Glaciares. Lo que Filmus encubre
18:53 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Glaciares. Lo que Filmus encubre
Fecha de Publicación: 10/09/2009
Fuente: Eco Portal - Por Enrique Matías Viale
Provincia/Región: Nacional
Como es conocido, la Presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”. De manera cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria.
Como es conocido, la Presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”. De manera cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria y subordinada a los intereses económicos concentrados. Acertadamente, se lo ha tildado como el “veto de la Barrick Gold ”, evidenciando las relaciones peligrosas que existen con esta poderosa empresa que ha llegado a financiar eventos electorales de la fórmula presidencial Cristina-Cobos.
Muchas cosas han sucedido desde el veto. La Cámara de Diputados no pudo insistir con la ley original, atento la feroz coraza impuesta por la mayoría oficialista en la cámara baja, que se comporta como verdadera custodia pretoriana del modelo minero impuesto en la década de los 90 y profundizado en los últimos años. También existe un nuevo proyecto de ley, idéntico a la ley vetada y firmado por todos los presidentes de los distintos bloques de la Cámara de Diputados con excepción del Frente por la Victoria y sus aliados. Este proyecto ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales y duerme en los cajones de la inefable Comisión de Minería donde el oficialismo cosecha amplia y decisiva mayoría. Duerme al igual que los numerosos proyectos de la oposición que pretenden modificar el actual modelo legal-minero de saqueo y contaminación.
Pero también hay un proyecto de ley del Senador Nacional, Daniel Filmus, en parte distinto del original y que, bajo la perversa apariencia de realizar mejoras a la ley vetada, nos pretende camuflar sus verdaderas intenciones.
Y aquí me detengo porque creo central se conozca que se esconde detrás de este proyecto que quiere ser prontamente sancionado por la Cámara de Senadores de la Nación.
En primer lugar, existen argumentos concretos o técnicos que nos llevan a concluir, sin hesitación alguna, que debe rechazarse el proyecto del senador Filmus. Específicamente, trascendentales modificaciones que se pretenden realizar en los artículos 2°, 6° y 15°.
Este proyecto elimina del artículo 2° la definición de “ambiente periglacial”, achicando notablemente el bien jurídico tutelado. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la norma "el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico", como describía el proyecto original, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras. Como consecuencia de ello, el proyecto del senador por la Ciudad de Buenos Aires también elimina la prohibición, que la ley vetada establecía en su artículo 6° inciso c), de la actividad minera e hidrocarburífera “en el ambiente periglacial saturado en hielo”. Estas modificaciones son exactamente las pretendidas por las multinacionales mineras porque muchos de sus actuales y futuros proyectos se desarrollan en este ambiente. Así lo admiten documentos de las propias empresas, realizados con anterioridad a la existencia de la ley vetada.
Pero hay una modificación existente en el proyecto del ex–ministro de educación de la Nación que hay que prestarle especial atención porque parece redactado por los directivos del emprendimiento binacional Pascua Lama, propiedad de la Barrick Gold. La redacción del artículo 15° es la llave para continuar desarrollando libremente la actividad minera actualmente en ejecución, incluso sobre lo que la propia ley prohíbe. La norma vetada establecía expresamente, para las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley, “que en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan”. El proyecto de Filmus solo establece que “las autoridades competentes ordenarán las medidas pertinentes para que dichas actividades se adecuen a la presente ley” en caso que generen un “impacto significativo” sobre los “glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros”. Como vemos, otra vez desaparece el “ambiente periglacial” como área tutelada y, además, la solución de este proyecto es la adecuación, a diferencia de la ley vetada que establecía expresamente la posibilidad de hacer cesar la actividad ante impactos significativos. “Adecuar” puede significar trasladar con palas mecánicas glaciares como insólitamente pretendió realizar la Barrick Gold cuando Pascual Lama era un proyecto.
Pero además de ello, el proyecto del senador oficialista establece, también en el artículo 15°, que la Auditoria Ambiental se realice "en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción …" La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. De aprobarse la ley que propone Filmus, la realización de la Auditoria Ambiental se somete perversamente a la decisión de cada jurisdicción de realizar el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciales, justo a la medida de Pascua-Lama.Pero más allá de estas importantes modificaciones técnicas señaladas que, escondidas bajo la pretendida fachada de realizar una norma superadora de la ley vetada, cumplen aplicadamente con los deseos de las multinacionales mineras, estoy convencido que hay un fundamento ideológico que debe servir como basamento central para rechazar el proyecto que pretende ser sancionado por el Senado Nacional. Este argumento es aquél que nos señala que consentir los cambios pretendidos a la letra de la ley original sería aceptar que los intereses particulares de las mineras transnacionales son superiores a los de la Nación toda. Sería admitir que los derechos individuales o comerciales de estas empresas son superiores al derecho esencial vinculado con la propia existencia del hombre, como lo es el Derecho Humano a un ambiente sano y equilibrado. También sería reconocer como legítimos los argumentos del veto, muchos de los cuales hemos señalado como falaces e inconstitucionales, como la disparatada intención de suplantar el Congreso de la Nación por un “foro interdisciplinario”. Sería legitimar el espurio lobby de las megamineras representado por gobernadores, como el de San Juan, quien se ha convertido, en los hechos, en un servil empleado de la Barrick Gold. En definitiva, sería aceptar definitivamente que la megaminería no sea sólo un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional.
Fecha de Publicación: 10/09/2009
Fuente: Eco Portal - Por Enrique Matías Viale
Provincia/Región: Nacional
Como es conocido, la Presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”. De manera cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria.
Como es conocido, la Presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”. De manera cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria y subordinada a los intereses económicos concentrados. Acertadamente, se lo ha tildado como el “veto de la Barrick Gold ”, evidenciando las relaciones peligrosas que existen con esta poderosa empresa que ha llegado a financiar eventos electorales de la fórmula presidencial Cristina-Cobos.
Muchas cosas han sucedido desde el veto. La Cámara de Diputados no pudo insistir con la ley original, atento la feroz coraza impuesta por la mayoría oficialista en la cámara baja, que se comporta como verdadera custodia pretoriana del modelo minero impuesto en la década de los 90 y profundizado en los últimos años. También existe un nuevo proyecto de ley, idéntico a la ley vetada y firmado por todos los presidentes de los distintos bloques de la Cámara de Diputados con excepción del Frente por la Victoria y sus aliados. Este proyecto ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales y duerme en los cajones de la inefable Comisión de Minería donde el oficialismo cosecha amplia y decisiva mayoría. Duerme al igual que los numerosos proyectos de la oposición que pretenden modificar el actual modelo legal-minero de saqueo y contaminación.
Pero también hay un proyecto de ley del Senador Nacional, Daniel Filmus, en parte distinto del original y que, bajo la perversa apariencia de realizar mejoras a la ley vetada, nos pretende camuflar sus verdaderas intenciones.
Y aquí me detengo porque creo central se conozca que se esconde detrás de este proyecto que quiere ser prontamente sancionado por la Cámara de Senadores de la Nación.
En primer lugar, existen argumentos concretos o técnicos que nos llevan a concluir, sin hesitación alguna, que debe rechazarse el proyecto del senador Filmus. Específicamente, trascendentales modificaciones que se pretenden realizar en los artículos 2°, 6° y 15°.
Este proyecto elimina del artículo 2° la definición de “ambiente periglacial”, achicando notablemente el bien jurídico tutelado. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la norma "el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico", como describía el proyecto original, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras. Como consecuencia de ello, el proyecto del senador por la Ciudad de Buenos Aires también elimina la prohibición, que la ley vetada establecía en su artículo 6° inciso c), de la actividad minera e hidrocarburífera “en el ambiente periglacial saturado en hielo”. Estas modificaciones son exactamente las pretendidas por las multinacionales mineras porque muchos de sus actuales y futuros proyectos se desarrollan en este ambiente. Así lo admiten documentos de las propias empresas, realizados con anterioridad a la existencia de la ley vetada.
Pero hay una modificación existente en el proyecto del ex–ministro de educación de la Nación que hay que prestarle especial atención porque parece redactado por los directivos del emprendimiento binacional Pascua Lama, propiedad de la Barrick Gold. La redacción del artículo 15° es la llave para continuar desarrollando libremente la actividad minera actualmente en ejecución, incluso sobre lo que la propia ley prohíbe. La norma vetada establecía expresamente, para las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley, “que en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan”. El proyecto de Filmus solo establece que “las autoridades competentes ordenarán las medidas pertinentes para que dichas actividades se adecuen a la presente ley” en caso que generen un “impacto significativo” sobre los “glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros”. Como vemos, otra vez desaparece el “ambiente periglacial” como área tutelada y, además, la solución de este proyecto es la adecuación, a diferencia de la ley vetada que establecía expresamente la posibilidad de hacer cesar la actividad ante impactos significativos. “Adecuar” puede significar trasladar con palas mecánicas glaciares como insólitamente pretendió realizar la Barrick Gold cuando Pascual Lama era un proyecto.
Pero además de ello, el proyecto del senador oficialista establece, también en el artículo 15°, que la Auditoria Ambiental se realice "en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción …" La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. De aprobarse la ley que propone Filmus, la realización de la Auditoria Ambiental se somete perversamente a la decisión de cada jurisdicción de realizar el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciales, justo a la medida de Pascua-Lama.Pero más allá de estas importantes modificaciones técnicas señaladas que, escondidas bajo la pretendida fachada de realizar una norma superadora de la ley vetada, cumplen aplicadamente con los deseos de las multinacionales mineras, estoy convencido que hay un fundamento ideológico que debe servir como basamento central para rechazar el proyecto que pretende ser sancionado por el Senado Nacional. Este argumento es aquél que nos señala que consentir los cambios pretendidos a la letra de la ley original sería aceptar que los intereses particulares de las mineras transnacionales son superiores a los de la Nación toda. Sería admitir que los derechos individuales o comerciales de estas empresas son superiores al derecho esencial vinculado con la propia existencia del hombre, como lo es el Derecho Humano a un ambiente sano y equilibrado. También sería reconocer como legítimos los argumentos del veto, muchos de los cuales hemos señalado como falaces e inconstitucionales, como la disparatada intención de suplantar el Congreso de la Nación por un “foro interdisciplinario”. Sería legitimar el espurio lobby de las megamineras representado por gobernadores, como el de San Juan, quien se ha convertido, en los hechos, en un servil empleado de la Barrick Gold. En definitiva, sería aceptar definitivamente que la megaminería no sea sólo un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional.
Etiquetas:
Plan para tratar las pilas en Buenos Aires
Avanza plan para tratar las pilas y baterías
Fecha de Publicación: 10/09/2009
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Se colocaron contenedores en varias plazas y en las delegaciones municipales
Desde hace un mes la Agencia Ambiental de la Comuna dispuso contenedores en distintos lugares para hacer una recolección diferenciada de pilas y baterías y, si bien todavía se desconoce la cantidad que se reunió en este período en espacios como Plaza Malvinas, Parque Saavedra o Plaza Moreno, se anticipó que "para el futuro se busca que los fabricantes se hagan cargo del tratamiento de esos residuos".
Sergio Federovisky, titular de la Agencia Ambiental, informó que se adquirieron 50 contenedores con la finalidad de que sean distribuidos en otros puntos de la región y en cada una de las delegaciones. "Todavía no hay datos acerca de las cantidades y falta seleccionarlas. Se van a separar las pilas comunes de las recargables, las baterías de celulares o las de las computadoras porque cada una tiene una composición distinta y necesita un tratamiento diferenciado", dijo el funcionario.
Según se apuntó, "el fabricante de la pila es quien debería hacerse cargo del tratamiento y cuando no haya productor cierto (por ejemplo ocurre con juguetes importados), la Comuna será responsable del destino de ese residuo".
También se prevé abrir un registro para que se inscriban los fabricantes y de esa manera se cumpla con el tratamiento que estipula la ley, cerrando el ciclo de responsabilidad sobre ese elemento en desuso. "El fabricante es el responsable de la pila, mientras tanto el acopio se hará en un lugar especialmente dispuesto para ese fin", dijo el funcionario sin especificar dónde se radicará el depósito en La Plata.
En relación al destino que tendrán las pilas, Federovisky fue categórico: "el municipio no trata este tipo de basura, para eso están las plantas de tratamiento o rellenos de seguridad ubicados en distintos lugares de la provincia. Hablamos en su momento con los encargados del plan piloto de reciclado de pilas que se hace en el campus de la Comisión de Investigaciones Científicas, pero ellos no tiene la capacidad para tratar los volúmenes que vamos a tener en la región", dijo el funcionario.
Ya numerosas personas que se acercan hasta los contenedores para tirar las pilas en desuso; ese es el caso de Rodrigo Simoncini quién ayer arrojó la batería agotada de su celular en el contenedor de parque Saavedra: "es importante tener un lugar para dejar esta basura que contamina el medio ambiente, nosotros en el colegio tenemos la materia Construcción Ciudadana que nos hace tomar conciencia acerca de estos temas", dijo el joven.
Fecha de Publicación: 10/09/2009
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Se colocaron contenedores en varias plazas y en las delegaciones municipales
Desde hace un mes la Agencia Ambiental de la Comuna dispuso contenedores en distintos lugares para hacer una recolección diferenciada de pilas y baterías y, si bien todavía se desconoce la cantidad que se reunió en este período en espacios como Plaza Malvinas, Parque Saavedra o Plaza Moreno, se anticipó que "para el futuro se busca que los fabricantes se hagan cargo del tratamiento de esos residuos".
Sergio Federovisky, titular de la Agencia Ambiental, informó que se adquirieron 50 contenedores con la finalidad de que sean distribuidos en otros puntos de la región y en cada una de las delegaciones. "Todavía no hay datos acerca de las cantidades y falta seleccionarlas. Se van a separar las pilas comunes de las recargables, las baterías de celulares o las de las computadoras porque cada una tiene una composición distinta y necesita un tratamiento diferenciado", dijo el funcionario.
Según se apuntó, "el fabricante de la pila es quien debería hacerse cargo del tratamiento y cuando no haya productor cierto (por ejemplo ocurre con juguetes importados), la Comuna será responsable del destino de ese residuo".
También se prevé abrir un registro para que se inscriban los fabricantes y de esa manera se cumpla con el tratamiento que estipula la ley, cerrando el ciclo de responsabilidad sobre ese elemento en desuso. "El fabricante es el responsable de la pila, mientras tanto el acopio se hará en un lugar especialmente dispuesto para ese fin", dijo el funcionario sin especificar dónde se radicará el depósito en La Plata.
En relación al destino que tendrán las pilas, Federovisky fue categórico: "el municipio no trata este tipo de basura, para eso están las plantas de tratamiento o rellenos de seguridad ubicados en distintos lugares de la provincia. Hablamos en su momento con los encargados del plan piloto de reciclado de pilas que se hace en el campus de la Comisión de Investigaciones Científicas, pero ellos no tiene la capacidad para tratar los volúmenes que vamos a tener en la región", dijo el funcionario.
Ya numerosas personas que se acercan hasta los contenedores para tirar las pilas en desuso; ese es el caso de Rodrigo Simoncini quién ayer arrojó la batería agotada de su celular en el contenedor de parque Saavedra: "es importante tener un lugar para dejar esta basura que contamina el medio ambiente, nosotros en el colegio tenemos la materia Construcción Ciudadana que nos hace tomar conciencia acerca de estos temas", dijo el joven.
Hay 20 mil litros de aceite con PCB en La Pampa
Hay 20 mil litros de aceite contaminados con PCB
Fecha de Publicación: 09/09/2009
Fuente: Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Un total de 20 mil litros de aceite de transformadores, la mayoría en manos de cooperativas eléctricas y empresas proveedoras de las petroleras de la zona de 25 de Mayo, aún permanecen contaminados con PCB.
El subsecretario de Ecología Darío Mariani visitó la localidad de 25 de Mayo, donde realizó tareas de supervisión de la descontaminación de aceites de transformadores. La tarea se concentró en transformadores que pertenecen a Petrobras que contienen más de dos mil litros de aceite contaminado.
Las operaciones de descontaminación son efectuadas por un equipo móvil de la empresa Kioshi, que utiliza la tecnología de declorinación química del aceite, informaron desde la Subsecretaría.
El PCB (bifenilos policlorados) es considerado un “contaminante orgánico persistente” (COP), es decir que permanece en el medio ambiente por largos períodos.
Está incluido en la “docena sucia”, un listado de los doce contaminantes más persistentes del planeta.
Nuestro país suscribió el Convenio de Estocolmo en mayo de 2001, por el cual se comprometió a la eliminación de toda sustancia conteniendo más de 50 ppm (partes por millón) de PCB para el año 2025.
En Argentina, específicamente, se sancionó la Ley Nº 25.670, de Presupuestos Mínimos (de aplicación en todo el territorio nacional), según la cual nuestro país participa del cumplimiento de estas metas para el año 2010.
En su momento, la Subsecretaría de Ecología efectuó un relevamiento de todos los transformadores existentes en la provincia: determinó que alrededor de un 7 por ciento contenía niveles de PCB superiores a las 50 ppm.
Además, creó un Registro de Poseedores de PCB, en el cual se detalló la cantidad y la ubicación de los más de 57.000 litros de aceites contaminados.
Desde la Subsecretaría se aseguró que en la provincia no hay transformadores con PCB que se encuentren operando. Incluso, la Administración Provincial de Energía ya descontaminó todos sus equipos. Pero aún existen algunas cooperativas eléctricas y particulares que tienen que efectuar las correspondientes tareas de descontaminación.
“La Subsecretaría realiza en forma periódica los controles pertinentes ya que se pretende cumplir con esta meta para el año 2010, y aún falta descontaminar alrededor de 20.000 litros de aceite”, completaron.
Fecha de Publicación: 09/09/2009
Fuente: Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Un total de 20 mil litros de aceite de transformadores, la mayoría en manos de cooperativas eléctricas y empresas proveedoras de las petroleras de la zona de 25 de Mayo, aún permanecen contaminados con PCB.
El subsecretario de Ecología Darío Mariani visitó la localidad de 25 de Mayo, donde realizó tareas de supervisión de la descontaminación de aceites de transformadores. La tarea se concentró en transformadores que pertenecen a Petrobras que contienen más de dos mil litros de aceite contaminado.
Las operaciones de descontaminación son efectuadas por un equipo móvil de la empresa Kioshi, que utiliza la tecnología de declorinación química del aceite, informaron desde la Subsecretaría.
El PCB (bifenilos policlorados) es considerado un “contaminante orgánico persistente” (COP), es decir que permanece en el medio ambiente por largos períodos.
Está incluido en la “docena sucia”, un listado de los doce contaminantes más persistentes del planeta.
Nuestro país suscribió el Convenio de Estocolmo en mayo de 2001, por el cual se comprometió a la eliminación de toda sustancia conteniendo más de 50 ppm (partes por millón) de PCB para el año 2025.
En Argentina, específicamente, se sancionó la Ley Nº 25.670, de Presupuestos Mínimos (de aplicación en todo el territorio nacional), según la cual nuestro país participa del cumplimiento de estas metas para el año 2010.
En su momento, la Subsecretaría de Ecología efectuó un relevamiento de todos los transformadores existentes en la provincia: determinó que alrededor de un 7 por ciento contenía niveles de PCB superiores a las 50 ppm.
Además, creó un Registro de Poseedores de PCB, en el cual se detalló la cantidad y la ubicación de los más de 57.000 litros de aceites contaminados.
Desde la Subsecretaría se aseguró que en la provincia no hay transformadores con PCB que se encuentren operando. Incluso, la Administración Provincial de Energía ya descontaminó todos sus equipos. Pero aún existen algunas cooperativas eléctricas y particulares que tienen que efectuar las correspondientes tareas de descontaminación.
“La Subsecretaría realiza en forma periódica los controles pertinentes ya que se pretende cumplir con esta meta para el año 2010, y aún falta descontaminar alrededor de 20.000 litros de aceite”, completaron.
Incendios más intensos por el clima
Por el clima, son más intensos este año los incendios de campos y bosques
Fecha de Publicación: 08/09/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Coinciden altas temperaturas, fuertes vientos y baja humedad. En sólo dos meses se quemaron al menos 265 mil hectáreas.
Sequía prolongada, altas temperaturas, presencia de vientos y baja humedad son las condiciones que se han reiterado en los incendios que se produjeron en las últimas semanas en varias provincias. Esto los ha vuelto más intensos y extensos que lo habitual, según explicó a Clarín Fernando Epele, coordinador del Plan Nacional de Manejo del Fuego, de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Julio y agosto son los meses de temporada de incendios en el centro y el noroeste del país. En San Luis ya se quemaron unas 150.000 hectáreas, y en Córdoba, unas 100.000. En el fin de semana se sumó Catamarca: hasta ayer ya se habían perdido más de 15.000 hectáreas de pastizales, arbustos y bosques nativos en las serranías de Ambato y Gracián.
En Tucumán, luego de varias horas de lucha denodada a unos 2.500 metros de altura, los bomberos voluntarios de Tafí del Valle lograron controlar un vasto incendio que se había desatado en la madrugada en el cerro Ñuñorco Chico, a unos 60 kilómetros al sudoeste de la capital, cerca de Tafí del Valle y de El Mollar, ambas localidades turísticas.
"En toda la región hay una situación de sequía prolongada, con un nivel de causalidad y de ocurrencia de incendios dentro de la media histórica", señaló Epele. La diferencia de este año reside en que "la propagación que adquieren es de una actividad e intensidad inusuales".
Además de la sequía, lo atribuye a "temperaturas altas, humedad relativa muy baja -ha llegado al 9%- y presencia de vientos, muchas veces del sector norte, que son los que más favorecen la propagación del fuego". De este modo "adquieren condiciones de propagación explosiva -altas velocidades, alta intensidad, mucha energía y emisión de calor-, y con un poder destructivo muy importante, que además amenaza bienes y vidas humanas".
Es lo que está ocurriendo en Catamarca, donde se evacuó a varias familias del departamento de Ambato. Los primeros focos se dieron en la ladera este del cordón Ambato, y comprometieron más de 5.000 hectáreas en las vecindades de la villa veraniega de El Rodeo. Luego hubo nuevos focos en otras localidades, avivados por el fuerte viento. El fuego quemó y tumbó los postes del tendido eléctrico de Los Varela, Las Juntas y otras localidades, que quedaron sin servicio.
"Cuando los incendios amenazan las zonas circundantes a pueblos y ciudades, el control del fuego es más complejo -señaló Epele- porque requiere de mayor despliegue de recursos, por la combinación del trabajo de combate del fuego forestal-rural, con el combate estructural, que es el de los bomberos".
En Tucumán, "el incendio está controlado; quedan por apagar tan sólo dos focos pequeños, pero ya está", dijo ayer por la tarde a Clarín, con una mezcla de cansancio y alivio, el director provincial de Defensa Civil, Fernando Torres. Colaboraron bomberos voluntarios de Lules, Alderetes y Monteros.
Fecha de Publicación: 08/09/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Coinciden altas temperaturas, fuertes vientos y baja humedad. En sólo dos meses se quemaron al menos 265 mil hectáreas.
Sequía prolongada, altas temperaturas, presencia de vientos y baja humedad son las condiciones que se han reiterado en los incendios que se produjeron en las últimas semanas en varias provincias. Esto los ha vuelto más intensos y extensos que lo habitual, según explicó a Clarín Fernando Epele, coordinador del Plan Nacional de Manejo del Fuego, de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Julio y agosto son los meses de temporada de incendios en el centro y el noroeste del país. En San Luis ya se quemaron unas 150.000 hectáreas, y en Córdoba, unas 100.000. En el fin de semana se sumó Catamarca: hasta ayer ya se habían perdido más de 15.000 hectáreas de pastizales, arbustos y bosques nativos en las serranías de Ambato y Gracián.
En Tucumán, luego de varias horas de lucha denodada a unos 2.500 metros de altura, los bomberos voluntarios de Tafí del Valle lograron controlar un vasto incendio que se había desatado en la madrugada en el cerro Ñuñorco Chico, a unos 60 kilómetros al sudoeste de la capital, cerca de Tafí del Valle y de El Mollar, ambas localidades turísticas.
"En toda la región hay una situación de sequía prolongada, con un nivel de causalidad y de ocurrencia de incendios dentro de la media histórica", señaló Epele. La diferencia de este año reside en que "la propagación que adquieren es de una actividad e intensidad inusuales".
Además de la sequía, lo atribuye a "temperaturas altas, humedad relativa muy baja -ha llegado al 9%- y presencia de vientos, muchas veces del sector norte, que son los que más favorecen la propagación del fuego". De este modo "adquieren condiciones de propagación explosiva -altas velocidades, alta intensidad, mucha energía y emisión de calor-, y con un poder destructivo muy importante, que además amenaza bienes y vidas humanas".
Es lo que está ocurriendo en Catamarca, donde se evacuó a varias familias del departamento de Ambato. Los primeros focos se dieron en la ladera este del cordón Ambato, y comprometieron más de 5.000 hectáreas en las vecindades de la villa veraniega de El Rodeo. Luego hubo nuevos focos en otras localidades, avivados por el fuerte viento. El fuego quemó y tumbó los postes del tendido eléctrico de Los Varela, Las Juntas y otras localidades, que quedaron sin servicio.
"Cuando los incendios amenazan las zonas circundantes a pueblos y ciudades, el control del fuego es más complejo -señaló Epele- porque requiere de mayor despliegue de recursos, por la combinación del trabajo de combate del fuego forestal-rural, con el combate estructural, que es el de los bomberos".
En Tucumán, "el incendio está controlado; quedan por apagar tan sólo dos focos pequeños, pero ya está", dijo ayer por la tarde a Clarín, con una mezcla de cansancio y alivio, el director provincial de Defensa Civil, Fernando Torres. Colaboraron bomberos voluntarios de Lules, Alderetes y Monteros.
Respaldo del Conicet al uso del glifosato
Respaldo del Conicet al uso del glifosato en el campo argentino
Fecha de Publicación: 08/09/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Lo hizo al presentar las conclusiones de la evaluación de los trabajos científicos nacionales e internacionales referidos a los efectos del herbicida
Un informe del Consejo Científico Interdisciplinario, creado en el ámbito del Conicet, concluyó que "si se aplica responsablemente, el uso del glifosato no tiene mayores riesgos para la salud humana o el medio ambiente".
Lo hizo al presentar las conclusiones del documento de evaluación de los trabajos científicos nacionales e internacionales referidos a los efectos del herbicida.
El informe final del trabajo de evaluación realizado por el Consejo de expertos, convocados por la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, concluyó que "no hay vestigios de glifosato en harina ni en aceite de soja".
Si bien destacó que "en granos sí pueden encontrarse", estimó que "con un uso responsable del producto, el consumo de alimentos y agua que contengan residuos de la molécula o el metabolito no debería implicar riesgos para la salud humana".
De todos modos, la Comisión recomendó "el monitoreo de residuos".
Asimismo, indicó que "los efectos tóxicos de la molécula, sumetabolito o el tensioactivo en mamíferos no humanos se observan con vías de ingreso al organismo a dosis difícilmente alcanzables en ambientes rurales en los que se aplique el producto en forma apropiada".
También señaló que "el producto no se bioacumula", y afirmó que "el glifosato y su metabolito son sustancias ligeramente tóxicas para mamíferos".
Remarcó que "la muerte en seres humanos puede provocarse con ingestas en grandes cantidades con fines suicidas", y puso de relieve que "los estudios revisados no demuestran correlación entre exposición al glifosato e incidencia de cáncer".
"Tampoco, los estudios revisados, demuestran correlación en el aumento de defectos de nacimiento y anormalidades en el desarrollo de hijos de aplicadores", puntualizó el informe.
Subrayó que "concentraciones que llegan a alterar el ADN de células de mamíferos son improbables de encontrar en medios biológicos humanos".
El Consejo Científico Interdisciplinario fue creado por la Comisión Nacional de Investigación, establecida en enero de este año, y está formado por ingenieros agrónomos, médicos, toxicólogos, bioquímicos y químicos, además de especialistas en biología, los cuales durante dos meses llevaron a cabo una revisión crítica de los trabajos científicos publicados sobre el glifosato a nivel internacional.
Fecha de Publicación: 08/09/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Lo hizo al presentar las conclusiones de la evaluación de los trabajos científicos nacionales e internacionales referidos a los efectos del herbicida
Un informe del Consejo Científico Interdisciplinario, creado en el ámbito del Conicet, concluyó que "si se aplica responsablemente, el uso del glifosato no tiene mayores riesgos para la salud humana o el medio ambiente".
Lo hizo al presentar las conclusiones del documento de evaluación de los trabajos científicos nacionales e internacionales referidos a los efectos del herbicida.
El informe final del trabajo de evaluación realizado por el Consejo de expertos, convocados por la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, concluyó que "no hay vestigios de glifosato en harina ni en aceite de soja".
Si bien destacó que "en granos sí pueden encontrarse", estimó que "con un uso responsable del producto, el consumo de alimentos y agua que contengan residuos de la molécula o el metabolito no debería implicar riesgos para la salud humana".
De todos modos, la Comisión recomendó "el monitoreo de residuos".
Asimismo, indicó que "los efectos tóxicos de la molécula, sumetabolito o el tensioactivo en mamíferos no humanos se observan con vías de ingreso al organismo a dosis difícilmente alcanzables en ambientes rurales en los que se aplique el producto en forma apropiada".
También señaló que "el producto no se bioacumula", y afirmó que "el glifosato y su metabolito son sustancias ligeramente tóxicas para mamíferos".
Remarcó que "la muerte en seres humanos puede provocarse con ingestas en grandes cantidades con fines suicidas", y puso de relieve que "los estudios revisados no demuestran correlación entre exposición al glifosato e incidencia de cáncer".
"Tampoco, los estudios revisados, demuestran correlación en el aumento de defectos de nacimiento y anormalidades en el desarrollo de hijos de aplicadores", puntualizó el informe.
Subrayó que "concentraciones que llegan a alterar el ADN de células de mamíferos son improbables de encontrar en medios biológicos humanos".
El Consejo Científico Interdisciplinario fue creado por la Comisión Nacional de Investigación, establecida en enero de este año, y está formado por ingenieros agrónomos, médicos, toxicólogos, bioquímicos y químicos, además de especialistas en biología, los cuales durante dos meses llevaron a cabo una revisión crítica de los trabajos científicos publicados sobre el glifosato a nivel internacional.
500 especies animales en extinción en Argentina
Hay más de quinientas especies animales en extinción en Argentina
Fecha de Publicación: 07/09/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Pese a que hay casi 3.000 normas destinadas a conservar la naturaleza, existe una gran impunidad en los delitos contra la flora y la fauna. El principal responsable es el hombre, que también es la única solución
La semana pasada, la Justicia de China rechazó poner freno al comercio de los productos obtenidos a partir los felinos, como pieles, colmillos, bigotes y huesos, empujando así a la extinción a los cerca de mil trescientos ejemplares que quedan en estado salvaje. ¿Cuál es la situación en la Argentina?
Consultado por Infobae.com, Claudio Bertonatti, director de la revista de la Fundación Vida Silvestre Argentina, dijo que en Argentina hay más de 500 especies de vertebrados en peligro de extinción, "anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos y más de 250 de plantas", explicó que "las razones son muchas, pero convergentes” y agregó que "algunas de ellas son directas, como la destrucción de los escenarios naturales y otras indirectas, como la indiferencia, la falta de conocimiento y aprecio por la naturaleza".
En la mayoría de los casos, el accionar del hombre tiene incidencia en el número que refleja que cada día miles de animales desaparezcan de la tierra, pero también es quien tiene el poder de evitarlo.
"Nos guste o no, la responsabilidad de convivir y salvar las especies amenazadas recae en nosotros. Nosotros es 'todos nosotros': especialistas, autoridades, docentes, periodistas, estudiantes, etc. Acaso, ¿existe alguien que se considera que no tiene responsabilidad en el cuidado del patrimonio nacional?", planteó Bertonatti.
En la Republica Argentina hay instituciones que se ocupan de cuidar la naturaleza, como los parques nacionales, los parques provinciales y municipales como así también los zoológicos, acuarios, jardines botánicos, estaciones de cría y museos.
También hay más de 3.000 normas que regulan o apuntan a regular la conservación de la naturaleza. El director de la revista manifestó que no les preocupa "tanto" que se violen esas normas como "que no se castigue a quienes lo hacen, porque esto provoca impunidad y alimenta el crimen organizado en esta materia".
Pese a la gran cantidad de normas, el tráfico de especies existe y en ocasiones zoológicos y circos incurren en delitos, pero no suele haber penalidades desalentadoras y a veces, ni siquiera hay penalidades.
A esto se refiere Bertonatti e informa que "recientemente, Vida Silvestre denunció a un zoológico por violar una norma de la Provincia de Buenos Aires porque ese lugar fomenta y permite que los visitantes tomen contacto directo y se tomen fotos montando, por ejemplo, un león o un elefante. Esto es una locura, pero más allá de lo que a nosotros pueda parecernos está prohibido", sentenció.
Finalmente, destacó que "creer que la conservación de las especies amenazadas depende de la Secretaría de Medio Ambiente, Vida Silvestre o Greenpeace es una ingenuidad o bien un pensamiento equívoco. Todos podemos hacer algo. Incluso, cuando la Justicia no funciona como quisiéramos, podemos evitar daños mayores", subrayó Bertonatti.
Las especies en peligro
Existen unas 985 especies de aves, 345 mamíferos, 248 reptiles, 145 anfibios y 710 peces, en la Argentina 529 de ellas están amenazadas. Entre los reptiles que peligran se encuentran la tortuga verde, la boa vizcachera y la constrictor. Entre las aves como el loro vinoso, el pájaro campana, el cauquén colorado, el flamenco austral, el güila manera, el zorzal colorado, la urraca, la calandria, el tucán, también el cardenal imperial.
Mamíferos como el huemul, el ciervo, el gato montes, el gato tigre, el yaguareté, el ocelote, el tatú carreta, el lobito de mar y de río, la Chinchilla, el gato de los pajonales, los zorros gris, pampeano y del monte, el zorrino, el guanaco, la vicuña y el oso hormiguero son las especies en peligro de desaparecer.
Fecha de Publicación: 07/09/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Pese a que hay casi 3.000 normas destinadas a conservar la naturaleza, existe una gran impunidad en los delitos contra la flora y la fauna. El principal responsable es el hombre, que también es la única solución
La semana pasada, la Justicia de China rechazó poner freno al comercio de los productos obtenidos a partir los felinos, como pieles, colmillos, bigotes y huesos, empujando así a la extinción a los cerca de mil trescientos ejemplares que quedan en estado salvaje. ¿Cuál es la situación en la Argentina?
Consultado por Infobae.com, Claudio Bertonatti, director de la revista de la Fundación Vida Silvestre Argentina, dijo que en Argentina hay más de 500 especies de vertebrados en peligro de extinción, "anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos y más de 250 de plantas", explicó que "las razones son muchas, pero convergentes” y agregó que "algunas de ellas son directas, como la destrucción de los escenarios naturales y otras indirectas, como la indiferencia, la falta de conocimiento y aprecio por la naturaleza".
En la mayoría de los casos, el accionar del hombre tiene incidencia en el número que refleja que cada día miles de animales desaparezcan de la tierra, pero también es quien tiene el poder de evitarlo.
"Nos guste o no, la responsabilidad de convivir y salvar las especies amenazadas recae en nosotros. Nosotros es 'todos nosotros': especialistas, autoridades, docentes, periodistas, estudiantes, etc. Acaso, ¿existe alguien que se considera que no tiene responsabilidad en el cuidado del patrimonio nacional?", planteó Bertonatti.
En la Republica Argentina hay instituciones que se ocupan de cuidar la naturaleza, como los parques nacionales, los parques provinciales y municipales como así también los zoológicos, acuarios, jardines botánicos, estaciones de cría y museos.
También hay más de 3.000 normas que regulan o apuntan a regular la conservación de la naturaleza. El director de la revista manifestó que no les preocupa "tanto" que se violen esas normas como "que no se castigue a quienes lo hacen, porque esto provoca impunidad y alimenta el crimen organizado en esta materia".
Pese a la gran cantidad de normas, el tráfico de especies existe y en ocasiones zoológicos y circos incurren en delitos, pero no suele haber penalidades desalentadoras y a veces, ni siquiera hay penalidades.
A esto se refiere Bertonatti e informa que "recientemente, Vida Silvestre denunció a un zoológico por violar una norma de la Provincia de Buenos Aires porque ese lugar fomenta y permite que los visitantes tomen contacto directo y se tomen fotos montando, por ejemplo, un león o un elefante. Esto es una locura, pero más allá de lo que a nosotros pueda parecernos está prohibido", sentenció.
Finalmente, destacó que "creer que la conservación de las especies amenazadas depende de la Secretaría de Medio Ambiente, Vida Silvestre o Greenpeace es una ingenuidad o bien un pensamiento equívoco. Todos podemos hacer algo. Incluso, cuando la Justicia no funciona como quisiéramos, podemos evitar daños mayores", subrayó Bertonatti.
Las especies en peligro
Existen unas 985 especies de aves, 345 mamíferos, 248 reptiles, 145 anfibios y 710 peces, en la Argentina 529 de ellas están amenazadas. Entre los reptiles que peligran se encuentran la tortuga verde, la boa vizcachera y la constrictor. Entre las aves como el loro vinoso, el pájaro campana, el cauquén colorado, el flamenco austral, el güila manera, el zorzal colorado, la urraca, la calandria, el tucán, también el cardenal imperial.
Mamíferos como el huemul, el ciervo, el gato montes, el gato tigre, el yaguareté, el ocelote, el tatú carreta, el lobito de mar y de río, la Chinchilla, el gato de los pajonales, los zorros gris, pampeano y del monte, el zorrino, el guanaco, la vicuña y el oso hormiguero son las especies en peligro de desaparecer.
Hacer alga para el futuro
Hacer alga para el futuro
Fecha de Publicación: 07/09/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Mendoza
Son biocombustibles de tercera generación. Las algas consumen desechos, purifican las aguas cloacales y pueden ser utilizadas sin afectar tierras de cultivo alimentario. El proyecto avanza en la Universidad Nacional de Cuyo.
Se lanzó el primer proyecto para producir comercialmente, en la Argentina, biocombustibles a partir del cultivo de algas. Lo desarrollan ingenieros de la Universidad Nacional de Cuyo, y ofrece perspectivas a tres puntas. Una es poner al país en la primera línea para producir el biocombustible que más apuestas a futuro convoca. Otra es aprovechar el hecho de que, para estas algas, los desechos que más repugnan al humano son manjares exquisitos, y utilizarlas para purificar las aguas cloacales, en este caso de la capital mendocina. Todavía otra perspectiva es usarlas para reciclar el dióxido de carbono de fábricas y centrales eléctricas y así integrarlas en la respuesta al calentamiento global. Las algas unicelulares –capaces de duplicar su tamaño en 24 horas– son la estrella de la “tercera generación” de biocombustibles. La primera generación, que utiliza plantas tradicionalmente empleadas para alimentación humana como el maíz o la caña de azúcar, es cada vez más cuestionada, no sólo por entidades ambientalistas sino por organismos supranacionales incluida la Unión Europea.
El equipo de la Facultad de Ingeniería de la universidad cuyana está dirigido por Jorge Barón: “Ya logramos producir aceite apto para fabricar biodiesel, a partir de algas unicelulares, con rendimientos muy interesantes, aprovechando las excelentes condiciones del sol durante el verano mendocino”. El desafío, en la Argentina y en el mundo, es “hacerlo a escala industrial, en condiciones económicamente sustentables”. Para anotarse en esta carrera, los investigadores cuentan ya con financiación, proveniente de una empresa norteamericana. “En el nivel científico, ya lo hemos probado: ahora se trata de dar el salto al nivel tecnológico.”
Las algas pertenecen a la denominada tercera generación en biocombustibles. La primera corresponde a la obtención de alcohol etílico a partir de cultivos como el maíz, la caña de azúcar o la soja. Este procedimiento es hoy fuertemente objetado: primero, porque quita tierra cultivable a la producción de alimentos; segundo, porque, aunque libere a la atmósfera menos dióxido de carbono que el petróleo o el gas, de todos modos el balance ambiental resulta negativo, especialmente si se considera la energía necesaria para las distintas etapas del cultivo, incluido el uso de fertilizantes. Por eso la Unión Europea, que a fines del año pasado estableció la obligación de que el diez por ciento del combustible usado en transporte en su territorio provenga de fuentes renovables, puso en condicional el uso de estas fuentes.
La segunda generación de biocombustibles utiliza las mismas plantas de cultivo pero se vale de partes residuales, sin valor alimenticio, como podría ser el bagazo de la caña de azúcar o las hojas de los árboles que se cultivan por su madera. Pero las tecnologías necesarias son demasiado caras. Según evaluó la Unión Europea, “es improbable que la segunda generación de biocombustibles sea competitiva con la primera antes de 2020”.
La tercera generación, la más promisoria, apela a cultivos desarrollados exclusivamente para la obtención de combustible: incluye palmeras de muy rápido desarrollo, pero la estrella son las algas. Estas son consideradas los organismos más eficientes de la tierra por su altísima tasa de crecimiento –algunas especies duplican su tamaño cada 24 horas– y su alto contenido de aceite aprovechable. Además, como se cultivan en agua, no usurpan tierra destinada a producir alimentos.
El agua donde han de cultivarse las algas no necesita estar limpia y en realidad es mejor que no lo esté. En el caso del proyecto de la Universidad de Cuyo, “pensamos aprovechar las aguas de Campo Espejo, que es el lugar donde se tratan todas las aguas cloacales de la ciudad de Mendoza”, contó Barón. Estas aguas ya reciben un tratamiento, mediante bacterias que degradan el material orgánico y las dejan en condiciones de ser utilizadas para el riego de cultivos no destinados a alimento. “Estamos en tratativas con el gobierno provincial para utilizar esas aguas servidas en el cultivo comercial de algas: componentes que son dañinos para la salud humana, como el amoníaco, para las algas son un alimento muy bueno. Y, como subproducto, quedará un agua totalmente purificada.”
Para alcanzar sus enormes velocidades de crecimiento, las algas –como todas las plantas– necesitan tres cosas: sol, para la fotosíntesis; nutrientes, señaladamente el nitrógeno; y dióxido de carbono. Otra de las patas del proyecto mendocino es “aprovechar el dióxido de carbono que emiten las fábricas o centrales de electricidad”, agregó Barón, y explicó: “El gas de la chimenea de la fábrica se hace pasar por el agua donde crecen las algas: así el dióxido de carbono se disuelve para formar agua carbonatada, una especie de soda: bajo la luz del sol, el alga absorbe ese dióxido de carbono y lo transforma en moléculas orgánicas más grandes, como azúcares, proteínas o aceite”. Este procedimiento “tiene la ventaja adicional de que reduce la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera por parte de las industrias involucradas”. Esto, además de su valor ecológico, tiene un valor económico gracias a los “bonos de carbono” que establece el Protocolo de Kyoto.
De todos modos, “por más que el desarrollo de las algas ya esté logrado a nivel científico, no es fácil poner a punto las tecnologías necesarias para hacerlo económicamente rentable, que incluyen determinar la temperatura, la salinidad y la acidez del agua –comentó Barón—. Si bien en la Argentina hay otros proyectos de investigación en el plano científico, el nuestro es el primero que encara la producción a escala industrial”.
Fecha de Publicación: 07/09/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Mendoza
Son biocombustibles de tercera generación. Las algas consumen desechos, purifican las aguas cloacales y pueden ser utilizadas sin afectar tierras de cultivo alimentario. El proyecto avanza en la Universidad Nacional de Cuyo.
Se lanzó el primer proyecto para producir comercialmente, en la Argentina, biocombustibles a partir del cultivo de algas. Lo desarrollan ingenieros de la Universidad Nacional de Cuyo, y ofrece perspectivas a tres puntas. Una es poner al país en la primera línea para producir el biocombustible que más apuestas a futuro convoca. Otra es aprovechar el hecho de que, para estas algas, los desechos que más repugnan al humano son manjares exquisitos, y utilizarlas para purificar las aguas cloacales, en este caso de la capital mendocina. Todavía otra perspectiva es usarlas para reciclar el dióxido de carbono de fábricas y centrales eléctricas y así integrarlas en la respuesta al calentamiento global. Las algas unicelulares –capaces de duplicar su tamaño en 24 horas– son la estrella de la “tercera generación” de biocombustibles. La primera generación, que utiliza plantas tradicionalmente empleadas para alimentación humana como el maíz o la caña de azúcar, es cada vez más cuestionada, no sólo por entidades ambientalistas sino por organismos supranacionales incluida la Unión Europea.
El equipo de la Facultad de Ingeniería de la universidad cuyana está dirigido por Jorge Barón: “Ya logramos producir aceite apto para fabricar biodiesel, a partir de algas unicelulares, con rendimientos muy interesantes, aprovechando las excelentes condiciones del sol durante el verano mendocino”. El desafío, en la Argentina y en el mundo, es “hacerlo a escala industrial, en condiciones económicamente sustentables”. Para anotarse en esta carrera, los investigadores cuentan ya con financiación, proveniente de una empresa norteamericana. “En el nivel científico, ya lo hemos probado: ahora se trata de dar el salto al nivel tecnológico.”
Las algas pertenecen a la denominada tercera generación en biocombustibles. La primera corresponde a la obtención de alcohol etílico a partir de cultivos como el maíz, la caña de azúcar o la soja. Este procedimiento es hoy fuertemente objetado: primero, porque quita tierra cultivable a la producción de alimentos; segundo, porque, aunque libere a la atmósfera menos dióxido de carbono que el petróleo o el gas, de todos modos el balance ambiental resulta negativo, especialmente si se considera la energía necesaria para las distintas etapas del cultivo, incluido el uso de fertilizantes. Por eso la Unión Europea, que a fines del año pasado estableció la obligación de que el diez por ciento del combustible usado en transporte en su territorio provenga de fuentes renovables, puso en condicional el uso de estas fuentes.
La segunda generación de biocombustibles utiliza las mismas plantas de cultivo pero se vale de partes residuales, sin valor alimenticio, como podría ser el bagazo de la caña de azúcar o las hojas de los árboles que se cultivan por su madera. Pero las tecnologías necesarias son demasiado caras. Según evaluó la Unión Europea, “es improbable que la segunda generación de biocombustibles sea competitiva con la primera antes de 2020”.
La tercera generación, la más promisoria, apela a cultivos desarrollados exclusivamente para la obtención de combustible: incluye palmeras de muy rápido desarrollo, pero la estrella son las algas. Estas son consideradas los organismos más eficientes de la tierra por su altísima tasa de crecimiento –algunas especies duplican su tamaño cada 24 horas– y su alto contenido de aceite aprovechable. Además, como se cultivan en agua, no usurpan tierra destinada a producir alimentos.
El agua donde han de cultivarse las algas no necesita estar limpia y en realidad es mejor que no lo esté. En el caso del proyecto de la Universidad de Cuyo, “pensamos aprovechar las aguas de Campo Espejo, que es el lugar donde se tratan todas las aguas cloacales de la ciudad de Mendoza”, contó Barón. Estas aguas ya reciben un tratamiento, mediante bacterias que degradan el material orgánico y las dejan en condiciones de ser utilizadas para el riego de cultivos no destinados a alimento. “Estamos en tratativas con el gobierno provincial para utilizar esas aguas servidas en el cultivo comercial de algas: componentes que son dañinos para la salud humana, como el amoníaco, para las algas son un alimento muy bueno. Y, como subproducto, quedará un agua totalmente purificada.”
Para alcanzar sus enormes velocidades de crecimiento, las algas –como todas las plantas– necesitan tres cosas: sol, para la fotosíntesis; nutrientes, señaladamente el nitrógeno; y dióxido de carbono. Otra de las patas del proyecto mendocino es “aprovechar el dióxido de carbono que emiten las fábricas o centrales de electricidad”, agregó Barón, y explicó: “El gas de la chimenea de la fábrica se hace pasar por el agua donde crecen las algas: así el dióxido de carbono se disuelve para formar agua carbonatada, una especie de soda: bajo la luz del sol, el alga absorbe ese dióxido de carbono y lo transforma en moléculas orgánicas más grandes, como azúcares, proteínas o aceite”. Este procedimiento “tiene la ventaja adicional de que reduce la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera por parte de las industrias involucradas”. Esto, además de su valor ecológico, tiene un valor económico gracias a los “bonos de carbono” que establece el Protocolo de Kyoto.
De todos modos, “por más que el desarrollo de las algas ya esté logrado a nivel científico, no es fácil poner a punto las tecnologías necesarias para hacerlo económicamente rentable, que incluyen determinar la temperatura, la salinidad y la acidez del agua –comentó Barón—. Si bien en la Argentina hay otros proyectos de investigación en el plano científico, el nuestro es el primero que encara la producción a escala industrial”.
A favor y en contra de prohibir el glifosato
Fuertes lobbies en el Gobierno a favor y en contra de prohibir el glifosato
Fecha de Publicación: 06/09/2009
Fuente: Diario Perfil
Provincia/Región: Nacional
Desde principìos de este año se están cuestionando los efectos secundarios del uso de glifosato, el herbicida clave en el negocio de la soja. Se argumenta que es tóxico y responsable de malformaciones. El debate llegó hasta la Casa Rosada, y la presidenta de la Nación pidió más evidencia científica para determinar si se puede seguir fumigando o no. Esta semana se filtró un documento que dejó al descubierto las internas en el Gobierno. Los proyectos para prohibirlo.
“Si llega a comprobarse que un solo chico nació con malformaciones por culpa del glifosato, lo prohíbo por decreto.” Las palabras de la presidenta Cristina Kirchner, sensibilizada por las imágenes de niños nacidos con enfermedades congénitas que mostraba un informe de televisión, resonaron en los oídos de un par de sus más estrechos colaboradores. Y volvieron a desnudar una interna que se da en el Gobierno respecto de qué hacer con el principal herbicida usado en el campo como elemento clave para la producción de soja.
Por un lado, hay un sector relacionado con el perfil productivo industrial del país, que busca detener el impulso del modelo sojero. Para ellos, vienen de perillas los informes y denuncias acerca de que el uso de este agroquímico podría provocar defectos en los embriones y hasta estar relacionado con las altas tasas de cáncer en las zonas de cultivo (con el caso emblemático de Ituzaingó, en Córdoba). Ellos son los que le dicen a Cristina que hay que ponerle freno (el contexto de la “guerra contra el campo” ayuda, por supuesto).
Del otro lado, existe en el mismo Gobierno un sector que sostiene que no hay pruebas concluyentes sobre la toxicidad del glifosato. Encabezado por el ministro de Ciencia, Lino Barañao (un sospechado de “poco peronista” que prefirió no hablar para esta nota), este sector busca que se compruebe con rigor científico los problemas que causa, o no, esta sustancia química en las personas, los animales y el medio ambiente.
Investigaciones. Convencida de la necesidad de asesoría científica en el tema, en enero de este año la Presidenta firmó el decreto 21/2009 para que se creara en el ámbito del Ministerio de Salud una comisión “para la investigación, prevencion, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación” por agroquímicos (toma en cuenta un total de 12, aunque hace foco en el glifosato). La comisión está integrada por Salud, la Secretaría de Ambiente, la de Agricultura, el INTA y el INTI; luego se invitó al Ministerio de Ciencia, que constituyó un consejo científico en el marco del Conicet.
En el contexto de estas internas, esta semana se filtró un borrador del informe que elaboró el Conicet a pedido de esa comisión, en el que se repasa qué dice la bibliografía internacional sobre la toxicidad del glifosato. Sin embargo, para enojo de varios de sus integrantes, se difundió públicamente como si fuera la concusión final de la comisión. El informe tiene 130 páginas en las que, en síntesis, se absuelve al agroquímico aunque se asegura que “faltan más estudios”. Y tiene las carencias propias de su carácter parcial.
Según pudo saber PERFIL, los responsables aseguran que el informe final será más completo y no una mera revisión bibliográfica y se presentará dentro de 10 o 15 días. “Hará foco en la necesidad de buenas prácticas agropecuarias, de reforzar la legislación y que haya controles incluso del Ministerio de Trabajo a la hora de la fumigación”, manifestaron. Es la misma postura que sostienen las empresas que venden el producto: puede haber excesos a la hora de utilizarlo, pero en sí el glifosato es de los agroquímicos más suaves entre los existentes. Y se lo compara con la lavandina, que al ingerirla puede causar la muerte, pero bien usada es un gran producto higiénico y no por errores en el uso hay que prohibirla, argumentan.
Parcial. Mientras tanto, Enrique Martínez, presidente del INTI, uno de los organismos que integran la comisión investigadora de agroquímicos, sostuvo a este diario que la institución que preside “no va a avalar este informe ni uno opuesto; nuestra tarea técnica en esa comisión ya terminó”, dijo a la vez que negó que su partida signifique descalificar la comisión que creó la Presidenta. También rechazó haber tenido algún tipo de conversación con Cristina sobre este tema. “Hemos comunicado a la comisión que nuestro aporte ya está hecho. Hicimos sugerencias acerca de cómo manejar los envases y recomendación sobre aspectos estrictamente de tecnología industrial. No queremos avalar un informe como el que se emitió”, señaló a PERFIL.
—¿Qué hacer mientras tanto? –preguntó este diario.
—El glifosato se usa hace más de veinte años. En rigor, se tendría que haber discutido este tema antes de adoptarlo, y, en todo caso, hay numerosas disposiciones provinciales y municpales sobre cómo evitar contacto peligroso entre población y glifosato. Hay que prohibir la fumigación por avión y controlar las que se hacen por tierra. En fin, un sistema complejo no tan difícil de implementar. Pero hay una superposición de un sistema que busca la ganancia y una situación de salud que muchas veces no se resuleve adecuadamente.
—¿Se evalúa la prohibición vía decreto presidencial?
—Cómo lo puedo saber, hermano (sic). Si la comisión no dictó opinión no se puede saber, no tengo la manera de saberlo.
Otras opciones. Pero el decreto que evalúa Cristina Kirchner si la comisión llegara a concluir que el glifosato provoca malformaciones no sería la única vía contra el herbicida. Hay al menos dos proyectos de ley de legisladores oficialistas que buscan “prohibir su comercialización hasta tanto se compruebe que no es nocivo”, tal como dijo a PERFIL Juan Sylvestre Begnis, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y coautor de uno de ellos. El proyecto de Begnis -firmado también por Claudio Morgado, Julio Piumato y Remo Carlotto, entre otros- fue presentado el 14 de agosto y hoy está en poder de los asesores que analizan, entre otras cuestiones, las consecuencias económicas de la prohibición (ver recuadro).
Pero hay más. El también diputado oficialista de Entre Ríos, Raúl P. Solanas está detrás de un proyecto de prohibición total del comercio y utilización del glifosato en todas sus formas, ingresado el 28 de abril de este año. Y la senadora Blanca Osuna ha dedicado esfuerzos en este sentido, aunque sólo fueron pedidos de informes.
Fecha de Publicación: 06/09/2009
Fuente: Diario Perfil
Provincia/Región: Nacional
Desde principìos de este año se están cuestionando los efectos secundarios del uso de glifosato, el herbicida clave en el negocio de la soja. Se argumenta que es tóxico y responsable de malformaciones. El debate llegó hasta la Casa Rosada, y la presidenta de la Nación pidió más evidencia científica para determinar si se puede seguir fumigando o no. Esta semana se filtró un documento que dejó al descubierto las internas en el Gobierno. Los proyectos para prohibirlo.
“Si llega a comprobarse que un solo chico nació con malformaciones por culpa del glifosato, lo prohíbo por decreto.” Las palabras de la presidenta Cristina Kirchner, sensibilizada por las imágenes de niños nacidos con enfermedades congénitas que mostraba un informe de televisión, resonaron en los oídos de un par de sus más estrechos colaboradores. Y volvieron a desnudar una interna que se da en el Gobierno respecto de qué hacer con el principal herbicida usado en el campo como elemento clave para la producción de soja.
Por un lado, hay un sector relacionado con el perfil productivo industrial del país, que busca detener el impulso del modelo sojero. Para ellos, vienen de perillas los informes y denuncias acerca de que el uso de este agroquímico podría provocar defectos en los embriones y hasta estar relacionado con las altas tasas de cáncer en las zonas de cultivo (con el caso emblemático de Ituzaingó, en Córdoba). Ellos son los que le dicen a Cristina que hay que ponerle freno (el contexto de la “guerra contra el campo” ayuda, por supuesto).
Del otro lado, existe en el mismo Gobierno un sector que sostiene que no hay pruebas concluyentes sobre la toxicidad del glifosato. Encabezado por el ministro de Ciencia, Lino Barañao (un sospechado de “poco peronista” que prefirió no hablar para esta nota), este sector busca que se compruebe con rigor científico los problemas que causa, o no, esta sustancia química en las personas, los animales y el medio ambiente.
Investigaciones. Convencida de la necesidad de asesoría científica en el tema, en enero de este año la Presidenta firmó el decreto 21/2009 para que se creara en el ámbito del Ministerio de Salud una comisión “para la investigación, prevencion, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación” por agroquímicos (toma en cuenta un total de 12, aunque hace foco en el glifosato). La comisión está integrada por Salud, la Secretaría de Ambiente, la de Agricultura, el INTA y el INTI; luego se invitó al Ministerio de Ciencia, que constituyó un consejo científico en el marco del Conicet.
En el contexto de estas internas, esta semana se filtró un borrador del informe que elaboró el Conicet a pedido de esa comisión, en el que se repasa qué dice la bibliografía internacional sobre la toxicidad del glifosato. Sin embargo, para enojo de varios de sus integrantes, se difundió públicamente como si fuera la concusión final de la comisión. El informe tiene 130 páginas en las que, en síntesis, se absuelve al agroquímico aunque se asegura que “faltan más estudios”. Y tiene las carencias propias de su carácter parcial.
Según pudo saber PERFIL, los responsables aseguran que el informe final será más completo y no una mera revisión bibliográfica y se presentará dentro de 10 o 15 días. “Hará foco en la necesidad de buenas prácticas agropecuarias, de reforzar la legislación y que haya controles incluso del Ministerio de Trabajo a la hora de la fumigación”, manifestaron. Es la misma postura que sostienen las empresas que venden el producto: puede haber excesos a la hora de utilizarlo, pero en sí el glifosato es de los agroquímicos más suaves entre los existentes. Y se lo compara con la lavandina, que al ingerirla puede causar la muerte, pero bien usada es un gran producto higiénico y no por errores en el uso hay que prohibirla, argumentan.
Parcial. Mientras tanto, Enrique Martínez, presidente del INTI, uno de los organismos que integran la comisión investigadora de agroquímicos, sostuvo a este diario que la institución que preside “no va a avalar este informe ni uno opuesto; nuestra tarea técnica en esa comisión ya terminó”, dijo a la vez que negó que su partida signifique descalificar la comisión que creó la Presidenta. También rechazó haber tenido algún tipo de conversación con Cristina sobre este tema. “Hemos comunicado a la comisión que nuestro aporte ya está hecho. Hicimos sugerencias acerca de cómo manejar los envases y recomendación sobre aspectos estrictamente de tecnología industrial. No queremos avalar un informe como el que se emitió”, señaló a PERFIL.
—¿Qué hacer mientras tanto? –preguntó este diario.
—El glifosato se usa hace más de veinte años. En rigor, se tendría que haber discutido este tema antes de adoptarlo, y, en todo caso, hay numerosas disposiciones provinciales y municpales sobre cómo evitar contacto peligroso entre población y glifosato. Hay que prohibir la fumigación por avión y controlar las que se hacen por tierra. En fin, un sistema complejo no tan difícil de implementar. Pero hay una superposición de un sistema que busca la ganancia y una situación de salud que muchas veces no se resuleve adecuadamente.
—¿Se evalúa la prohibición vía decreto presidencial?
—Cómo lo puedo saber, hermano (sic). Si la comisión no dictó opinión no se puede saber, no tengo la manera de saberlo.
Otras opciones. Pero el decreto que evalúa Cristina Kirchner si la comisión llegara a concluir que el glifosato provoca malformaciones no sería la única vía contra el herbicida. Hay al menos dos proyectos de ley de legisladores oficialistas que buscan “prohibir su comercialización hasta tanto se compruebe que no es nocivo”, tal como dijo a PERFIL Juan Sylvestre Begnis, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y coautor de uno de ellos. El proyecto de Begnis -firmado también por Claudio Morgado, Julio Piumato y Remo Carlotto, entre otros- fue presentado el 14 de agosto y hoy está en poder de los asesores que analizan, entre otras cuestiones, las consecuencias económicas de la prohibición (ver recuadro).
Pero hay más. El también diputado oficialista de Entre Ríos, Raúl P. Solanas está detrás de un proyecto de prohibición total del comercio y utilización del glifosato en todas sus formas, ingresado el 28 de abril de este año. Y la senadora Blanca Osuna ha dedicado esfuerzos en este sentido, aunque sólo fueron pedidos de informes.
“Agua, minería y glaciares: Un país de rodillas”
“Agua, minería y glaciares: Un país de rodillas”
Fecha de Publicación: 06/09/2009
Fuente: ADN Río Negro - Por Magdalena Odarda, Legisladora Provincial, ARI
Provincia/Región: Nacional
El agua constituye un bien social y natural imprescindible para la vida y el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. La obviedad de esta afirmación es inobjetable.Sin embargo, el sentido común y la conciencia de autopreservación, no siempre caracterizan las decisiones de los gobiernos y de las empresas que, procurando el lucro ilimitado, parecen conducir a la humanidad a un suicidio que no hemos elegido.
El agua, sustancial para la vida, se encuentra hoy escasa en algunos lugares del planeta, por ello La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reconoce que para el 2050, 1800 millones de personas podrían vivir en zonas sin acceso al agua potable, y prevé que más de dos tercios de la población mundial sufrirá problemas hídricos.
El agua dulce, corresponde solo a 3% del total de agua en el planeta, el resto se encuentra congelado en los polos y en los glaciares.
La contaminación y su uso abusivo, provocan la escasez en algunos países, y esto se relaciona con la pobreza y el deterioro ambiental. La situación de vulnerabilidad, conflictos sociales, económicos, ecológicos y geopolíticos que emergen de esta condición, preocupa a organismos internacionales y a algunos gobiernos del planeta.
Esta situación es impensada para los países que, generosamente, han disfrutado de este bien natural permitiendo su uso sin observación, lo cual hace que las restricciones sean inexistentes o insignificantes, aun cuando se trata de impresionantes consumos por parte de emprendimientos industriales y agrícolas a gran escala.
Por otro lado, algunos países no parecen ser concientes de la importancia del agua por su valor estratégico en las actuales circunstancias de recalentamiento global y retraimiento de glaciares y casquetes polares, pues se ofrece este recurso escaso con gratuidad a algunas empresas extractivas que la utilizan en forma exorbitante y descontrolada. Es el caso de nuestro país, donde en los últimos años, los sucesivos gobiernos parecen facilitar y promover la continuidad de la maquinaria de succión de recursos naturales a mansalva, es decir, propiciar que el saqueo continué.
Agua y minería
Recientemente Chile anunció que buscaría importar agua desde Argentina para abastecer zonas mineras ya que, la minería es una actividad industrial que demanda gran cantidad de agua para todos los procesos.
Debemos recordar que durante 1997 ambos países firmaron el Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, ratificado en el 2000 por ambos parlamentos, constituyendo este un conjunto normas para implementar y concretar un Acuerdo de Complementación Económica firmado por ambos países en 1991, facilitando de esta forma a ambos lados de la cordillera todos los recursos naturales en forma irrestricta, incluyendo sin duda el agua, y protegiendo jurídica las inversiones. En el marco de un aparente fortalecimiento de las relaciones y las inversiones privadas en la frontera de ambos países, este tratado ha beneficiado casi exclusivamente a capitales trasnacionales.
A la luz de estos privilegios, la industria minera de Chile tendría el derecho de usar este recurso y de hecho ya lo ha usado, como otras empresas del lado argentino, en detrimento de las poblaciones precordilleranas.
Esta legislación, que crea una zona franca minera de más de 200.000 km2, entre ambos países, fue la base jurídica que utilizó la empresa minera Barrick Gold SA, situada en la provincia de San Juan.
Es sabido que la actividad minera es contaminante y que el uso del agua en cantidades exorbitantes provoca daños irreversibles debido a la contaminación por filtraciones, lixiviación, drenajes, la reducción de los niveles de agua o del afloramiento de agua dulce, lo que provoco múltiples y gravísimos daños a la salud de las poblaciones, desaparición de flora y fauna, pérdida de cultivos y una sucesión de perjuicios resultantes. Si solo pensamos que a lo largo de nuestra cordillera central, las empresas utilizan 800 a 1000 litros del agua por segundo, podemos deducir que esta dimensión gigantesca afecta, y de forma determinante, la vida económica, social y cultural de los pueblos de esas regiones cordilleranas.
Solo algunas muestras son suficientes para comprobar lo que vengo diciendo. En Catamarca, el río Vis-Vis esta contaminado a consecuencia de filtraciones en el llamado "dique de colas".
La cuenca del Río Salim en Tucumán está contaminada con cromo y cobre por la actividad de las empresas mineras.
En 2004, el río Hondo y el Dulce de la provincia de Santiago de Estero fueron impactados por minerales pesados tóxicos derramados por una minera.
Minera Alumbrera fue denunciada por daño ambiental colectivo por la presunta contaminación del lago de las Termas de Río Hondo y la cuenca del propio río Dulce.
El Valle Calchaquí se encuentra gravemente afectado en la calidad de sus aguas y por supuesto, aves y flora. Estas son solo algunas muestras de los desastres ocasionados.
Glaciares y el veto presidencial
Los 63 glaciares monitoreados en la región patagónica están en retroceso de forma más acelerada que la prevista por los estudios científicos. Nueve de estos están en Argentina.
Los glaciares aumentan su masa con grandes nevadas y temperaturas frescas en verano, mientras que se achican cuando los años son secos y muy cálidos. Los cambios climáticos, entonces, han acelerado su derretimiento. Es importante destacar que en la región central de los andes cordilleranos, cuando los años vienen secos, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos. Es el caso de Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa hasta el 85% si se considera la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y de escombros (Leiva, 2004, 2007; Milana 1998). Este cálculo demuestra el papel fundamental en la regulación del recurso hídrico que se le otorga a las masas de hielo en los Andes Centrales.
Esto nos permite concluir que cuando el calentamiento global y el derretimiento acelerado de los glaciares son una realidad y preocupación de científicos de Argentina y otros lugares, es deber adoptar una actitud responsable para evitar catástrofes irreversibles.
Pero, paradójicamente, esto no es así en nuestro país, y pese a las sugerencias y declaraciones internacionales, los recursos hidrológicos son entregados a intereses privados sin más recaudos.
Uno de los proyecto más representativos de la minería a gran escala es Pascua Lama de Barrick Gold SA, compartido con Chile y Argentina que, pese a sus nefastos antecedentes y violaciones a los derechos humanos en varios lugares del planeta, se empeña – no sin apoyo de los gobiernos - en la remoción de glaciares para realizar la explotación de minerales que se encuentran debajo, situación que los científicos del mundo califican como una atrocidad.
Parte de la historia oscura de los negociados de la empresa en nuestro país, expondrìa la connivencia del senador Gioja – proveedor de la minera- y su hermano, gobernador de San Juan, quien se sabrìa que ha sido el promotor junto a la empresa, del veto de la Ley 26.148, conocida popularmente como Ley de Glaciares.
La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, fue aprobada por el Congreso Nacional, y vetada a fines del año pasado por la presidenta Cristina F. de Kichner porque impedía la afectación de los glaciares y el ambiente periglacial de las cumbres cordilleranas con el fin de preservar el agua de esta importante fuente y garantizar, con fines estratégicos y geopolíticos, la provisión a futuro –en calidad y cantidad- de este recurso, evitando el progresivo avance de las industrias extractivas contaminantes sobre estos reservorios de agua dulce.
El veto presidencial dejó en evidencia tanto el poder de los lobbies de la transnacional minera, como la complicidad de algunos funcionarios.
Con posterioridad, el Poder Ejecutivo Nacional impulsó la formación de una comisión para su modificación - desairando las atribuciones del parlamento nacional- en la que se plantearon cambios que eliminan la protección al “ambiente periglacial”, el cual comprende las zonas donde se encuentran los hielos impermanentes, los suelos congelados de alta montaña que son fundamentales para la alimentación de los ríos, porque se congelan y descongelan, regulando el régimen hídrico.
Esas zonas, que podemos llamar fábricas de agua, son vitales para las comunidades aguas abajo y sus economías, sobre todo en periodos de sequía.
Peor aún, en la nueva ley propuesta, se establece que con una simple declaración de “interés público”, sería suficiente para que cualquier proyecto pueda instalarse y manipular los glaciares.
Una estrategia para evitar el nuevo tratamiento de la ley original, ha sido la presentación de cuatro proyectos sobre glaciares, lo que ha dificultado la discusión en el seno de la comisión legislativa.
Conclusión.
La entrega de los recursos naturales ha sido una constante en los últimos años. En la década del 90 se sentaron, mayormente, las bases para la expoliación y saqueo de las riquezas de nuestro país a favor de las corporaciones transnacionales de la minería, el petróleo, las hidroeléctricas, las de la biotecnología – semillas y agroquímicos asociados- para la expansión de la soja y otros cultivos transgénicos, entre tantas concesiones legitimadas a través de leyes que garantizan seguridad jurídica, regalías irrisorias y eliminación de gravámenes.
Los gobiernos han mentido flagrantemente cada vez que justificaron la entrega en una mayor generación de empleo, desarrollo y riqueza para las regiones, pues no se consideraron –o no se quisieron considerar- las gravísimas externalidades –contaminación de agua, suelo, aire- de todas esas actividades, el sometimiento de nuestra economía nacional, el empobrecimiento y decaimiento de las economías regionales, la afectación social, la pérdida de la cultura y la calidad de vida de los pueblos, que un ambiente saludable brinda.
El agua constituye para las industrias enumeradas un mero recurso, un insumo necesario desde una mirada mercantilizada. Para los pueblos, el agua es un bien natural insustituible y vital, un derecho humano que conecta con la vida misma y la cultura de la tierra.
Nuestro país ha sido puesto de rodillas para priorizar intereses de capitales trasnacionales, concediendo todo, hasta el agua. Las limosnas que en forma habitual las empresas aportan a escuelas, hospitales y universidades – con el fin de que los pueblos olviden los enormes privilegios otorgados, son una humillación que no debemos permitir.
A través de la des – protección de los glaciares, nuestro país sigue regalando los bienes naturales que son de todos, a costa de la dependencia, la contaminación, la exclusión y el hambre de miles de argentinos.
Fecha de Publicación: 06/09/2009
Fuente: ADN Río Negro - Por Magdalena Odarda, Legisladora Provincial, ARI
Provincia/Región: Nacional
El agua constituye un bien social y natural imprescindible para la vida y el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. La obviedad de esta afirmación es inobjetable.Sin embargo, el sentido común y la conciencia de autopreservación, no siempre caracterizan las decisiones de los gobiernos y de las empresas que, procurando el lucro ilimitado, parecen conducir a la humanidad a un suicidio que no hemos elegido.
El agua, sustancial para la vida, se encuentra hoy escasa en algunos lugares del planeta, por ello La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reconoce que para el 2050, 1800 millones de personas podrían vivir en zonas sin acceso al agua potable, y prevé que más de dos tercios de la población mundial sufrirá problemas hídricos.
El agua dulce, corresponde solo a 3% del total de agua en el planeta, el resto se encuentra congelado en los polos y en los glaciares.
La contaminación y su uso abusivo, provocan la escasez en algunos países, y esto se relaciona con la pobreza y el deterioro ambiental. La situación de vulnerabilidad, conflictos sociales, económicos, ecológicos y geopolíticos que emergen de esta condición, preocupa a organismos internacionales y a algunos gobiernos del planeta.
Esta situación es impensada para los países que, generosamente, han disfrutado de este bien natural permitiendo su uso sin observación, lo cual hace que las restricciones sean inexistentes o insignificantes, aun cuando se trata de impresionantes consumos por parte de emprendimientos industriales y agrícolas a gran escala.
Por otro lado, algunos países no parecen ser concientes de la importancia del agua por su valor estratégico en las actuales circunstancias de recalentamiento global y retraimiento de glaciares y casquetes polares, pues se ofrece este recurso escaso con gratuidad a algunas empresas extractivas que la utilizan en forma exorbitante y descontrolada. Es el caso de nuestro país, donde en los últimos años, los sucesivos gobiernos parecen facilitar y promover la continuidad de la maquinaria de succión de recursos naturales a mansalva, es decir, propiciar que el saqueo continué.
Agua y minería
Recientemente Chile anunció que buscaría importar agua desde Argentina para abastecer zonas mineras ya que, la minería es una actividad industrial que demanda gran cantidad de agua para todos los procesos.
Debemos recordar que durante 1997 ambos países firmaron el Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, ratificado en el 2000 por ambos parlamentos, constituyendo este un conjunto normas para implementar y concretar un Acuerdo de Complementación Económica firmado por ambos países en 1991, facilitando de esta forma a ambos lados de la cordillera todos los recursos naturales en forma irrestricta, incluyendo sin duda el agua, y protegiendo jurídica las inversiones. En el marco de un aparente fortalecimiento de las relaciones y las inversiones privadas en la frontera de ambos países, este tratado ha beneficiado casi exclusivamente a capitales trasnacionales.
A la luz de estos privilegios, la industria minera de Chile tendría el derecho de usar este recurso y de hecho ya lo ha usado, como otras empresas del lado argentino, en detrimento de las poblaciones precordilleranas.
Esta legislación, que crea una zona franca minera de más de 200.000 km2, entre ambos países, fue la base jurídica que utilizó la empresa minera Barrick Gold SA, situada en la provincia de San Juan.
Es sabido que la actividad minera es contaminante y que el uso del agua en cantidades exorbitantes provoca daños irreversibles debido a la contaminación por filtraciones, lixiviación, drenajes, la reducción de los niveles de agua o del afloramiento de agua dulce, lo que provoco múltiples y gravísimos daños a la salud de las poblaciones, desaparición de flora y fauna, pérdida de cultivos y una sucesión de perjuicios resultantes. Si solo pensamos que a lo largo de nuestra cordillera central, las empresas utilizan 800 a 1000 litros del agua por segundo, podemos deducir que esta dimensión gigantesca afecta, y de forma determinante, la vida económica, social y cultural de los pueblos de esas regiones cordilleranas.
Solo algunas muestras son suficientes para comprobar lo que vengo diciendo. En Catamarca, el río Vis-Vis esta contaminado a consecuencia de filtraciones en el llamado "dique de colas".
La cuenca del Río Salim en Tucumán está contaminada con cromo y cobre por la actividad de las empresas mineras.
En 2004, el río Hondo y el Dulce de la provincia de Santiago de Estero fueron impactados por minerales pesados tóxicos derramados por una minera.
Minera Alumbrera fue denunciada por daño ambiental colectivo por la presunta contaminación del lago de las Termas de Río Hondo y la cuenca del propio río Dulce.
El Valle Calchaquí se encuentra gravemente afectado en la calidad de sus aguas y por supuesto, aves y flora. Estas son solo algunas muestras de los desastres ocasionados.
Glaciares y el veto presidencial
Los 63 glaciares monitoreados en la región patagónica están en retroceso de forma más acelerada que la prevista por los estudios científicos. Nueve de estos están en Argentina.
Los glaciares aumentan su masa con grandes nevadas y temperaturas frescas en verano, mientras que se achican cuando los años son secos y muy cálidos. Los cambios climáticos, entonces, han acelerado su derretimiento. Es importante destacar que en la región central de los andes cordilleranos, cuando los años vienen secos, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos. Es el caso de Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa hasta el 85% si se considera la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y de escombros (Leiva, 2004, 2007; Milana 1998). Este cálculo demuestra el papel fundamental en la regulación del recurso hídrico que se le otorga a las masas de hielo en los Andes Centrales.
Esto nos permite concluir que cuando el calentamiento global y el derretimiento acelerado de los glaciares son una realidad y preocupación de científicos de Argentina y otros lugares, es deber adoptar una actitud responsable para evitar catástrofes irreversibles.
Pero, paradójicamente, esto no es así en nuestro país, y pese a las sugerencias y declaraciones internacionales, los recursos hidrológicos son entregados a intereses privados sin más recaudos.
Uno de los proyecto más representativos de la minería a gran escala es Pascua Lama de Barrick Gold SA, compartido con Chile y Argentina que, pese a sus nefastos antecedentes y violaciones a los derechos humanos en varios lugares del planeta, se empeña – no sin apoyo de los gobiernos - en la remoción de glaciares para realizar la explotación de minerales que se encuentran debajo, situación que los científicos del mundo califican como una atrocidad.
Parte de la historia oscura de los negociados de la empresa en nuestro país, expondrìa la connivencia del senador Gioja – proveedor de la minera- y su hermano, gobernador de San Juan, quien se sabrìa que ha sido el promotor junto a la empresa, del veto de la Ley 26.148, conocida popularmente como Ley de Glaciares.
La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, fue aprobada por el Congreso Nacional, y vetada a fines del año pasado por la presidenta Cristina F. de Kichner porque impedía la afectación de los glaciares y el ambiente periglacial de las cumbres cordilleranas con el fin de preservar el agua de esta importante fuente y garantizar, con fines estratégicos y geopolíticos, la provisión a futuro –en calidad y cantidad- de este recurso, evitando el progresivo avance de las industrias extractivas contaminantes sobre estos reservorios de agua dulce.
El veto presidencial dejó en evidencia tanto el poder de los lobbies de la transnacional minera, como la complicidad de algunos funcionarios.
Con posterioridad, el Poder Ejecutivo Nacional impulsó la formación de una comisión para su modificación - desairando las atribuciones del parlamento nacional- en la que se plantearon cambios que eliminan la protección al “ambiente periglacial”, el cual comprende las zonas donde se encuentran los hielos impermanentes, los suelos congelados de alta montaña que son fundamentales para la alimentación de los ríos, porque se congelan y descongelan, regulando el régimen hídrico.
Esas zonas, que podemos llamar fábricas de agua, son vitales para las comunidades aguas abajo y sus economías, sobre todo en periodos de sequía.
Peor aún, en la nueva ley propuesta, se establece que con una simple declaración de “interés público”, sería suficiente para que cualquier proyecto pueda instalarse y manipular los glaciares.
Una estrategia para evitar el nuevo tratamiento de la ley original, ha sido la presentación de cuatro proyectos sobre glaciares, lo que ha dificultado la discusión en el seno de la comisión legislativa.
Conclusión.
La entrega de los recursos naturales ha sido una constante en los últimos años. En la década del 90 se sentaron, mayormente, las bases para la expoliación y saqueo de las riquezas de nuestro país a favor de las corporaciones transnacionales de la minería, el petróleo, las hidroeléctricas, las de la biotecnología – semillas y agroquímicos asociados- para la expansión de la soja y otros cultivos transgénicos, entre tantas concesiones legitimadas a través de leyes que garantizan seguridad jurídica, regalías irrisorias y eliminación de gravámenes.
Los gobiernos han mentido flagrantemente cada vez que justificaron la entrega en una mayor generación de empleo, desarrollo y riqueza para las regiones, pues no se consideraron –o no se quisieron considerar- las gravísimas externalidades –contaminación de agua, suelo, aire- de todas esas actividades, el sometimiento de nuestra economía nacional, el empobrecimiento y decaimiento de las economías regionales, la afectación social, la pérdida de la cultura y la calidad de vida de los pueblos, que un ambiente saludable brinda.
El agua constituye para las industrias enumeradas un mero recurso, un insumo necesario desde una mirada mercantilizada. Para los pueblos, el agua es un bien natural insustituible y vital, un derecho humano que conecta con la vida misma y la cultura de la tierra.
Nuestro país ha sido puesto de rodillas para priorizar intereses de capitales trasnacionales, concediendo todo, hasta el agua. Las limosnas que en forma habitual las empresas aportan a escuelas, hospitales y universidades – con el fin de que los pueblos olviden los enormes privilegios otorgados, son una humillación que no debemos permitir.
A través de la des – protección de los glaciares, nuestro país sigue regalando los bienes naturales que son de todos, a costa de la dependencia, la contaminación, la exclusión y el hambre de miles de argentinos.
Megaparque Eólico en Pico truncado
Avanzan gestiones del Megaparque Eólico en Pico truncado
Fecha de Publicación: 05/09/2009
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
En los últimos días la Municipalidad de Pico Truncado y la empresa Eólica PT hicieron importantes avances en las gestiones necesarias para la instalación del Mega Parque Éolico más grande del mundo en la localidad.
El itinerario comenzó el Jueves de la semana pasada, cuando Alfonso Ruiz Ugarte (uno de los directores de la empresa) y el ingeniero Ángelo Zito (Director Coordinador) mantuvieron dos reuniones con los integrantes del Honorable Concejo Deliberante de Pico Truncado, donde delinearon algunas pautas a seguir para la consecución de las obras legales y civiles necesarias para la materialización de este proyecto.
Al día siguiente, los directivos españoles participaron de una visita a los integrantes de la Cámara de Comercio local, donde se despejaron dudas sobre las características del contrato de leasing y el plan de trabajo estipulado para el avance del proyecto. Cabe resaltar que de este encuentro, la propuesta emanada por los directivos de Eólica en lo referente a la formación de UTES para la complementación inter-empresarial. Será incorporar a las PYMES dentro de las actividades de la construcción de la obra.
Paralelamente, la Municipalidad de Pico Truncado en conjunción con los representantes de la empresa española pusieron en marcha una campaña de fomento de capacitaciones para los jóvenes truncadenses, intentando de esta manera generar en nuestra localidad la mano de obra necesaria para la puesta en funcionamiento del mega parque.
A raíz de esto, se realizaron diversas reuniones con la Directora del IPES Profesora Nancy Sisca, donde se despejaron dudas sobre las modalidades que adquirirá el proyecto, así como las necesidades que debería satisfacer la carrera de Técnico en Energías Renovables para compatibilizarse con la consecución del proyecto.
Dentro de éste contexto, Ángelo Zito solicitó a la Profesora Sisca la recomendación de un egresado actual o futuro que cumpla con las condiciones para ser empleado en este proyecto, ya que en algunos meses llegará a nuestra localidad la primera antena de medición que se instalará en el predio, y está en los planes de la empresa capacitar mano de obra truncadense para el manejo y distribución de los datos emanados por la misma. Siguiendo la misma línea, los representantes de Eólica acordaron enviar profesionales para el dictado de seminarios y capacitaciones cada vez que la evolución de las obras requiera nuevos operadores.
Gustavo Álvarez, representante de la Municipalidad de Pico Truncado en la totalidad de las reuniones, expresaba lo siguiente. “Estoy satisfecho con el avance de las negociaciones, ya que un proyecto de tal envergadura tiene un plazo mínimo de inicio de obras de 3 años, y a sólo 9 meses de su inicio ya generamos el primer puesto de trabajo”.
Asimismo, los emisarios españoles junto con el Secretario de Gabinete local realizaron el día Lunes una visita por la Escuela Industrial Nº 2 de Pico Truncado, donde dialogaron con los futuros graduados sobre las posibilidades de apertura laboral que generará esta obra, intentando de ésta manera motivarlos a finalizar satisfactoriamente sus estudios.
De esta manera, de avanzar las gestiones de documentación que se encuentra tramitando la empresa Guascor Wind, la iniciación de la obra civil podría gestarse en el primer semestre del año 2010, un año y medio antes de lo estipulado inicialmente.
Fecha de Publicación: 05/09/2009
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
En los últimos días la Municipalidad de Pico Truncado y la empresa Eólica PT hicieron importantes avances en las gestiones necesarias para la instalación del Mega Parque Éolico más grande del mundo en la localidad.
El itinerario comenzó el Jueves de la semana pasada, cuando Alfonso Ruiz Ugarte (uno de los directores de la empresa) y el ingeniero Ángelo Zito (Director Coordinador) mantuvieron dos reuniones con los integrantes del Honorable Concejo Deliberante de Pico Truncado, donde delinearon algunas pautas a seguir para la consecución de las obras legales y civiles necesarias para la materialización de este proyecto.
Al día siguiente, los directivos españoles participaron de una visita a los integrantes de la Cámara de Comercio local, donde se despejaron dudas sobre las características del contrato de leasing y el plan de trabajo estipulado para el avance del proyecto. Cabe resaltar que de este encuentro, la propuesta emanada por los directivos de Eólica en lo referente a la formación de UTES para la complementación inter-empresarial. Será incorporar a las PYMES dentro de las actividades de la construcción de la obra.
Paralelamente, la Municipalidad de Pico Truncado en conjunción con los representantes de la empresa española pusieron en marcha una campaña de fomento de capacitaciones para los jóvenes truncadenses, intentando de esta manera generar en nuestra localidad la mano de obra necesaria para la puesta en funcionamiento del mega parque.
A raíz de esto, se realizaron diversas reuniones con la Directora del IPES Profesora Nancy Sisca, donde se despejaron dudas sobre las modalidades que adquirirá el proyecto, así como las necesidades que debería satisfacer la carrera de Técnico en Energías Renovables para compatibilizarse con la consecución del proyecto.
Dentro de éste contexto, Ángelo Zito solicitó a la Profesora Sisca la recomendación de un egresado actual o futuro que cumpla con las condiciones para ser empleado en este proyecto, ya que en algunos meses llegará a nuestra localidad la primera antena de medición que se instalará en el predio, y está en los planes de la empresa capacitar mano de obra truncadense para el manejo y distribución de los datos emanados por la misma. Siguiendo la misma línea, los representantes de Eólica acordaron enviar profesionales para el dictado de seminarios y capacitaciones cada vez que la evolución de las obras requiera nuevos operadores.
Gustavo Álvarez, representante de la Municipalidad de Pico Truncado en la totalidad de las reuniones, expresaba lo siguiente. “Estoy satisfecho con el avance de las negociaciones, ya que un proyecto de tal envergadura tiene un plazo mínimo de inicio de obras de 3 años, y a sólo 9 meses de su inicio ya generamos el primer puesto de trabajo”.
Asimismo, los emisarios españoles junto con el Secretario de Gabinete local realizaron el día Lunes una visita por la Escuela Industrial Nº 2 de Pico Truncado, donde dialogaron con los futuros graduados sobre las posibilidades de apertura laboral que generará esta obra, intentando de ésta manera motivarlos a finalizar satisfactoriamente sus estudios.
De esta manera, de avanzar las gestiones de documentación que se encuentra tramitando la empresa Guascor Wind, la iniciación de la obra civil podría gestarse en el primer semestre del año 2010, un año y medio antes de lo estipulado inicialmente.
Estudio del Atuel en La Pampa
El gobierno pidió presupuesto para un estudio del Atuel
Fecha de Publicación: 04/09/2009
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El gobierno provincial solicitó a la Universidad Nacional de La Pampa que elabore un programa de investigación para hacer un estudio sobre cuál fue la pérdida económica para la provincia por tantos años sin el río Atuel. Lo hizo a través de una nota en la que le pidió un cronograma de trabajo y un presupuesto de cuánto costaría el estudio.
El agosto del año 2007, la Cámara de Diputados de la provincia sancionó por unanimidad la resolución 46/07, resultado de una iniciativa parlamentaria que había ingresado como proyecto de ley y que impulsaban los bloques ARI, FPV y Socialismo. La propuesta tenía al entonces diputado José Luis Ananía como principal impulsor y contemplaba un fin bien concreto pero de límites difusos: determinar la pérdida económica que ha sufrido la provincia de La Pampa como consecuencia de la ausencia de escorrentía del río Atuel en territorio pampeano. Aquel proyecto de ley -que durmió su buen tiempo en los cajones de la Legislatura- se convirtió en la resolución que pidió al gobierno provincial cuantificar ese daño.
El Poder Ejecutivo recibió el pedido y lo derivó a la Secretaría de Recursos Hídricos, que unas pocas semanas después entabló un primer contacto con la Universidad Nacional de La Pampa para analizar aspectos operativos del trabajo. El tema no avanzó mucho más ya que al poco tiempo se produjo el recambio gubernamental -aunque en la Secretaría de Recursos Hídricos quedaron las mismas autoridades- y en los meses subsiguientes, la actividad oficial en política hídrica se concentró en otros aspectos.
Números.
Ayer ingresó a la Universidad Nacional de La Pampa una nota remitida por el secretario de Recursos Hídricos, Juan Pablo Morisoli, retomando aquella línea de trabajo. "Lo que hicimos fue seguir el trámite que había quedado demorado por la crisis económica que tuvimos en el último tiempo y también el recambio gubernamental", explicó Morisoli a LA ARENA al detallar los alcances de la gestión.
La nota fue dirigida a la profesora Mirta Koncurat, quien en su condición de secretaria de Ciencia y Técnica es la responsable de la consultora que tiene la UNLPam. El pedido contempla tres tópicos principales: desarrollo de un programa de investigación, cronograma de desarrollo de ese programa y un presupuesto de lo que costaría llevarlo a la práctica.
El objeto del estudio será cuantificar el daño producido en el oeste pampeano en aspectos como lo geográfico, lo ambiental y lo económico, en los últimos 60 años. Este lapso de 60 años se fijó porque remite al momento en que el río comenzó su agonía producto de la entrada en funcionamiento de la primera represa del Nihuil, en el tramo medio del río. En ese momento, el río se cortó en forma permanente y por espacio de tres décadas desapareció del territorio pampeano. Después volvió a correr, pero en forma anárquica e imprevisible. Si bien hubo momentos en que revivió, el denominador común de su historia reciente es el cauce seco.
"Llevará su tiempo elaborar este proyecto, pero ya hemos dado este paso", destacó Morisoli, saludando la reactivación de una gestión que había quedado inconclusa.
Fecha de Publicación: 04/09/2009
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El gobierno provincial solicitó a la Universidad Nacional de La Pampa que elabore un programa de investigación para hacer un estudio sobre cuál fue la pérdida económica para la provincia por tantos años sin el río Atuel. Lo hizo a través de una nota en la que le pidió un cronograma de trabajo y un presupuesto de cuánto costaría el estudio.
El agosto del año 2007, la Cámara de Diputados de la provincia sancionó por unanimidad la resolución 46/07, resultado de una iniciativa parlamentaria que había ingresado como proyecto de ley y que impulsaban los bloques ARI, FPV y Socialismo. La propuesta tenía al entonces diputado José Luis Ananía como principal impulsor y contemplaba un fin bien concreto pero de límites difusos: determinar la pérdida económica que ha sufrido la provincia de La Pampa como consecuencia de la ausencia de escorrentía del río Atuel en territorio pampeano. Aquel proyecto de ley -que durmió su buen tiempo en los cajones de la Legislatura- se convirtió en la resolución que pidió al gobierno provincial cuantificar ese daño.
El Poder Ejecutivo recibió el pedido y lo derivó a la Secretaría de Recursos Hídricos, que unas pocas semanas después entabló un primer contacto con la Universidad Nacional de La Pampa para analizar aspectos operativos del trabajo. El tema no avanzó mucho más ya que al poco tiempo se produjo el recambio gubernamental -aunque en la Secretaría de Recursos Hídricos quedaron las mismas autoridades- y en los meses subsiguientes, la actividad oficial en política hídrica se concentró en otros aspectos.
Números.
Ayer ingresó a la Universidad Nacional de La Pampa una nota remitida por el secretario de Recursos Hídricos, Juan Pablo Morisoli, retomando aquella línea de trabajo. "Lo que hicimos fue seguir el trámite que había quedado demorado por la crisis económica que tuvimos en el último tiempo y también el recambio gubernamental", explicó Morisoli a LA ARENA al detallar los alcances de la gestión.
La nota fue dirigida a la profesora Mirta Koncurat, quien en su condición de secretaria de Ciencia y Técnica es la responsable de la consultora que tiene la UNLPam. El pedido contempla tres tópicos principales: desarrollo de un programa de investigación, cronograma de desarrollo de ese programa y un presupuesto de lo que costaría llevarlo a la práctica.
El objeto del estudio será cuantificar el daño producido en el oeste pampeano en aspectos como lo geográfico, lo ambiental y lo económico, en los últimos 60 años. Este lapso de 60 años se fijó porque remite al momento en que el río comenzó su agonía producto de la entrada en funcionamiento de la primera represa del Nihuil, en el tramo medio del río. En ese momento, el río se cortó en forma permanente y por espacio de tres décadas desapareció del territorio pampeano. Después volvió a correr, pero en forma anárquica e imprevisible. Si bien hubo momentos en que revivió, el denominador común de su historia reciente es el cauce seco.
"Llevará su tiempo elaborar este proyecto, pero ya hemos dado este paso", destacó Morisoli, saludando la reactivación de una gestión que había quedado inconclusa.
Dengue: cambio climático y poca previsión
Dengue: cambio climático y poca previsión, las causas
Fecha de Publicación: 04/09/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La dramática epidemia del dengue que sufrió la Argentina entre enero y junio pasado había sido advertida hace quince años por científicos locales. Pero la epidemia lamentablemente ocurrió. Ahora los mismos científicos se pusieron a analizar las causas: "El cambio climático llevó al aumento de las temperaturas regionales, y las autoridades políticas, en los diferentes niveles jurisdiccionales y partidario, no pusieron en marcha un plan verdadero para prevenir la epidemia", dijo a Clarín Aníbal Carbajo, investigador del departamento de ecología, genética y evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el Conicet.
Carbajo fue ayer uno de los principales oradores del Simposio internacional sobre males como el dengue, la enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis, organizado por la Fundación Mundo Sano (www.mundosano.org.ar), con auspicio de la Organización Panamericana de la Salud y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. En la apertura del simposio, hablaron el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, y el asesor regional de dengue de la OPS, José Luis San Martín.
El biólogo Carbajo, que trabajó con María Victoria Cardo, presentó ayer un mapa de riesgo del dengue en 2009. Lo realizó al usar datos de temperatura diaria de 38 estaciones meteorológicas entre el invierno de 1995 y el de 2009. Y reveló que hace 14 años las provincias que tenían 120 días posibles de transmisión del virus del dengue eran sólo Misiones, Formosa, parte de Chaco, Salta y Jujuy. Por el cambio climático y la falta de decisión política durante los últimos quince años, el virus consiguió el ambiente ideal para conquistar más superficie: en la actualidad, el riesgo de 120 días posibles de transmisión de dengue existe también en Tucumán, Catamarca, San Juan, La Rioja, Santa Fe, Corrientes, San Luis y Santiago del Estero.
"Este nuevo mapa será útil para diseñar políticas públicas", afirmó Héctor Coto, biólogo y director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, que apoyó una experiencia exitosa de combate del dengue en Clorinda, en Formosa, tal como lo informó Clarín el 22 de junio. "Para que la epidemia no vuelva a producirse -sostuvo Carbajo-, se necesita un descacharrado total de las zonas en riesgo. Con una sola casa que acumule agua con mosquitos, basta para tener la infección".
Fecha de Publicación: 04/09/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La dramática epidemia del dengue que sufrió la Argentina entre enero y junio pasado había sido advertida hace quince años por científicos locales. Pero la epidemia lamentablemente ocurrió. Ahora los mismos científicos se pusieron a analizar las causas: "El cambio climático llevó al aumento de las temperaturas regionales, y las autoridades políticas, en los diferentes niveles jurisdiccionales y partidario, no pusieron en marcha un plan verdadero para prevenir la epidemia", dijo a Clarín Aníbal Carbajo, investigador del departamento de ecología, genética y evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el Conicet.
Carbajo fue ayer uno de los principales oradores del Simposio internacional sobre males como el dengue, la enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis, organizado por la Fundación Mundo Sano (www.mundosano.org.ar), con auspicio de la Organización Panamericana de la Salud y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. En la apertura del simposio, hablaron el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, y el asesor regional de dengue de la OPS, José Luis San Martín.
El biólogo Carbajo, que trabajó con María Victoria Cardo, presentó ayer un mapa de riesgo del dengue en 2009. Lo realizó al usar datos de temperatura diaria de 38 estaciones meteorológicas entre el invierno de 1995 y el de 2009. Y reveló que hace 14 años las provincias que tenían 120 días posibles de transmisión del virus del dengue eran sólo Misiones, Formosa, parte de Chaco, Salta y Jujuy. Por el cambio climático y la falta de decisión política durante los últimos quince años, el virus consiguió el ambiente ideal para conquistar más superficie: en la actualidad, el riesgo de 120 días posibles de transmisión de dengue existe también en Tucumán, Catamarca, San Juan, La Rioja, Santa Fe, Corrientes, San Luis y Santiago del Estero.
"Este nuevo mapa será útil para diseñar políticas públicas", afirmó Héctor Coto, biólogo y director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, que apoyó una experiencia exitosa de combate del dengue en Clorinda, en Formosa, tal como lo informó Clarín el 22 de junio. "Para que la epidemia no vuelva a producirse -sostuvo Carbajo-, se necesita un descacharrado total de las zonas en riesgo. Con una sola casa que acumule agua con mosquitos, basta para tener la infección".
Córdoba: pelea por recursos, fuego o residuos...
En desafío a Schiaretti, Falo sigue adelante con su proyecto
Fecha de Publicación: 04/09/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Pretende que les devuelvan recursos a los bomberos. El Gobierno los redireccionó.
Pese a la preocupación del Gobierno provincial por bajarle los decibeles a la polémica, el delasotismo seguirá adelante en la Legislatura con su embestida por el manejo de los fondos del Plan de Manejo del Fuego.
El legislador provincial oficialista Marcelo Falo ratificó ayer que insistirá con su proyecto de ley para que se restituya el 30 por ciento de los fondos del Plan de Manejo del Fuego, que el Gobierno provincial redireccionó a la Secretaría de Ambiente.
Estos recursos –alrededor de 15 millones de pesos– fueron destinados a un programa para eliminar los basurales a cielo abierto.
Este diario informó ayer que autoridades de la Unicameral que responden al gobernador Juan Schiaretti le bajaron el pulgar al proyecto de Falo.
En la Casa de las Tejas aseguran que los basurales a cielo abierto son la principal causa del inicio de los incendios. De allí que se decidió destinar el 30 por ciento de los 45 millones anuales del Plan de Manejo del Fuego para construir vertederos en el interior provincial.
Sin embargo, esta decisión provocó la reacción de Falo, quien fue durante el último mandato delasotista quien estuvo a cargo del programa de lucha contra los incendios. “Con humildad y con respeto, pero también con firmeza, voy a insistir en la construcción de consensos para que mi proyecto se apruebe, así los fondos vuelven a los bomberos”, dijo el ex funcionario delasotista.
Orden del día. El legislador provincial confirmó que el martes próximo, la iniciativa en cuestión estará en el orden del día de la Comisión de Asuntos Ecológicos que preside el propio Falo.
Este proyecto ya genera polémica entre los legisladores que responden al gobernador Schiaretti. Por lo bajo, los schiarettistas sospechan de que se trata de una “chicana” del delasotismo para desafiar al mandatario provincial.
Por su parte, Falo niega connotación política a su iniciativa. Asegura que se opuso a esta reorientación de los fondos que están destinados para el equipamiento para los bomberos.
Aseguró que el año pasado aprobó la ley que recortó parte de los fondos de los bomberos, con la promesa de que impulsaría un proyecto para corregir la norma si se agravaba la situación de los incendios.
“El año pasado cuando se aprobó la ley que reasignó el 30 por ciento de los recursos para el Plan de Manejo del Fuego, me comprometí ante los bomberos a que trataría de corregir esta iniciativa, si los incendios volvían a castigar a Córdoba. Es lo que ocurrió y estoy cumpliendo mi palabra. No existe ninguna connotación política”, argumentó Falo.
Desde la Casa de las Tejas no quieren polemizar con Falo. Pero, los funcionarios más cercanos al gobernador recuerdan que el lunes pasado, en plena crisis por los incendios, el ex gobernador José Manuel de la Sota firmó una columna de opinión en el diario Puntal de Río Cuarto, en la cual cuestionó al Gobierno provincial por la falta de inversión en equipamiento para los bomberos.
“Si no se trata de una operación política, se parece mucho”, afirmó un legislador que comulga con Schiaretti.
Fecha de Publicación: 04/09/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Pretende que les devuelvan recursos a los bomberos. El Gobierno los redireccionó.
Pese a la preocupación del Gobierno provincial por bajarle los decibeles a la polémica, el delasotismo seguirá adelante en la Legislatura con su embestida por el manejo de los fondos del Plan de Manejo del Fuego.
El legislador provincial oficialista Marcelo Falo ratificó ayer que insistirá con su proyecto de ley para que se restituya el 30 por ciento de los fondos del Plan de Manejo del Fuego, que el Gobierno provincial redireccionó a la Secretaría de Ambiente.
Estos recursos –alrededor de 15 millones de pesos– fueron destinados a un programa para eliminar los basurales a cielo abierto.
Este diario informó ayer que autoridades de la Unicameral que responden al gobernador Juan Schiaretti le bajaron el pulgar al proyecto de Falo.
En la Casa de las Tejas aseguran que los basurales a cielo abierto son la principal causa del inicio de los incendios. De allí que se decidió destinar el 30 por ciento de los 45 millones anuales del Plan de Manejo del Fuego para construir vertederos en el interior provincial.
Sin embargo, esta decisión provocó la reacción de Falo, quien fue durante el último mandato delasotista quien estuvo a cargo del programa de lucha contra los incendios. “Con humildad y con respeto, pero también con firmeza, voy a insistir en la construcción de consensos para que mi proyecto se apruebe, así los fondos vuelven a los bomberos”, dijo el ex funcionario delasotista.
Orden del día. El legislador provincial confirmó que el martes próximo, la iniciativa en cuestión estará en el orden del día de la Comisión de Asuntos Ecológicos que preside el propio Falo.
Este proyecto ya genera polémica entre los legisladores que responden al gobernador Schiaretti. Por lo bajo, los schiarettistas sospechan de que se trata de una “chicana” del delasotismo para desafiar al mandatario provincial.
Por su parte, Falo niega connotación política a su iniciativa. Asegura que se opuso a esta reorientación de los fondos que están destinados para el equipamiento para los bomberos.
Aseguró que el año pasado aprobó la ley que recortó parte de los fondos de los bomberos, con la promesa de que impulsaría un proyecto para corregir la norma si se agravaba la situación de los incendios.
“El año pasado cuando se aprobó la ley que reasignó el 30 por ciento de los recursos para el Plan de Manejo del Fuego, me comprometí ante los bomberos a que trataría de corregir esta iniciativa, si los incendios volvían a castigar a Córdoba. Es lo que ocurrió y estoy cumpliendo mi palabra. No existe ninguna connotación política”, argumentó Falo.
Desde la Casa de las Tejas no quieren polemizar con Falo. Pero, los funcionarios más cercanos al gobernador recuerdan que el lunes pasado, en plena crisis por los incendios, el ex gobernador José Manuel de la Sota firmó una columna de opinión en el diario Puntal de Río Cuarto, en la cual cuestionó al Gobierno provincial por la falta de inversión en equipamiento para los bomberos.
“Si no se trata de una operación política, se parece mucho”, afirmó un legislador que comulga con Schiaretti.
Instrumentos económicos de gestión ambiental
Bibiloni inauguró jornada sobre instrumentos económicos de gestión ambiental
Fecha de Publicación: 03/09/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero M. Bibiloni, abrió la 1º Jornada sobre Instrumentos Económicos de Gestión Ambiental que se desarrollará durante el día de hoy en la sede de la Universidad Austral, con el auspicio de la cartera ambiental. Los seguros, tasas y fiscalidad ambientales como instrumentos para la motivación de conductas responsables son algunos de los ejes a debatir.
Durante su exposición, Bibiloni destacó la necesidad del desarrollo de herramientas que permitan una cuantificación del daño ambiental puesto que “deben conocerse los números para poder actuar. Los reclamos ambientales suelen tener poca contundencia al no brindar datos cuantitativos concretos”. En ese sentido, el funcionario subrayó la importancia de “trabajar desde una lógica que incluya la perspectiva económica en términos de un interés nacional y promover el desarrollo de un mercado que otorgue primacía a la cuestión ambiental, en el marco de un nuevo paradigma de equilibrio entre ambiente, desarrollo productivo, trabajo y equidad social”.
Con el lema “Claves para los tiempos que corren” el encuentro aborda, desde una perspectiva jurídica y económica, la temática de seguros, tasas y fiscalidad ambientales como instrumentos para la motivación de conductas responsables. Así lo explicó Horacio Payá, responsable del área de Derecho Ambiental de la Universidad Austral. Durante la apertura estuvo presente, también, el Decano de la Facultad de Derecho de esa Casa de Estudios, Juan Cianciardo.
En un repaso de los puntos centrales de la agenda del encuentro, entre los que se destacan seguros ambientales, sistemas de garantías, cambio climático, fiscalidad ambiental y responsabilidad social corporativa, el secretario de estado alertó acerca de la necesidad de revertir la idea acerca de la “gratuidad” del cuidado del Ambiente. “Las conductas ambientalmente responsables requieren esfuerzo. Es necesaria una inversión pública y privada, así como el aporte de todos los ciudadanos como contribuyentes” afirmó el funcionario, al tiempo que señaló la importancia de un trabajo intersectorial en materia ambiental y de armonía entre lo público y lo privado.
En relación con la responsabilidad social empresaria (RSE), celebró la adhesión a las buenas prácticas por parte de las compañías. En ese sentido, se refirió a la necesidad de una reorientación que privilegie el “trabajo de base, territorial, de aquellos que viven de cerca los conflictos, a fin de que la responsabilidad empresaria no se agote en la publicación de elegantes documentos”. En esa línea, hizo referencia al lanzamiento reciente, por parte de la Secretaría de Ambiente, de la Iniciativa Ambiental Comunitaria (IAC), un emprendimiento por el cual dicha cartera aportó un millón de pesos para el financiamiento de proyectos que mejoren las condiciones ambientales en comunidades de todo el país. Luego de la etapa inicial, se convocará a las empresas comprometidas con la RSE a acompañar al Estado y sumarse al emprendimiento realizando aportes adicionales.
Fecha de Publicación: 03/09/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero M. Bibiloni, abrió la 1º Jornada sobre Instrumentos Económicos de Gestión Ambiental que se desarrollará durante el día de hoy en la sede de la Universidad Austral, con el auspicio de la cartera ambiental. Los seguros, tasas y fiscalidad ambientales como instrumentos para la motivación de conductas responsables son algunos de los ejes a debatir.
Durante su exposición, Bibiloni destacó la necesidad del desarrollo de herramientas que permitan una cuantificación del daño ambiental puesto que “deben conocerse los números para poder actuar. Los reclamos ambientales suelen tener poca contundencia al no brindar datos cuantitativos concretos”. En ese sentido, el funcionario subrayó la importancia de “trabajar desde una lógica que incluya la perspectiva económica en términos de un interés nacional y promover el desarrollo de un mercado que otorgue primacía a la cuestión ambiental, en el marco de un nuevo paradigma de equilibrio entre ambiente, desarrollo productivo, trabajo y equidad social”.
Con el lema “Claves para los tiempos que corren” el encuentro aborda, desde una perspectiva jurídica y económica, la temática de seguros, tasas y fiscalidad ambientales como instrumentos para la motivación de conductas responsables. Así lo explicó Horacio Payá, responsable del área de Derecho Ambiental de la Universidad Austral. Durante la apertura estuvo presente, también, el Decano de la Facultad de Derecho de esa Casa de Estudios, Juan Cianciardo.
En un repaso de los puntos centrales de la agenda del encuentro, entre los que se destacan seguros ambientales, sistemas de garantías, cambio climático, fiscalidad ambiental y responsabilidad social corporativa, el secretario de estado alertó acerca de la necesidad de revertir la idea acerca de la “gratuidad” del cuidado del Ambiente. “Las conductas ambientalmente responsables requieren esfuerzo. Es necesaria una inversión pública y privada, así como el aporte de todos los ciudadanos como contribuyentes” afirmó el funcionario, al tiempo que señaló la importancia de un trabajo intersectorial en materia ambiental y de armonía entre lo público y lo privado.
En relación con la responsabilidad social empresaria (RSE), celebró la adhesión a las buenas prácticas por parte de las compañías. En ese sentido, se refirió a la necesidad de una reorientación que privilegie el “trabajo de base, territorial, de aquellos que viven de cerca los conflictos, a fin de que la responsabilidad empresaria no se agote en la publicación de elegantes documentos”. En esa línea, hizo referencia al lanzamiento reciente, por parte de la Secretaría de Ambiente, de la Iniciativa Ambiental Comunitaria (IAC), un emprendimiento por el cual dicha cartera aportó un millón de pesos para el financiamiento de proyectos que mejoren las condiciones ambientales en comunidades de todo el país. Luego de la etapa inicial, se convocará a las empresas comprometidas con la RSE a acompañar al Estado y sumarse al emprendimiento realizando aportes adicionales.
Las pilas vuelven a la basura
Las pilas vuelven a la basura
Fecha de Publicación: 03/09/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
Tras la campaña en la que reunió diez toneladas de pilas usadas y el rechazo de esos desperdicios en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, el gobierno porteño propone tirarlas a la basura. Advertencias de Greenpeace y el INTI.
Después de recolectar diez toneladas de pilas que no fueron aceptados por las plantas ubicadas en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, el gobierno porteño dice ahora que las baterías de descarte deben ser arrojadas a la basura domiciliaria. Esta nueva recomendación vale para las pilas comunes y las alcalinas, mientras que para las recargables que estén agotadas, la sugerencia oficial es que sean llevadas a los locales de las empresas productoras o importadoras. Desde la organización ambientalista Greenpeace advierten sobre el riesgo de arrojar las pilas comunes entre los residuos domiciliarios: “Aunque los nuevos productos ya no tienen mercurio, quedan en el mercado pilas con ese material. Además, están conformadas por otros metales contaminantes”, dijo a Página/12 Eugenia Testa, responsable del programa de residuos de esa entidad. Greenpeace reclama la sanción de una ley para la gestión de residuos electrónicos, un proyecto que duerme en una comisión del Senado.
El destino de las pilas usadas preocupa muchos usuarios que tienen la voluntad de no contaminar. Los que las guardaban en su casa a la espera de un programa oficial encontraron alivio en la propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (APA) del gobierno de Mauricio Macri, que en noviembre pasado lanzó un programa de recolección en los Centros de Gestión y Participación de la Ciudad (CGP). La desilusión les llegó al poco tiempo, cuando el gobierno porteño no encontró destino para las 10 toneladas acumuladas: en el municipio de Bouwer, donde se encuentra una de las plantas capaces de almacenar residuos tóxicos, los vecinos se negaron; algo parecido ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde están radicadas las otras tres plantas que reciben residuos tóxicos: el gobierno provincial argumentó que está prohibido recibir basura tóxica de otros distritos.
El gobierno porteño acaba de lanzar una licitación para el “tratamiento, transporte y/o disposición final” de ese material contaminante acumulado. Por el momento, las diez toneladas de pilas quedaron acumuladas en un depósito ubicado en el Bajo Flores, donde funciona un Centro de Reciclado del gobierno porteño, gestionado por una cooperativa de cartoneros. “No está junto a una escuela infantil, como se publicó, sino a unos 300 metros, con una calle de por medio. Están en tambores plásticos de 200 litros, sellados y aislados contra incendio, por lo cual no presentan riesgos”, dijo a este diario una fuente de Protección Ambiental.
Ahora, con la nueva campaña lanzada por el gobierno porteño, los bonaerenses recibirán las pilas pero en menor dosis, mezcladas con la basura domiciliaria, en sus rellenos sanitarios. Es que la ciudad cambió de estrategia y ahora recomienda una separación de las pilas antes de descartarlas: por un lado, las llamadas “pilas primarias” (las no recargables, de carbón-zinc, litio o alcalinas) van directamente al tacho de basura; por otro, las “secundarias” o recargables, deberían ser desechadas en las agencias que representan las siguientes marcas: Canon, Eveready, Kodak, Hewlett Packard, Nextel, Rayovac, Sony, Nokia y Probattery. Las recargables que no tengan un productor identificado serán gestionadas por la Agencia de Protección Ambiental (en el sitio www.buenosaires.gov.ar está el detalle de las oficinas donde se pueden depositar).
“Lo importante de esta campaña es que logramos un acuerdo con los fabricantes para que se hagan cargo de lo que producen”, dijo a este diario Graciela Gerona, titular de la Agencia de Protección Ambiental.
¿Con qué criterio se adopta esta medida? Desde la agencia ambiental se argumenta que las pilas alcalinas que se comercializan actualmente están “libres de mercurio”, que es el componente más contaminante de las baterías. No obstante, la Ley nacional 26.184, de Energía Eléctrica Portátil, prohíbe la importación de pilas con mercurio (no hay fabricación local de estos productos) pero permite su comercialización hasta 2010. Desde la Agencia Ambiental porteña se recomienda comprar pilas que tengan la leyenda “0% Hg”, “Sin agregado de Hg” o “Sin agregado de mercurio”. “Sólo las pilas identificadas de este modo pueden desecharse con los residuos domiciliarios”, establece el organismo. Desde la APA se recomienda el uso de pilas recargables que, “si bien requieren una inversión inicial mayor (ya que son más caras que las alcalinas) pueden durar hasta cinco años, dependiendo de su uso y carga”.
Para Eugenia Testa, de Greenpeace, el problema es “el doble standard de las empresas productoras, que en la Unión Europea tienen programas para recibir estos residuos y someterlos a tratamiento, y aquí no lo hacen, salvo excepciones”. El otro problema es la falta de legislación, ya que no hay normativas que obliguen a las empresas a hacerse cargo de los residuos que ellas generan. En ese sentido, Greenpeace apoya el proyecto de “presupuestos mínimos de gestión de aparatos electrónicos”, presentado por el senador Daniel Filmus, que incluye la gestión de las baterías usadas. “La Comisión de Medio Ambiente, que debe tratar el tema, no se reúne desde abril”, advirtió Testa, que atribuyó las demoras al “lobby de las empresas para no hacerse cargo de las pilas”.
Si bien admite que las pilas que se comercializan actualmente no tienen mercurio, la especialista de Greenpeace advirtió que “están compuestas por otros metales que son contaminantes, como el litio, el zinc y el manganeso”.
Irene Alanis, coordinadora de la Unidad Técnica de Electrodisposición del INTI, sostiene que “no está mal tirar las pilas comunes a la basura domiciliaria”, pero opinó que ésa debe ser una “medida transitoria”, ya que lo recomendable es “que la ciudad tenga un relleno de seguridad”. Advirtió además que la propuesta del gobierno porteño no toma en cuenta las denominadas “pilas botón”, que suelen utilizarse en juguetes, relojes y cámaras fotográficas, entre otros. “Esas siguen teniendo mercurio, por lo cual no deben ser tiradas a la basura domiciliaria”, alertó.
“En Alemania y otros países de Europa se reciclan todas las pilas: se recuperan los metales que las componen –comentó Alanis a Página/12–. En el INTI, junto con la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Avellaneda, y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) estamos haciendo un estudio económico-técnico ecológico para evaluar la factibilidad del reciclado de pilas, lámparas de mercurio y tubos fluorescentes.”
Fecha de Publicación: 03/09/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
Tras la campaña en la que reunió diez toneladas de pilas usadas y el rechazo de esos desperdicios en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, el gobierno porteño propone tirarlas a la basura. Advertencias de Greenpeace y el INTI.
Después de recolectar diez toneladas de pilas que no fueron aceptados por las plantas ubicadas en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, el gobierno porteño dice ahora que las baterías de descarte deben ser arrojadas a la basura domiciliaria. Esta nueva recomendación vale para las pilas comunes y las alcalinas, mientras que para las recargables que estén agotadas, la sugerencia oficial es que sean llevadas a los locales de las empresas productoras o importadoras. Desde la organización ambientalista Greenpeace advierten sobre el riesgo de arrojar las pilas comunes entre los residuos domiciliarios: “Aunque los nuevos productos ya no tienen mercurio, quedan en el mercado pilas con ese material. Además, están conformadas por otros metales contaminantes”, dijo a Página/12 Eugenia Testa, responsable del programa de residuos de esa entidad. Greenpeace reclama la sanción de una ley para la gestión de residuos electrónicos, un proyecto que duerme en una comisión del Senado.
El destino de las pilas usadas preocupa muchos usuarios que tienen la voluntad de no contaminar. Los que las guardaban en su casa a la espera de un programa oficial encontraron alivio en la propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (APA) del gobierno de Mauricio Macri, que en noviembre pasado lanzó un programa de recolección en los Centros de Gestión y Participación de la Ciudad (CGP). La desilusión les llegó al poco tiempo, cuando el gobierno porteño no encontró destino para las 10 toneladas acumuladas: en el municipio de Bouwer, donde se encuentra una de las plantas capaces de almacenar residuos tóxicos, los vecinos se negaron; algo parecido ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde están radicadas las otras tres plantas que reciben residuos tóxicos: el gobierno provincial argumentó que está prohibido recibir basura tóxica de otros distritos.
El gobierno porteño acaba de lanzar una licitación para el “tratamiento, transporte y/o disposición final” de ese material contaminante acumulado. Por el momento, las diez toneladas de pilas quedaron acumuladas en un depósito ubicado en el Bajo Flores, donde funciona un Centro de Reciclado del gobierno porteño, gestionado por una cooperativa de cartoneros. “No está junto a una escuela infantil, como se publicó, sino a unos 300 metros, con una calle de por medio. Están en tambores plásticos de 200 litros, sellados y aislados contra incendio, por lo cual no presentan riesgos”, dijo a este diario una fuente de Protección Ambiental.
Ahora, con la nueva campaña lanzada por el gobierno porteño, los bonaerenses recibirán las pilas pero en menor dosis, mezcladas con la basura domiciliaria, en sus rellenos sanitarios. Es que la ciudad cambió de estrategia y ahora recomienda una separación de las pilas antes de descartarlas: por un lado, las llamadas “pilas primarias” (las no recargables, de carbón-zinc, litio o alcalinas) van directamente al tacho de basura; por otro, las “secundarias” o recargables, deberían ser desechadas en las agencias que representan las siguientes marcas: Canon, Eveready, Kodak, Hewlett Packard, Nextel, Rayovac, Sony, Nokia y Probattery. Las recargables que no tengan un productor identificado serán gestionadas por la Agencia de Protección Ambiental (en el sitio www.buenosaires.gov.ar está el detalle de las oficinas donde se pueden depositar).
“Lo importante de esta campaña es que logramos un acuerdo con los fabricantes para que se hagan cargo de lo que producen”, dijo a este diario Graciela Gerona, titular de la Agencia de Protección Ambiental.
¿Con qué criterio se adopta esta medida? Desde la agencia ambiental se argumenta que las pilas alcalinas que se comercializan actualmente están “libres de mercurio”, que es el componente más contaminante de las baterías. No obstante, la Ley nacional 26.184, de Energía Eléctrica Portátil, prohíbe la importación de pilas con mercurio (no hay fabricación local de estos productos) pero permite su comercialización hasta 2010. Desde la Agencia Ambiental porteña se recomienda comprar pilas que tengan la leyenda “0% Hg”, “Sin agregado de Hg” o “Sin agregado de mercurio”. “Sólo las pilas identificadas de este modo pueden desecharse con los residuos domiciliarios”, establece el organismo. Desde la APA se recomienda el uso de pilas recargables que, “si bien requieren una inversión inicial mayor (ya que son más caras que las alcalinas) pueden durar hasta cinco años, dependiendo de su uso y carga”.
Para Eugenia Testa, de Greenpeace, el problema es “el doble standard de las empresas productoras, que en la Unión Europea tienen programas para recibir estos residuos y someterlos a tratamiento, y aquí no lo hacen, salvo excepciones”. El otro problema es la falta de legislación, ya que no hay normativas que obliguen a las empresas a hacerse cargo de los residuos que ellas generan. En ese sentido, Greenpeace apoya el proyecto de “presupuestos mínimos de gestión de aparatos electrónicos”, presentado por el senador Daniel Filmus, que incluye la gestión de las baterías usadas. “La Comisión de Medio Ambiente, que debe tratar el tema, no se reúne desde abril”, advirtió Testa, que atribuyó las demoras al “lobby de las empresas para no hacerse cargo de las pilas”.
Si bien admite que las pilas que se comercializan actualmente no tienen mercurio, la especialista de Greenpeace advirtió que “están compuestas por otros metales que son contaminantes, como el litio, el zinc y el manganeso”.
Irene Alanis, coordinadora de la Unidad Técnica de Electrodisposición del INTI, sostiene que “no está mal tirar las pilas comunes a la basura domiciliaria”, pero opinó que ésa debe ser una “medida transitoria”, ya que lo recomendable es “que la ciudad tenga un relleno de seguridad”. Advirtió además que la propuesta del gobierno porteño no toma en cuenta las denominadas “pilas botón”, que suelen utilizarse en juguetes, relojes y cámaras fotográficas, entre otros. “Esas siguen teniendo mercurio, por lo cual no deben ser tiradas a la basura domiciliaria”, alertó.
“En Alemania y otros países de Europa se reciclan todas las pilas: se recuperan los metales que las componen –comentó Alanis a Página/12–. En el INTI, junto con la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Avellaneda, y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) estamos haciendo un estudio económico-técnico ecológico para evaluar la factibilidad del reciclado de pilas, lámparas de mercurio y tubos fluorescentes.”
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios