Avanza causa contra petrolera en Neuquén
08:00 | 
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Avanza una causa por contaminación en Neuquén
Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La fiscalía y superficiarios investigan a exdirectivos de una petrolera por presunta contaminación de las aguas y el suelo en un yacimiento. Los acusadores están de acuerdo en imputarles el delito, pero uno sostiene que no es intencional y otro que sí.
Tres exdirectivos de la petrolera Pan American Energy (PAE) están en la mira de la justicia y ayer estuvieron a punto de ser imputados por el delito de contaminación ambiental. La fiscalía sostiene que durante sus administraciones se habrían producido derrames de hidrocarburos en varios pozos en los que luego se detectaron irregularidades en los acuíferos.
La causa comenzó en 2009 y se iba a avanzar en la imputación de los tres exdirectivos ahora jubilados, Osvaldo Montero, Juan Antoci y Juan Ratti, pero se decidió un cuarto intermedio dado que mientras el fiscal Andrés Azar solicitó la imputación por contaminación culposa de suelo y agua, el querellante Lucio Funes pidió que esa figura sea agravada a dolosa, ya que “lo hacen con conocimiento y adrede”.
Se investiga lo ocurrido entre enero de 2010 y julio de 2012 en la zona de Lindero Atravesado Oriental, donde PAE tiene pozos. Los superficiario de esas tierras son los que realizaron la denuncia a través del querellante.
En mayo de 2012, luego de la intervención de la secretaría de Medio Ambiente, la causa se cerró al indicarse que si bien hubo derrames en los pozos LA18 y LA47 no afectarían la salud pública.
Sin embargo el archivo de la causa se apeló y en octubre se ordenó obtener muestras de aguas subterráneas y el resultado arrojó que se detectó la presencia de hidrocarburos en el acuífero.
En mayo de 2015 Medio Ambiente informó que en tres pozos se detectó una fase libre no acuosa, lo que llevó a un peritaje a través del Poder Judicial.
“La pericia concluyó en que en el suelo los valores superan ampliamente los niveles permitidos, al igual que en el agua que se encontró por ejemplo un nivel de benceno de 200 cuando el máximo permitido es de 10”, indicó el fiscal en la audiencia.
Y destacó que “en mayo de este año se constató con escribano público que la pileta del pozo LA18, de más de 50 metros, fue abierta y se ve abundante cantidad de hidrocarburos filtrándose con el agua”.
El fiscal y el querellante solicitaron un aplazamiento para tratar de llegar a un acuerdo en la figura penal a imputar.
“Una muestra dio un valor de benceno de 200 ug/l y el permitido es 10 para agua de consumo, una sustancia que es cancerígena”.
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Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La fiscalía y superficiarios investigan a exdirectivos de una petrolera por presunta contaminación de las aguas y el suelo en un yacimiento. Los acusadores están de acuerdo en imputarles el delito, pero uno sostiene que no es intencional y otro que sí.
Tres exdirectivos de la petrolera Pan American Energy (PAE) están en la mira de la justicia y ayer estuvieron a punto de ser imputados por el delito de contaminación ambiental. La fiscalía sostiene que durante sus administraciones se habrían producido derrames de hidrocarburos en varios pozos en los que luego se detectaron irregularidades en los acuíferos.
La causa comenzó en 2009 y se iba a avanzar en la imputación de los tres exdirectivos ahora jubilados, Osvaldo Montero, Juan Antoci y Juan Ratti, pero se decidió un cuarto intermedio dado que mientras el fiscal Andrés Azar solicitó la imputación por contaminación culposa de suelo y agua, el querellante Lucio Funes pidió que esa figura sea agravada a dolosa, ya que “lo hacen con conocimiento y adrede”.
Se investiga lo ocurrido entre enero de 2010 y julio de 2012 en la zona de Lindero Atravesado Oriental, donde PAE tiene pozos. Los superficiario de esas tierras son los que realizaron la denuncia a través del querellante.
En mayo de 2012, luego de la intervención de la secretaría de Medio Ambiente, la causa se cerró al indicarse que si bien hubo derrames en los pozos LA18 y LA47 no afectarían la salud pública.
Sin embargo el archivo de la causa se apeló y en octubre se ordenó obtener muestras de aguas subterráneas y el resultado arrojó que se detectó la presencia de hidrocarburos en el acuífero.
En mayo de 2015 Medio Ambiente informó que en tres pozos se detectó una fase libre no acuosa, lo que llevó a un peritaje a través del Poder Judicial.
“La pericia concluyó en que en el suelo los valores superan ampliamente los niveles permitidos, al igual que en el agua que se encontró por ejemplo un nivel de benceno de 200 cuando el máximo permitido es de 10”, indicó el fiscal en la audiencia.
Y destacó que “en mayo de este año se constató con escribano público que la pileta del pozo LA18, de más de 50 metros, fue abierta y se ve abundante cantidad de hidrocarburos filtrándose con el agua”.
El fiscal y el querellante solicitaron un aplazamiento para tratar de llegar a un acuerdo en la figura penal a imputar.
“Una muestra dio un valor de benceno de 200 ug/l y el permitido es 10 para agua de consumo, una sustancia que es cancerígena”.
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En Rosario se tomaron enserio la multa sobre arbolado
Rosario: vecino extrajo un árbol sin autorización y deberá pagar 800 ejemplares
Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Fe
Serán destinados para el arbolado público. Además, será multado por trasgredir el Código de Faltas.
Un vecino extrajo un añoso árbol en el centro rosarino y la Municipalidad lo sancionó exigiéndole la donación de 800 ejemplares como resarcimiento ambiental, además de una multa por transgredir el Código de Faltas, informó hoy la Dirección General de Comunicación Social.
El titular de Parques y Paseos, Nicolás Cordero, señaló a la prensa que "se trataría del primer caso registrado en el que un particular debe afrontar consecuencias por daño ambiental".
El funcionario explicó que "la donación de unos 800 árboles está determinada por la fórmula de compensación utilizada en estos casos para valorar el daño causado".
El árbol centenario fue retirado el pasado 9 de noviembre en la tradicional esquina del bulevar Oroño y Jujuy, en el macrocentro rosarino, en momentos en que los agentes municipales realizaban el primer día de un paro de 48 horas, sin asistencia en los lugares de trabajo.
Esa circunstancia fue aprovechada por el hombre, ayudado por un grupo de amigos, quien presuntamente ignoraba lo establecido en las ordenanzas.
Las mismas fuentes señalaron que el infractor tenía un acta confeccionada por el cuerpo de Inspectores, fechada en marzo pasado, por podar sin permiso el mismo ejemplar.
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Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Fe
Serán destinados para el arbolado público. Además, será multado por trasgredir el Código de Faltas.
Un vecino extrajo un añoso árbol en el centro rosarino y la Municipalidad lo sancionó exigiéndole la donación de 800 ejemplares como resarcimiento ambiental, además de una multa por transgredir el Código de Faltas, informó hoy la Dirección General de Comunicación Social.
El titular de Parques y Paseos, Nicolás Cordero, señaló a la prensa que "se trataría del primer caso registrado en el que un particular debe afrontar consecuencias por daño ambiental".
El funcionario explicó que "la donación de unos 800 árboles está determinada por la fórmula de compensación utilizada en estos casos para valorar el daño causado".
El árbol centenario fue retirado el pasado 9 de noviembre en la tradicional esquina del bulevar Oroño y Jujuy, en el macrocentro rosarino, en momentos en que los agentes municipales realizaban el primer día de un paro de 48 horas, sin asistencia en los lugares de trabajo.
Esa circunstancia fue aprovechada por el hombre, ayudado por un grupo de amigos, quien presuntamente ignoraba lo establecido en las ordenanzas.
Las mismas fuentes señalaron que el infractor tenía un acta confeccionada por el cuerpo de Inspectores, fechada en marzo pasado, por podar sin permiso el mismo ejemplar.
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Números preocupantes del saneamiento del Riachuelo
Saneamiento en la cuenca Matanza Riachuelo: los números preocupantes de los últimos años
Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Una auditoría de la AGN reveló que en el período 2011-2015 las administraciones nacional, provincial y de la Ciudad cumplieron apenas con el 14% de las soluciones de vivienda y un 62% se encuentra inactivo
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló en un informe realizado sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que durante el periodo 2011-2015 apenas se cumplieron un 14% de las acciones programadas en las dos líneas de acción auditadas, relativas a la urbanización y relocalización de villas y al ordenamiento ambiental del territorio.
La AGN encontró que luego de 5 años, sólo el 14% de las soluciones de vivienda se terminaron y un 62% se encuentra inactivo. Los plazos estipulados llevan cuatro años de retraso, lo que impactó en los costos que se habían proyectado en un principio. A su vez, el Ordenamiento Ambiental del Territorio fue la segunda línea que recibió más fondos para llevar a cabo el plan de saneamiento pero no se encontraron resultados concretos.
Acumar es el organismo público tripartito, gestionado por los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad, encargado de solucionar el deterioro ambiental de la cuenca, zona que abarca a catorce municipios de la Provincia de Buenos Aires y a la zona sur de la Capital Federal. En 2008, se determinó que Acumar es la responsable de llevar a cabo el PISA, cuyos objetivos son mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y prevenir el daño.
Presupuesto
Las líneas de acción del PISA auditadas representan el 31% del presupuesto del plan de saneamiento entre el 2011 y el 2014 y las obras de infraestructura más grandes se ejecutan con fondos de programas federales, provinciales o de la Ciudad.
Además, Acumar no aprobó ni implementó el Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio a pesar de ser un requerimiento de la Corte Suprema, para el que se recibieron los mayores pagos, por lo que tampoco se encontraron resultados concretos.
Dentro de las principales razones que limitaron la capacidad de alcanzar los objetivos, se destacan los cambios constantes en la normativa interna y los pedidos judiciales que superaban sus competencias.
Por otro lado, la línea Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios fue ineficaz e ineficiente, ya que Acumar no intervino en la definición de los predios para la relocalización de las villas, no produjo ni utilizó información para los censos y no realizó inspecciones. A su vez, las viviendas sufrieron procesos de degradación debido a los retrasos para determinar los precios.
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Fecha de Publicación: 27/11/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Una auditoría de la AGN reveló que en el período 2011-2015 las administraciones nacional, provincial y de la Ciudad cumplieron apenas con el 14% de las soluciones de vivienda y un 62% se encuentra inactivo
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló en un informe realizado sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que durante el periodo 2011-2015 apenas se cumplieron un 14% de las acciones programadas en las dos líneas de acción auditadas, relativas a la urbanización y relocalización de villas y al ordenamiento ambiental del territorio.
La AGN encontró que luego de 5 años, sólo el 14% de las soluciones de vivienda se terminaron y un 62% se encuentra inactivo. Los plazos estipulados llevan cuatro años de retraso, lo que impactó en los costos que se habían proyectado en un principio. A su vez, el Ordenamiento Ambiental del Territorio fue la segunda línea que recibió más fondos para llevar a cabo el plan de saneamiento pero no se encontraron resultados concretos.
Acumar es el organismo público tripartito, gestionado por los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad, encargado de solucionar el deterioro ambiental de la cuenca, zona que abarca a catorce municipios de la Provincia de Buenos Aires y a la zona sur de la Capital Federal. En 2008, se determinó que Acumar es la responsable de llevar a cabo el PISA, cuyos objetivos son mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y prevenir el daño.
Presupuesto
Las líneas de acción del PISA auditadas representan el 31% del presupuesto del plan de saneamiento entre el 2011 y el 2014 y las obras de infraestructura más grandes se ejecutan con fondos de programas federales, provinciales o de la Ciudad.
Además, Acumar no aprobó ni implementó el Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio a pesar de ser un requerimiento de la Corte Suprema, para el que se recibieron los mayores pagos, por lo que tampoco se encontraron resultados concretos.
Dentro de las principales razones que limitaron la capacidad de alcanzar los objetivos, se destacan los cambios constantes en la normativa interna y los pedidos judiciales que superaban sus competencias.
Por otro lado, la línea Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios fue ineficaz e ineficiente, ya que Acumar no intervino en la definición de los predios para la relocalización de las villas, no produjo ni utilizó información para los censos y no realizó inspecciones. A su vez, las viviendas sufrieron procesos de degradación debido a los retrasos para determinar los precios.
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Humedales: el agronegocio y el desarrollismo pudo más
Vuelta al primer casillero
Fecha de Publicación: 26/11/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Tenía dictamen de mayoría y todo indicaba que sería aprobado en la sesión, pero a la hora de votar el Senado devolvió el proyecto de protección de los reservorios de agua dulce.
“El agronegocio y las grandes inmobiliarias vetaron la protección de humedales”, aseguraron organizaciones socioambientales, académicos y legisladores luego de que la Cámara de Senadores devolviera a comisión un proyecto de protección de humedales (reservorios de agua dulce), aunque tenía dictamen de mayoría y estaba a punto de recibir media sanción. La iniciativa, que recibió el apoyo de un centenar de especialistas, protegía más de 60 millones de hectáreas, a lo que se había comprometido el presidente Mauricio Macri.
Los humedales son sitios de gran biodiversidad, zonas de inundación permanente o temporaria, que actúan como “esponja” y regulan el caudal de agua, absorben y atenúan inundaciones. Ejemplos de humedales son los Esteros del Iberá (Corrientes), Delta del Paraná (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires) y Laguna de los Pozuelos (Jujuy).
En las últimas décadas sufrieron el avance de actividades perjudiciales, desde agronegocios (ganadería, arrozales, soja) y minería (sobre todo de litio) hasta de grandes empresas inmobiliarias, como los countries, que suelen ubicarse, y destruir humedales. Desde hace más de una década, organizaciones socioambientales, vecinales y académicos impulsan la protección de esos sitios.
En 2015 perdió estado parlamentario un proyecto que ya tenía media sanción. Este año fue presentado nuevamente, con las firmas de las senadoras Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresita Luna (Frente para la Victoria). Contó con el acompañamiento de Fernando Solanas (presidente de la Comisión de Ambiente), Jaime Linares, Elizabeth Kunath, Sandra Giménez y Ruperto Godoy. Fue debatido y consensuado en doce reuniones y dos audiencias públicas de las que participaron especialistas de universidades nacionales, investigadores, representantes de instituciones gubernamentales y un amplio espectro de organizaciones y movimientos sociales. El 20 de septiembre el proyecto obtuvo luz verde con dictamen de mayoría con la firma de 16 senadores de las dos comisiones intervinientes, la de Ambiente y la de Agricultura.
El proyecto plantea un ordenamiento territorial de humedales y protege los ecosistemas, fundamentales para aliviar inundaciones y proveer de agua potable. También incorpora una moratoria para impedir la continuidad de las obras o el inicio de actividades que impliquen cambios del uso del suelo.
La media sanción parecía encaminada, pero el 15 de noviembre el senador del PRO y dirigente de Federación Agraria Argentina, Alfredo De Angeli (presidente de la Comisión de Agricultura), presentó un proyecto por la minoría junto con Cristina Fiore Viñuales y Silvia Giacoppo.
El Senado debía votar ayer, pero el legislador de Chubut Alfredo Luenzo sorprendió a todos. Aunque en comision había apoyado el proyecto de protección de humedales, en el recinto Luenzo propuso que vuelva a comisión y se siga debatiendo. “Es una vergüenza lo que hizo y es herir de muerte el proyecto de ley. Que vuelva a comisión es dilatar todo, con muchísimas posibilidades de que no vuelva al recinto”, explicó Enrique Viale, de la organización Abogados Ambientalistas.
En el recinto, 42 senadores votaron el regreso a comisión y sólo 12 optaron para que se vote en la sesión. Entre los que rechazaron votar la protección de humedales figuran, además de Luenzo, José Alperovich, Julio Cobos, Alfredo De Angeli, Omar Perotti, Luis Naidenoff, Federico Pinedo y Juan Carlos Romero.
Franco Segesso, de Greenpeace Argentina, aseguró que “la vuelta a comisión es casi una sentencia de muerte, ya que pronto el proyecto pierde estado parlamentario y no se puede volver a tratar en el recinto. Tiene que quedar claro que menos protección de humedales es igual a más inundaciones”.
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Fecha de Publicación: 26/11/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Tenía dictamen de mayoría y todo indicaba que sería aprobado en la sesión, pero a la hora de votar el Senado devolvió el proyecto de protección de los reservorios de agua dulce.
“El agronegocio y las grandes inmobiliarias vetaron la protección de humedales”, aseguraron organizaciones socioambientales, académicos y legisladores luego de que la Cámara de Senadores devolviera a comisión un proyecto de protección de humedales (reservorios de agua dulce), aunque tenía dictamen de mayoría y estaba a punto de recibir media sanción. La iniciativa, que recibió el apoyo de un centenar de especialistas, protegía más de 60 millones de hectáreas, a lo que se había comprometido el presidente Mauricio Macri.
Los humedales son sitios de gran biodiversidad, zonas de inundación permanente o temporaria, que actúan como “esponja” y regulan el caudal de agua, absorben y atenúan inundaciones. Ejemplos de humedales son los Esteros del Iberá (Corrientes), Delta del Paraná (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires) y Laguna de los Pozuelos (Jujuy).
En las últimas décadas sufrieron el avance de actividades perjudiciales, desde agronegocios (ganadería, arrozales, soja) y minería (sobre todo de litio) hasta de grandes empresas inmobiliarias, como los countries, que suelen ubicarse, y destruir humedales. Desde hace más de una década, organizaciones socioambientales, vecinales y académicos impulsan la protección de esos sitios.
En 2015 perdió estado parlamentario un proyecto que ya tenía media sanción. Este año fue presentado nuevamente, con las firmas de las senadoras Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresita Luna (Frente para la Victoria). Contó con el acompañamiento de Fernando Solanas (presidente de la Comisión de Ambiente), Jaime Linares, Elizabeth Kunath, Sandra Giménez y Ruperto Godoy. Fue debatido y consensuado en doce reuniones y dos audiencias públicas de las que participaron especialistas de universidades nacionales, investigadores, representantes de instituciones gubernamentales y un amplio espectro de organizaciones y movimientos sociales. El 20 de septiembre el proyecto obtuvo luz verde con dictamen de mayoría con la firma de 16 senadores de las dos comisiones intervinientes, la de Ambiente y la de Agricultura.
El proyecto plantea un ordenamiento territorial de humedales y protege los ecosistemas, fundamentales para aliviar inundaciones y proveer de agua potable. También incorpora una moratoria para impedir la continuidad de las obras o el inicio de actividades que impliquen cambios del uso del suelo.
La media sanción parecía encaminada, pero el 15 de noviembre el senador del PRO y dirigente de Federación Agraria Argentina, Alfredo De Angeli (presidente de la Comisión de Agricultura), presentó un proyecto por la minoría junto con Cristina Fiore Viñuales y Silvia Giacoppo.
El Senado debía votar ayer, pero el legislador de Chubut Alfredo Luenzo sorprendió a todos. Aunque en comision había apoyado el proyecto de protección de humedales, en el recinto Luenzo propuso que vuelva a comisión y se siga debatiendo. “Es una vergüenza lo que hizo y es herir de muerte el proyecto de ley. Que vuelva a comisión es dilatar todo, con muchísimas posibilidades de que no vuelva al recinto”, explicó Enrique Viale, de la organización Abogados Ambientalistas.
En el recinto, 42 senadores votaron el regreso a comisión y sólo 12 optaron para que se vote en la sesión. Entre los que rechazaron votar la protección de humedales figuran, además de Luenzo, José Alperovich, Julio Cobos, Alfredo De Angeli, Omar Perotti, Luis Naidenoff, Federico Pinedo y Juan Carlos Romero.
Franco Segesso, de Greenpeace Argentina, aseguró que “la vuelta a comisión es casi una sentencia de muerte, ya que pronto el proyecto pierde estado parlamentario y no se puede volver a tratar en el recinto. Tiene que quedar claro que menos protección de humedales es igual a más inundaciones”.
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1000 bidones de agroquímicos flotando
1000 bidones de agroquímicos flotan en un pueblo de La Pampa
Fecha de Publicación: 26/11/2016
Fuente: El Federal
Provincia/Región: La Pampa
Un vecino de la localidad de Vértiz denunció a través de un video la contaminación que ocasionan mil bidones de agroquímicos que flotan a pocos metros de la ciudad, entre ellos se encuentra el glifosato.
Un centro de acopio de bidones de agroquímicos ubicado en la localidad de Vértiz, provincia de La Pampa, se inundó a causa de la intensidad de las lluvias y ahora más de mil envases se encuentran flotando a escasos 500 metros de la localidad, desparramando sustancias altamente contaminantes para el medio ambiente y para la salud de los pobladores.
Un vecino del lugar, Lucas Alcántara, denunció esta situación a través de un video en el que advierte que “hay patos muertos, animales con diarrea”, que la contaminación “va a llegar a las napas de agua” ya que "todos esos bidones se lavaron con el agua que ahora está chupando la misma tierra. Hoy en Vértiz le tenemos miedo al agua".
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Fecha de Publicación: 26/11/2016
Fuente: El Federal
Provincia/Región: La Pampa
Un vecino de la localidad de Vértiz denunció a través de un video la contaminación que ocasionan mil bidones de agroquímicos que flotan a pocos metros de la ciudad, entre ellos se encuentra el glifosato.
Un centro de acopio de bidones de agroquímicos ubicado en la localidad de Vértiz, provincia de La Pampa, se inundó a causa de la intensidad de las lluvias y ahora más de mil envases se encuentran flotando a escasos 500 metros de la localidad, desparramando sustancias altamente contaminantes para el medio ambiente y para la salud de los pobladores.
Un vecino del lugar, Lucas Alcántara, denunció esta situación a través de un video en el que advierte que “hay patos muertos, animales con diarrea”, que la contaminación “va a llegar a las napas de agua” ya que "todos esos bidones se lavaron con el agua que ahora está chupando la misma tierra. Hoy en Vértiz le tenemos miedo al agua".
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Certificaciones de "edificios verdes" por Conicet
Edificios verdes: certificaciones con sello argentino
Fecha de Publicación: 26/11/2016
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Hoteles, bibliotecas, museos, oficinas, viviendas sociales y privadas, escuelas, y más. Cada tipo de construcción tendrá su propio modelo de certificación de edificio sustentable cuando culmine el proyecto de investigación que lleva adelante Jorge Czajkowski, investigador independiente del CONICET, junto al equipo que dirige en el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (LAyHS, FAU-UNLP).
Una certificación de sustentabilidad para edificaciones es la que acredita la existencia de condiciones que reducen el impacto negativo de una construcción en el medio ambiente. Desde la elección de los materiales, el uso y consumo de recursos y energía, el reciclado de agua y los espacios verdes, hasta la generación de residuos, son múltiples los aspectos que dicho instrumento toma en cuenta para constatar que un edificio es sustentable o “verde”, es decir, respetuoso con la naturaleza en sus procesos y prácticas.
“Nuestras líneas de investigación se orientan a la generación de conocimiento basado en la realidad argentina para dar lugar a protocolos propios, porque nos regimos por los norteamericanos o europeos, que han sido diseñados según condiciones ambientales, geográficas, tecnológicas y culturales muy distintas a las de esta región”, explica el experto. “Así –continúa- mientras en otras partes del mundo se busca resolver principalmente aspectos como la accesibilidad o el frío extremo, aquí el acento debe estar puesto en la eficiencia en el uso de la energía, porque ese es el mayor problema a nivel local”.
Dentro de todos los componentes incluidos en el concepto de sustentabilidad, el LAyHS se concentra especialmente en el diseño pasivo o bioclimático, es decir, el aprovechamiento de las características climáticas al momento de proyectar una construcción. “El conocimiento generado desde hace más de veinte años nos muestra que en condiciones medias se podría vivir tranquilamente sin calefaccionar ni refrigerar una vivienda, utilizando la diferencia de temperatura entre el día y la noche, los vientos típicos de la región y un poco de aislamiento térmico. El sol más las actividades propias de las personas, como cocinar, iluminarse o guardar alimentos en la heladera, serían la fuente de calor”, asegura Czajkowski.
Sin ser obligatorias, las certificaciones de sustentabilidad edilicia se erigen como un incentivo para fomentar los proyectos de obra respetuosos del medio ambiente en su construcción y funcionamiento. Al no haber normas nacionales, en la Argentina los edificios que quieran atenerse a estos parámetros deben acudir a las extranjeras, como BREEAM (Reino Unido), LEED (EEUU) o Passivhaus (Alemania), entre las más conocidas.
“Además de ser estándares pensados para las problemáticas de otros lugares, aspirar a esas certificaciones es muy costoso, y es por eso que en los últimos años recibimos el pedido de asesoramiento de algunos privados que sabían de nuestro conocimiento en el tema”, relata el investigador, que junto a su equipo decidió entonces enmarcar la iniciativa en un proyecto de investigación que incluya un protocolo distinto para cada tipo de edificación, algunos incluso ya elaborados a partir de sus experiencias en la realización de informes técnicos.
Precisamente, la intervención más destacada del grupo de trabajo fue en el Instituto “José Manuel Estrada” de City Bell, cuyas autoridades se acercaron hace algunos años a Czajkowski y le pidieron ayuda para convertir al Salón de Usos Múltiples de la escuela en un espacio sustentable. Con 700 metros cuadrados y capacidad para 450 personas sentadas, el sitio es una obra subterránea que se inauguró en diciembre de 2015.
“Los asesoramos en diseño bioclimático; si bien el lugar tiene equipos de calefacción y refrigeración, no se usan en ningún momento del año. Lo único que hay es un sistema sencillo de ventilación”, apunta el especialista, cuya participación culminó con el otorgamiento de un certificado que constata la eficiencia edilicia del lugar. Las prácticas incorporadas, además, llevaron a las autoridades del establecimiento a retirar los aires acondicionados de todas las aulas, con la idea de ir convirtiendo paulatinamente a todo el colegio en sustentable.
Otro caso al que actualmente asesoran mediante un convenio con la UNLP es la empresa de soluciones en aislamiento ISOVER Saint Gobain Argentina SA, en la construcción de su sede en la localidad de Llavallol. El edificio aspira a funcionar con tecnología geotérmica estacional, consistente en el almacenamiento subterráneo de aire caliente en el verano para utilizar en invierno y viceversa, a través de la recirculación de agua del acuífero con bombas accionadas por paneles solares. El objetivo será eliminar el uso de energía para climatizar 900 metros cuadrados de oficinas.
