Riachuelo: poca población trasladada
08:00 | 
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Vivir a orillas del Riachuelo: sólo el 14% de la gente mejoró su situación
Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento la cuenca avanza a paso lento
Lo establece un informe de la AGN. Se demora la construcción de viviendas para mudar a miles de personas que viven en asentamientos.
La semana que viene, los gobiernos de Nación, Ciudad y Provincia tendrán que presentar ante la Corte Suprema de Justicia el informe sobre las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza - Riachuelo. Datos actualizados a septiembre de 2016 que permitirán conocer en que situación se encuentra uno de los cursos de agua más contaminados del planeta. Anticipándose a esta situación, la Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un informe preocupante: analiza el período 2010-2014 y establece que se lograron pocos avances en puntos clave como el saneamiento de basurales, la limpieza de las márgenes y la relocalización de la gente que vive en los asentamientos, tanto del lado de Provincia como el de Capital. En este punto, el informe establece que se mejoró la situación de sólo el 14% de la gente que vive en los asentamientos a orillas del Riachuelo.
La AGN produce más de 300 informes al año y la manera más efectiva de hacerlo es delimitar el alcance del objeto de la auditoria; este es el motivo por el que un informe aborda el tema compras y contrataciones y el otro, dos lineamientos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), asentamientos y ordenamiento ambiental del territorio. "Han surgido datos alarmantes. Por ejemplo, la diferencia en el costo por kilómetro pagado de limpieza de los bordes, 17 veces la diferencia entre un municipio y otro", objetó Jesús Rodríguez, uno de los siete auditores generales del organismo. Rodríguez realizó el trabajo junto a Alejandro Nieva. El informe hace referencia a lo que pagó el municipio de Almirante Brown por km del saneamiento del tramo Arroyo del Rey ($ 89.334) y el de Lanús, por el tramo Hornos - Viamonte ($ 1.620.029).
En relación al ordenamiento ambiental del territorio -la cuenca abarca una superficie de 2.338 kilómetros cuadrados en la Ciudad y 14 municipios bonaerenses- la AGN entendió "que no se logró ningún avance sustantivo", pese a que se destinaron $ 3.804 millones del total del presupuesto PISA, que es de $21.919 millones. Con respecto a la urbanización de villas y asentamientos, unos de los pilares del saneamiento, destacaron que "sólo el 14 de las soluciones habitacionales comprometidas con los municipios habían sido concluidas".
Como ejemplo, el estudio se enfocó en tres asentamientos. En Villa Inflamable (en el Dock Sud), en 2012, se acordó con el municipio de Avellaneda mudar a las familias, pero para 2015 aún no había comenzado la construcción de las viviendas nuevas. En la Villa 21-24 Padre Mugica (en Barracas) se realizó menos del 10% de las relocalizaciones. En el caso de 60 casas entregadas, los vecinos denunciaron vicios ocultos en la construcción; las viviendas fueron entregadas sin la inspección técnica de ACUMAR, denunció la AGN. Finalmente, en la Villa 26, también de Barracas, las autoridades desconocían el número de familias a relocalizar.
El plan de saneamiento de toda la cuenca prevé la solución habitacional para 17.771 familias. En diálogo con Clarín, un asesor técnico de la Ciudad explicó: "En 2010, a expensas de los juzgados intervinientes, se determinó que la Ciudad tenía que relocalizar 2.400 viviendas, las de Rodrigo Bueno, Lamadrid y las que están ubicadas en el camino de sirga. Entre 2012 y 2015 ya relocalizó 570. Restan 1.830 que están en diferentes situaciones, porque las de Rodrigo Bueno no se van a mudar, ya que ese barrio se va a urbanizar. Por otro lado, la Ciudad tiene una metodología diferente para realizar la limpieza de márgenes, ya que paga con sus propios recursos, a través de una licitación pública. Se paga alrededor de 20 millones de pesos por año para hacer este trabajo", destacaron.
En rigor, el último informe oficial de la ACUMAR dijo que recién para 2027 el agua iba a estar oxigenada. Y en una entrevista reciente con este diario, el titular de la Autoridad de Cuenca (compuesta por los tres gobiernos), Julio Torti, admitió que "en siete años podría haber una diferencia importante en la calidad del agua"; una vez que se controle la adecuación de las industrias que mas contaminan, entre otras acciones.
Jesús Rodríguez lamentó que "el trabajo de la auditoria revela ineficiencia y destrato a los compatriotas en situación de emergencia social". Por delante, y por primera vez en décadas, los tres gobiernos, del mismo signo político, no tendrán excusas y no podrán tirarse la pelota unos a otros.
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Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento la cuenca avanza a paso lento
Lo establece un informe de la AGN. Se demora la construcción de viviendas para mudar a miles de personas que viven en asentamientos.
La semana que viene, los gobiernos de Nación, Ciudad y Provincia tendrán que presentar ante la Corte Suprema de Justicia el informe sobre las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza - Riachuelo. Datos actualizados a septiembre de 2016 que permitirán conocer en que situación se encuentra uno de los cursos de agua más contaminados del planeta. Anticipándose a esta situación, la Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un informe preocupante: analiza el período 2010-2014 y establece que se lograron pocos avances en puntos clave como el saneamiento de basurales, la limpieza de las márgenes y la relocalización de la gente que vive en los asentamientos, tanto del lado de Provincia como el de Capital. En este punto, el informe establece que se mejoró la situación de sólo el 14% de la gente que vive en los asentamientos a orillas del Riachuelo.
La AGN produce más de 300 informes al año y la manera más efectiva de hacerlo es delimitar el alcance del objeto de la auditoria; este es el motivo por el que un informe aborda el tema compras y contrataciones y el otro, dos lineamientos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), asentamientos y ordenamiento ambiental del territorio. "Han surgido datos alarmantes. Por ejemplo, la diferencia en el costo por kilómetro pagado de limpieza de los bordes, 17 veces la diferencia entre un municipio y otro", objetó Jesús Rodríguez, uno de los siete auditores generales del organismo. Rodríguez realizó el trabajo junto a Alejandro Nieva. El informe hace referencia a lo que pagó el municipio de Almirante Brown por km del saneamiento del tramo Arroyo del Rey ($ 89.334) y el de Lanús, por el tramo Hornos - Viamonte ($ 1.620.029).
En relación al ordenamiento ambiental del territorio -la cuenca abarca una superficie de 2.338 kilómetros cuadrados en la Ciudad y 14 municipios bonaerenses- la AGN entendió "que no se logró ningún avance sustantivo", pese a que se destinaron $ 3.804 millones del total del presupuesto PISA, que es de $21.919 millones. Con respecto a la urbanización de villas y asentamientos, unos de los pilares del saneamiento, destacaron que "sólo el 14 de las soluciones habitacionales comprometidas con los municipios habían sido concluidas".
Como ejemplo, el estudio se enfocó en tres asentamientos. En Villa Inflamable (en el Dock Sud), en 2012, se acordó con el municipio de Avellaneda mudar a las familias, pero para 2015 aún no había comenzado la construcción de las viviendas nuevas. En la Villa 21-24 Padre Mugica (en Barracas) se realizó menos del 10% de las relocalizaciones. En el caso de 60 casas entregadas, los vecinos denunciaron vicios ocultos en la construcción; las viviendas fueron entregadas sin la inspección técnica de ACUMAR, denunció la AGN. Finalmente, en la Villa 26, también de Barracas, las autoridades desconocían el número de familias a relocalizar.
El plan de saneamiento de toda la cuenca prevé la solución habitacional para 17.771 familias. En diálogo con Clarín, un asesor técnico de la Ciudad explicó: "En 2010, a expensas de los juzgados intervinientes, se determinó que la Ciudad tenía que relocalizar 2.400 viviendas, las de Rodrigo Bueno, Lamadrid y las que están ubicadas en el camino de sirga. Entre 2012 y 2015 ya relocalizó 570. Restan 1.830 que están en diferentes situaciones, porque las de Rodrigo Bueno no se van a mudar, ya que ese barrio se va a urbanizar. Por otro lado, la Ciudad tiene una metodología diferente para realizar la limpieza de márgenes, ya que paga con sus propios recursos, a través de una licitación pública. Se paga alrededor de 20 millones de pesos por año para hacer este trabajo", destacaron.
En rigor, el último informe oficial de la ACUMAR dijo que recién para 2027 el agua iba a estar oxigenada. Y en una entrevista reciente con este diario, el titular de la Autoridad de Cuenca (compuesta por los tres gobiernos), Julio Torti, admitió que "en siete años podría haber una diferencia importante en la calidad del agua"; una vez que se controle la adecuación de las industrias que mas contaminan, entre otras acciones.
Jesús Rodríguez lamentó que "el trabajo de la auditoria revela ineficiencia y destrato a los compatriotas en situación de emergencia social". Por delante, y por primera vez en décadas, los tres gobiernos, del mismo signo político, no tendrán excusas y no podrán tirarse la pelota unos a otros.
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El nuevo acuerdo federal minero recibe otras críticas
Avanza el nuevo acuerdo federal minero y surgen dudas sobre “la letra chica”
Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional y las provincias se propusieron consensuar un Nuevo Acuerdo Federal Minero antes de fin de año, lo cual requerirá del entendimiento en los 39 puntos del borrador discutido desde el miércoles en el marco del Consejo Federal de Minería (Cofemin), en la Casa Rosada, para generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.
“En la Nación y las provincias tenemos la responsabilidad de establecer las condiciones que permitan que la industria responsable se radique en la Argentina”, afirmó el ministro de Energías y Minería, Juan José Aranguren, al cierre del evento del que participaron desde el miércoles representantes de las 23 provincias, legisladores nacionales y de las cámaras empresarias del sector, en la Casa de Gobierno.
El Ministro explicó que “se dieron los primeros pasos hacia un nuevo acuerdo al definir los temas a consensuar que deben formar parte de una política de Estado” con el compromiso de la Nación y de las provincias de “lograrlo en los próximos dos meses, antes de fin de año”.
En diálogo con Tiemposur, algunos referentes de la minería santacruceña aseguraron que es un paso mas hacia la flexibilización laboral y una vuelta a los 90 en cuanto a las legislaciones que acabaron con derechos adquiridos de los trabajadores. Por otro lado el referente de YCRT Luis González aseguró que es la misma línea de lo ocurrido en Mendoza y en Vaca Muerta de la “mano de Pereira”. Por otro lado indicaron que un buen ejemplo para entender es lo que ocurrió con la denuncia a todos los convenios de la empresa minera de carbón.
Esto se sumaría, según manifestaron “al gran beneficio que ya obtuvieron las empresas mineras a principio de año con las retenciones y que no redundaron en una mayor inversión ni en un crecimiento de los puestos de trabajo”.
En las tres jornadas la discusión primaria fue el temario que guiará el desarrollo del acuerdo, el cual recibió varias modificaciones respecto a la propuesta inicial del Gobierno, y permitió consensuar el prólogo que dará lugar a los 39 puntos que ahora serán motivo de debate en las próximas semanas.
Propósito
La tarea requerirá armonizar la preservación ambiental, la política impositiva, los controles desde la Nación y las provincias, la renta producto de la actividad y la responsabilidad comunitaria, mediante un intercambio de propuestas que se desarrollará a partir de hoy hasta la realización de la próxima reunión del Cofemin.
Al dirigirse a los representantes provinciales y nacionales que tienen a su cargo la negociación del acuerdo, Aranguren planteó que el presidente Mauricio Macri “está muy ansioso” por lograr esta herramienta “lo más rápido posible, porque el país y la sociedad requieren un trabajo diligente para lograr las condiciones de generar más trabajo y reducir los niveles de pobreza”.
El ministro planteó, en ese mismo sentido, que el sector minero “puede discutir la renta, pero antes se debe decidir las condiciones por las cuales se quiere transformar los recursos en reservas, en producción y en riqueza para los argentinos”.
Respecto al objetivo de lograr un nuevo Acuerdo Federal Minero, Aranguren dijo que este debate “no es reeditar nada de lo que se hizo en 1992” que en julio de 1993 derivó en la sanción legislativa de un acuerdo sectorial, sino que hoy “se busca generar las condiciones para el desarrollo de una industria de forma responsable y generar más puestos de trabajo, más riqueza para el país”.
Pero el titular de la cartera nacional, advirtió que “desarrollar los recursos mineros no tiene otra forma que hacerlo bien” lo cual afirmó que implica “controlar adecuadamente las explotaciones mineras, castigar a aquel que por falta de control o por una viveza mal entendida transforma al sector en algo que la sociedad no quiere y no puede aceptar”.
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Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional y las provincias se propusieron consensuar un Nuevo Acuerdo Federal Minero antes de fin de año, lo cual requerirá del entendimiento en los 39 puntos del borrador discutido desde el miércoles en el marco del Consejo Federal de Minería (Cofemin), en la Casa Rosada, para generar las condiciones para el desarrollo de la actividad.
“En la Nación y las provincias tenemos la responsabilidad de establecer las condiciones que permitan que la industria responsable se radique en la Argentina”, afirmó el ministro de Energías y Minería, Juan José Aranguren, al cierre del evento del que participaron desde el miércoles representantes de las 23 provincias, legisladores nacionales y de las cámaras empresarias del sector, en la Casa de Gobierno.
El Ministro explicó que “se dieron los primeros pasos hacia un nuevo acuerdo al definir los temas a consensuar que deben formar parte de una política de Estado” con el compromiso de la Nación y de las provincias de “lograrlo en los próximos dos meses, antes de fin de año”.
En diálogo con Tiemposur, algunos referentes de la minería santacruceña aseguraron que es un paso mas hacia la flexibilización laboral y una vuelta a los 90 en cuanto a las legislaciones que acabaron con derechos adquiridos de los trabajadores. Por otro lado el referente de YCRT Luis González aseguró que es la misma línea de lo ocurrido en Mendoza y en Vaca Muerta de la “mano de Pereira”. Por otro lado indicaron que un buen ejemplo para entender es lo que ocurrió con la denuncia a todos los convenios de la empresa minera de carbón.
Esto se sumaría, según manifestaron “al gran beneficio que ya obtuvieron las empresas mineras a principio de año con las retenciones y que no redundaron en una mayor inversión ni en un crecimiento de los puestos de trabajo”.
En las tres jornadas la discusión primaria fue el temario que guiará el desarrollo del acuerdo, el cual recibió varias modificaciones respecto a la propuesta inicial del Gobierno, y permitió consensuar el prólogo que dará lugar a los 39 puntos que ahora serán motivo de debate en las próximas semanas.
Propósito
La tarea requerirá armonizar la preservación ambiental, la política impositiva, los controles desde la Nación y las provincias, la renta producto de la actividad y la responsabilidad comunitaria, mediante un intercambio de propuestas que se desarrollará a partir de hoy hasta la realización de la próxima reunión del Cofemin.
Al dirigirse a los representantes provinciales y nacionales que tienen a su cargo la negociación del acuerdo, Aranguren planteó que el presidente Mauricio Macri “está muy ansioso” por lograr esta herramienta “lo más rápido posible, porque el país y la sociedad requieren un trabajo diligente para lograr las condiciones de generar más trabajo y reducir los niveles de pobreza”.
El ministro planteó, en ese mismo sentido, que el sector minero “puede discutir la renta, pero antes se debe decidir las condiciones por las cuales se quiere transformar los recursos en reservas, en producción y en riqueza para los argentinos”.
Respecto al objetivo de lograr un nuevo Acuerdo Federal Minero, Aranguren dijo que este debate “no es reeditar nada de lo que se hizo en 1992” que en julio de 1993 derivó en la sanción legislativa de un acuerdo sectorial, sino que hoy “se busca generar las condiciones para el desarrollo de una industria de forma responsable y generar más puestos de trabajo, más riqueza para el país”.
Pero el titular de la cartera nacional, advirtió que “desarrollar los recursos mineros no tiene otra forma que hacerlo bien” lo cual afirmó que implica “controlar adecuadamente las explotaciones mineras, castigar a aquel que por falta de control o por una viveza mal entendida transforma al sector en algo que la sociedad no quiere y no puede aceptar”.
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Si atrapan a quien ahorcó al condor, se viene la multa
Ambiente podría multar al responsable hasta con 2 millones de pesos
Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Irene Soler, secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Salta, en diálogo con InformateSalta, se refirió al cóndor que fue hallado sin vida colgado de un árbol en la localidad de Ampascachi y expresó que una vez realizada la denuncia correspondiente por los testigos del hecho, iniciarán un sumario.
Además lamentó que pese a los trabajos de concientización realizados tras la liberación del cóndor “Luracatao” de Seclantás, se sigan suscitando este tipo de hechos. “Se visitaron escuelas secundarias, primarias, se hizo todo un trabajo sobre la población que duró más de dos semanas”, dijo.
En ese sentido, agregó que hace dos semanas dictaron un taller de educación ambiental en las escuelas de La Viña. “Es permanente la salida de nuestro programa al interior, sabemos que el trabajo no va a tener resultados a corto plazo, pero bueno es algo en lo que venimos trabajando y hay que seguir trabajando”, enfatizó.
No obstante, consideró que la indignación que produjo la muerte del ave es una señal que existe una valoración de la fauna nativa. “Todavía no sabemos si ha sido muerto por ser visto como una amenaza para el ganado o por un cazador furtivo, sabemos que hay gente que disfruta con matar animales, pero lo más común es que al cóndor se lo ve como una amenaza”, sostuvo.
Soler, también, manifestó que la ley de medio ambiente establece multas para aquellos responsables de atentar contra la fauna en Salta. Los valores pueden ser hasta de 100 mil litros de nafta super, lo que equivaldría a 2 millones de pesos.
Por último, adelantó que el próximo 6 de diciembre iniciará una muestra en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) sobre cóndor andino que tiene por objeto generar conciencia y que se extenderá por un mes. “Vamos a recibir una muestra de fotografías y de pintura, que han ido siguiendo las liberaciones del cóndor”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 24/11/2016
Fuente: Informate Salta
Provincia/Región: Salta
Irene Soler, secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Salta, en diálogo con InformateSalta, se refirió al cóndor que fue hallado sin vida colgado de un árbol en la localidad de Ampascachi y expresó que una vez realizada la denuncia correspondiente por los testigos del hecho, iniciarán un sumario.
Además lamentó que pese a los trabajos de concientización realizados tras la liberación del cóndor “Luracatao” de Seclantás, se sigan suscitando este tipo de hechos. “Se visitaron escuelas secundarias, primarias, se hizo todo un trabajo sobre la población que duró más de dos semanas”, dijo.
En ese sentido, agregó que hace dos semanas dictaron un taller de educación ambiental en las escuelas de La Viña. “Es permanente la salida de nuestro programa al interior, sabemos que el trabajo no va a tener resultados a corto plazo, pero bueno es algo en lo que venimos trabajando y hay que seguir trabajando”, enfatizó.
No obstante, consideró que la indignación que produjo la muerte del ave es una señal que existe una valoración de la fauna nativa. “Todavía no sabemos si ha sido muerto por ser visto como una amenaza para el ganado o por un cazador furtivo, sabemos que hay gente que disfruta con matar animales, pero lo más común es que al cóndor se lo ve como una amenaza”, sostuvo.
Soler, también, manifestó que la ley de medio ambiente establece multas para aquellos responsables de atentar contra la fauna en Salta. Los valores pueden ser hasta de 100 mil litros de nafta super, lo que equivaldría a 2 millones de pesos.
Por último, adelantó que el próximo 6 de diciembre iniciará una muestra en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) sobre cóndor andino que tiene por objeto generar conciencia y que se extenderá por un mes. “Vamos a recibir una muestra de fotografías y de pintura, que han ido siguiendo las liberaciones del cóndor”, finalizó.
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Garantizan la remediación de la golpeada Abra Pampa
Garantizan última etapa de remediación ambiental en Abra Pampa
Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Con el propósito de garantizar la presencia del gobierno en el territorio, la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, junto a concejales de Abra Pampa y miembros del equipo del Programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN), recorrieron la zona donde se están iniciando las obras para finalizar con la última etapa de remediación de Metal Huasi, que consiste en la remoción, transporte y disposición final de suelo impactado.
Zigarán, acompañada por un equipo técnico, se reunió en primera instancia con el intendente de Abra Pampa, José Luis Liquín, concejales de los diferentes bloques que integran el poder legislativo municipal, y el Lic. Rolando Cabrera (GEAMIN), con el objeto de conversar sobre los avances en la última etapa de remediación de los pasivos ambientales que la ex fundidora Metal Huasi había generado en el pueblo puneño.
Se trata de un trabajo que se inscribe dentro del Programa II Gestión Ambiental Minera (GEAMIN), y el cual prevé remover un volumen aproximado de 1.200 m3 de suelo impactado ubicado por debajo del nivel de material que fue removido oportunamente, en la periferia del barrio 12 de octubre de Abra Pampa. Los trabajos, que tendrán una duración de aproximadamente un mes, serán realizados por la empresa Beton S.R.L. con todas las medidas de seguridad necesarias para el caso.
"Estamos participando de esta última etapa del proceso porque nos hemos comprometido a hacer un trabajo de monitoreo y de fiscalización, pero además también venimos a conversar con la comunidad para garantizar que el proceso se va a realizar de acuerdo a normas y estándares de seguridad ambiental”, evaluó la Ministra.
Describió además, que se trata de un proceso que incluye la participación y el compromiso de diversos actores: la subsecretaría de política minera con Santiago Dondo a la cabeza, la secretaría de minería de nación, el GEAMIN, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), la secretaría de pueblos indígenas cuya referente es Natalia Sarapura, el propio ministerio de ambiente de la provincia.
"Junto con Santiago Dondo, Rolando Cabrera, y otros miembros de la secretaria de minería de nación, el ministerio de ambiente y la secretaría de minería de la provincia que lidera Miguel Soler, hemos trabajado con las comunidades para informarles de qué se trata esta etapa del proceso, para que supieran qué tipos de tierras son las que se van a depositar en la cava, qué medidas de seguridad se van a tomar en esa zona, y también para ponernos a disposición y como garantes de la fiscalización ambiental”, concluyó.
Procedimientos y medidas de seguridad
Por otro lado, Rolando Cabrera, del GEAMIN, brindó precisiones respecto a los trabajos y las medidas de seguridad que se van a adoptar durante todo el proceso.
"Estamos realizando trabajos de delimitación de las áreas a remediar. Tenemos delimitados cinco sectores, que son el resultado de un estudio detallado realizado hace tres meses atrás, desde el comité de inspección y supervisión”, puntualizó.
Concretamente, realizaron mediciones a través de un espectrómetro que permite registrar los componentes que tiene el suelo a remover, obteniendo como resultado de cinco áreas sobre las cuales van a trabajar y remover suelo afectado por las escorias de la ex fundidora.
Cabrera detalló además que, luego de remover la tierra, "vamos a colocar un nivel de cal para neutralizar el PH, y encima se coloca suelo que no esté afectado, para depositar y devolverle al suelo el relieve que naturalmente tenía”.
Por último, explicó que respecto a las medidas de higiene y seguridad, señalando que "estamos levantando un vallado, un cercado perimetral que cumple funciones de evitar el ingreso de personas al área de trabajo, y evitar la dispersión de material particulado cuando se realiza el trabajo”. "Vamos a señalizar la zona, y proceder a un regado para dar una determinada humedad y evitar que las partículas se vuelen por medio de los vientos; lo mismo que durante el transporte, vamos a contener el material en los camiones de manera tal que no se dispersen”, completó.
Compromiso gubernamental
Finalmente, los concejales Méndez, Armella, Ramos y Llampa y el secretario de Ambiente del municipio abrapampeño, Raúl Gutiérrez, agradecieron la presencia de la ministra, interpretándola como un gesto de garantía y compromiso frente a una demanda histórica de la comunidad.
Asimismo, le confiaron el deseo de que la obra pueda concluir, resguardando la integridad de los habitantes del pueblo, remediando un pasivo ambiental que les causó enormes daños a la salud de sus miembros.
Como conclusión, quedó el compromiso de sostener encuentros permanentes a lo largo de todo el proceso, para llegar a la etapa de auditoría ambiental con una participación conjunta que le brinde a la comunidad los resultados de un trabajo eficiente.
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Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Con el propósito de garantizar la presencia del gobierno en el territorio, la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, junto a concejales de Abra Pampa y miembros del equipo del Programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN), recorrieron la zona donde se están iniciando las obras para finalizar con la última etapa de remediación de Metal Huasi, que consiste en la remoción, transporte y disposición final de suelo impactado.
Zigarán, acompañada por un equipo técnico, se reunió en primera instancia con el intendente de Abra Pampa, José Luis Liquín, concejales de los diferentes bloques que integran el poder legislativo municipal, y el Lic. Rolando Cabrera (GEAMIN), con el objeto de conversar sobre los avances en la última etapa de remediación de los pasivos ambientales que la ex fundidora Metal Huasi había generado en el pueblo puneño.
Se trata de un trabajo que se inscribe dentro del Programa II Gestión Ambiental Minera (GEAMIN), y el cual prevé remover un volumen aproximado de 1.200 m3 de suelo impactado ubicado por debajo del nivel de material que fue removido oportunamente, en la periferia del barrio 12 de octubre de Abra Pampa. Los trabajos, que tendrán una duración de aproximadamente un mes, serán realizados por la empresa Beton S.R.L. con todas las medidas de seguridad necesarias para el caso.
"Estamos participando de esta última etapa del proceso porque nos hemos comprometido a hacer un trabajo de monitoreo y de fiscalización, pero además también venimos a conversar con la comunidad para garantizar que el proceso se va a realizar de acuerdo a normas y estándares de seguridad ambiental”, evaluó la Ministra.
Describió además, que se trata de un proceso que incluye la participación y el compromiso de diversos actores: la subsecretaría de política minera con Santiago Dondo a la cabeza, la secretaría de minería de nación, el GEAMIN, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), la secretaría de pueblos indígenas cuya referente es Natalia Sarapura, el propio ministerio de ambiente de la provincia.
"Junto con Santiago Dondo, Rolando Cabrera, y otros miembros de la secretaria de minería de nación, el ministerio de ambiente y la secretaría de minería de la provincia que lidera Miguel Soler, hemos trabajado con las comunidades para informarles de qué se trata esta etapa del proceso, para que supieran qué tipos de tierras son las que se van a depositar en la cava, qué medidas de seguridad se van a tomar en esa zona, y también para ponernos a disposición y como garantes de la fiscalización ambiental”, concluyó.
Procedimientos y medidas de seguridad
Por otro lado, Rolando Cabrera, del GEAMIN, brindó precisiones respecto a los trabajos y las medidas de seguridad que se van a adoptar durante todo el proceso.
"Estamos realizando trabajos de delimitación de las áreas a remediar. Tenemos delimitados cinco sectores, que son el resultado de un estudio detallado realizado hace tres meses atrás, desde el comité de inspección y supervisión”, puntualizó.
Concretamente, realizaron mediciones a través de un espectrómetro que permite registrar los componentes que tiene el suelo a remover, obteniendo como resultado de cinco áreas sobre las cuales van a trabajar y remover suelo afectado por las escorias de la ex fundidora.
Cabrera detalló además que, luego de remover la tierra, "vamos a colocar un nivel de cal para neutralizar el PH, y encima se coloca suelo que no esté afectado, para depositar y devolverle al suelo el relieve que naturalmente tenía”.
Por último, explicó que respecto a las medidas de higiene y seguridad, señalando que "estamos levantando un vallado, un cercado perimetral que cumple funciones de evitar el ingreso de personas al área de trabajo, y evitar la dispersión de material particulado cuando se realiza el trabajo”. "Vamos a señalizar la zona, y proceder a un regado para dar una determinada humedad y evitar que las partículas se vuelen por medio de los vientos; lo mismo que durante el transporte, vamos a contener el material en los camiones de manera tal que no se dispersen”, completó.
Compromiso gubernamental
Finalmente, los concejales Méndez, Armella, Ramos y Llampa y el secretario de Ambiente del municipio abrapampeño, Raúl Gutiérrez, agradecieron la presencia de la ministra, interpretándola como un gesto de garantía y compromiso frente a una demanda histórica de la comunidad.
Asimismo, le confiaron el deseo de que la obra pueda concluir, resguardando la integridad de los habitantes del pueblo, remediando un pasivo ambiental que les causó enormes daños a la salud de sus miembros.
Como conclusión, quedó el compromiso de sostener encuentros permanentes a lo largo de todo el proceso, para llegar a la etapa de auditoría ambiental con una participación conjunta que le brinde a la comunidad los resultados de un trabajo eficiente.
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Mendoza: luego de la "Mesa de Diálogo", la minería pica
El Gobierno apura un plan minero 'sustentable'
Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se basa en 52 ponencias pedidas por el Gobierno para avanzar. Prometen explotación con control ambiental. Buscan convertir a Mendoza en fuerte proveedor de hierro para obras públicas.
Pasó la llamada Mesa de Diálogo Minero, la apuesta oficial para recoger inquietudes sobre la actividad en Mendoza, y de a poco la postura del Gobierno mendocino acerca del futuro de la minería en la provincia empieza a tomar forma.
De hecho, mientras apura las definiciones en torno a Potasio Río Colorado (ver aparte), luego de una reunión en Malargüe los funcionarios del área ya trabajan en la definición de la nueva política minera que se dará a conocer antes de fin de año.
Según el subsecretario de Minería, Hidrocarburos y Energía, Emilio Guiñazú, “están analizándose las 52 ponencias de la mesa de diálogo acerca de cuestiones ambientales y socio-económicas para elaborar una propuesta de matriz. El objetivo no es mirar el corto plazo sino la política minera a 20 años”.
