más grave, es que “el Estado no cumple con su rol como organismo de contralor”. “No se controla ni la cantidad ni los agroquímicos y sus mezclas con los que se fumigan las plantaciones. Además, los mismos productores admiten un aumento preocupante de las dosis de plaguicidas porque las malezas se hacen resistentes”, explicó Lucero.
-¿El control se debe limitar a la fumigación en los campos?
- No. El monitoreo debe continuar también en los alimentos, porque aparecen rastros de plaguicidas a medida que se van buscando. La Universidad Nacional de La Plata tiene un equipo de investigadores que está realizando este seguimiento en productos de uso cotidiano. Han hallado de manera azarosa restos de glifosato en el algodón comercial de farmacia. De a poco y gracias a la tecnología disponible, este control no oficial nos permite comprender el peligro al que estamos expuestos.
Ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Lo afirma una investigación realizada por este mismo grupo de investigadores, en la que se analizaron verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. La variedad de plaguicidas es muy grande. Y el cóctel de químicos es muy fuerte. Entre los productos que más se detectaron está el insecticida endosulfán.
El trabajo afirma que los pequeños productores son también víctimas del modelo que los impulsa a utilizar los plaguicidas. Insta a que los gobiernos tomen medidas urgentes y llama la atención: la solución no pasa por reemplazar un veneno por otro, sino en dejar de usarlos.
-¿Por qué cree que el uso de los agroquímicos generó un escenario complejo y grave?
-Estamos ahora en la etapa de aparición de enfermedades que se consideraban poco frecuente y basta con relacionar los datos de indicadores de salud con la cantidad de agroquímicos vendidos. Muchos niños hijos de productores rurales están expuestos a intoxicación crónica a pequeñas dosis, que pueden finalmente desencadenar multiplicidad de patologías.
En la Argentina dejamos de privilegiar la alimentación de seres humanos para pasar a alimentar masivamente el ganado de la Comunidad Europea y China, y a proveer de biocombustibles sus vehículos, Estamos perdiendo la soberanía alimentaria con el consecuente problema social que esto acarrea. ¿Hay opciones?, una de ellas es la Agroecología. Tiene sus detractores, quienes sostienen que es un modelo que no puede alimentar al mundo. Pero no consideran que los organismos genéticamente modificados tampoco alimentan al mundo, porque cada vez hay más gente con hambre y enferma. Debemos asumir la responsabilidad como hombres de ciencia, formados en universidades públicas gratuitas, porque la ecuación es sencilla: “cuando no se discute un problema, se lo silencia, y en consecuencia desaparece”. Es una táctica que hasta el momento dio muy buenos resultados.
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Chubut y la "grieta minera"
Minería, la grieta chubutense
Fecha de Publicación: 12/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Chubut
Chubut dirime en este final de 2016 una posición estratégica para un sector que dice que podría ayudar al desarrollo de la provincia a nivel económico. Desde el otro costado, expresan que no generan riqueza y además contaminan. Es la puja entre el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, y el gobernador de la Provincia, Mario Das Neves al respecto de una industria que es reconocida y criticada.
Para el mandatario comodorense “hay que buscar alternativas por todos lados” para ayudar al fortalecimiento económico en una época donde los vaivenes de la actividad petrolera, principal motor de la economía regional, son cambiantes.
Es por ello que en diálogo con Télam, Linares basa su fundamentación en que “la minería es un recurso importante que tienen los chubutenses al alcance de la mano", y que se puede desarrollar "en el lugar ambiental que corresponda con los debidos controles”.
El intendente basa su postura en lo “social” y reconoce que la calidad de vida de los pobladores de ciertos lugares de Chubut, donde se estudia la colocación de emprendimientos mineros a cielo abierto, debe ser lo prioritario.
"Cuando me dicen que la minería sí o no, me gustaría que los que hablan tan fácilmente vayan a la meseta y hablen con la gente de ahí”, argumentó.
“En Gan Gan o Gastre, la gente para extender su esperanza de vida tiene que salir a buscarla en otro sitio y con ello viene el desarraigo. El otro día una persona me dijo que le dijeron que si llega la minería iba a morir por el cianuro o metal que vuele en la zona, entonces me explicó que quiere que lo dejen elegir el tipo de muerte que deseaba, porque por ahora se estaba muriendo de hambre”, explicó Linares.
Por su parte, a contrapunto de la posición del comodorense, el gobernador Das Neves manifestó su rotunda negativa a la instalación de cualquier minera dentro de la provincia, en clara reválida a la sancionada Ley 5001.
La misma prohíbe desde el 8 de mayo del 2003 la actividad metalífera en el ámbito del Chubut, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
Das Neves, en diálogo con Radio Mitre, basó sus argumentos en no adoptar la actividad dentro de la provincia ya que "es una mentira que genera riquezas, sino que además contamina".
El mandatario provincial fundamentó su visión y dijo que las mineras llegan " y empiezan a hacer pozos para arremeter contra todo".
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Fecha de Publicación: 12/12/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Chubut
Chubut dirime en este final de 2016 una posición estratégica para un sector que dice que podría ayudar al desarrollo de la provincia a nivel económico. Desde el otro costado, expresan que no generan riqueza y además contaminan. Es la puja entre el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, y el gobernador de la Provincia, Mario Das Neves al respecto de una industria que es reconocida y criticada.
Para el mandatario comodorense “hay que buscar alternativas por todos lados” para ayudar al fortalecimiento económico en una época donde los vaivenes de la actividad petrolera, principal motor de la economía regional, son cambiantes.
Es por ello que en diálogo con Télam, Linares basa su fundamentación en que “la minería es un recurso importante que tienen los chubutenses al alcance de la mano", y que se puede desarrollar "en el lugar ambiental que corresponda con los debidos controles”.
El intendente basa su postura en lo “social” y reconoce que la calidad de vida de los pobladores de ciertos lugares de Chubut, donde se estudia la colocación de emprendimientos mineros a cielo abierto, debe ser lo prioritario.
"Cuando me dicen que la minería sí o no, me gustaría que los que hablan tan fácilmente vayan a la meseta y hablen con la gente de ahí”, argumentó.
“En Gan Gan o Gastre, la gente para extender su esperanza de vida tiene que salir a buscarla en otro sitio y con ello viene el desarraigo. El otro día una persona me dijo que le dijeron que si llega la minería iba a morir por el cianuro o metal que vuele en la zona, entonces me explicó que quiere que lo dejen elegir el tipo de muerte que deseaba, porque por ahora se estaba muriendo de hambre”, explicó Linares.
Por su parte, a contrapunto de la posición del comodorense, el gobernador Das Neves manifestó su rotunda negativa a la instalación de cualquier minera dentro de la provincia, en clara reválida a la sancionada Ley 5001.
La misma prohíbe desde el 8 de mayo del 2003 la actividad metalífera en el ámbito del Chubut, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
Das Neves, en diálogo con Radio Mitre, basó sus argumentos en no adoptar la actividad dentro de la provincia ya que "es una mentira que genera riquezas, sino que además contamina".
El mandatario provincial fundamentó su visión y dijo que las mineras llegan " y empiezan a hacer pozos para arremeter contra todo".
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Mendoza: Atuel y emergencia hídrica
Piden que se trate el proyecto de recuperación de humedal del Atuel
Fecha de Publicación: 12/12/2016
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Tenemos un presente preocupante en Mendoza si persiste la emergencia hídrica y un futuro que no es de los más alentadores para el agro con especialistas que prevén escenarios que deben ser afrontados de una manera racional y estratégica.
La realidad exige adecuaciones tecnológicas, prácticas de manejo, y algunas resoluciones de conflictos jurídicos requieren que se tome conciencia sobre el problema del agua. Este contexto ya venía siendo advertido por algunos lugareños, y fue así como nació la idea de la reserva “Los Tableros”, pensada y consensuada por un grupo de sanrafaelinos y alvearenses que la plasmaron en un proyecto presentado en el 2011 en la legislatura provincial, logró su aprobación en la Cámara de Diputados y luego, sin mayores justificativos, el mismo quedó archivado.
Un sanrafaelino oriundo de Real del Padre, Omar Alonso Camacho, conoce en profundidad este proyecto y dijo al diario de los sanrafaelinos que “la finalidad que persigue la Reserva Hídrica Los Tableros es construir un reservorio de agua en el límite de Real del Padre y Jaime Prats, que sea producto de las lluvias y el agua del arroyo ‘Las Aguaditas’. Sin lugar a dudas, esta reserva podría ser de mucha ayuda a las tierras de riego de Alvear en época de sequía, ya que el caudal se volcaría al canal marginal a la altura del dique Rincón del Indio”, comentó.
Dijo que “además de ser de utilidad para nuestro vecino departamento, este embalse traería grandes beneficios a Real del Padre, pues recuperaría el humedal y podría originarse un polo turístico para realizar pesca o diferentes deportes náuticos, con el movimiento que estogenera sobre todo en épocas donde el empleo es una de las mayores prioridades”, expuso.
En cuanto a la construcción, explicó que “se prevé que el dique constaría de un terraplén revestido de piedras y se ubicaría paralelo a la ruta 143, entre el cementerio de Real del Padre y el puente sobre el río Atuel, en Los Tableros. El piso del lago sería impermeabilizado con membrana, bentonita o arcilla para evitar el escurrimiento del agua reservada y/o la suba de las napas freáticas en zonas bajas de Real del Padre, generando así un espejo de agua que cubriría unas 360 hectáreas con una capacidad de 13 millones de metros cúbicos, y se pretende crear una isla artificial en el centro del lago como atractivo turístico”, expresó.
Omar Alonso Camacho destacó además que se trata de un proyecto que no es costoso en relación a los beneficios que otorgaría al lugar, y remarcó que hasta nuestro propio diario publicó el 7 de julio de 2015 que el propio Superintendente General de Irrigación, José L. Álvarez, declaró que un reservorio no es difícil de realizar, y que la obra debería se fomentada para su ejecución con fondos internacionales.
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Fecha de Publicación: 12/12/2016
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Tenemos un presente preocupante en Mendoza si persiste la emergencia hídrica y un futuro que no es de los más alentadores para el agro con especialistas que prevén escenarios que deben ser afrontados de una manera racional y estratégica.
La realidad exige adecuaciones tecnológicas, prácticas de manejo, y algunas resoluciones de conflictos jurídicos requieren que se tome conciencia sobre el problema del agua. Este contexto ya venía siendo advertido por algunos lugareños, y fue así como nació la idea de la reserva “Los Tableros”, pensada y consensuada por un grupo de sanrafaelinos y alvearenses que la plasmaron en un proyecto presentado en el 2011 en la legislatura provincial, logró su aprobación en la Cámara de Diputados y luego, sin mayores justificativos, el mismo quedó archivado.
Un sanrafaelino oriundo de Real del Padre, Omar Alonso Camacho, conoce en profundidad este proyecto y dijo al diario de los sanrafaelinos que “la finalidad que persigue la Reserva Hídrica Los Tableros es construir un reservorio de agua en el límite de Real del Padre y Jaime Prats, que sea producto de las lluvias y el agua del arroyo ‘Las Aguaditas’. Sin lugar a dudas, esta reserva podría ser de mucha ayuda a las tierras de riego de Alvear en época de sequía, ya que el caudal se volcaría al canal marginal a la altura del dique Rincón del Indio”, comentó.
Dijo que “además de ser de utilidad para nuestro vecino departamento, este embalse traería grandes beneficios a Real del Padre, pues recuperaría el humedal y podría originarse un polo turístico para realizar pesca o diferentes deportes náuticos, con el movimiento que estogenera sobre todo en épocas donde el empleo es una de las mayores prioridades”, expuso.
En cuanto a la construcción, explicó que “se prevé que el dique constaría de un terraplén revestido de piedras y se ubicaría paralelo a la ruta 143, entre el cementerio de Real del Padre y el puente sobre el río Atuel, en Los Tableros. El piso del lago sería impermeabilizado con membrana, bentonita o arcilla para evitar el escurrimiento del agua reservada y/o la suba de las napas freáticas en zonas bajas de Real del Padre, generando así un espejo de agua que cubriría unas 360 hectáreas con una capacidad de 13 millones de metros cúbicos, y se pretende crear una isla artificial en el centro del lago como atractivo turístico”, expresó.
Omar Alonso Camacho destacó además que se trata de un proyecto que no es costoso en relación a los beneficios que otorgaría al lugar, y remarcó que hasta nuestro propio diario publicó el 7 de julio de 2015 que el propio Superintendente General de Irrigación, José L. Álvarez, declaró que un reservorio no es difícil de realizar, y que la obra debería se fomentada para su ejecución con fondos internacionales.
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Chaco: analizan situación de los residuos
Plantas de separación en el interior y problema mayúsculo a resolver en Resistencia
Fecha de Publicación: 12/12/2016
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El mal manejo de los mismos sigue siendo una asignatura pendiente, aún no resuelta en nuestra provincia, que se acrecienta por las limitaciones económicas y la cantidad de recursos financieros y tecnológicos que son necesarios invertir para evacuarlos hacia lugares adecuados.
No obstante, se han se han logrado considerables avances con la instalación de 16 plantas de Separación de Residuos en distintas localidades del interior.
Sin dudas, es Resistencia, su capital, la ciudad donde la gestión de la basura se ha transformado en un auténtico nudo gordiano, cada vez más difícil de deshacer.
Un informe de la Universidad Nacional del Nordeste, estima que la producción diaria de residuos sólidos urbanos de la ciudad es de aproximadamente 175,35 toneladas.
Esto incluye los desechos domiciliarios, comerciales, de establecimientos educativos, de clínicas, sanatorios y hospitales.
Considerando que el municipio de Resistencia tiene una población superior a 385.726 habitantes (Indec, Censo 2010), puede estimarse una producción diaria de 639 gramos de residuos por habitante realizando el siguiente cálculo: 175.350 kilos por día.
Solo el casco céntrico de la ciudad, produce poco más de 55 toneladas diarias de residuos, es decir el 32 % del total recolectado en la ciudad. En tanto, el cinturón urbano produce entre 115 y 125 toneladas de residuos, es decir el 68 % del total generado.
La gestión de los residuos urbanos es responsabilidad de la Municipalidad capitalina, ciudad que, al igual que otras tantas de nuestro país, fue disponiendo de distintos predios destinados al vuelco de la basura recolectada diariamente.
Actualmente y desde principios de 1992 está habilitado como basural municipal, un predio localizado en el paraje María Sara, al sur de la ciudad, que ocupa una superficie aproximada de 64,02 hectáreas, y está situado a solo cuatro kilómetros del área comercial de la ciudad.
Constituye un vertedero a cielo abierto, donde se dispersan todos los residuos domiciliarios juntos: materia orgánica, plásticos, pilas, vidrios, latas y otros.
Además se va extendiendo desordenadamente ocupando amplias superficies de sus inmediaciones.
Este espacio también se caracteriza por desprendimiento de humos densos, muy tóxicos, generados por la combustión espontánea de algunos materiales o por fuegos que producen algunas personas cuando queman la gran diversidad y mezcla de residuos, de modo que el basural municipal -a cielo abierto- y otros basurales dispersos en la ciudad, son considerados muy contaminantes.
Si a esto le sumamos las numerosas personas de diferentes edades que diariamente realizan la separación informal de las basuras, como los animales que se alimentan de restos, provocan una situación ambiental sumamente crítica en el área y en su entorno.
Hoy, se estima que el Vertedero Municipal de María Sara tiene fecha de vencimiento, calculando su colapso en aproximadamente un año.
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Fecha de Publicación: 12/12/2016
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El mal manejo de los mismos sigue siendo una asignatura pendiente, aún no resuelta en nuestra provincia, que se acrecienta por las limitaciones económicas y la cantidad de recursos financieros y tecnológicos que son necesarios invertir para evacuarlos hacia lugares adecuados.
No obstante, se han se han logrado considerables avances con la instalación de 16 plantas de Separación de Residuos en distintas localidades del interior.
Sin dudas, es Resistencia, su capital, la ciudad donde la gestión de la basura se ha transformado en un auténtico nudo gordiano, cada vez más difícil de deshacer.
Un informe de la Universidad Nacional del Nordeste, estima que la producción diaria de residuos sólidos urbanos de la ciudad es de aproximadamente 175,35 toneladas.
Esto incluye los desechos domiciliarios, comerciales, de establecimientos educativos, de clínicas, sanatorios y hospitales.
Considerando que el municipio de Resistencia tiene una población superior a 385.726 habitantes (Indec, Censo 2010), puede estimarse una producción diaria de 639 gramos de residuos por habitante realizando el siguiente cálculo: 175.350 kilos por día.
Solo el casco céntrico de la ciudad, produce poco más de 55 toneladas diarias de residuos, es decir el 32 % del total recolectado en la ciudad. En tanto, el cinturón urbano produce entre 115 y 125 toneladas de residuos, es decir el 68 % del total generado.
La gestión de los residuos urbanos es responsabilidad de la Municipalidad capitalina, ciudad que, al igual que otras tantas de nuestro país, fue disponiendo de distintos predios destinados al vuelco de la basura recolectada diariamente.
Actualmente y desde principios de 1992 está habilitado como basural municipal, un predio localizado en el paraje María Sara, al sur de la ciudad, que ocupa una superficie aproximada de 64,02 hectáreas, y está situado a solo cuatro kilómetros del área comercial de la ciudad.
Constituye un vertedero a cielo abierto, donde se dispersan todos los residuos domiciliarios juntos: materia orgánica, plásticos, pilas, vidrios, latas y otros.
Además se va extendiendo desordenadamente ocupando amplias superficies de sus inmediaciones.
Este espacio también se caracteriza por desprendimiento de humos densos, muy tóxicos, generados por la combustión espontánea de algunos materiales o por fuegos que producen algunas personas cuando queman la gran diversidad y mezcla de residuos, de modo que el basural municipal -a cielo abierto- y otros basurales dispersos en la ciudad, son considerados muy contaminantes.
Si a esto le sumamos las numerosas personas de diferentes edades que diariamente realizan la separación informal de las basuras, como los animales que se alimentan de restos, provocan una situación ambiental sumamente crítica en el área y en su entorno.
Hoy, se estima que el Vertedero Municipal de María Sara tiene fecha de vencimiento, calculando su colapso en aproximadamente un año.
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Agroquímicos: por inacción del Estado, van a la ONU
Agroquímicos: duro informe ante la ONU por inacción del Estado
Fecha de Publicación: 11/12/2016
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
Aseguran que el gobierno nacional argentino abandonó a la sociedad civil en la prevención de impactos negativos por el uso de químicos.
Decenas de organizaciones ambientalistas argentinas presentaron ante Naciones Unidas un informe en el que se denuncia el estado de abandono de la sociedad civil frente a las aplicaciones de agroquímicos como causa de la total inacción del Estado para controlar, regular y prevenir daños por las fumigaciones.El documento, llamado "Agrotóxicos: evaluación de riesgos, salud y alimentos en Argentina" fue elaborado por 38 ONG locales y presentado esta semana ante los relatores especiales del Derecho a la Alimentación y Derechos Humanos, y Sustancias y Desechos Peligrosos de la ONU, un órgano internacional que sigue de cerca las situaciones de riesgo ambiental derivados de malas prácticas agrícolas en el mundo.
En el documento de 88 páginas se denuncia que la situación argentina respecto al uso de agrotóxicos y a la presencia de organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura y en el proceso productivo de alimentos "es grave y requiere que el Estado adopte medidas urgentes para garantizar los derechos humanos a la salud, al agua potable, a la alimentación adecuada y al ambiente sano".
"En el país no hay una ley que regule el proceso de registros, autorización y usos de los agrotóxicos. Tampoco hay una ley sobre bioseguridad y OGM", argumentaron los ambientalistas, que puntualizaron que la situación actual "refiere a la exposición directa de la población a las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de las viviendas y escuelas rurales y a la exposición indirecta de toda la población a través del consumo de alimentos con residuos de agrotóxicos y derivados de OGM".
Ante esta situación, consolidada durante los últimos 20 años por el avance de los agronegocios y el boom de los precios de los commodities, el Estado aparece como un ente ausente que se deslinda de sus responsabilidades o que, incluso, actúa en complicidad con las grandes empresas del sector.
"Las autoridades en todos sus niveles omiten de modo deliberado implementar una política sanitaria adecuada que implique la atención y vigilancia de la salud para analizar y evaluar la relación entre agroquímicos y determinadas enfermedades", alertaron.
Efectos nocivos
Además denunciaron que tampoco se atienden las externalidades del modelo productivo, que van desde "la afectación evidente a la biodiversidad a la supresión de los servicios ambientales del agua y suelo, la evanescencia de la diversidad agrícola, deforestación, avance de la frontera agropecuaria, despojo de tierras a movimientos campesinos y pueblos originarios y un aumento visible de enfermedades crónicas y de las tasas de malformaciones congénitas, enfermedades neurológicas, oncológicas y hematológicas todas ellas en relación directa y proporcional con el incremento del uso de agrotóxicos y OGM en la Argentina en los últimas dos décadas".
También piden que informen al Consejo de Derechos Humanos que en Argentina "se vulnera el derecho humano a la alimentación adecuada, a la información, a la salud, al acceso al agua potable y al ambiente sano al permitirse el uso de paquetes tecnológicos que asocian semillas modificadas genéticamente con la aplicación de millones de litros de agrotóxicos cuyas cantidades van subiendo año tras año".
Los ambientalistas recuerdan que aún en el caso de que existan dudas respecto al nexo de causalidad entre fumigaciones y enfermedades existe el principio jurídico de la precaución que obliga a que los Estados "adopten medidas urgentes para despejarla".
El documento afirma que los agrotóxicos "no son fitosanitarios, son biocidas y el modelo del agronegocio es genocida: enferma y mata, y debe encuadrarse en la figura de ecocidio dado que afecta a toda la naturaleza".
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Fecha de Publicación: 11/12/2016
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
Aseguran que el gobierno nacional argentino abandonó a la sociedad civil en la prevención de impactos negativos por el uso de químicos.
Decenas de organizaciones ambientalistas argentinas presentaron ante Naciones Unidas un informe en el que se denuncia el estado de abandono de la sociedad civil frente a las aplicaciones de agroquímicos como causa de la total inacción del Estado para controlar, regular y prevenir daños por las fumigaciones.El documento, llamado "Agrotóxicos: evaluación de riesgos, salud y alimentos en Argentina" fue elaborado por 38 ONG locales y presentado esta semana ante los relatores especiales del Derecho a la Alimentación y Derechos Humanos, y Sustancias y Desechos Peligrosos de la ONU, un órgano internacional que sigue de cerca las situaciones de riesgo ambiental derivados de malas prácticas agrícolas en el mundo.
En el documento de 88 páginas se denuncia que la situación argentina respecto al uso de agrotóxicos y a la presencia de organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura y en el proceso productivo de alimentos "es grave y requiere que el Estado adopte medidas urgentes para garantizar los derechos humanos a la salud, al agua potable, a la alimentación adecuada y al ambiente sano".
"En el país no hay una ley que regule el proceso de registros, autorización y usos de los agrotóxicos. Tampoco hay una ley sobre bioseguridad y OGM", argumentaron los ambientalistas, que puntualizaron que la situación actual "refiere a la exposición directa de la población a las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de las viviendas y escuelas rurales y a la exposición indirecta de toda la población a través del consumo de alimentos con residuos de agrotóxicos y derivados de OGM".
Ante esta situación, consolidada durante los últimos 20 años por el avance de los agronegocios y el boom de los precios de los commodities, el Estado aparece como un ente ausente que se deslinda de sus responsabilidades o que, incluso, actúa en complicidad con las grandes empresas del sector.
"Las autoridades en todos sus niveles omiten de modo deliberado implementar una política sanitaria adecuada que implique la atención y vigilancia de la salud para analizar y evaluar la relación entre agroquímicos y determinadas enfermedades", alertaron.
Efectos nocivos
Además denunciaron que tampoco se atienden las externalidades del modelo productivo, que van desde "la afectación evidente a la biodiversidad a la supresión de los servicios ambientales del agua y suelo, la evanescencia de la diversidad agrícola, deforestación, avance de la frontera agropecuaria, despojo de tierras a movimientos campesinos y pueblos originarios y un aumento visible de enfermedades crónicas y de las tasas de malformaciones congénitas, enfermedades neurológicas, oncológicas y hematológicas todas ellas en relación directa y proporcional con el incremento del uso de agrotóxicos y OGM en la Argentina en los últimas dos décadas".
También piden que informen al Consejo de Derechos Humanos que en Argentina "se vulnera el derecho humano a la alimentación adecuada, a la información, a la salud, al acceso al agua potable y al ambiente sano al permitirse el uso de paquetes tecnológicos que asocian semillas modificadas genéticamente con la aplicación de millones de litros de agrotóxicos cuyas cantidades van subiendo año tras año".
Los ambientalistas recuerdan que aún en el caso de que existan dudas respecto al nexo de causalidad entre fumigaciones y enfermedades existe el principio jurídico de la precaución que obliga a que los Estados "adopten medidas urgentes para despejarla".
El documento afirma que los agrotóxicos "no son fitosanitarios, son biocidas y el modelo del agronegocio es genocida: enferma y mata, y debe encuadrarse en la figura de ecocidio dado que afecta a toda la naturaleza".
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Una petroquímica abandonada, una bomba de tiempo
Una petroquímica abandonada que es una 'bomba de tiempo' ambiental
Fecha de Publicación: 11/12/2016
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
En el año 2013 la Petroquímica Bermúdez S.A. frenó sus actividades y desde entonces no cuenta con el adecuado mantenimiento ni se realiza el necesario control de las instalaciones. Taller Ecologista, la ONG que lleva más de 31 años de trabajo socioambiental en la región, presentó ya varios pedidos de informe al respecto y nunca obtuvo respuestas. Afirman que el contenido químico en los tanques y tubos abandonados representan “una bomba de tiempo” y ponen en riesgo a la saluda de la población.
En las localidades del cordón industrial los reclamos de los vecinos en cuanto a cuestiones ambientales suelen ser una constante. La falta de controles sobre la calidad del aire, el poco acceso a la información sobre cómo actúan las empresas allí instaladas y la sanción de algunas ordenanzas que favorecen el desarrollo de esas firmas, son algunos de los inconvenientes que la población advierte a menudo.
Taller Ecologista denunció que el 6 de noviembre pasado, trabajadores de un sector de producción de Celulosa Argentina presentaron dificultades para respirar y debieron ser evacuados de urgencia. “El aire se había tornado ácido, les ardían los ojos, la garganta”, recalcaron desde la ONG.
Entonces los sensores exteriores que la empresa tiene para medir la concentración de cloro en el aire, confirmaron cifras por encima de 2,5 partes por millón (ppm), siendo el límite de exposición profesional 0,1 ppm. Según Taller Ecologista, la fuente de esa emisión estaba en la empresa lindera, la inactiva Petroquímica Bermúdez S. A.
El riesgo proviene de los químicos que habría en los tanques, tubos y cañerías, venidos a menos por el correr de los años y la falta de mantenimiento. Al respecto, Taller Ecologista solicitó información sobre la situación de la planta en abril de 2015, a la ex Secretaría de Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente), y sin respuestas repitieron la requisitoria en septiembre del mismo año y julio de 2016. Nunca hubo respuestas.
“Nos preocupa la desidia, la falta de responsabilidad estatal para efectuar los controles. Hay tubos y tanques que están cargados. Sin certezas de su contenido, algunos tienen etiquetas que dicen cloro o la numeración que identifica al mismo. Otras dicen benceno. También hay amianto, almacenado en deplorables condiciones. La población no sabe al riesgo al que esté expuesta, y no se conocen programas de evacuación ante hechos como estos”, alertaron desde el Taller.
El cloro es un elemento químico (Cl), que en condiciones normales y en estado puro forma dióxido de cloro (Cl2): un gas tóxico amarillo-verdoso, es unas 2,5 veces más pesado que el aire, de olor desagradable y tóxico. Es lacrimógeno, corrosivo para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Su inhalación puede originar reacciones asmáticas, neumonitis y edema pulmonar, pero sólo tras producirse los efectos corrosivos iniciales en los ojos o las vías respiratorias. La exposición puede producir la muerte.
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Fecha de Publicación: 11/12/2016
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
En el año 2013 la Petroquímica Bermúdez S.A. frenó sus actividades y desde entonces no cuenta con el adecuado mantenimiento ni se realiza el necesario control de las instalaciones. Taller Ecologista, la ONG que lleva más de 31 años de trabajo socioambiental en la región, presentó ya varios pedidos de informe al respecto y nunca obtuvo respuestas. Afirman que el contenido químico en los tanques y tubos abandonados representan “una bomba de tiempo” y ponen en riesgo a la saluda de la población.
En las localidades del cordón industrial los reclamos de los vecinos en cuanto a cuestiones ambientales suelen ser una constante. La falta de controles sobre la calidad del aire, el poco acceso a la información sobre cómo actúan las empresas allí instaladas y la sanción de algunas ordenanzas que favorecen el desarrollo de esas firmas, son algunos de los inconvenientes que la población advierte a menudo.
Taller Ecologista denunció que el 6 de noviembre pasado, trabajadores de un sector de producción de Celulosa Argentina presentaron dificultades para respirar y debieron ser evacuados de urgencia. “El aire se había tornado ácido, les ardían los ojos, la garganta”, recalcaron desde la ONG.
Entonces los sensores exteriores que la empresa tiene para medir la concentración de cloro en el aire, confirmaron cifras por encima de 2,5 partes por millón (ppm), siendo el límite de exposición profesional 0,1 ppm. Según Taller Ecologista, la fuente de esa emisión estaba en la empresa lindera, la inactiva Petroquímica Bermúdez S. A.
El riesgo proviene de los químicos que habría en los tanques, tubos y cañerías, venidos a menos por el correr de los años y la falta de mantenimiento. Al respecto, Taller Ecologista solicitó información sobre la situación de la planta en abril de 2015, a la ex Secretaría de Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente), y sin respuestas repitieron la requisitoria en septiembre del mismo año y julio de 2016. Nunca hubo respuestas.
“Nos preocupa la desidia, la falta de responsabilidad estatal para efectuar los controles. Hay tubos y tanques que están cargados. Sin certezas de su contenido, algunos tienen etiquetas que dicen cloro o la numeración que identifica al mismo. Otras dicen benceno. También hay amianto, almacenado en deplorables condiciones. La población no sabe al riesgo al que esté expuesta, y no se conocen programas de evacuación ante hechos como estos”, alertaron desde el Taller.
El cloro es un elemento químico (Cl), que en condiciones normales y en estado puro forma dióxido de cloro (Cl2): un gas tóxico amarillo-verdoso, es unas 2,5 veces más pesado que el aire, de olor desagradable y tóxico. Es lacrimógeno, corrosivo para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Su inhalación puede originar reacciones asmáticas, neumonitis y edema pulmonar, pero sólo tras producirse los efectos corrosivos iniciales en los ojos o las vías respiratorias. La exposición puede producir la muerte.
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En Luján, 5 años después, prometen cumplir una ordenanza
Cinco años después, prometen cumplir la ordenanza de fumigación
Fecha de Publicación: 11/12/2016
Fuente: El Civismo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad organizó una reunión con aplicadores y productores. Allí comunicó que la norma está vigente y debe hacerse efectiva, aunque hablaron de una aplicación en forma progresiva.
En las últimas semanas, la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad convocó a una reunión destinada a comerciantes, aplicadores responsables, técnicos y productores vinculados al uso de agroquímicos. Según se había anticipado desde la Municipalidad, la intención era informar sobre los alcances de la ordenanza 5.953, aprobada en 2011, que prohíbe las fumigaciones aéreas y limita las terrestres, entre otros puntos que tienen como argumento la protección de la salud y el medio ambiente.
La iniciativa municipal no tardó en despertar críticas de distintos sectores. Los cuestionamientos apuntaron, principalmente, a que la convocatoria dejó al descubierto que en cinco años de gestión el gobierno de Oscar Luciani no dio cumplimiento a la normativa, por ejemplo al no implementar el registro de aplicadores que prescribe la ordenanza. Esa falta de acción fue reconocida a este medio por el actual secretario de Producción y Turismo, Miguel Paulón. No obstante, el funcionario aseguró que antes de fin de año se avanzará con la conformación del adeudado registro y que la Municipalidad activará mecanismos para dar cumplimiento pleno de la ordenanza, aunque de manera progresiva.
Esa intención fue comunicada a los aplicadores y productores en el marco de la reunión del miércoles, a la que asistieron en un número cercano a las treinta personas. También se informó que se trabajará en coordinación con Policía Ambiental de Provincia. De ese encuentro participaron organizaciones y vecinos independientes que reclaman, desde hace tiempo, un cumplimiento efectivo de lo dispuesto por el Concejo Deliberante hace cinco años.
Con la firma de la Multisectorial contra el Agronegocio “La 41”, el Espacio de Lucha Territorial Río Bravo, el Frente Universitario de Luján/MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), Patria Grande y vecinos independientes, se dio a conocer un comunicado referido al tema de fumigaciones.
En primer lugar, se expresó que “en Luján se suceden los casos de fumigaciones con agrotóxicos de los campos sojeros y afines, impactando directamente en la salud de la población y contaminando el ambiente en general”.
“A pesar de que desde 2011 se cuenta con una ordenanza que, aunque limitadamente, protegería a los habitantes del partido, escuelas rurales y cursos de agua de la contaminación generada por la deriva de las pulverizaciones, ni la gestión municipal de Luciani y sus funcionarios, ni el Concejo Deliberante, y ni siquiera el Poder Judicial, intervienen en función de los derechos de las mayorías y generan el marco necesario para la violación de los derechos humanos, generando un ecocidio y delitos de lesa humanidad”, expresaron.
Las organizaciones plantearon que todas esas instancias “hacen caso omiso de las denuncias y no promueven iniciativas de fomento de alternativas productivas basadas en la agroecología, lo cual sí podría alimentar a la población en vez de enfermarla”.
“En Argentina, las transformaciones que se llevaron adelante a partir de la década de los ´90 en las regiones agrarias, instalaron el uso del paquete biotecnológico donde las semillas transgénicas y el creciente uso de agrotóxicos se convirtieron en las principales estrategias productivas. En este modelo de saqueo del agronegocio, las multinacionales como Monsanto, Syngenta, entre otras, destruyen nuestros lugares de vida y se asocian a la dirigencia política con el fin de acrecentar sus ganancias”, reseñaron.
Destacaron que “este modelo ha fomentado el uso indiscriminado de venenos para la ‘eliminación’ de malezas y plagas y que en Argentina significa la fumigación de nuestros campos y pueblos (y todo lo que hay en ellos) con más de 300 millones de litros de agrotóxicos por año, muchos de lo cuales terminan en nuestras mesas”.
Luego de exponer los graves daños a la salud que provocan estas sustancias, comprobados por una batería de estudios científicos y evidencias empíricas, las organizaciones marcaron que “en el partido de Luján, sea en Carlos Keen, Open Door, Olivera o casi en cualquier lugar que elijamos, estamos hablando de personas fumigadas con agrotóxicos, de enfermedades, de posibles muertes, pero también de resistencias populares, de organizaciones sociales que comienzan a tomar el tema en sus agendas de luchas”.
La ordenanza cuyo cumplimiento se reclama también establece zonas de resguardo de 100 metros en los espacios comprendidos entre el perímetro de los establecimientos escolares, centros primarios de salud, casas aisladas, reservas naturales y áreas protegidas. Por otra parte, “la aplicación de agroquímicos en las áreas linderas a los cursos y cuerpos de agua, sean limítrofes o internos a los campos, deberá respetar un radio libre de cien metros contados a partir del perímetro del curso y a cada lado del mismo”.
Otro punto incumplido está vinculado con la circulación en zonas urbanas de equipos terrestres de aplicación. En ese punto, la ordenanza plantea que “no podrán circular por centros urbanos, excepto sobre las rutas nacionales y provinciales”. Solo en caso de “extrema necesidad” podrán hacerlo sin carga, limpios y con los picos cerrados, a fin de evitar el goteo.
El compromiso
En diálogo con este medio, el secretario de Producción y Turismo, Miguel Paulón, explicó que la reunión consistió en “una presentación de la normativa y su funcionalidad”.
“Ya que tomamos esta gestión sin que se hubiera implementado nada, ahora estamos poniéndola a rodar. Eso significa que además de lo que nosotros pretendemos para cumplir fielmente con la ordenanza, también podamos alcanzar los objetivos de la legislación provincial y nacional en ese sentido”, dijo Paulón.
Al encuentro se sumaron funcionarios de Agroindustria provincial y miembros de Policía Ambiental.
- Si bien usted asumió como secretario este año, existe una continuidad de la gestión de Luciani desde 2011. ¿Nunca se implementó el registro de aplicadores?
- El registro de aplicadores se va a implementar el día 14 de diciembre. Justamente esa es una de las cosas que vamos a comunicar hoy y el 14 de diciembre va a ser en conjunto con una jornada de capacitación. Todos van a acceder al registro, porque van a estar presentes funcionarios de Agroindustria de la Provincia.
- ¿Fue una decisión del intendente o una inquietud suya como secretario reactivar este tema? Lo pregunto porque pasaron cinco años y no se hizo nada.
- Ahora nosotros estamos haciendo todo lo posible, no para recuperar tiempo sino para tratar de adecuarnos rápidamente a estas circunstancias.
- ¿Cuáles son los aspectos más dificultosos de cumplir de la ordenanza?
- Lo más complicado son los sistemas de alarmas, tanto de aplicaciones como de control. Hay que establecer un sistema de colaboración mutua entre los aplicadores y el Municipio.
- ¿Se plantea incrementar el número de inspectores o agentes ambientales para control?
- Estamos en esa tarea. No solamente por este caso, sino por todos los temas de gestión ambiental que cada vez son más relevantes.
- ¿No va a existir un cuerpo específico afectado a este tema?
- Es probable que tengamos profesionales afectados específicamente a este tema, pero también necesitamos controlar otros aspectos.
- ¿Se tiene una estimación del número de agentes que se necesita incorporar?
- No, todavía no. Vamos a ver cómo responden los aplicadores. Si logramos establecer un buen vínculo con los aplicadores, creo que con un par de personas se resuelve. De lo contrario, vamos a tener que hacer otra cosa. De todas maneras contamos con el compromiso de la Policía Ambiental de poder colaborar estrechamente con nosotros. Vamos sumando esfuerzos.
- ¿La ordenanza tal como está es perfectamente aplicable?
- Se puede cumplir y el camino que recorramos nos va a decir si se necesita retocar algo o no.
- ¿Qué proyecta el Municipio para las hectáreas que quedan restringidas de fumigaciones?
- Eso tenemos que dialogarlo y profundizar el tema. Nosotros tenemos algunas ideas de lo que se puede hacer incluso para mejorar la protección de determinadas zonas sensibles. Pero necesitamos dialogar el tema con todos los interlocutores que tenemos en este campo de la gestión ambiental.
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Fecha de Publicación: 11/12/2016
Fuente: El Civismo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad organizó una reunión con aplicadores y productores. Allí comunicó que la norma está vigente y debe hacerse efectiva, aunque hablaron de una aplicación en forma progresiva.
En las últimas semanas, la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad convocó a una reunión destinada a comerciantes, aplicadores responsables, técnicos y productores vinculados al uso de agroquímicos. Según se había anticipado desde la Municipalidad, la intención era informar sobre los alcances de la ordenanza 5.953, aprobada en 2011, que prohíbe las fumigaciones aéreas y limita las terrestres, entre otros puntos que tienen como argumento la protección de la salud y el medio ambiente.
La iniciativa municipal no tardó en despertar críticas de distintos sectores. Los cuestionamientos apuntaron, principalmente, a que la convocatoria dejó al descubierto que en cinco años de gestión el gobierno de Oscar Luciani no dio cumplimiento a la normativa, por ejemplo al no implementar el registro de aplicadores que prescribe la ordenanza. Esa falta de acción fue reconocida a este medio por el actual secretario de Producción y Turismo, Miguel Paulón. No obstante, el funcionario aseguró que antes de fin de año se avanzará con la conformación del adeudado registro y que la Municipalidad activará mecanismos para dar cumplimiento pleno de la ordenanza, aunque de manera progresiva.
Esa intención fue comunicada a los aplicadores y productores en el marco de la reunión del miércoles, a la que asistieron en un número cercano a las treinta personas. También se informó que se trabajará en coordinación con Policía Ambiental de Provincia. De ese encuentro participaron organizaciones y vecinos independientes que reclaman, desde hace tiempo, un cumplimiento efectivo de lo dispuesto por el Concejo Deliberante hace cinco años.
Con la firma de la Multisectorial contra el Agronegocio “La 41”, el Espacio de Lucha Territorial Río Bravo, el Frente Universitario de Luján/MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), Patria Grande y vecinos independientes, se dio a conocer un comunicado referido al tema de fumigaciones.
En primer lugar, se expresó que “en Luján se suceden los casos de fumigaciones con agrotóxicos de los campos sojeros y afines, impactando directamente en la salud de la población y contaminando el ambiente en general”.
“A pesar de que desde 2011 se cuenta con una ordenanza que, aunque limitadamente, protegería a los habitantes del partido, escuelas rurales y cursos de agua de la contaminación generada por la deriva de las pulverizaciones, ni la gestión municipal de Luciani y sus funcionarios, ni el Concejo Deliberante, y ni siquiera el Poder Judicial, intervienen en función de los derechos de las mayorías y generan el marco necesario para la violación de los derechos humanos, generando un ecocidio y delitos de lesa humanidad”, expresaron.
Las organizaciones plantearon que todas esas instancias “hacen caso omiso de las denuncias y no promueven iniciativas de fomento de alternativas productivas basadas en la agroecología, lo cual sí podría alimentar a la población en vez de enfermarla”.
“En Argentina, las transformaciones que se llevaron adelante a partir de la década de los ´90 en las regiones agrarias, instalaron el uso del paquete biotecnológico donde las semillas transgénicas y el creciente uso de agrotóxicos se convirtieron en las principales estrategias productivas. En este modelo de saqueo del agronegocio, las multinacionales como Monsanto, Syngenta, entre otras, destruyen nuestros lugares de vida y se asocian a la dirigencia política con el fin de acrecentar sus ganancias”, reseñaron.
Destacaron que “este modelo ha fomentado el uso indiscriminado de venenos para la ‘eliminación’ de malezas y plagas y que en Argentina significa la fumigación de nuestros campos y pueblos (y todo lo que hay en ellos) con más de 300 millones de litros de agrotóxicos por año, muchos de lo cuales terminan en nuestras mesas”.
Luego de exponer los graves daños a la salud que provocan estas sustancias, comprobados por una batería de estudios científicos y evidencias empíricas, las organizaciones marcaron que “en el partido de Luján, sea en Carlos Keen, Open Door, Olivera o casi en cualquier lugar que elijamos, estamos hablando de personas fumigadas con agrotóxicos, de enfermedades, de posibles muertes, pero también de resistencias populares, de organizaciones sociales que comienzan a tomar el tema en sus agendas de luchas”.
La ordenanza cuyo cumplimiento se reclama también establece zonas de resguardo de 100 metros en los espacios comprendidos entre el perímetro de los establecimientos escolares, centros primarios de salud, casas aisladas, reservas naturales y áreas protegidas. Por otra parte, “la aplicación de agroquímicos en las áreas linderas a los cursos y cuerpos de agua, sean limítrofes o internos a los campos, deberá respetar un radio libre de cien metros contados a partir del perímetro del curso y a cada lado del mismo”.
Otro punto incumplido está vinculado con la circulación en zonas urbanas de equipos terrestres de aplicación. En ese punto, la ordenanza plantea que “no podrán circular por centros urbanos, excepto sobre las rutas nacionales y provinciales”. Solo en caso de “extrema necesidad” podrán hacerlo sin carga, limpios y con los picos cerrados, a fin de evitar el goteo.
El compromiso
En diálogo con este medio, el secretario de Producción y Turismo, Miguel Paulón, explicó que la reunión consistió en “una presentación de la normativa y su funcionalidad”.
“Ya que tomamos esta gestión sin que se hubiera implementado nada, ahora estamos poniéndola a rodar. Eso significa que además de lo que nosotros pretendemos para cumplir fielmente con la ordenanza, también podamos alcanzar los objetivos de la legislación provincial y nacional en ese sentido”, dijo Paulón.
Al encuentro se sumaron funcionarios de Agroindustria provincial y miembros de Policía Ambiental.
- Si bien usted asumió como secretario este año, existe una continuidad de la gestión de Luciani desde 2011. ¿Nunca se implementó el registro de aplicadores?
- El registro de aplicadores se va a implementar el día 14 de diciembre. Justamente esa es una de las cosas que vamos a comunicar hoy y el 14 de diciembre va a ser en conjunto con una jornada de capacitación. Todos van a acceder al registro, porque van a estar presentes funcionarios de Agroindustria de la Provincia.
- ¿Fue una decisión del intendente o una inquietud suya como secretario reactivar este tema? Lo pregunto porque pasaron cinco años y no se hizo nada.
- Ahora nosotros estamos haciendo todo lo posible, no para recuperar tiempo sino para tratar de adecuarnos rápidamente a estas circunstancias.
- ¿Cuáles son los aspectos más dificultosos de cumplir de la ordenanza?
- Lo más complicado son los sistemas de alarmas, tanto de aplicaciones como de control. Hay que establecer un sistema de colaboración mutua entre los aplicadores y el Municipio.
- ¿Se plantea incrementar el número de inspectores o agentes ambientales para control?
- Estamos en esa tarea. No solamente por este caso, sino por todos los temas de gestión ambiental que cada vez son más relevantes.
- ¿No va a existir un cuerpo específico afectado a este tema?
- Es probable que tengamos profesionales afectados específicamente a este tema, pero también necesitamos controlar otros aspectos.
- ¿Se tiene una estimación del número de agentes que se necesita incorporar?
- No, todavía no. Vamos a ver cómo responden los aplicadores. Si logramos establecer un buen vínculo con los aplicadores, creo que con un par de personas se resuelve. De lo contrario, vamos a tener que hacer otra cosa. De todas maneras contamos con el compromiso de la Policía Ambiental de poder colaborar estrechamente con nosotros. Vamos sumando esfuerzos.
- ¿La ordenanza tal como está es perfectamente aplicable?
- Se puede cumplir y el camino que recorramos nos va a decir si se necesita retocar algo o no.
- ¿Qué proyecta el Municipio para las hectáreas que quedan restringidas de fumigaciones?
- Eso tenemos que dialogarlo y profundizar el tema. Nosotros tenemos algunas ideas de lo que se puede hacer incluso para mejorar la protección de determinadas zonas sensibles. Pero necesitamos dialogar el tema con todos los interlocutores que tenemos en este campo de la gestión ambiental.
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Gobierno con los tampones de punta por la minería
Aranguren defendió la minería sin retenciones
Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
Mientras avanza el proyecto opositor para gravar la actividad y financiar una baja en Ganancias, el ministro de Energía aseguró que el beneficio sirve para sostener empleos.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defendió hoy la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras al afirmar que esa medida permitió extender la vida útil de los yacimientos y sostener unos 12.600 empleos.
Así, el funcionario macrista salió al cruce del arco opositor que en el Congreso busca gravar con nuevas retenciones a la actividad minera para compensar la baja de recaudación que provocarían los cambios en el impuesto a las Ganancias en caso de convertirse en ley.
Aranguren optó por contestarle directamente al diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien en una conferencia de prensa y luego en entrevistas radiales había sostenido que la eliminación de retenciones a la minería no había logrado un impacto positivo en la economía.
"Voy a aclarar un tema de minería: Massa dijo que no ha habido consecuencias de haber quitado las retenciones porque había caído el empleo en un 8%, y desde nuestro punto de vista esa información es errónea", dijo Aranguren este jueves en declaraciones a radio Mitre.
La información del ministerio de Trabajo y del Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial indica que en exploración de minas y canteras hubo una baja de 7,4% de los puestos laborales directos en la comparación de septiembre de 2016 contra el mismo mes del año pasado. Pero, aclaró el funcionario, esos datos están relaciones sólo a lo que tiene que ver con la extracción de gas, carbón, petróleo y minerales y "no indican claramente cuál es el impacto (general) del empleo en el sector de la minería".
El funcionario señaló que la información que le acercan las empresas mineras a su ministerio indica que el empleo en el sector "creció 1,5 por ciento" anual en la comparación de septiembre contra el mismo mes del 2015. Subrayó el ministro que pensar que el crecimiento del empleo es consecuencia de la quita de retenciones a las exportaciones mineras "también es equivocado" porque "el impacto" de esa medida "es otro".
"Massa tendría que saber que el impacto vinculado a la eliminación de retenciones es otro: por ejemplo, que hay recursos subeconómicos que pasan a reservas, se baja la recaudación en u$s200 millones de dólares pero aumenta en u$s1.300 millones la exportación", afirmó el ministro. Y en esa línea, añadió que también aumenta la compra de bienes y servicios nacionales, porque el 90% de los ingresos por exportaciones queda en el Estado nacional; hay una mayor recaudación por la incorporación de nuevos recursos a la economía; y hay una mayor participación para las provincias".
Por esos datos, Aranguren dijo que le llama la atención que el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias que grava a la minería impulsado por la oposición en el Congreso haya tenido el apoyo de legisladores de jurisdicciones que producen minerales. Indicó que lo llamativo en la posición de los legisladores es que las retenciones las cobra la Nación y en cambio cuando hay mayor actividad minera y eso genera el pago del impuesto a las Ganancias por parte de las empresas, esos recursos son coparticipados a las provincias.
Añadió el funcionario que "lo más importante" de haber quitado las retenciones es que se extendió la vida útil de las minas que están en operación, lo cual extiende en el tiempo la estabilidad de unos 12.600 empleos directos e indirectos en cinco yacimientos ubicados en Catamarca, Jujuy, San Juan, Santa Cruz y Río Negro. "Entonces podemos decir que la eliminación de retenciones permitió sostener el empleo por dos años más de unas 12.600 familias argentinas", expresó Aranguren.
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Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
Mientras avanza el proyecto opositor para gravar la actividad y financiar una baja en Ganancias, el ministro de Energía aseguró que el beneficio sirve para sostener empleos.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defendió hoy la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras al afirmar que esa medida permitió extender la vida útil de los yacimientos y sostener unos 12.600 empleos.
Así, el funcionario macrista salió al cruce del arco opositor que en el Congreso busca gravar con nuevas retenciones a la actividad minera para compensar la baja de recaudación que provocarían los cambios en el impuesto a las Ganancias en caso de convertirse en ley.
Aranguren optó por contestarle directamente al diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien en una conferencia de prensa y luego en entrevistas radiales había sostenido que la eliminación de retenciones a la minería no había logrado un impacto positivo en la economía.
"Voy a aclarar un tema de minería: Massa dijo que no ha habido consecuencias de haber quitado las retenciones porque había caído el empleo en un 8%, y desde nuestro punto de vista esa información es errónea", dijo Aranguren este jueves en declaraciones a radio Mitre.
La información del ministerio de Trabajo y del Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial indica que en exploración de minas y canteras hubo una baja de 7,4% de los puestos laborales directos en la comparación de septiembre de 2016 contra el mismo mes del año pasado. Pero, aclaró el funcionario, esos datos están relaciones sólo a lo que tiene que ver con la extracción de gas, carbón, petróleo y minerales y "no indican claramente cuál es el impacto (general) del empleo en el sector de la minería".
El funcionario señaló que la información que le acercan las empresas mineras a su ministerio indica que el empleo en el sector "creció 1,5 por ciento" anual en la comparación de septiembre contra el mismo mes del 2015. Subrayó el ministro que pensar que el crecimiento del empleo es consecuencia de la quita de retenciones a las exportaciones mineras "también es equivocado" porque "el impacto" de esa medida "es otro".
"Massa tendría que saber que el impacto vinculado a la eliminación de retenciones es otro: por ejemplo, que hay recursos subeconómicos que pasan a reservas, se baja la recaudación en u$s200 millones de dólares pero aumenta en u$s1.300 millones la exportación", afirmó el ministro. Y en esa línea, añadió que también aumenta la compra de bienes y servicios nacionales, porque el 90% de los ingresos por exportaciones queda en el Estado nacional; hay una mayor recaudación por la incorporación de nuevos recursos a la economía; y hay una mayor participación para las provincias".
Por esos datos, Aranguren dijo que le llama la atención que el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias que grava a la minería impulsado por la oposición en el Congreso haya tenido el apoyo de legisladores de jurisdicciones que producen minerales. Indicó que lo llamativo en la posición de los legisladores es que las retenciones las cobra la Nación y en cambio cuando hay mayor actividad minera y eso genera el pago del impuesto a las Ganancias por parte de las empresas, esos recursos son coparticipados a las provincias.
Añadió el funcionario que "lo más importante" de haber quitado las retenciones es que se extendió la vida útil de las minas que están en operación, lo cual extiende en el tiempo la estabilidad de unos 12.600 empleos directos e indirectos en cinco yacimientos ubicados en Catamarca, Jujuy, San Juan, Santa Cruz y Río Negro. "Entonces podemos decir que la eliminación de retenciones permitió sostener el empleo por dos años más de unas 12.600 familias argentinas", expresó Aranguren.
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Impulsan nuevo métodod para limpiar el Riachuelo
Impulsan un sistema para limpiar el Riachuelo y dicen que pueden hacerlo en tres años
Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
En tres años, el Riachuelo podría estar limpio y apto para la vida y la práctica de deportes náuticos. Así lo afirma Sergio Ferrari, un auditor ambiental que hace cinco años participó en el montaje de una planta piloto de biorremediación en el Arroyo del Rey, uno de los nueve afluentes principales del Riachuelo. La experiencia fue tan exitosa que se logró triplicar la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, convirtiendo al río en apto para la vida. Sin embargo, desde la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), cuestionada por la Corte Suprema por la falta de resultados, decidieron no avanzar con la limpieza hasta lograr que las industrias dejen de contaminar.
En 2011, ACUMAR llamó a licitación para implementar una experiencia piloto para evaluar si las técnicas de biorremediación eran aplicables para las aguas de toda la cuenca. El presupuesto era de $ 2.100.000. La adjudicataria fue MDT S.A., que montó una planta en Lomas de Zamora en el Arroyo del Rey, el segundo afluente más contaminado que descarga sus aguas en el Riachuelo. Esta planta, que funcionó siete meses, procesaba 10 mil litros de agua por hora y los devolvía al arroyo, limpios. El oxígeno por litro aumentó de 2 a 7 miligramos, cuando ya desde los 4 miligramos es posible que se desarrolle vida.
"En esta área aparecieron los famosos peces", cuenta Ferrari, que trabajó en el sistema junto a un grupo de ingenieros sanitaristas, químicos, agrónomos y ambientales integrado por Luis Eduardo Pérez Farrás, Miguel Angel Zuccaro, Angel Alberto García, Daniel Adamantino y Jorgelina Gossio, entre otros. "La misma licitación que ganamos contemplaba ampliar el sistema a las desembocaduras de la totalidad de los 9 arroyos. Pero eso nunca ocurrió", cuenta Ferrari.
Pasaron ocho años desde que la Corte sentenció al Gobierno nacional, provincial y de la Ciudad a sanear el Riachuelo. En la audiencia del 30 de noviembre convocada por ese tribunal, se supo que se invirtieron 5.200 millones de dólares, pero sólo se cumplió un 8% de los objetivos. "Hoy la premisa es dejar de contaminar y todavía no llegamos a la etapa de limpiar", había confesado en septiembre, en una entrevista con Clarín, el ex director ejecutivo de ACUMAR, Julio Torti. El funcionario renunció antes de presentarse en la audiencia y hasta ahora es incierto quién lo sucederá.
En la cuenca hay 13.000 establecimientos industriales, 1.397 de los cuales fueron declarados como agentes contaminantes. Según ACUMAR, sólo 412 de estas industrias fueron reconvertidas ambientalmente y hay otras 512 en proceso. "Si vamos a esperar que reconviertan a todas para empezar a limpiar, la gente se va a seguir envenenando -asegura Ferrari-. Nosotros proponemos sanear y controlar a las industrias al mismo tiempo. En tres años y con una inversión total de 300 millones de dólares, podríamos limpiar el agua y aumentar el oxígeno disuelto a entre 5 y 6 miligramos por litro. El río pasaría a ser para Uso IV, es decir, apto para el desarrollo de actividades recreativas pasivas y de vida acuática".
El agua se limpia mediante procesos de aireación, biodegradación enzimática, coagulación de los contaminantes, un primer filtrado, ozonización y un filtrado final por capilaridad. La propuesta de Ferrari es que las propias industrias financien el sistema pagando una tasa por saneamiento, hasta que efectivamente se reconviertan y demuestren que no contaminan. "La tasa sería progresiva, es decir que aumentaría a medida que pase el tiempo si las industrias no se reconvirtieron. En nuestras plantas podríamos detectar en tiempo real cuáles están contaminando", dice Ferrari.
En ACUMAR reconocen que el sistema sirve, pero argumentan que el costo-beneficio de implementarlo no es eficiente, al menos hasta que se logren controlar los vertidos industriales y cloacales. En su momento, Torti le escribió a Ferrari explicando que se tomaron muestras del agua antes de pasar por la planta piloto y más abajo de ésta, y que no observaron variaciones significativas. Porque, según el organismo, si bien el agua salía limpia de la planta, se volvía a contaminar algunos metros más abajo.
"El sistema sí sirve -sostiene Ferrari-. El agua tratada logra que comience el proceso de autodepuración del Riachuelo, porque le llega con oxígeno disuelto que impide la formación de patógenos, y con enzimas y bacterias benéficas que continúan actuando. Además, estas plantas deben implementarse al mismo tiempo que se trabaja para dejar de contaminar".
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Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
En tres años, el Riachuelo podría estar limpio y apto para la vida y la práctica de deportes náuticos. Así lo afirma Sergio Ferrari, un auditor ambiental que hace cinco años participó en el montaje de una planta piloto de biorremediación en el Arroyo del Rey, uno de los nueve afluentes principales del Riachuelo. La experiencia fue tan exitosa que se logró triplicar la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, convirtiendo al río en apto para la vida. Sin embargo, desde la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), cuestionada por la Corte Suprema por la falta de resultados, decidieron no avanzar con la limpieza hasta lograr que las industrias dejen de contaminar.
En 2011, ACUMAR llamó a licitación para implementar una experiencia piloto para evaluar si las técnicas de biorremediación eran aplicables para las aguas de toda la cuenca. El presupuesto era de $ 2.100.000. La adjudicataria fue MDT S.A., que montó una planta en Lomas de Zamora en el Arroyo del Rey, el segundo afluente más contaminado que descarga sus aguas en el Riachuelo. Esta planta, que funcionó siete meses, procesaba 10 mil litros de agua por hora y los devolvía al arroyo, limpios. El oxígeno por litro aumentó de 2 a 7 miligramos, cuando ya desde los 4 miligramos es posible que se desarrolle vida.
"En esta área aparecieron los famosos peces", cuenta Ferrari, que trabajó en el sistema junto a un grupo de ingenieros sanitaristas, químicos, agrónomos y ambientales integrado por Luis Eduardo Pérez Farrás, Miguel Angel Zuccaro, Angel Alberto García, Daniel Adamantino y Jorgelina Gossio, entre otros. "La misma licitación que ganamos contemplaba ampliar el sistema a las desembocaduras de la totalidad de los 9 arroyos. Pero eso nunca ocurrió", cuenta Ferrari.
Pasaron ocho años desde que la Corte sentenció al Gobierno nacional, provincial y de la Ciudad a sanear el Riachuelo. En la audiencia del 30 de noviembre convocada por ese tribunal, se supo que se invirtieron 5.200 millones de dólares, pero sólo se cumplió un 8% de los objetivos. "Hoy la premisa es dejar de contaminar y todavía no llegamos a la etapa de limpiar", había confesado en septiembre, en una entrevista con Clarín, el ex director ejecutivo de ACUMAR, Julio Torti. El funcionario renunció antes de presentarse en la audiencia y hasta ahora es incierto quién lo sucederá.
En la cuenca hay 13.000 establecimientos industriales, 1.397 de los cuales fueron declarados como agentes contaminantes. Según ACUMAR, sólo 412 de estas industrias fueron reconvertidas ambientalmente y hay otras 512 en proceso. "Si vamos a esperar que reconviertan a todas para empezar a limpiar, la gente se va a seguir envenenando -asegura Ferrari-. Nosotros proponemos sanear y controlar a las industrias al mismo tiempo. En tres años y con una inversión total de 300 millones de dólares, podríamos limpiar el agua y aumentar el oxígeno disuelto a entre 5 y 6 miligramos por litro. El río pasaría a ser para Uso IV, es decir, apto para el desarrollo de actividades recreativas pasivas y de vida acuática".
El agua se limpia mediante procesos de aireación, biodegradación enzimática, coagulación de los contaminantes, un primer filtrado, ozonización y un filtrado final por capilaridad. La propuesta de Ferrari es que las propias industrias financien el sistema pagando una tasa por saneamiento, hasta que efectivamente se reconviertan y demuestren que no contaminan. "La tasa sería progresiva, es decir que aumentaría a medida que pase el tiempo si las industrias no se reconvirtieron. En nuestras plantas podríamos detectar en tiempo real cuáles están contaminando", dice Ferrari.
En ACUMAR reconocen que el sistema sirve, pero argumentan que el costo-beneficio de implementarlo no es eficiente, al menos hasta que se logren controlar los vertidos industriales y cloacales. En su momento, Torti le escribió a Ferrari explicando que se tomaron muestras del agua antes de pasar por la planta piloto y más abajo de ésta, y que no observaron variaciones significativas. Porque, según el organismo, si bien el agua salía limpia de la planta, se volvía a contaminar algunos metros más abajo.
"El sistema sí sirve -sostiene Ferrari-. El agua tratada logra que comience el proceso de autodepuración del Riachuelo, porque le llega con oxígeno disuelto que impide la formación de patógenos, y con enzimas y bacterias benéficas que continúan actuando. Además, estas plantas deben implementarse al mismo tiempo que se trabaja para dejar de contaminar".
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Descubren nueva especie de ave pero ya está en peligro
Descubren una nueva especie de ave en el Iberá y ya se encuentra en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El capuchino iberá (Sporophila iberaensis) es la última especie de ave descubierta para la ciencia en la Argentina, sin embargo, a pocos meses de ser publicado su descubrimiento, ya fue catalogada por la UICN como “en peligro de extinción” a nivel internacional.
Se trata de un pequeño pájaro semillero de apenas 8 gr de peso perteneciente a un grupo conocido como los capuchinos o corbatitas, y que habita los pastizales naturales de los Esteros del Iberá, en el nordeste del país y en otros sitios de Paraguay, Brasil y Bolivia durante sus migraciones. El capuchino iberá es una especie descubierta en una región de Corrientes que había sido muy poco explorada hasta hace algunos años cuando los investigadores de CONICET Adrián Di Giacomo y Cecilia Kopuchian comenzaron a estudiar su avifauna. Estudios de sus plumajes y de su comportamiento dieron como resultado que estas aves son distintas a todas las demás especies de capuchinos conocidas y que actualmente mantienen una población reproductiva en los Esteros del Iberá, que está siendo monitoreada año tras año.
Los investigadores se radicaron en Corrientes hace tres años para crear el Laboratorio de Biología de la Conservación en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET) motivados por la importancia de esta región del país para la conservación de especies amenazadas. En mayo de este año publicaron este hallazgo en la revista Nuestras Aves de la asociación Aves Argentinas y se encuentra en proceso de publicación el estudio detallado de su ecología, asi como se encuentran encaminados los primeros estudios genómicos para estudiar otros aspectos poblacionales y evolutivos de esta nueva especie. De esta forma el capuchino iberá se transformó en la especie más nueva de la avifauna local y es hoy en día una de las más buscadas por los miles de observadores de aves de todo el mundo que se acercan al Iberá.
Directo a la lista roja
Sin embargo no todas son buenas noticias para este ”joven” capuchino. Hoy, en el marco de la Convención de Diversidad Biológica celebrada en Cancún, México, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) dio a conocer la nueva Lista Roja de especies amenazadas y el capuchino iberá ya se encuentra allí, catalogado como “en peligro” a nivel mundial hasta que se reuna más información sobre el tamaño poblacional y la distribución geográfica de esta especie. Es decir, por ahora se encuentra a pocos pasos de la extinción en la escala que categoriza a las especies de todo el planeta según su grado de amenaza.
Es que el capuchino iberá, al igual que todos sus parientes cercanos, se alimenta casi exclusivamente de semillas de las gramíneas de humedales, uno de los ecosistemas más amenazados de nuestro país por el drenaje, el continuo avance de la agricultura, las forestaciones y la ganadería intensiva. De esta manera, la pérdida de los humedales, pone en jaque la subsistencia de este capuchino y de otros como el capuchino garganta blanca y el capuchino castaño o de otras especies de aves que también están íntimamente ligadas a los pastizales húmedos como el yetapá de collar y el tordo amarillo y que lamentablemente también se encuentran en la lista roja de especies en peligro de extinción.
Los capuchinos, al igual que el tordo amarillo, también son muy afectados por el trampeo y el tráfico ilegal de fauna.
El hallazgo de esta nueva especie en los humedales de Corrientes pone de manifiesto lo necesaria de la tan postergada Ley de Humedales para la Argentina.
El Parque Nacional Iberá, ¿una luz de esperanza para proteger los humedales?
Pero el capuchino iberá y sus pastizales tienen una luz de esperanza. La creación del flamante Parque Nacional Iberá -que comparte el nombre con el ave- en el norte correntino podría ser la mejor herramienta para conservar el hábitat que el capuchino necesita para su reproducción en cada primavera. El portal Cambyretá, al norte de los esteros, es uno de los sitios preferidos por el capuchino y es el primer sitio donado por la fundación Conservation Land Trust del recientemente fallecido Douglas Tompkins para ser transformado en Parque Nacional. De esta forma, una gran cantidad de hectáreas fundamentales para el capuchino iberá ya se encuentran protegidas de manera efectiva.
No es la primera vez que una especie recientemente descubierta es catalogada como en peligro. Otro de los tesoros de nuestra avifauna, el macá tobiano, que fuera descubierto hace tan sólo 40 años ya se encuentra catalogado como en “peligro crítico”, el escalón más cercano a la extinción y hoy es uno de los focos de los esfuerzos de organizaciones conservacionistas como Aves Argentinas.
La lista roja presentada por la IUCN hoy arroja algunos datos preocupantes. El número de especies de aves oficialmente extintas a nivel global aumentó de 140 a 156 mientras que el número de especies amenazadas en algún grado creció de 1375 a 1460 pese a los esfuerzos de los numerosos esfuerzos de diversas organizaciones entre las que se encuentran Aves Argentinas y BirdLife International. En nuestro país son 52 las especies globalmente amenazadas y algunas como el cauquén colorado y el tordo amarillo están en período de evaluación para el año próximo debido a la alarmante disminución de sus poblaciones.
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Fecha de Publicación: 10/12/2016
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El capuchino iberá (Sporophila iberaensis) es la última especie de ave descubierta para la ciencia en la Argentina, sin embargo, a pocos meses de ser publicado su descubrimiento, ya fue catalogada por la UICN como “en peligro de extinción” a nivel internacional.