Decisión política global
Entre 50 y 100 años es lo que Czajkowski estima llevaría convertir a todos los países en sustentables si se tomara la decisión política global de transformar ciertos conceptos y hábitos. “Hace un tiempo distintas organizaciones internacionales comenzaron a observar que el hábitat en su construcción y mantenimiento era responsable de la mitad del calentamiento global”, explica el experto.
Si bien en nuestro país existe normativa actualizada sobre el tema, Czajkowski señala que “no hay un cumplimiento efectivo”. “Hay leyes en Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de aplicarse, permitirían reducir en un tercio las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de edificios, generar innovación tecnológica y hacerlos confortables”, añade el experto y agrega que “por ahora sólo la localidad de Rosario posee un Código de Edificación que promueve la eficiencia y sustentabilidad”.
De acuerdo al experto, el reemplazo de ladrillos por materiales crudos que no necesitan cocción, como el adobe o la tapia, implica un 30 por ciento menos de GEI. “Lo mismo con el abuso de los ventanales de vidrio, que termina siendo un factor de derroche energético, debido a la pérdida de calor que provoca”, concluye.
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Fecha de Publicación: 26/11/2016
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Hoteles, bibliotecas, museos, oficinas, viviendas sociales y privadas, escuelas, y más. Cada tipo de construcción tendrá su propio modelo de certificación de edificio sustentable cuando culmine el proyecto de investigación que lleva adelante Jorge Czajkowski, investigador independiente del CONICET, junto al equipo que dirige en el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (LAyHS, FAU-UNLP).
Una certificación de sustentabilidad para edificaciones es la que acredita la existencia de condiciones que reducen el impacto negativo de una construcción en el medio ambiente. Desde la elección de los materiales, el uso y consumo de recursos y energía, el reciclado de agua y los espacios verdes, hasta la generación de residuos, son múltiples los aspectos que dicho instrumento toma en cuenta para constatar que un edificio es sustentable o “verde”, es decir, respetuoso con la naturaleza en sus procesos y prácticas.
“Nuestras líneas de investigación se orientan a la generación de conocimiento basado en la realidad argentina para dar lugar a protocolos propios, porque nos regimos por los norteamericanos o europeos, que han sido diseñados según condiciones ambientales, geográficas, tecnológicas y culturales muy distintas a las de esta región”, explica el experto. “Así –continúa- mientras en otras partes del mundo se busca resolver principalmente aspectos como la accesibilidad o el frío extremo, aquí el acento debe estar puesto en la eficiencia en el uso de la energía, porque ese es el mayor problema a nivel local”.
Dentro de todos los componentes incluidos en el concepto de sustentabilidad, el LAyHS se concentra especialmente en el diseño pasivo o bioclimático, es decir, el aprovechamiento de las características climáticas al momento de proyectar una construcción. “El conocimiento generado desde hace más de veinte años nos muestra que en condiciones medias se podría vivir tranquilamente sin calefaccionar ni refrigerar una vivienda, utilizando la diferencia de temperatura entre el día y la noche, los vientos típicos de la región y un poco de aislamiento térmico. El sol más las actividades propias de las personas, como cocinar, iluminarse o guardar alimentos en la heladera, serían la fuente de calor”, asegura Czajkowski.
Sin ser obligatorias, las certificaciones de sustentabilidad edilicia se erigen como un incentivo para fomentar los proyectos de obra respetuosos del medio ambiente en su construcción y funcionamiento. Al no haber normas nacionales, en la Argentina los edificios que quieran atenerse a estos parámetros deben acudir a las extranjeras, como BREEAM (Reino Unido), LEED (EEUU) o Passivhaus (Alemania), entre las más conocidas.
“Además de ser estándares pensados para las problemáticas de otros lugares, aspirar a esas certificaciones es muy costoso, y es por eso que en los últimos años recibimos el pedido de asesoramiento de algunos privados que sabían de nuestro conocimiento en el tema”, relata el investigador, que junto a su equipo decidió entonces enmarcar la iniciativa en un proyecto de investigación que incluya un protocolo distinto para cada tipo de edificación, algunos incluso ya elaborados a partir de sus experiencias en la realización de informes técnicos.
Precisamente, la intervención más destacada del grupo de trabajo fue en el Instituto “José Manuel Estrada” de City Bell, cuyas autoridades se acercaron hace algunos años a Czajkowski y le pidieron ayuda para convertir al Salón de Usos Múltiples de la escuela en un espacio sustentable. Con 700 metros cuadrados y capacidad para 450 personas sentadas, el sitio es una obra subterránea que se inauguró en diciembre de 2015.
“Los asesoramos en diseño bioclimático; si bien el lugar tiene equipos de calefacción y refrigeración, no se usan en ningún momento del año. Lo único que hay es un sistema sencillo de ventilación”, apunta el especialista, cuya participación culminó con el otorgamiento de un certificado que constata la eficiencia edilicia del lugar. Las prácticas incorporadas, además, llevaron a las autoridades del establecimiento a retirar los aires acondicionados de todas las aulas, con la idea de ir convirtiendo paulatinamente a todo el colegio en sustentable.
Otro caso al que actualmente asesoran mediante un convenio con la UNLP es la empresa de soluciones en aislamiento ISOVER Saint Gobain Argentina SA, en la construcción de su sede en la localidad de Llavallol. El edificio aspira a funcionar con tecnología geotérmica estacional, consistente en el almacenamiento subterráneo de aire caliente en el verano para utilizar en invierno y viceversa, a través de la recirculación de agua del acuífero con bombas accionadas por paneles solares. El objetivo será eliminar el uso de energía para climatizar 900 metros cuadrados de oficinas.
Decisión política global
Entre 50 y 100 años es lo que Czajkowski estima llevaría convertir a todos los países en sustentables si se tomara la decisión política global de transformar ciertos conceptos y hábitos. “Hace un tiempo distintas organizaciones internacionales comenzaron a observar que el hábitat en su construcción y mantenimiento era responsable de la mitad del calentamiento global”, explica el experto.
Si bien en nuestro país existe normativa actualizada sobre el tema, Czajkowski señala que “no hay un cumplimiento efectivo”. “Hay leyes en Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de aplicarse, permitirían reducir en un tercio las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de edificios, generar innovación tecnológica y hacerlos confortables”, añade el experto y agrega que “por ahora sólo la localidad de Rosario posee un Código de Edificación que promueve la eficiencia y sustentabilidad”.
De acuerdo al experto, el reemplazo de ladrillos por materiales crudos que no necesitan cocción, como el adobe o la tapia, implica un 30 por ciento menos de GEI. “Lo mismo con el abuso de los ventanales de vidrio, que termina siendo un factor de derroche energético, debido a la pérdida de calor que provoca”, concluye.
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Estudian como salvar las aves del agronegocio
El desafío de preservar las aves en agroecosistemas
Fecha de Publicación: 25/11/2016
Fuente: INTA
Provincia/Región: Nacional
Frente a la amenaza de extinción de la loica pampeana, con una población menor a 28.000 individuos, investigadores trabajan en un proyecto de conservación y preservación del hábitat donde proponen impulsar un corredor de vida silvestre con ganadería sustentable.
Esta investigación aplicada junto a otro proyecto que estudia los efectos de la agricultura orgánica y convencional sobre las aves de bordes en agroecosistemas del centro de Argentina, fueron distinguidos con mención especial en la séptima edición del Fondo para la Conservación Ambiental organizado por el Banco Galicia y Aves Argentinas.
Desde la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA Bordenave -sudoeste bonaerense-, a través de un proyecto interinstitucional y en el marco del Proyecto Nacional específico para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, Francisco Rodrigo Tizón realiza acciones para la conservación de la loica pampeana en base al manejo de los agroecosistemas donde habita.
Con el conocimiento de las consecuencias directas que tuvo la transformación de los pastizales pampeanos en el último siglo sobre la loica pampeana, los técnicos buscan lograr una agricultura y ganadería sustentable y climáticamente resiliente, para que esta especie pueda recuperar parte de sus poblaciones originales
Durante este primer año trabajo “fue fundamental tomar contacto con los pobladores, escuelas locales, observadores de aves y continuar algunos proyectos que habían sido iniciados por estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional del Sur”, indicó Tizón.
De color negro con pecho y abdomen rojo el macho y de color pardo la hembra, la loica pampeana (Sturnella defilippii), también conocida como “pecho colorado mediano”, ha sufrido una gran disminución poblacional por pérdida de hábitats que alcanza al 90 por ciento de su distribución original. La fragmentación que observan los especialistas en el mapa de distribución actual, permite solo avistarla en campos del sudoeste bonaerense y del norte de Uruguay.
Pérdida de hábitat
El estudio abarca más de 1 millón 500 mil hectáreas de los partidos de Puán, Saavedra, Tornquist –localidades donde por iniciativa del proyecto se dictaron ordenanzas que la declaran emblema con protección-, Bahía Blanca y parte de Cnel. Rosales, Villarino y Adolfo Alsina.
Para Tizón, es fundamental alcanzar “un compromiso de estos municipios para desarrollar programas de educación y conservación de la especie”, señaló.
Con la Oficina Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) bonaerense apuntan a zonas de vías de ferrocarril abandonadas – Villa Iris, Nueva Roma, López Lecube-, con la intención de que sean declaradas áreas protegidas, ya que “representan una gran oportunidad, dado que tienen relativamente buen estado de conservación y se ha visto nidificar a la especie”, destacó.
El contrapunto son los “lotes nuevos roturados” donde fueron vistos “varios individuos”, reconoció y agregó: “Esto provoca el consecuente desplazamiento del ave de esos campos”.
Las acciones de conservación fuera de sus hábitats naturales “se vuelven cada vez más importantes”, aclaró. Para ello, los refugios de vida silvestre son una estrategia muy utilizada en Argentina.
Para Tizón “los corredores de vida silvestre representan una propuesta superadora, dado que implica la conservación de áreas con ciertas características que facilitan el movimiento de las poblaciones de este ave, otros animales y plantas, entre parches de vegetación nativa. Esta conectividad se vuelve muy importante en la conservación efectiva de animales grandes”.
La reducción de su población la coloca en la categoría “vulnerable” según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, según sus siglas en inglés), y “en peligro de extinción” a nivel nacional de acuerdo con la Asociación Ornitológica del Plata (AOP) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS).
Diversos factores han incidido en su retracción. Se destaca el uso de agroquímicos en los agroecosistemas del sudoeste bonaerense que la pusieron en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que tiene una fuerte dependencia de cierta estructura de vegetación y, además, mantiene fidelidad al sitio donde nidificación.
Este proyecto interinstitucional también lo integran Natalia Cozzani, Universidad Nacional del Sur, y los observadores de aves locales Alejando Morici y Ricardo Fernández. En el marco del programa se creó el sitio www.loica.org.ar denominado “Salvemos a la loica pampeana”, que se suma a la preservación de esta especie.
Efectos de la agricultura sobre las aves
La evaluación de las comunidades de aves en distintos tipos de bordes bajo manejo orgánico y convencional, es el tema de estudio de investigadores que buscan reconocer los efectos de la disponibilidad de recursos de hábitat y alimento así como su relación con agroquímicos.
Según Andrea Paula Goijman, del Instituto de Recursos Biológicos (IRB, CIRN) del INTA Castelar, tienen previsto en diciembre iniciar el muestreo en establecimientos que realizan total o parcialmente agricultura y ganadería orgánica del sudeste de Córdoba -entre las localidades de Río Cuarto y Arias-.
“El objetivo general es evaluar el efecto de diferentes manejos agrícolas sobre aves para aportar información sobre manejo de cultivos y bordes de cultivos con vegetación natural, compatibilizando su conservación con la agricultura sostenible”, indicó.
Para ello esperan evaluar “el efecto del manejo orgánico y convencional sobre aves que utilizan los bordes, teniendo en cuenta tipos de borde, el paisaje y el uso de la tierra alrededor, con foco en las aves insectívoras y la disponibilidad de alimento y hábitat para las mismas”.
De esta manera, podrán brindar información “para la toma de decisiones de productores, tanto orgánicos como convencionales, teniendo en cuenta el potencial que tienen las aves como proveedoras de un servicio ecosistémico importante, como lo es el control natural de plagas”, puntualizó.
Las consecuencias de la intensificación agrícola, con remoción de hábitats y uso de agroquímicos, se presenta como un desafío para la conservación de aves, entre las que pueden mencionarse especies como: la tijereta, ratona, leñatero, verdón, pico de plata, entre otras. Y, según este proyecto, la agricultura orgánica podría beneficiarlas con más oferta de recursos que la convencional.
A partir de este estudio, enmarcado en el Proyecto Nacional específico para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que también integran Facundo Contreras –Conicet- y José Priotto –Universidad Nacional de Río Cuarto, CONICET-, buscarán generar recomendaciones que apuntarán “a compatibilizar la producción agrícola con la conservación de biodiversidad”.
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Fecha de Publicación: 25/11/2016
Fuente: INTA
Provincia/Región: Nacional
Frente a la amenaza de extinción de la loica pampeana, con una población menor a 28.000 individuos, investigadores trabajan en un proyecto de conservación y preservación del hábitat donde proponen impulsar un corredor de vida silvestre con ganadería sustentable.
Esta investigación aplicada junto a otro proyecto que estudia los efectos de la agricultura orgánica y convencional sobre las aves de bordes en agroecosistemas del centro de Argentina, fueron distinguidos con mención especial en la séptima edición del Fondo para la Conservación Ambiental organizado por el Banco Galicia y Aves Argentinas.
Desde la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA Bordenave -sudoeste bonaerense-, a través de un proyecto interinstitucional y en el marco del Proyecto Nacional específico para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, Francisco Rodrigo Tizón realiza acciones para la conservación de la loica pampeana en base al manejo de los agroecosistemas donde habita.
Con el conocimiento de las consecuencias directas que tuvo la transformación de los pastizales pampeanos en el último siglo sobre la loica pampeana, los técnicos buscan lograr una agricultura y ganadería sustentable y climáticamente resiliente, para que esta especie pueda recuperar parte de sus poblaciones originales
Durante este primer año trabajo “fue fundamental tomar contacto con los pobladores, escuelas locales, observadores de aves y continuar algunos proyectos que habían sido iniciados por estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional del Sur”, indicó Tizón.
De color negro con pecho y abdomen rojo el macho y de color pardo la hembra, la loica pampeana (Sturnella defilippii), también conocida como “pecho colorado mediano”, ha sufrido una gran disminución poblacional por pérdida de hábitats que alcanza al 90 por ciento de su distribución original. La fragmentación que observan los especialistas en el mapa de distribución actual, permite solo avistarla en campos del sudoeste bonaerense y del norte de Uruguay.
Pérdida de hábitat
El estudio abarca más de 1 millón 500 mil hectáreas de los partidos de Puán, Saavedra, Tornquist –localidades donde por iniciativa del proyecto se dictaron ordenanzas que la declaran emblema con protección-, Bahía Blanca y parte de Cnel. Rosales, Villarino y Adolfo Alsina.
Para Tizón, es fundamental alcanzar “un compromiso de estos municipios para desarrollar programas de educación y conservación de la especie”, señaló.
Con la Oficina Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) bonaerense apuntan a zonas de vías de ferrocarril abandonadas – Villa Iris, Nueva Roma, López Lecube-, con la intención de que sean declaradas áreas protegidas, ya que “representan una gran oportunidad, dado que tienen relativamente buen estado de conservación y se ha visto nidificar a la especie”, destacó.
El contrapunto son los “lotes nuevos roturados” donde fueron vistos “varios individuos”, reconoció y agregó: “Esto provoca el consecuente desplazamiento del ave de esos campos”.
Las acciones de conservación fuera de sus hábitats naturales “se vuelven cada vez más importantes”, aclaró. Para ello, los refugios de vida silvestre son una estrategia muy utilizada en Argentina.
Para Tizón “los corredores de vida silvestre representan una propuesta superadora, dado que implica la conservación de áreas con ciertas características que facilitan el movimiento de las poblaciones de este ave, otros animales y plantas, entre parches de vegetación nativa. Esta conectividad se vuelve muy importante en la conservación efectiva de animales grandes”.
La reducción de su población la coloca en la categoría “vulnerable” según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, según sus siglas en inglés), y “en peligro de extinción” a nivel nacional de acuerdo con la Asociación Ornitológica del Plata (AOP) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS).
Diversos factores han incidido en su retracción. Se destaca el uso de agroquímicos en los agroecosistemas del sudoeste bonaerense que la pusieron en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que tiene una fuerte dependencia de cierta estructura de vegetación y, además, mantiene fidelidad al sitio donde nidificación.
Este proyecto interinstitucional también lo integran Natalia Cozzani, Universidad Nacional del Sur, y los observadores de aves locales Alejando Morici y Ricardo Fernández. En el marco del programa se creó el sitio www.loica.org.ar denominado “Salvemos a la loica pampeana”, que se suma a la preservación de esta especie.
Efectos de la agricultura sobre las aves
La evaluación de las comunidades de aves en distintos tipos de bordes bajo manejo orgánico y convencional, es el tema de estudio de investigadores que buscan reconocer los efectos de la disponibilidad de recursos de hábitat y alimento así como su relación con agroquímicos.
Según Andrea Paula Goijman, del Instituto de Recursos Biológicos (IRB, CIRN) del INTA Castelar, tienen previsto en diciembre iniciar el muestreo en establecimientos que realizan total o parcialmente agricultura y ganadería orgánica del sudeste de Córdoba -entre las localidades de Río Cuarto y Arias-.
“El objetivo general es evaluar el efecto de diferentes manejos agrícolas sobre aves para aportar información sobre manejo de cultivos y bordes de cultivos con vegetación natural, compatibilizando su conservación con la agricultura sostenible”, indicó.
Para ello esperan evaluar “el efecto del manejo orgánico y convencional sobre aves que utilizan los bordes, teniendo en cuenta tipos de borde, el paisaje y el uso de la tierra alrededor, con foco en las aves insectívoras y la disponibilidad de alimento y hábitat para las mismas”.
De esta manera, podrán brindar información “para la toma de decisiones de productores, tanto orgánicos como convencionales, teniendo en cuenta el potencial que tienen las aves como proveedoras de un servicio ecosistémico importante, como lo es el control natural de plagas”, puntualizó.
Las consecuencias de la intensificación agrícola, con remoción de hábitats y uso de agroquímicos, se presenta como un desafío para la conservación de aves, entre las que pueden mencionarse especies como: la tijereta, ratona, leñatero, verdón, pico de plata, entre otras. Y, según este proyecto, la agricultura orgánica podría beneficiarlas con más oferta de recursos que la convencional.
A partir de este estudio, enmarcado en el Proyecto Nacional específico para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que también integran Facundo Contreras –Conicet- y José Priotto –Universidad Nacional de Río Cuarto, CONICET-, buscarán generar recomendaciones que apuntarán “a compatibilizar la producción agrícola con la conservación de biodiversidad”.
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Juicio por homicidio con agrotóxicos, como sigue
Juicio por homicidio con agrotóxicos: “Se espera que haya una sentencia ejemplificadora”, dijo el periodista Jorge Solari
Fecha de Publicación: 25/11/2016
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Corrientes
Este jueves “finaliza la ronda de testimonios presentados por la querella y la defensa” y se espera que mañana viernes haya un dictamen del Tribunal Oral Penal de Goya (provincia de Corrientes) que juzga al productor Ricardo Nicolás Prieto por el homicidio del pequeño de cinco años Santiago Nicolás Arévalo, ocurrido en 2011, y por las severas lesiones que sufrió su prima, Celeste Estévez que entonces tenía cuatro años, quienes fueron afectados por agrotóxicos ilegales utilizados en la finca del productor. El periodista de la revista Acción del Instituto de Cultura Popular (Incupo), Jorge Solari, informó que el abogado querellante “solicitó una pena de nueve años de prisión, con lo cual podría el imputado -que enfrenta cargos por homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal- ir a prisión si la pena impuesta es superior a los tres años”. “Se espera que haya una sentencia ejemplificadora en este tema que pareciera no tener control ni solución, ya que a nivel nacional no hay una ley que regule el uso de agro tóxicos”, señaló. También recordó que “el endosulfán está prohibido en todo el mundo, y fue prohibido en Argentina en 2010 pero como había que terminar el stock se extendió su uso por dos o tres años más, lo que llevó a que se bajara el precio porque ya estaba prohibido y ésa fue una ocasión para inundar de endosulfán la zona”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Solari informó que este jueves “finaliza la ronda de testimonios presentados por la querella y la defensa, donde fueron 19 personas que declararon y se espera que para mañana haya dictamen del Tribunal de Goya”.
Recordó que el hecho “ocurrió en 2001 cuando dos chicos que caminaban cerca de una quinta, un tendalero de producción de tomates, y las investigaciones dan cuenta que las fumigaciones se hacían con las cortinas levantadas del tendalero y lo que escurría del veneno pasaba a un lugar lindante donde están las casas de los vecinos”. “El niño solamente pisó el charco donde había restos de endosulfán, lo que da cuenta del grado de toxicidad de este químico, y solamente el contacto le provocó una intoxicación muy fuerte por la que falleció a los pocos días. Además su primita salvó su vida porque fue de inmediato derivada al Hospital Garrahan donde le realizaron un proceso de desintoxicación”, rememoró.
También resaltó que este juicio “es el segundo a nivel nacional donde se juzga por uso de agro tóxicos, y el primero fue en Córdoba donde se encontró culpables a un productor y a un aero-fumigador a quienes se les impuso una pena menor y no fueron a la cárcel, pero al menos se consideró que cometieron un delito”.
Solari destacó que “es un tema que cada vez despierta más preocupación” y recalcó que “en Corrientes hay una ley sobre el tema, pero no se especifica la distancia de aplicación de los agro tóxicos es decir que pueden fumigar al lado de las casas, de una escuela o de una sala de primeros auxilios sin problemas”. En tal sentido, contó que “a raíz de este hecho una diputada elevó un proyecto de ley poniendo como mínimo una distancia de 600 metros para realizar las fumigaciones, pero el proyecto quedo en comisión y en intención”.
Asimismo, aseveró que “el Estado reacciona cuando ya es tarde, porque se empezaron a mover recién el año pasado cuando se tuvo fecha cierta del juicio y el Ministerio de Agricultura empezó a realizar talleres para fumigadores y charlas”.
Informó que “al año siguiente de la muerte del pequeño Arévalo, en 2012, falleció otro chico en el mismo lugar, la localidad de Lavalle”.
Respecto del químico utilizado, Solari recordó que “el endosulfán está prohibido en todo el mundo, y fue prohibido en Argentina en 2010 pero como había que terminar el stock se extendió su uso por dos o tres años más, lo que llevó a que se bajara el precio porque ya estaba prohibido y ésa fue una ocasión para inundar de endosulfán la zona”.
Consultado por la defensa de los productores, mencionó que “sostienen que usan productos aprobados por el Ministerio de Agricultura y hasta ahí va su respuesta; dicen que la gente de los alrededores debe tener más cuidado, y que la intención no fue causar perjuicio”.
“Acá el problema es que fallan los órganos de control, y la discusión a nivel social sobre este sistema productivo que utiliza agro tóxicos. Hay estudios que demuestran que las frutas y verduras que compramos en los supermercados tienen restos de agro tóxicos, con lo cual el problema no es del campo sino de todos, y sin embargo todo sigue igual y las fumigaciones se siguen realizando”, reflexionó el periodista.
Por último, sobre las penas que enfrenta el productor en caso de ser condenado afirmó que “el abogado perteneciente a la Red Infancia Robada, Julián Segovia, viene apoyando a la familia del niño y pide unos 9 años de prisión, con lo cual podría ir a prisión si la pena es superior a los tres años. “Se espera que haya una sentencia ejemplificadora en este tema que pareciera no tener control ni solución, ya que a nivel nacional no hay una ley que regule el uso de agro tóxicos”.
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Fecha de Publicación: 25/11/2016
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Corrientes
Este jueves “finaliza la ronda de testimonios presentados por la querella y la defensa” y se espera que mañana viernes haya un dictamen del Tribunal Oral Penal de Goya (provincia de Corrientes) que juzga al productor Ricardo Nicolás Prieto por el homicidio del pequeño de cinco años Santiago Nicolás Arévalo, ocurrido en 2011, y por las severas lesiones que sufrió su prima, Celeste Estévez que entonces tenía cuatro años, quienes fueron afectados por agrotóxicos ilegales utilizados en la finca del productor. El periodista de la revista Acción del Instituto de Cultura Popular (Incupo), Jorge Solari, informó que el abogado querellante “solicitó una pena de nueve años de prisión, con lo cual podría el imputado -que enfrenta cargos por homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal- ir a prisión si la pena impuesta es superior a los tres años”. “Se espera que haya una sentencia ejemplificadora en este tema que pareciera no tener control ni solución, ya que a nivel nacional no hay una ley que regule el uso de agro tóxicos”, señaló. También recordó que “el endosulfán está prohibido en todo el mundo, y fue prohibido en Argentina en 2010 pero como había que terminar el stock se extendió su uso por dos o tres años más, lo que llevó a que se bajara el precio porque ya estaba prohibido y ésa fue una ocasión para inundar de endosulfán la zona”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Solari informó que este jueves “finaliza la ronda de testimonios presentados por la querella y la defensa, donde fueron 19 personas que declararon y se espera que para mañana haya dictamen del Tribunal de Goya”.
Recordó que el hecho “ocurrió en 2001 cuando dos chicos que caminaban cerca de una quinta, un tendalero de producción de tomates, y las investigaciones dan cuenta que las fumigaciones se hacían con las cortinas levantadas del tendalero y lo que escurría del veneno pasaba a un lugar lindante donde están las casas de los vecinos”. “El niño solamente pisó el charco donde había restos de endosulfán, lo que da cuenta del grado de toxicidad de este químico, y solamente el contacto le provocó una intoxicación muy fuerte por la que falleció a los pocos días. Además su primita salvó su vida porque fue de inmediato derivada al Hospital Garrahan donde le realizaron un proceso de desintoxicación”, rememoró.
También resaltó que este juicio “es el segundo a nivel nacional donde se juzga por uso de agro tóxicos, y el primero fue en Córdoba donde se encontró culpables a un productor y a un aero-fumigador a quienes se les impuso una pena menor y no fueron a la cárcel, pero al menos se consideró que cometieron un delito”.
Solari destacó que “es un tema que cada vez despierta más preocupación” y recalcó que “en Corrientes hay una ley sobre el tema, pero no se especifica la distancia de aplicación de los agro tóxicos es decir que pueden fumigar al lado de las casas, de una escuela o de una sala de primeros auxilios sin problemas”. En tal sentido, contó que “a raíz de este hecho una diputada elevó un proyecto de ley poniendo como mínimo una distancia de 600 metros para realizar las fumigaciones, pero el proyecto quedo en comisión y en intención”.
Asimismo, aseveró que “el Estado reacciona cuando ya es tarde, porque se empezaron a mover recién el año pasado cuando se tuvo fecha cierta del juicio y el Ministerio de Agricultura empezó a realizar talleres para fumigadores y charlas”.
Informó que “al año siguiente de la muerte del pequeño Arévalo, en 2012, falleció otro chico en el mismo lugar, la localidad de Lavalle”.
Respecto del químico utilizado, Solari recordó que “el endosulfán está prohibido en todo el mundo, y fue prohibido en Argentina en 2010 pero como había que terminar el stock se extendió su uso por dos o tres años más, lo que llevó a que se bajara el precio porque ya estaba prohibido y ésa fue una ocasión para inundar de endosulfán la zona”.
Consultado por la defensa de los productores, mencionó que “sostienen que usan productos aprobados por el Ministerio de Agricultura y hasta ahí va su respuesta; dicen que la gente de los alrededores debe tener más cuidado, y que la intención no fue causar perjuicio”.
“Acá el problema es que fallan los órganos de control, y la discusión a nivel social sobre este sistema productivo que utiliza agro tóxicos. Hay estudios que demuestran que las frutas y verduras que compramos en los supermercados tienen restos de agro tóxicos, con lo cual el problema no es del campo sino de todos, y sin embargo todo sigue igual y las fumigaciones se siguen realizando”, reflexionó el periodista.
Por último, sobre las penas que enfrenta el productor en caso de ser condenado afirmó que “el abogado perteneciente a la Red Infancia Robada, Julián Segovia, viene apoyando a la familia del niño y pide unos 9 años de prisión, con lo cual podría ir a prisión si la pena es superior a los tres años. “Se espera que haya una sentencia ejemplificadora en este tema que pareciera no tener control ni solución, ya que a nivel nacional no hay una ley que regule el uso de agro tóxicos”.
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Desmonte en Victoria: para RN está todo bien
Desmonte en Victoria: en Recursos naturales dicen que no se afectó un área protegida
Fecha de Publicación: 25/11/2016
Fuente: Diario Victoria
Provincia/Región: Entre Ríos
Tras las denuncias y pedidos de informes de vecinos de Victoria y la investigación abierta por el fiscal Gamal Taleb por el desmonte de una parte del islote Pancho, el director de Recursos naturales de la provincia, Claudio Ledesma, dijo a AIM que la zona involucrada no está declarada área protegida por la provincia y las especies afectadas por el desmonte “no tienen importancia biológica” y sostuvo que la única falta fue que las empresas no hayan pedido autorización.
El desmonte producido a fines de septiembre generó la reacción y denuncias de los ambientalistas -encabezados por la ONG Guardianes de Victoria- que motivaron la la actuación de oficio del fiscal Gamal Taleb.
Sin embargo, el funcionario minimizó las denuncias y aseguró que realizaron los procedimientos administrativos pertinentes, vinculados más a la falta de autorización para realizar el desmonte que al presunto daño ambiental.
“Lo que se sacó fue un listón de cinco a seis metros por 1.000 que exige Prefectura para el amarre de barcazas. Eso es algo que se viene haciendo hace más de 100 años”, afirmó Ledesma a esta Agencia.
El director de Recursos naturales sostuvo que la tala de la franja de tierra sobre el borde del islote se hizo “por seguridad” y consideró que “es totalmente válido”, aunque aclaró: “Lo que sí no es válido es que no hayan pedido autorización ahora que está la Ley”, en referencia a la Ley 8.967 de creación de Áreas naturales protegidas.
Sauces y alisos, “sin importancia biológica”
Ledesma recordó que antes, en los contratos de arrendamientos de las islas fiscales de la provincia, se autorizaba a los arrendatarios “a que se haga esta limpieza, porque son árboles que no tienen ninguna importancia biológica, alisos y sauces, que son dos especies que no nos importa conservar porque no producen ninguna biodiversidad. No tienen ningún valor para nosotros porque van a los cursos de inundación; cuando se inunda desaparecen y cuando baja el agua vuelven a aparecer”.
“No es área protegida”
“Para nosotros no es área protegida”, dijo el funcionario basándose en la Ley antes mencionada, que establece que será área natural “todo espacio físico que siendo de interés científico, educativo y cultural por sus bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas, son objeto de especial protección y conservación, limitándose la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia de sus elementos naturales a perpetuidad”, aunque para ello, deberán ser declaradas como tales mediante por Ley.
Si bien hubo una protección dictada por la ordenanza municipal 2.185/03, una norma municipal no puede contradecir a otra de alcance provincial. Además, según Ledesma, “no cumple con los criterios para áreas protegidas previstos en la ley 8.967. No está declarada por la provincia y las especies que se sacaron tampoco tienen valor”
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Fecha de Publicación: 25/11/2016
Fuente: Diario Victoria
Provincia/Región: Entre Ríos
Tras las denuncias y pedidos de informes de vecinos de Victoria y la investigación abierta por el fiscal Gamal Taleb por el desmonte de una parte del islote Pancho, el director de Recursos naturales de la provincia, Claudio Ledesma, dijo a AIM que la zona involucrada no está declarada área protegida por la provincia y las especies afectadas por el desmonte “no tienen importancia biológica” y sostuvo que la única falta fue que las empresas no hayan pedido autorización.
El desmonte producido a fines de septiembre generó la reacción y denuncias de los ambientalistas -encabezados por la ONG Guardianes de Victoria- que motivaron la la actuación de oficio del fiscal Gamal Taleb.
Sin embargo, el funcionario minimizó las denuncias y aseguró que realizaron los procedimientos administrativos pertinentes, vinculados más a la falta de autorización para realizar el desmonte que al presunto daño ambiental.
“Lo que se sacó fue un listón de cinco a seis metros por 1.000 que exige Prefectura para el amarre de barcazas. Eso es algo que se viene haciendo hace más de 100 años”, afirmó Ledesma a esta Agencia.
El director de Recursos naturales sostuvo que la tala de la franja de tierra sobre el borde del islote se hizo “por seguridad” y consideró que “es totalmente válido”, aunque aclaró: “Lo que sí no es válido es que no hayan pedido autorización ahora que está la Ley”, en referencia a la Ley 8.967 de creación de Áreas naturales protegidas.
Sauces y alisos, “sin importancia biológica”
Ledesma recordó que antes, en los contratos de arrendamientos de las islas fiscales de la provincia, se autorizaba a los arrendatarios “a que se haga esta limpieza, porque son árboles que no tienen ninguna importancia biológica, alisos y sauces, que son dos especies que no nos importa conservar porque no producen ninguna biodiversidad. No tienen ningún valor para nosotros porque van a los cursos de inundación; cuando se inunda desaparecen y cuando baja el agua vuelven a aparecer”.
“No es área protegida”
“Para nosotros no es área protegida”, dijo el funcionario basándose en la Ley antes mencionada, que establece que será área natural “todo espacio físico que siendo de interés científico, educativo y cultural por sus bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas, son objeto de especial protección y conservación, limitándose la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia de sus elementos naturales a perpetuidad”, aunque para ello, deberán ser declaradas como tales mediante por Ley.
Si bien hubo una protección dictada por la ordenanza municipal 2.185/03, una norma municipal no puede contradecir a otra de alcance provincial. Además, según Ledesma, “no cumple con los criterios para áreas protegidas previstos en la ley 8.967. No está declarada por la provincia y las especies que se sacaron tampoco tienen valor”
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Riachuelo: poca población trasladada
Vivir a orillas del Riachuelo: sólo el 14% de la gente mejoró su situación
Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento la cuenca avanza a paso lento
Lo establece un informe de la AGN. Se demora la construcción de viviendas para mudar a miles de personas que viven en asentamientos.
La semana que viene, los gobiernos de Nación, Ciudad y Provincia tendrán que presentar ante la Corte Suprema de Justicia el informe sobre las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza - Riachuelo. Datos actualizados a septiembre de 2016 que permitirán conocer en que situación se encuentra uno de los cursos de agua más contaminados del planeta. Anticipándose a esta situación, la Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un informe preocupante: analiza el período 2010-2014 y establece que se lograron pocos avances en puntos clave como el saneamiento de basurales, la limpieza de las márgenes y la relocalización de la gente que vive en los asentamientos, tanto del lado de Provincia como el de Capital. En este punto, el informe establece que se mejoró la situación de sólo el 14% de la gente que vive en los asentamientos a orillas del Riachuelo.
La AGN produce más de 300 informes al año y la manera más efectiva de hacerlo es delimitar el alcance del objeto de la auditoria; este es el motivo por el que un informe aborda el tema compras y contrataciones y el otro, dos lineamientos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), asentamientos y ordenamiento ambiental del territorio. "Han surgido datos alarmantes. Por ejemplo, la diferencia en el costo por kilómetro pagado de limpieza de los bordes, 17 veces la diferencia entre un municipio y otro", objetó Jesús Rodríguez, uno de los siete auditores generales del organismo. Rodríguez realizó el trabajo junto a Alejandro Nieva. El informe hace referencia a lo que pagó el municipio de Almirante Brown por km del saneamiento del tramo Arroyo del Rey ($ 89.334) y el de Lanús, por el tramo Hornos - Viamonte ($ 1.620.029).
En relación al ordenamiento ambiental del territorio -la cuenca abarca una superficie de 2.338 kilómetros cuadrados en la Ciudad y 14 municipios bonaerenses- la AGN entendió "que no se logró ningún avance sustantivo", pese a que se destinaron $ 3.804 millones del total del presupuesto PISA, que es de $21.919 millones. Con respecto a la urbanización de villas y asentamientos, unos de los pilares del saneamiento, destacaron que "sólo el 14 de las soluciones habitacionales comprometidas con los municipios habían sido concluidas".
Como ejemplo, el estudio se enfocó en tres asentamientos. En Villa Inflamable (en el Dock Sud), en 2012, se acordó con el municipio de Avellaneda mudar a las familias, pero para 2015 aún no había comenzado la construcción de las viviendas nuevas. En la Villa 21-24 Padre Mugica (en Barracas) se realizó menos del 10% de las relocalizaciones. En el caso de 60 casas entregadas, los vecinos denunciaron vicios ocultos en la construcción; las viviendas fueron entregadas sin la inspección técnica de ACUMAR, denunció la AGN. Finalmente, en la Villa 26, también de Barracas, las autoridades desconocían el número de familias a relocalizar.
El plan de saneamiento de toda la cuenca prevé la solución habitacional para 17.771 familias. En diálogo con Clarín, un asesor técnico de la Ciudad explicó: "En 2010, a expensas de los juzgados intervinientes, se determinó que la Ciudad tenía que relocalizar 2.400 viviendas, las de Rodrigo Bueno, Lamadrid y las que están ubicadas en el camino de sirga. Entre 2012 y 2015 ya relocalizó 570. Restan 1.830 que están en diferentes situaciones, porque las de Rodrigo Bueno no se van a mudar, ya que ese barrio se va a urbanizar. Por otro lado, la Ciudad tiene una metodología diferente para realizar la limpieza de márgenes, ya que paga con sus propios recursos, a través de una licitación pública. Se paga alrededor de 20 millones de pesos por año para hacer este trabajo", destacaron.
En rigor, el último informe oficial de la ACUMAR dijo que recién para 2027 el agua iba a estar oxigenada. Y en una entrevista reciente con este diario, el titular de la Autoridad de Cuenca (compuesta por los tres gobiernos), Julio Torti, admitió que "en siete años podría haber una diferencia importante en la calidad del agua"; una vez que se controle la adecuación de las industrias que mas contaminan, entre otras acciones.
Jesús Rodríguez lamentó que "el trabajo de la auditoria revela ineficiencia y destrato a los compatriotas en situación de emergencia social". Por delante, y por primera vez en décadas, los tres gobiernos, del mismo signo político, no tendrán excusas y no podrán tirarse la pelota unos a otros.
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Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento la cuenca avanza a paso lento
Lo establece un informe de la AGN. Se demora la construcción de viviendas para mudar a miles de personas que viven en asentamientos.
La semana que viene, los gobiernos de Nación, Ciudad y Provincia tendrán que presentar ante la Corte Suprema de Justicia el informe sobre las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza - Riachuelo. Datos actualizados a septiembre de 2016 que permitirán conocer en que situación se encuentra uno de los cursos de agua más contaminados del planeta. Anticipándose a esta situación, la Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un informe preocupante: analiza el período 2010-2014 y establece que se lograron pocos avances en puntos clave como el saneamiento de basurales, la limpieza de las márgenes y la relocalización de la gente que vive en los asentamientos, tanto del lado de Provincia como el de Capital. En este punto, el informe establece que se mejoró la situación de sólo el 14% de la gente que vive en los asentamientos a orillas del Riachuelo.
La AGN produce más de 300 informes al año y la manera más efectiva de hacerlo es delimitar el alcance del objeto de la auditoria; este es el motivo por el que un informe aborda el tema compras y contrataciones y el otro, dos lineamientos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), asentamientos y ordenamiento ambiental del territorio. "Han surgido datos alarmantes. Por ejemplo, la diferencia en el costo por kilómetro pagado de limpieza de los bordes, 17 veces la diferencia entre un municipio y otro", objetó Jesús Rodríguez, uno de los siete auditores generales del organismo. Rodríguez realizó el trabajo junto a Alejandro Nieva. El informe hace referencia a lo que pagó el municipio de Almirante Brown por km del saneamiento del tramo Arroyo del Rey ($ 89.334) y el de Lanús, por el tramo Hornos - Viamonte ($ 1.620.029).
En relación al ordenamiento ambiental del territorio -la cuenca abarca una superficie de 2.338 kilómetros cuadrados en la Ciudad y 14 municipios bonaerenses- la AGN entendió "que no se logró ningún avance sustantivo", pese a que se destinaron $ 3.804 millones del total del presupuesto PISA, que es de $21.919 millones. Con respecto a la urbanización de villas y asentamientos, unos de los pilares del saneamiento, destacaron que "sólo el 14 de las soluciones habitacionales comprometidas con los municipios habían sido concluidas".
Como ejemplo, el estudio se enfocó en tres asentamientos. En Villa Inflamable (en el Dock Sud), en 2012, se acordó con el municipio de Avellaneda mudar a las familias, pero para 2015 aún no había comenzado la construcción de las viviendas nuevas. En la Villa 21-24 Padre Mugica (en Barracas) se realizó menos del 10% de las relocalizaciones. En el caso de 60 casas entregadas, los vecinos denunciaron vicios ocultos en la construcción; las viviendas fueron entregadas sin la inspección técnica de ACUMAR, denunció la AGN. Finalmente, en la Villa 26, también de Barracas, las autoridades desconocían el número de familias a relocalizar.
El plan de saneamiento de toda la cuenca prevé la solución habitacional para 17.771 familias. En diálogo con Clarín, un asesor técnico de la Ciudad explicó: "En 2010, a expensas de los juzgados intervinientes, se determinó que la Ciudad tenía que relocalizar 2.400 viviendas, las de Rodrigo Bueno, Lamadrid y las que están ubicadas en el camino de sirga. Entre 2012 y 2015 ya relocalizó 570. Restan 1.830 que están en diferentes situaciones, porque las de Rodrigo Bueno no se van a mudar, ya que ese barrio se va a urbanizar. Por otro lado, la Ciudad tiene una metodología diferente para realizar la limpieza de márgenes, ya que paga con sus propios recursos, a través de una licitación pública. Se paga alrededor de 20 millones de pesos por año para hacer este trabajo", destacaron.
En rigor, el último informe oficial de la ACUMAR dijo que recién para 2027 el agua iba a estar oxigenada. Y en una entrevista reciente con este diario, el titular de la Autoridad de Cuenca (compuesta por los tres gobiernos), Julio Torti, admitió que "en siete años podría haber una diferencia importante en la calidad del agua"; una vez que se controle la adecuación de las industrias que mas contaminan, entre otras acciones.
Jesús Rodríguez lamentó que "el trabajo de la auditoria revela ineficiencia y destrato a los compatriotas en situación de emergencia social". Por delante, y por primera vez en décadas, los tres gobiernos, del mismo signo político, no tendrán excusas y no podrán tirarse la pelota unos a otros.
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El nuevo acuerdo federal minero recibe otras críticas
Avanza el nuevo acuerdo federal minero y surgen dudas sobre “la letra chica”
Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional y las provincias se propusieron consensuar un Nuevo Acuerdo Federal Minero antes de fin de año, lo cual requerirá del entendimiento en los 39 puntos del borrador discutido desde el miércoles en el marco del Consejo Federal de Minería (Cofemin), en la Casa Rosada, para generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.
“En la Nación y las provincias tenemos la responsabilidad de establecer las condiciones que permitan que la industria responsable se radique en la Argentina”, afirmó el ministro de Energías y Minería, Juan José Aranguren, al cierre del evento del que participaron desde el miércoles representantes de las 23 provincias, legisladores nacionales y de las cámaras empresarias del sector, en la Casa de Gobierno.
El Ministro explicó que “se dieron los primeros pasos hacia un nuevo acuerdo al definir los temas a consensuar que deben formar parte de una política de Estado” con el compromiso de la Nación y de las provincias de “lograrlo en los próximos dos meses, antes de fin de año”.
En diálogo con Tiemposur, algunos referentes de la minería santacruceña aseguraron que es un paso mas hacia la flexibilización laboral y una vuelta a los 90 en cuanto a las legislaciones que acabaron con derechos adquiridos de los trabajadores. Por otro lado el referente de YCRT Luis González aseguró que es la misma línea de lo ocurrido en Mendoza y en Vaca Muerta de la “mano de Pereira”. Por otro lado indicaron que un buen ejemplo para entender es lo que ocurrió con la denuncia a todos los convenios de la empresa minera de carbón.
Esto se sumaría, según manifestaron “al gran beneficio que ya obtuvieron las empresas mineras a principio de año con las retenciones y que no redundaron en una mayor inversión ni en un crecimiento de los puestos de trabajo”.
En las tres jornadas la discusión primaria fue el temario que guiará el desarrollo del acuerdo, el cual recibió varias modificaciones respecto a la propuesta inicial del Gobierno, y permitió consensuar el prólogo que dará lugar a los 39 puntos que ahora serán motivo de debate en las próximas semanas.
Propósito
La tarea requerirá armonizar la preservación ambiental, la política impositiva, los controles desde la Nación y las provincias, la renta producto de la actividad y la responsabilidad comunitaria, mediante un intercambio de propuestas que se desarrollará a partir de hoy hasta la realización de la próxima reunión del Cofemin.
Al dirigirse a los representantes provinciales y nacionales que tienen a su cargo la negociación del acuerdo, Aranguren planteó que el presidente Mauricio Macri “está muy ansioso” por lograr esta herramienta “lo más rápido posible, porque el país y la sociedad requieren un trabajo diligente para lograr las condiciones de generar más trabajo y reducir los niveles de pobreza”.
El ministro planteó, en ese mismo sentido, que el sector minero “puede discutir la renta, pero antes se debe decidir las condiciones por las cuales se quiere transformar los recursos en reservas, en producción y en riqueza para los argentinos”.
Respecto al objetivo de lograr un nuevo Acuerdo Federal Minero, Aranguren dijo que este debate “no es reeditar nada de lo que se hizo en 1992” que en julio de 1993 derivó en la sanción legislativa de un acuerdo sectorial, sino que hoy “se busca generar las condiciones para el desarrollo de una industria de forma responsable y generar más puestos de trabajo, más riqueza para el país”.
Pero el titular de la cartera nacional, advirtió que “desarrollar los recursos mineros no tiene otra forma que hacerlo bien” lo cual afirmó que implica “controlar adecuadamente las explotaciones mineras, castigar a aquel que por falta de control o por una viveza mal entendida transforma al sector en algo que la sociedad no quiere y no puede aceptar”.
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Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional y las provincias se propusieron consensuar un Nuevo Acuerdo Federal Minero antes de fin de año, lo cual requerirá del entendimiento en los 39 puntos del borrador discutido desde el miércoles en el marco del Consejo Federal de Minería (Cofemin), en la Casa Rosada, para generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.
“En la Nación y las provincias tenemos la responsabilidad de establecer las condiciones que permitan que la industria responsable se radique en la Argentina”, afirmó el ministro de Energías y Minería, Juan José Aranguren, al cierre del evento del que participaron desde el miércoles representantes de las 23 provincias, legisladores nacionales y de las cámaras empresarias del sector, en la Casa de Gobierno.
El Ministro explicó que “se dieron los primeros pasos hacia un nuevo acuerdo al definir los temas a consensuar que deben formar parte de una política de Estado” con el compromiso de la Nación y de las provincias de “lograrlo en los próximos dos meses, antes de fin de año”.
En diálogo con Tiemposur, algunos referentes de la minería santacruceña aseguraron que es un paso mas hacia la flexibilización laboral y una vuelta a los 90 en cuanto a las legislaciones que acabaron con derechos adquiridos de los trabajadores. Por otro lado el referente de YCRT Luis González aseguró que es la misma línea de lo ocurrido en Mendoza y en Vaca Muerta de la “mano de Pereira”. Por otro lado indicaron que un buen ejemplo para entender es lo que ocurrió con la denuncia a todos los convenios de la empresa minera de carbón.
Esto se sumaría, según manifestaron “al gran beneficio que ya obtuvieron las empresas mineras a principio de año con las retenciones y que no redundaron en una mayor inversión ni en un crecimiento de los puestos de trabajo”.
En las tres jornadas la discusión primaria fue el temario que guiará el desarrollo del acuerdo, el cual recibió varias modificaciones respecto a la propuesta inicial del Gobierno, y permitió consensuar el prólogo que dará lugar a los 39 puntos que ahora serán motivo de debate en las próximas semanas.
Propósito
La tarea requerirá armonizar la preservación ambiental, la política impositiva, los controles desde la Nación y las provincias, la renta producto de la actividad y la responsabilidad comunitaria, mediante un intercambio de propuestas que se desarrollará a partir de hoy hasta la realización de la próxima reunión del Cofemin.
Al dirigirse a los representantes provinciales y nacionales que tienen a su cargo la negociación del acuerdo, Aranguren planteó que el presidente Mauricio Macri “está muy ansioso” por lograr esta herramienta “lo más rápido posible, porque el país y la sociedad requieren un trabajo diligente para lograr las condiciones de generar más trabajo y reducir los niveles de pobreza”.
El ministro planteó, en ese mismo sentido, que el sector minero “puede discutir la renta, pero antes se debe decidir las condiciones por las cuales se quiere transformar los recursos en reservas, en producción y en riqueza para los argentinos”.
Respecto al objetivo de lograr un nuevo Acuerdo Federal Minero, Aranguren dijo que este debate “no es reeditar nada de lo que se hizo en 1992” que en julio de 1993 derivó en la sanción legislativa de un acuerdo sectorial, sino que hoy “se busca generar las condiciones para el desarrollo de una industria de forma responsable y generar más puestos de trabajo, más riqueza para el país”.
Pero el titular de la cartera nacional, advirtió que “desarrollar los recursos mineros no tiene otra forma que hacerlo bien” lo cual afirmó que implica “controlar adecuadamente las explotaciones mineras, castigar a aquel que por falta de control o por una viveza mal entendida transforma al sector en algo que la sociedad no quiere y no puede aceptar”.
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Si atrapan a quien ahorcó al condor, se viene la multa
Ambiente podría multar al responsable hasta con 2 millones de pesos
Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Irene Soler, secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Salta, en diálogo con InformateSalta, se refirió al cóndor que fue hallado sin vida colgado de un árbol en la localidad de Ampascachi y expresó que una vez realizada la denuncia correspondiente por los testigos del hecho, iniciarán un sumario.
Además lamentó que pese a los trabajos de concientización realizados tras la liberación del cóndor “Luracatao” de Seclantás, se sigan suscitando este tipo de hechos. “Se visitaron escuelas secundarias, primarias, se hizo todo un trabajo sobre la población que duró más de dos semanas”, dijo.
En ese sentido, agregó que hace dos semanas dictaron un taller de educación ambiental en las escuelas de La Viña. “Es permanente la salida de nuestro programa al interior, sabemos que el trabajo no va a tener resultados a corto plazo, pero bueno es algo en lo que venimos trabajando y hay que seguir trabajando”, enfatizó.
No obstante, consideró que la indignación que produjo la muerte del ave es una señal que existe una valoración de la fauna nativa. “Todavía no sabemos si ha sido muerto por ser visto como una amenaza para el ganado o por un cazador furtivo, sabemos que hay gente que disfruta con matar animales, pero lo más común es que al cóndor se lo ve como una amenaza”, sostuvo.
Soler, también, manifestó que la ley de medio ambiente establece multas para aquellos responsables de atentar contra la fauna en Salta. Los valores pueden ser hasta de 100 mil litros de nafta super, lo que equivaldría a 2 millones de pesos.
Por último, adelantó que el próximo 6 de diciembre iniciará una muestra en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) sobre cóndor andino que tiene por objeto generar conciencia y que se extenderá por un mes. “Vamos a recibir una muestra de fotografías y de pintura, que han ido siguiendo las liberaciones del cóndor”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Irene Soler, secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Salta, en diálogo con InformateSalta, se refirió al cóndor que fue hallado sin vida colgado de un árbol en la localidad de Ampascachi y expresó que una vez realizada la denuncia correspondiente por los testigos del hecho, iniciarán un sumario.
Además lamentó que pese a los trabajos de concientización realizados tras la liberación del cóndor “Luracatao” de Seclantás, se sigan suscitando este tipo de hechos. “Se visitaron escuelas secundarias, primarias, se hizo todo un trabajo sobre la población que duró más de dos semanas”, dijo.
En ese sentido, agregó que hace dos semanas dictaron un taller de educación ambiental en las escuelas de La Viña. “Es permanente la salida de nuestro programa al interior, sabemos que el trabajo no va a tener resultados a corto plazo, pero bueno es algo en lo que venimos trabajando y hay que seguir trabajando”, enfatizó.
No obstante, consideró que la indignación que produjo la muerte del ave es una señal que existe una valoración de la fauna nativa. “Todavía no sabemos si ha sido muerto por ser visto como una amenaza para el ganado o por un cazador furtivo, sabemos que hay gente que disfruta con matar animales, pero lo más común es que al cóndor se lo ve como una amenaza”, sostuvo.
Soler, también, manifestó que la ley de medio ambiente establece multas para aquellos responsables de atentar contra la fauna en Salta. Los valores pueden ser hasta de 100 mil litros de nafta super, lo que equivaldría a 2 millones de pesos.
Por último, adelantó que el próximo 6 de diciembre iniciará una muestra en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) sobre cóndor andino que tiene por objeto generar conciencia y que se extenderá por un mes. “Vamos a recibir una muestra de fotografías y de pintura, que han ido siguiendo las liberaciones del cóndor”, finalizó.
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Garantizan la remediación de la golpeada Abra Pampa
Garantizan última etapa de remediación ambiental en Abra Pampa
Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Con el propósito de garantizar la presencia del gobierno en el territorio, la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, junto a concejales de Abra Pampa y miembros del equipo del Programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN), recorrieron la zona donde se están iniciando las obras para finalizar con la última etapa de remediación de Metal Huasi, que consiste en la remoción, transporte y disposición final de suelo impactado.
Zigarán, acompañada por un equipo técnico, se reunió en primera instancia con el intendente de Abra Pampa, José Luis Liquín, concejales de los diferentes bloques que integran el poder legislativo municipal, y el Lic. Rolando Cabrera (GEAMIN), con el objeto de conversar sobre los avances en la última etapa de remediación de los pasivos ambientales que la ex fundidora Metal Huasi había generado en el pueblo puneño.
Se trata de un trabajo que se inscribe dentro del Programa II Gestión Ambiental Minera (GEAMIN), y el cual prevé remover un volumen aproximado de 1.200 m3 de suelo impactado ubicado por debajo del nivel de material que fue removido oportunamente, en la periferia del barrio 12 de octubre de Abra Pampa. Los trabajos, que tendrán una duración de aproximadamente un mes, serán realizados por la empresa Beton S.R.L. con todas las medidas de seguridad necesarias para el caso.
"Estamos participando de esta última etapa del proceso porque nos hemos comprometido a hacer un trabajo de monitoreo y de fiscalización, pero además también venimos a conversar con la comunidad para garantizar que el proceso se va a realizar de acuerdo a normas y estándares de seguridad ambiental”, evaluó la Ministra.
Describió además, que se trata de un proceso que incluye la participación y el compromiso de diversos actores: la subsecretaría de política minera con Santiago Dondo a la cabeza, la secretaría de minería de nación, el GEAMIN, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), la secretaría de pueblos indígenas cuya referente es Natalia Sarapura, el propio ministerio de ambiente de la provincia.
"Junto con Santiago Dondo, Rolando Cabrera, y otros miembros de la secretaria de minería de nación, el ministerio de ambiente y la secretaría de minería de la provincia que lidera Miguel Soler, hemos trabajado con las comunidades para informarles de qué se trata esta etapa del proceso, para que supieran qué tipos de tierras son las que se van a depositar en la cava, qué medidas de seguridad se van a tomar en esa zona, y también para ponernos a disposición y como garantes de la fiscalización ambiental”, concluyó.
Procedimientos y medidas de seguridad
Por otro lado, Rolando Cabrera, del GEAMIN, brindó precisiones respecto a los trabajos y las medidas de seguridad que se van a adoptar durante todo el proceso.
"Estamos realizando trabajos de delimitación de las áreas a remediar. Tenemos delimitados cinco sectores, que son el resultado de un estudio detallado realizado hace tres meses atrás, desde el comité de inspección y supervisión”, puntualizó.
Concretamente, realizaron mediciones a través de un espectrómetro que permite registrar los componentes que tiene el suelo a remover, obteniendo como resultado de cinco áreas sobre las cuales van a trabajar y remover suelo afectado por las escorias de la ex fundidora.
Cabrera detalló además que, luego de remover la tierra, "vamos a colocar un nivel de cal para neutralizar el PH, y encima se coloca suelo que no esté afectado, para depositar y devolverle al suelo el relieve que naturalmente tenía”.
Por último, explicó que respecto a las medidas de higiene y seguridad, señalando que "estamos levantando un vallado, un cercado perimetral que cumple funciones de evitar el ingreso de personas al área de trabajo, y evitar la dispersión de material particulado cuando se realiza el trabajo”. "Vamos a señalizar la zona, y proceder a un regado para dar una determinada humedad y evitar que las partículas se vuelen por medio de los vientos; lo mismo que durante el transporte, vamos a contener el material en los camiones de manera tal que no se dispersen”, completó.
Compromiso gubernamental
Finalmente, los concejales Méndez, Armella, Ramos y Llampa y el secretario de Ambiente del municipio abrapampeño, Raúl Gutiérrez, agradecieron la presencia de la ministra, interpretándola como un gesto de garantía y compromiso frente a una demanda histórica de la comunidad.
Asimismo, le confiaron el deseo de que la obra pueda concluir, resguardando la integridad de los habitantes del pueblo, remediando un pasivo ambiental que les causó enormes daños a la salud de sus miembros.
Como conclusión, quedó el compromiso de sostener encuentros permanentes a lo largo de todo el proceso, para llegar a la etapa de auditoría ambiental con una participación conjunta que le brinde a la comunidad los resultados de un trabajo eficiente.
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Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Con el propósito de garantizar la presencia del gobierno en el territorio, la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, junto a concejales de Abra Pampa y miembros del equipo del Programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN), recorrieron la zona donde se están iniciando las obras para finalizar con la última etapa de remediación de Metal Huasi, que consiste en la remoción, transporte y disposición final de suelo impactado.
Zigarán, acompañada por un equipo técnico, se reunió en primera instancia con el intendente de Abra Pampa, José Luis Liquín, concejales de los diferentes bloques que integran el poder legislativo municipal, y el Lic. Rolando Cabrera (GEAMIN), con el objeto de conversar sobre los avances en la última etapa de remediación de los pasivos ambientales que la ex fundidora Metal Huasi había generado en el pueblo puneño.
Se trata de un trabajo que se inscribe dentro del Programa II Gestión Ambiental Minera (GEAMIN), y el cual prevé remover un volumen aproximado de 1.200 m3 de suelo impactado ubicado por debajo del nivel de material que fue removido oportunamente, en la periferia del barrio 12 de octubre de Abra Pampa. Los trabajos, que tendrán una duración de aproximadamente un mes, serán realizados por la empresa Beton S.R.L. con todas las medidas de seguridad necesarias para el caso.
"Estamos participando de esta última etapa del proceso porque nos hemos comprometido a hacer un trabajo de monitoreo y de fiscalización, pero además también venimos a conversar con la comunidad para garantizar que el proceso se va a realizar de acuerdo a normas y estándares de seguridad ambiental”, evaluó la Ministra.
Describió además, que se trata de un proceso que incluye la participación y el compromiso de diversos actores: la subsecretaría de política minera con Santiago Dondo a la cabeza, la secretaría de minería de nación, el GEAMIN, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), la secretaría de pueblos indígenas cuya referente es Natalia Sarapura, el propio ministerio de ambiente de la provincia.
"Junto con Santiago Dondo, Rolando Cabrera, y otros miembros de la secretaria de minería de nación, el ministerio de ambiente y la secretaría de minería de la provincia que lidera Miguel Soler, hemos trabajado con las comunidades para informarles de qué se trata esta etapa del proceso, para que supieran qué tipos de tierras son las que se van a depositar en la cava, qué medidas de seguridad se van a tomar en esa zona, y también para ponernos a disposición y como garantes de la fiscalización ambiental”, concluyó.
Procedimientos y medidas de seguridad
Por otro lado, Rolando Cabrera, del GEAMIN, brindó precisiones respecto a los trabajos y las medidas de seguridad que se van a adoptar durante todo el proceso.
"Estamos realizando trabajos de delimitación de las áreas a remediar. Tenemos delimitados cinco sectores, que son el resultado de un estudio detallado realizado hace tres meses atrás, desde el comité de inspección y supervisión”, puntualizó.
Concretamente, realizaron mediciones a través de un espectrómetro que permite registrar los componentes que tiene el suelo a remover, obteniendo como resultado de cinco áreas sobre las cuales van a trabajar y remover suelo afectado por las escorias de la ex fundidora.
Cabrera detalló además que, luego de remover la tierra, "vamos a colocar un nivel de cal para neutralizar el PH, y encima se coloca suelo que no esté afectado, para depositar y devolverle al suelo el relieve que naturalmente tenía”.
Por último, explicó que respecto a las medidas de higiene y seguridad, señalando que "estamos levantando un vallado, un cercado perimetral que cumple funciones de evitar el ingreso de personas al área de trabajo, y evitar la dispersión de material particulado cuando se realiza el trabajo”. "Vamos a señalizar la zona, y proceder a un regado para dar una determinada humedad y evitar que las partículas se vuelen por medio de los vientos; lo mismo que durante el transporte, vamos a contener el material en los camiones de manera tal que no se dispersen”, completó.
Compromiso gubernamental
Finalmente, los concejales Méndez, Armella, Ramos y Llampa y el secretario de Ambiente del municipio abrapampeño, Raúl Gutiérrez, agradecieron la presencia de la ministra, interpretándola como un gesto de garantía y compromiso frente a una demanda histórica de la comunidad.
Asimismo, le confiaron el deseo de que la obra pueda concluir, resguardando la integridad de los habitantes del pueblo, remediando un pasivo ambiental que les causó enormes daños a la salud de sus miembros.
Como conclusión, quedó el compromiso de sostener encuentros permanentes a lo largo de todo el proceso, para llegar a la etapa de auditoría ambiental con una participación conjunta que le brinde a la comunidad los resultados de un trabajo eficiente.
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Mendoza: luego de la "Mesa de Diálogo", la minería pica
El Gobierno apura un plan minero 'sustentable'
Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se basa en 52 ponencias pedidas por el Gobierno para avanzar. Prometen explotación con control ambiental. Buscan convertir a Mendoza en fuerte proveedor de hierro para obras públicas.
Pasó la llamada Mesa de Diálogo Minero, la apuesta oficial para recoger inquietudes sobre la actividad en Mendoza, y de a poco la postura del Gobierno mendocino acerca del futuro de la minería en la provincia empieza a tomar forma.
De hecho, mientras apura las definiciones en torno a Potasio Río Colorado (ver aparte), luego de una reunión en Malargüe los funcionarios del área ya trabajan en la definición de la nueva política minera que se dará a conocer antes de fin de año.
Según el subsecretario de Minería, Hidrocarburos y Energía, Emilio Guiñazú, “están analizándose las 52 ponencias de la mesa de diálogo acerca de cuestiones ambientales y socio-económicas para elaborar una propuesta de matriz. El objetivo no es mirar el corto plazo sino la política minera a 20 años”.
En ese proceso, se espera que en las próximas semanas vengan a Mendoza directivos de CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) y también del equipo de la Secretaría de Minería de la Nación, que conduce Daniel Meilán.
Todo se da en un contexto nacional que apunta a favorecer la actividad minera a partir de una reformulación de la normativa vigente. En paralelo a la definición del plan provincial, la semana última (martes 15 y miércoles 16) Guiñazú participó por Mendoza junto a otras 23 provincias de una reunión para avanzar en el nuevo Pacto Federal, que data de 1994.
“La nueva versión apunta a elevar los estándares de explotación, tanto socio-ambientales, de transparencia y control. A nivel mundial ya se acabó la idea de hacer minería a cualquier precio”, enfatizó Guiñazú, en una suerte de guiño a quienes reclaman un control estricto de la actividad.
En tal sentido, desde el seno del Ejecutivo reafirman que la discutida ley 7722, que desde 2007 regula a nivel local la explotación metalífera “no se toca”. Precisamente, el blanco constante del sector minero, que demoniza la norma atribuyéndole la falta de inversiones en Mendoza.
Igualmente, hay otros aspectos claves para Mendoza: desde las regalías mineras hasta el reparto de impuestos federales con la Nación, además del rol de las empresas.
Desde la Camem habían advertido ya a principios de año, en un tiro por elevación al Ejecutivo mendocino, que veían con beneplácito las señales del Gobierno nacional pese a la indefinición de la Provincia.
Mendoza proveedora
El trabajo de reformulación de la política minera, cuando aún resta el plato fuerte que es la explotación metalífera, ya comenzó.
El propósito del Ejecutivo es terminar de modificar la ley 8434, que regula a la minería de 2da y 3era Categoría (minas y canteras), lo que incluye la trazabilidad de los productos.
Para eso, en paralelo, los funcionarios recogieron experiencias de Olavarría y Córdoba, principal proveedor de materiales para el Plan Belgrano para el norte del país.
“Si se aprobara Hierro Indio, Mendoza podría participar también como proveedor de hierro para el Plan Belgrano. Y sustituir todas las importaciones del mineral de Argentina”, puntualizó Guiñazú.
La proyección de Hierro Indio, uno de los emprendimientos a relanzar luego de la presentación del plan, promete extraer 100.000 toneladas de hierro al año.
En la lista aparecen también San Jorge con su proyecto de oro y cobre en Uspallata. Si bien está listo para empezar con la explotación, resta definir una nueva guía de trabajo (que exima el uso de sustancias prohibidas) o bien retomar parte del esquema original, basado en el método de flotación
Mientras Cerro Amarillo espera definición del informe de Impacto Ambiental para avanzar en Malargüe con la explotación de oro y cobre (se frenó por un informe que planteaba la afectación de glaciares en la zona), el proyecto de uranio de Sierra Pintada se debate entre los trabajos de remediación de pasivos y retomar la explotación, aseguran en el sector “depende de una decisión política”.
Normativa de calidad
En cualquier caso, el potencial de Malargüe pretende ser la ciudad para defender el nuevo modelo de minería.
Allí, una convocatoria días pasados reunió a 500 asistentes, entre dirigentes, empresarios y el municipio encolumnados detrás de la reactivación: el Gobierno asumió que el potencial geológico del departamento, su impacto socio-económico y que por ser una zona “minero-dependiente”, requiere un “tratamiento especial”.
Según Mario Chabert, presidente de la Camem, “el apoyo de Malargüe es clave para sostener una matriz sobre qué tipo de minería, dónde y cómo se puede desarrollar, dentro del Pacto Federal Minero”.
Con todo, desde Camem esgrimen los números millonarios que concentra la minería en otras provincias: por caso más de U$S 4.000 millones en Catamarca y otros U$S 3.000 millones en el norte de San Juan.
“Estamos 10 años atrasados en el mapa de inversiones. Por eso no hay que pensar que 2017 sea para explotación sino para exploración”, acotó Chabert.
En Economía quieren ganar tiempo con la certificación de normativa internacional EITI, que garantiza la trazabilidad de cualquier emprendimiento.
Vale: un mes para iniciar la reformulación de Potasio
Después de los anuncios, llegó el momento de poner manos a la obra. Al menos esa fue la conclusión de la última reunión de trabajo entre el Gobierno y la minera Vale para reconfigurar el proyecto Potasio Río Colorado a 1/3 de su dimensión actual, que necesitaba asegurarse el decreto del gobernador Alfredo Cornejo.
Con el aval definitivo, ahora Vale tiene 30 días por delante para empezar con la consultoría que defina el nuevo proyecto, que se reducirá a 1,4 millón de toneladas anuales.
En paralelo, la compañía brasileña se compromete a encaminar la búsqueda de inversores por el 100 por ciento.
En números, significa que el potencial inversor deberá aportar no menos de U$S 1.000 millones.
El Gobierno, por su parte, promete supervisar el rediseño y la búsqueda, y Vale asegurarse la distribución exclusiva de sales en Brasil.
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Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se basa en 52 ponencias pedidas por el Gobierno para avanzar. Prometen explotación con control ambiental. Buscan convertir a Mendoza en fuerte proveedor de hierro para obras públicas.
Pasó la llamada Mesa de Diálogo Minero, la apuesta oficial para recoger inquietudes sobre la actividad en Mendoza, y de a poco la postura del Gobierno mendocino acerca del futuro de la minería en la provincia empieza a tomar forma.
De hecho, mientras apura las definiciones en torno a Potasio Río Colorado (ver aparte), luego de una reunión en Malargüe los funcionarios del área ya trabajan en la definición de la nueva política minera que se dará a conocer antes de fin de año.
Según el subsecretario de Minería, Hidrocarburos y Energía, Emilio Guiñazú, “están analizándose las 52 ponencias de la mesa de diálogo acerca de cuestiones ambientales y socio-económicas para elaborar una propuesta de matriz. El objetivo no es mirar el corto plazo sino la política minera a 20 años”.
En ese proceso, se espera que en las próximas semanas vengan a Mendoza directivos de CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) y también del equipo de la Secretaría de Minería de la Nación, que conduce Daniel Meilán.
Todo se da en un contexto nacional que apunta a favorecer la actividad minera a partir de una reformulación de la normativa vigente. En paralelo a la definición del plan provincial, la semana última (martes 15 y miércoles 16) Guiñazú participó por Mendoza junto a otras 23 provincias de una reunión para avanzar en el nuevo Pacto Federal, que data de 1994.
“La nueva versión apunta a elevar los estándares de explotación, tanto socio-ambientales, de transparencia y control. A nivel mundial ya se acabó la idea de hacer minería a cualquier precio”, enfatizó Guiñazú, en una suerte de guiño a quienes reclaman un control estricto de la actividad.
En tal sentido, desde el seno del Ejecutivo reafirman que la discutida ley 7722, que desde 2007 regula a nivel local la explotación metalífera “no se toca”. Precisamente, el blanco constante del sector minero, que demoniza la norma atribuyéndole la falta de inversiones en Mendoza.
Igualmente, hay otros aspectos claves para Mendoza: desde las regalías mineras hasta el reparto de impuestos federales con la Nación, además del rol de las empresas.
Desde la Camem habían advertido ya a principios de año, en un tiro por elevación al Ejecutivo mendocino, que veían con beneplácito las señales del Gobierno nacional pese a la indefinición de la Provincia.
Mendoza proveedora
El trabajo de reformulación de la política minera, cuando aún resta el plato fuerte que es la explotación metalífera, ya comenzó.
El propósito del Ejecutivo es terminar de modificar la ley 8434, que regula a la minería de 2da y 3era Categoría (minas y canteras), lo que incluye la trazabilidad de los productos.
Para eso, en paralelo, los funcionarios recogieron experiencias de Olavarría y Córdoba, principal proveedor de materiales para el Plan Belgrano para el norte del país.
“Si se aprobara Hierro Indio, Mendoza podría participar también como proveedor de hierro para el Plan Belgrano. Y sustituir todas las importaciones del mineral de Argentina”, puntualizó Guiñazú.
La proyección de Hierro Indio, uno de los emprendimientos a relanzar luego de la presentación del plan, promete extraer 100.000 toneladas de hierro al año.
En la lista aparecen también San Jorge con su proyecto de oro y cobre en Uspallata. Si bien está listo para empezar con la explotación, resta definir una nueva guía de trabajo (que exima el uso de sustancias prohibidas) o bien retomar parte del esquema original, basado en el método de flotación
Mientras Cerro Amarillo espera definición del informe de Impacto Ambiental para avanzar en Malargüe con la explotación de oro y cobre (se frenó por un informe que planteaba la afectación de glaciares en la zona), el proyecto de uranio de Sierra Pintada se debate entre los trabajos de remediación de pasivos y retomar la explotación, aseguran en el sector “depende de una decisión política”.
Normativa de calidad
En cualquier caso, el potencial de Malargüe pretende ser la ciudad para defender el nuevo modelo de minería.
Allí, una convocatoria días pasados reunió a 500 asistentes, entre dirigentes, empresarios y el municipio encolumnados detrás de la reactivación: el Gobierno asumió que el potencial geológico del departamento, su impacto socio-económico y que por ser una zona “minero-dependiente”, requiere un “tratamiento especial”.
Según Mario Chabert, presidente de la Camem, “el apoyo de Malargüe es clave para sostener una matriz sobre qué tipo de minería, dónde y cómo se puede desarrollar, dentro del Pacto Federal Minero”.
Con todo, desde Camem esgrimen los números millonarios que concentra la minería en otras provincias: por caso más de U$S 4.000 millones en Catamarca y otros U$S 3.000 millones en el norte de San Juan.
“Estamos 10 años atrasados en el mapa de inversiones. Por eso no hay que pensar que 2017 sea para explotación sino para exploración”, acotó Chabert.
En Economía quieren ganar tiempo con la certificación de normativa internacional EITI, que garantiza la trazabilidad de cualquier emprendimiento.
Vale: un mes para iniciar la reformulación de Potasio
Después de los anuncios, llegó el momento de poner manos a la obra. Al menos esa fue la conclusión de la última reunión de trabajo entre el Gobierno y la minera Vale para reconfigurar el proyecto Potasio Río Colorado a 1/3 de su dimensión actual, que necesitaba asegurarse el decreto del gobernador Alfredo Cornejo.
Con el aval definitivo, ahora Vale tiene 30 días por delante para empezar con la consultoría que defina el nuevo proyecto, que se reducirá a 1,4 millón de toneladas anuales.
En paralelo, la compañía brasileña se compromete a encaminar la búsqueda de inversores por el 100 por ciento.
En números, significa que el potencial inversor deberá aportar no menos de U$S 1.000 millones.
El Gobierno, por su parte, promete supervisar el rediseño y la búsqueda, y Vale asegurarse la distribución exclusiva de sales en Brasil.
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Biodigestores desaprovechados
Más del 80% de los biodigestores desaprovechan su potencial
Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El INTI destacó en un informe que los biodigestores en funcionamiento en la Argentina desaprovechan su potencial para producir gas al ser usados sólo para el tratamiento de efluentes.
Más del 80% de los biodigestores en funcionamiento en la Argentina desaprovechan su potencial para producir gas al ser usados sólo para el tratamiento de efluentes, destaca con el informe "El biogás en la Argentina: mapa de situación" difundido hoy por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
"Si se aprovechara el biogás que se desperdicia actualmente en los biodigestores nacionales, se podrían generar más de 4.200 garrafas extras de 1 kilogramo por día (lo que equivale al consumo promedio mensual de 420 hogares)", puntualiza.
El informe es el resultado de un trabajo realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otras entidades a fin de elaborar un plan estratégico y sostenido de aprovechamiento del biogas para diversificar la matriz energética argentina.
Del censo realizado se determinó que en el país existen 105 plantas que utilizan biodigestión anaeróbica, concentradas mayoritariamente en Santa Fe (27%), mientras que las restantes se ubican en 16 provincias.
De ese total, el estudio relevó el funcionamiento de 62 plantas, que emplean biodigestores ya sea para el tratamiento de efluentes o para la generación de energía.
De las plantas relevadas, el 53% corresponden al sector privado y el 37% al sector público, en tanto que el resto se dividen entre organizaciones no gubernamentales, cooperativas y desarrollos familiares.
En relación a su funcionamiento, el 85,3% utilizan los biodigestores para el tratamiento de efluentes, en tanto que del sector privado sólo un 6% los utiliza con fines energéticos.
En el sector público el 54,2% se construyeron con fines de tratamiento, y el 33,3% con funcionalidad educativa o de investigación.
“El trabajo realizado da cuenta de la existencia de un sector industrial que entiende a la biodigestión anaeróbica como una etapa necesaria dentro del tratamiento de sus efluentes, y no como una alternativa exclusiva de generación de energía”, explica Víctor Goicoa de INTI-San Luis, quien formó parte del equipo de trabajo.
Otro de los resultados que se observa es que los déficits de los equipos instalados tienen su origen en diferentes tipo de falencias operativas, constructivas y tecnológicas, lo cual permitirá planificar acciones articuladas entre el sector público y privado, orientadas a favorecer el despegue del sector bioenergético, para el cual nuestro país cuenta con importantes ventajas competitivas.
“Entre las metas que deben figurar necesariamente en la agenda que el sector tiene por delante se encuentran el desarrollo de un manual de recomendaciones de seguridad en plantas de biogás, y la consolidación de capacidades de laboratorio y asistencia técnica en todo el territorio nacional. En todas estas líneas, el INTI puede asistir a la industria y brindar su experiencia para potenciar el sector”, señaló Goicoa.
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Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El INTI destacó en un informe que los biodigestores en funcionamiento en la Argentina desaprovechan su potencial para producir gas al ser usados sólo para el tratamiento de efluentes.
Más del 80% de los biodigestores en funcionamiento en la Argentina desaprovechan su potencial para producir gas al ser usados sólo para el tratamiento de efluentes, destaca con el informe "El biogás en la Argentina: mapa de situación" difundido hoy por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
"Si se aprovechara el biogás que se desperdicia actualmente en los biodigestores nacionales, se podrían generar más de 4.200 garrafas extras de 1 kilogramo por día (lo que equivale al consumo promedio mensual de 420 hogares)", puntualiza.
El informe es el resultado de un trabajo realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otras entidades a fin de elaborar un plan estratégico y sostenido de aprovechamiento del biogas para diversificar la matriz energética argentina.
Del censo realizado se determinó que en el país existen 105 plantas que utilizan biodigestión anaeróbica, concentradas mayoritariamente en Santa Fe (27%), mientras que las restantes se ubican en 16 provincias.
De ese total, el estudio relevó el funcionamiento de 62 plantas, que emplean biodigestores ya sea para el tratamiento de efluentes o para la generación de energía.
De las plantas relevadas, el 53% corresponden al sector privado y el 37% al sector público, en tanto que el resto se dividen entre organizaciones no gubernamentales, cooperativas y desarrollos familiares.
En relación a su funcionamiento, el 85,3% utilizan los biodigestores para el tratamiento de efluentes, en tanto que del sector privado sólo un 6% los utiliza con fines energéticos.
En el sector público el 54,2% se construyeron con fines de tratamiento, y el 33,3% con funcionalidad educativa o de investigación.
“El trabajo realizado da cuenta de la existencia de un sector industrial que entiende a la biodigestión anaeróbica como una etapa necesaria dentro del tratamiento de sus efluentes, y no como una alternativa exclusiva de generación de energía”, explica Víctor Goicoa de INTI-San Luis, quien formó parte del equipo de trabajo.
Otro de los resultados que se observa es que los déficits de los equipos instalados tienen su origen en diferentes tipo de falencias operativas, constructivas y tecnológicas, lo cual permitirá planificar acciones articuladas entre el sector público y privado, orientadas a favorecer el despegue del sector bioenergético, para el cual nuestro país cuenta con importantes ventajas competitivas.
“Entre las metas que deben figurar necesariamente en la agenda que el sector tiene por delante se encuentran el desarrollo de un manual de recomendaciones de seguridad en plantas de biogás, y la consolidación de capacidades de laboratorio y asistencia técnica en todo el territorio nacional. En todas estas líneas, el INTI puede asistir a la industria y brindar su experiencia para potenciar el sector”, señaló Goicoa.
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