En ese proceso, se espera que en las próximas semanas vengan a Mendoza directivos de CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) y también del equipo de la Secretaría de Minería de la Nación, que conduce Daniel Meilán.
Todo se da en un contexto nacional que apunta a favorecer la actividad minera a partir de una reformulación de la normativa vigente. En paralelo a la definición del plan provincial, la semana última (martes 15 y miércoles 16) Guiñazú participó por Mendoza junto a otras 23 provincias de una reunión para avanzar en el nuevo Pacto Federal, que data de 1994.
“La nueva versión apunta a elevar los estándares de explotación, tanto socio-ambientales, de transparencia y control. A nivel mundial ya se acabó la idea de hacer minería a cualquier precio”, enfatizó Guiñazú, en una suerte de guiño a quienes reclaman un control estricto de la actividad.
En tal sentido, desde el seno del Ejecutivo reafirman que la discutida ley 7722, que desde 2007 regula a nivel local la explotación metalífera “no se toca”. Precisamente, el blanco constante del sector minero, que demoniza la norma atribuyéndole la falta de inversiones en Mendoza.
Igualmente, hay otros aspectos claves para Mendoza: desde las regalías mineras hasta el reparto de impuestos federales con la Nación, además del rol de las empresas.
Desde la Camem habían advertido ya a principios de año, en un tiro por elevación al Ejecutivo mendocino, que veían con beneplácito las señales del Gobierno nacional pese a la indefinición de la Provincia.
Mendoza proveedora
El trabajo de reformulación de la política minera, cuando aún resta el plato fuerte que es la explotación metalífera, ya comenzó.
El propósito del Ejecutivo es terminar de modificar la ley 8434, que regula a la minería de 2da y 3era Categoría (minas y canteras), lo que incluye la trazabilidad de los productos.
Para eso, en paralelo, los funcionarios recogieron experiencias de Olavarría y Córdoba, principal proveedor de materiales para el Plan Belgrano para el norte del país.
“Si se aprobara Hierro Indio, Mendoza podría participar también como proveedor de hierro para el Plan Belgrano. Y sustituir todas las importaciones del mineral de Argentina”, puntualizó Guiñazú.
La proyección de Hierro Indio, uno de los emprendimientos a relanzar luego de la presentación del plan, promete extraer 100.000 toneladas de hierro al año.
En la lista aparecen también San Jorge con su proyecto de oro y cobre en Uspallata. Si bien está listo para empezar con la explotación, resta definir una nueva guía de trabajo (que exima el uso de sustancias prohibidas) o bien retomar parte del esquema original, basado en el método de flotación
Mientras Cerro Amarillo espera definición del informe de Impacto Ambiental para avanzar en Malargüe con la explotación de oro y cobre (se frenó por un informe que planteaba la afectación de glaciares en la zona), el proyecto de uranio de Sierra Pintada se debate entre los trabajos de remediación de pasivos y retomar la explotación, aseguran en el sector “depende de una decisión política”.
Normativa de calidad
En cualquier caso, el potencial de Malargüe pretende ser la ciudad para defender el nuevo modelo de minería.
Allí, una convocatoria días pasados reunió a 500 asistentes, entre dirigentes, empresarios y el municipio encolumnados detrás de la reactivación: el Gobierno asumió que el potencial geológico del departamento, su impacto socio-económico y que por ser una zona “minero-dependiente”, requiere un “tratamiento especial”.
Según Mario Chabert, presidente de la Camem, “el apoyo de Malargüe es clave para sostener una matriz sobre qué tipo de minería, dónde y cómo se puede desarrollar, dentro del Pacto Federal Minero”.
Con todo, desde Camem esgrimen los números millonarios que concentra la minería en otras provincias: por caso más de U$S 4.000 millones en Catamarca y otros U$S 3.000 millones en el norte de San Juan.
“Estamos 10 años atrasados en el mapa de inversiones. Por eso no hay que pensar que 2017 sea para explotación sino para exploración”, acotó Chabert.
En Economía quieren ganar tiempo con la certificación de normativa internacional EITI, que garantiza la trazabilidad de cualquier emprendimiento.
Vale: un mes para iniciar la reformulación de Potasio
Después de los anuncios, llegó el momento de poner manos a la obra. Al menos esa fue la conclusión de la última reunión de trabajo entre el Gobierno y la minera Vale para reconfigurar el proyecto Potasio Río Colorado a 1/3 de su dimensión actual, que necesitaba asegurarse el decreto del gobernador Alfredo Cornejo.
Con el aval definitivo, ahora Vale tiene 30 días por delante para empezar con la consultoría que defina el nuevo proyecto, que se reducirá a 1,4 millón de toneladas anuales.
En paralelo, la compañía brasileña se compromete a encaminar la búsqueda de inversores por el 100 por ciento.
En números, significa que el potencial inversor deberá aportar no menos de U$S 1.000 millones.
El Gobierno, por su parte, promete supervisar el rediseño y la búsqueda, y Vale asegurarse la distribución exclusiva de sales en Brasil.
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Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se basa en 52 ponencias pedidas por el Gobierno para avanzar. Prometen explotación con control ambiental. Buscan convertir a Mendoza en fuerte proveedor de hierro para obras públicas.
Pasó la llamada Mesa de Diálogo Minero, la apuesta oficial para recoger inquietudes sobre la actividad en Mendoza, y de a poco la postura del Gobierno mendocino acerca del futuro de la minería en la provincia empieza a tomar forma.
De hecho, mientras apura las definiciones en torno a Potasio Río Colorado (ver aparte), luego de una reunión en Malargüe los funcionarios del área ya trabajan en la definición de la nueva política minera que se dará a conocer antes de fin de año.
Según el subsecretario de Minería, Hidrocarburos y Energía, Emilio Guiñazú, “están analizándose las 52 ponencias de la mesa de diálogo acerca de cuestiones ambientales y socio-económicas para elaborar una propuesta de matriz. El objetivo no es mirar el corto plazo sino la política minera a 20 años”.
En ese proceso, se espera que en las próximas semanas vengan a Mendoza directivos de CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) y también del equipo de la Secretaría de Minería de la Nación, que conduce Daniel Meilán.
Todo se da en un contexto nacional que apunta a favorecer la actividad minera a partir de una reformulación de la normativa vigente. En paralelo a la definición del plan provincial, la semana última (martes 15 y miércoles 16) Guiñazú participó por Mendoza junto a otras 23 provincias de una reunión para avanzar en el nuevo Pacto Federal, que data de 1994.
“La nueva versión apunta a elevar los estándares de explotación, tanto socio-ambientales, de transparencia y control. A nivel mundial ya se acabó la idea de hacer minería a cualquier precio”, enfatizó Guiñazú, en una suerte de guiño a quienes reclaman un control estricto de la actividad.
En tal sentido, desde el seno del Ejecutivo reafirman que la discutida ley 7722, que desde 2007 regula a nivel local la explotación metalífera “no se toca”. Precisamente, el blanco constante del sector minero, que demoniza la norma atribuyéndole la falta de inversiones en Mendoza.
Igualmente, hay otros aspectos claves para Mendoza: desde las regalías mineras hasta el reparto de impuestos federales con la Nación, además del rol de las empresas.
Desde la Camem habían advertido ya a principios de año, en un tiro por elevación al Ejecutivo mendocino, que veían con beneplácito las señales del Gobierno nacional pese a la indefinición de la Provincia.
Mendoza proveedora
El trabajo de reformulación de la política minera, cuando aún resta el plato fuerte que es la explotación metalífera, ya comenzó.
El propósito del Ejecutivo es terminar de modificar la ley 8434, que regula a la minería de 2da y 3era Categoría (minas y canteras), lo que incluye la trazabilidad de los productos.
Para eso, en paralelo, los funcionarios recogieron experiencias de Olavarría y Córdoba, principal proveedor de materiales para el Plan Belgrano para el norte del país.
“Si se aprobara Hierro Indio, Mendoza podría participar también como proveedor de hierro para el Plan Belgrano. Y sustituir todas las importaciones del mineral de Argentina”, puntualizó Guiñazú.
La proyección de Hierro Indio, uno de los emprendimientos a relanzar luego de la presentación del plan, promete extraer 100.000 toneladas de hierro al año.
En la lista aparecen también San Jorge con su proyecto de oro y cobre en Uspallata. Si bien está listo para empezar con la explotación, resta definir una nueva guía de trabajo (que exima el uso de sustancias prohibidas) o bien retomar parte del esquema original, basado en el método de flotación
Mientras Cerro Amarillo espera definición del informe de Impacto Ambiental para avanzar en Malargüe con la explotación de oro y cobre (se frenó por un informe que planteaba la afectación de glaciares en la zona), el proyecto de uranio de Sierra Pintada se debate entre los trabajos de remediación de pasivos y retomar la explotación, aseguran en el sector “depende de una decisión política”.
Normativa de calidad
En cualquier caso, el potencial de Malargüe pretende ser la ciudad para defender el nuevo modelo de minería.
Allí, una convocatoria días pasados reunió a 500 asistentes, entre dirigentes, empresarios y el municipio encolumnados detrás de la reactivación: el Gobierno asumió que el potencial geológico del departamento, su impacto socio-económico y que por ser una zona “minero-dependiente”, requiere un “tratamiento especial”.
Según Mario Chabert, presidente de la Camem, “el apoyo de Malargüe es clave para sostener una matriz sobre qué tipo de minería, dónde y cómo se puede desarrollar, dentro del Pacto Federal Minero”.
Con todo, desde Camem esgrimen los números millonarios que concentra la minería en otras provincias: por caso más de U$S 4.000 millones en Catamarca y otros U$S 3.000 millones en el norte de San Juan.
“Estamos 10 años atrasados en el mapa de inversiones. Por eso no hay que pensar que 2017 sea para explotación sino para exploración”, acotó Chabert.
En Economía quieren ganar tiempo con la certificación de normativa internacional EITI, que garantiza la trazabilidad de cualquier emprendimiento.
Vale: un mes para iniciar la reformulación de Potasio
Después de los anuncios, llegó el momento de poner manos a la obra. Al menos esa fue la conclusión de la última reunión de trabajo entre el Gobierno y la minera Vale para reconfigurar el proyecto Potasio Río Colorado a 1/3 de su dimensión actual, que necesitaba asegurarse el decreto del gobernador Alfredo Cornejo.
Con el aval definitivo, ahora Vale tiene 30 días por delante para empezar con la consultoría que defina el nuevo proyecto, que se reducirá a 1,4 millón de toneladas anuales.
En paralelo, la compañía brasileña se compromete a encaminar la búsqueda de inversores por el 100 por ciento.
En números, significa que el potencial inversor deberá aportar no menos de U$S 1.000 millones.
El Gobierno, por su parte, promete supervisar el rediseño y la búsqueda, y Vale asegurarse la distribución exclusiva de sales en Brasil.
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Biodigestores desaprovechados
Más del 80% de los biodigestores desaprovechan su potencial
Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El INTI destacó en un informe que los biodigestores en funcionamiento en la Argentina desaprovechan su potencial para producir gas al ser usados sólo para el tratamiento de efluentes.
Más del 80% de los biodigestores en funcionamiento en la Argentina desaprovechan su potencial para producir gas al ser usados sólo para el tratamiento de efluentes, destaca con el informe "El biogás en la Argentina: mapa de situación" difundido hoy por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
"Si se aprovechara el biogás que se desperdicia actualmente en los biodigestores nacionales, se podrían generar más de 4.200 garrafas extras de 1 kilogramo por día (lo que equivale al consumo promedio mensual de 420 hogares)", puntualiza.
El informe es el resultado de un trabajo realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otras entidades a fin de elaborar un plan estratégico y sostenido de aprovechamiento del biogas para diversificar la matriz energética argentina.
Del censo realizado se determinó que en el país existen 105 plantas que utilizan biodigestión anaeróbica, concentradas mayoritariamente en Santa Fe (27%), mientras que las restantes se ubican en 16 provincias.
De ese total, el estudio relevó el funcionamiento de 62 plantas, que emplean biodigestores ya sea para el tratamiento de efluentes o para la generación de energía.
De las plantas relevadas, el 53% corresponden al sector privado y el 37% al sector público, en tanto que el resto se dividen entre organizaciones no gubernamentales, cooperativas y desarrollos familiares.
En relación a su funcionamiento, el 85,3% utilizan los biodigestores para el tratamiento de efluentes, en tanto que del sector privado sólo un 6% los utiliza con fines energéticos.
En el sector público el 54,2% se construyeron con fines de tratamiento, y el 33,3% con funcionalidad educativa o de investigación.
“El trabajo realizado da cuenta de la existencia de un sector industrial que entiende a la biodigestión anaeróbica como una etapa necesaria dentro del tratamiento de sus efluentes, y no como una alternativa exclusiva de generación de energía”, explica Víctor Goicoa de INTI-San Luis, quien formó parte del equipo de trabajo.
Otro de los resultados que se observa es que los déficits de los equipos instalados tienen su origen en diferentes tipo de falencias operativas, constructivas y tecnológicas, lo cual permitirá planificar acciones articuladas entre el sector público y privado, orientadas a favorecer el despegue del sector bioenergético, para el cual nuestro país cuenta con importantes ventajas competitivas.
“Entre las metas que deben figurar necesariamente en la agenda que el sector tiene por delante se encuentran el desarrollo de un manual de recomendaciones de seguridad en plantas de biogás, y la consolidación de capacidades de laboratorio y asistencia técnica en todo el territorio nacional. En todas estas líneas, el INTI puede asistir a la industria y brindar su experiencia para potenciar el sector”, señaló Goicoa.
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Fecha de Publicación: 23/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El INTI destacó en un informe que los biodigestores en funcionamiento en la Argentina desaprovechan su potencial para producir gas al ser usados sólo para el tratamiento de efluentes.
Más del 80% de los biodigestores en funcionamiento en la Argentina desaprovechan su potencial para producir gas al ser usados sólo para el tratamiento de efluentes, destaca con el informe "El biogás en la Argentina: mapa de situación" difundido hoy por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
"Si se aprovechara el biogás que se desperdicia actualmente en los biodigestores nacionales, se podrían generar más de 4.200 garrafas extras de 1 kilogramo por día (lo que equivale al consumo promedio mensual de 420 hogares)", puntualiza.
El informe es el resultado de un trabajo realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otras entidades a fin de elaborar un plan estratégico y sostenido de aprovechamiento del biogas para diversificar la matriz energética argentina.
Del censo realizado se determinó que en el país existen 105 plantas que utilizan biodigestión anaeróbica, concentradas mayoritariamente en Santa Fe (27%), mientras que las restantes se ubican en 16 provincias.
De ese total, el estudio relevó el funcionamiento de 62 plantas, que emplean biodigestores ya sea para el tratamiento de efluentes o para la generación de energía.
De las plantas relevadas, el 53% corresponden al sector privado y el 37% al sector público, en tanto que el resto se dividen entre organizaciones no gubernamentales, cooperativas y desarrollos familiares.
En relación a su funcionamiento, el 85,3% utilizan los biodigestores para el tratamiento de efluentes, en tanto que del sector privado sólo un 6% los utiliza con fines energéticos.
En el sector público el 54,2% se construyeron con fines de tratamiento, y el 33,3% con funcionalidad educativa o de investigación.
“El trabajo realizado da cuenta de la existencia de un sector industrial que entiende a la biodigestión anaeróbica como una etapa necesaria dentro del tratamiento de sus efluentes, y no como una alternativa exclusiva de generación de energía”, explica Víctor Goicoa de INTI-San Luis, quien formó parte del equipo de trabajo.
Otro de los resultados que se observa es que los déficits de los equipos instalados tienen su origen en diferentes tipo de falencias operativas, constructivas y tecnológicas, lo cual permitirá planificar acciones articuladas entre el sector público y privado, orientadas a favorecer el despegue del sector bioenergético, para el cual nuestro país cuenta con importantes ventajas competitivas.
“Entre las metas que deben figurar necesariamente en la agenda que el sector tiene por delante se encuentran el desarrollo de un manual de recomendaciones de seguridad en plantas de biogás, y la consolidación de capacidades de laboratorio y asistencia técnica en todo el territorio nacional. En todas estas líneas, el INTI puede asistir a la industria y brindar su experiencia para potenciar el sector”, señaló Goicoa.
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Inicia juicio por homicidio de un niño con agrotóxicos
Un productor de tomates va a juicio oral por el homicidio de un niño intoxicado con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 22/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Corrientes
Su "pecado" fue salir a jugar al patio de su casa con su prima Celeste. Nicolás Arévalo tenía cuatro años cuando en la tarde del 2 de abril de 2011 inhaló el endosulfán con el que estaban fumigando el campo de tomates que estaba pegado a su casa, en el Paraje Puerto Viejo de la localidad correntina de Lavalle. Dos días más tarde falleció. Hoy comienza un histórico juicio oral por su muerte, en lo que será el primer proceso penal de la historia argentina en el que se ventilará un homicidio por el uso de agrotóxicos.
La autopsia de Nicolás arrojó que murió por una intoxicación con endosulfán. Su prima Celeste se salvó porque le practicaron una hemofiltración y la trasladaron al Hospital Garrahan, donde le salvaron la vida, luego de haber estado en coma. Todavía hoy sufre las consecuencias de esa fatídica tarde, en la que luego de jugar fueron a hacer unos mandados y atravesaron un vado por el que supuestamente la finca drenaba los líquidos con los que fumigaba sus tomates. Pero en su familia están seguros de que murió por haber inhalado un agrotóxico.
El endosulfán es un veneno usado para controlar plagas, tan eficaz como tóxico, por lo que está prohibido en unos cincuenta países y es de uso restringido en casi treinta. Es altamente peligroso si se inhala, se traga o se absorbe a través de la piel, ya que afecta directamente el sistema nervioso central. En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) lo prohibió dos meses después de la muerte de Nicolás. Aún así, los vecinos de la familia Arévalo aseguran que en la finca tomatera siguen fumigando con agrotóxicos hasta el día de hoy.
El juicio que comienza hoy y que se prolongará al menos hasta el jueves tendrá en el banquillo al horticultor Ricardo Nicolás Prieto, procesado por homicidio culposo y lesiones culposas. Su padre también había sido acusado, pero el juez consideró que las órdenes las daba el hijo y lo liberó del expediente.
"Cuando los Arévalo sentían olores entraban a su casa o directamente se iban a otro lado, pero no se puede aguantar la respiración 20 minutos. En Lavalle hay tomate por todos lados, no se puede escapar de los agrotóxicos", contó a Infobae el abogado Julián Segovia, de la Fundación Infancia Robada, que asesora a la familia de Nicolás.
En esa lógica que comentó el letrado se inscribe la muerte de otro niño, José Carlos "Kily" Rivero, que vivía casi en el límite urbano de Lavalle, y que falleció un año después que Nicolás. La autopsia no fue tan concluyente como la del primer caso, pero sugirió que la causa de la muerte fue el uso de un producto clorado, lo que va en sintonía con otros análisis y el agrotóxico que se usaba en el campo del productor acusado en ese expediente, donde se espera que se resuelva la apelación del procesamiento del sospechoso.
Se estima que hasta el jueves declararán los testigos y ahí comenzarán los alegatos. Es probable que el viernes el juzgado de Goya dicte su fallo. Prieto podría recibir una pena de hasta 5 años de prisión. Si la sentencia es condenatoria, la querella pedirá su inmediata detención, ya que, según explicó el abogado, "el hecho de que haya seguido fumigando muestra que es un peligro para la sociedad".
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Fecha de Publicación: 22/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Corrientes
Su "pecado" fue salir a jugar al patio de su casa con su prima Celeste. Nicolás Arévalo tenía cuatro años cuando en la tarde del 2 de abril de 2011 inhaló el endosulfán con el que estaban fumigando el campo de tomates que estaba pegado a su casa, en el Paraje Puerto Viejo de la localidad correntina de Lavalle. Dos días más tarde falleció. Hoy comienza un histórico juicio oral por su muerte, en lo que será el primer proceso penal de la historia argentina en el que se ventilará un homicidio por el uso de agrotóxicos.
La autopsia de Nicolás arrojó que murió por una intoxicación con endosulfán. Su prima Celeste se salvó porque le practicaron una hemofiltración y la trasladaron al Hospital Garrahan, donde le salvaron la vida, luego de haber estado en coma. Todavía hoy sufre las consecuencias de esa fatídica tarde, en la que luego de jugar fueron a hacer unos mandados y atravesaron un vado por el que supuestamente la finca drenaba los líquidos con los que fumigaba sus tomates. Pero en su familia están seguros de que murió por haber inhalado un agrotóxico.
El endosulfán es un veneno usado para controlar plagas, tan eficaz como tóxico, por lo que está prohibido en unos cincuenta países y es de uso restringido en casi treinta. Es altamente peligroso si se inhala, se traga o se absorbe a través de la piel, ya que afecta directamente el sistema nervioso central. En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) lo prohibió dos meses después de la muerte de Nicolás. Aún así, los vecinos de la familia Arévalo aseguran que en la finca tomatera siguen fumigando con agrotóxicos hasta el día de hoy.
El juicio que comienza hoy y que se prolongará al menos hasta el jueves tendrá en el banquillo al horticultor Ricardo Nicolás Prieto, procesado por homicidio culposo y lesiones culposas. Su padre también había sido acusado, pero el juez consideró que las órdenes las daba el hijo y lo liberó del expediente.
"Cuando los Arévalo sentían olores entraban a su casa o directamente se iban a otro lado, pero no se puede aguantar la respiración 20 minutos. En Lavalle hay tomate por todos lados, no se puede escapar de los agrotóxicos", contó a Infobae el abogado Julián Segovia, de la Fundación Infancia Robada, que asesora a la familia de Nicolás.
En esa lógica que comentó el letrado se inscribe la muerte de otro niño, José Carlos "Kily" Rivero, que vivía casi en el límite urbano de Lavalle, y que falleció un año después que Nicolás. La autopsia no fue tan concluyente como la del primer caso, pero sugirió que la causa de la muerte fue el uso de un producto clorado, lo que va en sintonía con otros análisis y el agrotóxico que se usaba en el campo del productor acusado en ese expediente, donde se espera que se resuelva la apelación del procesamiento del sospechoso.
Se estima que hasta el jueves declararán los testigos y ahí comenzarán los alegatos. Es probable que el viernes el juzgado de Goya dicte su fallo. Prieto podría recibir una pena de hasta 5 años de prisión. Si la sentencia es condenatoria, la querella pedirá su inmediata detención, ya que, según explicó el abogado, "el hecho de que haya seguido fumigando muestra que es un peligro para la sociedad".
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Triste imagen de un cóndor ahorcado en Salta
Mataron a un cóndor y lo colgaron de un árbol en cercanías del Cabra Corral
Fecha de Publicación: 22/11/2016
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se viraliza en las redes sociales un video en el que se puede ver a un cóndor ahorcado, pendiendo de un árbol en inmediaciones al dique Cabra Corral. Dos hermanos que realizaban un paseo por el dique a la altura de la playa Ampascachi, se encontraron con la trágica escena.
Testigos del hecho se comunicaron con la prensa de los municipios de La Viña y Guachipas y aseguraron que el matador es un lugareño. "Espero que se haga justicia por lo que hizo con este animalito, esta persona no debería vivir, yo se que tiene animales por la zona pero hay dos testigo quienes saben como mató a este cóndor, por lo que me comentaron primeramente se escuchó un disparo y luego cuando se arrimaron al lugar del hecho a lo lejos lo vieron como lo colgaba", relatan.
El cóndor es un ave emblemática y está protegida internacionalmente porque es una especie en peligro de extinción; es el ave voladora más grande, Exclusivamente carroñera (que se alimenta de animales muertos)".
Las causas que hacen a la retracción de esta especie están ligadas a la actividad humana. La errónea creencia de que el cóndor mata el ganado para comer, cuando en realidad es carroñero, ha hecho que se lo considere una plaga y que se lo mate injustificadamente. Así mismo cabe destacar que su poderoso pico juega un papel fundamental en la cadena alimenticia, dado que es el encargado de abrir los cueros de grandes animales muertos, permitiendo de esta manera que otros carroñeros menores, puedan acceder al recurso alimenticio.
En épocas en donde crece una toma de consciencia acerca de la necesidad de cuidar el medio ambiente y la puesta en valor de todos los seres de la naturaleza, el video de un ejemplar de esta magnífica ave conmociona a la provincia. Ya sea que se trate de Guachipas o de cualquier otra latitud de la extensa cordillera, hábitat natural del cóndor, se trata de una aberración inentendible e inexplicable en tiempos en los que se multiplican los esfuerzos cuidar el medio ambiente.
Sin ir más lejos, a principios de octubre, Luracatao, un cóndor rehabilitado tras haber sufrido serias heridas de bala fue liberado en Seclantás. De su recuperación participaron instituciones privadas y estatales, profesionales y voluntarios, que formando una gran red solidaria pusieron a nuevamente a este ejemplar en su hábitat natural. El hecho tuvo trascendencia nacional e internacional y sirvió para concientizar sobre el valor de cuidar la naturaleza, pero al parecer el mensaje no llegó a todos.
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Fecha de Publicación: 22/11/2016
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se viraliza en las redes sociales un video en el que se puede ver a un cóndor ahorcado, pendiendo de un árbol en inmediaciones al dique Cabra Corral. Dos hermanos que realizaban un paseo por el dique a la altura de la playa Ampascachi, se encontraron con la trágica escena.
Testigos del hecho se comunicaron con la prensa de los municipios de La Viña y Guachipas y aseguraron que el matador es un lugareño. "Espero que se haga justicia por lo que hizo con este animalito, esta persona no debería vivir, yo se que tiene animales por la zona pero hay dos testigo quienes saben como mató a este cóndor, por lo que me comentaron primeramente se escuchó un disparo y luego cuando se arrimaron al lugar del hecho a lo lejos lo vieron como lo colgaba", relatan.
El cóndor es un ave emblemática y está protegida internacionalmente porque es una especie en peligro de extinción; es el ave voladora más grande, Exclusivamente carroñera (que se alimenta de animales muertos)".
Las causas que hacen a la retracción de esta especie están ligadas a la actividad humana. La errónea creencia de que el cóndor mata el ganado para comer, cuando en realidad es carroñero, ha hecho que se lo considere una plaga y que se lo mate injustificadamente. Así mismo cabe destacar que su poderoso pico juega un papel fundamental en la cadena alimenticia, dado que es el encargado de abrir los cueros de grandes animales muertos, permitiendo de esta manera que otros carroñeros menores, puedan acceder al recurso alimenticio.
En épocas en donde crece una toma de consciencia acerca de la necesidad de cuidar el medio ambiente y la puesta en valor de todos los seres de la naturaleza, el video de un ejemplar de esta magnífica ave conmociona a la provincia. Ya sea que se trate de Guachipas o de cualquier otra latitud de la extensa cordillera, hábitat natural del cóndor, se trata de una aberración inentendible e inexplicable en tiempos en los que se multiplican los esfuerzos cuidar el medio ambiente.
Sin ir más lejos, a principios de octubre, Luracatao, un cóndor rehabilitado tras haber sufrido serias heridas de bala fue liberado en Seclantás. De su recuperación participaron instituciones privadas y estatales, profesionales y voluntarios, que formando una gran red solidaria pusieron a nuevamente a este ejemplar en su hábitat natural. El hecho tuvo trascendencia nacional e internacional y sirvió para concientizar sobre el valor de cuidar la naturaleza, pero al parecer el mensaje no llegó a todos.
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Asambleístas afirman que la CARU no da respuestas
Asamblea Ambiental: 'La CARU sigue aún sin dar respuestas'
Fecha de Publicación: 22/11/2016
Fuente: El Día On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
A través de un comunicado enviado a ElDía, integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú coincidieron en que el organismo binacional continúa aún “sin dar las respuestas necesarias frente a la gravedad de la contaminación que genera BOTNIA.
El texto indica que “luego de la reunión realizada el pasado 14 de noviembre en la Casa de la Cultura, entre los representantes de la CARU, Delegación Argentina, integrada por Mauro Vazón, Diego Satto y Juan Orrico, integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú coincidieron en que el organismo binacional continúa aún “sin dar las respuestas necesarias frente a la gravedad de la contaminación que genera BOTNIA.
Quizás allí pueda centrarse la síntesis que a manera de reflexión final quedó en los asambleístas, que reclamaron respuestas concretas frente a los perjuicios y afectaciones que sigue generando BOTNIA. Lejos de significar un avance, la publicidad de los informes obtenidos por el Comité Científico, puede significar un retroceso sino se adoptan medidas más activas que no solo confirmen lo que ya todos sabemos, sino que la contaminación de Botnia debe cesar”.
Así lo expresaron en nombre de la Asamblea, sus integrantes Raúl Almeida, Juan Veronesi y Javier Pretto. Ellos coincidieron en expresar que “la Delegación argentina no comprende aún la gravedad del problema por el que Gualeguaychú viene reclamando hace más de doce años, ante una pastera que ya fue reconocida como ilegal pero que debe ser cuestionada a partir de pruebas concretas que exhiban las alteraciones que generan”.
Pretto señaló que “no son aceptables las expresiones de Vazón cuando señaló que de ninguna manera el objetivo es ir a La Haya, sino buscar el consenso con la República Oriental del Uruguay y sus representantes ante el organismo binacional”. Todos afirmaron que nadie busca el conflicto por el mismo conflicto. Sí tener una postura racional y ajustada a derecho que se sostenga con firmeza en el propio ámbito de la CARU pero que también se haga conocer públicamente.
Advirtieron que “apostar a que Uruguay continuará siendo reticente, no va a cambiar de opinión y que se deben activar mecanismos internacionales como consecuencia que el país vecino adopta medidas como autorizar mayor temperatura en el agua, sin que desde el lado argentino se tomen medidas mínimas en defensa del ambiente”.
Y agregaron: “confiar solo en el diálogo con el Uruguay -algo que nunca se debe desdeñar-, significaría seguir en el camino de estos doce años, dónde se ha apostado a la política de los hechos consumados sin que haya respuestas institucionales concretas del lado de Argentina, que se pueden activar, a partir del incumplimiento de ROU a tratados firmados y que se incumplen”.
Por su parte, Veronesi afirmó: “la pasividad argentina nos conduce mansamente a ser la variable de ajuste del Uruguay que sigue tomando medidas unilaterales sin que se actúe desde nuestras autoridades y representantes”. Señaló el dirigente además, que “la actual integración de la CARU no difiere mucho de la inacción que tuvieron los anteriores miembros encabezados por Hernán Orduna y que estuvieron hasta el cambio de autoridades en diciembre de 2015”.
“La Asamblea como movimiento social va a seguir apostando al diálogo, a la búsqueda de información que debe hacerse pública, y simultáneamente piensan alzar su voz ante la CARU para que se actúe priorizando la salud de los vecinos y el ambiente, en lugar de encerrarse en excusas como la necesidad que exista consenso de ambos países para que ese organismo actúe”, aseguraron y finalmente se preguntaron: “Simplemente, ¿nos vamos a conformar con que se diga que se controla cuando el monitoreo no tiene ni la intensidad ni la periodicidad que fijó el fallo de la CIJ de La Haya en el 2005 que mandaba a realizar controles continuos?”.
Los asambleístas señalaron que la voluntad es seguir en permanente contacto con todos los estamentos nacionales, seguir reclamando ante la CARU y los distintos estados, pero siempre en la convicción que no nos podemos resignar a convivir con la contaminación.-
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Fecha de Publicación: 22/11/2016
Fuente: El Día On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
A través de un comunicado enviado a ElDía, integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú coincidieron en que el organismo binacional continúa aún “sin dar las respuestas necesarias frente a la gravedad de la contaminación que genera BOTNIA.
El texto indica que “luego de la reunión realizada el pasado 14 de noviembre en la Casa de la Cultura, entre los representantes de la CARU, Delegación Argentina, integrada por Mauro Vazón, Diego Satto y Juan Orrico, integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú coincidieron en que el organismo binacional continúa aún “sin dar las respuestas necesarias frente a la gravedad de la contaminación que genera BOTNIA.
Quizás allí pueda centrarse la síntesis que a manera de reflexión final quedó en los asambleístas, que reclamaron respuestas concretas frente a los perjuicios y afectaciones que sigue generando BOTNIA. Lejos de significar un avance, la publicidad de los informes obtenidos por el Comité Científico, puede significar un retroceso sino se adoptan medidas más activas que no solo confirmen lo que ya todos sabemos, sino que la contaminación de Botnia debe cesar”.
Así lo expresaron en nombre de la Asamblea, sus integrantes Raúl Almeida, Juan Veronesi y Javier Pretto. Ellos coincidieron en expresar que “la Delegación argentina no comprende aún la gravedad del problema por el que Gualeguaychú viene reclamando hace más de doce años, ante una pastera que ya fue reconocida como ilegal pero que debe ser cuestionada a partir de pruebas concretas que exhiban las alteraciones que generan”.
Pretto señaló que “no son aceptables las expresiones de Vazón cuando señaló que de ninguna manera el objetivo es ir a La Haya, sino buscar el consenso con la República Oriental del Uruguay y sus representantes ante el organismo binacional”. Todos afirmaron que nadie busca el conflicto por el mismo conflicto. Sí tener una postura racional y ajustada a derecho que se sostenga con firmeza en el propio ámbito de la CARU pero que también se haga conocer públicamente.
Advirtieron que “apostar a que Uruguay continuará siendo reticente, no va a cambiar de opinión y que se deben activar mecanismos internacionales como consecuencia que el país vecino adopta medidas como autorizar mayor temperatura en el agua, sin que desde el lado argentino se tomen medidas mínimas en defensa del ambiente”.
Y agregaron: “confiar solo en el diálogo con el Uruguay -algo que nunca se debe desdeñar-, significaría seguir en el camino de estos doce años, dónde se ha apostado a la política de los hechos consumados sin que haya respuestas institucionales concretas del lado de Argentina, que se pueden activar, a partir del incumplimiento de ROU a tratados firmados y que se incumplen”.
Por su parte, Veronesi afirmó: “la pasividad argentina nos conduce mansamente a ser la variable de ajuste del Uruguay que sigue tomando medidas unilaterales sin que se actúe desde nuestras autoridades y representantes”. Señaló el dirigente además, que “la actual integración de la CARU no difiere mucho de la inacción que tuvieron los anteriores miembros encabezados por Hernán Orduna y que estuvieron hasta el cambio de autoridades en diciembre de 2015”.
“La Asamblea como movimiento social va a seguir apostando al diálogo, a la búsqueda de información que debe hacerse pública, y simultáneamente piensan alzar su voz ante la CARU para que se actúe priorizando la salud de los vecinos y el ambiente, en lugar de encerrarse en excusas como la necesidad que exista consenso de ambos países para que ese organismo actúe”, aseguraron y finalmente se preguntaron: “Simplemente, ¿nos vamos a conformar con que se diga que se controla cuando el monitoreo no tiene ni la intensidad ni la periodicidad que fijó el fallo de la CIJ de La Haya en el 2005 que mandaba a realizar controles continuos?”.
Los asambleístas señalaron que la voluntad es seguir en permanente contacto con todos los estamentos nacionales, seguir reclamando ante la CARU y los distintos estados, pero siempre en la convicción que no nos podemos resignar a convivir con la contaminación.-
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Bergman quiere una Ley de Humedales "consensuada"
El ministerio de Ambiente apuesta por una ley de Humedales que contenga a productores y ecologistas
Fecha de Publicación: 21/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El organismo encabezado por el Rabino Sergio Bergman considera "clave" la sanción de una Ley de Humedales con una visión integral, para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación considera "clave" la sanción de una Ley de Humedales para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats, no sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino también con una visión integral de conservación de la biodiversidad y de uso sustentable de la naturaleza.
Así lo expresó en una entrevista con Télam el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y ex director de la Fundación Vida Silvestre, Diego Moreno, quien admitió que el proyecto parlamentario defendido por Cambiemos "no plantea en un 100 por ciento" los criterios sobre humedales del Ministerio, que pretende "compatibilizar las miradas" de los sectores productivos y de los ecologistas sobre cómo deben ser utilizados esos territorios.
Frente a las múltiples posiciones, el Ejecutivo evitó enviar una iniciativa propia y dejó en manos del Parlamento la resolución del debate, que apuntaría -con el acuerdo con las provincias- a replicar para los humedales los logros de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007.
Esa norma estableció un ordenamiento territorial de los bosques a través de un proceso participativo y categorizó los usos posibles de esas tierras, desde su conservación absoluta hasta la posibilidad de ser transformadas para agricultura sustentable u otros usos.
¿Cuál es la posición del Ministerio sobre el debate parlamentario en torno al proyecto para proteger los humedales?
Para nosotros es muy importante la sanción de la ley porque nos daría una herramienta fundamental. La ley apunta a saber con qué recursos contamos, qué valor tienen y qué planificación del uso hacemos para que no sea sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino integral, aplicable a la conservación de la biodiversidad y a un uso sustentable de la naturaleza. Hasta ahora no hay una legislación uniforme en todas las provincias sobre humedales. No hay un estándar nacional. No tenemos ningún instrumento directo para interferir en las provincias. Se trabajó en algunos casos, en proyectos específicos con cuencas que cruzan varias provincias, pero no hay ninguna norma de base de la política ambiental nacional.
¿Por qué es tan dificultoso el consenso y se demora tanto el acuerdo parlamentario?
Sobre un territorio hay distintas expectativas de uso. Hay sectores ambientales que sostienen que esa área es importante para conservar la biodiversidad, la provisión de agua o prevenir inundaciones; por otro lado, hay sectores productivos que dicen que esos terrenos tienen un valor importante desde el punto de vista de la producción y una ley muy restrictiva les va a frenar oportunidades de desarrollo a nivel local. Son las discusiones que se tienen que dar. La idea es encontrar un equilibrio entre un desarrollo como venía haciéndose hasta ahora -sin ningún tipo de consideración o limitación ambiental- y un desarrollo que esté en línea con parámetros ambientales. En el ámbito del Poder Ejecutivo se está tratando de generar consensos con otros ministerios sobre algunos aspectos que consideramos relevantes que deben estar contenidos en la ley. Algunos de ellos figuran en el proyecto de las senadoras María Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresa Luna (FpV), y otros, en el que impulsa la comisión de Agricultura que preside Alfredo De Ángelis (PRO).
¿El proyecto de Cambiemos se ajusta a las prioridades que plantea el Ministerio?
El proyecto del PRO no es 100 por ciento lo que a nivel Ejecutivo estamos planteando. Incorporó algunas cuestiones que se habían conversado entre ministerios, otras que había planteado el Consejo Federal de Medio Ambiente (reúne a representantes provinciales y nacionales del área de Ambiente), y aportes de los legisladores de la comisión de Agricultura.
Entonces parece que resulta difícil ponerse de acuerdo.
Es difícil. Bastante difícil. Lo tiene que resolver el Congreso. Nosotros participamos de las reuniones, llevamos nuestra opinión. En su momento se decidió no presentar un proyecto del Ejecutivo sino trabajar sobre las iniciativas que ya estaban en el Congreso, justamente para no alterar la estrategia legislativa porque subsistía una distancia muy grande entre esos proyectos y lo que nosotros estábamos planteando. Pensamos que, con algunos ajustes en la discusión parlamentaria, se podía lograr un proyecto que nos incluyera y eso es en parte lo que está ocurriendo.
¿Cuáles son para el Ministerio los puntos fundamentales que debe contener la ley?
En primer término, que el Ejecutivo Nacional sea el encargado de hacer el inventario de humedales, que exista una metodología uniforme, consensuada y unificada, a través de una red técnica. En segundo lugar, que cada provincia, una vez que esté elaborado el inventario, defina su ordenamiento territorial: cuáles son los humedales que deben ser protegidos, cuáles pueden tener algún uso productivo y cuáles no son tan relevantes y pueden ser modificados sustancialmente. Es de competencia provincial definir qué hacer con ese recurso. Tercero, que haya participación ciudadana, liderada por la autoridad de aplicación en cada distrito, con el aporte de equipos técnicos, académicos y de organizaciones no gubernamentales. Se trata de compatibilizar las distintas miradas que hay en la sociedad: que el sector productivo y el ambiental lleguen a algún tipo de consenso sobre cómo van a utilizar el territorio. Como cuarto punto, establecer el tipo de actividades permitidas o prohibidas en cada una de las categorías de humedales. El proyecto de Odarda es bastante restrictivo para todas. Lo acordado con otros ministerios es que está muy bien que haya medidas proteccionistas para algunos casos, pero podrían ser más flexibles en aquellas áreas que tienen menor valor ambiental y alto potencial productivo. Sería una forma de compatibilizar.
¿El Ministerio ya está elaborando un inventario de humedales?
Sí, más allá de la discusión parlamentaria, nosotros empezamos, porque un inventario es necesario para cualquier política de Estado. Hicimos convenios con cinco universidades (del Litoral, San Martín, Salta, Tucumán y la de Buenos Aires) y elegimos zonas prioritarias: el Delta, Corrientes, la Puna y los salares. Es una experiencia piloto porque los humedales son muy diferentes y hay que validar una metodología que sea igual para todos los casos. En dos o tres años podríamos llegar a tener el inventario nacional completo.
¿Existen humedales o regiones en riesgo por el avance inmobiliario?
La zona de la cuenca del Río Luján es una de las más críticas. En ese lugar, como no había un análisis territorial, se avanzó con barrios y countries sobre zonas que funcionaban como esponjas ante las inundaciones. Al haber rellenado esos sitios, la función se perdió y el agua se desborda. Una ley nacional es la base para que las provincias hagan su ordenamiento territorial. Se crea un régimen de sanciones y se establece que las autoridades de aplicación provinciales auditen el impacto ambiental y puedan penalizar a nivel local.
Hay forma de revertir el daño detectado en esas zonas?
Hay forma de mitigarlo. En Pilar, que tiene varios problemas por el avance de la urbanización, se está haciendo una experiencia interesante que pasa por acordar con los countries para que, en épocas de fuertes lluvias, permitan inundar las canchas de golf o ciertos espacios internos y de esa manera mitigar las inundaciones en los alrededores.
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Fecha de Publicación: 21/11/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El organismo encabezado por el Rabino Sergio Bergman considera "clave" la sanción de una Ley de Humedales con una visión integral, para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación considera "clave" la sanción de una Ley de Humedales para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats, no sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino también con una visión integral de conservación de la biodiversidad y de uso sustentable de la naturaleza.
Así lo expresó en una entrevista con Télam el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y ex director de la Fundación Vida Silvestre, Diego Moreno, quien admitió que el proyecto parlamentario defendido por Cambiemos "no plantea en un 100 por ciento" los criterios sobre humedales del Ministerio, que pretende "compatibilizar las miradas" de los sectores productivos y de los ecologistas sobre cómo deben ser utilizados esos territorios.
Frente a las múltiples posiciones, el Ejecutivo evitó enviar una iniciativa propia y dejó en manos del Parlamento la resolución del debate, que apuntaría -con el acuerdo con las provincias- a replicar para los humedales los logros de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007.
Esa norma estableció un ordenamiento territorial de los bosques a través de un proceso participativo y categorizó los usos posibles de esas tierras, desde su conservación absoluta hasta la posibilidad de ser transformadas para agricultura sustentable u otros usos.
¿Cuál es la posición del Ministerio sobre el debate parlamentario en torno al proyecto para proteger los humedales?
Para nosotros es muy importante la sanción de la ley porque nos daría una herramienta fundamental. La ley apunta a saber con qué recursos contamos, qué valor tienen y qué planificación del uso hacemos para que no sea sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino integral, aplicable a la conservación de la biodiversidad y a un uso sustentable de la naturaleza. Hasta ahora no hay una legislación uniforme en todas las provincias sobre humedales. No hay un estándar nacional. No tenemos ningún instrumento directo para interferir en las provincias. Se trabajó en algunos casos, en proyectos específicos con cuencas que cruzan varias provincias, pero no hay ninguna norma de base de la política ambiental nacional.
¿Por qué es tan dificultoso el consenso y se demora tanto el acuerdo parlamentario?
Sobre un territorio hay distintas expectativas de uso. Hay sectores ambientales que sostienen que esa área es importante para conservar la biodiversidad, la provisión de agua o prevenir inundaciones; por otro lado, hay sectores productivos que dicen que esos terrenos tienen un valor importante desde el punto de vista de la producción y una ley muy restrictiva les va a frenar oportunidades de desarrollo a nivel local. Son las discusiones que se tienen que dar. La idea es encontrar un equilibrio entre un desarrollo como venía haciéndose hasta ahora -sin ningún tipo de consideración o limitación ambiental- y un desarrollo que esté en línea con parámetros ambientales. En el ámbito del Poder Ejecutivo se está tratando de generar consensos con otros ministerios sobre algunos aspectos que consideramos relevantes que deben estar contenidos en la ley. Algunos de ellos figuran en el proyecto de las senadoras María Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresa Luna (FpV), y otros, en el que impulsa la comisión de Agricultura que preside Alfredo De Ángelis (PRO).
¿El proyecto de Cambiemos se ajusta a las prioridades que plantea el Ministerio?
El proyecto del PRO no es 100 por ciento lo que a nivel Ejecutivo estamos planteando. Incorporó algunas cuestiones que se habían conversado entre ministerios, otras que había planteado el Consejo Federal de Medio Ambiente (reúne a representantes provinciales y nacionales del área de Ambiente), y aportes de los legisladores de la comisión de Agricultura.
Entonces parece que resulta difícil ponerse de acuerdo.
Es difícil. Bastante difícil. Lo tiene que resolver el Congreso. Nosotros participamos de las reuniones, llevamos nuestra opinión. En su momento se decidió no presentar un proyecto del Ejecutivo sino trabajar sobre las iniciativas que ya estaban en el Congreso, justamente para no alterar la estrategia legislativa porque subsistía una distancia muy grande entre esos proyectos y lo que nosotros estábamos planteando. Pensamos que, con algunos ajustes en la discusión parlamentaria, se podía lograr un proyecto que nos incluyera y eso es en parte lo que está ocurriendo.
¿Cuáles son para el Ministerio los puntos fundamentales que debe contener la ley?
En primer término, que el Ejecutivo Nacional sea el encargado de hacer el inventario de humedales, que exista una metodología uniforme, consensuada y unificada, a través de una red técnica. En segundo lugar, que cada provincia, una vez que esté elaborado el inventario, defina su ordenamiento territorial: cuáles son los humedales que deben ser protegidos, cuáles pueden tener algún uso productivo y cuáles no son tan relevantes y pueden ser modificados sustancialmente. Es de competencia provincial definir qué hacer con ese recurso. Tercero, que haya participación ciudadana, liderada por la autoridad de aplicación en cada distrito, con el aporte de equipos técnicos, académicos y de organizaciones no gubernamentales. Se trata de compatibilizar las distintas miradas que hay en la sociedad: que el sector productivo y el ambiental lleguen a algún tipo de consenso sobre cómo van a utilizar el territorio. Como cuarto punto, establecer el tipo de actividades permitidas o prohibidas en cada una de las categorías de humedales. El proyecto de Odarda es bastante restrictivo para todas. Lo acordado con otros ministerios es que está muy bien que haya medidas proteccionistas para algunos casos, pero podrían ser más flexibles en aquellas áreas que tienen menor valor ambiental y alto potencial productivo. Sería una forma de compatibilizar.
¿El Ministerio ya está elaborando un inventario de humedales?
Sí, más allá de la discusión parlamentaria, nosotros empezamos, porque un inventario es necesario para cualquier política de Estado. Hicimos convenios con cinco universidades (del Litoral, San Martín, Salta, Tucumán y la de Buenos Aires) y elegimos zonas prioritarias: el Delta, Corrientes, la Puna y los salares. Es una experiencia piloto porque los humedales son muy diferentes y hay que validar una metodología que sea igual para todos los casos. En dos o tres años podríamos llegar a tener el inventario nacional completo.
¿Existen humedales o regiones en riesgo por el avance inmobiliario?
La zona de la cuenca del Río Luján es una de las más críticas. En ese lugar, como no había un análisis territorial, se avanzó con barrios y countries sobre zonas que funcionaban como esponjas ante las inundaciones. Al haber rellenado esos sitios, la función se perdió y el agua se desborda. Una ley nacional es la base para que las provincias hagan su ordenamiento territorial. Se crea un régimen de sanciones y se establece que las autoridades de aplicación provinciales auditen el impacto ambiental y puedan penalizar a nivel local.
Hay forma de revertir el daño detectado en esas zonas?
Hay forma de mitigarlo. En Pilar, que tiene varios problemas por el avance de la urbanización, se está haciendo una experiencia interesante que pasa por acordar con los countries para que, en épocas de fuertes lluvias, permitan inundar las canchas de golf o ciertos espacios internos y de esa manera mitigar las inundaciones en los alrededores.
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Neuquén busca potenciar la actividad minera
Buscan relanzar la actividad minera en la provincia
Fecha de Publicación: 21/11/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Funcionarios y equipos técnicos están en contacto permanente con los intendentes para sondear el potencial de la región.
El ministro de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales, Alejandro Nicola, se reunió en Zapala con el director provincial de Minería, Carlos Portilla, para trabajar en las acciones del relanzamiento de la actividad en Neuquén.
Nicola comentó que el gobierno de la provincia trabaja conjuntamente con Nación, municipios, productores, empresarios y trabajadores para relanzar la minería neuquina, “bajo una visión de la sustentabilidad económica, social y ambiental”.
Funcionarios y equipos técnicos del Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales están en contacto permanente con los intendentes para sondear el potencial e identificar las oportunidades que presenta cada región para poner en marcha proyectos.
Nicola afirmó que el relanzamiento de la actividad minera debe darse en un marco de diálogo permanente con todos los sectores de la sociedad, para que la actividad pueda desarrollarse bajo los más estrictos estándares ambientales.
Además, se reunió con representantes de la Asociación de Apoderados Mineros, los representantes legales encargados de realizar los trámites ante la dirección provincial de Minería.
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Fecha de Publicación: 21/11/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Funcionarios y equipos técnicos están en contacto permanente con los intendentes para sondear el potencial de la región.
El ministro de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales, Alejandro Nicola, se reunió en Zapala con el director provincial de Minería, Carlos Portilla, para trabajar en las acciones del relanzamiento de la actividad en Neuquén.
Nicola comentó que el gobierno de la provincia trabaja conjuntamente con Nación, municipios, productores, empresarios y trabajadores para relanzar la minería neuquina, “bajo una visión de la sustentabilidad económica, social y ambiental”.
Funcionarios y equipos técnicos del Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales están en contacto permanente con los intendentes para sondear el potencial e identificar las oportunidades que presenta cada región para poner en marcha proyectos.
Nicola afirmó que el relanzamiento de la actividad minera debe darse en un marco de diálogo permanente con todos los sectores de la sociedad, para que la actividad pueda desarrollarse bajo los más estrictos estándares ambientales.
Además, se reunió con representantes de la Asociación de Apoderados Mineros, los representantes legales encargados de realizar los trámites ante la dirección provincial de Minería.
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Río Negro complicado con los RSU en algunas localidades
Cipolletti no salda su deuda con la gestión de los residuos
Fecha de Publicación: 21/11/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno de Aníbal Tortoriello y Ambiente de la Provincia coinciden en que se necesitan fondos para resolverlo. Mientras, el basural acumula problemas.
“Esto es un proceso a largo plazo”, esgrimió Dina Migani, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro sobre la implementación de políticas para la gestión de residuos sólidos urbanos en la región. “Financiamiento y educación” son los dos pilares que según Migani se necesitan para estructurar políticas de Estado que contribuyan a la disminución de elaboración de basura.
El miércoles hubo una jornada de capacitación en Cipolletti de la que participó un nutrido número de funcionarios provinciales y locales. Sin embargo todos coincidieron en que la implementación y el funcionamiento de un aparato que permita generar ciudades más limpias llevará mucho tiempo y necesita mucho dinero.
“Tenemos que empezar desde el convencimiento, a trabajar desde la casa, separando la cantidad de residuos que generamos”, indicó la funcionaria provincial a Río Negro. Sin embargo, poco es lo que se hace al respecto.
Entre las preocupaciones que más aquejan a los municipios es la contaminación a cielo abierto. En Cipolletti, el Ejecutivo planteó en junio pasado la necesidad de llevar la basura a otro lugar porque el basurero local está cada vez más cerca de los centros urbanos y está colapsado. Incluso a principio de año se barajó la posibilidad que Neuquén reciba los residuos cipoleños. Nunca llegó a concretarse. El basurero recibe alrededor de 120 mil kilos de desperdicios por día. Además se producen quemas a cielo abierto, a pesar de que está prohibido; hay gente que trabaja informalmente y la situación ambiental del sector es compleja.
Entre los ejes más importantes de la capacitación se debatió sobre la importancia de sanear los basureros a cielo abierto. “Tenemos que trabajar en esa dirección”, repitió el intendente Aníbal Tortoriello.
“Es un trabajo a largo plazo, se necesita decisión política y educación. Tenemos que generar conciencia”.
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Fecha de Publicación: 21/11/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno de Aníbal Tortoriello y Ambiente de la Provincia coinciden en que se necesitan fondos para resolverlo. Mientras, el basural acumula problemas.
“Esto es un proceso a largo plazo”, esgrimió Dina Migani, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro sobre la implementación de políticas para la gestión de residuos sólidos urbanos en la región. “Financiamiento y educación” son los dos pilares que según Migani se necesitan para estructurar políticas de Estado que contribuyan a la disminución de elaboración de basura.
El miércoles hubo una jornada de capacitación en Cipolletti de la que participó un nutrido número de funcionarios provinciales y locales. Sin embargo todos coincidieron en que la implementación y el funcionamiento de un aparato que permita generar ciudades más limpias llevará mucho tiempo y necesita mucho dinero.
“Tenemos que empezar desde el convencimiento, a trabajar desde la casa, separando la cantidad de residuos que generamos”, indicó la funcionaria provincial a Río Negro. Sin embargo, poco es lo que se hace al respecto.
Entre las preocupaciones que más aquejan a los municipios es la contaminación a cielo abierto. En Cipolletti, el Ejecutivo planteó en junio pasado la necesidad de llevar la basura a otro lugar porque el basurero local está cada vez más cerca de los centros urbanos y está colapsado. Incluso a principio de año se barajó la posibilidad que Neuquén reciba los residuos cipoleños. Nunca llegó a concretarse. El basurero recibe alrededor de 120 mil kilos de desperdicios por día. Además se producen quemas a cielo abierto, a pesar de que está prohibido; hay gente que trabaja informalmente y la situación ambiental del sector es compleja.
Entre los ejes más importantes de la capacitación se debatió sobre la importancia de sanear los basureros a cielo abierto. “Tenemos que trabajar en esa dirección”, repitió el intendente Aníbal Tortoriello.
“Es un trabajo a largo plazo, se necesita decisión política y educación. Tenemos que generar conciencia”.
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¿El gobierno dió el OK para Lama?
Luz verde para la Barrick
Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: Revista Veintitres
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La minera canadiense decidió extraer mineral y hacer una mina en Lama, San Juan, lado argentino. Comenzará un plan de desarrollo integrado en el cinturón El Indio, en la misma provincia.
Nadie duda de que el presidente Mauricio Macri busca impulsar a pleno la minería. La eliminación de las retenciones mineras anunciadas en febrero pasado, que representan una pérdida para el Estado de 223 millones de dólares por derechos de exportación, son sólo el puntapié inicial que beneficia a un sector, bastante cuestionado por buena parte de la sociedad. En el último Coloquio de IDEA, frente a la atenta mirada de Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, quien en medio del anuncio de su precandidatura presidencial deberá declarar en un proceso judicial respecto de la propiedad de los terrenos donde se encuentra emplazado Pascua Lama, el proyecto minero de la empresa canadiense Barrick Gold, Macri le hizo un guiño al chileno y fue más allá: “Tenemos que tener una minería sustentable, como han logrado desarrollar nuestros hermanos chilenos, y también otros países como Canadá”. Los representantes de Barrick Gold presentes en IDEA festejaron el apoyo oficial y confirmaron a Veintitrés que comenzaron los estudios para volver a poner en marcha Pascua Lama, del lado argentino.
El 1 de septiembre, la compañía minera anunció desde su sede en Toronto la designación de George Bee como vicepresidente senior para el desarrollo de Lama (lado argentino). El primer proyecto binacional argentino chileno había empezado a desacelerarse en 2013 y se decidió su suspensión a fines de 2014. Para dimensionar lo que representa Pascua Lama, equivale a 15,4 millones de onzas de oro y 674 millones de onzas de plata. Un dato no menor, teniendo en cuenta que la onza de oro cotiza a 1.261 dólares. Pero vale aclarar que la mayor parte de los minerales se encuentran del lado chileno en un 80% y del lado argentino un 20 por ciento.
Barrick explica en un comunicado oficial: “Una evaluación reciente por parte del equipo del proyecto indica que un proyecto inicial, simple y escalable en Lama, utilizando métodos de minería subterránea, puede ser la mejor opción para comenzar un plan de desarrollo escalonado para Pascua Lama. De ser exitoso, el flujo de efectivo de Lama podría ser utilizado para financiar con el tiempo el desarrollo adicional en ambos lados de la frontera”. Juan Ordóñez, director ejecutivo de Barrick Gold, da detalles del proyecto de reactivación de Lama: “Hay una modificación sustancial en el proyecto, antes se iba a extraer del lado chileno, ahora se extraerá mineral del lado argentino. Hay que diseñar una mina que antes no estaba prevista”, explica. Antes de la paralización de la obra en 2014, Pascua Lama llevaba invertidos 5.000 millones de dólares, confirman en Barrick.
Pero los proyectos de la mina canadiense, que hoy opera Veladero en San Juan, son más ambiciosos. En las últimas tres líneas del comunicado originado en Toronto, casi de manera casual se incluye que “a medida que avanza la opción de un proyecto inicial para Lama, Bee, su vicepresidente senior, comenzará también a desarrollar un plan de desarrollo integrado en el cinturón El Indio, un tramo de 50 kilómetros de tierras altamente prospectivas en esa región”. Aunque en la oficina local no pueden ampliar el tema, se sabe que se trata de un tramo de 140 kilómetros de longitud. En el mundo minero se sostiene que “la zona del cinturón del Indio es a la minería lo que Vaca Muerta es a la energía”, como para dimensionar de qué trata el tema, es una de las zonas más ricas del mundo para la explotación metalífera.
El nombramiento de George Bee para poner a punto la reactivación de Lama pasó casi desapercibido, porque a pocas horas de su designación y días antes que se cumpla el aniversario del mayor desastre minero de la historia del país, la mina Veladero que explota Barrick Gold en San Juan volvió a ser noticia por un derrame de material cianurado, en el valle de lixiviación del yacimiento, que cerró Veladero por 15 días. Lo que obligó a la empresa canadiense a desplazar al ejecutivo Rick Baker, gerente general de la mina Veladero, tras el nuevo derrame. En noviembre del año pasado había renunciado Guillermo Caló, su director ejecutivo, a causa del primer y más grave episodio. La versión oficial indica: “El incidente no provocó daños ni puso en riesgo la salud de las personas ni el medioambiente. Asimismo, cabe señalar que nunca hubo derrame de solución cianurada ni hubo contacto con cursos de agua ni con canales de desvío”. Sin embargo, el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, radicó una denuncia penal para que la Justicia investigue las responsabilidades de la empresa Barrick Gold, operadora de la mina Veladero de San Juan, por el derrame de material cianurado. Como respuesta: “Elevamos la altura de los 7,5 kilómetros de berma, el borde del valle de lixiviación entre 1,20 a 1,40 más alto para asegurarnos que nada se escurra”, explica Ordóñez. Veladero obtuvo 795 millones de dólares en 2015.
Con luz verde, el sector minero tiene previstas inversiones de 20.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Mientras, el gobierno nacional avanza en un nuevo convenio con todas las provincias por la actividad minera, que se plasmará a través de una ley y cambiará el esquema actual. Hoy hay regalías del 3% y esto permitiría rediscutir la rentabilidad y la zonificación.
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Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: Revista Veintitres
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La minera canadiense decidió extraer mineral y hacer una mina en Lama, San Juan, lado argentino. Comenzará un plan de desarrollo integrado en el cinturón El Indio, en la misma provincia.
Nadie duda de que el presidente Mauricio Macri busca impulsar a pleno la minería. La eliminación de las retenciones mineras anunciadas en febrero pasado, que representan una pérdida para el Estado de 223 millones de dólares por derechos de exportación, son sólo el puntapié inicial que beneficia a un sector, bastante cuestionado por buena parte de la sociedad. En el último Coloquio de IDEA, frente a la atenta mirada de Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, quien en medio del anuncio de su precandidatura presidencial deberá declarar en un proceso judicial respecto de la propiedad de los terrenos donde se encuentra emplazado Pascua Lama, el proyecto minero de la empresa canadiense Barrick Gold, Macri le hizo un guiño al chileno y fue más allá: “Tenemos que tener una minería sustentable, como han logrado desarrollar nuestros hermanos chilenos, y también otros países como Canadá”. Los representantes de Barrick Gold presentes en IDEA festejaron el apoyo oficial y confirmaron a Veintitrés que comenzaron los estudios para volver a poner en marcha Pascua Lama, del lado argentino.
El 1 de septiembre, la compañía minera anunció desde su sede en Toronto la designación de George Bee como vicepresidente senior para el desarrollo de Lama (lado argentino). El primer proyecto binacional argentino chileno había empezado a desacelerarse en 2013 y se decidió su suspensión a fines de 2014. Para dimensionar lo que representa Pascua Lama, equivale a 15,4 millones de onzas de oro y 674 millones de onzas de plata. Un dato no menor, teniendo en cuenta que la onza de oro cotiza a 1.261 dólares. Pero vale aclarar que la mayor parte de los minerales se encuentran del lado chileno en un 80% y del lado argentino un 20 por ciento.
Barrick explica en un comunicado oficial: “Una evaluación reciente por parte del equipo del proyecto indica que un proyecto inicial, simple y escalable en Lama, utilizando métodos de minería subterránea, puede ser la mejor opción para comenzar un plan de desarrollo escalonado para Pascua Lama. De ser exitoso, el flujo de efectivo de Lama podría ser utilizado para financiar con el tiempo el desarrollo adicional en ambos lados de la frontera”. Juan Ordóñez, director ejecutivo de Barrick Gold, da detalles del proyecto de reactivación de Lama: “Hay una modificación sustancial en el proyecto, antes se iba a extraer del lado chileno, ahora se extraerá mineral del lado argentino. Hay que diseñar una mina que antes no estaba prevista”, explica. Antes de la paralización de la obra en 2014, Pascua Lama llevaba invertidos 5.000 millones de dólares, confirman en Barrick.
Pero los proyectos de la mina canadiense, que hoy opera Veladero en San Juan, son más ambiciosos. En las últimas tres líneas del comunicado originado en Toronto, casi de manera casual se incluye que “a medida que avanza la opción de un proyecto inicial para Lama, Bee, su vicepresidente senior, comenzará también a desarrollar un plan de desarrollo integrado en el cinturón El Indio, un tramo de 50 kilómetros de tierras altamente prospectivas en esa región”. Aunque en la oficina local no pueden ampliar el tema, se sabe que se trata de un tramo de 140 kilómetros de longitud. En el mundo minero se sostiene que “la zona del cinturón del Indio es a la minería lo que Vaca Muerta es a la energía”, como para dimensionar de qué trata el tema, es una de las zonas más ricas del mundo para la explotación metalífera.
El nombramiento de George Bee para poner a punto la reactivación de Lama pasó casi desapercibido, porque a pocas horas de su designación y días antes que se cumpla el aniversario del mayor desastre minero de la historia del país, la mina Veladero que explota Barrick Gold en San Juan volvió a ser noticia por un derrame de material cianurado, en el valle de lixiviación del yacimiento, que cerró Veladero por 15 días. Lo que obligó a la empresa canadiense a desplazar al ejecutivo Rick Baker, gerente general de la mina Veladero, tras el nuevo derrame. En noviembre del año pasado había renunciado Guillermo Caló, su director ejecutivo, a causa del primer y más grave episodio. La versión oficial indica: “El incidente no provocó daños ni puso en riesgo la salud de las personas ni el medioambiente. Asimismo, cabe señalar que nunca hubo derrame de solución cianurada ni hubo contacto con cursos de agua ni con canales de desvío”. Sin embargo, el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, radicó una denuncia penal para que la Justicia investigue las responsabilidades de la empresa Barrick Gold, operadora de la mina Veladero de San Juan, por el derrame de material cianurado. Como respuesta: “Elevamos la altura de los 7,5 kilómetros de berma, el borde del valle de lixiviación entre 1,20 a 1,40 más alto para asegurarnos que nada se escurra”, explica Ordóñez. Veladero obtuvo 795 millones de dólares en 2015.
Con luz verde, el sector minero tiene previstas inversiones de 20.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Mientras, el gobierno nacional avanza en un nuevo convenio con todas las provincias por la actividad minera, que se plasmará a través de una ley y cambiará el esquema actual. Hoy hay regalías del 3% y esto permitiría rediscutir la rentabilidad y la zonificación.
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Humedales y pujas de poder
Los humedales no tienen quién los cuide
Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: UNSAM - Agencia TSS
Provincia/Región: Nacional
El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales en la Argentina perderá estado parlamentario a fin de mes, a menos que la Cámara de Senadores la trate en alguna de las dos sesiones que restan antes de que termine el mes de noviembre. Esto significaría que quede sin efecto el dictamen que el año pasado presentó la Comisión de Ambiente, encabezada por el senador Pino Solanas (Sur-Unen) –junto con Magdalena Odarda (Río Negro, Alianza Frente Progresista), Jaime Linares (Buenos Aires, Frente Amplio Progresista) y Mirtha Luna (La Rioja, Alianza Frente para la Victoria Riojano)– y con la firma de 16 senadores. Algo similar había pasado con un dictamen anterior, presentado en 2013 por Rubén Giustiniani –por entonces senador por el Partido Socialista– y que había sido aprobado por unanimidad en Senadores, pero quedó estancado en el recinto de diputados.
“El oficialismo no quiere ninguna ley de humedales y está tratando de boicotearla de todas las maneras posibles, incluso de manera antirreglamentaria”, dice el abogado ambientalista Enrique Viale, asesor de Solanas. Y advierte que “entre todos los artilugios que se hicieron para boicotear la ley, el último que encontramos es la creación de una especie de dictamen de minoría que impulsa la presidencia de la Comisión de Agricultura –a cargo del senador entrerriano Alfredo De Angeli (Frente Pro)–, que le quita protección a los humedales y los vuelve una zona de producción y les quita la moratoria”.
La moratoria a la que hace referencia el especialista, que además es fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, es uno de los puntos incluidos en el proyecto inicial, mediante la cual se propone un plazo extendido para hacer un inventario de humedales del país para, posteriormente, establecer categorías de protección y modos de uso.
“El proyecto del Pro no tiene moratoria, con lo cual ni bien salga van a avanzar sobre los humedales como una carrera, cosa que ya está pasando desde que el proyecto entró en el Congreso, que se ha incrementado la presión sobre los humedales; es el caso de la Cooperativa Isla Esperanza, de Tigre, que la han incendiado hace muy poco porque estaban protegiendo ese humedal desde la producción”, ejemplifica Franco Seguesso, del área de campañas de Greenpeace, y subraya que este es un punto relevante, ya que a diferencia de lo que muchos suponen o sostienen, “hay producción que protege los humedales y no es que no se puede producir en ellos”.
La investigadora Patricia Pintos, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, estudia el avance de las urbanizaciones cerradas en humedales que impactan en los procesos de inundación en la cuenca del Río Luján. Según Pintos, “el proyecto del senador Solanas admite la continuidad de actividades que son respetuosas de los ciclos naturales de los ecosistemas. Por el contrario, entendemos que este nuevo proyecto –por el presentado por senadores del Pro– es proclive al proceso de desarrollo y ocupación de humedales ligado a la actividad agroproductiva de la soja y al extractivismo inmobiliario”.
Para Claudio Baigun, investigador del CONICET y del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la Universidad de San Martin (UNSAM), en el nuevo dictamen “eliminaron el artículo 8, que dice que hay que respetar si el humedal tiene un valor para grupos vulnerables. El agua es la vida de la gente que vive allí en un montón de dimensiones, ya sea para tomarla, para pescar o llevar ganado. Eso, en este nuevo proyecto, no existe más”.
Baigun, junto a otros colegas del 3iA, participaron de los debates anteriores y presentaron algunas recomendaciones. Entre ellas, que el ordenamiento ambiental del territorio no debería ser visto como una herramienta para definir áreas a conservar (áreas protegidas, intangibles) y áreas que puedan modificarse y utilizarse sin ningún tipo de reglamentación, sino como un instrumento para articular la conservación de los ecosistemas, sus funciones, procesos y los servicios que brindan, con la diversidad de actividades productivas e intervenciones humanas, y que la forma en que estas se desarrollen sea compatible con las características del ambiente.
“Los humedales son sistemas que difieren del concepto estático de área de conservación intocable. Aquí se está poniendo en juego otro paradigma y hay que entender que los ecosistemas se pueden usar pero de una manera particular”, dice Patricia Kandus, doctora en Ciencias Biológicas y directora del Laboratorio de Ecología, Teledetección y Eco-Informática (LETyE) del 3iA, que trabaja en la elaboración de un mapa de regiones de humedales de la Argentina.
“Cuesta mucho pensar que hay lugares que no tienen siempre el mismo uso, en los que hay años en los que está todo inundado y se los puede usar de una manera, y otros en los que está todo seco y surgen nuevas formas de aprovechamiento. Esa mirada de que las cosas pueden cambiar, no solo en función de las reglas del mercado, sino también de las reglas de la naturaleza, permite desarrollar tecnologías y generar usos productivos acordes con la dinámica de los humedales”, coincide su colega Priscila Minotti, investigadora y docente del 3iA, quien junto con Kandus tienen a cargo un equipo de investigación que incluye a especialistas en matemática, ciencias ambientales, geología y geografía.
Mientras que el 40 % del territorio argentino es árido o seco, se estima que más de un 20 % del mismo está ocupado por humedales que cumplen con funciones ambientales vitales, como mantener los ciclos hidrológicos, retener agua u ofrecerla, según sea necesario, y hasta filtrar cierto tipo de contaminantes. En muchos casos, también constituyen un recurso vital para las comunidades.
Como su nombre lo indica, un humedal es un lugar en el que hay humedad; esto quiere decir que por momentos puede estar inundado, pero a veces también seco, o ser una especie de barro. Los hay de agua dulce o de río (vinculados a las cuencas), y también de agua salada o de mar; se pueden encontrar en la llanura, en la montaña y hasta en la puna (como las denominadas zonas periglaciares, que también son un tipo de humedal).
“En gran parte del mundo, los humedales se perdieron con las actividades tradicionales. Entonces, en los congresos se ve que las problemáticas que presentan los países desarrollados tienen que ver con cómo restaurar humedales, cómo reconstruirlos, porque se empiezan a dar cuenta que los necesitan para recuperar los ecosistemas que perdieron”, dice Kandus, y agrega que “la Argentina todavía tiene muchos humedales que pueden ser usados racionalmente”, aunque esta ventaja está en riesgo tras el avance de emprendimientos agrícolas, inmobiliarios y mineros sobre estos territorios, que muchas veces se consideran improductivos.
Participación cero
“¿Señor presidente, puedo hacer uso de la palabra?”, se oyó decir a una voz proveniente del fondo de la sala, en la última sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Senadores –en la que estuvo presente TSS–, presidida por Alfredo de Angeli el pasado martes 15 de noviembre, justo antes de que los legisladores presentes se dispusiera a firmar el dictamen del cuestionado nuevo proyecto, tras una sesión que duró poco más de media hora.
“Somos de las organizaciones sociales y ambientales y tenemos algo para decirles”, insistió la voz en medio del murmullo de las autoridades de la sala, quienes finalmente respondieron: “Lamentablemente ya no hay tiempo, hemos trabajado mucho en este proyecto”.
Y aunque las voces que se multiplicaban en el recinto reclamaban ser escuchadas y recordaban que ya se trabaja en este tema desde hace al menos cinco años, y que existe otro proyecto redactado con la participación de las organizaciones civiles y el asesoramiento de instituciones académicas, los senadores De Angeli, María Cristina del Valle Fiore Viñuales (Salta, por el Frente para la Victoria) y Silvia del Rosario Giacoppo (Jujuy, por la Unión Cívica Radical) firmaron el dictamen y se retiraron rápidamente sin hacer declaraciones.
Martín Nunziata fue uno de los que se acercaron al Congreso esa tarde. Vecino de Tigre y miembro de la Asamblea del Delta y Río de la Plata, le dijo a TSS: “No hay un sistema más productivo que los humedales. Nosotros no decimos que no se pueden hacer cosas productivas y, de hecho, yo vivo allí hace 40 años. Tigre, por ejemplo, ha perdido el 50 % de su territorio por emprendimientos inmobiliarios, lo que demuestra que tiene que haber una ley que le ponga un fin a esto, porque, además, están expulsando a gente de esos lugares y los están destruyendo ambientalmente”.
Finalmente, con tres firmas y sin el quorum necesario de diez legisladores para sesionar, el cuestionado nuevo dictamen quedó presentado. En el reciento también estuvieron presentes las senadoras María Graciela De la Rosa (Formosa, por Alianza Frente para la Victoria), María Ester Labado (Santa Cruz, Alianza Frente para la Victoria) y Sandra Giménez (Misiones, del Frente Renovador de la Concordia) –estas últimas sostuvieron su firma en el dictamen previo, de la Comisión de Ambiente– y los senadores Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos), Eduardo Aguilar (Chaco, por el Frente para la Victoria) y Daniel Raúl Pérsico (San Luis, Alianza Frente para la Victoria).
Se esperaba que ayer miércoles, en labor parlamentaria, los jefes de bloque incluyeran estos proyectos para su tratamiento, pero no fue así y el trámite parlamentario pasó para la próxima sesión del miércoles 23 de noviembre.
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Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: UNSAM - Agencia TSS
Provincia/Región: Nacional
El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales en la Argentina perderá estado parlamentario a fin de mes, a menos que la Cámara de Senadores la trate en alguna de las dos sesiones que restan antes de que termine el mes de noviembre. Esto significaría que quede sin efecto el dictamen que el año pasado presentó la Comisión de Ambiente, encabezada por el senador Pino Solanas (Sur-Unen) –junto con Magdalena Odarda (Río Negro, Alianza Frente Progresista), Jaime Linares (Buenos Aires, Frente Amplio Progresista) y Mirtha Luna (La Rioja, Alianza Frente para la Victoria Riojano)– y con la firma de 16 senadores. Algo similar había pasado con un dictamen anterior, presentado en 2013 por Rubén Giustiniani –por entonces senador por el Partido Socialista– y que había sido aprobado por unanimidad en Senadores, pero quedó estancado en el recinto de diputados.
“El oficialismo no quiere ninguna ley de humedales y está tratando de boicotearla de todas las maneras posibles, incluso de manera antirreglamentaria”, dice el abogado ambientalista Enrique Viale, asesor de Solanas. Y advierte que “entre todos los artilugios que se hicieron para boicotear la ley, el último que encontramos es la creación de una especie de dictamen de minoría que impulsa la presidencia de la Comisión de Agricultura –a cargo del senador entrerriano Alfredo De Angeli (Frente Pro)–, que le quita protección a los humedales y los vuelve una zona de producción y les quita la moratoria”.
La moratoria a la que hace referencia el especialista, que además es fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, es uno de los puntos incluidos en el proyecto inicial, mediante la cual se propone un plazo extendido para hacer un inventario de humedales del país para, posteriormente, establecer categorías de protección y modos de uso.
“El proyecto del Pro no tiene moratoria, con lo cual ni bien salga van a avanzar sobre los humedales como una carrera, cosa que ya está pasando desde que el proyecto entró en el Congreso, que se ha incrementado la presión sobre los humedales; es el caso de la Cooperativa Isla Esperanza, de Tigre, que la han incendiado hace muy poco porque estaban protegiendo ese humedal desde la producción”, ejemplifica Franco Seguesso, del área de campañas de Greenpeace, y subraya que este es un punto relevante, ya que a diferencia de lo que muchos suponen o sostienen, “hay producción que protege los humedales y no es que no se puede producir en ellos”.
La investigadora Patricia Pintos, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, estudia el avance de las urbanizaciones cerradas en humedales que impactan en los procesos de inundación en la cuenca del Río Luján. Según Pintos, “el proyecto del senador Solanas admite la continuidad de actividades que son respetuosas de los ciclos naturales de los ecosistemas. Por el contrario, entendemos que este nuevo proyecto –por el presentado por senadores del Pro– es proclive al proceso de desarrollo y ocupación de humedales ligado a la actividad agroproductiva de la soja y al extractivismo inmobiliario”.
Para Claudio Baigun, investigador del CONICET y del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la Universidad de San Martin (UNSAM), en el nuevo dictamen “eliminaron el artículo 8, que dice que hay que respetar si el humedal tiene un valor para grupos vulnerables. El agua es la vida de la gente que vive allí en un montón de dimensiones, ya sea para tomarla, para pescar o llevar ganado. Eso, en este nuevo proyecto, no existe más”.
Baigun, junto a otros colegas del 3iA, participaron de los debates anteriores y presentaron algunas recomendaciones. Entre ellas, que el ordenamiento ambiental del territorio no debería ser visto como una herramienta para definir áreas a conservar (áreas protegidas, intangibles) y áreas que puedan modificarse y utilizarse sin ningún tipo de reglamentación, sino como un instrumento para articular la conservación de los ecosistemas, sus funciones, procesos y los servicios que brindan, con la diversidad de actividades productivas e intervenciones humanas, y que la forma en que estas se desarrollen sea compatible con las características del ambiente.
“Los humedales son sistemas que difieren del concepto estático de área de conservación intocable. Aquí se está poniendo en juego otro paradigma y hay que entender que los ecosistemas se pueden usar pero de una manera particular”, dice Patricia Kandus, doctora en Ciencias Biológicas y directora del Laboratorio de Ecología, Teledetección y Eco-Informática (LETyE) del 3iA, que trabaja en la elaboración de un mapa de regiones de humedales de la Argentina.
“Cuesta mucho pensar que hay lugares que no tienen siempre el mismo uso, en los que hay años en los que está todo inundado y se los puede usar de una manera, y otros en los que está todo seco y surgen nuevas formas de aprovechamiento. Esa mirada de que las cosas pueden cambiar, no solo en función de las reglas del mercado, sino también de las reglas de la naturaleza, permite desarrollar tecnologías y generar usos productivos acordes con la dinámica de los humedales”, coincide su colega Priscila Minotti, investigadora y docente del 3iA, quien junto con Kandus tienen a cargo un equipo de investigación que incluye a especialistas en matemática, ciencias ambientales, geología y geografía.
Mientras que el 40 % del territorio argentino es árido o seco, se estima que más de un 20 % del mismo está ocupado por humedales que cumplen con funciones ambientales vitales, como mantener los ciclos hidrológicos, retener agua u ofrecerla, según sea necesario, y hasta filtrar cierto tipo de contaminantes. En muchos casos, también constituyen un recurso vital para las comunidades.
Como su nombre lo indica, un humedal es un lugar en el que hay humedad; esto quiere decir que por momentos puede estar inundado, pero a veces también seco, o ser una especie de barro. Los hay de agua dulce o de río (vinculados a las cuencas), y también de agua salada o de mar; se pueden encontrar en la llanura, en la montaña y hasta en la puna (como las denominadas zonas periglaciares, que también son un tipo de humedal).
“En gran parte del mundo, los humedales se perdieron con las actividades tradicionales. Entonces, en los congresos se ve que las problemáticas que presentan los países desarrollados tienen que ver con cómo restaurar humedales, cómo reconstruirlos, porque se empiezan a dar cuenta que los necesitan para recuperar los ecosistemas que perdieron”, dice Kandus, y agrega que “la Argentina todavía tiene muchos humedales que pueden ser usados racionalmente”, aunque esta ventaja está en riesgo tras el avance de emprendimientos agrícolas, inmobiliarios y mineros sobre estos territorios, que muchas veces se consideran improductivos.
Participación cero
“¿Señor presidente, puedo hacer uso de la palabra?”, se oyó decir a una voz proveniente del fondo de la sala, en la última sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Senadores –en la que estuvo presente TSS–, presidida por Alfredo de Angeli el pasado martes 15 de noviembre, justo antes de que los legisladores presentes se dispusiera a firmar el dictamen del cuestionado nuevo proyecto, tras una sesión que duró poco más de media hora.
“Somos de las organizaciones sociales y ambientales y tenemos algo para decirles”, insistió la voz en medio del murmullo de las autoridades de la sala, quienes finalmente respondieron: “Lamentablemente ya no hay tiempo, hemos trabajado mucho en este proyecto”.
Y aunque las voces que se multiplicaban en el recinto reclamaban ser escuchadas y recordaban que ya se trabaja en este tema desde hace al menos cinco años, y que existe otro proyecto redactado con la participación de las organizaciones civiles y el asesoramiento de instituciones académicas, los senadores De Angeli, María Cristina del Valle Fiore Viñuales (Salta, por el Frente para la Victoria) y Silvia del Rosario Giacoppo (Jujuy, por la Unión Cívica Radical) firmaron el dictamen y se retiraron rápidamente sin hacer declaraciones.
Martín Nunziata fue uno de los que se acercaron al Congreso esa tarde. Vecino de Tigre y miembro de la Asamblea del Delta y Río de la Plata, le dijo a TSS: “No hay un sistema más productivo que los humedales. Nosotros no decimos que no se pueden hacer cosas productivas y, de hecho, yo vivo allí hace 40 años. Tigre, por ejemplo, ha perdido el 50 % de su territorio por emprendimientos inmobiliarios, lo que demuestra que tiene que haber una ley que le ponga un fin a esto, porque, además, están expulsando a gente de esos lugares y los están destruyendo ambientalmente”.
Finalmente, con tres firmas y sin el quorum necesario de diez legisladores para sesionar, el cuestionado nuevo dictamen quedó presentado. En el reciento también estuvieron presentes las senadoras María Graciela De la Rosa (Formosa, por Alianza Frente para la Victoria), María Ester Labado (Santa Cruz, Alianza Frente para la Victoria) y Sandra Giménez (Misiones, del Frente Renovador de la Concordia) –estas últimas sostuvieron su firma en el dictamen previo, de la Comisión de Ambiente– y los senadores Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos), Eduardo Aguilar (Chaco, por el Frente para la Victoria) y Daniel Raúl Pérsico (San Luis, Alianza Frente para la Victoria).
Se esperaba que ayer miércoles, en labor parlamentaria, los jefes de bloque incluyeran estos proyectos para su tratamiento, pero no fue así y el trámite parlamentario pasó para la próxima sesión del miércoles 23 de noviembre.
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Confusa situación con Pelambres
La empresa chilena ratificó que no removerá el megabasurero minero en San Juan
Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
La firma Antofagasta Minerals empezó a retirar los neumáticos que había colocado sin cumplir con su propio plan de protección ambiental
Tras la habilitación de un paso fronterizo ocasional, la minera chilena Los Pelambres, que montó un botadero ilegal del lado argentinos de la frontera, comenzó a retirar unos 500 neumáticos gigantes que apiló sin ningún tipo de protección ambiental, pero ratificó que no removerá la escombrera, que de acuerdo a dos reportes oficiales, ya contaminó la zona.
"Una vez que retiremos todos los neumáticos, sólo va a quedar roca inerte. Por lo tanto, esperamos que nadie hable de nuevo de basurero, porque la roca removida no es considerada basura en ninguna parte del mundo", desafió el gerente general de Minera Los Pelambres, Robert Mayne-Nicholls, imputado por la Justicia sanjuanina por los delitos de contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas.
"Con el retiro de los neumáticos, (la escombrera) Cerro Amarillo vuelve a ser sólo un depósito de rocas, como muchos otros que existen en Chile, en la Argentina y en todas partes del mundo", añadió el ejecutivo, que era titular en Chile de la minera Barrick Gold cuando la empresa contaminó glaciares en la zona del proyecto Pascua Lama, que terminó siendo frenado por la justicia trasandina por el impacto ambiental que provocó.
La afirmación de Mayne-Nicholls contradice dos análisis del gobierno argentino y un tercero de una consultora privada, que coinciden en que la escombrera contaminó el territorio sanjuanino y hasta provocó la extinción de lagunas y vegas.
En ese sentido, un análisis realizado por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) en abril de 2014 detectó altos niveles de metales pesados en una laguna y un arroyo que tenían agua de buena calidad. Ambos están ubicados en el valle del río de la Carnicería, un afluente del río San Juan, el más importante de la provincia. Por eso, desde el sector ambientalista numerosas organizaciones exigieron la remoción del botadero, que costaría unos 200 millones de dólares, pero que es resistida por Los Pelambres.
"Desde el punto de vista técnico minero, que es nuestra competencia, para lograr el objetivo de proteger el medio ambiente y evitar cualquier riesgo futuro, lo que se debería hacer es un aislamiento o cierre de Cerro Amarillo. Eso es lo que realizan todas las empresas mineras serias del mundo cuando dejan de operar un botadero", advirtió Mayne-Nicholls desde Chile.
En esta primera semana de trabajo, la empresa retiró 140 neumáticos, que de acuerdo a su propio plan de acción aprobado por el gobierno chileno, deberían haber sido colocadas sobre material aislante, algo que la minera no cumplió y ninguna autoridad le exigió.
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Fecha de Publicación: 20/11/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
La firma Antofagasta Minerals empezó a retirar los neumáticos que había colocado sin cumplir con su propio plan de protección ambiental
Tras la habilitación de un paso fronterizo ocasional, la minera chilena Los Pelambres, que montó un botadero ilegal del lado argentinos de la frontera, comenzó a retirar unos 500 neumáticos gigantes que apiló sin ningún tipo de protección ambiental, pero ratificó que no removerá la escombrera, que de acuerdo a dos reportes oficiales, ya contaminó la zona.
"Una vez que retiremos todos los neumáticos, sólo va a quedar roca inerte. Por lo tanto, esperamos que nadie hable de nuevo de basurero, porque la roca removida no es considerada basura en ninguna parte del mundo", desafió el gerente general de Minera Los Pelambres, Robert Mayne-Nicholls, imputado por la Justicia sanjuanina por los delitos de contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas.
"Con el retiro de los neumáticos, (la escombrera) Cerro Amarillo vuelve a ser sólo un depósito de rocas, como muchos otros que existen en Chile, en la Argentina y en todas partes del mundo", añadió el ejecutivo, que era titular en Chile de la minera Barrick Gold cuando la empresa contaminó glaciares en la zona del proyecto Pascua Lama, que terminó siendo frenado por la justicia trasandina por el impacto ambiental que provocó.
La afirmación de Mayne-Nicholls contradice dos análisis del gobierno argentino y un tercero de una consultora privada, que coinciden en que la escombrera contaminó el territorio sanjuanino y hasta provocó la extinción de lagunas y vegas.
En ese sentido, un análisis realizado por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) en abril de 2014 detectó altos niveles de metales pesados en una laguna y un arroyo que tenían agua de buena calidad. Ambos están ubicados en el valle del río de la Carnicería, un afluente del río San Juan, el más importante de la provincia. Por eso, desde el sector ambientalista numerosas organizaciones exigieron la remoción del botadero, que costaría unos 200 millones de dólares, pero que es resistida por Los Pelambres.
"Desde el punto de vista técnico minero, que es nuestra competencia, para lograr el objetivo de proteger el medio ambiente y evitar cualquier riesgo futuro, lo que se debería hacer es un aislamiento o cierre de Cerro Amarillo. Eso es lo que realizan todas las empresas mineras serias del mundo cuando dejan de operar un botadero", advirtió Mayne-Nicholls desde Chile.
En esta primera semana de trabajo, la empresa retiró 140 neumáticos, que de acuerdo a su propio plan de acción aprobado por el gobierno chileno, deberían haber sido colocadas sobre material aislante, algo que la minera no cumplió y ninguna autoridad le exigió.
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