Se trata de un pequeño pájaro semillero de apenas 8 gr de peso perteneciente a un grupo conocido como los capuchinos o corbatitas, y que habita los pastizales naturales de los Esteros del Iberá, en el nordeste del país y en otros sitios de Paraguay, Brasil y Bolivia durante sus migraciones. El capuchino iberá es una especie descubierta en una región de Corrientes que había sido muy poco explorada hasta hace algunos años cuando los investigadores de CONICET Adrián Di Giacomo y Cecilia Kopuchian comenzaron a estudiar su avifauna. Estudios de sus plumajes y de su comportamiento dieron como resultado que estas aves son distintas a todas las demás especies de capuchinos conocidas y que actualmente mantienen una población reproductiva en los Esteros del Iberá, que está siendo monitoreada año tras año.
Los investigadores se radicaron en Corrientes hace tres años para crear el Laboratorio de Biología de la Conservación en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET) motivados por la importancia de esta región del país para la conservación de especies amenazadas. En mayo de este año publicaron este hallazgo en la revista Nuestras Aves de la asociación Aves Argentinas y se encuentra en proceso de publicación el estudio detallado de su ecología, asi como se encuentran encaminados los primeros estudios genómicos para estudiar otros aspectos poblacionales y evolutivos de esta nueva especie. De esta forma el capuchino iberá se transformó en la especie más nueva de la avifauna local y es hoy en día una de las más buscadas por los miles de observadores de aves de todo el mundo que se acercan al Iberá.
Directo a la lista roja
Sin embargo no todas son buenas noticias para este ”joven” capuchino. Hoy, en el marco de la Convención de Diversidad Biológica celebrada en Cancún, México, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) dio a conocer la nueva Lista Roja de especies amenazadas y el capuchino iberá ya se encuentra allí, catalogado como “en peligro” a nivel mundial hasta que se reuna más información sobre el tamaño poblacional y la distribución geográfica de esta especie. Es decir, por ahora se encuentra a pocos pasos de la extinción en la escala que categoriza a las especies de todo el planeta según su grado de amenaza.
Es que el capuchino iberá, al igual que todos sus parientes cercanos, se alimenta casi exclusivamente de semillas de las gramíneas de humedales, uno de los ecosistemas más amenazados de nuestro país por el drenaje, el continuo avance de la agricultura, las forestaciones y la ganadería intensiva. De esta manera, la pérdida de los humedales, pone en jaque la subsistencia de este capuchino y de otros como el capuchino garganta blanca y el capuchino castaño o de otras especies de aves que también están íntimamente ligadas a los pastizales húmedos como el yetapá de collar y el tordo amarillo y que lamentablemente también se encuentran en la lista roja de especies en peligro de extinción.
Los capuchinos, al igual que el tordo amarillo, también son muy afectados por el trampeo y el tráfico ilegal de fauna.
El hallazgo de esta nueva especie en los humedales de Corrientes pone de manifiesto lo necesaria de la tan postergada Ley de Humedales para la Argentina.
El Parque Nacional Iberá, ¿una luz de esperanza para proteger los humedales?
Pero el capuchino iberá y sus pastizales tienen una luz de esperanza. La creación del flamante Parque Nacional Iberá -que comparte el nombre con el ave- en el norte correntino podría ser la mejor herramienta para conservar el hábitat que el capuchino necesita para su reproducción en cada primavera. El portal Cambyretá, al norte de los esteros, es uno de los sitios preferidos por el capuchino y es el primer sitio donado por la fundación Conservation Land Trust del recientemente fallecido Douglas Tompkins para ser transformado en Parque Nacional. De esta forma, una gran cantidad de hectáreas fundamentales para el capuchino iberá ya se encuentran protegidas de manera efectiva.
No es la primera vez que una especie recientemente descubierta es catalogada como en peligro. Otro de los tesoros de nuestra avifauna, el macá tobiano, que fuera descubierto hace tan sólo 40 años ya se encuentra catalogado como en “peligro crítico”, el escalón más cercano a la extinción y hoy es uno de los focos de los esfuerzos de organizaciones conservacionistas como Aves Argentinas.
La lista roja presentada por la IUCN hoy arroja algunos datos preocupantes. El número de especies de aves oficialmente extintas a nivel global aumentó de 140 a 156 mientras que el número de especies amenazadas en algún grado creció de 1375 a 1460 pese a los esfuerzos de los numerosos esfuerzos de diversas organizaciones entre las que se encuentran Aves Argentinas y BirdLife International. En nuestro país son 52 las especies globalmente amenazadas y algunas como el cauquén colorado y el tordo amarillo están en período de evaluación para el año próximo debido a la alarmante disminución de sus poblaciones.
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Originarios ahora son “amenazas para la seguridad social”
Acusaciones con aroma empresario
Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en este diario por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
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Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en este diario por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
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Tensión entre industria y ciudades por contaminación
Una Barrick en medio de La Matanza
Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: FM La Tribu
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos y vecinas del barrio de Las Mercedes, en Virrey del Pino, están rodeados de fábricas que contaminan el medio ambiente y provocan enfermedades.
Rosaura Barletta, periodista de La Retaguardia presentó un nuevo informe periodístico donde habló con los protagonistas de la lucha que empezó cuando el grupo francés Parex compro la empresa Klaukol en el 2000 potenciando las consecuencias de un entramado político y empresarial que siempre perjudica a los mismos.
Susana, vecina del barrio, cuenta cómo los vecinos comenzaron a organizarse y cuál fue la reacción de la empresa contra ellos.
Escuchá el Audio:
Audio 01
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Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: FM La Tribu
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos y vecinas del barrio de Las Mercedes, en Virrey del Pino, están rodeados de fábricas que contaminan el medio ambiente y provocan enfermedades.
Rosaura Barletta, periodista de La Retaguardia presentó un nuevo informe periodístico donde habló con los protagonistas de la lucha que empezó cuando el grupo francés Parex compro la empresa Klaukol en el 2000 potenciando las consecuencias de un entramado político y empresarial que siempre perjudica a los mismos.
Susana, vecina del barrio, cuenta cómo los vecinos comenzaron a organizarse y cuál fue la reacción de la empresa contra ellos.
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Indec comenzará a medir variables medioambientales
El Indec comenzará a generar estadísticas medioambientales
Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, ratificó hoy que en los próximos años la dependencia oficial volverá a medir el Indice de Precios al Consumidor a nivel nacional, además de incorporar estadísticas medioambientales.
Todesca realizó estos adelantos durante la jornada inaugural de la 15ta. Conferencia de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales (IAOS, en su sigla en inglés) que se realiza en la ciudad de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.
"Hemos decidido comprimir nuestro calendario de difusión de los próximos años (para incluir estadísticas clave como la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018; un nuevo Indice de Precios al Consumidor de cobertura nacional; el Censo Económico 2018; el Censo Agropecuario 2018-2019; la preparación del Censo Nacional 2020; y la incorporación de estadísticas medioambientales", dijo Todesca.
El funcionario formuló estas declaraciones en su presentación sobre "Poder político y Sistema Estadístico Argentino: el caso del Indec", donde explicó el proceso de restitución del sistema estadístico nacional y presentó la proyección a futuro del Instituto.
Representantes de oficinas estadísticas de distintos países, como Alemania, Argentina, Australia, Eslovenia, Estados Unidos, Grecia, Italia, Kuwait, México, Palestina, Portugal, Reino Unido, Sudán, Suiza, y de organizaciones internacionales, como Unstat, EAU, Banco Mundial y Eurostat, se reunirán hasta el viernes para analizar la marcha de los organismos bajo el título "El espíritu de las estadísticas oficiales: colaboración e innovación continua".
IAOS es una organización internacional no-gubernamental fundada en 1985 con el objetivo de promover el entendimiento y el avance de las estadísticas oficiales y fomentar el desarrollo de servicios efectivos y eficientes de estadísticas oficiales a nivel global. Desde 1988, se han realizado 14 conferencias bienales en distintas partes del mundo, como Vietnam, Ucrania, Chile, Canadá, entre otros.
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Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional
El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, ratificó hoy que en los próximos años la dependencia oficial volverá a medir el Indice de Precios al Consumidor a nivel nacional, además de incorporar estadísticas medioambientales.
Todesca realizó estos adelantos durante la jornada inaugural de la 15ta. Conferencia de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales (IAOS, en su sigla en inglés) que se realiza en la ciudad de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.
"Hemos decidido comprimir nuestro calendario de difusión de los próximos años (para incluir estadísticas clave como la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018; un nuevo Indice de Precios al Consumidor de cobertura nacional; el Censo Económico 2018; el Censo Agropecuario 2018-2019; la preparación del Censo Nacional 2020; y la incorporación de estadísticas medioambientales", dijo Todesca.
El funcionario formuló estas declaraciones en su presentación sobre "Poder político y Sistema Estadístico Argentino: el caso del Indec", donde explicó el proceso de restitución del sistema estadístico nacional y presentó la proyección a futuro del Instituto.
Representantes de oficinas estadísticas de distintos países, como Alemania, Argentina, Australia, Eslovenia, Estados Unidos, Grecia, Italia, Kuwait, México, Palestina, Portugal, Reino Unido, Sudán, Suiza, y de organizaciones internacionales, como Unstat, EAU, Banco Mundial y Eurostat, se reunirán hasta el viernes para analizar la marcha de los organismos bajo el título "El espíritu de las estadísticas oficiales: colaboración e innovación continua".
IAOS es una organización internacional no-gubernamental fundada en 1985 con el objetivo de promover el entendimiento y el avance de las estadísticas oficiales y fomentar el desarrollo de servicios efectivos y eficientes de estadísticas oficiales a nivel global. Desde 1988, se han realizado 14 conferencias bienales en distintas partes del mundo, como Vietnam, Ucrania, Chile, Canadá, entre otros.
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