Especial de Andalgalá y la minera Agua Rica
20:07 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Ordenan a la empresa Agua Rica que suspenda toda su actividad
Fecha de Publicación: 17/02/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La medida será revocada cuando estén garantizadas las condiciones para desarrollar el proyecto. Disconformidad de los asambleístas.
El juez de Minas Raúl Guillermo Cerda ordenó ayer suspender toda la actividad que la empresa minera Agua Rica cumplía en Andalgalá. La medida no tiene plazo y quedará sin efecto sólo cuando estén dadas las condiciones sociales para desarrollar el proyecto minero. Según fundamentó, la resolución se adoptó por los violentos enfrentamientos ocurridos en la Perla del Oeste durante la noche del lunes y con el objetivo de recuperar la paz social.
Apenas conocida la noticia del cese temporal de la actividad de Agua Rica, los asambleístas que a esa hora se había autoconvocado en la plaza de Andalgalá festejaron, pero no se quedaron conformes. Ahora reclaman la suspensión definitiva de la actividad minera en Andalgalá.
En diálogo con El Ancasti, Cerda informó que ayer estuvo en contacto con apoderados de la empresa, quienes expresaron su conformidad con la resolución y le transmitieron que "en esas condiciones no se podía trabajar". De todos modos, la empresa tiene tres días para apelar la resolución del juez. "No creo que ello ocurra porque el letrado manifestó que coincidían y compartían el criterio", dijo. "Creo que la resolución es un punto de partida para comenzar a dialogar y para que se calmen los ánimos, después el tiempo dirá. Por ahora las posiciones son muy encontradas. Creo que hace falta mucha más información para conocer qué se pretende hacer", opinó.
En la resolución, el magistrado sugirió que la suspensión de la actividad no se traslade a los empleados que tiene la empresa Agua Rica en Andalgalá. "Será una decisión de la empresa si despide a sus empleados o no", advirtió.
Agua Rica había retomado la actividad hace pocos meses luego del stand by en el que había ingresado por el impacto de la crisis internacional del año pasado y por las demoras en la aprobación del informe de impacto ambiental.
Rechazo
En Andalgalá, el ex concejal Roberto Cecenarro rechazó, igual que la mayoría de los asambleístas, la medida transitoria del juez Cerda de ordenar el parate de las actividades en Agua Rica: "Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros lo que queremos es la prohibición de la minería a cielo abierto en Andalgalá", señaló.
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Después de toda la violencia que se desató cuando los camiones mineros quisieron pasar, los ambientalistas volvieron a agruparse y mantuvieron la vigilia a la vera de la ruta.
También ayer al mediodía un grupo de Autoconvocados de Andalgalá y antimineros de esta capital se movilizaron hasta el juzgado de Minas para pedirle al magistrado la paralización de todo proyecto minero en Andalgalá. Cerda los recibió y explicó el alcance de la resolución.
Reacción oficial
Desde el Gobierno provincial, el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, y el jefe de Policía Francisco Soria brindaron ayer una conferencia de prensa en la que negaron algún tipo de exceso en el operativo policial que se desplegó el lunes en Andalgalá. Informaron que para garantizar la paz social se ordenó el repliegue policial.
Por su parte, el secretario de Minería José Sinner lamentó el cariz de los acontecimientos en Andalgalá. "No entiendo cuál es la crítica a un proyecto que todavía no ha comenzado", dijo en declaraciones a Radio Ancasti.
Sinner defendió la actividad minera y los controles que se realizan desde el área que conduce.
Malestar de los comerciantes y proveedores
Los comerciantes y proveedores mineros se cuidaron al condenar los hechos de violencia que se registraron la noche del martes.
El supermercado "Los Mellizos", ubicado en una esquina frente a la plaza fue uno de los blancos de la violencia del martes por la noche. Vidrios rotos permanecían como prueba de los actos de vandalismo.
Luis Rojano, el propietario del comercio, que además regentea junto a sus hermanos una empresa de maquinarias viales que trabaja para Agua Rica, expresó su malestar por la situación y anticipó que realizaría la denuncia por los daños.
También confirmó que la empresa vial que administra junto a sus hermanos -Mafap- dejaría de trabajar para la minera. Lo mismo dijo públicamente a través de radios locales Ariel Rojano, quien además pidió disculpas a la gente por haber intentado pasar con una maquinaria propia por el bloqueo antiminero.
Daniel Brizuela, otro de los comerciantes y miembro de la cámara de proveedores mineros dijo que, tras hablar con otros empresarios acordaron "poner las barbas en remojo".
La Fiscalía inició investigación por el daño a los edificios
La fiscal de Andalgalá, Marta Graciela Nieva, dispuso ayer el inicio de una investigación de oficio para identificar a los responsables de los daños a los distintos edificios públicos y anticipó que los responsables de las distintas dependencias -intendentecia, juzgado, policía etc.- realizarían denuncias por los daños que sufrieron los edificios públicos.
Del otro lado, ayer se habían comenzado a recibir las primeras denuncias de ciudadanos por presunta agresión policial.
Las fuentes judiciales confirmaron que el martes hubo alrededor de 20 ciudadanos heridos que fueron atendidos en el hospital y que una cifra similar de heridos hubo en las filas policiales. Ayer, para descomprimir la tensión, desde la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia se dispuso el repliegue de los refuerzos policiales que habían llegado desde la capital provincial.
Desenlace
En declaraciones a Radio Ancasti, la fiscal de Andalgalá lamentó el desenlace al que arribó la orden judicial para desalojar el bloqueo antiminero y permitir el paso de vehículos al yacimiento. Y relató la otra versión de los incidentes: "Se procedió al arresto de las personas porque se tiraban en medio del camino para impedir el paso de camiones y camionetas. Inmediatamente después de haber sido revisados por el médico y de labrarse el acta de la causa de la detención se los puso en libertad, así que sólo deben haber estado unas dos horas arrestados. Ya a la medianoche no quedaba ningún detenido", relató.
Sin embargo, comentó que los peores desmanes en la plaza de Andalgalá ocurrieron a última hora de la violenta jornada y fueron protagonizados por "encapuchados" que investiga la Policía y la Justicia.
Según relató, hasta el cura párroco que intentó mediar en el conflicto terminó agredido.
Admiten amparo
El juez de Control de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro declaró la admisibilidad del recurso de amparo presentado a fines de enero por los ambientalistas y pidió una serie de informes a la Secretaría de Minería de la Provincia, al Ministerio de Salud, a la Secretaría del Ambiente, al municipio y a la empresa Agua Rica para poder producir prueba y pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
En su presentación, los ambientalistas pedían la suspensión del trabajo de instalación de Agua Rica y al mismo tiempo la cesación definitiva del emprendimiento.
Con la información que le remitan, el juez definirá sobre la cuestión de fondo.
Rechazo a la violencia
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que preside Manuel Benítez llamó a la reflexión de los actores sociales para que la paz social pueda primar sobre las distintas posiciones planteadas respecto a la minería. "No ayudan a la sociedad los discursos disociantes y provocativos", indican.
"Da vergüenza la inacción"
El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Barrionuevo, el diputado Alfredo Gómez y el intendente Gustavo Jalile rechazaron la estrategia que implementó la Policía de la Provincia para desalojar el bloqueo al yacimiento de Agua Rica.
"Lamentamos profundamente el padecimiento del pueblo andalgalense en manos de la represión, por parte de quienes nos deben proteger. Instamos a que urgentemente se procure una alternativa de diálogo, no se puede seguir permitiendo que continué el enfrentamiento de catamarqueños contra catamarqueños. Da vergüenza la inacción de los responsables de mediar en este conflicto, y su incapacidad de procurar un ordenamiento desde lo institucional para buscar una salida cierta donde prime la cordura", indica el documento.
"El MIRA apuesta por la minería responsable y reclama para que los recursos que genera la actividad queden en la provincia y beneficien a la población local", señalaron.
Sigue la tensión y culpan al Gobierno y al intendente
Tras la represión policial y la reacción popular del martes por la noche, que incluyó la quema casi total del edificio municipal, daños en comercios céntricos y varios heridos, la tensión y la resistencia de los sectores ambientalistas continuó ayer en la ciudad de Andalgalá. Ayer los asambleístas retornaron al corte que desde diciembre mantenían en el camino comunero de Chaquiago-El Potrero, vía de acceso al yacimiento de Agua Rica para realizar un balance de los incidentes ocurridos.
A media mañana, los manifestantes que rechazan la minería volvieron a congregarse en la Plaza 9 de Julio y desde allí marcharon hacia la sede de la Fiscalía, el edificio comunal y la comisaría para repudiar las agresiones y reclamar por la libertad de los tres últimos detenidos.
Aunque más de una treintena de andalgalenses fueron demorados en la comisaría departamental y en la de Chaquiago y liberados en la madrugada de ayer, tres permanecieron detenidos toda la noche y obtuvieron la libertad recién a mediodía. Entre ellos, un hombre de apellido Cisneros quien, visiblemente golpeado y con una fisura en el tabique nasal, denunció apremios de parte de las fuerzas policiales.
Las declaraciones del intendente José Perea condenando la quema de municipio y responsabilizando a docentes y a algunos referentes de los Vecinos por la Vida como responsables de los daños no hizo más que acrecentar el malestar de los ciudadanos que, a los gritos y mediante pancartas, reclamaban la renuncia del jefe comunal. También pedían la cabeza del juez de control de garantías, Rodolfo Cecenarro, de la fiscal Marta Graciela Nieva y hasta del mismo Gobernador de la provincia.
"Nosotros no queríamos esto, lo que pasó ayer fue un desastre para todos", decía ayer una de las asambleístas, visiblemente conmocionada por las escenas de corridas, confusión y disturbios que empañaron la protesta por el desalojo del bloqueo antiminero.
"Esto no va a quedar así, nosotros queremos responsables. La fiscal y el juez, con sus medidas, han violado nuestro derecho a estar en una asamblea privada", denunció el ex concejal Roberto Cecenarro, con una herida de bala de goma a unos centímetros de su ojo izquierdo. También exigió una respuesta de las autoridades provinciales: "El Gobernador de la Provincia no se puede desentender de esto".
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Ayer por la tarde, los ambientalistas volvieron a reunirse en el lugar del desalojo, con la idea de analizar todo lo ocurrido y evaluaban emitir un documento sentando postura y exigiendo a las autoridades que asumen las responsabilidades por la represión. También invitaron a una misa "por la paz".
Varias expresiones de repudio a la represión
Mientras el interbloque de la oposición presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados y varias agrupaciones se manifestaron en la Capital por la mañana, diversas organizaciones manifestaron su repudio por lo que calificaron como una "feroz represión" en contra del pueblo de Andalgalá. El interbloque promueve una declaración legislativa de "solidaridad y total y absoluto respaldo al pueblo de Andalgalá", además de repudiar "la violenta represión ordenada por el Poder Ejecutivo".
El PJ, por su parte, emitió un documento.
"Denunciamos y condenamos a Brizuela del Moral y su gestión, que articulan el despojo en beneficios de intereses foráneos e inconfesables. Nos solidarizamos con nuestros comprovincianos, con los reprimidos y su correlato, sus víctimas, y con todos aquellos que desde la memoria y de las mejores tradiciones de nuestro pueblo defienden su dignidad como lo hacen los pueblos soberanos. En la lucha de nuestro pueblo encontraremos el camino", consigna el escrito firmado por la conducción del PJ.
Agrupaciones ambientalistas realizaron una manifestación frente a la Casa de Catamarca en Buenos Aires.
Otros grupos expresaron su rechazo al accionar policial y gubernamental.
-Las diputadas por el ARI Elisa Carrió y Fernanda Reyes atacaron a los gobiernos nacional y provincial y consideraron que la Justicia actuó en Andalgalá como "guardia jurídica de las empresas mineras". Responsabilizaron al gobernador Eduardo Brizuela del Moral por la represión.
- El diputado Fernando Pino Solanas se plegó a los rechazos y convocó a apoyar a los andalgalenses.
- "El accionar fascista del gobierno ha sido la mejor propaganda de concientización de los catamarqueños. Les ha salido el tiro por la culata", expresaron la organización Tupac Amaru y la Corriente de Unidad Felipe Varela.
- También el Movimiento Libres del Sur y el MST-Nueva Izquierda manifestaron su repudio.
Municipio incendiado
El intendente de Andalgalá no ocultó su malestar por los incidentes ocurridos y responsabilizó directamente a los asambleístas. En declaraciones a Radio Ancasti culpó al ex concejal Roberto Cecenarro por el incendio del edificio municipal. También denunció el accionar, junto a ambientalistas locales, de militantes nacionales del grupo Quebracho.
"Los Autoconvocados no toleraron que la gente apoye el desarrollo de Andalgalá y, en connivencia, con el señor Pino Solanas trajeron gente y quemaron vehículos. Destrozaron sectores de la municipalidad, en lo que hace a oficinas de Hacienda, Fiscalía, Tránsito, Despacho municipal", dijo al denunciar que más del 80% del edificio municipal fue destruido por los desmanes.
Perea negó que hubiera estado ausente durante conflicto y no confió en que el plebiscito sea la salida para la división de la comunidad por la minería.
Fecha de Publicación: 17/02/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La medida será revocada cuando estén garantizadas las condiciones para desarrollar el proyecto. Disconformidad de los asambleístas.
El juez de Minas Raúl Guillermo Cerda ordenó ayer suspender toda la actividad que la empresa minera Agua Rica cumplía en Andalgalá. La medida no tiene plazo y quedará sin efecto sólo cuando estén dadas las condiciones sociales para desarrollar el proyecto minero. Según fundamentó, la resolución se adoptó por los violentos enfrentamientos ocurridos en la Perla del Oeste durante la noche del lunes y con el objetivo de recuperar la paz social.
Apenas conocida la noticia del cese temporal de la actividad de Agua Rica, los asambleístas que a esa hora se había autoconvocado en la plaza de Andalgalá festejaron, pero no se quedaron conformes. Ahora reclaman la suspensión definitiva de la actividad minera en Andalgalá.
En diálogo con El Ancasti, Cerda informó que ayer estuvo en contacto con apoderados de la empresa, quienes expresaron su conformidad con la resolución y le transmitieron que "en esas condiciones no se podía trabajar". De todos modos, la empresa tiene tres días para apelar la resolución del juez. "No creo que ello ocurra porque el letrado manifestó que coincidían y compartían el criterio", dijo. "Creo que la resolución es un punto de partida para comenzar a dialogar y para que se calmen los ánimos, después el tiempo dirá. Por ahora las posiciones son muy encontradas. Creo que hace falta mucha más información para conocer qué se pretende hacer", opinó.
En la resolución, el magistrado sugirió que la suspensión de la actividad no se traslade a los empleados que tiene la empresa Agua Rica en Andalgalá. "Será una decisión de la empresa si despide a sus empleados o no", advirtió.
Agua Rica había retomado la actividad hace pocos meses luego del stand by en el que había ingresado por el impacto de la crisis internacional del año pasado y por las demoras en la aprobación del informe de impacto ambiental.
Rechazo
En Andalgalá, el ex concejal Roberto Cecenarro rechazó, igual que la mayoría de los asambleístas, la medida transitoria del juez Cerda de ordenar el parate de las actividades en Agua Rica: "Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros lo que queremos es la prohibición de la minería a cielo abierto en Andalgalá", señaló.
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Después de toda la violencia que se desató cuando los camiones mineros quisieron pasar, los ambientalistas volvieron a agruparse y mantuvieron la vigilia a la vera de la ruta.
También ayer al mediodía un grupo de Autoconvocados de Andalgalá y antimineros de esta capital se movilizaron hasta el juzgado de Minas para pedirle al magistrado la paralización de todo proyecto minero en Andalgalá. Cerda los recibió y explicó el alcance de la resolución.
Reacción oficial
Desde el Gobierno provincial, el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, y el jefe de Policía Francisco Soria brindaron ayer una conferencia de prensa en la que negaron algún tipo de exceso en el operativo policial que se desplegó el lunes en Andalgalá. Informaron que para garantizar la paz social se ordenó el repliegue policial.
Por su parte, el secretario de Minería José Sinner lamentó el cariz de los acontecimientos en Andalgalá. "No entiendo cuál es la crítica a un proyecto que todavía no ha comenzado", dijo en declaraciones a Radio Ancasti.
Sinner defendió la actividad minera y los controles que se realizan desde el área que conduce.
Malestar de los comerciantes y proveedores
Los comerciantes y proveedores mineros se cuidaron al condenar los hechos de violencia que se registraron la noche del martes.
El supermercado "Los Mellizos", ubicado en una esquina frente a la plaza fue uno de los blancos de la violencia del martes por la noche. Vidrios rotos permanecían como prueba de los actos de vandalismo.
Luis Rojano, el propietario del comercio, que además regentea junto a sus hermanos una empresa de maquinarias viales que trabaja para Agua Rica, expresó su malestar por la situación y anticipó que realizaría la denuncia por los daños.
También confirmó que la empresa vial que administra junto a sus hermanos -Mafap- dejaría de trabajar para la minera. Lo mismo dijo públicamente a través de radios locales Ariel Rojano, quien además pidió disculpas a la gente por haber intentado pasar con una maquinaria propia por el bloqueo antiminero.
Daniel Brizuela, otro de los comerciantes y miembro de la cámara de proveedores mineros dijo que, tras hablar con otros empresarios acordaron "poner las barbas en remojo".
La Fiscalía inició investigación por el daño a los edificios
La fiscal de Andalgalá, Marta Graciela Nieva, dispuso ayer el inicio de una investigación de oficio para identificar a los responsables de los daños a los distintos edificios públicos y anticipó que los responsables de las distintas dependencias -intendentecia, juzgado, policía etc.- realizarían denuncias por los daños que sufrieron los edificios públicos.
Del otro lado, ayer se habían comenzado a recibir las primeras denuncias de ciudadanos por presunta agresión policial.
Las fuentes judiciales confirmaron que el martes hubo alrededor de 20 ciudadanos heridos que fueron atendidos en el hospital y que una cifra similar de heridos hubo en las filas policiales. Ayer, para descomprimir la tensión, desde la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia se dispuso el repliegue de los refuerzos policiales que habían llegado desde la capital provincial.
Desenlace
En declaraciones a Radio Ancasti, la fiscal de Andalgalá lamentó el desenlace al que arribó la orden judicial para desalojar el bloqueo antiminero y permitir el paso de vehículos al yacimiento. Y relató la otra versión de los incidentes: "Se procedió al arresto de las personas porque se tiraban en medio del camino para impedir el paso de camiones y camionetas. Inmediatamente después de haber sido revisados por el médico y de labrarse el acta de la causa de la detención se los puso en libertad, así que sólo deben haber estado unas dos horas arrestados. Ya a la medianoche no quedaba ningún detenido", relató.
Sin embargo, comentó que los peores desmanes en la plaza de Andalgalá ocurrieron a última hora de la violenta jornada y fueron protagonizados por "encapuchados" que investiga la Policía y la Justicia.
Según relató, hasta el cura párroco que intentó mediar en el conflicto terminó agredido.
Admiten amparo
El juez de Control de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro declaró la admisibilidad del recurso de amparo presentado a fines de enero por los ambientalistas y pidió una serie de informes a la Secretaría de Minería de la Provincia, al Ministerio de Salud, a la Secretaría del Ambiente, al municipio y a la empresa Agua Rica para poder producir prueba y pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
En su presentación, los ambientalistas pedían la suspensión del trabajo de instalación de Agua Rica y al mismo tiempo la cesación definitiva del emprendimiento.
Con la información que le remitan, el juez definirá sobre la cuestión de fondo.
Rechazo a la violencia
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que preside Manuel Benítez llamó a la reflexión de los actores sociales para que la paz social pueda primar sobre las distintas posiciones planteadas respecto a la minería. "No ayudan a la sociedad los discursos disociantes y provocativos", indican.
"Da vergüenza la inacción"
El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Barrionuevo, el diputado Alfredo Gómez y el intendente Gustavo Jalile rechazaron la estrategia que implementó la Policía de la Provincia para desalojar el bloqueo al yacimiento de Agua Rica.
"Lamentamos profundamente el padecimiento del pueblo andalgalense en manos de la represión, por parte de quienes nos deben proteger. Instamos a que urgentemente se procure una alternativa de diálogo, no se puede seguir permitiendo que continué el enfrentamiento de catamarqueños contra catamarqueños. Da vergüenza la inacción de los responsables de mediar en este conflicto, y su incapacidad de procurar un ordenamiento desde lo institucional para buscar una salida cierta donde prime la cordura", indica el documento.
"El MIRA apuesta por la minería responsable y reclama para que los recursos que genera la actividad queden en la provincia y beneficien a la población local", señalaron.
Sigue la tensión y culpan al Gobierno y al intendente
Tras la represión policial y la reacción popular del martes por la noche, que incluyó la quema casi total del edificio municipal, daños en comercios céntricos y varios heridos, la tensión y la resistencia de los sectores ambientalistas continuó ayer en la ciudad de Andalgalá. Ayer los asambleístas retornaron al corte que desde diciembre mantenían en el camino comunero de Chaquiago-El Potrero, vía de acceso al yacimiento de Agua Rica para realizar un balance de los incidentes ocurridos.
A media mañana, los manifestantes que rechazan la minería volvieron a congregarse en la Plaza 9 de Julio y desde allí marcharon hacia la sede de la Fiscalía, el edificio comunal y la comisaría para repudiar las agresiones y reclamar por la libertad de los tres últimos detenidos.
Aunque más de una treintena de andalgalenses fueron demorados en la comisaría departamental y en la de Chaquiago y liberados en la madrugada de ayer, tres permanecieron detenidos toda la noche y obtuvieron la libertad recién a mediodía. Entre ellos, un hombre de apellido Cisneros quien, visiblemente golpeado y con una fisura en el tabique nasal, denunció apremios de parte de las fuerzas policiales.
Las declaraciones del intendente José Perea condenando la quema de municipio y responsabilizando a docentes y a algunos referentes de los Vecinos por la Vida como responsables de los daños no hizo más que acrecentar el malestar de los ciudadanos que, a los gritos y mediante pancartas, reclamaban la renuncia del jefe comunal. También pedían la cabeza del juez de control de garantías, Rodolfo Cecenarro, de la fiscal Marta Graciela Nieva y hasta del mismo Gobernador de la provincia.
"Nosotros no queríamos esto, lo que pasó ayer fue un desastre para todos", decía ayer una de las asambleístas, visiblemente conmocionada por las escenas de corridas, confusión y disturbios que empañaron la protesta por el desalojo del bloqueo antiminero.
"Esto no va a quedar así, nosotros queremos responsables. La fiscal y el juez, con sus medidas, han violado nuestro derecho a estar en una asamblea privada", denunció el ex concejal Roberto Cecenarro, con una herida de bala de goma a unos centímetros de su ojo izquierdo. También exigió una respuesta de las autoridades provinciales: "El Gobernador de la Provincia no se puede desentender de esto".
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Ayer por la tarde, los ambientalistas volvieron a reunirse en el lugar del desalojo, con la idea de analizar todo lo ocurrido y evaluaban emitir un documento sentando postura y exigiendo a las autoridades que asumen las responsabilidades por la represión. También invitaron a una misa "por la paz".
Varias expresiones de repudio a la represión
Mientras el interbloque de la oposición presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados y varias agrupaciones se manifestaron en la Capital por la mañana, diversas organizaciones manifestaron su repudio por lo que calificaron como una "feroz represión" en contra del pueblo de Andalgalá. El interbloque promueve una declaración legislativa de "solidaridad y total y absoluto respaldo al pueblo de Andalgalá", además de repudiar "la violenta represión ordenada por el Poder Ejecutivo".
El PJ, por su parte, emitió un documento.
"Denunciamos y condenamos a Brizuela del Moral y su gestión, que articulan el despojo en beneficios de intereses foráneos e inconfesables. Nos solidarizamos con nuestros comprovincianos, con los reprimidos y su correlato, sus víctimas, y con todos aquellos que desde la memoria y de las mejores tradiciones de nuestro pueblo defienden su dignidad como lo hacen los pueblos soberanos. En la lucha de nuestro pueblo encontraremos el camino", consigna el escrito firmado por la conducción del PJ.
Agrupaciones ambientalistas realizaron una manifestación frente a la Casa de Catamarca en Buenos Aires.
Otros grupos expresaron su rechazo al accionar policial y gubernamental.
-Las diputadas por el ARI Elisa Carrió y Fernanda Reyes atacaron a los gobiernos nacional y provincial y consideraron que la Justicia actuó en Andalgalá como "guardia jurídica de las empresas mineras". Responsabilizaron al gobernador Eduardo Brizuela del Moral por la represión.
- El diputado Fernando Pino Solanas se plegó a los rechazos y convocó a apoyar a los andalgalenses.
- "El accionar fascista del gobierno ha sido la mejor propaganda de concientización de los catamarqueños. Les ha salido el tiro por la culata", expresaron la organización Tupac Amaru y la Corriente de Unidad Felipe Varela.
- También el Movimiento Libres del Sur y el MST-Nueva Izquierda manifestaron su repudio.
Municipio incendiado
El intendente de Andalgalá no ocultó su malestar por los incidentes ocurridos y responsabilizó directamente a los asambleístas. En declaraciones a Radio Ancasti culpó al ex concejal Roberto Cecenarro por el incendio del edificio municipal. También denunció el accionar, junto a ambientalistas locales, de militantes nacionales del grupo Quebracho.
"Los Autoconvocados no toleraron que la gente apoye el desarrollo de Andalgalá y, en connivencia, con el señor Pino Solanas trajeron gente y quemaron vehículos. Destrozaron sectores de la municipalidad, en lo que hace a oficinas de Hacienda, Fiscalía, Tránsito, Despacho municipal", dijo al denunciar que más del 80% del edificio municipal fue destruido por los desmanes.
Perea negó que hubiera estado ausente durante conflicto y no confió en que el plebiscito sea la salida para la división de la comunidad por la minería.
Etiquetas:
El Riachuelo y la política ambiental
El Riachuelo y la política ambiental
Fecha de Publicación: 17/02/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
A pesar de una orden de la Corte Suprema, el Gobierno Nacional avanza a paso lento en el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Hace un año y medio, la Corte ordenó la ejecución de un plan de saneamiento del Riachuelo, cuya diagramación y ejecución es responsabilidad del Gobierno. Pero, según una denuncia presentada por el Defensor del Pueblo de la Nación y un grupo de ONGs, entre las que figuran Greenpeace y el CELS, las obras prometidas por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, están muy atrasadas.
El informe en el que se basa la presentación reconoce el avance de algunos programas, pero considera que no sucedió lo mismo en cuestiones decisivas como la reconversión de las industrias que contaminan la Cuenca, la reducción de basurales y la atención sanitaria de la vasta población afectada por la contaminación.
Además, el programa presentado por la Autoridad de la Cuenca contempla un plazo de ejecución más largo que el establecido en el fallo de la Corte.
El atraso en el tratamiento de una contaminación tan extendida y que afecta la salud de millones de personas, pone de manifiesto la ausencia de una política ambiental oficial.
Esta actitud es, por otra parte, contradictoria con el apoyo que reciben los asambleístas de Gualeguaychú, que cortan un puente internacional en protesta por una contaminación de la que al momento no existen pruebas.
El Gobierno incumple un fallo de la Corte Suprema que ordenó el saenamiento del Riachuelo. La Defensoría del Pueblo de la Nación denunció el escaso avance de programas anunciados.
Fecha de Publicación: 17/02/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
A pesar de una orden de la Corte Suprema, el Gobierno Nacional avanza a paso lento en el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Hace un año y medio, la Corte ordenó la ejecución de un plan de saneamiento del Riachuelo, cuya diagramación y ejecución es responsabilidad del Gobierno. Pero, según una denuncia presentada por el Defensor del Pueblo de la Nación y un grupo de ONGs, entre las que figuran Greenpeace y el CELS, las obras prometidas por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, están muy atrasadas.
El informe en el que se basa la presentación reconoce el avance de algunos programas, pero considera que no sucedió lo mismo en cuestiones decisivas como la reconversión de las industrias que contaminan la Cuenca, la reducción de basurales y la atención sanitaria de la vasta población afectada por la contaminación.
Además, el programa presentado por la Autoridad de la Cuenca contempla un plazo de ejecución más largo que el establecido en el fallo de la Corte.
El atraso en el tratamiento de una contaminación tan extendida y que afecta la salud de millones de personas, pone de manifiesto la ausencia de una política ambiental oficial.
Esta actitud es, por otra parte, contradictoria con el apoyo que reciben los asambleístas de Gualeguaychú, que cortan un puente internacional en protesta por una contaminación de la que al momento no existen pruebas.
El Gobierno incumple un fallo de la Corte Suprema que ordenó el saenamiento del Riachuelo. La Defensoría del Pueblo de la Nación denunció el escaso avance de programas anunciados.
Preocupa el cuidado de tierras de la Quebrada
Preocupa el cuidado de tierras de la Quebrada
Fecha de Publicación: 16/02/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Preocupan la venta de tierras a extranjeros y el incumplimiento de normas sobre el cuidado del patrimonio en la Quebrada de Humahuaca.
Hace muchos años atrás se instaló en el país el debate sobre los riesgos de vender tierras a extranjeros. El caso que desató la polémica fue la venta de extensiones en la Patagonia por parte de empresa Benetton durante el gobierno menemista.
A partir de allí especialistas advirtieron que el país es la tentación de inversores extranjeros que, interesados en los recursos naturales más importantes como el agua y los minerales de nuestros suelo,hacen todo lo posible por poseer zonas estratégicas.
Ante este panorama es triste decir que nuestro país cuenta con ciertas “debilidades” legales que le dan seductoras oportunidades de compra a los extranjeros.
Hace no más de 15 días atrás diario El Clarín publicó un informe en el que el gobierno nacional admite que no sabe cuántas tierras de frontera pertenecen a extranjeros. Mientras que, en el mismo articulo, los expertos calculan que el 20% del territorio ya fue vendido a personas o empresas de otros países. Y señala que entre los lugares de mayor atractivo y mayor debilidad legal en lo que refiere a la protección de tierras del Estado se encuentra la Quebrada de Humahuaca, dato que llama poderosamente la atención porque esta zona es Patrimonio de la Humanidad y por consecuencia debería tener una protección especial sobre el uso de tierras, por lo menos las parcelas que aún pertenecen al Estado provincial, aunque no sean muchas.
Considerando a la tierra como un insumo estratégico de un país, la extranjerización de tierras implicaría la perdida de la soberanía nacional y poner en riesgo nuestros recursos naturales, y mas aun si hablamos de un territorio declarado como Patrimonio de la Humanidad por su riqueza cultural y paisajística.
Ante tal interrogante El Tribuno de Jujuy quiso conocer en detalle cuál es la situación real, si existen datos que hagan suponer que estamos frente a una creciente “extranjerización del suelo” y cuáles son los marcos legales vigentes.
Desde la Dirección provincial de Inmuebles, en declaraciones a la prensa local, su director Guillermo Aguirre aseguró que existen leyes provinciales que limitan la venta de tierras fiscales a inversores extranjeros, “aunque estas representen solo un porcentaje mínimo en las zona patrimonial”. Sin embargo señaló que la regulación es ínfima en lo que refiere a tierras de propiedad privada, donde el Estado “puede hacer muy poco o casi nada” para impedir la venta de zonas estratégica.
Incidencia del precio
Al respecto, el titular de la Unidad de Gestión de la Quebrada Patrimonio de la Humanidad, Néstor José, dijo que no existen datos certeros de que en los últimos años haya crecido la venta de tierras a extranjeros, y señaló que “muchas veces el alto precio en el que se cotizan las parcelas en Quebrada de Humahuaca por ser zona turística por excelencia, implica que las personas de la misma comunidad no tengan la posibilidad de adquirirlas, sino que sean personas de la capital de la provincia o de Buenos Aires las que las compren porque ven allí una oportunidad de negocios”.
Por otro lado, Néstor José dijo que el único caso concreto que hubo sobre la intención de una empresa estadounidense de compra en la Quebrada fue hace unos meses atrás, “se supo que querían comprar Alfarcito, pero finalmente la venta no se concretó debido a problemas con la documentación de propiedad de la tierra”, situación que ocurre frecuentemente en la zona y a veces obliga a los Concejos Deliberantes o municipios , aunque no tengan competencia directa, a avalar los títulos de propiedad que tiene varios siglos y están hechos precariamente.
La leyes vigentes
Seguidamente el funcionario explicó que la Ley de protección al patrimonio no abarca la compra y venta de tierra privadas, y que el Plan de Gestión sólo abarca los referido al uso de la tierra y su ordenamiento urbano.
La Ley provincial 5206 protege el paisaje de la Quebrada de Humahuaca en toda su extensión, en los términos del artículo 122 inc. a) de la Ley N" 5063 “Ley General de Medio Ambiente”.
En tanto, el Plan de manejo de la Quebrada de Humahuaca expone un detallado informe de los bienes y valores excepcionales que han merecido la inscripción de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio de la Humanidad.
Además describe completamente a la Quebrada con sus numerosos recursos naturales y culturales, incluyendo la incidencia humana en el paisaje.
Entre ellos indica específicamente la conservación de las características arquitectónicas de la zona, casas bajas en colores ocres y construidas con materiales de la zonas, ya sean adobes o similares.
Sin embargo esta normativa no es respetada por los inversores, que ávidos de la oportunidad de negocio montan grandes hoteles sin tener ningún respeto con el paisaje típico de nuestro pueblo.
Ante esta situación, Néstor José indicó que existen ordenanzas y leyes que reglamentan la construcción en la zona de patrimonio de la humanidad, que son ampliamente transgredidas tanto por los dueños de los nuevos edificios y también por los municipios que tienen la facultad de controlar esta situación.
Fecha de Publicación: 16/02/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Preocupan la venta de tierras a extranjeros y el incumplimiento de normas sobre el cuidado del patrimonio en la Quebrada de Humahuaca.
Hace muchos años atrás se instaló en el país el debate sobre los riesgos de vender tierras a extranjeros. El caso que desató la polémica fue la venta de extensiones en la Patagonia por parte de empresa Benetton durante el gobierno menemista.
A partir de allí especialistas advirtieron que el país es la tentación de inversores extranjeros que, interesados en los recursos naturales más importantes como el agua y los minerales de nuestros suelo,hacen todo lo posible por poseer zonas estratégicas.
Ante este panorama es triste decir que nuestro país cuenta con ciertas “debilidades” legales que le dan seductoras oportunidades de compra a los extranjeros.
Hace no más de 15 días atrás diario El Clarín publicó un informe en el que el gobierno nacional admite que no sabe cuántas tierras de frontera pertenecen a extranjeros. Mientras que, en el mismo articulo, los expertos calculan que el 20% del territorio ya fue vendido a personas o empresas de otros países. Y señala que entre los lugares de mayor atractivo y mayor debilidad legal en lo que refiere a la protección de tierras del Estado se encuentra la Quebrada de Humahuaca, dato que llama poderosamente la atención porque esta zona es Patrimonio de la Humanidad y por consecuencia debería tener una protección especial sobre el uso de tierras, por lo menos las parcelas que aún pertenecen al Estado provincial, aunque no sean muchas.
Considerando a la tierra como un insumo estratégico de un país, la extranjerización de tierras implicaría la perdida de la soberanía nacional y poner en riesgo nuestros recursos naturales, y mas aun si hablamos de un territorio declarado como Patrimonio de la Humanidad por su riqueza cultural y paisajística.
Ante tal interrogante El Tribuno de Jujuy quiso conocer en detalle cuál es la situación real, si existen datos que hagan suponer que estamos frente a una creciente “extranjerización del suelo” y cuáles son los marcos legales vigentes.
Desde la Dirección provincial de Inmuebles, en declaraciones a la prensa local, su director Guillermo Aguirre aseguró que existen leyes provinciales que limitan la venta de tierras fiscales a inversores extranjeros, “aunque estas representen solo un porcentaje mínimo en las zona patrimonial”. Sin embargo señaló que la regulación es ínfima en lo que refiere a tierras de propiedad privada, donde el Estado “puede hacer muy poco o casi nada” para impedir la venta de zonas estratégica.
Incidencia del precio
Al respecto, el titular de la Unidad de Gestión de la Quebrada Patrimonio de la Humanidad, Néstor José, dijo que no existen datos certeros de que en los últimos años haya crecido la venta de tierras a extranjeros, y señaló que “muchas veces el alto precio en el que se cotizan las parcelas en Quebrada de Humahuaca por ser zona turística por excelencia, implica que las personas de la misma comunidad no tengan la posibilidad de adquirirlas, sino que sean personas de la capital de la provincia o de Buenos Aires las que las compren porque ven allí una oportunidad de negocios”.
Por otro lado, Néstor José dijo que el único caso concreto que hubo sobre la intención de una empresa estadounidense de compra en la Quebrada fue hace unos meses atrás, “se supo que querían comprar Alfarcito, pero finalmente la venta no se concretó debido a problemas con la documentación de propiedad de la tierra”, situación que ocurre frecuentemente en la zona y a veces obliga a los Concejos Deliberantes o municipios , aunque no tengan competencia directa, a avalar los títulos de propiedad que tiene varios siglos y están hechos precariamente.
La leyes vigentes
Seguidamente el funcionario explicó que la Ley de protección al patrimonio no abarca la compra y venta de tierra privadas, y que el Plan de Gestión sólo abarca los referido al uso de la tierra y su ordenamiento urbano.
La Ley provincial 5206 protege el paisaje de la Quebrada de Humahuaca en toda su extensión, en los términos del artículo 122 inc. a) de la Ley N" 5063 “Ley General de Medio Ambiente”.
En tanto, el Plan de manejo de la Quebrada de Humahuaca expone un detallado informe de los bienes y valores excepcionales que han merecido la inscripción de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio de la Humanidad.
Además describe completamente a la Quebrada con sus numerosos recursos naturales y culturales, incluyendo la incidencia humana en el paisaje.
Entre ellos indica específicamente la conservación de las características arquitectónicas de la zona, casas bajas en colores ocres y construidas con materiales de la zonas, ya sean adobes o similares.
Sin embargo esta normativa no es respetada por los inversores, que ávidos de la oportunidad de negocio montan grandes hoteles sin tener ningún respeto con el paisaje típico de nuestro pueblo.
Ante esta situación, Néstor José indicó que existen ordenanzas y leyes que reglamentan la construcción en la zona de patrimonio de la humanidad, que son ampliamente transgredidas tanto por los dueños de los nuevos edificios y también por los municipios que tienen la facultad de controlar esta situación.
Revuelta en Andalgalá por la minería
Catamarca: detienen 30 manifestantes en Andalgalá
Fecha de Publicación: 16/02/2010
Fuente: LaVoz del Interior - Agencia Dyn
Provincia/Región: Catamarca
Protestaban contra la instalación de la minera Agua Rica. Pino Solanas repudió la represión policial.
Treinta personas que protestaban contra la puesta en marcha del emprendimiento minero Agua Rica fueron detenidas hoy en la ciudad catamarqueña de Angalgalá por agentes de la policía local y la Gendarmería Nacional.
La intervención de las fuerzas de seguridad fue repudiada por el diputado nacional (Proyecto Sur) Fernando "Pino" Solanas, que hizo "responsable" al gobernador Eduardo Brizuela del Moral "por ir contra los intereses del pueblo".
Al menos 4 mil manifestantes autoconvocados de Andalgalá, El Potrero y Chaquiago se concentraron hoy sobre la ruta que lleva al megayacimiento de Agua Rica.
Según comentaron asambleistas contrarios al emprendimiento minero, policías y gendarmes dispararon gases lacrimógenos y balas de gomas para desalojar el camino, que permanecía cortado desde diciembre pasado sólo para vehículos y maquinaria de la compañía minera.
La fiscal Martha Nieva solicitó días atrás que los manifestantes despejaran la ruta, una situación que hoy se concretó tras la acción de las fuerzas de seguridad.
Los agentes detuvieron a 30 personas, quienes fueron llevadas a la comisaría de Andalgalá.
Hasta allí se trasladaron cientos de manifestantes para reclamar la liberación de los apresados.
Cuatro asambleistas habían sido acusados por la fiscal por los delitos de amenaza simple, lesiones leves y daño en concurso real, además de entorpecimiento del funcionamiento del transporte terrestre.
"Repudiamos la represión contra los vecinos que luchan por el agua y la vida", expresó Solanas, quien el fin de semana participó del corte de ruta y dialogó con los ambientalistas.
El diputado nacional hizo "responsable al gobierno catamarqueño por ir contra los intereses" de la población, que a su criterio "demostró que no hay consenso para la instalación" de los "mega-proyectos de saqueo y contaminación".
Solanas, en un comunicado, reclamó que "todos los argentinos y la dirigencia política deben apoyar la lucha de los andalgalenses".
Los asambleistas, en tanto, insistieron en su defensa de un "ambiente libre de contaminación" frente a la explotación a cielo abierto de minerales que realizará la empresa Agua Rica en el cerro Nevado de Aconquija
Suspenden la actividad de “Agua Rica”
El juez de minas de Catamarca suspendió momentáneamente la actividad de la minera en Andalgalá por los incidentes ocurridos en la manifestación de ayer.
El juez de Minas de Catamarca resolvió hoy la suspensión "hasta nuevo aviso" de las actividades que llevaba adelante la empresa minera Agua Rica.
La medida tuvo su origen en los desmanes producidos ayer en el departamento de Andalgalá, donde está ubicado el yacimiento, que terminó con dos hombres detenidos, personal policial herido y destrozos en edificios y autos.
El juez de Minas, Guillermo Raúl Cerda, notificó hoy al mediodía al apoderado de la empresa Agua Rica, que trabaja en el departamento de Andalgalá, del "cese de actividades hasta nuevo aviso", con la intención de poner fin al conflicto social en la zona.
Cerda manifestó que "es una medida sumamente necesaria por lo sucedido ayer. Ya notifique al apoderado de la empresa y si bien ellos pueden apelar, manifestaron estar de acuerdo con la resolución para traer calma a la sociedad andalgalense".
Por su parte, el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Luis Baracat informó hoy que personal policial tenía la misión de preservar el orden y no reprimir ante el caos producido después que se permitió pasar una máquina de la empresa de Agua Rica.
Los desmanes se produjeron durante el trayecto de los manifestantes que se trasladaron desde el corte hasta la cabecera del departamento y recién esta madrugada volvió la calma la localidad del oeste catamarqueño.
Fecha de Publicación: 16/02/2010
Fuente: LaVoz del Interior - Agencia Dyn
Provincia/Región: Catamarca
Protestaban contra la instalación de la minera Agua Rica. Pino Solanas repudió la represión policial.
Treinta personas que protestaban contra la puesta en marcha del emprendimiento minero Agua Rica fueron detenidas hoy en la ciudad catamarqueña de Angalgalá por agentes de la policía local y la Gendarmería Nacional.
La intervención de las fuerzas de seguridad fue repudiada por el diputado nacional (Proyecto Sur) Fernando "Pino" Solanas, que hizo "responsable" al gobernador Eduardo Brizuela del Moral "por ir contra los intereses del pueblo".
Al menos 4 mil manifestantes autoconvocados de Andalgalá, El Potrero y Chaquiago se concentraron hoy sobre la ruta que lleva al megayacimiento de Agua Rica.
Según comentaron asambleistas contrarios al emprendimiento minero, policías y gendarmes dispararon gases lacrimógenos y balas de gomas para desalojar el camino, que permanecía cortado desde diciembre pasado sólo para vehículos y maquinaria de la compañía minera.
La fiscal Martha Nieva solicitó días atrás que los manifestantes despejaran la ruta, una situación que hoy se concretó tras la acción de las fuerzas de seguridad.
Los agentes detuvieron a 30 personas, quienes fueron llevadas a la comisaría de Andalgalá.
Hasta allí se trasladaron cientos de manifestantes para reclamar la liberación de los apresados.
Cuatro asambleistas habían sido acusados por la fiscal por los delitos de amenaza simple, lesiones leves y daño en concurso real, además de entorpecimiento del funcionamiento del transporte terrestre.
"Repudiamos la represión contra los vecinos que luchan por el agua y la vida", expresó Solanas, quien el fin de semana participó del corte de ruta y dialogó con los ambientalistas.
El diputado nacional hizo "responsable al gobierno catamarqueño por ir contra los intereses" de la población, que a su criterio "demostró que no hay consenso para la instalación" de los "mega-proyectos de saqueo y contaminación".
Solanas, en un comunicado, reclamó que "todos los argentinos y la dirigencia política deben apoyar la lucha de los andalgalenses".
Los asambleistas, en tanto, insistieron en su defensa de un "ambiente libre de contaminación" frente a la explotación a cielo abierto de minerales que realizará la empresa Agua Rica en el cerro Nevado de Aconquija
Suspenden la actividad de “Agua Rica”
El juez de minas de Catamarca suspendió momentáneamente la actividad de la minera en Andalgalá por los incidentes ocurridos en la manifestación de ayer.
El juez de Minas de Catamarca resolvió hoy la suspensión "hasta nuevo aviso" de las actividades que llevaba adelante la empresa minera Agua Rica.
La medida tuvo su origen en los desmanes producidos ayer en el departamento de Andalgalá, donde está ubicado el yacimiento, que terminó con dos hombres detenidos, personal policial herido y destrozos en edificios y autos.
El juez de Minas, Guillermo Raúl Cerda, notificó hoy al mediodía al apoderado de la empresa Agua Rica, que trabaja en el departamento de Andalgalá, del "cese de actividades hasta nuevo aviso", con la intención de poner fin al conflicto social en la zona.
Cerda manifestó que "es una medida sumamente necesaria por lo sucedido ayer. Ya notifique al apoderado de la empresa y si bien ellos pueden apelar, manifestaron estar de acuerdo con la resolución para traer calma a la sociedad andalgalense".
Por su parte, el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Luis Baracat informó hoy que personal policial tenía la misión de preservar el orden y no reprimir ante el caos producido después que se permitió pasar una máquina de la empresa de Agua Rica.
Los desmanes se produjeron durante el trayecto de los manifestantes que se trasladaron desde el corte hasta la cabecera del departamento y recién esta madrugada volvió la calma la localidad del oeste catamarqueño.
Ayuí: informan que tendrá un impacto negativo
Defensoría del Pueblo de la Nación dice que Ayuí tendrá un impacto negativo
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Mesopotamia
La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió a la Legislatura provincial que el emprendimiento Ayuí Grande tendrá un impacto negativo. Un informe difundido da cuenta de riesgos sociales y ambientales para la zona.
La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió a la Legislatura correntina sobre los riesgos sociales y ambientales que generaría el emprendimiento Ayuí Grande que se prepara en la zona de Mercedes. Según un informe, este proyecto sepultaría bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona
El adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, remitió al respecto un informe a la Legislatura provincial. En ese documento advierte "el impacto ambiental negativo" que tendrá la construcción de la mencionada represa sobre el arroyo Ayuí Grande ubicado en el departamento de Mercedes.
Como se sabe, un consorcio productivo prevé la creación de un lago artificial de 8 mil hectáreas para disponer del agua que permita el riego de unas 20 mil hectáreas de cultivos que se instalarían en esa zona.
"Esto implica sepultar bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá", señaló Sella.
Según consigna el informe de la Defensoría nacional, pasar de una zona de pasturas y sabanas naturales, con predominio de la ganadería, a una producción arrocera "implica una serie de cambios sustantivos en la cultura social de la región, con fuerte impacto en las condiciones de vida de los pobladores locales. Decir esto es hablar de identidad cultural, esto es del conjunto de valores, tradiciones, hábitos, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionante dentro del grupo social de esa región".
Así, Sella señala que ha tenido precisamente en cuenta que los cambios propuestos implicarán una verdadera transformación en las políticas sociales, laborales, productivas y culturales de toda la región colindante al arroyo Ayuí Grande.
El envío al Legislativo es para que "al momento de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos se tenga en cuenta la implicancia del impacto acumulado que representan, para la sociedad y los ecosistemas, el conjunto de los desmontes y cambios en el uso de la tierra potencialmente permitidos en la provincia”.
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Mesopotamia
La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió a la Legislatura provincial que el emprendimiento Ayuí Grande tendrá un impacto negativo. Un informe difundido da cuenta de riesgos sociales y ambientales para la zona.
La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió a la Legislatura correntina sobre los riesgos sociales y ambientales que generaría el emprendimiento Ayuí Grande que se prepara en la zona de Mercedes. Según un informe, este proyecto sepultaría bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona
El adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, remitió al respecto un informe a la Legislatura provincial. En ese documento advierte "el impacto ambiental negativo" que tendrá la construcción de la mencionada represa sobre el arroyo Ayuí Grande ubicado en el departamento de Mercedes.
Como se sabe, un consorcio productivo prevé la creación de un lago artificial de 8 mil hectáreas para disponer del agua que permita el riego de unas 20 mil hectáreas de cultivos que se instalarían en esa zona.
"Esto implica sepultar bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá", señaló Sella.
Según consigna el informe de la Defensoría nacional, pasar de una zona de pasturas y sabanas naturales, con predominio de la ganadería, a una producción arrocera "implica una serie de cambios sustantivos en la cultura social de la región, con fuerte impacto en las condiciones de vida de los pobladores locales. Decir esto es hablar de identidad cultural, esto es del conjunto de valores, tradiciones, hábitos, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionante dentro del grupo social de esa región".
Así, Sella señala que ha tenido precisamente en cuenta que los cambios propuestos implicarán una verdadera transformación en las políticas sociales, laborales, productivas y culturales de toda la región colindante al arroyo Ayuí Grande.
El envío al Legislativo es para que "al momento de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos se tenga en cuenta la implicancia del impacto acumulado que representan, para la sociedad y los ecosistemas, el conjunto de los desmontes y cambios en el uso de la tierra potencialmente permitidos en la provincia”.
Desmonte y usurpación de tierras jujeñas
Desmonte y usurpación de tierras jujeñas
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: Contacto Político
Provincia/Región: Jujuy
Un emprendimiento de la empresa CRAM SA tiene permiso para desmontar alrededor de mil hectáreas para la producción de poroto y soja transgénica en tierras donde por generaciones viven familias campesinas. Horacio Antonio Macedo, el actual embajador argentino en Bolivia y su hijo son parte de la empresa que desconoce los derechos ancestrales de las familias y ya avanzó en el desmonte de 200 hectáreas. A continuación hay una nota realizada por el colectivo Caminando:
“Como trabajadores contratados precariamente por el Estado nacional y trabajadores rurales organizados en el Frente Popular Darío Santillán, tomamos conocimiento del atropello que familias campesinas de Palma Sola vienen sufriendo, frente al emprendimiento empresarial que la firma CRAM S.A. lleva a cabo en el territorio de sus posesiones. Desde ese momento venimos participando activamente del conflicto y junto a compañeros de otras organizaciones de Jujuy, estamos acompañando a las familias en la reivindicación de sus derechos, promoviendo la difusión de esta situación y el involucramiento de distintos sectores de la provincia.
Palma Sola se encuentra en el Departamento Santa Bárbara, al este de la Provincia de Jujuy. Es parte de la región de yungas transición al chaco, se encuentra atravesada por el Arroyo Santa Rita y por la ruta provincial N° 6. Se trata de una zona estratégica para la integridad del corredor biológico proyectado entre las áreas protegidas de la zona.
De 3 a 5 km antes de llegar al centro de la localidad de Palma Sola, dentro de las 10.000 has. que conforman el título de propiedad en disputa, habitan alrededor de 20 familias agricultoras y 12 familias ganaderas que tienen derecho de posesión que les otorga los años que viven y trabajan en estos predios.
Lobo suelto, cordero atado
La empresa CRAM S.A. tiene como presidente de su directorio a René Macedo, y como apoderados a Horacio Macedo, padre e hijo. Horacio Antonio Macedo es el actual embajador en el hermano país de Bolivia y tiene una amplia trayectoria como funcionario de la provincia de Jujuy, mano derecha del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner. Horacio Macedo hijo es el actual Secretario General de Gobierno de la Provincia de Jujuy.
El avance en el territorio de esta empresa está en el marco de un Proyecto financiado por el BID para la “compra de inmueble rural para desmonte y explotación”. Este emprendimiento empresarial tiene permiso para desmontar alrededor de 1090 hectáreas para la producción de poroto y soja transgénica y viene desconociendo la posesión de las familias que habitan por generaciones estas tierras. Ya tienen una avance de al menos 200 has.
El permiso de desmonte se otorga en el marco de un irregular Plan de Ordenamiento Territorial provincial: sin difusión, sin participación de instituciones ni organizaciones ni de los habitantes de cada localidad, y aprobado por decreto.
En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de Jujuy, Palma Sola originalmente estaba asignada como zona de mediana necesidad de resguardo, donde no es posible hacer desmontes totales y donde es necesario hacer aprovechamiento sostenible con ganadería silvopastoril, turismo o investigación científica (compatible con el modo de vida de las familias campesinas del lugar). En el último tiempo esta idea original fue mágicamente modificada y Palma Sola pasó a constituirse en zona con luz verde para el desmonte total y para la agricultura a gran escala, explícitamente pasó a ser zona liberada para el monocultivo (soja, caña de azúcar, etc.) en el marco del boom de los agrocombustibles. Este no es un dato menor si se observa la relación que existe entre los funcionarios públicos a cargo de la implementación de esta ley y los intereses empresariales de CRAM S.A. Ya los cuentos infantiles advierten sobre los problemas que conllevan que el lobo cuide a las ovejas.
Historia y actualidad del barrio “Nueva Esperanza”.
En el año 2001 Palma Sola sufrió una catástrofe por la crecida del arroyo Santa Rita que cruza por medio de la localidad. El alud dejó un saldo de 6 muertos, 3 desaparecidos, 1300 familias evacuadas y 147 viviendas destruidas o inhabilitadas. El monte existente en ese año no pudo absorber la gran cantidad de agua precipitada en tan poco tiempo. Si bien este fenómeno tiene una base en las condiciones naturales del lugar, no podemos dejar de ver que la disminución de la cobertura boscosa aumenta exponencialmente los riesgos de alud en la zona donde habitan al menos 6000 personas que viven básicamente de la producción agrícola ganadera.
A partir de este alud, y como forma de subsanar las pérdidas de viviendas sufridas, el estado construyó el barrio “Nueva Esperanza” en tierras expropiadas a los títulos de las 10.000 has. en cuestión. Estas familias, hoy, como vecinas de las plantaciones de soja, vienen siendo víctima de una catástrofe más silenciosa, de exclusiva responsabilidad de la insaciable voracidad de la lógica empresarial: a sólo 10 metros de las viviendas, CRAM S.A. está fumigando con glifosato con aviones, no sólo la tierra que sembrará con soja transgénica, sino también a las familias reubicadas que habitan este barrio.
Los métodos y el estado colaboracionista
CRAM S.A. no se conforma con amedrentar, amenazar, destruir bienes, envenenar y buscar desalojar violentamente a las familias campesinas en manos de sus encargados Eladio Gómez Samoral y Eusebio Díaz. Con el consentimiento de algunos funcionarios locales, Horacio Macedo hijo, hace unos días se presentó en la zona con la intención de dividir las familias campesinas, prometiendo a algunos la “donación” de la tierra y a otros sólo desalojo y muerte.
Este conflicto particular está lejos de ser aislado y es similar a los hechos que vienen ocurriendo (por nombrar los más recientes) en Finca Las Costas, a 15 km. de la ciudad de Salta, o en la quebrada del Toro, también en la provincia de Salta. Donde los intereses empresariales, aliados a las fuerzas políticas hegemónicas, buscan desalojar a familias que viven y trabajan la tierra. Los desalojos a comunidades aborígenes e históricos campesinos trabajadores de la tierra, lejos de desaparecer, se profundizan con el aval de las fuerzas de seguridad del Estado que sistemáticamente criminalizan a los poseedores y reivindican a los empresarios y políticos usurpadores.
El caso Palma Sola, particularmente, se trata de la punta de lanza en el avance de la frontera agropecuaria y de los monocultivos en una zona jujeña históricamente dedicada a la pequeña y mediana producción de ganado a monte abierto, hortalizas, verduras y citrus, que permite a cientos de familias vivir de lo que producen y en equilibrio con la naturaleza.
Se trata del avance del capital y de un modelo de saqueo y contaminación que se viene profundizando en distintos rubros de la producción como también es el caso de la megaminería, donde los beneficios se concentran en unas pocas manos y los perjudicados actuales y futuros somos la mayoría de nosotros. El monocultivo a base de agrotóxicos es una producción altamente contaminante, expulsa a la población rural, desalojando y no generando fuentes de trabajo, y es una actividad extractiva prácticamente irreversible que se lleva consigo la riqueza y la biodiversidad de nuestra tierra.”
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: Contacto Político
Provincia/Región: Jujuy
Un emprendimiento de la empresa CRAM SA tiene permiso para desmontar alrededor de mil hectáreas para la producción de poroto y soja transgénica en tierras donde por generaciones viven familias campesinas. Horacio Antonio Macedo, el actual embajador argentino en Bolivia y su hijo son parte de la empresa que desconoce los derechos ancestrales de las familias y ya avanzó en el desmonte de 200 hectáreas. A continuación hay una nota realizada por el colectivo Caminando:
“Como trabajadores contratados precariamente por el Estado nacional y trabajadores rurales organizados en el Frente Popular Darío Santillán, tomamos conocimiento del atropello que familias campesinas de Palma Sola vienen sufriendo, frente al emprendimiento empresarial que la firma CRAM S.A. lleva a cabo en el territorio de sus posesiones. Desde ese momento venimos participando activamente del conflicto y junto a compañeros de otras organizaciones de Jujuy, estamos acompañando a las familias en la reivindicación de sus derechos, promoviendo la difusión de esta situación y el involucramiento de distintos sectores de la provincia.
Palma Sola se encuentra en el Departamento Santa Bárbara, al este de la Provincia de Jujuy. Es parte de la región de yungas transición al chaco, se encuentra atravesada por el Arroyo Santa Rita y por la ruta provincial N° 6. Se trata de una zona estratégica para la integridad del corredor biológico proyectado entre las áreas protegidas de la zona.
De 3 a 5 km antes de llegar al centro de la localidad de Palma Sola, dentro de las 10.000 has. que conforman el título de propiedad en disputa, habitan alrededor de 20 familias agricultoras y 12 familias ganaderas que tienen derecho de posesión que les otorga los años que viven y trabajan en estos predios.
Lobo suelto, cordero atado
La empresa CRAM S.A. tiene como presidente de su directorio a René Macedo, y como apoderados a Horacio Macedo, padre e hijo. Horacio Antonio Macedo es el actual embajador en el hermano país de Bolivia y tiene una amplia trayectoria como funcionario de la provincia de Jujuy, mano derecha del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner. Horacio Macedo hijo es el actual Secretario General de Gobierno de la Provincia de Jujuy.
El avance en el territorio de esta empresa está en el marco de un Proyecto financiado por el BID para la “compra de inmueble rural para desmonte y explotación”. Este emprendimiento empresarial tiene permiso para desmontar alrededor de 1090 hectáreas para la producción de poroto y soja transgénica y viene desconociendo la posesión de las familias que habitan por generaciones estas tierras. Ya tienen una avance de al menos 200 has.
El permiso de desmonte se otorga en el marco de un irregular Plan de Ordenamiento Territorial provincial: sin difusión, sin participación de instituciones ni organizaciones ni de los habitantes de cada localidad, y aprobado por decreto.
En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de Jujuy, Palma Sola originalmente estaba asignada como zona de mediana necesidad de resguardo, donde no es posible hacer desmontes totales y donde es necesario hacer aprovechamiento sostenible con ganadería silvopastoril, turismo o investigación científica (compatible con el modo de vida de las familias campesinas del lugar). En el último tiempo esta idea original fue mágicamente modificada y Palma Sola pasó a constituirse en zona con luz verde para el desmonte total y para la agricultura a gran escala, explícitamente pasó a ser zona liberada para el monocultivo (soja, caña de azúcar, etc.) en el marco del boom de los agrocombustibles. Este no es un dato menor si se observa la relación que existe entre los funcionarios públicos a cargo de la implementación de esta ley y los intereses empresariales de CRAM S.A. Ya los cuentos infantiles advierten sobre los problemas que conllevan que el lobo cuide a las ovejas.
Historia y actualidad del barrio “Nueva Esperanza”.
En el año 2001 Palma Sola sufrió una catástrofe por la crecida del arroyo Santa Rita que cruza por medio de la localidad. El alud dejó un saldo de 6 muertos, 3 desaparecidos, 1300 familias evacuadas y 147 viviendas destruidas o inhabilitadas. El monte existente en ese año no pudo absorber la gran cantidad de agua precipitada en tan poco tiempo. Si bien este fenómeno tiene una base en las condiciones naturales del lugar, no podemos dejar de ver que la disminución de la cobertura boscosa aumenta exponencialmente los riesgos de alud en la zona donde habitan al menos 6000 personas que viven básicamente de la producción agrícola ganadera.
A partir de este alud, y como forma de subsanar las pérdidas de viviendas sufridas, el estado construyó el barrio “Nueva Esperanza” en tierras expropiadas a los títulos de las 10.000 has. en cuestión. Estas familias, hoy, como vecinas de las plantaciones de soja, vienen siendo víctima de una catástrofe más silenciosa, de exclusiva responsabilidad de la insaciable voracidad de la lógica empresarial: a sólo 10 metros de las viviendas, CRAM S.A. está fumigando con glifosato con aviones, no sólo la tierra que sembrará con soja transgénica, sino también a las familias reubicadas que habitan este barrio.
Los métodos y el estado colaboracionista
CRAM S.A. no se conforma con amedrentar, amenazar, destruir bienes, envenenar y buscar desalojar violentamente a las familias campesinas en manos de sus encargados Eladio Gómez Samoral y Eusebio Díaz. Con el consentimiento de algunos funcionarios locales, Horacio Macedo hijo, hace unos días se presentó en la zona con la intención de dividir las familias campesinas, prometiendo a algunos la “donación” de la tierra y a otros sólo desalojo y muerte.
Este conflicto particular está lejos de ser aislado y es similar a los hechos que vienen ocurriendo (por nombrar los más recientes) en Finca Las Costas, a 15 km. de la ciudad de Salta, o en la quebrada del Toro, también en la provincia de Salta. Donde los intereses empresariales, aliados a las fuerzas políticas hegemónicas, buscan desalojar a familias que viven y trabajan la tierra. Los desalojos a comunidades aborígenes e históricos campesinos trabajadores de la tierra, lejos de desaparecer, se profundizan con el aval de las fuerzas de seguridad del Estado que sistemáticamente criminalizan a los poseedores y reivindican a los empresarios y políticos usurpadores.
El caso Palma Sola, particularmente, se trata de la punta de lanza en el avance de la frontera agropecuaria y de los monocultivos en una zona jujeña históricamente dedicada a la pequeña y mediana producción de ganado a monte abierto, hortalizas, verduras y citrus, que permite a cientos de familias vivir de lo que producen y en equilibrio con la naturaleza.
Se trata del avance del capital y de un modelo de saqueo y contaminación que se viene profundizando en distintos rubros de la producción como también es el caso de la megaminería, donde los beneficios se concentran en unas pocas manos y los perjudicados actuales y futuros somos la mayoría de nosotros. El monocultivo a base de agrotóxicos es una producción altamente contaminante, expulsa a la población rural, desalojando y no generando fuentes de trabajo, y es una actividad extractiva prácticamente irreversible que se lleva consigo la riqueza y la biodiversidad de nuestra tierra.”
Agroquímicos en canales de Río Colorado
Envases de agroquímicos en canales de Río Colorado
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Productores chacareros de Colonia Juliá y Echarren, la zona rural de Río Colorado, parecen no haber tomado conciencia aún del peligro que implican los envases de agroquímicos tirados y desparramados en canales de riegos o en el río Colorado, así como en los caminos alternativos de la colonia donde transitan de manera permanente vecinos.
En las últimos días, en una recorrida realizada por esa colonia se pudieron ver cientos de envases de agroquímicos ya utilizados dispersos por distintos sectores, con el peligro latente para el ser humano, animales o al medio ambiente. Los recipientes encontrados aun tenían restos en su interior con un alto contenido tóxico. De este modo pueden producirse distintos tipos de afecciones para los humanos o animales que pueden incluso llegar a costarles la vida.
El método utilizado por algunos de los productores frutícolas está contaminando las agua de los canales y del río, perjudicando directamente a las personas que están utilizando esos lugares para bañarse en estos tiempos de sofocantes calores, sin descartarse un mal mayor como es que se estarían contaminando las napas.
Marina Carrera, jefa del área de Medio Ambiente del municipio local, informó que se designará en los próximos días a varias personas en las colonias de Río Colorado, para recorrer y tratar de encontrar a los responsables.
"No se entiende el grado de irresponsabilidad de algunos chacareros, ya que se cuenta con lugares precisos para retirar los bolsones donde acumular los recipientes ya utilizados y su posterior retiro, que es totalmente gratuito, trabajo que se viene realizando hace varios años junto con el Codema" sostuvo Carrera.
Más adelante agregó que "los envases encontrados son de los químicos más tóxicos y peligrosos; son los que están identificados con la etiqueta roja, que marca su grado mayor de peligrosidad. Están desparramados, en los caminos o en los canales de riego, donde se pueden encontrar normalmente a personas y chicos bañándose, como también a los animales de la zona consumiendo esa agua."
"A la contaminación que producen los contenidos de los envases de agroquímicos, también debe sumarse que existen chacareros que cargan sus equipos de fumigación y también lavan esos equipos en los canales, produciendo un inminente contaminación de los cursos de aguas de todo el sector" indicó.
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Productores chacareros de Colonia Juliá y Echarren, la zona rural de Río Colorado, parecen no haber tomado conciencia aún del peligro que implican los envases de agroquímicos tirados y desparramados en canales de riegos o en el río Colorado, así como en los caminos alternativos de la colonia donde transitan de manera permanente vecinos.
En las últimos días, en una recorrida realizada por esa colonia se pudieron ver cientos de envases de agroquímicos ya utilizados dispersos por distintos sectores, con el peligro latente para el ser humano, animales o al medio ambiente. Los recipientes encontrados aun tenían restos en su interior con un alto contenido tóxico. De este modo pueden producirse distintos tipos de afecciones para los humanos o animales que pueden incluso llegar a costarles la vida.
El método utilizado por algunos de los productores frutícolas está contaminando las agua de los canales y del río, perjudicando directamente a las personas que están utilizando esos lugares para bañarse en estos tiempos de sofocantes calores, sin descartarse un mal mayor como es que se estarían contaminando las napas.
Marina Carrera, jefa del área de Medio Ambiente del municipio local, informó que se designará en los próximos días a varias personas en las colonias de Río Colorado, para recorrer y tratar de encontrar a los responsables.
"No se entiende el grado de irresponsabilidad de algunos chacareros, ya que se cuenta con lugares precisos para retirar los bolsones donde acumular los recipientes ya utilizados y su posterior retiro, que es totalmente gratuito, trabajo que se viene realizando hace varios años junto con el Codema" sostuvo Carrera.
Más adelante agregó que "los envases encontrados son de los químicos más tóxicos y peligrosos; son los que están identificados con la etiqueta roja, que marca su grado mayor de peligrosidad. Están desparramados, en los caminos o en los canales de riego, donde se pueden encontrar normalmente a personas y chicos bañándose, como también a los animales de la zona consumiendo esa agua."
"A la contaminación que producen los contenidos de los envases de agroquímicos, también debe sumarse que existen chacareros que cargan sus equipos de fumigación y también lavan esos equipos en los canales, produciendo un inminente contaminación de los cursos de aguas de todo el sector" indicó.
Entre Ríos: ya no controlan los desmontes
Denuncian desmontes por unas 5 mil hectáreas sin autorización
Fecha de Publicación: 14/02/2010
Fuente: El Diario (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Por decisión del Secretario de la Producción, la Dirección de Recursos Naturales ya no controla las denuncias que se realizan por acciones de desmonte, especialmente en el norte de provincia. Se decidió que el trabajo lo hiciera la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales, pero no está autorizada para hacerlo.
“Hay unas 80 denuncias que se realizaron en el último año acerca de desmontes no autorizados en la provincia y la Dirección de Recursos Naturales no sale a controlar. Incluso algunos ambientalistas solicitaron una audiencia con el Gobernador para que tome medidas urgentes”. De esta forma una fuente a la que consultó EL DIARIO y que solicitó el anonimato adelantó el eje de una controversia que desde algunos meses se viene sucediendo en el área de Producción provincial.
Esto despierta una serie de interrogantes que confluyen en una decisión tomada por el secretario de la Producción, Roberto Schunk: desde hace unos 10 meses no permite que los inspectores de la Dirección de Recursos Naturales certifique que las denuncias de vecinos, policías, pilotos de aviones de fumigación que recorren la zona y otros interesados anónimos efectúan en la oficina de calle San Juan, donde funciona la dependencia que dirige el Ing. Conrado González.
En su lugar, inicialmente, Schunk envió a la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales –que tiene por función controlar alimentos que circulan por la provincia y la caza y pesca natural- que envió sus técnicos en varias oportunidades.
Pero esta función no le correspondería legalmente, por lo que abogados de algunos campos antepusieron presentaciones de nulidad ante lo actuado, y las actas labradas cayeron en saco roto.
Así las cosas, durante muchos meses se generaron denuncias, pero el Estado no avanzó un tranco de pollo en su comprobación, y ante la ausencia de autoridad comenzaron silenciosos desmontes en vastas zonas de la provincia que llegarían a las 6 mil hectáreas, de acuerdo a fuentes que hablaron de “más bien pequeños establecimientos pero, proporcionalmente, con mucho monte”. Entre los ambientalistas que denuncian estos arrebatos a la tierra se encuentran el Grupo de Villaguay SOS, el grupo M´Biguá y el Foro Ecologista de Paraná.
A la espera
El director de Recursos Naturales, Conrado González, implícitamente reconoce la situación al afirmar que efectivamente el tema debería pasar por Recursos Naturales, pero el Secretario “pidió que otros sectores hicieran la fiscalización”. También reconoce que hay denuncias, aunque las relativiza. “No hay tantas denuncias, aunque hay algunas que se han hecho, y yo hablé con el Secretario y me dijo que vamos a tratar de normalizar el tema a partir de la regulación de la ley 26.331 (Ley Bonasso), con nuevas normativas donde estén todas las entidades representadas, con nuevas metodologías que reglamenten el control y establezca nuevas pautas. Vamos hacia una nueva base legal para estas tareas”, consignó, augurando que esperan que a finales de este o comienzos de marzo se pongan en movimiento estas acciones.
Sin embargo, al seno de la Secretaría de la Producción, las versiones son encontradas, y mientras desde la misma oficina de Schunk aseguran que sólo se ha convocado a la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales –que controla Jorge Florean- para “complementar” el trabajo de la oficina de Conrado González, altas fuentes consultadas del organigrama del Secretario de la Producción coinciden en afirmar que “ni los autos le dejaron a los inspectores”.
A su turno, y si bien inspectores consultados entienden que hace 10 meses que sucede esto, González dice que sólo unos “tres o cuatro meses”, al tiempo que otros directamente dicen desconocer tal decisión.
Una alta fuente que prefirió mantener su identidad en reserva lo explicó del siguiente modo: “Roberto (Schunk) es muy desconfiado, y si bien él tomó la decisión, en este tema hay un agujero legal que colabora con este proceso. El dueño de un campo primero desmonta y luego declara lo hecho, porque prefiere pagar la multa que es inferior al trámite, del cual no tiene garantías que le saldrá favorable. Entonces, era lógico que algunos esquemas subterráneos terminen favoreciendo al desmontador. Roberto quiso arreglar esto y terminó complicándolo, porque se lo asignó a un organismo que no está autorizado, y que tampoco brinda garantías. El otro problema es la falta de estructura necesaria para llevar adelante esta tarea”.
En síntesis: denuncias de corrupción e internas palaciegas, atraviesan visceralmente un tema sensible, que no hace más que favorecer a posiciones ambientalistas rayanas con el fundamentalismo.
Posición
En la vereda del Secretario de la Producción, el director de Fiscalización de Recursos Naturales, Jorge Florean, explica la situación de un modo menos traumático. En principio dice que lo que le llegaron a Schunk –unos meses atrás- no fueron versiones acerca de un posible mal desempeño de los inspectores de Recursos Naturales, sino que “vino un grupo de guardafaunas diciendo que no se estaba trabajando y que seguían los desmontes en zona de reserva”. Entonces Florean describe los hechos cronológicos: “El Secretario sabe que si bien no tenemos atribuciones, si tenemos fiscalizadores. Contamos con uno, particularmente, que es muy profesional y está preparado: Jeremías Mancini. Es un guardaparque del Parque San Martín que nos los prestan para recorrer Federal, hablar con la gente, autoridades y ambientalistas, y él nos trae los informes que se lo elevamos a la Dirección de Recursos Naturales”, precisa.
En este contexto, describe que desde el 22 de abril, al día 15 de julio de 2009 Mancini labró 31 actas. Florean reconoce también que el organismo de contralor es la Dirección de Recursos Naturales, por eso “nosotros traemos las infracciones, hacemos un recurso técnico y se la elevamos, y hasta allí llega nuestra responsabilidad. Yo no conozco de alguien que haya recusado nuestras actas, porque no tenemos incidencia en todo lo que sucede con el descargo”.
Ante la pregunta acerca de si tiene conocimiento que en Recursos Naturales hace 10 meses que no salen a inspeccionar y no cuenta con autos, asegura que no, aunque si tiene una respuesta para los autos. “Lo que sucedió con los autos es que el Secretario hace unos meses decidió suspender el uso de autos particulares dispuestos para la función pública. Como había dependencias que no tenían autos, se había autorizado el uso particular de vehículos para funciones específicas. Como Recursos Naturales no tenía autos, usaba algunos de sus funcionarios o inspectores, pero eso no tiene nada que ven con la quita de los controles sobre deforestación”, explicó.
Las voces desde el propio seno del Gobierno provincial sobre el tema no parecen coincidir, y mientras se dice que se buscó “complementar” con nuevos inspectores el trabajo de Recursos Naturales, estos últimos estarían diciendo que no tienen funciones y no saben qué hacer, y que son los únicos autorizados para la función.
Mientras tanto, un estigma de los últimos tiempos en el monte nativo entrerriano se desliza silencioso y repta por entre los indicadores de lo que será una cosecha de soja récord.
El árbol y el norte
El Gobierno entrerriano precisa que los controles se están haciendo y hubo buenos resultados en éste y otros sectores.
“Los controles se hacen, pero en la medida de nuestras posibilidades. Recientemente hicimos una expropiación de madera que está prohibida salir la provincia y fue donada al Taller Industrial para hacer muebles para las escuelas. Todo lo nuestro es un expediente público y cualquiera lo puede consultar”, confió Jorge Florean, director de Fiscalización de Recursos Naturales.
Por otra parte, una de las fuentes consultadas afirmó que para desmontar es menester presentar un proyecto, con un croquis, y precisiones, y entonces especialistas definían si es sustentable o no, y esto no se hace desde 2008.
“El tema empezó con denuncias de guardafaunas de Federal a los medios y pidiendo audiencia al Gobernador. Ellos decían que no se hacían los controles adecuados y entonces Schunk tomó la decisión sin mayores fundamentos. Hoy existe la sospecha que se está desmontando mucho. Pequeñas extensiones pero en muchos casos”, describieron.
El caso más complejo se estaría dando en el departamento Federal, pero también indican que sucede en Feliciano, La Paz, Villaguay, Federación y hasta en algunas zonas de Tala. Y si bien la provincia habría incrementado su zona con montes en los últimos 10 años en 140 mil hectáreas, Gualeguaychú y hasta algo en el departamento Tala.
Fecha de Publicación: 14/02/2010
Fuente: El Diario (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Por decisión del Secretario de la Producción, la Dirección de Recursos Naturales ya no controla las denuncias que se realizan por acciones de desmonte, especialmente en el norte de provincia. Se decidió que el trabajo lo hiciera la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales, pero no está autorizada para hacerlo.
“Hay unas 80 denuncias que se realizaron en el último año acerca de desmontes no autorizados en la provincia y la Dirección de Recursos Naturales no sale a controlar. Incluso algunos ambientalistas solicitaron una audiencia con el Gobernador para que tome medidas urgentes”. De esta forma una fuente a la que consultó EL DIARIO y que solicitó el anonimato adelantó el eje de una controversia que desde algunos meses se viene sucediendo en el área de Producción provincial.
Esto despierta una serie de interrogantes que confluyen en una decisión tomada por el secretario de la Producción, Roberto Schunk: desde hace unos 10 meses no permite que los inspectores de la Dirección de Recursos Naturales certifique que las denuncias de vecinos, policías, pilotos de aviones de fumigación que recorren la zona y otros interesados anónimos efectúan en la oficina de calle San Juan, donde funciona la dependencia que dirige el Ing. Conrado González.
En su lugar, inicialmente, Schunk envió a la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales –que tiene por función controlar alimentos que circulan por la provincia y la caza y pesca natural- que envió sus técnicos en varias oportunidades.
Pero esta función no le correspondería legalmente, por lo que abogados de algunos campos antepusieron presentaciones de nulidad ante lo actuado, y las actas labradas cayeron en saco roto.
Así las cosas, durante muchos meses se generaron denuncias, pero el Estado no avanzó un tranco de pollo en su comprobación, y ante la ausencia de autoridad comenzaron silenciosos desmontes en vastas zonas de la provincia que llegarían a las 6 mil hectáreas, de acuerdo a fuentes que hablaron de “más bien pequeños establecimientos pero, proporcionalmente, con mucho monte”. Entre los ambientalistas que denuncian estos arrebatos a la tierra se encuentran el Grupo de Villaguay SOS, el grupo M´Biguá y el Foro Ecologista de Paraná.
A la espera
El director de Recursos Naturales, Conrado González, implícitamente reconoce la situación al afirmar que efectivamente el tema debería pasar por Recursos Naturales, pero el Secretario “pidió que otros sectores hicieran la fiscalización”. También reconoce que hay denuncias, aunque las relativiza. “No hay tantas denuncias, aunque hay algunas que se han hecho, y yo hablé con el Secretario y me dijo que vamos a tratar de normalizar el tema a partir de la regulación de la ley 26.331 (Ley Bonasso), con nuevas normativas donde estén todas las entidades representadas, con nuevas metodologías que reglamenten el control y establezca nuevas pautas. Vamos hacia una nueva base legal para estas tareas”, consignó, augurando que esperan que a finales de este o comienzos de marzo se pongan en movimiento estas acciones.
Sin embargo, al seno de la Secretaría de la Producción, las versiones son encontradas, y mientras desde la misma oficina de Schunk aseguran que sólo se ha convocado a la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales –que controla Jorge Florean- para “complementar” el trabajo de la oficina de Conrado González, altas fuentes consultadas del organigrama del Secretario de la Producción coinciden en afirmar que “ni los autos le dejaron a los inspectores”.
A su turno, y si bien inspectores consultados entienden que hace 10 meses que sucede esto, González dice que sólo unos “tres o cuatro meses”, al tiempo que otros directamente dicen desconocer tal decisión.
Una alta fuente que prefirió mantener su identidad en reserva lo explicó del siguiente modo: “Roberto (Schunk) es muy desconfiado, y si bien él tomó la decisión, en este tema hay un agujero legal que colabora con este proceso. El dueño de un campo primero desmonta y luego declara lo hecho, porque prefiere pagar la multa que es inferior al trámite, del cual no tiene garantías que le saldrá favorable. Entonces, era lógico que algunos esquemas subterráneos terminen favoreciendo al desmontador. Roberto quiso arreglar esto y terminó complicándolo, porque se lo asignó a un organismo que no está autorizado, y que tampoco brinda garantías. El otro problema es la falta de estructura necesaria para llevar adelante esta tarea”.
En síntesis: denuncias de corrupción e internas palaciegas, atraviesan visceralmente un tema sensible, que no hace más que favorecer a posiciones ambientalistas rayanas con el fundamentalismo.
Posición
En la vereda del Secretario de la Producción, el director de Fiscalización de Recursos Naturales, Jorge Florean, explica la situación de un modo menos traumático. En principio dice que lo que le llegaron a Schunk –unos meses atrás- no fueron versiones acerca de un posible mal desempeño de los inspectores de Recursos Naturales, sino que “vino un grupo de guardafaunas diciendo que no se estaba trabajando y que seguían los desmontes en zona de reserva”. Entonces Florean describe los hechos cronológicos: “El Secretario sabe que si bien no tenemos atribuciones, si tenemos fiscalizadores. Contamos con uno, particularmente, que es muy profesional y está preparado: Jeremías Mancini. Es un guardaparque del Parque San Martín que nos los prestan para recorrer Federal, hablar con la gente, autoridades y ambientalistas, y él nos trae los informes que se lo elevamos a la Dirección de Recursos Naturales”, precisa.
En este contexto, describe que desde el 22 de abril, al día 15 de julio de 2009 Mancini labró 31 actas. Florean reconoce también que el organismo de contralor es la Dirección de Recursos Naturales, por eso “nosotros traemos las infracciones, hacemos un recurso técnico y se la elevamos, y hasta allí llega nuestra responsabilidad. Yo no conozco de alguien que haya recusado nuestras actas, porque no tenemos incidencia en todo lo que sucede con el descargo”.
Ante la pregunta acerca de si tiene conocimiento que en Recursos Naturales hace 10 meses que no salen a inspeccionar y no cuenta con autos, asegura que no, aunque si tiene una respuesta para los autos. “Lo que sucedió con los autos es que el Secretario hace unos meses decidió suspender el uso de autos particulares dispuestos para la función pública. Como había dependencias que no tenían autos, se había autorizado el uso particular de vehículos para funciones específicas. Como Recursos Naturales no tenía autos, usaba algunos de sus funcionarios o inspectores, pero eso no tiene nada que ven con la quita de los controles sobre deforestación”, explicó.
Las voces desde el propio seno del Gobierno provincial sobre el tema no parecen coincidir, y mientras se dice que se buscó “complementar” con nuevos inspectores el trabajo de Recursos Naturales, estos últimos estarían diciendo que no tienen funciones y no saben qué hacer, y que son los únicos autorizados para la función.
Mientras tanto, un estigma de los últimos tiempos en el monte nativo entrerriano se desliza silencioso y repta por entre los indicadores de lo que será una cosecha de soja récord.
El árbol y el norte
El Gobierno entrerriano precisa que los controles se están haciendo y hubo buenos resultados en éste y otros sectores.
“Los controles se hacen, pero en la medida de nuestras posibilidades. Recientemente hicimos una expropiación de madera que está prohibida salir la provincia y fue donada al Taller Industrial para hacer muebles para las escuelas. Todo lo nuestro es un expediente público y cualquiera lo puede consultar”, confió Jorge Florean, director de Fiscalización de Recursos Naturales.
Por otra parte, una de las fuentes consultadas afirmó que para desmontar es menester presentar un proyecto, con un croquis, y precisiones, y entonces especialistas definían si es sustentable o no, y esto no se hace desde 2008.
“El tema empezó con denuncias de guardafaunas de Federal a los medios y pidiendo audiencia al Gobernador. Ellos decían que no se hacían los controles adecuados y entonces Schunk tomó la decisión sin mayores fundamentos. Hoy existe la sospecha que se está desmontando mucho. Pequeñas extensiones pero en muchos casos”, describieron.
El caso más complejo se estaría dando en el departamento Federal, pero también indican que sucede en Feliciano, La Paz, Villaguay, Federación y hasta en algunas zonas de Tala. Y si bien la provincia habría incrementado su zona con montes en los últimos 10 años en 140 mil hectáreas, Gualeguaychú y hasta algo en el departamento Tala.
Por la fumigación, más cardiopatías congénitas
Por la fumigación, aumentaron las cardiopatías congénitas en niños
Fecha de Publicación: 14/02/2010
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Las cardiopatías congénitas, una serie de malformaciones en el corazón del niño, aumentaron considerablemente en los últimos años y están directamente relacionadas con el uso indiscriminado de agroquímicos, alertó a AIM el presidente de la Fundación por el Corazón de los Niños, Alfredo Berduc, quien aseveró que “en este momento hay entre 50 y 60 chicos esperando para operarse en el hospital San Roque de Paraná, y cada vez habrá más porque en cada cosecha de soja aparecen más casos”. Además, cuestionó que las cirugías en el principal nosocomio de la provincia “están paralizadas porque no hay dinero para realizarlas, pese a que está todo el equipamiento necesario e incluso se consiguió el nombramiento del personal”.
En diálogo con esta Agencia, Berduc señaló que “en este momento hay entre 50 y 60 chicos esperando para operarse, y cada vez habrá más porque en cada cosecha de soja aparecen más casos de cardiopatía congénita”.
Sin embargo, denunció que “las cirugías en el hospital San Roque están paralizadas porque no hay dinero para realizarlas, pese a que está todo el equipamiento necesario e incluso se consiguió el nombramiento del personal, pero falta la voluntad política del gobierno de invertir el dinero necesario para realizar las operaciones y sólo los casos de extrema urgencia son enviados a Buenos Aires”.
Al respecto, especificó que “una cirugía en Paraná al Estado le sale siete mil pesos y derivarla afuera sale 26 mil pesos” y cuestionó que esas derivaciones “implican que un chiquito deba hacer 10 mil kilómetros en ambulancia para poder solucionar su problema, más el desarraigo que significa tener que vivir en Buenos Aires”.
También sostuvo que “en varias oportunidades se solicitó audiencia desde la Fundación con los secretarios de Salud de la provincia –aunque aclaró que no se hizo con el actual secretario Pablo Basso- y no se obtuvo ninguna respuesta” y agregó que “recién cuando salimos a los medios logramos que nombraran a los médicos, pero no queremos tener que llegar a eso porque pueden pensar que se trata de una cuestión política”.
“Esto no se trata de ninguna cuestión política, sino que se trata de la salud de nuestros chicos y de los más humildes”, sentenció.
Agroquímicos y cáncer
Consultado sobre los motivos del aumento de estas patologías, el profesional las vinculó “sin lugar a dudas” al uso indiscriminado de agroquímicos y aseveró que “esto es una realidad, y no sólo aparecen más cardiopatías, sino también las leucocis, los cánceres y las malformaciones”.
“En Rosario y fuera de la ciudad, se hicieron estudios en los barrios cercanos a los cultivos y se detectó que el 60 por ciento de los hombres estaba contaminado, y en Hasenkamp hubo ocho muchachos jóvenes que vivían y trabajaban al lado de un silo que tuvieron cáncer y se murieron todos. Esto es una realidad que no se puede negar en absoluto”, ejemplificó.
Además, detalló que los cuadros que aparecen relacionados con el uso de agroquímicos en el corazón de los niños son: falta de ventrículos, falta de una de las arterias, o la existencia de dos cámaras, en vez de cuatro.
También dijo que el uso de agrotóxicos determina otras situaciones comunes en las salas de partos: “se ven embarazos de chicos que no tienen cabeza, que nacen con el abdomen abierto o con la columna vertebral abierta, y todo esto tiene que ver con los agroquímicos”.
Contó que también el plomo que se usa en las cacerías de pato impacta en la salud y “quienes se dedican a cazar patos utilizan gran cantidad de cartuchos con plomo y después regalan los patos a los comedores escolares, pero esos animales tienen 800 veces más plomo”. Precisó que “también el arroz viene contaminado con tóxicos, y eso afecta a las madres embarazadas y a los adultos y se nota directamente en una mayor cantidad de casos de cardiopatías, malformaciones, leucemias y cáncer”.
Berduc dijo a esta Agencia que hoy en día se sabe que el glifosato (agroquímico para fumigar) es tóxico. Sólo basta recordar que el glifosato es el agroquímico más utilizado en los más de 16 millones de hectáreas cultivadas en Argentina con variedades resistentes a este compuesto, principalmente soja transgénica.
El trabajo de la fundación
La Fundación por el corazón de los niños se sostiene exclusivamente gracias a la venta de una rifa que se realiza todos los años, y destina su tiempo y su trabajo a la compra de aparatología para el área de cardiología del hospital San Roque de Paraná.
Al respecto, la secretaria de la institución, Blanca Varela comentó a AIM que el objetico de la Fundación es “colaborar con las cirugías cardiovasculares y el área de hemodinamia del hospital”.
En los diez años de trabajo pudieron donar al nosocomio “equipamiento, instrumental, a paratología, el año pasado se entregó un respirador que fue muy utilizado en la época de la pandemia de gripe”. “En el hospital hay muchas necesidades y nunca alcanza el dinero que el Estado destina para los gastos que demanda y el año pasado estuvo desbordado por la pandemia”, admitió.
“También se dan especializaciones para el personal y este año el objetivo es comprar una ambulancia y equiparla junto a la Fundación de Neonatología FundNeo”, adelantó Berduc, quien reclamó que “la sociedad ha cumplido en esto pero al gobierno le falta cumplir”.
Acotó que este 2010 “ya se está organizando la rifa porque de otro modo no podríamos subsistir” y recordó que “hace tiempo nos sacaron del hospital y tuvimos que alquilar una casa”. Al respecto, Varela sostuvo que “tanto las empresas como los particulares que deseen realizar donaciones pueden hacerlo comunicándose con la Fundación, que funciona en calle La Rioja 431 de Paraná”.
Qué es una cardiopatía congénita
Las cardiopatías congénitas son lesiones anatómicas de una o varias de las cuatro cámaras cardíacas, de los tabiques que las separan, o de las válvulas o tractos de salida (zonas ventriculares por donde sale la sangre del corazón).
La noticia de que un niño padece una lesión cardíaca congénita es siempre motivo de gran preocupación para los padres. Y efectivamente, una cardiopatía congénita no diagnosticada ni tratada siempre es algo serio, y a diferencia de lo que ocurre con otros órganos, con un corazón enfermo la situación clínica de los niños pequeños, en especial los recién nacidos, cambia rápidamente pudiendo ser grave en pocas horas o días.
Uno de los signos de alarma que los papás deben tener en cuenta para consultar rápidamente es que el bebé se fatigue cuando le dan de mamar, porque el chico con insuficiencia cardíaca se agota al comer, entonces deja de hacerlo y no crece como debería.
Fecha de Publicación: 14/02/2010
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Las cardiopatías congénitas, una serie de malformaciones en el corazón del niño, aumentaron considerablemente en los últimos años y están directamente relacionadas con el uso indiscriminado de agroquímicos, alertó a AIM el presidente de la Fundación por el Corazón de los Niños, Alfredo Berduc, quien aseveró que “en este momento hay entre 50 y 60 chicos esperando para operarse en el hospital San Roque de Paraná, y cada vez habrá más porque en cada cosecha de soja aparecen más casos”. Además, cuestionó que las cirugías en el principal nosocomio de la provincia “están paralizadas porque no hay dinero para realizarlas, pese a que está todo el equipamiento necesario e incluso se consiguió el nombramiento del personal”.
En diálogo con esta Agencia, Berduc señaló que “en este momento hay entre 50 y 60 chicos esperando para operarse, y cada vez habrá más porque en cada cosecha de soja aparecen más casos de cardiopatía congénita”.
Sin embargo, denunció que “las cirugías en el hospital San Roque están paralizadas porque no hay dinero para realizarlas, pese a que está todo el equipamiento necesario e incluso se consiguió el nombramiento del personal, pero falta la voluntad política del gobierno de invertir el dinero necesario para realizar las operaciones y sólo los casos de extrema urgencia son enviados a Buenos Aires”.
Al respecto, especificó que “una cirugía en Paraná al Estado le sale siete mil pesos y derivarla afuera sale 26 mil pesos” y cuestionó que esas derivaciones “implican que un chiquito deba hacer 10 mil kilómetros en ambulancia para poder solucionar su problema, más el desarraigo que significa tener que vivir en Buenos Aires”.
También sostuvo que “en varias oportunidades se solicitó audiencia desde la Fundación con los secretarios de Salud de la provincia –aunque aclaró que no se hizo con el actual secretario Pablo Basso- y no se obtuvo ninguna respuesta” y agregó que “recién cuando salimos a los medios logramos que nombraran a los médicos, pero no queremos tener que llegar a eso porque pueden pensar que se trata de una cuestión política”.
“Esto no se trata de ninguna cuestión política, sino que se trata de la salud de nuestros chicos y de los más humildes”, sentenció.
Agroquímicos y cáncer
Consultado sobre los motivos del aumento de estas patologías, el profesional las vinculó “sin lugar a dudas” al uso indiscriminado de agroquímicos y aseveró que “esto es una realidad, y no sólo aparecen más cardiopatías, sino también las leucocis, los cánceres y las malformaciones”.
“En Rosario y fuera de la ciudad, se hicieron estudios en los barrios cercanos a los cultivos y se detectó que el 60 por ciento de los hombres estaba contaminado, y en Hasenkamp hubo ocho muchachos jóvenes que vivían y trabajaban al lado de un silo que tuvieron cáncer y se murieron todos. Esto es una realidad que no se puede negar en absoluto”, ejemplificó.
Además, detalló que los cuadros que aparecen relacionados con el uso de agroquímicos en el corazón de los niños son: falta de ventrículos, falta de una de las arterias, o la existencia de dos cámaras, en vez de cuatro.
También dijo que el uso de agrotóxicos determina otras situaciones comunes en las salas de partos: “se ven embarazos de chicos que no tienen cabeza, que nacen con el abdomen abierto o con la columna vertebral abierta, y todo esto tiene que ver con los agroquímicos”.
Contó que también el plomo que se usa en las cacerías de pato impacta en la salud y “quienes se dedican a cazar patos utilizan gran cantidad de cartuchos con plomo y después regalan los patos a los comedores escolares, pero esos animales tienen 800 veces más plomo”. Precisó que “también el arroz viene contaminado con tóxicos, y eso afecta a las madres embarazadas y a los adultos y se nota directamente en una mayor cantidad de casos de cardiopatías, malformaciones, leucemias y cáncer”.
Berduc dijo a esta Agencia que hoy en día se sabe que el glifosato (agroquímico para fumigar) es tóxico. Sólo basta recordar que el glifosato es el agroquímico más utilizado en los más de 16 millones de hectáreas cultivadas en Argentina con variedades resistentes a este compuesto, principalmente soja transgénica.
El trabajo de la fundación
La Fundación por el corazón de los niños se sostiene exclusivamente gracias a la venta de una rifa que se realiza todos los años, y destina su tiempo y su trabajo a la compra de aparatología para el área de cardiología del hospital San Roque de Paraná.
Al respecto, la secretaria de la institución, Blanca Varela comentó a AIM que el objetico de la Fundación es “colaborar con las cirugías cardiovasculares y el área de hemodinamia del hospital”.
En los diez años de trabajo pudieron donar al nosocomio “equipamiento, instrumental, a paratología, el año pasado se entregó un respirador que fue muy utilizado en la época de la pandemia de gripe”. “En el hospital hay muchas necesidades y nunca alcanza el dinero que el Estado destina para los gastos que demanda y el año pasado estuvo desbordado por la pandemia”, admitió.
“También se dan especializaciones para el personal y este año el objetivo es comprar una ambulancia y equiparla junto a la Fundación de Neonatología FundNeo”, adelantó Berduc, quien reclamó que “la sociedad ha cumplido en esto pero al gobierno le falta cumplir”.
Acotó que este 2010 “ya se está organizando la rifa porque de otro modo no podríamos subsistir” y recordó que “hace tiempo nos sacaron del hospital y tuvimos que alquilar una casa”. Al respecto, Varela sostuvo que “tanto las empresas como los particulares que deseen realizar donaciones pueden hacerlo comunicándose con la Fundación, que funciona en calle La Rioja 431 de Paraná”.
Qué es una cardiopatía congénita
Las cardiopatías congénitas son lesiones anatómicas de una o varias de las cuatro cámaras cardíacas, de los tabiques que las separan, o de las válvulas o tractos de salida (zonas ventriculares por donde sale la sangre del corazón).
La noticia de que un niño padece una lesión cardíaca congénita es siempre motivo de gran preocupación para los padres. Y efectivamente, una cardiopatía congénita no diagnosticada ni tratada siempre es algo serio, y a diferencia de lo que ocurre con otros órganos, con un corazón enfermo la situación clínica de los niños pequeños, en especial los recién nacidos, cambia rápidamente pudiendo ser grave en pocas horas o días.
Uno de los signos de alarma que los papás deben tener en cuenta para consultar rápidamente es que el bebé se fatigue cuando le dan de mamar, porque el chico con insuficiencia cardíaca se agota al comer, entonces deja de hacerlo y no crece como debería.
La peor contaminación
La peor contaminación, a tres kilómetros del Centro porteño
Fecha de Publicación: 13/02/2010
Fuente: Perfil - Por Daniel Muchnik
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de cinco millones de personas viven en los 2.200 kilómetros cuadrados que abarca la cuenca Matanza-Riachuelo, la región más contaminada de nuestro país, donde las tasas de mortalidad y enfermedades respiratorias y gastrointestinales superan todos los récords en el país. A esa terrible realidad se le suma una escandalosa lucha de vanidades entre las autoridades de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad para determinar las jurisdicciones a la hora de actuar. Informes de organismos de control revelan severos atrasos y mala ejecución en acciones claves como la reubicación de los vecinos del lugar.
Decir que el Riachuelo sigue siendo una cloaca abierta, un tajo mugriento, maloliente y contaminante en las orillas de la Capital y la Provincia ya es un lugar común. Pero aun asumiendo otra vez esa definición, el balance de lo actuado para modificar esa realidad es definitivamente magro.
Con bastante razón los dirigentes uruguayos señalaron a la Argentina como imposibilitada para hablar de contaminación, a partir del caso de la papelera Botnia. Dijeron que el Riachuelo era una muestra de dejadez, impericia y bomba ambiental.
Todas las movilizaciones populares, en entidades vinculadas geográficamente a la cuenca Matanza-Riachuelo, en reclamo de soluciones, no fueron escuchadas, pero siguen insistiendo con especial énfasis en las enfermedades a la que están expuestos más de un millón de hogares. En las orillas de la Cuenca, que comprende un territorio de 2.200 kilómetros cuadrados, viven 5 millones y medio de personas. Los informes de la Auditoría General de la Nación, de la asociación que nuclea a los técnicos y empleados de diferentes organismos de control y de la Defensoría del Pueblo, quedaron en los cajones oficiales, a la espera de resoluciones. Debió intervenir la Corte Suprema de Justicia para exigir soluciones con perentoriedad. La mayoría bien sabe cuáles son las industrias y otros factores contaminantes, con nombre y apellido.
El Riachuelo sufrió la lucha, la vanidad, el narcisismo y la competencia entre jurisdicciones geográficas vinculadas. La Ciudad no se puso de acuerdo con la Provincia de Buenos Aires y ninguna de las dos con la Nación. Fue la fría estatua del desentendimiento. Un ente gestado para superar esos abismos, la Autoridad de Cuenca Matanza–Riachuelo (Acumar) acaba de informar el plan presupuestario para el saneamiento. Dispone de 23.801 millones de pesos hasta el año 2024. Para este año destinará 4.427 millones y entre 2006 y 2009 gastó 3.114 millones de pesos.
¿Será suficiente? Experiencias extranjeras –como el caso de la contaminación del río Támesis en Gran Bretaña– demostraron que no se requieren súper presupuestos, aunque sí coordinación por parte del Estado, eficiencia, rapidez, racionalización contable y garantías para que no se repita la contaminación. La Acumar está integrada por un Consejo Directivo presidido por el Secretario de Ambiente y titular del Ente, Homero Bibiloni, un Consejo con representantes de 14 municipios por donde pasa la contaminación, una Comisión de Participación Social y un Foro de Universidades.
Detalles históricos. Buenos Aires descuidó históricamente la limpieza y no supo advertir a tiempo las contingencias de la contaminación. Las pestes que la azotaron en la segunda mitad del siglo XIX, con sus miles de víctimas, las que llenaron cementerios hoy ocultos en los subsuelos de algunas plazas de la Ciudad, no fueron suficiente enseñanza hasta varias décadas después. Sólo el 14 por ciento de las viviendas de la ciudad disponían de agua potable, distribuída por red, en 1887, 17 años después de la epidemia de fiebre amarilla. En 1910, en el primer Centenario llegaba al 53 por ciento de sus viviendas. Ese mismo año de 1910 registra que tan sólo el 40 por ciento de los hogares de la Ciudad estaba contectado a la red cloacal, pese a que desde 1895 la Municipalidad había prohibido la excavación de pozos ciegos, una de las causas que originaron, en 1870 los brotes epidemiológicos fatales.
¿Qué hacía la gente? ¿Dónde se alojaba? Las clases altas ya habían ganado el espacio de la Plaza San Martín y de allí hacia el norte conocido, hasta toparse con los bosques de Palermo. Las clases que intentaban ubicarse en el medio de la pirámide social tenían otros barrios, hacia el sur y hacia el oeste de la capital. Los inmigrantes pobres, gran parte del torrente de extranjeros que llegó al país, se concentraban, hacinados, en los conventillos. Hubo excepciones a la regla: varias empresas de servicios, como el caso de las ferroviarias, construyeron barrios para empleados, con departamentos agrupados en dos pisos, a la manera de Gran Bretaña. Existió, en su momento, una Comisión Nacional de Casas Baratas: se dedicaba a construir una gran casa colectiva a la que llamaban “mansión para obreros”. Para calmar sus aflicciones por la promiscuidad, algunos gobiernos conservadores inauguraron barrios obreros con casas construidas con préstamos a muy largo plazo.
¿Qué hacían con la basura? Para ello eligieron La Quema, al sur de la ciudad, detrás de Parque Patricios, ya en Pompeya, donde se procuraba “quemar” todo lo que se tiraba. Y quien también recibía los monumentales desechos eran las orillas y el mismo Riachuelo, cercano a La Quema. A esa parte de la Ciudad fueron a parar los sectores de población sin recursos, muchos de los cuales vivían de rescatar algún elemento de la basura para revender. Y allí se levantaron las primeras “villas miseria”, un término que quedó registrado por la literatura preocupada por los temas sociales. Una de las primeras fue el barrio Las Ranas.
Con la industrialización, que comienza a tomar vigor a fines del siglo XIX y en las tres primeras décadas del siglo XX (ya en los tiempos de nuestros bisabuelos y abuelos) varias fábricas y los frigoríficos se radican al borde del Riachuelo. Toda la porquería, todos los químicos que usan, lo vertieron en esa cuenca hasta desgraciarla. Esa herencia quedó intacta a lo largo de todo el siglo pasado. No se hicieron grandes emprendimientos salvo, quizás, esas obras que impidieron la inundación mayor de La Boca.
Hoy por hoy. En todo el recorrido de la cuenca Matanza-Riachuelo falta agua de red, no hay suficientes desagües cloacales y todo se inunda. Las tasas de mortalidad y enfermedades respiratorias y gastrointestinales superan todos los récords en el país.
Es una pintura del drama social, cada día más creciente y a muy pocos kilómetros del centro mismo de la Capital Federal.
Un estudio de la Auditoría General de la Nación detalla que el Comité Ejecutor del Plan Ambiental que funcionó desde 1995 hasta la creación de la Autoridad de la Cuenca (Acumar) subejecutó su presupuesto, no controló a las industrias contaminantes y no hizo cumplir un contrato de concesión con Aguas Argentinas S.A. que preveía la construcción del sistema cloacal de la cuenca.
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, los ministerios de Salud y Desarrollo Urbano, el Instituto de la Vivienda y la Agencia de Protección Ambiental, registran “debilidades” en su tarea de sanear la cuenca. Destacan demoras en la ejecución de obras, falta de controles de contaminación con metales pesados y poco avance en la relocalización de los vecinos.
Otro trabajo muy reciente de la Auditoría General de la Nación señala a Acumar, la actual principal responsable, de no implementar el fondo de “compensación ambiental”, que estaba incluido en la misma ley que creó al organismo en 2006. Ese fondo apuntaba a la “protección de los derechos humanos y la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales”.
Uno de los principales derechos humanos es el derecho a una vida digna.
Fecha de Publicación: 13/02/2010
Fuente: Perfil - Por Daniel Muchnik
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de cinco millones de personas viven en los 2.200 kilómetros cuadrados que abarca la cuenca Matanza-Riachuelo, la región más contaminada de nuestro país, donde las tasas de mortalidad y enfermedades respiratorias y gastrointestinales superan todos los récords en el país. A esa terrible realidad se le suma una escandalosa lucha de vanidades entre las autoridades de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad para determinar las jurisdicciones a la hora de actuar. Informes de organismos de control revelan severos atrasos y mala ejecución en acciones claves como la reubicación de los vecinos del lugar.
Decir que el Riachuelo sigue siendo una cloaca abierta, un tajo mugriento, maloliente y contaminante en las orillas de la Capital y la Provincia ya es un lugar común. Pero aun asumiendo otra vez esa definición, el balance de lo actuado para modificar esa realidad es definitivamente magro.
Con bastante razón los dirigentes uruguayos señalaron a la Argentina como imposibilitada para hablar de contaminación, a partir del caso de la papelera Botnia. Dijeron que el Riachuelo era una muestra de dejadez, impericia y bomba ambiental.
Todas las movilizaciones populares, en entidades vinculadas geográficamente a la cuenca Matanza-Riachuelo, en reclamo de soluciones, no fueron escuchadas, pero siguen insistiendo con especial énfasis en las enfermedades a la que están expuestos más de un millón de hogares. En las orillas de la Cuenca, que comprende un territorio de 2.200 kilómetros cuadrados, viven 5 millones y medio de personas. Los informes de la Auditoría General de la Nación, de la asociación que nuclea a los técnicos y empleados de diferentes organismos de control y de la Defensoría del Pueblo, quedaron en los cajones oficiales, a la espera de resoluciones. Debió intervenir la Corte Suprema de Justicia para exigir soluciones con perentoriedad. La mayoría bien sabe cuáles son las industrias y otros factores contaminantes, con nombre y apellido.
El Riachuelo sufrió la lucha, la vanidad, el narcisismo y la competencia entre jurisdicciones geográficas vinculadas. La Ciudad no se puso de acuerdo con la Provincia de Buenos Aires y ninguna de las dos con la Nación. Fue la fría estatua del desentendimiento. Un ente gestado para superar esos abismos, la Autoridad de Cuenca Matanza–Riachuelo (Acumar) acaba de informar el plan presupuestario para el saneamiento. Dispone de 23.801 millones de pesos hasta el año 2024. Para este año destinará 4.427 millones y entre 2006 y 2009 gastó 3.114 millones de pesos.
¿Será suficiente? Experiencias extranjeras –como el caso de la contaminación del río Támesis en Gran Bretaña– demostraron que no se requieren súper presupuestos, aunque sí coordinación por parte del Estado, eficiencia, rapidez, racionalización contable y garantías para que no se repita la contaminación. La Acumar está integrada por un Consejo Directivo presidido por el Secretario de Ambiente y titular del Ente, Homero Bibiloni, un Consejo con representantes de 14 municipios por donde pasa la contaminación, una Comisión de Participación Social y un Foro de Universidades.
Detalles históricos. Buenos Aires descuidó históricamente la limpieza y no supo advertir a tiempo las contingencias de la contaminación. Las pestes que la azotaron en la segunda mitad del siglo XIX, con sus miles de víctimas, las que llenaron cementerios hoy ocultos en los subsuelos de algunas plazas de la Ciudad, no fueron suficiente enseñanza hasta varias décadas después. Sólo el 14 por ciento de las viviendas de la ciudad disponían de agua potable, distribuída por red, en 1887, 17 años después de la epidemia de fiebre amarilla. En 1910, en el primer Centenario llegaba al 53 por ciento de sus viviendas. Ese mismo año de 1910 registra que tan sólo el 40 por ciento de los hogares de la Ciudad estaba contectado a la red cloacal, pese a que desde 1895 la Municipalidad había prohibido la excavación de pozos ciegos, una de las causas que originaron, en 1870 los brotes epidemiológicos fatales.
¿Qué hacía la gente? ¿Dónde se alojaba? Las clases altas ya habían ganado el espacio de la Plaza San Martín y de allí hacia el norte conocido, hasta toparse con los bosques de Palermo. Las clases que intentaban ubicarse en el medio de la pirámide social tenían otros barrios, hacia el sur y hacia el oeste de la capital. Los inmigrantes pobres, gran parte del torrente de extranjeros que llegó al país, se concentraban, hacinados, en los conventillos. Hubo excepciones a la regla: varias empresas de servicios, como el caso de las ferroviarias, construyeron barrios para empleados, con departamentos agrupados en dos pisos, a la manera de Gran Bretaña. Existió, en su momento, una Comisión Nacional de Casas Baratas: se dedicaba a construir una gran casa colectiva a la que llamaban “mansión para obreros”. Para calmar sus aflicciones por la promiscuidad, algunos gobiernos conservadores inauguraron barrios obreros con casas construidas con préstamos a muy largo plazo.
¿Qué hacían con la basura? Para ello eligieron La Quema, al sur de la ciudad, detrás de Parque Patricios, ya en Pompeya, donde se procuraba “quemar” todo lo que se tiraba. Y quien también recibía los monumentales desechos eran las orillas y el mismo Riachuelo, cercano a La Quema. A esa parte de la Ciudad fueron a parar los sectores de población sin recursos, muchos de los cuales vivían de rescatar algún elemento de la basura para revender. Y allí se levantaron las primeras “villas miseria”, un término que quedó registrado por la literatura preocupada por los temas sociales. Una de las primeras fue el barrio Las Ranas.
Con la industrialización, que comienza a tomar vigor a fines del siglo XIX y en las tres primeras décadas del siglo XX (ya en los tiempos de nuestros bisabuelos y abuelos) varias fábricas y los frigoríficos se radican al borde del Riachuelo. Toda la porquería, todos los químicos que usan, lo vertieron en esa cuenca hasta desgraciarla. Esa herencia quedó intacta a lo largo de todo el siglo pasado. No se hicieron grandes emprendimientos salvo, quizás, esas obras que impidieron la inundación mayor de La Boca.
Hoy por hoy. En todo el recorrido de la cuenca Matanza-Riachuelo falta agua de red, no hay suficientes desagües cloacales y todo se inunda. Las tasas de mortalidad y enfermedades respiratorias y gastrointestinales superan todos los récords en el país.
Es una pintura del drama social, cada día más creciente y a muy pocos kilómetros del centro mismo de la Capital Federal.
Un estudio de la Auditoría General de la Nación detalla que el Comité Ejecutor del Plan Ambiental que funcionó desde 1995 hasta la creación de la Autoridad de la Cuenca (Acumar) subejecutó su presupuesto, no controló a las industrias contaminantes y no hizo cumplir un contrato de concesión con Aguas Argentinas S.A. que preveía la construcción del sistema cloacal de la cuenca.
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, los ministerios de Salud y Desarrollo Urbano, el Instituto de la Vivienda y la Agencia de Protección Ambiental, registran “debilidades” en su tarea de sanear la cuenca. Destacan demoras en la ejecución de obras, falta de controles de contaminación con metales pesados y poco avance en la relocalización de los vecinos.
Otro trabajo muy reciente de la Auditoría General de la Nación señala a Acumar, la actual principal responsable, de no implementar el fondo de “compensación ambiental”, que estaba incluido en la misma ley que creó al organismo en 2006. Ese fondo apuntaba a la “protección de los derechos humanos y la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales”.
Uno de los principales derechos humanos es el derecho a una vida digna.
Escándalo y agresiones verbales en Catamarca
Escándalo y agresiones verbales durante la visita de Pino Solanas
Fecha de Publicación: 13/02/2010
Fuente: DERF
Provincia/Región: Catamarca
El arribo a Catamarca del cineasta Fernando "Pino" Solanas se tiñó ayer de escándalo, entrecruces y discusiones verbales. Un grupo de estudiantes universitarios, docentes, empleados de la Secretaría Minería y algún militante a favor de la extracción de los recursos naturales agredieron al diputado nacional del movimiento Proyecto Sur que llegó a Catamarca para apoyar a las organizaciones que rechazan la explotación del yacimiento Agua Rica.
Pasado el mediodía, Solanas arribó al hotel Ancasti en auto y fue recibido a huevazos por los grupos promineros que ya lo esperaban en la puerta. Los jóvenes que se identificaron como estudiantes de las carreras de ingeniería en Minas de la Universidad Nacional de Catamarca portaban pancartas con leyendas que expresaban: "Solanas miente", "Solanas, preocúpate por el Riachuelo".
Llamó la atención el despliegue de una bandera tricolor de más de dos metros que se identificaba como juventud del FCS y acompañaba al grupo que organizaba el escrache.
"Nuestra presencia es para repudiar la presencia de Pino Solanas ya que le hace mucho daño a la actividad minera. Es la única actividad productiva para el desarrollo de Catamarca. Viene a sembrar pánico en nuestra provincia", justificó el estudiante Javier Saracho para explicar el escrache que hasta ese momento era sólo en la vía pública.
El escándalo pasó a mayores cuando Solanas junto a dirigentes y militantes del movimiento Proyecto Sur pretendieron iniciar una conferencia de prensa y se vieron sorprendidos por la repentina aparición en la sala del hotel de los mismos militantes que lo habían recibido a huevazos.
Los activistas a favor de la minería reclamaban participar de la conferencia para rebatir los argumentos en contra de la explotación minera y porque entendían que era un evento abierto al público. Los partidarios que acompañaban al director de la película "Tierra Sublevada, Oro Impuro" les pidieron que se retiraran del lugar porque era una actividad que estaba prevista sólo para periodistas locales y para algunos invitados particulares. Pero los primeros insistían en quedarse para escuchar y a partir de allí la pasión fue incontrolable y hubo entrecruces verbales, forcejeos y debates a los gritos.
Mientras ocurrían los incidentes, Solanas intentaba dialogar con la prensa. "Lo que siempre ocurre es que siempre hay 15 ó 20 enviados por las empresas mineras para provocar, que vienen a tirar huevos, lo real es que en Andalgalá me esperan 3.000 ó 4.000 personas", dijo al ser consultado por la recepción que recibió. Lo que es un escándalo es la contaminación de las mineras, lo que es un escándalo es la pobreza que deja la gran minería", expresó.
El diputado nacional pretendía responder a la prensa pero militantes se ubicaron a su lado para mostrar ante las cámaras de televisión las pancartas que lo acusaban de mentiroso. El diálogo era imposible. Algunos estudiantes se animaron a increparlo y el cineasta los trató de "autoritarios y fascistas".
Entre tanta tensión, lo cierto es que faltó muy poco para algunas escenas de pugilato. Otra de las polémicas las protagonizó el ingeniero Héctor Nieva, quien tuvo varios entrecruces con docentes de la Universidad local.
Militantes de una y otra parte acusaron agresión en medio de acaloradas discusiones. Fue en ese momento que los dirigentes de Proyecto Sur solicitaron la intervención de la policía de la Provincia y comenzaron a "marcar" a cada uno para que los agentes los retiren del salón.
Cuando la calma retornó al lugar, el diputado nacional no pudo ocultar su mal humor por los incidentes y ya con menguada voluntad respondió a los interrogantes de la prensa local. Al finalizar, Solanas partió hacia Andalgalá y anoche acompañaba a una marcha en contra de la explotación de Agua Rica. Además, continuará con la difusión de su película en Andalgalá, Santa María y Quilmes.
Denuncias polémicas
El cineasta Fernando Pino Solanas participaba anoche de la marcha que se realizaba en Andalgalá en contra de la explotación del yacimiento de Agua Rica.
"Va a multiplicar el enorme daño ambiental contra la región", opinó.
Pero además confirmó que viajaba hasta la perla del Oeste porque una de las protagonistas de la película Oro Impuro, Laura Reales, una adolescente de 13 años, murió hace pocos días.
"Vivía a tres kilómetros de la mina y falleció por una extrañísima enfermedad, que no se pudo detectar pero que es producto de la contaminación de las aguas y del polvillo", dijo en lo que fue una de las denuncias que más polémica generó cuando todavía estaban presentes los militantes a favor de la minería.
"Sin lugar a dudas se trata de esas enfermedades por envenenamiento de las aguas", arriesgó Solanas.
"Ustedes lo saben y no pueden ocultar la verdad, ése es un escándalo. La Secretaría de Minería de Catamarca responden a las mineras, los informes de impacto ambiental lo hacen las mineras", acusó y salió al cruce de los manifestantes que lo criticaban por no haberse ocupado de la contaminación del Riachuelo.
"Participé de todas las interpelaciones a María Julia Alsogaray, pero además una cosa no tiene que ver con la otra", se defendió.
"Hay una Catamarca ligada a las mineras y hay otra Catamarca que no cree en las promesas de la megaminería", dijo y aclaró que Proyecto Sur no se opone a la explotación minera sino a la megaexplotación que realiza voladuras y utiliza sustancias tóxicas como cianuro. Apuntó que en el país hoy son siete las provincias cuyas legislaturas, por unanimidad, se pronunciaron en contra de la explotación a cielo abierto. "Que sectores de la población no estén informados es lamentable", dijo.
Activistas mineros dicen que querían debatir
Los estudiantes y docentes que participaron del escrache a Solanas justificaron el escándalo al señalar que pretendían ingresar y participar de la conferencia para lograr rebatir la postura de aquéllos que declaman contra la actividad minera.
"Lo que ocurrió fue una reacción natural de todos porque lo único que queremos es defender la actividad. Es un personaje que viene a opinar sin ningún tipo de fundamento técnico", explicó el docente Gerardo Fuentes, uno de los que protagonizó el cruce verbal con el ingeniero Héctor Nieva .
"Teníamos entendido que era una conferencia abierta. Estábamos esperando la charla y queríamos escuchar la postura", justificó Fuentes . "Sostenemos que la actividad minera puede concretarse sin ningún tipo de daño", agregó.
Por otra parte, el estudiante Javier Saracho denunció que uno de los jóvenes que estaba en el grupo fue agredido por los militantes que acompañaban al legislador nacional. Aunque hubo forcejeos y discusiones verbales, los incidentes no pasaron a mayores y no se registraron ni heridos ni agresiones físicas.
Fecha de Publicación: 13/02/2010
Fuente: DERF
Provincia/Región: Catamarca
El arribo a Catamarca del cineasta Fernando "Pino" Solanas se tiñó ayer de escándalo, entrecruces y discusiones verbales. Un grupo de estudiantes universitarios, docentes, empleados de la Secretaría Minería y algún militante a favor de la extracción de los recursos naturales agredieron al diputado nacional del movimiento Proyecto Sur que llegó a Catamarca para apoyar a las organizaciones que rechazan la explotación del yacimiento Agua Rica.
Pasado el mediodía, Solanas arribó al hotel Ancasti en auto y fue recibido a huevazos por los grupos promineros que ya lo esperaban en la puerta. Los jóvenes que se identificaron como estudiantes de las carreras de ingeniería en Minas de la Universidad Nacional de Catamarca portaban pancartas con leyendas que expresaban: "Solanas miente", "Solanas, preocúpate por el Riachuelo".
Llamó la atención el despliegue de una bandera tricolor de más de dos metros que se identificaba como juventud del FCS y acompañaba al grupo que organizaba el escrache.
"Nuestra presencia es para repudiar la presencia de Pino Solanas ya que le hace mucho daño a la actividad minera. Es la única actividad productiva para el desarrollo de Catamarca. Viene a sembrar pánico en nuestra provincia", justificó el estudiante Javier Saracho para explicar el escrache que hasta ese momento era sólo en la vía pública.
El escándalo pasó a mayores cuando Solanas junto a dirigentes y militantes del movimiento Proyecto Sur pretendieron iniciar una conferencia de prensa y se vieron sorprendidos por la repentina aparición en la sala del hotel de los mismos militantes que lo habían recibido a huevazos.
Los activistas a favor de la minería reclamaban participar de la conferencia para rebatir los argumentos en contra de la explotación minera y porque entendían que era un evento abierto al público. Los partidarios que acompañaban al director de la película "Tierra Sublevada, Oro Impuro" les pidieron que se retiraran del lugar porque era una actividad que estaba prevista sólo para periodistas locales y para algunos invitados particulares. Pero los primeros insistían en quedarse para escuchar y a partir de allí la pasión fue incontrolable y hubo entrecruces verbales, forcejeos y debates a los gritos.
Mientras ocurrían los incidentes, Solanas intentaba dialogar con la prensa. "Lo que siempre ocurre es que siempre hay 15 ó 20 enviados por las empresas mineras para provocar, que vienen a tirar huevos, lo real es que en Andalgalá me esperan 3.000 ó 4.000 personas", dijo al ser consultado por la recepción que recibió. Lo que es un escándalo es la contaminación de las mineras, lo que es un escándalo es la pobreza que deja la gran minería", expresó.
El diputado nacional pretendía responder a la prensa pero militantes se ubicaron a su lado para mostrar ante las cámaras de televisión las pancartas que lo acusaban de mentiroso. El diálogo era imposible. Algunos estudiantes se animaron a increparlo y el cineasta los trató de "autoritarios y fascistas".
Entre tanta tensión, lo cierto es que faltó muy poco para algunas escenas de pugilato. Otra de las polémicas las protagonizó el ingeniero Héctor Nieva, quien tuvo varios entrecruces con docentes de la Universidad local.
Militantes de una y otra parte acusaron agresión en medio de acaloradas discusiones. Fue en ese momento que los dirigentes de Proyecto Sur solicitaron la intervención de la policía de la Provincia y comenzaron a "marcar" a cada uno para que los agentes los retiren del salón.
Cuando la calma retornó al lugar, el diputado nacional no pudo ocultar su mal humor por los incidentes y ya con menguada voluntad respondió a los interrogantes de la prensa local. Al finalizar, Solanas partió hacia Andalgalá y anoche acompañaba a una marcha en contra de la explotación de Agua Rica. Además, continuará con la difusión de su película en Andalgalá, Santa María y Quilmes.
Denuncias polémicas
El cineasta Fernando Pino Solanas participaba anoche de la marcha que se realizaba en Andalgalá en contra de la explotación del yacimiento de Agua Rica.
"Va a multiplicar el enorme daño ambiental contra la región", opinó.
Pero además confirmó que viajaba hasta la perla del Oeste porque una de las protagonistas de la película Oro Impuro, Laura Reales, una adolescente de 13 años, murió hace pocos días.
"Vivía a tres kilómetros de la mina y falleció por una extrañísima enfermedad, que no se pudo detectar pero que es producto de la contaminación de las aguas y del polvillo", dijo en lo que fue una de las denuncias que más polémica generó cuando todavía estaban presentes los militantes a favor de la minería.
"Sin lugar a dudas se trata de esas enfermedades por envenenamiento de las aguas", arriesgó Solanas.
"Ustedes lo saben y no pueden ocultar la verdad, ése es un escándalo. La Secretaría de Minería de Catamarca responden a las mineras, los informes de impacto ambiental lo hacen las mineras", acusó y salió al cruce de los manifestantes que lo criticaban por no haberse ocupado de la contaminación del Riachuelo.
"Participé de todas las interpelaciones a María Julia Alsogaray, pero además una cosa no tiene que ver con la otra", se defendió.
"Hay una Catamarca ligada a las mineras y hay otra Catamarca que no cree en las promesas de la megaminería", dijo y aclaró que Proyecto Sur no se opone a la explotación minera sino a la megaexplotación que realiza voladuras y utiliza sustancias tóxicas como cianuro. Apuntó que en el país hoy son siete las provincias cuyas legislaturas, por unanimidad, se pronunciaron en contra de la explotación a cielo abierto. "Que sectores de la población no estén informados es lamentable", dijo.
Activistas mineros dicen que querían debatir
Los estudiantes y docentes que participaron del escrache a Solanas justificaron el escándalo al señalar que pretendían ingresar y participar de la conferencia para lograr rebatir la postura de aquéllos que declaman contra la actividad minera.
"Lo que ocurrió fue una reacción natural de todos porque lo único que queremos es defender la actividad. Es un personaje que viene a opinar sin ningún tipo de fundamento técnico", explicó el docente Gerardo Fuentes, uno de los que protagonizó el cruce verbal con el ingeniero Héctor Nieva .
"Teníamos entendido que era una conferencia abierta. Estábamos esperando la charla y queríamos escuchar la postura", justificó Fuentes . "Sostenemos que la actividad minera puede concretarse sin ningún tipo de daño", agregó.
Por otra parte, el estudiante Javier Saracho denunció que uno de los jóvenes que estaba en el grupo fue agredido por los militantes que acompañaban al legislador nacional. Aunque hubo forcejeos y discusiones verbales, los incidentes no pasaron a mayores y no se registraron ni heridos ni agresiones físicas.
Comisión de impacto ambiental de las arroceras
El gobierno conformará una comisión de impacto ambiental con organizaciones civiles
Fecha de Publicación: 12/02/2010
Fuente: Adventus
Provincia/Región: Chaco
Estará integrada por los Ministerios de Salud y Producción, la APA, Sameep y organizaciones ambientalistas. Tendrá a su cargo ampliar el estudio de impacto de las arroceras “San Carlos SRL” y “Cancha Larga SA” sobre la población de Las Palmas y La Leonesa.
El gobierno provincial creará una comisión integrada por distintas áreas del Estado y organizaciones ambientalistas para ampliar los estudios de impacto ambiental de las arroceras ubicadas en el Departamento Bermejo. Así lo anunció el gobernador Jorge Capitanich tras el encuentro que mantuvo esta mañana con representantes de las organizaciones Carta Abierta y Red de Salud Popular “Miguel Carrillo”.
En la oportunidad, el primer mandatario provincial garantizó además el cumplimiento riguroso de la Ley de Biocidas que regula la actividad, con el objetivo de evitar la contaminación del medio ambiente. A la par, aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia toda la información necesaria para llevar a buen puerto la causa federal iniciada al respecto.
Por su parte, Edgardo Pérez de la Comisión Salud y Ambiente “Carta Abierta”, calificó “muy positivo” el encuentro, a la vez que consideró que “el gobierno del Chaco se puso al frente de los reclamos de La Leonesa y Las Palmas para revertir este proceso que tanto daño ocasiona a la población”.
Participaron del encuentro también el ministro de Producción, Enrique Orban; la doctora Ana Lía Otaño de la red “Miguel Carrillo” y “Carta Blanca”, y Hugo Deschuter de la comisión Salud y Ambiente de la organización “Carta Blanca”.
Fecha de Publicación: 12/02/2010
Fuente: Adventus
Provincia/Región: Chaco
Estará integrada por los Ministerios de Salud y Producción, la APA, Sameep y organizaciones ambientalistas. Tendrá a su cargo ampliar el estudio de impacto de las arroceras “San Carlos SRL” y “Cancha Larga SA” sobre la población de Las Palmas y La Leonesa.
El gobierno provincial creará una comisión integrada por distintas áreas del Estado y organizaciones ambientalistas para ampliar los estudios de impacto ambiental de las arroceras ubicadas en el Departamento Bermejo. Así lo anunció el gobernador Jorge Capitanich tras el encuentro que mantuvo esta mañana con representantes de las organizaciones Carta Abierta y Red de Salud Popular “Miguel Carrillo”.
En la oportunidad, el primer mandatario provincial garantizó además el cumplimiento riguroso de la Ley de Biocidas que regula la actividad, con el objetivo de evitar la contaminación del medio ambiente. A la par, aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia toda la información necesaria para llevar a buen puerto la causa federal iniciada al respecto.
Por su parte, Edgardo Pérez de la Comisión Salud y Ambiente “Carta Abierta”, calificó “muy positivo” el encuentro, a la vez que consideró que “el gobierno del Chaco se puso al frente de los reclamos de La Leonesa y Las Palmas para revertir este proceso que tanto daño ocasiona a la población”.
Participaron del encuentro también el ministro de Producción, Enrique Orban; la doctora Ana Lía Otaño de la red “Miguel Carrillo” y “Carta Blanca”, y Hugo Deschuter de la comisión Salud y Ambiente de la organización “Carta Blanca”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios