Abra Pampa libre de minería contaminante
22:54 | 
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Otro pueblo libre de minería contaminante
Fecha de Publicación: 16/01/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Jujuy
La medida, aprobada por el Concejo Deliberante, había sido vetada por el intendente. Pero después de una movilización de organizaciones aborígenes y ambientales la aprobó.
La minería a cielo abierto, con grandes consumos de agua y uso de sustancias tóxicas, tuvo un freno en el norte del país: el municipio jujeño de Abra Pampa prohibió la actividad extractiva. Impulsado por el Consejo Departamental de Comunidades Kolla, que nuclea a 40 comunidades indígenas, el Concejo Deliberante había aprobado una ordenanza en noviembre pasado, pero el intendente Ariel Machaca vetó la norma. El jueves último, luego de la movilización de pueblos originarios y organizaciones ambientales, el intendente dio marcha atrás y puso en vigencia la ordenanza. Abra Pampa en un caso testigo de la minería: un estudio de la Universidad Nacional de Jujuy reveló en 2007 que el 81 por ciento de los niños tiene plomo en la sangre como consecuencia de la actividad metalífera.
“Prohíbase la radicación, instalación o funcionamiento de exploraciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización”, establece el primer artículo de la ordenanza número 51-CD-010. El artículo dos prohíbe el ingreso, tráfico, uso, almacenamiento, comercialización, producción y transporte de sustancias tóxicas usadas en minería.
El proyecto de ordenanza había sido consensuado por las comunidades indígenas en julio de 2010. En agosto fue presentado en el Concejo Deliberante y el 30 de noviembre aprobado por unanimidad. Entre los numerosos argumentos legales citados sobresalen la Ley General del Ambiente (25.675), en particular el principio precautorio: “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de información y certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente”.
También cita el artículo 41 de la Constitución nacional (hace referencia al derecho de un ambiente sano de los habitantes y las generaciones futuras, por sobre las actividades productivas) y el artículo 22 de la Constitución de Jujuy: “Todos los habitantes de la provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de defenderlo”. En las cinco carillas se dejó constancia de los enormes consumos de agua (en una zona donde es un bien muy escaso) y se explicó que es una actividad que atenta contra la forma de vida indígena y campesina.
El 20 de diciembre, el intendente Machaca vetó la ordenanza. El principal argumento fue que el cuidado del ambiente corresponde a la provincia. Las comunidades indígenas llamaron a una nueva votación el jueves último, con el apoyo de los concejales. A minutos de comenzar la sesión fueron informados de que había sido suspendida. Allí decidieron marchar dos cuadras hasta la Intendencia.
Luego de seis horas de debates en el patio de la Municipalidad, el intendente dio marcha atrás con el decreto y promulgó la ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto. “Hay prueba de sobra de que la minería no trae ni trabajo ni mejoras económicas, y sí trae contaminación. Abra Pampa es una prueba irrefutable de todo eso”, explicó el presidente del Consejo de Comunidades Kolla, José Sajama.
Medios de comunicación de la provincia informaron que Machaca había denunciado a los manifestantes en la comisaría local, donde habría indicado que actuó bajo presión. El secretario de Gobierno de Abra Pampa y mano derecha de Machaca, Francisco Mamani, no confirmó ni desmintió el hecho. Explicó que “el único que hablará del tema es el intendente” y se comprometió a gestionar un contacto telefónico, que nunca se concretó.
Cuando Página/12 llamó a la intendencia, sus colaboradores explicaron que Machaca había viajado de urgencia a la capital provincial para reunirse con el gobernador Javier Barrionuevo, quien es un férreo impulsor de la minería a cielo abierto. Jujuy cuenta con dos grandes yacimientos en plena explotación, El Aguilar y Pirquitas, ambos denunciados por contaminación. En la zona de la Puna y la Quebrada se multiplicaron los proyectos de empresas extranjeras que pretenden extraer uranio y litio.
Abra Pampa es una localidad de trece mil habitantes en el norte provincial, a 3500 metros sobre el nivel del mar. Allí funcionó durante tres décadas la fundidora de plomo Metal Huasi, que cerró en la década del ’80. Al retirarse dejó en pleno casco urbano quince mil toneladas de residuos, un “cerro de plomo”, como lo llaman en el lugar. Las organizaciones sociales y comunidades indígenas de la zona siempre denunciaron la contaminación, pero nunca tuvieron respuesta.
En 2007, el Grupo de Investigación de Química Aplicada (INQA) de la Universidad de Jujuy demostró que el 81 por ciento de la población infantil analizada contenía valores de plomo en cantidades perjudiciales para la salud. A fines del mismo año, el Ministerio de Salud de Jujuy admitió que al menos el diez por ciento de la población adulta tenía “niveles críticos” de plomo en sangre. Entre otros males, el plomo produce retraso en la pubertad, alteraciones de la visión, problemas de aprendizaje y daños a la función motora.
La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas investigó la situación de la localidad jujeña en 2009. “La negligencia gubernamental resultó en violaciones a los derechos humanos”, es una de las afirmaciones del informe “Abra Pampa. Pueblo contaminado, pueblo olvidado”, donde la universidad estadounidense alerta sobre fallas en los organismos de control y denuncia que los intentos de remediación continúan siendo ineficientes.
Con la entrada en vigencia de la ordenanza, Abra Pampa se sumó a las localidades jujeñas de Tilcara, Cangrejillos y Huacalera, que ya tienen normas que prohíben la actividad. En Argentina existen siete provincias que limitan diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba, aunque el lobby minero intenta modificar o derogar las leyes en Mendoza, Córdoba y Chubut. En el Congreso nacional esperan tres proyectos de ley para prohibir la minería a cielo abierto en toda la Argentina.
Fecha de Publicación: 16/01/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Jujuy
La medida, aprobada por el Concejo Deliberante, había sido vetada por el intendente. Pero después de una movilización de organizaciones aborígenes y ambientales la aprobó.
La minería a cielo abierto, con grandes consumos de agua y uso de sustancias tóxicas, tuvo un freno en el norte del país: el municipio jujeño de Abra Pampa prohibió la actividad extractiva. Impulsado por el Consejo Departamental de Comunidades Kolla, que nuclea a 40 comunidades indígenas, el Concejo Deliberante había aprobado una ordenanza en noviembre pasado, pero el intendente Ariel Machaca vetó la norma. El jueves último, luego de la movilización de pueblos originarios y organizaciones ambientales, el intendente dio marcha atrás y puso en vigencia la ordenanza. Abra Pampa en un caso testigo de la minería: un estudio de la Universidad Nacional de Jujuy reveló en 2007 que el 81 por ciento de los niños tiene plomo en la sangre como consecuencia de la actividad metalífera.
“Prohíbase la radicación, instalación o funcionamiento de exploraciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización”, establece el primer artículo de la ordenanza número 51-CD-010. El artículo dos prohíbe el ingreso, tráfico, uso, almacenamiento, comercialización, producción y transporte de sustancias tóxicas usadas en minería.
El proyecto de ordenanza había sido consensuado por las comunidades indígenas en julio de 2010. En agosto fue presentado en el Concejo Deliberante y el 30 de noviembre aprobado por unanimidad. Entre los numerosos argumentos legales citados sobresalen la Ley General del Ambiente (25.675), en particular el principio precautorio: “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de información y certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente”.
También cita el artículo 41 de la Constitución nacional (hace referencia al derecho de un ambiente sano de los habitantes y las generaciones futuras, por sobre las actividades productivas) y el artículo 22 de la Constitución de Jujuy: “Todos los habitantes de la provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de defenderlo”. En las cinco carillas se dejó constancia de los enormes consumos de agua (en una zona donde es un bien muy escaso) y se explicó que es una actividad que atenta contra la forma de vida indígena y campesina.
El 20 de diciembre, el intendente Machaca vetó la ordenanza. El principal argumento fue que el cuidado del ambiente corresponde a la provincia. Las comunidades indígenas llamaron a una nueva votación el jueves último, con el apoyo de los concejales. A minutos de comenzar la sesión fueron informados de que había sido suspendida. Allí decidieron marchar dos cuadras hasta la Intendencia.
Luego de seis horas de debates en el patio de la Municipalidad, el intendente dio marcha atrás con el decreto y promulgó la ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto. “Hay prueba de sobra de que la minería no trae ni trabajo ni mejoras económicas, y sí trae contaminación. Abra Pampa es una prueba irrefutable de todo eso”, explicó el presidente del Consejo de Comunidades Kolla, José Sajama.
Medios de comunicación de la provincia informaron que Machaca había denunciado a los manifestantes en la comisaría local, donde habría indicado que actuó bajo presión. El secretario de Gobierno de Abra Pampa y mano derecha de Machaca, Francisco Mamani, no confirmó ni desmintió el hecho. Explicó que “el único que hablará del tema es el intendente” y se comprometió a gestionar un contacto telefónico, que nunca se concretó.
Cuando Página/12 llamó a la intendencia, sus colaboradores explicaron que Machaca había viajado de urgencia a la capital provincial para reunirse con el gobernador Javier Barrionuevo, quien es un férreo impulsor de la minería a cielo abierto. Jujuy cuenta con dos grandes yacimientos en plena explotación, El Aguilar y Pirquitas, ambos denunciados por contaminación. En la zona de la Puna y la Quebrada se multiplicaron los proyectos de empresas extranjeras que pretenden extraer uranio y litio.
Abra Pampa es una localidad de trece mil habitantes en el norte provincial, a 3500 metros sobre el nivel del mar. Allí funcionó durante tres décadas la fundidora de plomo Metal Huasi, que cerró en la década del ’80. Al retirarse dejó en pleno casco urbano quince mil toneladas de residuos, un “cerro de plomo”, como lo llaman en el lugar. Las organizaciones sociales y comunidades indígenas de la zona siempre denunciaron la contaminación, pero nunca tuvieron respuesta.
En 2007, el Grupo de Investigación de Química Aplicada (INQA) de la Universidad de Jujuy demostró que el 81 por ciento de la población infantil analizada contenía valores de plomo en cantidades perjudiciales para la salud. A fines del mismo año, el Ministerio de Salud de Jujuy admitió que al menos el diez por ciento de la población adulta tenía “niveles críticos” de plomo en sangre. Entre otros males, el plomo produce retraso en la pubertad, alteraciones de la visión, problemas de aprendizaje y daños a la función motora.
La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas investigó la situación de la localidad jujeña en 2009. “La negligencia gubernamental resultó en violaciones a los derechos humanos”, es una de las afirmaciones del informe “Abra Pampa. Pueblo contaminado, pueblo olvidado”, donde la universidad estadounidense alerta sobre fallas en los organismos de control y denuncia que los intentos de remediación continúan siendo ineficientes.
Con la entrada en vigencia de la ordenanza, Abra Pampa se sumó a las localidades jujeñas de Tilcara, Cangrejillos y Huacalera, que ya tienen normas que prohíben la actividad. En Argentina existen siete provincias que limitan diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba, aunque el lobby minero intenta modificar o derogar las leyes en Mendoza, Córdoba y Chubut. En el Congreso nacional esperan tres proyectos de ley para prohibir la minería a cielo abierto en toda la Argentina.
Argentina crece en la producción de biodiesel
La Argentina crece en la producción de biodiesel
Fecha de Publicación: 15/01/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Durante 2010 se elaboraron cerca de 2 millones de toneladas, y alcanzó la cuarta ubicación, superando a EEUU. Prevén que este año siga escalando.
Argentina sigue escalando posiciones en el ranking de los principales países productores de biodiesel en el mundo, al superar en 2010 a Estados Unidos y colocarse en el cuarto puesto a nivel internacional con alrededor de casi 2 millones de toneladas por año, según las proyecciones de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER).
Argentina cerró el año con una producción de 1.900.000 toneladas, un 51% más que en 2009, mientras que el valor total del producto comercializado ascendió a 1.900 millones de dólares.
La capacidad instalada de las plantas del sector permiten una producción estimada de 2.487.000 de toneladas. Las proyecciones dan cuenta que para fines de 2011 la demanda de biodiesel argentino superará las 3 millones de toneladas, situación que podría impulsar nuevas inversiones para incrementar la oferta.
El informe sobre el "Estado de la industria de biodiesel 2010\' fue presentado por el presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), Carlos St. James. Según el trabajo, la industria nacional del biodiesel creció 2250% entre 2006 y 2010.
En 2009 Argentino se consolidó en el quinto puesto en el ranking mundial de productores y escaló este año al cuarto lugar, al superar a Estados Unidos.
Para este año, Cargill, uno de los productores de etanol de maíz y de biodiesel más importantes en los Estados Unidos, construirá una planta de biodiesel en la Provincia de Santa Fe. La planta de 240.000 toneladas de producción anual, estará lista en el último trimestre del año.
Por su parte, Unitec Bio, propiedad de la Corporación América, también anunció planes de construir una segunda planta de biodiesel -también en Santa Fe- con una producción de 220.000 toneladas anuales. De esta manera duplicará su capacidad instalada y convertirá al grupo en el tercer productor del país.
Estas dos plantas llevarán la capacidad total de la producción nacional de biodiesel a 3.084.000 toneladas por año a fines del 2011, alcanzando un crecimiento de casi el 14% en comparación con 2010.
El corte obligatorio de Biodiesel impuesto por el Gobierno nacional que se amplió a un 7% (B7) y cuyo objetivo es ampliarlo al 10% (B10) a partir del 2011, constituye un fuerte aliciente para las empresas del sector.
"Si bien otros países, como Brasil, también han adelantado la ampliación de sus cortes obligatorios, ninguno lo ha hecho tan rápidamente como la Argentina, que evidentemente está marcando el rumbo en la región", dijo St. James durante la conferencia de prensa.
La industria nacional del biodiesel cuenta ahora con tres mercados: el de Corte Obligatorio (B7) con un 43%, el de exportación con el 51% y el GENREN (electricidad) con el 6%. El GENREN busca promover la industria de los biocombustbles y diversificar la matriz energética.
El éxito del mercado Argentino en este rubro, se debe a que los países europeos en general tienen exceso de capacidad instalada y una falta de materia prima. EEUU, por su parte, presenta una industria excesivamente atomizada caracterizada por plantas demasiado pequeñas, las cuales sin subsidios importantes no son rentables; y en Australia falta un marco regulatorio adecuado; Malasia tiene una industria a base de materia prima -la palma- que el mundo mira con recelo por tratarse de alimento y Brasil cuenta con una industria poco eficiente que impacta en sus precios.
Además Argentina tiene las plantas más grandes del mundo con un promedio de 108.000 toneladas, respecto de un promedio de 89.000 toneladas en Europa y 70.000 toneladas en Brasil.
Fecha de Publicación: 15/01/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Durante 2010 se elaboraron cerca de 2 millones de toneladas, y alcanzó la cuarta ubicación, superando a EEUU. Prevén que este año siga escalando.
Argentina sigue escalando posiciones en el ranking de los principales países productores de biodiesel en el mundo, al superar en 2010 a Estados Unidos y colocarse en el cuarto puesto a nivel internacional con alrededor de casi 2 millones de toneladas por año, según las proyecciones de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER).
Argentina cerró el año con una producción de 1.900.000 toneladas, un 51% más que en 2009, mientras que el valor total del producto comercializado ascendió a 1.900 millones de dólares.
La capacidad instalada de las plantas del sector permiten una producción estimada de 2.487.000 de toneladas. Las proyecciones dan cuenta que para fines de 2011 la demanda de biodiesel argentino superará las 3 millones de toneladas, situación que podría impulsar nuevas inversiones para incrementar la oferta.
El informe sobre el "Estado de la industria de biodiesel 2010\' fue presentado por el presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), Carlos St. James. Según el trabajo, la industria nacional del biodiesel creció 2250% entre 2006 y 2010.
En 2009 Argentino se consolidó en el quinto puesto en el ranking mundial de productores y escaló este año al cuarto lugar, al superar a Estados Unidos.
Para este año, Cargill, uno de los productores de etanol de maíz y de biodiesel más importantes en los Estados Unidos, construirá una planta de biodiesel en la Provincia de Santa Fe. La planta de 240.000 toneladas de producción anual, estará lista en el último trimestre del año.
Por su parte, Unitec Bio, propiedad de la Corporación América, también anunció planes de construir una segunda planta de biodiesel -también en Santa Fe- con una producción de 220.000 toneladas anuales. De esta manera duplicará su capacidad instalada y convertirá al grupo en el tercer productor del país.
Estas dos plantas llevarán la capacidad total de la producción nacional de biodiesel a 3.084.000 toneladas por año a fines del 2011, alcanzando un crecimiento de casi el 14% en comparación con 2010.
El corte obligatorio de Biodiesel impuesto por el Gobierno nacional que se amplió a un 7% (B7) y cuyo objetivo es ampliarlo al 10% (B10) a partir del 2011, constituye un fuerte aliciente para las empresas del sector.
"Si bien otros países, como Brasil, también han adelantado la ampliación de sus cortes obligatorios, ninguno lo ha hecho tan rápidamente como la Argentina, que evidentemente está marcando el rumbo en la región", dijo St. James durante la conferencia de prensa.
La industria nacional del biodiesel cuenta ahora con tres mercados: el de Corte Obligatorio (B7) con un 43%, el de exportación con el 51% y el GENREN (electricidad) con el 6%. El GENREN busca promover la industria de los biocombustbles y diversificar la matriz energética.
El éxito del mercado Argentino en este rubro, se debe a que los países europeos en general tienen exceso de capacidad instalada y una falta de materia prima. EEUU, por su parte, presenta una industria excesivamente atomizada caracterizada por plantas demasiado pequeñas, las cuales sin subsidios importantes no son rentables; y en Australia falta un marco regulatorio adecuado; Malasia tiene una industria a base de materia prima -la palma- que el mundo mira con recelo por tratarse de alimento y Brasil cuenta con una industria poco eficiente que impacta en sus precios.
Además Argentina tiene las plantas más grandes del mundo con un promedio de 108.000 toneladas, respecto de un promedio de 89.000 toneladas en Europa y 70.000 toneladas en Brasil.
Ex Botnia: a cambiar su sistema de efluentes
La ex Botnia deberá cambiar su sistema de efluentes
Fecha de Publicación: 14/01/2011
Fuente: Info Alternativa
El titular de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el uruguayo Gastón Silbermann, restó importancia al sistema que está utilizando la pastera UPM para desechar sus efluentes, denunciado por la delegación argentina del órgano bilateral, y, aunque admitió que la empresa lo corregirá, advirtió que el cambio "llevará un tiempo".
"No es una situación tan grave como se plantea. Ya tenemos previsto que se cambie de lugar el enfriamiento de los efluentes. Hay que dejar claro que en ese procedimiento no hay contaminación ninguna", sostuvo el funcionario, en declaraciones radiales.
En noviembre pasado, según se publicó en el sitio de la Cancillería en los últimos días, la delegación argentina de la CARU expresó su "profunda preocupación" porque la cuestionada pastera de Fray Bentos está utilizando el método de dilución para desechar sus efluentes industriales, algo prohibido por la propia DINAMA, organismo de control ambiental del Uruguay.
Las autoridades uruguayas ya solicitaron a la empresa que deje de utilizar ese sistema, que consiste en mezclar los desechos industriales con agua antes de volcarlos al río Uruguay y que adapte su sistema para que esos líquidos, al ser eliminados, tengan una temperatura inferior a los 30 grados.
Silbermann explicó, en declaraciones radiales, que la modificación que debe hacer la planta tiene que ver con el "enfriamiento de efluentes" y que ya fue acordado el cambio de procedimiento.
"Ya tenemos previsto que se cambie de lugar el enfriamiento de los efluentes", afirmó, a la vez que destacó que "en ese procedimiento no hay contaminación ninguna".
En ese sentido, precisó que los efluentes de UPM son mezclados con agua de río para su enfriamiento, después de haberse realizado el tratamiento correspondiente, publicó Página/12.
Fecha de Publicación: 14/01/2011
Fuente: Info Alternativa
El titular de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el uruguayo Gastón Silbermann, restó importancia al sistema que está utilizando la pastera UPM para desechar sus efluentes, denunciado por la delegación argentina del órgano bilateral, y, aunque admitió que la empresa lo corregirá, advirtió que el cambio "llevará un tiempo".
"No es una situación tan grave como se plantea. Ya tenemos previsto que se cambie de lugar el enfriamiento de los efluentes. Hay que dejar claro que en ese procedimiento no hay contaminación ninguna", sostuvo el funcionario, en declaraciones radiales.
En noviembre pasado, según se publicó en el sitio de la Cancillería en los últimos días, la delegación argentina de la CARU expresó su "profunda preocupación" porque la cuestionada pastera de Fray Bentos está utilizando el método de dilución para desechar sus efluentes industriales, algo prohibido por la propia DINAMA, organismo de control ambiental del Uruguay.
Las autoridades uruguayas ya solicitaron a la empresa que deje de utilizar ese sistema, que consiste en mezclar los desechos industriales con agua antes de volcarlos al río Uruguay y que adapte su sistema para que esos líquidos, al ser eliminados, tengan una temperatura inferior a los 30 grados.
Silbermann explicó, en declaraciones radiales, que la modificación que debe hacer la planta tiene que ver con el "enfriamiento de efluentes" y que ya fue acordado el cambio de procedimiento.
"Ya tenemos previsto que se cambie de lugar el enfriamiento de los efluentes", afirmó, a la vez que destacó que "en ese procedimiento no hay contaminación ninguna".
En ese sentido, precisó que los efluentes de UPM son mezclados con agua de río para su enfriamiento, después de haberse realizado el tratamiento correspondiente, publicó Página/12.
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UPM ex Botnia
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Contienen el incendio en El Huecú
Contienen el incendio en El Huecú
Fecha de Publicación: 14/01/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Por la mañana, las fuertes ráfagas propagaron las llamas, lo que generó preocupación. Por la tarde, cambió el viento y permitió a los brigadistas atacar el siniestro. Esperan que esté controlado para el mediodía.
La preocupación del mediodía se convirtió en alivio en la tarde-noche de ayer en la zona donde se desataron los focos de incendio, cerca de la localidad de El Huecú. “Por suerte estamos un poco más tranquilos. Las llamas están contenidas”, aseguró anoche John Cuiñas, director general del Plan Provincial del Manejo del Fuego de la Provincia.
En el mediodía de ayer, el viento había girado de dirección y la fuerza de sus ráfagas hicieron crecer el foco de incendio, lo que generó preocupación en toda la zona. De hecho, el bosque de pinos de la estancia Las Vertientes se quemó en un 60 por ciento y amanezaba la casa ubicada en el centro del lugar. También puso en peligro la estancia El Bosque. “Es un parque típico de estancia que tendrá unas tres hectáreas. Pero el peligro era que tomara las viviendas y sumará un envión hasta la Pampa del Ñorquín, que está lleno de coirones secos”, aseguró Susana de Larminat, vicepresidente de la Sociedad Rural del Noroeste neuquino.
Sin embargo, por la tarde el viento cambió de dirección y perdió intensidad, lo que permitió a los brigadistas atacar las llamas y contener el incendio. “El siniestro esta frenado y no avanza. Quedan algunos puntos muy calientes, especialmente en los cañadones y las partes altas de la montaña. Por suerte, en las dos estancias la situación no genera peligro y está controlado todo el perímetro”, agregó Cuiñas.
Durante todo el día, 56 brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego combatieron las llamas que por momentos se tornaron incontrolables. Además, personal de Policía de El Huecú y el hospital de la localidad colaboraron en la tarea. También personal de Vialidad Provincial. En total, más de 100 personas lucharon contra el fuego durante todo el día.
El combate se hizo con pico, pala y dos motobombas ya que el helicóptero no pudo trabajar en la zona como lo hizo el miércoles debido a la intensidad del viento.
Según explicó Cuiñas, anoche se intentaba atacar las llamas para intentar controlarlo. Durante toda la noche, los brigadistas se preparaban para atacar cada flanco y no abandonarlo para no perder la contención sobre los puntos más peligrosos, especialmente aquellos situados en las partes altas de la montaña.
“Faltan muchas horas pero creo que si todo sigue normal, mañana después del mediodía vamos a poder controlarlo completamente”, explicó Cuiñas.
Mejoría por la tarde
“Afortunadamente bajó mucho la temperatura por la tarde, con diferencia a los 30 grados de ayer. Sin embargo, hay que estar porque quedó mucha ceniza y mucha rescada debajo de las piedras”, explicó ayer Susana de Larminat, vicepresidente de la Sociedad Rural del Noroeste neuquino.
Durante la jornada de ayer, personal de Policía advirtió a los automovilistas que circulaban hacia El Huecú de la situación. El tránsito no estuvo cortado, aunque se explicaba cuál era la situación que se desató a unos tres kilómetros de la localidad de El Huecú.
En tanto, ayer se trabajó para extinguir finalmente el incendio que se había desatado el miércoles en la zona de Riscos Bayos, cercana a Loncopué.
Fecha de Publicación: 14/01/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Por la mañana, las fuertes ráfagas propagaron las llamas, lo que generó preocupación. Por la tarde, cambió el viento y permitió a los brigadistas atacar el siniestro. Esperan que esté controlado para el mediodía.
La preocupación del mediodía se convirtió en alivio en la tarde-noche de ayer en la zona donde se desataron los focos de incendio, cerca de la localidad de El Huecú. “Por suerte estamos un poco más tranquilos. Las llamas están contenidas”, aseguró anoche John Cuiñas, director general del Plan Provincial del Manejo del Fuego de la Provincia.
En el mediodía de ayer, el viento había girado de dirección y la fuerza de sus ráfagas hicieron crecer el foco de incendio, lo que generó preocupación en toda la zona. De hecho, el bosque de pinos de la estancia Las Vertientes se quemó en un 60 por ciento y amanezaba la casa ubicada en el centro del lugar. También puso en peligro la estancia El Bosque. “Es un parque típico de estancia que tendrá unas tres hectáreas. Pero el peligro era que tomara las viviendas y sumará un envión hasta la Pampa del Ñorquín, que está lleno de coirones secos”, aseguró Susana de Larminat, vicepresidente de la Sociedad Rural del Noroeste neuquino.
Sin embargo, por la tarde el viento cambió de dirección y perdió intensidad, lo que permitió a los brigadistas atacar las llamas y contener el incendio. “El siniestro esta frenado y no avanza. Quedan algunos puntos muy calientes, especialmente en los cañadones y las partes altas de la montaña. Por suerte, en las dos estancias la situación no genera peligro y está controlado todo el perímetro”, agregó Cuiñas.
Durante todo el día, 56 brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego combatieron las llamas que por momentos se tornaron incontrolables. Además, personal de Policía de El Huecú y el hospital de la localidad colaboraron en la tarea. También personal de Vialidad Provincial. En total, más de 100 personas lucharon contra el fuego durante todo el día.
El combate se hizo con pico, pala y dos motobombas ya que el helicóptero no pudo trabajar en la zona como lo hizo el miércoles debido a la intensidad del viento.
Según explicó Cuiñas, anoche se intentaba atacar las llamas para intentar controlarlo. Durante toda la noche, los brigadistas se preparaban para atacar cada flanco y no abandonarlo para no perder la contención sobre los puntos más peligrosos, especialmente aquellos situados en las partes altas de la montaña.
“Faltan muchas horas pero creo que si todo sigue normal, mañana después del mediodía vamos a poder controlarlo completamente”, explicó Cuiñas.
Mejoría por la tarde
“Afortunadamente bajó mucho la temperatura por la tarde, con diferencia a los 30 grados de ayer. Sin embargo, hay que estar porque quedó mucha ceniza y mucha rescada debajo de las piedras”, explicó ayer Susana de Larminat, vicepresidente de la Sociedad Rural del Noroeste neuquino.
Durante la jornada de ayer, personal de Policía advirtió a los automovilistas que circulaban hacia El Huecú de la situación. El tránsito no estuvo cortado, aunque se explicaba cuál era la situación que se desató a unos tres kilómetros de la localidad de El Huecú.
En tanto, ayer se trabajó para extinguir finalmente el incendio que se había desatado el miércoles en la zona de Riscos Bayos, cercana a Loncopué.
Corrientes: creen que Garabí los desarrollará
Esperan que la construcción de la represa Garabí permita el desarrollo económico local
Fecha de Publicación: 13/01/2011
Fuente: Corrientes In
Provincia/Región: Corrientes
Las primeras reacciones que hubo en la provincia fueron positivas. En cambio, en Misiones inmediatamente reclamaron participación en el proyecto y adelantaron que se reunirán con los funcionarios antes de la cumbre de las presidentas.
A poco de que el gobierno brasileño anuncie la construcción de Garabí en el departamento de Santo Tomé, comenzaron a analizar el impacto que tendrá la obra en la economía local.
Se esperan varios meses de intensa actividad, pero también creen que tras la construcción podrá concretarse el desarrollo de una zona beneficiada por otra obra, el puente con São Borja.
Hace unos años, cuando rescataron el proyecto energético toda la región sintió que venían tiempos buenos, pero a medida que se fue desinflando se fueron olvidando de las ventajas.
Los dos anuncios, primero la ratificación de la obra, y luego el año de inicio, encendió nuevamente el interés por este proyecto que significa la tercera unión física con Brasil.
Al tiempo que los correntinos piensan positivamente, en Misiones arreciaron las críticas porque no fueron consultados ni por la Nación ni por el gobierno brasileño, el más interesado en hacer el trabajo.
Sin dudas, el mayor daño ambiental se producirá en territorio misionero, donde se esperaba que se construya la primera compuerta, pero ahora se cree que la edificación seguirá los planos originales.
El gobierno misionero informó ayer que mantendrán un contacto con la Nación antes de la cumbre entre la presidenta Cristina Fernández y su par brasileña Dilma Rousseff, donde informarían la fecha del llamado a licitación internacional.
A su vez desde las organizaciones sociales anunciaron que “concretarán una nueva movilización” en contra de la obra, que a su entender no los beneficiará porque pasará lo mismo que “ocurrió con Yacyretá”.
Por otra parte, el técnico miembro de una de las consultoras que trabaja con el proyecto, Miguel Ángel Yunis, explicó que “por la actitud que tienen los brasileños, esto va a tomar a partir de febrero un ritmo realmente interesante que podría permitir que en 2012 estemos viendo el inicio de las acciones de preparación del territorio para la construcción de la represa de Garabí”, precisó Yunis.
Agregó que “se realizaron varios trabajos para que en 2012 se esté iniciando la construcción, entre ellos rutas y planificaciones con el objetivo de que las ciudades costeras puedan seguir creciendo”.
El técnico reconoció que Corrientes no debe perder esta nueva oportunidad histórica para tomar el control de la obra, como también una vez concluida, dirigir las operaciones.
Ejemplificó lo que ocurre hoy con la administración del Ente Binacional Yacyretá. En este organismo mandan más los misioneros que los correntinos, pese a que la represa está en territorio correntino.
En tanto, el gobierno correntino señaló que Garabí, como otras obras, motivará una reunión especial con los funcionarios nacionales.
Fecha de Publicación: 13/01/2011
Fuente: Corrientes In
Provincia/Región: Corrientes
Las primeras reacciones que hubo en la provincia fueron positivas. En cambio, en Misiones inmediatamente reclamaron participación en el proyecto y adelantaron que se reunirán con los funcionarios antes de la cumbre de las presidentas.
A poco de que el gobierno brasileño anuncie la construcción de Garabí en el departamento de Santo Tomé, comenzaron a analizar el impacto que tendrá la obra en la economía local.
Se esperan varios meses de intensa actividad, pero también creen que tras la construcción podrá concretarse el desarrollo de una zona beneficiada por otra obra, el puente con São Borja.
Hace unos años, cuando rescataron el proyecto energético toda la región sintió que venían tiempos buenos, pero a medida que se fue desinflando se fueron olvidando de las ventajas.
Los dos anuncios, primero la ratificación de la obra, y luego el año de inicio, encendió nuevamente el interés por este proyecto que significa la tercera unión física con Brasil.
Al tiempo que los correntinos piensan positivamente, en Misiones arreciaron las críticas porque no fueron consultados ni por la Nación ni por el gobierno brasileño, el más interesado en hacer el trabajo.
Sin dudas, el mayor daño ambiental se producirá en territorio misionero, donde se esperaba que se construya la primera compuerta, pero ahora se cree que la edificación seguirá los planos originales.
El gobierno misionero informó ayer que mantendrán un contacto con la Nación antes de la cumbre entre la presidenta Cristina Fernández y su par brasileña Dilma Rousseff, donde informarían la fecha del llamado a licitación internacional.
A su vez desde las organizaciones sociales anunciaron que “concretarán una nueva movilización” en contra de la obra, que a su entender no los beneficiará porque pasará lo mismo que “ocurrió con Yacyretá”.
Por otra parte, el técnico miembro de una de las consultoras que trabaja con el proyecto, Miguel Ángel Yunis, explicó que “por la actitud que tienen los brasileños, esto va a tomar a partir de febrero un ritmo realmente interesante que podría permitir que en 2012 estemos viendo el inicio de las acciones de preparación del territorio para la construcción de la represa de Garabí”, precisó Yunis.
Agregó que “se realizaron varios trabajos para que en 2012 se esté iniciando la construcción, entre ellos rutas y planificaciones con el objetivo de que las ciudades costeras puedan seguir creciendo”.
El técnico reconoció que Corrientes no debe perder esta nueva oportunidad histórica para tomar el control de la obra, como también una vez concluida, dirigir las operaciones.
Ejemplificó lo que ocurre hoy con la administración del Ente Binacional Yacyretá. En este organismo mandan más los misioneros que los correntinos, pese a que la represa está en territorio correntino.
En tanto, el gobierno correntino señaló que Garabí, como otras obras, motivará una reunión especial con los funcionarios nacionales.
Entre Ríos: el desafío de preservar sus bosques
Entre Ríos, ante el desafío de preservar sus bosques
Fecha de Publicación: 12/01/2011
Fuente: El Diario de Paraná
Provincia/Región: Entre Ríos
Este 2011 que apenas comienza, fue declarado Año Internacional de los Bosques, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Conmemoración que resultará útil para tomar conciencia de que los bosques son parte integrante del desarrollo sostenible del planeta debido a los beneficios económicos, socioculturales y ambientales que proporcionan.
En Entre Ríos, hay bastante por hacer a la hora de resguardar este medio natural, según alertan diversas voces ambientalistas locales. Ellos son los primeros en traer a colación los datos expresados en el último informe oficial (2007) firmado entre otros, por el actual director de Recursos Naturales de la provincia, Conrado González, documento en el que se informaba de una creciente tendencia –aún vigente– al desmonte de suelos entrerrianos, por la zona de Feliciano, Federal, Paraná, Villaguay, Tala o La Paz.
“Debido a la mejora internacional de los precios de los granos en los últimos años, se ha incrementado la superficie destinada a la agricultura, recurriendo a la práctica del desmonte, en la mayoría de los casos sin planificación previa del uso y manejo de las tierras”, comenzaba aquél informe presentado oficialmente, ante un pedido formal realizado por la ONG M’ Biguá, de Paraná.
Desde la organización M’ Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, de Paraná, por caso, han participado de la Mesa de Bosques Nativos, “constituida a partir de acuerdos realizados en virtud de la sentencia judicial que frenó el desmonte en la provincia, recién en diciembre ha logrado un borrador de texto de ordenamiento, complementario a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos”, explicó Diego Rodríguez, director ejecutivo de esta ONG, para quien la situación en la provincia, se plantea no menos que preocupante.
De acuerdo a lo explicado por Rodríguez, este proyecto normativo debe pasar por la Legislatura para convertirse en ley, hecho que no sucederá sino hasta cuando se abran las próximas sesiones ordinarias de las Cámaras. Pero en paralelo, “existen numerosas denuncias por desmontes que no cuentan con la rápida y eficaz respuesta de las autoridades de aplicación”, cuestionó Rodríguez.
En opinión de este ambientalista, en la provincia hay algunas trabas cuando hay que empezar a discutir y ordenar territorialmente los bosques nativos. Asimismo, un aspecto positivo sobre la situación de los bosques en la región, está dado por “los acuerdos suscriptos por Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Nación en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (Piecas) para el Delta, en donde existe mucha selva paranaense considerada también bosque nativo y que representa una gran parte de la superficie boscosa de la provincia, significan un aspecto positivo. De estos acuerdos surge un fortalecimiento del plan de manejo del fuego en Entre Ríos que es muy útil para la detección temprana de actividades de deforestación”, resaltó.
Se necesita “de una norma de coordinación y mejoramiento de las actividades de contralor con las que aún no contamos”, remató Rodríguez y agregó: “Sin estos elementos es muy probable que nos enfrentemos a una situación como la actual en donde no es posible garantizar el sostenimiento del recurso”.
En tanto desde la Fundación Eco Urbano, comparten la misma preocupación y entienden que el panorama de los bosques y montes nativos en la Provincia “es muy delicado y está relacionado a la presión y avance notable de la frontera y producción agrícola. En la última década, el fenómeno de expansión del monocultivo de la soja ha impactado en la superficie de montes nativos entrerrianos, principalmente en los departamentos de Feliciano, Federal, La Paz, Tala y Nogoyá”.
Arrasar tanta superficie verde, tiene graves consecuencias para el planeta, es sabido. Los integrantes de Eco Urbano, explican algunos de los problemas que acarrea la deforestación. Pues los bosques “ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en las cuencas hidrográficas e influyen en las variaciones del tiempo y en el clima y abastecen a las comunidades rurales de diversos productos, como la madera, alimentos, combustible, forrajes, fibras o fertilizantes orgánicos. La deforestación implica la desaparición de especies animales y vegetales, debido a la pérdida de su hábitat. Incide negativamente en la conservación del agua, originando inundaciones o sequías”.
La estrategia por delante, de esta ONG, es reforzar la información ligada al tema, desde los espacios en televisión, radio y principalmente Internet con que cuenta esta Fundación, así como iniciar “acciones para sensibilizar a los diferentes actores y lograr una mayor conciencia social sobre esta situación en el contexto del fenómeno de la crisis climática”.
En la actualidad, las tensiones que se producen entre sustentabilidad y negocio global, atentan contra la mirada de ecologistas. “El gran desafío es cómo transitar hacia un modelo de desarrollo que asegure la provincia deseada por todos los actores y sectores, y genere condiciones de inclusión social, alto valor agregado en producciones diversificadas y a la vez aumente el capital social, producto de la articulación y el fortalecimiento de las políticas públicas”, subrayaron desde Eco Urbano.
Fecha de Publicación: 12/01/2011
Fuente: El Diario de Paraná
Provincia/Región: Entre Ríos
Este 2011 que apenas comienza, fue declarado Año Internacional de los Bosques, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Conmemoración que resultará útil para tomar conciencia de que los bosques son parte integrante del desarrollo sostenible del planeta debido a los beneficios económicos, socioculturales y ambientales que proporcionan.
En Entre Ríos, hay bastante por hacer a la hora de resguardar este medio natural, según alertan diversas voces ambientalistas locales. Ellos son los primeros en traer a colación los datos expresados en el último informe oficial (2007) firmado entre otros, por el actual director de Recursos Naturales de la provincia, Conrado González, documento en el que se informaba de una creciente tendencia –aún vigente– al desmonte de suelos entrerrianos, por la zona de Feliciano, Federal, Paraná, Villaguay, Tala o La Paz.
“Debido a la mejora internacional de los precios de los granos en los últimos años, se ha incrementado la superficie destinada a la agricultura, recurriendo a la práctica del desmonte, en la mayoría de los casos sin planificación previa del uso y manejo de las tierras”, comenzaba aquél informe presentado oficialmente, ante un pedido formal realizado por la ONG M’ Biguá, de Paraná.
Desde la organización M’ Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, de Paraná, por caso, han participado de la Mesa de Bosques Nativos, “constituida a partir de acuerdos realizados en virtud de la sentencia judicial que frenó el desmonte en la provincia, recién en diciembre ha logrado un borrador de texto de ordenamiento, complementario a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos”, explicó Diego Rodríguez, director ejecutivo de esta ONG, para quien la situación en la provincia, se plantea no menos que preocupante.
De acuerdo a lo explicado por Rodríguez, este proyecto normativo debe pasar por la Legislatura para convertirse en ley, hecho que no sucederá sino hasta cuando se abran las próximas sesiones ordinarias de las Cámaras. Pero en paralelo, “existen numerosas denuncias por desmontes que no cuentan con la rápida y eficaz respuesta de las autoridades de aplicación”, cuestionó Rodríguez.
En opinión de este ambientalista, en la provincia hay algunas trabas cuando hay que empezar a discutir y ordenar territorialmente los bosques nativos. Asimismo, un aspecto positivo sobre la situación de los bosques en la región, está dado por “los acuerdos suscriptos por Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Nación en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (Piecas) para el Delta, en donde existe mucha selva paranaense considerada también bosque nativo y que representa una gran parte de la superficie boscosa de la provincia, significan un aspecto positivo. De estos acuerdos surge un fortalecimiento del plan de manejo del fuego en Entre Ríos que es muy útil para la detección temprana de actividades de deforestación”, resaltó.
Se necesita “de una norma de coordinación y mejoramiento de las actividades de contralor con las que aún no contamos”, remató Rodríguez y agregó: “Sin estos elementos es muy probable que nos enfrentemos a una situación como la actual en donde no es posible garantizar el sostenimiento del recurso”.
En tanto desde la Fundación Eco Urbano, comparten la misma preocupación y entienden que el panorama de los bosques y montes nativos en la Provincia “es muy delicado y está relacionado a la presión y avance notable de la frontera y producción agrícola. En la última década, el fenómeno de expansión del monocultivo de la soja ha impactado en la superficie de montes nativos entrerrianos, principalmente en los departamentos de Feliciano, Federal, La Paz, Tala y Nogoyá”.
Arrasar tanta superficie verde, tiene graves consecuencias para el planeta, es sabido. Los integrantes de Eco Urbano, explican algunos de los problemas que acarrea la deforestación. Pues los bosques “ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en las cuencas hidrográficas e influyen en las variaciones del tiempo y en el clima y abastecen a las comunidades rurales de diversos productos, como la madera, alimentos, combustible, forrajes, fibras o fertilizantes orgánicos. La deforestación implica la desaparición de especies animales y vegetales, debido a la pérdida de su hábitat. Incide negativamente en la conservación del agua, originando inundaciones o sequías”.
La estrategia por delante, de esta ONG, es reforzar la información ligada al tema, desde los espacios en televisión, radio y principalmente Internet con que cuenta esta Fundación, así como iniciar “acciones para sensibilizar a los diferentes actores y lograr una mayor conciencia social sobre esta situación en el contexto del fenómeno de la crisis climática”.
En la actualidad, las tensiones que se producen entre sustentabilidad y negocio global, atentan contra la mirada de ecologistas. “El gran desafío es cómo transitar hacia un modelo de desarrollo que asegure la provincia deseada por todos los actores y sectores, y genere condiciones de inclusión social, alto valor agregado en producciones diversificadas y a la vez aumente el capital social, producto de la articulación y el fortalecimiento de las políticas públicas”, subrayaron desde Eco Urbano.
Botnia: preocupación por los efluentes
Expresan "preocupación" por el tratamiento de efluentes de la ex Botnia
Fecha de Publicación: 11/01/2011
Fuente: La Voz del Interior
La delegación argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) expresó al gobierno uruguayo su "profunda preocupación" porque la pastera UPM-Botnia de Fray Bentos está utilizando un método "prohibido" para el tratamiento de sus efluentes industriales y, además, planea eliminarlos en el futuro junto con los desechos cloacales de esa ciudad.
La inquietud y el reclamo para que se revierta esa situación fue trasmitido por nota por el titular de la delegación argentina ante la Caru, Hernán Orduna, al actual presidente de la Comisión, el uruguayo Gastón Silbermann, el pasado 24 de noviembre.
En la carta se precisó que la irregularidad fue detectada por los científicos argentinos el 6 de octubre último cuando, junto a sus pares del vecino país encargados del monitoreo del río compartido, ingresaron por primera vez a la cuestionada planta finlandesa.
La carta de Orduna fue publicada en las últimas horas en el sitio oficial de la Cancillería argentina.
El delegado argentino manifestó a su contraparte uruguaya la "profunda preocupación frente a la grave constatación de que la planta de UPM-Botnia está utilizando el método de la dilución en el sistema de tratamiento de sus efluentes industriales, lo que se encuentra terminantemente prohibido por la propia normativa uruguaya", aseguró.
Además, la delegación argentina ante la CARU pidió explicaciones a Uruguay porque "se observa que la planta de UPM-Botnia ha expresado la intención de tratar de forma conjunta sus efluentes industriales con los efluentes cloacales de la ciudad de Fray Bentos", donde está emplazada.
Esto, advirtió, "se encuentra expresamente desaconsejado por la DINAMA", el organismo de control ambiental uruguayo.
Orduna pidió explicaciones a Montevideo por ambos puntos, invocando tanto el Estatuto del Río Uruguay de 1975, como el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 20 de abril pasado, que impuso a los dos países "cooperar en el monitoreo continuo" del río fronterizo, para poner fin así al largo conflicto generado por la instalación de la pastera, considerada contaminante por los pobladores de la cercana ciudad argentina de Gualeguaychú.
En ese marco pidió a la delegación uruguaya de la Caru trasmitir a su gobierno que debe "tomar las medidas que resulten necesarias para que cesen de inmediato esas actividades de dilución" en el tratamiento de los efluentes de la fábrica de celulosa.
Además, reclamó al gobierno que imponga a la planta "dejar sin efecto todo proyecto destinado a tratar los efluentes cloacales de Fray Bentos conjuntamente con los efluentes industriales de UPM-Botnia".
Ambas situaciones, advirtió, están en "contradicción con la normativa uruguaya aplicable" y también, dijo, con "las reglas del arte en la materia".
Finalmente, Orduna pidió que se informe a la Caru "las medidas adoptadas tendientes a eliminar la utilización de esas metodologías y prácticas" en la planta de Fray Bentos, respuesta que aún no fue enviada por la delegación uruguaya o que, al menos, no ha sido difundida por los canales oficiales.
Fecha de Publicación: 11/01/2011
Fuente: La Voz del Interior
La delegación argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) expresó al gobierno uruguayo su "profunda preocupación" porque la pastera UPM-Botnia de Fray Bentos está utilizando un método "prohibido" para el tratamiento de sus efluentes industriales y, además, planea eliminarlos en el futuro junto con los desechos cloacales de esa ciudad.
La inquietud y el reclamo para que se revierta esa situación fue trasmitido por nota por el titular de la delegación argentina ante la Caru, Hernán Orduna, al actual presidente de la Comisión, el uruguayo Gastón Silbermann, el pasado 24 de noviembre.
En la carta se precisó que la irregularidad fue detectada por los científicos argentinos el 6 de octubre último cuando, junto a sus pares del vecino país encargados del monitoreo del río compartido, ingresaron por primera vez a la cuestionada planta finlandesa.
La carta de Orduna fue publicada en las últimas horas en el sitio oficial de la Cancillería argentina.
El delegado argentino manifestó a su contraparte uruguaya la "profunda preocupación frente a la grave constatación de que la planta de UPM-Botnia está utilizando el método de la dilución en el sistema de tratamiento de sus efluentes industriales, lo que se encuentra terminantemente prohibido por la propia normativa uruguaya", aseguró.
Además, la delegación argentina ante la CARU pidió explicaciones a Uruguay porque "se observa que la planta de UPM-Botnia ha expresado la intención de tratar de forma conjunta sus efluentes industriales con los efluentes cloacales de la ciudad de Fray Bentos", donde está emplazada.
Esto, advirtió, "se encuentra expresamente desaconsejado por la DINAMA", el organismo de control ambiental uruguayo.
Orduna pidió explicaciones a Montevideo por ambos puntos, invocando tanto el Estatuto del Río Uruguay de 1975, como el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 20 de abril pasado, que impuso a los dos países "cooperar en el monitoreo continuo" del río fronterizo, para poner fin así al largo conflicto generado por la instalación de la pastera, considerada contaminante por los pobladores de la cercana ciudad argentina de Gualeguaychú.
En ese marco pidió a la delegación uruguaya de la Caru trasmitir a su gobierno que debe "tomar las medidas que resulten necesarias para que cesen de inmediato esas actividades de dilución" en el tratamiento de los efluentes de la fábrica de celulosa.
Además, reclamó al gobierno que imponga a la planta "dejar sin efecto todo proyecto destinado a tratar los efluentes cloacales de Fray Bentos conjuntamente con los efluentes industriales de UPM-Botnia".
Ambas situaciones, advirtió, están en "contradicción con la normativa uruguaya aplicable" y también, dijo, con "las reglas del arte en la materia".
Finalmente, Orduna pidió que se informe a la Caru "las medidas adoptadas tendientes a eliminar la utilización de esas metodologías y prácticas" en la planta de Fray Bentos, respuesta que aún no fue enviada por la delegación uruguaya o que, al menos, no ha sido difundida por los canales oficiales.
La sospecha sobre la exportación de minerales
La sospecha sobre la exportación de minerales
Fecha de Publicación: 09/01/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán - Nacional
En la Justicia tucumana,lleva un año sin respuesta la denuncia contra una de las mineras más grandes de las que operan en Argentina.
La minería a cielo abierto, amada por los gobernadores mineros y odiada por una multitud de organizaciones ambientalistas, suma piezas a su colección de interrogantes. Esta vez, se trata de lo ocurrido con una denuncia que se apuntó, no sobre el impacto ambiental de la actividad, sino a la manera en que el Estado nacional controla cada materia prima que abandona el país con rumbo a los mercados extranjeros.
La denuncia se encuentra pronta a cumplir el año desde que fue presentada ante la Justicia federal de la ciudad de Tucumán. Fue realizada por el geólogo tucumano Guillermo Amílcar Vergara, y sus afirmaciones suenan alarmantes. Sostiene que la empresa autora del agujero más grande que se haya perforado nunca en una montaña argentina, Minera Alumbrera, que declara extraer oro, cobre, plata y molibdeno de su mina a cielo abierto en las alturas de Catamarca, en realidad se estaría haciendo hipermillonaria gracias a la extracción de otros minerales nunca declarados ante el Estado nacional.
La Minera Alumbrera le dijo a este diario que se trata de una acusación descabellada (ver página 3). Pero las miradas son muy distintas entre otros protagonistas de la discusión minera.
Causa paralizada. El 16 del mes próximo, la denuncia cumplirá un año sin respuesta. El primer fiscal federal tucumano en recibirla fue Antonio Gustavo Gómez, conocido en todo el país por haber motorizado la causa que llevó al procesamiento del vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por contaminación del medio ambiente, en lo que sigue siendo un caso testigo a nivel nacional.
Gómez, en base a su experiencia con respecto a la explotación de Alumbrera, decidió ampliar la denuncia del geólogo. Pero el procurador general de la Nación, Esteban Righi, tenía otros planes y pasó el caso a otro fiscal, Emilio Ferrer, quien al poco tiempo renunció. La denuncia, en teoría, está a cargo, hoy, de un tercer fiscal, Carlos Brito, quien tiene interinamente la responsabilidad sobre la fiscalía que ocupaba Ferrer. En los hechos, el caso quedó paralizado.
El geólogo Vergara, junto con su colega Miguel Gianfrancisco, habrían obtenido una piedra extraída a unos 100 metros de profundidad de la zona de explotación de Minera Alumbrera. La habrían enviado a analizar a Perú y habrían recibido como respuesta que la pieza contendría varias docenas de minerales, no declarados por la minera, que hoy internacionalmente cotizarían en alza, como titanio, escandio, uranio, cromo, cobalto y cesio.
Lo que la minera extrae es convertido en un barro, el concentrado de cobre, que envía por mineraloducto a Tucumán. De allí parte en tren hacia el puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. La excepción es el oro, que se procesa en la misma mina, en forma de lingotes, y se saca por avión.
Ese concentrado de cobre, según la denuncia, incluiría otra multitud de minerales exportados sin control, y procesados fuera del país por Minera Alumbrera, obteniendo por eso ganancias millonarias. Los números de la denuncia parecen de fantasía: más de 40 mil millones de dólares (seis veces y media la deuda de Argentina con el Club de París, o el costo de 33 autopistas Córdoba-Rosario) sería el perjuicio financiero que habría sufrido el país debido a que la minera no declaró los minerales exportados en todos sus años de actividad.
El perjuicio, si fuera cierto lo denunciado, lo sufrirían principalmente Catamarca y el Estado nacional.
Sin controles. El biólogo cordobés, Raúl Montenegro, resalta que “en este caso lo que más preocupa es el aspecto administrativo. Argentina está montada administrativamente de tal modo que es posible que una compañía internacional haga una extracción masiva de recursos naturales, y pueda declarar que saca del país algo que pueda no coincidir en absoluto con lo realmente exportado”.
“Es fácil controlar el peso de una carga de soja. El problema es que la Aduana carece de un sistema para analizar cualitativamente envíos como los de Alumbrera. Deberíamos tener los aparatos y el personal idóneos para analizar los envíos. Seguimos con la eficiencia de la época del Virreinato”.
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, coincide en resaltar “la casi total ausencia de controles por parte de la aduana argentina. El país deja que los zorros le cuiden el gallinero, es un control muy laxo el que se hace sobre las exportaciones de la Alumbrera. Esto es un gran perjuicio económico para las Provincias y el Estado nacional. Por eso llama tanto la atención esta actitud escandalosa de la Justicia tucumana”.
Viale se refiere no sólo a la paralización del caso, sino a un episodio ocurrido en mayo del año pasado. El fiscal Ferrer, acompañado por Gendarmería, fue a allanar la Alumbrera, tomar muestras de rocas y hacerlas analizar, para ver si era cierto lo denunciado por el geólogo. Pero la minera detuvo el procedimiento, presuntamente, con el argumento de que no le había llegado el aviso de allanamiento que el juez federal Daniel Bejas habría enviado al domicilio del abogado de la firma. Por si hace falta aclararlo: notificar previamente un allanamiento es casi lo mismo que hacerlo fracasar.
Luego, en junio, la empresa habría ofrecido una entrega voluntaria de material, lo que habría sido aceptado por el juez Bejas. Hasta hoy, la Justicia tucumana nunca allanó la minera por sorpresa ni tomó directamente del lugar las muestras rocosas que necesita para hacer avanzar la causa. En octubre, el Consejo de la Magistratura rechazó un pedido de destitución contra el magistrado por su actuación en esta causa.
El primer fiscal del caso, Gómez, dijo a este diario que trató este tema en 2004, por otra causa que acabó investigando la Justicia de Santa Fe. Señaló que, con el actual sistema, el país queda a merced de lo que cada empresa diga que exportó. Esto funciona así por un beneficio extraordinario que otorgó el ex director general de Aduanas, Gustavo Parino, durante el gobierno de Carlos Menem. Eso fue hace más de 13 años y nunca fue modificado por las administraciones nacionales que lo siguieron.
Fecha de Publicación: 09/01/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán - Nacional
En la Justicia tucumana,lleva un año sin respuesta la denuncia contra una de las mineras más grandes de las que operan en Argentina.
La minería a cielo abierto, amada por los gobernadores mineros y odiada por una multitud de organizaciones ambientalistas, suma piezas a su colección de interrogantes. Esta vez, se trata de lo ocurrido con una denuncia que se apuntó, no sobre el impacto ambiental de la actividad, sino a la manera en que el Estado nacional controla cada materia prima que abandona el país con rumbo a los mercados extranjeros.
La denuncia se encuentra pronta a cumplir el año desde que fue presentada ante la Justicia federal de la ciudad de Tucumán. Fue realizada por el geólogo tucumano Guillermo Amílcar Vergara, y sus afirmaciones suenan alarmantes. Sostiene que la empresa autora del agujero más grande que se haya perforado nunca en una montaña argentina, Minera Alumbrera, que declara extraer oro, cobre, plata y molibdeno de su mina a cielo abierto en las alturas de Catamarca, en realidad se estaría haciendo hipermillonaria gracias a la extracción de otros minerales nunca declarados ante el Estado nacional.
La Minera Alumbrera le dijo a este diario que se trata de una acusación descabellada (ver página 3). Pero las miradas son muy distintas entre otros protagonistas de la discusión minera.
Causa paralizada. El 16 del mes próximo, la denuncia cumplirá un año sin respuesta. El primer fiscal federal tucumano en recibirla fue Antonio Gustavo Gómez, conocido en todo el país por haber motorizado la causa que llevó al procesamiento del vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por contaminación del medio ambiente, en lo que sigue siendo un caso testigo a nivel nacional.
Gómez, en base a su experiencia con respecto a la explotación de Alumbrera, decidió ampliar la denuncia del geólogo. Pero el procurador general de la Nación, Esteban Righi, tenía otros planes y pasó el caso a otro fiscal, Emilio Ferrer, quien al poco tiempo renunció. La denuncia, en teoría, está a cargo, hoy, de un tercer fiscal, Carlos Brito, quien tiene interinamente la responsabilidad sobre la fiscalía que ocupaba Ferrer. En los hechos, el caso quedó paralizado.
El geólogo Vergara, junto con su colega Miguel Gianfrancisco, habrían obtenido una piedra extraída a unos 100 metros de profundidad de la zona de explotación de Minera Alumbrera. La habrían enviado a analizar a Perú y habrían recibido como respuesta que la pieza contendría varias docenas de minerales, no declarados por la minera, que hoy internacionalmente cotizarían en alza, como titanio, escandio, uranio, cromo, cobalto y cesio.
Lo que la minera extrae es convertido en un barro, el concentrado de cobre, que envía por mineraloducto a Tucumán. De allí parte en tren hacia el puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. La excepción es el oro, que se procesa en la misma mina, en forma de lingotes, y se saca por avión.
Ese concentrado de cobre, según la denuncia, incluiría otra multitud de minerales exportados sin control, y procesados fuera del país por Minera Alumbrera, obteniendo por eso ganancias millonarias. Los números de la denuncia parecen de fantasía: más de 40 mil millones de dólares (seis veces y media la deuda de Argentina con el Club de París, o el costo de 33 autopistas Córdoba-Rosario) sería el perjuicio financiero que habría sufrido el país debido a que la minera no declaró los minerales exportados en todos sus años de actividad.
El perjuicio, si fuera cierto lo denunciado, lo sufrirían principalmente Catamarca y el Estado nacional.
Sin controles. El biólogo cordobés, Raúl Montenegro, resalta que “en este caso lo que más preocupa es el aspecto administrativo. Argentina está montada administrativamente de tal modo que es posible que una compañía internacional haga una extracción masiva de recursos naturales, y pueda declarar que saca del país algo que pueda no coincidir en absoluto con lo realmente exportado”.
“Es fácil controlar el peso de una carga de soja. El problema es que la Aduana carece de un sistema para analizar cualitativamente envíos como los de Alumbrera. Deberíamos tener los aparatos y el personal idóneos para analizar los envíos. Seguimos con la eficiencia de la época del Virreinato”.
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, coincide en resaltar “la casi total ausencia de controles por parte de la aduana argentina. El país deja que los zorros le cuiden el gallinero, es un control muy laxo el que se hace sobre las exportaciones de la Alumbrera. Esto es un gran perjuicio económico para las Provincias y el Estado nacional. Por eso llama tanto la atención esta actitud escandalosa de la Justicia tucumana”.
Viale se refiere no sólo a la paralización del caso, sino a un episodio ocurrido en mayo del año pasado. El fiscal Ferrer, acompañado por Gendarmería, fue a allanar la Alumbrera, tomar muestras de rocas y hacerlas analizar, para ver si era cierto lo denunciado por el geólogo. Pero la minera detuvo el procedimiento, presuntamente, con el argumento de que no le había llegado el aviso de allanamiento que el juez federal Daniel Bejas habría enviado al domicilio del abogado de la firma. Por si hace falta aclararlo: notificar previamente un allanamiento es casi lo mismo que hacerlo fracasar.
Luego, en junio, la empresa habría ofrecido una entrega voluntaria de material, lo que habría sido aceptado por el juez Bejas. Hasta hoy, la Justicia tucumana nunca allanó la minera por sorpresa ni tomó directamente del lugar las muestras rocosas que necesita para hacer avanzar la causa. En octubre, el Consejo de la Magistratura rechazó un pedido de destitución contra el magistrado por su actuación en esta causa.
El primer fiscal del caso, Gómez, dijo a este diario que trató este tema en 2004, por otra causa que acabó investigando la Justicia de Santa Fe. Señaló que, con el actual sistema, el país queda a merced de lo que cada empresa diga que exportó. Esto funciona así por un beneficio extraordinario que otorgó el ex director general de Aduanas, Gustavo Parino, durante el gobierno de Carlos Menem. Eso fue hace más de 13 años y nunca fue modificado por las administraciones nacionales que lo siguieron.
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Mussi remarcó la "descentralización"
Mussi remarcó la "descentralización" que tendrán las políticas ambientales
Fecha de Publicación: 07/01/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Dr. Juan José Mussi, señaló esta mañana en el acto de entrega de equipamiento y herramientas de combate destinados a la lucha contra incendios forestales y rurales a las Regionales Pampeana y NEA, la importancia del principio de “descentralización” para aplicar a las políticas ambientales.
“No puede haber un Estado único, sin federalismo, sin presencia de las provincias” dijo el titular de la cartera ambiental nacional en el marco del evento del Plan de fortalecimiento del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
“Hay que dar a conocer los programas, como el Plan Nacional de Manejo del Fuego, en el que están presentes la Nación y las provincias, en el que hay un coordinador nacional y coordinadores en de cada una de las regiones que están colaborando con algo tan fundamental como es la lucha contra incendios forestales”.
En ese sentido se refirió el coordinador nacional del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF), Ing. Fernando Epele, “la meta de nuestro trabajo es que el Sistema Federal funcione en base al fortalecimiento de las provincias y los parques nacionales, esto es, sus brigadas, sus medios de transporte, su capacitación, evaluación de peligro, todos los programas con los que cuenta el PNMF”.
El equipamiento entregado
Los elementos de combate fueron entregados a las provincias de Buenos Aires, Mendoza y La Pampa (Regional Pampeana) y Misiones, Corrientes y Entre Ríos (Regional NEA) que se encuentran al comienzo de la temporada de incendios forestales y rurales, permitiendo fortalecer la prevención y la extinción. Con este equipamiento se pretende contribuir al rápido accionar de los combatientes ante la ocurrencia de focos ígneos a fin de evitar daños en el ambiente, los bienes y la vida de las personas.
Las herramientas de primera línea, valuadas en $ 300.000 para cada provincia, suman un total de $ 6.900.000 como parte de la inversión nacional destinados a adquisición de elementos de ataque inicial asignados zonas críticas de ocurrencias de incendios forestales, rurales e interfase.
“El equipamiento es de alto valor y de mucha importancia desde el punto de vista técnico, es muy necesario por la utilidad y es una satisfacción equipar a las brigadas de la región NEA y Pampeana, compuestas por 6 provincias, que están en plena temporada”, aseguró el coordinador nacional del PNMF.
A su vez, en los próximos días se hará entrega de un grupo de herramientas similar para las 5 provincias de la regional Patagónica, que es la otra región que se encuentra en temporada de incidencia de incendios.
El acto, que se realizó en el salón Auditorio de la SAyDS, contó con la presencia del Jefe de Gabinete de Asesores, Dr. Ricardo Salvioli; la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Dra. Silvia Alicia Révora, de quien depende el PNMF; el Dr. Oscar Deina subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación; el subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable, Dr. Ricardo Eusebio Rodríguez y el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales, Ing. Armando Gandía; coordinadores regionales del PNMF y responsables provinciales del Sistema Federal.
Por la Regional Pampeana recibieron el equipamiento el Sr. Guillermo Ferraris, Responsable del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Mendoza; el Lic. Gustavo Romero, Director Provincial de Defensa Civil de La Pampa; y el Ing. Jorge Echegarran, Secretario Ejecutivo del Consejo Provincial de Emergencia de Buenos Aires.
Mientras que por la Regional NEA las herramientas fueron entregadas al Sr. Milciades Aguilar, Director de la Casa de Corrientes; a la Ing. Lucía Avellaneda, Secretaria de Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos; y a la Dra. Silvia Vigliecca, representante de la Casa de la provincia de Misiones.
Fecha de Publicación: 07/01/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Dr. Juan José Mussi, señaló esta mañana en el acto de entrega de equipamiento y herramientas de combate destinados a la lucha contra incendios forestales y rurales a las Regionales Pampeana y NEA, la importancia del principio de “descentralización” para aplicar a las políticas ambientales.
“No puede haber un Estado único, sin federalismo, sin presencia de las provincias” dijo el titular de la cartera ambiental nacional en el marco del evento del Plan de fortalecimiento del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
“Hay que dar a conocer los programas, como el Plan Nacional de Manejo del Fuego, en el que están presentes la Nación y las provincias, en el que hay un coordinador nacional y coordinadores en de cada una de las regiones que están colaborando con algo tan fundamental como es la lucha contra incendios forestales”.
En ese sentido se refirió el coordinador nacional del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF), Ing. Fernando Epele, “la meta de nuestro trabajo es que el Sistema Federal funcione en base al fortalecimiento de las provincias y los parques nacionales, esto es, sus brigadas, sus medios de transporte, su capacitación, evaluación de peligro, todos los programas con los que cuenta el PNMF”.
El equipamiento entregado
Los elementos de combate fueron entregados a las provincias de Buenos Aires, Mendoza y La Pampa (Regional Pampeana) y Misiones, Corrientes y Entre Ríos (Regional NEA) que se encuentran al comienzo de la temporada de incendios forestales y rurales, permitiendo fortalecer la prevención y la extinción. Con este equipamiento se pretende contribuir al rápido accionar de los combatientes ante la ocurrencia de focos ígneos a fin de evitar daños en el ambiente, los bienes y la vida de las personas.
Las herramientas de primera línea, valuadas en $ 300.000 para cada provincia, suman un total de $ 6.900.000 como parte de la inversión nacional destinados a adquisición de elementos de ataque inicial asignados zonas críticas de ocurrencias de incendios forestales, rurales e interfase.
“El equipamiento es de alto valor y de mucha importancia desde el punto de vista técnico, es muy necesario por la utilidad y es una satisfacción equipar a las brigadas de la región NEA y Pampeana, compuestas por 6 provincias, que están en plena temporada”, aseguró el coordinador nacional del PNMF.
A su vez, en los próximos días se hará entrega de un grupo de herramientas similar para las 5 provincias de la regional Patagónica, que es la otra región que se encuentra en temporada de incidencia de incendios.
El acto, que se realizó en el salón Auditorio de la SAyDS, contó con la presencia del Jefe de Gabinete de Asesores, Dr. Ricardo Salvioli; la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Dra. Silvia Alicia Révora, de quien depende el PNMF; el Dr. Oscar Deina subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación; el subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable, Dr. Ricardo Eusebio Rodríguez y el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales, Ing. Armando Gandía; coordinadores regionales del PNMF y responsables provinciales del Sistema Federal.
Por la Regional Pampeana recibieron el equipamiento el Sr. Guillermo Ferraris, Responsable del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Mendoza; el Lic. Gustavo Romero, Director Provincial de Defensa Civil de La Pampa; y el Ing. Jorge Echegarran, Secretario Ejecutivo del Consejo Provincial de Emergencia de Buenos Aires.
Mientras que por la Regional NEA las herramientas fueron entregadas al Sr. Milciades Aguilar, Director de la Casa de Corrientes; a la Ing. Lucía Avellaneda, Secretaria de Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos; y a la Dra. Silvia Vigliecca, representante de la Casa de la provincia de Misiones.
Nueva pastera: Uruguay no cree en conflictos
Uruguay cree que la nueva pastera que se instalará no afectará la relación con Argentina
Fecha de Publicación: 06/01/2011
Fuente: Diario Jornada
El subsecretario de Medio Ambiente de Uruguay, Jorge Patrone, sostuvo hoy que la instalación de una nueva planta papelera a orillas del Río de la Plata no debería generar "ningún tipo de conflicto" con la Argentina como en el caso de Botnia.
"Estamos tranquilos, esperamos no tener ningún tipo de conflicto. Este emprendimiento fue acordado en su momento, incluso después de trasladar su instalación en una zona próxima a Botnia. Así que esperamos que no haya ningún tipo de problemas", señaló Patrone.
Así, el funcionario uruguayo recordó que la Argentina ya había avalado la instalación de una papelera en esa misma zona, cuando la empresa española Ence iba a hacerse cargo del proyecto que ahora encaran Arauco y Stora Enzo. "Al cambiar de titular el proyecto y al introducirle modificaciones, tuvimos que realizar un nuevo estudio de impacto ambiental. Luego de obtener resultados positivos, terminamos entregando la habilitación", señaló Patrone.
En declaraciones a Radio 10, el funcionario detalló el proceso que siguieron para otorgar la habilitación y remarcó que "la obra entra en el tratado del Río de la Plata, pero las exigencias van a ser las mismas que para el Río Uruguay". "Seguimos las últimas exigencias a nivel mundial con respecto a cuestiones ambientales, tal como lo hicimos con la pastera ex Botnia", agregó.
La nueva planta estará ubicada en la zona de Punta Pereira, en el departamento de Colonia, frente a las costas del Río de la Plata y donde ya comenzaron los trabajos de relleno de tierras. La empresa a cargo de la pastera es Monte del Plata, integrada por Stora Enso y Arauco, y según Patrone, producirá anualmente "hasta 1.300.000 toneladas secas al aire de pulpa de celulosa blanqueada de eucalipto".
En la zona de Punta Pereira, en Colonia.
Arauco y Stora Enso compraron en octubre de 2009 el proyecto en Uruguay de la española Ence, que desistió de construir la planta por motivos internos. Según indicó la prensa uruguaya, la inversión en la planta superará los 1.500 millones de dólares y se prevé que su construcción demore dos años. La papelera comenzaría a producir a partir del primer trimestre de 2013, estimó Patrone.
Fecha de Publicación: 06/01/2011
Fuente: Diario Jornada
El subsecretario de Medio Ambiente de Uruguay, Jorge Patrone, sostuvo hoy que la instalación de una nueva planta papelera a orillas del Río de la Plata no debería generar "ningún tipo de conflicto" con la Argentina como en el caso de Botnia.
"Estamos tranquilos, esperamos no tener ningún tipo de conflicto. Este emprendimiento fue acordado en su momento, incluso después de trasladar su instalación en una zona próxima a Botnia. Así que esperamos que no haya ningún tipo de problemas", señaló Patrone.
Así, el funcionario uruguayo recordó que la Argentina ya había avalado la instalación de una papelera en esa misma zona, cuando la empresa española Ence iba a hacerse cargo del proyecto que ahora encaran Arauco y Stora Enzo. "Al cambiar de titular el proyecto y al introducirle modificaciones, tuvimos que realizar un nuevo estudio de impacto ambiental. Luego de obtener resultados positivos, terminamos entregando la habilitación", señaló Patrone.
En declaraciones a Radio 10, el funcionario detalló el proceso que siguieron para otorgar la habilitación y remarcó que "la obra entra en el tratado del Río de la Plata, pero las exigencias van a ser las mismas que para el Río Uruguay". "Seguimos las últimas exigencias a nivel mundial con respecto a cuestiones ambientales, tal como lo hicimos con la pastera ex Botnia", agregó.
La nueva planta estará ubicada en la zona de Punta Pereira, en el departamento de Colonia, frente a las costas del Río de la Plata y donde ya comenzaron los trabajos de relleno de tierras. La empresa a cargo de la pastera es Monte del Plata, integrada por Stora Enso y Arauco, y según Patrone, producirá anualmente "hasta 1.300.000 toneladas secas al aire de pulpa de celulosa blanqueada de eucalipto".
En la zona de Punta Pereira, en Colonia.
Arauco y Stora Enso compraron en octubre de 2009 el proyecto en Uruguay de la española Ence, que desistió de construir la planta por motivos internos. Según indicó la prensa uruguaya, la inversión en la planta superará los 1.500 millones de dólares y se prevé que su construcción demore dos años. La papelera comenzaría a producir a partir del primer trimestre de 2013, estimó Patrone.
Otra megapastera en la orilla uruguaya
Otra megapastera en la orilla uruguaya
Fecha de Publicación: 05/01/2011
Fuente: Página/12
Se considera que será la mayor inversión en la historia uruguaya, ya que costará 2300 millones de dólares, y será la pastera más grande del mundo en su tipo. Es el proyecto que continúa la fallida incursión de la española Ence.
El gobierno de Uruguay otorgó ayer la autorización ambiental que permitirá la instalación de una nueva fábrica de pasta de celulosa frente a la costa argentina, en la orilla del Río de la Plata. El proyecto operado bajo el consorcio denominado Montes del Plata continúa el fallido intento de la española Ence, que inicialmente iba a estar situado en Fray Bentos. La pastera desembarca con la mayor inversión en la historia del Uruguay, calculada en 2300 millones de dólares, y será la más grande del mundo en su tipo, con una producción anual de un millón y medio de toneladas de pasta de celulosa. Un fiscal uruguayo había intentado detener el proyecto al argumentar que había un acuerdo previo entre el gobierno de José Mujica y las empresas extranjeras para que se instalara la pastera y denunció que quien estuvo al frente de esas gestiones fue el propio canciller Luis Almagro.
La iniciativa aprobada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente incluye la producción de pasta de celulosa utilizando el método kraft y energía a partir de biomasa, además de la construcción de un puerto. El ministro de esa cartera, Jorge Patrone, informó que la autorización fue otorgada luego de que se modificaran algunos puntos del proyecto inicial, aunque no detalló cuáles. El consorcio Montes del Plata, que fusionó a la sueco-finlandesa StoraEnso y a la chilena Arauco, implica una inversión de más de dos mil millones de dólares en una obra que, según se informó, empleará a más de 5000 personas en su construcción, pero que una vez operativa generará solo 500 puestos directos en la planta, más dos mil de forma indirecta.
“La autorización ambiental previa mantendrá su vigencia siempre que los trabajos de construcción se inicien antes de transcurridos los 12 meses contados a partir de la notificación de la resolución ministerial, que fue el 30 de diciembre pasado”, indicó Patrone. A la vez, fuentes ligadas a la empresa estimaron que la planta estará operativa en el primer trimestre del 2013. Montes del Plata compró el proyecto y los terrenos ubicados en Punta Pereira –vecino a la localidad de Conchillas, en Colonia– a la española Ence por 340 millones de dólares, en octubre de 2009. La firma ibérica había sido la primera en querer instalarse en las costas de Fray Bentos, pero al desatarse el escándalo bilateral que motivó también el conflicto con la finlandesa Botnia, optó por aceptar ubicarse sobre el Río de la Plata. En 2006, la Argentina dio el beneplácito para su construcción como parte del acuerdo político que destrabó la controversia.
De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso Página/12, el fiscal Enrique Viana había solicitado a las autoridades uruguayas, hace unas semanas, un pedido de informes sobre los pormenores del contrato, por tratarse de una actividad industrial que podría implicar un impacto ambiental. “Ya existiría un acuerdo del Estado con el grupo económico privado que estaría asegurando la instalación y funcionamiento de la citada industria celulósica. En la negociación, llamativamente, habría tenido intervención directa el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Luis Almagro, quien en octubre pasado viajó a Suecia y a Finlandia para reunirse con los ejecutivos de la firma Stora Enso”, denunció el fiscal.
Fecha de Publicación: 05/01/2011
Fuente: Página/12
Se considera que será la mayor inversión en la historia uruguaya, ya que costará 2300 millones de dólares, y será la pastera más grande del mundo en su tipo. Es el proyecto que continúa la fallida incursión de la española Ence.
El gobierno de Uruguay otorgó ayer la autorización ambiental que permitirá la instalación de una nueva fábrica de pasta de celulosa frente a la costa argentina, en la orilla del Río de la Plata. El proyecto operado bajo el consorcio denominado Montes del Plata continúa el fallido intento de la española Ence, que inicialmente iba a estar situado en Fray Bentos. La pastera desembarca con la mayor inversión en la historia del Uruguay, calculada en 2300 millones de dólares, y será la más grande del mundo en su tipo, con una producción anual de un millón y medio de toneladas de pasta de celulosa. Un fiscal uruguayo había intentado detener el proyecto al argumentar que había un acuerdo previo entre el gobierno de José Mujica y las empresas extranjeras para que se instalara la pastera y denunció que quien estuvo al frente de esas gestiones fue el propio canciller Luis Almagro.
La iniciativa aprobada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente incluye la producción de pasta de celulosa utilizando el método kraft y energía a partir de biomasa, además de la construcción de un puerto. El ministro de esa cartera, Jorge Patrone, informó que la autorización fue otorgada luego de que se modificaran algunos puntos del proyecto inicial, aunque no detalló cuáles. El consorcio Montes del Plata, que fusionó a la sueco-finlandesa StoraEnso y a la chilena Arauco, implica una inversión de más de dos mil millones de dólares en una obra que, según se informó, empleará a más de 5000 personas en su construcción, pero que una vez operativa generará solo 500 puestos directos en la planta, más dos mil de forma indirecta.
“La autorización ambiental previa mantendrá su vigencia siempre que los trabajos de construcción se inicien antes de transcurridos los 12 meses contados a partir de la notificación de la resolución ministerial, que fue el 30 de diciembre pasado”, indicó Patrone. A la vez, fuentes ligadas a la empresa estimaron que la planta estará operativa en el primer trimestre del 2013. Montes del Plata compró el proyecto y los terrenos ubicados en Punta Pereira –vecino a la localidad de Conchillas, en Colonia– a la española Ence por 340 millones de dólares, en octubre de 2009. La firma ibérica había sido la primera en querer instalarse en las costas de Fray Bentos, pero al desatarse el escándalo bilateral que motivó también el conflicto con la finlandesa Botnia, optó por aceptar ubicarse sobre el Río de la Plata. En 2006, la Argentina dio el beneplácito para su construcción como parte del acuerdo político que destrabó la controversia.
De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso Página/12, el fiscal Enrique Viana había solicitado a las autoridades uruguayas, hace unas semanas, un pedido de informes sobre los pormenores del contrato, por tratarse de una actividad industrial que podría implicar un impacto ambiental. “Ya existiría un acuerdo del Estado con el grupo económico privado que estaría asegurando la instalación y funcionamiento de la citada industria celulósica. En la negociación, llamativamente, habría tenido intervención directa el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Luis Almagro, quien en octubre pasado viajó a Suecia y a Finlandia para reunirse con los ejecutivos de la firma Stora Enso”, denunció el fiscal.
Piden audiencia con Mussi por Ley de Glaciares
Organizaciones ambientalistas piden audiencia con Mussi por la reglamentación de la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 05/01/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones ambientalistas solicitaron al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), Juan José Mussi, una audiencia para tratar el tema de la reglamentación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, y de las medidas cautelares contra la aplicación de la norma dictadas por la Justicia en la provincia de San Juan.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), entre otras organizaciones, manifestaron en una misiva enviada al Secretario Mussi su preocupación por la falta de avances ante el inminente cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley para su reglamentación y para la realización del inventario de glaciares y del ambiente periglacial.
“Consideramos que es prioritario que la reglamentación de la Ley 26.639 se efectivice dentro de los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial, tal como lo establece su artículo 17; plazo que comenzó a regir desde el 28 de octubre de 2010”.
En la carta las organizaciones señalan la importancia de cumplir con el artículo 15 de la ley y los plazos previstos en él: “60 días a partir de la sanción de la norma para que el IANIGLA (1) presente a la SAyDS un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se consideren prioritarias”. El documento aclara que este plazo comenzó a regir el 30 de septiembre de 2010 y que luego de realizado el cronograma, deberá realizarse, en esas zonas, “el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días”.
El mismo texto fue oportunamente dirigido al saliente Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, pocos días antes del cambio de autoridades. En él las cuarenta y siete organizaciones firmantes (2) solicitan además que “Ante la existencia de tres medidas cautelares dictadas por el Juez Federal de San Juan, Dr. Miguel Ángel Gálvez, que suspenden la aplicación de la Ley 26.639 en esa provincia, se torna imprescindible que el Gobierno Nacional tenga una clara vocación en defensa de la norma y dé señales claras acerca de su intención de poner en vigencia a la misma”.
Además las organizaciones señalaron que “Existe, de manera explícita, una gran presión por parte de empresas y algunos gobiernos provinciales para generar dudas sobre la aplicabilidad de esta norma. Es por esa razón que entendemos imprescindible que el Gobierno Nacional asuma plenamente su responsabilidad en la puesta en vigencia de la Ley 26.639”.
--
Notas:
(1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
(2) Organizaciones firmantes: Aces Asociación Civil Energía Sustentable; Amigos de la Tierra Argentina; Arquitectura Sustentable; Asamblea Ambiental de Río Gallegos (Santa Cruz); Asamblea de Tigre por el Patrimonio Urbano y Ambiental; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita; Asociación Amigos de los Parques Nacionales; Asociación Amigos en Defensa del Lago Buenos Aires (Santa Cruz); Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; Asociación Civil Por la Reserva – Vecinos Autoconvocados; Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan); Avaaz.org; Calafate Natural (Santa Cruz); Cámara de Turismo de Famatina (La Rioja); Cátedra Libre “Problemáticas Ambientales del Siglo XXI”. Facultad de Ciencias; Sociales, Universidad Nacional de San Juan; CEDHA - Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Córdoba); Centro Ecologista Renacer (Santa Fe); Conciencia Solidaria; Conservación Patagónica (Neuquén); Diálogo por el Ambiente; Eco Sitio (Córdoba); Ecosistemas Argentinos (Córdoba); Equipo Nacional de Pastoral Aborigen; Espacio Oikos; Federación de Vinateros y Productores Agropecuarios de San Juan; FOCO - Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos; Foro Ambientalista de Santiago del Estero; Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación Ecológica Ave Fénix (Tucumán); Fundación Hábitat y Desarrollo; Fundación Inalafquen (Río Negro); Fundación Península Raulí (Neuquén); Greenpeace; Grupo Ambiental para el Desarrollo (Santiago del Estero); Hermanos de la Tierra; Iniciativa Radial; Inka Ñan Turismo EVT (La Rioja); Movimiento de Justicia y Paz de la Familia Dominica (Mendoza); ProDeLos - Asociación Civil para la Promoción del Desarrollo Local Sustentable; Proyecto Cambio Climático; Proyecto Verde; Red Agroforestal del Chaco Argentina; Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería; Red Provincial de ONGs de San Juan; Taller de Comunicación Ambiental (Santa Fe); The Conservation Land Trust; Fundación Jorge Esteban Roulet
Fecha de Publicación: 05/01/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones ambientalistas solicitaron al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), Juan José Mussi, una audiencia para tratar el tema de la reglamentación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, y de las medidas cautelares contra la aplicación de la norma dictadas por la Justicia en la provincia de San Juan.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), entre otras organizaciones, manifestaron en una misiva enviada al Secretario Mussi su preocupación por la falta de avances ante el inminente cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley para su reglamentación y para la realización del inventario de glaciares y del ambiente periglacial.
“Consideramos que es prioritario que la reglamentación de la Ley 26.639 se efectivice dentro de los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial, tal como lo establece su artículo 17; plazo que comenzó a regir desde el 28 de octubre de 2010”.
En la carta las organizaciones señalan la importancia de cumplir con el artículo 15 de la ley y los plazos previstos en él: “60 días a partir de la sanción de la norma para que el IANIGLA (1) presente a la SAyDS un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se consideren prioritarias”. El documento aclara que este plazo comenzó a regir el 30 de septiembre de 2010 y que luego de realizado el cronograma, deberá realizarse, en esas zonas, “el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días”.
El mismo texto fue oportunamente dirigido al saliente Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, pocos días antes del cambio de autoridades. En él las cuarenta y siete organizaciones firmantes (2) solicitan además que “Ante la existencia de tres medidas cautelares dictadas por el Juez Federal de San Juan, Dr. Miguel Ángel Gálvez, que suspenden la aplicación de la Ley 26.639 en esa provincia, se torna imprescindible que el Gobierno Nacional tenga una clara vocación en defensa de la norma y dé señales claras acerca de su intención de poner en vigencia a la misma”.
Además las organizaciones señalaron que “Existe, de manera explícita, una gran presión por parte de empresas y algunos gobiernos provinciales para generar dudas sobre la aplicabilidad de esta norma. Es por esa razón que entendemos imprescindible que el Gobierno Nacional asuma plenamente su responsabilidad en la puesta en vigencia de la Ley 26.639”.
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Notas:
(1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
(2) Organizaciones firmantes: Aces Asociación Civil Energía Sustentable; Amigos de la Tierra Argentina; Arquitectura Sustentable; Asamblea Ambiental de Río Gallegos (Santa Cruz); Asamblea de Tigre por el Patrimonio Urbano y Ambiental; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita; Asociación Amigos de los Parques Nacionales; Asociación Amigos en Defensa del Lago Buenos Aires (Santa Cruz); Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; Asociación Civil Por la Reserva – Vecinos Autoconvocados; Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan); Avaaz.org; Calafate Natural (Santa Cruz); Cámara de Turismo de Famatina (La Rioja); Cátedra Libre “Problemáticas Ambientales del Siglo XXI”. Facultad de Ciencias; Sociales, Universidad Nacional de San Juan; CEDHA - Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Córdoba); Centro Ecologista Renacer (Santa Fe); Conciencia Solidaria; Conservación Patagónica (Neuquén); Diálogo por el Ambiente; Eco Sitio (Córdoba); Ecosistemas Argentinos (Córdoba); Equipo Nacional de Pastoral Aborigen; Espacio Oikos; Federación de Vinateros y Productores Agropecuarios de San Juan; FOCO - Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos; Foro Ambientalista de Santiago del Estero; Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación Ecológica Ave Fénix (Tucumán); Fundación Hábitat y Desarrollo; Fundación Inalafquen (Río Negro); Fundación Península Raulí (Neuquén); Greenpeace; Grupo Ambiental para el Desarrollo (Santiago del Estero); Hermanos de la Tierra; Iniciativa Radial; Inka Ñan Turismo EVT (La Rioja); Movimiento de Justicia y Paz de la Familia Dominica (Mendoza); ProDeLos - Asociación Civil para la Promoción del Desarrollo Local Sustentable; Proyecto Cambio Climático; Proyecto Verde; Red Agroforestal del Chaco Argentina; Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería; Red Provincial de ONGs de San Juan; Taller de Comunicación Ambiental (Santa Fe); The Conservation Land Trust; Fundación Jorge Esteban Roulet
El peligro de las fumigaciones con agroquímicos
El peligro de las fumigaciones con agroquímicos
Fecha de Publicación: 04/01/2011
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
Graciela Gómez, abogada ambientalista, demandó a la comuna de Ibarlucea y al Gobierno de la provincia por el caso de un chico de 9 años que fue afectado por agroquímicos. En ese lugar se realizan fumigaciones a menos de 200 metros cuando la ley lo prohíbe.
El Gobierno de Santa Fe y la Comuna de Ibarlucea fueron demandados por el caso de un nene de 9 años que fue afectado por el uso de agroquímicos a 100 metros del lugar donde reside. “Le enviamos cinco notas al intendente pidiéndole que se cree una zona de resguardo ambiental y pidiéndole que se respete la ley y no lo hicieron”, dijo Gómez.
De acuerdo a lo comentado por la abogada cuando se le realizaron loa estudios al chiquito dio positivo para el análisis de Piretrodie que es un insecticida muy fuerte. El mismo “fue aplicado a menos de 200 metros del lugar siendo que es banda amarilla clase 1 o banda roja clase 2”, explicó Gómez. Cabe aclarar que esta división define el grado de toxicidad de esos agroquímicos.
La letrada comentó también que “después de la nota que salió en un diario de Rosario, el intendente pidió derecho a réplica y nos mandó un borrador donde dice que se puede fumigar a 100 metros” y se quejó porque “el organismo que debe controlar y aplicar la ley también la infringe”.
Después de todo esto, dijo Gómez, “se emitió una Ordenanza que permite fumigar a 100 metros y más adelante cuando se planten los árboles, se podrá hacer a 30 metros. La ley provincial dice todo lo contrario y prohíbe el uso de los agroquímicos a menos de 500 metros”.
Para finalizar su diálogo con LT10, Graciela Gómez manifestó que “vamos a lograr que el fallo llegue a la Corte, no vamos a dejar las cosas así”.
Fecha de Publicación: 04/01/2011
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
Graciela Gómez, abogada ambientalista, demandó a la comuna de Ibarlucea y al Gobierno de la provincia por el caso de un chico de 9 años que fue afectado por agroquímicos. En ese lugar se realizan fumigaciones a menos de 200 metros cuando la ley lo prohíbe.
El Gobierno de Santa Fe y la Comuna de Ibarlucea fueron demandados por el caso de un nene de 9 años que fue afectado por el uso de agroquímicos a 100 metros del lugar donde reside. “Le enviamos cinco notas al intendente pidiéndole que se cree una zona de resguardo ambiental y pidiéndole que se respete la ley y no lo hicieron”, dijo Gómez.
De acuerdo a lo comentado por la abogada cuando se le realizaron loa estudios al chiquito dio positivo para el análisis de Piretrodie que es un insecticida muy fuerte. El mismo “fue aplicado a menos de 200 metros del lugar siendo que es banda amarilla clase 1 o banda roja clase 2”, explicó Gómez. Cabe aclarar que esta división define el grado de toxicidad de esos agroquímicos.
La letrada comentó también que “después de la nota que salió en un diario de Rosario, el intendente pidió derecho a réplica y nos mandó un borrador donde dice que se puede fumigar a 100 metros” y se quejó porque “el organismo que debe controlar y aplicar la ley también la infringe”.
Después de todo esto, dijo Gómez, “se emitió una Ordenanza que permite fumigar a 100 metros y más adelante cuando se planten los árboles, se podrá hacer a 30 metros. La ley provincial dice todo lo contrario y prohíbe el uso de los agroquímicos a menos de 500 metros”.
Para finalizar su diálogo con LT10, Graciela Gómez manifestó que “vamos a lograr que el fallo llegue a la Corte, no vamos a dejar las cosas así”.
Avanza la degradación de los suelos
Amenaza: avanza la degradación de los suelos
Fecha de Publicación: 02/01/2011
Fuente: La Nación - Campo
Provincia/Región: Nacional
El uso y el manejo inadecuados del recurso en busca de una mayor producción de alimentos condujeron a los procesos erosivos, agravados por las sequías y los excesos hídricos
Se trata de un camino sin retorno. El suelo que se pierde es muy difícil o imposible de recuperar. Por eso, su cuidado debe ser el máximo, más en un país como la Argentina, cuya actividad agropecuaria, una de sus principales fuentes de ingreso, tanto depende de ese recurso. Ya se perdió mucho por usos y manejos inadecuados (monocultivo, sobrepastoreo, falta de reposición de nutrientes), sumados a un clima que suele mostrarse adverso con prolongadas y devastadoras sequías e inundaciones que luego dan lugar a la erosión eólica y a la voladura de suelos. Resultado: la tierra se vuelve arenosa y pierde fertilidad y capacidad de producción. Tanto es así que el llamado de los especialistas es cuidar el recurso: cultivar donde se puede y lo que se puede, como enseña el manual de la agricultura por ambientes y realizar buenas prácticas agrícolas con rotaciones y una mayor cobertura de rastrojos en el suelo.
En la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) explican que la erosión eólica ocurre principalmente en suelos arenosos y sueltos de las regiones subhúmeda y semiárida pampeanas, que comprenden las provincias de Córdoba, La Pampa y San Luis, y el oeste de Buenos Aires.
En esos suelos frágiles sin estructura, es muy fácil el arrastre de las partículas minerales del suelo por el viento.
La franja semiárida
"La franja semiárida argentina, que va de Bahía Blanca, pasa por el oeste de Buenos Aires, La Pampa, parte de Córdoba, San Luis y Chaco es muy susceptible a sufrir erosión por las condiciones del suelo y del clima", dijo Daniel Buschiazzo, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Anguil y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y docente de Edafología de la Universidad Nacional de La Pampa.
Si bien Buschiazzo reconoce que hay otras regiones como la Patagonia, todo Mendoza y la franja contra la cordillera de los Andes que son mucho más secas, "donde hay que poner más énfasis es en la franja semiárida porque es donde está avanzando la agricultura, ya que esta actividad implica remoción de suelos y la superficie queda más expuesta a la erosión", explicó a La Nacion.
Consultado acerca de las recomendaciones en estos casos, Buschiazzo señaló que el cultivo de cobertura es una muy buena práctica para evitar este proceso. "Nosotros proponemos para producir maní en el centro de San Luis, norte de La Pampa y sur de Córdoba hacer cultivos en franjas buffer . Esto es, intercalar maní con granos de la misma época (sorgo y maíz) que tienen mayor altura y actúan como cortina protectora. También aconsejamos la siembra directa." El investigador consideró la clasificación de suelos y un ordenamiento territorial, como hacen en otros países. "Esto implica definir dónde se puede producir agricultura o forestación o pasturas. En otros países eso está definido, como en los Estados Unidos, en donde hay regiones en las que no se puede hacer agricultura y el productor recibe dinero para producir pasto y no tocarlo y mantenerlo con cobertura y hacer un pastoreo muy extensivo", explicó.
Buschiazzo concluyó que "el deterioro de las propiedades edáficas provoca un elevado daño económico por pérdida de nutrientes" (ver aparte).
En todo esto, la siembra directa, como parte de un conjunto de buenas prácticas agrícolas, es considerada fundamental para mantener cobertura en el suelo. "En este esquema la rotación de cultivos es básica, ya que hay algunos cultivos que dejan más residuos que otros en la superficie. Por eso tenemos que manejarnos con la modalidad de agricultura por ambientes", dijo Gastón Fernández Palma, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
"Hay que tratar de agregar cultivos intercosecha, como, por ejemplo, de la cosecha de trigo a la siembra de girasol debemos generar alguna cobertura verde con una gramínea como la avena, con lo cual mantenemos en superficie no sólo los residuos de la cosecha anterior, sino que también creamos una verdadera muralla para los vientos y para amortiguar el efecto de las lluvias", dijo Fernández Palma.
En tanto, para Nicolás Marín Moreno, asesor del CREA Río Quinto, en la zona de Laboulaye, Córdoba, el tema más grave es cuando se impulsa el cultivo del maní. "Cuando manejamos la rotación normal trigo-soja y trigo-maíz, la erosión eólica la controlamos bastante, pero con el maní se complica porque para cosechar, en abril, hay que mover la tierra para extraer la vaina, con lo cual entramos en el invierno con toda la tierra suelta, con los primeros 15 centímetros en el aire; ante esa situación lo que hacemos es fijar con un cultivo de cobertura como cebada, trigo, centeno o vicia", dijo el asesor.
Fecha de Publicación: 02/01/2011
Fuente: La Nación - Campo
Provincia/Región: Nacional
El uso y el manejo inadecuados del recurso en busca de una mayor producción de alimentos condujeron a los procesos erosivos, agravados por las sequías y los excesos hídricos
Se trata de un camino sin retorno. El suelo que se pierde es muy difícil o imposible de recuperar. Por eso, su cuidado debe ser el máximo, más en un país como la Argentina, cuya actividad agropecuaria, una de sus principales fuentes de ingreso, tanto depende de ese recurso. Ya se perdió mucho por usos y manejos inadecuados (monocultivo, sobrepastoreo, falta de reposición de nutrientes), sumados a un clima que suele mostrarse adverso con prolongadas y devastadoras sequías e inundaciones que luego dan lugar a la erosión eólica y a la voladura de suelos. Resultado: la tierra se vuelve arenosa y pierde fertilidad y capacidad de producción. Tanto es así que el llamado de los especialistas es cuidar el recurso: cultivar donde se puede y lo que se puede, como enseña el manual de la agricultura por ambientes y realizar buenas prácticas agrícolas con rotaciones y una mayor cobertura de rastrojos en el suelo.
En la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) explican que la erosión eólica ocurre principalmente en suelos arenosos y sueltos de las regiones subhúmeda y semiárida pampeanas, que comprenden las provincias de Córdoba, La Pampa y San Luis, y el oeste de Buenos Aires.
En esos suelos frágiles sin estructura, es muy fácil el arrastre de las partículas minerales del suelo por el viento.
La franja semiárida
"La franja semiárida argentina, que va de Bahía Blanca, pasa por el oeste de Buenos Aires, La Pampa, parte de Córdoba, San Luis y Chaco es muy susceptible a sufrir erosión por las condiciones del suelo y del clima", dijo Daniel Buschiazzo, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Anguil y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y docente de Edafología de la Universidad Nacional de La Pampa.
Si bien Buschiazzo reconoce que hay otras regiones como la Patagonia, todo Mendoza y la franja contra la cordillera de los Andes que son mucho más secas, "donde hay que poner más énfasis es en la franja semiárida porque es donde está avanzando la agricultura, ya que esta actividad implica remoción de suelos y la superficie queda más expuesta a la erosión", explicó a La Nacion.
Consultado acerca de las recomendaciones en estos casos, Buschiazzo señaló que el cultivo de cobertura es una muy buena práctica para evitar este proceso. "Nosotros proponemos para producir maní en el centro de San Luis, norte de La Pampa y sur de Córdoba hacer cultivos en franjas buffer . Esto es, intercalar maní con granos de la misma época (sorgo y maíz) que tienen mayor altura y actúan como cortina protectora. También aconsejamos la siembra directa." El investigador consideró la clasificación de suelos y un ordenamiento territorial, como hacen en otros países. "Esto implica definir dónde se puede producir agricultura o forestación o pasturas. En otros países eso está definido, como en los Estados Unidos, en donde hay regiones en las que no se puede hacer agricultura y el productor recibe dinero para producir pasto y no tocarlo y mantenerlo con cobertura y hacer un pastoreo muy extensivo", explicó.
Buschiazzo concluyó que "el deterioro de las propiedades edáficas provoca un elevado daño económico por pérdida de nutrientes" (ver aparte).
En todo esto, la siembra directa, como parte de un conjunto de buenas prácticas agrícolas, es considerada fundamental para mantener cobertura en el suelo. "En este esquema la rotación de cultivos es básica, ya que hay algunos cultivos que dejan más residuos que otros en la superficie. Por eso tenemos que manejarnos con la modalidad de agricultura por ambientes", dijo Gastón Fernández Palma, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
"Hay que tratar de agregar cultivos intercosecha, como, por ejemplo, de la cosecha de trigo a la siembra de girasol debemos generar alguna cobertura verde con una gramínea como la avena, con lo cual mantenemos en superficie no sólo los residuos de la cosecha anterior, sino que también creamos una verdadera muralla para los vientos y para amortiguar el efecto de las lluvias", dijo Fernández Palma.
En tanto, para Nicolás Marín Moreno, asesor del CREA Río Quinto, en la zona de Laboulaye, Córdoba, el tema más grave es cuando se impulsa el cultivo del maní. "Cuando manejamos la rotación normal trigo-soja y trigo-maíz, la erosión eólica la controlamos bastante, pero con el maní se complica porque para cosechar, en abril, hay que mover la tierra para extraer la vaina, con lo cual entramos en el invierno con toda la tierra suelta, con los primeros 15 centímetros en el aire; ante esa situación lo que hacemos es fijar con un cultivo de cobertura como cebada, trigo, centeno o vicia", dijo el asesor.
Ley de Fitosanitarios, reformas y polémica
Ley de Fitosanitarios, reformas y polémica
Fecha de Publicación: 01/01/2011
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
En los últimos meses el Senado estuvo tratando las reformas a la Ley de Fitosanitarios Nº 11.273, introducidas por Diputados. Las limitaciones a las fumigaciones aéreas y la prohibición para aplicar glifosatos a cierta distancia dejarían miles de hectáreas sin producir.
Durante este año las instituciones del sector rural han manifestado en diferntes reuniones con senadores y ministros sus puntos de vista respecto de las modificaciones introducidas a la Ley Nº 11.273 dispuestas por la Cámara de Diputados. Algunos pueblos del interior vivieron aquel momento -y todavía continúan- con gran incertidumbre y piden al Senado ser escuchados antes de darle sanción definitiva. El proyecto llegado de Diputados reforma la ley de fondo en cuanto a las fumigaciones áreas (1.000 metros de los cascos urbanos) y la prohibición de uso de glifosatos en distancias menores a los 500 metros, punto que los productores ven como una amenaza al trabajo cotidiano porque muchos hacen agricultura en predios suburbanos.
¿Desde dónde se tomará la distancia para la no utilización de los agroquímicos?. “¿Quién se va a hacer cargo de los cientos de productores que vamos a quedar a la deriva si este proyecto tal cual está se convierte en ley? Seamos realistas vamos a ser muchos los que podríamos quedar al costado del camino. ¿Quién se hará responsable de la falta de ingresos que nos va a llevar a la quiebra y nos dejará en la calle?”, hablaba con preocupación el productor y dirigente de Federación Agraria, Diego Sara. Aquella consternación de Sara se multiplicaba por los miles de productores que se verían afectados y deberán dejar de producir, con las consecuencias sociales que traería la aprobación de la norma. “Esta situación llevará a una menor venta de insumos —semillas, agroquímicos, combustible, fertilizantes—, menos actividades en los acopios, menos trabajo para los contratistas, se va a lograr una merma en la industria metalmecánica, y las economías regionales sufrirán. Nunca llegaríamos a 150 millones de toneladas”, manifestó el titular de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, quien solicita que el Senado prevea -ante el tratamiento de la norma- la participación en la norma de las comunas y de los profesionales de la ingeniería agronómica, que son los que certifican el producto a aplicar y determinan su oportunidad de acuerdo con los vientos.
El senador justicialista Rubén Pirola graficaba en aquel contexto la situación de varios productores. “Los que vivimos en localidades pequeñas que se sostienen de la producción, observamos que si la ley avanza tal cual llegó el proyecto de Diputados, nos vamos a encontrar con pueblos que van a perder su actividad productiva, ya sea agricultura, ganadería o tambo. Como el de la salud, éste no es un tema menor”.
Raúl Walker, de la Comisión de Fitosanitarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos, sintetizaba que nos es fácil de evaluar la cantidad de hectáreas perjudicadas. El profesional pone el ejemplo que “en el centro del departamento Las Colonias, cada 500 metros tendríamos 200 a 300 hectáreas que pasarían a ser improductivas y si lo llevamos a 1.000 metros estaríamos en las 600 hectáreas promedio. Es un poco incongruente todo este tema”. Puntos de vista El polémico proyecto, perteneciente a los diputados justicialistas Federico Reutemann, Adrián Simil y Silvia de Césaris, fue girado a distintas comisiones del Senado a fin de analizar dos aspectos centrales: las distancias y tipo de productos. Walker aseguró que las inquietudes fueron planteadas a los senadores, en las que se dijo que “si bien la ley necesita un cambio, hay cuestiones aprobadas en Diputados que no aportan soluciones sino que complican más las cosas. El artículo 36 indica que esos espacios que dejarían de ser productivos, pasarían a destinarse a huertas de autoconsumo o centros recreativos. Estamos ante una contradicción ya que otra parte de la norma establece que debe alejarse a tanto metros, pero si allí ponemos centros recreativos en realidad la distancia pasaría a ser de 1.000 y no de 500 metros”, dijo el profesional.
En tanto el senador Pirola explicó que en función de este tema, los legisladores del PJ se asesoraron técnicamente. “Escuchamos todas las opiniones para así poder definir con exactitud y criterio teniendo en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo con las distancias. Este tema debe regularlo la provincia en su conjunto y, en ese marco, el objetivo de los senadores del PJ es trabajar en una ley que atienda todas las cuestiones, para que luego no se las deba resolver en tribunales”.
Desde Federación Agraria y el resto de las entidades no están en contra de la ley, pero se deberían revisar varios puntos. “Si se aprueba como está se perderán muchas fuentes de trabajo, los metros no solucionan nada, lo mejor es un uso responsable de las aplicaciones. Esta discusión debe ser más amplia y debe reinar el sentido común, además deberíamos tener en cuenta lo que hacen los países desarrollados, el buen uso de los fitosanitarios es fundamental”, expicaba Sara. Agrónomos de cara al 2011 Desde hace algunos meses el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Ministerio de la Producción vienen trabajando en un nuevo convenio de vinculación que permitirá a los profesionales garantizar el buen uso de agroquímicos en cercanías de pueblos y ciudades del interior santafesino.
Este nuevo marco habilitará a los profesionales a fiscalizar el uso de fitosanitarios en toda la provincia y, sobre todo, “instruir a las comunas y hablar con las autoridades porque sólo el 35% tiene ordenanzas sobre el tema”. Otro objetivo es “fiscalizar que los agrónomos que no cumplan con la ley puedan ser sancionados”, así como controlar a los comercios y máquinas aplicadoras para hacer cumplir la norma. El dato innovador es que también se planea instalar estaciones agrometeorológicas en cada pueblo para tener información climática en tiempo real (viento, temperatura, entre otros) que permita “asegurarnos que no haya venenos que se desparramen en una ciudad”, dijo Gerardo Severín a Campolitoral.
Artículos polémicos El artículo Nº 38 prohíbe el uso del glifosato hasta 500 metros de distancia del ejido urbano para la pulverización con equipos terrestres y 1.000 con equipos aéreos. Luis María San Román, presidente de la Sociedad Rural de Rosario explicaba que las reglamentaciones deben ser avaladas por los correspondientes estudios y fundamentos científicos, donde además se hagan públicas. “En este proyecto de diputados hay una cuestión y un artículo que solo habla de glifosato y lo compara con “bandas 1 y 2 elevadamente tóxico-” cuando para el Senasa y el Ministerio de Agricultura es “banda verde” baja toxicidad. Es inentendible este tipo de cuestiones”. Según la resolución 350/99 del Senasa, el principio activo glifosato en su uso normal está dentro del grupo de activos de improbable riesgo agudo y está clasificado en la Categoría de Menor Riesgo Toxicológico (Clase IV), es decir, productos que normalmente no ofrecen peligro, según el criterio adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La Rural rosarina aseguró que de acuerdo a estudios científicos efectuados por la OMS, el glifosato está catalogado como “banda verde”, es decir, “que normalmente no ofrece peligro” y se encuentra en la misma categoría que cualquiera de los productos de uso domésticos. En el mundo desde hace 33 años, se comercializan distintas variedades de glifosato, que cuentan con la aprobación de Estados Unidos y la Unión Europea, como así también se ha demostrado científicamente que no daña la fauna ni trae consecuencias para la salud humana ni el medio ambiente. “La ley que se discute en la provincia pretende prohibir su uso hasta 500 metros de distancia de la planta urbana para la fumigación con equipos terrestres y 1.000 metros con aéreos, cuando Francia con sus estrictos controles en materia ambiental establecen su prohibición a partir de los 50 metros”, comparaba la Rural de Rosario.
Fecha de Publicación: 01/01/2011
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
En los últimos meses el Senado estuvo tratando las reformas a la Ley de Fitosanitarios Nº 11.273, introducidas por Diputados. Las limitaciones a las fumigaciones aéreas y la prohibición para aplicar glifosatos a cierta distancia dejarían miles de hectáreas sin producir.
Durante este año las instituciones del sector rural han manifestado en diferntes reuniones con senadores y ministros sus puntos de vista respecto de las modificaciones introducidas a la Ley Nº 11.273 dispuestas por la Cámara de Diputados. Algunos pueblos del interior vivieron aquel momento -y todavía continúan- con gran incertidumbre y piden al Senado ser escuchados antes de darle sanción definitiva. El proyecto llegado de Diputados reforma la ley de fondo en cuanto a las fumigaciones áreas (1.000 metros de los cascos urbanos) y la prohibición de uso de glifosatos en distancias menores a los 500 metros, punto que los productores ven como una amenaza al trabajo cotidiano porque muchos hacen agricultura en predios suburbanos.
¿Desde dónde se tomará la distancia para la no utilización de los agroquímicos?. “¿Quién se va a hacer cargo de los cientos de productores que vamos a quedar a la deriva si este proyecto tal cual está se convierte en ley? Seamos realistas vamos a ser muchos los que podríamos quedar al costado del camino. ¿Quién se hará responsable de la falta de ingresos que nos va a llevar a la quiebra y nos dejará en la calle?”, hablaba con preocupación el productor y dirigente de Federación Agraria, Diego Sara. Aquella consternación de Sara se multiplicaba por los miles de productores que se verían afectados y deberán dejar de producir, con las consecuencias sociales que traería la aprobación de la norma. “Esta situación llevará a una menor venta de insumos —semillas, agroquímicos, combustible, fertilizantes—, menos actividades en los acopios, menos trabajo para los contratistas, se va a lograr una merma en la industria metalmecánica, y las economías regionales sufrirán. Nunca llegaríamos a 150 millones de toneladas”, manifestó el titular de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, quien solicita que el Senado prevea -ante el tratamiento de la norma- la participación en la norma de las comunas y de los profesionales de la ingeniería agronómica, que son los que certifican el producto a aplicar y determinan su oportunidad de acuerdo con los vientos.
El senador justicialista Rubén Pirola graficaba en aquel contexto la situación de varios productores. “Los que vivimos en localidades pequeñas que se sostienen de la producción, observamos que si la ley avanza tal cual llegó el proyecto de Diputados, nos vamos a encontrar con pueblos que van a perder su actividad productiva, ya sea agricultura, ganadería o tambo. Como el de la salud, éste no es un tema menor”.
Raúl Walker, de la Comisión de Fitosanitarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos, sintetizaba que nos es fácil de evaluar la cantidad de hectáreas perjudicadas. El profesional pone el ejemplo que “en el centro del departamento Las Colonias, cada 500 metros tendríamos 200 a 300 hectáreas que pasarían a ser improductivas y si lo llevamos a 1.000 metros estaríamos en las 600 hectáreas promedio. Es un poco incongruente todo este tema”. Puntos de vista El polémico proyecto, perteneciente a los diputados justicialistas Federico Reutemann, Adrián Simil y Silvia de Césaris, fue girado a distintas comisiones del Senado a fin de analizar dos aspectos centrales: las distancias y tipo de productos. Walker aseguró que las inquietudes fueron planteadas a los senadores, en las que se dijo que “si bien la ley necesita un cambio, hay cuestiones aprobadas en Diputados que no aportan soluciones sino que complican más las cosas. El artículo 36 indica que esos espacios que dejarían de ser productivos, pasarían a destinarse a huertas de autoconsumo o centros recreativos. Estamos ante una contradicción ya que otra parte de la norma establece que debe alejarse a tanto metros, pero si allí ponemos centros recreativos en realidad la distancia pasaría a ser de 1.000 y no de 500 metros”, dijo el profesional.
En tanto el senador Pirola explicó que en función de este tema, los legisladores del PJ se asesoraron técnicamente. “Escuchamos todas las opiniones para así poder definir con exactitud y criterio teniendo en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo con las distancias. Este tema debe regularlo la provincia en su conjunto y, en ese marco, el objetivo de los senadores del PJ es trabajar en una ley que atienda todas las cuestiones, para que luego no se las deba resolver en tribunales”.
Desde Federación Agraria y el resto de las entidades no están en contra de la ley, pero se deberían revisar varios puntos. “Si se aprueba como está se perderán muchas fuentes de trabajo, los metros no solucionan nada, lo mejor es un uso responsable de las aplicaciones. Esta discusión debe ser más amplia y debe reinar el sentido común, además deberíamos tener en cuenta lo que hacen los países desarrollados, el buen uso de los fitosanitarios es fundamental”, expicaba Sara. Agrónomos de cara al 2011 Desde hace algunos meses el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Ministerio de la Producción vienen trabajando en un nuevo convenio de vinculación que permitirá a los profesionales garantizar el buen uso de agroquímicos en cercanías de pueblos y ciudades del interior santafesino.
Este nuevo marco habilitará a los profesionales a fiscalizar el uso de fitosanitarios en toda la provincia y, sobre todo, “instruir a las comunas y hablar con las autoridades porque sólo el 35% tiene ordenanzas sobre el tema”. Otro objetivo es “fiscalizar que los agrónomos que no cumplan con la ley puedan ser sancionados”, así como controlar a los comercios y máquinas aplicadoras para hacer cumplir la norma. El dato innovador es que también se planea instalar estaciones agrometeorológicas en cada pueblo para tener información climática en tiempo real (viento, temperatura, entre otros) que permita “asegurarnos que no haya venenos que se desparramen en una ciudad”, dijo Gerardo Severín a Campolitoral.
Artículos polémicos El artículo Nº 38 prohíbe el uso del glifosato hasta 500 metros de distancia del ejido urbano para la pulverización con equipos terrestres y 1.000 con equipos aéreos. Luis María San Román, presidente de la Sociedad Rural de Rosario explicaba que las reglamentaciones deben ser avaladas por los correspondientes estudios y fundamentos científicos, donde además se hagan públicas. “En este proyecto de diputados hay una cuestión y un artículo que solo habla de glifosato y lo compara con “bandas 1 y 2 elevadamente tóxico-” cuando para el Senasa y el Ministerio de Agricultura es “banda verde” baja toxicidad. Es inentendible este tipo de cuestiones”. Según la resolución 350/99 del Senasa, el principio activo glifosato en su uso normal está dentro del grupo de activos de improbable riesgo agudo y está clasificado en la Categoría de Menor Riesgo Toxicológico (Clase IV), es decir, productos que normalmente no ofrecen peligro, según el criterio adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La Rural rosarina aseguró que de acuerdo a estudios científicos efectuados por la OMS, el glifosato está catalogado como “banda verde”, es decir, “que normalmente no ofrece peligro” y se encuentra en la misma categoría que cualquiera de los productos de uso domésticos. En el mundo desde hace 33 años, se comercializan distintas variedades de glifosato, que cuentan con la aprobación de Estados Unidos y la Unión Europea, como así también se ha demostrado científicamente que no daña la fauna ni trae consecuencias para la salud humana ni el medio ambiente. “La ley que se discute en la provincia pretende prohibir su uso hasta 500 metros de distancia de la planta urbana para la fumigación con equipos terrestres y 1.000 metros con aéreos, cuando Francia con sus estrictos controles en materia ambiental establecen su prohibición a partir de los 50 metros”, comparaba la Rural de Rosario.
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