Piden medir el glifosato en el agua potable
08:00 | 
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Piden incorporar al glifosato en los análisis del agua potable
Fecha de Publicación: 25/07/2016
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del Conicet detectó ese herbicida en la cuenca del Paraná y ambientalistas reclamaron medir la presencia "de ese veneno" en el agua de red. Para Gestión Ambiental de Santa Fe, en cambio, el nivel hallado "no es alarmante"
Organizaciones ambientalistas de Santa Fe y Entre Ríos afirmaron que la presencia de glifosato en la cuenca del río Paraná, recientemente demostrada por investigadores del Conicet, "nos afecta a todos" y entre otras medidas pidieron empezar a analizar el agua potable. Desde el gobierno provincial adelantaron que los valores "no son alarmantes".
La investigación, realizada entre 2011 y 2012 por los científicos Alicia Ronco y Damián Marino, reveló que el río Paraná recibe una carga contaminante de sus afluentes, concentrada mayormente en los sedimentos y en las zonas donde se realiza agricultura intensiva con semillas transgénicas, agroquímicos y siembra directa.
Horacio Enríquez, fundador de la organización no gubernamental Eco Urbano, expresó que el informe "tiene un alto impacto en la mirada ecologista y de organizaciones que vienen hace varios años denunciando los riesgos que provoca el uso y abuso de agroquímicos en la lógica productivista de este modelo agro industrial".
"Nuestros campos están involucrados, según el estudio en el barro del lecho de nuestro Paraná existen esas grandes cantidades de tóxicos", dijo a Télam.
Daniel Verzeñassi, integrante del Foro Ecologista de Paraná, pidió "incorporar a la normativa que establece el análisis del agua potable los principios activos del glifosato, endosulfán y clorpirifós" y "el tratamiento de la ley de agroquímicos para comenzar un proceso de transformación de la agricultura".
Por su parte Luis Meiners, integrante de la Red Ecosocialista en Entre Ríos, sostuvo que el uso del glifosato "es un problema de salud y no de rentabilidad, por lo que hay que reducir la ganancia de determinados sectores para que la gente deje de morirse".
En tanto Carlos Manessi, presidente de la ONG Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) de Santa Fe, en diálogo con la agencia Télam consideró que "en algún lado tenía que estar el veneno que se echa en los campos".
"No es alarmante"
Por su parte, el subsecretario de Gestión Ambiental de Santa Fe, Edgardo Seguro, afirmó que se contactará con los investigadores del Conicet para obtener "precisiones" sobre las muestras estudiadas pero aseguró que los valores "no son alarmantes".
El funcionario aclaró que a pesar de no haber leído el estudio –al momento de la consulta de Télam–, entiende que "sólo estaría afectado en su distrito el arroyo Saladillo", y afirmó que "desde 2008 se monitorean distintos afluentes del Paraná".
"Ahora se detecta glifosato y AMPA (su degradación), pero antes no aparecía. Los valores no son alarmantes, se trata de un mal uso agrícola tanto en arroyos del norte como del sur", dijo.
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Fecha de Publicación: 25/07/2016
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del Conicet detectó ese herbicida en la cuenca del Paraná y ambientalistas reclamaron medir la presencia "de ese veneno" en el agua de red. Para Gestión Ambiental de Santa Fe, en cambio, el nivel hallado "no es alarmante"
Organizaciones ambientalistas de Santa Fe y Entre Ríos afirmaron que la presencia de glifosato en la cuenca del río Paraná, recientemente demostrada por investigadores del Conicet, "nos afecta a todos" y entre otras medidas pidieron empezar a analizar el agua potable. Desde el gobierno provincial adelantaron que los valores "no son alarmantes".
La investigación, realizada entre 2011 y 2012 por los científicos Alicia Ronco y Damián Marino, reveló que el río Paraná recibe una carga contaminante de sus afluentes, concentrada mayormente en los sedimentos y en las zonas donde se realiza agricultura intensiva con semillas transgénicas, agroquímicos y siembra directa.
Horacio Enríquez, fundador de la organización no gubernamental Eco Urbano, expresó que el informe "tiene un alto impacto en la mirada ecologista y de organizaciones que vienen hace varios años denunciando los riesgos que provoca el uso y abuso de agroquímicos en la lógica productivista de este modelo agro industrial".
"Nuestros campos están involucrados, según el estudio en el barro del lecho de nuestro Paraná existen esas grandes cantidades de tóxicos", dijo a Télam.
Daniel Verzeñassi, integrante del Foro Ecologista de Paraná, pidió "incorporar a la normativa que establece el análisis del agua potable los principios activos del glifosato, endosulfán y clorpirifós" y "el tratamiento de la ley de agroquímicos para comenzar un proceso de transformación de la agricultura".
Por su parte Luis Meiners, integrante de la Red Ecosocialista en Entre Ríos, sostuvo que el uso del glifosato "es un problema de salud y no de rentabilidad, por lo que hay que reducir la ganancia de determinados sectores para que la gente deje de morirse".
En tanto Carlos Manessi, presidente de la ONG Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) de Santa Fe, en diálogo con la agencia Télam consideró que "en algún lado tenía que estar el veneno que se echa en los campos".
"No es alarmante"
Por su parte, el subsecretario de Gestión Ambiental de Santa Fe, Edgardo Seguro, afirmó que se contactará con los investigadores del Conicet para obtener "precisiones" sobre las muestras estudiadas pero aseguró que los valores "no son alarmantes".
El funcionario aclaró que a pesar de no haber leído el estudio –al momento de la consulta de Télam–, entiende que "sólo estaría afectado en su distrito el arroyo Saladillo", y afirmó que "desde 2008 se monitorean distintos afluentes del Paraná".
"Ahora se detecta glifosato y AMPA (su degradación), pero antes no aparecía. Los valores no son alarmantes, se trata de un mal uso agrícola tanto en arroyos del norte como del sur", dijo.
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Audiencia para el OT de los bosques de Buenos Aires
Fijan audiencia sobre el Ordenamiento de los Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 25/07/2016
Fuente: Ani Noticias
Provincia/Región: Buenos Aires
La diputada provincial del Frente Renovador, Maria José Tedeschi, afirmó que se llevará a cabo una audiencia ampliada para avanzar con el proyecto de Ley referido al Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, dando cumplimiento a la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.
Dicho proyecto se encuentra en debate en la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados será sometido a una audiencia conjunta entre las comisiones de Asuntos Agrarios, Legislación General, Asuntos Constitucionales, Presupuesto e Impuestos, autoridades del OPDS, ONGs e interesados en la ley.
Al respecto Tedeschi, que integra la Comisión que está debatiendo el proyecto, expresó su mirada frente a la problemática medioambiental y el rol de la legislación: “Buenos Aires es la única provincia que aún no cuenta con un Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, los cuales actualmente ocupan sólo un 3% del territorio, pero que brindan valiosos servicios ambientales a los bonaerenses, como conservar el suelo y la calidad del agua, reducir inundaciones y reducir los gases que produce el Cambio Climático”.
También, la legisladora del Frente Renovador dijo que “si bien en la Nación se está discutiendo una Ley de Presupuestos Mínimos, se encuentra en agenda un proyecto de Ley para la protección y uso sostenible de los Humedales, el cual cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores”. La iniciativa busca promover la conservación de los numerosos Servicios Ambientales que brindan estos ecosistemas y limitar las actividades que amenazan su sustentabilidad.
En ese sentido, Tedeschi explicó que en las últimas semanas “se han dictado varios fallos de la Justicia Federal, prohibiendo en la Cuenca del Río Luján, el desarrollo de estos emprendimientos hasta tanto se evalúe el impacto acumulativo sobre los humedales, por lo que creemos importante avanzar en establecer un marco normativo que permita protegerlos y conservarlos”.
La diputada del Frente Renovador comentó que se encuentran en agenda de la Comisión para su debate la Ley para la Gestión y Tratamiento de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y otro para prevenir y reducir el impacto producido por pilas y baterías, mediante un sistema de gestión basado en la responsabilidad extendida a los productores de estos elementos.
“Afortunadamente la cuestión ambiental está presente en el mundo y en las agendas de gobierno de todos los niveles y la legislación ambiental sirve para regular estas actividades pero sólo con eso no alcanza si en definitiva no tomamos conciencia como sociedad, que somos parte fundamental del ambiente y que por lo tanto cuidar el ambiente es cuidarnos a nosotros mismos”, sentenció la diputada Tedeschi.
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Fecha de Publicación: 25/07/2016
Fuente: Ani Noticias
Provincia/Región: Buenos Aires
La diputada provincial del Frente Renovador, Maria José Tedeschi, afirmó que se llevará a cabo una audiencia ampliada para avanzar con el proyecto de Ley referido al Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, dando cumplimiento a la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.
Dicho proyecto se encuentra en debate en la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados será sometido a una audiencia conjunta entre las comisiones de Asuntos Agrarios, Legislación General, Asuntos Constitucionales, Presupuesto e Impuestos, autoridades del OPDS, ONGs e interesados en la ley.
Al respecto Tedeschi, que integra la Comisión que está debatiendo el proyecto, expresó su mirada frente a la problemática medioambiental y el rol de la legislación: “Buenos Aires es la única provincia que aún no cuenta con un Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, los cuales actualmente ocupan sólo un 3% del territorio, pero que brindan valiosos servicios ambientales a los bonaerenses, como conservar el suelo y la calidad del agua, reducir inundaciones y reducir los gases que produce el Cambio Climático”.
También, la legisladora del Frente Renovador dijo que “si bien en la Nación se está discutiendo una Ley de Presupuestos Mínimos, se encuentra en agenda un proyecto de Ley para la protección y uso sostenible de los Humedales, el cual cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores”. La iniciativa busca promover la conservación de los numerosos Servicios Ambientales que brindan estos ecosistemas y limitar las actividades que amenazan su sustentabilidad.
En ese sentido, Tedeschi explicó que en las últimas semanas “se han dictado varios fallos de la Justicia Federal, prohibiendo en la Cuenca del Río Luján, el desarrollo de estos emprendimientos hasta tanto se evalúe el impacto acumulativo sobre los humedales, por lo que creemos importante avanzar en establecer un marco normativo que permita protegerlos y conservarlos”.
La diputada del Frente Renovador comentó que se encuentran en agenda de la Comisión para su debate la Ley para la Gestión y Tratamiento de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y otro para prevenir y reducir el impacto producido por pilas y baterías, mediante un sistema de gestión basado en la responsabilidad extendida a los productores de estos elementos.
“Afortunadamente la cuestión ambiental está presente en el mundo y en las agendas de gobierno de todos los niveles y la legislación ambiental sirve para regular estas actividades pero sólo con eso no alcanza si en definitiva no tomamos conciencia como sociedad, que somos parte fundamental del ambiente y que por lo tanto cuidar el ambiente es cuidarnos a nosotros mismos”, sentenció la diputada Tedeschi.
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Salta añade otra área protegida
Salta sumó un área protegida
Fecha de Publicación: 25/07/2016
Fuente: El Intrasigente
Provincia/Región: Salta
Salta sumó esta semana una nueva área protegida para beneficiar así al medio ambiente. Se trata de las fincas Islas de Novillos y Astilleros y finca Trementinal, ubicadas al norte de la provincia, en el departamento San Martín. A partir de este momento están categorizadas como Reserva Natural de Usos Múltiples.
De esta manera, estos espacios verdes formarán parte del Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SiPAP), sumándose así a las 19 ya existentes en toda la provincia.
La creación de estos espacios tiene como principal propósito el de conservar el ecosistema, fomentar la recuperación de lo degradado, proteger el ambiente como también promover valores y asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
En esta línea, se firmó un acuerdo especial entre la Secretaría de Ambiente de la provincia e Ingeniería SIMA S.A, validado con las firmas de sus titulares, Irene Soler y Carlos Alberto Boldrini respectivamente.
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Fecha de Publicación: 25/07/2016
Fuente: El Intrasigente
Provincia/Región: Salta
Salta sumó esta semana una nueva área protegida para beneficiar así al medio ambiente. Se trata de las fincas Islas de Novillos y Astilleros y finca Trementinal, ubicadas al norte de la provincia, en el departamento San Martín. A partir de este momento están categorizadas como Reserva Natural de Usos Múltiples.
De esta manera, estos espacios verdes formarán parte del Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SiPAP), sumándose así a las 19 ya existentes en toda la provincia.
La creación de estos espacios tiene como principal propósito el de conservar el ecosistema, fomentar la recuperación de lo degradado, proteger el ambiente como también promover valores y asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
En esta línea, se firmó un acuerdo especial entre la Secretaría de Ambiente de la provincia e Ingeniería SIMA S.A, validado con las firmas de sus titulares, Irene Soler y Carlos Alberto Boldrini respectivamente.
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Quedó inaugurada la primera fábrica de eólicos
Mendoza: Lino Barañao inauguró la primera fábrica de generadores eólicos
Fecha de Publicación: 24/07/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación busca darle impulso a las energías renovables
Con el fin de darle impulso a las energías renovables, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao , pasó por Mendoza para inaugurar una fábrica de aerogeneradores eólicos de la empresa IMPSA, pero también para dejar en claro que la anterior gestión y la actual se han podido vincular y complementar, aunque admitió que hubo "incoherencias" en algunas políticas de la década K.
El único funcionario del Gobierno de Cristina Kirchner que logró permanecer en el cargo en la presidencia de Mauricio Macri ve con mejores ojos lo que se está desarrollando en la actualidad.
"Confiamos en ser más coherentes. Este es mi segundo intento, ojalá me vaya mejor", indicó Barañao, en diálogo con la prensa local, recalcando que el Estado no puede estar "ausente", y que se debe apostar al conocimiento y al comercio internacional.
Entre otras cosas, dijo que en la gestión anterior no se logró generar suficiente riqueza como para hacer una adecuada distribución. "Tenemos que pensar cómo generamos trabajo de calidad para las generaciones futuras", expresó el ministro durante la presentación de las nuevas turbinas eólicas de la firma que preside Enrique Pescarmona, quien dejó inaugurada la fábrica, en la planta de la compañía, en el carril Rodríguez Peña del departamento de Godoy Cruz, a 5 kilómetros de la Ciudad de Mendoza.
El empresario lideró la visita por el predio, junto Barañao y el gobernador mendocino, el radical de Cambiemos Alfredo Cornejo . El funcionario nacional destacó que durante la administración K se incrementaron los fondos para captar más investigadores, con más inversión en laboratorios, mientras que con Macri se ha tomado todo ese trabajo para que tenga impacto real en la sociedad. Asimismo, Barañao hizo hincapié en la necesidad de mirar hacia las energías alternativas como la eólica, la solar y la fotovoltaica para hacerle frente a los problemas de autoabastecimiento y generación que viene arrastrando el país.
De ahí la importancia de los aerogeneradores energéticos, una maquinaria de última generación que la firma mendocina ha comenzado a producir, denominada IWP100.ar. "IMPSA es una empresa que ha desarrollado tecnología y la ha exportado, que es lo que apoyamos desde nuestro ministerio", indicó el funcionario, por lo que felicitó a todos los trabajadores "que hoy deben estar orgullosos de lo que han logrado".
Por su parte, Pescarmona, a tono con las dificultades que tuvo la firma durante el Gobierno anterior, expresó: "Esta inversión que hoy inauguramos es una demostración de que nuestra gente no bajó los brazos, ni aún en los peores momentos".
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Fecha de Publicación: 24/07/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación busca darle impulso a las energías renovables
Con el fin de darle impulso a las energías renovables, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao , pasó por Mendoza para inaugurar una fábrica de aerogeneradores eólicos de la empresa IMPSA, pero también para dejar en claro que la anterior gestión y la actual se han podido vincular y complementar, aunque admitió que hubo "incoherencias" en algunas políticas de la década K.
El único funcionario del Gobierno de Cristina Kirchner que logró permanecer en el cargo en la presidencia de Mauricio Macri ve con mejores ojos lo que se está desarrollando en la actualidad.
"Confiamos en ser más coherentes. Este es mi segundo intento, ojalá me vaya mejor", indicó Barañao, en diálogo con la prensa local, recalcando que el Estado no puede estar "ausente", y que se debe apostar al conocimiento y al comercio internacional.
Entre otras cosas, dijo que en la gestión anterior no se logró generar suficiente riqueza como para hacer una adecuada distribución. "Tenemos que pensar cómo generamos trabajo de calidad para las generaciones futuras", expresó el ministro durante la presentación de las nuevas turbinas eólicas de la firma que preside Enrique Pescarmona, quien dejó inaugurada la fábrica, en la planta de la compañía, en el carril Rodríguez Peña del departamento de Godoy Cruz, a 5 kilómetros de la Ciudad de Mendoza.
El empresario lideró la visita por el predio, junto Barañao y el gobernador mendocino, el radical de Cambiemos Alfredo Cornejo . El funcionario nacional destacó que durante la administración K se incrementaron los fondos para captar más investigadores, con más inversión en laboratorios, mientras que con Macri se ha tomado todo ese trabajo para que tenga impacto real en la sociedad. Asimismo, Barañao hizo hincapié en la necesidad de mirar hacia las energías alternativas como la eólica, la solar y la fotovoltaica para hacerle frente a los problemas de autoabastecimiento y generación que viene arrastrando el país.
De ahí la importancia de los aerogeneradores energéticos, una maquinaria de última generación que la firma mendocina ha comenzado a producir, denominada IWP100.ar. "IMPSA es una empresa que ha desarrollado tecnología y la ha exportado, que es lo que apoyamos desde nuestro ministerio", indicó el funcionario, por lo que felicitó a todos los trabajadores "que hoy deben estar orgullosos de lo que han logrado".
Por su parte, Pescarmona, a tono con las dificultades que tuvo la firma durante el Gobierno anterior, expresó: "Esta inversión que hoy inauguramos es una demostración de que nuestra gente no bajó los brazos, ni aún en los peores momentos".
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Por el Atuel invitan a relator de la ONU
Invitarán al relator de la ONU para que vea el desastre ambiental
Fecha de Publicación: 24/07/2016
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El presidente de la Fundación Chadileuvú Héctor Gómez aseguró ayer a LA ARENA que la entidad está intentando alguna gestión ante los relatores de la ONU sobre Derecho del Agua para que visiten nuestra provincia, para llevarlos a recorrer las zonas afectadas históricamente por el corte del río Atuel. El dirigente sostuvo, sin embargo, que la empresa no será fácil puesto que los expertos son sumamente cuidadosos al responder a este tipo de convocatorias para no generar susceptibilidad en ninguna de las partes en conflicto.
Gómez dialogó por la tarde telefónicamente con este diario. Antes, en horas de la mañana, fue junto a otro miembro de la entidad, Antonio Sapegno, a la Casa de Gobierno, respondiendo a una convocatoria del gobernador Carlos Verna, quien los recibió junto secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, y el asesor de la gobernación Juan Pablo Morisoli. El mandatario los felicitó y conversó con ellos sobre el largo conflicto que enfrenta a las dos provincias vecinas.
Celebración
Mientras en la provincia de La Pampa el pronunciamiento de los relatores de la ONU fue celebrada por el Gobierno, en Mendoza no hubo declaración alguna por parte de las autoridades provinciales. Hasta ahora, solo las quejas de un diputado provincial y un concejal, ambos oriundos de la ciudad de General Alvear, ubicada en la zona sur de la provincia vecina.
Buena parte de la agenda de Verna en la víspera estuvo signada por las repercusiones positivas que tuvo en nuestra provincia el dictamen de los relatores de la Organización para las Naciones Unidas, Leo Heller y Hilal Elver, quienes destacaron que “el Gobierno de Argentina tiene que tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de los residentes de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa que han vivido durante décadas sin acceso adecuado del agua”.
“El Gobierno celebra las expresiones de los analistas internacionales pidiendo que el Gobierno de Mendoza acate las órdenes judiciales y que el Gobierno Nacional las haga cumplir para que los pampeanos tengan la calidad de vida que merecen”, expresó ayer el Centro Cívico a través de la Dirección de Prensa.
Ginebra
La Fuchad fue la entidad pampeana que en el año 2012 acudió a la Relatoría de la ONU en temas hídricos para que analizara el histórico reclamo de La Pampa pro el corte del río Atuel. “Hace unas semanas nos pidieron que refrendáramos algunos datos, que les mandáramos una síntesis de algunas cosas y nuevos elementos, que fueron el dictamen de la Procuración (que da por sentado que La Pampa tiene argumentos para reclamar nuevamente)”, dijo Gómez, quien explicó que la posición del organismo internacional “generó un impacto mediático y en el Gobierno de Mendoza muy importante”.
Para el dirigente, la opinión de los expertos de la ONU es “un argumento de mucho peso para el juicio”, el cual, además, “le da visibilidad internacional” al problema, dejando en una mala posición a la provincia de Mendoza ante la mirada del mundo.
Sin respuesta
Ayer, el diario Los Andes, informó que por ahora no habrá respuesta de Mendoza a la opinión de los expertos de la ONU. “Sin haber sido notificado aún el Gobierno local, ayer (por el miércoles) se conoció a través de medios nacionales que el organismo habría intimado a la Nación a dar una solución, a partir de una pedido que hizo la provincia limítrofe ante la sede internacional. Pero lejos de alarmarse, el tema fue desconocido en el gobierno de Alfredo Cornejo, que espera una notificación formal para emitir una opinión”, reza el artículo del matutino de la capital mendocina.
En el artículo citaron declaraciones del diputado provincial pampeano Ricardo Consiglio (Frepam), quien explicó cómo se gestó el informe de los relatores de la ONU, gracias a la presentación que años atrás realizó la Fundación Chadileuvú en la ciudad de Ginebra, en Suiza.
Inclinación
El periódico cordillerano afirmó que el comunicado que difundió la Secretaría de Prensa de la ONU el día miércoles tenía “una cierta inclinación a la postura pampeana”. Respecto a la postura del gobierno mendocino, Los Andes comunicó: “La intimación no encontró un interlocutor en el Gobierno y hasta fue relativizada. Tanto en Fiscalía de Estado (encargada de la defensa) como en la Casa de Gobierno prefirieron no opinar”.
“Ni la Provincia ni la Nación han sido notificados de lo que dijo la ONU, y hasta que eso no suceda, no van a hablar Tampoco sabemos si fue La Pampa la que inició este pedido, ni la capacidad técnica de quiénes lo dicen”, indicaron desde el Gobierno, informó Los Andes. El periódico aseguró que los expertos mendocinos en el tema relativizaron el alcance que la opinión de los relatores de ONU puede tener en el juicio.
El diputado radical, Gustavo Villegas, oriundo de General Alvear, fue uno de los más consultados por los medios mendocinos desde que se conoció el informe de la Relatoría. “Se trata de una opinión, pero más allá de que sea la ONU no puede dirimir en el tema porque no tiene jurisdicción sobre esto, ya que es un conflicto entre dos Estados provinciales. De todas maneras, seguramente la provincia de La Pampa va a utilizar todos estos recursos y opiniones a su favor”, opinó.
Repercusión nacional
El pronunciamiento de la ONU respecto al conflicto por el río Atuel tuvo repercusión en la prensa porteña. Ayer, el matutino Página 12 publicó un artículo titulado “Un llamado por el río Atuel. La ONU pide resolver el conflicto entre Mendoza y La Pampa”. Allí da cuenta de las exigencias que plantearon los expertos a Nación. “Hasta 1917, el Atuel surcaba el oeste pampeano, donde había colonias agrícolas. Mendoza modificó el curso de agua -que concluyó en 1940- con el dique El Nihuil. En 1987, la Corte Suprema ordenó liberar el río, pero la medida todavía no se cumple”, puntualizó P/12.
Asamblea destacó declaración
La Asamblea por los Ríos Pampeanos destacó el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas a favor del reclamo pampeano contra la decisión de Mendoza de mantener desde hace años el corte del río Atuel y destacó que es necesario que “se garantice el acceso equitativo al agua y se respete los derechos humanos de las personas afectadas”.
La ONU pidió al gobierno nacional “una solución definitiva” al conflicto interprovincial y exhortó a los gobernadores de ambas provincias a “cumplir” el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia que los instó a regular el uso del agua de forma compartida, garantizando un caudal mínimo en el tramo inferior del río.
“La Asamblea por los Ríos Pampeanos ha recibido con beneplácito la declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que pidieron al gobierno nacional una solución definitiva al conflicto interprovincial del río Atuel, que garantice el acceso equitativo al agua y respete los derechos humanos de miles de personas afectadas”, afirmó el ex secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, integrante de la organización pampeana.
Consultado por este medio, el ex funcionario agregó que “el gobierno de La Pampa ha hecho presentaciones ante las requisitorias de la ONU, que abarcan aspectos referidos a Derechos Humanos, obras realizadas después del juicio y estudios de caudales ambientales y cuantificación del daño producido por el corte del Atuel que realizó la Universidad Nacional de La Pampa”.
Temor a perder “la batalla”
Junto a la del diputado alvearense Gustavo Villegas, la otra voz que se escuchó en la prensa mendocina fue la de un concejal de General Alvear, el justicialista Gustavo Vendramín, quien volvió a cuestionar con duras críticas a los gobiernos de la ciudad de General Alvear y al de la provincia de Mendoza, a quienes endilgó tener una “inacción manifiesta que se viene mostrando en torno a la defensa del agua” del río Atuel “ante una La Pampa que sigue exigiendo y exigiendo”.
El concejal reclamó que el intendente de Alvear se exprese públicamente, con claridad y sin titubeos: “Un día nos vamos a levantar con que perdimos la batalla porque estamos dormidos”. A la vez, reclamó que tanto el Fiscal de Estado como autoridades de la provincia visiten Alvear para explicar qué se está haciendo para defender a centenares de productores de San Rafael y Alvear.
“Hay un letargo en el intendente y en sus funcionarios que llama notablemente la atención pese a que se puso en marcha una comisión, integrada por ellos mismos y a la que no nos invitaron a participar, que es más maquillaje decorativo para hacer política y mostrar que están haciendo algo en lugar de salir a posicionarse con firmeza”, sostuvo el edil en declaraciones al sitio unoalvear.com.
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Fecha de Publicación: 24/07/2016
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El presidente de la Fundación Chadileuvú Héctor Gómez aseguró ayer a LA ARENA que la entidad está intentando alguna gestión ante los relatores de la ONU sobre Derecho del Agua para que visiten nuestra provincia, para llevarlos a recorrer las zonas afectadas históricamente por el corte del río Atuel. El dirigente sostuvo, sin embargo, que la empresa no será fácil puesto que los expertos son sumamente cuidadosos al responder a este tipo de convocatorias para no generar susceptibilidad en ninguna de las partes en conflicto.
Gómez dialogó por la tarde telefónicamente con este diario. Antes, en horas de la mañana, fue junto a otro miembro de la entidad, Antonio Sapegno, a la Casa de Gobierno, respondiendo a una convocatoria del gobernador Carlos Verna, quien los recibió junto secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, y el asesor de la gobernación Juan Pablo Morisoli. El mandatario los felicitó y conversó con ellos sobre el largo conflicto que enfrenta a las dos provincias vecinas.
Celebración
Mientras en la provincia de La Pampa el pronunciamiento de los relatores de la ONU fue celebrada por el Gobierno, en Mendoza no hubo declaración alguna por parte de las autoridades provinciales. Hasta ahora, solo las quejas de un diputado provincial y un concejal, ambos oriundos de la ciudad de General Alvear, ubicada en la zona sur de la provincia vecina.
Buena parte de la agenda de Verna en la víspera estuvo signada por las repercusiones positivas que tuvo en nuestra provincia el dictamen de los relatores de la Organización para las Naciones Unidas, Leo Heller y Hilal Elver, quienes destacaron que “el Gobierno de Argentina tiene que tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de los residentes de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa que han vivido durante décadas sin acceso adecuado del agua”.
“El Gobierno celebra las expresiones de los analistas internacionales pidiendo que el Gobierno de Mendoza acate las órdenes judiciales y que el Gobierno Nacional las haga cumplir para que los pampeanos tengan la calidad de vida que merecen”, expresó ayer el Centro Cívico a través de la Dirección de Prensa.
Ginebra
La Fuchad fue la entidad pampeana que en el año 2012 acudió a la Relatoría de la ONU en temas hídricos para que analizara el histórico reclamo de La Pampa pro el corte del río Atuel. “Hace unas semanas nos pidieron que refrendáramos algunos datos, que les mandáramos una síntesis de algunas cosas y nuevos elementos, que fueron el dictamen de la Procuración (que da por sentado que La Pampa tiene argumentos para reclamar nuevamente)”, dijo Gómez, quien explicó que la posición del organismo internacional “generó un impacto mediático y en el Gobierno de Mendoza muy importante”.
Para el dirigente, la opinión de los expertos de la ONU es “un argumento de mucho peso para el juicio”, el cual, además, “le da visibilidad internacional” al problema, dejando en una mala posición a la provincia de Mendoza ante la mirada del mundo.
Sin respuesta
Ayer, el diario Los Andes, informó que por ahora no habrá respuesta de Mendoza a la opinión de los expertos de la ONU. “Sin haber sido notificado aún el Gobierno local, ayer (por el miércoles) se conoció a través de medios nacionales que el organismo habría intimado a la Nación a dar una solución, a partir de una pedido que hizo la provincia limítrofe ante la sede internacional. Pero lejos de alarmarse, el tema fue desconocido en el gobierno de Alfredo Cornejo, que espera una notificación formal para emitir una opinión”, reza el artículo del matutino de la capital mendocina.
En el artículo citaron declaraciones del diputado provincial pampeano Ricardo Consiglio (Frepam), quien explicó cómo se gestó el informe de los relatores de la ONU, gracias a la presentación que años atrás realizó la Fundación Chadileuvú en la ciudad de Ginebra, en Suiza.
Inclinación
El periódico cordillerano afirmó que el comunicado que difundió la Secretaría de Prensa de la ONU el día miércoles tenía “una cierta inclinación a la postura pampeana”. Respecto a la postura del gobierno mendocino, Los Andes comunicó: “La intimación no encontró un interlocutor en el Gobierno y hasta fue relativizada. Tanto en Fiscalía de Estado (encargada de la defensa) como en la Casa de Gobierno prefirieron no opinar”.
“Ni la Provincia ni la Nación han sido notificados de lo que dijo la ONU, y hasta que eso no suceda, no van a hablar Tampoco sabemos si fue La Pampa la que inició este pedido, ni la capacidad técnica de quiénes lo dicen”, indicaron desde el Gobierno, informó Los Andes. El periódico aseguró que los expertos mendocinos en el tema relativizaron el alcance que la opinión de los relatores de ONU puede tener en el juicio.
El diputado radical, Gustavo Villegas, oriundo de General Alvear, fue uno de los más consultados por los medios mendocinos desde que se conoció el informe de la Relatoría. “Se trata de una opinión, pero más allá de que sea la ONU no puede dirimir en el tema porque no tiene jurisdicción sobre esto, ya que es un conflicto entre dos Estados provinciales. De todas maneras, seguramente la provincia de La Pampa va a utilizar todos estos recursos y opiniones a su favor”, opinó.
Repercusión nacional
El pronunciamiento de la ONU respecto al conflicto por el río Atuel tuvo repercusión en la prensa porteña. Ayer, el matutino Página 12 publicó un artículo titulado “Un llamado por el río Atuel. La ONU pide resolver el conflicto entre Mendoza y La Pampa”. Allí da cuenta de las exigencias que plantearon los expertos a Nación. “Hasta 1917, el Atuel surcaba el oeste pampeano, donde había colonias agrícolas. Mendoza modificó el curso de agua -que concluyó en 1940- con el dique El Nihuil. En 1987, la Corte Suprema ordenó liberar el río, pero la medida todavía no se cumple”, puntualizó P/12.
Asamblea destacó declaración
La Asamblea por los Ríos Pampeanos destacó el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas a favor del reclamo pampeano contra la decisión de Mendoza de mantener desde hace años el corte del río Atuel y destacó que es necesario que “se garantice el acceso equitativo al agua y se respete los derechos humanos de las personas afectadas”.
La ONU pidió al gobierno nacional “una solución definitiva” al conflicto interprovincial y exhortó a los gobernadores de ambas provincias a “cumplir” el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia que los instó a regular el uso del agua de forma compartida, garantizando un caudal mínimo en el tramo inferior del río.
“La Asamblea por los Ríos Pampeanos ha recibido con beneplácito la declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que pidieron al gobierno nacional una solución definitiva al conflicto interprovincial del río Atuel, que garantice el acceso equitativo al agua y respete los derechos humanos de miles de personas afectadas”, afirmó el ex secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, integrante de la organización pampeana.
Consultado por este medio, el ex funcionario agregó que “el gobierno de La Pampa ha hecho presentaciones ante las requisitorias de la ONU, que abarcan aspectos referidos a Derechos Humanos, obras realizadas después del juicio y estudios de caudales ambientales y cuantificación del daño producido por el corte del Atuel que realizó la Universidad Nacional de La Pampa”.
Temor a perder “la batalla”
Junto a la del diputado alvearense Gustavo Villegas, la otra voz que se escuchó en la prensa mendocina fue la de un concejal de General Alvear, el justicialista Gustavo Vendramín, quien volvió a cuestionar con duras críticas a los gobiernos de la ciudad de General Alvear y al de la provincia de Mendoza, a quienes endilgó tener una “inacción manifiesta que se viene mostrando en torno a la defensa del agua” del río Atuel “ante una La Pampa que sigue exigiendo y exigiendo”.
El concejal reclamó que el intendente de Alvear se exprese públicamente, con claridad y sin titubeos: “Un día nos vamos a levantar con que perdimos la batalla porque estamos dormidos”. A la vez, reclamó que tanto el Fiscal de Estado como autoridades de la provincia visiten Alvear para explicar qué se está haciendo para defender a centenares de productores de San Rafael y Alvear.
“Hay un letargo en el intendente y en sus funcionarios que llama notablemente la atención pese a que se puso en marcha una comisión, integrada por ellos mismos y a la que no nos invitaron a participar, que es más maquillaje decorativo para hacer política y mostrar que están haciendo algo en lugar de salir a posicionarse con firmeza”, sostuvo el edil en declaraciones al sitio unoalvear.com.
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La ley antiminera de Mendoza en debate
La ley antiminera, otra vez en discusión
Fecha de Publicación: 24/07/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Casi sin querer, el Gobierno provincial abrió nuevamente el debate sobre la Ley 7.722, pero no para analizar su constitucionalidad, algo que resolvió la Suprema Corte de Mendoza en diciembre, sino por los alcances y las interpretaciones que se hacen de la norma por las tareas de saneamiento ambiental en la mina de uranio Sierra Pintada, trabajos que requieren el uso de sustancias tóxicas.
Es que mientras la Secretaría de Minería avanza con el "diálogo" para desarrollar una política minera para Mendoza, su par de Ambiente lo hará con la Declaración de Impacto Ambiental para solucionar los pasivos ambientales que dejó un proyecto de explotación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) detenido desde 1995 y que, cuando se intentó poner nuevamente en producción, fue frenado por un amparo en Justicia Federal de San Rafael.
La sola discusión de la DIA (paso previo a las tareas de saneamiento ambiental debido a los residuos que quedaron en 1995) abre una serie de frentes que parecían cerrados, pero que traen a colación la "calidad" de la Ley 7.722, que más allá de que se confirmó su constitucionalidad tiene varios "grises" que ahora volverán a ponerse en el debate.
La cuestión es que técnicamente, por ejemplo, para solucionar los pasivos ambientales es necesario utilizar ácido sulfúrico, una de las sustancias que prohíbe expresamente la Ley 7.722 en los procesos mineros.
Allí se abre un debate jurídico que "sí o sí" volverá a poner sobre la mesa la norma, justo en el momento que la decena de empresas mineras que pidió la inconstitucionalidad prepara la apelación a la Corte Suprema de la Nación. La cuestión es que los caminos indican que para avanzar con la remediación se debería avanzar con una ley complementaria o, en su defecto, un decreto gubernamental.
Además, se abrirá -especialmente en el sur- el debate por la reapertura de Sierra Pintada, porque el amparo que existe se presentó ante la intención de la CNEA de reactivar el yacimiento, lo que la justicia detuvo, pero -a priori- sólo hasta que se remediara la situación del dique de cola -entre otros pasivos- que tiene agua con uranio.
Para el exministro de Ambiente y posterior titular de Energía y Minería de la provincia, Marcos Zandomeni (a quién le tocó conocer de conocer de cerca el caso de Sierra Pintada), "lo más importante es dar una solución ambiental, terminar con el problema, y la única forma técnica que se conoce es usando el ácido sulfúrico".
En conversación con MDZ, el exfuncionario dijo que más allá de las interpretaciones que se hagan de la norma, la solución es una sola y se deben buscar las formas para aplicarla.
Alternativas
Un punto claro es que -por ahora- no existe una solución técnica posible de eliminar el pasivo sin la utilización del ácido sulfúrico y a partir de allí se abren los caminos a las posibles soluciones.
El artículo 1 de la Ley 7.722 dice: "A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo"
Considerando el texto, hay una interpretación que indica que no se puede usar por la restricción de la Ley, mientras otra señala que es posible hacerlo porque la normativa no prohíbe el uso de ácido en el proceso de "remediación", sino de "explotación" y sus similares.
Esta última es la visión del diputado radical Gustavo Villegas (General Alvear), quien considera que es posible avanzar con el proceso de remediación porque la Ley dice claramente lo que no se puede hacer y limita las sustancias a los procesos productivos. "Lo que la ley no prohíbe está permitido", señaló en conversación con MDZ, aunque aclaró que todo avance va a depender de la Justicia Federal de San Rafael, que es la que debe autorizar cualquier movimiento al encontrarse vigente un amparo.
Ver Nota Completa
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Fecha de Publicación: 24/07/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Casi sin querer, el Gobierno provincial abrió nuevamente el debate sobre la Ley 7.722, pero no para analizar su constitucionalidad, algo que resolvió la Suprema Corte de Mendoza en diciembre, sino por los alcances y las interpretaciones que se hacen de la norma por las tareas de saneamiento ambiental en la mina de uranio Sierra Pintada, trabajos que requieren el uso de sustancias tóxicas.
Es que mientras la Secretaría de Minería avanza con el "diálogo" para desarrollar una política minera para Mendoza, su par de Ambiente lo hará con la Declaración de Impacto Ambiental para solucionar los pasivos ambientales que dejó un proyecto de explotación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) detenido desde 1995 y que, cuando se intentó poner nuevamente en producción, fue frenado por un amparo en Justicia Federal de San Rafael.
La sola discusión de la DIA (paso previo a las tareas de saneamiento ambiental debido a los residuos que quedaron en 1995) abre una serie de frentes que parecían cerrados, pero que traen a colación la "calidad" de la Ley 7.722, que más allá de que se confirmó su constitucionalidad tiene varios "grises" que ahora volverán a ponerse en el debate.
La cuestión es que técnicamente, por ejemplo, para solucionar los pasivos ambientales es necesario utilizar ácido sulfúrico, una de las sustancias que prohíbe expresamente la Ley 7.722 en los procesos mineros.
Allí se abre un debate jurídico que "sí o sí" volverá a poner sobre la mesa la norma, justo en el momento que la decena de empresas mineras que pidió la inconstitucionalidad prepara la apelación a la Corte Suprema de la Nación. La cuestión es que los caminos indican que para avanzar con la remediación se debería avanzar con una ley complementaria o, en su defecto, un decreto gubernamental.
Además, se abrirá -especialmente en el sur- el debate por la reapertura de Sierra Pintada, porque el amparo que existe se presentó ante la intención de la CNEA de reactivar el yacimiento, lo que la justicia detuvo, pero -a priori- sólo hasta que se remediara la situación del dique de cola -entre otros pasivos- que tiene agua con uranio.
Para el exministro de Ambiente y posterior titular de Energía y Minería de la provincia, Marcos Zandomeni (a quién le tocó conocer de conocer de cerca el caso de Sierra Pintada), "lo más importante es dar una solución ambiental, terminar con el problema, y la única forma técnica que se conoce es usando el ácido sulfúrico".
En conversación con MDZ, el exfuncionario dijo que más allá de las interpretaciones que se hagan de la norma, la solución es una sola y se deben buscar las formas para aplicarla.
Alternativas
Un punto claro es que -por ahora- no existe una solución técnica posible de eliminar el pasivo sin la utilización del ácido sulfúrico y a partir de allí se abren los caminos a las posibles soluciones.
El artículo 1 de la Ley 7.722 dice: "A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo"
Considerando el texto, hay una interpretación que indica que no se puede usar por la restricción de la Ley, mientras otra señala que es posible hacerlo porque la normativa no prohíbe el uso de ácido en el proceso de "remediación", sino de "explotación" y sus similares.
Esta última es la visión del diputado radical Gustavo Villegas (General Alvear), quien considera que es posible avanzar con el proceso de remediación porque la Ley dice claramente lo que no se puede hacer y limita las sustancias a los procesos productivos. "Lo que la ley no prohíbe está permitido", señaló en conversación con MDZ, aunque aclaró que todo avance va a depender de la Justicia Federal de San Rafael, que es la que debe autorizar cualquier movimiento al encontrarse vigente un amparo.
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La cuenca del Paraná contaminada con glifosato
Científicos del Conicet encontraron glifosato en la cuenca del Paraná
Fecha de Publicación: 23/07/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Hallaron niveles altos en los sedimentos acumulados en la desembocadura de 23 arroyos y cursos que tributan sus aguas al río.
Un estudio realizado por investigadores del Conicet en cooperación con Prefectura Nacional, demostró la existencia de glifosato -un herbicida recategorizado como "probablemente cancerígeno" por la OMS- en la cuenca del Río Paraná, con "altos niveles" en los sedimentos acumulados en la desembocadura de 23 arroyos y cursos que tributan sus aguas a ese gigante latinoamericano, desde el Río Pilcomayo hasta el Luján.
La investigación, que acaba de ser publicada por la revista internacional "Enviromental Monitoring ad Assessment" y es la primera de esa escala realizada en cuenca del Paraná, concluyó que se advierten "altos niveles" de glifosato y su metabolito Ampa "en los cursos medio y bajo de los afluentes tributarios, de acuerdo con la agricultura intensiva que se desarrolla en la región".
"Las muestras de los sedimentos del fondo del río presentaron la mayor concentración de esos componentes, pero las altas corrientes y la capacidad de disolución del curso principal del Paraná atenúa la entrada de los afluentes tributarios", aunque el metabolito del herbicida fue detectado también "en el tramo bajo del río".
Uno de los cuatro investigadores del proyecto, el biólogo Damián Marino, del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (Cima), que depende de la Universidad Nacional de La Plata, aseguró a Télam que no existe un parámetro regulatorio de presencia de glifosato en sedimentos que permita estimar si las cantidades encontradas son excesivas o no, pero el monitoreo "arranca en la parte superior de la cuenca, con valores no detectables, a concentraciones de algunos miligramos por kilo en la fase final de la zona de Luján".
"Si uno intenta comparar eso con niveles de referencia, para sedimentos no existe, y para agua, todas estarían bien, es decir que encuadra con lo reportado por la literatura nacional e internacional", dijo.
La movilidad del glifosato
Para el investigador, el trabajo científico permitió demostrar dos cosas: "por un lado, la movilidad del compuesto (glifosato y su metabolito) a través de los cuerpos de agua de los arroyos pampeanos, y por otro que el compuesto llega a la desembocadura de esos arroyos hacia el Río Paraná", aunque siempre adherido a los "sedimentos del fondo" porque "en el centro del río no se detecta".
"La única fuente de aplicación del compuesto al ambiente es el modelo productivo de agricultura intensiva, que usa como base química al glifosato", dijo.
Por eso, el glifosato encontrado en la cuenca del Paraná "tiene que ver con la historia de los suelos que, después de las lluvias, drenan hacia los arroyos", movilizando también materiales como ese herbicida utilizado en la práctica agrícola, "única fuente de aplicación del compuesto al ambiente".
El estudio no avanzó sobre el efecto del compuesto en la vida acuática, ya sea animal o vegetal, pero "hay muchas publicaciones sobre la relación entre niveles de plaguicidas y efectos biológicos" que han dado cuenta de "efectos crónicos, como cambios de talla o de ciclos reproductivos, o agudos, como mortalidad".
El río Luján, con mayor concentración
Por otro lado, el río Luján resultó ser el afluente con mayor concentración de glifosato en sedimentos, lo que Marino atribuyó a diferentes factores.
"Tiene que ver con la naturaleza del arroyo, con cómo se mueve, con el ciclo de agua que recibe, con cuestiones propias del ambientes, las prácticas productivas de la zona, la dinámica hídrica del arroyo o la combinación de estos factores", dijo.
El estudio publicado en Enviromental termina afirmando que los resultados obtenidos "proveen información relevante para los programas de desarrollo ambientales en el Paraná, e indican la necesidad de prestar particular atención a las prácticas de agricultura asociadas al control químico de pestes en la región".
"Creo que los resultados son preocupantes y que habrá que tomar nota de ellos y diseñar algún tipo de política, o continuar con los estudios para ver si los niveles aumentan o bajan", concluyó Marino.
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Fecha de Publicación: 23/07/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Hallaron niveles altos en los sedimentos acumulados en la desembocadura de 23 arroyos y cursos que tributan sus aguas al río.
Un estudio realizado por investigadores del Conicet en cooperación con Prefectura Nacional, demostró la existencia de glifosato -un herbicida recategorizado como "probablemente cancerígeno" por la OMS- en la cuenca del Río Paraná, con "altos niveles" en los sedimentos acumulados en la desembocadura de 23 arroyos y cursos que tributan sus aguas a ese gigante latinoamericano, desde el Río Pilcomayo hasta el Luján.
La investigación, que acaba de ser publicada por la revista internacional "Enviromental Monitoring ad Assessment" y es la primera de esa escala realizada en cuenca del Paraná, concluyó que se advierten "altos niveles" de glifosato y su metabolito Ampa "en los cursos medio y bajo de los afluentes tributarios, de acuerdo con la agricultura intensiva que se desarrolla en la región".
"Las muestras de los sedimentos del fondo del río presentaron la mayor concentración de esos componentes, pero las altas corrientes y la capacidad de disolución del curso principal del Paraná atenúa la entrada de los afluentes tributarios", aunque el metabolito del herbicida fue detectado también "en el tramo bajo del río".
Uno de los cuatro investigadores del proyecto, el biólogo Damián Marino, del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (Cima), que depende de la Universidad Nacional de La Plata, aseguró a Télam que no existe un parámetro regulatorio de presencia de glifosato en sedimentos que permita estimar si las cantidades encontradas son excesivas o no, pero el monitoreo "arranca en la parte superior de la cuenca, con valores no detectables, a concentraciones de algunos miligramos por kilo en la fase final de la zona de Luján".
"Si uno intenta comparar eso con niveles de referencia, para sedimentos no existe, y para agua, todas estarían bien, es decir que encuadra con lo reportado por la literatura nacional e internacional", dijo.
La movilidad del glifosato
Para el investigador, el trabajo científico permitió demostrar dos cosas: "por un lado, la movilidad del compuesto (glifosato y su metabolito) a través de los cuerpos de agua de los arroyos pampeanos, y por otro que el compuesto llega a la desembocadura de esos arroyos hacia el Río Paraná", aunque siempre adherido a los "sedimentos del fondo" porque "en el centro del río no se detecta".
"La única fuente de aplicación del compuesto al ambiente es el modelo productivo de agricultura intensiva, que usa como base química al glifosato", dijo.
Por eso, el glifosato encontrado en la cuenca del Paraná "tiene que ver con la historia de los suelos que, después de las lluvias, drenan hacia los arroyos", movilizando también materiales como ese herbicida utilizado en la práctica agrícola, "única fuente de aplicación del compuesto al ambiente".
El estudio no avanzó sobre el efecto del compuesto en la vida acuática, ya sea animal o vegetal, pero "hay muchas publicaciones sobre la relación entre niveles de plaguicidas y efectos biológicos" que han dado cuenta de "efectos crónicos, como cambios de talla o de ciclos reproductivos, o agudos, como mortalidad".
El río Luján, con mayor concentración
Por otro lado, el río Luján resultó ser el afluente con mayor concentración de glifosato en sedimentos, lo que Marino atribuyó a diferentes factores.
"Tiene que ver con la naturaleza del arroyo, con cómo se mueve, con el ciclo de agua que recibe, con cuestiones propias del ambientes, las prácticas productivas de la zona, la dinámica hídrica del arroyo o la combinación de estos factores", dijo.
El estudio publicado en Enviromental termina afirmando que los resultados obtenidos "proveen información relevante para los programas de desarrollo ambientales en el Paraná, e indican la necesidad de prestar particular atención a las prácticas de agricultura asociadas al control químico de pestes en la región".
"Creo que los resultados son preocupantes y que habrá que tomar nota de ellos y diseñar algún tipo de política, o continuar con los estudios para ver si los niveles aumentan o bajan", concluyó Marino.
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Río Negro y Neuquén podrían tener minería de uranio
Vuelve el interés por encontrar uranio en Río Negro y Neuquén
Fecha de Publicación: 23/07/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
Con la decisión del gobierno nacional de sostener los proyectos nucleares, crece el interés en la explotación del metal. Una minera retomará tareas de exploración al norte de Valcheta.
Hace unas semanas el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, ratificó ante el Senado el plan nacional para avanzar en el desarrollo de uranio, un metal preciado pero esquivo que podría tomar un rol más protagónico en el destino de la región.
Se trata del combustible nuclear más importantes del mundo. Se lo utiliza en centros de medicina, para generar energía eléctrica y en reactores de investigación, además de su cuestionado uso para fines militares.
Si bien existen muchos proyectos en el país para extraer uranio, los lugares en los que se podría poner en marcha en lo inmediato son Mendoza y Chubut. De todos modos allí hay trabas legales que prohíben o limitan la actividad. Por eso, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), también trabaja con interés en la Cuenca geográfica Neuquina (Río Negro, La Pampa y Neuquén), aunque de modo incipiente.
“Apuntamos a encontrar modelos que podrían ser explotables por Lixiviación in situ, pero recién se hicieron algunos cateos”, dijo a “Río Negro” Luis López, Geólogo y especialista en recursos uraníferos de la CNEA .
A nivel mundial, la mitad del uranio se obtiene por este método, que se usa para concentrar el mineral disperso en el suelo. Pero para hacerlo in situ se necesita determinado tipo de depósito como el que creen puede haber en la región.
“Para separar el uranio no se usa cianuro sino que es soluble en medios alcalinos y ácidos. Se puede usar reactivos como ácido sulfúrico, carbonato de sodio o agua oxigenada. Esto permite devolver los acuíferos en las mismas condiciones”, explicó López, aunque agregó que en Chubut no se puede usar esta técnica.
Río Negro explora
La minera canadiense Blue Sky comunicó esta semana que lanzará una campaña de exploración de uranio al norte de Valcheta. Se trata de tres proyectos conocidos como Anit, Ivana y Santa Bárbara para los que se invertirán de forma inicial 500 mil dólares. Los convenios entre el gobierno y la empresa fueron firmados en 2009 y el Secretario de Minería de la provincia, Juan Pablo Espínola, señaló a “Río Negro Energía” que las operaciones están en etapa de prospección.
La compañía, que forma parte del Grosso Group, no descarta ampliar la zona de exploración si se encuentran yacimientos superficiales, que permiten retornos económicos más rápidos, según un comunicado que envió a la bolsa de Toronto.
En Neuquén, en 2011, la firma Calypso por medio de su subsidiaria argentina Energía Mineral realizó una exploración. Los trabajos se concentraron en los denominados Bloque Central, a unos 60 kilómetros de Añelo y en Campesino Norte. Los resultados, según el titular de Minería Carlos Portilla “dieron negativos, no se encontró ni cantidad ni calidad por lo que se abandonó”.
A nivel nacional, hace 20 años, durante el menemismo, se dejó de extraer uranio. Se evaluó que era más barato importar y en el ‘97 se cerró la industria nacional. En la actualidad, el país compra en Kazajstán o Canadá uranio natural concentrado (yellow cake).
Si bien, el precio no es significativo –el kilo sale 70 dólares y la incidencia en el costo de la energía total, debe ser el 4%–, desde la CNEA, sostienen que: “tener todo el ciclo en el país, es muy importante en términos de seguridad energética”. “Tenemos el ciclo de combustible y centrales propias, con vistas a ampliar el parque energético nuclear”, dijo López.
En el país hay tres reactores de uranio natural conectados a la red eléctrica: Atucha I y II y Embalse. “Las centrales nucleares funcionan con uranio natural. En 2017 se va a construir otra central de uranio natural y creemos que se va pasar al enriquecido en 2019”, dijo a este medio el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano (ver aparte).
La energía es más económica y ecológica, al menos en la etapa de generación, según los especialistas. Su punto más cuestionado son los residuos nucleares y los posibles accidentes. Es por eso que la CNEA lanzó el proyecto de Remediación Ambiental de la Minería del Uranio.
“Con las tres centrales funcionando se produce el 7% de la energía del país. La intención es extenderla al doble”, dijo Gadano.
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Fecha de Publicación: 23/07/2016
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
Con la decisión del gobierno nacional de sostener los proyectos nucleares, crece el interés en la explotación del metal. Una minera retomará tareas de exploración al norte de Valcheta.
Hace unas semanas el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, ratificó ante el Senado el plan nacional para avanzar en el desarrollo de uranio, un metal preciado pero esquivo que podría tomar un rol más protagónico en el destino de la región.
Se trata del combustible nuclear más importantes del mundo. Se lo utiliza en centros de medicina, para generar energía eléctrica y en reactores de investigación, además de su cuestionado uso para fines militares.
Si bien existen muchos proyectos en el país para extraer uranio, los lugares en los que se podría poner en marcha en lo inmediato son Mendoza y Chubut. De todos modos allí hay trabas legales que prohíben o limitan la actividad. Por eso, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), también trabaja con interés en la Cuenca geográfica Neuquina (Río Negro, La Pampa y Neuquén), aunque de modo incipiente.
“Apuntamos a encontrar modelos que podrían ser explotables por Lixiviación in situ, pero recién se hicieron algunos cateos”, dijo a “Río Negro” Luis López, Geólogo y especialista en recursos uraníferos de la CNEA .
A nivel mundial, la mitad del uranio se obtiene por este método, que se usa para concentrar el mineral disperso en el suelo. Pero para hacerlo in situ se necesita determinado tipo de depósito como el que creen puede haber en la región.
“Para separar el uranio no se usa cianuro sino que es soluble en medios alcalinos y ácidos. Se puede usar reactivos como ácido sulfúrico, carbonato de sodio o agua oxigenada. Esto permite devolver los acuíferos en las mismas condiciones”, explicó López, aunque agregó que en Chubut no se puede usar esta técnica.
Río Negro explora
La minera canadiense Blue Sky comunicó esta semana que lanzará una campaña de exploración de uranio al norte de Valcheta. Se trata de tres proyectos conocidos como Anit, Ivana y Santa Bárbara para los que se invertirán de forma inicial 500 mil dólares. Los convenios entre el gobierno y la empresa fueron firmados en 2009 y el Secretario de Minería de la provincia, Juan Pablo Espínola, señaló a “Río Negro Energía” que las operaciones están en etapa de prospección.
La compañía, que forma parte del Grosso Group, no descarta ampliar la zona de exploración si se encuentran yacimientos superficiales, que permiten retornos económicos más rápidos, según un comunicado que envió a la bolsa de Toronto.
En Neuquén, en 2011, la firma Calypso por medio de su subsidiaria argentina Energía Mineral realizó una exploración. Los trabajos se concentraron en los denominados Bloque Central, a unos 60 kilómetros de Añelo y en Campesino Norte. Los resultados, según el titular de Minería Carlos Portilla “dieron negativos, no se encontró ni cantidad ni calidad por lo que se abandonó”.
A nivel nacional, hace 20 años, durante el menemismo, se dejó de extraer uranio. Se evaluó que era más barato importar y en el ‘97 se cerró la industria nacional. En la actualidad, el país compra en Kazajstán o Canadá uranio natural concentrado (yellow cake).
Si bien, el precio no es significativo –el kilo sale 70 dólares y la incidencia en el costo de la energía total, debe ser el 4%–, desde la CNEA, sostienen que: “tener todo el ciclo en el país, es muy importante en términos de seguridad energética”. “Tenemos el ciclo de combustible y centrales propias, con vistas a ampliar el parque energético nuclear”, dijo López.
En el país hay tres reactores de uranio natural conectados a la red eléctrica: Atucha I y II y Embalse. “Las centrales nucleares funcionan con uranio natural. En 2017 se va a construir otra central de uranio natural y creemos que se va pasar al enriquecido en 2019”, dijo a este medio el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano (ver aparte).
La energía es más económica y ecológica, al menos en la etapa de generación, según los especialistas. Su punto más cuestionado son los residuos nucleares y los posibles accidentes. Es por eso que la CNEA lanzó el proyecto de Remediación Ambiental de la Minería del Uranio.
“Con las tres centrales funcionando se produce el 7% de la energía del país. La intención es extenderla al doble”, dijo Gadano.
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Entre Ríos espera todavía por la norma de agrotóxicos
Agroquímicos: continuarán el debate después del receso
Fecha de Publicación: 23/07/2016
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
Tras el receso que cumple la Legislatura y al retomar su actividad, uno de los temas en que deberán avanzar los legisladores es en el proyecto de ley que regule el uso de agroquímicos.
Varios fueron los textos presentados en los últimos años, pero ninguno estuvo exento de polémica, ya sea por las distancias, prohibiciones o autoridad de aplicación, algunos de los puntos donde no termina de darse un acuerdo por la postura de los distintos intereses involucrados en la norma.
Ante la falta de avances concretos, hace unos meses diputados y senadores acordaron conformar una bicameral con ocho integrantes de cada cámara para elaborar una nueva ley de agroquímicos. “Todo está por definirse”, señaló en ese momento la diputada Gabriela Lena (Cambiemos-Chajarí), titular de la Comisión de Tierras y aseguró que la “salud” será “lo primero” a tener en cuenta al momento de elaborar un nuevo texto. Consultada sobre el porqué de esta metodología especial de trabajo, dijo que “más que una celeridad hay una necesidad” respecto a un tema: “Que tenemos pendiente los entrerrianos hace mucho tiempo”.
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Fecha de Publicación: 23/07/2016
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
Tras el receso que cumple la Legislatura y al retomar su actividad, uno de los temas en que deberán avanzar los legisladores es en el proyecto de ley que regule el uso de agroquímicos.
Varios fueron los textos presentados en los últimos años, pero ninguno estuvo exento de polémica, ya sea por las distancias, prohibiciones o autoridad de aplicación, algunos de los puntos donde no termina de darse un acuerdo por la postura de los distintos intereses involucrados en la norma.
Ante la falta de avances concretos, hace unos meses diputados y senadores acordaron conformar una bicameral con ocho integrantes de cada cámara para elaborar una nueva ley de agroquímicos. “Todo está por definirse”, señaló en ese momento la diputada Gabriela Lena (Cambiemos-Chajarí), titular de la Comisión de Tierras y aseguró que la “salud” será “lo primero” a tener en cuenta al momento de elaborar un nuevo texto. Consultada sobre el porqué de esta metodología especial de trabajo, dijo que “más que una celeridad hay una necesidad” respecto a un tema: “Que tenemos pendiente los entrerrianos hace mucho tiempo”.
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22 de julio: Día mundial contra la minería a cielo abierto
22 de julio: Día mundial de acción contra la minería a cielo abierto
Fecha de Publicación: 22/07/2016
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional
El 22 de Julio es considerado el Día Internacional de Acción Contra la Minería a Cielo Abierto aunque en realidad es apenas uno de 365 días en los que las comunidades que se oponen a la megaminería llevan adelante sus acciones para garantizar la vida y los derechos humanos frente a una industria que extrae todo y no deja nada, que expulsa habitantes y producciones, genera desempleo, chupa el agua y la contamina del mismo modo que lo hace con el aire y la tierra.
En todo el mundo hay pueblos organizados que se oponen a la megaminería y llevan adelante acciones para garantizar la vida y los derechos humanos frente a esta industria que extrae todo sin dejar nada, que produce enfermedad para actuales y nuevas generaciones, y genera desempleo aun cuando sus defensores dicen que es una fuente de trabajo para muchos hace con el aire y la tierra.
Como si de un planeta descartable se tratara, la Mega-minería o minería a cielo abierto, viene a poner en jaque los recursos naturales del planeta que habitamos, dejándonos un pasivo ambiental de gran magnitud, que ni las generaciones futuras podrán salvar.
La historia del desarrollo de esta actividad en nuestro país nos muestra que este tipo de mega-emprendimientos solo beneficia a un puñado de personas, dueños e inversores de los mismos, y para nosotros, ciudadanos argentinos, no solo no nos trae el trabajo prometido, sino que deja a nuestros pueblos enfermos y a los recursos naturales destruidos.
Para comprender hasta qué punto están siendo flagelados nuestros derechos, comencemos por repasar cómo funciona esta actividad: en las últimas décadas se ha producido un drástico cambio en las prácticas mineras debido a la pronunciada disminución de los minerales metalíferos tras su intensiva explotación durante el siglo pasado. El hombre ha agotado la roca de “alto porcentaje de ley”, es decir, aquella que tenía una elevada cantidad de metal y en la actualidad, al hallarse el metal mucho más diseminado en ella, se lleva a cabo una práctica notablemente más nociva como lo es la explotación de toda una montaña para reducirla a escombros.
Los restos obtenidos son triturados y amontonados para luego sufrir un proceso llamado lixiviado bajo el cual son rociados con productos químicos para poder finalmente extraerle los metales. La duración del proceso de lixiviado variará dependiendo de la ley del mineral, y la cantidad de roca molida. En cuanto a los productos químicos que se utilizan, dependerá de los metales que se deseen extraer. Por ejemplo, para el caso de la obtención de oro, el cianuro de sodio es uno de los compuestos que constituye la mezcla química que se echará sobre la roca. Esta última será finalmente tratada con carbón o cal para obtener el metal deseado y al cabo de todo este proceso, tanto la roca triturada con residuos de cianuro y metales pesados, como los químicos esparcidos que quedan luego de extraer los metales, son sencillamente abandonados en el lugar y a cielo abierto. En algunos casos, llevan a cabo un proceso para reducir el grado de toxicidad pero los métodos utilizados son insuficientes.
El peligro para la gente
En otros casos, como sucedió con el yacimiento Bajo La Alumbrera, quedó demostrada la contaminación del agua de un canal de desagüe, a través del derrame del concentrado mineral sin previo tratamiento de descontaminación. Todo el proceso en general implica un enorme consumo de agua y electricidad. Una mina a cielo abierto puede llegar a utilizar hasta 70 millones de litros de agua diarios y la empresa a ubicarse entre los principales consumidores de electricidad del país.
Trabajándose con toneladas y toneladas de roca diaria, es inevitable que no se genere una gran contaminación. En el caso de las minas que utilizan cianuro de sodio, es excesiva la cantidad de kilogramos de este veneno que se libera e impacta directamente sobre el ambiente. El cianuro puede ser absorbido por las plantas, por la piel de los animales afectando su sistema digestivo, e inhalado. También puede afectar los sistemas acuáticos, aún en bajas concentraciones. Además existe una variedad de metales y no metales (plomo, arsénico, uranio, etc.) que se hallan retenidos en la roca, y que luego de todo el proceso quedan integrados en mezcla química residual.
Beneficios para unos pocos
Debido a una variedad de leyes de minería, las empresas cuentan con grandes beneficios, como lo son el desmedido suministro de agua y electricidad gratuitos y el apoyo de gobiernos locales ajustándose a sus necesidades, construyéndoles caminos, aeródromos y demás requerimientos. Además existen numerosos gastos tales como la realización del tendido eléctrico, la adquisición de equipamiento, los ensayos realizados, etc., que pueden ser asumidos por las empresas mineras, ya que luego podrán deducirlo en un 100 por ciento del pago de los impuestos. Lo que no suelen considerar dentro de sus costos es el otorgamiento de compensación alguna o la implementación de medidas mitigadoras, debido al impacto que generan sus emprendimientos sobre el ambiente y la salud humana.
Para que prospere un mega-proyecto donde solo dos cosas no llegan a ser de tamañas dimensiones: el número de personas empleadas, debido a la alta mecanización, y el dinero que queda en el país. Así, las empresas mineras trabajan de una manera muy estratégica y conveniente: en algunos casos acaparan todos los sectores, desde el Poder Judicial hasta los medios de comunicación y hospitales, a través de un sistema de donaciones, pretendiendo de esta forma suavizar las relaciones o revertir el rechazo de la gente hacia ellas. Bajo este modelo impuesto y sin mayor dificultad, estas empresas multinacionales desarrollan en nuestro país la minería contaminante. Una actividad que por sus prácticas actuales (los métodos de extracción que utilizan), no solo contamina, sino que altera el paisaje, el curso de los vientos, afecta la salud de la población y el ambiente y utiliza un recurso que de por sí, en muchas de las regiones en donde se encuentran las explotaciones es escaso: el agua.
Por si fuera poco, estos mega-proyectos tampoco tienen en cuenta las áreas que son valiosas para la conservación de la biodiversidad. Claro ejemplo de esto son las pretensiones de explotar los yacimientos auríferos del Famatina. Allí se ubica la Reserva Provincial Serranías del Famatina, creada para proteger este sistema de sierras y su biodiversidad, dado que es el principal centro de endemismos de la provincia y uno de los más importantes del país. La falta de autoridades idóneas en materia ambiental, con la consecuente escasez de un modelo de desarrollo regional sustentable y la ausencia de gobernantes que prioricen la seguridad, la calidad de vida, el futuro de sus pueblos y la protección de sus ambientes, nos sigue arrimando a un peligro extremo. Este vacío institucional existente, se vio reflejado una vez más con el rechazo presidencial a la ley de protección de los glaciares. En donde, lejos de considerarse políticas tendientes a mitigar los efectos del cambio climático y proteger el recurso del agua, se sigue apostando a las mineras y a los gobiernos provinciales que las apoyan. Por otra parte, las solicitudes de cateo de las multinacionales siguen aumentando, lo cual nos deja anticipar el interés de estas empresas por explotar nuevos sitios y continuar con el saqueo.
Nos preguntamos entonces una y otra vez, detrás de cada nuevo pedido de explotación concedido: ¿Hasta dónde llegaremos para que las autoridades provinciales y nacionales, nuestros representantes, cumplan con su responsabilidad de velar por el bien todos los ciudadanos?. ¿Qué debemos esperar para el futuro si se siguen autorizando explotaciones?.¿Cuándo será tenido en cuenta al pueblo para decidir qué uso se le debe dar a nuestros recursos naturales?
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Fecha de Publicación: 22/07/2016
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional
El 22 de Julio es considerado el Día Internacional de Acción Contra la Minería a Cielo Abierto aunque en realidad es apenas uno de 365 días en los que las comunidades que se oponen a la megaminería llevan adelante sus acciones para garantizar la vida y los derechos humanos frente a una industria que extrae todo y no deja nada, que expulsa habitantes y producciones, genera desempleo, chupa el agua y la contamina del mismo modo que lo hace con el aire y la tierra.
En todo el mundo hay pueblos organizados que se oponen a la megaminería y llevan adelante acciones para garantizar la vida y los derechos humanos frente a esta industria que extrae todo sin dejar nada, que produce enfermedad para actuales y nuevas generaciones, y genera desempleo aun cuando sus defensores dicen que es una fuente de trabajo para muchos hace con el aire y la tierra.
Como si de un planeta descartable se tratara, la Mega-minería o minería a cielo abierto, viene a poner en jaque los recursos naturales del planeta que habitamos, dejándonos un pasivo ambiental de gran magnitud, que ni las generaciones futuras podrán salvar.
La historia del desarrollo de esta actividad en nuestro país nos muestra que este tipo de mega-emprendimientos solo beneficia a un puñado de personas, dueños e inversores de los mismos, y para nosotros, ciudadanos argentinos, no solo no nos trae el trabajo prometido, sino que deja a nuestros pueblos enfermos y a los recursos naturales destruidos.
Para comprender hasta qué punto están siendo flagelados nuestros derechos, comencemos por repasar cómo funciona esta actividad: en las últimas décadas se ha producido un drástico cambio en las prácticas mineras debido a la pronunciada disminución de los minerales metalíferos tras su intensiva explotación durante el siglo pasado. El hombre ha agotado la roca de “alto porcentaje de ley”, es decir, aquella que tenía una elevada cantidad de metal y en la actualidad, al hallarse el metal mucho más diseminado en ella, se lleva a cabo una práctica notablemente más nociva como lo es la explotación de toda una montaña para reducirla a escombros.
Los restos obtenidos son triturados y amontonados para luego sufrir un proceso llamado lixiviado bajo el cual son rociados con productos químicos para poder finalmente extraerle los metales. La duración del proceso de lixiviado variará dependiendo de la ley del mineral, y la cantidad de roca molida. En cuanto a los productos químicos que se utilizan, dependerá de los metales que se deseen extraer. Por ejemplo, para el caso de la obtención de oro, el cianuro de sodio es uno de los compuestos que constituye la mezcla química que se echará sobre la roca. Esta última será finalmente tratada con carbón o cal para obtener el metal deseado y al cabo de todo este proceso, tanto la roca triturada con residuos de cianuro y metales pesados, como los químicos esparcidos que quedan luego de extraer los metales, son sencillamente abandonados en el lugar y a cielo abierto. En algunos casos, llevan a cabo un proceso para reducir el grado de toxicidad pero los métodos utilizados son insuficientes.
El peligro para la gente
En otros casos, como sucedió con el yacimiento Bajo La Alumbrera, quedó demostrada la contaminación del agua de un canal de desagüe, a través del derrame del concentrado mineral sin previo tratamiento de descontaminación. Todo el proceso en general implica un enorme consumo de agua y electricidad. Una mina a cielo abierto puede llegar a utilizar hasta 70 millones de litros de agua diarios y la empresa a ubicarse entre los principales consumidores de electricidad del país.
Trabajándose con toneladas y toneladas de roca diaria, es inevitable que no se genere una gran contaminación. En el caso de las minas que utilizan cianuro de sodio, es excesiva la cantidad de kilogramos de este veneno que se libera e impacta directamente sobre el ambiente. El cianuro puede ser absorbido por las plantas, por la piel de los animales afectando su sistema digestivo, e inhalado. También puede afectar los sistemas acuáticos, aún en bajas concentraciones. Además existe una variedad de metales y no metales (plomo, arsénico, uranio, etc.) que se hallan retenidos en la roca, y que luego de todo el proceso quedan integrados en mezcla química residual.
Beneficios para unos pocos
Debido a una variedad de leyes de minería, las empresas cuentan con grandes beneficios, como lo son el desmedido suministro de agua y electricidad gratuitos y el apoyo de gobiernos locales ajustándose a sus necesidades, construyéndoles caminos, aeródromos y demás requerimientos. Además existen numerosos gastos tales como la realización del tendido eléctrico, la adquisición de equipamiento, los ensayos realizados, etc., que pueden ser asumidos por las empresas mineras, ya que luego podrán deducirlo en un 100 por ciento del pago de los impuestos. Lo que no suelen considerar dentro de sus costos es el otorgamiento de compensación alguna o la implementación de medidas mitigadoras, debido al impacto que generan sus emprendimientos sobre el ambiente y la salud humana.
Para que prospere un mega-proyecto donde solo dos cosas no llegan a ser de tamañas dimensiones: el número de personas empleadas, debido a la alta mecanización, y el dinero que queda en el país. Así, las empresas mineras trabajan de una manera muy estratégica y conveniente: en algunos casos acaparan todos los sectores, desde el Poder Judicial hasta los medios de comunicación y hospitales, a través de un sistema de donaciones, pretendiendo de esta forma suavizar las relaciones o revertir el rechazo de la gente hacia ellas. Bajo este modelo impuesto y sin mayor dificultad, estas empresas multinacionales desarrollan en nuestro país la minería contaminante. Una actividad que por sus prácticas actuales (los métodos de extracción que utilizan), no solo contamina, sino que altera el paisaje, el curso de los vientos, afecta la salud de la población y el ambiente y utiliza un recurso que de por sí, en muchas de las regiones en donde se encuentran las explotaciones es escaso: el agua.
Por si fuera poco, estos mega-proyectos tampoco tienen en cuenta las áreas que son valiosas para la conservación de la biodiversidad. Claro ejemplo de esto son las pretensiones de explotar los yacimientos auríferos del Famatina. Allí se ubica la Reserva Provincial Serranías del Famatina, creada para proteger este sistema de sierras y su biodiversidad, dado que es el principal centro de endemismos de la provincia y uno de los más importantes del país. La falta de autoridades idóneas en materia ambiental, con la consecuente escasez de un modelo de desarrollo regional sustentable y la ausencia de gobernantes que prioricen la seguridad, la calidad de vida, el futuro de sus pueblos y la protección de sus ambientes, nos sigue arrimando a un peligro extremo. Este vacío institucional existente, se vio reflejado una vez más con el rechazo presidencial a la ley de protección de los glaciares. En donde, lejos de considerarse políticas tendientes a mitigar los efectos del cambio climático y proteger el recurso del agua, se sigue apostando a las mineras y a los gobiernos provinciales que las apoyan. Por otra parte, las solicitudes de cateo de las multinacionales siguen aumentando, lo cual nos deja anticipar el interés de estas empresas por explotar nuevos sitios y continuar con el saqueo.
Nos preguntamos entonces una y otra vez, detrás de cada nuevo pedido de explotación concedido: ¿Hasta dónde llegaremos para que las autoridades provinciales y nacionales, nuestros representantes, cumplan con su responsabilidad de velar por el bien todos los ciudadanos?. ¿Qué debemos esperar para el futuro si se siguen autorizando explotaciones?.¿Cuándo será tenido en cuenta al pueblo para decidir qué uso se le debe dar a nuestros recursos naturales?
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Denuncian desmonte en la ribera de Bernal
Arrasaron parte del bosque nativo de la ribera de Bernal
Fecha de Publicación: 22/07/2016
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de 4 mil metros cuadrados de bosque protegido fueron arrasados en la ribera de Bernal, lo que representa la pérdida de cientos de árboles centenarios, entre ellos Talas, Ceibos y Curupíes, situación que puso en estado de alerta y movilización a distintas organizaciones ambientalistas de Quilmes, que este martes realizarán una asamblea para realizar la denuncia pertinente.
Un grupo de biólogos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que investigan especies de insectos autóctonos, constató el domingo pasado que habían desmontado parte del territorio protegido por la Ley Nacional de bosques nativos N° 26331.
Desde la ONG "No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda" exigieron al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) que cumpla su función de controlar esta "alarmante situación" y que "restaure el daño causado". "Reclamamos que se persiga legalmente a los responsables de este brutal delito ambiental e instrumente las medidas necesarias para su inmediata remediación", exclamaron.
El fantasma Techint
La pregunta que se hacen los ambientalistas es quién fue el artífice de este "desastre ambiental", como lo calificaron. Nieves Baldaccini, integrante del Foro en Defensa del Río de La Plata, se refirió a los proyectos inmobiliarios que, desde hace años, amenazan con transformar el lugar.
"Si aprueban la Ley de Ordenamiento Territorial Bonaerense ( que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores), Techint podría finalmente avanzar con el proyecto Costa del Plata", advirtió la ambientalista en diálogo con El Quilmeño. "En la zona talada -agregó Baldaccini- están arrojando restos de poda. Ingresan camiones a rellenar el bañado con ramas. Sospechamos que son contratados por el Municipio de Quilmes, porque no tienen otro lugar para tirarlas".
La asamblea de ambientalistas y vecinos de la zona se realizará este martes, a las 10, en la bajada Bernal de la Autopista Buenos Aires La Plata (Caseros y Espora).
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Fecha de Publicación: 22/07/2016
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de 4 mil metros cuadrados de bosque protegido fueron arrasados en la ribera de Bernal, lo que representa la pérdida de cientos de árboles centenarios, entre ellos Talas, Ceibos y Curupíes, situación que puso en estado de alerta y movilización a distintas organizaciones ambientalistas de Quilmes, que este martes realizarán una asamblea para realizar la denuncia pertinente.
Un grupo de biólogos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que investigan especies de insectos autóctonos, constató el domingo pasado que habían desmontado parte del territorio protegido por la Ley Nacional de bosques nativos N° 26331.
Desde la ONG "No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda" exigieron al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) que cumpla su función de controlar esta "alarmante situación" y que "restaure el daño causado". "Reclamamos que se persiga legalmente a los responsables de este brutal delito ambiental e instrumente las medidas necesarias para su inmediata remediación", exclamaron.
El fantasma Techint
La pregunta que se hacen los ambientalistas es quién fue el artífice de este "desastre ambiental", como lo calificaron. Nieves Baldaccini, integrante del Foro en Defensa del Río de La Plata, se refirió a los proyectos inmobiliarios que, desde hace años, amenazan con transformar el lugar.
"Si aprueban la Ley de Ordenamiento Territorial Bonaerense ( que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores), Techint podría finalmente avanzar con el proyecto Costa del Plata", advirtió la ambientalista en diálogo con El Quilmeño. "En la zona talada -agregó Baldaccini- están arrojando restos de poda. Ingresan camiones a rellenar el bañado con ramas. Sospechamos que son contratados por el Municipio de Quilmes, porque no tienen otro lugar para tirarlas".
La asamblea de ambientalistas y vecinos de la zona se realizará este martes, a las 10, en la bajada Bernal de la Autopista Buenos Aires La Plata (Caseros y Espora).
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Cruce por supuesta contaminación del río Limay
Fuerte cruce por supuesta contaminación del río Limay
Fecha de Publicación: 22/07/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Unos dicen que la planta contamina y los otros que no. Unos son empleados del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y los otros son quienes lo dirigen.
La novela de la planta Tronador, encargada de tratar los líquidos cloacales que llegan de buena parte de la ciudad, sumó ayer un nuevo capítulo a raíz de una invitación que realizó el presidente del EPAS, Mauro Millán a los concejales capitalinos.
A raíz de las denuncias que habían realizado empleados de la planta, algunos concejales del oficialismo pidieron informes al respecto. Millán los invitó, pero ayer fue uno solo de la oposición: Abel Di Luca (MPN). También concurrió el defensor del Pueblo, Ricardo Riva, y algunos funcionarios de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, Recursos Hídricos y Medio Ambiente.
Lo cierto es que Millán y los funcionarios recorrieron la planta, pero protagonizaron una tensa situación con delegados del EPAS, por la supuesta contaminación del Limay, lugar donde terminan los líquidos que allí se procesan.
Ese cruce de opiniones, que en un principio se hizo a través de los medios, ayer fue personalmente y no en buenos términos.
“Aprovechamos esta visita del defensor del Pueblo para contar nuestra verdad porque acá hay un relato cuando dicen que se trata el 100 por ciento de los líquidos que se tiran al río y de que están prontos a entregar la parte nueva de la planta Tronador”, disparó Claudio Díaz, delegado de ATE a través de Radio y Televisión del Neuquén. Antes le había reprochado personalmente a Millán el estado en el que se encuentra la planta y la delicada situación que atraviesan los empleados en cuanto a condiciones laborales.
El delegado dijo que las autoridades del EPAS “ocultan información” ya que en realidad, una buena parte de los líquidos terminan crudos en el río. “De ninguna manera se puede afirmar que se trata el 100 por ciento de lo que ingresa”, aseguró Díaz.
Millán, en tanto, desmintió los dichos del delegado gremial y que se trata el 100 por ciento de los líquidos cloacales.
“Lógicamente, por ahí hay que realizar algunas maniobras propiamente de la obra porque no nos olvidemos que esta es una ampliación que está funcionando en forma solidaria con una planta de tratamiento que está operativa y que trata el 92 por ciento de los líquidos de toda la ciudad”, aseguró a través de la misma emisora.
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Fecha de Publicación: 22/07/2016
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Unos dicen que la planta contamina y los otros que no. Unos son empleados del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y los otros son quienes lo dirigen.
La novela de la planta Tronador, encargada de tratar los líquidos cloacales que llegan de buena parte de la ciudad, sumó ayer un nuevo capítulo a raíz de una invitación que realizó el presidente del EPAS, Mauro Millán a los concejales capitalinos.
A raíz de las denuncias que habían realizado empleados de la planta, algunos concejales del oficialismo pidieron informes al respecto. Millán los invitó, pero ayer fue uno solo de la oposición: Abel Di Luca (MPN). También concurrió el defensor del Pueblo, Ricardo Riva, y algunos funcionarios de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, Recursos Hídricos y Medio Ambiente.
Lo cierto es que Millán y los funcionarios recorrieron la planta, pero protagonizaron una tensa situación con delegados del EPAS, por la supuesta contaminación del Limay, lugar donde terminan los líquidos que allí se procesan.
Ese cruce de opiniones, que en un principio se hizo a través de los medios, ayer fue personalmente y no en buenos términos.
“Aprovechamos esta visita del defensor del Pueblo para contar nuestra verdad porque acá hay un relato cuando dicen que se trata el 100 por ciento de los líquidos que se tiran al río y de que están prontos a entregar la parte nueva de la planta Tronador”, disparó Claudio Díaz, delegado de ATE a través de Radio y Televisión del Neuquén. Antes le había reprochado personalmente a Millán el estado en el que se encuentra la planta y la delicada situación que atraviesan los empleados en cuanto a condiciones laborales.
El delegado dijo que las autoridades del EPAS “ocultan información” ya que en realidad, una buena parte de los líquidos terminan crudos en el río. “De ninguna manera se puede afirmar que se trata el 100 por ciento de lo que ingresa”, aseguró Díaz.
Millán, en tanto, desmintió los dichos del delegado gremial y que se trata el 100 por ciento de los líquidos cloacales.
“Lógicamente, por ahí hay que realizar algunas maniobras propiamente de la obra porque no nos olvidemos que esta es una ampliación que está funcionando en forma solidaria con una planta de tratamiento que está operativa y que trata el 92 por ciento de los líquidos de toda la ciudad”, aseguró a través de la misma emisora.
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Gualeguaychú nuevamente levantado contra las pasteras
Los ambientalistas de Gualeguaychú, otra vez en pie de guerra por la nueva pastera de Uruguay
Fecha de Publicación: 21/07/2016
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Entre Ríos
El anuncio de UPM sobre la construcción de una segunda planta de celulosa en el país vecino, despertó a la asamblea que luchó contra la ex Botnia. El presidente oriental, Tabaré Vázquez, advirtió que no oirá posibles críticas que pudiesen aparecer en Brasil o Argentina a la instalación de la fábrica
Cuando parecían haber quedado en el olvido, los ambientalistas vuelven a escena y advierten que se opondrán a que UPM instale una segunda planta de fabricación de pasta de celulosa en Uruguay, pese a que se encontraría en el centro del país y alejada, a diferencia de la de Fray Bentos, de la frontera con la Argentina.
Juan Veronesi, uno de los referentes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, sostuvo a El País de Uruguay que la eventual construcción de la planta "sería una nueva agresión al río Uruguay que nos preocupa enormemente".
Los ambientalistas entienden que al ser el río Negro un afluente del Uruguay, este último igual se vería contaminado aunque la planta se instale en Durazno, Tacuarembó o Cerro Largo.
Veronesi reconoció que el actual gobierno de Mauricio Macri no parece compartir la preocupación de los ambientalistas respecto a la planta de UPM en Fray Bentos y que molestó la decisión de las cancillerías de Argentina y Uruguay de suspender por el momento la instalación de un laboratorio para realizar en forma conjunta el monitoreo de los efectos ambientales de la planta.
El daño ambiental de UPM en Fray Bentos "ha sido constatado en el río y en el aire", aseguró Veronesi. Y las dos cancillerías actúan "con secretismo". "Uruguay se opone a la mitigación de los efectos", aseguró.
"Las empresas de afuera se llevan los recursos, dejan contaminación y lo que agregan en cuanto a PBI y empleo son cosas relativas", consideró. Los ambientalistas realizarán varias reuniones para definir los pasos a seguir e insistirán en que se difundan los resultados del monitoreo ambiental de la planta de Fray Bentos.
El también ambientalista Martín Alazard advirtió, por su parte, que "esto va a impactar directamente en el río Uruguay ya que la boca del Yaguarí, que es una de las salidas del río Negro está aproximadamente a 35 km del difusor de Botnia y con el reflujo habrá un efecto acumulativo innegable y una sumatoria de contaminación", destacó.
El presidente Tabaré Vázquez ya rechazó de plano cualquier posible crítica que pudiese aparecer en los países vecinos a la instalación de la fábrica.
"Nosotros no le vamos a pedir cuentas a Brasil de lo que haga en su territorio, salvo lo que esté colindando, y no le vamos a pedir cuentas a Argentina sobre lo que haga dentro de su territorio. Esto es en el Uruguay profundo y es el país soberano el que define la instalación de este emprendimiento", dijo Vázquez la semana pasada.
La semana pasada, la finlandesa UPM confirmó que analiza construir su segunda planta de pasta de celulosa en Uruguay.
Sería la inversión más grande de la historia de Uruguay y puede llegar a los u$s5.000 millones. Se ubicará en el centro del país y el producto será transportado por tren a Montevideo. El gobierno uruguayo espera que la planta comience a montarse en la segunda mitad de 2018.
Petrodólares
El vicepresidente Raúl Sendic anunció este domingo que irá a los Emiratos Árabes Unidos en busca de inversores para financiar los u$s1.000 millones que necesita el Estado para las obras de infraestructura requeridas por la empresa finesa UPM para instalar una nueva planta de celulosa.
Sendic viajará en los "próximos meses" y esa misión en busca de capitales se sumará a las que se realizarán tanto el próximo noviembre en España (en Santiago de Compostela), como en febrero de 2017 en Alemania, explicó.
En la de Alemania estará también el presidente Tabaré Vázquez, que fue invitado a visitar el país por el presidente germano, Joachim Gauck, que el sábado finalizó una visita oficial de tres días a Uruguay, informó EFE.
"La empresa va a destinar (en caso de que se concrete), aproximadamente, u$s4.000 millones y el Uruguay tendrá que invertir en el orden de u$s1.000 millones", aseguró en esa ocasión el mandatario, que añadió que esa inversión "no tiene antecedentes en la historia económica del país".
Esos u$s1.000 millones se destinarían a construcción y reparación vial (unos 220 kilómetros de rutas bituminizadas), a una conexión ferroviaria entre la cuenca del Río Negro -donde se prevé que se instalaría la planta- con el puerto de Montevideo y al reacondicionamiento del mismo.
Según manifestó Vázquez, las obras en el puerto están ligadas al calado y se requiere un dragado permanente cuyo coste estimado se encuentra entre 85 y 86 millones de dólares. El presidente señaló que UPM está dispuesta a participar en estas obras.
Vázquez también apuntó que la construcción de la nueva planta de celulosa (sería la tercera en Uruguay y la segunda de la firma) tendría un impacto de entre el 2 % y el 2,5 % del PBI a partir de 2018, cuando, según los pronósticos, se pondría la "piedra fundamental" de la planta.
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Fecha de Publicación: 21/07/2016
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Entre Ríos
El anuncio de UPM sobre la construcción de una segunda planta de celulosa en el país vecino, despertó a la asamblea que luchó contra la ex Botnia. El presidente oriental, Tabaré Vázquez, advirtió que no oirá posibles críticas que pudiesen aparecer en Brasil o Argentina a la instalación de la fábrica
Cuando parecían haber quedado en el olvido, los ambientalistas vuelven a escena y advierten que se opondrán a que UPM instale una segunda planta de fabricación de pasta de celulosa en Uruguay, pese a que se encontraría en el centro del país y alejada, a diferencia de la de Fray Bentos, de la frontera con la Argentina.
Juan Veronesi, uno de los referentes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, sostuvo a El País de Uruguay que la eventual construcción de la planta "sería una nueva agresión al río Uruguay que nos preocupa enormemente".
Los ambientalistas entienden que al ser el río Negro un afluente del Uruguay, este último igual se vería contaminado aunque la planta se instale en Durazno, Tacuarembó o Cerro Largo.
Veronesi reconoció que el actual gobierno de Mauricio Macri no parece compartir la preocupación de los ambientalistas respecto a la planta de UPM en Fray Bentos y que molestó la decisión de las cancillerías de Argentina y Uruguay de suspender por el momento la instalación de un laboratorio para realizar en forma conjunta el monitoreo de los efectos ambientales de la planta.
El daño ambiental de UPM en Fray Bentos "ha sido constatado en el río y en el aire", aseguró Veronesi. Y las dos cancillerías actúan "con secretismo". "Uruguay se opone a la mitigación de los efectos", aseguró.
"Las empresas de afuera se llevan los recursos, dejan contaminación y lo que agregan en cuanto a PBI y empleo son cosas relativas", consideró. Los ambientalistas realizarán varias reuniones para definir los pasos a seguir e insistirán en que se difundan los resultados del monitoreo ambiental de la planta de Fray Bentos.
El también ambientalista Martín Alazard advirtió, por su parte, que "esto va a impactar directamente en el río Uruguay ya que la boca del Yaguarí, que es una de las salidas del río Negro está aproximadamente a 35 km del difusor de Botnia y con el reflujo habrá un efecto acumulativo innegable y una sumatoria de contaminación", destacó.
El presidente Tabaré Vázquez ya rechazó de plano cualquier posible crítica que pudiese aparecer en los países vecinos a la instalación de la fábrica.
"Nosotros no le vamos a pedir cuentas a Brasil de lo que haga en su territorio, salvo lo que esté colindando, y no le vamos a pedir cuentas a Argentina sobre lo que haga dentro de su territorio. Esto es en el Uruguay profundo y es el país soberano el que define la instalación de este emprendimiento", dijo Vázquez la semana pasada.
La semana pasada, la finlandesa UPM confirmó que analiza construir su segunda planta de pasta de celulosa en Uruguay.
Sería la inversión más grande de la historia de Uruguay y puede llegar a los u$s5.000 millones. Se ubicará en el centro del país y el producto será transportado por tren a Montevideo. El gobierno uruguayo espera que la planta comience a montarse en la segunda mitad de 2018.
Petrodólares
El vicepresidente Raúl Sendic anunció este domingo que irá a los Emiratos Árabes Unidos en busca de inversores para financiar los u$s1.000 millones que necesita el Estado para las obras de infraestructura requeridas por la empresa finesa UPM para instalar una nueva planta de celulosa.
Sendic viajará en los "próximos meses" y esa misión en busca de capitales se sumará a las que se realizarán tanto el próximo noviembre en España (en Santiago de Compostela), como en febrero de 2017 en Alemania, explicó.
En la de Alemania estará también el presidente Tabaré Vázquez, que fue invitado a visitar el país por el presidente germano, Joachim Gauck, que el sábado finalizó una visita oficial de tres días a Uruguay, informó EFE.
"La empresa va a destinar (en caso de que se concrete), aproximadamente, u$s4.000 millones y el Uruguay tendrá que invertir en el orden de u$s1.000 millones", aseguró en esa ocasión el mandatario, que añadió que esa inversión "no tiene antecedentes en la historia económica del país".
Esos u$s1.000 millones se destinarían a construcción y reparación vial (unos 220 kilómetros de rutas bituminizadas), a una conexión ferroviaria entre la cuenca del Río Negro -donde se prevé que se instalaría la planta- con el puerto de Montevideo y al reacondicionamiento del mismo.
Según manifestó Vázquez, las obras en el puerto están ligadas al calado y se requiere un dragado permanente cuyo coste estimado se encuentra entre 85 y 86 millones de dólares. El presidente señaló que UPM está dispuesta a participar en estas obras.
Vázquez también apuntó que la construcción de la nueva planta de celulosa (sería la tercera en Uruguay y la segunda de la firma) tendría un impacto de entre el 2 % y el 2,5 % del PBI a partir de 2018, cuando, según los pronósticos, se pondría la "piedra fundamental" de la planta.
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Buenos Aires: idean plan regional de reciclado de pilas
Analizan un plan regional de reciclado de pilas y baterías
Fecha de Publicación: 21/07/2016
Fuente: lanueva.com
Provincia/Región: Buenos Aires
Los municipios que integran el Foro Ambiental del Sudoeste comenzaron a dar los primeros pasos para tratar en conjunto uno de los residuos más peligrosos: las pilas y baterías gastadas, elementos capaces de contaminar millones de litros de agua.
Tomando como base un consumo promedio de 11 pilas anuales por habitante, se calcula que los 12 distritos del sudoeste bonaerense generan en conjunto más de 70 toneladas de pilas y baterías agotadas por año.
Hoy una parte se recolecta a través de campañas y recibe el tratamiento adecuado, pero la mayoría va al tacho de basura con el resto de los residuos, y muchas veces termina en basurales. Es el paso anterior a que la carcasa que tienen se degrade, y los metales pesados que contienen (como el mercurio) se filtren a las napas.
Frente a este diagnóstico preocupante, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) les propuso a los municipios de la zona poner en marcha, antes de fin de año, un protocolo regional de recolección, acopio, transporte y tratamiento final de pilas y baterías.
“La próxima reunión del Foro Ambiental será en Pigüé, el 29 de agosto, y el compromiso que asumimos los distritos de la zona es recopilar toda la información estadística que podamos sobre el volumen de pilas que genera cada uno”, contó a La Nueva. el titular de Medio Ambiente de Puan, Juan Manuel Berne.
En ese distrito -dijo- se recuperan entre 50 y 60 kilos de pilas por mes.
“Esa es la cantidad que recolectamos a través de campañas, pero estimamos que otros 60 kilos terminan en los basurales, mezclados con los residuos domiciliarios”, dijo.
Berne mencionó que uno de los problemas que tiene la región, en cuanto a las pilas, es que todos los distritos tienen políticas distintas.
“En algunos hay plantas de reciclado que funcionan muy bien; en otros, el reciclado va a los tumbos; y en algunos distritos directamente no se ha hecho nada”, mencionó.
El primer paso, entonces, es generar las condiciones para que la recolección de pilas se haga en forma diferenciada en todos los partidos, y también se estandarice el acopio.
“El segundo paso es determinar qué hacer con las pilas”, mencionó la directora de Medio Ambiente de Coronel Pringles, Victoria Arias.
La funcionaria mencionó que, si bien la empresa Ipes, de Bahía Blanca, se ocupa de este tipo de residuos, el valor del flete es muy alto. En la última reunión del foro se mencionó que, para transportar una pequeña cantidad de pilas, un municipio de la zona debió pagar 10 mil pesos por un flete de 40 kilómetros.
“Bajar este costo es clave. Hay varias ideas, como tener centros de acopio regionales o generar circuitos de transporte que abarquen a varios distritos, para que el flete lo paguen entre varias comunas”, mencionó Arias.
Berne mencionó que otra alternativa es lograr que las pilas dejen de ser consideradas "residuos especiales" por la Provincia.
“Si pasan a ser residuos comunes, podremos trasladarlos en camiones comunes y el precio del flete va a bajar”, agregó.
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Fecha de Publicación: 21/07/2016
Fuente: lanueva.com
Provincia/Región: Buenos Aires
Los municipios que integran el Foro Ambiental del Sudoeste comenzaron a dar los primeros pasos para tratar en conjunto uno de los residuos más peligrosos: las pilas y baterías gastadas, elementos capaces de contaminar millones de litros de agua.
Tomando como base un consumo promedio de 11 pilas anuales por habitante, se calcula que los 12 distritos del sudoeste bonaerense generan en conjunto más de 70 toneladas de pilas y baterías agotadas por año.
Hoy una parte se recolecta a través de campañas y recibe el tratamiento adecuado, pero la mayoría va al tacho de basura con el resto de los residuos, y muchas veces termina en basurales. Es el paso anterior a que la carcasa que tienen se degrade, y los metales pesados que contienen (como el mercurio) se filtren a las napas.
Frente a este diagnóstico preocupante, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) les propuso a los municipios de la zona poner en marcha, antes de fin de año, un protocolo regional de recolección, acopio, transporte y tratamiento final de pilas y baterías.
“La próxima reunión del Foro Ambiental será en Pigüé, el 29 de agosto, y el compromiso que asumimos los distritos de la zona es recopilar toda la información estadística que podamos sobre el volumen de pilas que genera cada uno”, contó a La Nueva. el titular de Medio Ambiente de Puan, Juan Manuel Berne.
En ese distrito -dijo- se recuperan entre 50 y 60 kilos de pilas por mes.
“Esa es la cantidad que recolectamos a través de campañas, pero estimamos que otros 60 kilos terminan en los basurales, mezclados con los residuos domiciliarios”, dijo.
Berne mencionó que uno de los problemas que tiene la región, en cuanto a las pilas, es que todos los distritos tienen políticas distintas.
“En algunos hay plantas de reciclado que funcionan muy bien; en otros, el reciclado va a los tumbos; y en algunos distritos directamente no se ha hecho nada”, mencionó.
El primer paso, entonces, es generar las condiciones para que la recolección de pilas se haga en forma diferenciada en todos los partidos, y también se estandarice el acopio.
“El segundo paso es determinar qué hacer con las pilas”, mencionó la directora de Medio Ambiente de Coronel Pringles, Victoria Arias.
La funcionaria mencionó que, si bien la empresa Ipes, de Bahía Blanca, se ocupa de este tipo de residuos, el valor del flete es muy alto. En la última reunión del foro se mencionó que, para transportar una pequeña cantidad de pilas, un municipio de la zona debió pagar 10 mil pesos por un flete de 40 kilómetros.
“Bajar este costo es clave. Hay varias ideas, como tener centros de acopio regionales o generar circuitos de transporte que abarquen a varios distritos, para que el flete lo paguen entre varias comunas”, mencionó Arias.
Berne mencionó que otra alternativa es lograr que las pilas dejen de ser consideradas "residuos especiales" por la Provincia.
“Si pasan a ser residuos comunes, podremos trasladarlos en camiones comunes y el precio del flete va a bajar”, agregó.
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Vale quiere pero no puede
Vale no consigue socio y pide más tiempo para producir
Fecha de Publicación: 21/07/2016
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En abril, la minera brasileña propuso 18 meses para poner en marcha un proyecto que se achicó a un tercio del original. Pero el inversionista no aparece y renacen las dudas.
Marchas y contramarchas ya son una característica distintiva del proyecto Potasio Río Colorado, que está a punto de cumplir tres años y medio de suspensión.
Es que después de haber firmado un compromiso para seguir adelante con un emprendimiento a escala menor, la minera brasileña Vale ahora busca prorrogar el plazo de 90 días dado para que elaborara su plan de trabajo.
Silenciosamente, su CEO en Argentina, Edoardo Santana, pasó por Mendoza para participar de la mesa de diálogo minero convocada por el Gobierno provincial. En una charla con algunos funcionarios les adelantó las intenciones de Vale.
Julio será un mes decisivo en este capítulo de la prolongada suspensión de Potasio. Es que Santana volverá a Mendoza antes de fin de mes para tratar de llegar a un acuerdo con la Provincia.
“No tenemos novedades acerca de inversionistas. Retomar el proyecto Río Colorado sin inversiones de parceros (socios, en portugués) no está siendo considerado en este momento”, señalaron escuetamente desde la matriz en Río de Janeiro ante la consulta de Los Andes.
En abril se había anunciado con bombos y platillos el compromiso de reactivación, aunque con un emprendimiento mucho más acotado, dado el contexto internacional difícil para el potasio y las dificultades tanto financieras como políticas de Brasil (51% del paquete accionario de Vale son del Estado brasileño).
Concretamente, el plan es un tercio del original y apunta a producir 1,3 millón de toneladas de sales con una inversión de U$S 1.500 millones. Cabe recordar que inicialmente Potasio había sido pensado para producir 4 millones de toneladas de sales de potasio por año, con un presupuesto de U$S 6.300 millones, pero sólo ejecutó 30%.
Según el subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos, Emilio Guiñazú, “la compañía tiene limitaciones financieras bastante severas y lo sabemos, por eso estamos dispuestos a colaborar en los tiempos contractuales y legales.
Pero lo que nos preocupa es que la ausencia o presencia de un socio no justifica esos tiempos. No queremos reclamarle un plan de trabajo por la vía legal: Vale debe responder si le deja su lugar a otro inversor o concreta su compromiso de reactivarlo”.
Plazos condicionados
Antes de que el Ministerio de Economía diera a conocer un nuevo pre-acuerdo, con algunas decisiones parecía que Vale ya hacía las valijas, aunque luego trascendió que era cosmética para Potasio, como el remate de más de 40 mil toneladas de material rodoviario.
Fue la primera medida para achicar en 350 kilómetros la conexión por ferrocarril entre la planta de Malargüe y el puerto de Bahía Blanca, y hacer un proyecto multimodal, menos costoso y más “vendible”.
Parte del compromiso asumido en abril fue ponerlo en marcha en el lapso de 18 meses. Para eso, la minera había convenido un trabajo en dos etapas: primero, tomarse 90 días para el rediseño de Potasio, lo que exige otro análisis de factibilidad técnica sin pasar por la Legislatura.
Y luego otros 12 meses para el proyecto ejecutivo y la recontratación de proveedores.
Ahora bien ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Así puede definirse por dónde pasa la discusión: para Vale, los tiempos que quedan no alcanzan para incorporar un socio, condición innegociable para seguir.
En cambio, el Gobierno insiste en que con el socio presente se podría rediscutir plazos y conceder la pretendida prórroga.
En tanto, desde el sector sindical reclaman mano dura al Gobierno para “poner en vereda” al concesionario brasilero que mantiene en suspenso al principal proyecto minero de la provincia.
“Desde que consiguieron autorización para vender los rieles supimos que no tenían intención de volver. Además, con los problemas políticos que tiene Brasil tampoco somos muy optimistas”, señaló Juan Carlos Ortiz, secretario general en Mendoza de AOMA (Asociación Obrera de la Minería de Argentina), que representa a cerca de 200 trabajadores potenciales para Potasio Río Colorado.
El número 1 de AOMA a nivel nacional, Héctor Laplace, también se había reunido meses atrás con Santana en Buenos Aires, sin logros concretos.
De ahí que, ante las gestiones del Gobierno mendocino y las indefiniciones, Ortiz reclamo “mano dura con Vale para que reactive Potasio. Necesitamos trabajo, pero también sabemos que no debe haber prórrogas”.
El plazo final es abril de 2017 y el reloj corre. No tanto para presentar un plan de trabajo sino sobre todo por el tiempo transcurrido desde parate de la concesión, que según el Código Minero puede convertirse en causal de caducidad.
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Fecha de Publicación: 21/07/2016
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En abril, la minera brasileña propuso 18 meses para poner en marcha un proyecto que se achicó a un tercio del original. Pero el inversionista no aparece y renacen las dudas.
Marchas y contramarchas ya son una característica distintiva del proyecto Potasio Río Colorado, que está a punto de cumplir tres años y medio de suspensión.
Es que después de haber firmado un compromiso para seguir adelante con un emprendimiento a escala menor, la minera brasileña Vale ahora busca prorrogar el plazo de 90 días dado para que elaborara su plan de trabajo.
Silenciosamente, su CEO en Argentina, Edoardo Santana, pasó por Mendoza para participar de la mesa de diálogo minero convocada por el Gobierno provincial. En una charla con algunos funcionarios les adelantó las intenciones de Vale.
Julio será un mes decisivo en este capítulo de la prolongada suspensión de Potasio. Es que Santana volverá a Mendoza antes de fin de mes para tratar de llegar a un acuerdo con la Provincia.
“No tenemos novedades acerca de inversionistas. Retomar el proyecto Río Colorado sin inversiones de parceros (socios, en portugués) no está siendo considerado en este momento”, señalaron escuetamente desde la matriz en Río de Janeiro ante la consulta de Los Andes.
En abril se había anunciado con bombos y platillos el compromiso de reactivación, aunque con un emprendimiento mucho más acotado, dado el contexto internacional difícil para el potasio y las dificultades tanto financieras como políticas de Brasil (51% del paquete accionario de Vale son del Estado brasileño).
Concretamente, el plan es un tercio del original y apunta a producir 1,3 millón de toneladas de sales con una inversión de U$S 1.500 millones. Cabe recordar que inicialmente Potasio había sido pensado para producir 4 millones de toneladas de sales de potasio por año, con un presupuesto de U$S 6.300 millones, pero sólo ejecutó 30%.
Según el subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos, Emilio Guiñazú, “la compañía tiene limitaciones financieras bastante severas y lo sabemos, por eso estamos dispuestos a colaborar en los tiempos contractuales y legales.
Pero lo que nos preocupa es que la ausencia o presencia de un socio no justifica esos tiempos. No queremos reclamarle un plan de trabajo por la vía legal: Vale debe responder si le deja su lugar a otro inversor o concreta su compromiso de reactivarlo”.
Plazos condicionados
Antes de que el Ministerio de Economía diera a conocer un nuevo pre-acuerdo, con algunas decisiones parecía que Vale ya hacía las valijas, aunque luego trascendió que era cosmética para Potasio, como el remate de más de 40 mil toneladas de material rodoviario.
Fue la primera medida para achicar en 350 kilómetros la conexión por ferrocarril entre la planta de Malargüe y el puerto de Bahía Blanca, y hacer un proyecto multimodal, menos costoso y más “vendible”.
Parte del compromiso asumido en abril fue ponerlo en marcha en el lapso de 18 meses. Para eso, la minera había convenido un trabajo en dos etapas: primero, tomarse 90 días para el rediseño de Potasio, lo que exige otro análisis de factibilidad técnica sin pasar por la Legislatura.
Y luego otros 12 meses para el proyecto ejecutivo y la recontratación de proveedores.
Ahora bien ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Así puede definirse por dónde pasa la discusión: para Vale, los tiempos que quedan no alcanzan para incorporar un socio, condición innegociable para seguir.
En cambio, el Gobierno insiste en que con el socio presente se podría rediscutir plazos y conceder la pretendida prórroga.
En tanto, desde el sector sindical reclaman mano dura al Gobierno para “poner en vereda” al concesionario brasilero que mantiene en suspenso al principal proyecto minero de la provincia.
“Desde que consiguieron autorización para vender los rieles supimos que no tenían intención de volver. Además, con los problemas políticos que tiene Brasil tampoco somos muy optimistas”, señaló Juan Carlos Ortiz, secretario general en Mendoza de AOMA (Asociación Obrera de la Minería de Argentina), que representa a cerca de 200 trabajadores potenciales para Potasio Río Colorado.
El número 1 de AOMA a nivel nacional, Héctor Laplace, también se había reunido meses atrás con Santana en Buenos Aires, sin logros concretos.
De ahí que, ante las gestiones del Gobierno mendocino y las indefiniciones, Ortiz reclamo “mano dura con Vale para que reactive Potasio. Necesitamos trabajo, pero también sabemos que no debe haber prórrogas”.
El plazo final es abril de 2017 y el reloj corre. No tanto para presentar un plan de trabajo sino sobre todo por el tiempo transcurrido desde parate de la concesión, que según el Código Minero puede convertirse en causal de caducidad.
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