Monsanto desiste de su proyecto en Córdoba
08:00 | 
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Baldazo de agua fría para el campo: Monsanto desarma su proyecto de $1.500 millones en Córdoba
Fecha de Publicación: 04/08/2016
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Córdoba
Fuentes vinculadas a la multinacional confirmaron a iProfesional que negocian la venta del predio en Malvinas Argentinas. La empresa comenzó a desmontar las estructuras que inició en 2012. Las escasa superficie de maíz y el reclamo ambientalista fueron las causas que precipitaron la decisión
Tras un sinfín de idas y vueltas, Monsanto ordenó desarticular la planta para procesamiento de maíz que desde hace casi cuatro años intentaba levantar en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.
La iniciativa había partido de un anuncio entusiasta que la por entonces presidenta Cristina Kirchner concretó desde Nueva York en junio de 2012. El monto prometido: $1.500 millones.
Pero, con el correr de los meses -luego años- la instalación de Monsanto se topó primero con la dura resistencia de buena parte de la población local. Y la frutilla del postre la aportó una política agropecuaria que directamente minó la expansión de la superficie de maíz, cereal que la multinacional pensaba tratar en Malvinas Argentinas.
La combinación de factores desembocó primero en el parate de las obras en las 30 hectáreas bajo control de la firma, para luego concluir con esta decisión oficial de abandonar los planes pautados para esa zona de Córdoba.
El fin del proyecto fue confirmado a iProfesional por una fuente vinculada a la compañía, quien explicó que "la pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de los 3,5 millones de hectáreas de maíz y en los últimos año apenas se pasó de los 2,5 millones".
"Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Con las instalaciones que hoy Monsanto posee en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, la compañía puede operar con tranquilidad. Es más: como están las cosas, probablemente alcance sólo con esa planta de maíz por los próximos cinco años", explicó.
La fuente consultada reconoció que el bloqueo llevado a cabo por vecinos y ambientalistas en general, que frenó por completo la entrada de los materiales que requerían la construcción, también pesó a la hora de evaluar la continuidad de la inversión.
"No se pudo avanzar con la planta y esto también influyó. Pero lo más trascendente fue que el negocio cambió y dejó de ser conveniente para Monsanto", aseveró.
Según pudo confirmar iProfesional, la multinacional ya mantiene negociaciones con potenciales interesados en el predio.
"La idea es tratar de vender el terreno este año. En eso dependemos de la decisión de compra de quienes necesitan la superficie para otro proyecto", sostuvo la fuente.
El plan que caducó
La planta de Malvinas Argentinas preveía una inversión de $1.500 millones y su inauguración fue pautada para diciembre de 2013. La estrategia de Monsanto contemplaba, además, un desembolso extra de $170 millones en concepto de investigación y desarrollo.
"Dicha inversión contempla la construcción de dos nuevas estaciones experimentales (una en la provincia de Córdoba y la otra en la provincia de Tucumán); el desarrollo de programas de investigación y desarrollo de maíz y soja; ensayos experimentales a campo, investigación local en biotecnología y la expansión de laboratorios", informó la multinacional en un comunicado de junio de 2012.
La firma prometía crear hasta 400 puestos de trabajo directos en esa área de la provincia mediterránea.
Sin embargo, la movilización de gran parte de los vecinos de Malvinas Argentinas, en franca oposición a una planta de granos tratados con agroquímicos, en paralelo a un esquema orientado a inhibir la siembra de cultivos que no sean soja, culminó por enterrar otro anuncio kirchnerista que apenas si pasó de la promesa.
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Fecha de Publicación: 04/08/2016
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Córdoba
Fuentes vinculadas a la multinacional confirmaron a iProfesional que negocian la venta del predio en Malvinas Argentinas. La empresa comenzó a desmontar las estructuras que inició en 2012. Las escasa superficie de maíz y el reclamo ambientalista fueron las causas que precipitaron la decisión
Tras un sinfín de idas y vueltas, Monsanto ordenó desarticular la planta para procesamiento de maíz que desde hace casi cuatro años intentaba levantar en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.
La iniciativa había partido de un anuncio entusiasta que la por entonces presidenta Cristina Kirchner concretó desde Nueva York en junio de 2012. El monto prometido: $1.500 millones.
Pero, con el correr de los meses -luego años- la instalación de Monsanto se topó primero con la dura resistencia de buena parte de la población local. Y la frutilla del postre la aportó una política agropecuaria que directamente minó la expansión de la superficie de maíz, cereal que la multinacional pensaba tratar en Malvinas Argentinas.
La combinación de factores desembocó primero en el parate de las obras en las 30 hectáreas bajo control de la firma, para luego concluir con esta decisión oficial de abandonar los planes pautados para esa zona de Córdoba.
El fin del proyecto fue confirmado a iProfesional por una fuente vinculada a la compañía, quien explicó que "la pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de los 3,5 millones de hectáreas de maíz y en los últimos año apenas se pasó de los 2,5 millones".
"Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Con las instalaciones que hoy Monsanto posee en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, la compañía puede operar con tranquilidad. Es más: como están las cosas, probablemente alcance sólo con esa planta de maíz por los próximos cinco años", explicó.
La fuente consultada reconoció que el bloqueo llevado a cabo por vecinos y ambientalistas en general, que frenó por completo la entrada de los materiales que requerían la construcción, también pesó a la hora de evaluar la continuidad de la inversión.
"No se pudo avanzar con la planta y esto también influyó. Pero lo más trascendente fue que el negocio cambió y dejó de ser conveniente para Monsanto", aseveró.
Según pudo confirmar iProfesional, la multinacional ya mantiene negociaciones con potenciales interesados en el predio.
"La idea es tratar de vender el terreno este año. En eso dependemos de la decisión de compra de quienes necesitan la superficie para otro proyecto", sostuvo la fuente.
El plan que caducó
La planta de Malvinas Argentinas preveía una inversión de $1.500 millones y su inauguración fue pautada para diciembre de 2013. La estrategia de Monsanto contemplaba, además, un desembolso extra de $170 millones en concepto de investigación y desarrollo.
"Dicha inversión contempla la construcción de dos nuevas estaciones experimentales (una en la provincia de Córdoba y la otra en la provincia de Tucumán); el desarrollo de programas de investigación y desarrollo de maíz y soja; ensayos experimentales a campo, investigación local en biotecnología y la expansión de laboratorios", informó la multinacional en un comunicado de junio de 2012.
La firma prometía crear hasta 400 puestos de trabajo directos en esa área de la provincia mediterránea.
Sin embargo, la movilización de gran parte de los vecinos de Malvinas Argentinas, en franca oposición a una planta de granos tratados con agroquímicos, en paralelo a un esquema orientado a inhibir la siembra de cultivos que no sean soja, culminó por enterrar otro anuncio kirchnerista que apenas si pasó de la promesa.
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Salta aprobó un plan estratégico para salvar al yaguareté
Se aprobó un plan estratégico para evitar la extinción del yaguareté en Salta
Fecha de Publicación: 04/08/2016
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
El objetivo primordial que se persigue es ampliar la población silvestre de yaguaretés en las yungas argentinas
Se sabe que, desde hace tiempo, el yaguareté (animal autóctono de nuestro país) se encuentra en peligro de extinción. Uno de los pocos animales que no está en ese estado es el dragón de Komodo, que se halla en la islas del pacífico.
A sabiendas de esta situación, se aprobó un plan estratégico entre Salta, Jujuy y la Administración de los Parques Nacionales. En las dos provincias mencionadas, ambas desarrollaron una política asociada y en conjunto con la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Ambiente, respectivamente. La idea matriz de este proyecto es la conservación del yaguareté en las yungas.
La estrategia de las yungas fue elaborada, colectivamente, a través de reuniones técnicas y talleres.
Lo que se busca alcanzar es que se empiece a trabajar en el monitoreo de las poblaciones de yaguareté y sus presas naturales principales, validar e implementar corredores biológicos, promover prácticas sustentables, fortalecer el sistema legal y de control, impulsar políticas ganaderas para impedir el conflicto entre felinos, etc.
A largo plazo, se pretende subir el número de la población silvestre de los yaguaretés en las yungas argentinas y conservarla para futuras generaciones.
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Fecha de Publicación: 04/08/2016
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
El objetivo primordial que se persigue es ampliar la población silvestre de yaguaretés en las yungas argentinas
Se sabe que, desde hace tiempo, el yaguareté (animal autóctono de nuestro país) se encuentra en peligro de extinción. Uno de los pocos animales que no está en ese estado es el dragón de Komodo, que se halla en la islas del pacífico.
A sabiendas de esta situación, se aprobó un plan estratégico entre Salta, Jujuy y la Administración de los Parques Nacionales. En las dos provincias mencionadas, ambas desarrollaron una política asociada y en conjunto con la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Ambiente, respectivamente. La idea matriz de este proyecto es la conservación del yaguareté en las yungas.
La estrategia de las yungas fue elaborada, colectivamente, a través de reuniones técnicas y talleres.
Lo que se busca alcanzar es que se empiece a trabajar en el monitoreo de las poblaciones de yaguareté y sus presas naturales principales, validar e implementar corredores biológicos, promover prácticas sustentables, fortalecer el sistema legal y de control, impulsar políticas ganaderas para impedir el conflicto entre felinos, etc.
A largo plazo, se pretende subir el número de la población silvestre de los yaguaretés en las yungas argentinas y conservarla para futuras generaciones.
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El Paraná será monitoreado por el glifosato
Crearán una red de monitoreo para la cuenca del Paraná
Fecha de Publicación: 04/08/2016
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Nacional
Lo resolvió el Consejo Federal de Medio Ambiente, con el objetivo de estudiar a fondo la contaminación por glifosato. La secretaria de Ambiente de Entre Ríos sostiene que es necesaria una solución integral para proteger el recurso.
El Consejo Federal de Medio Ambiente se reunió, este viernes, en Córdoba para promover la creación de una red de información y monitoreo para las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay.
La red de información georeferenciada tendrá base en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y será de libre acceso para las jurisdicciones y con posibilidad de carga de datos a través de convenios bilaterales.
Además, el Cofema decidió la creación de un comité al efecto para establecer la necesaria adecuación y homologación de los datos a cargar, adecuando formas, metodologías de muestreo así como tipo y forma de realizar la evaluación de los diferentes datos recabados.
Los ministros y secretarios de Ambiente de las provincias argentinas que integran el Cofema acordaron también promover la conformación de un comité de cuenca de los ríos Paraná y Paraguay.
La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Belén Esteves sostuvo que "es necesario alcanzar una solución que sea integral porque de otra forma no es posible proteger el recurso. La protección de la cuenca tiene que darse en forma conjunta entre todas las jurisdicciones involucradas".
Sostuvo que primero hay que armonizar los criterios normativos y comentó que el organismo entrerriano está trabajando con una Universidad para avanzar en monitoreos continuos y permanentes para identificar las fuentes de contaminación.
"Propusimos en Cofema trabajar en el cuidado de la cuenca en forma conjunta con otras provincias y sobre tres ejes fundamentales que son la armonización normativa, el monitoreo permanente y la identificación de fuentes contaminantes", concluyó Esteves.
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Fecha de Publicación: 04/08/2016
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Nacional
Lo resolvió el Consejo Federal de Medio Ambiente, con el objetivo de estudiar a fondo la contaminación por glifosato. La secretaria de Ambiente de Entre Ríos sostiene que es necesaria una solución integral para proteger el recurso.
El Consejo Federal de Medio Ambiente se reunió, este viernes, en Córdoba para promover la creación de una red de información y monitoreo para las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay.
La red de información georeferenciada tendrá base en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y será de libre acceso para las jurisdicciones y con posibilidad de carga de datos a través de convenios bilaterales.
Además, el Cofema decidió la creación de un comité al efecto para establecer la necesaria adecuación y homologación de los datos a cargar, adecuando formas, metodologías de muestreo así como tipo y forma de realizar la evaluación de los diferentes datos recabados.
Los ministros y secretarios de Ambiente de las provincias argentinas que integran el Cofema acordaron también promover la conformación de un comité de cuenca de los ríos Paraná y Paraguay.
La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Belén Esteves sostuvo que "es necesario alcanzar una solución que sea integral porque de otra forma no es posible proteger el recurso. La protección de la cuenca tiene que darse en forma conjunta entre todas las jurisdicciones involucradas".
Sostuvo que primero hay que armonizar los criterios normativos y comentó que el organismo entrerriano está trabajando con una Universidad para avanzar en monitoreos continuos y permanentes para identificar las fuentes de contaminación.
"Propusimos en Cofema trabajar en el cuidado de la cuenca en forma conjunta con otras provincias y sobre tres ejes fundamentales que son la armonización normativa, el monitoreo permanente y la identificación de fuentes contaminantes", concluyó Esteves.
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agricultura industrial,
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Ambientalistas se van del Espacio de Diálogo Minero
Dieron el portazo: los ambientalistas dejaron el Espacio de Diálogo Minero
Fecha de Publicación: 03/08/2016
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
El conjunto de las Asambleas Populares del Agua de Mendoza decidieron no participar más de los debates que organiza el Gobierno de Mendoza.
El conjunto de las Asambleas Populares del Agua de Mendoza decidió salir del Espacio de Diálogo Minero, pues consideran que no están dadas las condiciones necesarias para participar de los debates organizados por el Gobierno provincial para definir una política de largo plazo en la actividad.
En un encuentro concretado por los representantes de toda Mendoza, entre ellos, San Carlos, General Alvear, San Rafael y el Gran Mendoza, pusieron en acción la disconformidad que ya habían expresado durante el primer encuentro del espacio realizado en junio pasado.
Se fueron del debate, que este martes iba a comenzar formalmente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, por considerar que desde el momento mismo del envío de las invitaciones, la elección de los expositores y la división de los temas para discutir, la posición de los ambientalistas ha sido vulneraba.
Desde el Gobierno de Mendoza, a través de la Secretaría de Energía, adelantaron que seguirán insistiendo con la participación de las asambleas porque buscan que todas las opiniones sean expresadas entorno a la minería.
También, luego de ser dada a conocer la novedad, se informó que hubo contactos con el grupo para poder convencerlos de continuar en el Espacio para dar lugar a la discusión de sus inquietudes.
Incluso, el titular de Energía, Emilio Guiñazú, indicó: "Si hay que corregir errores de comunicación o en la organización, lo haremos. Pero eso no puede ser interpretado como una conspiración para que evitar que ellos participen. Cuando nos hicieron una observación sobre el nombre del Espacio, lo cambiamos. Y repito esto no es para hacer algo que la ley 7.722 no permite".
En un extenso comunicado, las Asambleas Populares acusan al Gobierno de tener pocos gestos concretos respecto del cuidado ambiental y dan como ejemplo "el fracaso del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que quedó trunco por irregularidades del proceso. Sin ordenamiento territorial no puede haber un desarrollo armónico del territorio, mucho menos megaminería".
También aseguran: "No se puede dialogar cuando las autoridades que deberían controlar, miran para otro lado, negando las irregularidades de proyectos mineros que sistemáticamente violan la legislación vigente. Así, el proyecto San Jorge insiste con actualizar su Declaración de Impacto Ambiental en base a una MGIA que ha sido rechazada en todas las instancias a que ha sido sometida, y el complejo uranífero Sierra Pintada sigue sin cumplir con lo que la ley y la Justicia le obligan".
Pero, sobre todo, lo que ha molestado a los ambientalistas es el método elegido para dirigir las mesas de discusión, a través de una consultoría. En este sentido, Guiñazú explicó que es necesario para dar forma a un debate tan arduo como extenso y poder llegar a una conclusión certera".
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Fecha de Publicación: 03/08/2016
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
El conjunto de las Asambleas Populares del Agua de Mendoza decidieron no participar más de los debates que organiza el Gobierno de Mendoza.
El conjunto de las Asambleas Populares del Agua de Mendoza decidió salir del Espacio de Diálogo Minero, pues consideran que no están dadas las condiciones necesarias para participar de los debates organizados por el Gobierno provincial para definir una política de largo plazo en la actividad.
En un encuentro concretado por los representantes de toda Mendoza, entre ellos, San Carlos, General Alvear, San Rafael y el Gran Mendoza, pusieron en acción la disconformidad que ya habían expresado durante el primer encuentro del espacio realizado en junio pasado.
Se fueron del debate, que este martes iba a comenzar formalmente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, por considerar que desde el momento mismo del envío de las invitaciones, la elección de los expositores y la división de los temas para discutir, la posición de los ambientalistas ha sido vulneraba.
Desde el Gobierno de Mendoza, a través de la Secretaría de Energía, adelantaron que seguirán insistiendo con la participación de las asambleas porque buscan que todas las opiniones sean expresadas entorno a la minería.
También, luego de ser dada a conocer la novedad, se informó que hubo contactos con el grupo para poder convencerlos de continuar en el Espacio para dar lugar a la discusión de sus inquietudes.
Incluso, el titular de Energía, Emilio Guiñazú, indicó: "Si hay que corregir errores de comunicación o en la organización, lo haremos. Pero eso no puede ser interpretado como una conspiración para que evitar que ellos participen. Cuando nos hicieron una observación sobre el nombre del Espacio, lo cambiamos. Y repito esto no es para hacer algo que la ley 7.722 no permite".
En un extenso comunicado, las Asambleas Populares acusan al Gobierno de tener pocos gestos concretos respecto del cuidado ambiental y dan como ejemplo "el fracaso del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que quedó trunco por irregularidades del proceso. Sin ordenamiento territorial no puede haber un desarrollo armónico del territorio, mucho menos megaminería".
También aseguran: "No se puede dialogar cuando las autoridades que deberían controlar, miran para otro lado, negando las irregularidades de proyectos mineros que sistemáticamente violan la legislación vigente. Así, el proyecto San Jorge insiste con actualizar su Declaración de Impacto Ambiental en base a una MGIA que ha sido rechazada en todas las instancias a que ha sido sometida, y el complejo uranífero Sierra Pintada sigue sin cumplir con lo que la ley y la Justicia le obligan".
Pero, sobre todo, lo que ha molestado a los ambientalistas es el método elegido para dirigir las mesas de discusión, a través de una consultoría. En este sentido, Guiñazú explicó que es necesario para dar forma a un debate tan arduo como extenso y poder llegar a una conclusión certera".
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El potencial de la generación particular de energía
La generación particular de energía, a buen precio
Fecha de Publicación: 03/08/2016
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El gran potencial de recursos que presenta nuestro país nos permite pensar en la implementación de un marco regulatorio de alcance nacional que autorice a los usuarios residenciales, comerciales e industriales a abastecerse con energía limpia con la posibilidad de inyectar a la red. Éste es el modelo más virtuoso para el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable generado cerca del consumo, de manera descentralizada y que reduce las perdidas por transporte y distribución.
La acuciante crisis energética que presenta nuestra querida Argentina se presenta a la vez como una oportunidad para planificar y desarrollar políticas de Estado de mediano y largo plazos con el acento en la utilización de energías renovables. Así avanzan las principales potencias y nuestro país está en condiciones de subirse a este barco con perspectivas de liderazgo.
Según las conclusiones obtenidas por un informe que elaboramos en la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), será necesario instalar 1.500 MW de potencia por año para recuperar la reserva técnica de generación eléctrica y cubrir las perspectivas de aumento de la demanda.
El Programa “RenovAr” que lanzó el Gobierno nacional mediante la Subsecretaría de Energías Renovables que conduce Sebastián Kind, es un paso en la dirección correcta ya que, de concluir exitoso, permitirá la instalación de 1.000 MW hacia el año 2017, lo que significará 1.500 millones de dólares de inversión.
Si bien es valorable esta iniciativa, además de avanzar en la construcción de grandes centrales eólicas, de energía solar, biomasa o minihidroeléctricas, es imprescindible trabajar en una nueva ley de generación distribuida que permita a los consumidores particulares adquirir equipos para inyectar energía renovable a la red en los momentos cuando la generación supera la demanda, facilitando el proceso con tarifas promocionales y créditos de los organismos financieros.
Varias provincias iniciaron este camino -Santa Fe, Salta, Mendoza e inminentemente Neuquén- y otras están estudiando el tema con interés de conseguirlo en 2016, pero un marco regulatorio nacional es la vía más veloz y adecuada que permitirá un virtuoso desarrollo del mercado. Así lo revelan las experiencias de otros países.
Con una nueva normativa, el sector eléctrico y la propia macroeconomía gozarán de importantes beneficios: la creación de miles puestos de trabajo y el desarrollo de una industria local, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, ahorro de divisas por la no importación de combustibles fósiles, disminución de la presión sobre las redes eléctricas. Y desde el punto de vista social, sin dudas aumentará la conciencia sobre la importancia del cambio climático.
En lo que respecta al empleo en el sector, según un análisis de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena) a escala mundial aumentaría de 9,2 millones de puestos de trabajo actuales a 24 millones en 2030.
Y en relación con Argentina, cumpliendo con el objetivo que plantea la ley 27191 de lograr que 8 por ciento de la matriz eléctrica esté conformado por energías renovables, en Cader calculamos que se crearán 60.000 nuevos empleos hacia el año 2017.
En línea con estas propuestas, nuestra entidad está coordinando y colaborando junto con legisladores nacionales de distintas fuerzas políticas -FpV, FR, Cambiemos, Socialismo, UCR, Bloque PJ-, autoridades y otras asociaciones del rubro, la unificación de criterios sobre nueve proyectos de ley ya presentados en el Congreso Nacional que proponen la regulación de la generación distribuida.
La experiencia es realmente gratificante dado que hemos encontrado gran vocación por parte de los legisladores, por eso esperamos en el corto plazo contar con una sola iniciativa resultante de un interesante proceso de consenso político.
Estas ideas ocurren en un contexto propicio porque el costo de todas las tecnologías renovables viene bajando sustancialmente de precio en el mundo, al punto que en muchas economías son más baratas que la generación eléctrica con base en combustibles fósiles.
Hoy son convenientes para Argentina con respecto a la utilización de gasoil o fueloil importado, pero en pocos años las energías renovables desplazarán las convencionales. Ya está pasando en el mundo y Argentina no será la excepción.
Para citar apenas ejemplos, cabe mencionar que el precio del MWh hacia 2040, según un informe de Irena, estima que en la energía solar bajará 60 por ciento y la eólica 41 por ciento. También son importantes los resultados obtenidos en lo que refiere a acumulación de energía.
Para tomar dimensión del potencial local cabe destacar que la mayor parte del territorio nacional es apto para el desarrollo de la energía eólica. Y otro tanto para las solar, biomasa y minihidroeléctrica.
Creo que Argentina tiene la obligación moral de diversificar la matriz eléctrica mediante energía renovable. Si no lo hace por la “mera” responsabilidad ambiental, debe hacerlo porque es más barato, genera más trabajo local y reduce la salida de divisas al exterior. Recordemos que nuestra generación no ha heredado el planeta: sólo lo tenemos en préstamo de nuestros hijos.
Por Marcelo Álvarez - Presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader).
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Fecha de Publicación: 03/08/2016
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El gran potencial de recursos que presenta nuestro país nos permite pensar en la implementación de un marco regulatorio de alcance nacional que autorice a los usuarios residenciales, comerciales e industriales a abastecerse con energía limpia con la posibilidad de inyectar a la red. Éste es el modelo más virtuoso para el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable generado cerca del consumo, de manera descentralizada y que reduce las perdidas por transporte y distribución.
La acuciante crisis energética que presenta nuestra querida Argentina se presenta a la vez como una oportunidad para planificar y desarrollar políticas de Estado de mediano y largo plazos con el acento en la utilización de energías renovables. Así avanzan las principales potencias y nuestro país está en condiciones de subirse a este barco con perspectivas de liderazgo.
Según las conclusiones obtenidas por un informe que elaboramos en la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), será necesario instalar 1.500 MW de potencia por año para recuperar la reserva técnica de generación eléctrica y cubrir las perspectivas de aumento de la demanda.
El Programa “RenovAr” que lanzó el Gobierno nacional mediante la Subsecretaría de Energías Renovables que conduce Sebastián Kind, es un paso en la dirección correcta ya que, de concluir exitoso, permitirá la instalación de 1.000 MW hacia el año 2017, lo que significará 1.500 millones de dólares de inversión.
Si bien es valorable esta iniciativa, además de avanzar en la construcción de grandes centrales eólicas, de energía solar, biomasa o minihidroeléctricas, es imprescindible trabajar en una nueva ley de generación distribuida que permita a los consumidores particulares adquirir equipos para inyectar energía renovable a la red en los momentos cuando la generación supera la demanda, facilitando el proceso con tarifas promocionales y créditos de los organismos financieros.
