Todavía no remediaron pero la CNEA quiere más uranio
09:03 | 
Publicado por
Eco Sitio |
La CNEA insiste en la reapertura de la mina de uranio
Fecha de Publicación: 21/06/2013
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
La intención del gobierno nacional de construir una nueva central Atucha con la participación de empresarios rusos, reabre el debate sobre el futuro de la explotación de uranio en Argentina. En contrapartida, los sanrafaelinos siguen reclamando la remediación de los pasivos contaminantes.
En las últimos días comenzó a hablarse de que empresarios rusos desembarcarían en el país para trabajar en nuevas centrales de energía nuclear, en el marco del "Plan Nuclear Argentino", un viejo anhelo del gobierno nacional que comenzó con la terminación de Atucha II y ahora plantea la construcción de una tercera central en Zárate (Bs.As.) y el reactor Carem en Formosa.
La firma estatal rusa Rosatom, quiere participar de la construcción de nuevas centrales nucleares de uso pacífico en la Argentina. En este sentido, en nuestro país avanza en estudios sobre la extracción de uranio, materia prima fundamental desarrollar de este tipo de energía.
Argentina importa uranio de Kazajstán y Europa del Este, pero los precios en alza hacen pensar a los empresarios en reactivar la actividad minera en el país a pesar de la fuerte resistencia ciudadana.
Cada vez que se habla de energía nuclear, los ojos se posan sobre el complejo de Sierra Pintada, que es uno de los que los posibles sectores a reactivar a pesar de que aún no se remedió el pasivo ambiental y existe una fuerte oposición vecinal.
Las iniciativas más impulsadas (por su cantidad de reservas) son Sierra Pintada y Cerro Solo en Chubut, ambas están vedadas para su explotación. La sanrafaelina por la contaminación, la legislación vigente y el fuerte rechazo a su reapertura y la chubutense por ley provincial.
El objetivo de producir uranio sigue vigente y hay varias propuestas en boga. Por citar algunos ejemplos aparecen Los Gitantes en Córdoba, Don Otto en San Carlos (Salta), el conocido Sierra Pintada o Cerro Solo, Chubut, todos ellos con fuerte rechazo de las poblaciones y tres de los cuatro con una gran deuda de pasivo ambiental.
Voces
La remediación "significará en un notable impulso a la reanudación de las tareas de exploración y producción de concentrado de uranio" explica Ricardo de Dicco de Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas dando muestras de las intenciones de reabrir estos proyectos antes de 2019, según el plan de la CNEA.
El lobby también incluye otros testimonios como el del ingeniero de APCEAN Agustín Arbor González quien señala que el yacimiento local "tiene 6.000 toneladas de uranio. La Central Nuclear Atucha-I y la Central Nuclear Embalse consumen, juntas, 120 toneladas por año aproximadamente. La Central de Atucha II demanda alrededor de 90 toneladas anuales adicionales. Así, las tres centrales nucleares consumirían aproximadamente 200 toneladas/año. Una cuenta muy simple me indica que 6.000 toneladas de uranio, dividido 200 toneladas/año de consumo, me da igual a 30 años de reservas, sólo con la mina de Sierra Pintada (…) sin embargo continúa sin producir uranio. Urge la necesidad de reactivar la mina de Sierra Pintada".
En el mismo sentido, Juan Carlos Ortiz de la Asociación Obrera Minera también habla a favor "en Sierra Pintada lo primero que se debe hacer es la remediación ambiental que corresponde y no lo podemos demorar más. Tenemos que ponernos todos los mendocinos de acuerdo en esto y ponerla en marcha porque necesitamos del uranio".
Vale destacar que a pesar del fuerte rechazo que genera este tipo de minería actualmente se están llevando a cabo prospección uranífera en Catamarca, Chubut, La Rioja, Mendoza, Salta y Santa Cruz.
Rechazo
Desde varios sectores sanrafaelinos se muestran en contra de la propuesta. La Asamblea del Agua de San Rafael se pronunció varias veces contra la reapertura de Sierra Pintada.
En uno de sus comunicados plantea que "el legado de los años de producción y posterior abandono por parte de la CNEA es un pasivo ambiental de gran envergadura, expresado en un cúmulo de residuos radioactivos (1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio) que deben ser remediados. De esta manera, ahora que la reactivación de la mina se encuentra en el centro de la escena, resulta imperioso e imprescindible hablar de la remediación de esos residuos".
"En el marco del modelo agro-minero existe una firme decisión de la Nación para acelerar la reapertura, por eso desde el ejecutivo provincial se planean distintas formas de retomar la extracción uranífera, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data de Diciembre de 2010 prohíbe la reapertura hasta tanto no esté concluida la remediación" destacan.
Multisectorial: “Tienen que remediar”
Al consultar a la Multisectorial del Sur, entidad pionera en la lucha contra Sierra Pintada, Ricardo Stradella dijo a nuestro diario que "nosotros seguimos sosteniendo que por sobre todas las cosas hay que remediar los pasivos ambientales".
"San Rafael nunca fue una zona minera, toda su existencia la basa en la fruta, el vino y el turismo y muy mal le puede venir que reabran la mina" expresó Stradella quien destacó que "primero que todo hay que remediar la zona. Después de eso se deberá ver que dice la sociedad sanrafaelina sobre la iniciativa".
"El tema está en la Corte Suprema y el Juez Federal determinó que había que arreglar los piletones por las pérdidas de material" recordó y de cara a futuro vaticinó que "habrá que ver que es lo que decide la justicia".
.
Fecha de Publicación: 21/06/2013
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
La intención del gobierno nacional de construir una nueva central Atucha con la participación de empresarios rusos, reabre el debate sobre el futuro de la explotación de uranio en Argentina. En contrapartida, los sanrafaelinos siguen reclamando la remediación de los pasivos contaminantes.
En las últimos días comenzó a hablarse de que empresarios rusos desembarcarían en el país para trabajar en nuevas centrales de energía nuclear, en el marco del "Plan Nuclear Argentino", un viejo anhelo del gobierno nacional que comenzó con la terminación de Atucha II y ahora plantea la construcción de una tercera central en Zárate (Bs.As.) y el reactor Carem en Formosa.
La firma estatal rusa Rosatom, quiere participar de la construcción de nuevas centrales nucleares de uso pacífico en la Argentina. En este sentido, en nuestro país avanza en estudios sobre la extracción de uranio, materia prima fundamental desarrollar de este tipo de energía.
Argentina importa uranio de Kazajstán y Europa del Este, pero los precios en alza hacen pensar a los empresarios en reactivar la actividad minera en el país a pesar de la fuerte resistencia ciudadana.
Cada vez que se habla de energía nuclear, los ojos se posan sobre el complejo de Sierra Pintada, que es uno de los que los posibles sectores a reactivar a pesar de que aún no se remedió el pasivo ambiental y existe una fuerte oposición vecinal.
Las iniciativas más impulsadas (por su cantidad de reservas) son Sierra Pintada y Cerro Solo en Chubut, ambas están vedadas para su explotación. La sanrafaelina por la contaminación, la legislación vigente y el fuerte rechazo a su reapertura y la chubutense por ley provincial.
El objetivo de producir uranio sigue vigente y hay varias propuestas en boga. Por citar algunos ejemplos aparecen Los Gitantes en Córdoba, Don Otto en San Carlos (Salta), el conocido Sierra Pintada o Cerro Solo, Chubut, todos ellos con fuerte rechazo de las poblaciones y tres de los cuatro con una gran deuda de pasivo ambiental.
Voces
La remediación "significará en un notable impulso a la reanudación de las tareas de exploración y producción de concentrado de uranio" explica Ricardo de Dicco de Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas dando muestras de las intenciones de reabrir estos proyectos antes de 2019, según el plan de la CNEA.
El lobby también incluye otros testimonios como el del ingeniero de APCEAN Agustín Arbor González quien señala que el yacimiento local "tiene 6.000 toneladas de uranio. La Central Nuclear Atucha-I y la Central Nuclear Embalse consumen, juntas, 120 toneladas por año aproximadamente. La Central de Atucha II demanda alrededor de 90 toneladas anuales adicionales. Así, las tres centrales nucleares consumirían aproximadamente 200 toneladas/año. Una cuenta muy simple me indica que 6.000 toneladas de uranio, dividido 200 toneladas/año de consumo, me da igual a 30 años de reservas, sólo con la mina de Sierra Pintada (…) sin embargo continúa sin producir uranio. Urge la necesidad de reactivar la mina de Sierra Pintada".
En el mismo sentido, Juan Carlos Ortiz de la Asociación Obrera Minera también habla a favor "en Sierra Pintada lo primero que se debe hacer es la remediación ambiental que corresponde y no lo podemos demorar más. Tenemos que ponernos todos los mendocinos de acuerdo en esto y ponerla en marcha porque necesitamos del uranio".
Vale destacar que a pesar del fuerte rechazo que genera este tipo de minería actualmente se están llevando a cabo prospección uranífera en Catamarca, Chubut, La Rioja, Mendoza, Salta y Santa Cruz.
Rechazo
Desde varios sectores sanrafaelinos se muestran en contra de la propuesta. La Asamblea del Agua de San Rafael se pronunció varias veces contra la reapertura de Sierra Pintada.
En uno de sus comunicados plantea que "el legado de los años de producción y posterior abandono por parte de la CNEA es un pasivo ambiental de gran envergadura, expresado en un cúmulo de residuos radioactivos (1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio) que deben ser remediados. De esta manera, ahora que la reactivación de la mina se encuentra en el centro de la escena, resulta imperioso e imprescindible hablar de la remediación de esos residuos".
"En el marco del modelo agro-minero existe una firme decisión de la Nación para acelerar la reapertura, por eso desde el ejecutivo provincial se planean distintas formas de retomar la extracción uranífera, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data de Diciembre de 2010 prohíbe la reapertura hasta tanto no esté concluida la remediación" destacan.
Multisectorial: “Tienen que remediar”
Al consultar a la Multisectorial del Sur, entidad pionera en la lucha contra Sierra Pintada, Ricardo Stradella dijo a nuestro diario que "nosotros seguimos sosteniendo que por sobre todas las cosas hay que remediar los pasivos ambientales".
"San Rafael nunca fue una zona minera, toda su existencia la basa en la fruta, el vino y el turismo y muy mal le puede venir que reabran la mina" expresó Stradella quien destacó que "primero que todo hay que remediar la zona. Después de eso se deberá ver que dice la sociedad sanrafaelina sobre la iniciativa".
"El tema está en la Corte Suprema y el Juez Federal determinó que había que arreglar los piletones por las pérdidas de material" recordó y de cara a futuro vaticinó que "habrá que ver que es lo que decide la justicia".
.
Etiquetas:
contaminación,
energía nuclear,
legislación y derecho ambiental,
Mendoza,
minería
|
0
comentarios
María Julia condenada por defraudación
María Julia Alsogaray fue condenada a 4 años de prisión
Fecha de Publicación: 20/06/2013
Fuente: Portal InfoRegión
Provincia/Región: Nacional
La pena a la ex secretaria de Medio Ambiente corresponde a la causa que la vincula con delitos de peculado y defraudación en la contratación de personal durante su paso por la Secretaría de Recursos Naturales. El Tribunal Oral Federal 6 también condenó a 4 años de prisión a los ex funcionarios José Merlino y Pascual Antonio Romero.
La Justicia condenó hoy a la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta a perpetuidad.
La condena corresponde a una causa por delitos de peculado y defraudación en la contratación de personal durante su paso por la Secretaría de Recursos Naturales.
El Tribunal Oral Federal 6 dio a conocer hoy el veredicto contra la ex funcionaria en el marco de la causa que la acusa de actos irregulares en la contratación de pasantes de la Universidad de Lomas de Zamora para trabajar en la Secretaría de Recursos Naturales.
Los jueces que dieron a conocer el veredicto, José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Panello, impusieron además una pena de 4 años de prisión para los ex funcionarios José Merlino y Pascual Antonio Romero.
La investigación a cargo de la fiscal Dafne Palopoli determinó que hubo irregularidades en la contratación de pasantes.
El convenio entre la Secretaría y la institución rigió entre 1992 y 1995 y tuvo un valor de seis millones de pesos. Sin embargo, al parecer las pasantías nunca se concretaron.
Por otro lado, Alsogaray tiene una condena a 3 años y medios de prisión por enriquecimiento ilícito y una absolución en un caso de irregularidades en contrataciones públicas en 1996.
Asimismo, tiene otros seis juicios por corrupción pendientes; la mayoría, fruto de su paso por Entel.
.
Fecha de Publicación: 20/06/2013
Fuente: Portal InfoRegión
Provincia/Región: Nacional
La pena a la ex secretaria de Medio Ambiente corresponde a la causa que la vincula con delitos de peculado y defraudación en la contratación de personal durante su paso por la Secretaría de Recursos Naturales. El Tribunal Oral Federal 6 también condenó a 4 años de prisión a los ex funcionarios José Merlino y Pascual Antonio Romero.La Justicia condenó hoy a la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta a perpetuidad.
La condena corresponde a una causa por delitos de peculado y defraudación en la contratación de personal durante su paso por la Secretaría de Recursos Naturales.
El Tribunal Oral Federal 6 dio a conocer hoy el veredicto contra la ex funcionaria en el marco de la causa que la acusa de actos irregulares en la contratación de pasantes de la Universidad de Lomas de Zamora para trabajar en la Secretaría de Recursos Naturales.
Los jueces que dieron a conocer el veredicto, José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Panello, impusieron además una pena de 4 años de prisión para los ex funcionarios José Merlino y Pascual Antonio Romero.
La investigación a cargo de la fiscal Dafne Palopoli determinó que hubo irregularidades en la contratación de pasantes.
El convenio entre la Secretaría y la institución rigió entre 1992 y 1995 y tuvo un valor de seis millones de pesos. Sin embargo, al parecer las pasantías nunca se concretaron.
Por otro lado, Alsogaray tiene una condena a 3 años y medios de prisión por enriquecimiento ilícito y una absolución en un caso de irregularidades en contrataciones públicas en 1996.
Asimismo, tiene otros seis juicios por corrupción pendientes; la mayoría, fruto de su paso por Entel.
.
Buenos Aires: acamapan para que dejen de fumigarlos
Vecinos de Alberti montaron un acampe frente a Gobernación
Fecha de Publicación: 20/06/2013
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de personas oriundas de la localidad bonaerense de Alberti lleva a cabo un acampe frente a la Gobernación, en 6 entre 51 y 53, en reclamo de mayor control de las fumigaciones con agroquímicos en ese sector de la provincia.
En ese marco, los manifestantes solicitaron una audiencia con el gobernador provincial para tratar la problemática sobre el uso de esas sustancias y los peligros que podría generar para los habitantes de la zona.
Oscar Di Vincensi, quien se encuentra en la protesta, indicó que "en los últimos años aumentaron los casos de nacimientos con malformaciones, de cáncer y de otras enfermedades que podrían estar relacionadas con el uso de agroquímicos".
"Por este motivo, pedimos que desde la UNLP se realice un estudio epidemiológico, como así también pretendemos que nos reciban las autoridades provinciales", sostuvo.
"Desde 2006 existe en el municipio una ordenanza que indica que las fumigaciones deben realizarse a más de 1000 metros de las zonas periurbana, pero en realidad se realizan a 100 metros y resultamos perjudicados quienes vivimos en esas áreas", aseguró Di Vincensi.
.
Fecha de Publicación: 20/06/2013
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de personas oriundas de la localidad bonaerense de Alberti lleva a cabo un acampe frente a la Gobernación, en 6 entre 51 y 53, en reclamo de mayor control de las fumigaciones con agroquímicos en ese sector de la provincia.En ese marco, los manifestantes solicitaron una audiencia con el gobernador provincial para tratar la problemática sobre el uso de esas sustancias y los peligros que podría generar para los habitantes de la zona.
Oscar Di Vincensi, quien se encuentra en la protesta, indicó que "en los últimos años aumentaron los casos de nacimientos con malformaciones, de cáncer y de otras enfermedades que podrían estar relacionadas con el uso de agroquímicos".
"Por este motivo, pedimos que desde la UNLP se realice un estudio epidemiológico, como así también pretendemos que nos reciban las autoridades provinciales", sostuvo.
"Desde 2006 existe en el municipio una ordenanza que indica que las fumigaciones deben realizarse a más de 1000 metros de las zonas periurbana, pero en realidad se realizan a 100 metros y resultamos perjudicados quienes vivimos en esas áreas", aseguró Di Vincensi.
.
Importante glaciar sanjuanino, cada vez más chico
El glaciar Agua Negra se achica
Fecha de Publicación: 19/06/2013
Fuente: El Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
El Agua Negra es un imponente glaciar de descubierto de montaña que mide cerca de 1 km2 y es uno de los más importantes de la Provincia y de potencial estratégico como reservorio de agua dulce. Y hace 53 años era mucho más grande. Según el estudio que la Universidad Nacional de San Juan está haciendo por encargue del Gobierno de San Juan sobre los glaciares sanjuaninos, el Agua Negra se está achicando: desde 1960 hasta ahora, decreció en superficie 18,5%. Según dijo el subsecretario de Recursos Hídricos local, Jorge Millón, el retroceso de los glaciares en general se debe al impacto del calentamiento global. Agregó que el glaciar en ningún momento será afectado por la obra del túnel binacional de Agua Negra, proyectado en la zona.
“El glaciar ha mostrado una tendencia lineal en la pérdida de superficie entre los años1960 a 1980, posteriormente se observa un periodo de estabilidad entre los años 1980 – 1990 coincidente con el indicado por (el autor de Recent fluctuations of the Argentinean glaciers. Global and Planetary Change, J.C.) Leiva en 1999, atribuyendo el mismo a la presencia de la corriente de La Niña en el periodo de 1981/1984. Finalmente, se observa hasta la actualidad una considerable disminución de la superficie”, asegura el estudio,q ue cobra relevancia en momentos donde la discusión por el cuidado de los recursos naturales está en el tapete no sólo en Argentina sino en el mundo entero.
La investigación forma parte de uno de los capítulos del segundo informe del “Inventario de Glaciares de la Provincia de San Juan”, que responde a la ley provincial de Protección de Glaciares y que fue presentado recientemente por el fiscal de Estado, Guillermo de Sanctis, en la Corte Suprema, en el marco del pedido de inconstitucionalidad de la ley nacional de protección de glaciares (ver aparte).
Sobre el glaciar de Agua Negra, ubicado en la cuenca del río Blanco Sur entre 4.550 y 4.970 msnm, el estudio determina que en 1960 contaba con una superficie de 1,29 km2, mientras que en 2012 medía 1,05 km2. También se detectó una disminución del frente de esta formación rocosa, en el orden del 25% desde 1960 a la actualidad. El análisis midió linealmente el frente del glaciar con respecto al macizo rocoso ubicado al pie del glaciar, determinándose un retroceso máximo del frente de 411.55 m desde la década del ’60 hasta el 2012.
Para ver el análisis o retroceso de esta formación de hielo, dentro del inventario de glaciares de la Cuenca del Río Jáchal, los estudiosos del Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad usaron imágenes satelitales Landsat, MMS TM y SLC además de antiguas fotografías aéreas y recopilación de cartas nacionales del IGN y bibliografía al respecto.
El informe que acaba de entregar la UNSJ al Gobierno, especifica por primera vez cuántos glaciares tiene San Juan en forma exhaustiva (ver aparte), completando el primer nivel, mientras que la lectura sobre la dinámica de los glaciares a través del tiempo forma parte del nivel dos del estudio, siendo el análisis de Agua Negra el primero que se aborda en ese sentido. El nivel tres investigará cuánta agua aporta cada glaciar, en un período acotado de tiempo, ya que la ley especifica que los relevamientos deben hacerse cada 5 años.
Pulseada con la Nación
El martes 11 de junio, el fiscal de Estado local, Guillermo de Sanctis, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación los dos primeros informes correspondientes al Inventario de Glaciares, para que se anexen como prueba en el marco del pedido de inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (26.639). San Juan quiere demostrar que cuida el agua, en medio de la polémica por el choque de normativas, que se inició en 2010, cuando fue sancionada la iniciativa nacional. A grandes rasgos, San Juan cuestiona que el concepto de periglacial es muy amplio y que obstaculiza actividades como la construcción de obras, entre otras. Anticipándose a la regulación nacional, San Juan sancionó su propia ley e interpone, en la defensa judicial, que los recursos naturales son patrimonio de las provincias.
Hay 1.080 km2 de superficie glacial
Por primera vez, se sabe con exactitud cuántos glaciares hay en San Juan: según las conclusiones del Inventario que hace la UNSJ son 3.919 extendidos en una superficie de 1.080,43 km2 en la alta montaña. El análisis se hizo en la cuenca del Río San Juan y en la cuenca del Río Jáchal, abarcando todas las subcuencas. Los que están en el primer grupo suman 3.284 formaciones heladas ocupando 978 km2, mientras que en la segunda cuenca suman 635 en 102,4 km2.
Según el estudio, la mayor cantidad de glaciares está en la subcuenca del Río Blanco, dentro del sistema del Río San Juan, contabilizándose allí 1650 unidades distribuidas en 529,89 km2.
El estudio tiene en cuenta la presencia de glaciares descubiertos, glaciares cubiertos, glaciares de escombro activo, glaciares de escombros inactivos y manchones de nieve. Estos últimos se contabilizan porque son potenciales glaciares en formación, según dijo el subsecretario de Recursos Hídricos de San Juan, Jorge Millón. El funcionario aclaró que no necesariamente todas las formaciones heladas son reservorios de agua, porque “quizá no tenga nada que nazca aguas abajo o lo que aporta es tan poco que no alcanza a formar un cúmulo de agua”. Y aseguró que ningún proyecto, de desarrollo minero o de obras, está afectando los glaciares locales, según consta en la aprobación del informe de impacto ambiental de los distintos proyectos en alta montaña.
Sobre los glaciares descubiertos, la mayor cantidad está en la cuenca del Río Jáchal, donde se ubican 182, ocupando una superficie de 60,25 km2. En el caso de la cuenca del Río San Juan, si bien la subcuenca del Río Blanco no es de las que más glaciares tiene -41-, es que primerea en superficie glacial, con 56,2 km2, seguida por la subcuenca de Calingasta (44,7 km2), la De los Patos (37,8 km2), la Castaño (29,1 km2) y la Ansilta (11 km2).
.
Fecha de Publicación: 19/06/2013
Fuente: El Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
El Agua Negra es un imponente glaciar de descubierto de montaña que mide cerca de 1 km2 y es uno de los más importantes de la Provincia y de potencial estratégico como reservorio de agua dulce. Y hace 53 años era mucho más grande. Según el estudio que la Universidad Nacional de San Juan está haciendo por encargue del Gobierno de San Juan sobre los glaciares sanjuaninos, el Agua Negra se está achicando: desde 1960 hasta ahora, decreció en superficie 18,5%. Según dijo el subsecretario de Recursos Hídricos local, Jorge Millón, el retroceso de los glaciares en general se debe al impacto del calentamiento global. Agregó que el glaciar en ningún momento será afectado por la obra del túnel binacional de Agua Negra, proyectado en la zona. “El glaciar ha mostrado una tendencia lineal en la pérdida de superficie entre los años1960 a 1980, posteriormente se observa un periodo de estabilidad entre los años 1980 – 1990 coincidente con el indicado por (el autor de Recent fluctuations of the Argentinean glaciers. Global and Planetary Change, J.C.) Leiva en 1999, atribuyendo el mismo a la presencia de la corriente de La Niña en el periodo de 1981/1984. Finalmente, se observa hasta la actualidad una considerable disminución de la superficie”, asegura el estudio,q ue cobra relevancia en momentos donde la discusión por el cuidado de los recursos naturales está en el tapete no sólo en Argentina sino en el mundo entero.
La investigación forma parte de uno de los capítulos del segundo informe del “Inventario de Glaciares de la Provincia de San Juan”, que responde a la ley provincial de Protección de Glaciares y que fue presentado recientemente por el fiscal de Estado, Guillermo de Sanctis, en la Corte Suprema, en el marco del pedido de inconstitucionalidad de la ley nacional de protección de glaciares (ver aparte).
Sobre el glaciar de Agua Negra, ubicado en la cuenca del río Blanco Sur entre 4.550 y 4.970 msnm, el estudio determina que en 1960 contaba con una superficie de 1,29 km2, mientras que en 2012 medía 1,05 km2. También se detectó una disminución del frente de esta formación rocosa, en el orden del 25% desde 1960 a la actualidad. El análisis midió linealmente el frente del glaciar con respecto al macizo rocoso ubicado al pie del glaciar, determinándose un retroceso máximo del frente de 411.55 m desde la década del ’60 hasta el 2012.
Para ver el análisis o retroceso de esta formación de hielo, dentro del inventario de glaciares de la Cuenca del Río Jáchal, los estudiosos del Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad usaron imágenes satelitales Landsat, MMS TM y SLC además de antiguas fotografías aéreas y recopilación de cartas nacionales del IGN y bibliografía al respecto.
El informe que acaba de entregar la UNSJ al Gobierno, especifica por primera vez cuántos glaciares tiene San Juan en forma exhaustiva (ver aparte), completando el primer nivel, mientras que la lectura sobre la dinámica de los glaciares a través del tiempo forma parte del nivel dos del estudio, siendo el análisis de Agua Negra el primero que se aborda en ese sentido. El nivel tres investigará cuánta agua aporta cada glaciar, en un período acotado de tiempo, ya que la ley especifica que los relevamientos deben hacerse cada 5 años.
Pulseada con la Nación
El martes 11 de junio, el fiscal de Estado local, Guillermo de Sanctis, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación los dos primeros informes correspondientes al Inventario de Glaciares, para que se anexen como prueba en el marco del pedido de inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (26.639). San Juan quiere demostrar que cuida el agua, en medio de la polémica por el choque de normativas, que se inició en 2010, cuando fue sancionada la iniciativa nacional. A grandes rasgos, San Juan cuestiona que el concepto de periglacial es muy amplio y que obstaculiza actividades como la construcción de obras, entre otras. Anticipándose a la regulación nacional, San Juan sancionó su propia ley e interpone, en la defensa judicial, que los recursos naturales son patrimonio de las provincias.
Hay 1.080 km2 de superficie glacial
Por primera vez, se sabe con exactitud cuántos glaciares hay en San Juan: según las conclusiones del Inventario que hace la UNSJ son 3.919 extendidos en una superficie de 1.080,43 km2 en la alta montaña. El análisis se hizo en la cuenca del Río San Juan y en la cuenca del Río Jáchal, abarcando todas las subcuencas. Los que están en el primer grupo suman 3.284 formaciones heladas ocupando 978 km2, mientras que en la segunda cuenca suman 635 en 102,4 km2.
Según el estudio, la mayor cantidad de glaciares está en la subcuenca del Río Blanco, dentro del sistema del Río San Juan, contabilizándose allí 1650 unidades distribuidas en 529,89 km2.
El estudio tiene en cuenta la presencia de glaciares descubiertos, glaciares cubiertos, glaciares de escombro activo, glaciares de escombros inactivos y manchones de nieve. Estos últimos se contabilizan porque son potenciales glaciares en formación, según dijo el subsecretario de Recursos Hídricos de San Juan, Jorge Millón. El funcionario aclaró que no necesariamente todas las formaciones heladas son reservorios de agua, porque “quizá no tenga nada que nazca aguas abajo o lo que aporta es tan poco que no alcanza a formar un cúmulo de agua”. Y aseguró que ningún proyecto, de desarrollo minero o de obras, está afectando los glaciares locales, según consta en la aprobación del informe de impacto ambiental de los distintos proyectos en alta montaña.
Sobre los glaciares descubiertos, la mayor cantidad está en la cuenca del Río Jáchal, donde se ubican 182, ocupando una superficie de 60,25 km2. En el caso de la cuenca del Río San Juan, si bien la subcuenca del Río Blanco no es de las que más glaciares tiene -41-, es que primerea en superficie glacial, con 56,2 km2, seguida por la subcuenca de Calingasta (44,7 km2), la De los Patos (37,8 km2), la Castaño (29,1 km2) y la Ansilta (11 km2).
.
El gobierno nacional sigue apostando al agronegocio
Los Grobo invertirán $400 millones en una planta de agroquímicos
Fecha de Publicación: 19/06/2013
Fuente: Portal InfoNews
Provincia/Región: Nacional
El empresario Gustavo Grobocopatel se reunió con la Presidenta y le ratificó que las inversiones contemplan la adquisición de Agrofina, una de las pocas plantas del Mercosur que sintetiza y formula fitosanitarios de alto valor. Además, la empresa sumará cien empleos, entre directos e indirectos, a su plantilla actual de 270 trabajadores.
El empresario Gustavo Grobocopatel ratificó hoy a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la concreción de inversiones de su grupo empresario por 400 millones de pesos, parte de ellas destinadas a Agrofina, la compañía de agroquímicos comprada a capitales brasileños.
La empresa sumará cien empleos, entre directos e indirectos, a su plantilla actual de 270 trabajadores, informó esta tarde el Ministerio de Industria a través de un comunicado de prensa.
Durante la audiencia, celebrada en Casa de Gobierno, Cristina estuvo acompañada por los ministros de Industria, Débora Giorgi; de Economía, Hernán Lorenzino; y de Agricultura, Norberto Yauhar.
El proyecto del Grupo Los Grobo contempla la adquisición de Agrofina, una de las pocas plantas del Mercosur que sintetiza y formula fitosanitarios de alto valor.
El foco del plan de inversiones general del grupo es la producción de fitosanitarios de nueva generación y alto valor, de bio-pesticidas naturales y procesamiento y tratamiento de semillas.
Con anterioridad, la mandataria participó de un acto de entrega de coches autobomba. La ceremonia se llevó a cabo en la explanada de la Casa de Gobierno, con la asistencia del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi y otras autoridades, así como representantes de entidades de bien público.
.
Fecha de Publicación: 19/06/2013
Fuente: Portal InfoNews
Provincia/Región: Nacional
El empresario Gustavo Grobocopatel se reunió con la Presidenta y le ratificó que las inversiones contemplan la adquisición de Agrofina, una de las pocas plantas del Mercosur que sintetiza y formula fitosanitarios de alto valor. Además, la empresa sumará cien empleos, entre directos e indirectos, a su plantilla actual de 270 trabajadores. El empresario Gustavo Grobocopatel ratificó hoy a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la concreción de inversiones de su grupo empresario por 400 millones de pesos, parte de ellas destinadas a Agrofina, la compañía de agroquímicos comprada a capitales brasileños.
La empresa sumará cien empleos, entre directos e indirectos, a su plantilla actual de 270 trabajadores, informó esta tarde el Ministerio de Industria a través de un comunicado de prensa.
Durante la audiencia, celebrada en Casa de Gobierno, Cristina estuvo acompañada por los ministros de Industria, Débora Giorgi; de Economía, Hernán Lorenzino; y de Agricultura, Norberto Yauhar.
El proyecto del Grupo Los Grobo contempla la adquisición de Agrofina, una de las pocas plantas del Mercosur que sintetiza y formula fitosanitarios de alto valor.
El foco del plan de inversiones general del grupo es la producción de fitosanitarios de nueva generación y alto valor, de bio-pesticidas naturales y procesamiento y tratamiento de semillas.
Con anterioridad, la mandataria participó de un acto de entrega de coches autobomba. La ceremonia se llevó a cabo en la explanada de la Casa de Gobierno, con la asistencia del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi y otras autoridades, así como representantes de entidades de bien público.
.
Santa Fe: otro intento de cuidar la población de agrotóxicos
La Legislatura provincial evalúa modificar la ley de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 19/06/2013
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
La iniciativa presentada por el diputado Tessa fue elaborada por entidades y vecinos nucleados en la campaña Paren de Fumigarnos. Ingresó un proyecto basado en las distancias de aplicación y no en la toxicidad de los productos, como fija la norma vigente.
Entidades ambientalistas, vecinos de pueblos fumigados y dirigentes gremiales nucleados en la campaña Paren de Fumigarnos presentaron ayer en Rosario un proyecto de su autoría que ingresó a la Legislatura santafesina para modificar la ley de agroquímicos en la provincia. La propuesta establece parámetros sobre en las distancias de aplicación respecto de los lugares poblados, y no se basa en la toxicidad de los plaguicidas, tal como lo establece la norma actual Nº 11.273.
La iniciativa entre otros objetivos busca prohibir la fumigación aérea y limitar todo tipo de aspersiones a 800 metros de centros poblados y zonas sensibles y a 1.000 de las escuelas rurales. Además propone priorizar las áreas libres de agroquímicos para la producción de alimentos de consumo humano y de agricultura familiar, actividades desplazadas por las explotaciones agrarias fuertemente basadas en métodos químicos y manipulación genética, con graves consecuencias para la salud de la población.
El texto propuesto introduce también regulaciones a la venta, transporte y aplicación de agroquímicos, a la utilización en plantas de acopio y banquinas, y disposiciones sobre el destino de los envases, entre otras restricciones.
"Desde la Cámara de Diputados nos llegó el ofrecimiento de dar forma legal a esos mínimos aunque indispensables paliativos por los cuales reclamaron con su firma cerca de 30 mil santafesinos en 2012 y fue así que, con el aporte y la firma del diputado José María Tessa, durante la última semana de mayo se presentó el borrador para que los legisladores lo evalúen y lo conviertan en ley", señalaron los impulsores del proyecto.
El proyecto fue rubricado además por los diputados Santiago Mascheroni; Pablo Di Bert; Oscar Urruty y Gerardo Rico.
Intentos fallidos. En los últimos tres años, los integrantes del colectivo ambientalista Paren de Fumigarnos, integrado en Santa Fe por organizaciones y vecinos de más de 90 pueblos, intentaron sin éxito introducir iniciativas en la Lelgislatura santafesina. "Una tras otra fueron ignoradas, ocultadas y en ocasiones confrontadas con proyectos en los que claramente aparece la asesoría del aceitado lobby empresarial-lucrativo", recordaron los impulsores de la nueva iniciativa.
El flamante proyecto postula un cambio radical de los parámetros para la aplicación de plaguicidas, ya que la ley vigente Nº 11.273 se basa en la toxicidad (determinada por el Senasa) de los agrotóxicos a la hora de fijar distancias desde las zonas pobladas.
Es que algunos productos que en Argentina son clasificados como de baja toxicidad (como el glifosato, considerado de "banda verde"), en otras partes del mundo están prohibidos porque está científicamente demostrada su alta peligrosidad para la salud humana y para el medio ambiente.
.
Fecha de Publicación: 19/06/2013
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
La iniciativa presentada por el diputado Tessa fue elaborada por entidades y vecinos nucleados en la campaña Paren de Fumigarnos. Ingresó un proyecto basado en las distancias de aplicación y no en la toxicidad de los productos, como fija la norma vigente.Entidades ambientalistas, vecinos de pueblos fumigados y dirigentes gremiales nucleados en la campaña Paren de Fumigarnos presentaron ayer en Rosario un proyecto de su autoría que ingresó a la Legislatura santafesina para modificar la ley de agroquímicos en la provincia. La propuesta establece parámetros sobre en las distancias de aplicación respecto de los lugares poblados, y no se basa en la toxicidad de los plaguicidas, tal como lo establece la norma actual Nº 11.273.
La iniciativa entre otros objetivos busca prohibir la fumigación aérea y limitar todo tipo de aspersiones a 800 metros de centros poblados y zonas sensibles y a 1.000 de las escuelas rurales. Además propone priorizar las áreas libres de agroquímicos para la producción de alimentos de consumo humano y de agricultura familiar, actividades desplazadas por las explotaciones agrarias fuertemente basadas en métodos químicos y manipulación genética, con graves consecuencias para la salud de la población.
El texto propuesto introduce también regulaciones a la venta, transporte y aplicación de agroquímicos, a la utilización en plantas de acopio y banquinas, y disposiciones sobre el destino de los envases, entre otras restricciones.
"Desde la Cámara de Diputados nos llegó el ofrecimiento de dar forma legal a esos mínimos aunque indispensables paliativos por los cuales reclamaron con su firma cerca de 30 mil santafesinos en 2012 y fue así que, con el aporte y la firma del diputado José María Tessa, durante la última semana de mayo se presentó el borrador para que los legisladores lo evalúen y lo conviertan en ley", señalaron los impulsores del proyecto.
El proyecto fue rubricado además por los diputados Santiago Mascheroni; Pablo Di Bert; Oscar Urruty y Gerardo Rico.
Intentos fallidos. En los últimos tres años, los integrantes del colectivo ambientalista Paren de Fumigarnos, integrado en Santa Fe por organizaciones y vecinos de más de 90 pueblos, intentaron sin éxito introducir iniciativas en la Lelgislatura santafesina. "Una tras otra fueron ignoradas, ocultadas y en ocasiones confrontadas con proyectos en los que claramente aparece la asesoría del aceitado lobby empresarial-lucrativo", recordaron los impulsores de la nueva iniciativa.
El flamante proyecto postula un cambio radical de los parámetros para la aplicación de plaguicidas, ya que la ley vigente Nº 11.273 se basa en la toxicidad (determinada por el Senasa) de los agrotóxicos a la hora de fijar distancias desde las zonas pobladas.
Es que algunos productos que en Argentina son clasificados como de baja toxicidad (como el glifosato, considerado de "banda verde"), en otras partes del mundo están prohibidos porque está científicamente demostrada su alta peligrosidad para la salud humana y para el medio ambiente.
.
“Basura Cero: Un futuro sin desperdicios”
Basura Cero: La incineración no soluciona la crisis de los residuos
Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital Federal
Esta mañana se realizó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la conferencia “Basura Cero: Un futuro sin desperdicios”, a cargo del Dr. Paul Connett[1], especialista en gestión de residuos, quien alertó sobre los riesgos de la incineración. El evento fue convocado por la Coalición Anti-incineración (de la cual forma parte la organización ambientalista Greenpeace) y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), y contó con la participación de Legisladores, funcionarios del Gobierno de la Ciudad y referentes locales en la materia.
Connett advirtió sobre de los impactos ambientales y sanitarios de la incineración y sostuvo que no es una solución a la crisis de los residuos. Para el especialista la única estrategia sustentable es la implementación de la Ley de Basura Cero.
Las tecnologías de incineración que se promueven falsamente como solución a los rellenos sanitarios, en la práctica siguen necesitando lugares de disposición final para las cenizas (resultado del proceso de combustión) que son altamente tóxicas. Además, de la combustión se generan emisiones de un sinfín de sustancias peligrosas que afectan la salud de las personas.
El doctor dejó en evidencia casos y proyectos fallidos que son promovidos por la industria de la incineración como ejemplos exitosos de nuevas tecnologías. Señaló que en el mundo no existen experiencias de pirolisis o gasificación en actividad que utilicen residuos domiciliarios; ambas tecnologías son citadas frecuentemente por el sector corporativo de la incineración, por sus supuestas ventajas.
Greenpeace, como miembro activo de la Coalición[2], denunció en reiteradas oportunidades el colapso de los rellenos del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y la creciente polémica por la aparición de varios proyectos de gestión de residuos sólidos urbanos que prevén la incineración e implican nuevos riesgos ambientales y sanitarios. Recientemente advirtió que el GCBA estaba evaluando proyectos de incineración presentados en una licitación para plantas de tratamiento de basura, prohibidos por la Ley 1854.
(1) Paul Connett, graduado de la Universidad de Cambridge, es doctor en química por la Universidad de Dartmouth y especialista en química y toxicología ambiental. Durante las últimas tres décadas, se ha dedicado a investigar sobre gestión de residuos y ha realizado más de 2.500 presentaciones públicas en 60 países. Actualmente, dirige el Proyecto de Estudios sobre la Salud Ambiental de EE.UU. (AEHSP) por sus siglas en inglés
(2) La Coalición Ciudadana Anti-incineración, creada en 1995, es una red de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales que, preocupados por la expansión de la incineración de residuos en la Argentina y sus impactos sobre el ambiente y la salud humana, busca promover alternativas sustentables.
.
Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital Federal
Esta mañana se realizó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la conferencia “Basura Cero: Un futuro sin desperdicios”, a cargo del Dr. Paul Connett[1], especialista en gestión de residuos, quien alertó sobre los riesgos de la incineración. El evento fue convocado por la Coalición Anti-incineración (de la cual forma parte la organización ambientalista Greenpeace) y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), y contó con la participación de Legisladores, funcionarios del Gobierno de la Ciudad y referentes locales en la materia.Connett advirtió sobre de los impactos ambientales y sanitarios de la incineración y sostuvo que no es una solución a la crisis de los residuos. Para el especialista la única estrategia sustentable es la implementación de la Ley de Basura Cero.
Las tecnologías de incineración que se promueven falsamente como solución a los rellenos sanitarios, en la práctica siguen necesitando lugares de disposición final para las cenizas (resultado del proceso de combustión) que son altamente tóxicas. Además, de la combustión se generan emisiones de un sinfín de sustancias peligrosas que afectan la salud de las personas.
El doctor dejó en evidencia casos y proyectos fallidos que son promovidos por la industria de la incineración como ejemplos exitosos de nuevas tecnologías. Señaló que en el mundo no existen experiencias de pirolisis o gasificación en actividad que utilicen residuos domiciliarios; ambas tecnologías son citadas frecuentemente por el sector corporativo de la incineración, por sus supuestas ventajas.
Greenpeace, como miembro activo de la Coalición[2], denunció en reiteradas oportunidades el colapso de los rellenos del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y la creciente polémica por la aparición de varios proyectos de gestión de residuos sólidos urbanos que prevén la incineración e implican nuevos riesgos ambientales y sanitarios. Recientemente advirtió que el GCBA estaba evaluando proyectos de incineración presentados en una licitación para plantas de tratamiento de basura, prohibidos por la Ley 1854.
(1) Paul Connett, graduado de la Universidad de Cambridge, es doctor en química por la Universidad de Dartmouth y especialista en química y toxicología ambiental. Durante las últimas tres décadas, se ha dedicado a investigar sobre gestión de residuos y ha realizado más de 2.500 presentaciones públicas en 60 países. Actualmente, dirige el Proyecto de Estudios sobre la Salud Ambiental de EE.UU. (AEHSP) por sus siglas en inglés
(2) La Coalición Ciudadana Anti-incineración, creada en 1995, es una red de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales que, preocupados por la expansión de la incineración de residuos en la Argentina y sus impactos sobre el ambiente y la salud humana, busca promover alternativas sustentables.
.
Santa Cruz: rebeldía fiscal minera. Quieren más.
Mineras en rebeldía fiscal
Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Cruz
Las compañías mineras que operan en la provincia austral se resisten a pagar un gravamen fijado recientemente para el sector. Irán a la Justicia para rechazar la mayor carga impositiva. Temen que sea un antecedente que pueda ser imitado por otros distritos.
Las empresas mineras que operan en Santa Cruz anticiparon que no pagarán el impuesto que aprobó recientemente la Legislatura provincial y llevarían su reclamo a la Justicia en los próximos días. El Impuesto Inmobiliario que grava con una alícuota del 1 por ciento a las reservas de minerales declaradas desató el reclamo del sector, celoso de proteger el generoso esquema tributario de los ‘90. Las mineras buscan evitar que otras provincias, que también están preocupadas en cómo captar una mayor porción de la renta minera, imiten el mecanismo. Por otro lado, si bien el giro de utilidades está limitado por el gobierno, en línea con el control de cambios, en el primer trimestre el sector fue favorecido frente a otros.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó el jueves pasado el Impuesto Inmobiliario Minero, que grava con una alícuota del 1 por ciento el valor de las reservas del yacimiento. El proyecto fue impulsado por el gobernador Daniel Peralta, quien está enfrentado con el gobierno nacional, y contó con la aprobación de los legisladores peronistas que le responden y de la UCR, mientras que el kirchnerismo se abstuvo.
A partir de la ley, las mineras deben presentar de forma anual una declaración jurada donde se detalla el volumen de las reservas, “el cual no podrá ser menor al volumen consignado en el estudio de factibilidad –que se realiza al comienzo de la inversión– y/o en los estados contables, más las variaciones emergentes de la explotación de la mina y la exploración llevada a cabo”, indica la norma. La cotización de las reservas se determinará por el precio del metal en el mercado nacional o internacional, según el que resulte mayor al último día hábil del año.
Las mineras plantean que la norma viola la estabilidad fiscal que les fue asegurada por 30 años a comienzos de los ‘90, por lo que se negarán a pagar el impuesto e irán a la Justicia. El argumento de la estabilidad fiscal es un clásico por parte de las empresas ante cada modificación del esquema de captación de la renta por parte del sector público. Del mismo modo, las mineras sostienen que los derechos de exportación que aplicó Néstor Kirchner durante su presidencia también violan el pacto fiscal, el cual supone una ventaja extraordinaria para las empresas con relación a otros sectores cuyas inversiones también son riesgosas e inciertas.
Los proyectos más importantes en Santa Cruz son Cerro Vanguardia, propiedad en un 92,5 por ciento de AngloGold Ashanti y 7,5 por ciento de la empresa provincial Fomicruz; Manantial Espejo, de Pan American Silver Corp; la mina San José, de Minera Santa Cruz; y la mina Martha, de Minera Polimet. En tanto, Yamana Gold busca explotar para 2015 oro y plata en Puerto Deseado, donde tiene problemas con la comunidad, después de no haberse podido instalar en Esquel por el fuerte rechazo popular. La norma votada por Santa Cruz marca que los proyectos en etapa de prospección y exploración quedan exentos hasta haber presentado el estudio de factibilidad, al igual que los proyectos con participación de Fomicruz.
Desde el año pasado, el gobierno limita el giro de dividendos al exterior. La regulación no es escrita, aunque rige para todos los sectores en línea con la introducción de la prohibición para la compra de dólares para atesorar. En términos relativos frente a otras actividades, la minería en el primer trimestre resultó beneficiada. Según el último balance cambiario del Banco Central, la minería explicó 105 de los 153 millones de dólares que se giraron al exterior. De todos modos resulta un monto inferior al registrado años anteriores, cuando no existía el control de cambios. Según fuentes consultadas por este diario, Minera Alumbrera, que opera en Catamarca, puede enviar al exterior 1 millón de dólares por día, unos 250 millones anuales. Barrick Gold, que extrae oro en el yacimiento de Veladero, en tanto, reinvierte utilidades para su megaproyecto binacional Pascua-Lama, aunque pide al gobierno que apruebe giros como señal hacia su casa matriz.
.
Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Cruz
Las compañías mineras que operan en la provincia austral se resisten a pagar un gravamen fijado recientemente para el sector. Irán a la Justicia para rechazar la mayor carga impositiva. Temen que sea un antecedente que pueda ser imitado por otros distritos.
Las empresas mineras que operan en Santa Cruz anticiparon que no pagarán el impuesto que aprobó recientemente la Legislatura provincial y llevarían su reclamo a la Justicia en los próximos días. El Impuesto Inmobiliario que grava con una alícuota del 1 por ciento a las reservas de minerales declaradas desató el reclamo del sector, celoso de proteger el generoso esquema tributario de los ‘90. Las mineras buscan evitar que otras provincias, que también están preocupadas en cómo captar una mayor porción de la renta minera, imiten el mecanismo. Por otro lado, si bien el giro de utilidades está limitado por el gobierno, en línea con el control de cambios, en el primer trimestre el sector fue favorecido frente a otros.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó el jueves pasado el Impuesto Inmobiliario Minero, que grava con una alícuota del 1 por ciento el valor de las reservas del yacimiento. El proyecto fue impulsado por el gobernador Daniel Peralta, quien está enfrentado con el gobierno nacional, y contó con la aprobación de los legisladores peronistas que le responden y de la UCR, mientras que el kirchnerismo se abstuvo.
A partir de la ley, las mineras deben presentar de forma anual una declaración jurada donde se detalla el volumen de las reservas, “el cual no podrá ser menor al volumen consignado en el estudio de factibilidad –que se realiza al comienzo de la inversión– y/o en los estados contables, más las variaciones emergentes de la explotación de la mina y la exploración llevada a cabo”, indica la norma. La cotización de las reservas se determinará por el precio del metal en el mercado nacional o internacional, según el que resulte mayor al último día hábil del año.
Las mineras plantean que la norma viola la estabilidad fiscal que les fue asegurada por 30 años a comienzos de los ‘90, por lo que se negarán a pagar el impuesto e irán a la Justicia. El argumento de la estabilidad fiscal es un clásico por parte de las empresas ante cada modificación del esquema de captación de la renta por parte del sector público. Del mismo modo, las mineras sostienen que los derechos de exportación que aplicó Néstor Kirchner durante su presidencia también violan el pacto fiscal, el cual supone una ventaja extraordinaria para las empresas con relación a otros sectores cuyas inversiones también son riesgosas e inciertas.
Los proyectos más importantes en Santa Cruz son Cerro Vanguardia, propiedad en un 92,5 por ciento de AngloGold Ashanti y 7,5 por ciento de la empresa provincial Fomicruz; Manantial Espejo, de Pan American Silver Corp; la mina San José, de Minera Santa Cruz; y la mina Martha, de Minera Polimet. En tanto, Yamana Gold busca explotar para 2015 oro y plata en Puerto Deseado, donde tiene problemas con la comunidad, después de no haberse podido instalar en Esquel por el fuerte rechazo popular. La norma votada por Santa Cruz marca que los proyectos en etapa de prospección y exploración quedan exentos hasta haber presentado el estudio de factibilidad, al igual que los proyectos con participación de Fomicruz.
Desde el año pasado, el gobierno limita el giro de dividendos al exterior. La regulación no es escrita, aunque rige para todos los sectores en línea con la introducción de la prohibición para la compra de dólares para atesorar. En términos relativos frente a otras actividades, la minería en el primer trimestre resultó beneficiada. Según el último balance cambiario del Banco Central, la minería explicó 105 de los 153 millones de dólares que se giraron al exterior. De todos modos resulta un monto inferior al registrado años anteriores, cuando no existía el control de cambios. Según fuentes consultadas por este diario, Minera Alumbrera, que opera en Catamarca, puede enviar al exterior 1 millón de dólares por día, unos 250 millones anuales. Barrick Gold, que extrae oro en el yacimiento de Veladero, en tanto, reinvierte utilidades para su megaproyecto binacional Pascua-Lama, aunque pide al gobierno que apruebe giros como señal hacia su casa matriz.
.
La ley de Semillas saldrá luego de las elecciones
Argentina: le darán un negocio en bandeja a Monsanto
Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: biodiversidadla.org - Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, aseguró ayer que el envío del proyecto de ley de Semillas quedaría para después de las elecciones de octubre para evitar que esta iniciativa "se manche de contenido político".
Con esa frase, el funcionario intenta correr el eje del debate que han instalado los pequeños y medianos productores, y que este diario ha publicado a mediados de febrero: la Ley de Semillas implica un negocio millonario a la medida de las corporaciones que comercializan semillas y biotecnología, principalmente Monsanto, Nidera y Syngenta, perjudicando a las economías regionales.
Concretamente, la nueva ley buscaría extender la propiedad intelectual mas allá de la función del evento en la semilla en sí mismo, abarcando el control sobre la comercialización de lo producido, lo que violaría la actual normativa argentina que declara no patentables a las variedades vegetales, plantas y semillas. Mediante la nueva ley se deroga además el “uso propio” gratuito de semillas.
Se trataría de un negociado multimillonario que podría terminar hipotecando uno de los recursos más valiosos que tiene nuestro país: la actividad agrícola.
La iniciativa, a su vez, tendría otro costado oscuro: incrementaría de forma considerable los costos de producción, lo que podría implicar importantes aumentos en los precios de los alimentos, agravando aún más la escalada inflacionaria que se registra en el país, de manera ininterrumpida, desde el año 2007.
El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y productor agropecuario, Matías de Velazco, explicó a Hoy que “con el proyecto de ley del Gobierno las semillas se dividen en los genes por un lado, que pasan a estar regulados por la ley de patentes y las semillas por la ley de semillas. Es como si cuando uno va a comprar un auto tiene que pagarle impuesto al que fabrica los neumáticos, la radio, etcétera, por se parado. Una barbaridad”. Y agregó: “Si sale ese proyecto, el que pierde es el sector productivo agropecuario en general, pequeño y mediano, mientras que los grandes beneficiados son los semilleros y las biotecnológicas”, como Monsanto.
.
Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: biodiversidadla.org - Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, aseguró ayer que el envío del proyecto de ley de Semillas quedaría para después de las elecciones de octubre para evitar que esta iniciativa "se manche de contenido político".
Con esa frase, el funcionario intenta correr el eje del debate que han instalado los pequeños y medianos productores, y que este diario ha publicado a mediados de febrero: la Ley de Semillas implica un negocio millonario a la medida de las corporaciones que comercializan semillas y biotecnología, principalmente Monsanto, Nidera y Syngenta, perjudicando a las economías regionales.
Concretamente, la nueva ley buscaría extender la propiedad intelectual mas allá de la función del evento en la semilla en sí mismo, abarcando el control sobre la comercialización de lo producido, lo que violaría la actual normativa argentina que declara no patentables a las variedades vegetales, plantas y semillas. Mediante la nueva ley se deroga además el “uso propio” gratuito de semillas.
Se trataría de un negociado multimillonario que podría terminar hipotecando uno de los recursos más valiosos que tiene nuestro país: la actividad agrícola.
La iniciativa, a su vez, tendría otro costado oscuro: incrementaría de forma considerable los costos de producción, lo que podría implicar importantes aumentos en los precios de los alimentos, agravando aún más la escalada inflacionaria que se registra en el país, de manera ininterrumpida, desde el año 2007.
El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y productor agropecuario, Matías de Velazco, explicó a Hoy que “con el proyecto de ley del Gobierno las semillas se dividen en los genes por un lado, que pasan a estar regulados por la ley de patentes y las semillas por la ley de semillas. Es como si cuando uno va a comprar un auto tiene que pagarle impuesto al que fabrica los neumáticos, la radio, etcétera, por se parado. Una barbaridad”. Y agregó: “Si sale ese proyecto, el que pierde es el sector productivo agropecuario en general, pequeño y mediano, mientras que los grandes beneficiados son los semilleros y las biotecnológicas”, como Monsanto.
.
A pesar de la negación del gobierno, los desmontes siguen
Ambientalistas afirman que continúan los desmontes en Córdoba
Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
La presentación, con publicaciones de numerosos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, fue efectuada por el Foro Ambiental Córdoba ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía que encabeza Manuel Calvo, con el fin de aportar "estudios científicos sobre la situación de los bosques y desmontes".
De acuerdo con la asociación, los trabajos muestran "la pérdida de 68.176 hectáreas de tierras forestales entre 2006 y 2011 en la Región Chaqueña de Córdoba", en el noroeste de la provincia.
Asimismo aportaron datos sobre la "dramática reducción" de la superficie de bosques cerrados en el norte, noroeste y oeste cordobés, que pasó de un 25% en 1999 a un 5% en 2010, y el desmonte de 8.162 hectáreas desde diciembre de 2011.
"Esperamos que esta información, generada desde distintos ámbitos académicos", sirva a las autoridades "para tener un conocimiento más preciso de la problemática de los bosques en la provincia", aseguraron Federico Kopta y Carolina Quir, presidente y secretaria del Foro, respectivamente.
Asimismo solicitaron al gobierno cordobés que "los pedidos de información pendientes tengan una pronta y precisa respuesta", dado que se han requerido explicaciones "sobre cada uno de los desmontes detectados por la Asociación Guyra Paraguay desde diciembre de 2011".
Los pedidos fueron realizados en el marco de la Ley 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de la Provincia de Córdoba y hasta el momento, según los ambientalistas, de un total de 19 solicitudes sólo recibieron dos respuestas.
.
Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
La presentación, con publicaciones de numerosos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, fue efectuada por el Foro Ambiental Córdoba ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía que encabeza Manuel Calvo, con el fin de aportar "estudios científicos sobre la situación de los bosques y desmontes".De acuerdo con la asociación, los trabajos muestran "la pérdida de 68.176 hectáreas de tierras forestales entre 2006 y 2011 en la Región Chaqueña de Córdoba", en el noroeste de la provincia.
Asimismo aportaron datos sobre la "dramática reducción" de la superficie de bosques cerrados en el norte, noroeste y oeste cordobés, que pasó de un 25% en 1999 a un 5% en 2010, y el desmonte de 8.162 hectáreas desde diciembre de 2011.
"Esperamos que esta información, generada desde distintos ámbitos académicos", sirva a las autoridades "para tener un conocimiento más preciso de la problemática de los bosques en la provincia", aseguraron Federico Kopta y Carolina Quir, presidente y secretaria del Foro, respectivamente.
Asimismo solicitaron al gobierno cordobés que "los pedidos de información pendientes tengan una pronta y precisa respuesta", dado que se han requerido explicaciones "sobre cada uno de los desmontes detectados por la Asociación Guyra Paraguay desde diciembre de 2011".
Los pedidos fueron realizados en el marco de la Ley 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de la Provincia de Córdoba y hasta el momento, según los ambientalistas, de un total de 19 solicitudes sólo recibieron dos respuestas.
.
La UBA tratará residuos para hacerlos combustibles
Universidad transformará basura en biocombustible
Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Buenos Aires
La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) trabaja en la separación de residuos en origen y la producción de biocombustibles en viejos rellenos sanitarios y compost con miras a reducir las seis toneladas de basura diarias que se colectan en la ciudad.
Esta planta completa en parte el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), impulsado por el municipio, sólo para trabajar sobre los residuos de los grandes generadores del distrito: barrios cerrados, bancos y grandes comercios, como así también los residuos que se generan en la vía pública.
La UBA, indicaron desde la entidad, genera 518.000 kilos de residuos sólidos, de los cuales el 50% son reciclables y podrían volver al circuito industrial.
Por sus aulas y pasillos circulan 360.000 personas, es decir el 10% de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con el objetivo puesto en la mejora del ambiente, hace tres años los investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) comenzaron a trabajar en el programa Manejo Integral de los Residuos por el Ambiente (MIRA) que promueve la racionalidad del consumo y el manejo de residuos domésticos.
Así lograron concretar el proyecto institucional de separación en origen FAUBA Verde y desarrollar nuevas tecnologías para mitigar el impacto ambiental.
Junto al CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) iniciaron trabajos para desarrollar nuevas tecnologías y transferirlas con soluciones que abarcan desde la producción de compost hasta el uso de rellenos sanitarios clausurados para producir biomasa y generar energía.
En tres años lograron que los rellenos sanitarios que se cierran a la siembra de pasto se utilicen en canchas de golf y los de "plantas lignocelulósica para producir energía renovable", explicó la investigadora de la cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la FAUBA Marta Zubillaga.
Además en la planta norte del CEAMSE, los investigadores producen un compost con los residuos sólidos orgánicos provenientes de la poda de árboles del área metropolitana bonaerense.
Otra línea de trabajo entre la FAUBA y el CEAMSE es la utilización de viejos rellenos sanitarios clausurados, para producir biomasa (materia verde) con plantas energéticas.
"Podemos generar biomasa para la elaboración de biocombustibles de segunda generación en tierras que no son aptas para la agricultura y que, por lo tanto, no compiten con la producción de alimentos" explico Zubillaga.
Al respecto indicó que en esos rellenos se siembra la especie Miscanthus Giganteus, que importaron recientemente al país.
Hoy, el invernáculo de la Facultad de Agronomía de la UBA es el único autorizado para reproducir los rizomas de esta especie.
.
Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Buenos Aires
La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) trabaja en la separación de residuos en origen y la producción de biocombustibles en viejos rellenos sanitarios y compost con miras a reducir las seis toneladas de basura diarias que se colectan en la ciudad.Esta planta completa en parte el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), impulsado por el municipio, sólo para trabajar sobre los residuos de los grandes generadores del distrito: barrios cerrados, bancos y grandes comercios, como así también los residuos que se generan en la vía pública.
La UBA, indicaron desde la entidad, genera 518.000 kilos de residuos sólidos, de los cuales el 50% son reciclables y podrían volver al circuito industrial.
Por sus aulas y pasillos circulan 360.000 personas, es decir el 10% de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con el objetivo puesto en la mejora del ambiente, hace tres años los investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) comenzaron a trabajar en el programa Manejo Integral de los Residuos por el Ambiente (MIRA) que promueve la racionalidad del consumo y el manejo de residuos domésticos.
Así lograron concretar el proyecto institucional de separación en origen FAUBA Verde y desarrollar nuevas tecnologías para mitigar el impacto ambiental.
Junto al CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) iniciaron trabajos para desarrollar nuevas tecnologías y transferirlas con soluciones que abarcan desde la producción de compost hasta el uso de rellenos sanitarios clausurados para producir biomasa y generar energía.
En tres años lograron que los rellenos sanitarios que se cierran a la siembra de pasto se utilicen en canchas de golf y los de "plantas lignocelulósica para producir energía renovable", explicó la investigadora de la cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la FAUBA Marta Zubillaga.
Además en la planta norte del CEAMSE, los investigadores producen un compost con los residuos sólidos orgánicos provenientes de la poda de árboles del área metropolitana bonaerense.
Otra línea de trabajo entre la FAUBA y el CEAMSE es la utilización de viejos rellenos sanitarios clausurados, para producir biomasa (materia verde) con plantas energéticas.
"Podemos generar biomasa para la elaboración de biocombustibles de segunda generación en tierras que no son aptas para la agricultura y que, por lo tanto, no compiten con la producción de alimentos" explico Zubillaga.
Al respecto indicó que en esos rellenos se siembra la especie Miscanthus Giganteus, que importaron recientemente al país.
Hoy, el invernáculo de la Facultad de Agronomía de la UBA es el único autorizado para reproducir los rizomas de esta especie.
.
Santa Fe: presentan proyecto para limitar agroquímicos
Proyecto para limitar agroquímicos
Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
La diputada Inés Bertero presentó un proyecto de ley para que con glifosato, vía aérea, no se pueda fumigar a menos de 1.000 metros de las poblaciones y los cursos de agua.
La sojización como principal eje de la economía agroexportadora trae consigo un flujo de capitales que es muy importante pero que también implica una presión constante sobre el medio ambiente. Se trata de una falsa dicotomía entre economía y salud pública, es decir, la alta rentabilidad del monocultivo y las denuncias sobre fumigaciones irregulares con productos tóxicos.
El debate hace varios años está instalado en la provincia, aunque hasta el momento no prosperó ninguno de los proyectos que tienden a limitar el uso de agroquímicos en todo el territorio santafesino. En ese contexto, la diputada socialista Inés Bertero ingresó una iniciativa para modificar la ley de fitosanitarios, que data de 1995.
"El objetivo principal es la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola. La ley vigente establece una protección sustancialmente inferior a la que por este proyecto se impulsa: en el artículo primero, se agrega la poscosecha, como parte integrante de la cadena de cuidados en el tratamiento de productos fitosanitarios", indicó la legisladora.
Además, en el texto se amplía el ámbito de aplicación de la norma a la "elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, en cualquiera de sus modalidades de dichos productos". En cuanto a la autoridad de aplicación, se propone dar participación de distintos ministerios, entendiendo el carácter multidisciplinario del problema.
La gran dificultad que tiene esta discusión es que la Nación considera que el glifosato, principal químico que se utiliza en la producción de soja, es prácticamente inocuo para la salud pública. Distintos estudios científicos dan cuenta de que eso no es así, pero el tema está atravesado por un fuerte componente económico y de intereses políticos en todo el país. Santa Fe no es la excepción.
Más que un problema, colores
No obstante la situación señalada, Bertero propone establecer prohibiciones más claras en base al principio precautorio (es decir que existen sospechas de que la actividad puede generar problemas a la salud pública). En tal sentido, prevé para los productos de Banda Roja -los más tóxicos- la prohibición de aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios de clases toxicológicas I a (producto sumamente peligroso - muy tóxico), I b (producto muy peligroso - tóxico) y II (Banda Amarilla - producto moderadamente peligroso - nocivo ) dentro de un área de 3.000 mil metros del límite de las plantas urbanas.
También, de los 1.000 metros de los límites de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos y recreativos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; y de 1.000 metros de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial.
En cuanto a los productos de Banda Amarilla, se prevé prohibir la aplicación terrestre de clases toxicológicas I a, I b y II (producto moderadamente peligroso-nocivo) dentro de un área de 1.000 metros de las plantas urbanas, de 500 metros del límite de los establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; y 500 metros de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.
En tanto, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice y sólo en aquellos casos que taxativamente prevea la reglamentación, se podrán aplicar productos de Banda Azul/Verde a través de equipos terrestres hasta 200 metros del límite de las plantas urbanas, de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, de zonas de interés turístico, barrios privados y caseríos, áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente, de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.
Idéntica excepción, con los mismos requisitos y utilizando los productos de clase toxicológica III y IV, será procedente para las aplicaciones aéreas que se realicen a 500 metros de los lugares que se detallan en el párrafo anterior. A su vez, el texto de la diputada socialista plantea "fomentar políticas para el establecimiento de áreas de protección o barreras ecológicas para amortiguar el impacto de las diferentes aplicaciones".
El otro aspecto importante es que se establece la aplicación del principio precautorio por el Poder Ejecutivo provincial. Es entonces que se fija exclusiones para el tratamiento del glifosato: 1.000 metros para las aspersiones aéreas y 500 metros para las terrestres. Además, la "prohibición expresa del tratamiento en camiones o vagones, mediante productos fitosanitarios, de cualquier tipo de granos, semillas o subproductos".
.
Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
La diputada Inés Bertero presentó un proyecto de ley para que con glifosato, vía aérea, no se pueda fumigar a menos de 1.000 metros de las poblaciones y los cursos de agua.
La sojización como principal eje de la economía agroexportadora trae consigo un flujo de capitales que es muy importante pero que también implica una presión constante sobre el medio ambiente. Se trata de una falsa dicotomía entre economía y salud pública, es decir, la alta rentabilidad del monocultivo y las denuncias sobre fumigaciones irregulares con productos tóxicos.
El debate hace varios años está instalado en la provincia, aunque hasta el momento no prosperó ninguno de los proyectos que tienden a limitar el uso de agroquímicos en todo el territorio santafesino. En ese contexto, la diputada socialista Inés Bertero ingresó una iniciativa para modificar la ley de fitosanitarios, que data de 1995.
"El objetivo principal es la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola. La ley vigente establece una protección sustancialmente inferior a la que por este proyecto se impulsa: en el artículo primero, se agrega la poscosecha, como parte integrante de la cadena de cuidados en el tratamiento de productos fitosanitarios", indicó la legisladora.
Además, en el texto se amplía el ámbito de aplicación de la norma a la "elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, en cualquiera de sus modalidades de dichos productos". En cuanto a la autoridad de aplicación, se propone dar participación de distintos ministerios, entendiendo el carácter multidisciplinario del problema.
La gran dificultad que tiene esta discusión es que la Nación considera que el glifosato, principal químico que se utiliza en la producción de soja, es prácticamente inocuo para la salud pública. Distintos estudios científicos dan cuenta de que eso no es así, pero el tema está atravesado por un fuerte componente económico y de intereses políticos en todo el país. Santa Fe no es la excepción.
Más que un problema, colores
No obstante la situación señalada, Bertero propone establecer prohibiciones más claras en base al principio precautorio (es decir que existen sospechas de que la actividad puede generar problemas a la salud pública). En tal sentido, prevé para los productos de Banda Roja -los más tóxicos- la prohibición de aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios de clases toxicológicas I a (producto sumamente peligroso - muy tóxico), I b (producto muy peligroso - tóxico) y II (Banda Amarilla - producto moderadamente peligroso - nocivo ) dentro de un área de 3.000 mil metros del límite de las plantas urbanas.
También, de los 1.000 metros de los límites de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos y recreativos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; y de 1.000 metros de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial.
En cuanto a los productos de Banda Amarilla, se prevé prohibir la aplicación terrestre de clases toxicológicas I a, I b y II (producto moderadamente peligroso-nocivo) dentro de un área de 1.000 metros de las plantas urbanas, de 500 metros del límite de los establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; y 500 metros de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.
En tanto, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice y sólo en aquellos casos que taxativamente prevea la reglamentación, se podrán aplicar productos de Banda Azul/Verde a través de equipos terrestres hasta 200 metros del límite de las plantas urbanas, de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, de zonas de interés turístico, barrios privados y caseríos, áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente, de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.
Idéntica excepción, con los mismos requisitos y utilizando los productos de clase toxicológica III y IV, será procedente para las aplicaciones aéreas que se realicen a 500 metros de los lugares que se detallan en el párrafo anterior. A su vez, el texto de la diputada socialista plantea "fomentar políticas para el establecimiento de áreas de protección o barreras ecológicas para amortiguar el impacto de las diferentes aplicaciones".
El otro aspecto importante es que se establece la aplicación del principio precautorio por el Poder Ejecutivo provincial. Es entonces que se fija exclusiones para el tratamiento del glifosato: 1.000 metros para las aspersiones aéreas y 500 metros para las terrestres. Además, la "prohibición expresa del tratamiento en camiones o vagones, mediante productos fitosanitarios, de cualquier tipo de granos, semillas o subproductos".
.
Desmontes: investigadores desmienten a ministro cordobés
Ambientalistas afirman que continúan desmontes de bosques
Fecha de Publicación: 16/06/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Según un informe presentado por varios investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la reducción de superficies de bosques cerrados en la provincia es "dramática". La presentación fue hecha en el Foro Ambiental.
Una asociación ambientalista cordobesa presentó al gobierno de José Manuel de la Sota un informe que sostiene que la deforestación de bosques nativos no se detiene en la provincia y es "dramática".
La presentación, con publicaciones de numerosos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, fue efectuada por el Foro Ambiental Córdoba ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía que encabeza Manuel Calvo, con el fin de aportar "estudios científicos sobre la situación de los bosques y desmontes".
De acuerdo con la asociación, los trabajos muestran "la pérdida de 68.176 hectáreas de tierras forestales entre 2006 y 2011 en la Región Chaqueña de Córdoba", en el noroeste de la provincia.
Asimismo aportaron datos sobre la "dramática reducción" de la superficie de bosques cerrados en el norte, noroeste y oeste cordobés, que pasó de un 25% en 1999 a un 5% en 2010, y el desmonte de 8.162 hectareas desde diciembre de 2011.
"Esperamos que esta información, generada desde distintos ámbitos académicos", sirva a las autoridades "para tener un conocimiento más preciso de la problemática de los bosques en la provincia", aseguraron Federico Kopta y Carolina Quir, presidente y secretaria del Foro, respectivamente.
Asimismo solicitaron al gobierno cordobés que "los pedidos de información pendientes tengan una pronta y precisa respuesta", dado que se han requerido explicaciones "sobre cada uno de los desmontes detectados por la Asociación Guyra Paraguay desde diciembre de 2011".
Los pedidos fueron realizados en el marco de la Ley 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de la Provincia de Córdoba y hasta el momento, según los ambientalistas, de un total de 19 solicitudes sólo recibieron dos respuestas.
.
Fecha de Publicación: 16/06/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Según un informe presentado por varios investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la reducción de superficies de bosques cerrados en la provincia es "dramática". La presentación fue hecha en el Foro Ambiental.Una asociación ambientalista cordobesa presentó al gobierno de José Manuel de la Sota un informe que sostiene que la deforestación de bosques nativos no se detiene en la provincia y es "dramática".
La presentación, con publicaciones de numerosos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, fue efectuada por el Foro Ambiental Córdoba ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía que encabeza Manuel Calvo, con el fin de aportar "estudios científicos sobre la situación de los bosques y desmontes".
De acuerdo con la asociación, los trabajos muestran "la pérdida de 68.176 hectáreas de tierras forestales entre 2006 y 2011 en la Región Chaqueña de Córdoba", en el noroeste de la provincia.
Asimismo aportaron datos sobre la "dramática reducción" de la superficie de bosques cerrados en el norte, noroeste y oeste cordobés, que pasó de un 25% en 1999 a un 5% en 2010, y el desmonte de 8.162 hectareas desde diciembre de 2011.
"Esperamos que esta información, generada desde distintos ámbitos académicos", sirva a las autoridades "para tener un conocimiento más preciso de la problemática de los bosques en la provincia", aseguraron Federico Kopta y Carolina Quir, presidente y secretaria del Foro, respectivamente.
Asimismo solicitaron al gobierno cordobés que "los pedidos de información pendientes tengan una pronta y precisa respuesta", dado que se han requerido explicaciones "sobre cada uno de los desmontes detectados por la Asociación Guyra Paraguay desde diciembre de 2011".
Los pedidos fueron realizados en el marco de la Ley 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de la Provincia de Córdoba y hasta el momento, según los ambientalistas, de un total de 19 solicitudes sólo recibieron dos respuestas.
.
Nueva audiencia por el Riachuelo
Plan de saneamiento
Fecha de Publicación: 16/06/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Riachuelo
A cinco años de que la Corte Suprema de Justicia ordenara un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, esta semana se realizará una nueva audiencia para recibir y analizar los informes de los diferentes organismos y jurisdicciones que deben responder por los trabajos ante la Justicia. Recordemos que en 2008, al agotarse todas las gestiones administrativas y políticas anunciadas durante décadas, el Alto tribunal debió intervenir directamente frente a enorme peligro que representa el mayor foco contaminente del país para casi diez millones de personas que viven en la zona.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el ente integrado por organismos de los gobiernos nacional, bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo en un comunicado emitido desde la presidencia de la Nación que 314 empresas finalizaron el Plan de Reconversión Industrial con la reconversión de sus sistemas cloacales, por lo que sus efluentes han dejado de contaminar las aguas. Sin embargo, el sistema de control de la cuenca ha declarado a 1258 establecimientos como agentes contaminantes, de los cuales unas 890 industrias tienen planes aprobados para obras de protección ambiental.
Si bien ya hay cifras de la evolución del plan, son mínimas ante la magnitud de la polución en la zona, con el agravante de los menores recursos presupuestarios que disponen los entes involucrados. La serie de postergaciones para limpiar esta cuenca emblemática, también tuvo otras anomalías, como la separación del juez federal de Quilmes Luis Armella, a quien la Corte le asignó la responsabilidad, tras detectar irregularidades y denuncias de corrupción en su contra.
.
Fecha de Publicación: 16/06/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Riachuelo
A cinco años de que la Corte Suprema de Justicia ordenara un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, esta semana se realizará una nueva audiencia para recibir y analizar los informes de los diferentes organismos y jurisdicciones que deben responder por los trabajos ante la Justicia. Recordemos que en 2008, al agotarse todas las gestiones administrativas y políticas anunciadas durante décadas, el Alto tribunal debió intervenir directamente frente a enorme peligro que representa el mayor foco contaminente del país para casi diez millones de personas que viven en la zona.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el ente integrado por organismos de los gobiernos nacional, bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo en un comunicado emitido desde la presidencia de la Nación que 314 empresas finalizaron el Plan de Reconversión Industrial con la reconversión de sus sistemas cloacales, por lo que sus efluentes han dejado de contaminar las aguas. Sin embargo, el sistema de control de la cuenca ha declarado a 1258 establecimientos como agentes contaminantes, de los cuales unas 890 industrias tienen planes aprobados para obras de protección ambiental.
Si bien ya hay cifras de la evolución del plan, son mínimas ante la magnitud de la polución en la zona, con el agravante de los menores recursos presupuestarios que disponen los entes involucrados. La serie de postergaciones para limpiar esta cuenca emblemática, también tuvo otras anomalías, como la separación del juez federal de Quilmes Luis Armella, a quien la Corte le asignó la responsabilidad, tras detectar irregularidades y denuncias de corrupción en su contra.
.
Riachuelo: más de 300 empresas finalizaron el PRI
Más de trescientas empresas ya no contaminan la cuenca del Riachuelo
Fecha de Publicación: 15/06/2013
Fuente: Portal InfoNews
Provincia/Región: Riachuelo
Lo informó la ACUMAR en un trabajo en que que se destaca que 314 compañías ya finalizaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI). Otras 890 tienen sus propuestas aprobadas y deben comenzar a trabajar.
Un total de 314 empresas finalizó el Plan de Reconversión Industrial (PRI) y dejó de contaminar la Cuenca Matanza Riachuelo, según anunció ayer la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El organismo aclaró en un comunicado que, según datos de la Sistema de Control Industrial (SICOI), existen 26.800 establecimientos industriales y de servicios sobre esa zona que abarca todo el límite sur y oeste de la ciudad de Buenos Aires y los partidos lindantes como Avellaneda, Almirante Brown, Cañuelas, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Marcos Paz, Merlo, Morón y San Vicente.
Este año finalizaron los PRI 260 empresas y se llegó a un total de 314 establecimientos reconvertidos. Además, 890 las industrias tienen sus PRI aprobados y trabajan para producir limpiamente y existen en el sistema de control 1258 establecimientos declarados agentes contaminantes en toda la cuenca. En la web de la ACUMAR cualquier ciudadano interesado puede consultar los listados de cada uno de esas industrias.
ACUMAR es la encargada de fiscalizar e inspeccionar cada industria para procurar que se cumpla la normativa ambiental y dispone de herramientas administrativas y el poder de policía para declarar agente contaminante a las empresas que superan los límites de vuelcos y descargas permitidas. También, tiene la capacidad de brindar asistencia técnica y financiera para que las empresas adecuen sus procesos productivos. El proceso de fiscalización de las industrias consiste en inspeccionar las empresas para evaluar los niveles de vuelcos industriales y permisos correspondientes.
De existir alguna irregularidad, ACUMAR declara al establecimiento Agente Contaminante y lo intima a reconvertir sus procesos industriales, lo que implica en algunos casos contar con plantas de tratamiento de los efluentes industriales, y en otros, modificar el esquema de producción o los materiales que se utilizan, para que el proceso deje de contaminar. Una vez intimada, la industria indica al organismo cómo llevará a cabo la reconversión hacia una producción limpia a través de una propuesta técnica denominada Programa de Reconversión Industrial (PRI). Una vez que ACUMAR aprueba esa propuesta, la industria comienza el proceso, con controles de avance periódicos, ya que debe cumplir un plan de trabajo con tiempos determinados.
Cuando la empresa finaliza el PRI, se realiza una nueva inspección en la que se controla que efectivamente haya dejado de contaminar y se la declara "reconvertida". La ACUMAR, por su parte, tiene un programa de financiamiento a través de aportes no reembolsables para que las empresas que no tengan posibilidades monetarias puedan reconvertirse. Además, este mismo plan contempla la asistencia técnica, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial para desarrollar a nivel técnico los programas de reconversión, sin costo para las empresas.
.
Fecha de Publicación: 15/06/2013
Fuente: Portal InfoNews
Provincia/Región: Riachuelo
Lo informó la ACUMAR en un trabajo en que que se destaca que 314 compañías ya finalizaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI). Otras 890 tienen sus propuestas aprobadas y deben comenzar a trabajar.Un total de 314 empresas finalizó el Plan de Reconversión Industrial (PRI) y dejó de contaminar la Cuenca Matanza Riachuelo, según anunció ayer la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El organismo aclaró en un comunicado que, según datos de la Sistema de Control Industrial (SICOI), existen 26.800 establecimientos industriales y de servicios sobre esa zona que abarca todo el límite sur y oeste de la ciudad de Buenos Aires y los partidos lindantes como Avellaneda, Almirante Brown, Cañuelas, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Marcos Paz, Merlo, Morón y San Vicente.
Este año finalizaron los PRI 260 empresas y se llegó a un total de 314 establecimientos reconvertidos. Además, 890 las industrias tienen sus PRI aprobados y trabajan para producir limpiamente y existen en el sistema de control 1258 establecimientos declarados agentes contaminantes en toda la cuenca. En la web de la ACUMAR
ACUMAR es la encargada de fiscalizar e inspeccionar cada industria para procurar que se cumpla la normativa ambiental y dispone de herramientas administrativas y el poder de policía para declarar agente contaminante a las empresas que superan los límites de vuelcos y descargas permitidas. También, tiene la capacidad de brindar asistencia técnica y financiera para que las empresas adecuen sus procesos productivos. El proceso de fiscalización de las industrias consiste en inspeccionar las empresas para evaluar los niveles de vuelcos industriales y permisos correspondientes.
De existir alguna irregularidad, ACUMAR declara al establecimiento Agente Contaminante y lo intima a reconvertir sus procesos industriales, lo que implica en algunos casos contar con plantas de tratamiento de los efluentes industriales, y en otros, modificar el esquema de producción o los materiales que se utilizan, para que el proceso deje de contaminar. Una vez intimada, la industria indica al organismo cómo llevará a cabo la reconversión hacia una producción limpia a través de una propuesta técnica denominada Programa de Reconversión Industrial (PRI). Una vez que ACUMAR aprueba esa propuesta, la industria comienza el proceso, con controles de avance periódicos, ya que debe cumplir un plan de trabajo con tiempos determinados.
Cuando la empresa finaliza el PRI, se realiza una nueva inspección en la que se controla que efectivamente haya dejado de contaminar y se la declara "reconvertida". La ACUMAR, por su parte, tiene un programa de financiamiento a través de aportes no reembolsables para que las empresas que no tengan posibilidades monetarias puedan reconvertirse. Además, este mismo plan contempla la asistencia técnica, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial para desarrollar a nivel técnico los programas de reconversión, sin costo para las empresas.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios