Llegaron dos hembras yaguareté para el Iberá



Apoyo a la conservación del yaguareté

Fecha de Publicación
: 09/01/2019
Fuente: Senasa
Provincia/Región: Corrientes


Llegaron a la Argentina dos hembras de esta especie para repoblar el Parque Nacional Iberá. El Senasa controló la documentación sanitaria durante la importación e inspeccionará la cuarentena.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) constató sanitariamente, en la localidad misionera de Puerto Iguazú, la importación de dos hembras de la especie yaguareté (Panthera onca) de 1 año y siete meses de edad, provenientes de la República de Brasil, cuyo destino final –culminada la cuarentena– será el Parque Nacional Iberá en la provincia de Corrientes, en el marco de un programa de conservación de fauna en peligro de extinción.
El Senasa otorgó el permiso de tránsito para transportar a las hembras en rutas argentinas y labró un acta de constatación donde se acredita que los animales permanecerán en observación y en un periodo de adaptación en el establecimiento de Cuarentena Internacional de Felinos de la localidad correntina de San Cayetano.
“Entre otras actividades el Senasa controló el cumplimiento de las garantías sanitarias de cuarentena y pruebas diagnósticas realizadas en origen. Y de esta manera, con sus controles sanitarios, el organismo se encuentra apoyando a la conservación de especies en peligro de extinción. Lo que significa un hecho muy importante para el ecosistema y la fauna silvestre”, señaló Juan Ressel, veterinario del Senasa en el Paso internacional Foz do Iguazú - Puerto Iguazú.
Juruna y Mariua perdieron a su madre en manos de cazadores furtivos y fueron rescatadas desde recién nacidas por el Criadouro NEX No Extinction de Brasilia. Juruna significa boca negra en guaraní y Mariua es una región geográfica de Brasil.
El servicio veterinario de la institución de origen evaluó a los ejemplares genética y sanitariamente durante los treinta días previos a la fecha estipulada para su exportación, así constató que no presentan signos clínicos de enfermedades infectocontagiosas.
Durante los próximos 30 días las yaguaretés no podrán estar en contacto con otros animales (cuarentena obligatoria) y serán controladas por un veterinario del Servicio que deberá corroborar la ausencia de signos clínicos de enfermedades transmisibles y controlará que se cumplimenten las tareas sanitarias necesarias para asegurar la sanidad de los ejemplares importados. Finalizado este periodo estarán en condiciones de ser trasladadas al Centro de Reintroducción de Yaguareté, en el Parque Iberá.
El yaguareté es el felino más grande del continente americano, los machos alcanzan los 2,50 metros de longitud, incluida la cola, y llegan a pesar hasta 140 kilos, y es el tercero en corpulencia a escala mundial, después del tigre de bengala y el león. Su nombre es de origen guaraní y significa “verdadera fiera”.
En la actualidad solo quedan alrededor de 200 ejemplares de yaguareté repartidos en tres poblaciones separadas en ecosistemas boscosos del norte argentino y se enfrentan al grave peligro de desaparecer.
En Corrientes dejaron de verse yaguaretés a mediados del siglo pasado. Hasta que se puso en funcionamiento el Centro de Reintroducción de Yaguareté (CRY) en la Isla San Alonso con el objetivo de criar yaguaretés que aprendan a vivir en libertad en un área del Parque Nacional del Iberá.
El pasado 6 de junio de 2018 nacieron Arami y Mbarete los primeros dos cachorros de yaguareté de origen correntino en el Centro de Reintroducción de esta especie, en la isla de San Alonso, Parque Nacional Iberá, tras décadas de ausencia en la región. Ahora se sumarán las dos hembras provenientes de Brasil.
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Rescate de lobos marinos por la contaminación del mar



Por la contaminación, cada año se rescatan entre 30 y 40 lobos marinos en la Costa Atlántica

Fecha de Publicación
: 09/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires


El dato proviene de la Fundación Fauna Argentina, que trabaja para salvar a los mamíferos que quedan atrapados entre redes perdidas, sunchos de embalaje y una gran cantidad de residuos derivados de la actividad pesquera. El video que muestra como un lobo marino lucha por quitarse un desecho que lo lastima
En los últimos días circuló un video que muestra el vano intento de un lobo marino por liberarse de un aro de plástico incrustado en la zona del cuello en la Escollera Sur de Mar del Plata. Las imágenes pusieron en agenda nuevamente una problemática de larga data que se repite no solo en La Feliz sino a lo largo de toda la costa bonaerense.
El censo de basura costera 2018 realizado por la Fundación Vida Silvestre en 16 localidades, arrojó resultados preocupantes: en 81 héctareas de relevamiento recolectaron 46.673 piezas de residuos, entre colillas de cigarro, bolsas, restos de nylon, vidrios, telgopor, botellas, tapitad y demás. El 82% del total eran elementos de plástico.
Juan Antonio Lorenzani es coordinador de la Fundación Fauna Argentina, una organización que desde 1982 se encarga del cuidado de especies marinas, especialmente de los lobos marinos, símbolos de la ciudad costera.
En diálogo con Infobae, el experto comentó que debido a la contaminación ambiental por año deben rescatar a entre 30 y 40 ejemplares afectados por "pedazos de redes, nylon, sogas, tanzas", que se suman a restos de plásticos, aros de botellas, anzuelos, entre otros elementos.
Además, contó que a muchos de los mamíferos, al igual que el del video en cuestión difundido por el diario La Capital, los deben liberar de sunchos. "Son elementos de forma circular que caen al agua. Se usan generalmente para prensar las cajas en el área del puerto. Se lo enganchan cuando nadan, les cortan la piel y después van penetrando en la zona muscular", explicó.
Para ello desarrollaron una herramienta especial, "un tipo de vara larga y liviana -de 1,5, 2 y 5 metros- que permite acercarse al animal de un modo seguro y evitando el uso de dardos tranquilizantes", detalló.
"Hay épocas en las que se llegaron a cortar hasta tres o cuatro sunchos por animal", agregó Lorenzani y apuntó que en temporada de verano se produce una merma de trabajo porque "la colonia de la Escollera Sur es de machos que emigran a las colonias de Uruguay, a la isla de Lobos o hacia el sur hasta fines de febrero o principios de marzo, cuando regresan".
Los sunchos de embalajes y la mayoría de los productos que afectan a los lobos marinos provienen de la actividad pesquera, puntualizó el experto.
Guillermo Cañete, que es integrante del Programa Marino de la Fundación Vida Silvestre, consideró que esto se debe a un combo de causales. "Algunas son la falta de conciencia, las prácticas pesqueras no responsables y el no cumplimiento de algunas regulaciones", señaló a Infobae.
Cañete contó que mediante el programa de su organización trabajan en la conservación de la biodiversidad y la pesca sustentable, proponiendo por ejemplo, "mejorar los dispositivos de pesca para bajar esta incidencia de la actividad sobre albatros, petreles, tortugas, mamíferos marinos y otros".
Independientemente de la producción pesquera, el problema de la contaminación marina se eleva a escalas globales. Un análisis de Naciones Unidas alertó que por año se arrojan 13 millones de toneladas de plástico a las aguas y pronosticó que para 2050 se estima que podría haber más plástico que peces en los océanos.
Ante este contexto, Cañete sostiene que hay mucho por cambiar: "Si seguimos consumiendo como lo estamos haciendo hoy seguramente los niveles de contaminación van a aumentar. Pero lo bueno es que se están llevando adelante iniciativas para frenar este problema. Por ejemplo, en Mar del Plata se trabaja en disminuir el ingreso de plástico al mar, controlando lo que pasa con los efluentes y desagües pluviales".
Por su parte, Lorenzani destacó que hace dos meses tuvieron reuniones con el consorcio regional puerto Mar del Plata, encargado del funcionamiento interno del puerto, en las que "se comprometieron a tener más cuidado" y hacer hincapié en que los residuos no caigan al agua.
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Arrancó la "nueva" Embalse



Con Embalse, el 8,5% de la energía será nuclear

Fecha de Publicación
: 09/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional


El ajuste fiscal y el cierre del mercado crediticio para la Argentina llegaron al área energética y el Gobierno descartó en forma definitiva la posibilidad de construir una central nuclear en Río Negro con financiamiento propio, por lo que sólo avanzará con una planta en la localidad bonaerense de Lima.
Así lo confirmó ayer a La Voz en exclusiva el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, quien participó de la puesta en marcha de la “segunda vida” de la Central de Embalse, en la localidad cordobesa de Calamuchita, que permitirá llevar al 8,54% el aporte nuclear al sistema energético nacional.
Con la puesta en marcha de Embalse, ahora el sistema de energía nuclear de la Argentina cuenta con tres centrales, que se completa con Atucha I y Atucha II, ubicadas en Lima.
La cuarta estaba planificada como Atucha III, para funcionar a base de uranio natural y agua pesada en Lima. El inicio de obra estaba previsto para el primer trimestre de 2018, con financiamiento del Tesoro nacional.
Las restricciones presupuestarias por el ajuste fiscal emprendido por Cambiemos para reducir un déficit histórico y estructural y luego de la crisis cambiaria que terminó en un fuerte estrés financiero y pedido de auxilio al FMI, sepultaron la iniciativa.
Y la quinta central, que tendrá una potencia de 1.150 megavatios y funcionará con uranio enriquecido y agua liviana, estaba planificada para Río Negro pero ahora el proyecto se trasladó a Lima, en reemplazo de Atucha III. El objetivo oficial es iniciarla en 2020.
Gadano le explicó a La Voz que la planta que se construirá es la “más compleja” de las dos, dado que se ha decidido “privilegiar la central de uranio enriquecido” con tecnología y financiamiento de China, por unos 6.900 millones de dólares.
“Tenemos sitio en Lima (a metros de Atucha I y II) ya aprobado para una central. El terreno ya está expropiado, ya es propiedad de la empresa (administradora Nucleoeléctrica Argentina). Falta permiso ambiental y algunos trámites, pero estamos encaminados”, dijo Gadano.

Crédito chino
El crédito del gigante asiático, acordado en el marco del G-20 por el presidente Mauricio Macri y su par chino Xi Jinping, provendrá del banco ICBC (entre otros) y financiará el 85% de la construcción, con un plazo de 20 años, un período de gracia de ocho años y tasa preferencial.
Gadano destacó el acuerdo alcanzado con China al aclarar que Nucleoeléctrica Argentina empezará a pagar esta deuda al final de la construcción, cuando la planta ya esté operando, generando electricidad y facturando por ella.
Cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner firmó en febrero de 2015 el primer acuerdo crediticio por 14 mil millones de dólares para las dos centrales, la deuda caía sobre el Tesoro.
Pero al llegar Macri, renegoció para que Nucleoeléctrica Argentina asuma el costo de una planta. Y la otra la dejó en pausa hasta que ahora decidió no avanzar.
“¿Qué pasó con la otra planta?”, consultó La Voz, a lo que Gadano respondió que dados los objetivos de lograr déficit fiscal cero, se necesitaba “cambiar la ingeniería financiera del préstamo”.
Como la empresa Nucleoeléctrica Argentina no puede tomar un préstamo por 14 mil millones de dólares, se decidió elegir una sola central.
“Nos pareció mucho mejor acelerar la construcción de la quinta, que será con tecnología basada en PWR (Pressurized Water Reactor, es un tipo de reactor nuclear que usa agua liviana como refrigerante), con un diseño modernizado post-Fukushima”.

Poderío nuclear
Con la puesta en marcha de la Central de Embalse, la Argentina pasará a tener el 8,54% de su potencia eléctrica bruta a base del recurso atómico, según precisaron a La Voz expertos de la empresa administradora Nucleoeléctrica Argentina. Si se mide por potencia instalada, en cambio, representan el 6%.
Atucha I aporta al sistema interconectado nacional 362 megavatios eléctricos desde la localidad bonaerense de Lima; y Atucha II, ubicada en el mismo lugar, cuenta con una potencia de 745 megavatios eléctricos. Estas dos plantas están hoy paradas por problemas operativos y volverían a la plenitud en uno o dos meses, por los trabajos contrarreloj que se están desarrollando para reactivarlas, según precisó Gadano.
Embalse pasará a ubicarse entonces en el segundo lugar con una potencia de 683 megavatios eléctricos, lo que representa el 38,15% del total disponible de poderío energético nuclear en la Argentina.

Matriz eléctrica
El Sistema Argentino de Interconexión (Sadi), la principal red de transporte de energía eléctrica, colecta y distribuye la potencia generada por 10 tipos de tecnologías distintas en el país.
Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación consultados por La Voz, la potencia energética de fuente hidráulica concentra el 29% del total; y los ciclos combinados –en los que se transforma la energía térmica del gas natural en electricidad–, el 29,2%
El 18,09% proviene de turbogás; el 12%, de turbovapor; el 8,54%, de nuclear (con la entrada plena en operaciones de Embalse, era de 4,7% antes); el 5,1%, de motores diésel; el 0,6%, de eólica; el 0,1%, de biogás; el 0,01%, de solar; y el 1,3%, de pequeñas hidroeléctricas.

La potencia nuclear argentina, en datos
Cuánto aporta cada central y cuál es su tecnología.
Embalse. Antes de su extensión de vida, la Central Nuclear de Embalse tenía una potencia de 648 MWe. Durante las tareas de reacondicionamiento se repotenció la planta, incrementando su potencia a 683 MWe, es decir, un 6% más que su capacidad de generación anterior. Trabajando al 80% aportaría el 3,25% de la energía del país. Su reactor son tubos de presión (Candu). La potencia térmica es de 2.109 MWt, la potencia eléctrica bruta es de 683 MWe y usa como combustible el uranio natural.
Atucha I. Trabaja con un reactor recipiente de presión Siemens. Tiene una potencia térmica de 1.179 MWt y una potencia eléctrica bruta de 362 MWe. Usa uranio levemente enriquecido (0,85%). Aporta el 1,74% trabajando al 80% de su capacidad.
Atucha II. Trabaja con un tipo de reactor de recipiente de presión. Su potencia térmica es de 2.175 MWt y su potencia eléctrica bruta es de 745 MWe. Usa como combustible el uranio natural. Trabajando al 80% de su capacidad aporta el 3,54% de la energía del país.

Sonamos, la Barrick Gold dice que "estamos de regreso"



Ceo de Barrick Gold: "Mi mensaje para Argentina y Chile es que estamos de regreso"

Fecha de Publicación
: 08/01/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional


El nuevo CEO de Barrick Gold se ha comprometido a reducir el número de trabajadores en su oficina central en Toronto y revertir los planes para contratar analistas y codificadores de big data, mientras busca entregar el control de las operaciones a los sitios mineros locales.
Mark Bristow, un sudafricano de habla sencilla que se convirtió en el máximo responsable del mayor productor de oro del mundo después de la adquisición el año pasado de Randgold Resources, la minera de oro que él fundó en 1995, quiere que Barrick sea uan organzación más ágil con una estructura menos vertical.
‘No queremos dirigir las minas” desde una oficina central, afirmó Bristow, un crítico frecuente de desperdicios y gastos excesivos en la industria del oro, que le hizo perder dinero a los accionistas en la última década.
Sus comentarios son las primeras señales de que Bristow establecerá la dura cultura de Randgold, lo que ayudó a que se convirtiera en una de las acciones con mejor desempeño en Londres antes de dejar de cotizar después de la adquisición.
No obstante, los analistas sostienen que los teléfonos chinos que compiten con el iPhone son 50% más baratos y ofrecen funciones más innovadoras
Hablaba mientras el miércoles empezaban a operar las acciones de la compañía fusionada en Nueva York, que subieron 3% a u$s 13,54, lo que elevó su capitalización bursátil a u$s 16.000 millones.
Desde que se anunció la adquisición en septiembre, Barrick ha eliminado un piso completo de su oficina central en Toronto, contó Bristow. El objetivo es reducir el número de empleados a 70, comparado con los alrededor de 150 que había en septiembre.
En un giro en la estrategia de Barrick, Bristow dijo que eliminará los equipos internos de codificación y tecnología de la compañía, que se crearonn en EE.UU. en los últimos años como parte de un esfuerzo por aprovechar las últimas tecnologías digitales para bajar costos en las minas. Michelle Ash, quien era directora de innovación en Barrick, dejó la compañía a fines del año pasado.
‘Lo que queremos hacer es asegurarnos de que implementamos eso en el lugar‘, dijo Bristow. ‘No queremos que la cola mueva al perro, queremos que la tecnología sea una parte integral de las operaciones diarias. El gerente de la mina debería obtener los datos primero‘.
Bristow, que es geólogo, dijo que Barrick no tendrá miedo de operar en países riesgosos o trabajar en proyectos difíciles. Quiere aumentar su exposición a la República Democrática del Congo, dijo, y desarrollar proyectos de cobre y oro en América del Sur.
Bristow y John Thornton, presidente ejecutivo de Barrick, han dicho que se centrarán principalmente en cinco minas de ‘clase mundial‘, incluidas Cortez y Goldstrike en Nevada, Kibali en la República Democrática del Congo, Loulo-Gounkoto en Mali y Pueblo Viejo en República Dominicana.
Otras operaciones ‘no centrales‘ se vendieron, contaron.
Barrick ya informó que buscarán comprador para su participación de 50% en la mina Kalgoorlie en Australia, aunque Bristow dijo que el proceso no ha comenzado.
Los analistas también han especulado con que la mina de cobre Lumwana de la compañía en Zambia también podría incluirse en el bloque.
Bristow viajó recientemente a Chile, donde el gigantesco proyecto de Pascua Lama de Barrick en la frontera con Argentina está cerrado desde 2013 debido a dificultades ambientales.
‘Definitivamente estamos allá para quedarnos‘, dijo Bristow. ‘Mi mensaje para Argentina y Chile es que Barrick está de regreso‘.
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Nativos siguen la lucha por el derecho sobre sus tierras



Los indígenas argentinos luchan por el derecho sobre sus tierras

Fecha de Publicación
: 08/01/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Nancy López vive en una casa de barro, madera y latón, dentro de un terreno privado dedicado a la agricultura. Forma parte de una comunidad indígena del norte argentino de 12 familias que, como casi todas, no tiene título del suelo que ocupa y vive bajo la amenaza constante del desalojo.
Viuda y con nueve hijos, la mujer escuchó relatos de tiempos mejores. “Mi papá me contaba que antes podían ir, volver y quedarse donde quisieran. No se hablaba de tierras privadas, no había soja, no había alambrados. Se sentían libres. Hoy nos dicen usurpadores”, contó a IPS.
López pertenece a los wichí, uno de los pueblos indígenas más numerosos de los 31 registrados en Argentina. Según datos oficiales, los habitantes originarios representan 2,38 por ciento de la población total de este país sudamericano de 44 millones de personas, aunque especialistas y dirigentes indígenas consideran que el porcentaje real es muy superior.
Actualmente, los indígenas argentinos luchan por conservar su forma de vida en un contexto crítico que se debe, fundamentalmente, a los conflictos territoriales.
El 92 por ciento de las comunidades no tiene título de propiedad de la tierra que habita, según un relevamiento publicado en 2017 por la Auditoría General de la Nación, organismo de control que depende del Poder Legislativo.
La dimensión del conflicto es enorme. Aproximadamente la mitad de las 1.600 comunidades originarias que existen en el país han realizado o están realizando el proceso de relevamiento de sus tierras que el Estado empezó hace más de 10 años y reclaman ocho millones y medio de hectáreas, más que la superficie de Panamá.
El telón de fondo es el patrón de discriminación que en Argentina persiste a pesar de los avances normativos, como lo percibió en 2011, durante una visita al país, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya.
“Existen todavía legados de la época de colonización y la historia de exclusión sigue siendo muy visible”, escribió el relator en su informe.
Nancy López, quien ejerce un papel de liderazgo en su comunidad, dice que los niños ya no quieren hablar la lengua wichí, porque si lo hacen los discriminan en las escuelas, en las que debe existir un auxiliar bilingüe, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006.
“Al auxiliar bilingüe lo ponen a sacar fotocopias o a hacer mandados. Apenas les traduce a los chicos cuáles son las tareas. Hay mucho racismo”, contó López, mientras los niños de la comunidad jugaban con barro bajo la lluvia.
Su comunidad, El Quebracho, es una de las decenas que se ubican cerca de Tartagal, una ciudad de 80.000 habitantes en la provincia de Salta, sobre la ruta 86, que en realidad es un precario camino de tierra y barro que conduce a la frontera paraguaya.
López explica que su comunidad se instaló hace unos seis años en el campo donde hoy vive, sin permiso del dueño, “porque esto antiguamente era monte”, que es como en Argentina se llama a las áreas rurales naturales, que no han sido afectadas por actividades productivas.
Del monte, justamente, es de donde han nutrido históricamente sus necesidades de alimento, medicina o madera para construir sus casas los wichí y otros pueblos indígenas de la zona, que son cazadores-recolectores.
Pero cada vez hay menos monte. Junto con la vecina Santiago del Estero, Salta es la provincia argentina que más deforestación sufrió en los últimos años, por la expansión de la frontera agropecuaria, empujada principalmente por la soja transgénica, que hoy ocupa más de la mitad de la superficie sembrada en el país.
“A las comunidades indígenas nos fueron corriendo (echando) de Tartagal a medida que la ciudad se fue agrandando y entonces vamos donde podemos”, explica López, quien recuerda que hace un par de años fueron desalojados en un operativo en el que participaron unos 200 policías.
“Nos quedamos viviendo al costado de la ruta unos dos meses, hasta que los policías se fueron y volvimos a entrar. No tenemos otro lugar adónde ir. Antes todo era monte. Hoy estamos acorralados por la soja”, narró.
Desde su organización como nación, en 1853,  Argentina se fijó como uno de sus objetivos primordiales excluir o asimilar a los indígenas.
De hecho, su Constitución, promulgada aquel año, exhortaba a “conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, mientras, en cambio, imponía al gobierno, en el artículo 25 aún vigente, la obligación de fomentar la inmigración europea.
La directiva sobre la población originaria estuvo activa hasta hace apenas 25 años. Solo en 1994, durante la última reforma constitucional, se la reemplazó por un artículo que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Sin embargo, según el relator Anaya, el cambio constitucional no modificó una realidad marcada por “la desposesión histórica de grandes extensiones de tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas”.
En 2006, el legislativo Congreso Nacional se hizo eco de la situación y sancionó la Ley de Comunidades Indígenas, que declaró la emergencia territorial indígena, ordenó la realización de relevamientos de los suelos ocupados ancestralmente y suspendió los desalojos, aun con sentencia judicial, por un plazo de cuatro años.
Desde entonces, sin embargo, el relevamiento ni siquiera empezó para la mitad de las comunidades, a pesar de que la ley ha sido prorrogada tres veces. Y aquellos que tienen relevamiento, en su gran mayoría tampoco tienen título de propiedad comunitaria.
Hoy en día se denuncia, además, que se siguen realizando desalojos, aunque la ley vigente los prohíbe hasta 2021.
Así, no extraña que sean territoriales la enorme mayoría de los conflictos que involucran a indígenas en Argentina, de acuerdo a Amnistía Internacional, que en 2017 difundió un estudio que detectó 225 situaciones no resueltas en todo el país.
“Algunas provincias han otorgado títulos de propiedad, pero no existen en la Argentina mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria indígena. Hace falta una ley nacional”, dijo a IPS la abogada Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esa organización no gubernamental tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de un grupo de comunidades, cuya propiedad sobre 400.000 hectáreas fue reconocida por el gobierno de la provincia de Salta en 2014.
“Sin embargo, esas comunidades aún no pueden disponer del territorio porque no tienen título de propiedad. Y todavía no consiguen que familias criollas saquen de su tierra el ganado vacuno, que destruye los recursos naturales que son fundamento de la vida indígena”, dijo Kletzel.
John Palmer, un antropólogo inglés que llegó a Salta hace más de 30 años y se casó con una indígena wichí, explicó a IPS: “Los indígenas que viven en la periferia de las ciudades son refugiados, que han sido desplazados de su lugar en el bosque, desde hace 100 años por campesinos no indígenas que llegaron con sus vacas y, en las últimas décadas, por los intereses productivistas del agro”.
“La destrucción del monte acabó con todos los recursos de su economía. Así, como muchos animales que ya no tiene qué comer, vinieron a las ciudades”, concluyó Palmer, quien vivió largos años en una comunidad rural wichí hasta que se trasladó a Tartagal con su esposa y los cinco hijos de ambos.
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Duro comunicado de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú

Asamblea Ambiental Gualeguaychú: “Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia”

Fecha de Publicación
: 08/01/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos


En un fuerte pronunciamiento, los ambientalistas explicitan fuertes críticas a las autoridades nacionales, provinciales y locales por sus políticas ambientales a lo largo de 2018
En las últimas horas la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dio a conocer un extenso documento en que detallan la preocupante situación en ocho cuestiones ambientales y realizan severas críticas al accionar de las autoridades de la CARU y de la Cancillería, a varios legisladores -entre ellos Juan José Bahillo, Alfredo De Ángeli y Nicolás Mattiauda- y a los titulares de Producción y Ambiente de la provincia. También se refieren -aunque sin mencionar su nombre-  al Intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto. Además, hacen foco en el accionar en materia ambiental de los Gobiernos provincial -particularmente en la figura del Gobernador Bordet- y en el orden municipal, en lo referido a la situación de la Planta de Efluentes Cloacales y el Ecoparque. El texto completo del documento es el siguiente:

                                               Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia

                       La Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú se dirige a la Opinión Pública

1.   BOTNIA
En noviembre de 2017, el Gobierno del Presidente uruguayo Tabaré Vázquez, firmó con Botnia el primero de los documentos para la instalación de una segunda planta de pasta de celulosa, esta vez a orillas del río Negro. Una planta que duplicará a la que la misma corporación posee en Fray Bentos.
Al  respecto,  en  junio  de  este  año,  la  Asamblea  Ciudadana  Ambiental  alertó  a  las  autoridades  de  la Cancillería Argentina y de la CARU sobre dos cuestiones muy preocupantes.
La  primera  son  los  desechos  industriales  que  dicha  futura  planta  arrojará  al  río  Negro,  curso  que desemboca en el Uruguay en la zona de La Pesquería, en la costa Uruguay Sur. El efecto acumulativo de dichos efluentes debe ser tenido muy en cuenta ya que deben sumarse los futuros desechos a los que ya produce la actual pastera de Botnia ubicada en Fray Bentos. Sobre este aspecto, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya fue taxativo en su Fallo de 2010, cuando advirtió a Uruguay y Argentina que deben abstenerse de aumentar el grado de contaminación en el río Uruguay con nuevos emprendimientos industriales de magnitud.
El otro aspecto grave lo constituye el hecho de que Botnia haya expresado al Gobierno uruguayo que la primera alternativa a la localización de su segunda planta en el Departamento de Durazno sea Fray Bentos.
En tal sentido, poco después de la reunión celebrada en junio en la Cancillería, la CARU dio a conocer un documento titulado “Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Áreas de Plantas de Celulosa”, publicado en el sitio web del Ente Binacional el 20 de julio de 2018.
En la Introducción de dicho Plan, se lee textualmente: “Teniendo en cuenta la implantación futura de plantas de  celulosa  y  en  el  marco  del  actual  PROGRAMA  DE  EVALUACIÓN  DE  CALIDAD  DE  AGUAS  Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL RIO URUGUAY (PROCON) se desarrolló un esquema cuya acción se centra en zonas de posible influencia de los emprendimientos”.
Más adelante, se describen las nuevas áreas a monitorear en el curso del río Uruguay, y entre ellas figura “el área de influencia del emprendimiento M’Bopicua”, que como es de dominio público es el lugar donde originalmente se iba a establecer la pastera de ENCE y que tras su decisión de abandonar el proyecto vendió esas tierras a Botnia. Precisamente, este sería el lugar donde podría llegar a instalarse la planta Botnia II si resultara inviable localizarla a orillas del río Negro.
Para la CARU existe una posibilidad concreta de “la implantación futura de plantas de celulosa”  sobre el río Uruguay,  hecho que ha quedado en evidencia en el documento al que se hace referencia, el cual, misteriosamente ha desaparecido del sitio oficial del organismo y ha dejado de ser público.
Tanto la posibilidad de un posible aumento de la contaminación por acumulación del río Uruguay como la posibilidad  concreta  de  que  una  segunda  pastera  de  Botnia  termine  instalándose  Fray  Bentos,  son competencia de nuestra Cancillería y de la CARU, que tienen pleno conocimiento de la situación y tienen la obligación de requerir la información pertinente a las autoridades uruguayas. Desconocemos si desde el 18 de junio último y hasta a la fecha, han realizado gestión alguna en esta trascendental cuestión.
Está latente la probabilidad de que todo cuanto ha venido batallando la Asamblea Ciudadana Ambiental durante estos años con Botnia I se reproduzca. La Asamblea ya logró que la española ENCE no se instale en el río Uruguay, pero ahora podemos llegar a tener una Botnia II. Y si el Gobierno Nacional no actúa a tiempo, una vez más, tendremos hechos consumados.
Una  vez  más,  la  Asamblea  Ciudadana  advirtió  con  mucha  antelación,  profusa  documentación  y  datos técnicos  que  la  posibilidad  de  que  Botnia  II  se  instale  a  orillas  del  río  Negro  uruguayo  es  técnica  y ambientalmente  imposible.  Las  autoridades  nacionales,  a  través  de  la  CARU  deberían  informar  que temperamento  adoptarán  ante  el  severo  alerta  planteado  y  actuar  a  tiempo,  porque  existen  plazos estipulados en el Estatuto de río Uruguay para las reclamaciones. Plazos que si se obvian, pueden originar hechos consumados.
Si así ocurriera, las autoridades deberían ser conscientes que Gualeguaychú dará una nueva batalla. Y ésta vez, será inevitable.
Con relación al conflicto no concluido sobre la planta de Botnia existente en Fray Bentos, hay otra cuestión muy preocupante. Los últimos informes mensuales respecto al monitoreo de la planta Orión que figuran publicados en el sitio oficial del organismo binacional son los correspondiente a los meses de agosto a noviembre de 2017. Los mismos se publicaron el 25 de septiembre de este año y, desde entonces, no se conocen nuevos resultados al respecto.

2.   MONITOREO DEL AIRE
Por  otra  parte,  la  Asamblea  Ciudadana  Ambiental  desde  hace  más  de  dos  años,  viene  realizando  un permanente seguimiento para que de una vez por todas sepamos qué aire estamos respirando en la ciudad. La contaminación atmosférica que produce Botnia Fray Bentos es cada vez mayor, y va de la mano del aumento de su producción autorizada por el ex presidente José Mujica.
En este punto, seguimos dando vueltas para que, entre el Municipio, la Provincia y la Nación, se pongan en marcha el equipo de la CNEA que hace años venimos reclamando, y que por cuestiones burocráticas está demorada, impidiendo que conozcamos la calidad del aire que respiramos día a día en Gualeguaychú.

3.   FUMIGACIONES
Asimismo, el Gobierno Nacional viene otorgando excepcionales facilidades a las multinacionales que en nuestro país realizan una actividad extractivista sin precedentes, llámese fracking, minas a cielo abierto y también en materia de agro negocios, a través del uso indiscriminado y muchas veces sin control alguno, de agrotóxicos potencialmente cancerígenos en las actividades productivas.
La  Asamblea  Ciudadana  Ambiental  reafirma  que  hasta  que  no  se  demuestre  que  alguna  de  estas sustancias que se utilizan en dichas actividades no daña la salud humana, se opone tenazmente, haciendo valer el principio precautorio que fija la ley vigente en todo el territorio nacional en materia de Ambiente.
En Entre Ríos, esta política se replica sin subterfugios. La actitud demostrada por el Ejecutivo provincial de apelar fallos judiciales de primera instancia y, no solo eso, del Superior Tribunal de Justicia que ordenan y establecen  perímetros  de  seguridad  en  las  fumigaciones  terrestres  y  aéreas  alrededor  de  escuelas  y poblaciones rurales y cursos de agua, es escandalosa.
Es  llamativo  que  a  la  responsable  del  Consejo  General  de  Educación  de  la  provincia,  no  se  le  haya escuchado una sola manifestación pública durante 2018, solidarizándose con los docentes y alumnos que permanentemente son fumigados.
También  resulta  vergonzoso  que  el  Senador  Departamental  de  Gualeguaychú,  Nicolás  Mattiauda  y  el Senador Nacional Alfredo De Ángeli estén presionando junto a la Mesa de Enlace para que se reglamente con  un  Decreto  del  gobernador  Bordet  el  fallo  judicial  emitido  por  el  Superior  Tribunal  respecto  a  las fumigaciones. En la parte resolutiva del mencionado fallo no existe referencia alguna por parte de los tres Vocales ordenando al Poder Ejecutivo Provincial a dictar decreto alguno. Muy por el contrario, uno de ellos en  su  voto  particular  llega  a  exhortar  al  Poder  Legislativo  a  sancionar  una  nueva  ley  en  materia  de agrotóxicos  que  sustituya  la  actual  que  rige  en  Entre  Ríos.  Si  se  produjera  alguna  norma  regulatoria respecto de la sentencia judicial, los responsables inevitablemente deberán ser llevados ante la Justicia sin miramiento alguno.

4.   LEY DE LA MADERA
Muestra de la genuflexión del Gobierno provincial hacia el de la Nación, ha sido la derogación de la llamada Ley de la Madera en Entre Ríos. Con el pretexto de hacer aumentar el proceso productivo en la provincia, los rollizos en bruto de eucaliptus están siendo exportados a China desde Concepción del Uruguay, con el silencio cómplice del Intendente de esa ciudad, que hasta la fecha no ha emitido opinión al respecto.
Es un secreto a voces que, mientras una parte de estos embarques de troncos van al gigante asiático, otros van veladamente al Puerto de Montevideo como materia prima que luego se desvía hacia las dos pasteras  que  están  activas  en  Uruguay.    La  vergonzante  derogación  de  esa  ley,  impulsada  por  el Gobernador Bordet y votada por la inmensa mayoría de diputados y senadores provinciales, solo buscaba defender  los  intereses  de  la  Asociación  Forestal  Argentina  (AFOA)  y  vender  fundamentalmente  a  las industrias pasteras del Uruguay.
Las mentiras esbozadas por el Gobernador Bordet intentando justificar que la derogación de la ley permitiría reactivar  la  industria  maderera  entrerriana,  la  incorporación  de  valor  agregado  y  la  construcción  de viviendas están a la vista de todos. Sobran los dedos de una mano para contabilizar  los “proyectos de desarrollo maderero” mientras los productores del sector padecen una crisis sin precedentes. Y no solo esto: las prometidas 250 casas de madera que Bordet anunció que se iban a construir en 2018 no existen.

5.   GLIFOSATO
Existe un apoyo manifiesto del Gobierno de Entre Ríos hacia los sectores concentrados de la producción agrícola a favor del uso de agrotóxicos. La actuación de las Secretarías de Ambiente y de Producción de la  provincia  es  impresentable  y  los  responsables  de  dichos  organismos,  Barbieri  y  Gabbás  son  los ejecutores de esta política que prioriza el agro negocio a la salud de los entrerrianos. Resultan patéticos argumentos tales como “uso racional” o “buenas prácticas” en el uso de estos venenos.
Afortunadamente, para el ejido de Gualeguaychú hubo una resolución muy concreta de prohibición para el uso, almacenamiento, tenencia y comercialización del glifosato, si bien la Municipalidad de Gualeguaychú debería proponer la modificación de los irrisorios montos de las multas que se fijaron por Ordenanza a los infractores.  Asimismo  aún  no  se  ha  reglamentado  la  Ordenanza,  también  ya  aprobada,  que  regula  la aplicación del resto de los agrotóxicos. Se desconoce si la misma contará con un presupuesto capaz de hacer efectivo un verdadero control sobre los productores y profesionales las empresas de fumigación.
Si bien apoyamos esta clase de normativas, la Asamblea cree que estas medidas deben ser prudentes y consensuadas,  llegando  a  acuerdos  con  plazos  determinados,  dando  tiempo  a  los  productores  para adaptarse y lograr una producción sana y sin contaminantes.

6.   PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES
Otra  de  las  cuestiones  muy  preocupante  es  el  lamentable  estado  de  funcionamiento  de  la  Planta  de Efluentes Cloacales, que es una de las causas más importantes de la contaminación del río Gualeguaychú. Hay que recordar que el Intendente y hoy Diputado Nacional Juan José Bahillo ya decía en 2011 que el funcionamiento de la planta “siempre fue óptimo”. Una falsedad que repetiría sin vergüenza alguna  en varias oportunidades, todas ellas documentadas, entre octubre de 2012 y hasta 2015.
La nueva gestión municipal a partir de diciembre de 2015, reconoció que el funcionamiento de la planta no era  el  adecuado.  Pero  pese  a  los  Convenios  firmados  con  Universidades  Nacionales,  diferentes reparaciones que debieron hacerse, renovación de algunos componentes de la planta, el resultado sigue siendo el mismo. O peor. En este sentido, la Asamblea Ciudadana Ambiental renueva el fuerte reclamo que viene ejerciendo a través del Foro Ambiental, para que se ponga en condiciones definitivamente la Planta de Efluentes y cesar con la contaminación del río Gualeguaychú.

7.   PLANTA EFLUENTES PIG
Celebramos  la  concreción  de  la  nueva  planta  de  tratamiento  de  efluentes  del  Parque  Industrial  de Gualeguaychú y su derivación aguas debajo de la Toma de Agua de nuestra ciudad. Este logro se debe al permanente  reclamo  de  los  vecinos  del  Barrio  Don  Pedro quienes  lograron que  interviniera  la UFIMA. También destacamos el accionar del Foro Ambiental y la presión de la Justicia para conseguir una solución definitiva a la grave situación de contaminación ambiental denunciada.

8.   ECOPARQUE
Un párrafo final merece la situación en el Ecoparque de nuestra ciudad, ya que el mismo quedaría sin capacidad para el tratamiento y enterramiento de los residuos urbanos. Una obra sobre la que, la Auditoría General  de  la  Nación,  en  mayo  de  2015,  reveló  que  existieron  irregularidades  atribuibles  a  la  anterior gestión municipal y que nunca se investigaron.
Cuatro años después de su construcción y puesta en funcionamiento, el Ecoparque prácticamente está al límite  de  su  operación  y ahora  será necesario que  la  Municipalidad  negocie  un  nuevo  crédito  para  su ampliación. La Asamblea Ciudadana Ambiental exige a las autoridades locales que hagan público a la brevedad  cuál  será  el  accionar  concreto  que  llevarán  a  cabo  para  lograr  que  el  Ecoparque  continúe funcionando.
Finalmente, ante este terrible panorama de lo que ha acontecido en el año que está finalizando en materia ambiental en nuestra ciudad como así también en la provincia como en la Nación, desde la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, advertimos seriamente a las autoridades que actúen conforme a cumplir con la obligación constitucional de garantizar el derecho de la población a que su salud sea preservada y a vivir en un ambiente sano.
Los tiempos, las alertas y la paciencia, se terminan.
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Los bosques siguen penando, cada vez menos presupuesto



Nación se queda con dinero de las provincias para preservar los bosques

Fecha de Publicación
: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional


Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.

Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.

Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.

Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
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Buenos Aires: oposición preocupada por las fumigaciones



La oposición cuestionó resolución sobre aplicación de agroquímicos en la Provincia

Fecha de Publicación
: 07/01/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Mediante un comunicado, diputados de Unidad Ciudadana rechazaron la resolución del Ministerio de Agroindustria bonaerense, la cual determina que a partir de enero regirán nuevas pautas para la aplicación de fitosanitarios.
"Entendemos que la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria es una práctica necesaria para la obtención de mejores rindes, pero creemos imperioso que las normas que regulan su aplicación sean lo suficientemente claras y taxativas para evitar su uso inapropiado, minimizando la posibilidad de contaminación de áreas sensibles, de manera de preservar la salud de la población bonaerense", sostiene un proyecto de declaración de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana.
Los legisladores rechazan la resolución que entró en vigencia este 1° de enero y piden al Ejecutivo bonaerense que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
La mencionada resolución, la cual firmaron cerca de 30 municipios, establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento en lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales. Sin embargo, el cuestionamiento pasa porque estos 12 principios y 23 recomendaciones no tienen en su escrito las distancias concretas de prohibición.
En ese sentido, el diputado bonaerense Mariano Pinedo destacó que desde su espacio político están desarrollando acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior y avanzarán  con una presentación judicial para que se impida de inmediato su aplicación. "Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandas a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que pedimos se deje sin efecto. Cuidemos la salud, el medio ambiente y el alimento. Las personas están primero", escribió en cuenta de Twitter.
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Recorrerán todo el Limay para mostrar la contaminación



Con una travesía de 11 días mostrarán cómo se contamina el Limay

Fecha de Publicación
: 07/01/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Compararán las imágenes y el agua de la naciente con la confluencia del Neuquén, para demostrar la necesidad de evitar un “Riachuelo” patagónico.
Los vecinos que reclaman las aguas limpias del Limay organizaron una travesía de once días por el río que lleva un mensaje de concientización a lo largo de 550 kilómetros sobre el espejo de agua.
Buscarán sortear las cinco presas que se cruzan su trayecto hasta la confluencia y navegarlo completo.
La actividad será un llamado de atención sobre cómo el agua que nace cristalina, inolora y sin bacterias muta a los pocos kilómetros aguas abajo en una curso de agua que se monitorea permanentemente porque se desconfía hasta la aptitud balnearia de su curso.
Se trata de un grupo de los “amigos de los ríos”, “Salvemos los ríos”, “Amigos del Limay” o los vecinos de Neuquén que pelean por mantener las aguas lo más limpias posibles de los ríos que nacen de las vertientes de deshielo y que lamentablemente a Neuquén llegan a los balnearios con coliformes, entre otros residuos.
El resto de los vecinos que comparten la misma intención se reunirán en Olascoaga al fondo, en el balneario Río Grande, en un aniversario más de la multitudinaria marcha vecinal que espontáneamente nació de un posteo en las redes que interpeló: “vamos a dejar que el Limay se convierta en un Riachuelo?”
Se planea hacer una actividad con el arribo de los navegantes que además conmemore los tres años de la primera marchan en defensa de los ríos en la capital neuquina. Habría charlas con diferentes profesionales del ambiente y junta de firmas para exigir el vertido cero.
La “expedición” desde la naciente del Limay comenzará el 4 de enero y se estima termine el 14.
“Vamos a ver el río que recibimos de la naciente en el Nahuel Huapi y baja recorriendo lugares que muchos no conocen, a pesar de que se trata de toda gente preparada para hacer esta travesía”, dijo Luis Arellano, uno de los organizadores e integrantes de la travesía del Limay.
Explicó que pocos han realizado el trayecto aguas abajo debido a la dificultad de sortear 5 presas sobre el curso del Limay.
“La idea es mostrar cómo es aquello y documentarlo, y preguntarnos por los cambios que nosotros percibimos a través del río: las pisciculturas que están sobre el Alicura, el paso por Piedra y Picún; y las zonas que conocemos más como de Senillosa a Plottier y Neuquén”, dijo Luis Arellano, uno de los integrantes de la expedición.
Se pretenderá interpelar a los funcionarios sobre las diferencias que se perciben en los tramos “y qué harán para que esto termine y podamos volver a tener el río de generaciones anteriores”, dijo Arellano.
Habrá fotos, filmaciones y todo lo que sirva para “difundir cómo es el río Limay a lo largo de su recorrido y cómo lo estamos entregando a la provincia de Río Negro en la confluencia con el río Neuquén, que es casi una cloaca”, comentó.

Una aventura que incluye pasar por todas las presas
El viaje por el curso del Limay con 30 ó 40 kilómetros de avance diarios busca ser un aporte sobre el conocimiento del río. Desde la organización sostienen que nadie ama lo que no conoce, por eso esta premisa de recorrerlo desde adentro y hacer esta prueba que es exigente hasta para los más experimentados del remo.
Viajan kayaquistas que están en condiciones físicas y con embarcaciones aptas para el recorrido y que cumplan los requisitos de seguridad que exige Prefectura; sin embargo, muy pocas personas han realizado el viaje total por las complicaciones que involucra un viaje que debe sortear cinco represas.
“Hay que bajarse con el kayak y viajar por cañadones y la barda por sectores donde no hay camino, con todo el equipamiento de viaje a cuestas, para retomar el río aguas abajo de Alicura, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, Chocón y Arroyito”, describió Arellano.
Agregó que la travesía es poco realizada porque muchos de los deportistas o pescadores priorizan algún tramos: “se rema en el Limay medio desde Pichi Picún hasta donde nace el Chocón; otros desde Dina Huapi hasta confluencia Traful (confluencia Alicura). Hay sectores donde la ruta está a 40 kilómetros del lago, entonces cualquier asistencia por alguna emergencia se torna difícil, con poca comunicación y dificultades para el apoyo logístico, esto hace que la travesía total por el Limay sea incómoda”, describió Arellano.
En cada etapa los navegantes tendrán descansos con acampes agrestes. Por ahora hay un equipo de travesía conformado por 6 personas. Hay algunos sectores del río que será imperioso suspender cuando haya vientos de 60 ó 70 kilómetros “y por experiencia sabemos que hay que suspender por la peligrosidad, por esto se buscará ir con personas preparadas que puedan documentar en fotos e imágenes todo, para que la gente conozca y como dice el eslogan de la travesía, ame lo que tenemos a partir de que lo conoce”, sostuvo.
Arrelano agregó que con las acciones que se hicieron “algún éxito se tuvo” pero aún “ hay mucho más para hacer, e invertir en saneamiento y cuidado nuestros recursos”.
Son 550 km de travesía que va desde la naciente del río Limay en el lago Nahuel Huapi hasta su confluencia con el río Neuquén, con partida el 4 de enero.
“Para bajar por el Limay hay que sortear 5 represas. Es incómodo, muy complejo y pocos lo hacen entero, sí por tramos”.
Luis Arellano, integrante de la organización Salvemos los Ríos.
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Agroindustria: más extractivismo menos campesinado



Detrás de los despidos en Agroindustria, el extractivismo minero

Fecha de Publicación
: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional


Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.

Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que  impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.

Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.

Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
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Río Negro: quieren reducir el consumo de papel estatal

El Gobierno va camino a eliminar el uso de papel  

Fecha de Publicación
: 05/01/2019
Fuente: La Mañana Cipolletti
Provincia/Región: Río Negro


Se implementó un plan de modernización que busca reducir fuertemente los expedientes físicos. Aseguran que se ahorra tiempo y dinero para el Estado y los ciudadanos.
El gobierno provincial implementó hace un año herramientas digitales que le permitieron avanzar en un sistema de modernización del Estado que busca terminar con el uso del papel. El objetivo es reducir un 80 por ciento la cantidad de papel que se utiliza en los trámites administrativos y los procesos internos del Estado.
El secretario de Modernización, Silvio Castro, explicó: “Estamos trabajando en la implementación de un sistema de expediente electrónico, que es el sistema de Gestión Documental Electrónica que nos cedió a Nación, y logramos que algunos organismos lo implementen en su totalidad, como el Registro Civil y Lotería de Río Negro”.
Como parte de ese plan ya se implementaron el Registro Civil electrónico, el boletín oficial web y el sistema de compras digitales. “Queremos avanzar en un sistema para administrar los bienes del Estado”, agregó Castro.
El funcionario aseguró que además del cuidado del ambiente y el ahorro para el gobierno, “para los trabajadores del Estado el principal beneficio es que organiza el trabajo administrativo y da cierta seguridad al estar todo en una sola plataforma. La información no se pueda perder, cambiar o alterar”.
Además, Castro aseguró que el sistema le ahorra tiempo en los trámites a los ciudadanos.
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Sierra de Ancasti, reuniones por el litio

Reunión por proyecto de litio en Ancasti

Fecha de Publicación
: 05/01/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


La subsecretaria de Minería, Inés Ulla, y la directora provincial de Gestión Ambiental Minera, Antonella Velazco, se reunieron con el intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán; el senador departamental, Luis Cordero; los concejales Juan Carlos Chávez y Agustina Tapia y los docentes Norma Ortega y Carlos Gerván, para darles a conocer el estado actual de proyectos mineros en la Sierra de Ancasti.
En particular se abordó un proyecto de exploración de litio en pegmatita (roca) que en la actualidad no tiene actividad, pero que estuvo en producción en la década del '70.
Las autoridades mineras y representantes departamentales acordaron coordinar reuniones entre las distintas áreas, compartir información y entrecruzar datos, como así también la Secretaría de Estado de Minería puso a disposición la documentación técnica que hay sobre la temática.
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Disputa entre Ambiente y militares por territorios



Quieren que los campos Manantiales sean un Parque Nacional pero hay resistencia

Fecha de Publicación
: 04/01/2019
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: Nacional


Desde Medio Ambiente quieren convertir en parques la inmensidad de tierras ociosas que tienen los militares; hay proyecciones económicas de la rentabilidad que darían por el turismo
Se trata de unas 540.000 hectáreas de tierras muy ricas en flora y fauna -aunque actualmente se encuentran totalmente ociosas o abandonadas. Pertenecen a las Fuerzas Armadas y son muy codiciadas por la secretaría de Medio Ambiente para convertirlas en parques nacionales con fines turísticos, científicos y también de defensa. Pero una sorda disputa que viene desde el 2016 impide hasta ahora la concreción de este ambicioso proyecto del cual hasta el presidente Mauricio Macri quiere impulsar.
La Dirección de Parques Nacionales acaba de crear por ley este año el récord histórico de seis zonas nuevas de protección del ecosistema que suman un total de 48 parques en la Argentina, mucho más que en la época de Exequiel Bustillo. Y el próximo desafío será el de convertir en zonas de reserva natural a las 540.000 hectáreas que pertenecen en su mayor parte al Ejército y que están distribuidas en Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba, entre las principales provincias.
"Hay una fuerte resistencia de los militares para entregar estas tierras que antes estaban ocupadas con mulas y vacas pero que ahora sólo estan abandonadas en gran medida ya que ni siquiera se usan para prácticas de Defensa", explicó a Infobae un allegado al secretario de Medio Ambiente el rabino Sergio Bergman.
La disputa llegó al despacho del jefe de Gabinete Marcos Peña, que es un ferviente impulsor de estos parques nacionales y cuenta con el aval del propio Macri. De hecho, el Presidente tuiteo hace unos días un mensaje inequívoco en este sentido: "el objetivo que nos propusimos el año pasado fue duplicar las áreas protegidas y lo cumplimos", escribió en relación a los 6 nuevos parques creados por ley.
Desde el Ministerio de Defensa, allegados al ministro Oscar Aguad aseguraron a Infobae que "hay predisposición plena para que haya parques nacionales en tierras sin uso". El problema es que desde Parques Nacionales se topan con la resistencia permanente del Ejército o de la Armada.
Durante el mandato del ex ministro de Defensa Julio Martínez hubo un enfrentamiento con las autoridades de Parques Nacionales por este tema y desde allí que no sanjó la discusión.
Los funcionarios de Bergman intentaron convencer a los militares sobre las conveniencias económicas de crear parques nacionales donde hay tierras ociosas de las Fuerzas Armadas. Pero no hubo caso. Incluso un funcionario de Medio Ambiente deslizó a Infobae que existen las sospechas sobre el presunto arrendamiento de algunos de estos predios a terceros para diversos usos agrícolas y sin el permiso del Ministerio de Defensa.
Aguad está dispuesto a ceder estos terrenos pero tiene una fuerte presión hacia adentro de las Fuerzas y la clave hoy es que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) destrabe el conflicto de una vez.
Según un informe de la consultora Elypsis que tiene en sus manos la Dirección de Parques Nacionales y que llegó a manos de Macri hace unos días, el turismo en las áreas protegidas creció más que el resto del turismo argentino en estos años.
"Las visitas se multiplicaron por cinco entre 1990 (711.000) y el 2017 (3,8 millones)", sostiene ese informe al que tuvo acceso Infobae. Sólo en el 2017 hubo ingresos en turismo proveniente de Parques Nacionales por unos 15.000 millones de dólares.

Proyección económica
A la vez, en el trabajo que presentó Parques Nacionales a Marcos Peña se destaca que "la demanda de turismo a parques nacionales podría elevarse a 7,8 millones de personas". En números e ingresos para la economía argentina ello implicaría un valor agregado de USD 3,4 mil millones por efecto directo del turismo y una proyección importante del empleo de unos 750.000 nuevos puestos de trabajo.
En el Gobierno saben que hay resistencia de los militares a entregar estas tierras que ahora reclama Parques Nacionales en zonas como la de Uspallata en Mendoza o Manantiales en San Juan que es donde se concentra gran parte de los 540.000 hectáreas en disputa.
Algunos de esos predios, ubicados en las provincias de San Juan (Campo Manatiales) y Mendoza (Uspallata, Estancia Polvaredas, Campo Gualtallary /Tupungato, Campo Los Andes), son de gran tamaño y protegen amplios ambientes de Alta Cordillera, Precordillera y valles andinos.
Si bien en parte de ellas persiste su necesidad de adiestramiento para la Defensa, en el marco del Convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales varias de ellas, por lo menos en su gran parte, podrían ser asignadas a la creación de Parques Nacionales o Reservas Nacionales.
En el caso del Campo Manantiales, de más de 300.000 hectáreas, si bien persiste el uso como campo de tiro de artillería en una pequeña porción del mismo, el origen de su asignación fue para la cría de ganado mular y caballos para tropas de montaña, actividad hoy desactivada.
En la Casa Rosada creen que esta cesesión de tierras militares ociosas se concretará tarde o temprano. De hecho, hay más de 10 inmuebles del Ejercito, la Armada o la Fuerza Aérea que estan a disposición de venta del ente estatal de bienes del Estado que se encarga de comercializar terrenos o edificios en deshuso. Por todo ello, las Fuerzas Armadas esperan sumar unos 160 millones de dólares para sus arcas y para el reequipamiento de los fuerzas.
Durante el kirchnerismo se crearon 7 reservas naturales de la Defensa, es decir, espacios asignados al Ministerio de Defensa pero para albergar ambientes naturales y darle un valor educativo a esas zonas. Desde el 2007 se reconvirtieron en zonas de ecosistema las tierras de las Fuerzas Armadas de Punta, Puerto península, Campo Mar Chiquita, la Calera, Campo Garabato, isla El Tala y Baterias Charles Darwin. En la secretaría de Medio Ambiente no descartan seguir este camino que sería un paso intermedio si las Fuerzas Armadas mantienen su tesitura de no entregar las tierras de biodiversidad.
Recientemente el Gobierno logró convertir a una parte de Campo de Mayo en reserva natural. Fue luego de casi dos años de arduas negociaciones y se conservó una parte de esas tierras para las Fuerzas Aramadas, otro espacio para la memoria y una parte de reserva natural.
Ahora desde la Casa Rosada apuntan a las 540.000 hectáreas de campos ociosos con alto componente de riqueza en flora y fauna que estan en poder de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el camino a seguir no es sencillo: se requerirá de la aceptación del Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas, la asignación de una resolución del ente de bienes del Estado, una ley provincial y una ley nacional.
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Mendoza: liberan aves producto del tráfico



Liberaron a más de 50 aves silvestres en la cordillera mendocina

Fecha de Publicación
: 04/01/2019
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


La tarea fue realizada por la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Ya se rescataron más de 6.000 animales del tráfico y de la caza
La Dirección de Recursos Naturales Renovables, mediante el Departamento de Fauna, liberó a 52 aves silvestres denominadas “Negrillos”. Habían sido rescatadas en un operativo que realizó la Secretaría de Ambiente conjuntamente con la Policía Rural en una vivienda en Luján de Cuyo, investigada por la comercialización de animales de manera ilegal.
Luego de que el cuerpo de inspectores determinara que esta tanda de animales se encontraba en buen estado, se procedió a la liberación en una zona cordillerana de nuestra provincia. En un emotivo momento, uno de los inspectores de la Secretaría de Ambiente abrió las jaulas para que estos ejemplares recuperaran la libertad.
“En lo que va de esta gestión venimos realizando un trabajo muy significativo en todo el territorio provincial, en lo que respecta a la conservación de la flora y fauna nativa. Ya llevamos rescatados más de 6.000 animales de la comercialización, tenencia, tráfico y caza. Esta nueva liberación es un gesto al ecosistema de nuestra Mendoza”, comentó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
El resto de los animales se encuentra en un periodo de rehabilitación, adaptación y cuarentena, para posteriormente proceder con la respectiva liberación.
Desde la Dirección de Recursos Naturales Renovables recordaron a los mendocinos que la tenencia y comercio de estos animales, sin ser registrados por el Departamento de Fauna y contar con la documentación correspondiente, es ilegal y se sanciona con una multa que puede rondar hasta los $ 200.000.
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Vaca Muerta y un 2018 que mostró lo que es

El 2018 en Vaca Muerta, donde la regla es ‘lo excepcional’

Fecha de Publicación
: 04/01/2019
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional


Vaca Muerta se ha convertido paulatinamente en el pleno de la ruleta económica macrista. Es la esperanza que todavía sigue en pié. En tanto, los territorios avasallados y sus poblaciones sufren el despojo, la degradación se profundiza pozo a pozo y los trabajadores petroleros comienzan a aparecer también como ‘afectados’ por la explotación.
El video tiembla y no fija el plano. Grabado por el celular de un obrero petrolero, ese registro fue central para conocer lo sucedido en el pozo YPF.Nq.LCav-26 que se descontroló en la madrugada del viernes 19 de octubre y se mantuvo surgente durante 36 horas. En ese momento la compañía Nabors realizaba las tareas de perforación en el área hidrocarburífera Bandurria Sur, que opera YPF asociada a la estadounidense Schlumberger.
Durante un día y medio el pozo escupió líquidos de perforación e hidrocarburos, entre otros tóxicos. FARN y Greenpeace cuantificaron 77 hectáreas afectadas, mientras que la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén aseguró que fueron 45. Finalmente, el organismo provincial suspendió la licencia ambiental de cuatro pozos e impuso una multa de 32.9 millones de pesos. En un cálculo conservador, ese monto implica menos del 0.5% de los 390 millones de dólares que en octubre de 2017 Schlumberger se comprometió a invertir en el desarrollo inicial del área.
Tras la surgencia, el subsecretario de Ambiente de Neuquén Juan Lucchelli se apuró a subrayar que hacía cuatro años que no se registraba un incidente de estas características. Una afirmación que debe, cuanto menos, ser matizada.
El evento anterior al que hacía referencia el responsable de la oficina ambiental de Neuquén sucedió en el área Loma Campana, al suroeste de Bandurria Sur, el 2 de septiembre de 2014. Loma Campana es operada por YPF asociada con Chevron. En aquella oportunidad la contratista DLS no pudo controlar la presión del pozo y la pérdida duró 16 horas. El área hidrocarburífera se asienta sobre el territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe. Las imágenes difundidas por la organización indígena fueron fundamentales para conocer esa situación.
Entre los dos sucesos mencionados, el 2018 y el de 2014, respectivamente, registramos, también, por lo menos dos eventos de envergadura en la provincia de Río Negro. En 2015 en la localidad de Allen explotó el pozo EFO 280. En el área Estación Fernández Oro, YPF perfora en chacras que producían peras y manzanas, poniendo en jaque la economía del Alto Valle rionegrino. La explosión fue al lado del barrio Calle Ciega 10, cuyas vecinas dieron a conocer el hecho.
También en la misma área, y por la denuncia de quienes trabajan en las inmediaciones del lugar, en 2016, se conoció la magnitud de lo que YPF había informado como un “derrame menor”. Posteriormente el Departamento Provincial de Agua de Río Negro constató la pérdida de 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad, con presencia de hidrocarburos y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas.
A partir del 19 de octubre de 2018 los incidentes empezaron a difundirse como una serie. De repente era importante aquello de lo que habitualmente poco se conoce. Luego de la surgencia en Bandurria Sur, YPF hizo público un derrame menor (0.6 m3) en un pozo convencional de Loma la Lata. Mientras que en diciembre se registró en Allen una nueva surgencia, en el pozo EFO 355, los hidrocarburos llegaron a un curso de agua que se comunica con el río Negro, cauce en torno al cual se asentó la población y se desarrolló el complejo productivo de la región.
Los rumores de accidentes y los rumores sobre presiones para que los operarios no difundieran imágenes de los “eventos” se volvieron una constante. A raíz de la trascendencia de lo sucedido en Bandurria Sur, el diario Río Negro, el de mayor circulación del norte de la Patagonia, publicó un informe oficial sobre incidentes hidrocarburíferos en Neuquén. Allí se constata que hay más de dos incidentes ambientales por día en esa provincia. Si bien los números varían año a año, solo en los primeros 10 meses de 2018 se identificaron 934 incidentes. En ese período, el 95% de las contingencias ambientales fueron catalogadas como “menores” y solo el 5% restante como “mayores”. Es decir, que entre enero y octubre de 2018 hubo 46 incidentes de cierta gravedad, uno por semana, de los que no trascendió ninguna información oficial 1 .
No hay capacidad de control estatal, no hay información ambiental adecuada y estas situaciones se conocen porque alguien las muestra. El celular obrero o mapuche, y las denuncias de trabajadores de la fruta o de vecinas han sido los vehículos para conocer los hechos. Los teléfonos se convierten así en un medio difuso de fiscalización que obliga a las empresas y a los funcionarios a tomar públicamente medidas en situaciones que antes dejaban libradas a, en el mejor de los casos, negociaciones no conocidas.
En 2016 dos especialistas del Concerned Health Professionals of New York y de Physicians for Social Responsibility de Estados Unidos visitaron Argentina, en esa oportunidad subrayaron que, entre otros riesgos, el fracking genera una alta tasa de mortalidad laboral. “Las tasas de muerte en los Estados Unidos a causa de la industria del fracking son siete veces más altas que en otras industrias y dos veces más altas que en la fuerza policial, que se considera una de las más peligrosas”, sostuvo la médica Sandra Steingraber . En aquel momento, esas apreciaciones parecían exageradas.
Dos años después, y tras un relanzamiento de las inversiones desde 2017, los números de mortalidad laboral parecen empezar a concordar con aquel vaticinio:en 2018 fallecieron cinco petroleros en la cuenca neuquina. La cifra se corresponde con la reactivación de la actividad de Vaca Muerta, y los nuevos regímenes y esquemas laborales que el fracking exige.
El periodista especializado Marcelo García vincula la muerte de esos obreros con la aplicación de la “adenda” del convenio colectivo de trabajo para el aumento de la productividad, que impulsaron el gobierno nacional, la administración neuquina, las operadoras del sector y los sindicatos petroleros. Señala también que los últimos dos decesos se produjeron el último de los 12 días que los operarios permanecen en el campo. “Es el momento en que el trabajador se encuentra con un profundo desgaste físico, ya con su percepción deteriorada”.
Los derrames y las muertes obreras tuvieron cierta repercusión en las agendas mediáticas. Fueron presentadas como problemas vinculados a la explotación de hidrocarburos no convencionales. Las excepciones, los errores, los inconvenientes. Nos parecen pertinentes dos comentarios al respecto.
Por un lado, que lejos de la excepcionalidad que la cobertura mediática enfatizó y la información oficial propuso, las situaciones excepcionales son regulares. Por otro lado, el propio desarrollo de este tipo de explotación es nocivo. Cada perforación implica aproximadamente el desmonte de una hectárea de la ambiente frágil o de tierras transformadas en productivas por el acumulado de décadas de trabajo, millones de litros de agua (cada vez más, en la medida que extienden las perforaciones horizontales y los procesos de fracturas), multiplicar las emisiones de gases tóxicos que afectan las salud y el clima, y destrozar las economías regionales, que comienzan a palpitar su vida al calor del precio internacional del barril.
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