San Juan construirá un parque de energía solar
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San Juan construirá un parque de energía solar
Fecha de Publicación: 15/05/2009
Fuente: Cronista
Provincia/Región: San Juan
Invertirán u$s 120 millones. Será el único de América latina de la magnitud proyectada. En junio se abre la licitación. Participarían firmas alemanas, españolas y brasileñas
No se trata de una carrera de Fórmula Uno sino de un emprendimiento que promete ser único, hasta el momento, en América Latina. Al menos así se promociona.
José Luis Gioja, gobernador de San Juan, convocará a principios de junio a una licitación internacional para crear un parque de energía solar con paneles fotovoltaicos, que tendrá entre 1,5 y 2,4 megabatios. Por su magnitud, será único no sólo en la Argentina, sino en toda América Latina.
El Estado provincial ya se comprometió a invertir entre u$s 15 y u$s 20 millones, mientras busca financiación privada para poder hacer la planta fotovoltaica. Para eso se realizaron sondeos entre ejecutivos de las más grandes empresas españolas, alemanas y brasileñas, que estarían dispuestos a invertir entre u$s 15 y u$s 50 millones en una primera etapa. Luego, destinarían otros u$s 50 millones para poder producir el silicio de grado solar, que es mucho más purificado. Por lo tanto, la inversión total ascendería hasta u$s 120 millones. El proceso licitatorio dura tres meses, y se prevé que la adjudicación sea en septiembre. A partir de ese momento, tienen entre ocho y diez meses para la construcción, por lo cual se estima estará listo entre junio y septiembre del 2010.
“Estamos promoviendo el uso de energías alternativas renovables para ir cambiando la matriz energética del país, que necesita de energías limpias para una mejor calidad de vida. La idea es generar energía usando el calor de nuestra tierra, que lo iremos implementando en forma gradual, ya que es algo complejo”, anunció Gioja en la Casa de San Juan, en la porteña calle Sarmiento, lugar donde vivió Domingo Faustino Sarmiento, y declarado monumento histórico nacional, pues data de 1850.
“Estamos terminando de armar el pliego de licitación. Pedimos que se haga una pequeña planta piloto en un predio de cinco o seis hectáreas, para probar tres tipos de tecnología en paneles de silicio, que es lo que permite la generación de energías alternativas: será policristalino, monocristalino y amorfo”, explicó a El Cronista el diputado provincial Victor Manuel Doña, presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos.
La central estará compuesta por diferentes tipos de movimientos de paneles, que apuntan al sol. El objetivo, en un segundo paso, es instalar paneles en casas de familia, que inyecten energía a la red. De hecho, está previsto hacer pruebas domiciliarias en las casas construidas por el Plan Federal, ya que se estableció que un cupo tenga la obligación de llevar paneles. De esta manera, se reduce la contaminación ambiental, y representa una nueva puerta para el abastecimiento, ya que en algún momento el combustible se acabará; por eso, el gobierno provincial introducirá una tarifa especial.
Fecha de Publicación: 15/05/2009
Fuente: Cronista
Provincia/Región: San Juan
Invertirán u$s 120 millones. Será el único de América latina de la magnitud proyectada. En junio se abre la licitación. Participarían firmas alemanas, españolas y brasileñas
No se trata de una carrera de Fórmula Uno sino de un emprendimiento que promete ser único, hasta el momento, en América Latina. Al menos así se promociona.
José Luis Gioja, gobernador de San Juan, convocará a principios de junio a una licitación internacional para crear un parque de energía solar con paneles fotovoltaicos, que tendrá entre 1,5 y 2,4 megabatios. Por su magnitud, será único no sólo en la Argentina, sino en toda América Latina.
El Estado provincial ya se comprometió a invertir entre u$s 15 y u$s 20 millones, mientras busca financiación privada para poder hacer la planta fotovoltaica. Para eso se realizaron sondeos entre ejecutivos de las más grandes empresas españolas, alemanas y brasileñas, que estarían dispuestos a invertir entre u$s 15 y u$s 50 millones en una primera etapa. Luego, destinarían otros u$s 50 millones para poder producir el silicio de grado solar, que es mucho más purificado. Por lo tanto, la inversión total ascendería hasta u$s 120 millones. El proceso licitatorio dura tres meses, y se prevé que la adjudicación sea en septiembre. A partir de ese momento, tienen entre ocho y diez meses para la construcción, por lo cual se estima estará listo entre junio y septiembre del 2010.
“Estamos promoviendo el uso de energías alternativas renovables para ir cambiando la matriz energética del país, que necesita de energías limpias para una mejor calidad de vida. La idea es generar energía usando el calor de nuestra tierra, que lo iremos implementando en forma gradual, ya que es algo complejo”, anunció Gioja en la Casa de San Juan, en la porteña calle Sarmiento, lugar donde vivió Domingo Faustino Sarmiento, y declarado monumento histórico nacional, pues data de 1850.
“Estamos terminando de armar el pliego de licitación. Pedimos que se haga una pequeña planta piloto en un predio de cinco o seis hectáreas, para probar tres tipos de tecnología en paneles de silicio, que es lo que permite la generación de energías alternativas: será policristalino, monocristalino y amorfo”, explicó a El Cronista el diputado provincial Victor Manuel Doña, presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos.
La central estará compuesta por diferentes tipos de movimientos de paneles, que apuntan al sol. El objetivo, en un segundo paso, es instalar paneles en casas de familia, que inyecten energía a la red. De hecho, está previsto hacer pruebas domiciliarias en las casas construidas por el Plan Federal, ya que se estableció que un cupo tenga la obligación de llevar paneles. De esta manera, se reduce la contaminación ambiental, y representa una nueva puerta para el abastecimiento, ya que en algún momento el combustible se acabará; por eso, el gobierno provincial introducirá una tarifa especial.
Primer parque nacional bonaerense
Primer parque nacional bonaerense
Fecha de Publicación: 15/05/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de la reserva Campos del Tuyú
El Senado aprobó anteayer la creación del primer parque nacional en la provincia de Buenos Aires. Se trata de Campos del Tuyú, la reserva que la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) creó en 1979 y donó a la Administración de Parques Nacionales (APN).
La reserva tiene alrededor de 3000 hectáreas y está situada en la bahía de Samborombón, a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Diego Moreno, director general de FVSA, sostuvo: "La reserva fue creada con el fin de proteger y conservar el venado y el paisaje original de la pampa, ambos seriamente amenazados en la Argentina por acción de la caza y la conversión de los pastizales naturales para uso productivo".
"Hecho histórico"
La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada nacional Claudia Bernazza (Frente para la Victoria-Buenos Aires), quien consideró la creación del parque "un hecho histórico para la provincia de Buenos Aires y para la conservación de la biodiversidad". En este sentido, señaló que las oportunidades para actividades educativas y turísticas son un valor agregado clave de este proyecto.
Héctor Espina, presidente de la APN, afirmó: "Con esta incorporación al sistema de Parques Nacionales comenzamos a saldar una antigua deuda que la Nación tiene con una de las principales y más amenazadas ecorregiones del país".
Según se afirmó, la APN, a través de mecanismos de financiación internacional, tiene previstas inversiones en infraestructura para el nuevo parque nacional que rondan los 2.000.000 de pesos.
Fecha de Publicación: 15/05/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Se trata de la reserva Campos del Tuyú
El Senado aprobó anteayer la creación del primer parque nacional en la provincia de Buenos Aires. Se trata de Campos del Tuyú, la reserva que la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) creó en 1979 y donó a la Administración de Parques Nacionales (APN).
La reserva tiene alrededor de 3000 hectáreas y está situada en la bahía de Samborombón, a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Diego Moreno, director general de FVSA, sostuvo: "La reserva fue creada con el fin de proteger y conservar el venado y el paisaje original de la pampa, ambos seriamente amenazados en la Argentina por acción de la caza y la conversión de los pastizales naturales para uso productivo".
"Hecho histórico"
La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada nacional Claudia Bernazza (Frente para la Victoria-Buenos Aires), quien consideró la creación del parque "un hecho histórico para la provincia de Buenos Aires y para la conservación de la biodiversidad". En este sentido, señaló que las oportunidades para actividades educativas y turísticas son un valor agregado clave de este proyecto.
Héctor Espina, presidente de la APN, afirmó: "Con esta incorporación al sistema de Parques Nacionales comenzamos a saldar una antigua deuda que la Nación tiene con una de las principales y más amenazadas ecorregiones del país".
Según se afirmó, la APN, a través de mecanismos de financiación internacional, tiene previstas inversiones en infraestructura para el nuevo parque nacional que rondan los 2.000.000 de pesos.
Sali-Dulce: Quieren nacionalizar la lucha
Quieren nacionalizar la lucha por la contaminación de cuencas
Fecha de Publicación: 14/05/2009
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Jujuy - Córdoba - Salta - Santiago del Estero
Con miras a reforzar las actuaciones por el envenenamiento de la cuenca Salí-Dulce, el ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, hará el planteo ante sus pares de Adpra.
El encuentro que la mesa directiva de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) tendrá hoy en la provincia, es la oportunidad para que el defensor santiagueño, Martín Díaz Achával, avance en el propósito de sumar respaldo a la cruzada contra la contaminación de las aguas de la cuenca Salí-Dulce. Con miras a ello, pedirá que los defensores atiendan la problemática de la contaminación de las cuencas en la República
Así lo adelantó ayer a EL LIBERAL, al informar sobre la reunión que tendrá la mesa chica de la entidad que representa a los defensores de todo el país. Comentó que el motivo del encuentro es para decidir la fecha y el lugar del próximo plenario nacional en el que se renovarán autoridades. También se definirán los temas que tendrá el plenario y en ese momento Díaz Achával expondrá su propuesta.
“Lo que se pretende es nacionalizar la lucha contra la contaminación de las cuencas”, recalcó. De todos modos, dijo que seguramente van a plantearse otros temas.
Participarán la presidenta de Adpra y defensor de La Matanza (Buenos Aires), Silvia Caprino; el vicepresidente y defensor de Jujuy, Víctor Galarza. También llegarán el defensor de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosa; y el de Vicente López (Buenos Aires), Carlos Constela. Mientras tanto, desde ayer se encuentra en la provincia el defensor de Neuquén, Juan José Dutto.
El defensor sostuvo que la contaminación de cuencas “es un tema para tratar en el plenario”. Recordó que ya hubo por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce acciones conjuntas con las defensorías de Tucumán, Jujuy, Córdoba; y que también se firmó un acuerdo que incluyó a Salta.
Precisó que la intención de su pedido es que los defensores aúnen criterios, estrategias y que de algún modo vean lo que hizo Santiago y Tucumán, donde los gobiernos y los defensores provinciales comenzaron a tratar conjuntamente la problemática. Destacó en ese sentido, la conformación del Comité de Cuenca en el que interviene la Nación. “Que se reproduzcan los mecanismos institucionales, se involucren todos los sectores y que la población tome conciencia”, sostuvo sobre los objetivos a los que se deben llegar.
El ombudsman local dijo que ya habría un eco favorable en sus pares para incorporar su propuesta en el temario del próximo plenario, aunque de todos modos espera confirmarlo hoy.
Fecha de Publicación: 14/05/2009
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Jujuy - Córdoba - Salta - Santiago del Estero
Con miras a reforzar las actuaciones por el envenenamiento de la cuenca Salí-Dulce, el ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, hará el planteo ante sus pares de Adpra.
El encuentro que la mesa directiva de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) tendrá hoy en la provincia, es la oportunidad para que el defensor santiagueño, Martín Díaz Achával, avance en el propósito de sumar respaldo a la cruzada contra la contaminación de las aguas de la cuenca Salí-Dulce. Con miras a ello, pedirá que los defensores atiendan la problemática de la contaminación de las cuencas en la República
Así lo adelantó ayer a EL LIBERAL, al informar sobre la reunión que tendrá la mesa chica de la entidad que representa a los defensores de todo el país. Comentó que el motivo del encuentro es para decidir la fecha y el lugar del próximo plenario nacional en el que se renovarán autoridades. También se definirán los temas que tendrá el plenario y en ese momento Díaz Achával expondrá su propuesta.
“Lo que se pretende es nacionalizar la lucha contra la contaminación de las cuencas”, recalcó. De todos modos, dijo que seguramente van a plantearse otros temas.
Participarán la presidenta de Adpra y defensor de La Matanza (Buenos Aires), Silvia Caprino; el vicepresidente y defensor de Jujuy, Víctor Galarza. También llegarán el defensor de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosa; y el de Vicente López (Buenos Aires), Carlos Constela. Mientras tanto, desde ayer se encuentra en la provincia el defensor de Neuquén, Juan José Dutto.
El defensor sostuvo que la contaminación de cuencas “es un tema para tratar en el plenario”. Recordó que ya hubo por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce acciones conjuntas con las defensorías de Tucumán, Jujuy, Córdoba; y que también se firmó un acuerdo que incluyó a Salta.
Precisó que la intención de su pedido es que los defensores aúnen criterios, estrategias y que de algún modo vean lo que hizo Santiago y Tucumán, donde los gobiernos y los defensores provinciales comenzaron a tratar conjuntamente la problemática. Destacó en ese sentido, la conformación del Comité de Cuenca en el que interviene la Nación. “Que se reproduzcan los mecanismos institucionales, se involucren todos los sectores y que la población tome conciencia”, sostuvo sobre los objetivos a los que se deben llegar.
El ombudsman local dijo que ya habría un eco favorable en sus pares para incorporar su propuesta en el temario del próximo plenario, aunque de todos modos espera confirmarlo hoy.
El glifosato es cuestionado
Piden analizar el riesgo sanitario del glifosato, el herbicida más usado en Argentina
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Un comité de ética científica recomendó al Gobierno argentino la "urgente creación" de una comisión para analizar los riesgos sanitarios del glifosato, el herbicida más usado en el país, después de que un estudio advirtiera que puede producir malformaciones, informó hoy la prensa local.
El Comité Nacional de Ética en la Ciencia y en la Tecnología también pidió al ministro del área, Lino Barañao, que los expertos convocados para integrar la comisión no tengan vinculación académica o económica con empresas del sector, precisó el diario Página/12.
La recomendación fue hecha después de que el profesor de embriología Andrés Carrasco liderara una investigación que concluyó que el herbicida utilizado para la soja transgénica, el principal cultivo de Argentina, puede producir malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas.
Para llevar adelante su investigación, Carrasco inyectó dosis de glifosato en embriones anfibios con resultados "totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano", explicó el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y también director del Laboratorio de Embriología Molecular.
Las dosis de herbicida empleadas para el estudio "estuvieron muy por debajo de los niveles que se usan en las fumigaciones", por lo que la situación "es mucho más grave" debido a que "el glifosato no degrada", advirtió Carrasco a Efe en abril pasado.
El lunes pasado, más de 300 científicos y miembros de organizaciones sociales publicaron en la prensa una carta en la que repudiaron los "ataques y amenazas" sufridos recientemente por Carrasco y denunciaron que políticos, funcionarios y comunicadores contratados por corporaciones económicas" buscan "silenciar" esta investigación.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes y la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos afirmó el mes pasado que el glifosato está "clasificado entre los productos que normalmente no ofrecen peligro" y aseguró que "es utilizado con éxito en todo el mundo, clasificado como de baja toxicidad".
En Argentina se utilizan anualmente entre 180 y 200 millones de litros de glisofato, producido por la multinacional Monsanto, para fumigar 18 millones de hectáreas de cultivos.
Carrasco puso como ejemplo lo ocurrido en Ituzaingó, una barriada de 5.000 personas en la periferia de Córdoba (centro de Argentina), donde en los últimos ocho años se constataron cerca de 300 casos de cáncer asociados a las fumigaciones con plaguicidas.
Ante las denuncias judiciales relacionadas con el uso desproporcionado de pesticidas en el cultivo de soja transgénica, en febrero último el Ministerio de Salud creó un grupo para investigar la problemática en cuatro provincias argentinas.
Argentina es el tercer exportador mundial de soja y ocupa también puestos de relevancia en el comercio global de derivados (aceites y harinas) de ese grano.
Marche un estudio urgente sobre el glifosato
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Comité de Etica del Ministerio de Ciencia recomendó la “urgente” creación de una comisión de especialistas para analizar los efectos del herbicida estrella en la industria de la soja. Deberán ser científicos sin vinculación con empresas agroindustriales.
El debate sobre el glifosato subió un peldaño. El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología (Cecte) recomendó al ministro del área, Lino Barañao, la “urgente creación” de una comisión interdisciplinaria de especialistas para que se expida sobre los “posibles riesgos” del uso del químico estrella en el modelo actual de la agroindustria local. También pidió que los expertos convocados no tengan vinculación académica o económica (ni pasada ni presente) con empresas del sector. La recomendación del Cecte se produjo como consecuencia del debate que abrió la publicación en Página/12 de la investigación del científico Andrés Carrasco, que confirmó efectos letales del glifosato en embriones anfibios.
Carrasco, investigador de la UBA y el Conicet, había asegurado que hace un mes confirmó mediante ensayos de laboratorio el efecto devastador del glifosato en embriones, aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron y, sobre todo, lo que centenares de pueblos fumigados vienen denunciando”, remarcaba el investigador. Desde entonces, fue blanco de presiones de las empresas del ramo y sufrió amenazas e intimidaciones.
El 4 de mayo se reunieron los miembros del Cecte y ayer finalmente hicieron pública su conclusión. “Controversia acerca de posibles riesgos por el uso del herbicida glifosato”, es el nombre del escrito, de una carilla y media.
“El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología recibió expresiones de inquietud relacionadas con la difusión periodística de trabajos de investigación realizados por el grupo del doctor Andrés Carrasco. Dicha información ha renovado la preocupación sobre los posibles efectos perjudiciales para la salud del herbicida glifosato, utilizado extensivamente en la Argentina, en particular en los cultivos de soja”, arranca el dictamen y considera más adelante que el debate abierto por las notas de este diario es “un tema relevante que da lugar a controversias éticas, afecta a la integridad en la investigación y compromete además las relaciones de la ciencia y la tecnología con la economía, la producción agropecuaria, la preservación del medio ambiente, la salud y el bienestar de la población”.
El texto recomienda al Ministerio de Ciencia conformar de manera “urgente una comisión de especialistas de la más alta jerarquía científica y técnica”, que sea interdisciplinaria y que realice “una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos sobre poblaciones humanas”. Solicita que se analice la bibliografía posterior a la aprobación del agrotóxico, los experimentos de laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana y la comparación con otros herbicidas. Y argumenta: “A nivel internacional y nacional existen tanto denuncias acerca de los efectos tóxicos del glifosato sobre humanos como bibliografía que demostraría su inocuidad”.
“Más allá de estas afirmaciones encontradas, los antecedentes de las grandes empresas productoras y comercializadoras del glifosato constituyen otro factor insoslayable en el análisis de la situación por la generación de intereses económicos entre los actores relacionados con el problema, dentro y fuera de la comunidad científica”, advierte el comité, integrado por Alberto Kornblihtt, Armando Parodi, Noé Jitrik y Aída Kemelmajer, entre otros, y coordinado por Otilia Vainstok.
No es la primera vez que el Cecte elabora un caso sobre temas controvertidos en los medios. El organismo considera “que uno de sus objetivos es contribuir a la construcción de una opinión pública informada” que permita a los sectores sociales involucrados “elegir responsable y democráticamente qué riesgos asumen y cuáles no”.
Tras la publicación de su investigación en este diario, Carrasco denunció haber recibido una amenaza telefónica y relató que representantes de la cámara del sector se presentaron en su laboratorio de la Facultad de Medicina. Mediante una carta pública, más de 300 investigadores e intelectuales nacionales y extranjeros, y referentes de organismos de derechos humanos repudiaron las amenazas sufridas por el investigador.
Ahora, el Comité de Etica recomienda convocar a investigadores provenientes de diversas disciplinas (ecología, epidemiología, toxicología, embriología, química orgánica, producción agropecuaria, ciencias ambientales, manejo de suelos, sociología rural y ética de la investigación científica) “que no hayan tenido ni tengan relación académica o económica con empresas nacionales o multinacionales vinculadas a la producción agropecuaria relacionada con el glifosato y la soja”. La comisión de expertos debería tomar en consideración:
- La necesidad de una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos del glifosato sobre las personas.
- La bibliografía posterior a la autorización relacionada con el uso del herbicida en Argentina. Aquí, el comité aporta como referencia estudios de ambas mitades de la biblioteca: los que manejan las empresas del sector y los que señalan los efectos nocivos que produciría.
- El alcance de los experimentos realizados en laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana.
- La comparación de los efectos del glifosato con los de otros herbicidas o agroquímicos de uso masivo.
- La posibilidad de promover investigaciones interdisciplinarias sobre el tema.
El comité propone que “en un plazo razonablemente breve” la comisión elabore un informe exhaustivo sobre los riesgos reales y potenciales del uso del glifosato.
Ahora proponen una ley para prohibir el glifosato
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: La Capital On Line
Provincia/Región: Santa Fe
Santa Fe.— La Legislatura de la provincia estudia por estas horas un proyecto para prohibir la aspersión de glifosato en todo el territorio santafesino. El proyecto habla de "prohibir la aplicación mediante aspersión aérea (fumigar con avionetas) de plaguicidas sintético químico". Pero además prohíbe específicamente la aplicación mediante cualquier método, del herbicida glifosato en los nombres comerciales en que se presente, a partir de transcurridos y cumplidos veinticuatro (24) meses desde la fecha de sanción de la ley.
"Hicimos un estudio de salud y legislación y resulta que en Alemania lo prohibieron y en la Argentina es libre, tal vez por presiones de quienes ganan plata a costa de cualquier cosa", sostuvo la diputada Claudia Saldaña (PJ), autora del proyecto.
Por caso se tomaron denuncias del médico Rodolfo Peramo, de Malabrigo, acerca de la relación entre el herbicida y la salud. En esa localidad, afirma la diputada y se consigna en el proyecto, hubo casos de nacimientos de 12 niños con malformaciones en el término de un año. Y lo "llamativo eran anancefalia y meliomeningocele e hidrocefalia", afirmó Saldaña.
La legisladora espera que la oposición y el Ejecutivo apoyen su iniciativa, que acompaña en su totalidad el bloque del Frente para la Victoria. "Hay sectores que lamentablemente trabajan contra los intereses de la gente, no es sólo el campo el perjudicado, cuando la soja llega a puerto también se desprende toxicidad. Esperemos que sea una ley sancionada rápidamente", se entusiasmó.
En números, y siempre según los datos que muestra la autora del proyecto, la evolución de la soja fue abrupta: en 1974 había 370 mil hectáreas sembradas en la Argentina; en 1979 eran 2,1 millones; en 1989, 5,1 millones; en 1999, 8,8 millones, y ahora ya llegaron a las 17 millones de hectáreas.
"En la Argentina entró el glifosato, que es utilizado desde la misma época de la aparición de la semilla trangénica y hubo muchos problemas", reseñó Saldaña.
En el proyecto se establece que la provincia, a través de sus organismos, arbitrará las medidas de control necesarias para evitar la producción, importación, acumulación, comercialización y utilización del glifosato, y quienes infrinjan esto tendrán una sanción de 5 mil hasta un millón de pesos, decomiso de los productos y de las producciones agrícolas obtenidas con utilización del herbicida.
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Un comité de ética científica recomendó al Gobierno argentino la "urgente creación" de una comisión para analizar los riesgos sanitarios del glifosato, el herbicida más usado en el país, después de que un estudio advirtiera que puede producir malformaciones, informó hoy la prensa local.
El Comité Nacional de Ética en la Ciencia y en la Tecnología también pidió al ministro del área, Lino Barañao, que los expertos convocados para integrar la comisión no tengan vinculación académica o económica con empresas del sector, precisó el diario Página/12.
La recomendación fue hecha después de que el profesor de embriología Andrés Carrasco liderara una investigación que concluyó que el herbicida utilizado para la soja transgénica, el principal cultivo de Argentina, puede producir malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas.
Para llevar adelante su investigación, Carrasco inyectó dosis de glifosato en embriones anfibios con resultados "totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano", explicó el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y también director del Laboratorio de Embriología Molecular.
Las dosis de herbicida empleadas para el estudio "estuvieron muy por debajo de los niveles que se usan en las fumigaciones", por lo que la situación "es mucho más grave" debido a que "el glifosato no degrada", advirtió Carrasco a Efe en abril pasado.
El lunes pasado, más de 300 científicos y miembros de organizaciones sociales publicaron en la prensa una carta en la que repudiaron los "ataques y amenazas" sufridos recientemente por Carrasco y denunciaron que políticos, funcionarios y comunicadores contratados por corporaciones económicas" buscan "silenciar" esta investigación.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes y la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos afirmó el mes pasado que el glifosato está "clasificado entre los productos que normalmente no ofrecen peligro" y aseguró que "es utilizado con éxito en todo el mundo, clasificado como de baja toxicidad".
En Argentina se utilizan anualmente entre 180 y 200 millones de litros de glisofato, producido por la multinacional Monsanto, para fumigar 18 millones de hectáreas de cultivos.
Carrasco puso como ejemplo lo ocurrido en Ituzaingó, una barriada de 5.000 personas en la periferia de Córdoba (centro de Argentina), donde en los últimos ocho años se constataron cerca de 300 casos de cáncer asociados a las fumigaciones con plaguicidas.
Ante las denuncias judiciales relacionadas con el uso desproporcionado de pesticidas en el cultivo de soja transgénica, en febrero último el Ministerio de Salud creó un grupo para investigar la problemática en cuatro provincias argentinas.
Argentina es el tercer exportador mundial de soja y ocupa también puestos de relevancia en el comercio global de derivados (aceites y harinas) de ese grano.
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Marche un estudio urgente sobre el glifosato
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Comité de Etica del Ministerio de Ciencia recomendó la “urgente” creación de una comisión de especialistas para analizar los efectos del herbicida estrella en la industria de la soja. Deberán ser científicos sin vinculación con empresas agroindustriales.
El debate sobre el glifosato subió un peldaño. El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología (Cecte) recomendó al ministro del área, Lino Barañao, la “urgente creación” de una comisión interdisciplinaria de especialistas para que se expida sobre los “posibles riesgos” del uso del químico estrella en el modelo actual de la agroindustria local. También pidió que los expertos convocados no tengan vinculación académica o económica (ni pasada ni presente) con empresas del sector. La recomendación del Cecte se produjo como consecuencia del debate que abrió la publicación en Página/12 de la investigación del científico Andrés Carrasco, que confirmó efectos letales del glifosato en embriones anfibios.
Carrasco, investigador de la UBA y el Conicet, había asegurado que hace un mes confirmó mediante ensayos de laboratorio el efecto devastador del glifosato en embriones, aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron y, sobre todo, lo que centenares de pueblos fumigados vienen denunciando”, remarcaba el investigador. Desde entonces, fue blanco de presiones de las empresas del ramo y sufrió amenazas e intimidaciones.
El 4 de mayo se reunieron los miembros del Cecte y ayer finalmente hicieron pública su conclusión. “Controversia acerca de posibles riesgos por el uso del herbicida glifosato”, es el nombre del escrito, de una carilla y media.
“El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología recibió expresiones de inquietud relacionadas con la difusión periodística de trabajos de investigación realizados por el grupo del doctor Andrés Carrasco. Dicha información ha renovado la preocupación sobre los posibles efectos perjudiciales para la salud del herbicida glifosato, utilizado extensivamente en la Argentina, en particular en los cultivos de soja”, arranca el dictamen y considera más adelante que el debate abierto por las notas de este diario es “un tema relevante que da lugar a controversias éticas, afecta a la integridad en la investigación y compromete además las relaciones de la ciencia y la tecnología con la economía, la producción agropecuaria, la preservación del medio ambiente, la salud y el bienestar de la población”.
El texto recomienda al Ministerio de Ciencia conformar de manera “urgente una comisión de especialistas de la más alta jerarquía científica y técnica”, que sea interdisciplinaria y que realice “una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos sobre poblaciones humanas”. Solicita que se analice la bibliografía posterior a la aprobación del agrotóxico, los experimentos de laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana y la comparación con otros herbicidas. Y argumenta: “A nivel internacional y nacional existen tanto denuncias acerca de los efectos tóxicos del glifosato sobre humanos como bibliografía que demostraría su inocuidad”.
“Más allá de estas afirmaciones encontradas, los antecedentes de las grandes empresas productoras y comercializadoras del glifosato constituyen otro factor insoslayable en el análisis de la situación por la generación de intereses económicos entre los actores relacionados con el problema, dentro y fuera de la comunidad científica”, advierte el comité, integrado por Alberto Kornblihtt, Armando Parodi, Noé Jitrik y Aída Kemelmajer, entre otros, y coordinado por Otilia Vainstok.
No es la primera vez que el Cecte elabora un caso sobre temas controvertidos en los medios. El organismo considera “que uno de sus objetivos es contribuir a la construcción de una opinión pública informada” que permita a los sectores sociales involucrados “elegir responsable y democráticamente qué riesgos asumen y cuáles no”.
Tras la publicación de su investigación en este diario, Carrasco denunció haber recibido una amenaza telefónica y relató que representantes de la cámara del sector se presentaron en su laboratorio de la Facultad de Medicina. Mediante una carta pública, más de 300 investigadores e intelectuales nacionales y extranjeros, y referentes de organismos de derechos humanos repudiaron las amenazas sufridas por el investigador.
Ahora, el Comité de Etica recomienda convocar a investigadores provenientes de diversas disciplinas (ecología, epidemiología, toxicología, embriología, química orgánica, producción agropecuaria, ciencias ambientales, manejo de suelos, sociología rural y ética de la investigación científica) “que no hayan tenido ni tengan relación académica o económica con empresas nacionales o multinacionales vinculadas a la producción agropecuaria relacionada con el glifosato y la soja”. La comisión de expertos debería tomar en consideración:
- La necesidad de una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos del glifosato sobre las personas.
- La bibliografía posterior a la autorización relacionada con el uso del herbicida en Argentina. Aquí, el comité aporta como referencia estudios de ambas mitades de la biblioteca: los que manejan las empresas del sector y los que señalan los efectos nocivos que produciría.
- El alcance de los experimentos realizados en laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana.
- La comparación de los efectos del glifosato con los de otros herbicidas o agroquímicos de uso masivo.
- La posibilidad de promover investigaciones interdisciplinarias sobre el tema.
El comité propone que “en un plazo razonablemente breve” la comisión elabore un informe exhaustivo sobre los riesgos reales y potenciales del uso del glifosato.
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Ahora proponen una ley para prohibir el glifosato
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: La Capital On Line
Provincia/Región: Santa Fe
Santa Fe.— La Legislatura de la provincia estudia por estas horas un proyecto para prohibir la aspersión de glifosato en todo el territorio santafesino. El proyecto habla de "prohibir la aplicación mediante aspersión aérea (fumigar con avionetas) de plaguicidas sintético químico". Pero además prohíbe específicamente la aplicación mediante cualquier método, del herbicida glifosato en los nombres comerciales en que se presente, a partir de transcurridos y cumplidos veinticuatro (24) meses desde la fecha de sanción de la ley.
"Hicimos un estudio de salud y legislación y resulta que en Alemania lo prohibieron y en la Argentina es libre, tal vez por presiones de quienes ganan plata a costa de cualquier cosa", sostuvo la diputada Claudia Saldaña (PJ), autora del proyecto.
Por caso se tomaron denuncias del médico Rodolfo Peramo, de Malabrigo, acerca de la relación entre el herbicida y la salud. En esa localidad, afirma la diputada y se consigna en el proyecto, hubo casos de nacimientos de 12 niños con malformaciones en el término de un año. Y lo "llamativo eran anancefalia y meliomeningocele e hidrocefalia", afirmó Saldaña.
La legisladora espera que la oposición y el Ejecutivo apoyen su iniciativa, que acompaña en su totalidad el bloque del Frente para la Victoria. "Hay sectores que lamentablemente trabajan contra los intereses de la gente, no es sólo el campo el perjudicado, cuando la soja llega a puerto también se desprende toxicidad. Esperemos que sea una ley sancionada rápidamente", se entusiasmó.
En números, y siempre según los datos que muestra la autora del proyecto, la evolución de la soja fue abrupta: en 1974 había 370 mil hectáreas sembradas en la Argentina; en 1979 eran 2,1 millones; en 1989, 5,1 millones; en 1999, 8,8 millones, y ahora ya llegaron a las 17 millones de hectáreas.
"En la Argentina entró el glifosato, que es utilizado desde la misma época de la aparición de la semilla trangénica y hubo muchos problemas", reseñó Saldaña.
En el proyecto se establece que la provincia, a través de sus organismos, arbitrará las medidas de control necesarias para evitar la producción, importación, acumulación, comercialización y utilización del glifosato, y quienes infrinjan esto tendrán una sanción de 5 mil hasta un millón de pesos, decomiso de los productos y de las producciones agrícolas obtenidas con utilización del herbicida.
Derrame de petróleo divide a una ciudad
El plebiscito por un derrame de petróleo divide a una ciudad
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
En Magdalena votan si aceptan una oferta de Shell. La consulta es el domingo. En un arreglo extrajudicial, la petrolera ofreció 9,5 millones de dólares. El peor derrame de este tipo en aguas dulces argentinas se produjo en 1999 tras el choque de 2 barcos.
Hace diez años, 30 kilómetros de playas y humedales de la costa de Magdalena se tiñeron de petróleo. También se vistió de negro el futuro de sus habitantes. Este domingo ellos deberán decidir, a través de un plebiscito, si aceptan los U$S9,5 millones que ofrece la petrolera Shell, acusada por el municipio de responsable del derrame. O si están a favor de continuar el juicio.
El 15 de enero de 1999, el buque Estrella Pampeana de Shell, y el barco Sea Paraná, de bandera alemana, chocaron en el Río de la Plata. Fue el comienzo del peor desastre de su tipo en aguas dulces en el país: se derramaron 5.300 metros cúbicos (5.300.000 litros) de hidrocarburos. Dos meses después la Municipalidad demandó a la petrolera para que repare el ambiente y realice un manejo adecuado de los residuos peligrosos. Pero la mitad de esos diez años la Justicia se ocupó de discutir qué tribunal debía atender el caso que hoy espera en un juzgado federal de Capital, al igual que las demandas de unos 500 vecinos que reclaman por daños a la salud, el ambiente y la economía.
Magdalena tiene unos 20.000 habitantes y sus cuatro cárceles son la principal fuente laboral. Este domingo, 12.000 personas están en condiciones de votar el acuerdo extrajudicial al que llegaron Shell y el municipio, y que busca poner fin a la demanda. El acta acuerdo, a la que accedió Clarín, no habla de indemnización. Dice: "La presente transacción se lleva a cabo al mero efecto conciliatorio y no implica el reconocimiento de responsabilidad alguna en los hechos". Y más adelante aclara que, tras el pago, la Municipalidad "desistirá de los procesos iniciados".
Además, Shell ofrece "su colaboración desinteresada y no vinculante para brindar asesoramiento legal, ambiental, tecnológico, de diseño y planificación" para un plan de desarrollo turístico en el corredor ribereño de Magdalena a Atalaya, la instalación de un parque industrial y un programa de tratamiento de residuos sólidos.
"Si pagan es porque reconocen los hechos. El acuerdo es positivo porque pone fin a una causa con futuro incierto", dijo a Clarín el intendente de Magdalena, Fernando Carballo (PJ), quien en abril de 2006, cuando la princesa Máxima de Holanda visitó la Argentina, le pidió que interceda en el conflicto. "Hay consenso entre el PJ, la UCR y entidades intermedias del distrito -dijo Carballo-. Si bien legalmente el plebiscito no es vinculante, si la mitad más uno de los votantes dice que sí, el convenio quedará convalidado. Más del 70% de la gente irá por la positiva", adelantó confiado. ¿En qué se va a usar la plata? Peronistas y radicales dicen que se crearán comisiones de trabajo para decidir las obras. Incluso, que el dinero se depositará en una cuenta especial.
¿Qué dice la gente? Hay confundidos, desinformados, descreídos que piensan que la plata se la van a quedar los políticos y también esperanzados que creen que el dinero ayudará a mejorar la ciudad. "El corredor turístico y la repavimentación de la ruta 11, que está muy mal, son obras necesarias", opinan Justina Fernández (docente) y su esposo Gustavo Villafañe (médico), ambos de 57 años. "El juicio va para largo, es más conveniente arreglar ahora", dicen en la costa del río Marcela Balmaceda (33, ama de casa) y su marido Héctor González (39, empleado penitenciario). También conviven resquemores y enfrentamientos entre la docena de demandantes que acordaron extrajudicialmente con Shell (hay junqueros que recibieron U$S13.000) y quienes esperan un fallo justo.
En Shell afirman que "estudios nacionales e internacionales indican que hace 6 años no hay rastros de petróleo en la costa". Sin embargo, los ambientalistas de la ONG Ala Plástica aseguran que "la alteración del ecosistema costero no pudo ser revertido en diez años". Y que "el daño aún existe".
Fecha de Publicación: 13/05/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
En Magdalena votan si aceptan una oferta de Shell. La consulta es el domingo. En un arreglo extrajudicial, la petrolera ofreció 9,5 millones de dólares. El peor derrame de este tipo en aguas dulces argentinas se produjo en 1999 tras el choque de 2 barcos.
Hace diez años, 30 kilómetros de playas y humedales de la costa de Magdalena se tiñeron de petróleo. También se vistió de negro el futuro de sus habitantes. Este domingo ellos deberán decidir, a través de un plebiscito, si aceptan los U$S9,5 millones que ofrece la petrolera Shell, acusada por el municipio de responsable del derrame. O si están a favor de continuar el juicio.
El 15 de enero de 1999, el buque Estrella Pampeana de Shell, y el barco Sea Paraná, de bandera alemana, chocaron en el Río de la Plata. Fue el comienzo del peor desastre de su tipo en aguas dulces en el país: se derramaron 5.300 metros cúbicos (5.300.000 litros) de hidrocarburos. Dos meses después la Municipalidad demandó a la petrolera para que repare el ambiente y realice un manejo adecuado de los residuos peligrosos. Pero la mitad de esos diez años la Justicia se ocupó de discutir qué tribunal debía atender el caso que hoy espera en un juzgado federal de Capital, al igual que las demandas de unos 500 vecinos que reclaman por daños a la salud, el ambiente y la economía.
Magdalena tiene unos 20.000 habitantes y sus cuatro cárceles son la principal fuente laboral. Este domingo, 12.000 personas están en condiciones de votar el acuerdo extrajudicial al que llegaron Shell y el municipio, y que busca poner fin a la demanda. El acta acuerdo, a la que accedió Clarín, no habla de indemnización. Dice: "La presente transacción se lleva a cabo al mero efecto conciliatorio y no implica el reconocimiento de responsabilidad alguna en los hechos". Y más adelante aclara que, tras el pago, la Municipalidad "desistirá de los procesos iniciados".
Además, Shell ofrece "su colaboración desinteresada y no vinculante para brindar asesoramiento legal, ambiental, tecnológico, de diseño y planificación" para un plan de desarrollo turístico en el corredor ribereño de Magdalena a Atalaya, la instalación de un parque industrial y un programa de tratamiento de residuos sólidos.
"Si pagan es porque reconocen los hechos. El acuerdo es positivo porque pone fin a una causa con futuro incierto", dijo a Clarín el intendente de Magdalena, Fernando Carballo (PJ), quien en abril de 2006, cuando la princesa Máxima de Holanda visitó la Argentina, le pidió que interceda en el conflicto. "Hay consenso entre el PJ, la UCR y entidades intermedias del distrito -dijo Carballo-. Si bien legalmente el plebiscito no es vinculante, si la mitad más uno de los votantes dice que sí, el convenio quedará convalidado. Más del 70% de la gente irá por la positiva", adelantó confiado. ¿En qué se va a usar la plata? Peronistas y radicales dicen que se crearán comisiones de trabajo para decidir las obras. Incluso, que el dinero se depositará en una cuenta especial.
¿Qué dice la gente? Hay confundidos, desinformados, descreídos que piensan que la plata se la van a quedar los políticos y también esperanzados que creen que el dinero ayudará a mejorar la ciudad. "El corredor turístico y la repavimentación de la ruta 11, que está muy mal, son obras necesarias", opinan Justina Fernández (docente) y su esposo Gustavo Villafañe (médico), ambos de 57 años. "El juicio va para largo, es más conveniente arreglar ahora", dicen en la costa del río Marcela Balmaceda (33, ama de casa) y su marido Héctor González (39, empleado penitenciario). También conviven resquemores y enfrentamientos entre la docena de demandantes que acordaron extrajudicialmente con Shell (hay junqueros que recibieron U$S13.000) y quienes esperan un fallo justo.
En Shell afirman que "estudios nacionales e internacionales indican que hace 6 años no hay rastros de petróleo en la costa". Sin embargo, los ambientalistas de la ONG Ala Plástica aseguran que "la alteración del ecosistema costero no pudo ser revertido en diez años". Y que "el daño aún existe".
El aire envenenado
El aire envenenado
Fecha de Publicación: 11/05/2009
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Misiones
En Misiones, cinco de cada 1000 niños nacen con malformaciones debida a la aplicación de agrotóxicos a los cultivos de tabaco y a las fábricas de pasta de papel, denunciaron organizaciones ecologistas que citaron datos oficiales.
Los casos se reiteran en las zonas tabacaleras y papeleras, donde se usan agrotóxicos, y el problema se traslada a todo el ambiente, con la degradación del suelo, la contaminación del aire y el envenenamiento de los cursos de agua.
Cinco de cada 1000 niños nacen afectados de meliomeningocele, una malformación del sistema nervioso central. La provincia, que por otra parte se ha manifestado a favor de las pasteras de Fray Bentos, cuenta con una norma creada para evitar estas situaciones, la ley de agrotóxicos 2980, que debe ser aplicada por el ministerio de Ecología.
Los problemas de salud quedaron demostrados por las investigaciones que lleva adelante el doctor Juan Carlos Demaio, jefe de cirugía del hospital provincial Ramón Madariaga.
Sin presupuesto y contra los intereses de tabacaleras y papeleras, alertó a tomar conciencia y parar de una vez con el uso indiscriminado de agrotóxicos que mal forman el futuro.
En Misiones, el 13 por ciento de la población tiene alguna discapacidad, duplicando casi la media nacional. Este alerta se produjo en el marco de las terceras jornadas de discapacidad y derechos Humanos que, organizadas por la CTA, Pami y la secretaría de Derechos Humanos que se realizaron en Posadas.
Las investigaciones de Demaio comenzaron con la detección de un gran número de chicos con malformaciones del sistema nervioso central, llamada mioelomelingocele (MMC), que implica que nazcan con la médula abierta, quedando con incontinencia urinaria, fecal y trastornos motores de miembros inferiores.
Ante esta detección en 1987 creó el Centro de Investigación, Estudio y Tratamiento de Enfermedades Malformativas de Misiones, que comenzó por identificar en qué zonas habían sido gestados los niños afectados ya que esta malformación se provoca en los 28 días de gestación. "Luego de visitar todas las zonas rurales y ver el consumo de agrotóxicos certificamos que nuestros pacientes venían de los lugares donde más agrotóxicos se utilizaban", afirmó.
Estas investigaciones fueron paralelas a las del genoma humano por lo que se comenzó a buscar en los genes que manejan la detoxificación del medio, cuál podía ser el gen responsable de esta malformación. Trabajaron con niños sin ninguna patología, viendo cómo se comportaba su genoma frente a la presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos que se encuentran como contaminantes, vehículos o en la estructura química principal de muchos plaguicidas que se utilizan en la provincia de Misiones.
El resultado fue que los pacientes con MMC tenían una diferencia muy significativa en cuanto al gen estudiado y a las formas mutadas del mismo que le confieren a quien lo porta una susceptibilidad especial a los contaminantes, provocándoles fenómenos de mutagénesis, teratogénesis y toxicidad.
La perdida de capacidad de aprendizaje por modificación del genoma humano implica que se sea transmitida a los propios hijos. Todas estas lesiones están contempladas en la ley de agrotóxicos, la cual en su artículo siete dice que no deben utilizarse aquellos agroquímicos que está prohibido su uso en su país de origen o en un país desarrollado que se haya demostrado que producen las lesiones mencionadas.
"Esto se hizo acá, sin presupuesto, sin ayuda y en contra de todos los que financian los proyectos de investigación que les conviene porque esta provincia no se fumiga con la mochila detrás de la espalda, sino con aviones", señaló.
"Cuando vemos qué presupuesto tiene para Iberoamérica Monsanto, que tiene su gran agencia acá en Posadas, 30 mil millones de dólares son los que invierten en agrotóxicos para que unos pocos sean muy ricos y para que todos los demás seamos discapacitados".
En el 2001 fue aprobado un proyecto de ley, por iniciativa de Demaio, sobre el uso de ácido fólico en mujeres en edad gestacional, el cual disminuye el riesgo de MMC. Sin embargo, la ley sigue sin cumplirse.
Fecha de Publicación: 11/05/2009
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Misiones
En Misiones, cinco de cada 1000 niños nacen con malformaciones debida a la aplicación de agrotóxicos a los cultivos de tabaco y a las fábricas de pasta de papel, denunciaron organizaciones ecologistas que citaron datos oficiales.
Los casos se reiteran en las zonas tabacaleras y papeleras, donde se usan agrotóxicos, y el problema se traslada a todo el ambiente, con la degradación del suelo, la contaminación del aire y el envenenamiento de los cursos de agua.
Cinco de cada 1000 niños nacen afectados de meliomeningocele, una malformación del sistema nervioso central. La provincia, que por otra parte se ha manifestado a favor de las pasteras de Fray Bentos, cuenta con una norma creada para evitar estas situaciones, la ley de agrotóxicos 2980, que debe ser aplicada por el ministerio de Ecología.
Los problemas de salud quedaron demostrados por las investigaciones que lleva adelante el doctor Juan Carlos Demaio, jefe de cirugía del hospital provincial Ramón Madariaga.
Sin presupuesto y contra los intereses de tabacaleras y papeleras, alertó a tomar conciencia y parar de una vez con el uso indiscriminado de agrotóxicos que mal forman el futuro.
En Misiones, el 13 por ciento de la población tiene alguna discapacidad, duplicando casi la media nacional. Este alerta se produjo en el marco de las terceras jornadas de discapacidad y derechos Humanos que, organizadas por la CTA, Pami y la secretaría de Derechos Humanos que se realizaron en Posadas.
Las investigaciones de Demaio comenzaron con la detección de un gran número de chicos con malformaciones del sistema nervioso central, llamada mioelomelingocele (MMC), que implica que nazcan con la médula abierta, quedando con incontinencia urinaria, fecal y trastornos motores de miembros inferiores.
Ante esta detección en 1987 creó el Centro de Investigación, Estudio y Tratamiento de Enfermedades Malformativas de Misiones, que comenzó por identificar en qué zonas habían sido gestados los niños afectados ya que esta malformación se provoca en los 28 días de gestación. "Luego de visitar todas las zonas rurales y ver el consumo de agrotóxicos certificamos que nuestros pacientes venían de los lugares donde más agrotóxicos se utilizaban", afirmó.
Estas investigaciones fueron paralelas a las del genoma humano por lo que se comenzó a buscar en los genes que manejan la detoxificación del medio, cuál podía ser el gen responsable de esta malformación. Trabajaron con niños sin ninguna patología, viendo cómo se comportaba su genoma frente a la presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos que se encuentran como contaminantes, vehículos o en la estructura química principal de muchos plaguicidas que se utilizan en la provincia de Misiones.
El resultado fue que los pacientes con MMC tenían una diferencia muy significativa en cuanto al gen estudiado y a las formas mutadas del mismo que le confieren a quien lo porta una susceptibilidad especial a los contaminantes, provocándoles fenómenos de mutagénesis, teratogénesis y toxicidad.
La perdida de capacidad de aprendizaje por modificación del genoma humano implica que se sea transmitida a los propios hijos. Todas estas lesiones están contempladas en la ley de agrotóxicos, la cual en su artículo siete dice que no deben utilizarse aquellos agroquímicos que está prohibido su uso en su país de origen o en un país desarrollado que se haya demostrado que producen las lesiones mencionadas.
"Esto se hizo acá, sin presupuesto, sin ayuda y en contra de todos los que financian los proyectos de investigación que les conviene porque esta provincia no se fumiga con la mochila detrás de la espalda, sino con aviones", señaló.
"Cuando vemos qué presupuesto tiene para Iberoamérica Monsanto, que tiene su gran agencia acá en Posadas, 30 mil millones de dólares son los que invierten en agrotóxicos para que unos pocos sean muy ricos y para que todos los demás seamos discapacitados".
En el 2001 fue aprobado un proyecto de ley, por iniciativa de Demaio, sobre el uso de ácido fólico en mujeres en edad gestacional, el cual disminuye el riesgo de MMC. Sin embargo, la ley sigue sin cumplirse.
La Policía Federal contamina la Reserva
La Policía Federal contamina la Reserva Ecológica
Fecha de Publicación: 11/05/2009
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Capital
La fuerza de seguridad, dependiente de Aníbal Fernández, apila cientos de vehículos en estado de degradación en una zona de Costanera Sur que, además, linda con la villa Rodrigo Bueno. Ocurre hace más de diez años. Según fuentes policiales, la Reserva autoriza el uso de ese predio. Intervino la Defensoría del Pueblo.
La Policía Federal, con la instalación de un predio para depositar autos, contamina desde hace más de diez años la Reserva Ecológica y pone en serio riesgo sanitario a la villa Rodrigo Bueno, ubicada en Costanera Sur.
Para comprobarlo basta con acercarse hasta la Avenida España al 1800 y ver cómo en un espacio del Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica de la Costanera Sur, la Policía Federal apila cientos de vehículos que, al degradarse, afectan tanto a la biodiversidad del lugar como a quienes viven en la lindante villa Rodrigo Bueno.
El origen de este despropósito data de 1996. Al menos, así lo reconoce la Superintendencia de Drogas Peligrosas que, junto a seis seccionales de la Policía Federal, amontona en el lugar vehículos judicializados, secuestrados o abandonados por sus dueños.
Según fuentes policiales, las autoridades de la Reserva Ecológica autorizaron el uso del predio al que –como un agravio a la estética- los uniformados llaman Lola Mora. Sin embargo, ni la Federal ni los responsables de la Reserva logran exhibir documento alguno que pruebe la existencia de tal autorización.
Más allá de esta seria irregularidad administrativa, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires advierten que este cementerio de automotores atenta contra la Reserva Ecológica y afecta la salud de los vecinos de la Rodrigo Bueno.
En ese sentido, explican que al degradarse, los automotores liberan combustibles, lubricantes, líquidos para freno o refrigerantes que - al igual que los neumáticos, las baterías, los sistemas de aire acondicionado y otras partes del automotor- contaminan el ambiente. Para agregar precisiones, señalan que de los rodados del cementerio se desprenden arsénico, cadmio, cinc, cobre, cromo, mercurio y plomo; todas ellas, sustancias tóxicas para los seres vivos.
La impotencia de las autoridades obligó a la Defensoría del Pueblo a requerir la desactivación del predio usado por la Policía Federal tanto al jefe de la repartición, Comisario General Néstor Villeca, como al ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, ingeniero Juan Pablo Piccardo.
Asimismo, recomendó que se determine el estado de contaminación del suelo y, de ser necesario, se adopten medidas que lo remedien. Finalmente, el organismo aconsejó al ministro porteño de Salud, doctor Jorge Lemus, que la cartera a su cargo detecte entre los vecinos de la Rodrigo Bueno patologías o enfermedades vinculables a la posible contaminación ambiental, establezca el número de afectados y les garantice estrategias adecuadas para su tratamiento.
Fecha de Publicación: 11/05/2009
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Capital
La fuerza de seguridad, dependiente de Aníbal Fernández, apila cientos de vehículos en estado de degradación en una zona de Costanera Sur que, además, linda con la villa Rodrigo Bueno. Ocurre hace más de diez años. Según fuentes policiales, la Reserva autoriza el uso de ese predio. Intervino la Defensoría del Pueblo.
La Policía Federal, con la instalación de un predio para depositar autos, contamina desde hace más de diez años la Reserva Ecológica y pone en serio riesgo sanitario a la villa Rodrigo Bueno, ubicada en Costanera Sur.
Para comprobarlo basta con acercarse hasta la Avenida España al 1800 y ver cómo en un espacio del Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica de la Costanera Sur, la Policía Federal apila cientos de vehículos que, al degradarse, afectan tanto a la biodiversidad del lugar como a quienes viven en la lindante villa Rodrigo Bueno.
El origen de este despropósito data de 1996. Al menos, así lo reconoce la Superintendencia de Drogas Peligrosas que, junto a seis seccionales de la Policía Federal, amontona en el lugar vehículos judicializados, secuestrados o abandonados por sus dueños.
Según fuentes policiales, las autoridades de la Reserva Ecológica autorizaron el uso del predio al que –como un agravio a la estética- los uniformados llaman Lola Mora. Sin embargo, ni la Federal ni los responsables de la Reserva logran exhibir documento alguno que pruebe la existencia de tal autorización.
Más allá de esta seria irregularidad administrativa, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires advierten que este cementerio de automotores atenta contra la Reserva Ecológica y afecta la salud de los vecinos de la Rodrigo Bueno.
En ese sentido, explican que al degradarse, los automotores liberan combustibles, lubricantes, líquidos para freno o refrigerantes que - al igual que los neumáticos, las baterías, los sistemas de aire acondicionado y otras partes del automotor- contaminan el ambiente. Para agregar precisiones, señalan que de los rodados del cementerio se desprenden arsénico, cadmio, cinc, cobre, cromo, mercurio y plomo; todas ellas, sustancias tóxicas para los seres vivos.
La impotencia de las autoridades obligó a la Defensoría del Pueblo a requerir la desactivación del predio usado por la Policía Federal tanto al jefe de la repartición, Comisario General Néstor Villeca, como al ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, ingeniero Juan Pablo Piccardo.
Asimismo, recomendó que se determine el estado de contaminación del suelo y, de ser necesario, se adopten medidas que lo remedien. Finalmente, el organismo aconsejó al ministro porteño de Salud, doctor Jorge Lemus, que la cartera a su cargo detecte entre los vecinos de la Rodrigo Bueno patologías o enfermedades vinculables a la posible contaminación ambiental, establezca el número de afectados y les garantice estrategias adecuadas para su tratamiento.
Fuerte respaldo a Carrasco
Fuerte respaldo al científico que alertó sobre el peligro del glifosato y fue amenazado
Fecha de Publicación: 11/05/2009
Fuente: Página /12
Provincia/Región: Nacional
Más de 300 científicos, intelectuales, referentes de DD.HH. y organizaciones sociales expresaron su apoyo a Andrés Carrasco, blanco de una campaña de desprestigio. Denunciaron la “intromisión mercantilista” en la ciencia.
El poder económico, con la complicidad de algunos medios de comunicación, dirigentes políticos, universidades y la corporación científica, pretende instalar un discurso hegemónico y acallar disidencias. Es el eje de una denuncia realizada por más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos y vicedecanos de facultades nacionales, directores de prestigiosos institutos de investigación, reconocidos científicos extranjeros, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos. La carta abierta, sin precedentes en el mundo científico e intelectual de Argentina, se produjo luego del ataque y difamación sufridos por el investigador de la UBA-Conicet Andrés Carrasco, que alertó sobre el efecto devastador del glifosato (herbicida utilizado en la siembra de soja) en embriones anfibios. Durante quince días, las compañías agroquímicas, las cámaras empresarias y algunos funcionarios y medios de comunicación descalificaron al científico, que incluso sufrió amenazas anónimas y denunció una intimidación por parte de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).
“El discurso de políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las corporaciones económicas producen, a manera de discurso único, el canto de sirena del ‘desarrollo sustentable’ del modelo sojero y la ‘minería responsable’ como factor de transformación. Ese discurso hegemónico es legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado”, afirma el texto, llamado “Voces de alerta”, que cuenta con la firma de especialistas de diversas ramas de ciencia, desde ecólogos a biólogos, físicos y médicos, y que también suscriben referentes de las ciencias sociales. Además, adhiere gran cantidad de investigadores extranjeros y numerosas organizaciones de campesinos, ambientalistas, educadores y grupos de científicos.
Andrés Carrasco es profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con reconocimiento internacional, y con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace un mes el efecto letal del glifosato en embriones anfibios, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Los aspectos centrales de la investigación sobre el herbicida usado en la industria de la soja fueron revelados por Página/12. Sobrevino una campaña de desprestigio, presiones y amenazas. Hasta se puso en duda la existencia del trabajo. Hace una semana, en este diario, Carrasco respondió a las dudas que consideró legítimas y también a las innumerables chicanas. Reconocía que su pecado había sido contradecir el discurso científico dominante. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”, había retrucado en la entrevista.
Entre las firmas figuran Federico Schuster, León Rozitchner, Alejandro Grimson, Maristella Svampa, Mirta Antonelli, Horacio Machado, Miguel Teubal, Norma Giarracca, Inés Izaguirre, Horacio Tarcus, Pablo Alabarces, Ana María Fernández, Claudia Briones, Alejandro Kaufman, Horacio Verbitsky, Atilio Boron, Juan Carlos Marín, Roberto Gargarella, Sara Rietti, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Luis Zamora, Pino Solanas, Susana Checa, Gabriel Kessler y Norberto Alayón, entre otros. También suscriben reconocidos intelectuales internacionales como Boaventura de Sousa Santos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Gustavo Lins Ribeiro, Héctor Alimonda, Alex Fernández Jilberto, Bernardo Mançano Fernández y Ana Esther Ceceña. Adhieren organizaciones como CELS, Serpaj, Grupo de Gestión de Políticas de Estado de Ciencia y Tecnología, el Frente Darío Santillán y Cemida.
“¿Qué condiciones hay para que las voces críticas de universitarios y científicos contra el modelo extra-activista sean escuchadas? –se preguntan los referentes en la carta–. ¿Qué posibilidades de construir agenda pública sobre estos temas acuciantes para el bien común? ¿Qué promoción de ciudadanía y exigibilidad de derechos caracteriza a este escenario, donde las voces independientes y críticas, con la autoridad de saberes y trayectorias no cooptados, son negadas, difamadas, silenciadas, cuando no malversadas?”
La carta cuestiona de lleno los intereses privados que definen qué se debe investigar: “Afirmamos nuestra decisión por mantener un sistema científico universitario autónomo de los grandes intereses económicos corporativos; con libertad de pensamiento e investigación, enmarcados en los principios éticos de cada campo disciplinar y en la ineludible responsabilidad para con las sociedades y sus sectores sociales de mayor vulnerabilidad”.
Fecha de Publicación: 11/05/2009
Fuente: Página /12
Provincia/Región: Nacional
Más de 300 científicos, intelectuales, referentes de DD.HH. y organizaciones sociales expresaron su apoyo a Andrés Carrasco, blanco de una campaña de desprestigio. Denunciaron la “intromisión mercantilista” en la ciencia.
El poder económico, con la complicidad de algunos medios de comunicación, dirigentes políticos, universidades y la corporación científica, pretende instalar un discurso hegemónico y acallar disidencias. Es el eje de una denuncia realizada por más de 300 investigadores nacionales y extranjeros, decanos y vicedecanos de facultades nacionales, directores de prestigiosos institutos de investigación, reconocidos científicos extranjeros, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos. La carta abierta, sin precedentes en el mundo científico e intelectual de Argentina, se produjo luego del ataque y difamación sufridos por el investigador de la UBA-Conicet Andrés Carrasco, que alertó sobre el efecto devastador del glifosato (herbicida utilizado en la siembra de soja) en embriones anfibios. Durante quince días, las compañías agroquímicas, las cámaras empresarias y algunos funcionarios y medios de comunicación descalificaron al científico, que incluso sufrió amenazas anónimas y denunció una intimidación por parte de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).
“El discurso de políticos, funcionarios, comunicadores y mediadores contratados por las corporaciones económicas producen, a manera de discurso único, el canto de sirena del ‘desarrollo sustentable’ del modelo sojero y la ‘minería responsable’ como factor de transformación. Ese discurso hegemónico es legitimado por actores universitarios y científicos pagados por las transnacionales en un sistema público que ha sido desapropiado”, afirma el texto, llamado “Voces de alerta”, que cuenta con la firma de especialistas de diversas ramas de ciencia, desde ecólogos a biólogos, físicos y médicos, y que también suscriben referentes de las ciencias sociales. Además, adhiere gran cantidad de investigadores extranjeros y numerosas organizaciones de campesinos, ambientalistas, educadores y grupos de científicos.
Andrés Carrasco es profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con reconocimiento internacional, y con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace un mes el efecto letal del glifosato en embriones anfibios, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Los aspectos centrales de la investigación sobre el herbicida usado en la industria de la soja fueron revelados por Página/12. Sobrevino una campaña de desprestigio, presiones y amenazas. Hasta se puso en duda la existencia del trabajo. Hace una semana, en este diario, Carrasco respondió a las dudas que consideró legítimas y también a las innumerables chicanas. Reconocía que su pecado había sido contradecir el discurso científico dominante. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”, había retrucado en la entrevista.
Entre las firmas figuran Federico Schuster, León Rozitchner, Alejandro Grimson, Maristella Svampa, Mirta Antonelli, Horacio Machado, Miguel Teubal, Norma Giarracca, Inés Izaguirre, Horacio Tarcus, Pablo Alabarces, Ana María Fernández, Claudia Briones, Alejandro Kaufman, Horacio Verbitsky, Atilio Boron, Juan Carlos Marín, Roberto Gargarella, Sara Rietti, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Luis Zamora, Pino Solanas, Susana Checa, Gabriel Kessler y Norberto Alayón, entre otros. También suscriben reconocidos intelectuales internacionales como Boaventura de Sousa Santos, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Gustavo Lins Ribeiro, Héctor Alimonda, Alex Fernández Jilberto, Bernardo Mançano Fernández y Ana Esther Ceceña. Adhieren organizaciones como CELS, Serpaj, Grupo de Gestión de Políticas de Estado de Ciencia y Tecnología, el Frente Darío Santillán y Cemida.
“¿Qué condiciones hay para que las voces críticas de universitarios y científicos contra el modelo extra-activista sean escuchadas? –se preguntan los referentes en la carta–. ¿Qué posibilidades de construir agenda pública sobre estos temas acuciantes para el bien común? ¿Qué promoción de ciudadanía y exigibilidad de derechos caracteriza a este escenario, donde las voces independientes y críticas, con la autoridad de saberes y trayectorias no cooptados, son negadas, difamadas, silenciadas, cuando no malversadas?”
La carta cuestiona de lleno los intereses privados que definen qué se debe investigar: “Afirmamos nuestra decisión por mantener un sistema científico universitario autónomo de los grandes intereses económicos corporativos; con libertad de pensamiento e investigación, enmarcados en los principios éticos de cada campo disciplinar y en la ineludible responsabilidad para con las sociedades y sus sectores sociales de mayor vulnerabilidad”.
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El estudio de campo
El estudio de campo
Fecha de Publicación: 10/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Felipe Solá hizo el estudio de campo para la investigación de mercado del Roundup, el denominado herbicida total de Monsanto. En 1996, como secretario de Agricultura de Menem y Cavallo, autorizó la introducción de la soja transgénica resistente a ese poderoso veneno. En esta entrevista, el ex funcionario defiende su actuación y critica la política posterior a su renuncia.
El ex secretario de agricultura Felipe Solá, quien en 1996 autorizó la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato, había realizado antes el estudio de campo para Monsanto en una investigación de mercado sobre el Roundup, la marca de la transnacional estadounidense para el glifosato. Así lo explicó el propio Solá, en la entrevista que se publica aquí. También confirmó el rol decisivo del ingeniero Héctor Huergo en la introducción de los cultivos industriales, el pesticida de Monsanto y los biocombustibles, que Solá engloba con algún pudor como “incorporación masiva de tecnología”.
El nombre de Solá no figura en el estudio, que comprendió viajes suyos a varias provincias, porque, según dijo, fue un colaborador part-time del ingeniero agrónomo Marcelo Regúnaga, quien sí puso su firma en el trabajo. También dijo que no tuvo contactos posteriores con Monsanto y que no le ofrecieron sobornos para su autorización. La lectura del expediente administrativo, consumado en apenas 81 días y antes de que se firmara el dictamen jurídico, con 136 desordenados folios, de los cuales 108 corresponden a un trabajo de Monsanto sobre su producto, que ni siquiera fue traducido al castellano, justifican la pregunta al responsable. Consultado para esta nota, Regúnaga confirmó la participación de Solá en el estudio, cuyo propósito era estimar cuánto podía crecer la demanda de herbicidas, entre ellos el Roundup, que no era el único que comercializaba Monsanto. Solá, que era ayudante en la cátedra de Administración Rural de Regúnaga, colaboró en la consultoría y viajó a Tucumán para entrevistar a productores de caña de azúcar. En la región pampeana el cuestionario se presentaba a productores de maíz y soja, que aún no era el cultivo principal. Según Regúnaga fue un pequeño estudio técnico exploratorio que se realizó en pocas semanas, cuando Monsanto era una empresa más orientada a los químicos en general que al agro y no existían los transgénicos. Los herbicidas se usaban para combatir ciertas malezas permanentes, muy difíciles de controlar, como el sorgo de alepo y el gramón. El impacto del glifosato era bajísimo y no se podía estimar todavía la magnitud de uso que tendría en los noventa, agregó. En 1989, cuando el presidente Carlos Menem le encomendó la Secretaría de Agricultura y Pesca, Solá designó a Regúnaga como su principal colaborador. Regúnaga es un entusiasta defensor del producto de Monsanto, de lo que se informará en otra nota.
Solá dice que no se arrepiente de nada de lo actuado y cuestiona la política seguida por el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y de CFK, o su ausencia, y plantea un debate sobre la introducción de los cultivos transgénicos y la forma en que se manejaron, cuando él ya había dejado su cargo.
El discurso moderno
–¿Por qué el ingeniero Héctor Huergo (creador y columnista de Clarín Rural) estuvo sólo unos meses al frente del INTA?
Felipe Solá: –Huergo estuvo en el INTA entre febrero y noviembre de 1994. Era conocida su vocación por la incorporación masiva de tecnología. El venía sosteniendo que el modelo sostenido durante el gobierno de Alfonsín, con retenciones y tipos de cambios diferenciales, había condenado al campo al atraso tecnológico, y que el INTA y otros organismos técnicos sólo desarrollaban técnicas de aguante. La Argentina no fertilizaba, el uso de herbicidas e insecticidas se limitaba al de algunos productos clásicos, y los modernos (menos agresivos) eran carísimos porque se pagaban con un dólar que costaba el doble que el dólar al cual el campo vendía. Huergo pensaba que la convertibilidad, a pesar de los graves problemas de adaptación que generaba para los pequeños y medianos productores, sobre todo para los pequeños, era una clara oportunidad para acortar la brecha tecnológica con el mundo agrícola desarrollado. Y acusaba al INTA de atraso en adaptarse a esa circunstancia. Estuvo en el INTA hasta que, según dijo, fracasaron sus esfuerzos por introducir un discurso moderno, privilegiando el sendero de la intensificación por sobre todas las cosas, dado el atraso y la falta de productividad que se advertían. Se peleó siempre con el Consejo Directivo integrado por las entidades del campo y otros y no tuvo mucha cintura (sostenía que su tiempo era veloz y el del Consejo Directivo de una cadencia diferente). Quiso al final incorporar una planta de biodiesel donada por un organismo francés y no consiguió la aprobación del directorio y se fue comunicándome su disgusto por esta situación. Lo dejé ir porque me daba cuenta de que más allá de los ímpetus tecnológicos que yo aprobaba, su manejo era imposible en una institución que es prácticamente mixta en su conducción aunque sea del Estado.
–¿Por qué en el expediente de autorización de la soja transgénica resistente al glifosato no figura ninguno de los estudios que pidieron los técnicos?
Felipe Solá: –En el expediente figuran los estudios que correspondían según la normativa vigente para la aprobación de temas transgénicos en la Secretaría de Agricultura en dicha época. El principal elemento de sostén técnico para esa aprobación fue, por supuesto, el trabajo de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), prestigiada hoy y siempre, desde que se formó, en el año 1991, que fue impecable. Además, la empresa Nidera, que es la que había pedido que se estudiara la posibilidad de liberar la soja RR o transgénica resistente al herbicida total (no la empresa Monsanto, que fue la que la creó), presentaba trabajos de campo desde 1991 en la Secretaría de Agricultura y durante esos cinco años había estado siendo controlada por los técnicos del INTA. Es decir que hubo un largo tiempo de estudio del impacto que tenía en el medioambiente vegetal y animal, y sobre las posibilidades de problemas con la salud humana, antes de mi aprobación. No conozco otros técnicos que figuren en el expediente y, de ser así, yo me ajusté a la normativa vigente, que es la que me dictaba acudir a la Conabia.
Los estudios no realizados
–¿Por qué firmó la autorización el mismo día en que los técnicos pedían estudios de corto, mediano y largo plazo?
Felipe Solá: –La respuesta es parecida a la de la pregunta anterior. Yo no sé si el mismo día alguien pidió otra cosa, y no sé qué técnicos. Yo cumplí con mi obligación, no falté a ninguna de las obligaciones que tenía en cuanto a tomar recaudos para la aprobación de la soja transgénica. Si había algún técnico que estaba en desacuerdo, supongo que no aparece en el expediente y, si apareciera, eso no le quita absoluta legalidad y legitimidad a mi medida. Por otra parte, el tiempo transcurrido desde el momento en que se liberó esa soja hasta ahora, indica claramente que el uso racional del herbicida glifosato dentro de los límites que marcan las leyes no ha generado problemas con los humanos, salvo en aquellos casos en que operando sobre campos de soja pegados a algún lugar poblado se incumplió con la normativa sobre fumigaciones que dice que tiene que haber por lo menos dos kilómetros de distancia. Han afectado a alguna población de la misma manera en que nos puede afectar el insecticida Off si lo tomamos en una taza de té o si nos lo echamos en los ojos, porque tienen normativas de uso. La agricultura usaba antes fosforados y clorados como insecticidas y se prohibieron. El glifosato es de muy baja toxicidad y mucho más en relación a éstos.
–¿Por qué, de 136 folios del expediente, 108 son de Monsanto?
Felipe Solá: –Monsanto tenía gran cantidad de investigaciones en el mundo hechas por la creación del gen RR, con ingeniería genética, y muchísimos estudios publicados con veracidad científica, abiertos al mundo de la ciencia y la tecnología para ser consultados y/o discutidos. Por eso, el aporte requerido por la Conabia es básicamente el aporte hecho por Monsanto, aunque no el único. Todos esos estudios fueron analizados por la Conabia y es lógico que quien creó el gen tuviera más elementos para aportar. Por eso, hay más páginas de Monsanto, supongo, porque no he tenido el expediente a la vista desde hace trece años. No lo he pedido, no lo he mirado, pero sí recuerdo y he reconstruido con algunos cómo fue este tema.
–¿Por qué esas páginas no fueron traducidas al español?
Felipe Solá: –Porque el inglés es el idioma científico y técnico, y porque nadie que pueda estar en condiciones de analizar algo como por ejemplo los efectos positivos o negativos de la soja transgénica, no domina el inglés. Ese expediente podía ser mirado el día de mañana por científicos o técnicos y ése era el idioma aceptado mundialmente. Aun los estudios científicos escritos en otro idioma de origen siempre son traducidos al inglés y entonces no había ninguna legislación argentina que nos obligara a traducirlos al español y tampoco creo yo que sea un problema en ninguna investigación a esta altura encontrarse con un texto en inglés.
–¿Por qué el dictamen jurídico tiene fecha posterior en tres días a la autorización, pero en el expediente figura en una foja anterior?
Felipe Solá: –No lo sé, no lo recuerdo, yo estaba absolutamente habilitado, con entidad, y era absolutamente apto para tomar la medida. Por lo tanto, la cuestión del dictamen jurídico que debe preceder obviamente en la fecha, como corresponde, a mi resolución, no es para mí el problema a dilucidar en este momento. Eso está claro.
La relación con Monsanto
–¿Cuáles fueron sus relaciones previas y posteriores con Monsanto?
Felipe Solá: –Como secretario de Agricultura, no he tenido con Monsanto relaciones especiales o que yo recuerde. No recuerdo ni el nombre de su presidente, ni la cara de Monsanto. Solamente pueden haber estado en reuniones de cámaras de las empresas, entre las cuales estaba Monsanto, pero durante mis largos años como secretario no tuve relación directa con Monsanto, ni a través de alguien, nunca. En el año 1981 hice un trabajo con el ingeniero Regúnaga en el que a mí me tocó la parte de campo. Era el estudio de mercado para el Roundup, lo que me llevó a viajar a algunas provincias, pero no firmé porque siempre fui un colaborador part-time para un trabajo que sí firmó Regúnaga. Era para Monsanto. Nunca más los vi después a los de Monsanto. Al decir después digo que alguien, en un momento dado, se reunió conmigo y con Regúnaga en 1981 a los efectos de requerir alguna pregunta sobre el trabajo, pero era un técnico del nivel más bajo. Después de la salida de la Secretaría de Agricultura tampoco he tenido la más mínima relación con Monsanto.
–¿Conoce casos nacionales o internacionales donde Monsanto ofreció sobornos?
–La gente que tiene un pensamiento globalifóbico, y dentro de ese pensamiento introduce la cuestión ecológica, le atribuye a la ingeniería genética una responsabilidad importante en algunas cuestiones, cosa que para mí en el caso de la soja no está para nada probado. Creo que no hay estudios sobre el tema de la posibilidad de que el Roundup sea un problema en sí mismo. Lo que está en discusión son los efectos sociales que pudo haber tenido la enorme difusión de la soja transgénica y de la agricultura sojera desde 1997 en adelante, que explica prácticamente todo el crecimiento de la agricultura argentina, que pasa de seis millones de toneladas en el año 1998, cuando yo me fui, a 97 millones de toneladas en el año 2008. Ante la pregunta concreta de los sobornos, no puedo saberlo, no lo sé. Es evidente que la cuestión ha tenido un impacto tal que, en términos conspirativos, se pueda pensar ahora que ha sido todo la culminación de un gran negocio. Yo creo que no fue así en el caso de la Argentina.
–¿Le ofrecieron pagarle por la autorización? En tal caso, ¿cuánto y qué contestó?
Felipe Solá: –Por supuesto que no. Es más, como secretario de Agricultura no firmé ninguna resolución, de ningún tema, por la cual me ofrecieran pagarme plata, o sobornos o lo que fuera. Salvo en el caso de temas vinculados con el Senasa, cuando este organismo tenía una función doble, porque además de hacerse cargo de la responsabilidad del estado sanitario de las industrias frigoríficas, también debía verificar si los matarifes estaban al día con los impuestos, con el IVA concretamente. En ese caso, hubo alguna sugerencia indirecta, que dio lugar a problemas, líos, que yo transmití por la prensa y que terminaron en varios casos con denuncias penales. Y yo recibí algunos “aprietes” bastante lamentables, pero que no consiguieron torcer nuestra política.
Nada de qué arrepentirse
–¿Algo más?
Felipe Solá: –Quisiera agregar algunas cosas. En primer lugar, no me arrepiento de lo conseguido, porque se trata en el fondo de investigar el impacto de la expansión del área sembrada con soja de 1997 a hoy. Creo que la soja transgénica permitió avanzar sobre estos cultivos, sobre otras actividades rurales y sobre regiones no pampeanas. Al permitir eso, ha producido seguramente cambios muy fuertes desde el punto de vista social y económico y en las formas de vida agraria, en algunos casos. Yo decidí que ingresara el gran cultivo en circunstancias muy especiales, el uno a uno hacía difícil ser un pequeño productor, el agricultor pudo aprovechar la innovación para subsistir, primero, y para crecer, después. La Argentina tuvo a mano una tecnología al mismo tiempo que Estados Unidos y la aplicó con enorme éxito porque ya venía siendo pionera en la siembra directa de sus cultivos. El avance no se hizo contra el suelo, sino respetando su estructura física y su actividad biológica por la misma siembra directa. Los resultados positivos fueron espectaculares y ocurrieron después de que me fuera de la Secretaría. Las distorsiones sociales y económicas también ocurrieron después, pero debo recalcar que en diez años no ha habido política agrícola ninguna, como no fuera dejar que cada uno sembrara lo que quisiera sin prever ni el monocultivo, que genera el problema sobre la fertilidad y no sobre la estructura física de los suelos, ni el reemplazo de actividades más intensivas en mano de obra rural y más tradicionales en cuanto al arraigo poblacional, en especial en las economías regionales. Me refiero a políticas de premios y castigos según el tipo de cultivo. Creció la oferta de mano de obra en las clases trabajadoras y medias de las ciudades rurales porque hubo mayor volumen producido, exportado consumido, pero bajó la oferta de mano de obra en el campo propiamente dicha. Resulta muy importante leer lo que el INTA, bajo la dirección del actual secretario de Agricultura, ha historiado mejor que nadie. Me refiero a “Diez años de organismos genéticamente modificados en la agricultura argentina”, de Eugenio Cap y Eduardo Trigo. También es muy importante leer lo que (el ministro) Lino Barañao opina del trabajo de la Conabia en estos temas. Finalmente, debo recordar también que el maíz RR, el maíz transgénico, fue aprobado por la Secretaría de Agricultura durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, de la misma manera que está aprobado en decenas de países junto con la soja, entre ellos Brasil. Por lo tanto, este descubrimiento de que la soja es la causante de todos los males ahora no parece haber sido algo consciente en la Secretaría de Agricultura en años anteriores, como tampoco en otra área de gobierno. Lo ocurrido es demasiado importante y transformador como para dejarlo como una conspiración antiargentina o como un simple hecho de corrupción como sugieren las preguntas. Las próximas elecciones no pueden servir de excusa para descubrir ahora quién es quién. Me refiero a mí. Con mis errores, yo soy el mismo de ayer y volvería a firmar como en 1996 la fenomenal ampliación de la economía del interior del país que se dio. Eso sí, si me hubiera quedado en la Secretaría de Agricultura, hubiera tenido una política agrícola, es decir, hubiera estudiado año tras año, junto con los productores, qué convenía sembrar, y para eso sirven las retenciones y hasta incluso algunos premios posibles a cada cultivo. Hubiera balanceado la agricultura argentina, de forma tal que no se sojizara. Con los errores recientes del año pasado, el gobierno ha sojizado aún más la agricultura. Eso es todo lo que tengo que decir, y agradezco ser consultado.
Fecha de Publicación: 10/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Felipe Solá hizo el estudio de campo para la investigación de mercado del Roundup, el denominado herbicida total de Monsanto. En 1996, como secretario de Agricultura de Menem y Cavallo, autorizó la introducción de la soja transgénica resistente a ese poderoso veneno. En esta entrevista, el ex funcionario defiende su actuación y critica la política posterior a su renuncia.
El ex secretario de agricultura Felipe Solá, quien en 1996 autorizó la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato, había realizado antes el estudio de campo para Monsanto en una investigación de mercado sobre el Roundup, la marca de la transnacional estadounidense para el glifosato. Así lo explicó el propio Solá, en la entrevista que se publica aquí. También confirmó el rol decisivo del ingeniero Héctor Huergo en la introducción de los cultivos industriales, el pesticida de Monsanto y los biocombustibles, que Solá engloba con algún pudor como “incorporación masiva de tecnología”.
El nombre de Solá no figura en el estudio, que comprendió viajes suyos a varias provincias, porque, según dijo, fue un colaborador part-time del ingeniero agrónomo Marcelo Regúnaga, quien sí puso su firma en el trabajo. También dijo que no tuvo contactos posteriores con Monsanto y que no le ofrecieron sobornos para su autorización. La lectura del expediente administrativo, consumado en apenas 81 días y antes de que se firmara el dictamen jurídico, con 136 desordenados folios, de los cuales 108 corresponden a un trabajo de Monsanto sobre su producto, que ni siquiera fue traducido al castellano, justifican la pregunta al responsable. Consultado para esta nota, Regúnaga confirmó la participación de Solá en el estudio, cuyo propósito era estimar cuánto podía crecer la demanda de herbicidas, entre ellos el Roundup, que no era el único que comercializaba Monsanto. Solá, que era ayudante en la cátedra de Administración Rural de Regúnaga, colaboró en la consultoría y viajó a Tucumán para entrevistar a productores de caña de azúcar. En la región pampeana el cuestionario se presentaba a productores de maíz y soja, que aún no era el cultivo principal. Según Regúnaga fue un pequeño estudio técnico exploratorio que se realizó en pocas semanas, cuando Monsanto era una empresa más orientada a los químicos en general que al agro y no existían los transgénicos. Los herbicidas se usaban para combatir ciertas malezas permanentes, muy difíciles de controlar, como el sorgo de alepo y el gramón. El impacto del glifosato era bajísimo y no se podía estimar todavía la magnitud de uso que tendría en los noventa, agregó. En 1989, cuando el presidente Carlos Menem le encomendó la Secretaría de Agricultura y Pesca, Solá designó a Regúnaga como su principal colaborador. Regúnaga es un entusiasta defensor del producto de Monsanto, de lo que se informará en otra nota.
Solá dice que no se arrepiente de nada de lo actuado y cuestiona la política seguida por el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y de CFK, o su ausencia, y plantea un debate sobre la introducción de los cultivos transgénicos y la forma en que se manejaron, cuando él ya había dejado su cargo.
El discurso moderno
–¿Por qué el ingeniero Héctor Huergo (creador y columnista de Clarín Rural) estuvo sólo unos meses al frente del INTA?
Felipe Solá: –Huergo estuvo en el INTA entre febrero y noviembre de 1994. Era conocida su vocación por la incorporación masiva de tecnología. El venía sosteniendo que el modelo sostenido durante el gobierno de Alfonsín, con retenciones y tipos de cambios diferenciales, había condenado al campo al atraso tecnológico, y que el INTA y otros organismos técnicos sólo desarrollaban técnicas de aguante. La Argentina no fertilizaba, el uso de herbicidas e insecticidas se limitaba al de algunos productos clásicos, y los modernos (menos agresivos) eran carísimos porque se pagaban con un dólar que costaba el doble que el dólar al cual el campo vendía. Huergo pensaba que la convertibilidad, a pesar de los graves problemas de adaptación que generaba para los pequeños y medianos productores, sobre todo para los pequeños, era una clara oportunidad para acortar la brecha tecnológica con el mundo agrícola desarrollado. Y acusaba al INTA de atraso en adaptarse a esa circunstancia. Estuvo en el INTA hasta que, según dijo, fracasaron sus esfuerzos por introducir un discurso moderno, privilegiando el sendero de la intensificación por sobre todas las cosas, dado el atraso y la falta de productividad que se advertían. Se peleó siempre con el Consejo Directivo integrado por las entidades del campo y otros y no tuvo mucha cintura (sostenía que su tiempo era veloz y el del Consejo Directivo de una cadencia diferente). Quiso al final incorporar una planta de biodiesel donada por un organismo francés y no consiguió la aprobación del directorio y se fue comunicándome su disgusto por esta situación. Lo dejé ir porque me daba cuenta de que más allá de los ímpetus tecnológicos que yo aprobaba, su manejo era imposible en una institución que es prácticamente mixta en su conducción aunque sea del Estado.
–¿Por qué en el expediente de autorización de la soja transgénica resistente al glifosato no figura ninguno de los estudios que pidieron los técnicos?
Felipe Solá: –En el expediente figuran los estudios que correspondían según la normativa vigente para la aprobación de temas transgénicos en la Secretaría de Agricultura en dicha época. El principal elemento de sostén técnico para esa aprobación fue, por supuesto, el trabajo de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), prestigiada hoy y siempre, desde que se formó, en el año 1991, que fue impecable. Además, la empresa Nidera, que es la que había pedido que se estudiara la posibilidad de liberar la soja RR o transgénica resistente al herbicida total (no la empresa Monsanto, que fue la que la creó), presentaba trabajos de campo desde 1991 en la Secretaría de Agricultura y durante esos cinco años había estado siendo controlada por los técnicos del INTA. Es decir que hubo un largo tiempo de estudio del impacto que tenía en el medioambiente vegetal y animal, y sobre las posibilidades de problemas con la salud humana, antes de mi aprobación. No conozco otros técnicos que figuren en el expediente y, de ser así, yo me ajusté a la normativa vigente, que es la que me dictaba acudir a la Conabia.
Los estudios no realizados
–¿Por qué firmó la autorización el mismo día en que los técnicos pedían estudios de corto, mediano y largo plazo?
Felipe Solá: –La respuesta es parecida a la de la pregunta anterior. Yo no sé si el mismo día alguien pidió otra cosa, y no sé qué técnicos. Yo cumplí con mi obligación, no falté a ninguna de las obligaciones que tenía en cuanto a tomar recaudos para la aprobación de la soja transgénica. Si había algún técnico que estaba en desacuerdo, supongo que no aparece en el expediente y, si apareciera, eso no le quita absoluta legalidad y legitimidad a mi medida. Por otra parte, el tiempo transcurrido desde el momento en que se liberó esa soja hasta ahora, indica claramente que el uso racional del herbicida glifosato dentro de los límites que marcan las leyes no ha generado problemas con los humanos, salvo en aquellos casos en que operando sobre campos de soja pegados a algún lugar poblado se incumplió con la normativa sobre fumigaciones que dice que tiene que haber por lo menos dos kilómetros de distancia. Han afectado a alguna población de la misma manera en que nos puede afectar el insecticida Off si lo tomamos en una taza de té o si nos lo echamos en los ojos, porque tienen normativas de uso. La agricultura usaba antes fosforados y clorados como insecticidas y se prohibieron. El glifosato es de muy baja toxicidad y mucho más en relación a éstos.
–¿Por qué, de 136 folios del expediente, 108 son de Monsanto?
Felipe Solá: –Monsanto tenía gran cantidad de investigaciones en el mundo hechas por la creación del gen RR, con ingeniería genética, y muchísimos estudios publicados con veracidad científica, abiertos al mundo de la ciencia y la tecnología para ser consultados y/o discutidos. Por eso, el aporte requerido por la Conabia es básicamente el aporte hecho por Monsanto, aunque no el único. Todos esos estudios fueron analizados por la Conabia y es lógico que quien creó el gen tuviera más elementos para aportar. Por eso, hay más páginas de Monsanto, supongo, porque no he tenido el expediente a la vista desde hace trece años. No lo he pedido, no lo he mirado, pero sí recuerdo y he reconstruido con algunos cómo fue este tema.
–¿Por qué esas páginas no fueron traducidas al español?
Felipe Solá: –Porque el inglés es el idioma científico y técnico, y porque nadie que pueda estar en condiciones de analizar algo como por ejemplo los efectos positivos o negativos de la soja transgénica, no domina el inglés. Ese expediente podía ser mirado el día de mañana por científicos o técnicos y ése era el idioma aceptado mundialmente. Aun los estudios científicos escritos en otro idioma de origen siempre son traducidos al inglés y entonces no había ninguna legislación argentina que nos obligara a traducirlos al español y tampoco creo yo que sea un problema en ninguna investigación a esta altura encontrarse con un texto en inglés.
–¿Por qué el dictamen jurídico tiene fecha posterior en tres días a la autorización, pero en el expediente figura en una foja anterior?
Felipe Solá: –No lo sé, no lo recuerdo, yo estaba absolutamente habilitado, con entidad, y era absolutamente apto para tomar la medida. Por lo tanto, la cuestión del dictamen jurídico que debe preceder obviamente en la fecha, como corresponde, a mi resolución, no es para mí el problema a dilucidar en este momento. Eso está claro.
La relación con Monsanto
–¿Cuáles fueron sus relaciones previas y posteriores con Monsanto?
Felipe Solá: –Como secretario de Agricultura, no he tenido con Monsanto relaciones especiales o que yo recuerde. No recuerdo ni el nombre de su presidente, ni la cara de Monsanto. Solamente pueden haber estado en reuniones de cámaras de las empresas, entre las cuales estaba Monsanto, pero durante mis largos años como secretario no tuve relación directa con Monsanto, ni a través de alguien, nunca. En el año 1981 hice un trabajo con el ingeniero Regúnaga en el que a mí me tocó la parte de campo. Era el estudio de mercado para el Roundup, lo que me llevó a viajar a algunas provincias, pero no firmé porque siempre fui un colaborador part-time para un trabajo que sí firmó Regúnaga. Era para Monsanto. Nunca más los vi después a los de Monsanto. Al decir después digo que alguien, en un momento dado, se reunió conmigo y con Regúnaga en 1981 a los efectos de requerir alguna pregunta sobre el trabajo, pero era un técnico del nivel más bajo. Después de la salida de la Secretaría de Agricultura tampoco he tenido la más mínima relación con Monsanto.
–¿Conoce casos nacionales o internacionales donde Monsanto ofreció sobornos?
–La gente que tiene un pensamiento globalifóbico, y dentro de ese pensamiento introduce la cuestión ecológica, le atribuye a la ingeniería genética una responsabilidad importante en algunas cuestiones, cosa que para mí en el caso de la soja no está para nada probado. Creo que no hay estudios sobre el tema de la posibilidad de que el Roundup sea un problema en sí mismo. Lo que está en discusión son los efectos sociales que pudo haber tenido la enorme difusión de la soja transgénica y de la agricultura sojera desde 1997 en adelante, que explica prácticamente todo el crecimiento de la agricultura argentina, que pasa de seis millones de toneladas en el año 1998, cuando yo me fui, a 97 millones de toneladas en el año 2008. Ante la pregunta concreta de los sobornos, no puedo saberlo, no lo sé. Es evidente que la cuestión ha tenido un impacto tal que, en términos conspirativos, se pueda pensar ahora que ha sido todo la culminación de un gran negocio. Yo creo que no fue así en el caso de la Argentina.
–¿Le ofrecieron pagarle por la autorización? En tal caso, ¿cuánto y qué contestó?
Felipe Solá: –Por supuesto que no. Es más, como secretario de Agricultura no firmé ninguna resolución, de ningún tema, por la cual me ofrecieran pagarme plata, o sobornos o lo que fuera. Salvo en el caso de temas vinculados con el Senasa, cuando este organismo tenía una función doble, porque además de hacerse cargo de la responsabilidad del estado sanitario de las industrias frigoríficas, también debía verificar si los matarifes estaban al día con los impuestos, con el IVA concretamente. En ese caso, hubo alguna sugerencia indirecta, que dio lugar a problemas, líos, que yo transmití por la prensa y que terminaron en varios casos con denuncias penales. Y yo recibí algunos “aprietes” bastante lamentables, pero que no consiguieron torcer nuestra política.
Nada de qué arrepentirse
–¿Algo más?
Felipe Solá: –Quisiera agregar algunas cosas. En primer lugar, no me arrepiento de lo conseguido, porque se trata en el fondo de investigar el impacto de la expansión del área sembrada con soja de 1997 a hoy. Creo que la soja transgénica permitió avanzar sobre estos cultivos, sobre otras actividades rurales y sobre regiones no pampeanas. Al permitir eso, ha producido seguramente cambios muy fuertes desde el punto de vista social y económico y en las formas de vida agraria, en algunos casos. Yo decidí que ingresara el gran cultivo en circunstancias muy especiales, el uno a uno hacía difícil ser un pequeño productor, el agricultor pudo aprovechar la innovación para subsistir, primero, y para crecer, después. La Argentina tuvo a mano una tecnología al mismo tiempo que Estados Unidos y la aplicó con enorme éxito porque ya venía siendo pionera en la siembra directa de sus cultivos. El avance no se hizo contra el suelo, sino respetando su estructura física y su actividad biológica por la misma siembra directa. Los resultados positivos fueron espectaculares y ocurrieron después de que me fuera de la Secretaría. Las distorsiones sociales y económicas también ocurrieron después, pero debo recalcar que en diez años no ha habido política agrícola ninguna, como no fuera dejar que cada uno sembrara lo que quisiera sin prever ni el monocultivo, que genera el problema sobre la fertilidad y no sobre la estructura física de los suelos, ni el reemplazo de actividades más intensivas en mano de obra rural y más tradicionales en cuanto al arraigo poblacional, en especial en las economías regionales. Me refiero a políticas de premios y castigos según el tipo de cultivo. Creció la oferta de mano de obra en las clases trabajadoras y medias de las ciudades rurales porque hubo mayor volumen producido, exportado consumido, pero bajó la oferta de mano de obra en el campo propiamente dicha. Resulta muy importante leer lo que el INTA, bajo la dirección del actual secretario de Agricultura, ha historiado mejor que nadie. Me refiero a “Diez años de organismos genéticamente modificados en la agricultura argentina”, de Eugenio Cap y Eduardo Trigo. También es muy importante leer lo que (el ministro) Lino Barañao opina del trabajo de la Conabia en estos temas. Finalmente, debo recordar también que el maíz RR, el maíz transgénico, fue aprobado por la Secretaría de Agricultura durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, de la misma manera que está aprobado en decenas de países junto con la soja, entre ellos Brasil. Por lo tanto, este descubrimiento de que la soja es la causante de todos los males ahora no parece haber sido algo consciente en la Secretaría de Agricultura en años anteriores, como tampoco en otra área de gobierno. Lo ocurrido es demasiado importante y transformador como para dejarlo como una conspiración antiargentina o como un simple hecho de corrupción como sugieren las preguntas. Las próximas elecciones no pueden servir de excusa para descubrir ahora quién es quién. Me refiero a mí. Con mis errores, yo soy el mismo de ayer y volvería a firmar como en 1996 la fenomenal ampliación de la economía del interior del país que se dio. Eso sí, si me hubiera quedado en la Secretaría de Agricultura, hubiera tenido una política agrícola, es decir, hubiera estudiado año tras año, junto con los productores, qué convenía sembrar, y para eso sirven las retenciones y hasta incluso algunos premios posibles a cada cultivo. Hubiera balanceado la agricultura argentina, de forma tal que no se sojizara. Con los errores recientes del año pasado, el gobierno ha sojizado aún más la agricultura. Eso es todo lo que tengo que decir, y agradezco ser consultado.
Legisladores patagónicos y políticas ambientales
Legisladores patagónicos debatieron políticas ambientales para la región
Fecha de Publicación: 10/05/2009
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Patagonia
Presido por la diputada chubutense Rosa Muñoz, se reunió el Parlamento Patagónico en la vecina provincia de Santa Cruz, donde entre otros temas se debatió la política ambiental que se promoverá a nivel regional y en ese marco se aprobó adherir a una ley existente en la provincia de Río Negro que prohíbe el volcado de efluentes industriales al litoral marítimo.
En este sentido la legisladora rionegrina Magdalena Odarda destacó la decisión del Cuerpo señalando que “hemos socializado esta ley con el resto de las provincias que tienen litoral marítimo, como es el caso de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego”. Informó además que en la última reunión del Parlamento Patagónico “hemos llevado el reclamo para que en forma urgente se dispongan de los fondos para la reglamentación de la Ley de Bosques, que está demorado en algunas de las provincias patagónicas, como en Río Negro, y eso fue aprobado por unanimidad”.
Por otra parte quedó expresado por los legisladores patagónicos que la Ley de Presupuestos Mínimos de Glaciares que fuera elevada a diputados y senadores por los rionegrinos, será discutida en el encuentro próximo previsto en la provincia de La Pampa, puesto que el tema requerirá un amplio debate.
Sobre el particular, fue precisamente Odarda quien destacó que la importancia de la Ley de Glaciares tiene relevancia la Ley de Protección de la Tierra “sobre todo en este marco de crisis financiera internacional donde la especulación inmobiliaria va a ser impresionante y se necesita de manera urgente defender nuestros recursos naturales, muchos grupos de inversión vienen a especular a la Patagonia”.
Fecha de Publicación: 10/05/2009
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Patagonia
Presido por la diputada chubutense Rosa Muñoz, se reunió el Parlamento Patagónico en la vecina provincia de Santa Cruz, donde entre otros temas se debatió la política ambiental que se promoverá a nivel regional y en ese marco se aprobó adherir a una ley existente en la provincia de Río Negro que prohíbe el volcado de efluentes industriales al litoral marítimo.
En este sentido la legisladora rionegrina Magdalena Odarda destacó la decisión del Cuerpo señalando que “hemos socializado esta ley con el resto de las provincias que tienen litoral marítimo, como es el caso de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego”. Informó además que en la última reunión del Parlamento Patagónico “hemos llevado el reclamo para que en forma urgente se dispongan de los fondos para la reglamentación de la Ley de Bosques, que está demorado en algunas de las provincias patagónicas, como en Río Negro, y eso fue aprobado por unanimidad”.
Por otra parte quedó expresado por los legisladores patagónicos que la Ley de Presupuestos Mínimos de Glaciares que fuera elevada a diputados y senadores por los rionegrinos, será discutida en el encuentro próximo previsto en la provincia de La Pampa, puesto que el tema requerirá un amplio debate.
Sobre el particular, fue precisamente Odarda quien destacó que la importancia de la Ley de Glaciares tiene relevancia la Ley de Protección de la Tierra “sobre todo en este marco de crisis financiera internacional donde la especulación inmobiliaria va a ser impresionante y se necesita de manera urgente defender nuestros recursos naturales, muchos grupos de inversión vienen a especular a la Patagonia”.
Magdalena: un pueblo dividido por Shell
Magdalena: un pueblo dividido por la millonaria oferta de Shell
Fecha de Publicación: 09/05/2009
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Diez años después del mayor derrame de petróleo crudo sobre aguas dulces del mundo y en medio de un proceso judicial que enfrenta al pueblo de Magdalena contra Shell por los perjuicios que ocasionó el incidente, una propuesta de acuerdo económico entre la empresa y el Municipio está a punto de imprimirle un giro decisivo a la historia. Para algunos habitantes de esa pequeña localidad vecina de La Plata se trata de una salida atractiva a un conflicto que se ha extendido por demasiado tiempo sin grandes resultados beneficiosos. Para otros, es motivo de indignación y escándalo; y una amenaza potencial a que al desastre ecológico quede impune.
El acuerdo extrajudicial consiste en el ofrecimiento de 9,5 millones de dólares y apoyo para obras por parte de Shell al Municipio a cambio de que éste renuncie a seguir adelante con sus acciones legales en busca de una indemnización mayor. Y en él, la empresa no reconoce ninguna responsabilidad sobre los hechos ni la existencia de daño ambiental. Desde esta perspectiva, su oferta se presenta como una ayuda desinteresada más que una compensación.
La propuesta, aclaran desde el Municipio, "no salió de un vino", sino que es el resultado de una ardua negociación con Shell iniciada hace ya cinco años. Frente a un proceso judicial que sufrió una anulación y numerosas demoras, las autoridades de Magdalena consideran haber llegado finalmente a un acuerdo "conveniente" para el pueblo, en el que no va a ser posible avanzar más.
Quienes se oponen al acuerdo sostienen sin embargo que, más que resultado de una negociación, éste es producto de una necesidad política de ambas partes. Y en este sentido resaltan la proximidad tanto de las elecciones municipales como de la asamblea anual de la petrolera en La Haya, donde ésta deberá dar cuenta ante organismos internacionales e inversores sobre el caso de Magdalena.
Lo cierto es que el domingo que viene, en un plebiscito no vinculante, los habitantes de Magdalena deberán manifestarse a favor o en contra del acuerdo. Y esa instancia encuentra por estos días al pueblo en medio de grandes contradicciones.
Para el intendente de Magdalena, Fernando Carballo, los 5,4 millones de litros de petróleo que impactaron sobre la costa de su municipio en enero de 1999 constituyen ya hoy "un daño difuso". "Después de diez años de juicio estamos en cero: al ser trasladada la causa a un juzgado de la capital federal por decisión de la Corte Suprema, las actuaciones hechas en La Plata no sirven; el nuevo juez volverá a pedir pericias; y si se hacen ahora los resultados ya no son los mismos. El daño que quedó es un daño difuso que tiene que ver con el tiempo que los vecinos no pudimos usar la costa", dice.
Desde esa postura, Carballo sostiene que mejor "pájaro en mano". "En plena crisis mundial llegamos a un acuerdo por una cifra en dólares que nos parece conveniente. Tras cinco años de negociaciones es lo máximo que pudimos acordar", explica.
"Que Shell no reconozca su responsabilidad sobre los hechos es lógico -agrega-; para eso tendríamos que ganarle el juicio. Pero que no los reconozca no significa que el dinero que ofrece no sea una indemnización. La ayuda desinteresada se limita a las otras obras que entran en el acuerdo", señala Carballo en referencia a la oferta de la petrolera para asesorar al Municipio en el diseño de un plan de explotación integral en materia turística, un parque industrial y un programa de tratamiento de los residuos.
En cualquier caso, el intendente no es el único que cree que hoy lo mejor es "el pájaro en mano". Algunos vecinos también están de acuerdo con esa postura. "Un juicio como éste puede durar cuarenta o cincuenta años más. Yo entiendo que aceptar esa plata, que equivale a tres o cuatro presupuestos municipales, a Magdalena le sirve", opina Horacio Botana, un contratista local mientras desayuna en una cafetería céntrica del pueblo.
Unas mesas más allá, otros tres parroquianos no comparten su opinión. Prefieren no hablar del tema. "Para qué -dicen-, si ya todo está resuelto. El plebiscito no es vinculante; ir a votar es hacerle el juego al intendente", aseguran.
En la puerta del banco, Mónica Ostegui, una docente de Magdalena, cree en cambio que sí vale la pena hablar. "No me parece correcto este acuerdo -dice-; no sólo porque Shell debería pagar mucho más, como se calculó en un principio, si no porque además no se hace responsable del desastre que produjo".
"Desde entonces yo no llevo más a mis hijas al río ni pienso hacerlo, porque la contaminación persiste y en el pueblo se sabe que hay muchísimos casos de cáncer por contacto con hidrocarburos. Pero esto no se dice, ni tampoco se informó a la gente sobre la situación real. Muchos ignoran la dimensión del daño y hasta lo que implica este acuerdo", señala la docente.
Cuando se le pregunta si sabe que Shell le ofreció un importante suma de dinero a la Municipalidad para que no siga adelante con el juicio, Roberto Lavaggi, un jubilado de Magdalena responde con otra pregunta: "¿Y para nosotros qué?".
Uno de los tantos voluntarios que participaron en las tareas de remediación durante los días posteriores al derrame, Lavaggi asegura haber sufrido "manchas en la piel durante años". Por ese motivo es parte de un grupo de 500 vecinos que reclama a Shell una indemnización millonaria por daños. En todos estos años, nunca recibió una oferta de la empresa para llegar a un arreglo extrajudicial.
"Una gambeta al daño sobre el ambiente"
"No estamos en contra de una indemnización; consideramos que Shell tiene que pagar, y bastante más de lo que ofrece. Pero este acuerdo nos deja un sabor amargo porque, sobre todo, implica una gambeta a la responsabilidad que la empresa tiene sobre el ambiente que dañó", dice Alejandro Meitin, miembro de Ala Plástica, una fundación ambientalista involucrada con el derrame desde el primer momento.
Su preocupación no es gratuita. En enero último, al cumplirse diez años del derrame, Ala Plástica dio a conocer un complejo estudio científico basado en imágenes satelitales previas y posteriores al desastre. En él sostiene que el daño ambiental sobre el ecosistema costero no ha logrado ser revertido en todo este tiempo.
"Si ya perdimos diez años en reparar el ecosistema costero, por lo menos no perdamos la posibilidad de aprender algo de este desastre", agrega Meitin, quien considera que las condiciones que dieron lugar al derrame de Magdalena no han mejorado desde entonces.
"Siguen circulando frente a nuestras costas unas 13 mil embarcaciones con sustancias tóxicas cada año y no se han intensificado las exigencias sobre doble casco de esos buques. Nada impide que el desastre se repita, poniendo en riesgo a las personas que hacemos uso directo del agua del Río de la Plata", dice.
Esta semana, Ala Plástica volverá a presentar el mismo informe ante el Municipio de Magdalena. "Antes de que el intendente tome cualquier decisión queremos que quede constancia de que el daño persiste", explican.
Fecha de Publicación: 09/05/2009
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Diez años después del mayor derrame de petróleo crudo sobre aguas dulces del mundo y en medio de un proceso judicial que enfrenta al pueblo de Magdalena contra Shell por los perjuicios que ocasionó el incidente, una propuesta de acuerdo económico entre la empresa y el Municipio está a punto de imprimirle un giro decisivo a la historia. Para algunos habitantes de esa pequeña localidad vecina de La Plata se trata de una salida atractiva a un conflicto que se ha extendido por demasiado tiempo sin grandes resultados beneficiosos. Para otros, es motivo de indignación y escándalo; y una amenaza potencial a que al desastre ecológico quede impune.
El acuerdo extrajudicial consiste en el ofrecimiento de 9,5 millones de dólares y apoyo para obras por parte de Shell al Municipio a cambio de que éste renuncie a seguir adelante con sus acciones legales en busca de una indemnización mayor. Y en él, la empresa no reconoce ninguna responsabilidad sobre los hechos ni la existencia de daño ambiental. Desde esta perspectiva, su oferta se presenta como una ayuda desinteresada más que una compensación.
La propuesta, aclaran desde el Municipio, "no salió de un vino", sino que es el resultado de una ardua negociación con Shell iniciada hace ya cinco años. Frente a un proceso judicial que sufrió una anulación y numerosas demoras, las autoridades de Magdalena consideran haber llegado finalmente a un acuerdo "conveniente" para el pueblo, en el que no va a ser posible avanzar más.
Quienes se oponen al acuerdo sostienen sin embargo que, más que resultado de una negociación, éste es producto de una necesidad política de ambas partes. Y en este sentido resaltan la proximidad tanto de las elecciones municipales como de la asamblea anual de la petrolera en La Haya, donde ésta deberá dar cuenta ante organismos internacionales e inversores sobre el caso de Magdalena.
Lo cierto es que el domingo que viene, en un plebiscito no vinculante, los habitantes de Magdalena deberán manifestarse a favor o en contra del acuerdo. Y esa instancia encuentra por estos días al pueblo en medio de grandes contradicciones.
Para el intendente de Magdalena, Fernando Carballo, los 5,4 millones de litros de petróleo que impactaron sobre la costa de su municipio en enero de 1999 constituyen ya hoy "un daño difuso". "Después de diez años de juicio estamos en cero: al ser trasladada la causa a un juzgado de la capital federal por decisión de la Corte Suprema, las actuaciones hechas en La Plata no sirven; el nuevo juez volverá a pedir pericias; y si se hacen ahora los resultados ya no son los mismos. El daño que quedó es un daño difuso que tiene que ver con el tiempo que los vecinos no pudimos usar la costa", dice.
Desde esa postura, Carballo sostiene que mejor "pájaro en mano". "En plena crisis mundial llegamos a un acuerdo por una cifra en dólares que nos parece conveniente. Tras cinco años de negociaciones es lo máximo que pudimos acordar", explica.
"Que Shell no reconozca su responsabilidad sobre los hechos es lógico -agrega-; para eso tendríamos que ganarle el juicio. Pero que no los reconozca no significa que el dinero que ofrece no sea una indemnización. La ayuda desinteresada se limita a las otras obras que entran en el acuerdo", señala Carballo en referencia a la oferta de la petrolera para asesorar al Municipio en el diseño de un plan de explotación integral en materia turística, un parque industrial y un programa de tratamiento de los residuos.
En cualquier caso, el intendente no es el único que cree que hoy lo mejor es "el pájaro en mano". Algunos vecinos también están de acuerdo con esa postura. "Un juicio como éste puede durar cuarenta o cincuenta años más. Yo entiendo que aceptar esa plata, que equivale a tres o cuatro presupuestos municipales, a Magdalena le sirve", opina Horacio Botana, un contratista local mientras desayuna en una cafetería céntrica del pueblo.
Unas mesas más allá, otros tres parroquianos no comparten su opinión. Prefieren no hablar del tema. "Para qué -dicen-, si ya todo está resuelto. El plebiscito no es vinculante; ir a votar es hacerle el juego al intendente", aseguran.
En la puerta del banco, Mónica Ostegui, una docente de Magdalena, cree en cambio que sí vale la pena hablar. "No me parece correcto este acuerdo -dice-; no sólo porque Shell debería pagar mucho más, como se calculó en un principio, si no porque además no se hace responsable del desastre que produjo".
"Desde entonces yo no llevo más a mis hijas al río ni pienso hacerlo, porque la contaminación persiste y en el pueblo se sabe que hay muchísimos casos de cáncer por contacto con hidrocarburos. Pero esto no se dice, ni tampoco se informó a la gente sobre la situación real. Muchos ignoran la dimensión del daño y hasta lo que implica este acuerdo", señala la docente.
Cuando se le pregunta si sabe que Shell le ofreció un importante suma de dinero a la Municipalidad para que no siga adelante con el juicio, Roberto Lavaggi, un jubilado de Magdalena responde con otra pregunta: "¿Y para nosotros qué?".
Uno de los tantos voluntarios que participaron en las tareas de remediación durante los días posteriores al derrame, Lavaggi asegura haber sufrido "manchas en la piel durante años". Por ese motivo es parte de un grupo de 500 vecinos que reclama a Shell una indemnización millonaria por daños. En todos estos años, nunca recibió una oferta de la empresa para llegar a un arreglo extrajudicial.
"Una gambeta al daño sobre el ambiente"
"No estamos en contra de una indemnización; consideramos que Shell tiene que pagar, y bastante más de lo que ofrece. Pero este acuerdo nos deja un sabor amargo porque, sobre todo, implica una gambeta a la responsabilidad que la empresa tiene sobre el ambiente que dañó", dice Alejandro Meitin, miembro de Ala Plástica, una fundación ambientalista involucrada con el derrame desde el primer momento.
Su preocupación no es gratuita. En enero último, al cumplirse diez años del derrame, Ala Plástica dio a conocer un complejo estudio científico basado en imágenes satelitales previas y posteriores al desastre. En él sostiene que el daño ambiental sobre el ecosistema costero no ha logrado ser revertido en todo este tiempo.
"Si ya perdimos diez años en reparar el ecosistema costero, por lo menos no perdamos la posibilidad de aprender algo de este desastre", agrega Meitin, quien considera que las condiciones que dieron lugar al derrame de Magdalena no han mejorado desde entonces.
"Siguen circulando frente a nuestras costas unas 13 mil embarcaciones con sustancias tóxicas cada año y no se han intensificado las exigencias sobre doble casco de esos buques. Nada impide que el desastre se repita, poniendo en riesgo a las personas que hacemos uso directo del agua del Río de la Plata", dice.
Esta semana, Ala Plástica volverá a presentar el mismo informe ante el Municipio de Magdalena. "Antes de que el intendente tome cualquier decisión queremos que quede constancia de que el daño persiste", explican.
Denuncias ambientales vía Web
Denuncias ambientales vía Web
Fecha de Publicación: 08/05/2009
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Nacional
Se trata de un portal al que se podrá acceder en los próximos 45 días que recibirá denuncias de todo el país y las remitirá al juez que corresponda, según la jurisdicción. Es una iniciativa de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que, entre otras causas, fue querellante en una presentación ante la Corte Suprema de Justicia por la utilización en la siembra de glifosato y endosulfán.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADEAA) pondrá en funcionamiento una página Web para receptar todas las denuncias por contaminación en el país y remitirlas al juez de la jurisdicción que corresponda. Además, en el portal se publicarán estadísticas de las situaciones en las distintas regiones argentinas.
El director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar, anticipó, en diálogo con DiarioJudicial.com que el portal (www.banconam.org.ar) estará accesible para el público en los próximos 45 días.
Consultado respecto de las principales denuncias por contaminación en el país, Aguilar aseguró que Buenos Aires es la provincia “con mayor cantidad de casos”.
“Está destruida”, manifestó y agregó que “los pocos lugares verdes que existen pretenden ser utilizados para la construcción de shoppings o polos industriales que, en general, no guardan estudios de impacto ambiental”.
El abogado comentó el caso de Claromecó, una localidad a 565 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en la que los vecinos están llevando a cabo manifestaciones contra la tala de dos manzanas de árboles.
Respecto de otros distritos con problemas ambientales, Aguilar expresó que hay cientos de denuncias sobre la situación en las provincias cordilleranas (entre ellas Mendoza, Chubut y Neuquén) por la explotación de minerales. También se refirió a algunas localidades con problemas de contaminación por la mala utilización de los ríos (nombró a Santiago del Estero y Río Negro).
La AADEAA, que preside Enrique Viale, presentó hace diez días un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar un medida cautelar que frene la aplicación de los agroquímicos Glifosato y Endosulfán en la siembra porque contribuyen a “la degradación del ambiente y de la salud de la población”.
El principal basamento de la acción fue la aplicación del Principio Precautorio, incorporado en la legislación argentina a través del artículo 4° de la ley 25.675.
En un comunicado que difundió a través de su página Web (http://www.aadeaa.org.ar), la asociación sostuvo que no mantiene “ninguna relación con el Gobierno Nacional, quien es uno de los demandados en la acción de amparo y (…) que prioriza perversamente los intereses económicos por sobre los derechos ambientales y que carece de política ambiental alguna”.
“Tampoco tenemos ninguna animosidad contra el sector agrícola, simplemente peticionamos que la producción no lesione irremediablemente la salud de la población y los ecosistemas de nuestro país, como ocurre con la descontrolada e inadecuada aplicación generalizada del glisofato y el endosulfán, situaciones silenciadas armónicamente, en aras de exclusivos objetivos económicos”, denunció el comunicado.
La AADEAA sostuvo que pretende “una real incorporación del concepto de Desarrollo Sustentable en la producción agrícola de nuestro país” y pidió la “puesta en funcionamiento” de la Comisión Nacional creada por el Decreto 21/09 “para que se expida científica e independientemente sobre la toxicidad de éstos productos, en la búsqueda de prevenir y amparar ambientalmente, de sus nocivos efectos, a las personas y a toda la vida circundante de las explotaciones agrícolas (…)”.
Fecha de Publicación: 08/05/2009
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Nacional
Se trata de un portal al que se podrá acceder en los próximos 45 días que recibirá denuncias de todo el país y las remitirá al juez que corresponda, según la jurisdicción. Es una iniciativa de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que, entre otras causas, fue querellante en una presentación ante la Corte Suprema de Justicia por la utilización en la siembra de glifosato y endosulfán.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADEAA) pondrá en funcionamiento una página Web para receptar todas las denuncias por contaminación en el país y remitirlas al juez de la jurisdicción que corresponda. Además, en el portal se publicarán estadísticas de las situaciones en las distintas regiones argentinas.
El director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar, anticipó, en diálogo con DiarioJudicial.com que el portal (www.banconam.org.ar) estará accesible para el público en los próximos 45 días.
Consultado respecto de las principales denuncias por contaminación en el país, Aguilar aseguró que Buenos Aires es la provincia “con mayor cantidad de casos”.
“Está destruida”, manifestó y agregó que “los pocos lugares verdes que existen pretenden ser utilizados para la construcción de shoppings o polos industriales que, en general, no guardan estudios de impacto ambiental”.
El abogado comentó el caso de Claromecó, una localidad a 565 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en la que los vecinos están llevando a cabo manifestaciones contra la tala de dos manzanas de árboles.
Respecto de otros distritos con problemas ambientales, Aguilar expresó que hay cientos de denuncias sobre la situación en las provincias cordilleranas (entre ellas Mendoza, Chubut y Neuquén) por la explotación de minerales. También se refirió a algunas localidades con problemas de contaminación por la mala utilización de los ríos (nombró a Santiago del Estero y Río Negro).
La AADEAA, que preside Enrique Viale, presentó hace diez días un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar un medida cautelar que frene la aplicación de los agroquímicos Glifosato y Endosulfán en la siembra porque contribuyen a “la degradación del ambiente y de la salud de la población”.
El principal basamento de la acción fue la aplicación del Principio Precautorio, incorporado en la legislación argentina a través del artículo 4° de la ley 25.675.
En un comunicado que difundió a través de su página Web (http://www.aadeaa.org.ar), la asociación sostuvo que no mantiene “ninguna relación con el Gobierno Nacional, quien es uno de los demandados en la acción de amparo y (…) que prioriza perversamente los intereses económicos por sobre los derechos ambientales y que carece de política ambiental alguna”.
“Tampoco tenemos ninguna animosidad contra el sector agrícola, simplemente peticionamos que la producción no lesione irremediablemente la salud de la población y los ecosistemas de nuestro país, como ocurre con la descontrolada e inadecuada aplicación generalizada del glisofato y el endosulfán, situaciones silenciadas armónicamente, en aras de exclusivos objetivos económicos”, denunció el comunicado.
La AADEAA sostuvo que pretende “una real incorporación del concepto de Desarrollo Sustentable en la producción agrícola de nuestro país” y pidió la “puesta en funcionamiento” de la Comisión Nacional creada por el Decreto 21/09 “para que se expida científica e independientemente sobre la toxicidad de éstos productos, en la búsqueda de prevenir y amparar ambientalmente, de sus nocivos efectos, a las personas y a toda la vida circundante de las explotaciones agrícolas (…)”.
Sobre la gestión de pilas y aparatos electrónicos
Greenpeace calificó de improvisada la gestión de pilas y aparatos electrónicos del Gobierno de la Ciudad
Fecha de Publicación: 08/05/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital
Greenpeace denunció hoy la improvisada gestión del tratamiento y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) por parte del Gobierno de la Ciudad que, en la práctica, es incoherente con sus objetivos y refleja una vez más una política vacía en relación a la gestión de la basura.
“Las iniciativas del gobierno porteño sólo apuntan a ofrecer una salida cosmética y publicitaria y no a dar soluciones de fondo al grave problema de los desechos electrónicos, que crece día a día en la Argentina y en el mundo. Para evitar este tipo de acciones, es indispensable contar con un marco legal nacional que regule la gestión de estos residuos; en este sentido, el proyecto que está en discusión en el Senado Nacional es un paso muy importante”, declaró Rosario Espina, coordinadora de la campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace Argentina.
Para la organización ambientalista, el Plan de Gestión Integral de Pilas y Baterías Recargables Agotadas y los Programas Piloto de Recolección Aparatos Eléctricos y Electrónicos propuestos por el gobierno porteño carecen de los mecanismos de gestión convenientes para el tratamiento de estos residuos. “Además del manejo inadecuado, cargan al Estado y a los contribuyentes con la obligación económica de esta tarea, mientras que la política que debe aplicarse en estos casos es que la responsabilidad recaiga sobre los productores de los aparatos descartados”, agregó Espina.
En el caso del programa de gestión de residuos eléctricos y electrónicos, Greenpeace advirtió que presenta serias fallas a nivel operativo: quienes reciben estos residuos no cuentan con tecnología, capacitación e infraestructura para realizar el tratamiento de estos residuos peligrosos. Esta situación promueve el manejo informal de estos residuos con el consiguiente riesgo para la salud de los trabajadores y el medio ambiente.
Con respecto a las pilas y baterías recargables, la entidad ambientalista aclaró que la resolución del gobierno de la Ciudad no establece sanciones por lo que esta gestión queda en manos de la iniciativa voluntaria de las empresas productoras. En lo referido a la disposición final, no se tuvo en cuenta que la Argentina no tiene aún plantas que traten este tipo de residuos y que no se ha habilitado la exportación para su reciclaje en el exterior con tecnologías adecuadas, lo que representa la mejor opción ambiental para su tratamiento.
Los residuos electrónicos, las pilas y baterías requieren de un tratamiento específico por su alta toxicidad. La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires propone el envío de pilas y baterías no recargables a los rellenos sanitarios comunes sin ningún proceso previo. Las pilas y baterías aún si cumplen con los valores máximos establecidos por ley, no deben ser consideradas inocuas, y mucho menos deben ser recolectadas, concentradas y enviadas a rellenos sanitarios por el potencial de contaminación que puede tener esa concentración, sino enviadas a rellenos de seguridad.
Greenpeace consideró que el proyecto de ley sobre gestión y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos representa un gran avance para crear de manera urgente una infraestructura especial de reciclaje, establecer la responsabilidad individual del productor como concepto político y determinar incentivos para reducir la presencia de residuos peligrosos y complejos en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos.
Fecha de Publicación: 08/05/2009
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital
Greenpeace denunció hoy la improvisada gestión del tratamiento y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) por parte del Gobierno de la Ciudad que, en la práctica, es incoherente con sus objetivos y refleja una vez más una política vacía en relación a la gestión de la basura.
“Las iniciativas del gobierno porteño sólo apuntan a ofrecer una salida cosmética y publicitaria y no a dar soluciones de fondo al grave problema de los desechos electrónicos, que crece día a día en la Argentina y en el mundo. Para evitar este tipo de acciones, es indispensable contar con un marco legal nacional que regule la gestión de estos residuos; en este sentido, el proyecto que está en discusión en el Senado Nacional es un paso muy importante”, declaró Rosario Espina, coordinadora de la campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace Argentina.
Para la organización ambientalista, el Plan de Gestión Integral de Pilas y Baterías Recargables Agotadas y los Programas Piloto de Recolección Aparatos Eléctricos y Electrónicos propuestos por el gobierno porteño carecen de los mecanismos de gestión convenientes para el tratamiento de estos residuos. “Además del manejo inadecuado, cargan al Estado y a los contribuyentes con la obligación económica de esta tarea, mientras que la política que debe aplicarse en estos casos es que la responsabilidad recaiga sobre los productores de los aparatos descartados”, agregó Espina.
En el caso del programa de gestión de residuos eléctricos y electrónicos, Greenpeace advirtió que presenta serias fallas a nivel operativo: quienes reciben estos residuos no cuentan con tecnología, capacitación e infraestructura para realizar el tratamiento de estos residuos peligrosos. Esta situación promueve el manejo informal de estos residuos con el consiguiente riesgo para la salud de los trabajadores y el medio ambiente.
Con respecto a las pilas y baterías recargables, la entidad ambientalista aclaró que la resolución del gobierno de la Ciudad no establece sanciones por lo que esta gestión queda en manos de la iniciativa voluntaria de las empresas productoras. En lo referido a la disposición final, no se tuvo en cuenta que la Argentina no tiene aún plantas que traten este tipo de residuos y que no se ha habilitado la exportación para su reciclaje en el exterior con tecnologías adecuadas, lo que representa la mejor opción ambiental para su tratamiento.
Los residuos electrónicos, las pilas y baterías requieren de un tratamiento específico por su alta toxicidad. La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires propone el envío de pilas y baterías no recargables a los rellenos sanitarios comunes sin ningún proceso previo. Las pilas y baterías aún si cumplen con los valores máximos establecidos por ley, no deben ser consideradas inocuas, y mucho menos deben ser recolectadas, concentradas y enviadas a rellenos sanitarios por el potencial de contaminación que puede tener esa concentración, sino enviadas a rellenos de seguridad.
Greenpeace consideró que el proyecto de ley sobre gestión y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos representa un gran avance para crear de manera urgente una infraestructura especial de reciclaje, establecer la responsabilidad individual del productor como concepto político y determinar incentivos para reducir la presencia de residuos peligrosos y complejos en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos.
Contaminación en la Ciudad
Contaminación en la Ciudad
Fecha de Publicación: 07/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Capital
Según el gobierno porteño, tienen transformadores refrigerados con PCB, una sustancia cancerígena. La Ciudad Universitaria, también bajo sospecha.
Cuando faltan dos meses para que la Ciudad de Buenos Aires anuncie que los 10 mil transformadores eléctricos que funcionan en su territorio están libres de cantidades nocivas de PCB, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del gobierno porteño denunció que Canal 7, la empresa Aguas y Saneamiento S. A. (AySA) y la sede de Ciudad Universitaria de la UBA “todavía poseen transformadores que tienen 500 mil partes por millón, una cifra demasiado alta cuando estamos a 60 días de mandar a descontaminar los últimos aparatos con 50 mil partes por millón”, explicó Horacio Walter, director de evaluación técnica del organismo que tiene el poder de policía en toda la ciudad para hacer cumplir la Ley 760. La norma fija el 31 de diciembre de 2010 como la fecha final para “eliminar o exportar todas las sustancias que contengan PCB en concentraciones superiores a 50 partes por millón”. Aunque la ciudad está a un paso de cumplir esa meta un año antes, sólo quedan tres organismos dependientes del Estado Nacional que no lo hacen porque se valen de la legislación federal para no retirarlos antes.
UN CANCERÍGENO MUY NOCIVO. PCB es la sigla que identifica una sustancia altamente tóxica que todavía se utiliza en la Argentina como refrigerante para transformadores de la red de eléctrica nacional. En 2001, la Convención de Estocolmo estableció que los PCB, entre otros compuestos, son contaminantes orgánicos persistentes que llegan a estar más de seis años en suelos y sedimentos y 10 años en peces adultos. Pero además de ser un poderoso ecotóxico, se trata de una sustancia cancerígena. La primera norma que fijó plazos para dejar de usar al PCB como refrigerante es la 25.670, llamada Ley de Presupuestos Mínimos de PCB, que data de 2002 y que creó el Registro Nacional Integrado de Poseedores de esta sustancia y que determina que “en 2010 todos los aparatos que lo contengan, y que su poseedor quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto esto suceda no se podrá reponer” esta sustancia.
“Como encargados porteños de evitar el uso del PCB nunca pudimos entrar a ninguna de estas tres jurisdicciones salvo con la ayuda de la Secretaría de Ambiente de la Nación, con la que pudimos corroborar que sus sistemas eléctricos siguen funcionando con transformadores con alto poder de contaminación”, explicó Walter. Según el organismo, los transformadores fuera de regla están ubicados en la planta potabilizadora de AySA en el barrio porteño de Palermo, al lado del Aeroparque Jorge Newbery, en la sede central de Canal 7, ubicada en Figueroa Alcorta y Tagle, y en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, con sede en la Ciudad Universitaria.
En la Ciudad de Buenos Aires, la red eléctrica utiliza 7.500 transformadores administrados por las empresas Edesur y Edenor, las dos distribuidoras de energía de Capital y Gran Buenos Aires. Según un informe al que tuvo acceso este diario “Edesur posee cerca de 50 transformadores en proceso de descontaminación mientras que Edenor posee otros 43 con menos de 500 partes por millón”, por esa razón se estima que todos estarán descontaminados a fines de julio.
LAS RESPUESTAS. Crítica de la Argentina se comunicó con los tres organismos cuyos transformadores están fuera de regla. En el caso de la UBA, su subsecretario de Infraestructura, Marcelo De Cusatis, confirmó que existen “dos transformadores con PCB en buen estado dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, pero que serán reemplazados antes de fin de año, gracias a una obra de 629.000 pesos”. Sin embargo, había otros dos en la Facultad de Arquitectura que fueron desmantelados a principios de los 90, pero su contenido está en dos tambores que no han podido ser enviados a Francia para su descontaminación. “Hacerlo tiene un costo aproximado de 50 mil euros y no tenemos presupuesto para hacerlo”, explicó De Cusatis. En el caso de Canal 7, sus voceros contestaron que “analizarán el caso”, mientras que fuentes de AySA respondieron que “no hay atraso” y que están en la última etapa de remoción”. Para la APRA, esas explicaciones no alcanzan y el próximo paso será denunciarlos ante la Justicia.
Fecha de Publicación: 07/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Capital
Según el gobierno porteño, tienen transformadores refrigerados con PCB, una sustancia cancerígena. La Ciudad Universitaria, también bajo sospecha.
Cuando faltan dos meses para que la Ciudad de Buenos Aires anuncie que los 10 mil transformadores eléctricos que funcionan en su territorio están libres de cantidades nocivas de PCB, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del gobierno porteño denunció que Canal 7, la empresa Aguas y Saneamiento S. A. (AySA) y la sede de Ciudad Universitaria de la UBA “todavía poseen transformadores que tienen 500 mil partes por millón, una cifra demasiado alta cuando estamos a 60 días de mandar a descontaminar los últimos aparatos con 50 mil partes por millón”, explicó Horacio Walter, director de evaluación técnica del organismo que tiene el poder de policía en toda la ciudad para hacer cumplir la Ley 760. La norma fija el 31 de diciembre de 2010 como la fecha final para “eliminar o exportar todas las sustancias que contengan PCB en concentraciones superiores a 50 partes por millón”. Aunque la ciudad está a un paso de cumplir esa meta un año antes, sólo quedan tres organismos dependientes del Estado Nacional que no lo hacen porque se valen de la legislación federal para no retirarlos antes.
UN CANCERÍGENO MUY NOCIVO. PCB es la sigla que identifica una sustancia altamente tóxica que todavía se utiliza en la Argentina como refrigerante para transformadores de la red de eléctrica nacional. En 2001, la Convención de Estocolmo estableció que los PCB, entre otros compuestos, son contaminantes orgánicos persistentes que llegan a estar más de seis años en suelos y sedimentos y 10 años en peces adultos. Pero además de ser un poderoso ecotóxico, se trata de una sustancia cancerígena. La primera norma que fijó plazos para dejar de usar al PCB como refrigerante es la 25.670, llamada Ley de Presupuestos Mínimos de PCB, que data de 2002 y que creó el Registro Nacional Integrado de Poseedores de esta sustancia y que determina que “en 2010 todos los aparatos que lo contengan, y que su poseedor quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto esto suceda no se podrá reponer” esta sustancia.
“Como encargados porteños de evitar el uso del PCB nunca pudimos entrar a ninguna de estas tres jurisdicciones salvo con la ayuda de la Secretaría de Ambiente de la Nación, con la que pudimos corroborar que sus sistemas eléctricos siguen funcionando con transformadores con alto poder de contaminación”, explicó Walter. Según el organismo, los transformadores fuera de regla están ubicados en la planta potabilizadora de AySA en el barrio porteño de Palermo, al lado del Aeroparque Jorge Newbery, en la sede central de Canal 7, ubicada en Figueroa Alcorta y Tagle, y en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, con sede en la Ciudad Universitaria.
En la Ciudad de Buenos Aires, la red eléctrica utiliza 7.500 transformadores administrados por las empresas Edesur y Edenor, las dos distribuidoras de energía de Capital y Gran Buenos Aires. Según un informe al que tuvo acceso este diario “Edesur posee cerca de 50 transformadores en proceso de descontaminación mientras que Edenor posee otros 43 con menos de 500 partes por millón”, por esa razón se estima que todos estarán descontaminados a fines de julio.
LAS RESPUESTAS. Crítica de la Argentina se comunicó con los tres organismos cuyos transformadores están fuera de regla. En el caso de la UBA, su subsecretario de Infraestructura, Marcelo De Cusatis, confirmó que existen “dos transformadores con PCB en buen estado dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, pero que serán reemplazados antes de fin de año, gracias a una obra de 629.000 pesos”. Sin embargo, había otros dos en la Facultad de Arquitectura que fueron desmantelados a principios de los 90, pero su contenido está en dos tambores que no han podido ser enviados a Francia para su descontaminación. “Hacerlo tiene un costo aproximado de 50 mil euros y no tenemos presupuesto para hacerlo”, explicó De Cusatis. En el caso de Canal 7, sus voceros contestaron que “analizarán el caso”, mientras que fuentes de AySA respondieron que “no hay atraso” y que están en la última etapa de remoción”. Para la APRA, esas explicaciones no alcanzan y el próximo paso será denunciarlos ante la Justicia.
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