Tensión en el gabinete de Jaque por la minería
23:23 | 
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Tensión en el gabinete de Jaque
Fecha de Publicación: 08/12/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El secretario de Ambiente puso su renuncia a consideración del Gobernador, que lo ratificó pero fijándole plazos para la definición del proyecto minero San Jorge. Guillermo Carmona ratificó la necesidad de exigir precisiones de sustentabilidad al emprendimiento.
La continuidad en el Gabinete provincial del secretario de Ambiente, Guillermo Carmona quedó atada no sólo a la forma de resolución final que tenga el proyecto minero San Jorge en Uspallata, sino al plazo en el que se alcancen las definiciones.
Sin que exista una fecha definida, todo apunta al 31 de diciembre próximo.
Y aunque por la mañana había descartado la posibilidad de una reunión, por la tarde el gobernador Celso Jaque recibió a Carmona y le ordenó avanzar "sin demoras innecesarias" en el envío a la Legislatura de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Por su parte, el titular de Ambiente ratificó la necesidad de hacerle cumplir a la minera hasta la última exigencia que garantice la sustentabilidad del proyecto. Ambos coincidieron en que en Mendoza debe funcionar una minería que garantice el respeto por el medio ambiente.
Según trascendió, el lunes pasado Carmona puso verbalmente su renuncia a disposición del Gobernador y se acordó el encuentro de ayer, en el que -finalmente- Jaque ratificó a Carmona en su puesto, aunque subrayando los plazos.
Las exigencias de Ambiente de un dictamen conjunto entre las universidades de Cuyo y Tecnológica Nacional y de una definición del Departamento General de Irrigación sobre el uso del agua del arroyo El Tigre, requerirán -en principio- de un tiempo mayor a los 24 días (con feriados incluidos) que faltan hasta fin de año.
No obstante en Ambiente se mostraron optimistas. De hecho, se han sucedido los contactos con los rectores de ambas universidades (Arturo Somoza y Eduardo Balasch) y con el superintendente, Eduardo Frigerio. Ayer se reunió la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam) y volverá a deliberar el viernes que viene.
El jueves pasado, ante empresarios de la FEM, Jaque adelantó que "muy pronto" se emitirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y se remitirá a la Legislatura Provincial. El anuncio, motivó que tres días después Carmona pusiera su renuncia a disposición.
"Hemos estado conversando con el Gobernador. Le he informado sobre el estado del expediente y sobre el trabajo de la comisión evaluadora. He ofrecido mi punto de vista. Vamos a seguir hablando", dijo Carmona, ayer por la tarde.
Fue al ingresar al cine Universidad donde participó de la entrega de la distinción a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, junto con el propio Gobernador y el ministro de Gobierno, Mario Adaro. (Ver página 3)
"Se trata de tomar las medidas necesarias después de que se termine con todos los estudios que hay que hacer", manifestó Jaque.
Durante toda la mañana de ayer recrudecieron los rumores de un eventual alejamiento de Carmona, principal referente de un sector interno del PJ al que también pertenecen el secretario de Gestión Pública, Alberto Gurruchaga; el secretario de Infraestructura Escolar, Roberto Pacini; la subsecretaria de Familia, Nidia Martini y el responsable de la comunicación oficial, Pablo Cattania.
Otras versiones, vienen señalando como posibles cambios a otros integrantes del Gabinete, como los ministros de Gobierno, Adaro y de Salud, Juan Carlos Behler.
La evolución del tema minero y la prolongación del conflicto de la Salud -en el que ahora ATSA cobrará protagonismo- junto a los efectos de una interna justicialista a la que cada vez le cuesta más contenerse hasta febrero próximo, han comenzado a mostrar sus efectos sobre el Gabinete provincial.
Tanto Carmona como Adaro -cercanos pero independientes entre sí- muestran actitudes que los diferencian de la Línea Mendoza -que en principio integran-, conformada en torno a la figura del secretario general, Alejandro Cazabán.
Entre ministros, intendentes y legisladores nacionales existe un constante intercambio de contactos y negociaciones, en el que no han terminado de ponerse de acuerdo en torno a la necesidad de ratificar el cronograma nacional con internas obligatorias y simultáneas el próximo 14 de agosto o la necesidad de adelantar el proceso interno al mes de mayo con internas abiertas de participación voluntaria y fecha fijada por cada partido político, como hasta ahora ha venido sucediendo.
Fecha de Publicación: 08/12/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El secretario de Ambiente puso su renuncia a consideración del Gobernador, que lo ratificó pero fijándole plazos para la definición del proyecto minero San Jorge. Guillermo Carmona ratificó la necesidad de exigir precisiones de sustentabilidad al emprendimiento.
La continuidad en el Gabinete provincial del secretario de Ambiente, Guillermo Carmona quedó atada no sólo a la forma de resolución final que tenga el proyecto minero San Jorge en Uspallata, sino al plazo en el que se alcancen las definiciones.
Sin que exista una fecha definida, todo apunta al 31 de diciembre próximo.
Y aunque por la mañana había descartado la posibilidad de una reunión, por la tarde el gobernador Celso Jaque recibió a Carmona y le ordenó avanzar "sin demoras innecesarias" en el envío a la Legislatura de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Por su parte, el titular de Ambiente ratificó la necesidad de hacerle cumplir a la minera hasta la última exigencia que garantice la sustentabilidad del proyecto. Ambos coincidieron en que en Mendoza debe funcionar una minería que garantice el respeto por el medio ambiente.
Según trascendió, el lunes pasado Carmona puso verbalmente su renuncia a disposición del Gobernador y se acordó el encuentro de ayer, en el que -finalmente- Jaque ratificó a Carmona en su puesto, aunque subrayando los plazos.
Las exigencias de Ambiente de un dictamen conjunto entre las universidades de Cuyo y Tecnológica Nacional y de una definición del Departamento General de Irrigación sobre el uso del agua del arroyo El Tigre, requerirán -en principio- de un tiempo mayor a los 24 días (con feriados incluidos) que faltan hasta fin de año.
No obstante en Ambiente se mostraron optimistas. De hecho, se han sucedido los contactos con los rectores de ambas universidades (Arturo Somoza y Eduardo Balasch) y con el superintendente, Eduardo Frigerio. Ayer se reunió la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam) y volverá a deliberar el viernes que viene.
El jueves pasado, ante empresarios de la FEM, Jaque adelantó que "muy pronto" se emitirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y se remitirá a la Legislatura Provincial. El anuncio, motivó que tres días después Carmona pusiera su renuncia a disposición.
"Hemos estado conversando con el Gobernador. Le he informado sobre el estado del expediente y sobre el trabajo de la comisión evaluadora. He ofrecido mi punto de vista. Vamos a seguir hablando", dijo Carmona, ayer por la tarde.
Fue al ingresar al cine Universidad donde participó de la entrega de la distinción a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, junto con el propio Gobernador y el ministro de Gobierno, Mario Adaro. (Ver página 3)
"Se trata de tomar las medidas necesarias después de que se termine con todos los estudios que hay que hacer", manifestó Jaque.
Durante toda la mañana de ayer recrudecieron los rumores de un eventual alejamiento de Carmona, principal referente de un sector interno del PJ al que también pertenecen el secretario de Gestión Pública, Alberto Gurruchaga; el secretario de Infraestructura Escolar, Roberto Pacini; la subsecretaria de Familia, Nidia Martini y el responsable de la comunicación oficial, Pablo Cattania.
Otras versiones, vienen señalando como posibles cambios a otros integrantes del Gabinete, como los ministros de Gobierno, Adaro y de Salud, Juan Carlos Behler.
La evolución del tema minero y la prolongación del conflicto de la Salud -en el que ahora ATSA cobrará protagonismo- junto a los efectos de una interna justicialista a la que cada vez le cuesta más contenerse hasta febrero próximo, han comenzado a mostrar sus efectos sobre el Gabinete provincial.
Tanto Carmona como Adaro -cercanos pero independientes entre sí- muestran actitudes que los diferencian de la Línea Mendoza -que en principio integran-, conformada en torno a la figura del secretario general, Alejandro Cazabán.
Entre ministros, intendentes y legisladores nacionales existe un constante intercambio de contactos y negociaciones, en el que no han terminado de ponerse de acuerdo en torno a la necesidad de ratificar el cronograma nacional con internas obligatorias y simultáneas el próximo 14 de agosto o la necesidad de adelantar el proceso interno al mes de mayo con internas abiertas de participación voluntaria y fecha fijada por cada partido político, como hasta ahora ha venido sucediendo.
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Amenazas a la Ley de Glaciares
Amenazas a la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 07/12/2010
Fuente: Clarín - Por Maristella Svampa - Enrique Viale
Provincia/Región: Nacional
Los intereses mineros iniciaron acciones judiciales contra la norma recientemente promulgada. Ponen así de manifiesto que ciertas empresas no están dispuestas a aceptar controles estatales ni auditorías ambientales independientes.
A manera de confesión, y marcando un nuevo capítulo en la larga saga referida a la Ley de Protección de los Glaciares, los intereses mineros iniciaron acciones judiciales contra la ley recientemente promulgada, obteniendo con sugestiva celeridad -en sólo 20 horas- que el ex diputado provincial justicialista y actual Juez Federal con asiento en San Juan, Miguel Ángel Gálvez, suspenda la aplicación en dicha provincia de los artículos medulares de la norma. Por si fuera poco, días después, el mismo magistrado dictó dos medidas cautelares más, beneficiando a los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama, ambos propiedad de la transnacional Barrick Gold.
Con ello lograron que la Ley Nacional de Protección de Glaciares sea suspendida en San Juan , privilegiando desembozadamente los intereses económicos y corporativos de las empresas mineras por encima del derecho al agua de todos los argentinos.
De manera sugestiva, las medidas cautelares también suspenden, en dicha provincia, la confección del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial, impidiendo así la metodología uniforme, integral y sistemática que exige este tipo de estudios: los glaciares y sus ecosistemas no reconocen fronteras provinciales.
Otra de las “curiosidades” es que los fundamentos de los fallos se apoyan en el anterior veto presidencial, de 2008, que ni el propio oficialismo pudo sostener con argumentos de interés general.
Asimismo, estas acciones judiciales vuelven a hacer alarde de un discurso fingidamente federalista , que se contrapone con la propia estrategia judicial adoptada por los mismos intereses mineros en aquellas provincias donde ya existen leyes provinciales de prohibición de minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas; situaciones en las cuales arguyen que sólo el Código de Minería (ley dictada por el Congreso Nacional) podría regular la actividad minera y no una norma provincial.
Queda claro entonces que la estrategia prominera se acomoda a las circunstancias : así, puede apelar a las históricas banderas del federalismo y hablar del “avasallamiento de la nación a las provincias”, para frenar una ley de presupuestos mínimos como la Ley de Protección de Glaciares, pero también puede acudir al unitarismo más extremo, para impugnar que sean las provincias, a través de sus legislaturas, las que sancionen leyes de protección ambiental. En realidad, estas argucias jurídicas vuelven a poner de manifiesto el interés concreto de empresas, como la Barrick Gold, que son conscientes de haberse instalado en áreas muy frágiles, alterando un bien esencial y vulnerable como el agua, pero que no están dispuestas a aceptar controles estatales ni auditorias ambientales independientes de las empresas.
En este contexto, es el Estado nacional, demandado en las causas judiciales, quien debe apelar dichas medidas cautelares. Pero que el principal detractor de la Ley sea el gobernador José Luis Gioja -uno de los mayores aliados del gobierno nacional- sumado a los sugestivos encuentros de la Presidenta de la Nación con Peter Munk -CEO de la Barrick Gold-, más los recientes contactos entre el asesor legal de la gobernación sanjuanina con Carlos Zannini y Aníbal Fernández, arrojan serias dudas acerca de la eficacia, vigor y premura de la intervención jurídica del Poder Ejecutivo para lograr la plena vigencia en todo el territorio nacional de la norma. Empeora el panorama el hecho de que quien debiera colaborar activamente en la defensa judicial de la norma sea el Secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, quien fue uno de los más enérgicos opositores de la ley durante su trámite parlamentario.
Por otro lado, estos subterfugios jurídicos, que evidencian la venalidad de ciertos representantes del Poder Judicial nacional, fragilizan la confianza que diferentes actores de la sociedad civil depositaron en una salida institucional genuina, encarnada en un Parlamento nacional , que por vez primera, sinceró el núcleo del problema que vienen padeciendo tantas pequeñas y medianas poblaciones del país.
Así, en la larga sesión del Senado en la cual terminó por aprobarse esta ley, incluso los discursos de los jefes de las bancadas mayoritarias pusieron el acento tanto en el cambio cultural que supone el despertar de una conciencia ambiental , como en la imperiosa necesidad de discutir el controvertido modelo minero que hoy avanza sobre la Argentina sin consenso social y sin control del Estado.
Compete entonces responder no sólo al Estado nacional, cuya verdadera voluntad política se verá expresada en los próximos días, sino también a todas aquellas voces que desde diferentes posiciones del arco político defendieron la importancia de esta ley, ya que lo que está en juego es nada menos que la credibilidad misma de las instituciones democráticas.
Fecha de Publicación: 07/12/2010
Fuente: Clarín - Por Maristella Svampa - Enrique Viale
Provincia/Región: Nacional
Los intereses mineros iniciaron acciones judiciales contra la norma recientemente promulgada. Ponen así de manifiesto que ciertas empresas no están dispuestas a aceptar controles estatales ni auditorías ambientales independientes.
A manera de confesión, y marcando un nuevo capítulo en la larga saga referida a la Ley de Protección de los Glaciares, los intereses mineros iniciaron acciones judiciales contra la ley recientemente promulgada, obteniendo con sugestiva celeridad -en sólo 20 horas- que el ex diputado provincial justicialista y actual Juez Federal con asiento en San Juan, Miguel Ángel Gálvez, suspenda la aplicación en dicha provincia de los artículos medulares de la norma. Por si fuera poco, días después, el mismo magistrado dictó dos medidas cautelares más, beneficiando a los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama, ambos propiedad de la transnacional Barrick Gold.
Con ello lograron que la Ley Nacional de Protección de Glaciares sea suspendida en San Juan , privilegiando desembozadamente los intereses económicos y corporativos de las empresas mineras por encima del derecho al agua de todos los argentinos.
De manera sugestiva, las medidas cautelares también suspenden, en dicha provincia, la confección del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial, impidiendo así la metodología uniforme, integral y sistemática que exige este tipo de estudios: los glaciares y sus ecosistemas no reconocen fronteras provinciales.
Otra de las “curiosidades” es que los fundamentos de los fallos se apoyan en el anterior veto presidencial, de 2008, que ni el propio oficialismo pudo sostener con argumentos de interés general.
Asimismo, estas acciones judiciales vuelven a hacer alarde de un discurso fingidamente federalista , que se contrapone con la propia estrategia judicial adoptada por los mismos intereses mineros en aquellas provincias donde ya existen leyes provinciales de prohibición de minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas; situaciones en las cuales arguyen que sólo el Código de Minería (ley dictada por el Congreso Nacional) podría regular la actividad minera y no una norma provincial.
Queda claro entonces que la estrategia prominera se acomoda a las circunstancias : así, puede apelar a las históricas banderas del federalismo y hablar del “avasallamiento de la nación a las provincias”, para frenar una ley de presupuestos mínimos como la Ley de Protección de Glaciares, pero también puede acudir al unitarismo más extremo, para impugnar que sean las provincias, a través de sus legislaturas, las que sancionen leyes de protección ambiental. En realidad, estas argucias jurídicas vuelven a poner de manifiesto el interés concreto de empresas, como la Barrick Gold, que son conscientes de haberse instalado en áreas muy frágiles, alterando un bien esencial y vulnerable como el agua, pero que no están dispuestas a aceptar controles estatales ni auditorias ambientales independientes de las empresas.
En este contexto, es el Estado nacional, demandado en las causas judiciales, quien debe apelar dichas medidas cautelares. Pero que el principal detractor de la Ley sea el gobernador José Luis Gioja -uno de los mayores aliados del gobierno nacional- sumado a los sugestivos encuentros de la Presidenta de la Nación con Peter Munk -CEO de la Barrick Gold-, más los recientes contactos entre el asesor legal de la gobernación sanjuanina con Carlos Zannini y Aníbal Fernández, arrojan serias dudas acerca de la eficacia, vigor y premura de la intervención jurídica del Poder Ejecutivo para lograr la plena vigencia en todo el territorio nacional de la norma. Empeora el panorama el hecho de que quien debiera colaborar activamente en la defensa judicial de la norma sea el Secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, quien fue uno de los más enérgicos opositores de la ley durante su trámite parlamentario.
Por otro lado, estos subterfugios jurídicos, que evidencian la venalidad de ciertos representantes del Poder Judicial nacional, fragilizan la confianza que diferentes actores de la sociedad civil depositaron en una salida institucional genuina, encarnada en un Parlamento nacional , que por vez primera, sinceró el núcleo del problema que vienen padeciendo tantas pequeñas y medianas poblaciones del país.
Así, en la larga sesión del Senado en la cual terminó por aprobarse esta ley, incluso los discursos de los jefes de las bancadas mayoritarias pusieron el acento tanto en el cambio cultural que supone el despertar de una conciencia ambiental , como en la imperiosa necesidad de discutir el controvertido modelo minero que hoy avanza sobre la Argentina sin consenso social y sin control del Estado.
Compete entonces responder no sólo al Estado nacional, cuya verdadera voluntad política se verá expresada en los próximos días, sino también a todas aquellas voces que desde diferentes posiciones del arco político defendieron la importancia de esta ley, ya que lo que está en juego es nada menos que la credibilidad misma de las instituciones democráticas.
Cambio climático: la estrategia argentina
Cambio climático: la estrategia argentina
Fecha de Publicación: 07/12/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Delegados de la Argentina presentaron ayer 16 proyectos vinculados a la mitigación del cambio climático durante un evento paralelo de la Cumbre Mundial de Cambio Climático o COP16. La construcción de una represa y una planta hidroeléctrica en San Juan, la reforestación en suelo degradado en la zona de Aluminé, Neuquén, y hasta el reemplazo del actual transporte público porteño por vehículos "híbridos", fueron algunas de las iniciativas incluidas en la presentación liderada por el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni.
También se expusieron avances en programas nacionales para generar energía renovable, fortalecer el sistema de observaciones meteorológicas y un proyecto para promover la producción de energía a partir de biomasa, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Bibiloni destacó sobre el cambio climático: "[Es] un problema que tiene en vilo al planeta", y destacó que debe haber decisiones urgentes, más allá del enfrentamiento de intereses entre las naciones que participan de esta cumbre. "Todavía somos optimistas de que en Cancún haya resultados", dijo.
Por su parte, Gabriel Blanco, de la delegación argentina, señaló que se estima que en el país el consumo de energía crecerá mucho en las próximas décadas. El campo de la energía es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, dijo que es clave trabajar en la mitigación (reducción de las emisiones) y en la adaptación.
Una novedad en este evento organizado por el gobierno argentino fueron los lineamientos generales de una estrategia nacional impulsada por el Comité Gubernamental de Cambio Climático, creado en diciembre del año pasado, pero no hubo más detalles.
Por su parte, Ramiro Fernández, director del programa Cambio Climático y Energía, de la Fundación Avina, consideró positivo que existan acciones nacionales en diversos campos. "Pero aún falta mucho para avanzar", sentenció.
En tanto, en la cumbre se viven momentos de tensión. Este fin de semana, la presidenta de la COP16 anunció que habría consenso entre los países de la Convención Marco de las Naciones Unidas para fortalecer la educación y la comunicación social del cambio climático. Patricia Espinosa propuso también un esquema de trabajo de parejas de países (uno desarrollado y uno en desarrollo) para las negociaciones por temas. Es incierto si habrá algún acuerdo entre las 193 naciones.
Fecha de Publicación: 07/12/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Delegados de la Argentina presentaron ayer 16 proyectos vinculados a la mitigación del cambio climático durante un evento paralelo de la Cumbre Mundial de Cambio Climático o COP16. La construcción de una represa y una planta hidroeléctrica en San Juan, la reforestación en suelo degradado en la zona de Aluminé, Neuquén, y hasta el reemplazo del actual transporte público porteño por vehículos "híbridos", fueron algunas de las iniciativas incluidas en la presentación liderada por el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni.
También se expusieron avances en programas nacionales para generar energía renovable, fortalecer el sistema de observaciones meteorológicas y un proyecto para promover la producción de energía a partir de biomasa, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Bibiloni destacó sobre el cambio climático: "[Es] un problema que tiene en vilo al planeta", y destacó que debe haber decisiones urgentes, más allá del enfrentamiento de intereses entre las naciones que participan de esta cumbre. "Todavía somos optimistas de que en Cancún haya resultados", dijo.
Por su parte, Gabriel Blanco, de la delegación argentina, señaló que se estima que en el país el consumo de energía crecerá mucho en las próximas décadas. El campo de la energía es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, dijo que es clave trabajar en la mitigación (reducción de las emisiones) y en la adaptación.
Una novedad en este evento organizado por el gobierno argentino fueron los lineamientos generales de una estrategia nacional impulsada por el Comité Gubernamental de Cambio Climático, creado en diciembre del año pasado, pero no hubo más detalles.
Por su parte, Ramiro Fernández, director del programa Cambio Climático y Energía, de la Fundación Avina, consideró positivo que existan acciones nacionales en diversos campos. "Pero aún falta mucho para avanzar", sentenció.
En tanto, en la cumbre se viven momentos de tensión. Este fin de semana, la presidenta de la COP16 anunció que habría consenso entre los países de la Convención Marco de las Naciones Unidas para fortalecer la educación y la comunicación social del cambio climático. Patricia Espinosa propuso también un esquema de trabajo de parejas de países (uno desarrollado y uno en desarrollo) para las negociaciones por temas. Es incierto si habrá algún acuerdo entre las 193 naciones.
Otra avanzada sobre los territorios
Otra avanzada sobre los territorios
Fecha de Publicación: 06/12/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones campesinas e indígenas vinculan la violación de sus derechos con el modelo agropecuario y la minería. Responsabilizan a los gobiernos y sectores del Poder Judicial.
El campo argentino padeció al menos tres asesinatos en poco más de un año: el diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, Sandra Juárez el 13 de marzo pasado en Santiago del Estero, y el qom Roberto López el 23 de noviembre en Formosa. Y, sobre todo, sufrió incontables intentos de desalojo y operativos de represión. “La intensidad de los conflictos territoriales aumentó en todo el país y tiene relación con el proceso histórico de expropiación de territorios de campesinos e indígenas, primero en función del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego, para consolidar el modelo de la agricultura industrial, parte de un modelo extractivo que se basa en el saqueo de los bienes naturales”, explica Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Comunidades originarias y organizaciones rurales señalan a sectores del poder político y de la Justicia como legitimadores del sector privado.
El 22 de octubre pasado la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico, en El Maitén (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo ni procesó a los agresores. “La cruda realidad muestra la permanente vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de la provincia, por acción u omisión de los estamentos medios y superiores del Gobierno”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut, en su informe anual 2010 sobre el cumplimiento de la legislación indígena.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), desde hace nueve años está dividido en dos sectores, pero ambos coinciden en oponerse al modelo agropecuario (con la soja como emblema), motivo central del avance sobre territorios campesinos, el desmonte, las fumigaciones masivas con agrotóxicos y los desalojos. “El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras un paraíso para grandes empresarios”, explicaron desde el Mocase-Vía Campesina (integrante del MNCI). “Si se respetaran los derechos de los antiguos pobladores de las tierras, este indiscriminado avance sería muy difícil de llevar adelante”, enfatizaron.
El 21 de julio, hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga, en el norte santiagueño, y golpearon a familias campesinas. La policía dejó libres a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. El 15 de octubre, un día después de haberse reunido con el gobernador Gerardo Zamora, un grupo armado ingresó nuevamente a la comunidad y disparó contra los campesinos.
Entre las exigencias de las familias campesinas figuran el juicio y castigo a los policías y jueces cómplices de los ataques y la urgente sanción de una ley para frenar los desalojos. El martes último, en el paraje El Simbolar (departamento de Alberdi), ocho campesinos fueron golpeados y heridos por disparos al frenar el avance de empresarios que pretendían desmontar el territorio ancestral de los campesinos. “Vamos a seguir defendiendo nuestras tierras que, por derecho, nos corresponden. Hacemos responsable al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo por los hechos de violencia y daños físicos que sufrieron nuestros compañeros”, denunció el presidente del otro sector del Mocase, Guido Corvalán.
En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo último fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados. Los Adriani-Berdún volvieron a su territorio. En noviembre pasado, dos integrantes de la familia fueron detenidos y presionados para que abandonen las parcelas. “Exigimos que se ponga freno a los atropellos y desalojos en todo el territorio provincial por parte de poderosos intereses económicos”, señalaron en un comunicado 33 organizaciones que declararon el estado de alerta y advirtieron que no permitirán un desalojo más en la provincia.
Las historias de judicialización, represión y desalojos se repiten en todas las provincias con presencia campesina e indígena, sin importar el signo político del partido gobernante. Las comunidades originarias y campesinas tienen múltiples diferencias, pero también coincidencias: la defensa de una forma de vida vinculada con el cuidado del territorio, la denuncia de violaciones a sus derechos y de que los conflictos tienen directa relación con el modelo agropecuario, la minería a gran escala, la ganadería intensiva, el monocultivo de árboles, el avance petrolero y el turismo.
“El gobierno nacional generó algunas políticas para que las organizaciones avancemos y disminuya la represión. Sin embargo eso no se replica en los gobiernos provinciales, incluso en algunos de sus principales aliados. Si esa contradicción no se resuelve, las políticas de derechos humanos serán una expresión de deseo cuando se contraponen a los intereses económicos concentrados”, afirmó Montón, del Movimiento Campesino Indígena, presente en diez provincias.
El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (desde la Constitución Nacional al Convenio 169 de la OIT y la Ley 26160) en casi todos los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer y respetar.
Fecha de Publicación: 06/12/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones campesinas e indígenas vinculan la violación de sus derechos con el modelo agropecuario y la minería. Responsabilizan a los gobiernos y sectores del Poder Judicial.
El campo argentino padeció al menos tres asesinatos en poco más de un año: el diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, Sandra Juárez el 13 de marzo pasado en Santiago del Estero, y el qom Roberto López el 23 de noviembre en Formosa. Y, sobre todo, sufrió incontables intentos de desalojo y operativos de represión. “La intensidad de los conflictos territoriales aumentó en todo el país y tiene relación con el proceso histórico de expropiación de territorios de campesinos e indígenas, primero en función del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego, para consolidar el modelo de la agricultura industrial, parte de un modelo extractivo que se basa en el saqueo de los bienes naturales”, explica Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Comunidades originarias y organizaciones rurales señalan a sectores del poder político y de la Justicia como legitimadores del sector privado.
El 22 de octubre pasado la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico, en El Maitén (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo ni procesó a los agresores. “La cruda realidad muestra la permanente vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de la provincia, por acción u omisión de los estamentos medios y superiores del Gobierno”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut, en su informe anual 2010 sobre el cumplimiento de la legislación indígena.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), desde hace nueve años está dividido en dos sectores, pero ambos coinciden en oponerse al modelo agropecuario (con la soja como emblema), motivo central del avance sobre territorios campesinos, el desmonte, las fumigaciones masivas con agrotóxicos y los desalojos. “El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras un paraíso para grandes empresarios”, explicaron desde el Mocase-Vía Campesina (integrante del MNCI). “Si se respetaran los derechos de los antiguos pobladores de las tierras, este indiscriminado avance sería muy difícil de llevar adelante”, enfatizaron.
El 21 de julio, hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga, en el norte santiagueño, y golpearon a familias campesinas. La policía dejó libres a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. El 15 de octubre, un día después de haberse reunido con el gobernador Gerardo Zamora, un grupo armado ingresó nuevamente a la comunidad y disparó contra los campesinos.
Entre las exigencias de las familias campesinas figuran el juicio y castigo a los policías y jueces cómplices de los ataques y la urgente sanción de una ley para frenar los desalojos. El martes último, en el paraje El Simbolar (departamento de Alberdi), ocho campesinos fueron golpeados y heridos por disparos al frenar el avance de empresarios que pretendían desmontar el territorio ancestral de los campesinos. “Vamos a seguir defendiendo nuestras tierras que, por derecho, nos corresponden. Hacemos responsable al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo por los hechos de violencia y daños físicos que sufrieron nuestros compañeros”, denunció el presidente del otro sector del Mocase, Guido Corvalán.
En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo último fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados. Los Adriani-Berdún volvieron a su territorio. En noviembre pasado, dos integrantes de la familia fueron detenidos y presionados para que abandonen las parcelas. “Exigimos que se ponga freno a los atropellos y desalojos en todo el territorio provincial por parte de poderosos intereses económicos”, señalaron en un comunicado 33 organizaciones que declararon el estado de alerta y advirtieron que no permitirán un desalojo más en la provincia.
Las historias de judicialización, represión y desalojos se repiten en todas las provincias con presencia campesina e indígena, sin importar el signo político del partido gobernante. Las comunidades originarias y campesinas tienen múltiples diferencias, pero también coincidencias: la defensa de una forma de vida vinculada con el cuidado del territorio, la denuncia de violaciones a sus derechos y de que los conflictos tienen directa relación con el modelo agropecuario, la minería a gran escala, la ganadería intensiva, el monocultivo de árboles, el avance petrolero y el turismo.
“El gobierno nacional generó algunas políticas para que las organizaciones avancemos y disminuya la represión. Sin embargo eso no se replica en los gobiernos provinciales, incluso en algunos de sus principales aliados. Si esa contradicción no se resuelve, las políticas de derechos humanos serán una expresión de deseo cuando se contraponen a los intereses económicos concentrados”, afirmó Montón, del Movimiento Campesino Indígena, presente en diez provincias.
El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (desde la Constitución Nacional al Convenio 169 de la OIT y la Ley 26160) en casi todos los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer y respetar.
Informe asegura que la ex Botnia vuelca mercurio
Gualeguaychú: nuevo informe asegura que la ex Botnia vuelca mercurio al Río Uruguay
Fecha de Publicación: 06/12/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
El informe, difundido por la prensa uruguaya y entrerriana, señaló que la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas en America Latina (RAPAL) de Uruguay afirmó que según reportes oficiales de 2009 la planta de celulosa UPM habría volcado al río en un semestre un total de "74 kilos de mercurio".
Ante ello, Martín Alazard, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, señaló a DyN que la revelación generó preocupación en la ciudad y advirtió que "Uruguay para defender a Botnia-UPM dice que la planta funciona dentro de los estándares pero el mercurio no tiene estándar".
"De ser así sería grave, porque se trata de un metal pesado, altamente tóxico, que se mete en la cadena alimentaria y provoca lesiones muy severas en la salud humana, y 74 kilos constituyen una enormidad como contaminación", advirtió.
El ambientalista también dijo no entender "las contradicciones del gobierno uruguayo, que por un lado está en un juicio con (la compañía) Phillips Morris por el humo del tabaco y mientras tanto sigue protegiendo a la empresa finlandesa".
La red RAPAL, formada en 1983 por especialistas que luchan contra la contaminación y agrotóxicos, indicó en su reporte de noviembre que si bien la Dirección Nacional de Ambiente (DINAMA) sostiene que la fábrica de UPM (ex-Botnia) cumple con las "Mejores Técnicas Disponibles" para el cuidado del ambiente, al parecer se detectó volcado de mercurio.
Según el informe de DINAMA de agosto de 2009, "las sustancias vertidas (por la empresa al río) están por debajo de los límites permitidos", pero RAPAL señaló, según el diario uruguayo La Juventud, que la planta también habría emitido otras sustancias como mercurio.
La ONG señaló que "como resultado de la bioacumulación, ya se podría estar consumiendo este mercurio a través del pescado sacado del río Uruguay".
"Una de las tantas sustancias preocupantes que emiten las plantas de celulosa es el mercurio, sustancia ampliamente conocida por sus impactos en la salud y en el medio ambiente", consignó el informe que fue ampliamente difundido estos días en la prensa regional.
La delegación uruguaya de RAPAL dedicó su informe mensual de noviembre a las "fábricas de celulosa, producción de cloro y emisión de mercurio", donde analizó el caso de UPM.
En ese sentido, aludió que la compañía utiliza un sistema de blanqueo denominado "libre de cloro elemental" y señaló que "mundialmente es sabido que el sistema de blanqueo ECF es contaminante y dentro de su contaminación está la emisión de muchos elementos peligrosos entre los que se encuentra el mercurio".
Fecha de Publicación: 06/12/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
El informe, difundido por la prensa uruguaya y entrerriana, señaló que la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas en America Latina (RAPAL) de Uruguay afirmó que según reportes oficiales de 2009 la planta de celulosa UPM habría volcado al río en un semestre un total de "74 kilos de mercurio".
Ante ello, Martín Alazard, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, señaló a DyN que la revelación generó preocupación en la ciudad y advirtió que "Uruguay para defender a Botnia-UPM dice que la planta funciona dentro de los estándares pero el mercurio no tiene estándar".
"De ser así sería grave, porque se trata de un metal pesado, altamente tóxico, que se mete en la cadena alimentaria y provoca lesiones muy severas en la salud humana, y 74 kilos constituyen una enormidad como contaminación", advirtió.
El ambientalista también dijo no entender "las contradicciones del gobierno uruguayo, que por un lado está en un juicio con (la compañía) Phillips Morris por el humo del tabaco y mientras tanto sigue protegiendo a la empresa finlandesa".
La red RAPAL, formada en 1983 por especialistas que luchan contra la contaminación y agrotóxicos, indicó en su reporte de noviembre que si bien la Dirección Nacional de Ambiente (DINAMA) sostiene que la fábrica de UPM (ex-Botnia) cumple con las "Mejores Técnicas Disponibles" para el cuidado del ambiente, al parecer se detectó volcado de mercurio.
Según el informe de DINAMA de agosto de 2009, "las sustancias vertidas (por la empresa al río) están por debajo de los límites permitidos", pero RAPAL señaló, según el diario uruguayo La Juventud, que la planta también habría emitido otras sustancias como mercurio.
La ONG señaló que "como resultado de la bioacumulación, ya se podría estar consumiendo este mercurio a través del pescado sacado del río Uruguay".
"Una de las tantas sustancias preocupantes que emiten las plantas de celulosa es el mercurio, sustancia ampliamente conocida por sus impactos en la salud y en el medio ambiente", consignó el informe que fue ampliamente difundido estos días en la prensa regional.
La delegación uruguaya de RAPAL dedicó su informe mensual de noviembre a las "fábricas de celulosa, producción de cloro y emisión de mercurio", donde analizó el caso de UPM.
En ese sentido, aludió que la compañía utiliza un sistema de blanqueo denominado "libre de cloro elemental" y señaló que "mundialmente es sabido que el sistema de blanqueo ECF es contaminante y dentro de su contaminación está la emisión de muchos elementos peligrosos entre los que se encuentra el mercurio".
Buscan regular las empresas textiles en La Rioja
Buscan un freno a la contaminación que producen empresas textiles
Fecha de Publicación: 06/12/2010
Fuente: RiojaVirtual
Provincia/Región: La Rioja
Por esta razón, el gobernador Beder Herrera confirmó que construirá durante el próximo año una planta de tratamientos de efluentes industriales, pero también aclaró que la edificación de la misma se financiará con los aportes económicos obligatorios que realizarán las principales compañias contaminantes, entre las que se encuentran Ritex, Colortex y Tecotex.
El gobernador Beder Herrera informó que se construirá una planta de tratamiento de efluentes industriales para las principales industrias generadoras de este tipo de residuos. El mandatario aclaró que las obras serán financiadas por las propias empresas radicadas en el parque industrial desde hace décadas. Las empresas que deberán realizar y afrontar estas obras son: Ritex, Colortex y Tecotex.
El anuncio fue realizado tras la visita de trabajo del gobernador al predio conocido como la Laguna Azul, donde se vertieron efluentes industriales durante unos 25 años.
Beder Herrera responsabilizó por la situación de este predio a las empresas “que tanto defendemos y que realmente nos han pagado tan mal con la contaminación”. También valoró el “ahínco y las ganas” demostradas por la Fundación Ambiental “Valle de Huaco” por el trabajo desarrollado en pos de la recuperación de las tierras.
Asimismo, se mostró preocupado porque actualmente, las empresas en lugar de arrojar sus líquidos a esta zona lo hacen en otras tierras. “Eso es lamentable y grave porque sé que hay parcelas en las que se está sacando agua contaminada a 150 o 200 metros”, advirtió.
El gobernador se reunió con el secretario del Agua, Germán Gracia, quien le presentó el proyecto elaborado por la Secretaría del Agua y que “tiene luz verde” ya para que se ponga en marcha inmediatamente.
Freno a la contaminación
El gobernador informó sobre la reunión mantenida con empresarios del parque industrial, oportunidad en la que les aclaró que pondrá freno a este tipo de contaminación. “Hace tres años que venimos diciendo basta y vemos que no se hace nada, nadie hace un proyecto y todo el mundo cree que es algo imposible de hacer”, agregó.
Ante esta situación “vamos a separar a las tres empresas que en este momento no tratan sus efluentes, se sacará un caño de cada planta y se les hará una planta de tratamiento de estos líquidos”. En este punto reiteró que toda esta infraestructura será financiada por las mismas empresas.
Ahora queda el tratamiento del “pasivo ambiental” dejado en esta zona, que demandará la realización de estudios y perforaciones. En esta tarea también intervendrá el futuro Instituto del Ambiente de la Provincia.
Fecha de Publicación: 06/12/2010
Fuente: RiojaVirtual
Provincia/Región: La Rioja
Por esta razón, el gobernador Beder Herrera confirmó que construirá durante el próximo año una planta de tratamientos de efluentes industriales, pero también aclaró que la edificación de la misma se financiará con los aportes económicos obligatorios que realizarán las principales compañias contaminantes, entre las que se encuentran Ritex, Colortex y Tecotex.
El gobernador Beder Herrera informó que se construirá una planta de tratamiento de efluentes industriales para las principales industrias generadoras de este tipo de residuos. El mandatario aclaró que las obras serán financiadas por las propias empresas radicadas en el parque industrial desde hace décadas. Las empresas que deberán realizar y afrontar estas obras son: Ritex, Colortex y Tecotex.
El anuncio fue realizado tras la visita de trabajo del gobernador al predio conocido como la Laguna Azul, donde se vertieron efluentes industriales durante unos 25 años.
Beder Herrera responsabilizó por la situación de este predio a las empresas “que tanto defendemos y que realmente nos han pagado tan mal con la contaminación”. También valoró el “ahínco y las ganas” demostradas por la Fundación Ambiental “Valle de Huaco” por el trabajo desarrollado en pos de la recuperación de las tierras.
Asimismo, se mostró preocupado porque actualmente, las empresas en lugar de arrojar sus líquidos a esta zona lo hacen en otras tierras. “Eso es lamentable y grave porque sé que hay parcelas en las que se está sacando agua contaminada a 150 o 200 metros”, advirtió.
El gobernador se reunió con el secretario del Agua, Germán Gracia, quien le presentó el proyecto elaborado por la Secretaría del Agua y que “tiene luz verde” ya para que se ponga en marcha inmediatamente.
Freno a la contaminación
El gobernador informó sobre la reunión mantenida con empresarios del parque industrial, oportunidad en la que les aclaró que pondrá freno a este tipo de contaminación. “Hace tres años que venimos diciendo basta y vemos que no se hace nada, nadie hace un proyecto y todo el mundo cree que es algo imposible de hacer”, agregó.
Ante esta situación “vamos a separar a las tres empresas que en este momento no tratan sus efluentes, se sacará un caño de cada planta y se les hará una planta de tratamiento de estos líquidos”. En este punto reiteró que toda esta infraestructura será financiada por las mismas empresas.
Ahora queda el tratamiento del “pasivo ambiental” dejado en esta zona, que demandará la realización de estudios y perforaciones. En esta tarea también intervendrá el futuro Instituto del Ambiente de la Provincia.
Basura: continúan los cruces y las críticas
Basura: continúan los cruces y las críticas por la Planta de Tratamiento
Fecha de Publicación: 05/12/2010
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
La construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos en la región, ha sentado diferentes posturas respecto de la propuesta técnica de la Unión de Empresas Temporales (UTE) que resultó preadjudicataria de la licitación, por parte de diferentes Organizaciones, especialistas, funcionarios municipales y nacionales.
La propuesta de la UTE conformada por las firmas Sanea, MGM y ESUR establece "un proceso mecánico y biológico donde se aprovecha hasta el 80% de residuos y genera materia prima como pueden ser distintos tipos de plásticos, metales y papeles".
El representante del grupo Griñó en el que se encuentra la empresa española Sanea, Juan Griñó, afirmó que "también aprovechamos una fracción de residuos sólidos recuperados para que lo usen empresas industriales, como fábricas de producción de cementos, para sustituir el carbón que utilizan, ya que es menos contaminante que el carbón de coke".
Desde la ONG Nuevo Ambiente, indican que la tecnología ofrecida por las empresas, "debe ser analizada con suma cautela, teniendo en cuenta la capacidad de infraestructura técnica y tecnológica existente en el país; la aceptación sociocultural de esta tecnología asimilada popularmente a la incineración; y la sustentabilidad atento los costos que insumirá este proceso de tratamiento", entre otros aspectos.
Respecto del sistema de compostaje propuesto, Nuevo Ambiente formula que "debe ser mejorado atento que es necesario que los residuos verdes no lleguen mezclados con otros residuos porque se pierde la calidad del mismo, y se debe fortalecer el actual sistema de separación en origen".
Por su parte, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, se refirió al pliego de la licitación del que señaló que "piensa la solución para la Planta pero olvida la región, existe un enorme interrogante respecto de dónde se emplazará", y agregó que "es un pliego bastante apresurado, en donde el oferente que quedó es el que está ahora, y eso genera dudas", haciendo referencia a la empresa ESUR que actualmente se encarga de la recolección de residuos en la ciudad.
A pesar de las críticas de los diferentes sectores, el titular de la Agencia Ambiental, Sergio Federovisky manifestó que "todo proceso puede mejorarse, y perfeccionarse, pero hay que tener en cuenta que nosotros convertimos la basura en un bien, y hoy se discute basura que se entierra vs basura que se recicla".
Respecto de los cuestionamientos de los distintos sectores, Federovisky indicó que "las críticas son bienvenidas. Nosotros las buscamos. Es positivo que haya voces que disienten con nuestro proyecto, porque aceptamos que los demás piensen diferente. De hecho se le pidió a la empresa mejoras, que sea más específico, en función de los análisis de las ONG".
Unlp. Guido Mastrantonio es docente investigador del área de Toxicología de la Universidad Nacional de La Plata, y en diálogo con Diagonales afirmó que "no se puede pasar de un enterramiento parcial a un enterramiento cero, es por ello que en esta etapa del proceso enterrar la basura podría ser una alternativa, pero la idea de basura cero es solamente un horizonte de trabajo, un objetivo práctico".
Por otra parte, señaló que "la propuesta da una solución parcial al problema, porque el manejo de residuos es sólo una parte del problema, también hay que analizar los materiales que se usan", y agregó que "si miramos lo que consumimos, nos damos cuenta que muchos materiales podrían no llegar al mercado y que tienen que ver con el diseño del embalaje y el packcajing de los productos".
De esta forma, Mastrantonio ejemplificó con las empresas de gaseosas indicando que "se hacen cargo de la botella hasta que llega al supermercado, después no tienen más responsabilidades, si eso se amplía a todos los productos el problema se magnifica. Es decir, el problema de la basura, también tiene que ser de los generadores", finalizó.
Fecha de Publicación: 05/12/2010
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
La construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos en la región, ha sentado diferentes posturas respecto de la propuesta técnica de la Unión de Empresas Temporales (UTE) que resultó preadjudicataria de la licitación, por parte de diferentes Organizaciones, especialistas, funcionarios municipales y nacionales.
La propuesta de la UTE conformada por las firmas Sanea, MGM y ESUR establece "un proceso mecánico y biológico donde se aprovecha hasta el 80% de residuos y genera materia prima como pueden ser distintos tipos de plásticos, metales y papeles".
El representante del grupo Griñó en el que se encuentra la empresa española Sanea, Juan Griñó, afirmó que "también aprovechamos una fracción de residuos sólidos recuperados para que lo usen empresas industriales, como fábricas de producción de cementos, para sustituir el carbón que utilizan, ya que es menos contaminante que el carbón de coke".
Desde la ONG Nuevo Ambiente, indican que la tecnología ofrecida por las empresas, "debe ser analizada con suma cautela, teniendo en cuenta la capacidad de infraestructura técnica y tecnológica existente en el país; la aceptación sociocultural de esta tecnología asimilada popularmente a la incineración; y la sustentabilidad atento los costos que insumirá este proceso de tratamiento", entre otros aspectos.
Respecto del sistema de compostaje propuesto, Nuevo Ambiente formula que "debe ser mejorado atento que es necesario que los residuos verdes no lleguen mezclados con otros residuos porque se pierde la calidad del mismo, y se debe fortalecer el actual sistema de separación en origen".
Por su parte, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, se refirió al pliego de la licitación del que señaló que "piensa la solución para la Planta pero olvida la región, existe un enorme interrogante respecto de dónde se emplazará", y agregó que "es un pliego bastante apresurado, en donde el oferente que quedó es el que está ahora, y eso genera dudas", haciendo referencia a la empresa ESUR que actualmente se encarga de la recolección de residuos en la ciudad.
A pesar de las críticas de los diferentes sectores, el titular de la Agencia Ambiental, Sergio Federovisky manifestó que "todo proceso puede mejorarse, y perfeccionarse, pero hay que tener en cuenta que nosotros convertimos la basura en un bien, y hoy se discute basura que se entierra vs basura que se recicla".
Respecto de los cuestionamientos de los distintos sectores, Federovisky indicó que "las críticas son bienvenidas. Nosotros las buscamos. Es positivo que haya voces que disienten con nuestro proyecto, porque aceptamos que los demás piensen diferente. De hecho se le pidió a la empresa mejoras, que sea más específico, en función de los análisis de las ONG".
Unlp. Guido Mastrantonio es docente investigador del área de Toxicología de la Universidad Nacional de La Plata, y en diálogo con Diagonales afirmó que "no se puede pasar de un enterramiento parcial a un enterramiento cero, es por ello que en esta etapa del proceso enterrar la basura podría ser una alternativa, pero la idea de basura cero es solamente un horizonte de trabajo, un objetivo práctico".
Por otra parte, señaló que "la propuesta da una solución parcial al problema, porque el manejo de residuos es sólo una parte del problema, también hay que analizar los materiales que se usan", y agregó que "si miramos lo que consumimos, nos damos cuenta que muchos materiales podrían no llegar al mercado y que tienen que ver con el diseño del embalaje y el packcajing de los productos".
De esta forma, Mastrantonio ejemplificó con las empresas de gaseosas indicando que "se hacen cargo de la botella hasta que llega al supermercado, después no tienen más responsabilidades, si eso se amplía a todos los productos el problema se magnifica. Es decir, el problema de la basura, también tiene que ser de los generadores", finalizó.
Menos fondos para medio ambiente
Menos fondos para medio ambiente
Fecha de Publicación: 04/12/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las partidas para el área se redujeron un 22% respecto de lo aprobado por el Congreso, quejas de la oposición
Escaso presupuesto, resistencia o desidia oficial, fondos desviados o subejecutados y bajo cumplimiento de las pocas leyes en la materia. Esa es la historia de la política medioambiental de la Argentina en los últimos años. A pesar de que el tema se agitó como la bandera de los reclamos a Uruguay por la pastera Botnia durante varios años, parece que la preocupación oficial por el medio ambiente empezó y terminó ahí.
Según datos de fines de noviembre del Ministerio de Economía, las partidas de la Secretaría de Ambiente (el órgano nacional que se ocupa del tema) para este año sufrieron una reducción del 22% respecto de lo que había aprobado el Congreso (de 586.000 pesos por todo concepto pasaron a 455.000) y de esta última cifra hasta ahora sólo se ejecutó el 29 por ciento.
Algo similar pasó con los fondos para los programas destinados a la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde sólo se ejecutó el 34% de los 412.000 pesos presupuestados.
A punto de terminar el año, tanta subejecución no extraña si se tiene en cuenta que la Secretaría de Ambiente recién lleva gastado el 48% de los fondos que le habían destinado en 2009 (309.000 pesos totales).
"Detrás de la mala administración de los recursos, se ve una ausencia absoluta de políticas en la materia", consideró la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica-Capital), autora del informe presupuestario.
El tema empeora si se analiza el comportamiento oficial frente a las dos leyes medioambientales que su propia gestión sacó: la ley de bosques (2007) y la ley de glaciares (2010).
A pesar de haber sido aprobada en 2007, la presidenta Cristina Kirchner sólo reglamentó la ley de bosques en 2009, el día después del trágico alud de Tartagal, atribuido a los desmontes.
La ley frena los desmontes y los condiciona a estudios ambientales, obliga a respetar los derechos de las comunidades indígenas y crea un fondo de compensación a productores. Aunque la ley establecía que los fondos para su implementación "no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional", el Gobierno fijo un tope máximo de 300 millones de pesos, bastante lejos de los más de 1000 millones que correspondían.
Esa drástica caída no alcanzó. "De esos $ 300 millones, la Jefatura de Gabinete desvió $ 144 millones a Fútbol para Todos y $ 88 millones más a un programa experimental de manejo de bosques, con lo que el fondo para implementar la ley se redujo a unos $ 60 millones, de los cuales aún no llegó ni un peso a las provincias involucradas", denunció Hernán Giardini, coordinador de Greenpeace.
A la ley de glaciares (que busca proteger las áreas periglaciares de la actividad minera), no le fue mejor. En noviembre de 2008, la Presidenta la vetó, ante la queja de todas las organizaciones ambientales. "Los considerandos del veto eran un escándalo, porque no se puede poner una actividad productiva por encima de la protección básica del ambiente", consideró Giardini.
Hace dos meses, sin embargo, el Congreso la volvió a aprobar, pero a los pocos días la Justicia de San Juan suspendió la aplicación en esa provincia. El Estado todavía no apeló esa medida judicial.
"En el presupuesto 2011, no hay un centavo para la ley de glaciares, cuando se necesitaban fondos para relevar los glaciares de la cordillera, como pide la ley", agregó el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Para el senador Alfredo Martínez (UCR), "el Gobierno tiene gran hipocresía; después de criticar a la pastera uruguaya incumple la ley de bosques y la de glaciares".
En cifras
29% de lo presupuestado - Es lo que se ejecutó a lo largo de 2010 en el área de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las partidas sufrieron reducciones del 22,3%.
34% de lo presupuestado - Es lo que se ejecutó de las partidas previstas para obras en la cuenta Matanza-Riachuelo.
$ 67 Millones - Es el monto que quedó para implementar la ley de bosques después de los desvíos de fondos decididos por el Gobierno para otras áreas.
Fecha de Publicación: 04/12/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las partidas para el área se redujeron un 22% respecto de lo aprobado por el Congreso, quejas de la oposición
Escaso presupuesto, resistencia o desidia oficial, fondos desviados o subejecutados y bajo cumplimiento de las pocas leyes en la materia. Esa es la historia de la política medioambiental de la Argentina en los últimos años. A pesar de que el tema se agitó como la bandera de los reclamos a Uruguay por la pastera Botnia durante varios años, parece que la preocupación oficial por el medio ambiente empezó y terminó ahí.
Según datos de fines de noviembre del Ministerio de Economía, las partidas de la Secretaría de Ambiente (el órgano nacional que se ocupa del tema) para este año sufrieron una reducción del 22% respecto de lo que había aprobado el Congreso (de 586.000 pesos por todo concepto pasaron a 455.000) y de esta última cifra hasta ahora sólo se ejecutó el 29 por ciento.
Algo similar pasó con los fondos para los programas destinados a la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde sólo se ejecutó el 34% de los 412.000 pesos presupuestados.
A punto de terminar el año, tanta subejecución no extraña si se tiene en cuenta que la Secretaría de Ambiente recién lleva gastado el 48% de los fondos que le habían destinado en 2009 (309.000 pesos totales).
"Detrás de la mala administración de los recursos, se ve una ausencia absoluta de políticas en la materia", consideró la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica-Capital), autora del informe presupuestario.
El tema empeora si se analiza el comportamiento oficial frente a las dos leyes medioambientales que su propia gestión sacó: la ley de bosques (2007) y la ley de glaciares (2010).
A pesar de haber sido aprobada en 2007, la presidenta Cristina Kirchner sólo reglamentó la ley de bosques en 2009, el día después del trágico alud de Tartagal, atribuido a los desmontes.
La ley frena los desmontes y los condiciona a estudios ambientales, obliga a respetar los derechos de las comunidades indígenas y crea un fondo de compensación a productores. Aunque la ley establecía que los fondos para su implementación "no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional", el Gobierno fijo un tope máximo de 300 millones de pesos, bastante lejos de los más de 1000 millones que correspondían.
Esa drástica caída no alcanzó. "De esos $ 300 millones, la Jefatura de Gabinete desvió $ 144 millones a Fútbol para Todos y $ 88 millones más a un programa experimental de manejo de bosques, con lo que el fondo para implementar la ley se redujo a unos $ 60 millones, de los cuales aún no llegó ni un peso a las provincias involucradas", denunció Hernán Giardini, coordinador de Greenpeace.
A la ley de glaciares (que busca proteger las áreas periglaciares de la actividad minera), no le fue mejor. En noviembre de 2008, la Presidenta la vetó, ante la queja de todas las organizaciones ambientales. "Los considerandos del veto eran un escándalo, porque no se puede poner una actividad productiva por encima de la protección básica del ambiente", consideró Giardini.
Hace dos meses, sin embargo, el Congreso la volvió a aprobar, pero a los pocos días la Justicia de San Juan suspendió la aplicación en esa provincia. El Estado todavía no apeló esa medida judicial.
"En el presupuesto 2011, no hay un centavo para la ley de glaciares, cuando se necesitaban fondos para relevar los glaciares de la cordillera, como pide la ley", agregó el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Para el senador Alfredo Martínez (UCR), "el Gobierno tiene gran hipocresía; después de criticar a la pastera uruguaya incumple la ley de bosques y la de glaciares".
En cifras
29% de lo presupuestado - Es lo que se ejecutó a lo largo de 2010 en el área de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las partidas sufrieron reducciones del 22,3%.
34% de lo presupuestado - Es lo que se ejecutó de las partidas previstas para obras en la cuenta Matanza-Riachuelo.
$ 67 Millones - Es el monto que quedó para implementar la ley de bosques después de los desvíos de fondos decididos por el Gobierno para otras áreas.
Jaque y un fuerte guiño a la minería
Jaque y un fuerte guiño a la minería
Fecha de Publicación: 04/12/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador mendocino Celso Jaque, confirmó en la cena anual de la Federación Económica de Mendoza (FEM), que en 10 días enviará a la legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dándole curso al proyecto minero San Jorge que pretende explotar cobre y oro en Uspallata. Jaque jugó fuerte y dijo que "necesitamos a la minería como cuestión de Estado, mediando entre los intereses sociales y empresarios para contar con una actividad que es generadora de mano de obra y riqueza".
Fecha de Publicación: 04/12/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador mendocino Celso Jaque, confirmó en la cena anual de la Federación Económica de Mendoza (FEM), que en 10 días enviará a la legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dándole curso al proyecto minero San Jorge que pretende explotar cobre y oro en Uspallata. Jaque jugó fuerte y dijo que "necesitamos a la minería como cuestión de Estado, mediando entre los intereses sociales y empresarios para contar con una actividad que es generadora de mano de obra y riqueza".
Santa Catalina; a un paso de ser reserva
Santa Catalina; a un paso de ser Reserva Natural Provincial
Fecha de Publicación: 03/12/2010
Fuente: Contacto Político
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos consiguieron la media sanción en Diputados y Santa Catalina está a un paso de ser Reserva Natural Provincial. Ahora el proyecto deberá pasar el Senado para hacerse efectivo.
La Plata, jueves 02 de diciembre de 2010. Con la presencia de los vecinos de Lomas de Zamora, la Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción al proyecto que declara a Santa Catalina Reserva Natural Provincial. Ahora el proyecto deberá pasar el Senado para hacerse efectivo.
Se trata del proyecto presentado por los diputados provinciales María Elena Torresi de Mercuri (Unión-Pro); Gustavo Ferri (Unión-Pro); Marcelo Díaz (Gen-PS) y Fernando Navarro (FpV), todos oriundos de Lomas de Zamora; y con la firma de Walter Martello (CC), la iniciativa declara “Reserva Natural” al predio “Santa Catalina”.
Hoy, entre los oradores, el legislador del Frente Para la Victoria, Luís Fernando Navarro, explicó que “no podíamos nosotros no estar a la altura de la circunstancias porque teníamos un mandato que venía de la propia lucha de los vecinos. Fue un aprendizaje, no como diputados sino como integrantes de una sociedad muy compleja, donde todos los días se está discutiendo poder, intereses, y sin la participación activa de los vecinos es muy difícil en ocasiones poder avanzar en transformaciones importantes y definitivas, y este es un ejemplo claro y contundente”, dijo el diputado, quien además hizo un especial reconocimiento a toda la comunidad de Santa Catalina y a todos los integrantes del cuerpo que participaron que, no siendo de Lomas de Zamora “entendieron la lucha de los vecinos”.
Por su parte, Alicia Esther Tabares (FpV), manifestó su reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los vecinos en su lucha por la defensa de Santa Catalina. Además destacó: “el interés y la buena voluntad de los diputados de Lomas de Zamora que, representando a distintos partidos políticos, se unieron realmente a un tema que hace al ecosistema y al medio ambiente. Es real lo que dicen los vecinos, que es uno de los pocos espacios verdes que existen en el conurbano sur y como dicen quienes han luchado fuertemente, es uno de los últimos ecosistemas y humedales naturales de la cuenca Matanza-Riachuelo, y además tiene una gran biodiversidad”. Por eso: “nuestro más profundo reconocimiento a los diputados y especialmente a los vecinos que nunca bajaron los brazos”
Por último, Ricardo Jano (UCR), expresó que “el bloque de la Unión Cívica Radical no hace más que sumarse. Lo que dejó claro este último tramo del tratamiento del proyecto es que cuando podemos dialogar se llegan a las soluciones que todos esperábamos. Festejamos entonces que una lucha de tantos años se corone con un éxito”, dijo el radical y agrega: “hablaremos con nuestro bloque de senadores para que acompañen rápidamente la media sanción que falta”.
Santa Catalina
Es el último reducto con rasgo rural en los bajos del río Matanza. Cuenta con una superficie aproximada de 650 hectáreas y una amplia variedad de ambientes, tales como relictos de talar, pastizal pampeano, matorral de chilcas, laguna y bajos aledaños, plantaciones forestales mixtas, parcelas agropecuarias y áreas de parque con edificaciones históricas.
La preocupación de los vecinos comenzó cuando la Universidad Nacional de La Plata, administradora del predio, vendió una fracción de más de 200 hectáreas –en la cual se encuentra la Laguna Santa Catalina- a una empresa privada de recolección de residuos urbanos que planeaba instalar allí, una planta de acopio, reciclado y depósito de residuos. Además, la zona fue escenario de usurpaciones y los vecinos del lugar fueron en varias ocasiones víctimas de violencia por defender el único pulmón verde de esta zona.
No obstante, con la lucha y persistencia de los vecinos llegó la solución, viarios diputados provinciales se hicieron eco del reclamo de los vecinos y lograron que hoy Santa Catalina esté a un paso de convertirse en Reserva Natural a este predio, en los términos de la Ley 10.907 (y sus modificatorias), entendiendo que de acuerdo a lo normado por esta Ley, Santa Catalina reúne los requisitos necesarios, ya que alberga especies migratorias, constituyendo un hábitat para su supervivencia; provee lugares de nidificación, refugio y cría; constituye un área útil para la divulgación y educación de la naturaleza y sirve como lugar recreativo, se pueden realizar estudios científicos; protege el suelo en zonas susceptibles de degradación y regulación del régimen hídrico y contribuye al mantenimiento de la diversidad biológica, entre otros ítems.
Fecha de Publicación: 03/12/2010
Fuente: Contacto Político
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos consiguieron la media sanción en Diputados y Santa Catalina está a un paso de ser Reserva Natural Provincial. Ahora el proyecto deberá pasar el Senado para hacerse efectivo.
La Plata, jueves 02 de diciembre de 2010. Con la presencia de los vecinos de Lomas de Zamora, la Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción al proyecto que declara a Santa Catalina Reserva Natural Provincial. Ahora el proyecto deberá pasar el Senado para hacerse efectivo.
Se trata del proyecto presentado por los diputados provinciales María Elena Torresi de Mercuri (Unión-Pro); Gustavo Ferri (Unión-Pro); Marcelo Díaz (Gen-PS) y Fernando Navarro (FpV), todos oriundos de Lomas de Zamora; y con la firma de Walter Martello (CC), la iniciativa declara “Reserva Natural” al predio “Santa Catalina”.
Hoy, entre los oradores, el legislador del Frente Para la Victoria, Luís Fernando Navarro, explicó que “no podíamos nosotros no estar a la altura de la circunstancias porque teníamos un mandato que venía de la propia lucha de los vecinos. Fue un aprendizaje, no como diputados sino como integrantes de una sociedad muy compleja, donde todos los días se está discutiendo poder, intereses, y sin la participación activa de los vecinos es muy difícil en ocasiones poder avanzar en transformaciones importantes y definitivas, y este es un ejemplo claro y contundente”, dijo el diputado, quien además hizo un especial reconocimiento a toda la comunidad de Santa Catalina y a todos los integrantes del cuerpo que participaron que, no siendo de Lomas de Zamora “entendieron la lucha de los vecinos”.
Por su parte, Alicia Esther Tabares (FpV), manifestó su reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los vecinos en su lucha por la defensa de Santa Catalina. Además destacó: “el interés y la buena voluntad de los diputados de Lomas de Zamora que, representando a distintos partidos políticos, se unieron realmente a un tema que hace al ecosistema y al medio ambiente. Es real lo que dicen los vecinos, que es uno de los pocos espacios verdes que existen en el conurbano sur y como dicen quienes han luchado fuertemente, es uno de los últimos ecosistemas y humedales naturales de la cuenca Matanza-Riachuelo, y además tiene una gran biodiversidad”. Por eso: “nuestro más profundo reconocimiento a los diputados y especialmente a los vecinos que nunca bajaron los brazos”
Por último, Ricardo Jano (UCR), expresó que “el bloque de la Unión Cívica Radical no hace más que sumarse. Lo que dejó claro este último tramo del tratamiento del proyecto es que cuando podemos dialogar se llegan a las soluciones que todos esperábamos. Festejamos entonces que una lucha de tantos años se corone con un éxito”, dijo el radical y agrega: “hablaremos con nuestro bloque de senadores para que acompañen rápidamente la media sanción que falta”.
Santa Catalina
Es el último reducto con rasgo rural en los bajos del río Matanza. Cuenta con una superficie aproximada de 650 hectáreas y una amplia variedad de ambientes, tales como relictos de talar, pastizal pampeano, matorral de chilcas, laguna y bajos aledaños, plantaciones forestales mixtas, parcelas agropecuarias y áreas de parque con edificaciones históricas.
La preocupación de los vecinos comenzó cuando la Universidad Nacional de La Plata, administradora del predio, vendió una fracción de más de 200 hectáreas –en la cual se encuentra la Laguna Santa Catalina- a una empresa privada de recolección de residuos urbanos que planeaba instalar allí, una planta de acopio, reciclado y depósito de residuos. Además, la zona fue escenario de usurpaciones y los vecinos del lugar fueron en varias ocasiones víctimas de violencia por defender el único pulmón verde de esta zona.
No obstante, con la lucha y persistencia de los vecinos llegó la solución, viarios diputados provinciales se hicieron eco del reclamo de los vecinos y lograron que hoy Santa Catalina esté a un paso de convertirse en Reserva Natural a este predio, en los términos de la Ley 10.907 (y sus modificatorias), entendiendo que de acuerdo a lo normado por esta Ley, Santa Catalina reúne los requisitos necesarios, ya que alberga especies migratorias, constituyendo un hábitat para su supervivencia; provee lugares de nidificación, refugio y cría; constituye un área útil para la divulgación y educación de la naturaleza y sirve como lugar recreativo, se pueden realizar estudios científicos; protege el suelo en zonas susceptibles de degradación y regulación del régimen hídrico y contribuye al mantenimiento de la diversidad biológica, entre otros ítems.
Fortalecimiento de las yungas
Convenio con la UNESCO fortalecerá la biosfera de las yungas
Fecha de Publicación: 03/12/2010
Fuente: El Periódico de Jujuy
Provincia/Región: Jujuy - Salta
El Gobernador de la Provincia, doctor Walter Barrionuevo, firmó este mediodía un convenio con la UNESCO, acuerdo del que también formó parte el mandatario provincial de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey. Se usará este exclusivo territorio para hacer estudios sobre cambio climático y desarrollo sustentable.
Los Gobiernos de Jujuy y Salta trabajarán junto con la UNESCO para el fortalecimiento de la reserva de Las Yungas como plataforma para el aprendizaje sobre cambio climático y desarrollo sustentable. Este mediodía se firmó el convenio que posibilitará el apoyo desde organismo de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura.
El acuerdo fue rubricado en Casa de Gobierno de Salta por el mandatario jujeño Walter Barrionuevo; por su par de Salta Juan Manuel Urtubey; y por la directora general de la UNESCO, Irina Bokova.
Durante el acto el Gobernador Barrionuevo manifestó que el convenio suscripto junto al mandatario salteño, Juan Urtubey con la representante de la UNESCO tiene su valor, porque lo que se denomina como Reserva de Biosfera de las Yungas desde el punto de vista de la extensión territorial -el tramo que comprende la provincia de Jujuy y Salta- es ínfimo en relación a la superficie total del territorio argentino. No obstante ello, esa pequeña porción alberga el 50% de la biodiversidad que existe en el país.
Además este acuerdo tiene valor también porque desde hace un tiempo junto al Gobernador Urtubey y otros pares de la región han confluido en el interés de pasar de la declamación y de la expresión de anhelo de lo que tienen que ser las autonomías provinciales a la etapa de fortalecimiento de actos que reflejan actos jurídicos institucionales que refuercen el concepto de autonomía.
Afirmó que se está usando una herramienta que antes no se usaba y que es el Articulo 124 de la Constitución Nacional -luego de la modificación del año 1994- que consiste en hacer uso efectivo de las facultades que tienen las provincias de celebrar tratados y convenios con otras jurisdicciones extranacionales o nacionales de manera autónoma respecto del Poder central.
Esto significa que se firmó este convenio para ir sentando los precedentes jurídicos constitucionales de un ejercicio efectivo de las autonomías provinciales, dijo finalmente.
En el acto participaron también el senador nacional y embajador argentino ante la UNESCO, Daniel Filmus; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Francisco López Sastre; y de Turismo y Cultura, Federico Posadas.
La reserva
El Ministro López Sastre manifestó que la política impulsada por el gobernador Urtubey tiene una proyección hacia Bolivia porque un territorio binacional le daría más importancia. Las Yungas o selva tucumana oranense tiene una extensión de 1.000.000 hectáreas, se destaca por su diversidad productiva, cultural y natural porque en su territorio está presente el 50 % de la biodiversidad que tiene Argentina.
Por su parte, Irina Bokova manifestó que “las trece reservas que existen en Argentina son importantes para toda la humanidad. El concepto de biodiversidad es muy importante para UNESCO es una amplia base de datos para la investigación científica cultural y vamos a seguir trabajando con las dos provincias en la implementación de este acuerdo”.
La reserva de Biósfera de Las Yungas contribuye a la investigación con el objetivo de entender el cambio climático y el impacto del mismo en la sociedad; estudia los lazos entre la diversidad cultural y la biodiversidad para derivar la información a quienes toman las decisiones.
La gestión de la Reserva Biósfera Yungas está a cargo de un Comité de Gestión integrado por los gobiernos de Salta y Jujuy; por la Administración de Parques Nacionales; la Comisión Regional de la Cuenca del Río Bermejo y de los Comités Zonales.
Dentro de la Reserva de Biosfera de las Yungas se encuentran 5 zonas núcleos: El Parque Nacional Baritú, La Reserva Nacional El Nogalar, El Parque Provincial Laguna Pintascayo, El Parque Nacional Calilegua y El Parque Provincial Potrero de Yala.
Fecha de Publicación: 03/12/2010
Fuente: El Periódico de Jujuy
Provincia/Región: Jujuy - Salta
El Gobernador de la Provincia, doctor Walter Barrionuevo, firmó este mediodía un convenio con la UNESCO, acuerdo del que también formó parte el mandatario provincial de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey. Se usará este exclusivo territorio para hacer estudios sobre cambio climático y desarrollo sustentable.
Los Gobiernos de Jujuy y Salta trabajarán junto con la UNESCO para el fortalecimiento de la reserva de Las Yungas como plataforma para el aprendizaje sobre cambio climático y desarrollo sustentable. Este mediodía se firmó el convenio que posibilitará el apoyo desde organismo de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura.
El acuerdo fue rubricado en Casa de Gobierno de Salta por el mandatario jujeño Walter Barrionuevo; por su par de Salta Juan Manuel Urtubey; y por la directora general de la UNESCO, Irina Bokova.
Durante el acto el Gobernador Barrionuevo manifestó que el convenio suscripto junto al mandatario salteño, Juan Urtubey con la representante de la UNESCO tiene su valor, porque lo que se denomina como Reserva de Biosfera de las Yungas desde el punto de vista de la extensión territorial -el tramo que comprende la provincia de Jujuy y Salta- es ínfimo en relación a la superficie total del territorio argentino. No obstante ello, esa pequeña porción alberga el 50% de la biodiversidad que existe en el país.
Además este acuerdo tiene valor también porque desde hace un tiempo junto al Gobernador Urtubey y otros pares de la región han confluido en el interés de pasar de la declamación y de la expresión de anhelo de lo que tienen que ser las autonomías provinciales a la etapa de fortalecimiento de actos que reflejan actos jurídicos institucionales que refuercen el concepto de autonomía.
Afirmó que se está usando una herramienta que antes no se usaba y que es el Articulo 124 de la Constitución Nacional -luego de la modificación del año 1994- que consiste en hacer uso efectivo de las facultades que tienen las provincias de celebrar tratados y convenios con otras jurisdicciones extranacionales o nacionales de manera autónoma respecto del Poder central.
Esto significa que se firmó este convenio para ir sentando los precedentes jurídicos constitucionales de un ejercicio efectivo de las autonomías provinciales, dijo finalmente.
En el acto participaron también el senador nacional y embajador argentino ante la UNESCO, Daniel Filmus; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Francisco López Sastre; y de Turismo y Cultura, Federico Posadas.
La reserva
El Ministro López Sastre manifestó que la política impulsada por el gobernador Urtubey tiene una proyección hacia Bolivia porque un territorio binacional le daría más importancia. Las Yungas o selva tucumana oranense tiene una extensión de 1.000.000 hectáreas, se destaca por su diversidad productiva, cultural y natural porque en su territorio está presente el 50 % de la biodiversidad que tiene Argentina.
Por su parte, Irina Bokova manifestó que “las trece reservas que existen en Argentina son importantes para toda la humanidad. El concepto de biodiversidad es muy importante para UNESCO es una amplia base de datos para la investigación científica cultural y vamos a seguir trabajando con las dos provincias en la implementación de este acuerdo”.
La reserva de Biósfera de Las Yungas contribuye a la investigación con el objetivo de entender el cambio climático y el impacto del mismo en la sociedad; estudia los lazos entre la diversidad cultural y la biodiversidad para derivar la información a quienes toman las decisiones.
La gestión de la Reserva Biósfera Yungas está a cargo de un Comité de Gestión integrado por los gobiernos de Salta y Jujuy; por la Administración de Parques Nacionales; la Comisión Regional de la Cuenca del Río Bermejo y de los Comités Zonales.
Dentro de la Reserva de Biosfera de las Yungas se encuentran 5 zonas núcleos: El Parque Nacional Baritú, La Reserva Nacional El Nogalar, El Parque Provincial Laguna Pintascayo, El Parque Nacional Calilegua y El Parque Provincial Potrero de Yala.
Viviendas de autoconstrucción y bioclimática
Planifican proyecto de vivienda de autoconstrucción y bioclimática
Fecha de Publicación: 02/12/2010
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
El gobernador coordino con Benítez la construcción experimental del modelo ganador para analizar su factibilidad y poder implementará en la construcción futura de barrios.
La idea surgió de un proyecto de alumnos de la escuela técnica de Fontana quienes ganaron un concurso regional. El equipo chaqueño participara en la final nacional. Es un prototipo de vivienda del IPDUV y se basa en las viviendas sociales.
El gobernador Jorge Capitanich recibió a los ganadores de la final regional del concurso nacional de escuelas técnicas que participarán en el Encuentro Nacional. Los alumnos de la Escuela Técnica Nº 15 de Fontana presentaron un proyecto de vivienda social por lo que proyectaron la construcción experimental para, posteriormente, utilizarla para los programas oficiales.
De la reunión participaron el presidente del Instituto Provincial de Urbanismos y Vivienda, José Valentín Benítez; el intendente de Fontana, Antonio Rodas; el profesor a cargo del proyecto Rubén Guerrero y los tres alumnos finalistas, Abigail González, Daiana Palacios y Diego Romero. Las autoridades de IPDUV entregaron a los tres ganadores, al coordinador y a la escuela impresoras multifunciones y pen drive.
Los alumnos participaron del Concurso Nacional de Escuelas Técnicas Organizado por la Subsecretaria de Vivienda de la Nación y ganaron instancia regional tras competir con más de 20 colegios de Corrientes, Formosa, Misiones y Entre Ríos. EL viernes participaran de la final nacional en Buenos Aires.
Dieron detalles del proyecto y le mostraron al gobernador los planes. Señalaron que es un prototipo de vivienda del IPDUV y se basa en las viviendas sociales. Comentaron que tiene como eje la armonía con el medio ambiente por lo que se aplica arquitectura bioclimática y tecnologías regionales lo que evitará el traslado de materiales, con ahorro de energía y agua. Remarcaron que el proyecto contempla la autoconstrucción con paneles prefabricados de hormigón y PVC en diferentes formatos.
Ante esto el primer mandatario coordino con Benítez la construcción experimental del modelo ganador para analizar su factibilidad y poder implementará en la construcción futura de barrios.
Fecha de Publicación: 02/12/2010
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
El gobernador coordino con Benítez la construcción experimental del modelo ganador para analizar su factibilidad y poder implementará en la construcción futura de barrios.
La idea surgió de un proyecto de alumnos de la escuela técnica de Fontana quienes ganaron un concurso regional. El equipo chaqueño participara en la final nacional. Es un prototipo de vivienda del IPDUV y se basa en las viviendas sociales.
El gobernador Jorge Capitanich recibió a los ganadores de la final regional del concurso nacional de escuelas técnicas que participarán en el Encuentro Nacional. Los alumnos de la Escuela Técnica Nº 15 de Fontana presentaron un proyecto de vivienda social por lo que proyectaron la construcción experimental para, posteriormente, utilizarla para los programas oficiales.
De la reunión participaron el presidente del Instituto Provincial de Urbanismos y Vivienda, José Valentín Benítez; el intendente de Fontana, Antonio Rodas; el profesor a cargo del proyecto Rubén Guerrero y los tres alumnos finalistas, Abigail González, Daiana Palacios y Diego Romero. Las autoridades de IPDUV entregaron a los tres ganadores, al coordinador y a la escuela impresoras multifunciones y pen drive.
Los alumnos participaron del Concurso Nacional de Escuelas Técnicas Organizado por la Subsecretaria de Vivienda de la Nación y ganaron instancia regional tras competir con más de 20 colegios de Corrientes, Formosa, Misiones y Entre Ríos. EL viernes participaran de la final nacional en Buenos Aires.
Dieron detalles del proyecto y le mostraron al gobernador los planes. Señalaron que es un prototipo de vivienda del IPDUV y se basa en las viviendas sociales. Comentaron que tiene como eje la armonía con el medio ambiente por lo que se aplica arquitectura bioclimática y tecnologías regionales lo que evitará el traslado de materiales, con ahorro de energía y agua. Remarcaron que el proyecto contempla la autoconstrucción con paneles prefabricados de hormigón y PVC en diferentes formatos.
Ante esto el primer mandatario coordino con Benítez la construcción experimental del modelo ganador para analizar su factibilidad y poder implementará en la construcción futura de barrios.
Chubut: consulta por la minería deberá esperar
La consulta popular por la megaminería deberá esperar
Fecha de Publicación: 02/12/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Javier Touriñan presentó sobre tablas en la sesión del martes el proyecto marco para la convocatoria a una consulta popular por la megaminería en Chubut, de manera simultánea a las elecciones del 20 de marzo, pero no logró las dos terceras partes requeridas para su tratamiento. Con la negativa oficialista, el proyecto fue girado a comisiones.
El candidato a vicegobernador por el Frente para la Victoria y diputado provincial, Javier Touriñan, ya había anticipado la presentación de una iniciativa que diera marco a la consulta popular, para que la ciudadanía se expresara dentro de poco más de tres meses a favor o en contra de la mega explotación minera en el territorio provincial.
En tal sentido, instrumentó un proyecto de ley que fue presentado sobre tablas en la sesión del martes, aunque el apoyo de la oposición no sumó los dos tercios requeridos para su tratamiento en el recinto.
Pese a que el proyecto originó la discusión de todos los bloques parlamentarios por más de una hora, ahora deberá ser analizado en comisiones, dado que la postura contraria del oficialismo se basó, según el jefe de la bancada, José Karamarko, en que no habían sido informados en la última reunión del bloque.
Desde ese arco, fue Rosa Muñoz quien argumentó que “cada partido debería decir primero qué quiere hacer”, recordando que “se trata de un tema delicado”, por lo que pidió que no se utilice “como chicana”, lectura esta última a la que adhirió Jorge Pitiot, quien lisa y llanamente criticó “oportunismos”, y aunque reconoció que la elaboración de un mapa minero es “un tema pendiente del gobierno” señaló que los tres meses que distan para las elecciones no es tiempo suficiente para informar acabadamente a la población respecto del tema.
En defensa de la consulta popular, Touriñan había fundamentado sobre la base de la representatividad de los legisladores y la utilización de un mecanismo de democracia directa para que no se tergiversara lo que el pueblo decida.
Fecha de Publicación: 02/12/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Javier Touriñan presentó sobre tablas en la sesión del martes el proyecto marco para la convocatoria a una consulta popular por la megaminería en Chubut, de manera simultánea a las elecciones del 20 de marzo, pero no logró las dos terceras partes requeridas para su tratamiento. Con la negativa oficialista, el proyecto fue girado a comisiones.
El candidato a vicegobernador por el Frente para la Victoria y diputado provincial, Javier Touriñan, ya había anticipado la presentación de una iniciativa que diera marco a la consulta popular, para que la ciudadanía se expresara dentro de poco más de tres meses a favor o en contra de la mega explotación minera en el territorio provincial.
En tal sentido, instrumentó un proyecto de ley que fue presentado sobre tablas en la sesión del martes, aunque el apoyo de la oposición no sumó los dos tercios requeridos para su tratamiento en el recinto.
Pese a que el proyecto originó la discusión de todos los bloques parlamentarios por más de una hora, ahora deberá ser analizado en comisiones, dado que la postura contraria del oficialismo se basó, según el jefe de la bancada, José Karamarko, en que no habían sido informados en la última reunión del bloque.
Desde ese arco, fue Rosa Muñoz quien argumentó que “cada partido debería decir primero qué quiere hacer”, recordando que “se trata de un tema delicado”, por lo que pidió que no se utilice “como chicana”, lectura esta última a la que adhirió Jorge Pitiot, quien lisa y llanamente criticó “oportunismos”, y aunque reconoció que la elaboración de un mapa minero es “un tema pendiente del gobierno” señaló que los tres meses que distan para las elecciones no es tiempo suficiente para informar acabadamente a la población respecto del tema.
En defensa de la consulta popular, Touriñan había fundamentado sobre la base de la representatividad de los legisladores y la utilización de un mecanismo de democracia directa para que no se tergiversara lo que el pueblo decida.
Chubut quiere eliminar la contaminación por PCB
El Gobierno aplica un plan para eliminar la contaminación por PCB
Fecha de Publicación: 01/12/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
En la Legislatura provincial, el ministro Korn expuso acerca de las medidas que están emprendiendo para eliminar la contaminación por PCB en todo el territorio. Se trata de una sustancia que se usa en los aceites para los transformadores eléctricos de las empresas de energía.
El ministro Korn admitió la existencia de “gran cantidad de transformadores pequeños en diferentes localidades”.El ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, explicó ante la Legislatura del Chubut las medidas que está adoptando el gobierno para eliminar la contaminación por PCB, una sustancia que se usa en los aceites para los transformadores eléctricos -que está regulado su nivel de tolerancia-.
Las acciones emprendidas en el marco del plan de eliminación de PCB en Chubut permiten estimar que “en poco tiempo más ya va a estar la eliminación completa en toda la provincia de esta sustancia”, dijo en rueda de prensa el ministro.
El ministro asistió acompañado de los subsecretarios de Servicios Públicos, Nélson Williams, y de Medio Ambiente, Rubén Reyes, e integrantes de equipos técnicos de las áreas correspondientes.
Por el bloque de diputados del PJ participaron su titular, José Karamarko; el legislador Carlos Gómez, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Miguel A. Montoya, Jorge Pitiot, Carlos Arzán, Mariana Ripa, Mercedes Aravena y Rosa Muñoz; del Provech, Néstor García y Santiago Cárdenas, y también los legisladores Carlos Lorenzo (UCR), Roque González (PACh) y Fernando Urbano (ARI).
“Primero, porque no es un solo propietario de los transformadores del líquido que se está tratando, sino que son una gran cantidad de Cooperativas y privados, en todo el ámbito provincial y en una provincia sumamente extensa”, detalló el funcionario chubutense.
“Si bien no tenemos gran cantidad de litros de aceite contaminado con PCB, sí es una gran cantidad de transformadores en distintas partes de la provincia. Si uno lo compara con otras provincias, es relativamente poca la cantidad de litros, pero gran cantidad de transformadores pequeños en diferentes localidades”, explicó.
“Cada uno de los titulares o propietarios de los transformadores son los que tienen la obligación de cumplir con la ley, nosotros monitoreamos esto. Está en plena ejecución la eliminación de este PCB, y obviamente, hay diferentes etapas de avances en cada una de las localidades”, dijo Korn.
Por su parte, el legislador José Karamarko, presidente del bloque PJ, se manifestó satisfecho con las explicaciones brindadas por el ministro Coordinador. “En cada lugar donde el PCB esté todavía en algunos transformadores, o en recipientes que reúnen los requisitos que exige la ley, se hará el proceso”, dijo.
“En tres meses Chubut estaría libre de PCB”, recalcó el jefe del oficialismo parlamentario.
“En un momento, se eligió hacerlo de manera unificada, es decir, concentrar en un solo lugar todo el líquido refrigerante con PCB de los transformadores, y el proceso hacerlo “in situ”, pero no fue posible llevarlo a cabo, se descentralizó el proceso a través de un equipo móvil que lo va a realizar, y esa separación que da lugar a que el remanente sea una sal no contaminante se está poniendo en marcha, y en tres meses la Provincia del Chubut estaría libre de PCB”, manifestó el legislador.
Fecha de Publicación: 01/12/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
En la Legislatura provincial, el ministro Korn expuso acerca de las medidas que están emprendiendo para eliminar la contaminación por PCB en todo el territorio. Se trata de una sustancia que se usa en los aceites para los transformadores eléctricos de las empresas de energía.
El ministro Korn admitió la existencia de “gran cantidad de transformadores pequeños en diferentes localidades”.El ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, explicó ante la Legislatura del Chubut las medidas que está adoptando el gobierno para eliminar la contaminación por PCB, una sustancia que se usa en los aceites para los transformadores eléctricos -que está regulado su nivel de tolerancia-.
Las acciones emprendidas en el marco del plan de eliminación de PCB en Chubut permiten estimar que “en poco tiempo más ya va a estar la eliminación completa en toda la provincia de esta sustancia”, dijo en rueda de prensa el ministro.
El ministro asistió acompañado de los subsecretarios de Servicios Públicos, Nélson Williams, y de Medio Ambiente, Rubén Reyes, e integrantes de equipos técnicos de las áreas correspondientes.
Por el bloque de diputados del PJ participaron su titular, José Karamarko; el legislador Carlos Gómez, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Miguel A. Montoya, Jorge Pitiot, Carlos Arzán, Mariana Ripa, Mercedes Aravena y Rosa Muñoz; del Provech, Néstor García y Santiago Cárdenas, y también los legisladores Carlos Lorenzo (UCR), Roque González (PACh) y Fernando Urbano (ARI).
“Primero, porque no es un solo propietario de los transformadores del líquido que se está tratando, sino que son una gran cantidad de Cooperativas y privados, en todo el ámbito provincial y en una provincia sumamente extensa”, detalló el funcionario chubutense.
“Si bien no tenemos gran cantidad de litros de aceite contaminado con PCB, sí es una gran cantidad de transformadores en distintas partes de la provincia. Si uno lo compara con otras provincias, es relativamente poca la cantidad de litros, pero gran cantidad de transformadores pequeños en diferentes localidades”, explicó.
“Cada uno de los titulares o propietarios de los transformadores son los que tienen la obligación de cumplir con la ley, nosotros monitoreamos esto. Está en plena ejecución la eliminación de este PCB, y obviamente, hay diferentes etapas de avances en cada una de las localidades”, dijo Korn.
Por su parte, el legislador José Karamarko, presidente del bloque PJ, se manifestó satisfecho con las explicaciones brindadas por el ministro Coordinador. “En cada lugar donde el PCB esté todavía en algunos transformadores, o en recipientes que reúnen los requisitos que exige la ley, se hará el proceso”, dijo.
“En tres meses Chubut estaría libre de PCB”, recalcó el jefe del oficialismo parlamentario.
“En un momento, se eligió hacerlo de manera unificada, es decir, concentrar en un solo lugar todo el líquido refrigerante con PCB de los transformadores, y el proceso hacerlo “in situ”, pero no fue posible llevarlo a cabo, se descentralizó el proceso a través de un equipo móvil que lo va a realizar, y esa separación que da lugar a que el remanente sea una sal no contaminante se está poniendo en marcha, y en tres meses la Provincia del Chubut estaría libre de PCB”, manifestó el legislador.
Santiago: más enfermos a causas de herbicidas
Médicos aseguran que hay más enfermos a causas de herbicidas
Fecha de Publicación: 01/12/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Médicos, profesores y funcionarios de Agricultura ratifican los dichos de los vecinos de poblaciones rodeadas de cultivos como la soja, donde a diario se hacen fumigaciones con herbicidas.
Empezó la temporada de fumigaciones en la provincia y en poblaciones rurales de los departamentos Moreno, Ibarra, Belgrano y otros donde abunda la soja, principalmente, los reclamos por el uso indebido de agroquímicos se multiplican rápidamente.
Antes fue en Bandera, departamento Belgrano, pero ayer las quejas provenían de la localidad de El Colorado, en el departamento Juan Felipe Ibarra, a 40 kilómetros al sur de Quimilí. Allí, vecinos, docentes, médicos y enfermeros reclaman medidas urgentes para terminar con una vieja problemática que –según afirmaron- tiene consecuencias nocivas en la salud de grandes y chicos.
El Dr. Germán Marcos es médico del puesto sanitario de El Colorado. En recientes declaraciones a la prensa reveló un dato preocupante tomado del contacto cotidiano con sus pacientes: gran parte de las patologías que atiende en este lugar tendrían relación directa con el contacto frecuente con los herbicidas que son rociados por aire y tierra sobre los cultivos que están a no más de 50 metros de las viviendas, cruzando las calles y rutas que delimitan el pueblo del manto de soja.
El profesional advirtió que “durante este período –desde noviembre- aumentan las consultas por reacciones alérgicas, bronqueolitis, trastornos gastrointestinales y síndromes diarreicos. Es una situación que se repite en los últimos años en niños y fundamentalmente en las personas mayores”. “Queremos que se respeten las normas de bioseguridad”, reclamó, en alusión directa al uso de los herbicidas.
Vecinos
Según Ramón González, poblador del paraje El Boyerito, a 50 km al sur de Quimilí, las aeronaves fumigadoras pasan por encima de su casa provocando serios problemas de salud para toda su familia, especialmente en sus hijos. “Los médicos nos dijeron que todo es por causa del uso de este veneno, no somos dueños ni de juntar agua cuando llueve, porque en las chapas está ese agroquímico que termina por enfermarnos a todos”, afirmó.
“Toda nuestra familia sufre de mareos, dolores de cabeza constantes, irritaciones en la piel, los chicos andan con vómitos, hasta las plantas se secan. Antes, nosotros éramos los primeros en cosechar sandía, zapallos, calabazas y las llevábamos a vender a Quimilí, pero ahora esto ya no se puede, porque la planta nace bien y al poco tiempo cuando pasa el avión o el mosquito (fumigadores terrestres) ya comienza a morirse, y no es justo, nosotros no estamos en contra de los productores ni mucho menos, pero queremos que se nos respete, no somos dueños ni de tener una planta de paraíso, mistol, ni nada, porque con la fumigación se mueren, especialmente por el uso del 2-4D”, precisó.
También docentes de la escuela de El Colorado afirmaron que en épocas de fumigación muchos alumnos sufren a causa de esto y que ya se realizaron varias denuncias en la seccional 29 de Quimilí. “Vinieron autoridades, pero debemos ser más constantes en esto, porque cuando hay viento norte, todo el pueblo se impregna de estos venenos, pero se sigue fumigando en cercanías de nuestras viviendas”, se quejaron.
Fecha de Publicación: 01/12/2010
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Médicos, profesores y funcionarios de Agricultura ratifican los dichos de los vecinos de poblaciones rodeadas de cultivos como la soja, donde a diario se hacen fumigaciones con herbicidas.
Empezó la temporada de fumigaciones en la provincia y en poblaciones rurales de los departamentos Moreno, Ibarra, Belgrano y otros donde abunda la soja, principalmente, los reclamos por el uso indebido de agroquímicos se multiplican rápidamente.
Antes fue en Bandera, departamento Belgrano, pero ayer las quejas provenían de la localidad de El Colorado, en el departamento Juan Felipe Ibarra, a 40 kilómetros al sur de Quimilí. Allí, vecinos, docentes, médicos y enfermeros reclaman medidas urgentes para terminar con una vieja problemática que –según afirmaron- tiene consecuencias nocivas en la salud de grandes y chicos.
El Dr. Germán Marcos es médico del puesto sanitario de El Colorado. En recientes declaraciones a la prensa reveló un dato preocupante tomado del contacto cotidiano con sus pacientes: gran parte de las patologías que atiende en este lugar tendrían relación directa con el contacto frecuente con los herbicidas que son rociados por aire y tierra sobre los cultivos que están a no más de 50 metros de las viviendas, cruzando las calles y rutas que delimitan el pueblo del manto de soja.
El profesional advirtió que “durante este período –desde noviembre- aumentan las consultas por reacciones alérgicas, bronqueolitis, trastornos gastrointestinales y síndromes diarreicos. Es una situación que se repite en los últimos años en niños y fundamentalmente en las personas mayores”. “Queremos que se respeten las normas de bioseguridad”, reclamó, en alusión directa al uso de los herbicidas.
Vecinos
Según Ramón González, poblador del paraje El Boyerito, a 50 km al sur de Quimilí, las aeronaves fumigadoras pasan por encima de su casa provocando serios problemas de salud para toda su familia, especialmente en sus hijos. “Los médicos nos dijeron que todo es por causa del uso de este veneno, no somos dueños ni de juntar agua cuando llueve, porque en las chapas está ese agroquímico que termina por enfermarnos a todos”, afirmó.
“Toda nuestra familia sufre de mareos, dolores de cabeza constantes, irritaciones en la piel, los chicos andan con vómitos, hasta las plantas se secan. Antes, nosotros éramos los primeros en cosechar sandía, zapallos, calabazas y las llevábamos a vender a Quimilí, pero ahora esto ya no se puede, porque la planta nace bien y al poco tiempo cuando pasa el avión o el mosquito (fumigadores terrestres) ya comienza a morirse, y no es justo, nosotros no estamos en contra de los productores ni mucho menos, pero queremos que se nos respete, no somos dueños ni de tener una planta de paraíso, mistol, ni nada, porque con la fumigación se mueren, especialmente por el uso del 2-4D”, precisó.
También docentes de la escuela de El Colorado afirmaron que en épocas de fumigación muchos alumnos sufren a causa de esto y que ya se realizaron varias denuncias en la seccional 29 de Quimilí. “Vinieron autoridades, pero debemos ser más constantes en esto, porque cuando hay viento norte, todo el pueblo se impregna de estos venenos, pero se sigue fumigando en cercanías de nuestras viviendas”, se quejaron.
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