Varias provincias iniciaron este camino -Santa Fe, Salta, Mendoza e inminentemente Neuquén- y otras están estudiando el tema con interés de conseguirlo en 2016, pero un marco regulatorio nacional es la vía más veloz y adecuada que permitirá un virtuoso desarrollo del mercado. Así lo revelan las experiencias de otros países.
Con una nueva normativa, el sector eléctrico y la propia macroeconomía gozarán de importantes beneficios: la creación de miles puestos de trabajo y el desarrollo de una industria local, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, ahorro de divisas por la no importación de combustibles fósiles, disminución de la presión sobre las redes eléctricas. Y desde el punto de vista social, sin dudas aumentará la conciencia sobre la importancia del cambio climático.
En lo que respecta al empleo en el sector, según un análisis de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena) a escala mundial aumentaría de 9,2 millones de puestos de trabajo actuales a 24 millones en 2030.
Y en relación con Argentina, cumpliendo con el objetivo que plantea la ley 27191 de lograr que 8 por ciento de la matriz eléctrica esté conformado por energías renovables, en Cader calculamos que se crearán 60.000 nuevos empleos hacia el año 2017.
En línea con estas propuestas, nuestra entidad está coordinando y colaborando junto con legisladores nacionales de distintas fuerzas políticas -FpV, FR, Cambiemos, Socialismo, UCR, Bloque PJ-, autoridades y otras asociaciones del rubro, la unificación de criterios sobre nueve proyectos de ley ya presentados en el Congreso Nacional que proponen la regulación de la generación distribuida.
La experiencia es realmente gratificante dado que hemos encontrado gran vocación por parte de los legisladores, por eso esperamos en el corto plazo contar con una sola iniciativa resultante de un interesante proceso de consenso político.
Estas ideas ocurren en un contexto propicio porque el costo de todas las tecnologías renovables viene bajando sustancialmente de precio en el mundo, al punto que en muchas economías son más baratas que la generación eléctrica con base en combustibles fósiles.
Hoy son convenientes para Argentina con respecto a la utilización de gasoil o fueloil importado, pero en pocos años las energías renovables desplazarán las convencionales. Ya está pasando en el mundo y Argentina no será la excepción.
Para citar apenas ejemplos, cabe mencionar que el precio del MWh hacia 2040, según un informe de Irena, estima que en la energía solar bajará 60 por ciento y la eólica 41 por ciento. También son importantes los resultados obtenidos en lo que refiere a acumulación de energía.
Para tomar dimensión del potencial local cabe destacar que la mayor parte del territorio nacional es apto para el desarrollo de la energía eólica. Y otro tanto para las solar, biomasa y minihidroeléctrica.
Creo que Argentina tiene la obligación moral de diversificar la matriz eléctrica mediante energía renovable. Si no lo hace por la “mera” responsabilidad ambiental, debe hacerlo porque es más barato, genera más trabajo local y reduce la salida de divisas al exterior. Recordemos que nuestra generación no ha heredado el planeta: sólo lo tenemos en préstamo de nuestros hijos.
Por Marcelo Álvarez - Presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader).
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Denuncian mortandad de peces frente UPM-Botnia
Vecinos de Gualeguaychú denunciaron mortandad de peces frente a la pastera UPM-Botnia
Fecha de Publicación: 03/08/2016
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Una gran cantidad de peces muertos aparecieron este domingo en la costa del balneario Ñandubaysal, frente a la pastera UPM, sobre el río Uruguay. Casi todos los peces muertos presentaban en la cabeza, en la boca, en los ojos y en las agallas, una especie de baba amarronada. Dos vecinos de Gualeguaychú fueron quienes lo descubrieron, cuando salieron a realizar actividad ciclística por el lugar. “Primero nos llamó mucho la atención a la distancia ver una enorme cantidad de gaviotas que estaban revoloteando por la costa. Cuando nos acercamos por curiosidad, observamos atónitos un espectáculo casi macabro: cientos y cientos de peces muertos y otros agonizando sobre la costa”, referenció Roberto Marchesini, uno de los vecinos, al contar el impacto que le produjo esa experiencia.
Por su parte, Marcelo Farías especificó que le llamó la atención que “casi todos los peces muertos tienen en común que presentaban en la cabeza, en la boca, en los ojos y en las agallas, una especie de baba amarronada”.
Ambos vecinos coincidieron en señalar que también observaron “en la arena de la playa una sustancia viscosa, que no era la comúnmente llamada resaca del río, sino un producto negro, como aceitoso y muy espeso”.
Al lugar también se acercó otro vecino, Alfredo Casella, quien atinó a tapar con arena los peces muertos con el objetivo de que las gaviotas no se alimentaran, dada la firme sospecha y el temor de que estuvieran contaminados por algún producto desconocido.
“En la boca de los peces y en muchas partes de sus cuerpos también se observaron manchas negras, las mismas que vimos en la playa”, destacó Marchesini en declaraciones a El Argentino.
La mayoría de los peces eran sábalos, de unos diez a quince centímetros. “Lo otro que nos llamó la atención es que no percibimos olores pestilentes o los característicos cuando se pudre el pescado, lo que nos indicaría que esa mortandad era muy reciente”, coincidieron ambos en su relato.
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Fecha de Publicación: 03/08/2016
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Una gran cantidad de peces muertos aparecieron este domingo en la costa del balneario Ñandubaysal, frente a la pastera UPM, sobre el río Uruguay. Casi todos los peces muertos presentaban en la cabeza, en la boca, en los ojos y en las agallas, una especie de baba amarronada. Dos vecinos de Gualeguaychú fueron quienes lo descubrieron, cuando salieron a realizar actividad ciclística por el lugar. “Primero nos llamó mucho la atención a la distancia ver una enorme cantidad de gaviotas que estaban revoloteando por la costa. Cuando nos acercamos por curiosidad, observamos atónitos un espectáculo casi macabro: cientos y cientos de peces muertos y otros agonizando sobre la costa”, referenció Roberto Marchesini, uno de los vecinos, al contar el impacto que le produjo esa experiencia.
Por su parte, Marcelo Farías especificó que le llamó la atención que “casi todos los peces muertos tienen en común que presentaban en la cabeza, en la boca, en los ojos y en las agallas, una especie de baba amarronada”.
Ambos vecinos coincidieron en señalar que también observaron “en la arena de la playa una sustancia viscosa, que no era la comúnmente llamada resaca del río, sino un producto negro, como aceitoso y muy espeso”.
Al lugar también se acercó otro vecino, Alfredo Casella, quien atinó a tapar con arena los peces muertos con el objetivo de que las gaviotas no se alimentaran, dada la firme sospecha y el temor de que estuvieran contaminados por algún producto desconocido.
“En la boca de los peces y en muchas partes de sus cuerpos también se observaron manchas negras, las mismas que vimos en la playa”, destacó Marchesini en declaraciones a El Argentino.
La mayoría de los peces eran sábalos, de unos diez a quince centímetros. “Lo otro que nos llamó la atención es que no percibimos olores pestilentes o los característicos cuando se pudre el pescado, lo que nos indicaría que esa mortandad era muy reciente”, coincidieron ambos en su relato.
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Misiones: asamblea Aty Ñeychyrõ ante deforestación
Misiones: se realizó la primera Consulta por deforestación en territorio indígena
Fecha de Publicación: 02/08/2016
Fuente: MisionesCuatro
Provincia/Región: Misiones
En el marco de la gran asamblea Aty Ñeychyrõ, reunido desde el 25-29 de Julio de 2016 en Tekoa Ka´a Kupe, Territorio Guaraní, se llevó a cabo el primer tramo de la Consulta Pueblo Mbya, con la presencia del Dr. Juan Manuel Díaz Subsecretario del Ministerio de Ecología y RNR , la Directora de Bosques María Elena Benítez y funcionarios del mismo; de acuerdo a lo establecido por la Ley de Bosques, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Indígenas. Esta es la primera Consulta que se hace en la Provincia de Misiones referida a dos casos de deforestación en territorio indígena.
En el primer caso, se trata del Aprovechamiento Forestal de 659 has. por parte de la empresa de Juan Pablo Tschirsch – ex Vice Gobernador de la Provincia – del monte ubicado dentro del territorio ancestral de la Comunidad ¨Arroyo 9¨ en Municipio de San Vicente. Ante la falta de información clara y precisa por parte de la Empresa que permitiese un análisis serio, el Mburuvicha Casimiro Fernández expresó que no se cumplían los parámetros establecidos por legislación para una Consulta: Previa, Libre e Informada , por lo que se continuará en la próxima reunión del Aty Ñeychyrõ en el mes de agosto.
En el segundo caso, la Empresa CARBA SACIA que afecta a la Comunidad Ka´a Poty , la que reclamó que se estaba haciendo una explotación con la supuesta autorización del fallecido Mburuvicha Eustaquio Cáceres que estaba muy enfermo y que para la fecha de la firma de la autorización había perdido la visión, ésta se había concretado el 25 de marzo de 2014, falleciendo en el 2015. Ante este reclamo, la Empresa decidió suspender la explotación hasta que se aclare la situación. Acordaron mutuamente continuar dialogando sobre los intereses de la Comunidad y llegar a un posible reconocimiento por parte de la empresa de reconocer y respetar la demarcación realizada por la aplicación de la Ley 26160, donde quedó establecido la totalidad del territorio de Ka´a Poty.
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Fecha de Publicación: 02/08/2016
Fuente: MisionesCuatro
Provincia/Región: Misiones
En el marco de la gran asamblea Aty Ñeychyrõ, reunido desde el 25-29 de Julio de 2016 en Tekoa Ka´a Kupe, Territorio Guaraní, se llevó a cabo el primer tramo de la Consulta Pueblo Mbya, con la presencia del Dr. Juan Manuel Díaz Subsecretario del Ministerio de Ecología y RNR , la Directora de Bosques María Elena Benítez y funcionarios del mismo; de acuerdo a lo establecido por la Ley de Bosques, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Indígenas. Esta es la primera Consulta que se hace en la Provincia de Misiones referida a dos casos de deforestación en territorio indígena.
En el primer caso, se trata del Aprovechamiento Forestal de 659 has. por parte de la empresa de Juan Pablo Tschirsch – ex Vice Gobernador de la Provincia – del monte ubicado dentro del territorio ancestral de la Comunidad ¨Arroyo 9¨ en Municipio de San Vicente. Ante la falta de información clara y precisa por parte de la Empresa que permitiese un análisis serio, el Mburuvicha Casimiro Fernández expresó que no se cumplían los parámetros establecidos por legislación para una Consulta: Previa, Libre e Informada , por lo que se continuará en la próxima reunión del Aty Ñeychyrõ en el mes de agosto.
En el segundo caso, la Empresa CARBA SACIA que afecta a la Comunidad Ka´a Poty , la que reclamó que se estaba haciendo una explotación con la supuesta autorización del fallecido Mburuvicha Eustaquio Cáceres que estaba muy enfermo y que para la fecha de la firma de la autorización había perdido la visión, ésta se había concretado el 25 de marzo de 2014, falleciendo en el 2015. Ante este reclamo, la Empresa decidió suspender la explotación hasta que se aclare la situación. Acordaron mutuamente continuar dialogando sobre los intereses de la Comunidad y llegar a un posible reconocimiento por parte de la empresa de reconocer y respetar la demarcación realizada por la aplicación de la Ley 26160, donde quedó establecido la totalidad del territorio de Ka´a Poty.
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Prat Gay dice que Vale vuelve, pero nadie sabe nada
Prat Gay afirma que la minera Vale vuelve a Mendoza, pero Cornejo no sabe nada
Fecha de Publicación: 02/08/2016
Fuente: La Politica Online
Provincia/Región: Mendoza
“No hay ningún dato que aliente la temeraria afirmación que realiza el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación”, fue la respuesta, contundente, de un alto funcionario del Gobierno provincial cuando se le preguntó si la minera Vale había prometido invertir 1.500 millones de dólares en el yacimiento Potasio Río Colorado, en el sur mendocino.
En la web de la cartera que dirige Alfonsa Prat Gay se puede visualizar un gran y llamativo “contador de inversiones”, en realidad es un contador de promesas de inversión en base a información de cámaras empresarias. Esto tiene que ver con la tan mentada “lluvias de inversiones extranjeras” que el PRO tanto fogoneó y que no se ha concretado.
En definitiva, en el apartado por provincia Mendoza aparece como que recibirá inversiones por 1.578 millones de dólares, correspondientes 78 millones a EMESA (Empresa Mendocina de Energía), que confirmó hace un mes la instalación de una usina termoeléctrica abastecida por gas licuado procedente de pozos con limitada producción.
Los otros 1.500 millones de dólares, según la misma web del Ministerio de Hacienda y Finanzas, provendrían de Vale.
La minera brasileña abandonó el proyecto –ambicioso, de una inversión original de 10.000 millones de dólares para extraer 4 millones de toneladas de potasio por año– en el 2013. Y hasta el momento, según lo que saben en el Gobierno provincial, la empresa está buscando socios para comenzar a analizar la posibilidad de comenzar a reactivar el proyecto con un tercio de su capacidad original.
Incluso el proyecto “reducido” fue idea de Alfredo Cornejo, el gobernador mendocino. En su afán por reactivar la mina, les sugirió a los brasileños apenas ganó las elecciones, que revieran el proyecto y que lo achicaran a una escala que pudieran hacerle frente. De todas maneras, Vale avisó que no está en condiciones de hacerlo solo, por lo que busca desde hace meses socios.
Como sea, en Mendoza sorprendió el “optimismo” de Prat Gay y el Gobierno nacional al contabilizar como inversión un negocio que está muy verde, y el que debe pasar por varias instancias antes de ser una inversión concreta y real.
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Fecha de Publicación: 02/08/2016
Fuente: La Politica Online
Provincia/Región: Mendoza
“No hay ningún dato que aliente la temeraria afirmación que realiza el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación”, fue la respuesta, contundente, de un alto funcionario del Gobierno provincial cuando se le preguntó si la minera Vale había prometido invertir 1.500 millones de dólares en el yacimiento Potasio Río Colorado, en el sur mendocino.
En la web de la cartera que dirige Alfonsa Prat Gay se puede visualizar un gran y llamativo “contador de inversiones”, en realidad es un contador de promesas de inversión en base a información de cámaras empresarias. Esto tiene que ver con la tan mentada “lluvias de inversiones extranjeras” que el PRO tanto fogoneó y que no se ha concretado.
En definitiva, en el apartado por provincia Mendoza aparece como que recibirá inversiones por 1.578 millones de dólares, correspondientes 78 millones a EMESA (Empresa Mendocina de Energía), que confirmó hace un mes la instalación de una usina termoeléctrica abastecida por gas licuado procedente de pozos con limitada producción.
Los otros 1.500 millones de dólares, según la misma web del Ministerio de Hacienda y Finanzas, provendrían de Vale.
La minera brasileña abandonó el proyecto –ambicioso, de una inversión original de 10.000 millones de dólares para extraer 4 millones de toneladas de potasio por año– en el 2013. Y hasta el momento, según lo que saben en el Gobierno provincial, la empresa está buscando socios para comenzar a analizar la posibilidad de comenzar a reactivar el proyecto con un tercio de su capacidad original.
Incluso el proyecto “reducido” fue idea de Alfredo Cornejo, el gobernador mendocino. En su afán por reactivar la mina, les sugirió a los brasileños apenas ganó las elecciones, que revieran el proyecto y que lo achicaran a una escala que pudieran hacerle frente. De todas maneras, Vale avisó que no está en condiciones de hacerlo solo, por lo que busca desde hace meses socios.
Como sea, en Mendoza sorprendió el “optimismo” de Prat Gay y el Gobierno nacional al contabilizar como inversión un negocio que está muy verde, y el que debe pasar por varias instancias antes de ser una inversión concreta y real.
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El aire más puro de la CABA está en un edificio
El aire más puro de Buenos Aires se respira en el primer edificio sustentable
Fecha de Publicación: 02/08/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
El primer edificio sustentable de Buenos Aires, que ahorra energía y agua, que no contamina y que tiene en su interior “el aire más puro que se puede conseguir en una ciudad”, está en Constitución, tiene 13 pisos y una obra del artista plástico Rogelio Polesello cubre sus dos fachadas.
“Un edificio sustentable tiene tres objetivos: ahorrar el máximo de energía y cuidar el agua, que son bienes escasos, y cuidar la calidad del aire que respira la gente que pasa allí dentro entre ocho y diez horas trabajando”, dijo a Télam Moises Altman, el ingeniero a cargo de esta construcción ecológica.
El Altman Eco-office ahorra un 28 por ciento de energía, gracias a sus paneles solares que alimentan la red y a los vidrios herméticos de las ventanas. “Las ventanas están hechas con vidrios herméticos que evitan que el interior del edificio se caliente en verano y conservan calor en invierno”, dijo a Télam Liliana Altman, quien es arquitecta, hija de Moises, y también participó del proyecto.
Estos vidrios, además de aislar de los ruidos tienen “eficiencia lumínica y energética”, contribuyendo así al ahorro energético.
El edificio también utiliza un “50 por ciento menos de agua”, ya que recoge el agua de lluvia en tanques para utilizarla, y se trata y reutiliza las aguas grises (aquellas que salen de los desagües de lavamanos y piletas de cocina).
“Cuando empezamos a construir este edificio, en 2011, no había ningún antecedente en el país, y decidí hacerlo porque supe que había una base real y científica para construir de manera sustentable, y tuve que aprenderla desde cero”, comentó Moises, quien tiene 88 años y hace 68 que construye edificios en Buenos Aires. El Altman Eco Office se terminó en 2014.
“El aire que se respira en este edificio es el más puro que se puede conseguir en una ciudad”, aseguró Moises, y explicó que esto se logra con una toma de aire a 50 metros de altura y con filtros ubicados en esa toma y en cada lugar hacia el que se “direcciona” el aire que luego circulará en el interior. A esto se suma “un sistema de extracción del aire viciado”.
Por otra parte, esta torre no contamina, ya que las plantas autóctonas -que no necesitan más riego que el de la lluvia y están presentes en las terrazas y retiros- absorben las emisiones de carbono.
“Los edificios, con su normal funcionamiento, producen anhídrido carbónico, lo que se trata es de llevar a cero esa polución, por eso en la terraza y en todos los espacios exteriores donde se puede” hay plantas autóctonas que absorben los contaminantes, explicó.
Además, los motores de los equipos de aire acondicionado tampoco contaminan, ya que “filtran el aire de adentro hacia afuera y viceversa”, agregó Liliana. En la terraza también hay un termotanque solar que abastece de agua caliente a todos los baños y cocinas.
“Un edificio tiene que ser útil y confortable para los que viven y trabajan en él, además de que una vez construido pasa a formar parte del paisaje urbano, por centenares de años quizás, por eso tiene que tener un impacto visual agradable”, dijo Moises.
Por esta razón, pidieron al artista argentino Rogelio Polesello, conocido por sus trabajos abstractos y geométricos, que diseñara una obra que abarque las dos fachadas, sobre las calles Lima y Humberto 1°. El resultado fue una serigrafía de seis metros de ancho y 40 de alto.
Al ser consultado sobre una posible tendencia hacia la construcción sustentable en la arquitectura en Argentina, Moises respondió: “Construir un edificio sustentable de acuerdo a las normas LEED, que rigen a nivel internacional, requiere invertir al menos un 25 por ciento más, lo que hace que sea menos rentable. Lamentablemente, no podemos hablar de una tendencia”.
“El mercado no reconoce (la sustentabilidad) como un valor, y tampoco hay un aliciente como pueden ser los beneficios impositivos”, agregó su hija.
Moises Altman tiene 88 años, lleva 68 años trabajando y construyó en Buenos Aires 58 edificios, entre los que se destacan algunos que ha hecho ad honorem, como el de la AMIA en la calle Pasteur, el museo del holocausto y la ampliación del cementerio la Tablada. Actualmente trabaja en lo que será el edificio de la cultura judío argentina.
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Fecha de Publicación: 02/08/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
El primer edificio sustentable de Buenos Aires, que ahorra energía y agua, que no contamina y que tiene en su interior “el aire más puro que se puede conseguir en una ciudad”, está en Constitución, tiene 13 pisos y una obra del artista plástico Rogelio Polesello cubre sus dos fachadas.
“Un edificio sustentable tiene tres objetivos: ahorrar el máximo de energía y cuidar el agua, que son bienes escasos, y cuidar la calidad del aire que respira la gente que pasa allí dentro entre ocho y diez horas trabajando”, dijo a Télam Moises Altman, el ingeniero a cargo de esta construcción ecológica.
El Altman Eco-office ahorra un 28 por ciento de energía, gracias a sus paneles solares que alimentan la red y a los vidrios herméticos de las ventanas. “Las ventanas están hechas con vidrios herméticos que evitan que el interior del edificio se caliente en verano y conservan calor en invierno”, dijo a Télam Liliana Altman, quien es arquitecta, hija de Moises, y también participó del proyecto.
Estos vidrios, además de aislar de los ruidos tienen “eficiencia lumínica y energética”, contribuyendo así al ahorro energético.
El edificio también utiliza un “50 por ciento menos de agua”, ya que recoge el agua de lluvia en tanques para utilizarla, y se trata y reutiliza las aguas grises (aquellas que salen de los desagües de lavamanos y piletas de cocina).
“Cuando empezamos a construir este edificio, en 2011, no había ningún antecedente en el país, y decidí hacerlo porque supe que había una base real y científica para construir de manera sustentable, y tuve que aprenderla desde cero”, comentó Moises, quien tiene 88 años y hace 68 que construye edificios en Buenos Aires. El Altman Eco Office se terminó en 2014.
“El aire que se respira en este edificio es el más puro que se puede conseguir en una ciudad”, aseguró Moises, y explicó que esto se logra con una toma de aire a 50 metros de altura y con filtros ubicados en esa toma y en cada lugar hacia el que se “direcciona” el aire que luego circulará en el interior. A esto se suma “un sistema de extracción del aire viciado”.
Por otra parte, esta torre no contamina, ya que las plantas autóctonas -que no necesitan más riego que el de la lluvia y están presentes en las terrazas y retiros- absorben las emisiones de carbono.
“Los edificios, con su normal funcionamiento, producen anhídrido carbónico, lo que se trata es de llevar a cero esa polución, por eso en la terraza y en todos los espacios exteriores donde se puede” hay plantas autóctonas que absorben los contaminantes, explicó.
Además, los motores de los equipos de aire acondicionado tampoco contaminan, ya que “filtran el aire de adentro hacia afuera y viceversa”, agregó Liliana. En la terraza también hay un termotanque solar que abastece de agua caliente a todos los baños y cocinas.
“Un edificio tiene que ser útil y confortable para los que viven y trabajan en él, además de que una vez construido pasa a formar parte del paisaje urbano, por centenares de años quizás, por eso tiene que tener un impacto visual agradable”, dijo Moises.
Por esta razón, pidieron al artista argentino Rogelio Polesello, conocido por sus trabajos abstractos y geométricos, que diseñara una obra que abarque las dos fachadas, sobre las calles Lima y Humberto 1°. El resultado fue una serigrafía de seis metros de ancho y 40 de alto.
Al ser consultado sobre una posible tendencia hacia la construcción sustentable en la arquitectura en Argentina, Moises respondió: “Construir un edificio sustentable de acuerdo a las normas LEED, que rigen a nivel internacional, requiere invertir al menos un 25 por ciento más, lo que hace que sea menos rentable. Lamentablemente, no podemos hablar de una tendencia”.
“El mercado no reconoce (la sustentabilidad) como un valor, y tampoco hay un aliciente como pueden ser los beneficios impositivos”, agregó su hija.
Moises Altman tiene 88 años, lleva 68 años trabajando y construyó en Buenos Aires 58 edificios, entre los que se destacan algunos que ha hecho ad honorem, como el de la AMIA en la calle Pasteur, el museo del holocausto y la ampliación del cementerio la Tablada. Actualmente trabaja en lo que será el edificio de la cultura judío argentina.
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Vertedero ilegal de Antofagasta Minerals: Chile sabía
El gobierno chileno ayudó a la empresa que hizo un megabasurero minero del lado argentino
Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Los mails de la Ministra de Minería prueban que participó de una maniobra para hacer pasar un estudio privado como un informe oficial. En Argentina preparan una presentación judicial
Una serie de mails prueban que el Ministerio de Minería trasandino participó de una maniobra para colaborar con Antofagasta Minerals SA, la minera chilena que creó un botadero de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino. Mientras tanto, en Argentina el senador Fernando "Pino" Solanas prepara una acción judicial para frenar un acuerdo que permitirá que el "megabasurero" no sea removido, pese a que ya hizo desaparecer algunas lagunas, está secando las vegas y modificó el escurrimiento de las aguas.
Como contó Infobae el mes pasado, en 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, que explota la firma suiza Glencore.
Luego de una serie de idas y vueltas, el 28 de abril pasado el gobierno de San Juan firmó un acuerdo con Los Pelambras en el que estableció que la escombrera no será removida, sino aislada, con el control del desprestigiado Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el financiamiento de Antofagasta Minerals, que sólo será responsable por la calidad de la obra por apenas una década.
Según confirmó Infobae, el senador Solanas impugnará ese acuerdo en los tribunales porque debería pasar por el Congreso, viola la Constitución (que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos"), no es la mejor solución y la minera chilena ni siquiera pagará una indemnización. Además, el legislador ya presentó un proyecto para que la cámara alta pida informes a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que el martes será discutido en comisión.
El conflicto incomoda a los Gobiernos a ambos lados de la cordillera. Infobae intentó pedir información en la Cancillería argentina, pero no hubo respuesta. En Chile, en tanto, el tema ya ingresó en la categoría de "escándalo", no sólo porque derivó en la renuncia de un alto funcionario, sino porque ahora una investigación del periodista Matías Rojas para El Ciudadano reveló que el Ministerio de Minería que conduce una ex empleada de Antofagasta Minerals habría participado de un plan para ayudar y exculpar a la minera en los dos frentes que tiene abiertos: las denuncias por instalarse en Argentina y las acusaciones por contaminación. La maniobra le costó el cargo al jefe de Gabinete de la cartera minera, Adolfo Galindo, cuya declaración en el sumario administrativo que le abrieron fue clave para reconstruir lo que pasó.
Primero que nada hay que entender el poder de Antofagasta Minerals en Chile. La mayor parte de sus acciones pertenecen al Grupo Luksic, el consorcio empresario más rico del país, fundado en los años '50 por Andrónico Luksic Abaroa, dueño -entre otras cosas-, del Banco de Chile, que el año pasado fue noticia por un millonario crédito entregado a Natalia Compagnon, la nuera de la presidente Michelle Bachelet.
Antes de asumir, la actual ministra de Minería, Aurora Williams, fue gerente de administración y finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. El 23 de marzo del año pasado, la funcionaria le envió el siguiente mail al subsecretario de Minería, Ignacio Moreno. "Te pido que nos reunamos mañana lunes 23 de marzo a las 9.30 hrs a fin de ver la situación de Pelambres-Pachón. Me interesa analizar desde el principio".
Es posible que en ese encuentro se haya gestado una reunión entre las autoridades y representantes de Antofagasta Minerals que finalmente se materializó el 24 de marzo y que cometió el primero de una larga cadena de "pecados": no se anotó en el registro público en el que los funcionarios chilenos deben identificar las reuniones con lobbistas.
En ese encuentro, por el lado de la minera participaron el abogado Andrés Jana -amigo personal del ex presidente Ricardo Lagos- y la ex canciller Soledad Alvear. Al Gobierno lo representaron la ministra Williams, el subsecretario Moreno, el jefe de gabinete Jana, dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros dos del Ministerio del Interior, y el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel. Son muchos nombres, pero todos son clave en el entramado desnudado por la prensa chilena.
Según declaró el jefe de gabinete Jana, la reunión fue gestada por la ex canciller Soledad Alvear. Una vez iniciado el encuentro, el subsecretario Moreno hizo una presentación en Power Point sobre los resultados de unos análisis hechos en la zona que descartan la contaminación del lado argentino y que, dijo el funcionario, habían sido elaborados por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) creado ad hoc para solucionar el conflicto binacional. Los abogados de Antofagasta Minerals le pidieron esos estudios a la autoridades, pero en el fondo había una trampa: no se trataba de un peritaje oficial, como se intentó hacer creer, sino de un trabajo hecho por la consultora SGS y financiado por la propia minera.
No fue todo. Hubo otro pedido: que el Ministerio de Minería emita un documento que certifique que Antofagasta Minerals actuó de buena fe, algo para lo que el Gobierno no tiene atribuciones, ya que corresponde a la Justicia. En otras palabras, quería algún papel en el que conste que la empresa no sabía que estaba instalando su escombrera en territorio argentino.
Esas solicitudes se formalizaron dos semanas después, el 8 de abril, cuando el abogado Jana envió dos cartas a la ministra Williams pidiéndole los resultados de los análisis y el certificado de buena fe.
Dos días antes, 5 de abril, la ministra Williams le había enviado un mail al subsecretario Moreno y al responsable de la parte legal de la cartera, Felipe Curia. "Ignacio M., se envió el resultado de laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino, Gobernador de San Juan e Intendente de la IV????? El viernes debió haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia. Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud???", escribió.
El correo prueba, además de la preocupación de la ministra por satisfacer a la minera, que estaba al tanto de la fecha en la que el abogado Jana iba a presentar los pedidos, algo que la funcionaria se había encargado de desmentir. La maniobra parece haber sido orquestada en la reunión del 24 de marzo.
Lo que siguió después había sido contado por la revista The Clinic Online. El 15 de abril, el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel, que había participado de la reunión del 24 de marzo, le pidió al asesor de la vicepresidencia de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals, Gustavo Pössel, el informe en cuestión. El mismo día esa copia fue enviada por Álvarez al subsecretario Moreno, quien finalmente se la dio al jefe de gabinete Galindo para que se la entregue al abogado Jana, lo que se materializó el 22 de abril. Pero el representante de la minera le pidió que le pusiera un timbrado oficial, algo a lo que accedió pese a que eran peritajes de la minera. Esa movida junto al certificado de buena fe que él también firmó le costaron el cargo a Galindo, aunque al poco tiempo volvió al Ministerio como asesor.
La "jugada" fue negada por las autoridades chilenas en una serie de pedidos de informes que hizo la minera Glencore, en cuya mina, en suelo sanjuanino, fue instalada la escombrera. El 17 de junio, la Subsecretaría de Minería respondió que "no existe en el Ministerio documento en el cual se requiera la realización de un informe a la empresa SGS" y que "no existe constancia de ingreso en la subsecretaría de estado del informe señalado".
A su vez, la consulta fue derivada al Servicio de Geología y Minería, que contestó el 18 de junio, en un oficio firmado por el director Álvarez: "La empresa SGS Chile Ltda. no ha entregado a este servicio o a su personal, documento (carta, oficio u otro), con anterioridad al 30 de abril de 2015, mediante el cual se haya formalizado la entrega del informe que individualiza en su solicitud". No mintió. En rigor de verdad, el análisis se lo había dado la propia Antofagasta Minerals y no la consultora que lo elaboró.
El peritaje de SGS fue finalmente presentado en los tribunales de San Juan, donde Glencore había encarado una demanda civil contra Antofagasta Minerals y una denuncia penal contra sus directores. A la minera chilena le servía para justificar que no era necesario remover el botadero y liberar de culpa y cargo a sus ejecutivos. Y se contraponía a otro estudio presentado por Glencore y elaborado por la consultora URS AECOM, que concluyó que el impacto ambiental de la escombrera es brutal: desaparecieron lagunas que fueron cubiertas de rocas, otras lagunas están por desaparecer, cayó la calidad y cantidad de agua en la zona, y, si no se interviene de manera urgente, se va a terminar contaminando el río Carnicería, afluente del río San Juan.
De acuerdo al trabajo de URS AECOM, la escombrera incluye también 470 neumáticos gigantes, muy peligrosos porque con el tiempo liberarán elementos tóxicos perjudiciales para el medio ambiente. Debajo de ellos Antofagasta Minerals debería haber colocado un material aislante que nunca puso. Esas ruedas son lo único que la empresa chilena se comprometió a remover en el convenio que firmó con el gobierno de San Juan. El resto, si no prospera la acción que impulsará el senador "Pino" Solanas, quedará en suelo argentino, por los siglos de los siglos, aunque en 10 años la minera del Grupo Luksic dejará de ser responsable por su destino.
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Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Los mails de la Ministra de Minería prueban que participó de una maniobra para hacer pasar un estudio privado como un informe oficial. En Argentina preparan una presentación judicial
Una serie de mails prueban que el Ministerio de Minería trasandino participó de una maniobra para colaborar con Antofagasta Minerals SA, la minera chilena que creó un botadero de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino. Mientras tanto, en Argentina el senador Fernando "Pino" Solanas prepara una acción judicial para frenar un acuerdo que permitirá que el "megabasurero" no sea removido, pese a que ya hizo desaparecer algunas lagunas, está secando las vegas y modificó el escurrimiento de las aguas.
Como contó Infobae el mes pasado, en 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, que explota la firma suiza Glencore.
Luego de una serie de idas y vueltas, el 28 de abril pasado el gobierno de San Juan firmó un acuerdo con Los Pelambras en el que estableció que la escombrera no será removida, sino aislada, con el control del desprestigiado Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el financiamiento de Antofagasta Minerals, que sólo será responsable por la calidad de la obra por apenas una década.
Según confirmó Infobae, el senador Solanas impugnará ese acuerdo en los tribunales porque debería pasar por el Congreso, viola la Constitución (que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos"), no es la mejor solución y la minera chilena ni siquiera pagará una indemnización. Además, el legislador ya presentó un proyecto para que la cámara alta pida informes a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que el martes será discutido en comisión.
El conflicto incomoda a los Gobiernos a ambos lados de la cordillera. Infobae intentó pedir información en la Cancillería argentina, pero no hubo respuesta. En Chile, en tanto, el tema ya ingresó en la categoría de "escándalo", no sólo porque derivó en la renuncia de un alto funcionario, sino porque ahora una investigación del periodista Matías Rojas para El Ciudadano reveló que el Ministerio de Minería que conduce una ex empleada de Antofagasta Minerals habría participado de un plan para ayudar y exculpar a la minera en los dos frentes que tiene abiertos: las denuncias por instalarse en Argentina y las acusaciones por contaminación. La maniobra le costó el cargo al jefe de Gabinete de la cartera minera, Adolfo Galindo, cuya declaración en el sumario administrativo que le abrieron fue clave para reconstruir lo que pasó.
Primero que nada hay que entender el poder de Antofagasta Minerals en Chile. La mayor parte de sus acciones pertenecen al Grupo Luksic, el consorcio empresario más rico del país, fundado en los años '50 por Andrónico Luksic Abaroa, dueño -entre otras cosas-, del Banco de Chile, que el año pasado fue noticia por un millonario crédito entregado a Natalia Compagnon, la nuera de la presidente Michelle Bachelet.
Antes de asumir, la actual ministra de Minería, Aurora Williams, fue gerente de administración y finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. El 23 de marzo del año pasado, la funcionaria le envió el siguiente mail al subsecretario de Minería, Ignacio Moreno. "Te pido que nos reunamos mañana lunes 23 de marzo a las 9.30 hrs a fin de ver la situación de Pelambres-Pachón. Me interesa analizar desde el principio".
Es posible que en ese encuentro se haya gestado una reunión entre las autoridades y representantes de Antofagasta Minerals que finalmente se materializó el 24 de marzo y que cometió el primero de una larga cadena de "pecados": no se anotó en el registro público en el que los funcionarios chilenos deben identificar las reuniones con lobbistas.
En ese encuentro, por el lado de la minera participaron el abogado Andrés Jana -amigo personal del ex presidente Ricardo Lagos- y la ex canciller Soledad Alvear. Al Gobierno lo representaron la ministra Williams, el subsecretario Moreno, el jefe de gabinete Jana, dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros dos del Ministerio del Interior, y el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel. Son muchos nombres, pero todos son clave en el entramado desnudado por la prensa chilena.
Según declaró el jefe de gabinete Jana, la reunión fue gestada por la ex canciller Soledad Alvear. Una vez iniciado el encuentro, el subsecretario Moreno hizo una presentación en Power Point sobre los resultados de unos análisis hechos en la zona que descartan la contaminación del lado argentino y que, dijo el funcionario, habían sido elaborados por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) creado ad hoc para solucionar el conflicto binacional. Los abogados de Antofagasta Minerals le pidieron esos estudios a la autoridades, pero en el fondo había una trampa: no se trataba de un peritaje oficial, como se intentó hacer creer, sino de un trabajo hecho por la consultora SGS y financiado por la propia minera.
No fue todo. Hubo otro pedido: que el Ministerio de Minería emita un documento que certifique que Antofagasta Minerals actuó de buena fe, algo para lo que el Gobierno no tiene atribuciones, ya que corresponde a la Justicia. En otras palabras, quería algún papel en el que conste que la empresa no sabía que estaba instalando su escombrera en territorio argentino.
Esas solicitudes se formalizaron dos semanas después, el 8 de abril, cuando el abogado Jana envió dos cartas a la ministra Williams pidiéndole los resultados de los análisis y el certificado de buena fe.
Dos días antes, 5 de abril, la ministra Williams le había enviado un mail al subsecretario Moreno y al responsable de la parte legal de la cartera, Felipe Curia. "Ignacio M., se envió el resultado de laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino, Gobernador de San Juan e Intendente de la IV????? El viernes debió haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia. Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud???", escribió.
El correo prueba, además de la preocupación de la ministra por satisfacer a la minera, que estaba al tanto de la fecha en la que el abogado Jana iba a presentar los pedidos, algo que la funcionaria se había encargado de desmentir. La maniobra parece haber sido orquestada en la reunión del 24 de marzo.
Lo que siguió después había sido contado por la revista The Clinic Online. El 15 de abril, el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel, que había participado de la reunión del 24 de marzo, le pidió al asesor de la vicepresidencia de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals, Gustavo Pössel, el informe en cuestión. El mismo día esa copia fue enviada por Álvarez al subsecretario Moreno, quien finalmente se la dio al jefe de gabinete Galindo para que se la entregue al abogado Jana, lo que se materializó el 22 de abril. Pero el representante de la minera le pidió que le pusiera un timbrado oficial, algo a lo que accedió pese a que eran peritajes de la minera. Esa movida junto al certificado de buena fe que él también firmó le costaron el cargo a Galindo, aunque al poco tiempo volvió al Ministerio como asesor.
La "jugada" fue negada por las autoridades chilenas en una serie de pedidos de informes que hizo la minera Glencore, en cuya mina, en suelo sanjuanino, fue instalada la escombrera. El 17 de junio, la Subsecretaría de Minería respondió que "no existe en el Ministerio documento en el cual se requiera la realización de un informe a la empresa SGS" y que "no existe constancia de ingreso en la subsecretaría de estado del informe señalado".
A su vez, la consulta fue derivada al Servicio de Geología y Minería, que contestó el 18 de junio, en un oficio firmado por el director Álvarez: "La empresa SGS Chile Ltda. no ha entregado a este servicio o a su personal, documento (carta, oficio u otro), con anterioridad al 30 de abril de 2015, mediante el cual se haya formalizado la entrega del informe que individualiza en su solicitud". No mintió. En rigor de verdad, el análisis se lo había dado la propia Antofagasta Minerals y no la consultora que lo elaboró.
El peritaje de SGS fue finalmente presentado en los tribunales de San Juan, donde Glencore había encarado una demanda civil contra Antofagasta Minerals y una denuncia penal contra sus directores. A la minera chilena le servía para justificar que no era necesario remover el botadero y liberar de culpa y cargo a sus ejecutivos. Y se contraponía a otro estudio presentado por Glencore y elaborado por la consultora URS AECOM, que concluyó que el impacto ambiental de la escombrera es brutal: desaparecieron lagunas que fueron cubiertas de rocas, otras lagunas están por desaparecer, cayó la calidad y cantidad de agua en la zona, y, si no se interviene de manera urgente, se va a terminar contaminando el río Carnicería, afluente del río San Juan.
De acuerdo al trabajo de URS AECOM, la escombrera incluye también 470 neumáticos gigantes, muy peligrosos porque con el tiempo liberarán elementos tóxicos perjudiciales para el medio ambiente. Debajo de ellos Antofagasta Minerals debería haber colocado un material aislante que nunca puso. Esas ruedas son lo único que la empresa chilena se comprometió a remover en el convenio que firmó con el gobierno de San Juan. El resto, si no prospera la acción que impulsará el senador "Pino" Solanas, quedará en suelo argentino, por los siglos de los siglos, aunque en 10 años la minera del Grupo Luksic dejará de ser responsable por su destino.
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Por Monsanto imputan a ex funcionarios en Córdoba
Monsanto: imputaron a funcionarios y ediles que aprobaron el uso del suelo
Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Anticorrupción acusó de abuso de autoridad a Daniel Arzani, exintendente de Malvinas, y a Luis Bocco, el extitular de Ambiente. Señalan que la radicación se habilitó en terrenos no aptos para uso industrial, según la legislación.
El fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco imputó al exintendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y al exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones, por haber autorizado en forma aparentemente irregular el uso del suelo en los terrenos donde luego comenzó a levantar su planta semillera la firma Monsanto.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia formulada en 2012, le achaca a Arzani el delito de abuso de autoridad, en calidad de partícipe necesario, y a Bocco el mismo delito, como autor.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.
Desde la defensa de uno de los imputados relativizaron el enfoque, señalando que hay de por medio “una cuestión semántica” por discutir. “La redacción habla de que es zona agropecuaria. ¿La selección de semillas no es parte de esa actividad? ¿O sólo hay que contar la siembra?”, se planteó.
El terreno en cuestión está sobre la ruta provincial A-58, más conocida como “viejo camino a Monte Cristo”, y se da la particularidad de que los lotes de una mano sí son aptos para uso industrial, y los del otro lado, apenas cruzando la ruta, ya no.
Además de Arzani –actual secretario de Coordinación en la Municipalidad de Córdoba– también están imputados por abuso de autoridad el exjefe de Catastro y Planeamiento de Malvinas Argentinas, Rubén García (como autor), y los exconcejales radicales José Blanco, Emilio Ferrero, Elsa Martínez, María Ferreyra, Marta Castro y Ricardo Guzmán, todos ellos como coautores.
La misma acusación recayó para la exedil peronista Rosa Estela Castañares.
Por el lado de la Provincia, como quedó dicho, la imputación es para el mencionado Bocco, quien ahora se desempeña como asesor en el bloque de concejales capitalinos de Unión por Córdoba.
Trascendió que cumple tareas de coordinación con la concejala Natalia de la Sota, hija del exgobernador José Manuel de la Sota, durante cuyo mandato se registraron los hechos y se dio también la autorización para la polémica instalación de Monsanto.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aclararon que las imputaciones dispuestas nada tienen que ver con la discusión jurídica, también abierta, respecto de si la radicación de Monsanto va contra la Ley de Ambiente o si su actividad es contaminante.
El debate en este caso se ciñe, indicaron, a decisiones administrativas referentes al uso del suelo y a la habilitación de las obras.
En ese marco es que, por ejemplo, el fiscal desestimó un planteo de la defensa de Arzani, en el que señalaba que los hechos que se le imputan ya estarían subsumidos en otra sentencia judicial previa por otra causa, también referida a la radicación de Monsanto.
En detalle
La investigación del fiscal ?Amayusco describe cinco hechos.
El primero está enfocado en la emisión del certificado de prefactibilidad del proyecto industrial.
El segundo hecho tiene que ver con la visación de los planos de subdivisión del terreno, bajo responsabilidad de García.
El tercer hecho alude a la sanción de la ordenanza 808/12 y el correspondiente decreto municipal, que autorizaron el inicio de tareas preliminares en el predio de Monsanto.
La cuarta mención refiere a la resolución N° 595 y dictámenes técnicos y legales, por los cuales se aprobó el aviso de proyecto.
En este caso, la responsabilidad recae sobre Bocco, en su calidad de exsecretario de Ambiente. También están imputados, como coautores de abuso de autoridad, los exfuncionarios provinciales Abel Anuzis, Duilio Padula, Alejandro Natalicio y Jorge Elia, miembros de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que entendía en el expediente.
Idéntica acusación recayó sobre los exfuncionarios Jorge Ferrari, exdirector de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente, y María Belén Pistone, exjefa del área Dictámenes de la misma repartición provincial.
El quinto hecho alude al permiso de obra concedido.
La radicación de Monsanto en Malvinas agitó una fuerte reacción social y las obras están paradas desde 2014 por orden de la Justicia, que admitió un amparo presentado por ambientalistas.
En marzo pasado, los activistas que se oponen al montaje de la semillera (la inversión era de 1.600 millones de pesos) levantaron el acampe que realizaban en el lugar para impedir el avance de los trabajos. Sin embargo, la propia Monsanto le quitó luego prioridad a esa inversión en Córdoba.
Puntos de vista
Daniel Arzani. Exintendente de Malvinas Argentinas.
Durante su gestión se inició el tortuoso proceso de radicación de Monsanto en esa localidad. Le objetan haber autorizado la instalación en terrenos no aptos para uso industrial. Es secretario general en la Municipalidad de Córdoba.
Luis Federico Bocco. Exsecretario de Ambiente de la Provincia.
Le reprochan haber habilitado por etapas la construcción de la planta semillera y haber violado disposiciones sobre impacto ambiental y la Ley del Uso del Suelo. Actualmente es asesor de los concejales capitalinos del PJ.
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Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Anticorrupción acusó de abuso de autoridad a Daniel Arzani, exintendente de Malvinas, y a Luis Bocco, el extitular de Ambiente. Señalan que la radicación se habilitó en terrenos no aptos para uso industrial, según la legislación.
El fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco imputó al exintendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y al exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones, por haber autorizado en forma aparentemente irregular el uso del suelo en los terrenos donde luego comenzó a levantar su planta semillera la firma Monsanto.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia formulada en 2012, le achaca a Arzani el delito de abuso de autoridad, en calidad de partícipe necesario, y a Bocco el mismo delito, como autor.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.
Desde la defensa de uno de los imputados relativizaron el enfoque, señalando que hay de por medio “una cuestión semántica” por discutir. “La redacción habla de que es zona agropecuaria. ¿La selección de semillas no es parte de esa actividad? ¿O sólo hay que contar la siembra?”, se planteó.
El terreno en cuestión está sobre la ruta provincial A-58, más conocida como “viejo camino a Monte Cristo”, y se da la particularidad de que los lotes de una mano sí son aptos para uso industrial, y los del otro lado, apenas cruzando la ruta, ya no.
Además de Arzani –actual secretario de Coordinación en la Municipalidad de Córdoba– también están imputados por abuso de autoridad el exjefe de Catastro y Planeamiento de Malvinas Argentinas, Rubén García (como autor), y los exconcejales radicales José Blanco, Emilio Ferrero, Elsa Martínez, María Ferreyra, Marta Castro y Ricardo Guzmán, todos ellos como coautores.
La misma acusación recayó para la exedil peronista Rosa Estela Castañares.
Por el lado de la Provincia, como quedó dicho, la imputación es para el mencionado Bocco, quien ahora se desempeña como asesor en el bloque de concejales capitalinos de Unión por Córdoba.
Trascendió que cumple tareas de coordinación con la concejala Natalia de la Sota, hija del exgobernador José Manuel de la Sota, durante cuyo mandato se registraron los hechos y se dio también la autorización para la polémica instalación de Monsanto.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aclararon que las imputaciones dispuestas nada tienen que ver con la discusión jurídica, también abierta, respecto de si la radicación de Monsanto va contra la Ley de Ambiente o si su actividad es contaminante.
El debate en este caso se ciñe, indicaron, a decisiones administrativas referentes al uso del suelo y a la habilitación de las obras.
En ese marco es que, por ejemplo, el fiscal desestimó un planteo de la defensa de Arzani, en el que señalaba que los hechos que se le imputan ya estarían subsumidos en otra sentencia judicial previa por otra causa, también referida a la radicación de Monsanto.
En detalle
La investigación del fiscal ?Amayusco describe cinco hechos.
El primero está enfocado en la emisión del certificado de prefactibilidad del proyecto industrial.
El segundo hecho tiene que ver con la visación de los planos de subdivisión del terreno, bajo responsabilidad de García.
El tercer hecho alude a la sanción de la ordenanza 808/12 y el correspondiente decreto municipal, que autorizaron el inicio de tareas preliminares en el predio de Monsanto.
La cuarta mención refiere a la resolución N° 595 y dictámenes técnicos y legales, por los cuales se aprobó el aviso de proyecto.
En este caso, la responsabilidad recae sobre Bocco, en su calidad de exsecretario de Ambiente. También están imputados, como coautores de abuso de autoridad, los exfuncionarios provinciales Abel Anuzis, Duilio Padula, Alejandro Natalicio y Jorge Elia, miembros de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que entendía en el expediente.
Idéntica acusación recayó sobre los exfuncionarios Jorge Ferrari, exdirector de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente, y María Belén Pistone, exjefa del área Dictámenes de la misma repartición provincial.
El quinto hecho alude al permiso de obra concedido.
La radicación de Monsanto en Malvinas agitó una fuerte reacción social y las obras están paradas desde 2014 por orden de la Justicia, que admitió un amparo presentado por ambientalistas.
En marzo pasado, los activistas que se oponen al montaje de la semillera (la inversión era de 1.600 millones de pesos) levantaron el acampe que realizaban en el lugar para impedir el avance de los trabajos. Sin embargo, la propia Monsanto le quitó luego prioridad a esa inversión en Córdoba.
Puntos de vista
Daniel Arzani. Exintendente de Malvinas Argentinas.
Durante su gestión se inició el tortuoso proceso de radicación de Monsanto en esa localidad. Le objetan haber autorizado la instalación en terrenos no aptos para uso industrial. Es secretario general en la Municipalidad de Córdoba.
Luis Federico Bocco. Exsecretario de Ambiente de la Provincia.
Le reprochan haber habilitado por etapas la construcción de la planta semillera y haber violado disposiciones sobre impacto ambiental y la Ley del Uso del Suelo. Actualmente es asesor de los concejales capitalinos del PJ.
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Asamblea de Gualeguaychu pedirá audiencia
El municipio y la Asamblea pedirán una audiencia con la ministro de Relaciones Exteriores
Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Piaggio y Maradey recibieron este viernes a la Asamblea Ambiental. Entre otros temas, se acordó gestionar una audiencia para conocer la postura del Gobierno nacional sobre el monitoreo a UPM-Botnia y la instalación de la nueva pastera.
Este viernes a las 9 de la mañana, una delegación de seis miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental ingresaron al despacho del intendente municipal, donde además de Martín Piaggio se encontraban presentes el viceintendente Jorge Maradey, el secretario de Salud y Desarrollo Social, Roberto Piaggio y la directora de Ambiente municipal, Susana Villamonte. Por la Asamblea Ciudadana, estuvieron presentes, entre otros, Martín Alazard, Juan Veronesi, Julio Rivero y Javier Preto.
En el encuentro se convino que la dirección de Ambiente proporcionará, en los próximos días, los nombres de tres técnicos que, junto a otras tres personas que designará la Facultad de Bromatología, serán capacitados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) en el manejo de la estación de monitoreo atmosférico ubicada actualmente en la zona del Ñandubaysal. Tanto el costo que demandará la capacitación de este personal, la reparación del equipo y su trasladado a una zona más adecuada, serán afrontados por las autoridades nacionales de Ambiente. De esta forma se podrán retomar los controles continuos y diarios de las emanaciones atmosféricas de la pastera UPM Botnia ubicada en Fray Bentos y que son de vital importancia.
Entre otras cuestiones también las autoridades municipales y los ambientalistas acordaron iniciar cuanto antes las gestiones para solicitar una audiencia con la ministro de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, a la que se va a invitar a participar a los legisladores nacionales y provinciales de Gualeguaychú, al ministro de Ambiente Sergio Bergman, miembros de la CARU y su Comité Científico.
Lo que se pretende es que las autoridades expresen con absoluta claridad cual va a ser la política respecto del monitoreo a la pastera UPM Botnia y, también, cual va a ser la postura que adoptará el Gobierno nacional en relación a la contaminación del río Uruguay que se verá agravada por la ya confirmada instalación de una nueva mega pastera en territorio uruguayo en la cuenca del río Negro.
Dicho cauce de agua, desemboca en el río Uruguay, a tan solo 35 kilómetros aguas abajo del efluente de residuos líquidos de la planta de celulosa de Fray Bentos.
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Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Piaggio y Maradey recibieron este viernes a la Asamblea Ambiental. Entre otros temas, se acordó gestionar una audiencia para conocer la postura del Gobierno nacional sobre el monitoreo a UPM-Botnia y la instalación de la nueva pastera.
Este viernes a las 9 de la mañana, una delegación de seis miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental ingresaron al despacho del intendente municipal, donde además de Martín Piaggio se encontraban presentes el viceintendente Jorge Maradey, el secretario de Salud y Desarrollo Social, Roberto Piaggio y la directora de Ambiente municipal, Susana Villamonte. Por la Asamblea Ciudadana, estuvieron presentes, entre otros, Martín Alazard, Juan Veronesi, Julio Rivero y Javier Preto.
En el encuentro se convino que la dirección de Ambiente proporcionará, en los próximos días, los nombres de tres técnicos que, junto a otras tres personas que designará la Facultad de Bromatología, serán capacitados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) en el manejo de la estación de monitoreo atmosférico ubicada actualmente en la zona del Ñandubaysal. Tanto el costo que demandará la capacitación de este personal, la reparación del equipo y su trasladado a una zona más adecuada, serán afrontados por las autoridades nacionales de Ambiente. De esta forma se podrán retomar los controles continuos y diarios de las emanaciones atmosféricas de la pastera UPM Botnia ubicada en Fray Bentos y que son de vital importancia.
Entre otras cuestiones también las autoridades municipales y los ambientalistas acordaron iniciar cuanto antes las gestiones para solicitar una audiencia con la ministro de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, a la que se va a invitar a participar a los legisladores nacionales y provinciales de Gualeguaychú, al ministro de Ambiente Sergio Bergman, miembros de la CARU y su Comité Científico.
Lo que se pretende es que las autoridades expresen con absoluta claridad cual va a ser la política respecto del monitoreo a la pastera UPM Botnia y, también, cual va a ser la postura que adoptará el Gobierno nacional en relación a la contaminación del río Uruguay que se verá agravada por la ya confirmada instalación de una nueva mega pastera en territorio uruguayo en la cuenca del río Negro.
Dicho cauce de agua, desemboca en el río Uruguay, a tan solo 35 kilómetros aguas abajo del efluente de residuos líquidos de la planta de celulosa de Fray Bentos.
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Córdoba aprueba el EsIA de la central nuclear de Embalse
La Provincia otorgó la licencia ambiental para la extensión de vida la central nuclear de Embalse
Fecha de Publicación: 31/07/2016
Fuente: Día a Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
La habilitación permitirá comenzar las obras de refacción en la usina, que permitirán prolongar su vida útil otros 30 años.
El proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse recibió este jueves la Licencia Ambiental por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, por lo que podrán comenzar las obras de refacción. Así lo informó la oficina de prensa de Nucleoeléctrica Argentina (Nasa).
El estudio de impacto ambiental permitió identificar y prevenir las alteraciones que pueda generar un proyecto en el medio ambiente antes de su ejecución. Además, la audiencia pública permitió recolectar las inquietudes de los vecinos potencialmente afectados y resultó fundamental para determinar el irrefutable consenso social sobre el proyecto.
El Cedyat fue el encargado de realizar el estudio de impacto ambiental. "Pocos argentinos conocen que la empresa estatal Nucleoeléctrica trabaja decididamente para evitar la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2). En este sentido, la energía nuclear es esencial, no solo porque garantiza el suministro eléctrico, sino porque contribuye al cumplimiento del Protocolo de Kyoto por su competitividad y por la reducción de emisiones de CO2, uno de los principales problemas ambientales en el mundo" expresó Mariano Riano, experto del Cedyat.
Con la resolución 203/2016 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Nasa podrá extender la vida útil de la central nuclear de Embalse, que producía 668 MW de potencia bruta, que estará parada por dos años por trabajos los de repotenciación a los que se destinarán 1.600 millones de dólares.
Terminado el proyecto, generará 700 MW brutos y podrá funcionar por otros 30 años. Desde el Ministerio de Energía y Minería de la Nación afirmaron que la decisión se tomó en función de continuar con la instrumentación del Plan Nuclear Argentino y destacaron que, por los altos valores de desempeño, estuvo en una docena de veces entre las diez primeras centrales nucleares en el mundo.
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Fecha de Publicación: 31/07/2016
Fuente: Día a Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
La habilitación permitirá comenzar las obras de refacción en la usina, que permitirán prolongar su vida útil otros 30 años.
El proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse recibió este jueves la Licencia Ambiental por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, por lo que podrán comenzar las obras de refacción. Así lo informó la oficina de prensa de Nucleoeléctrica Argentina (Nasa).
El estudio de impacto ambiental permitió identificar y prevenir las alteraciones que pueda generar un proyecto en el medio ambiente antes de su ejecución. Además, la audiencia pública permitió recolectar las inquietudes de los vecinos potencialmente afectados y resultó fundamental para determinar el irrefutable consenso social sobre el proyecto.
El Cedyat fue el encargado de realizar el estudio de impacto ambiental. "Pocos argentinos conocen que la empresa estatal Nucleoeléctrica trabaja decididamente para evitar la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2). En este sentido, la energía nuclear es esencial, no solo porque garantiza el suministro eléctrico, sino porque contribuye al cumplimiento del Protocolo de Kyoto por su competitividad y por la reducción de emisiones de CO2, uno de los principales problemas ambientales en el mundo" expresó Mariano Riano, experto del Cedyat.
Con la resolución 203/2016 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Nasa podrá extender la vida útil de la central nuclear de Embalse, que producía 668 MW de potencia bruta, que estará parada por dos años por trabajos los de repotenciación a los que se destinarán 1.600 millones de dólares.
Terminado el proyecto, generará 700 MW brutos y podrá funcionar por otros 30 años. Desde el Ministerio de Energía y Minería de la Nación afirmaron que la decisión se tomó en función de continuar con la instrumentación del Plan Nuclear Argentino y destacaron que, por los altos valores de desempeño, estuvo en una docena de veces entre las diez primeras centrales nucleares en el mundo.
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Mas territorio para fumigar y contaminar en Buenos Aires
Con el glifosato a diez metros
Fecha de Publicación: 31/07/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado bonaerense achica las distancias de uso del herbicida respecto de las casas habitadas. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian que la iniciativa es inconstitucional.
La Cámara de Senadores de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley que permite fumigar con el cuestionado herbicida glifosato hasta sólo diez metros de las viviendas, reduce al mínimo las distancias de utilización de agroquímicos, desoye fallos judiciales y no se basa en ninguna evidencia científica para establecer las distancias. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian la inconstitucionalidad del proyecto y afirman que el gobierno provincial privilegió a las empresas del sector, nucleadas en la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y la Cámara de empresas de agroquímicos (Casafe) por sobre la población.
El ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, lo anunció a días de asumir: trabajaban en una nueva ley provincial de agroquímicos. El 6 de julio, y sin discusión mediante, el Senado bonaerense dio media sanción a una ley en línea con los pedidos empresarios: “Se prohíbe toda aplicación utilizando la técnica terrestre de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas comprendidos en las clases III y IV, la cual está delimitada por diez metros contados desde el límite de la zona urbana”.
Entre los productos que podrán fumigarse hasta pasos de las viviendas están el herbicida glifosato (categorizado por el IARC como “probable cancerígeno”, ubicado en el segundo escalón de peligrosidad en una escala de 1 a 5), atrazina (su principal comercializadora es la multinacional Syngenta), clorpirifos y el también cuestionado herbicida 2,4-D.
“Es un proyecto que desconoce absolutamente las denuncias y enfermedades que se dan en todo el país respecto a las fumigaciones y también ignora las evidencias científicas y legales que acreditan la necesidad de proteger al ambiente y a la salud de la población. No existe argumento ni técnico ni científico que justifique esta ley”, denunció Gabriel Arisnabarreta, ingeniero agrónomo, productor de alimentos sin venenos e integrante de la organización Ecos de Saladillo.
Arisnabarreta afirmó que lo único que privilegia este proyecto en la “búsqueda de mayor rentabilidad” de empresas. Precisó que detrás de la iniciativa están la Asociación de Siembra Directa (Aapresid), Casafe (cámara empresaria de agroquímicos, donde están todas las grandes compañías del sector), la Mesa de Enlace, “sectores del INTA” y el Ministerio de Agroindustria de Nación.
El Senasa clasifica los químicos en cinco categorías: IA (sumamente peligroso, muy tóxico, banda roja), IB (sumamente peligroso, tóxico, banda roja), II (moderadamente peligroso, banda amarilla), III (poco peligroso, banda azul) y IV (normalmente no ofrece peligro, banda verde).
La clasificación es muy cuestionada a nivel nacional e internacional porque está realizada en base a estudios de las propias empresas que comercializan los venenos y porque solo considera la toxicidad aguda (producida en el momento de la manipulación) y deja de lado la afectación crónica (por largos periodos de tiempos, por ejemplo no contempla a las familias expuestas a continuas fumigaciones, donde los químicos son más nocivos).
Diana González, de la Asamblea por la Protección de la Salud, la Vida y el Ambiente de Pergamino, consideró que la clasificación del Senasa “es falaz porque excluye de la discusión la exposición crónica a la que nos vemos sometidos los vecinos de los pueblos fumigados”.
En el proyecto se mencionan prohibiciones o “zonas de exclusión”. Fija distancias de 500 metros para fumigaciones aéreas y las reduce a 100 metros (para productos de clase IA, IB y II) y diez metros para las categorías III y IV. “Es una burla. Los más usados hoy están en las categorías III y IV, sobre ellos hay numerosos estudios científicos que tienen efectos crónicos que afectan la salud pero igual te lo echarán hasta la puerta de tu casa”, alertó Arisnabarreta.
La Corte Suprema de Buenos Aires falló en 2012 y prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas. Fue una sentencia que protegió a María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández (de la localidad de Alberti), que sufrían las aspersiones con glifosato, atrazina y cirpermetrina de un campo de soja vecino. El máximo tribunal de Buenos Aires citó el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.
El proyecto con media sanción desoye el fallo judicial de la Corte Suprema. Fue impulsado por el senador Alfonso Coll Areco (del bloque Peronismo Bonaerense y presidente de la Comisión de Ambiente) y su fundamentación no cita ningún trabajo técnico ni científico que justifique las mínimas distancias. Por contraposición, en Argentina existen más de cien trabajos científicos de universidades públicas (Río Cuarto, La Plata, el Litoral, UBA y Rosario, entre otras) que dan cuenta de las consecuencias de los agrotóxicos en poblaciones.
Lucas Landívar y Juan Ignacio Pereyra son parte del colectivo Abogados de Pueblos Fumigados, espacio nacido de las comunidades afectadas por la consecuencias de la agricultura química. Afirmaron que el proyecto de ley es “inconstitucional” porque desoye legislaciones que protegen la salud y el ambiente, y explicaron que es un proyecto “regresivo” (reduce protecciones ambientales que ya están vigente en leyes anteriores). “Eso solo hecho ya confirma la inconstitucionalidad”, aseguraron los abogados y resaltaron que tampoco hubo audiencias públicas como establece la normativa vigente.
González, de la Asamblea de Pergamino, no tiene dudas: “El proyecto de ley tiene como única meta proteger los intereses empresariales del agronegocios”.
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Fecha de Publicación: 31/07/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado bonaerense achica las distancias de uso del herbicida respecto de las casas habitadas. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian que la iniciativa es inconstitucional.
La Cámara de Senadores de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley que permite fumigar con el cuestionado herbicida glifosato hasta sólo diez metros de las viviendas, reduce al mínimo las distancias de utilización de agroquímicos, desoye fallos judiciales y no se basa en ninguna evidencia científica para establecer las distancias. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian la inconstitucionalidad del proyecto y afirman que el gobierno provincial privilegió a las empresas del sector, nucleadas en la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y la Cámara de empresas de agroquímicos (Casafe) por sobre la población.
El ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, lo anunció a días de asumir: trabajaban en una nueva ley provincial de agroquímicos. El 6 de julio, y sin discusión mediante, el Senado bonaerense dio media sanción a una ley en línea con los pedidos empresarios: “Se prohíbe toda aplicación utilizando la técnica terrestre de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas comprendidos en las clases III y IV, la cual está delimitada por diez metros contados desde el límite de la zona urbana”.
Entre los productos que podrán fumigarse hasta pasos de las viviendas están el herbicida glifosato (categorizado por el IARC como “probable cancerígeno”, ubicado en el segundo escalón de peligrosidad en una escala de 1 a 5), atrazina (su principal comercializadora es la multinacional Syngenta), clorpirifos y el también cuestionado herbicida 2,4-D.
“Es un proyecto que desconoce absolutamente las denuncias y enfermedades que se dan en todo el país respecto a las fumigaciones y también ignora las evidencias científicas y legales que acreditan la necesidad de proteger al ambiente y a la salud de la población. No existe argumento ni técnico ni científico que justifique esta ley”, denunció Gabriel Arisnabarreta, ingeniero agrónomo, productor de alimentos sin venenos e integrante de la organización Ecos de Saladillo.
Arisnabarreta afirmó que lo único que privilegia este proyecto en la “búsqueda de mayor rentabilidad” de empresas. Precisó que detrás de la iniciativa están la Asociación de Siembra Directa (Aapresid), Casafe (cámara empresaria de agroquímicos, donde están todas las grandes compañías del sector), la Mesa de Enlace, “sectores del INTA” y el Ministerio de Agroindustria de Nación.
El Senasa clasifica los químicos en cinco categorías: IA (sumamente peligroso, muy tóxico, banda roja), IB (sumamente peligroso, tóxico, banda roja), II (moderadamente peligroso, banda amarilla), III (poco peligroso, banda azul) y IV (normalmente no ofrece peligro, banda verde).
La clasificación es muy cuestionada a nivel nacional e internacional porque está realizada en base a estudios de las propias empresas que comercializan los venenos y porque solo considera la toxicidad aguda (producida en el momento de la manipulación) y deja de lado la afectación crónica (por largos periodos de tiempos, por ejemplo no contempla a las familias expuestas a continuas fumigaciones, donde los químicos son más nocivos).
Diana González, de la Asamblea por la Protección de la Salud, la Vida y el Ambiente de Pergamino, consideró que la clasificación del Senasa “es falaz porque excluye de la discusión la exposición crónica a la que nos vemos sometidos los vecinos de los pueblos fumigados”.
En el proyecto se mencionan prohibiciones o “zonas de exclusión”. Fija distancias de 500 metros para fumigaciones aéreas y las reduce a 100 metros (para productos de clase IA, IB y II) y diez metros para las categorías III y IV. “Es una burla. Los más usados hoy están en las categorías III y IV, sobre ellos hay numerosos estudios científicos que tienen efectos crónicos que afectan la salud pero igual te lo echarán hasta la puerta de tu casa”, alertó Arisnabarreta.
La Corte Suprema de Buenos Aires falló en 2012 y prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas. Fue una sentencia que protegió a María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández (de la localidad de Alberti), que sufrían las aspersiones con glifosato, atrazina y cirpermetrina de un campo de soja vecino. El máximo tribunal de Buenos Aires citó el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.
El proyecto con media sanción desoye el fallo judicial de la Corte Suprema. Fue impulsado por el senador Alfonso Coll Areco (del bloque Peronismo Bonaerense y presidente de la Comisión de Ambiente) y su fundamentación no cita ningún trabajo técnico ni científico que justifique las mínimas distancias. Por contraposición, en Argentina existen más de cien trabajos científicos de universidades públicas (Río Cuarto, La Plata, el Litoral, UBA y Rosario, entre otras) que dan cuenta de las consecuencias de los agrotóxicos en poblaciones.
Lucas Landívar y Juan Ignacio Pereyra son parte del colectivo Abogados de Pueblos Fumigados, espacio nacido de las comunidades afectadas por la consecuencias de la agricultura química. Afirmaron que el proyecto de ley es “inconstitucional” porque desoye legislaciones que protegen la salud y el ambiente, y explicaron que es un proyecto “regresivo” (reduce protecciones ambientales que ya están vigente en leyes anteriores). “Eso solo hecho ya confirma la inconstitucionalidad”, aseguraron los abogados y resaltaron que tampoco hubo audiencias públicas como establece la normativa vigente.
González, de la Asamblea de Pergamino, no tiene dudas: “El proyecto de ley tiene como única meta proteger los intereses empresariales del agronegocios”.
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La Rioja: tala masiva genera amparo
Amparo ambiental para evitar que continúe la tala
Fecha de Publicación: 31/07/2016
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: La Rioja
Vecinos de Valle Viejo presentaron ante la Corte de Justicia una acción de amparo ambiental, con el patrocinio letrado de Rosario Andrada, contra la Municipalidad del departamento.
La demanda lleva la firma de numerosos vecinos del lugar, que solicitan la cesación de la tala de árboles, la conservación de las acequias en la localidad de Santa Rosa, y la ejecución de medidas necesarias que aseguren el derecho a un ambiente sano y equilibrado mediante la preservación de las especies forestales. En el escrito señalan que la comuna violó un mandato legal con consecuencias impredecibles, comprometiendo el bienestar de los habitantes del departamento. Los hechos que provocaron la reacción de los vecinos tuvieron su origen cuando advirtieron que en la calle Crisanto Gómez, empleados de la municipalidad se encontraban talando árboles, y a punto de ser derribado un Pacará de más de 100 años. La inmediata intervención de éstos logró que momentáneamente se detuviera esta operación. El amparo refiere al accionar repudiable del municipio, que promueve la desforestación y consecuentemente con ello agrava los efectos del calor, la sequía y evaporación de la humedad.
Dice el escrito entre sus fundamentos que "los árboles cumplen una importantísima función en el medio ambiente, así es como actúan como verdaderos corredores biológicos entre especies, reguladores de la temperatura, crean un microclima apto para una gran variedad de especies animales y también de especies vegetales, además belleza paisajística al ambiente y proporcionan una sombra necesaria para el ecosistema. Los árboles actúan como defensa contra el viento, ejercen una influencia notable sobre el ambiente, trasladando grandes cantidades de tierra por la falta de agua, produciendo trastornos en la salud de los habitantes por el aumento de enfermedades respiratorias y alérgicas, también atenúan los efectos negativos en la salud producidos por estrés al calor”, entre otras.
Los amparistas solicitan la intervención de la Agencia del INTA, Delegación Catamarca y la Facultad de Ciencias Agrarias, Tecnicatura en Parques y Jardines, a fin de que evalúen el estado de las especies realmente comprometidas e informen sobre el estado en que se encuentran, carácter del daño que padecen, posibilidades de recuperación y secuelas. También deberán efectuar una evaluación completa del Plan de Tala, informando si han tenido participación en la confección de dicho Plan. Finalmente se peticiona el dictado de una Medida Cautelar, para que el Municipio se abstenga de realizar estos actos, hasta tanto se resuelva el Amparo.
La denuncia se originó la semana pasada, cuando vecinos de Santa Rosa observaron que se estaban talando arboles gigantescos como algarrobos y sauces y otros de más de 100 años.
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Fecha de Publicación: 31/07/2016
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: La Rioja
Vecinos de Valle Viejo presentaron ante la Corte de Justicia una acción de amparo ambiental, con el patrocinio letrado de Rosario Andrada, contra la Municipalidad del departamento.
La demanda lleva la firma de numerosos vecinos del lugar, que solicitan la cesación de la tala de árboles, la conservación de las acequias en la localidad de Santa Rosa, y la ejecución de medidas necesarias que aseguren el derecho a un ambiente sano y equilibrado mediante la preservación de las especies forestales. En el escrito señalan que la comuna violó un mandato legal con consecuencias impredecibles, comprometiendo el bienestar de los habitantes del departamento. Los hechos que provocaron la reacción de los vecinos tuvieron su origen cuando advirtieron que en la calle Crisanto Gómez, empleados de la municipalidad se encontraban talando árboles, y a punto de ser derribado un Pacará de más de 100 años. La inmediata intervención de éstos logró que momentáneamente se detuviera esta operación. El amparo refiere al accionar repudiable del municipio, que promueve la desforestación y consecuentemente con ello agrava los efectos del calor, la sequía y evaporación de la humedad.
Dice el escrito entre sus fundamentos que "los árboles cumplen una importantísima función en el medio ambiente, así es como actúan como verdaderos corredores biológicos entre especies, reguladores de la temperatura, crean un microclima apto para una gran variedad de especies animales y también de especies vegetales, además belleza paisajística al ambiente y proporcionan una sombra necesaria para el ecosistema. Los árboles actúan como defensa contra el viento, ejercen una influencia notable sobre el ambiente, trasladando grandes cantidades de tierra por la falta de agua, produciendo trastornos en la salud de los habitantes por el aumento de enfermedades respiratorias y alérgicas, también atenúan los efectos negativos en la salud producidos por estrés al calor”, entre otras.
Los amparistas solicitan la intervención de la Agencia del INTA, Delegación Catamarca y la Facultad de Ciencias Agrarias, Tecnicatura en Parques y Jardines, a fin de que evalúen el estado de las especies realmente comprometidas e informen sobre el estado en que se encuentran, carácter del daño que padecen, posibilidades de recuperación y secuelas. También deberán efectuar una evaluación completa del Plan de Tala, informando si han tenido participación en la confección de dicho Plan. Finalmente se peticiona el dictado de una Medida Cautelar, para que el Municipio se abstenga de realizar estos actos, hasta tanto se resuelva el Amparo.
La denuncia se originó la semana pasada, cuando vecinos de Santa Rosa observaron que se estaban talando arboles gigantescos como algarrobos y sauces y otros de más de 100 años.
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