Lo poco que queda del monte entrerriano, sigue cayendo
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Denuncian desmontes en campos entrerrianos
Fecha de Publicación: 09/09/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Entre Ríos
Aseguran desde la zona que los árboles extraídos del campo son amontonados y luego quemados, dejando a los animales sin hogar.
En la localidad de Isletas, departamento Diamante denunciaron que se está deforestando "lo poco que aún queda" de monte nativo, según se puede observar en fotos y un video difundido en las últimas horas por el sitio isletas Noticias.
Informaron que si bien el desmonte no es algo anormal estos últimos años en la localidad, en las últimas semanas un terrateniente decidió arrasar con gran parte de un monte, con el fin de acondicionar el territorio para la siembra de cultivos.
El lugar se ubica en cercanías de la Escuela N° 17, Domingo Faustino Sarmiento. Se trata de un conjunto de árboles, en su mayoría espinillos, aunque también se encuentran otras especies. Es reconocido por los lugareños porque allí habitan animales que en otros puntos de la zona ya no se ven, como zorros, liebres, zorrinos, comodrejas y hasta se han visto gato montés y ciervos, entre otros. Además de una gran variedad de pájaros y peces en el arroyo.
Detallaron que se accede al sitio por un camino de tierra, un pequeño sendero que en días de lluvia queda prácticamente intransitable. En parte es tierra de vertientes en épocas lluviosas y además un arroyo cursa por el interior del bosque por lo que no generaba gran interés para la producción, al menos hasta ahora.
Desde un medio provincial contaron que todo cambió en las últimas semanas cuando el propietario del campo que ya había desmontado otras taperas de su propiedad, decidió contratar maquinarias para arrasar con buena parte de los árboles.
Se abren especies de caminos o surcos, los árboles son amontonados hasta que se secan y luego se les prende fuego. De esa forma, la tierra ya queda preparada para la siembra en la próxima campaña.
"Lo que más llama atención, es que la mayoría de los vecinos no considera importante aquel árbol o animal que no sea para un beneficio personal, es decir dar sombra, frutos, poder ser consumido o vendido. Otros ven que se desmonta pero lo califican como normal; están los que no quieren tener problemas con los vecinos y prefieren no meterse y hasta hay quienes se quejan por la aparición de mayor cantidad de zorros que les matan lechones y gallinas, pero no se preguntan a qué se debe", concluyó un vecino.
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Catamarca licita su segundo parque solar
Licitarán construcción de un segundo parque solar en la puna catamarqueña
Fecha de Publicación: 09/09/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Catamarca
El gobierno de Catamarca licitará el 17 de septiembre la obra para la construcción del segundo parque solar fotovoltaico en el departamento de Antofagasta de la Sierra, en plena puna catamarqueña, informaron fuentes oficiales.
La obra que estará ubicada en la localidad de El Peñón" y será coordinada y supervisada por la empresa Energía Catamarca Sapem (EC Sapem), junto con la Secretaría de Minería de la provincia, tendrá una inversión de $ 86 millones.
Los fondos a invertir corresponden al fideicomiso Salar del Hombre Muerto, y el proyecto es encarado por la EC Sapem que, con fondos provenientes de la minería, buscan que los habitantes de Antofagasta de la Sierra tengan energía eléctrica generada en parques solares instalados en las localidades El Peñón, Antofalla y La Ciénaga.
En la Villa de Antofagasta ya se está construyendo un parque solar fotovoltaico que tendrá una capacidad de un mega de generación, que equivale al doble de energía que consume toda la población actualmente.
Este parque tiene un importante avance en su ejecución de obra, cercano al 90%, y está previsto que se inaugure en septiembre próximo, informaron las fuentes.
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Fecha de Publicación: 09/09/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Catamarca
El gobierno de Catamarca licitará el 17 de septiembre la obra para la construcción del segundo parque solar fotovoltaico en el departamento de Antofagasta de la Sierra, en plena puna catamarqueña, informaron fuentes oficiales.
La obra que estará ubicada en la localidad de El Peñón" y será coordinada y supervisada por la empresa Energía Catamarca Sapem (EC Sapem), junto con la Secretaría de Minería de la provincia, tendrá una inversión de $ 86 millones.
Los fondos a invertir corresponden al fideicomiso Salar del Hombre Muerto, y el proyecto es encarado por la EC Sapem que, con fondos provenientes de la minería, buscan que los habitantes de Antofagasta de la Sierra tengan energía eléctrica generada en parques solares instalados en las localidades El Peñón, Antofalla y La Ciénaga.
En la Villa de Antofagasta ya se está construyendo un parque solar fotovoltaico que tendrá una capacidad de un mega de generación, que equivale al doble de energía que consume toda la población actualmente.
Este parque tiene un importante avance en su ejecución de obra, cercano al 90%, y está previsto que se inaugure en septiembre próximo, informaron las fuentes.
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Defensoría chaqueña acciona en la Justicia por desmontes
El defensor del Pueblo chaqueño va a la Justicia para frenar el desmonte
Fecha de Publicación: 09/09/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Chaco
La Defensoría del Pueblo de Chaco presentó ayer una acción de amparo ante la Justicia civil y comercial, con el objetivo de que se disponga el cumplimiento de la ley nacional de bosques y se suspendan los desmontes en la provincia.
"Se abrió la participación de todos los sectores interesados para alcanzar un acuerdo que resguarde el medioambiente", dijo a Télam el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, tras presentar el amparo en el Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia.
El funcionario señaló que el 17 de septiembre se llevará a cabo "la audiencia de vista de causa para analizar las pruebas presentadas hasta el momento" y lamentó no haber recibido respuesta del Poder Ejecutivo ante la recomendación de la institución que preside.
"Si la provincia nos hubiese contestado antes de interponer el amparo nos hubiésemos evitado este proceso judicial. Acudimos a todas las instancias para evitarlo, pero no hubo respuesta del Ejecutivo chaqueño", acotó Corregido.
A la acción de amparo presentada adhirieron las organizaciones Greenpace, Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y otras entidades de defensa de derechos humanos.
Corregido aseguró que "la situación se remonta a enero de este año cuando el gobierno provincial decretó nuevos procedimientos para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, pero no suspendieron los desmontes autorizados previamente".
"Ante la denuncia de varias organizaciones no gubernamentales en marzo sobre la continuación de tala de bosques nativos, la Defensoría del Pueblo del Chaco recomendó al Ejecutivo Provincial suspender las autorizaciones de desmontes", añadió.
La recomendación hacía mención expresa "a las zonas Amarillas -categoría II- hasta la verificación del cumplimiento de las prescripciones de la ley nacional 26.331 -ley de bosques- establecidas a tal fin" y "se solicitó el control periódico de dichas suspensiones", indicó.
"Varios permisos otorgados por la provincia para efectuar desmontes fueron cuestionados", agregó Corregido, que sin embargo expresó que "de ninguna manera paralizamos la actividad forestal".
"Sólo atacamos los 53 permisos otorgados en las condiciones modificadas por el nuevo decreto, pero los sectores forestales pueden recurrir a nuevos permisos cumpliendo con la ley", añadió.
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Fecha de Publicación: 09/09/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Chaco
La Defensoría del Pueblo de Chaco presentó ayer una acción de amparo ante la Justicia civil y comercial, con el objetivo de que se disponga el cumplimiento de la ley nacional de bosques y se suspendan los desmontes en la provincia.
"Se abrió la participación de todos los sectores interesados para alcanzar un acuerdo que resguarde el medioambiente", dijo a Télam el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, tras presentar el amparo en el Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia.
El funcionario señaló que el 17 de septiembre se llevará a cabo "la audiencia de vista de causa para analizar las pruebas presentadas hasta el momento" y lamentó no haber recibido respuesta del Poder Ejecutivo ante la recomendación de la institución que preside.
"Si la provincia nos hubiese contestado antes de interponer el amparo nos hubiésemos evitado este proceso judicial. Acudimos a todas las instancias para evitarlo, pero no hubo respuesta del Ejecutivo chaqueño", acotó Corregido.
A la acción de amparo presentada adhirieron las organizaciones Greenpace, Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y otras entidades de defensa de derechos humanos.
Corregido aseguró que "la situación se remonta a enero de este año cuando el gobierno provincial decretó nuevos procedimientos para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, pero no suspendieron los desmontes autorizados previamente".
"Ante la denuncia de varias organizaciones no gubernamentales en marzo sobre la continuación de tala de bosques nativos, la Defensoría del Pueblo del Chaco recomendó al Ejecutivo Provincial suspender las autorizaciones de desmontes", añadió.
La recomendación hacía mención expresa "a las zonas Amarillas -categoría II- hasta la verificación del cumplimiento de las prescripciones de la ley nacional 26.331 -ley de bosques- establecidas a tal fin" y "se solicitó el control periódico de dichas suspensiones", indicó.
"Varios permisos otorgados por la provincia para efectuar desmontes fueron cuestionados", agregó Corregido, que sin embargo expresó que "de ninguna manera paralizamos la actividad forestal".
"Sólo atacamos los 53 permisos otorgados en las condiciones modificadas por el nuevo decreto, pero los sectores forestales pueden recurrir a nuevos permisos cumpliendo con la ley", añadió.
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Afirman que el decreto para importar basura es inconstitucional
"El decreto para importar basura es inconstitucional"
Fecha de Publicación: 07/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El experto ambientalista dijo a Página|12 que el decreto abre la puerta a los residuos de Estados Unidos y Europa que rechaza China.
El abogado ambientalista Enrique Viale se refirió de manera crítica al decreto que modifica la Ley de Residuos Peligrosos y dejó abierta la puerta para hacer una presentación judicial ya que se trata de una medida “cuestionable” que calificó como "inconstitucional". En diálogo con Página|12, el experto inscribió el decreto 591/19 de Mauricio Macri (que modifica dos decretos de 1992) dentro de la lógica de la guerra comercial entre Estados Unidos y China a partir de la decisión del gigante asiático de prohibir la importación de basura, y alertó sobre cómo se verá afectado el trabajo de las cooperativas que reciclan basura.
-¿Cuál es su crítica al decreto?
-Tengo tres críticas puntuales. Primero, con esto quitan el Certificado de Inocuidad Ambiental, y así pueden traer cualquier cosa de afuera. China prohibió la importación de basura porque le metían de todo. En segundo lugar, se eliminaron dos anexos, el referido a residuos con determinadas sustancias, y el dedicado a residuos de diversas actividades. Y en tercer lugar, pusieron excepciones para residuos de varias actividades.
-Apunta a la prohibición China y a la guerra comercial con Estados Unidos como trasfondo de esto, ¿por qué?
-El gobierno chino prohibió la importación a comienzos de este año. Sus principales proveedores eran Estados Unidos y Europa. Estados Unidos hacía un negocio bárbaro: exportaba la mitad de su basura y encima cobraba. Y los europeos enviaban once millones de toneladas por año. Con la decisión china no saben qué hacer con toneladas y toneladas de residuos. Este decreto de Macri les abre una ventana. No descartaría que otros países implementen reformas similares a esta. Es un decreto diametralmente opuesto a la decisión de China, que corta la importación en un 99 por ciento. Desde que China prohibió la importación, las ciudades norteamericanas tienen que pagar para deshacerse del papel, del plástico y otros residuos que antes les vendían a los chinos.
-¿Cuál fue el motivo de China para cortar con la importación?
-Por un lado está la tensión con Estados Unidos por la guerra comercial y la puja en los aranceles. Pero también hay un costado ambiental, porque deciden cerrar sus fronteras para la mayor parte de los residuos extranjeros de papel y de plástico que consideren contaminados. Todo lo contario de lo que acaba de hacer acá el gobierno nacional. La Argentina no recicla al ciento por ciento y se flexibiliza para que haya una mayor masa de residuos.
-¿La aplicación corre por cuenta de la Secretaría de Medio Ambiente?
-No, y eso también es llamativo. Hasta ahora los controles los hacía Medio Ambiente. A partir de ahora el órgano de aplicación es el ministerio de Producción. De hecho, el decreto lleva la firma de Macri, Marcos Peña y Dante Sica, pero no de Sergio Bergman.
-¿Cuál es el gran riesgo con este decreto?
-Le solucionamos un gran problema a Estados Unidos, y pueden enviar residuos peligrosos. Insisto en hasta qué punto esto no fue un pedido directo de Trump a Macri. La Ley de Residuos Peligrosos es un emblema en la lucha ambiental en la Argentina. Recordemos que en los 90 querían hacer un basurero nuclear en Gastre, provincia de Chubut.
-¿Hay posibilidad de judicializar el tema?
-Lo estamos estudiando. Vamos a ver qué hacemos. Yo no tengo dudas que esto es inconstitucional, es un decreto cuestionable desde el momento en que permite el ingreso de residuos sin certificado de peligrosidad. El último párrafo del artículo 41 de la Constitución prohíbe de manera expresa el ingreso de residuos tóxicos al país. El decreto de Macri viola dos principios: uno es el de no regresión ambiental, no se puede retroceder en el derecho, es algo vinculado a los derechos humanos. El otro principio que viola es el de progresividad, porque así como no se puede retroceder, se debe legislar hacia adelante. La ley es estricta y con esto se flexibiliza.
-¿Qué consecuencias ve si esto se concreta?
-Estamos ante un posible daño ambiental, pero además, desde el punto de vista económico, se perjudican aquellos que trabajan con residuos. En la ciudad de Buenos Aires hay doce cooperativas que trabajan con 600 toneladas por día. Si se abre la puerta a la importación, va a haber mayor oferta y el precio caerá, con lo que las cooperativas sufrirán pérdidas. Va de la mano con el proyecto de Rodríguez Larreta, que quiere la incineración de residuos. Es algo funcional a los grandes negocios que hay detrás de la basura. O sea, hay un impacto socioambiental por la entrada de residuos importados y encima se perjudica a las cooperativas que se encargan de reciclar.
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Fecha de Publicación: 07/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El experto ambientalista dijo a Página|12 que el decreto abre la puerta a los residuos de Estados Unidos y Europa que rechaza China.
El abogado ambientalista Enrique Viale se refirió de manera crítica al decreto que modifica la Ley de Residuos Peligrosos y dejó abierta la puerta para hacer una presentación judicial ya que se trata de una medida “cuestionable” que calificó como "inconstitucional". En diálogo con Página|12, el experto inscribió el decreto 591/19 de Mauricio Macri (que modifica dos decretos de 1992) dentro de la lógica de la guerra comercial entre Estados Unidos y China a partir de la decisión del gigante asiático de prohibir la importación de basura, y alertó sobre cómo se verá afectado el trabajo de las cooperativas que reciclan basura.
-¿Cuál es su crítica al decreto?
-Tengo tres críticas puntuales. Primero, con esto quitan el Certificado de Inocuidad Ambiental, y así pueden traer cualquier cosa de afuera. China prohibió la importación de basura porque le metían de todo. En segundo lugar, se eliminaron dos anexos, el referido a residuos con determinadas sustancias, y el dedicado a residuos de diversas actividades. Y en tercer lugar, pusieron excepciones para residuos de varias actividades.
-Apunta a la prohibición China y a la guerra comercial con Estados Unidos como trasfondo de esto, ¿por qué?
-El gobierno chino prohibió la importación a comienzos de este año. Sus principales proveedores eran Estados Unidos y Europa. Estados Unidos hacía un negocio bárbaro: exportaba la mitad de su basura y encima cobraba. Y los europeos enviaban once millones de toneladas por año. Con la decisión china no saben qué hacer con toneladas y toneladas de residuos. Este decreto de Macri les abre una ventana. No descartaría que otros países implementen reformas similares a esta. Es un decreto diametralmente opuesto a la decisión de China, que corta la importación en un 99 por ciento. Desde que China prohibió la importación, las ciudades norteamericanas tienen que pagar para deshacerse del papel, del plástico y otros residuos que antes les vendían a los chinos.
-¿Cuál fue el motivo de China para cortar con la importación?
-Por un lado está la tensión con Estados Unidos por la guerra comercial y la puja en los aranceles. Pero también hay un costado ambiental, porque deciden cerrar sus fronteras para la mayor parte de los residuos extranjeros de papel y de plástico que consideren contaminados. Todo lo contario de lo que acaba de hacer acá el gobierno nacional. La Argentina no recicla al ciento por ciento y se flexibiliza para que haya una mayor masa de residuos.
-¿La aplicación corre por cuenta de la Secretaría de Medio Ambiente?
-No, y eso también es llamativo. Hasta ahora los controles los hacía Medio Ambiente. A partir de ahora el órgano de aplicación es el ministerio de Producción. De hecho, el decreto lleva la firma de Macri, Marcos Peña y Dante Sica, pero no de Sergio Bergman.
-¿Cuál es el gran riesgo con este decreto?
-Le solucionamos un gran problema a Estados Unidos, y pueden enviar residuos peligrosos. Insisto en hasta qué punto esto no fue un pedido directo de Trump a Macri. La Ley de Residuos Peligrosos es un emblema en la lucha ambiental en la Argentina. Recordemos que en los 90 querían hacer un basurero nuclear en Gastre, provincia de Chubut.
-¿Hay posibilidad de judicializar el tema?
-Lo estamos estudiando. Vamos a ver qué hacemos. Yo no tengo dudas que esto es inconstitucional, es un decreto cuestionable desde el momento en que permite el ingreso de residuos sin certificado de peligrosidad. El último párrafo del artículo 41 de la Constitución prohíbe de manera expresa el ingreso de residuos tóxicos al país. El decreto de Macri viola dos principios: uno es el de no regresión ambiental, no se puede retroceder en el derecho, es algo vinculado a los derechos humanos. El otro principio que viola es el de progresividad, porque así como no se puede retroceder, se debe legislar hacia adelante. La ley es estricta y con esto se flexibiliza.
-¿Qué consecuencias ve si esto se concreta?
-Estamos ante un posible daño ambiental, pero además, desde el punto de vista económico, se perjudican aquellos que trabajan con residuos. En la ciudad de Buenos Aires hay doce cooperativas que trabajan con 600 toneladas por día. Si se abre la puerta a la importación, va a haber mayor oferta y el precio caerá, con lo que las cooperativas sufrirán pérdidas. Va de la mano con el proyecto de Rodríguez Larreta, que quiere la incineración de residuos. Es algo funcional a los grandes negocios que hay detrás de la basura. O sea, hay un impacto socioambiental por la entrada de residuos importados y encima se perjudica a las cooperativas que se encargan de reciclar.
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Tierra del Fuego: ratifican una ruta polémica
La gobernadora ratifica la ruta por el Canal Beagle, cuestionada por ambientalistas
Fecha de Publicación: 07/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Los ambientalistas sostuvieron que hay "deficiencias en los estudios de impacto ambiental y arqueológico", y afirmaron que "hace diez días hubo un desmonte ilegal en la zona del Río Encajonado, a pocos kilómetros de la capital fueguina, sobre la costa del Beagle".
La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, ratificó hoy la continuidad de la obra de una nueva ruta costera por el Canal Beagle, cuestionada por organizaciones ecologistas por "deficiencias en los estudios de impacto ambiental" y "tala ilegal de un sector de bosque nativo".
El camino, de 132 kilómetros de extensión y dividido en varias etapas, se propone unir la ciudad de Ushuaia con el sector sureste de la isla, para "abrir nuevos circuitos turísticos y productivos". "Vamos a continuar con los trabajos, incluso recurriendo a las instancias judiciales que hagan falta, porque se trata de la obra de desarrollo más importante de los últimos 20 años”, sostuvo Bertone.
La mandataria fueguina explicó al canal 11 de Ushuaia que la ruta "busca propiciar actividades productivas y favorecer el establecimiento de nuevos atractivos turísticos, que descongestionen los más visitados de la zona".
La gobernadora rechazó además las críticas por la tala de árboles y respondió que “se la cuestiona por 22 ejemplares" cuando "fueron plantados 100.000 en la zona de Bahía Torito”, una zona rural afectada por un incendio años atrás.
La tala en Río Encajonado generó una denuncia penal ante la justicia fueguina de parte de Stella Maris Domínguez, representante de la "Asociación Bahía Encerrada", y Nancy Edith Fernández, María Laura Borla y Abel Gerardo Sberna, en nombre de la "Asociación Mane Kenk".
Los ambientalistas denunciaron que operarios de la empresa "Gancedo S.A.", adjudicataria de la apertura de la ruta costera, "estaban en la zona conocida como Corredor Costero Canal Beagle talando especies de bosque nativo y dañando posibles restos arqueológicos que hubiera en el lugar”.
De acuerdo a la calificación provisoria realizada por el fiscal Fernando Ballester Bidau, los hechos podrían constituir los delitos de “daños agravados, daños a bienes rurales y daños a yacimientos arqueológicos”.
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Fecha de Publicación: 07/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Los ambientalistas sostuvieron que hay "deficiencias en los estudios de impacto ambiental y arqueológico", y afirmaron que "hace diez días hubo un desmonte ilegal en la zona del Río Encajonado, a pocos kilómetros de la capital fueguina, sobre la costa del Beagle".
La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, ratificó hoy la continuidad de la obra de una nueva ruta costera por el Canal Beagle, cuestionada por organizaciones ecologistas por "deficiencias en los estudios de impacto ambiental" y "tala ilegal de un sector de bosque nativo".
El camino, de 132 kilómetros de extensión y dividido en varias etapas, se propone unir la ciudad de Ushuaia con el sector sureste de la isla, para "abrir nuevos circuitos turísticos y productivos". "Vamos a continuar con los trabajos, incluso recurriendo a las instancias judiciales que hagan falta, porque se trata de la obra de desarrollo más importante de los últimos 20 años”, sostuvo Bertone.
La mandataria fueguina explicó al canal 11 de Ushuaia que la ruta "busca propiciar actividades productivas y favorecer el establecimiento de nuevos atractivos turísticos, que descongestionen los más visitados de la zona".
La gobernadora rechazó además las críticas por la tala de árboles y respondió que “se la cuestiona por 22 ejemplares" cuando "fueron plantados 100.000 en la zona de Bahía Torito”, una zona rural afectada por un incendio años atrás.
La tala en Río Encajonado generó una denuncia penal ante la justicia fueguina de parte de Stella Maris Domínguez, representante de la "Asociación Bahía Encerrada", y Nancy Edith Fernández, María Laura Borla y Abel Gerardo Sberna, en nombre de la "Asociación Mane Kenk".
Los ambientalistas denunciaron que operarios de la empresa "Gancedo S.A.", adjudicataria de la apertura de la ruta costera, "estaban en la zona conocida como Corredor Costero Canal Beagle talando especies de bosque nativo y dañando posibles restos arqueológicos que hubiera en el lugar”.
De acuerdo a la calificación provisoria realizada por el fiscal Fernando Ballester Bidau, los hechos podrían constituir los delitos de “daños agravados, daños a bienes rurales y daños a yacimientos arqueológicos”.
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Destacan proyectos de renovables en Catamarca
Energías renovables: destacan que están en marcha 14 proyectos
Fecha de Publicación: 07/09/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Existen dos parques solares en Saujil y Tinogasta y hay otros 12 proyectos que están en marcha.
La semana pasada estuvo en Catamarca Matías Mladineo, director de Estudios Económicos y Regulatorios de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Nación, quien llegó para participar del Foro de Energías Renovables en el marco de las Jornadas de Geografía que se realizaron en la UNCA y para analizar la implementación de las energías limpias en Catamarca. En diálogo con El Ancasti, junto con profesionales locales concluyeron que Catamarca lleva adelante un "proceso exitoso" en materia de producción de energía solar.
El funcionario nacional estuvo acompañado por Gilda Godoy, Silvia Tello y Luis Segura, docentes de Geografía de la UNCA que se refirieron a la situación actual.
"El programa es ciento por ciento exitoso porque hay más de 300 megavatios para producir en Catamarca. En la actualidad Catamarca tiene ya dos parques en funcionamiento (Saujil y Tinogasta) y hay 14 proyectos en total que ya están adjudicados", explicó Mladineo.
Luego recordó la vigencia de la ley 27.191, aprobada en el Congreso Nacional en 2015, que regula el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica, normativa a la que adhirió Catamarca.
"Esta administración lo tomó como una política de Estado porque obliga a todos los argentinos a consumir el 20% de energías renovables en 2025", explicó. En ese marco, se implementó el programa Renov-Ar por el que busca inversores privados, el Estado compra la energía que producen y se suma al interconectado nacional.
"Catamarca tiene una radiación solar que es una de las mejores del país para generar estos parques solares. Hay dos que ya están en marcha y hay otros doce que están en desarrollo", explicó Gilda Godoy.
Por su parte, el profesor Segura apuntó que "Catamarca no cuenta con energía fósil (petróleo, gas o una represa hidroeléctrica) para generar energía. Siempre hemos sido dependientes del interconectado nacional o de pequeñas usinas que consumen energía derivada del petróleo. Por primera vez, Catamarca pasará a ser proveedor de energía, pero además de una energía limpia", añadió.
En esta misma línea Tello opinó que estas posibilidades de desarrollar energías renovable implican "una nueva actitud que debemos tener como sociedad: una sociedad que se involucre, se informe y sea parte del cambio. Es plantear un nuevo paradigma", sostuvo y consideró también importante que el Estado provincial se involucre en la posibilidad de generar otras fuentes de energías renovables, como puede ser en el caso del litio, y que la provincia sea la productora de baterías de litio para que ese mineral se industrialice en Catamarca.
Mladineo agregó que cuando Catamarca llegue a producir los 300 megavatios estimados implicará que se pueda vender energía por más de U$S 200 millones.
Por último, Segura agregó que este tipo de proyectos asegura un mejor abastecimiento a los departamentos del Oeste donde siempre hubo problemas energéticos porque están más cerca de los centros de producción.
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Fecha de Publicación: 07/09/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Existen dos parques solares en Saujil y Tinogasta y hay otros 12 proyectos que están en marcha.
La semana pasada estuvo en Catamarca Matías Mladineo, director de Estudios Económicos y Regulatorios de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Nación, quien llegó para participar del Foro de Energías Renovables en el marco de las Jornadas de Geografía que se realizaron en la UNCA y para analizar la implementación de las energías limpias en Catamarca. En diálogo con El Ancasti, junto con profesionales locales concluyeron que Catamarca lleva adelante un "proceso exitoso" en materia de producción de energía solar.
El funcionario nacional estuvo acompañado por Gilda Godoy, Silvia Tello y Luis Segura, docentes de Geografía de la UNCA que se refirieron a la situación actual.
"El programa es ciento por ciento exitoso porque hay más de 300 megavatios para producir en Catamarca. En la actualidad Catamarca tiene ya dos parques en funcionamiento (Saujil y Tinogasta) y hay 14 proyectos en total que ya están adjudicados", explicó Mladineo.
Luego recordó la vigencia de la ley 27.191, aprobada en el Congreso Nacional en 2015, que regula el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica, normativa a la que adhirió Catamarca.
"Esta administración lo tomó como una política de Estado porque obliga a todos los argentinos a consumir el 20% de energías renovables en 2025", explicó. En ese marco, se implementó el programa Renov-Ar por el que busca inversores privados, el Estado compra la energía que producen y se suma al interconectado nacional.
"Catamarca tiene una radiación solar que es una de las mejores del país para generar estos parques solares. Hay dos que ya están en marcha y hay otros doce que están en desarrollo", explicó Gilda Godoy.
Por su parte, el profesor Segura apuntó que "Catamarca no cuenta con energía fósil (petróleo, gas o una represa hidroeléctrica) para generar energía. Siempre hemos sido dependientes del interconectado nacional o de pequeñas usinas que consumen energía derivada del petróleo. Por primera vez, Catamarca pasará a ser proveedor de energía, pero además de una energía limpia", añadió.
En esta misma línea Tello opinó que estas posibilidades de desarrollar energías renovable implican "una nueva actitud que debemos tener como sociedad: una sociedad que se involucre, se informe y sea parte del cambio. Es plantear un nuevo paradigma", sostuvo y consideró también importante que el Estado provincial se involucre en la posibilidad de generar otras fuentes de energías renovables, como puede ser en el caso del litio, y que la provincia sea la productora de baterías de litio para que ese mineral se industrialice en Catamarca.
Mladineo agregó que cuando Catamarca llegue a producir los 300 megavatios estimados implicará que se pueda vender energía por más de U$S 200 millones.
Por último, Segura agregó que este tipo de proyectos asegura un mejor abastecimiento a los departamentos del Oeste donde siempre hubo problemas energéticos porque están más cerca de los centros de producción.
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Envenenamiento de cóndores termina en la Corte
El Gobierno lleva a la Corte la demanda por la matanza de cóndores en Malargüe
Fecha de Publicación: 06/09/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se presentó en la Corte Suprema de la Nación un reclamo para recomponer los daños por el envenenamiento de 34 especímenes en Los Molles.
Fiscalía de Estado, acompañada por el Gobierno de Mendoza, inició un reclamo mediante el cual pretende que se ordene a los demandados, tanto empresas como personas, el pago de un Programa de Recomposición del daño ambiental producido por la muerte de 34 especímenes de Cóndor andino.
Ante la muerte de estos ejemplares de la especie protegida y en peligro de extinción, producida en la localidad de Los Molles, Malargüe, en enero de 2018, Fiscalía de Estado ha concretado un proceso de investigación para determinar los hechos y responsabilidades, la entidad del daño producido y analizar las posibles acciones a seguir para su reparación.
En tal marco se recabaron distintas pruebas que incluyen inspecciones, testimonios, estudios de laboratorio y documentación diversa, entre otras, destacando un informe técnico producido a solicitud por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo.
En base a tales elementos se ha concluido que por la cantidad de especímenes involucrados, la mortandad implica una alteración ambiental grave y relevante, la que se debió a un envenenamiento con carbofurán ocasionado por la práctica ganadera, entendiéndose que existe responsabilidad por parte de los particulares que desarrollan esas actividades y de las empresas propietarias de los predios con quienes dichos productores tienen contratos para la explotación de los mismos.
Dicha situación se encuadró en una acción por daño ambiental colectivo, es decir un daño que afecta en forma conjunta e indivisible a la comunidad toda, en su derecho a la protección del medio ambiente (art. 41 CN).
Sobre tal base, se ha iniciado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el expediente CSJ 001771/19-00 caratulado “Mendoza, Provincia de c/ Valle de Las Leñas S.A. y otros s/ Acción por Daño Ambiental”, para exigir la recomposición del daño producido.
El Cóndor andino (Vultur Wryphus) es una especie autóctona que ha sido declarada Monumento Natural por Ley 6599, habiendo sido incluida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) dentro de su “Lista Roja” de especie en vía de amenazas. También ha sido calificada dentro de las especies en peligro de extinción que identifica el Anexo I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ratificada por Argentina mediante la Ley 22344.
El procedimiento sustanciado se encuentra previsto en la Ley Provincial del Ambiente N° 5961, y habilita al Fiscal de Estado a realizar las averiguaciones del caso e interponer las acciones legales que correspondan para la protección de bienes colectivos como el ambiente.
En tal marco, Fiscalía de Estado junto al Gobierno de Mendoza -representado por la Asesoría de Gobierno- ha interpuesto ante la Corte nacional una demanda requiriendo la ejecución de labores necesarias para restituir la situación de entorno natural al momento anterior al menoscabo. A tal fin se solicita que se condene a la constitución de un Fondo de Recomposición Ambiental del Cóndor Andino en la zona donde se produjo afectación.
En la causa, en atención a su experticia, se ha solicitado que se convoque como amigos del tribunal al Comité Argentino de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza representado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, a la Fundación Bioandina, a la Asociación Reencuentro por la Vida Animal, a la Fundación Cullunche y a Oikos Red Ambiental.
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Fecha de Publicación: 06/09/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Se presentó en la Corte Suprema de la Nación un reclamo para recomponer los daños por el envenenamiento de 34 especímenes en Los Molles.
Fiscalía de Estado, acompañada por el Gobierno de Mendoza, inició un reclamo mediante el cual pretende que se ordene a los demandados, tanto empresas como personas, el pago de un Programa de Recomposición del daño ambiental producido por la muerte de 34 especímenes de Cóndor andino.
Ante la muerte de estos ejemplares de la especie protegida y en peligro de extinción, producida en la localidad de Los Molles, Malargüe, en enero de 2018, Fiscalía de Estado ha concretado un proceso de investigación para determinar los hechos y responsabilidades, la entidad del daño producido y analizar las posibles acciones a seguir para su reparación.
En tal marco se recabaron distintas pruebas que incluyen inspecciones, testimonios, estudios de laboratorio y documentación diversa, entre otras, destacando un informe técnico producido a solicitud por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo.
En base a tales elementos se ha concluido que por la cantidad de especímenes involucrados, la mortandad implica una alteración ambiental grave y relevante, la que se debió a un envenenamiento con carbofurán ocasionado por la práctica ganadera, entendiéndose que existe responsabilidad por parte de los particulares que desarrollan esas actividades y de las empresas propietarias de los predios con quienes dichos productores tienen contratos para la explotación de los mismos.
Dicha situación se encuadró en una acción por daño ambiental colectivo, es decir un daño que afecta en forma conjunta e indivisible a la comunidad toda, en su derecho a la protección del medio ambiente (art. 41 CN).
Sobre tal base, se ha iniciado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el expediente CSJ 001771/19-00 caratulado “Mendoza, Provincia de c/ Valle de Las Leñas S.A. y otros s/ Acción por Daño Ambiental”, para exigir la recomposición del daño producido.
El Cóndor andino (Vultur Wryphus) es una especie autóctona que ha sido declarada Monumento Natural por Ley 6599, habiendo sido incluida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) dentro de su “Lista Roja” de especie en vía de amenazas. También ha sido calificada dentro de las especies en peligro de extinción que identifica el Anexo I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ratificada por Argentina mediante la Ley 22344.
El procedimiento sustanciado se encuentra previsto en la Ley Provincial del Ambiente N° 5961, y habilita al Fiscal de Estado a realizar las averiguaciones del caso e interponer las acciones legales que correspondan para la protección de bienes colectivos como el ambiente.
En tal marco, Fiscalía de Estado junto al Gobierno de Mendoza -representado por la Asesoría de Gobierno- ha interpuesto ante la Corte nacional una demanda requiriendo la ejecución de labores necesarias para restituir la situación de entorno natural al momento anterior al menoscabo. A tal fin se solicita que se condene a la constitución de un Fondo de Recomposición Ambiental del Cóndor Andino en la zona donde se produjo afectación.
En la causa, en atención a su experticia, se ha solicitado que se convoque como amigos del tribunal al Comité Argentino de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza representado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, a la Fundación Bioandina, a la Asociación Reencuentro por la Vida Animal, a la Fundación Cullunche y a Oikos Red Ambiental.
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Trabajan en la primer reserva natural biprovincial
Corrientes y Entre Ríos se unen para crear la 1ra reserva natural biprovincial del país
Fecha de Publicación: 06/09/2019
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes - Entre Ríos
Representantes de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la Dirección de Parques y Reservas de Corrientes, el Área de Gestión Ambiental de Salto Grande, los municipios de Chajarí y Mocoretá y la Mesa de Amigos de la Reserva se reunieron el jueves último para aunar fuerzas en pos de la creación de la Reserva Biprovincial Mocoretá.
El encuentro tuvo lugar durante la tarde del jueves en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Mocoretá y fue convocado por la Mesa de Amigos de la Reserva.Tanto la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos -representada por la Lic. Valeria González Wetzel- como la Dirección de Parques y Reservas de Corrientes –en la figura del Lic. Fernando Laprovitta- confirmaron su incorporación formal a la Mesa de Amigos. “La participación de ambas provincias es una muestra clara de la voluntad de conservar este espacio natural y de convertirlo en un polo ecoturístico regional”, expresó Verónica Cassels, referente de la Mesa.
La Reserva Natural Mocoretá, ubicada en el límite entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes, cuenta con características únicas puesto que presenta bellísimos paisajes naturales a orillas del río Mocoretá y alberga una amplia biodiversidad, que incluye alrededor de 1000 especies de animales y plantas, varias de ellas amenazadas de extinción a nivel mundial.
La Mesa de Amigos está conformada por referentes de varias instituciones tales como la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, la Dirección de Parques y Reservas de la Provincia de Corrientes, el Área de Gestión Ambiental de Salto Grande, las municipalidades de Mocoretá y Chajarí, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios de Mocoretá y Chajarí y las ONG CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) y CAASER (Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos).
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Fecha de Publicación: 06/09/2019
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes - Entre Ríos
Representantes de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la Dirección de Parques y Reservas de Corrientes, el Área de Gestión Ambiental de Salto Grande, los municipios de Chajarí y Mocoretá y la Mesa de Amigos de la Reserva se reunieron el jueves último para aunar fuerzas en pos de la creación de la Reserva Biprovincial Mocoretá.
El encuentro tuvo lugar durante la tarde del jueves en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Mocoretá y fue convocado por la Mesa de Amigos de la Reserva.Tanto la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos -representada por la Lic. Valeria González Wetzel- como la Dirección de Parques y Reservas de Corrientes –en la figura del Lic. Fernando Laprovitta- confirmaron su incorporación formal a la Mesa de Amigos. “La participación de ambas provincias es una muestra clara de la voluntad de conservar este espacio natural y de convertirlo en un polo ecoturístico regional”, expresó Verónica Cassels, referente de la Mesa.
La Reserva Natural Mocoretá, ubicada en el límite entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes, cuenta con características únicas puesto que presenta bellísimos paisajes naturales a orillas del río Mocoretá y alberga una amplia biodiversidad, que incluye alrededor de 1000 especies de animales y plantas, varias de ellas amenazadas de extinción a nivel mundial.
La Mesa de Amigos está conformada por referentes de varias instituciones tales como la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, la Dirección de Parques y Reservas de la Provincia de Corrientes, el Área de Gestión Ambiental de Salto Grande, las municipalidades de Mocoretá y Chajarí, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios de Mocoretá y Chajarí y las ONG CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) y CAASER (Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos).
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Córdoba: trabajan en relevamiento de futuro Parque Nacional
Ambiente relevó las zonas del futuro Parque Nacional Ansenuza
Fecha de Publicación: 06/09/2019
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Técnicos de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático pertenecientes al Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, recorrieron la zona de Bañados del Río Dulce con el objetivo de relevar aspectos ambientales para definir futuros criterios de conservación enmarcados en la Unidad Ejecutora “Parque Nacional Ansenuza”.
Se realizó un recorrido desde La Rinconada, en donde se contactaron a las autoridades del lugar, y desde allí se avanzó hacia el Este en dirección al Río Dulce, observando ambientes característicos de espartillares. Además, se visitó una laguna con la guía de referentes locales de la Secretaría de Ambiente y productores de la zona, donde se pudo apreciar la fauna silvestre existente.
Finalmente se recorrió la costa del “Mar de Ansenuza”, entrando desde Rosario del Saladillo donde se verificó el nivel del caudal actual de la Laguna y la abundante presencia de aves.
El objetivo es avanzar en la definición de criterios de conservación del futuro Parque. La reserva en cuestión tiene una superficie aproximada de un millón de hectáreas e incluye la laguna, bañados y sectores no inundables de territorio.
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Fecha de Publicación: 06/09/2019
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Técnicos de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático pertenecientes al Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, recorrieron la zona de Bañados del Río Dulce con el objetivo de relevar aspectos ambientales para definir futuros criterios de conservación enmarcados en la Unidad Ejecutora “Parque Nacional Ansenuza”.
Se realizó un recorrido desde La Rinconada, en donde se contactaron a las autoridades del lugar, y desde allí se avanzó hacia el Este en dirección al Río Dulce, observando ambientes característicos de espartillares. Además, se visitó una laguna con la guía de referentes locales de la Secretaría de Ambiente y productores de la zona, donde se pudo apreciar la fauna silvestre existente.
Finalmente se recorrió la costa del “Mar de Ansenuza”, entrando desde Rosario del Saladillo donde se verificó el nivel del caudal actual de la Laguna y la abundante presencia de aves.
El objetivo es avanzar en la definición de criterios de conservación del futuro Parque. La reserva en cuestión tiene una superficie aproximada de un millón de hectáreas e incluye la laguna, bañados y sectores no inundables de territorio.
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Justicia protege a vecinos de Pergamino de fumigaciones
Fallo histórico: la Justicia Federal prohibió las fumigaciones a 3 mil metros en Pergamino
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Después de numerosos estudios que mostraron la contaminación del agua y la presencia de grandes dosis de diferentes agroquímicos, el Juzgado Federal de San Nicolás estableció que no se podrá fumigar a menos de mil metros en forma terrestre y a menos de tres mil, de forma aérea, respecto a la planta urbana. El dato clave fue la confirmación de que los fitosanitarios en sangre producen “daños genéticos”.
En Pergamino, el drama por el agua contaminada está llegando a una resolución histórica. El Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzzo dictó una resolución que prohíbe las fumigaciones terrestres a más de mil metros y las áreas, a más de tres mil.
El único precedente hasta ahora a nivel nacional había sido en Entre Ríos, luego de que el Supremo Tribunal de Justicia así lo estableciera para esa provincia. En tanto, se convierte en el primer caso emitido en territorio bonaerense.
La medida es extensiva de lo ya ordenado por el juez en abril de este año, cuando había pedido suspender provisoriamente las fumigaciones, mientras se determinaba el impacto que los distintos agroquímicos en las poblaciones cercanas.
En efecto, meses después, dos informes distintos concluyeron en que la cantidad de cáncer y enfermedades respiratorias y de piel tenía que ver con la presencia de 18 tipos distintos de agroquímicos en el agua analizada en los barrios afectados.
El nuevo fallo –que tendrá un impacto a nivel provincial y nacional- le pide además al intendente Javier Martínez (de Juntos por el Cambio) que le informe sobre la cantidad de parajes y pueblos rurales que existen dentro del Partido de Pergamino, para que también se fijen una distancia considerable para las fumigaciones en esas zonas.
Uno de los argumentos que llevaron a convencer al juez para ordenar las fumigaciones a más de mil metro se basa en el último informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto a cargo de la Doctora en Biología, Delia Aiassa. Ese estudio demostró que los agroquímicos en sangre pueden producir “daños genéticos” y así se convalidó a base de las diferentes enfermedades que sufre toda una familia de Pergamino.
De hecho, en el propio informe a cargo de la doctora Aiassa, se sugería que la distancia para las fumigaciones debía ser a más de mil metros, propio de la experiencia ya recogida respecto a casos similares ocurridos en Córdoba.
En la reflexión del propio magistrado, se evidencia que el Estado “no tiene la capacidad de restituir del daño” que ya generó la contaminación del agua y que por eso, las medidas ahora ordenadas apuntan más que nada a prevenir casos futuros. El fallo pone en aprietos al gobierno de la Provincia y también del municipio a cargo del intendente Javier Martínez, quien hasta entonces había negado la contaminación del agua. “El tema del agua es algo complejo, está manoseado políticamente y siempre surge en épocas electorales. (…) Se encontró una partícula de glifosato en miles y miles de litros porque nuestro suelo se aplica esa sustancia hace mucho tiempo, pero lo que tiene no es dañino”, había dicho hace poco.
Por su parte, el fiscal de la causa Matías Di Lello se mostró a favor del fallo y destacó que según los numerosos estudios ya realizados, ya no se discute que el agua de Pergamino esté contaminada. Para el fiscal, los nuevos informes deberían apuntar a esclarecer qué niveles de toxicidad marcan.
Sobre esto, es importante recordar que la propia Autoridad del Agua a cargo de Provincia confirmó que las napas de agua de Pergamino obtienen niveles altos –no permitidos- de arsénico, y que según lo aportado por los profesionales que actuaron en la causa, este material tiene un efecto aún más dañino cuando se mescla con las partículas de agroquímicos que se hallan en el agua.
Resumen de la Causa
El primer estudio que les dio la razón a los vecinos, fue realizado por especialistas del Conicet y del Inta- Balcarce, así como por el especialista de la Universidad Nacional de La Plata, Damián Marino. Allí se arrojó niveles altos de agroquímicos en el agua. Sin embargo, posteriormente el municipio encomendó un estudio paralelo realizado por la Autoridad del Agua de la provincia (ASA), que contradijo lo anteriormente dicho.
A pesar de lo que había arrojado los análisis previos de dos laboratorios, el municipio ordenó una muestra que llevó a cabo Bromatología y la Autoridad del Agua de la Provincia, quienes posteriormente publicaron sus resultados y descartaron que el agua esté contaminada.
Para destrabar el conflicto, el juez Villafuerte Ruzo dispuso que por ahora se suspenda cualquier tipo de fumigación y ordenó que se realice un nuevo análisis al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación. El cual, coincidió en que el agua de los pergaminenses estaba contaminada.
La última novedad fue que la propia Autoridad del Agua aseguró que el agua de la ciudad contiene niveles altísimos de arsénico. Pese a que el mismo se trata de un material natural -no producto de una contaminación externa-, potencia la peligrosidad para la salud humana en contacto con los agroquímicos.
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Finalmente le otorgan probation a empresario contaminador
Otorgan probation a Rocchia Ferro en causa por contaminación de un pueblo
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba (probation) que se seguía al industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro y a José Ramón Coronel, dueño y gerente del ingenio y destilería La Florida. Ambos están acusados por el vuelco de millones de litros de vinaza, entre fines de 2012 y principios de 2013, que inundaron El Palomar, una pequeña localidad del departamento Jiménez.
Por entonces, la planta industrial descargó el efluente industrial a través de un canal interprovincial que une La Florida (Tucumán) con Jiménez (Santiago del Estero).
El cuerpo tomó esta decisión a instancias de las víctimas que aceptaron la reparación económica de unos 28,5 millones de pesos aproximadamente que hizo el empresario, y que consideraron importante. Las víctimas estuvieron representadas por las querellas: Fiscalía de Estado de Santiago del Estero (asistieron los abogados Marcelo Acuña y José Pérez Neme); la Fiscalía de Estado de Tucumán -se acumuló a este expediente una causa que tenía Rocchia Ferro en esa provincia- (representada por Mario Fabián Nahas); y Oscar Sarrulle, excamarista federal tucumano que vive en El Palomar y que fue querellante particular en representación de los vecinos.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general federal Indiana Garzón, asistida por el Dr. Pablo Álvarez, quien tras una extensa argumentación, expresó su rechazo a la probation y adelantó que recurrirá la sentencia ante Casación.
El ofrecimiento de Rocchia Ferro a través de su abogado Arnaldo Ahumada, para reparar el daño causado, incluye la compra de vehículos y embarcaciones para las dos provincias, el montaje de un laboratorio de última generación para el control de calidad de aguas en Santiago del Estero.
En el caso de El Palomar, el industrial se comprometió en un término de 12 meses a ejecutar un plan de obras que incluye: albergue para docentes, un puente peatonal para cruzar el canal interprovincial y llegar a la escuela, la construcción de una tapa para un pozo ciego que hay en el establecimiento, de un salón techado para juegos infantiles de los alumnos, el alambrado perimetral y un portón de ingreso para la escuela; también la construcción de un pozo de más de 130 metros de profundidad y sistema eléctrico de bombeo para obtener agua potable y las obras de red (éstas últimas planteadas por Sarrulle). También ofrece 20 becas para estudiantes de El Palomar para que estudien en la Universidad San Pablo en Tucumán.
La resolución del TOF que estuvo integrado por Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Juan Carlos Reynaga respetó el “deseo de las víctimas”, de aceptar el ofrecimiento de reparación del daño que de una propuesta original de $18 millones, se pasó a $ 27 millones el año pasado y luego a más de $28,5 millones teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la Fiscalía de Estado (que a su vez trasladó planteos de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría del Agua).
Fuentes judiciales indicaron que la resolución tomó en cuenta las corrientes actuales del Derecho Penal que tienden a reforzar el papel de las víctimas, a quienes se escuchó en este caso.
La suspensión del juicio a prueba es por tres años y dispone una serie de conductas que deberán cumplir Rocchia Ferro y Coronel: fijar residencia; realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral y profesional en materia ambiental, realizar a posterior seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a la contaminación y sus implicancias y dos charlas informativas respecto de la problemática de la contaminación ambiental y sus posibles soluciones en la Escuela de la localidad El Palomar, que deberán ser acreditadas por el juez de Ejecución Penal, en este caso Abelardo Basbús.
Los acusados también deberán comprometerse a llevar a cabo el plan vinaza cero, acreditando de manera periódica su cumplimiento.
También se emplazó a Rocchia Ferro y Coronel para que cumplan en el término de 30 días con la compra de bienes ofrecidos a las víctimas, y en el plazo de 12 meses, con las obras comprometidas. Además, el TOF resolvió que se haga efectivo el embargo de $ 200 mil que pesaba sobre ambos.
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Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba (probation) que se seguía al industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro y a José Ramón Coronel, dueño y gerente del ingenio y destilería La Florida. Ambos están acusados por el vuelco de millones de litros de vinaza, entre fines de 2012 y principios de 2013, que inundaron El Palomar, una pequeña localidad del departamento Jiménez.
Por entonces, la planta industrial descargó el efluente industrial a través de un canal interprovincial que une La Florida (Tucumán) con Jiménez (Santiago del Estero).
El cuerpo tomó esta decisión a instancias de las víctimas que aceptaron la reparación económica de unos 28,5 millones de pesos aproximadamente que hizo el empresario, y que consideraron importante. Las víctimas estuvieron representadas por las querellas: Fiscalía de Estado de Santiago del Estero (asistieron los abogados Marcelo Acuña y José Pérez Neme); la Fiscalía de Estado de Tucumán -se acumuló a este expediente una causa que tenía Rocchia Ferro en esa provincia- (representada por Mario Fabián Nahas); y Oscar Sarrulle, excamarista federal tucumano que vive en El Palomar y que fue querellante particular en representación de los vecinos.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general federal Indiana Garzón, asistida por el Dr. Pablo Álvarez, quien tras una extensa argumentación, expresó su rechazo a la probation y adelantó que recurrirá la sentencia ante Casación.
El ofrecimiento de Rocchia Ferro a través de su abogado Arnaldo Ahumada, para reparar el daño causado, incluye la compra de vehículos y embarcaciones para las dos provincias, el montaje de un laboratorio de última generación para el control de calidad de aguas en Santiago del Estero.
En el caso de El Palomar, el industrial se comprometió en un término de 12 meses a ejecutar un plan de obras que incluye: albergue para docentes, un puente peatonal para cruzar el canal interprovincial y llegar a la escuela, la construcción de una tapa para un pozo ciego que hay en el establecimiento, de un salón techado para juegos infantiles de los alumnos, el alambrado perimetral y un portón de ingreso para la escuela; también la construcción de un pozo de más de 130 metros de profundidad y sistema eléctrico de bombeo para obtener agua potable y las obras de red (éstas últimas planteadas por Sarrulle). También ofrece 20 becas para estudiantes de El Palomar para que estudien en la Universidad San Pablo en Tucumán.
La resolución del TOF que estuvo integrado por Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Juan Carlos Reynaga respetó el “deseo de las víctimas”, de aceptar el ofrecimiento de reparación del daño que de una propuesta original de $18 millones, se pasó a $ 27 millones el año pasado y luego a más de $28,5 millones teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la Fiscalía de Estado (que a su vez trasladó planteos de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría del Agua).
Fuentes judiciales indicaron que la resolución tomó en cuenta las corrientes actuales del Derecho Penal que tienden a reforzar el papel de las víctimas, a quienes se escuchó en este caso.
La suspensión del juicio a prueba es por tres años y dispone una serie de conductas que deberán cumplir Rocchia Ferro y Coronel: fijar residencia; realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral y profesional en materia ambiental, realizar a posterior seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a la contaminación y sus implicancias y dos charlas informativas respecto de la problemática de la contaminación ambiental y sus posibles soluciones en la Escuela de la localidad El Palomar, que deberán ser acreditadas por el juez de Ejecución Penal, en este caso Abelardo Basbús.
Los acusados también deberán comprometerse a llevar a cabo el plan vinaza cero, acreditando de manera periódica su cumplimiento.
También se emplazó a Rocchia Ferro y Coronel para que cumplan en el término de 30 días con la compra de bienes ofrecidos a las víctimas, y en el plazo de 12 meses, con las obras comprometidas. Además, el TOF resolvió que se haga efectivo el embargo de $ 200 mil que pesaba sobre ambos.
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Santa Fe sigue debatiendo una nueva ley de agroquímico
La Legislatura santafesina deberá debatir una nueva ley de agroquímico
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
Hay tres proyectos en análisis pero no hay ninguna certeza de que se traten este año.
La utilización intensiva de agroquímicos que demanda el modelo agroindustrial argentino hace tiempo que es tema de debate social. Esto por sus consecuencias negativas sobre la salud del ambiente y de las personas. Sin embargo, y en el medio de fuertes intereses cruzados, el debate político viene a la rastra. Y todavía no ha podido consensuar una nueva legislación para lo que es hoy la principal problemática socioambiental de la zona agrícola nacional.
Legislatura santafesina
En Santa Fe actualmente hay tres proyectos de ley en la Legislatura que buscan ordenar el uso de esos insumos. A través de la modificación de la ley 11.273, que data de 1995 cuando aún ni siquiera se había autorizado el uso de semillas modificadas en el país. El debate, que está en la comisión de Asuntos Constitucionales y que -en los papeles- debería llegar al recinto en un par de semanas, está tensionado por las diferentes posiciones que existen. Esto en relación a las distancias a las cuáles se puede fumigar de cascos urbanos tanto de manera terrestre como aérea. Así como a la presencia de depósitos de agroquímicos dentro de núcleos habitados.
Con inciertas chances de avanzar de manera concreta en el tema en lo que resta del año. Y en medio de la eterna transición política provincial, Entre Ríos (donde hay una guerra virtual entre docentes, el poder judicial, el Ejecutivo y la Mesa de Enlace por las distancias a las fumigaciones) ofrece un espejo donde Santa Fe puede mirarse. Y ver qué pasa cuando la inacción política no resuelve una demanda que ya lleva años.
Tres proyectos en pugna
Hoy hay tres proyectos en discusión. Uno fue presentado en febrero pasado por el diputado Carlos del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular). Es apoyado por varios diputados más entre los cuáles se encuentran Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), Silvia Simoncini y Patricia Chialvo (peronismo), Palo Oliver (radicalismo) y Verónica Benas (Pares).
Retoma la propuesta histórica de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Presentada por primera vez por José Tessa. Busca prohibir tanto las aspersiones aéreas como la presencia de depósitos de estos insumos químicos en zonas habitadas. Y propone una distancia de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres.
Un segundo proyecto es el que impulsa el radical Santiago Mascheroni, presidente de la Comisión de Medioambiente. También pone de manera gradual límites más estrictos a las fumigaciones pero no avanza sobre el tema de los depósitos. Además, prohíbe las aspersiones aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas habitadas.
El tercer proyecto es el que suele denominarse “Ley Bertero” (fue presentado originalmente, hace años, por la socialista Inés Bertero). Y es el más resistido por las organizaciones socioambientales, que consideran que es regresivo en cuanto a las distancias que plantea para la aplicación de estos productos al plantear varias excepciones posibles a la norma.
Paren de Fumigarnos
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos expresaron su preocupación por lo que pueda pasar en la Legislatura. “La solución es el cambio de este modelo químico dependiente por uno agroecológico. Pero en ‘defensa propia’ y para poner a resguardo a los vecinos más expuestos hemos propuesto modificaciones a la ley actual”, expresaron desde esa agrupación. Estos cambios buscan incorporar zonas de resguardo de 1.500 metros como tiene San Luis. Y la prohibición de las aspersiones aéreas.
Para los ambientalistas, el proyecto de Mascheroni “es aceptable”. Ya que contempla una zona de resguardo para las fumigaciones terrestres a la que se llegaría de forma progresiva en dos años.
Todos los cañones de la Multisectorial apuntan contra el tercer proyecto. Que según puntualizaron “lleva estas zonas sin químicos de 200 a 300 metros según haya o no barrera forestal. Y permite las fumigaciones aéreas a 800 metros de las viviendas si es necesario”. “Es un proyecto de ley regresivo y anticonstitucional. Solo pensado para la renta de algunos pocos y el perjuicio de las verdaderas mayorías”, expresaron los ambientalistas.
Continuidades y rupturas políticas
A pesar de la creciente presión social sobre el tema, no hay certezas de que salga una nueva ley de la Legislatura antes de fin de año. En opinión de Del Frade “ni Lifschitz ni Perotti quieren que se trate y eso es un problema”.
Un diagnóstico parecido trazó Rafael Colombo, del colectivo ambientalista Capibara. Para quien “en la legislatura hay actitudes no homogéneas del oficialismo y de la oposición con muchas vacilaciones. Que no auguran un buen final en este año parlamentario para una reforma de la ley”,
El abogado explicó que desde Capibara apoyan el proyecto histórico de “Paren de Fumigarnos” y que hace falta una “reforma integral” del corpus normativo sobre agroquímicos que incluya, además de límites y prohibiciones, una Ley de Silos y otra de promoción de la agroecología junto a la creación “de un Observatorio de Agrotóxicos”.
Colombo avanzó en el análisis de lo que consideró “las contradicciones del oficialismo” entre las cuáles, en su opinión, “la más flagrante es la de Lifschitz”.
“En la Tercera Cumbre Climática hizo una crítica directa al sistema agroindustrial actua. Planteando límites a su rentabilidad y una mayor conciencia sobre la contaminación con agroquímicos. Mientras su ministra de la Producción (Alicia Ciciliani) apuntala el discurso de las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas que son un eufemismo del capitalismo agroindustrial para no revisarse a sí mismo”, dijo el referente de Capibara.
En relación a lo que esperan del nuevo gobierno provincial, explicó que (tal como hicieron con el gobernador saliente) le presentarán a Perotti una propuesta ambiental desde Capibara así como los proyectos que trabajan desde la Multisectorial. “Es una persona ligada a los intereses económicos productivos de la provincia pero eso no quiere decir que no pueda ser receptivo. Han pasado los años y el escenario social ha cambiado mucho”, puntualizó.
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Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
Hay tres proyectos en análisis pero no hay ninguna certeza de que se traten este año.
La utilización intensiva de agroquímicos que demanda el modelo agroindustrial argentino hace tiempo que es tema de debate social. Esto por sus consecuencias negativas sobre la salud del ambiente y de las personas. Sin embargo, y en el medio de fuertes intereses cruzados, el debate político viene a la rastra. Y todavía no ha podido consensuar una nueva legislación para lo que es hoy la principal problemática socioambiental de la zona agrícola nacional.
Legislatura santafesina
En Santa Fe actualmente hay tres proyectos de ley en la Legislatura que buscan ordenar el uso de esos insumos. A través de la modificación de la ley 11.273, que data de 1995 cuando aún ni siquiera se había autorizado el uso de semillas modificadas en el país. El debate, que está en la comisión de Asuntos Constitucionales y que -en los papeles- debería llegar al recinto en un par de semanas, está tensionado por las diferentes posiciones que existen. Esto en relación a las distancias a las cuáles se puede fumigar de cascos urbanos tanto de manera terrestre como aérea. Así como a la presencia de depósitos de agroquímicos dentro de núcleos habitados.
Con inciertas chances de avanzar de manera concreta en el tema en lo que resta del año. Y en medio de la eterna transición política provincial, Entre Ríos (donde hay una guerra virtual entre docentes, el poder judicial, el Ejecutivo y la Mesa de Enlace por las distancias a las fumigaciones) ofrece un espejo donde Santa Fe puede mirarse. Y ver qué pasa cuando la inacción política no resuelve una demanda que ya lleva años.
Tres proyectos en pugna
Hoy hay tres proyectos en discusión. Uno fue presentado en febrero pasado por el diputado Carlos del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular). Es apoyado por varios diputados más entre los cuáles se encuentran Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), Silvia Simoncini y Patricia Chialvo (peronismo), Palo Oliver (radicalismo) y Verónica Benas (Pares).
Retoma la propuesta histórica de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Presentada por primera vez por José Tessa. Busca prohibir tanto las aspersiones aéreas como la presencia de depósitos de estos insumos químicos en zonas habitadas. Y propone una distancia de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres.
Un segundo proyecto es el que impulsa el radical Santiago Mascheroni, presidente de la Comisión de Medioambiente. También pone de manera gradual límites más estrictos a las fumigaciones pero no avanza sobre el tema de los depósitos. Además, prohíbe las aspersiones aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas habitadas.
El tercer proyecto es el que suele denominarse “Ley Bertero” (fue presentado originalmente, hace años, por la socialista Inés Bertero). Y es el más resistido por las organizaciones socioambientales, que consideran que es regresivo en cuanto a las distancias que plantea para la aplicación de estos productos al plantear varias excepciones posibles a la norma.
Paren de Fumigarnos
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos expresaron su preocupación por lo que pueda pasar en la Legislatura. “La solución es el cambio de este modelo químico dependiente por uno agroecológico. Pero en ‘defensa propia’ y para poner a resguardo a los vecinos más expuestos hemos propuesto modificaciones a la ley actual”, expresaron desde esa agrupación. Estos cambios buscan incorporar zonas de resguardo de 1.500 metros como tiene San Luis. Y la prohibición de las aspersiones aéreas.
Para los ambientalistas, el proyecto de Mascheroni “es aceptable”. Ya que contempla una zona de resguardo para las fumigaciones terrestres a la que se llegaría de forma progresiva en dos años.
Todos los cañones de la Multisectorial apuntan contra el tercer proyecto. Que según puntualizaron “lleva estas zonas sin químicos de 200 a 300 metros según haya o no barrera forestal. Y permite las fumigaciones aéreas a 800 metros de las viviendas si es necesario”. “Es un proyecto de ley regresivo y anticonstitucional. Solo pensado para la renta de algunos pocos y el perjuicio de las verdaderas mayorías”, expresaron los ambientalistas.
Continuidades y rupturas políticas
A pesar de la creciente presión social sobre el tema, no hay certezas de que salga una nueva ley de la Legislatura antes de fin de año. En opinión de Del Frade “ni Lifschitz ni Perotti quieren que se trate y eso es un problema”.
Un diagnóstico parecido trazó Rafael Colombo, del colectivo ambientalista Capibara. Para quien “en la legislatura hay actitudes no homogéneas del oficialismo y de la oposición con muchas vacilaciones. Que no auguran un buen final en este año parlamentario para una reforma de la ley”,
El abogado explicó que desde Capibara apoyan el proyecto histórico de “Paren de Fumigarnos” y que hace falta una “reforma integral” del corpus normativo sobre agroquímicos que incluya, además de límites y prohibiciones, una Ley de Silos y otra de promoción de la agroecología junto a la creación “de un Observatorio de Agrotóxicos”.
Colombo avanzó en el análisis de lo que consideró “las contradicciones del oficialismo” entre las cuáles, en su opinión, “la más flagrante es la de Lifschitz”.
“En la Tercera Cumbre Climática hizo una crítica directa al sistema agroindustrial actua. Planteando límites a su rentabilidad y una mayor conciencia sobre la contaminación con agroquímicos. Mientras su ministra de la Producción (Alicia Ciciliani) apuntala el discurso de las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas que son un eufemismo del capitalismo agroindustrial para no revisarse a sí mismo”, dijo el referente de Capibara.
En relación a lo que esperan del nuevo gobierno provincial, explicó que (tal como hicieron con el gobernador saliente) le presentarán a Perotti una propuesta ambiental desde Capibara así como los proyectos que trabajan desde la Multisectorial. “Es una persona ligada a los intereses económicos productivos de la provincia pero eso no quiere decir que no pueda ser receptivo. Han pasado los años y el escenario social ha cambiado mucho”, puntualizó.
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Grave: modifican decreto y se permite importar basura
Macri modificó un decreto que habilita a importar basura peligrosa sin controles
Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Nacional
La modificación de un viejo decreto deja al país al borde transformarse un basural de residuos peligrosos proveniente de otros países. A la par, recicladores se ven afectados por la caída del precio de elementos como el cartón y el plástico, ante la mayor demanda. El decreto original lo había firmado Menem en 1992 luego de un escándalo por la llegada de residuos nucleares al país.
Un polémico decreto firmado por el gobierno de Mauricio Macri pasó desapercibido la semana pasada: se trata una modificación de la vieja orden Nº 181/1992 que por entonces habilitaba a la importación de basura de otros países y que generó un escándalo por la aparición de residuos nucleares en el gobierno de Menem.
Ahora, las modificaciones pasaron tan solo por un solo artículo y según trabajadores de la Economía Popular y ambientalistas, el mismo “flexibiliza el debido control ecológico”, librando a la Argentina a transformarse en un país receptor de basura peligrosa como la nuclear, proveniente de Europa y otras regiones.
Esto, además de poner en peligro al medio ambiente, representa una dura contradicción en términos ecológicos: mientras el gobierno no destina los suficientes fondos para reciclar la basura que se genera en su propio país, se destinarán millones para pagar la basura que descartan otras naciones. Todo esto, mientras países como China y parte de la Unión Europea prohíben el ingreso de basura a sus países.
Los primeros en denunciar este nuevo decreto fueron los Cartoneros y Recicladores urbanos que a las claras, hoy se constituyen como de los principales recolectores de cartones, plásticos y otros elementos que terminan descartados de la basura, para ser reciclados.
Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), en nuestro país se generan 40.000 toneladas de basura por mes y el 40% podría ser reciclado. “De esta cantidad solo se recicla la mitad gracias al trabajo cotidiano de los cartoneros (150.000 en todo el país)”, explican.
“En lugar de potenciar la recolección y reciclado de los residuos que tiramos los argentinos, se facilita la importación de los residuos de los europeos. Esto perjudica a los cartoneros que trabajamos de esa recolección y de la venta de ese material. Y en el medio de una crisis social y económica, significa que nos llevan al hambre”, expresaron en un comunicado.
“Antes se tenía que demostrar que lo que llegaba eran residuos inocuos y se tramitaba en la Secretaría de Ambiente un permiso específico para cada importación. Ahora simplemente se puede importar sin esa necesidad. Esto es muy peligroso para los recicladores de la Argentina”, describió para INFOCIELO, Alejandro Valiente, miembro del equipo técnico de la FACCyR.
Para los cartoneros y recicladores esto es una mala noticia, porque ante más demanda de cartón en el país, menor será su valor y por lo tanto menor los ingresos de sus trabajadores. Que, valga la aclaración, integran un sector social más que vulnerable en la población.
Los especialistas explican que en los primeros meses del 2019 se importó más cartón para reciclar que todo en 2018 y este fenómeno se dio sin el aval del nuevo decreto. Por lo que la situación para el mercado del cartón y otros elementos reciclables podría complicarse aún más.
“Todavía se puede recuperar y reciclar el doble de lo que hoy se recicla. En vez de reciclar los residuos que generamos en Argentina vamos a comprar a precio dólar lo que tiran otros. En lugar de estimular la importación de residuos, el gobierno debería potenciar el trabajo de los que ya reciclamos para que juntemos cada vez más residuos, podamos vivir en un ambiente sano, y avanzar hacia una economía sustentable con basura cero”, se quejaron desde el Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MTE).
Con el nuevo decreto 591/2019 el país se vuelve un receptor de basura peligrosa y el Estado destinará fondos que podría utilizarlos para el reciclado de su propia basura. Algo que a las claras parece tratarse de un negocio que huele mal.
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Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Nacional
La modificación de un viejo decreto deja al país al borde transformarse un basural de residuos peligrosos proveniente de otros países. A la par, recicladores se ven afectados por la caída del precio de elementos como el cartón y el plástico, ante la mayor demanda. El decreto original lo había firmado Menem en 1992 luego de un escándalo por la llegada de residuos nucleares al país.
Un polémico decreto firmado por el gobierno de Mauricio Macri pasó desapercibido la semana pasada: se trata una modificación de la vieja orden Nº 181/1992 que por entonces habilitaba a la importación de basura de otros países y que generó un escándalo por la aparición de residuos nucleares en el gobierno de Menem.
Ahora, las modificaciones pasaron tan solo por un solo artículo y según trabajadores de la Economía Popular y ambientalistas, el mismo “flexibiliza el debido control ecológico”, librando a la Argentina a transformarse en un país receptor de basura peligrosa como la nuclear, proveniente de Europa y otras regiones.
Esto, además de poner en peligro al medio ambiente, representa una dura contradicción en términos ecológicos: mientras el gobierno no destina los suficientes fondos para reciclar la basura que se genera en su propio país, se destinarán millones para pagar la basura que descartan otras naciones. Todo esto, mientras países como China y parte de la Unión Europea prohíben el ingreso de basura a sus países.
Los primeros en denunciar este nuevo decreto fueron los Cartoneros y Recicladores urbanos que a las claras, hoy se constituyen como de los principales recolectores de cartones, plásticos y otros elementos que terminan descartados de la basura, para ser reciclados.
Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), en nuestro país se generan 40.000 toneladas de basura por mes y el 40% podría ser reciclado. “De esta cantidad solo se recicla la mitad gracias al trabajo cotidiano de los cartoneros (150.000 en todo el país)”, explican.
“En lugar de potenciar la recolección y reciclado de los residuos que tiramos los argentinos, se facilita la importación de los residuos de los europeos. Esto perjudica a los cartoneros que trabajamos de esa recolección y de la venta de ese material. Y en el medio de una crisis social y económica, significa que nos llevan al hambre”, expresaron en un comunicado.
“Antes se tenía que demostrar que lo que llegaba eran residuos inocuos y se tramitaba en la Secretaría de Ambiente un permiso específico para cada importación. Ahora simplemente se puede importar sin esa necesidad. Esto es muy peligroso para los recicladores de la Argentina”, describió para INFOCIELO, Alejandro Valiente, miembro del equipo técnico de la FACCyR.
Para los cartoneros y recicladores esto es una mala noticia, porque ante más demanda de cartón en el país, menor será su valor y por lo tanto menor los ingresos de sus trabajadores. Que, valga la aclaración, integran un sector social más que vulnerable en la población.
Los especialistas explican que en los primeros meses del 2019 se importó más cartón para reciclar que todo en 2018 y este fenómeno se dio sin el aval del nuevo decreto. Por lo que la situación para el mercado del cartón y otros elementos reciclables podría complicarse aún más.
“Todavía se puede recuperar y reciclar el doble de lo que hoy se recicla. En vez de reciclar los residuos que generamos en Argentina vamos a comprar a precio dólar lo que tiran otros. En lugar de estimular la importación de residuos, el gobierno debería potenciar el trabajo de los que ya reciclamos para que juntemos cada vez más residuos, podamos vivir en un ambiente sano, y avanzar hacia una economía sustentable con basura cero”, se quejaron desde el Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MTE).
Con el nuevo decreto 591/2019 el país se vuelve un receptor de basura peligrosa y el Estado destinará fondos que podría utilizarlos para el reciclado de su propia basura. Algo que a las claras parece tratarse de un negocio que huele mal.
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Gobierno de Jujuy planea expropiar tierras indígenas
Inconstitucional: Morales quiere expropiar tierras a pueblos originarios
Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Nuestras Voces
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador Gerardo Morales está apurado por hacerse de tierras en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayo antes del 10 de diciembre porque perderá la hegemonía en Jujuy. Busca liberar un crédito del BID de $ 53 millones que fue subejectuado y cuyo avance falseó ante el organismo. Las tierras pertenecen a pueblos originarios y la Constitución prohíbe su expropiación. El trasfondo del negocio del litio que Mauricio Macri impulsa junto a Morales atacando a las comunidades y el medio ambiente.
Gerardo Morales pretende expropiar iregularmente tierras de comunidades originarias. La excusa es para «desarrollar un Centro de Interpretación Turística» en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que los territorios comunitarios no están sujetos a ser declarados «de utilidad pública». El gobernador radical jujeño y ladero incondicional de Mauricio Macri se enfrenta una vez más a los pueblos originarios, que reclaman que se respete el Convenio 169 de la OIT, que establece que se debe realizar una consulta previa, libre e informada toda vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
Morales está apurado por hacerse de las tierras antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición de la Cámara de Diputados provincial y perderá la hegemonía propia, se esconde detrás de la maniobra el desembolso de un crédito del BID de alrededor de 53 millones de pesos previsto entre 2019 y 2020. A pesar que en el presupuesto de este año figura que se realizaría un avance de obra del 27,5%, al mes de septiembre ni siquiera cuentan con el espacio físico para realizar la construcción. Los diputados de la oposición aseguran que el crédito no fue autorizado por la legislatura y se desconoce si la partida ya fue desembolsada.
Esta semana, integrantes de las comunidades indígenas de Saladillos Ronqui Angosto y San Miguel del Colorado viajaron alrededor de 150 kilómetros para llegar a San Salvador de Jujuy. En la tarde del miércoles, apenas horas antes de la sesión, tomaron conocimiento que la Cámara de Diputados trataría la expropiación de tres hectáreas que pertenecen a las familias Alancay y Tolaba, pero que se encuentran censadas como parte de los pueblos originarios que habitan en la zona.
Acompañados por Oscar Tolaba, comisionado municipal de Purmamarca, distrito dentro del cual se encuentran los territorios, llegaron hasta la legislatura de Jujuy para exigir que no se tratara el proyecto por ser violatorio del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que establece que las tierras comunitarias no son enajenables. Pero además, reclamaron que el proyecto de expropiación del terreno no fue objeto de consulta en los términos del derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT, ni siquiera informado a las comunidades indígenas que tampoco participaron en su elaboración.
Si bien uno de los argumentos para expropiar las tierras es que las mismas son privadas, la abogada Alicia Chalabe señaló: “Eso es lo que dice el gobierno, pero junto a las comunidades de San Miguel del Colorado y de Saladillos presentamos una nota en la legislatura acompañando la documentación en la que manifiesta que estos titulares, estos dueños de la tierra privada están censados en la comunidad y el terreno que se pretende expropiar forma parte del croquis de la propiedad comunitaria de la comunidad aborígen de Saladillos, por lo tanto ha cambiado el carácter la tierra. Esto ha sido presentado en la secretaria de Pueblos Indígenas en el mes de junio de este año”.
Otro de los argumentos del gobierno es que parte de la familia estaba de acuerdo con la expropiación. Sin embargo, en la reunión con los legisladores de la oposición Chalabe manifestó que eso no era así, que no había ninguna documentación que respaldara dicha afirmación y que todos los integrantes de los Tolaba Alancay estaban en contra de la medida.
El gobierno proyecta en esas tierras la realización de un Centro de Interpretación Turística con el objeto de “ayudar a conocer y entender el patrimonio, a divulgar ese conocimiento para que sea respetado y así pueda ser integrado al lugar. La labor básica consistirá en mostrar la realidad actual y pasada de forma didáctica, divertida, participativa y amena para todos los públicos a través de un recorrido interactivo para que el visitante, en contacto directo con el patrimonio, pueda comprender qué ocurrió en el lugar, en cada momento histórico, cómo afectó la evolución y cómo influyen en la actual forma de vivir de los habitantes del lugar, apuntando a la conservación de ese territorio”. Sin embargo, las comunidades que viven en esas tierras ancestralmente y que también desarrollan actividades turísticas que le permiten auto sustentarse, jamás fueron consultadas ni informadas sobre el proyecto.
“A partir de la sanción de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se estableció el límite al ejercicio de los derechos individuales que debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. En este caso se encuentran en vilo los derechos de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sobre el patrimonio y territorio comunitario de las mismas. Esta norma refiere que debe conformarse las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas respetando entre otros el agua, los valores culturales, el paisaje. Así, no hemos formado parte ni intervenido de manera alguna en el proyecto en cuestión que rechazamos”, señalaron las comunidades en una nota que enviaron al titular del Poder Ejecutivo y a la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin.
En ese marco, Marina Vilte, abogada e integrante de la Asamblea de Autoconvocados de Purmamarca en diálogo con Nuestras Voces señaló: “Si este proyecto fuera de buena fe, lo hubieran conversado con las comunidades y hubieran puesto todo lo necesario para que la propia comunidad desarrolle su actividad turística, porque instalar un centro de recepción de turistas lo único que hace hoy es atentar contra el pequeño e incipiente progreso que va generando la gente del lugar de forma autosustentada. Las comunidades saben muy bien qué hacer. Saben muy bien hacer sus tejidos, saben muy bien hacer sus manufacturas, saben muy bien desarrollar su ganadería, saben muy bien hacer lo que hacen de manera ancestral hace siglos y siglos. Entonces lo único que puede hacer el Estado acá es impulsar la actividad turística propuesta por las comunidades, pero como quieren algo totalmente independiente avasallan todo, no establecen canales de diálogo y nunca nos informan nada”, sostuvo.
En el mismo sentido, Oscar Tolaba, comisionado de Purmamarca aseguró que “las comunidades saben bien qué tienen que hacer en su territorio. Acá las comunidades no han sido consultadas y por eso cuando pasó todo esto, nosotros nos enteramos del proyecto de ley, me consultaron a mí y nosotros desde la comisión municipal tampoco estábamos enterados. Y la idea es esa, que se nos informe y se nos consulte para poder saber y poder opinar y poder decir que está bien y que se está por hacer mal en el territorio sobre todo. Es importante que se los consulte porque ellos actualmente explotan el tema turístico. Nosotros desde Purmamarca impulsamos muchísimo el tema Salinas. De hecho, fue declarado una de las siete maravillas de Argentina. Por eso es importante cuidarla y quién mejor para cuidar algo que es de nuestra tierra que la gente que siempre la habitó. Hoy las comunidades, sobre todo las de Salinas están muy sensibles por la posible explotación del litio. Entonces cualquier intromisión dentro del territorio es alertante para todos los comuneros”, sostuvo.
Desde principios de año, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc mantienen un duro enfrentamiento con el gobierno que impulsa proyectos de extracción de litio en el territorio. Los pueblos que habitan la Cuenca reclamaron sobre los daños ambientales que producen los proyectos mineros tal como se están realizando y sobre la intromisión del gobierno sin respeto a los derechos de los habitantes ancestrales del lugar.
“Si ellos pretenden que entendamos que este proyecto nada tiene que ver con la política minera, en cuanto al litio, no somos ingenuos”, afirmó Vilte. Y explicó: “Casualmente este terreno se encuentra muy cercano a la comunidad de Inti Quillas, donde ya se encuentra aprobada una explotación del litio –aunque sin acuerdo de los pueblos originarios–. En febrero, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc dijeron no al litio y no al ingreso de sus territorios, y nuevamente Morales, con este proyecto firmado de puño y letra de su parte, está avasallando a nuestras comunidades. No quiso entablar un diálogo y esto lo podemos probar porque ni siquiera el comisionado de Purmamarca estaba al tanto del proyecto. Si realmente el interés que hay fuera el proyecto turístico, ¿cómo no van a articular con las comunidades?”
Lo cierto es que el gobierno espera contar con 53 millones de pesos para realizar el Centro de Interpretación Turística cuyas funciones serían: brindar información turística, registrar la cantidad de visitantes a Salinas Grandes, monitorear las actividades turísticas que se realizan en el lugar, transmitir la información sobre los elementos o hechos de la vida cotidiana pasados y presentes, fomentar la conservación de la biodiversidad, incentivar la visita de visitantes y turistas a pueblos y lugares aledaños y servir como punto de partida para la realización de recorridos de los visitantes.
Natalia Morales, diputada provincial del Frente de Izquierdas, aseguró que “detrás hay intereses de los empresarios del turismo que hacen negocio en territorio indígena, en comunidades originarias que hasta la UCA dio cuenta que son las más empobrecidas de la provincia, incluso del país y también del negocio de la megaminería. No es casual que en la misma sesión donde se pretendía tratar este proyecto se vote un proyecto de ley que no se discutió en comisiones donde van a refrendar el interés del litio como recurso estratégico. Esto implica abrir el porton de mano a mano para las multinacionales mineras que en este momento están en la provincia y están saqueando todos los recursos minerales a costa de los derechos de las comunidades y contaminando el agua, tal como lo denunciaron”.
Por su parte, Alejandra Cejas, diputada provincial del PJ, expresó a este medio: “el gobierno avanza sobre las comiunidades, sobre todos los jujeños. Tiene una mecánica incorporada de la expropiación de tierras, de utilizar esta herramienta pública, de saquear las tierras para hacer emprendimientos que poco se conocen. Es el caso en la Quebrada y Puna que afecta a las comunidades directamente: en El Perchel, en Huacalera, en Guayatayoc que es insignia de la lucha de las comunidades contra el gobierno. En Valles y Ramal tenemos la discusión de las tierras de los diques. Ahora en La Esperanza, en Calilegua. Le gusta quedarse con tierras ajenas, nunca se sabe cuál es el beneficio, de hecho no hay beneficio. Y en el tema de las comunidades en particular, la ley de expropiación de tierras sin consulta previa y para que pasen los electroductos fue la primera avanzada de esa ley. Lo único que hicieron es despojar a las comunidades de sus tierras desconociendo sus derechos constitucionales e internacionales que los ampara”.
Tras la reunión con los diputados de la oposición que los recibieron en la legislatura, las comunidades lograron que el proyecto volviera a comisión. Sin embargo el estado de alerta continúa porque detrás de la expropiación de las tierras se encuentra el desembolso del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo cuyas condiciones los legisladores desconocen ya que se aprobó sin pasar por la Cámara.
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Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Nuestras Voces
Provincia/Región: Jujuy
El gobernador Gerardo Morales está apurado por hacerse de tierras en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayo antes del 10 de diciembre porque perderá la hegemonía en Jujuy. Busca liberar un crédito del BID de $ 53 millones que fue subejectuado y cuyo avance falseó ante el organismo. Las tierras pertenecen a pueblos originarios y la Constitución prohíbe su expropiación. El trasfondo del negocio del litio que Mauricio Macri impulsa junto a Morales atacando a las comunidades y el medio ambiente.
Gerardo Morales pretende expropiar iregularmente tierras de comunidades originarias. La excusa es para «desarrollar un Centro de Interpretación Turística» en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que los territorios comunitarios no están sujetos a ser declarados «de utilidad pública». El gobernador radical jujeño y ladero incondicional de Mauricio Macri se enfrenta una vez más a los pueblos originarios, que reclaman que se respete el Convenio 169 de la OIT, que establece que se debe realizar una consulta previa, libre e informada toda vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
Morales está apurado por hacerse de las tierras antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición de la Cámara de Diputados provincial y perderá la hegemonía propia, se esconde detrás de la maniobra el desembolso de un crédito del BID de alrededor de 53 millones de pesos previsto entre 2019 y 2020. A pesar que en el presupuesto de este año figura que se realizaría un avance de obra del 27,5%, al mes de septiembre ni siquiera cuentan con el espacio físico para realizar la construcción. Los diputados de la oposición aseguran que el crédito no fue autorizado por la legislatura y se desconoce si la partida ya fue desembolsada.
Esta semana, integrantes de las comunidades indígenas de Saladillos Ronqui Angosto y San Miguel del Colorado viajaron alrededor de 150 kilómetros para llegar a San Salvador de Jujuy. En la tarde del miércoles, apenas horas antes de la sesión, tomaron conocimiento que la Cámara de Diputados trataría la expropiación de tres hectáreas que pertenecen a las familias Alancay y Tolaba, pero que se encuentran censadas como parte de los pueblos originarios que habitan en la zona.
Acompañados por Oscar Tolaba, comisionado municipal de Purmamarca, distrito dentro del cual se encuentran los territorios, llegaron hasta la legislatura de Jujuy para exigir que no se tratara el proyecto por ser violatorio del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que establece que las tierras comunitarias no son enajenables. Pero además, reclamaron que el proyecto de expropiación del terreno no fue objeto de consulta en los términos del derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT, ni siquiera informado a las comunidades indígenas que tampoco participaron en su elaboración.
Si bien uno de los argumentos para expropiar las tierras es que las mismas son privadas, la abogada Alicia Chalabe señaló: “Eso es lo que dice el gobierno, pero junto a las comunidades de San Miguel del Colorado y de Saladillos presentamos una nota en la legislatura acompañando la documentación en la que manifiesta que estos titulares, estos dueños de la tierra privada están censados en la comunidad y el terreno que se pretende expropiar forma parte del croquis de la propiedad comunitaria de la comunidad aborígen de Saladillos, por lo tanto ha cambiado el carácter la tierra. Esto ha sido presentado en la secretaria de Pueblos Indígenas en el mes de junio de este año”.
Otro de los argumentos del gobierno es que parte de la familia estaba de acuerdo con la expropiación. Sin embargo, en la reunión con los legisladores de la oposición Chalabe manifestó que eso no era así, que no había ninguna documentación que respaldara dicha afirmación y que todos los integrantes de los Tolaba Alancay estaban en contra de la medida.
El gobierno proyecta en esas tierras la realización de un Centro de Interpretación Turística con el objeto de “ayudar a conocer y entender el patrimonio, a divulgar ese conocimiento para que sea respetado y así pueda ser integrado al lugar. La labor básica consistirá en mostrar la realidad actual y pasada de forma didáctica, divertida, participativa y amena para todos los públicos a través de un recorrido interactivo para que el visitante, en contacto directo con el patrimonio, pueda comprender qué ocurrió en el lugar, en cada momento histórico, cómo afectó la evolución y cómo influyen en la actual forma de vivir de los habitantes del lugar, apuntando a la conservación de ese territorio”. Sin embargo, las comunidades que viven en esas tierras ancestralmente y que también desarrollan actividades turísticas que le permiten auto sustentarse, jamás fueron consultadas ni informadas sobre el proyecto.
“A partir de la sanción de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se estableció el límite al ejercicio de los derechos individuales que debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. En este caso se encuentran en vilo los derechos de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sobre el patrimonio y territorio comunitario de las mismas. Esta norma refiere que debe conformarse las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas respetando entre otros el agua, los valores culturales, el paisaje. Así, no hemos formado parte ni intervenido de manera alguna en el proyecto en cuestión que rechazamos”, señalaron las comunidades en una nota que enviaron al titular del Poder Ejecutivo y a la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin.
En ese marco, Marina Vilte, abogada e integrante de la Asamblea de Autoconvocados de Purmamarca en diálogo con Nuestras Voces señaló: “Si este proyecto fuera de buena fe, lo hubieran conversado con las comunidades y hubieran puesto todo lo necesario para que la propia comunidad desarrolle su actividad turística, porque instalar un centro de recepción de turistas lo único que hace hoy es atentar contra el pequeño e incipiente progreso que va generando la gente del lugar de forma autosustentada. Las comunidades saben muy bien qué hacer. Saben muy bien hacer sus tejidos, saben muy bien hacer sus manufacturas, saben muy bien desarrollar su ganadería, saben muy bien hacer lo que hacen de manera ancestral hace siglos y siglos. Entonces lo único que puede hacer el Estado acá es impulsar la actividad turística propuesta por las comunidades, pero como quieren algo totalmente independiente avasallan todo, no establecen canales de diálogo y nunca nos informan nada”, sostuvo.
En el mismo sentido, Oscar Tolaba, comisionado de Purmamarca aseguró que “las comunidades saben bien qué tienen que hacer en su territorio. Acá las comunidades no han sido consultadas y por eso cuando pasó todo esto, nosotros nos enteramos del proyecto de ley, me consultaron a mí y nosotros desde la comisión municipal tampoco estábamos enterados. Y la idea es esa, que se nos informe y se nos consulte para poder saber y poder opinar y poder decir que está bien y que se está por hacer mal en el territorio sobre todo. Es importante que se los consulte porque ellos actualmente explotan el tema turístico. Nosotros desde Purmamarca impulsamos muchísimo el tema Salinas. De hecho, fue declarado una de las siete maravillas de Argentina. Por eso es importante cuidarla y quién mejor para cuidar algo que es de nuestra tierra que la gente que siempre la habitó. Hoy las comunidades, sobre todo las de Salinas están muy sensibles por la posible explotación del litio. Entonces cualquier intromisión dentro del territorio es alertante para todos los comuneros”, sostuvo.
Desde principios de año, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc mantienen un duro enfrentamiento con el gobierno que impulsa proyectos de extracción de litio en el territorio. Los pueblos que habitan la Cuenca reclamaron sobre los daños ambientales que producen los proyectos mineros tal como se están realizando y sobre la intromisión del gobierno sin respeto a los derechos de los habitantes ancestrales del lugar.
“Si ellos pretenden que entendamos que este proyecto nada tiene que ver con la política minera, en cuanto al litio, no somos ingenuos”, afirmó Vilte. Y explicó: “Casualmente este terreno se encuentra muy cercano a la comunidad de Inti Quillas, donde ya se encuentra aprobada una explotación del litio –aunque sin acuerdo de los pueblos originarios–. En febrero, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc dijeron no al litio y no al ingreso de sus territorios, y nuevamente Morales, con este proyecto firmado de puño y letra de su parte, está avasallando a nuestras comunidades. No quiso entablar un diálogo y esto lo podemos probar porque ni siquiera el comisionado de Purmamarca estaba al tanto del proyecto. Si realmente el interés que hay fuera el proyecto turístico, ¿cómo no van a articular con las comunidades?”
Lo cierto es que el gobierno espera contar con 53 millones de pesos para realizar el Centro de Interpretación Turística cuyas funciones serían: brindar información turística, registrar la cantidad de visitantes a Salinas Grandes, monitorear las actividades turísticas que se realizan en el lugar, transmitir la información sobre los elementos o hechos de la vida cotidiana pasados y presentes, fomentar la conservación de la biodiversidad, incentivar la visita de visitantes y turistas a pueblos y lugares aledaños y servir como punto de partida para la realización de recorridos de los visitantes.
Natalia Morales, diputada provincial del Frente de Izquierdas, aseguró que “detrás hay intereses de los empresarios del turismo que hacen negocio en territorio indígena, en comunidades originarias que hasta la UCA dio cuenta que son las más empobrecidas de la provincia, incluso del país y también del negocio de la megaminería. No es casual que en la misma sesión donde se pretendía tratar este proyecto se vote un proyecto de ley que no se discutió en comisiones donde van a refrendar el interés del litio como recurso estratégico. Esto implica abrir el porton de mano a mano para las multinacionales mineras que en este momento están en la provincia y están saqueando todos los recursos minerales a costa de los derechos de las comunidades y contaminando el agua, tal como lo denunciaron”.
Por su parte, Alejandra Cejas, diputada provincial del PJ, expresó a este medio: “el gobierno avanza sobre las comiunidades, sobre todos los jujeños. Tiene una mecánica incorporada de la expropiación de tierras, de utilizar esta herramienta pública, de saquear las tierras para hacer emprendimientos que poco se conocen. Es el caso en la Quebrada y Puna que afecta a las comunidades directamente: en El Perchel, en Huacalera, en Guayatayoc que es insignia de la lucha de las comunidades contra el gobierno. En Valles y Ramal tenemos la discusión de las tierras de los diques. Ahora en La Esperanza, en Calilegua. Le gusta quedarse con tierras ajenas, nunca se sabe cuál es el beneficio, de hecho no hay beneficio. Y en el tema de las comunidades en particular, la ley de expropiación de tierras sin consulta previa y para que pasen los electroductos fue la primera avanzada de esa ley. Lo único que hicieron es despojar a las comunidades de sus tierras desconociendo sus derechos constitucionales e internacionales que los ampara”.
Tras la reunión con los diputados de la oposición que los recibieron en la legislatura, las comunidades lograron que el proyecto volviera a comisión. Sin embargo el estado de alerta continúa porque detrás de la expropiación de las tierras se encuentra el desembolso del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo cuyas condiciones los legisladores desconocen ya que se aprobó sin pasar por la Cámara.
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Entre Rios: repudio de la Asamblea a declaraciones de Bordet
La Asamblea Ciudadana repudió declaraciones de Bordet sobre la lucha contra UPM Botnia
Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Analisis Digital
Provincia/Región: Entre Rios
En la inauguración del nuevo Consulado de Uruguay en Paraná, el miércoles 28 pasado, el gobernador, Gustavo Bordet, junto al actual canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa y el nuevo cónsul Darío Estades, entre otros funcionarios, descalificó el accionar de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú ante el conflicto no concluido por la instalación de la pastera de Botnia en Fray Bentos.
Dijo Gustavo Bordet: “Siempre tuve una posición claramente definida a favor de no cortar los vínculos y puentes, sino tender lazos de unión, no podíamos permitir que se corten las relaciones bilaterales entre dos pueblos. No podíamos permitir estar separados por una disputa absolutamente estéril y esto nos permitió generar lazos de confianza entre intendentes uruguayos y argentinos”.
Al respecto, la Asamblea sostuvo: “Lo primero que debiera entender de una vez y para siempre el gobernador Bordet es que a pesar de los años transcurridos desde que la Corte Internacional de Justicia emitiera su fallo sobre la pastera de Fray Bentos, el conflicto por el funcionamiento de dicha planta a orillas del Río Uruguay no ha concluido y permanece latente”.
El canciller uruguayo Nin Novoa ha dicho que la planta de celulosa de Fray Bentos “no está contaminando o contamina mínimamente si se puede decir de esa manera”, lo cual es falso y fácilmente demostrable con la documentación en poder de la Asamblea y que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) no hace pública. El ex vicepresidente del vecino país también afirmó que, en relación con la segunda planta de celulosa finlandesa a construirse a orillas del río Negro y que va a contaminar el curso del río Uruguay, “se están tomando muchos más recaudos”.
“Nin Novoa miente y lo hace con absoluta impunidad: el análisis del Estudio de Impacto Ambientad de la nueva planta de celulosa UPM2 se hizo en apenas ocho meses, encabezados por el siempre ubicuo ex vocal y presidente de la CARU, Eduardo Lorenzo”, advirtió la Asamblea.
“Los más de 100 documentos uruguayos en poder de la Asamblea de Gualeguaychú –algunos de ellos decretos secretos- así lo prueban”, agregaron.
También los asambleístas recordaron que el nuevo cónsul Estades en el año 2006, confeccionó dos Informes de Inteligencia que fueron remitidos por los servicios de espionaje militar al presidente Tabaré Vázquez, alertando de posibles “sabotajes” a la planta de Fray Bentos. Una copia de esos informes incluso llegó a los archivos del famoso Programa X de la Gendarmería Argentina, cuya existencia fue denunciada y luego comprobada por la Justicia Federal de nuestro país. La ex ministra de Defensa uruguaya en aquellos años, Azucena Berruti, dio testimonio de tan graves sucesos. Estades y Daniel Dimasi, quien figuraba como funcionario de la CARU en el Puente Internacional General San Martín, aunque en realidad era un agente de Inteligencia.
El actual Cónsul uruguayo en Paraná, Estades y su colega Dimasi se infiltraron más de una vez entre los manifestantes que mantenían el corte de la Ruta Nacional N° 136.
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Fecha de Publicación: 04/09/2019
Fuente: Analisis Digital
Provincia/Región: Entre Rios
En la inauguración del nuevo Consulado de Uruguay en Paraná, el miércoles 28 pasado, el gobernador, Gustavo Bordet, junto al actual canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa y el nuevo cónsul Darío Estades, entre otros funcionarios, descalificó el accionar de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú ante el conflicto no concluido por la instalación de la pastera de Botnia en Fray Bentos.
Dijo Gustavo Bordet: “Siempre tuve una posición claramente definida a favor de no cortar los vínculos y puentes, sino tender lazos de unión, no podíamos permitir que se corten las relaciones bilaterales entre dos pueblos. No podíamos permitir estar separados por una disputa absolutamente estéril y esto nos permitió generar lazos de confianza entre intendentes uruguayos y argentinos”.
Al respecto, la Asamblea sostuvo: “Lo primero que debiera entender de una vez y para siempre el gobernador Bordet es que a pesar de los años transcurridos desde que la Corte Internacional de Justicia emitiera su fallo sobre la pastera de Fray Bentos, el conflicto por el funcionamiento de dicha planta a orillas del Río Uruguay no ha concluido y permanece latente”.
El canciller uruguayo Nin Novoa ha dicho que la planta de celulosa de Fray Bentos “no está contaminando o contamina mínimamente si se puede decir de esa manera”, lo cual es falso y fácilmente demostrable con la documentación en poder de la Asamblea y que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) no hace pública. El ex vicepresidente del vecino país también afirmó que, en relación con la segunda planta de celulosa finlandesa a construirse a orillas del río Negro y que va a contaminar el curso del río Uruguay, “se están tomando muchos más recaudos”.
“Nin Novoa miente y lo hace con absoluta impunidad: el análisis del Estudio de Impacto Ambientad de la nueva planta de celulosa UPM2 se hizo en apenas ocho meses, encabezados por el siempre ubicuo ex vocal y presidente de la CARU, Eduardo Lorenzo”, advirtió la Asamblea.
“Los más de 100 documentos uruguayos en poder de la Asamblea de Gualeguaychú –algunos de ellos decretos secretos- así lo prueban”, agregaron.
También los asambleístas recordaron que el nuevo cónsul Estades en el año 2006, confeccionó dos Informes de Inteligencia que fueron remitidos por los servicios de espionaje militar al presidente Tabaré Vázquez, alertando de posibles “sabotajes” a la planta de Fray Bentos. Una copia de esos informes incluso llegó a los archivos del famoso Programa X de la Gendarmería Argentina, cuya existencia fue denunciada y luego comprobada por la Justicia Federal de nuestro país. La ex ministra de Defensa uruguaya en aquellos años, Azucena Berruti, dio testimonio de tan graves sucesos. Estades y Daniel Dimasi, quien figuraba como funcionario de la CARU en el Puente Internacional General San Martín, aunque en realidad era un agente de Inteligencia.
El actual Cónsul uruguayo en Paraná, Estades y su colega Dimasi se infiltraron más de una vez entre los manifestantes que mantenían el corte de la Ruta Nacional N° 136.
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