No tan "Buenos Aires"
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Malos Aires: cuáles son los barrios porteños más contaminados
Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Un trabajo de monitoreo realizado por la ONG Greenpeace detectó que en siete de las 15 comunas se registran altos índices de contaminantes en el aire; el Gobierno porteño sostiene que trabaja en el monitoreo y criticó la metodología de medición del estudio
La mala calidad del aire que respiramos es el mayor riesgo para la salud y el ambiente, y una de la mayor causa de muerte infantil en el mundo. Así lo indicó esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la primera conferencia mundial que aborda esta problemática y que se realizó en Suiza. En la ciudad de Buenos Aires no estamos ajenos a este flagelo: Caballito, Barracas, Recoleta, Balvanera, Parque Chacabuco, Villa Crespo, San Cristóbal, Belgrano, Villa Lugano, Flores, Villa Devoto y Retiro son los barrios más afectados, según un relevamiento realizado por la ONG Greenpeace.
"Entre los meses octubre 2017 y julio 2018 realizamos tres mediciones estacionales, -la última junto al INQUIMAE (UBA), y más de 80 vecinos de la ciudad- en las que encontramos niveles de contaminación del aire que sobrepasaban los niveles guía de la OMS. Entre los casos más preocupantes, se cuentan jardines maternales en el área de cobertura de la estación Parque Centenario, que mostraban 30% más dióxido de nitrógeno que la indicada por la estación. Jardines maternales y el hospital Gutiérrez, contrastados contra la estación Córdoba mostraban mucha variabilidad, representando diferencias a nivel de exposición mensual. Incluyendo material particulado 2,5 (que las estaciones del GCBA no monitorea) los resultados fueron elevados en algunos jardines maternales. Una medición barrial de dióxido de nitrógeno junto a vecinos mostró que el 40% de las muestras distribuidas en distintos puntos de la ciudad superaron el nivel guía de la OMS", indicó Mauro Fernández, coordinador de Clima y Energía de Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia.
El estudio se realizó en el marco del proyecto de Ciencia Ciudadana de la organización ambientalista, donde unas cien muestras fueron distribuidas a los participantes. Con el apoyo del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) de la Universidad de Buenos Aires, Greenpeace emprendió una investigación para medir la composición del aire y sus niveles de contaminación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"Los combustibles de los vehículos motorizados, principalmente el de los colectivos, generan tóxicos perjudiciales para la salud. Entre los contaminantes dañinos se encuentra el dióxido de nitrógeno (NO2) y Materia Particulada (MP10 y MP2.5) que provocan enfermedades cerebrovasculares, cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares e infecciones respiratorias, como la neumonía, entre otras", indicaron en Greenpeace.
Según el estudio, al que tuvo acceso Infobae, el promedio de NO2 de las 87 muestras resultó ser el valor límite establecido por la OMS (21 ppb – partes por billón). "En prácticamente todas las comunas existen puntos por encima de los 21 ppb recomendado por la OMS como promedio anual. En algunos casos, las medianas se sitúan bastante por encima de este valor. De un total de 87 puntos muestreados. Siete comunas de quince actualmente están por encima de estos parámetros", agrega.
En el gobierno porteño indicaron que, aunque trabajan para mejorar el sistema de medición de la calidad del aire, no tienen registros que sobrepasen los niveles establecidos por la OMS ni por la normativa local.
"Desde 2005, la Ciudad comenzó a delinear una red de calidad de aire, única en el país, que se fue ampliando paulatinamente tanto por la incorporación de nuevas estaciones como de contaminantes a ser medidos, tales como SO2 y PM2.5, encontrándonos en la etapa final de puesta a punto de la metodología para su medición. En la actualidad, la red cuenta con cuatro estaciones de calidad de aire: estación La Boca, Córdoba, Parque Centenario y estación CIFA (Centro de Información y Formación Ambiental), la cual se incorporó durante el año en curso y ya se encuentra reportando datos de NO-NO2-NOx y CO. Cada una de las estaciones en cuestión están estratégicamente ubicadas en función de las distintas zonificaciones, para conocer la calidad del aire de la Ciudad, complementándose asimismo con monitoreos manuales", indicó Juan Filgueira, de la Agencia de Protección Ambiental porteña.
El organismo aseguró que "los valores se encuentran por debajo de los niveles admisibles establecidos por la normativa local e inclusive de normas internacionales" y criticó la metodología de medición realizada por la ONG. "Es importante utilizar correctamente niveles de calidad de aire de larga exposición (1 año), además de hacer su comparación con niveles del mismo carácter al comparar es muy importante no confundir niveles de larga exposición con los de corto tiempo, a fin de evitar conclusiones erróneas".
En Greenpeace indicaron que, además de la medición, en su capítulo internacional se mapearon los 50 puntos más contaminados del planeta y, entre ellos está Buenos Aires. Para hacerlo utilizaron imágenes satelitales de la European Space Agency.
La ONG ambientalista recordó que en 2015 el gobierno de la Ciudad firmó la Clean Bus Declaration ante el C40, expresando su compromiso a "reducir emisiones del sector del transporte, mejorando la calidad del aire a través de la introducción de colectivos bajos en emisiones —y, finalmente, con cero emisiones— en sus flotas". Estudios de expertos demostraron que era posible tener un 25% de la flota de transporte público eléctrico para 2020.
"Demandamos que se acelere la transición en línea con el acuerdo y comenzar a minimizar así los impactos en la salud de los vecinos de la ciudad y reforzar los esfuerzos contra el cambio climático", agregó Fernández.
El reporte que la OMS dio a conocer esta semana destaca que el 93% de los menores de 15 años en el mundo (unos 1.800 millones de niños) respiran a diario un aire tan contaminado que perjudica a su salud y su crecimiento. En general, el 91% de todos los habitantes del planeta conviven con un aire contaminado, lo que aumenta el riesgo de cáncer a los pulmones, de derrame cerebral y de enfermedades del corazón.
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Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
Un trabajo de monitoreo realizado por la ONG Greenpeace detectó que en siete de las 15 comunas se registran altos índices de contaminantes en el aire; el Gobierno porteño sostiene que trabaja en el monitoreo y criticó la metodología de medición del estudio
La mala calidad del aire que respiramos es el mayor riesgo para la salud y el ambiente, y una de la mayor causa de muerte infantil en el mundo. Así lo indicó esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la primera conferencia mundial que aborda esta problemática y que se realizó en Suiza. En la ciudad de Buenos Aires no estamos ajenos a este flagelo: Caballito, Barracas, Recoleta, Balvanera, Parque Chacabuco, Villa Crespo, San Cristóbal, Belgrano, Villa Lugano, Flores, Villa Devoto y Retiro son los barrios más afectados, según un relevamiento realizado por la ONG Greenpeace.
"Entre los meses octubre 2017 y julio 2018 realizamos tres mediciones estacionales, -la última junto al INQUIMAE (UBA), y más de 80 vecinos de la ciudad- en las que encontramos niveles de contaminación del aire que sobrepasaban los niveles guía de la OMS. Entre los casos más preocupantes, se cuentan jardines maternales en el área de cobertura de la estación Parque Centenario, que mostraban 30% más dióxido de nitrógeno que la indicada por la estación. Jardines maternales y el hospital Gutiérrez, contrastados contra la estación Córdoba mostraban mucha variabilidad, representando diferencias a nivel de exposición mensual. Incluyendo material particulado 2,5 (que las estaciones del GCBA no monitorea) los resultados fueron elevados en algunos jardines maternales. Una medición barrial de dióxido de nitrógeno junto a vecinos mostró que el 40% de las muestras distribuidas en distintos puntos de la ciudad superaron el nivel guía de la OMS", indicó Mauro Fernández, coordinador de Clima y Energía de Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia.
El estudio se realizó en el marco del proyecto de Ciencia Ciudadana de la organización ambientalista, donde unas cien muestras fueron distribuidas a los participantes. Con el apoyo del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) de la Universidad de Buenos Aires, Greenpeace emprendió una investigación para medir la composición del aire y sus niveles de contaminación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"Los combustibles de los vehículos motorizados, principalmente el de los colectivos, generan tóxicos perjudiciales para la salud. Entre los contaminantes dañinos se encuentra el dióxido de nitrógeno (NO2) y Materia Particulada (MP10 y MP2.5) que provocan enfermedades cerebrovasculares, cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares e infecciones respiratorias, como la neumonía, entre otras", indicaron en Greenpeace.
Según el estudio, al que tuvo acceso Infobae, el promedio de NO2 de las 87 muestras resultó ser el valor límite establecido por la OMS (21 ppb – partes por billón). "En prácticamente todas las comunas existen puntos por encima de los 21 ppb recomendado por la OMS como promedio anual. En algunos casos, las medianas se sitúan bastante por encima de este valor. De un total de 87 puntos muestreados. Siete comunas de quince actualmente están por encima de estos parámetros", agrega.
En el gobierno porteño indicaron que, aunque trabajan para mejorar el sistema de medición de la calidad del aire, no tienen registros que sobrepasen los niveles establecidos por la OMS ni por la normativa local.
"Desde 2005, la Ciudad comenzó a delinear una red de calidad de aire, única en el país, que se fue ampliando paulatinamente tanto por la incorporación de nuevas estaciones como de contaminantes a ser medidos, tales como SO2 y PM2.5, encontrándonos en la etapa final de puesta a punto de la metodología para su medición. En la actualidad, la red cuenta con cuatro estaciones de calidad de aire: estación La Boca, Córdoba, Parque Centenario y estación CIFA (Centro de Información y Formación Ambiental), la cual se incorporó durante el año en curso y ya se encuentra reportando datos de NO-NO2-NOx y CO. Cada una de las estaciones en cuestión están estratégicamente ubicadas en función de las distintas zonificaciones, para conocer la calidad del aire de la Ciudad, complementándose asimismo con monitoreos manuales", indicó Juan Filgueira, de la Agencia de Protección Ambiental porteña.
El organismo aseguró que "los valores se encuentran por debajo de los niveles admisibles establecidos por la normativa local e inclusive de normas internacionales" y criticó la metodología de medición realizada por la ONG. "Es importante utilizar correctamente niveles de calidad de aire de larga exposición (1 año), además de hacer su comparación con niveles del mismo carácter al comparar es muy importante no confundir niveles de larga exposición con los de corto tiempo, a fin de evitar conclusiones erróneas".
En Greenpeace indicaron que, además de la medición, en su capítulo internacional se mapearon los 50 puntos más contaminados del planeta y, entre ellos está Buenos Aires. Para hacerlo utilizaron imágenes satelitales de la European Space Agency.
La ONG ambientalista recordó que en 2015 el gobierno de la Ciudad firmó la Clean Bus Declaration ante el C40, expresando su compromiso a "reducir emisiones del sector del transporte, mejorando la calidad del aire a través de la introducción de colectivos bajos en emisiones —y, finalmente, con cero emisiones— en sus flotas". Estudios de expertos demostraron que era posible tener un 25% de la flota de transporte público eléctrico para 2020.
"Demandamos que se acelere la transición en línea con el acuerdo y comenzar a minimizar así los impactos en la salud de los vecinos de la ciudad y reforzar los esfuerzos contra el cambio climático", agregó Fernández.
El reporte que la OMS dio a conocer esta semana destaca que el 93% de los menores de 15 años en el mundo (unos 1.800 millones de niños) respiran a diario un aire tan contaminado que perjudica a su salud y su crecimiento. En general, el 91% de todos los habitantes del planeta conviven con un aire contaminado, lo que aumenta el riesgo de cáncer a los pulmones, de derrame cerebral y de enfermedades del corazón.
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Fiesta del desmonte en Salta
Greenpeace representó “la fiesta del desmonte” y denunció que el salteño “Urtubey es cómplice de los criminales”
Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: Contexto Tucumán
Provincia/Región: Salta
Con una intervención callejera en el ingreso de la Casa de Salta, activistas de Greenpeace representaron la fiesta del desmonte liderada por el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey.
“La fiesta del desmonte suele ser exclusiva para los empresarios y productores agrícolas que, con el aval de los funcionarios, destruyen a su antojo los bosques salteños, a pesar de estar protegidos por la Ley Nacional de Bosques. Por eso, hoy quisimos mostrar la fiesta, para denunciar públicamente la impunidad con la que se manejan en relación a nuestros bosques. Mientras las lluvias inundan a Anta, la fiesta del desmonte continúa.”, expresó Diego Salas, director de desarrollo de Greenpeace.
Según la organización ecologista, en el norte argentino se concentra el 80% de la deforestación del país, en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa.
En el caso de Salta, ya fue deforestado el 30% de sus bosques nativos. De acuerdo a datos oficiales, se destruyeron 1.406.005 hectáreas entre 1998 y 2017 en la provincia, 70 veces la superficie de CABA. Desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, la mitad de los desmonte en Salta fueron ilegales.
A pesar de que tanto la Nación como la Provincia dictaron resoluciones que suspenden los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas y obligan a la remediación de las zonas afectadas, la deforestación continúa avanzando.
Tres de las 32 fincas son casos que ya habían sido denunciados en 2014 (1), las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo).
“A pesar de sus promesas de detener el desmonte ilegal en su provincia, el gobernador Urtubey continúa siendo cómplice de estos criminales. Por eso, le exigimos que cumpla su rol y controle el cumplimiento de la normativa vigente, aplique multas significativas y los obligue a reforestar”, señaló Salas.
Etiquetas:
agricultura industrial,
Desmontes,
ecosistemas,
política ambiental,
Salta
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Dos ejemplares de Yaguareté para sumar a su supervivencia
Se permitió el ingreso al país de dos ejemplares hembras de Yaguareté
Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Corrientes
Las especies provienen de Brasil, con destino a la provincia de Corrientes, a las instalaciones del Centro Experimental de Cría de Yaguareté
La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, permitió el ingreso al país por vía terrestre, a dos ejemplares hembras de Yaguareté (Panthera onca), por el paso fronterizo Foz do Iguaçu, Brasil – Puerto Iguazú Argentina.
Según la Resolución 52/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial, se autorizó la importación de dos ejemplares hembras de Yaguareté (Panthera onca), provenientes de la República Federativa de Brasil, por el paso fronterizo Foz do Iguaçu– Puerto Iguazú, con destino a la provincia de Corrientes, a las instalaciones del Centro Experimental de Cría de Yaguareté (CECY), de la Fundación The Conservation Land Trust.
De esta manera, teniendo en cuenta los términos de la medida, la autorización dispuesta, tendrá vigencia por el término de un año.
En tanto, la Fundación The Conservation Land Trust solicitó la importación de dos ejemplares hembras, de Yaguareté (Panthera onca), provenientes de La República Federativa de Brasil, para incorporarlas al Centro Experimental de Cría de Yaguareté (CECY), los cuales, por motivo de bienestar animal, serán ingresados al país por el paso fronterizo Foz do Iguaçu, perteneciente a Brasil y el Puerto Iguazú, del territorio argentino.
El Decreto N° 666 de fecha 25 de julio de 1997, establece que las autoridades deben respetar el equilibrio entre los diversos beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la fauna silvestre aporta al hombre, dando en todos los casos la debida importancia a su conservación como criterio rector de los actos que se otorguen. En este sentido, “resulta necesario que en la utilización sustentable de la fauna silvestre se prioricen y apliquen todas las medidas y procedimientos necesarios para su preservación”, resalta el texto oficial.
Asimismo, la Dirección Nacional de Biodiversidad de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, elaboró el pertinente informe técnico que avala esta decisión.
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Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Corrientes
Las especies provienen de Brasil, con destino a la provincia de Corrientes, a las instalaciones del Centro Experimental de Cría de Yaguareté
La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, permitió el ingreso al país por vía terrestre, a dos ejemplares hembras de Yaguareté (Panthera onca), por el paso fronterizo Foz do Iguaçu, Brasil – Puerto Iguazú Argentina.
Según la Resolución 52/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial, se autorizó la importación de dos ejemplares hembras de Yaguareté (Panthera onca), provenientes de la República Federativa de Brasil, por el paso fronterizo Foz do Iguaçu– Puerto Iguazú, con destino a la provincia de Corrientes, a las instalaciones del Centro Experimental de Cría de Yaguareté (CECY), de la Fundación The Conservation Land Trust.
De esta manera, teniendo en cuenta los términos de la medida, la autorización dispuesta, tendrá vigencia por el término de un año.
En tanto, la Fundación The Conservation Land Trust solicitó la importación de dos ejemplares hembras, de Yaguareté (Panthera onca), provenientes de La República Federativa de Brasil, para incorporarlas al Centro Experimental de Cría de Yaguareté (CECY), los cuales, por motivo de bienestar animal, serán ingresados al país por el paso fronterizo Foz do Iguaçu, perteneciente a Brasil y el Puerto Iguazú, del territorio argentino.
El Decreto N° 666 de fecha 25 de julio de 1997, establece que las autoridades deben respetar el equilibrio entre los diversos beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la fauna silvestre aporta al hombre, dando en todos los casos la debida importancia a su conservación como criterio rector de los actos que se otorguen. En este sentido, “resulta necesario que en la utilización sustentable de la fauna silvestre se prioricen y apliquen todas las medidas y procedimientos necesarios para su preservación”, resalta el texto oficial.
Asimismo, la Dirección Nacional de Biodiversidad de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, elaboró el pertinente informe técnico que avala esta decisión.
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Nueva pastera de Botnia se está complicando
Se complica la aprobación de la nueva pastera de Botnia a orillas del río Negro
Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: Maxima On Line
Provincia/Región: Nacional
La DINAMA pide a la empresa más estudios sobre la calidad del agua. Se modifica el plazo para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental objetado ya en dos ocasiones. Se confirma así lo anticipado por la Asamblea Ciudadana Ambiental en la Cancillería argentina en junio pasado.
La instalación de una nueva planta de celulosa en territorio uruguayo a orillas del río Negro, se complica cada vez más. Las deficiencias detectadas en septiembre pasado en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por UPM (ex Botnia) para la construcción de su segunda pastera, se han multiplicado después que la empresa presentó por segunda vez dicho informe ante las autoridades del vecino país.
La semana pasada, la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay (DINAMA) solicitó a los finlandeses que presenten nuevos estudios adicionales sobre la calidad del agua y otras cuestiones, en el marco de los análisis y comprobaciones que vienen realizado los técnicos uruguayos del documento de Impacto Ambiental, cuya convalidación es condición imprescindible para autorizar la implantación de la fábrica de celulosa, que duplicará en tamaño y producción a la ya existente en Fray Bentos.
En septiembre, la DINAMA ya había efectuado más de una docena de objeciones al rechazar el Estudio de Impacto elevado por la empresa y le pidió que lo presentara nuevamente.
Ahora, y ante la nueva decisión adoptada por los técnicos de la DINAMA, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, se vio obligada extender, hasta marzo de 2019, la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental que deberá realizarse mediante Audiencia Pública tal como lo prevé la legislación uruguaya. Esto implica que el Estado uruguayo ya no podrá cumplir con su compromiso de otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental en enero próximo, como figura en el acuerdo que firmó con la corporación finlandesa en noviembre de 2017.
Así las cosas, y pese a la información "edulcorada" que hizo circular la Presidencia de la República, la ministra de León, junto a su segundo Jorge Rucks y al titular de la DINAMA, Alejandro Nario se trasladaron el pasado jueves a la localidad Paso de los Toros, en el departamento de Durazno, donde UPM planea instalar su nueva pastera. Oficialmente el pretexto del viaje era inauguracón de las actividades de la Comisión de la Cuenca del río Negro, pero en realidad el motivo principal de la ministra de Leòn era mantener un encuentro con el Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, para informarle sobre los nuevos estudios sobre la calidad del agua que deberá presentar UPM, además de un Informe respecto de los terrenos para la construcción de viviendas temporales y las áreas de desarrollo urbano en la zona de la obra, que los finlandeses deberán presentar en un plazo de 30 días.
Asimismo, en dicha reunión, la ministra de León también le refirió a Vidalín que la construcción del ferrocarril que exige UPM para transportar la celulosa desde Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo también está en problemas. Lo que transmitió al Intendente de Durazno fue que el Tribunal de Cuentas del Uruguay ha identificado varias "inconsistencias en el proceso licitatorio", que complican la aprobación de la adjudicación de las obras por parte del citado organismo.
Otra de las cuestiones que abordó la ministra de León en Paso de los Toros se refirió a la problemática que existe respecto a las casi seguras inundaciones que se producirían causadas por cauces internos del río Negro en predios cercanos a las localidades de Pueblo Centenario y Carlos Reyles, una vez instalada la nueva planta de celulosa. En este sentido, de León le informó al intendente Vidalín que los técnicos de la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA) trabajan en diversos estudios para establecer fehacientemente cual podría ser el impacto que podría ocasionar dicha situación.
Tras el encuentro con en la Intendencia de Durazno con Vidalín, la ministra de León se trasladó al Parador de Paso de los Toros, donde puso en marcha la Comisión de la Cuenca del Río Negro, dispuesta por un decreto del Ejecutivo que preside Tabaré Vázquez y que deberá abordar la situación de dicho curso de agua.
Durante esa reunión, la Ministra reconoció públicamente que el río Negro “está muy contaminado”, especialmente en “las nacientes y en la cuenca baja” e indicó que solucionar el problema “no es tan fácil como plantea la empresa” (por UPM).
Cabe recordar que, de acuerdo a la Validación de Localización Ambiental (VAL) aprobada por la DINAMA en mayo de este año, y que es el paso previo ineludible para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, en el caso de que la instalación de la nueva pastera de UPM a orillas del río Negro no fuera posible ya sea por razones ambientales o de otra naturaleza, la primera opción alternativa propuesta por la empresa y aceptada por el Gobierno uruguayo, es Fray Bentos.
En junio pasado, un mes después de la pre autorización que recibió UPM de parte de la DINAMA, el Intendente de nuestra ciudad Martín Piaggio, junto al diputado nacional Julio Solanas fueron recibidos en Buenos Aires por altos funcionarios de la Cancillería argentina, en donde además estuvo presente el titular de la CARU.
En dicho encuentro, dos representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, durante una hora y media, expusieron con datos concretos sobre la imposibilidad que la nueva pastera de UPM pueda instalarse a orillas del río Negro por múltiples razones técnicas, anticiparon que un Estudio de Impacto Ambiental en esas condiciones no podría ser aprobado por la DINAMA, tal como finalmente viene sucediendo y alertaron a las autoridades argentinas sobre la posibilidad real de que la mega planta de celulosa termine por instalarse finalmente en Fray Bentos.
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Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: Maxima On Line
Provincia/Región: Nacional
La DINAMA pide a la empresa más estudios sobre la calidad del agua. Se modifica el plazo para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental objetado ya en dos ocasiones. Se confirma así lo anticipado por la Asamblea Ciudadana Ambiental en la Cancillería argentina en junio pasado.
La instalación de una nueva planta de celulosa en territorio uruguayo a orillas del río Negro, se complica cada vez más. Las deficiencias detectadas en septiembre pasado en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por UPM (ex Botnia) para la construcción de su segunda pastera, se han multiplicado después que la empresa presentó por segunda vez dicho informe ante las autoridades del vecino país.
La semana pasada, la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay (DINAMA) solicitó a los finlandeses que presenten nuevos estudios adicionales sobre la calidad del agua y otras cuestiones, en el marco de los análisis y comprobaciones que vienen realizado los técnicos uruguayos del documento de Impacto Ambiental, cuya convalidación es condición imprescindible para autorizar la implantación de la fábrica de celulosa, que duplicará en tamaño y producción a la ya existente en Fray Bentos.
En septiembre, la DINAMA ya había efectuado más de una docena de objeciones al rechazar el Estudio de Impacto elevado por la empresa y le pidió que lo presentara nuevamente.
Ahora, y ante la nueva decisión adoptada por los técnicos de la DINAMA, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, se vio obligada extender, hasta marzo de 2019, la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental que deberá realizarse mediante Audiencia Pública tal como lo prevé la legislación uruguaya. Esto implica que el Estado uruguayo ya no podrá cumplir con su compromiso de otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental en enero próximo, como figura en el acuerdo que firmó con la corporación finlandesa en noviembre de 2017.
Así las cosas, y pese a la información "edulcorada" que hizo circular la Presidencia de la República, la ministra de León, junto a su segundo Jorge Rucks y al titular de la DINAMA, Alejandro Nario se trasladaron el pasado jueves a la localidad Paso de los Toros, en el departamento de Durazno, donde UPM planea instalar su nueva pastera. Oficialmente el pretexto del viaje era inauguracón de las actividades de la Comisión de la Cuenca del río Negro, pero en realidad el motivo principal de la ministra de Leòn era mantener un encuentro con el Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, para informarle sobre los nuevos estudios sobre la calidad del agua que deberá presentar UPM, además de un Informe respecto de los terrenos para la construcción de viviendas temporales y las áreas de desarrollo urbano en la zona de la obra, que los finlandeses deberán presentar en un plazo de 30 días.
Asimismo, en dicha reunión, la ministra de León también le refirió a Vidalín que la construcción del ferrocarril que exige UPM para transportar la celulosa desde Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo también está en problemas. Lo que transmitió al Intendente de Durazno fue que el Tribunal de Cuentas del Uruguay ha identificado varias "inconsistencias en el proceso licitatorio", que complican la aprobación de la adjudicación de las obras por parte del citado organismo.
Otra de las cuestiones que abordó la ministra de León en Paso de los Toros se refirió a la problemática que existe respecto a las casi seguras inundaciones que se producirían causadas por cauces internos del río Negro en predios cercanos a las localidades de Pueblo Centenario y Carlos Reyles, una vez instalada la nueva planta de celulosa. En este sentido, de León le informó al intendente Vidalín que los técnicos de la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA) trabajan en diversos estudios para establecer fehacientemente cual podría ser el impacto que podría ocasionar dicha situación.
Tras el encuentro con en la Intendencia de Durazno con Vidalín, la ministra de León se trasladó al Parador de Paso de los Toros, donde puso en marcha la Comisión de la Cuenca del Río Negro, dispuesta por un decreto del Ejecutivo que preside Tabaré Vázquez y que deberá abordar la situación de dicho curso de agua.
Durante esa reunión, la Ministra reconoció públicamente que el río Negro “está muy contaminado”, especialmente en “las nacientes y en la cuenca baja” e indicó que solucionar el problema “no es tan fácil como plantea la empresa” (por UPM).
Cabe recordar que, de acuerdo a la Validación de Localización Ambiental (VAL) aprobada por la DINAMA en mayo de este año, y que es el paso previo ineludible para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, en el caso de que la instalación de la nueva pastera de UPM a orillas del río Negro no fuera posible ya sea por razones ambientales o de otra naturaleza, la primera opción alternativa propuesta por la empresa y aceptada por el Gobierno uruguayo, es Fray Bentos.
En junio pasado, un mes después de la pre autorización que recibió UPM de parte de la DINAMA, el Intendente de nuestra ciudad Martín Piaggio, junto al diputado nacional Julio Solanas fueron recibidos en Buenos Aires por altos funcionarios de la Cancillería argentina, en donde además estuvo presente el titular de la CARU.
En dicho encuentro, dos representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, durante una hora y media, expusieron con datos concretos sobre la imposibilidad que la nueva pastera de UPM pueda instalarse a orillas del río Negro por múltiples razones técnicas, anticiparon que un Estudio de Impacto Ambiental en esas condiciones no podría ser aprobado por la DINAMA, tal como finalmente viene sucediendo y alertaron a las autoridades argentinas sobre la posibilidad real de que la mega planta de celulosa termine por instalarse finalmente en Fray Bentos.
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Riachuelo: Convocan a una nueva Audiencia Pública
Convocamos a una nueva Audiencia Pública
Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
A partir de este jueves 8 de noviembre todos los interesados en participar como oradores de la Audiencia sobre la Estrategia de Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo pueden hacerlo a través de la página http://audienciapublica.acumar.gov.ar/
El próximo 23 de noviembre a las 9 de la mañana se desarrollará la Audiencia Pública sobre la Estrategia de Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo, en el Salón Auditorio de la Universidad de Morón, ubicada en Cabildo 134.
En esta jornada de participación ciudadana autoridades, organizaciones y vecinos expondrán sus inquietudes, ideas y propuestas sobre la Estrategia de Salud en la Cuenca.
Desde el 8 y hasta el 20 de noviembre los interesados en participar como oradores en la Audiencia Pública podrán hacerlo de manera libre y gratuita a través de la web http://audienciapublica.acumar.gov.ar/
“Creemos que lo que estamos presentando responde a una demanda histórica del organismo: un organismo que reconozca el estado real de la Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo y de respuestas de acción concreta para mejorar la calidad de vida de la gente. Por primera vez, ACUMAR apunta su accionar a la vigilancia sanitaria de los riesgos e impactos; centra su marco conceptual en los determinantes ambientales y la vulnerabilidad de la población; y busca priorizar las intervenciones en las jurisdicciones”, aseguró la presidenta de ACUMAR, Dorina Bonetti y agregó: “Sabemos que esto requiere un fuerte compromiso de trabajo intersectorial, de cada uno de los gobiernos de las jurisdicciones de la Cuenca, sus áreas de salud ambiental, y de otras áreas de organismos gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a la resolución de las problemáticas de salud ambiental, y es por ello que entendemos que esta estrategia debe ser expuesta en Audiencia Pública”.
La opinión de los ciudadanos nos permite desarrollar una política pública más participativa y fortalecer la visión vompartida de la Cuenca que queremos. Si querés participar como oyente, no es necesario registrarte. Por dudas o consultas, comunicate al 5236-4189 o a participacion@acumar.gob.ar
Se puede bajar el documento de consulta en el siguiente link: http://www.acumar.gob.ar/eje-social/participacion-social/audiencias-publicas/audiencia-publica-2018-nov/
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Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
A partir de este jueves 8 de noviembre todos los interesados en participar como oradores de la Audiencia sobre la Estrategia de Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo pueden hacerlo a través de la página http://audienciapublica.acumar.gov.ar/
El próximo 23 de noviembre a las 9 de la mañana se desarrollará la Audiencia Pública sobre la Estrategia de Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo, en el Salón Auditorio de la Universidad de Morón, ubicada en Cabildo 134.
En esta jornada de participación ciudadana autoridades, organizaciones y vecinos expondrán sus inquietudes, ideas y propuestas sobre la Estrategia de Salud en la Cuenca.
Desde el 8 y hasta el 20 de noviembre los interesados en participar como oradores en la Audiencia Pública podrán hacerlo de manera libre y gratuita a través de la web http://audienciapublica.acumar.gov.ar/
“Creemos que lo que estamos presentando responde a una demanda histórica del organismo: un organismo que reconozca el estado real de la Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo y de respuestas de acción concreta para mejorar la calidad de vida de la gente. Por primera vez, ACUMAR apunta su accionar a la vigilancia sanitaria de los riesgos e impactos; centra su marco conceptual en los determinantes ambientales y la vulnerabilidad de la población; y busca priorizar las intervenciones en las jurisdicciones”, aseguró la presidenta de ACUMAR, Dorina Bonetti y agregó: “Sabemos que esto requiere un fuerte compromiso de trabajo intersectorial, de cada uno de los gobiernos de las jurisdicciones de la Cuenca, sus áreas de salud ambiental, y de otras áreas de organismos gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a la resolución de las problemáticas de salud ambiental, y es por ello que entendemos que esta estrategia debe ser expuesta en Audiencia Pública”.
La opinión de los ciudadanos nos permite desarrollar una política pública más participativa y fortalecer la visión vompartida de la Cuenca que queremos. Si querés participar como oyente, no es necesario registrarte. Por dudas o consultas, comunicate al 5236-4189 o a participacion@acumar.gob.ar
Se puede bajar el documento de consulta en el siguiente link: http://www.acumar.gob.ar/eje-social/participacion-social/audiencias-publicas/audiencia-publica-2018-nov/
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Represas de Santa Cruz: negocian con pueblos nativos
El Gobierno negocia con comunidades indígenas para destrabar las represas de Santa Cruz
Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: EconoJournal
Provincia/Región: Santa Cruz
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. Se desarrollará el próximo 6 y 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. La misma se desarrollará el próximo jueves 6 y viernes 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
En tanto, la empresa también brindará asistencia para que el martes 20 y miércoles 21 de noviembre se lleven a cabo espacios de encuentro entre las autoridades comunitarias y los asesores que ellas definan.
Estos encuentros se dan en el marco del desarrollo del proyecto de Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz -Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa-, convocado por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Gobierno de Energía y el Instituto de Asuntos Indígenas a fin de avanzar en el proceso de consulta previa entre los actores involucrados y las comunidades aborígenes.
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Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: EconoJournal
Provincia/Región: Santa Cruz
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. Se desarrollará el próximo 6 y 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Integración Energética Argentina (IEASA) confirmó su participación en la reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el Instituto de Asuntos Indígenas. La misma se desarrollará el próximo jueves 6 y viernes 7 de diciembre en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
En tanto, la empresa también brindará asistencia para que el martes 20 y miércoles 21 de noviembre se lleven a cabo espacios de encuentro entre las autoridades comunitarias y los asesores que ellas definan.
Estos encuentros se dan en el marco del desarrollo del proyecto de Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz -Represas Cóndor Cliff y La Barrancosa-, convocado por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Gobierno de Energía y el Instituto de Asuntos Indígenas a fin de avanzar en el proceso de consulta previa entre los actores involucrados y las comunidades aborígenes.
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Misiones: reservas privadas quieren beneficios del BM
Reservas privadas pedirán ser incluidas en los beneficios del Banco Mundial
Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La provincia de Misiones tiene aprobada más de una veintena de Reservas Naturales protegidas privadas que pertenecen al circuito Áreas Protegidas Privadas NEA. Es la provincia que más reservas privadas tiene aprobadas por el Ministerio de Ecología, pero la mayoría son pequeñas parcelas o chacras, propiedades que en total conforman unas 10.500 hectáreas.
Cada una de estas unidades funciona de manera particular y tiene sus propios manejos. Algunas de ellas son productivas, pero con los niveles de cuidado del medio ambiente que exige el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
En la reunión que mantuvieron hace una semana en la Reserva Akaguapy de San Vicente participaron referentes de trece reservas naturales entre ellas la anfitriona Akaguapy, además de Puerto Bemberg, Club de Río, Yacutoro, La Coral, El Cantar de la Pachamama, Curindy, FVSA (Fundación Vida Silvestre Argentina) entre responsables de otras.
En el orden del día estaban previstos varios temas de interés para las Reservas Privadas. Allí se propuso generar un convenio con la UNaM para organizar proyectos específicos para las reservas. También generar prácticas profesionales en las reservas de la RED del NEA a la que pertenecen las reservas de Misiones.
En este marco también se evaluó la necesidad de solicitar a la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM de Eldorado una certificación y asesoramiento para que las reservas naturales de manejos privados de Misiones sean incluidas en el sistema de beneficios de Bono de Carbono; que es un aporte monetario que hacen organismos internacionales como el Banco Mundial a los entes privados que cuidan el medio ambiente.
En Argentina, en casi todas las provincias, hay reservas de este tipo y muchas cobran por el beneficio de cuidar el medio ambiente. Pero en Misiones ninguna de las reservas privadas cobra por este “servicio”.
Los referentes de las reservas naturales privadas protegidas entienden que “ofrecen ese servicio ambiental” que reclaman los entes internacionales y que deben ser incluidos en los beneficios económicos que vienen al país para ese fin.
Afirman que, hasta ahora, ofrecen ese “servicio” en forma gratuita y en muchos de los casos perdiendo el lucro por mantener el cuidado del medio ambiente y no son reconocidos. Para comenzar a tramitar necesitan la certificación de una universidad pública y ahí es donde entra la Facultad de Ciencias Forestales.
En este sentido, se propuso en la reunión comenzar a gestionar con el Ministerio de Ecología para que los planes operativos (POA) de los fondos de bosques (Ley 26.331) tengan coherencia entre las reservas beneficiarias y todos puedan homologar algunas acciones o líneas tales como Monitoreos de biodiversidad, etc.
Además, que se pueda contar con profesionales como responsables técnicos que cobren lo justo y sean capacitados para trabajar y planificar en reservas naturales. El reclamo es que la mayor cantidad de estos fondos va a parar a manos de pocas reservas naturales de grandes extensiones que tienen mucho lobby en los medios nacionales.
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Fecha de Publicación: 09/11/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
La provincia de Misiones tiene aprobada más de una veintena de Reservas Naturales protegidas privadas que pertenecen al circuito Áreas Protegidas Privadas NEA. Es la provincia que más reservas privadas tiene aprobadas por el Ministerio de Ecología, pero la mayoría son pequeñas parcelas o chacras, propiedades que en total conforman unas 10.500 hectáreas.
Cada una de estas unidades funciona de manera particular y tiene sus propios manejos. Algunas de ellas son productivas, pero con los niveles de cuidado del medio ambiente que exige el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
En la reunión que mantuvieron hace una semana en la Reserva Akaguapy de San Vicente participaron referentes de trece reservas naturales entre ellas la anfitriona Akaguapy, además de Puerto Bemberg, Club de Río, Yacutoro, La Coral, El Cantar de la Pachamama, Curindy, FVSA (Fundación Vida Silvestre Argentina) entre responsables de otras.
En el orden del día estaban previstos varios temas de interés para las Reservas Privadas. Allí se propuso generar un convenio con la UNaM para organizar proyectos específicos para las reservas. También generar prácticas profesionales en las reservas de la RED del NEA a la que pertenecen las reservas de Misiones.
En este marco también se evaluó la necesidad de solicitar a la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM de Eldorado una certificación y asesoramiento para que las reservas naturales de manejos privados de Misiones sean incluidas en el sistema de beneficios de Bono de Carbono; que es un aporte monetario que hacen organismos internacionales como el Banco Mundial a los entes privados que cuidan el medio ambiente.
En Argentina, en casi todas las provincias, hay reservas de este tipo y muchas cobran por el beneficio de cuidar el medio ambiente. Pero en Misiones ninguna de las reservas privadas cobra por este “servicio”.
Los referentes de las reservas naturales privadas protegidas entienden que “ofrecen ese servicio ambiental” que reclaman los entes internacionales y que deben ser incluidos en los beneficios económicos que vienen al país para ese fin.
Afirman que, hasta ahora, ofrecen ese “servicio” en forma gratuita y en muchos de los casos perdiendo el lucro por mantener el cuidado del medio ambiente y no son reconocidos. Para comenzar a tramitar necesitan la certificación de una universidad pública y ahí es donde entra la Facultad de Ciencias Forestales.
En este sentido, se propuso en la reunión comenzar a gestionar con el Ministerio de Ecología para que los planes operativos (POA) de los fondos de bosques (Ley 26.331) tengan coherencia entre las reservas beneficiarias y todos puedan homologar algunas acciones o líneas tales como Monitoreos de biodiversidad, etc.
Además, que se pueda contar con profesionales como responsables técnicos que cobren lo justo y sean capacitados para trabajar y planificar en reservas naturales. El reclamo es que la mayor cantidad de estos fondos va a parar a manos de pocas reservas naturales de grandes extensiones que tienen mucho lobby en los medios nacionales.
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El derrame en Vaca Muerta llega a la Justicia
Piden al fiscal de Neuquén que investigue el derrame de petróleo en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones de Derechos Humanos y activistas ambientalistas solicitan que se analicen las responsabilidades en el hecho, tanto de las autoridades políticas como de los empresarios. La fiscalía informó que hace una semana inició un causa de oficio.
Organizaciones de Derechos Humanos, activistas ambientalistas, y la Confederación Mapuche de Neuquén presentaron hoy en fiscalía una denuncia para que se investiguen las responsabilidades penales que les puede caber por el derrame en el yacimiento Bandurria Sur, tanto a las autoridades políticas como a los empresarios.
El hecho ocurrió el jueves 18 de octubre, a la medianoche, afectó 45 hectáreas, según precisó la subsecretaría de Ambiente de la provincia, y se extendió por 36 horas consecutivas.
“No es el primero (el derrame), no es el último, porque tiene que ver con una lógica de esta industria del fracking que no tiene ninguna garantía, ninguna seguridad, que está probado que no te puede garantizar la seguridad y menos todavía la salud del ambiente, porque por esa razón ha sido prohibida en numerosos países”, aseguró Jorge Nahuel, werken de la Confederación.
Agregó: “acá hay un testigo pasivo que es la justicia. Por eso nos entrevistamos con Gerez (fiscal general) que debería estar actuando de oficio ante semejante desastre ecológico y ambiental. Esta debe ser por lo menos la cuarta denuncia penal que nosotros realizamos por distintos incidentes que han ocurrido en Loma La Lata primero, en Loma Campana ahora, en Rincón de los Sauces, en cada uno de esos escenarios ha merecido una denuncia penal nuestra. No vemos de parte de la justicia un accionar a la altura de las necesidades y la urgencia, al contrario, lo que anunció el jefe de fiscales hace diez días atrás es un blindaje jurídico a la industria y eso implica que acá lo que se prioriza es la explotación sin control.”
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, señaló que los alcances de la presentación: “lo que ocurrió, el desastre del derrame petrolero, configura un delito que está en la ley de residuos peligrosos. Eso para las empresas. Y también vamos a pedir que se investigue si se configuraron los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de las máximas autoridades ambientales de la provincia”.
Dijo que se ha “sobreactuado el tema de la multa, de los drones, para tratar de disipar lo que tiene consecuencias penales, contaminar es un delito.” Señaló que de no obtener respuesta en las instancias locales irán a los tribunales internacionales.
Desde el ministerio público fiscal se informó que la semana pasada se inició una investigación de oficio, que está a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli. Entre las medidas dispuestas se le solicitó a la subsecretaría de Ambiente de la provincia que remita los informes sobre el derrame petrolero. Hasta el momento no ha respondido.
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Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones de Derechos Humanos y activistas ambientalistas solicitan que se analicen las responsabilidades en el hecho, tanto de las autoridades políticas como de los empresarios. La fiscalía informó que hace una semana inició un causa de oficio.
Organizaciones de Derechos Humanos, activistas ambientalistas, y la Confederación Mapuche de Neuquén presentaron hoy en fiscalía una denuncia para que se investiguen las responsabilidades penales que les puede caber por el derrame en el yacimiento Bandurria Sur, tanto a las autoridades políticas como a los empresarios.
El hecho ocurrió el jueves 18 de octubre, a la medianoche, afectó 45 hectáreas, según precisó la subsecretaría de Ambiente de la provincia, y se extendió por 36 horas consecutivas.
“No es el primero (el derrame), no es el último, porque tiene que ver con una lógica de esta industria del fracking que no tiene ninguna garantía, ninguna seguridad, que está probado que no te puede garantizar la seguridad y menos todavía la salud del ambiente, porque por esa razón ha sido prohibida en numerosos países”, aseguró Jorge Nahuel, werken de la Confederación.
Agregó: “acá hay un testigo pasivo que es la justicia. Por eso nos entrevistamos con Gerez (fiscal general) que debería estar actuando de oficio ante semejante desastre ecológico y ambiental. Esta debe ser por lo menos la cuarta denuncia penal que nosotros realizamos por distintos incidentes que han ocurrido en Loma La Lata primero, en Loma Campana ahora, en Rincón de los Sauces, en cada uno de esos escenarios ha merecido una denuncia penal nuestra. No vemos de parte de la justicia un accionar a la altura de las necesidades y la urgencia, al contrario, lo que anunció el jefe de fiscales hace diez días atrás es un blindaje jurídico a la industria y eso implica que acá lo que se prioriza es la explotación sin control.”
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, señaló que los alcances de la presentación: “lo que ocurrió, el desastre del derrame petrolero, configura un delito que está en la ley de residuos peligrosos. Eso para las empresas. Y también vamos a pedir que se investigue si se configuraron los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de las máximas autoridades ambientales de la provincia”.
Dijo que se ha “sobreactuado el tema de la multa, de los drones, para tratar de disipar lo que tiene consecuencias penales, contaminar es un delito.” Señaló que de no obtener respuesta en las instancias locales irán a los tribunales internacionales.
Desde el ministerio público fiscal se informó que la semana pasada se inició una investigación de oficio, que está a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli. Entre las medidas dispuestas se le solicitó a la subsecretaría de Ambiente de la provincia que remita los informes sobre el derrame petrolero. Hasta el momento no ha respondido.
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7.722: intervienen las universidades
Dos universidades se meten en la discusión sobre la minería
Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza
En medio del debate por los proyectos que habilitan la minería metalífera en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo retomó un informe elaborado hace algunos años pero con aspectos vigentes, mientras que la cátedra de Derecho Minero de la Universidad de Champagnat sugirió perfeccionar puntos de las iniciativas en el Senado.
Las modificaciones planteadas a la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas (7.722) para la minería está generando un fuerte debate en la sociedad mendocina. El ámbito científico y académico también sumó aportes para ser tenidos en cuenta y pone el acento en lo que debería realizarse desde el Estado si se habilitara la actividad.
En ese sentido, se ubica el trabajo ¿Minería en Mendoza?. Aportes para la evaluación de la actividad minera en el marco de la sustentabilidad.
Este informe fue elaborado por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo en el 2013 y marcó las directrices ante la controversia por instalación de la minera San Jorge en Las Heras para la extracción de oro que, finalmente, no logró el aval legislativo para su puesta en marcha.
A pesar de haber sido publicado en un contexto en el cual no se contaba con el Inventario Nacional de Glaciares o la Ley de Ordenamiento Territorial, donde se fijan restricciones para el desarrollo de la actividad minera, el estudio aborda asuntos de actualidad.
“Si bien el informe elaborado no es exhaustivo al no haberse cubierto la totalidad de las disciplinas que hacen a la valoración ambiental, el mismo comprende los principales aspectos que se deberían tener presentes a fin de dar una opinión fundada y la posibilidad de esbozar una política pública minera que, acompañada por legislación respetuosa y exigente en términos de calidad ambiental y social, resulte en beneficios económicos y fiscales para los intereses de los estados provinciales”, se advierte en el resumen ejecutivo en la presentación.
En tanto, se pone especial énfasis en que “las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), generalmente omiten el análisis económico orientado a diferentes aspectos relevantes en el área que se desarrollará el emprendimiento minero, tales como turísticos, energéticos, aquellos relacionados con los gases efecto invernadero, remediación del pasivo resultante, influencia del proyecto minero en el valor de los terrenos (…)”. También se pone de relieve que los informes EIA, regularmente carecen “de una adecuada valoración y vinculación de aspectos arqueológicos, históricos y culturales con aspectos económicos y sociales”.
La directora del Instituto de Ciencias Ambientales, Gabriela Lúquez, destacó que el documento, pese al paso de los años, “hace aportes sobre lo que debería tenerse en cuenta frente a la debilidad de los controles del Estado, que es lo que siempre se cuestiona a este tipo de actividades” y añadió: “Es muy saludable que la provincia revise su matriz productiva y que también lo hagan los municipios que ahora son más protagonistas a partir de los planes de ordenamiento territorial, pero también debe estar acompañado con la opinión de las comunidades donde se asentarán estos proyectos”.
Por último reflexionó: “Debemos repensar los beneficios económicos que se obtendrán por regalías frente a la pérdida de los recursos naturales que se ponen en juego”.
En el análisis los aportes se realizaron por áreas temáticas: Recursos hídricos, Recurso aire, Aspectos sociales, Salud, Aspectos económicos y Ciudado del ambiente.
El informe indica: “Para la preservación del recurso hídrico debe realizarse un estudio profundo para determinar con certeza el posible impacto sobre el agua superficial y subterránea, tanto respecto de la calidad como a la cantidad que insumiría el emprendimiento”.
Cabe destacar que, en la actualidad, el Gobierno, a través del Departamento General de Irrigación, está impulsando una ley en la Legislatura para limitar el uso del agua al haberse profundizado la escasez por la merma en los caudales de los ríos. Hoy se habla de un estado de sequía.
Respecto del cuidado del aire, el estudio agrega: “Se marca la conveniencia de realizar estudios adecuados de base cero en relación con la calidad del aire, con monitoreos periódicos y realizando un cálculo matemático para establecer la distribución de los contaminantes emitidos”.
Sobre los aspectos sociales, “se destaca la necesidad de profundizar todo lo relativo a los aspectos socioeconómicos y culturales de los centros poblacionales potencialmente afectados por el proyecto minero”. Y hace hincapié especialmente en la licencia social: “Es preciso efectuar una consulta sobre la visión, expectativas y opinión de la comunidad”.
Desde el punto de vista de la salud, el informe hace las siguientes recomendaciones: incrementar el control sanitario por el aumento significativo de la población durante el proceso de explotación minera, ante el cual, los hospitales y los centros de salud “resultarán insuficientes, debiendo preverse la mitigación de esa situación”.
Pero también que deberán instalarse especialidades de salud directamente relacionadas con la actividad en temas de toxicidad frente a una potencial contaminación del suelo, del agua y el aire. Finalmente, en materia económica, advierte de la necesidad de evaluar correctamente el valor de los beneficios futuros frente al costo de la explotación de los recursos minerales, “valorados desde el punto de vista económico, social y ambiental”.
“Las vallas normativas de la 7.722”
La Universidad Champagnat presentó en las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Derecho Constitucional un análisis de los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles, un artículo que aborda los aspectos legales realizado por la cátedra de Derecho de Minería y Agrario. Desde esa casa de estudios se destacó que no responde a la postura de la universidad pero que es una contribución a la discusión.
Raúl Javier Rodríguez, el autor, además de ser profesor, ha asesorado a la Cámara de Mendocina de Empresarios Mineros en el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7.722. Consultado por los aspectos que menciona su trabajo afirmó: “La evaluación que realizó la cátedra tiene dos partes: por un lado, un análisis de la ley 7.722, que, a nuestro criterio, ha impedido el desarrollo minero en la provincia, mientras que la segunda parte retoma aspectos a mejorar en los proyectos que se están debatiendo en el Senado”.
En cuanto a la norma que está en vigencia y que prohíbe el uso de una serie de sustancias contaminantes para la minería, el documento sostiene: “Esta prohibición que sólo afecta a la minería metalífera constituye una violación al derecho de ejercer industria lícita y a la igualdad ante la ley, ambos contemplados y tutelados en nuestra Carta Magna”.
Y cuestiona que estas sustancias sólo están vedadas para la minería metalífera porque se usan en otras industrias.
“Estas sustancias podrían ser usadas por cualquier persona, incluso por un minero que no emprenda un proyecto no metalífero, pero no por aquellos que quieran hacer minería metalífera”, cuestiona el escrito.
Por otro lado, el informe de la cátedra de Derecho Minero refuta el requisito de que sea la Legislatura la que termine convalidando la declaración de impacto ambiental.
“Este extremo legal ha configurado una evaluación meramente política de un tema que debería ser técnico, aun cuando dentro de la evaluación científica debe cumplirse con herramientas de participación ciudadana, como son la consulta y la audiencia pública”.
En esa línea, esta mirada coincide con el proyecto de Abraham, quien suprime de la norma el rol de la Legislatura en la ratificación del informe de impacto ambiental. “Es conveniente la iniciativa de suprimir la ratificación legislativa y respetar el procedimiento evaluativo ambiental minero”, remarca.
Finalmente, como aporte a las dos iniciativas que vienen a flexibilizar la prohibición del uso de sustancias tóxicas, el informe se inclina por el de la creación de los parques mineros controlados (Agulles), pero advierte que no está aclarado “cómo se crearán, quién los propondrá y aprobará y bajo qué procedimiento”.
Mientras tanto, el jueves volverán a escucharse las postura de los distintos actores y, en esta oportunidad, a quienes mayor resistencia han planteado, como son los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura.
Se espera que, antes de la votación, el Gobierno provincial dé a conocer su opinión, la que hasta el momento no ha sido planteada en profundidad.
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Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza
En medio del debate por los proyectos que habilitan la minería metalífera en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo retomó un informe elaborado hace algunos años pero con aspectos vigentes, mientras que la cátedra de Derecho Minero de la Universidad de Champagnat sugirió perfeccionar puntos de las iniciativas en el Senado.
Las modificaciones planteadas a la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas (7.722) para la minería está generando un fuerte debate en la sociedad mendocina. El ámbito científico y académico también sumó aportes para ser tenidos en cuenta y pone el acento en lo que debería realizarse desde el Estado si se habilitara la actividad.
En ese sentido, se ubica el trabajo ¿Minería en Mendoza?. Aportes para la evaluación de la actividad minera en el marco de la sustentabilidad.
Este informe fue elaborado por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo en el 2013 y marcó las directrices ante la controversia por instalación de la minera San Jorge en Las Heras para la extracción de oro que, finalmente, no logró el aval legislativo para su puesta en marcha.
A pesar de haber sido publicado en un contexto en el cual no se contaba con el Inventario Nacional de Glaciares o la Ley de Ordenamiento Territorial, donde se fijan restricciones para el desarrollo de la actividad minera, el estudio aborda asuntos de actualidad.
“Si bien el informe elaborado no es exhaustivo al no haberse cubierto la totalidad de las disciplinas que hacen a la valoración ambiental, el mismo comprende los principales aspectos que se deberían tener presentes a fin de dar una opinión fundada y la posibilidad de esbozar una política pública minera que, acompañada por legislación respetuosa y exigente en términos de calidad ambiental y social, resulte en beneficios económicos y fiscales para los intereses de los estados provinciales”, se advierte en el resumen ejecutivo en la presentación.
En tanto, se pone especial énfasis en que “las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), generalmente omiten el análisis económico orientado a diferentes aspectos relevantes en el área que se desarrollará el emprendimiento minero, tales como turísticos, energéticos, aquellos relacionados con los gases efecto invernadero, remediación del pasivo resultante, influencia del proyecto minero en el valor de los terrenos (…)”. También se pone de relieve que los informes EIA, regularmente carecen “de una adecuada valoración y vinculación de aspectos arqueológicos, históricos y culturales con aspectos económicos y sociales”.
La directora del Instituto de Ciencias Ambientales, Gabriela Lúquez, destacó que el documento, pese al paso de los años, “hace aportes sobre lo que debería tenerse en cuenta frente a la debilidad de los controles del Estado, que es lo que siempre se cuestiona a este tipo de actividades” y añadió: “Es muy saludable que la provincia revise su matriz productiva y que también lo hagan los municipios que ahora son más protagonistas a partir de los planes de ordenamiento territorial, pero también debe estar acompañado con la opinión de las comunidades donde se asentarán estos proyectos”.
Por último reflexionó: “Debemos repensar los beneficios económicos que se obtendrán por regalías frente a la pérdida de los recursos naturales que se ponen en juego”.
En el análisis los aportes se realizaron por áreas temáticas: Recursos hídricos, Recurso aire, Aspectos sociales, Salud, Aspectos económicos y Ciudado del ambiente.
El informe indica: “Para la preservación del recurso hídrico debe realizarse un estudio profundo para determinar con certeza el posible impacto sobre el agua superficial y subterránea, tanto respecto de la calidad como a la cantidad que insumiría el emprendimiento”.
Cabe destacar que, en la actualidad, el Gobierno, a través del Departamento General de Irrigación, está impulsando una ley en la Legislatura para limitar el uso del agua al haberse profundizado la escasez por la merma en los caudales de los ríos. Hoy se habla de un estado de sequía.
Respecto del cuidado del aire, el estudio agrega: “Se marca la conveniencia de realizar estudios adecuados de base cero en relación con la calidad del aire, con monitoreos periódicos y realizando un cálculo matemático para establecer la distribución de los contaminantes emitidos”.
Sobre los aspectos sociales, “se destaca la necesidad de profundizar todo lo relativo a los aspectos socioeconómicos y culturales de los centros poblacionales potencialmente afectados por el proyecto minero”. Y hace hincapié especialmente en la licencia social: “Es preciso efectuar una consulta sobre la visión, expectativas y opinión de la comunidad”.
Desde el punto de vista de la salud, el informe hace las siguientes recomendaciones: incrementar el control sanitario por el aumento significativo de la población durante el proceso de explotación minera, ante el cual, los hospitales y los centros de salud “resultarán insuficientes, debiendo preverse la mitigación de esa situación”.
Pero también que deberán instalarse especialidades de salud directamente relacionadas con la actividad en temas de toxicidad frente a una potencial contaminación del suelo, del agua y el aire. Finalmente, en materia económica, advierte de la necesidad de evaluar correctamente el valor de los beneficios futuros frente al costo de la explotación de los recursos minerales, “valorados desde el punto de vista económico, social y ambiental”.
“Las vallas normativas de la 7.722”
La Universidad Champagnat presentó en las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Derecho Constitucional un análisis de los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles, un artículo que aborda los aspectos legales realizado por la cátedra de Derecho de Minería y Agrario. Desde esa casa de estudios se destacó que no responde a la postura de la universidad pero que es una contribución a la discusión.
Raúl Javier Rodríguez, el autor, además de ser profesor, ha asesorado a la Cámara de Mendocina de Empresarios Mineros en el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7.722. Consultado por los aspectos que menciona su trabajo afirmó: “La evaluación que realizó la cátedra tiene dos partes: por un lado, un análisis de la ley 7.722, que, a nuestro criterio, ha impedido el desarrollo minero en la provincia, mientras que la segunda parte retoma aspectos a mejorar en los proyectos que se están debatiendo en el Senado”.
En cuanto a la norma que está en vigencia y que prohíbe el uso de una serie de sustancias contaminantes para la minería, el documento sostiene: “Esta prohibición que sólo afecta a la minería metalífera constituye una violación al derecho de ejercer industria lícita y a la igualdad ante la ley, ambos contemplados y tutelados en nuestra Carta Magna”.
Y cuestiona que estas sustancias sólo están vedadas para la minería metalífera porque se usan en otras industrias.
“Estas sustancias podrían ser usadas por cualquier persona, incluso por un minero que no emprenda un proyecto no metalífero, pero no por aquellos que quieran hacer minería metalífera”, cuestiona el escrito.
Por otro lado, el informe de la cátedra de Derecho Minero refuta el requisito de que sea la Legislatura la que termine convalidando la declaración de impacto ambiental.
“Este extremo legal ha configurado una evaluación meramente política de un tema que debería ser técnico, aun cuando dentro de la evaluación científica debe cumplirse con herramientas de participación ciudadana, como son la consulta y la audiencia pública”.
En esa línea, esta mirada coincide con el proyecto de Abraham, quien suprime de la norma el rol de la Legislatura en la ratificación del informe de impacto ambiental. “Es conveniente la iniciativa de suprimir la ratificación legislativa y respetar el procedimiento evaluativo ambiental minero”, remarca.
Finalmente, como aporte a las dos iniciativas que vienen a flexibilizar la prohibición del uso de sustancias tóxicas, el informe se inclina por el de la creación de los parques mineros controlados (Agulles), pero advierte que no está aclarado “cómo se crearán, quién los propondrá y aprobará y bajo qué procedimiento”.
Mientras tanto, el jueves volverán a escucharse las postura de los distintos actores y, en esta oportunidad, a quienes mayor resistencia han planteado, como son los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura.
Se espera que, antes de la votación, el Gobierno provincial dé a conocer su opinión, la que hasta el momento no ha sido planteada en profundidad.
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Limay: cuestionan análisis de Prefectura
La contaminación de los ríos genera dudas a una ONG
Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Desde la ONG ambientalista Salvemos los Ríos advirtieron sobre la situación de los balnearios, ya que consideran que las obras para mejorar la calidad de las aguas no se concretaron e incluso dudan de que se ejecuten en los próximos meses.
Respecto de la estación de monitoreo inteligente de la calidad de las aguas montada por la Municipalidad el año pasado a través de una aplicación y cuyos resultados se iban a difundir online, Salvemos los Ríos dijo: “Nunca pudimos acceder a esa información”.
Según precisó el representante legal de la ONG, Luis Arellano, el panorama “es complicado en toda la zona Confluencia”.
Indicó que en el caso de Centenario todavía se observan problemas en la planta cloacal que debería verter los líquidos tratados al río Neuquén. Precisó que también observan con preocupación el funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Plottier. “En esa ciudad, el 50 por ciento de la gente no tiene acceso a las cloacas”, recordó Arellano.
Salvemos los Ríos salió a escena en enero de 2017 para denunciar la contaminación de los cursos de agua en Neuquén y, a la vez, reclamar medidas para evitar que la problemática se agudice puesto que advertían que hacían falta obras de infraestructura y mayor control sobre la línea costera.
Sus presunciones no estaban equivocadas ya que el Municipio tuvo que clausurar los balnearios luego de que se detectara la presencia de la bacteria Escherichia coli en las aguas.
Salvemos los Ríos hizo un pedido a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y al EPAS para que precisen los alcances de las obras pendientes, pero hasta el momento no tuvieron respuestas.
Cuestionan el informe ambiental
La ONG tomó con pinzas las pericias ambientales realizadas por Prefectura Naval en Planta Tronador. “La Prefectura habló de que hay régimen adecuado, pero no dice que el Limay no está contaminado”, declaró Luis Arellano.
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Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Desde la ONG ambientalista Salvemos los Ríos advirtieron sobre la situación de los balnearios, ya que consideran que las obras para mejorar la calidad de las aguas no se concretaron e incluso dudan de que se ejecuten en los próximos meses.
Respecto de la estación de monitoreo inteligente de la calidad de las aguas montada por la Municipalidad el año pasado a través de una aplicación y cuyos resultados se iban a difundir online, Salvemos los Ríos dijo: “Nunca pudimos acceder a esa información”.
Según precisó el representante legal de la ONG, Luis Arellano, el panorama “es complicado en toda la zona Confluencia”.
Indicó que en el caso de Centenario todavía se observan problemas en la planta cloacal que debería verter los líquidos tratados al río Neuquén. Precisó que también observan con preocupación el funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Plottier. “En esa ciudad, el 50 por ciento de la gente no tiene acceso a las cloacas”, recordó Arellano.
Salvemos los Ríos salió a escena en enero de 2017 para denunciar la contaminación de los cursos de agua en Neuquén y, a la vez, reclamar medidas para evitar que la problemática se agudice puesto que advertían que hacían falta obras de infraestructura y mayor control sobre la línea costera.
Sus presunciones no estaban equivocadas ya que el Municipio tuvo que clausurar los balnearios luego de que se detectara la presencia de la bacteria Escherichia coli en las aguas.
Salvemos los Ríos hizo un pedido a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y al EPAS para que precisen los alcances de las obras pendientes, pero hasta el momento no tuvieron respuestas.
Cuestionan el informe ambiental
La ONG tomó con pinzas las pericias ambientales realizadas por Prefectura Naval en Planta Tronador. “La Prefectura habló de que hay régimen adecuado, pero no dice que el Limay no está contaminado”, declaró Luis Arellano.
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Cuenca Salí-Dulce: avanza su Plan Director de Gestión
Avanzan en crear el Plan Director de Gestión Hídrica de Cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 07/11/2018
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Con la presencia de representantes de la provincias de Catamarca, Tucumán, Cordoba, Santiago del Estero y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, se llevó a nuestra Capital la reunión de la Comisión Técnica del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí-Dulce en la sede permanente del organismo.
Dentro de la extensa agenda de temas abordados, el defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. Lionel Suárez informó el resultado de la reciente inspección a los ingenios en la provincia de Tucumán.
También se convino la necesidad de informar las acciones cotidianas que desarrollan los profesionales que realizan el monitoreo de la calidad de las aguas de la cuenca, ante la difusión en redes sociales de información errónea.
Plan Director
Se contó con la presencia del director de la Consultora encargada de realizar el Plan Director de Gestión Hídrica de la Cuenca, quien brindó un pormenorizado informe del avance de las acciones planificadas.
Asimismo, se decidió la elaboración de un informe conjunto de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán con los parámetros de calidad en siete puntos del embalse Río Hondo, ya que además de los controles que cada provincia realiza por su cuenta, desde 2009 a la fecha se registran más de 513 ingresos y relevamientos conjuntos al embalse.
Finalmente, el Dr. Leandro García Silva, representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, informó el estado de avance del plan de restauración de bosques nativos que se realiza en nuestra provincia.
Alumnos visitaron el Instituto de Hidrobiología
Desde el Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología se informó que el martes 30 de octubre, el colegio Cristo Rey de La Banda, la escuela N° 882 de Sumampa y el instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa visitaron las instalaciones en Las Termas de Río Hondo, durante el recorrido los niños pudieron interiorizarse, mediante una charla y material audiovisual, del cuidado de nuestro medio ambiente. En el acuario, los alumnos conocieron las especies en exhibición, las cuales ponen en valor la biodiversidad autóctona de nuestra cuenca Salí - Dulce.
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Fecha de Publicación: 07/11/2018
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Con la presencia de representantes de la provincias de Catamarca, Tucumán, Cordoba, Santiago del Estero y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, se llevó a nuestra Capital la reunión de la Comisión Técnica del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí-Dulce en la sede permanente del organismo.
Dentro de la extensa agenda de temas abordados, el defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. Lionel Suárez informó el resultado de la reciente inspección a los ingenios en la provincia de Tucumán.
También se convino la necesidad de informar las acciones cotidianas que desarrollan los profesionales que realizan el monitoreo de la calidad de las aguas de la cuenca, ante la difusión en redes sociales de información errónea.
Plan Director
Se contó con la presencia del director de la Consultora encargada de realizar el Plan Director de Gestión Hídrica de la Cuenca, quien brindó un pormenorizado informe del avance de las acciones planificadas.
Asimismo, se decidió la elaboración de un informe conjunto de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán con los parámetros de calidad en siete puntos del embalse Río Hondo, ya que además de los controles que cada provincia realiza por su cuenta, desde 2009 a la fecha se registran más de 513 ingresos y relevamientos conjuntos al embalse.
Finalmente, el Dr. Leandro García Silva, representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, informó el estado de avance del plan de restauración de bosques nativos que se realiza en nuestra provincia.
Alumnos visitaron el Instituto de Hidrobiología
Desde el Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología se informó que el martes 30 de octubre, el colegio Cristo Rey de La Banda, la escuela N° 882 de Sumampa y el instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa visitaron las instalaciones en Las Termas de Río Hondo, durante el recorrido los niños pudieron interiorizarse, mediante una charla y material audiovisual, del cuidado de nuestro medio ambiente. En el acuario, los alumnos conocieron las especies en exhibición, las cuales ponen en valor la biodiversidad autóctona de nuestra cuenca Salí - Dulce.
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Desafectan parte del PN Calilegua para remediación
Desafectación 'provisoria' de mil hectáreas del Parque Nacional Calilegua
Fecha de Publicación: 07/11/2018
Fuente: El Libertario (Jujuy)
Provincia/Región: Jujuy
La desafectación de mil hectáreas protegidas del Parque Nacional Calilegua (PNC) es una medida “provisoria” para que la provincia pueda hacerse cargo de la gestión de petróleo que “emerge de manera natural”, y luego encare el cese definitivo de la explotación hidrocarburífera y la remediación, informó hoy el ministerio de Ambiente de Jujuy.
“Frente al abandono de la última empresa operadora, Petro AP, la provincia se tuvo que hacer cargo de una situación de emergencia en el Yacimiento Caimancito CNO3 que continuaba en actividad debido a la surgencia natural de petróleo”, señalaron desde la cartera a través de un comunicado prensa.
En este sentido, aseguraron que “se definieron una serie de medidas administrativas que fueron respaldadas jurídicamente, para poder abordar la situación del Yacimiento y evitar una tragedia ambiental, garantizando el compromiso asumido mediante la Ley N° 5.889/2015, de cierre y posterior remediación del PNC”.
Las 1.000 hectáreas sobre las cuales está funcionando actualmente el Yacimiento CNO3, fueron transferidas recientemente por la Nación a la provincia.
“No se trata de una desafectación sino de una condición suspensiva del área hasta que Jujuy pueda garantizar el cierre y la posterior remediación”, aclaró la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán.
Por su parte, el secretario de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, Miguel Soler, detalló que los últimos tres años se trabajó “para resolver una situación que arrastra décadas, y que debido a la complejidad exige un tiempo y un proceso administrativo y judicial considerable”.
Al referirse a la empresa Petro AP, agregó que se intentó “por todos los medios que la operadora, que estaba hasta el año pasado, cumpliese con la normativa y comenzara con los trabajos”, lo cual no se logró y se iniciaron las acciones legales correspondientes.
Por último, Soler se refirió a las características de los pozos que hoy permanecen activos de manera natural y dijo que “de 35, hoy hay 11 activos que son surgentes”.
Dicha situación agrega una dificultad técnica a las tareas a realizarse ya que “no se puede cerrar la válvula y retirarse hasta que se consigan los fondos para proceder con todo el trabajo como corresponde”, representando un “serio riesgo” para el lugar.
Cabe señalar que la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) es la que se hizo cargo de seguir operando el yacimiento.
Por su parte, los trabajadores del PNC habían emitido días atrás un comunicado en el que denuncian una “desafectación encubierta”, asegurando que el hecho de que Parque Nacionales ceda jurisdicción y dominio sobre las mil hectáreas “es un precedente terriblemente peligroso”, abriendo paso a que “no exista ningún tipo de control ni fiscalización” sobre ellas.
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Fecha de Publicación: 07/11/2018
Fuente: El Libertario (Jujuy)
Provincia/Región: Jujuy
La desafectación de mil hectáreas protegidas del Parque Nacional Calilegua (PNC) es una medida “provisoria” para que la provincia pueda hacerse cargo de la gestión de petróleo que “emerge de manera natural”, y luego encare el cese definitivo de la explotación hidrocarburífera y la remediación, informó hoy el ministerio de Ambiente de Jujuy.
“Frente al abandono de la última empresa operadora, Petro AP, la provincia se tuvo que hacer cargo de una situación de emergencia en el Yacimiento Caimancito CNO3 que continuaba en actividad debido a la surgencia natural de petróleo”, señalaron desde la cartera a través de un comunicado prensa.
En este sentido, aseguraron que “se definieron una serie de medidas administrativas que fueron respaldadas jurídicamente, para poder abordar la situación del Yacimiento y evitar una tragedia ambiental, garantizando el compromiso asumido mediante la Ley N° 5.889/2015, de cierre y posterior remediación del PNC”.
Las 1.000 hectáreas sobre las cuales está funcionando actualmente el Yacimiento CNO3, fueron transferidas recientemente por la Nación a la provincia.
“No se trata de una desafectación sino de una condición suspensiva del área hasta que Jujuy pueda garantizar el cierre y la posterior remediación”, aclaró la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán.
Por su parte, el secretario de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, Miguel Soler, detalló que los últimos tres años se trabajó “para resolver una situación que arrastra décadas, y que debido a la complejidad exige un tiempo y un proceso administrativo y judicial considerable”.
Al referirse a la empresa Petro AP, agregó que se intentó “por todos los medios que la operadora, que estaba hasta el año pasado, cumpliese con la normativa y comenzara con los trabajos”, lo cual no se logró y se iniciaron las acciones legales correspondientes.
Por último, Soler se refirió a las características de los pozos que hoy permanecen activos de manera natural y dijo que “de 35, hoy hay 11 activos que son surgentes”.
Dicha situación agrega una dificultad técnica a las tareas a realizarse ya que “no se puede cerrar la válvula y retirarse hasta que se consigan los fondos para proceder con todo el trabajo como corresponde”, representando un “serio riesgo” para el lugar.
Cabe señalar que la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) es la que se hizo cargo de seguir operando el yacimiento.
Por su parte, los trabajadores del PNC habían emitido días atrás un comunicado en el que denuncian una “desafectación encubierta”, asegurando que el hecho de que Parque Nacionales ceda jurisdicción y dominio sobre las mil hectáreas “es un precedente terriblemente peligroso”, abriendo paso a que “no exista ningún tipo de control ni fiscalización” sobre ellas.
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Reforestación en el sur tucumano supervisado por Nación
La Nación supervisará las obras de reforestación en el sur tucumano
Fecha de Publicación: 07/11/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Una delegación de la Secretaría de Ambiente llegará el lunes para recorrer zonas de La Cocha y de La Madrid.
Funcionarios nacionales supervisarán la semana próxima la ejecución de programas de recuperación de bosques nativos en el sur tucumano, con la idea de avanzar en barreras naturales para la prevención de inundaciones.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación precisó que el lunes se concretará la visita a proyectos de restauración forestal en la provincia, para conocer sus avances y fortalecer el trabajo llevado a cabo. Como representante del área de Ambiente nacional, será Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, el encargado de realizar la recorrida por los sitios.
El itinerario incluirá a las 11.30 la visita al proyecto “Las Pastoras enriquecen el monte”, a cargo de Fundación Gran Chaco, en La Madrid. Continuará a las 14.30 con la recorrida por los proyectos “Alternativa de Restauración de Bosques Nativos en Áreas degradadas del sur de la provincia de Tucumán”, a cargo de Fundefma y “Restauración del bosque en áreas transformadas para generar barreras naturales al escurrimiento de agua en el sur de la provincia”, de ProYungas, en las cercanías a La Cocha.
Estas iniciativas fueron seleccionadas en la primera convocatoria del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos, para las zonas prioritarias de la cuenca Salí-Dulce, el monte y espinal y el bosque andino-patagónico. Se realizan en el marco de ForestAr 2030, la plataforma de forestación creada para consolidar al país como una potencia forestal sustentable y liderada por la Secretaría de Ambiente nacional, que conduce Sergio Bergman.
De la recorrida, también participarán el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Carlos Giobellina; la subdirectora de Ordenamiento Territorial de Tucumán, Liliana Fortini; junto a equipos técnicos provinciales.
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Fecha de Publicación: 07/11/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Una delegación de la Secretaría de Ambiente llegará el lunes para recorrer zonas de La Cocha y de La Madrid.
Funcionarios nacionales supervisarán la semana próxima la ejecución de programas de recuperación de bosques nativos en el sur tucumano, con la idea de avanzar en barreras naturales para la prevención de inundaciones.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación precisó que el lunes se concretará la visita a proyectos de restauración forestal en la provincia, para conocer sus avances y fortalecer el trabajo llevado a cabo. Como representante del área de Ambiente nacional, será Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, el encargado de realizar la recorrida por los sitios.
El itinerario incluirá a las 11.30 la visita al proyecto “Las Pastoras enriquecen el monte”, a cargo de Fundación Gran Chaco, en La Madrid. Continuará a las 14.30 con la recorrida por los proyectos “Alternativa de Restauración de Bosques Nativos en Áreas degradadas del sur de la provincia de Tucumán”, a cargo de Fundefma y “Restauración del bosque en áreas transformadas para generar barreras naturales al escurrimiento de agua en el sur de la provincia”, de ProYungas, en las cercanías a La Cocha.
Estas iniciativas fueron seleccionadas en la primera convocatoria del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos, para las zonas prioritarias de la cuenca Salí-Dulce, el monte y espinal y el bosque andino-patagónico. Se realizan en el marco de ForestAr 2030, la plataforma de forestación creada para consolidar al país como una potencia forestal sustentable y liderada por la Secretaría de Ambiente nacional, que conduce Sergio Bergman.
De la recorrida, también participarán el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Carlos Giobellina; la subdirectora de Ordenamiento Territorial de Tucumán, Liliana Fortini; junto a equipos técnicos provinciales.
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Abordaron el extractivismo urbano en la CABA
Extractivismo urbano
Fecha de Publicación: 06/11/2018
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: CABA
Agrupaciones barriales, profesionales y académicos debatieron sobre los problemas y desafíos que enfrentan los espacios urbanos y quienes los habitan frente al impacto de la contaminación, el cambio climático y la especulación inmobiliaria, en medio del debate por la modificación del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires.
Según un relevamiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), existen 4300 barrios populares en todo el país, en los cuales viven alrededor de 5 millones de personas. “La mitad de esos barrios fueron creados en los últimos 20 años, el mismo período de aparición y desarrollo del modelo sojero en nuestro país”, dijo el abogado ambientalista Enrique Viale durante un taller realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el que académicos, profesionales y referentes de organizaciones vecinales se reunieron para reflexionar sobre el impacto de la contaminación y el calentamiento global en las desigualdades urbanas y el acceso a la alimentación y la salud de quienes viven en zonas vulnerables.
“En general, se subestima la cuestión ambiental en los países en desarrollo, como si fuera algo secundario, se cree que de eso podríamos encargarnos si fuéramos Noruega o Suecia y que aquí primero tenemos otras urgencias que atender. Pero lo que tenemos es un modelo sojero que expulsó gente del campo a las ciudades y un modelo de desarrollo de ciudad que también expulsa a partir de la especulación inmobiliaria”, agregó Viale y se refirió a lo que denomina “extractivismo urbano”, como un proceso de desplazamiento poblacional y degradación ambiental en áreas urbanas. “Buscan mercantilizar todo, hasta las relaciones sociales, y la idea de llamarlo así es para que se empiecen a unificar las luchas”, dijo el especialista.
“El metro cuadrado de la vivienda ya no es ni un bien de uso ni de cambio, es un commodity”, sostuvo el arquitecto Gustavo Cañaveral, de UrbanaTV, el canal comunitario ubicado en la Villa 31. Y destacó: “No estamos en contra del desarrollo inmobiliario sino de esa burbuja que no cuenta con que la gente vaya a vivir a las construcciones, sino que las considera como un bien de cambio para grandes inversores. Es importante pensar los procesos de construcción de barrios populares y de desarrollos productivos que generen trabajo, algo que hemos logrado en la Villa 31 y en el barrio Rodrigo Bueno”, ejemplificó.
“Vivimos una situación de contaminación ambiental, entre otros motivos porque las lagunas fueron rellenadas para posibilitar la ampliación e instalación de nuevas empresas. Hay casas que nunca se inundaban y hoy se inundan. Hay pobladores que también contribuyen al relleno de esas lagunas naturales, y si tomamos fotos satelitales de hace 10 años, vemos que hemos ido ganando espacio pero restando el derecho a la salud, porque nos vamos contaminando”, dijo con preocupación Alejandro Martín Álvarez, de Villa Inflamable, en la localidad de Dock Sud, a tan solo cuatro kilómetros del centro porteño. Allí se estima que viven alrededor de 1200 familias. En la zona, hasta el año 2010 había 40 empresas y hoy son 65. “¿Cómo se instalaron? ¿Con qué permisos? ¿Se hicieron estudios de impacto ambiental previos?”, se preguntó Álvarez.
La falta respuestas a esas preguntas y la necesidad de acceder a información fue una de las problemáticas más mencionadas por los vecinos que participaron en el taller. Otro caso lo manifestaron las representates de quienes viven en la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires, que reclamaron que nadie les haya consultado ni explicado de qué se tratan, cómo funcionan o qué posibilidades y ventajas pueden obtener con los paneles solares que instalaron recientemente en el barrio. “Además, siempre vienen empresas de afuera a arreglarlos, cuando podrían enseñarnos a nosotros cómo repararlos y así también tendríamos una fuente de trabajo”, dijo Mónica Zárate, vecina de la villa.
“Los desastres naturales no tienen nada de naturales, sino que tienen que ver con la forma en que producimos y consumimos. No es casual que se use la dimensión individual para responsabilizar a las víctimas. Por eso, es importante el manejo de la información por parte de las comunidades. Es importante la educación y el acceso a la información para poder decidir, y eso también como responsabilidad del Estado”, sostuvo la especialista en salud pública Natalia Eche Goyemberry, de la Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Claudia Spíndola, del barrio Villa Inflamable, coincidió: “Es cierto que el Estado somos todos, pero la responsabilidad del ambiente es del Gobierno. No le podemos echar la culpa al vecino. Tenemos que mirar al verdadero causante de todo esto, y se necesitan leyes que prohíban y controlen”, afirmó.
Alimentos urbanos y contaminación informativa
“El 75% de las zonas cultivadas en Argentina es de monocultivos. Tenemos la tasa de deforestación mas alta de América Latina, lo que implica una alta concentración de tierras y expulsión de campesinos hacia las ciudades, tanto que el 92% de la población vive en las ciudades, a pesar de que, por cantidad de superficie, el país se encuentra en el octavo lugar del mundo”, dijo Marcos Filardi, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA).
Además, el modelo agroindustrial dominante en el país se basa en el uso de agroquímicos. “Se tiran 400 millones de litros de agrotóxicos por año”, sostuvo Filardi y agregó que la cría de ganado y animales de granja también suele realizarse con alimentos transgénicos que han sido fumigados y se tratan con antibióticos que terminan en el suelo y agua y promueven la resistencia bacteriana. “El agua es cada vez más escasa, está concentrada en menos manos y está contaminada ya desde sus origenes en las zonas de megamineria y fracking, después pasa a la zona agraria y sigue por la industrial y fabril hasta que llega a la ciudad. Entonces, ¿qué comemos, cuál es la calidad de los alimentos?”, se preocupa el abogado.
Desde Villa Inflamable, Álvarez también sumó sus inquietudes: “Hay contaminación no solo por lo que ingerimos sino también por lo que respiramos en el aire y hasta el líquido que tragamos cuando nos lavamos. Debería declararse una emergencia de política ambiental”, advirtió.
El taller fue organizado en el marco del Primer Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias, organizado por el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI). “El encuentro se armó junto con una treintena de organizaciones en contraposición al Urban 20, que fue la reunión de alcaldes que coorganizó la alcaldesa de París con la Ciudad de Buenos Aires para nuclear capitales de países del G20 e intentar influir en la agenda de los países con un tinte claramente neoliberal, por lo menos en la mayoría de sus expresiones, y ajeno a la agenda de las organizaciones sociales y pobladores de nuestras ciudades”, dijo Facundo di Filipo, presidente del CEAPI. El taller también coincidió con el debate sobre el Nuevo Código Urbanístico porteño, que ampliaría los límites actuales para la construcción en la ciudad. Di Filipo destacó que dos de los conflictos más importantes a nivel urbanístico en la actualidad son los desalojos que continuamente se desarrollan en La Boca, “un barrio codiciado por el mercado inmobiliario”, y la toma de vecinos de Juárez Celman en Córdoba, “que fue desalojada violentamente dos veces”.
“En la Boca, se trata de hacer desaparecer los conventillos, de sacar a la gente y que sean reemplazados, en vez de que pasen a ser parte de la memoria histórica de nuestra ciudad y la posibilidad de mostrar adónde vivieron los inmigrantes”, ejemplificó Cañaveral. Y concluyó: “En este encuentro, las organizaciones sociales nos juntamos para pensar otro tipo de ciudad frente al modelo neoliberal”.
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Fecha de Publicación: 06/11/2018
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: CABA
Agrupaciones barriales, profesionales y académicos debatieron sobre los problemas y desafíos que enfrentan los espacios urbanos y quienes los habitan frente al impacto de la contaminación, el cambio climático y la especulación inmobiliaria, en medio del debate por la modificación del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires.
Según un relevamiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), existen 4300 barrios populares en todo el país, en los cuales viven alrededor de 5 millones de personas. “La mitad de esos barrios fueron creados en los últimos 20 años, el mismo período de aparición y desarrollo del modelo sojero en nuestro país”, dijo el abogado ambientalista Enrique Viale durante un taller realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el que académicos, profesionales y referentes de organizaciones vecinales se reunieron para reflexionar sobre el impacto de la contaminación y el calentamiento global en las desigualdades urbanas y el acceso a la alimentación y la salud de quienes viven en zonas vulnerables.
“En general, se subestima la cuestión ambiental en los países en desarrollo, como si fuera algo secundario, se cree que de eso podríamos encargarnos si fuéramos Noruega o Suecia y que aquí primero tenemos otras urgencias que atender. Pero lo que tenemos es un modelo sojero que expulsó gente del campo a las ciudades y un modelo de desarrollo de ciudad que también expulsa a partir de la especulación inmobiliaria”, agregó Viale y se refirió a lo que denomina “extractivismo urbano”, como un proceso de desplazamiento poblacional y degradación ambiental en áreas urbanas. “Buscan mercantilizar todo, hasta las relaciones sociales, y la idea de llamarlo así es para que se empiecen a unificar las luchas”, dijo el especialista.
“El metro cuadrado de la vivienda ya no es ni un bien de uso ni de cambio, es un commodity”, sostuvo el arquitecto Gustavo Cañaveral, de UrbanaTV, el canal comunitario ubicado en la Villa 31. Y destacó: “No estamos en contra del desarrollo inmobiliario sino de esa burbuja que no cuenta con que la gente vaya a vivir a las construcciones, sino que las considera como un bien de cambio para grandes inversores. Es importante pensar los procesos de construcción de barrios populares y de desarrollos productivos que generen trabajo, algo que hemos logrado en la Villa 31 y en el barrio Rodrigo Bueno”, ejemplificó.
“Vivimos una situación de contaminación ambiental, entre otros motivos porque las lagunas fueron rellenadas para posibilitar la ampliación e instalación de nuevas empresas. Hay casas que nunca se inundaban y hoy se inundan. Hay pobladores que también contribuyen al relleno de esas lagunas naturales, y si tomamos fotos satelitales de hace 10 años, vemos que hemos ido ganando espacio pero restando el derecho a la salud, porque nos vamos contaminando”, dijo con preocupación Alejandro Martín Álvarez, de Villa Inflamable, en la localidad de Dock Sud, a tan solo cuatro kilómetros del centro porteño. Allí se estima que viven alrededor de 1200 familias. En la zona, hasta el año 2010 había 40 empresas y hoy son 65. “¿Cómo se instalaron? ¿Con qué permisos? ¿Se hicieron estudios de impacto ambiental previos?”, se preguntó Álvarez.
La falta respuestas a esas preguntas y la necesidad de acceder a información fue una de las problemáticas más mencionadas por los vecinos que participaron en el taller. Otro caso lo manifestaron las representates de quienes viven en la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires, que reclamaron que nadie les haya consultado ni explicado de qué se tratan, cómo funcionan o qué posibilidades y ventajas pueden obtener con los paneles solares que instalaron recientemente en el barrio. “Además, siempre vienen empresas de afuera a arreglarlos, cuando podrían enseñarnos a nosotros cómo repararlos y así también tendríamos una fuente de trabajo”, dijo Mónica Zárate, vecina de la villa.
“Los desastres naturales no tienen nada de naturales, sino que tienen que ver con la forma en que producimos y consumimos. No es casual que se use la dimensión individual para responsabilizar a las víctimas. Por eso, es importante el manejo de la información por parte de las comunidades. Es importante la educación y el acceso a la información para poder decidir, y eso también como responsabilidad del Estado”, sostuvo la especialista en salud pública Natalia Eche Goyemberry, de la Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Claudia Spíndola, del barrio Villa Inflamable, coincidió: “Es cierto que el Estado somos todos, pero la responsabilidad del ambiente es del Gobierno. No le podemos echar la culpa al vecino. Tenemos que mirar al verdadero causante de todo esto, y se necesitan leyes que prohíban y controlen”, afirmó.
Alimentos urbanos y contaminación informativa
“El 75% de las zonas cultivadas en Argentina es de monocultivos. Tenemos la tasa de deforestación mas alta de América Latina, lo que implica una alta concentración de tierras y expulsión de campesinos hacia las ciudades, tanto que el 92% de la población vive en las ciudades, a pesar de que, por cantidad de superficie, el país se encuentra en el octavo lugar del mundo”, dijo Marcos Filardi, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA).
Además, el modelo agroindustrial dominante en el país se basa en el uso de agroquímicos. “Se tiran 400 millones de litros de agrotóxicos por año”, sostuvo Filardi y agregó que la cría de ganado y animales de granja también suele realizarse con alimentos transgénicos que han sido fumigados y se tratan con antibióticos que terminan en el suelo y agua y promueven la resistencia bacteriana. “El agua es cada vez más escasa, está concentrada en menos manos y está contaminada ya desde sus origenes en las zonas de megamineria y fracking, después pasa a la zona agraria y sigue por la industrial y fabril hasta que llega a la ciudad. Entonces, ¿qué comemos, cuál es la calidad de los alimentos?”, se preocupa el abogado.
Desde Villa Inflamable, Álvarez también sumó sus inquietudes: “Hay contaminación no solo por lo que ingerimos sino también por lo que respiramos en el aire y hasta el líquido que tragamos cuando nos lavamos. Debería declararse una emergencia de política ambiental”, advirtió.
El taller fue organizado en el marco del Primer Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias, organizado por el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI). “El encuentro se armó junto con una treintena de organizaciones en contraposición al Urban 20, que fue la reunión de alcaldes que coorganizó la alcaldesa de París con la Ciudad de Buenos Aires para nuclear capitales de países del G20 e intentar influir en la agenda de los países con un tinte claramente neoliberal, por lo menos en la mayoría de sus expresiones, y ajeno a la agenda de las organizaciones sociales y pobladores de nuestras ciudades”, dijo Facundo di Filipo, presidente del CEAPI. El taller también coincidió con el debate sobre el Nuevo Código Urbanístico porteño, que ampliaría los límites actuales para la construcción en la ciudad. Di Filipo destacó que dos de los conflictos más importantes a nivel urbanístico en la actualidad son los desalojos que continuamente se desarrollan en La Boca, “un barrio codiciado por el mercado inmobiliario”, y la toma de vecinos de Juárez Celman en Córdoba, “que fue desalojada violentamente dos veces”.
“En la Boca, se trata de hacer desaparecer los conventillos, de sacar a la gente y que sean reemplazados, en vez de que pasen a ser parte de la memoria histórica de nuestra ciudad y la posibilidad de mostrar adónde vivieron los inmigrantes”, ejemplificó Cañaveral. Y concluyó: “En este encuentro, las organizaciones sociales nos juntamos para pensar otro tipo de ciudad frente al modelo neoliberal”.
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Vaca Muerta: aseguran que la multa será ejemplificadora
YPF recibirá la multa más alta de la historia por el derrame en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 06/11/2018
Fuente: Diario Rio Negro
Provincia/Región: Neuquén
Desde la subsecretaria de Ambiente de Neuquén aseveraron que la sanción será “ejemplificadora” en la provincia. Se habla de cifras millonarias.
Finalmente se confirmó que la sanción económica a YPF por el derrame de hace dos semanas será la “más alta” impuesta por el gobierno hasta la fecha. Si bien aún no está definido el monto exacto que deberá pagar la operadora nacional, desde la subsecretaría de Ambiente de la provincia aseguraron que será una multa “ejemplificadora y sin antecedentes.
“Como aún estamos en el medio del proceso no podemos saber el monto exacto de la multa, es como esperar que un juez de una condena en el medio de un proceso. Lo que si sabemos es que para este tipo de situaciones ambientales la pena ronda entre 100 y 23 mil Jus”, explicó el subsecretario de Ambiente, Juan de Dios Lucchelli.
Para este tipo de situaciones ambientales se utiliza el Jus como parámetros de pago, que es la medida del sistema judicial para fijar los honorarios de los abogados. Hoy el 1 Jus cotiza en $1.237,04.
Según el régimen de sanciones impuestos por la ley de medio ambiente provincial, en este caso la multa oscila entre 100 Jus y 23 mil Jus. Por lo que la multa podría llegar a ser de 28 millones de pesos.
“La multa será muy dura, va a ser ejemplificadora para toda la industria y, además, será la sanción económica más grande en la historia de la industria hidrocarburifera puesta por la provincia de Neuquén para un incidente en esta actividad”, aseguró Lucchelli.
Aún resta terminar con la caracterización de las 45 hectáreas donde se evaluará el daño, y recién ahí se podrá culminar el acto administrativo que derivará en el monto de la sanción. En caso de no estar conforme con la suma, la empresa podrá apelar.
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Fecha de Publicación: 06/11/2018
Fuente: Diario Rio Negro
Provincia/Región: Neuquén
Desde la subsecretaria de Ambiente de Neuquén aseveraron que la sanción será “ejemplificadora” en la provincia. Se habla de cifras millonarias.
Finalmente se confirmó que la sanción económica a YPF por el derrame de hace dos semanas será la “más alta” impuesta por el gobierno hasta la fecha. Si bien aún no está definido el monto exacto que deberá pagar la operadora nacional, desde la subsecretaría de Ambiente de la provincia aseguraron que será una multa “ejemplificadora y sin antecedentes.
“Como aún estamos en el medio del proceso no podemos saber el monto exacto de la multa, es como esperar que un juez de una condena en el medio de un proceso. Lo que si sabemos es que para este tipo de situaciones ambientales la pena ronda entre 100 y 23 mil Jus”, explicó el subsecretario de Ambiente, Juan de Dios Lucchelli.
Para este tipo de situaciones ambientales se utiliza el Jus como parámetros de pago, que es la medida del sistema judicial para fijar los honorarios de los abogados. Hoy el 1 Jus cotiza en $1.237,04.
Según el régimen de sanciones impuestos por la ley de medio ambiente provincial, en este caso la multa oscila entre 100 Jus y 23 mil Jus. Por lo que la multa podría llegar a ser de 28 millones de pesos.
“La multa será muy dura, va a ser ejemplificadora para toda la industria y, además, será la sanción económica más grande en la historia de la industria hidrocarburifera puesta por la provincia de Neuquén para un incidente en esta actividad”, aseguró Lucchelli.
Aún resta terminar con la caracterización de las 45 hectáreas donde se evaluará el daño, y recién ahí se podrá culminar el acto administrativo que derivará en el monto de la sanción. En caso de no estar conforme con la suma, la empresa podrá apelar.
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