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Afecciones que presenta la fauna marina, presentan reporte

 


Contaminación y pesca, las principales amenazas de la fauna marina

Fecha de Publicación
: 28/03/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional


Un registro y análisis de las principales afecciones que presenta la fauna marina al momento de ser rescatada y asistida dio cuenta de que la mano del hombre sigue siendo el principal peligro.
Todos los años el Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino lleva a cabo un registro y análisis de las principales afecciones que presenta la fauna marina al momento de ser rescatada y asistida. Durante el año 2023, un total de 330 animales fueron asistidos, entre aves, mamíferos y reptiles marinos.
Del total, 188 animales fueron encontrados vivos y pudieron recibir algún tipo de asistencia veterinaria. De esos animales, 98 fueron avistados o requirieron asistencia en playa y 90 debieron ser ingresados al Centro de la Fundación para recibir tratamiento por diversas causas y afecciones. De los animales que necesitaron ingresar al centro de rehabilitación, 42 pudieron ser exitosamente tratados y reintroducidos al mar. Lamentablemente, 48 animales, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el equipo técnico, no lograron sobrevivir. En tanto, del total de 330 animales registrados, 142 fueron encontrados sin vida durante las tareas de monitoreo de playas.
Lo más llamativo fue  el número de Delfines Franciscanas encontrados muertos (76), poco más de tres veces que el año anterior (22). De hecho, sólo entre enero y febrero de 2023, aparecieron 40 franciscanas muertas durante las tareas de monitoreo de playa. “La Franciscana, por elegir aguas poco profundas cercanas a la costa es una especie que se encuentra amenazada tanto por la captura incidental en redes de pesca como por la contaminación de tipo física, química y acústica. En el caso de la captura incidental quedan atrapados en las redes de pesca y por tener respiración pulmonar y no poder salir a respirar a superficie terminan muriendo por asfixia. Hemos registrado casos de hembras preñadas muertas, así como de ejemplares con marcas de red e incluso con basura en contenido estomacal”, explica Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino. Vale destacar que el delfín Franciscana se encuentra en estado vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y que la Fundación Mundo Marino participa activamente de la Alianza para la Investigación, Rescate y Rehabilitación de Delfines Franciscana (AFC3R).
El delfín Franciscana fue noticia, lamentablemente, en el verano de febrero de 2016 cuando unos turistas tomaron un ejemplar de su especie en las playas de Santa Teresita para tomarse una selfie, ocasionando la muerte del animal. Lo mismo sucedió un año después, en enero de 2017, pero en las playas de San Bernardo.
Por otra parte, en el caso de los pinnípedos, se registraron 14 casos de desnutrición en la especie del Lobo de Dos Pelos Sudamericano, casi la mitad (33) de lo registrado en 2022. Hay que tener en cuenta que el 2023 estuvo signado por la gripe aviar la cual afectó especialmente a esa especie e impidió durante ciertos meses el ingreso de ejemplares al centro de rescate por instrucción del SENASA.
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Confirman la brutal pesca ilegal del buque chino

 


Pesca ilegal: afirman que el buque chino capturó ejemplares jóvenes de merluza negra, algo prohibido para evitar su depredación

Fecha de Publicación
: 25/03/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Las 163 toneladas de merluza negra encontradas en el buque Tai An, del empresario chino, Liu Zhinjang, incluían ejemplares juveniles lo cual dadas las características de las especie podría generar un daño considerable que pone en riesgo su supervivencia
Tras la ola de renuncias en el Gobierno por la pesca ilegal de merluza negra por parte de la empresa Prodesur (de capitales chinos) en el Mar Argentino, el buque Tai An arribó al puerto de Ushuaia con una carga de 163 toneladas de merluza negra, valuada en 5 millones de dólares. Pero distintos expertos ambientales advirtieron además que se hallaron ejemplares juveniles, de longitud menor a 30 centímetros, cuya captura está expresamente prohibido con el objetivo de preservar la especie.
Desde hace más de 15 años existe un sistema de cuotificación para la pesca de la merluza negra, una especie protegida a nivel global. Ni empresas locales ni extranjeras pueden pescar merluza negra sin autorización. Y en ningún caso se pueden pescar ejemplares en etapa de desarrollo de los que, en el caso del pesquero propiedad del empresario chino Liu Zhijiang, se hallaron 60 toneladas.
“La pesca indiscriminada de 163 toneladas de merluza negra, de las cuales gran parte son juveniles, significa una depredación a la vida marina y un ataque al frágil equilibrio del ecosistema”, dijo la organización ambiental Sin azul no hay verde, especializada en la protección del Mar Argentino y en combatir la destrucción y sobreexplotación de la biodiversidad y hábitats marinos.
“El caso del buque Tai An, que pescó toneladas de merluza negra juvenil sin tener permiso para hacerlo, refleja la impunidad de algunos actores de la pesca en Argentina y la falta de conciencia ambiental y del impacto negativo que tiene un hecho así en nuestro ecosistema marino”, agregó en X.
La ONG destacó no solo la ilegalidad del accionar “sino también la práctica utilizada (pesca de arrastre) y sus consecuencias ambientales. Si la pesca realizada fue directa o incidental a estas alturas en material ambiental ya no es relevante: el ecocidio ya sucedió”.
La entidad criticó la falta de controles y fiscalizaciones, a la vez que se preguntó: “¿Y si este no es un hecho aislado? ¿Y si en realidad hay más depredadores como el buque Tai An en el Mar Argentino?”. También pidió sanciones para el buque Tai An por incumplimiento del Régimen Federal de Pesca (ley 24.922) y la Ley General del Ambiente (ley 25.675).

Sobrepesca y sobreexplotación
La merluza negra, según Milko Schvarzman, especialista en conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales; se descubrió en los años 90′ y a principios de los años 2000 se empezó a ver que la sobrepesca y sobreexplotación de la especie estaba generando un daño a su población, por lo que se empezaron a tomar medidas y restricciones a nivel global.
“Es una especie tan frágil y tan sensible porque tiene un largo periodo de vida y un ciclo muy lento. Puede llegar a vivir hasta 80 años en algunos casos y esto hace que cuando se la captura, la posibilidad de recuperación de la especie sea muy lenta, a diferencia de otras especies, como la merluza común de la Argentina que llega a vivir un máximo de 10 años, o el calamar que vive entre 1 y 2 años máximo y tiene una capacidad de reproducción mucho más rápida”, detalló el especialista.
“La captura de ejemplares juveniles causa un daño aún mayor en la especie ya que no han llegado a la edad de reproducción. Siempre hay medidas, tamaños y edades mínimos permitidos para la captura para evitar y asegurar que la especie se pueda reproducir”, agregó.
A partir del accionar del Tai An, quedaron involucrados funcionarios del gobierno, en particular del ministerio de Relaciones Exteriores, en medio de sospechas de la existencia de cierta protección a la empresa china. Ayer se conoció la tercera renuncia vinculada a este caso. Se trata de Guillermo Abdala Bertiche, quien se desempeñaba como director nacional de Acuicultura.
Esta dimisión, tras la polémica por las supuestas presiones de Cancillería para favorecer un buque pesquero perteneciente a un empresario chino que depredaba el Mar Argentino, se produjo días después de la polémica salida de Julián Suárez, ex director de Control y Fiscalización Pesquera que disparó la polémica. Ambos se conocían y tenía buena relación. Abdala Bertiche también se fue descontento por el desfinanciamiento de su área y el pedido de despedir personal calificado. Cerca suyo aseguraron que no estaba dispuesto a acompañar porque su estructura iba a ser reducida algo que le iba a impedir alcanzar cualquier objetivo técnico y productivo que se había fijado.
El supuesto motivo de la renuncia de Suárez fueron las presiones recibidas por parte de Pablo Ferrara Raisberg, Coordinador General en Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien también tendría una relación familiar de Mondino, y otro de los renunciantes.
El conflicto se desató días atrás cuando se detectó el Tai An estaba pescando en una zona prohibida de la codiciada merluza negra. El barco no tenía ningún tipo de cuota extra autorizada y se detectó que tenía 163 toneladas de estas especies de merluza, por lo que se notificó a Prefectura y se le ordenó que regrese inmediatamente a puerto. En ese momento llegó el llamado de Cancillería para evitar ese regreso. Quien realizó el llamado fue Ferrara Raisberg.
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El gobierno presiona para favorecer la pesca ilegal

 


El Gobierno prohibió la pesca de merluza negra: escándalo, presiones, renuncias y un buque chino con una carga millonaria

Fecha de Publicación
: 21/03/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Según trascendió, el ahora exfuncionario recibió un llamado intimidatorio por parte de la cartera dirigida por Diana Mondino para que diera marcha atrás con una denuncia por pesca ilegal.
A 100 días del comienzo de su gestión, el gobierno de Javier Milei se encuentra en una ola de escándalos por la renuncia del exdirector de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez. A esta situación se sumó la decisión gubernamental de suspender la pesca de merluza negra en el Mar Argentino, hasta tanto se aclaren los hechos que desencadenaron la salida del funcionario, tras las denuncias por un barco vinculado a dueños chinos.
De acuerdo a la denuncia que Suárez realizó al final de su estadía en el cargo, recibió presiones por parte de la Cancillería de pasar por alto intencionalmente a un buque con rótulo argentino, pero con dueños e inversiones chinas.
La renuncia de Suárez estaría vinculada a un tenso cruce con Cancillería por "amenazas" por el buque Tia An, una nave de bandera argentina, radicada en Tierra del Fuego, cuyo dueño es un empresario chino que vive en esa provincia dueño de la empresa Prodesur.
Prohíben la pesca de merluza negra: la denuncia que disparó el escándalo
Días atrás, el pesquero llamado Tai An, de matrícula 01530, estaba pescando en una zona prohibida la codiciada merluza negra. Surgió entonces un supuesto pedido de autoridades del Gobierno de desregular la pesca en el país. La presión implicaba un pedido de intervenir en favor del buque chino que pesca merluza negra en el Mar Argentino, en el sur del país.
El pesquero se llama Tai An de matrícula 01530, y es el buque más grande de la argentina. El mismo es gestionado por Prodesur S.A, pero con inversiones privadas de Lui Zhijiang, un hombre de origen chino pero naturalizado argentino hace más de 30 años. Liu está radicado en Tierra del Fuego, misma provincia el cual el buque se encuentra domiciliado.
El Tai An no tiene permitido pescar Merluza Negra, un pez que se encuentra en la zona de Tierra del Fuego. Es por esto que, luego de que Julián Suárez dé aviso a su superior sobre la situación, habría recibido un aviso desde Cancillería exigiendo de que se dé marcha atrás con la denuncia.

Julián Suárez denunció presión de Cancillería
Las empresas denunciantes son Argenova S.A., Estremar S.A.U. y Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida S.A. (Pesantar). Estas tres empresas, que tienen barcos pesqueros, están habilitadas para pescar Merluza Negra. Son quienes alertaron sobre la situación irregular en el barco Tai An. Desde Prodesur alertan que en realidad es un intento de volver al monopolio.
A diferencia del resto de las empresas, Prodesur tiene permitido pescar todo menos especies particulares como la merluza austral, langostino o la propia merluza negra. De este último se encontraron 142 toneladas a bordo. Esta especie se encuentra en una cadena de equilibrio delicado de ecosistema. Si se pesca sin medida, puede afectar enormemente el ecosistema, generando la extinción de la propia especie.
Según informó el medio especializado Revista Puerto, la cartera conducida por Diana Mondino presionó al funcionario de Pesca luego de que éste decidiera hacer volver el barco al puerto por pesca ilegal con la captura de 142 toneladas de merluza negra.
Ante esta situación, Suárez denunció que recibió llamadas intimidatorias de Pablo Ferrara, funcionario de Cancillería y sobrino de Mondino, para que diera de baja esta orden.
El mismo medio agregó que además "le pidieron, el viernes pasado, que confeccionara una lista con cincuenta nombres para ser despedidos y que preparara una desregulación, eliminando las resoluciones y disposiciones establecidas por la Secretaría de AGyP y la Subsecretaría de Pesca desde 2019 a 2023".
Un nuevo funcionario presentó su renuncia al Gabinete de Milei y ya son 15 bajas en 100 días de gestión
"Me dirijo a usted con el fin de presentar mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha, siendo este el último día trabajado, en el cargo de Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA", señala la nota de renuncia dirigida al subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla.
Suárez trabaja desde hace 15 años en el área y estuvo al frente durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, la gota que colmó la paciencia y por la que decidió renunciar fue la llamada recibida para interceder a favor de un barco pesquero llamado Tai An.
Cazorla tomó intervención en el caso y ordenó que no regrese, pero que se mantenga fuera de la zona de veda de la merluza negra.
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Por qué la Ley Ómnibus no busca salvar el mar

 


Confirman el nexo entre pesca de arrastre y cambio climático: por qué la Ley Ómnibus no busca salvar el mar

Fecha de Publicación
: 31/01/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Los argentinos no dibujan el mar. No lo conciben como un espacio territorial soberano. El territorio, puesto a ser definido, resulta en un mapa contorno, repleto de golfos, cabos, penínsulas y bahías, pero más allá, dentro del agua, aunque existe una abundancia, pareciera para el inconsciente colectivo haber poco y nada. Nadie dibuja la Argentina incluyendo la llamada zona exclusiva económica, que se extiende hasta la milla 201 desde la costas del litoral atlántico. En conclusión, muy pocos saben que el 33% por ciento de territorio nacional es océano profundo y diverso. O pocos, además, recalan en que si las Islas Malvinas son argentinas -reclamo inalterable- es porque aquellos archipiélagos desconocidos y añorados se encuentran dentro de los límites de la Nación.
Como el mar es un espacio recreativo y vacacional, como prácticamente se ignora, casi nadie conoce lo que ocurre allí con el manejo, fuera de control, de los recursos naturales. Nadie sabe que la Argentina está comprometida a proteger el 30% de su superficie marítima para el año 2030, creando zonas protegidas de la amenaza extractiva. Nadie conoce que debajo de esa llanura ondulante y azulada ocurre, de modo sistemático y silencioso, un ecocidio. Un desmonte como los de los bosques nativos de Santiago del Estero y Salta, donde se suele violar la ley de bosques. Solo que aquí, en el mar (esta nota se escribe desde los confines de Chubut), no existe ley alguna y ese mecanismo llamado pesca de arrastre aniquila cientos de especies en pos de un negocio multimillonario que parece no tener techo.
Se viene hablando de la técnica porque la pujanza del ambientalismo está consiguiendo que el tema aflore. Los pescadores -tanto los trabajadores como los dueños del negocio- saben que manejan un recurso que se puede terminar.
Asumen por lo bajo que hay cosas para discutir, que las vedas que existen para ellos “son laxas”, que la coima es moneda corriente y que “se controlan a sí mismos” en un negocio que no tiene pausa. Financian la política, influyen sobre periodistas y legisladores. Saben que existe un sistema que los beneficia en detrimento de la naturaleza, que la rueda gira y no se puede detener.
Pescan langostino y en menor medida merluza, pagando por esas cuotas de pesca aranceles nimios. Tributan, según un consenso extendido, relativamente poco. Muchas empresas con bandera argentina están financiadas por capitales internacionales (chinos, españoles, taiwaneses, coreanos). El régimen pesquero está diseñado a la medida de los que ganan, sin fiscalización, con un criterio economicista pero sin parámetros de cuidado de la naturaleza: sin rangos de sostenibilidad.
La pesca exporta 2.500 millones de dólares por año. Flotas de barcos salen a diario desde Mar del Plata, Rawson, Trelew. Flotas amarillas y coloradas, que pasan la red, descargan producto en puerto y despachan al exterior el 95% de todo lo que traen. Casi nada de todo lo que se extirpa del mar se consume en la Argentina (La milla 201 es un tema aparte de todo el escenario aquí descripto).
Mar adentro, echan redes que pueden tener 18 metros de diámetro. Esas redes vuelven infladas como un globo naranja con toneladas de langostinos. En la barrida aplastan y matan todo tipo de especies. Esas especies se descartan, muertas, al mar. Esta semana se conoció el video de una de esas redes gordas a raíz de un descarte masivo de langostinos cometido por trabajadores portuarios de Rawson en una protesta de fines del año pasado. El descarte es como una doble matanza.
La pesca de arrastre tiene además un poderoso impacto climático. Los sedimentos marinos son una importante reserva de carbono y ayudan a mitigar el calentamiento global. Al degradar las redes el lecho marino, se liberan grandes cantidades de carbono que vuelven a la atmósfera.
Un estudio publicado este mes en la revista Frontiers in Marine Science ha descubierto que la pesca de arrastre es responsable de la emisión a la atmósfera de hasta 370 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, lo que la convierte en una práctica destructiva tanto para la vida oceánica como para el clima.
Según el artículo, la pesca de arrastre de fondo realizada entre 1996 y 2020 aportó 0,97 partes por millón de CO2 a la atmósfera. Si continúa como hasta ahora, los autores predicen que añadirá entre 0,2 y 0,5 ppm más de CO2 para 2030. Para contextualizar, la tasa de crecimiento del dióxido de carbono en la atmósfera aumenta actualmente una media de 2,4 ppm al año, según el informe 2023 Global Carbon Budget.
"El calentamiento global es como la muerte por 1.000 cortes. Son muchas fuentes distintas las que producen emisiones de CO2", afirma Enric Sala, ecólogo marino, explorador residente de National Geographic y uno de los autores del nuevo estudio. "Las emisiones de la pesca de arrastre de fondo son pequeñas comparadas con las que produce la quema de combustibles fósiles en tierra, pero todo, todo cuenta".
Para frenar esta práctica destructiva, los consumidores podrían esforzarse por evitar en el supermercado el pescado capturado con arrastre de fondo, pero Sala añade que, salvo en unos pocos casos concretos, esto puede no marcar la diferencia. En su opinión, el objetivo debe ser conseguir que las zonas protegidas restrinjan totalmente esta técnica de pesca. Crear zonas de veda.
Esa discusión comienza a ser incipiente en la Argentina. Un sector del ambientalismo y de la política trabaja para que el tema finalmente salte a debate. "Lo más lógico sería prohibir la pesca de arrastre de fondo en las zonas marinas protegidas", afirma Sala: "Empecemos por ahí", agrega. Pero la Argentina tiene su contexto específico. Un flamante presidente que quiere cambiarlo todo. Un oficialismo que abrió el debate por el lado equivocado. La Ley Ómnibus buscó modificar el régimen pesquero, sin atender ninguna de las cuestiones hasta aquí narradas.

Cambios en la ley de Milei
Una marcha atrás que no necesariamente implicará que las cosas mejoren. Así se lee desde el ambientalismo lo que ocurre con las modificaciones al régimen pesquero promovida por la Ley Ómnibus con la que el presidente Javier Milei se propone refundar la Argentina. Por presión de la industria y de las provincias costeras de la Patagonia, el Gobierno aceptó derogar los artículos que generaban enojo.
La modificación del régimen de pesca generó un gran debate público y parlamentario. Puso a los medios masivos de comunicación a hablar de pesca. Un tema no tocado. El debate se abrió por la arista impensada. Para los pesqueros, Milei remataba el mar argentino, lo concedía a los chinos que acechan en la milla 201. Abandonaba los puertos argentinos. Remataba la zona exclusiva económica.
“La base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita”, explica un experto del sector consultado por Clarín. “Así, un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”, agrega. Pide que no se revele su nombre porque es un “jugador fundamental”.
Las regalías por pesca de langostinos son de alrededor 0,3%. Las de merluza hubbsi son de alrededor el 0,15%. “Este es uno de los problemas que urge resolver. De esta manera el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras, incrementando los aranceles que pagan las empresas. Una gran confusión se produjo como consecuencia de la incorporación de la palabra internacional en el sistema de asignación de cuotas aun cuando el proyecto no modificaba la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad pesquera. Eso fue corregido”, dice el analista.
Esta palabra fue removida en la nueva versión de la ley, clarificando dicha confusión. Respecto al proyecto inicial también se modificó el artículo 7 y se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley N° 24.922, con lo cual se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina. Alivio para la industria local, sí, pero nada dicho sobre la protección de un recurso que se puede terminar.

La voz de un experto
Leandro Calvo es abogado, secretario de la fundación Misión Atlántico. La organización impulsa desde Chubut un debate necesario sobre la creación de áreas protegidas marinas. Recogen la voz de decenas de ONG's reunidas alrededor del Foro para la Conservación del Mar Argentino. Todos consideran que la industria pesquera debe discutir con el ambientalismo un forma de zona “no take” para la preservación de los ecosistemas y la sostenibilidad del recurso.
“Sería bueno para todos -dice Calvo-, pero el debate arrancó por otro lado. Lo que nosotros vemos es que hoy la ley de pesca está planteando estándares laxos y cuestionables. No son solo económicos. La Ley Ómnibus plantea transicionar hacia un criterio que atiende solo la variable económica. Además, se están eliminando los criterios de faltas. La única variación que aceptó el gobierno fue el criterio internacional. Eso es un maquillaje porque lo que tenés es capitales internacionales financiando empresas argentinas”.
“Se necesita mejorar las pesca que tenemos. No profundizar el extractivismo. Necesitamos un cambio que vaya a la sostenible, con artes de pesca menos dañinas para el ambiente. Nuestro objetivo de máxima es crear un área marina protegida. Argentina tiene compromisos internacionales en ese sentido y deberá cumplir para no chocar, entre otras cosas, con mercados que exigen el respeto por el medio ambiente. Salvar el mar es salvar también el negocio de la pesca”.
Calvo finaliza: “En resumen, coincidimos en la necesidad de actualizar la legislación pesquera, pero abogamos por la construcción de amplios consensos, con la sostenibilidad como eje central. Advertimos que, de aceptarse las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, se beneficiaría claramente a empresas extranjeras en detrimento de aquellas que han invertido y tienen historial productivo en nuestro país, profundizando la primarización de la matriz productiva y el deterioro de nuestro mar”.
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Pingüinos de Argentina cada vez más complicados

 


Cambio climático, contaminación y pesca, causas de impacto en la conservación de pingüinos

Fecha de Publicación
: 24/01/2024
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional


En Argentina, más de un millón de parejas de pingüinos de Magallanes se encuentran en 71 colonias a lo largo de 4.500 kilómetros de la costa. El pingüino de penacho amarillo es una especie considerada "en peligro" en el territorio nacional.  
El cambio climático, la contaminación, los efectos negativos de la pesqueria y la degradación del hábitat son las principales causas que impactan en la conservación de los pingüinos en Argentina, una especie estratégica para el funcionamiento de los ecosistemas marítimos, indicaron este viernes especialistas con motivo del Día de la Concientización por los Pingüinos que se celebra este sábado.
En Argentina, más de un millón de parejas de pingüinos de Magallanes se encuentran en 71 colonias a lo largo de 4.500 kilómetros de la costa, según datos de la Sociedad Global de Pingüinos (GPS, por sus siglas en inglés).
Los pingüinos son aves longevas que viven aproximadamente entre 30 y 35 años, y en las costas argentinas se pueden encontrar tres especies: el pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), el pingüino Penacho Amarillo (Eudyptes chrysocome) y el pingüino Papúa (Pygoscelis papua).
Entre ellos, el pingüino de penacho amarillo es una especie considerada "en peligro" en el territorio argentino, mientras que a nivel mundial está categorizada como "vulnerable" por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debido a su tendencia poblacional decreciente.
Conocidos por una tendencia "monógama" a la hora de reproducirse (que excepcionalmente ocurre durante toda su vida) en épocas migratorias esta especie de ave es capaz de recorrer miles de kilómetros buceando desde el sur patagónico hasta las costas bonaerense, uruguaya e incluso alcanzar el sur de Brasil.
"Los pingüinos son una parte importante de nuestro ecosistema marítimo, ya que la protección y conservación en buen estado de sus poblaciones contribuye a un buen estado de salud de nuestro mar", aseguró en diálogo con Télam el doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet Esteban Frere.
En este sentido, destacó que los pingüinos son una especie estratégica ya que, al ocupar toda la plataforma marítima argentina, "consumen muchas especies diferentes de peces y crustáceos y son una parte muy importante del funcionamiento del sistema marítimo".
El investigador asociado de WCS Argentina agregó que también "funcionan como nuestro centinela y evaluadores del estado del mar".
Hasta mediados de los años 90, alrededor de 40.000 pingüinos de Magallanes morían por año debido a la contaminación en el mar, consignó Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.
Si bien estos números disminuyeron a raíz de mejoras en las legislaciones, actualmente "enfrentan múltiples amenazas que comprometen su supervivencia", señaló el doctor en Biología e investigador del Conicet Pablo García Borboroglu.
Borboroglu -quien en 2023 se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el Premio de Indianápolis por conservación animal- detalló que las principales problemáticas de los pingüinos en la actualidad son "el cambio climático, la contaminación, los efectos negativos de la pesquería y la degradación del hábitat".
"El calentamiento global impacta negativamente los hábitats de los pingüinos, tanto en términos de reproducción como de alimentación. Las alteraciones en la disponibilidad de alimentos son críticas, especialmente durante los periodos donde estos recursos son más necesarios", aseguró el fundador de la GPS.
Además, el cambio climático se relaciona con un aumento en la frecuencia, intensidad y duración de las olas de calor, las cuales provocaron mortalidades en las colonias de pingüinos.
"Por ejemplo, -señaló Borboroglu- en Chubut durante 2017 se registraron temperaturas de hasta 44 grados Celsius, resultando en la muerte de al menos 300 pingüinos sanos debido al estrés térmico".
En cuanto a la contaminación, los derrames de petróleo son una amenaza "considerable" para estas especies, ya que dañan su plumaje y reducen su capacidad de aislamiento y flotabilidad, además de que la ingestión de petróleo durante el aseo puede ser tóxica.
También la contaminación por plásticos es "preocupante", ya que "los pingüinos pueden quedar atrapados en piezas grandes o ingerir fragmentos pequeños, lo que puede dañar su tracto digestivo y ser fatal".
En tanto, el mal manejo de las pesquerías comerciales es una de las principales amenazas al medio marino a nivel global, ya que la competencia por alimentos en las áreas de alimentación de los pingüinos y la captura incidental durante las operaciones pesqueras representan "impactos significativos", señaló Borboroglu.
A su vez, las actividades humanas, como el turismo no regulado o furtivo, pueden ser perjudiciales para las colonias de pingüinos: "Se han reportado casos donde maquinaria pesada ha destruido parte de una colonia en Chubut", aseveró el especialista sobre el desastre en la colonia de Punta Clara, en Chubut, que en 2021 mató al menos 192 pichones bajo las ruedas de una topadora que pasó por encima de casi 150 nidos.
Sobre este punto, Frere sostuvo que un turismo "regulado y planificado" puede ser beneficioso para la concientización sobre estas especies, ya que "genera educación hacia el público y recursos que pueden ser utilizados para mantener las áreas protegidas", como las de Península Valdés, Isla Deseada, Parque Nacional Monte León y Punta Tombo, entre otros.
Esta última es la mayor colonia de pingüinos de Magallanes en Patagonia, con más de 200.000 parejas reproductoras.
A su vez, el impacto del cambio climático sobre las corrientes también está siendo estudiado por los científicos para evaluar potenciales cambios en su calendario y desplazamiento.
"Este año hemos visto en la colonia de Cabo Vírgenes (Santa Cruz) que una buena porción de los pingüinos no emigraron y se quedaron en la zona marina, a 300 metros a la redonda, cuando antes hacían 5.000 kilómetros", sostuvo Frere.
Finalmente, el biólogo concluyó que, para la conservación de esta especie, "si bien el ciudadano común puede poner un granito de arena, con respecto al cambio climático ya estamos hablando de negociaciones a nivel internacional y eso es lo que está faltando".
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Pesca ilegal: quieren terminar con la práctica

 


El Gobierno busca poner punto final a la pesca ilegal en la milla 200: “El que las hace las paga, también en el mar”

Fecha de Publicación
: 18/01/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Defensa renueva los operativos para enfrentar a los pesqueros ilegales que se adentran en la Zona Económica Exclusiva argentina para utilizar sus recursos; el plan de la cartera de Luis Petri; el trabajo en altamar; y las características del ARA Cordero
“Las olas y el viento... y el frío del mar”, comienza la popular canción Tiritando del cantante Donald. La simple frase podría resumir lo que viven todos los días los militares de la Armada encargados de proteger el Mar Argentino, pero eso es apenas una parte de la labor que cumplen a destajo. A veces en las sombras, pero siempre a la luz del sol.
En las últimas horas, zarpó desde la Base Naval de Mar del Plata un nuevo buque que da inicio a la nueva estrategia del Gobierno para intentar controlar un grave problema sin solución desde hace años: la pesca ilegal en la milla 200, el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina el cual es asechado por más de 500 buques extranjeros todos los meses que se benefician de la riqueza marina nacional. “El que las hace las paga... también en el mar”, prometió el ministro de Defensa, Luis Petri, parafraseando al presidente Javier Milei.
Se trata del ARA Contralmirante “Cordero”. El buque, fabricado en Francia por la empresa Naval Group, fue comprado en 2018 y llegó a territorio nacional en 2022. Es el último de cuatro hermanos gemelos que adquirió el Estado en este lustro. Tiene capacidad para 59 personas, fue construido con especificaciones puntuales -como un casco resistente al hielo antártico- y está preparado para acciones disuasorias en alta mar con artillería incluida.
Durante los próximos 15 días, en la operación Grifón XVII, el buque navegará hasta el límite de la milla 200 rumbo a Chubut con el objetivo de controlar la zafra de calamar que abunda entre los meses de noviembre y marzo y que convoca a piratas de China, España y Taiwán, entre otros países, para quedarse con el valioso botín viviente. Hoy, hay identificados 344 de los cuales un 80% son de origen chino.
El Ministerio de Defensa invitó a LA NACION a participar del acto que formalizó la misión. Allí el ministro Luis Petri despidió a los 41 marinos que no verán a sus familias durante más de un mes. El funcionario nacional hizo hincapié en su discurso en la necesidad de resolver esta problemática con firme decisión del Gobierno. Adelantó que se convocará a una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados para solucionar el asunto y que es preciso “controlar y custodiar los recursos”, ya que aunque no es una infracción estar en la milla 201, sí constituye un daño significativo al medioambiente. Otra iniciativa que prevé el Ministerio es solicitar la extensión del límite a organismos internacionales. Menciona el caso ecuatoriano donde se le concedieron 50 millas más en torno a las Islas Galápagos.
El nuevo apoyo al sector se da semanas después del intento de modificaciones en el área de pesca, incluidas en la ley ómnibus enviada al Congreso que tuvo el repudio unificado de los gobernadores del sur y del comercio pesquero.
Petri dejó en claro que la idea de Nación es que se logre una legislación que sancione a los buques pesqueros sin autorización de pesca en mar argentino. Pero, resaltó que para eso se cambiará la estrategia de juego: se reducirá la derrota de los buques para focalizarla en un rango de 90 millas en línea recta a la provincia de Chubut donde la zafra se presta con mayor facilidad. Habló de “redireccionar el presupuesto”, no de aumentarlo y aseveró: “No se puede hacer siempre lo mismo si queremos que las cosas funcionen. Hoy no hay presencia 24/7 en la zona”.
El ministro no estuvo solo en la cubierta del buque de 1650 toneladas y 80 metros de largo. A su lado estaba el brigadier Xavier Julián Isaac, que en diálogo con este medio consideró como un “honor y un privilegio” su designación como el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto; además estuvieron el jefe del Estado Mayor General de la Armada, contraalmirante Carlos María Allievi; y el comandante Conjunto Marítimo, contraalmirante Norberto Pablo Varela; también representantes del Ejército, la Fuerza Aérea y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, uno de los principales críticos de los cambios en pesca propuestos por el Gobierno. Sin rencores, Petri lo llamó “amigo” y “compañero”.
Terminado el discurso de Petri, que trasladó un mensaje del Presidente, el buque se marchó. A bordo, durante largos días, y frías noches, la tripulación se transformará “en una familia”, cuenta Erik, el maquinista del ARA Cordero que conoce con lujo de detalles hasta el último mecanismo del navío. Él es de San Juan y viajó hasta Bahía Blanca para enlistarse en la Armada. Desde hace tres años que sirve en la base naval de “La feliz”, y pese a destacar la belleza de su tierra, reconoce que le gustaría vivir en Mar del Plata para siempre. “Allá sin aire acondicionado te cocinás”, narra mientras cuenta su historia en la parte trasera de una lancha modelo RIV con la que se le permitió a LA NACION fotografiar el ARA Cordero tras su partida a tres millas de la costa mar adentro.
Él y el resto de la tripulación marchan a la velocidad máxima del ARA Cordero [12 nudos, o 22 km/h]. Lo que los espera es realizar controles de “presencia, permanencia y resistencia”, según explicó el capitán de navío, comandante de la División de Patrullado Marítimo, Martín Méndez. “Hay que monitorear y si se localizan buques en ese sector, se intenta identificar si hace un tránsito inocente [o sea que navega sin actividad económica] o si el pesquero tiene las artes de pesca desplegadas y se mueve a velocidad de pesca”.
Méndez detalla que en caso de identificar un navío pescando ilegalmente comienza un protocolo que consiste, en primer lugar, en tomar los datos del buque [número y nombre] para trazar su origen. Luego se da aviso al capitán de la nave trasgresora que se enviará una dotación de “visita, registro y captura”. Esta lo que hace es abordar el pesquero en busca de indicios de pesca ilegal. En algunos casos hay características externas que dan cuenta de esta acción, como hallar tinte negro en el casco tan solo al pasar la mano. Sin embargo, una vez a bordo, la dotación se presenta como “autoridad marítima nacional” y se hace un registro de la documentación, a la par de inspeccionar las bodegas de enfriado, donde si se detecta que el calamar pescado aún se dobla, es porque fue recogido alrededor de las últimas seis horas y no llegó a congelarse. Acto seguido, se traslada el navío hasta el puerto correspondiente más cercano.
El trabajo en altamar no solo le compete a la Armada, sino que hay un trabajo en conjunto con otras dependencias de las Fuerzas. Una de ellas es la Fuerza Aérea que realiza vuelos de reconocimiento sobre esa zona en busca de navíos en infracción. “Hay apoyo aéreo con vuelos de control del espacio marítimo que sirven para reforzar la permanencia, o un monitoreo de mayor velocidad. También los trabajos continúan desde tierra donde se lleva a cabo el seguimiento de las tareas, uno no sale a ver si encuentra algo al mar, ya lleva información precisa”, relata Méndez.
Este apoyo aéreo es una de las otras aristas que Defensa pretende potenciar en los próximos meses. En diálogo con LA NACION, Petri comentó que la intención es continuar con la llegada de los aviones P3 Orion que se estableció en octubre de 2023 bajo la administración anterior, pero que según el ministro, “no se estaban pagando”. El objetivo es recuperar la capacidad de exploración de largo alcance en la Zona Económica Exclusiva y tener mayor presencia en las áreas marítimas de interés y la Antártida Argentina, sobre todo en lo que respecta al control de los recursos vivos y no vivos y las líneas de comunicación marítimas.
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Poblaciones de delfín franciscana en estado crítico

 


Crónica de una muerte anunciada: la desaparición del delfín franciscana

Fecha de Publicación
: 24/10/2023
Fuente: Ahora Mar del Plata
Provincia/Región: Nacional


Ahora Mar del Plata dialogó con el presidente de Fauna Argentina en el marco del hallazgo de uno de estos cetáceos en las playas del norte de Mar del Plata: "Si las autoridades no hacen algo inmediatamente, en pocos años estará extinguido".
Frente a esta situación y entendiendo que es una especie en extinción Ahora Mar del Plata se comunicó con el presidente de Fauna Argentina, Juan Lorenzani, que explicó las causas de lo sucedido y las denuncias que han realizado desde la institución para poder frenar la situación de este animal que fue descubierto por primera vez en las costas del Río de la Plata durante el siglo XIX, es uno de los cetáceos más pequeños del mundo y netamente costero.
En principio explicó: "Desafortunadamente este es un delfín que se encuentra en un grave peligro de extinción causada por algunas artes de pesca como el trasmallo: una red tiene varios metros y al quedar suspendida en el mar pesca sola, allí es donde caen las franciscanas o también en redes de pescas de barcos de velocidad".
Además, agregó que "se enviaron muchas notas a Subsecretaría de Pesca para que traten de buscar una solución al problema, pero no hay respuesta. Se estima que hay unas 15 mil franciscanas en el país y están muriendo más de 500 por año. Si las autoridades no hacen algo inmediatamente para ayudar a este delfín, en pocos años estará extinguido".
Asimismo, denunció: “Nos da la sensación que hasta a la comunidad científica no le interesa este caso. Ellos también son responsables, desde la década del 70 realizaron preciosos papers que quedan encajonados, pero nunca buscan la solución”.
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La trazabilidad pesquera estancada en Diputados

 


“Trazabilidad pesquera”: Diputados no abordó la iniciativa interparidista

Fecha de Publicación
: 17/10/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


El tratamiento de la denominada “Ley de trazabilidad de la pesca y la acuicultura” no prosperó en la última sesión de la Cámara de Diputados porque cerca de 30 legisladores oficialistas se levantaron de sus bancas y se perdió el quórum.
La iniciativa -que, entre otras cosas, busca frenar la depredación del mar argentino- es interpartidista: la promovieron Graciela Camaño (Identidad Bonaerense); Carlos Selva (Frente de Todos) y Mariana Zuvic (Coalición Cívica).
Ante lo ocurrido, el Círculo de Políticas Ambientales publicó en su cuenta de X “Parte de la bancada del Frente de Todos deja sin quórum la sesión para tratar la ley de trazabilidad de la pesca que permite combatir la pesca ilegal y no reglamentada, especialmente de China, dar transparencia al sector y evitar el fraude de los productos de pesca”.
Por su parte, el conservacionista marino Milko Schvartzman, que sigue el tema desde una perspectiva internacional, interpretó la conducta de los oficialistas a la luz de la relación del gobierno argentino con China y escribió: “Pesca ilegal: China celebra que legisladores del gobierno kirchnerista en Argentina evitan votar ley de trazabilidad y transparencia en la pesca favoreciendo a las flotas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.
En tanto, en la misma red social, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, subrayó que pese al consenso existente, el kirchnerismo se retiró “a último momento” y “de manera repentina”.
“Este dictamen busca rastrear el origen y trayecto de las capturas para evitar el ingreso de productos ilegales y no regulados a los mercados. Esto, sumado al desinterés del kirchnerismo por tratar la aprobación del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio para limitar las subvenciones a la pesca no hace más que demostrar su voluntad de entregar el Atlántico Sur a China”, sumó.

Dictamen
Luego de un proceso durante el cual, a lo largo de 2022, expusieron representantes del sector privado, gremios, la sociedad civil y funcionarios del Ejecutivo, el proyecto obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Intereses Marítimos.
El proyecto original fue elaborado por los radicales Fabio Queglas (Buenos Aires) y Ximena García (Santa Fe). Apunta a darles garantías a los consumidores y a mejorar el acceso a los mercados externos de los productos de la pesca argentina. No aplica a la denominada “Milla 201”, sobre la cual la Argentina no tiene jurisdicción, pero plantea que en la medida que la trazabilidad se generalice, le quitaría atractivo y rentabilidad a los productos de la pesca ilegal, de China o de cualquier otro país.
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Argentina entre los países más perjudicados por la pesca ilegal

 


Argentina está entre los tres países más perjudicados del mundo por la pesca ilegal

Fecha de Publicación
: 14/09/2023
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Nacional


A nivel regional nuestro país es el mayor daminficado con una pérdida anual de 3500 millones de dólares.
Un estudio de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) arrojó que Argentina ocupa el tercer puesto entre los países más perjudicados por la pesca ilegal a nivel mundial y es el mayor damnificado en Latinoamérica.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) genera pérdidas millonarias a las naciones en desarrollo y a nivel general, las pérdidas globales se estiman en hasta USD 50 mil millones.
El informe indica que Argentina pierde anualmente hasta 3500 millones de dólares por ésta práctica ilícita, sólo superada por los casi USD 12.000 millones que pierde África, en su conjunto, y los USD 4000 que le son hurtados a Indonesia.
A nivel regional, en América Latina, nuestro país encabeza el ranking de mayores pérdidas económicas, en promedio casi siete veces más que Perú (USD 500 millones) y unas doce veces más que Chile (USD 300 millones).
Raúl Cereseto, Presidente de la entidad a cargo del reporte, detalló que los números se corresponden con los resultados de un trabajo que se llevó a cabo durante el primer semestre del año, a través del entrecruzamiento de datos de una investigación propia (basada en reportes de especialistas en la materia) con informes de la Financial Transparency Coalition (FTC), del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana (CLALS), del Círculo de Políticas ambientales, de la Global Fishing Watch y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Los principales resultados
El informe de la FULASP detalló que este tipo de práctica representa hasta un 30% de las actividades del sector pesquero mundial, con un volumen de negocios anual estimado entre 10.000 y 23.000 millones de dólares.
Al mismo tiempo, reconoce que la INDNR conlleva a que más del 90% de los recursos pesqueros mundiales “estén plenamente explotados, sobreexplotados o agotados”.
En otro orden, el trabajo también señala que la mayor parte (60%) de los buques industriales y semindustriales involucrados en la pesca ilegal tienen bandera asiática (sobre todo de origen chino), mientras que la cuarta parte restante se corresponde con embarcaciones de países de América Latina, África y Europa, respectivamente.
En el caso de las empresas involucradas, el 80% también ostenta capitales ligados al gigante asiático.

Cómo empezó
Según el informe, el nefasto ranking argentino comenzó a forjarse hace unos 25 años, cuando la flota china empezó a operar en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), enfrente de las costas de la Patagonia.
La primera vez que la Prefectura nacional capturó a un barco chino realizando pesca ilegal en el mar argentino fue en el año 2001, cuando eran sólo algunas decenas las embarcaciones que amenazaban los recursos pesqueros.
Actualmente, con casi 3.000 barcos, China construyó, en dos décadas, la flota pesquera más grande del mundo, ejerciendo tareas espurias en el Atlántico Sur con más de 400 buques.
Estas embarcaciones se posicionan en el límite exterior con el objetivo de ingresar a pescar dentro de la ZEE, y muchos apagan sus sistemas de rastreo satelital (transponders o transmisores de posición) durante períodos prolongados, cruzando nuevamente la milla 200 hacia alta mar cuando son detectados por la guardia costera de la Prefectura Nacional Argentina.
Otra particularidad es que las flotas ilegales trabajan en conjunto con barcos de transporte que tienen bodegas refrigeradas para conservar toneladas de pescados. Y algo sumamente importante es que esos transportadores llevan combustible y otros suministros para barcos más pequeños, por lo que éstos últimos no pierden tiempo regresando a puerto y pescan de modo continuo.

Una problemática urgente
A partir de los datos que arroja el trabajo, y en congruencia con lo que plantea la FAO, el manifiesto destaca que “si aquellos involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), aprovechan las poblaciones en riesgo que están sujetas a rigurosos controles de manejo o restricciones temporales, se dificultará la recuperación de estas poblaciones a niveles saludables”
“Esto pone en peligro la diversidad de vida marina, la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los recursos pesqueros como fuente de proteínas, y los medios de subsistencia de las personas vinculadas con esta industria”, indica el documento.
Para arrojar mayores datos, el informe de la FULASP grafica en números la gravedad de la situación para el país y expresó que el impacto económico es de gran magnitud, ya que las compañías argentinas exportan a los mismos destinos y si los barcos ilícitos tienen éxito en su pesca, los valores del calamar (por ejemplo) podrían declinar desde un rango que oscila entre U$S 2.700 y 3.000 por tonelada hasta menos de 2.000.
Esto sin considerar que, además, los gastos operativos de las empresas nacionales son significativamente superiores
“Esta situación representa una competencia injusta en su totalidad, puesto que numerosas embarcaciones extranjeras remuneran a sus trabajadores con salarios de 200 dólares al mes, lo que totaliza alrededor de 4.000 dólares mensuales para una tripulación promedio de 20 personas. En contraste, para un barco argentino, los mismos servicios implican un coste superior a los 50.000 dólares”, añadió Cereseto.
En este punto, el trabajo instó a las autoridades nacionales a “enfocarse en la creación de nuevas regulaciones, y a colaborar a nivel del Mercosur, para garantizar los derechos del bloque regional”.
Finalmente, Raúl Cereseto afirmó que “este ha sido un conflicto transversal a todos los gobiernos y que ninguno ha tenido la fiel convicción de erradicar”.
Y concluyó: “es vital que esta problemática sea incorporada en la agenda de temas urgentes de cara a la próxima gestión, sea cual fuere el resultado de las elecciones generales de octubre”.
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Los tiburones en Argentina también en declive

 


Alertan por el estado de peligro de especies de tiburones en el país

Fecha de Publicación
: 27/07/2023
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional


De todas las especies que habitan el mar Argentino, el tiburón escalandrún es el más comprometido, con un descenso del 90% de su población en los últimos 40 años.
Diversas organizaciones ambientales alertaron en las últimas horas por el preocupante presente de algunas especies de tiburones que habitan en el territorio nacional. Dentro del mar Argentino existen a la fecha 55 especies de tiburones, de las cuales la mayoría ha visto modificaciones negativas en su población durante los últimos años. Al igual que hacen otras especies como el yaguareté en la tierra, el tiburón cumple la función de ser el depredador tope, por lo que es vital su rol en los hábitats que transita, ya que regula las poblaciones de los animales y mantiene estables los ecosistemas.
A diferencia de lo que puede suceder con otros animales, en este caso a los tiburones lo que más les afecta hoy en día no es el cambio climático o la pérdida de hábitats, sino la pesca comercial y deportiva. “De todos los tiburones que habitan en nuestras aguas, y siendo uno de los representantes por excelencia de las costas argentinas, es el escalandrún quien se encuentra más comprometido. La población se redujo un 90% en las últimas cuatro décadas, como consecuencia principalmente de la pesca deportiva sin devolución en nuestro país, por la pesca artesanal que ocurre en aguas uruguayas, y debido también a la excesiva presión pesquera comercial en aguas de Brasil, actualmente prohibida, pero que ocurrió durante décadas”, destacó a través de un comunicado la Fundación Vida Silvestre. Los expertos mencionan que esta especie es muy vulnerable a la explotación porque tiene pocas crías, algo así como dos cada dos años, reproduciéndose además a edades tardías.
Sumado a lo de la especie recién mencionada, otras muy afectadas son el cazón, el gatopardo, y el bacota. Los investigadores estiman que para estos animales, su tasa de población disminuye alrededor del 27% de forma anual. Según los autores, en los últimos 30 años disminuyó la población un 80% para el cazón, un 70% para el bacota y un 60% para el gatopardo. También confirmaron que estos tiburones se pescan principalmente durante la primera y el verano a lo largo de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. “A pesar de existir regulaciones, en muchas ocasiones no son suficientes. Es necesario armonizar las legislaciones provinciales sobre la pesca deportiva para conseguir una mayor protección de nuestros grandes tiburones costeros”, remarcó Daniela Gomel, especialista en Políticas Públicas y Gobernanza de Fundación Vida Silvestre.
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Santa Fe: obligan al Estado a proteger la fauna ictícola


Como pez en el agua: revés judicial para Santa Fe por descuidar la fauna ictícola

Fecha de Publicación
: 29/06/2023
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe


Ambientalistas demandaron a la provincia para que ponga freno a la depredación de peces ante la falta de controles de frigoríficos y la bajante histórica del río. Un juez civil hizo lugar al reclamo e instó a las autoridades a que elaboren un plan estratégico y sustentable del recurso ictícola
La Justicia falló a favor de ambientalistas que demandaron a la provincia de Santa Fe por incumplir con su deber de conservación sustentable de los recursos del río Paraná, en un reclamo relacionado con la pesca comercial a gran escala. La causa se inició hace tres años en un intento de poner freno a la depredación de peces que, según denunciaron, es incentivada por frigoríficos exportadores que avanzan de manera indiscriminada ante la falta de controles de fauna ictícola por parte de las autoridades locales.
El juez en lo Civil y Comercial de la 11ª Nominación de Rosario, Luciano Carbajo, obliga al Estado santafesino a elaborar “un plan estratégico para la utilización sustentable del recurso ictícola”, en un plazo de 150 días y bajo los lineamientos fijados por las normativas vigentes que, según detalla minuciosamente la sentencia, están siendo incumplidas.
La abogada que patrocinó a los ambientalistas de las entidades El Paraná No Se Toca y la ONG Mundo Aparte, Romina Araguas, celebró la resolución judicial por contundente y ejemplar. “Es un fallo favorable y muy fundado. Pone en evidencia los incumplimientos de la provincia de Santa Fe que venimos denunciando hace años”, sostuvo.

Conservar la fauna
La demanda judicial fue presentada a mediados de 2020 con dos objetivos. Uno inmediato, con la presentación de una medida cautelar para la veda de pesca comercial fundada en la falta de controles gubernamentales en un escenario excepcional: la bajante histórica del río Paraná, una de las más importantes en los últimos 50 años, que afecta de manera directa la reproducción de peces.
Y por otro lado, la cuestión de fondo, con la presentación de una acción de protección de intereses difusos, un recurso judicial similar al amparo ambiental basado en la ley provincial 10.000 que protege los derechos colectivos y procura “tutelar la salud pública, conservar la fauna, la flora, el paisaje y el medio ambiente”, entre otros patrimonios de la comunidad.
La demanda de ambientalistas al Estado santafesino fue muy clara: exigir un plan integral que aborde la problemática ictícola, exactamente lo que acaba de ordenar el juez Carbajo.

Río de incertidumbres
“Nadie sabe lo que hay en el río”, dijo la abogada Romina Araguas a El Ciudadano ante un aluvión de preguntas sin respuestas que evidenciaron el reclamo ambiental.
“Hay falta de datos, falta de evaluación, falta de información, falta de control. El juez ordena que se realice un plan integral porque tiene en cuenta todas estas cuestiones”, sostuvo.
Al respecto mencionó la existencia de entidades que no funcionan como el Consejo Provincial Pesquero, creado por ley, que debería juntarse una vez por mes y no lo hace, ni siquiera ante la bajada extraordinaria del río. También hizo referencia a los Puertos de Fiscalización que fueron “desmantelados y cualquiera entra en una lancha y se lleva lo que quiere sin ningún tipo de control”.
Para la abogada, la información precisa es clave antes de tomar medidas aisladas. Como ejemplo mencionó datos obtenidos en el Instituto Nacional de Limnología (Inali), del Conicet, sobre el ciclo reproductivo de los peces y la incidencia directa que tiene la bajante. Advirtió que muchas especies se reproducen con la creciente de verano, y al no tener crecientes durante tantos años, la reproducción es mala, “algo que las autoridades no pueden ignorar” a la hora de tomar decisiones, dijo.

Modelo extractivista
Araguas también lamentó la tergiversación del reclamo ambiental que a fines de 2020, cuando se decretó la veda total de pesca en medio de la pandemia, motivó el levantamiento de pescadores comerciales que al ver coartado su medio de subsistencia realizaron piquetes exigiendo que se anule la medida.
Las protestas y cortes de tránsito en distintos puntos de la provincia hicieron eco. La veda total que había sido dictada el 29 de diciembre de 2020 por el juez civil Luciano Carbajo fue modificada días después por un tribunal de segunda instancia, tras un recurso de apelación presentado por la provincia. Los camaristas Edgar Bacarat, Avelino Rodil y Ángel Angelides dispusieron una veda parcial el 8 de enero y habilitaron la pesca con fines comerciales y deportivos tres días por semana.
“Esto nunca fue un problema entre ambientalistas y pescadores como lo plantearon algunos medios de comunicación en ese momento”, aclaró Araguas tras sostener que esa lógica deja afuera el factor principal que son los frigoríficos.
“Nosotros no estamos en contra del pescador que va todos los días a sacar el pescado para comer. Lo que vemos es que los frigoríficos arrasan con todo y le pagan monedas a los pescadores. Argentina es uno de los pocos países que exporta peces de río, porque los peces de río son escasos”, aclaró Araguas para concluir: “Nuestro problema no es con los pescadores, es con el modelo extractivista que el gobierno deja en mano de los frigoríficos”.

Lo que pide el juez
En su sentencia, el juez Carbajo resuelve hacer lugar a la demanda y en consecuencia “ordenar a la provincia de Santa Fe a que dentro del plazo de 150 días hábiles elabore y presente un Plan Estratégico para la utilización sustentable del Recurso Ictícola”.
El magistrado aclara que el plan debe comprender una serie de lineamientos acordes a las normativas vigentes y también un plazo para hacerlo efectivo.
En principio aclara que el plan deberá basarse “en información ambiental, local y pública” que permita analizar el estado actual del recurso (ictícola) y que uno de sus objetivos deberá ser “la protección de la biodiversidad y la sustentabilidad ambiental”.
Para ello insta al Estado provincial a que “produzca su propia información científica de calidad de forma local, periódica y sistemática”.
Tanto el plan integral como la información ambiental local que se genere deberán publicarse en el portal web de la provincia en concordancia con la ley 12.212.
Especifica que la información tiene que ser volcada al Registro Provincial de Estadísticas Pesqueras, al Sistema Provincial de Información Ambiental y al Registro Provincial de Operaciones Pesqueras.
En relación a las vedas de pesca, el juez indica que el plan debe incluir un “sistema de alerta temprana” a fin de proteger el recurso ante casos de crisis hidrológicas o ecológicas. Para ello propone “un sistema de veda automática de la actividad pesquera que podrá ser gradual y que se activará sin necesidad de declaración”, una decisión respetuosa con el Acuerdo de Escazú, señala.
Al respecto advierte que “las situaciones de extrema bajante como la que ha sufrido la cuenca producen importantes y graves consecuencias directas sobre la ictofauna y sobre todo el ecosistema”, y  menciona lo ya aclarado en su resolución cautelar del 29 de diciembre de 2020 cuando decretó la veda total.
Esas medidas estarán a cargo de la provincia pero en base al respaldo técnico y científico tomado de la UNL, la UNR y el Consejo Provincial Pesquero.
También insta al Estado a que ponga en funciones el Consejo Provincial de Reconversión de las Pesquerías y regularice las reuniones del Consejo Pesquero que garantizan la participación ciudadana.
Otro requisito con el que deberá cumplir el plan es que incluya “los métodos de protección del control de cupos de extracción, acopio y tallas mínimas, como también la regularización de los Puertos de Fiscalización”. Y aclara que los cupos deberán incluir el control de stock periódico de los frigoríficos.
Asimismo, se deberá poner en vigencia un método de control “del repoblamiento de las especies autóctonas” en relación a la masa total comercializada por parte de los exportadores de pescado de río.
Agrega que también se deberá prever la aplicación periódica de los fondos de reconversión pesquera y asistencia a los pescadores.
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¿Por qué necesitamos una ley de trazabilidad de la pesca?

 


¿Por qué necesitamos una ley de trazabilidad de la pesca?

Fecha de Publicación
: 12/06/2023
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional


La trazabilidad es un aspecto clave para evitar la sobrepesca y minimizar el impacto ambiental. Según un informe del Círculo de Políticas Ambientales, al que accedió AIM, los sistemas de trazabilidad de diferentes tipos de productos están adquiriendo cada vez más relevancia a nivel global en más industrias, impulsados por la demanda de los consumidores y las regulaciones que algunas naciones ya están implementando.
Entonces, ¿Por qué necesitamos una ley de trazabilidad de la pesca?
1) Porque el 36 por ciento del pescado comercializado en las principales ciudades de la Argentina está mal etiquetado o es sustituido x otras especies no declaradas, como tiburones y rayas.
2) Porque la trazabilidad es una herramienta que permite diferenciar en los mercados de destino a los productos legales de los de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada que practican las flotas de aguas distantes, mayoritariamente chinas.
3) Porque tres los principales mercados de destino de la pesca argentina, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón ya cuentan exigencias de rastreo y están haciendo más estrictas sus políticas de trazabilidad.
4) Porque las flotas que realizan pesca ilegal, no declarada y no reglamentada están asociadas al crimen organizado, la violación de los derechos humanos de sus tripulaciones y a la devastación del mar.

Qué es la trazabilidad
Según el estudio, al que accedió AIM, existe una vasta experiencia en trazabilidad en diferentes sectores de la industria alimenticia. En la pesca, estos esquemas implican la capacidad de rastrear y verificar la información sobre el origen y el trayecto de los productos, y cómo atraviesan la cadena de suministro: qué, quién, cómo, dónde y cuándo (se) pesca, procesa y transporta.
Los sistemas de trazabilidad son estructuras que permiten la rastreabilidad o el seguimiento de productos; pueden ser en formato impreso, pero en la actualidad se avanza rápidamente hacia sistemas informáticos y la utilización de Blockchain.
Existe una bibliografía especializada que contiene múltiples descripciones detalladas de los sistemas de rastreabilidad existentes en varios sectores alimentarios, y existe un consenso general sobre qué atributos podrían o deberían poseer dichos sistemas.
Un sistema de rastreabilidad para productos alimentarios debería ser capaz de:
· dar acceso a todos los atributos2 de un producto alimentario, no solamente aquellos que se pueden verificar en forma analítica;
· dar acceso a los atributos de un producto alimentario o un ingrediente en todas sus formas y en todos los eslabones de la cadena de suministro, no solamente a nivel de lote de producción; facilitar la rastreabilidad hacia atrás (¿de dónde proviene el producto?) y hacia adelante (¿a dónde fue?)
Cabe destacar que se prevé que el segmento de la pesca sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de trazabilidad de alimentos en los próximos años. Según las directrices recientes de la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos, la trazabilidad es ahora (y cada vez más) un mandato para todas las empresas que operan en el mercado de productos del mar y la pesca.
La industria alimentaria está cada vez más impulsada por la demanda de los clientes que buscan alimentos seguros y, frente a ello, establecer un sistema de trazabilidad sólido para minimizar la producción y distribución de alimentos inseguros o de mala calidad resulta una respuesta adecuada.
En el caso de los productos del mar, además, la ocurrencia y las implicancias de la captura ilegal y el etiquetado incorrecto se han vuelto más visibles en los últimos años debido a la mayor atención de los medios y los esfuerzos de la industria, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y los gobiernos para combatir estos problemas.
Además, se han documentado abusos de los derechos humanos, como la trata de personas y el trabajo forzoso, en algunas cadenas de suministro de productos del mar. Las oportunidades de fraude, como etiquetar incorrectamente a sabiendas del nombre de la especie o el método de captura, también están aumentando a medida que se desarrollan nuevas pesquerías y las cadenas de suministro se vuelven más complejas.
En el mercado mundial de alimentos altamente globalizado de hoy, el pescado sigue un largo y sinuoso camino desde el océano hasta el consumidor. A menudo se envía a grandes distancias, visita múltiples puertos y cambia de manos entre varios corredores, procesadores y minoristas antes de que finalmente llegue al plato del consumidor
El fraude de los productos del mar se presenta en diferentes formas:
· la sustitución de especies, a menudo un artículo de bajo valor o menos deseable es vendido en lugar de una opción más costosa o deseable ya que, una vez que el pescado está fileteado, su especie puede ser difícil de determinar;
· el etiquetado incorrecto, que incluye ocultar el verdadero origen de los productos -se etiqueta incorrectamente el nombre de la especie, el país de origen, para evitar regulaciones y tarifas, o incluso para colar pescado capturado ilegalmente en la cadena de suministro-;
· el agregado de empanizado, agua u otros a los productos del mar para aumentar su peso aparente -los procesadores suelen agregar una capa de hielo o un conservante para mantener fresco un producto de mar, una práctica normal y legal. Sin embargo, cuando un procesador usa exceso de hielo o aditivos -remojo- e incluye ese peso con el peso neto de los productos, eso es un fraude-.

Trazabilidad en Argentina
Existen algunos antecedentes y nuevas iniciativas privadas en nuestro país que han avanzado en la trazabilidad de los productos de la pesca.
Sin embargo, la Argentina no cuenta con un sistema unificado, institucionalizado y establecido en su legislación nacional para la totalidad de la cadena. En la Cámara de Diputados de la Nación se han presentado dos proyectos de ley que impulsan la creación de un Sistema de Trazabilidad en la Pesca a Nivel Nacional y que coinciden en la mayoría de los puntos esenciales. A diferencia de cualquier otro tipo de instrumento, una ley marco elaborado a partir de la participación de todos los sectores involucrados contribuiría a dar seguridad a todos los actores de la cadena sobre las implicancias del sistema, y colocaría al país entre las naciones más responsables en la actividad pesquera, lo que redundaría en beneficios económicos, ambientales y reputacionales.
Dicho de otro modo, una ley de trazabilidad de la pesca y la acuicultura dotaría al Estado argentino de un importante instrumento para combatir la pesca ilegal y no reglamentada, garantizar la sustentabilidad y el desarrollo económico local, mantener el acceso a los mercados más exigentes y rentables, y conservar el Mar Argentino y el Atlántico.
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Chaco: ejecutivo plantea ley penal para desmontes

 


D’Alessandro: ”Una ley que cuide los bosques nativos será de un gran aporte”

Fecha de Publicación
: 01/06/2023
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


"Esta será una gran herramienta para los estados que como Chaco, vienen dando pasos claros para el resguardo de los bosques nativos" sostuvo el precandidato a diputado Gustavo D'Alessandro, tras el anuncio - durante la visita del ministro Cabandié - de la presentación de un proyecto de ley que pretende penalizar los desmonte ilegales.
Precisamente, este martes en Machagai, Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible- junto a Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y Juan Manuel García, intendente de la localidad -, anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de Ley de Penalización de los Desmontes Ilegales.
“De sancionarse esta norma será una herramienta fundamental en el combate contra la tala indiscriminada e ilegal. Además aportará políticas claras hacia el cuidado efectivo del ambiente. Tampoco podemos olvidarnos que un aporte similar tendrá la Ley de Humedales, que reclamamos hace años” sostuvo el precandidato D´Alessandro.
En Chaco, a finales del año pasado se avanzó con un proyecto de ordenamiento territorial del bosque nativo. Ese proceso constó de audiencias públicas en distintas localidades de donde surgieron valiosos aportes para formar el texto de la ley que finalmente se envió a la Legislatura provincial.
“Entiendo que el camino del cuidado ambiental debe involucrar al mayor números de actores sociales posible. Por eso todos debemos ser parte y, sobre todo los dirigentes que ya estamos en funciones como los que estaremos desde la legislatura generando los marcos normativos”, indicó D’Alessandro.
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En la milla 201, depredación marítima

 


Qué pasa en la milla 201: pesca y depredación extranjera sobre territorio argentino

Fecha de Publicación
: 10/04/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


Especialistas en lo que sucede más allá de la zona económica exclusiva argentina explican por qué el accionar de embarcaciones de China, Corea del Sur, Taiwán y España impacta directamente en la economía y la flora y fauna marina de nuestro país.
Además, qué herramientas existen a nivel nacional e internacional para terminar con dicha problemática.

 

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Pesquera contaminante: imputados empresarios en Chubut

 


Se imputó a pesquera y a dos gerentes por contaminación ambiental en el Golfo Nuevo

Fecha de Publicación
: 01/04/2023
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


En Tribunales se dictó la apertura formal de procesamiento por “contaminación ambiental” al Golfo Nuevo a integrantes de la pesquera Conarpesa.
La jueza Marcela Pérez Bogado hizo lugar al pedido del fiscal jefe Alex Williams y dispuso el procesamiento de Nadine Parry, gerente y responsable ambiental de Conarpesa; Brahim Yoosef, encargado del sector de la planta de tratamiento de efluentes y, como persona jurídica, a la empresa «Conarpesa Continental Armadores de Pesca SA».
La imputación de la fiscalía es por el delito de contaminación ambiental, previstos en el Código Penal en relación a la Ley 24.051 de residuos peligrosos.
En la audiencia estuvo presente el presidente de la firma, Fernando Álvarez Castellano. Los imputados decidieron no declarar y fueron patrocinados por el abogado Luis Novoa.

Causa que se inicio por un video en redes sociales
La causa judicial comenzó a raíz de la publicación en redes sociales y medios de comunicación de un video donde se observaba un efluente de coloración naranja que provenía del parque industrial pesquero y desembocaba en el mar.
La Fiscalía inició una investigación de oficio y junto a personal de la Policía Científica, de la Secretaría de Ecología y Ambiente de la Municipalidad y del Centro Patagónico (CENPAT – CONICET) realizaron una inspección ocular en el lugar donde se corroboró que se estaban arrojando líquidos contaminantes al Golfo Nuevo.

Caño no autorizado
En la zona existe un caño autorizado para que las empresas pesqueras puedan verter líquidos tratados al mar. Pero en la inspección se descubrió que había un caño ilegal, que no estaba declarado, que se conectaba a las instalaciones por medio de un “by pass” y desde allí se vertían líquidos sin tratar al mar.
“Por medio de un allanamiento y con la utilización de una maquina retro excavadora se logra dar con una cámara de inspección y se corroboró que desde el predio de la empresa Conarpesa existía un caño «by pass» que se conectaba a las instalaciones autorizadas para verter residuos. Desde dicho «by pass» se observaba un líquido de color naranja-rosado que se unía al caño autorizado y vertía los líquidos sin tratar al mar”, explicaron desde la Fiscalía en su pedido de apertura de investigación y detallaron que la sospecha es que “Conarpesa dispuso un sistema de volcado de líquidos «crudos», es decir, sin tratamiento mediante un sistema de cañerías no declarado que se une al caño troncal autorizado para el volcado de efluentes”.
En su escrito, el fiscal remarcó que “una vez realizado el allanamiento y descubierto el sistema de volcado ilegal, el mismo se obstruyó y el volcado cesó en la zona costera. Esto así ya que antes, durante y después de la intervención del Ministerio Público Fiscal se realizaron controles simultáneos idénticos por personal de la Secretaría Ambiental en las otras empresas del parque y no se encontraron anomalías ni sistemas similares (by pass) al hallado en Conarpesa para el vertido de líquidos”.

Por primera vez se imputa a una persona jurídica por un delito ambiental
Actualmente, la ley establece las sanciones que puede recibir una empresa por cometer delitos. Es la primera vez que se utiliza la norma, recientemente sancionada, para imputar por un delito penal a una empresa jurídica. La víctima en el caso es “el ambiente de la población de la ciudad de Puerto Madryn en su conjunto”.

Informe científico
“Los análisis han evidenciado un absoluto incumplimiento a los límites autorizados por la normativa de vertidos de efluentes toda vez que las muestras superan ampliamente los valores permitidos el decreto de vuelcos de efluentes 1540/46”, indicó el fiscal Williams en su escrito. Y detalló que el informe del Cenpat corroboró que los líquidos que se arrojaban al mar eran “líquidos de la industria pesquera procesando langostino con nulo tratamiento”, es decir, que se volcaban efluentes en crudo, sin tratar, al Golfo Nuevo.
El informe indica, textualmente, que “los resultados de laboratorio superaron ampliamente los límites exigidos por el Decreto Provincial 1540/16”.
Solidos suspendidos totales: 21 veces superior
DBO: 60 veces superior
DQO: 30 veces superior
Amonio: 25 veces superior
Fosfato: 40 veces
Bacteriología: 2.300 veces por encima y 2700 veces para Escherichia coli.
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Nuevamente pesqueros amenzan recursos nacionales

 


Alerta en el Mar Argentino: un impresionante enjambre de pesqueros sin regulación amenaza a especies marinas

Fecha de Publicación
: 22/03/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Buques poteros que capturan calamar operan en las zonas adyacentes a la milla 200, por fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA); si ingresan en aguas argentinas, la actividad se considera pesca ilegal
LA NACIÓN sobrevoló la milla 200, a la altura de Comodoro Rivadavia; en sus alrededores, buques extranjeros van tras el codiciado calamar Illex argentinus; una actividad que atenta también contra la industria nacional; ONG piden controlar la situación
Un ruido de turbinas anuncia el inminente despegue. El cielo, en llamas, amenaza con oscurecer pronto, y la negrura de una noche de luna menguante no tarda en aparecer. Una hora y media más tarde la luz vuelve furiosa, aunque no por acción del sol: cientos de buques poteros de bandera extranjera pescan en la zona adyacente a la milla 200 de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) –en la que el país es soberano en relación con la exploración y el uso de los recursos marinos– a la altura de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Frente al Golfo de San Jorge, se encuentra el Agujero Azul, una región de gran biodiversidad que es fuente de alimentación de diversas especies que habitan el Mar Argentino. Allí está el codiciado calamar Illex argentinus que, además de tener un atractivo comercial en todo el mundo, es una especie migratoria y por ello no siempre se encuentra dentro de aguas nacionales.
La nubosidad de la noche convierte a los barcos repletos de lámparas en brumosas luciérnagas gigantescas. El piloto da vueltas, baja varios metros de altura de vuelo y rompe las nubes para poder visualizar los hechos con claridad. Quiere que no haya dudas.
Una voz se escucha por el altoparlante del Boeing 787 de la ONG Solidaire: “Damas y caballeros, buenas tardes, les habla el capitán, mi nombre es Enrique Piñeyro y les voy a dar información importante: el catering es de Anchoita [el nombre de su restaurante]”.
Cineasta, médico, emprendedor gastronómico, piloto, activista por los derechos humanos y actor. Piñeyro es multifacético y enigmático. Habla despacio, en un tono que raya lo inaudible, aunque se hace escuchar.
“A la derecha podrán ver todos los buques en actividad dentro de las 200 millas argentinas”, indica el piloto. Las lucecitas de los barcos se multiplican a medida que el avión avanza y deja atrás bancos de nubes.
Si bien el conteo exacto de barcos dentro de la ZEEA se hará una vez el avión haya aterrizado, Piñeyro especifica que durante un vuelo similar realizado durante abril de 2021, de las 500 embarcaciones avistadas, solo 170 tenían prendido el Sistema de Identificación Automática (AIS), que permite a los buques comunicar su posición y hacerse visibles. “Es la zona de mayor apagado de AIS en el mundo”, repite el capitán.
“Es un problema de la humanidad”, enfatiza Piñeyro sobre la pesca depredatoria, y precisa que la razón por la que organiza, costea y pilotea estos vuelos es para que el margen de incertidumbre sea cero. “Estos vuelos hacen que deje de ser una cuestión de opinión. Pone en contexto y es un principio de solución. Hasta ahora nadie parece hacerse cargo del problema. Al menos esto es el puntapié para plantearnos qué nos falta y qué podemos hacer para solucionarlo”, subraya.

¿Es pesca ilegal?
Ante la falta de una organización regional de ordenación pesquera en el espacio marítimo limítrofe a la ZEEA, las actividades que realizan los buques extranjeros por fuera de la milla 200 no cumplen con los aspectos de la definición de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr) establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y, por ello, no son consideradas ilegales. La pesca ilegal, entonces, se determina cuando los buques de flota extranjera ingresan a capturar especies, y no solo navegar, a nuestra zona económica sin autorización.
Si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) introduce disposiciones relativas a la conservación de los recursos vivos del mar y delimita la jurisdicción de los espacios marítimos, la falta de una regulación regional implica que no haya determinaciones sobre cuotas de capturas y vedas de pesca por fuera de la milla 200 y eso supone un problema: la sostenibilidad de las especies marinas.
“Desde el momento en que, fuera de la ZEEA, estas actividades pesqueras están desreguladas, deben ser consideradas depredatorias. Producen daños ecosistémicos y ambientales de magnitud desconocida”, remarcan la doctora Marcela Ivanovic, jefa de Pesquerías de Cefalópodos; la doctora Claudia Carozza, directora nacional de Investigación; y el director de Pesquerías de Invertebrados y Ambiente Marino, el doctor Gustavo Álvarez Colombo del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (Inidep).
“Los países del Atlántico Sudoccidental deben tomar conciencia de la gravedad de la situación y del peligro real para el ecosistema regional y adopten, Uruguay, Brasil y Argentina, una forma de cooperación regional para regular los espacios marítimos internacionales adyacentes a sus zonas económicas exclusivas bajo figuras de ordenamiento que no afecten el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas [Malvinas].”, explica a LA NACION Juan Redini, armador del buque potero “Villarino” -una de las 73 embarcaciones que componen la flota nacional- y presidente de la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA).
Una oportunidad de controlar la sobrepesca y de preservar los recursos de los mares se abrió a principio de mes, con la celebración del tratado Global de los Océanos, un acuerdo histórico tras 10 años de negociaciones, por el que se pretende convertir el 30% de los océanos en zonas protegidas para 2030, con el objetivo de salvaguardar y recuperar la naturaleza marina.
Sin embargo, Flavia Broffoni, activista ambiental y cofundadora de XR (Extinction Rebellion), se muestra escéptica ante este nuevo tratado internacional. “No hay forma de que se regule la pesca en alta mar en tanto no haya un control. Lo que más me interesa como activista es ver cómo estamos tomando parte en los grandes conflictos ambientales. La pregunta es, ¿cómo tensionar esa voluntad política que no llega? Ya no negociamos más, debemos pasar a la desobediencia civil pacífica contra la crisis climática”, enfatiza.

El Illex Argentinus
Estos cefalópodos tienen un ciclo de vida de aproximadamente 1 año. Pasados los 8 meses, y luego de que las concentraciones reproductivas produzcan el desove dentro de aguas nacionales, se desplazan en sentido de la corriente marina dirigiéndose hacia el talud continental. En general, el cardumen sobrepasa el límite exterior de la ZEEA donde barcos de bandera extranjera capturan esta especie migratoria. Las mayores concentraciones de esta flota, se producen entre los meses de febrero a abril, con registros de casi 500 buques pesqueros extranjeros en operaciones.
“Las flotas pesqueras -en su mayoría de bandera china y en menor medida españolas, taiwanesas y coreanas- llegan del Océano Pacífico para cruzar al Atlántico a través del Estrecho de Magallanes en busca de calamar, merluza y otras especies ictícolas. Se trata, casi en su totalidad, de buques poteros, aunque también se detectan barcos arrastreros y palangreros de diferentes nacionalidades”, detalla a LA NACION el Prefecto Mayor Alfredo Oscar Panozzo, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Los buques poteros realizan sus actividades extractivas durante la noche. Con máquinas automáticas, pescan por medio de líneas de tanzas y potas (señuelos), especialmente diseñadas sobre la base del comportamiento de los calamares.
La poderosa iluminación de las lámparas ubicadas sobre la cubierta del barco hace que el cardumen de calamar se concentre durante la noche debajo del casco del buque, lo que facilita su captura. “Se trata del arte de pesca más selectivo, dado que solo se puede pescar calamar, y no otras especies”, precisa Panozzo.

¿Cómo se patrulla la ZEEA?
La PNA posee cinco embarcaciones con las que se realiza el control de la actividad pesquera dentro de las 200 millas y su zona adyacente en los aproximadamente 700 kilómetros del litoral marítimo (Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca y Puerto Madryn). Una guardia que funciona las 24 horas y los 365 días del año patrulla la zona de manera alternada por dos semanas.
El patrullaje marítimo se complementa con un sistema integral de vigilancia electrónica denominado Sistema Guardacostas, aplicado al control y vigilancia del mar. Este Sistema de Información Geográfica (GIS) permite la detección y seguimiento de los buques en los diferentes espacios marítimos, incluso de aquéllos que apagan sus AIS para no ser detectados.
“Tenemos más infracciones de buques argentinos que de extranjeros. Las infracciones de los buques argentinos son por navegar o pescar en zona de veda, o por excederse en los cupos de captura -detalló Panozzo-. A lo largo de 4 años, hubo 450 infracciones de buques argentinos y solo tres de buques extranjeros, de los que fueron capturados dos de nacionalidad china y uno portugués”.

Perjuicios para la industria nacional
Según cifras del Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo encargado de definir la política pesquera del país y el principal regulador de la actividad pesquera marítima a nivel nacional, la industria pesquera es el octavo complejo exportador que mayor cantidad de divisas genera en el país. Entre el 93% y el 97% de los productos pesqueros que se desembarcan en puertos argentinos son destinados a los mercados internacionales.
En diálogo con LA NACION, Juan Redini no duda en identificar lo que, para él, es el principal perjuicio de que flotas extranjeras pesquen en el límite de la milla 201: la competencia desleal.
“Nos cuesta el 100% más tener el barco en el mar. Pagamos impuestos y no tenemos el combustible subsidiado. La flota china tiene subsidios en el combustible, paga salarios de US$100 mensuales y no descarga en puertos, sino que transborda la carga en alta mar a barcos frigoríficos. Para nosotros, cada descarga de la bodega implica US$170.000 y pagamos salarios bajo convenio colectivo. No hay manera de competir con los costos de esa flota”, enfatiza Redini.
El mercado en donde operan, además, es el mismo. Tanto la flota china como la nacional venden su producto, con mayor o menor nivel de procesamiento, a Japón, China, la Unión Europea y Estados Unidos. Por eso, el armador del buque “Villarino”, repite: “Nuestro negocio no depende de nosotros, sino de lo que pescan otros con nuestro recurso”.
Y explica: “Entre 2014 y 2015 se capturó 1.000.000 de toneladas de Calamar. 300.000 toneladas por buques argentinos, y 700.000 de extranjeros, por fuera de la ZEEA. Por eso, muchos se fundieron, dado que el precio del calamar descendió abruptamente”.
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