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El Paraná recibió toneladas de aceite vegetal en un derrame
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Preocupación por el derrame de toneladas de aceite vegetal en el Paraná
Fecha de Publicación: 19/01/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Santa Fe
El derrame de toneladas de aceite vegetal en el Puerto San Martín, departamento santafesino de San Lorenzo, sobre el río Paraná, generó gran preocupación en la zona.
Si bien inicialmente trascendió que serían 1000 toneladas las derramadas, fuentes de la zona aclararon a El Cronista que, en realidad, se trata de 150 toneladas.
Tanto esas fuentes como el Gobierno de Santa Fe aseguraron que, más allá del daño, no se trata de un agente contaminante, con lo cual no están en peligro especies del río.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Medio Ambiente, tomó intervención hoy para contener el derrame de aceite.
"El derrame, en su mayor parte, se contuvo en el sistema pluvial; el resto se trabajó a través del Plan Nacional de Contingencias (Planacon), con personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) y la empresa CleanSea que actuó de manera efectiva en la contención del aceite", precisó la directora provincial de la Delegación Zona Sur del Ministerio de Medio Ambiente, Liliana Boggio.
"Se trata de un producto no tóxico y se actuó correctamente en cuanto al plan de contingencia, se pusieron las barreras de contención en el río y se trabajó en la remediación de la zona", agregó la funcionaria.
El derrame se produjo en tanques pertenecientes a la empresa Buyatti. La empresa deberá realizar la presentación formal de un informe para determinar las causas que produjeron el hecho y las acciones a implementar para que no se repita, informaron desde el Gobierno de Santa Fe.
Según informaron fuentes de la zona a este diario, Bunge le estaba pasando aceite vegetal a la empresa Buyatti, pero sucedió algún problema durante el traspaso; en Buyatti no habrían ajustado bien una válvula y se produjo una pérdida que derivó en derrame.
Como consecuencia, parte del río se tiñó de naranja.
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Actualización de la fiscalización industrial en el Acumar
ACUMAR tendrá un nuevo régimen de control para las industrias en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/01/2019
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo anunció la actualización de su normativa vinculada a la fiscalización industrial que simplificará el proceso de control industrial y promoverá el trabajo coordinado con otros organismos de control. Es más exigente y prevé sanciones que pueden superar los 6 millones de pesos. Estará vigente una vez que finalice el nuevo empadronamiento.
Tras varios meses de trabajo en coordinación con los demás organismos de control en la Cuenca Matanza Riachuelo y con referentes técnicos especialistas en normativa ambiental, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo alcanzó una nueva norma que evita superposiciones de autoridades de aplicación y largos tiempos administrativos que dificultaban la gestión de los establecimientos radicados en la Cuenca.
A partir de ahora, ACUMAR tendrá nuevos procedimientos y mecanismos de adecuación ambiental que nos permitirán un mejor y mayor control sobre los establecimientos radicados en nuestro territorio.
Además, endurecerá las sanciones para los infractores, con multas que van desde los 5 mil pesos hasta casi 6 millones, y que harán que este nuevo régimen sea más justo y equilibrado teniendo en cuenta parámetros claves como el Nivel de Incidencia Ambiental (un nuevo concepto que le permite a la Autoridad de Cuenta ordenar la real incidencia de los establecimientos sobre el río), la reincidencia, la dimensión del establecimiento y la naturaleza de la infracción. [Incluye la posibilidad del pago en cuotas y destinar el 60% de la multa a mejoras que sean destinadas al cese de la causa de la sanción].
La nueva norma fortalece las funciones de los inspectores dándole la posibilidad de imputar infracciones y aplicar clausuras preventivas que deberán ser analizadas y ratificadas por analistas del organismo. Incluye nuevas figuras legales como el cese de actividades y la remediación ambiental (conceptos que no se encontraban en la legislación anterior) permitiendo mantener actualizados las bases de datos de infractores y evitando del deslinde de la responsabilidad de los pasivos ambientales.
Sobre los Planes de Adecuación Ambiental, establece tres categorías y posibilita la presentación de planes aprobados por otras autoridades de aplicación, algo que permite llevar un registro pormenorizado de los administrados que lleven adelante estas acciones, reduce tiempos y costos en la gestión.
Todo este conjunto de modificaciones en la normativa de fiscalización y control, la tornan flexible y dinámica dándole una capacidad de respuesta a ACUMAR acorde a la realidad industrial de la Cuenca, un territorio en constante evolución y desarrollo.
Mapa de Alertas
El nuevo régimen de fiscalización crea un Mapa de Alertas, en el cual los establecimientos deberán informar las modificaciones significativas, las emergencias y los vuelcos discontinuos y periódicos. Este mapa, una vez reglamentado, se visualizará en una plataforma online disponible a toda la población.
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Fecha de Publicación: 19/01/2019
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo anunció la actualización de su normativa vinculada a la fiscalización industrial que simplificará el proceso de control industrial y promoverá el trabajo coordinado con otros organismos de control. Es más exigente y prevé sanciones que pueden superar los 6 millones de pesos. Estará vigente una vez que finalice el nuevo empadronamiento.
Tras varios meses de trabajo en coordinación con los demás organismos de control en la Cuenca Matanza Riachuelo y con referentes técnicos especialistas en normativa ambiental, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo alcanzó una nueva norma que evita superposiciones de autoridades de aplicación y largos tiempos administrativos que dificultaban la gestión de los establecimientos radicados en la Cuenca.
A partir de ahora, ACUMAR tendrá nuevos procedimientos y mecanismos de adecuación ambiental que nos permitirán un mejor y mayor control sobre los establecimientos radicados en nuestro territorio.
Además, endurecerá las sanciones para los infractores, con multas que van desde los 5 mil pesos hasta casi 6 millones, y que harán que este nuevo régimen sea más justo y equilibrado teniendo en cuenta parámetros claves como el Nivel de Incidencia Ambiental (un nuevo concepto que le permite a la Autoridad de Cuenta ordenar la real incidencia de los establecimientos sobre el río), la reincidencia, la dimensión del establecimiento y la naturaleza de la infracción. [Incluye la posibilidad del pago en cuotas y destinar el 60% de la multa a mejoras que sean destinadas al cese de la causa de la sanción].
La nueva norma fortalece las funciones de los inspectores dándole la posibilidad de imputar infracciones y aplicar clausuras preventivas que deberán ser analizadas y ratificadas por analistas del organismo. Incluye nuevas figuras legales como el cese de actividades y la remediación ambiental (conceptos que no se encontraban en la legislación anterior) permitiendo mantener actualizados las bases de datos de infractores y evitando del deslinde de la responsabilidad de los pasivos ambientales.
Sobre los Planes de Adecuación Ambiental, establece tres categorías y posibilita la presentación de planes aprobados por otras autoridades de aplicación, algo que permite llevar un registro pormenorizado de los administrados que lleven adelante estas acciones, reduce tiempos y costos en la gestión.
Todo este conjunto de modificaciones en la normativa de fiscalización y control, la tornan flexible y dinámica dándole una capacidad de respuesta a ACUMAR acorde a la realidad industrial de la Cuenca, un territorio en constante evolución y desarrollo.
Mapa de Alertas
El nuevo régimen de fiscalización crea un Mapa de Alertas, en el cual los establecimientos deberán informar las modificaciones significativas, las emergencias y los vuelcos discontinuos y periódicos. Este mapa, una vez reglamentado, se visualizará en una plataforma online disponible a toda la población.
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Finalizó la travesía por el Limay
Una travesía por el Limay para denunciar la contaminación
Fecha de Publicación: 17/01/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Integrantes asociaciones ambientalistas recorrieron el río desde su naciente hasta Neuquén. Compararon la calidad del agua y ahora juntan firmas para impulsar la ley de “Vertido Cero”.
“¡Qué viajecito eh!”, les gritaron desde la costa a los siete kayakistas que recorrieron el Limay durante diez días con el propósito de concientizar sobre el cuidado del río. Hubo aplausos de bienvenida y abrazos eufóricos, esos que incluyen palmadas en la espalda. Partieron el 4 de enero pasado desde Dina Huapi, y llegaron ayer a las 11.02 al balneario Río Grande.
“En realidad vimos un paraíso. Desde el primer día en Dina Huapi pudimos disfrutar, vivir, sentir el Limay y sus lagos, sus represas y ha sido una experiencia realmente que te marca. Ver la generosidad que tiene la naturaleza con todos nosotros, lo que nos entrega en la boca del río, donde termina el lago Nahuel Huapi, es maravilloso. Pasamos momentos muy lindos. Un grupo bastante heterogéneo de gente más joven, gente mayor, de distintas extracciones, de distintas realidades, así que también fuimos aprendiendo en la convivencia”, aseguró Luis Arellano, uno de los organizadores e integrantes de la travesía del Limay.
Con uno de sus compañeros exhibieron las muestras de agua que tomaron en la naciente del río y la compararon con la extraída en la zona urbana.
“Los que tienen la responsabilidad desde hace muchos años, la gente de la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas), al gobernador, al intendente, a todos los que tienen responsabilidad ésta es el agua que recibieron de sus abuelos, de sus padres ( por la botella con agua cristalina), y ésta es el agua que le están dejando a sus hijos y a sus nietos (por el envase contaminado). Esta responsabilidad intergeneracional que tenemos hoy como neuquinos, como rionegrinos también, no le podemos esquivar el cuerpo”, planteó Arellano.
Dijo que el paso siguiente a esta travesía es avanzar en la confección de un proyecto de “Vertido Cero”. “Queremos para Neuquén que no se arrojen más aguas residuales a nuestros cuerpos de agua, no queremos más esto y es posible. Vamos a iniciar un petitorio de firmas para ver si juntamos las suficientes como para hacer una iniciativa legislativa”, agregó.
Arellano remarcó que fue “categórica la diferencia” en la calidad del agua que se percibe a simple vista a partir de Senillosa. “Yo no estoy hablando de cuestiones científicas, pero cambió el olor que se sentía en el ambiente. De ahí en más es agua como la que salía de los lavarropas de antes, que salía esa agua jabonosa. No queremos más eso. Hay un punto crítico que es donde empiezan los asentamientos urbanos, grandes, a partir de Senillosa, Plottier y Neuquén, y ni hablar luego del río Neuquén que tomamos el río como cloaca”, afirmó.
Relató que lo que más observaron en el río, en cuanto a residuos, fueron plásticos “en los lugares más recónditos”. “Hasta que nos acostumbramos al oleaje que genera el viento vivimos momentos de nerviosismo, por suerte nadie volcó, no tuvimos ningún incidente, en general todos son buenos kayakistas. Nos detuvimos en todos los camping agrestes”, contó.
La travesía fue motorizada por los grupos “Amigos de los ríos”, “Salvemos los ríos” y “Amigos del Limay”. Se eligió esta fecha en conmemoración a los tres años de la primera marcha en defensa de los ríos que se realizó en la capital neuquina.
En 2016, debido al estado de contaminación de un brazo del río Limay, el municipio prohibió a la ciudadanía ingresar al agua en el balneario Albino Cotro. En 2017 la Legislatura de Neuquén declaró el alerta hídrica y ambiental en los cursos y cuerpos de agua de la provincia durante cinco años, un proyecto que fue motorizado por las organizaciones ambientalistas.
La iniciativa fue planificada y realizada por integrantes de los grupos “Amigos de los ríos”, “Salvemos los ríos” y “Amigos del Limay”.
En números
550 kilómetros fueron los que recorrieron los kayakistas. Largaron en Dina Huapi, en la naciente del Limay.
10 días tardaron en hacer el circuito. Partieron el 4 de enero y llegaron el 14.
7 kayakistas fueron los que participaron de la travesía, cuyo propósito es concientizar sobre el cuidado del río.
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Fecha de Publicación: 17/01/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Integrantes asociaciones ambientalistas recorrieron el río desde su naciente hasta Neuquén. Compararon la calidad del agua y ahora juntan firmas para impulsar la ley de “Vertido Cero”.
“¡Qué viajecito eh!”, les gritaron desde la costa a los siete kayakistas que recorrieron el Limay durante diez días con el propósito de concientizar sobre el cuidado del río. Hubo aplausos de bienvenida y abrazos eufóricos, esos que incluyen palmadas en la espalda. Partieron el 4 de enero pasado desde Dina Huapi, y llegaron ayer a las 11.02 al balneario Río Grande.
“En realidad vimos un paraíso. Desde el primer día en Dina Huapi pudimos disfrutar, vivir, sentir el Limay y sus lagos, sus represas y ha sido una experiencia realmente que te marca. Ver la generosidad que tiene la naturaleza con todos nosotros, lo que nos entrega en la boca del río, donde termina el lago Nahuel Huapi, es maravilloso. Pasamos momentos muy lindos. Un grupo bastante heterogéneo de gente más joven, gente mayor, de distintas extracciones, de distintas realidades, así que también fuimos aprendiendo en la convivencia”, aseguró Luis Arellano, uno de los organizadores e integrantes de la travesía del Limay.
Con uno de sus compañeros exhibieron las muestras de agua que tomaron en la naciente del río y la compararon con la extraída en la zona urbana.
“Los que tienen la responsabilidad desde hace muchos años, la gente de la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas), al gobernador, al intendente, a todos los que tienen responsabilidad ésta es el agua que recibieron de sus abuelos, de sus padres ( por la botella con agua cristalina), y ésta es el agua que le están dejando a sus hijos y a sus nietos (por el envase contaminado). Esta responsabilidad intergeneracional que tenemos hoy como neuquinos, como rionegrinos también, no le podemos esquivar el cuerpo”, planteó Arellano.
Dijo que el paso siguiente a esta travesía es avanzar en la confección de un proyecto de “Vertido Cero”. “Queremos para Neuquén que no se arrojen más aguas residuales a nuestros cuerpos de agua, no queremos más esto y es posible. Vamos a iniciar un petitorio de firmas para ver si juntamos las suficientes como para hacer una iniciativa legislativa”, agregó.
Arellano remarcó que fue “categórica la diferencia” en la calidad del agua que se percibe a simple vista a partir de Senillosa. “Yo no estoy hablando de cuestiones científicas, pero cambió el olor que se sentía en el ambiente. De ahí en más es agua como la que salía de los lavarropas de antes, que salía esa agua jabonosa. No queremos más eso. Hay un punto crítico que es donde empiezan los asentamientos urbanos, grandes, a partir de Senillosa, Plottier y Neuquén, y ni hablar luego del río Neuquén que tomamos el río como cloaca”, afirmó.
Relató que lo que más observaron en el río, en cuanto a residuos, fueron plásticos “en los lugares más recónditos”. “Hasta que nos acostumbramos al oleaje que genera el viento vivimos momentos de nerviosismo, por suerte nadie volcó, no tuvimos ningún incidente, en general todos son buenos kayakistas. Nos detuvimos en todos los camping agrestes”, contó.
La travesía fue motorizada por los grupos “Amigos de los ríos”, “Salvemos los ríos” y “Amigos del Limay”. Se eligió esta fecha en conmemoración a los tres años de la primera marcha en defensa de los ríos que se realizó en la capital neuquina.
En 2016, debido al estado de contaminación de un brazo del río Limay, el municipio prohibió a la ciudadanía ingresar al agua en el balneario Albino Cotro. En 2017 la Legislatura de Neuquén declaró el alerta hídrica y ambiental en los cursos y cuerpos de agua de la provincia durante cinco años, un proyecto que fue motorizado por las organizaciones ambientalistas.
La iniciativa fue planificada y realizada por integrantes de los grupos “Amigos de los ríos”, “Salvemos los ríos” y “Amigos del Limay”.
En números
550 kilómetros fueron los que recorrieron los kayakistas. Largaron en Dina Huapi, en la naciente del Limay.
10 días tardaron en hacer el circuito. Partieron el 4 de enero y llegaron el 14.
7 kayakistas fueron los que participaron de la travesía, cuyo propósito es concientizar sobre el cuidado del río.
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El Río Arenales en Salta sigue esperando justicia
Río Arenales: Cuestionan que se cumpla el fallo de la Corte de Justicia
Fecha de Publicación: 17/01/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
Las medidas previsionales que ordenó el juez Domínguez para evitar que la gente llegara hasta el río Arenales, tras la difusión del estudio del CIF sobre la contaminación de las aguas, se dieron unos meses antes de que la Corte de Justicia de la Provincia ratificara el fallo que había hecho este magistrado.
En agosto de 2017, Domínguez ordenó a la Provincia, a la Municipalidad y a Aguas del Norte que presentaran y ejecutaran un plan de manejo del río Arenales y que hicieran un plan sanitario de emergencia y de monitoreo.
En el mismo fallo, la empresa Néstor A. Marozzi SA fue condenada a retirar el terraplén que hizo, avanzando sobre el cauce del río, en el sector del puente de la avenida Tavella. Según explicó el abogado Pedro Arancibia a El Tribuno, esto generó que se redujera el espacio para que el agua escurriera debidamente y provocó que el 31 de enero de 2011 se inundaran los barrios de la zona.
Esta resolución, que la Corte confirmó en noviembre del año pasado, surgió del amparo ambiental colectivo que presentaron 157 vecinos que sufrieron este anegamiento. La acción se inició por el nulo manejo del río, por la posibilidad de que la catástrofe se repitiera y por la contaminación de las aguas.
Con la única disidencia del juez Abel Cornejo, los restantes seis miembros de la Corte rechazaron las apelaciones que habían interpuesto la Provincia y Néstor A. Marozzi SA sobre el fallo de Domínguez.
La Municipalidad de Salta y Aguas del Norte no habían apelado la sentencia.
Arancibia consideró que, a pesar del fallo de la Corte, no aumentaron las acciones desde los estados provincial y municipal para sanear el río Arenales: "Es una negativa permanente. No hay nada significativo. Si se hace un relevamiento sobre qué obras o actividades se hicieron de entidad suficiente como para revertir el daño ambiental que hay, se va a ver que no hay ninguna significativa". El abogado denunció que "hay una falta de planificación total y un desinterés para con quienes viven cerca del río".
Acerca del terraplén que la empresa debía quitar, dijo: "Hizo una modificación pero fue un movimiento de tierra muy superficial, que no terminó de hacerse como corresponde".
El letrado consideró que es complicado definir quién determina lo que corresponde hacer: "Nosotros sabemos, por un perito de parte, que está hecho medio flojo, es lo mínimo, pero quien decide si está bien o mal hecho es una cuestión muy difícil. Tenemos que seguir discutiéndolo judicialmente porque van a hacer falta peritajes técnicos para determinar si una obra es suficiente o no para revertir el daño".
En relación con el control del cumplimiento de las medidas judiciales, el abogado analizó que es llamativo que la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales, creada por decreto 3.249 de 2011 para monitorear las medidas dispuestas judicialmente, estuviera compuesta por la Provincia, el municipio y Aguas del Norte, "es decir, por quienes serían los que incumplieron el deber de mantener indemne el ambiente".
"Es muy difícil pedirle a quien generó el daño que ahora lo reconozca y lo cumpla a rajatabla", opinó.
En perjuicio de la gente
El promotor del amparo consideró que la inacción no es solo en las obras sino también en la falta de control del cumplimiento de la orden judicial de que nadie se puede meter en un río contaminado: "En esto no tiene nada que ver la gente, que es víctima de esta situación. (El río) debería ser un lugar de esparcimiento. La gente tiene todo el derecho del mundo de contar con un lugar -como era antes- para refrescarse y esparcirse con sus familiares y amigos. Sin embargo, no puede disfrutar de eso, además del riesgo que implica para su salud: los metales pesados se acumulan en el cuerpo y el vertido de líquidos cloacales no tratados genera enfermedades".
Arancibia insistió en la inacción estatal, y aseguró que seguirá exigiendo justicia: "Se desentienden olímpicamente de las obligaciones. Hacen todo a la fuerza. Se tiran la pelota entre todos. Nadie se quiere hacer cargo de esa situación. La lucha diaria está en lograr que obedezcan una orden judicial recontraconfirmada. Esto no está apelado y significa que, si continúan en esta actitud de hacer caso omiso a una orden judicial, que es clarísima, nosotros insistiremos en el pedido de sanciones económicas".
El abogado reveló que se hizo una denuncia penal por el delito de contaminación de las aguas y por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"En el primer caso, de tipo culposo, porque no hacen nada para revertir esa situación y, en el segundo caso, es doloso porque es intencional la negativa de cumplir con una obligación del Estado, que es cuidarnos a todos de una afectación a la salud pública, entre otras cosas", señaló.
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Recorrerán todo el Limay para mostrar la contaminación
Con una travesía de 11 días mostrarán cómo se contamina el Limay
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Compararán las imágenes y el agua de la naciente con la confluencia del Neuquén, para demostrar la necesidad de evitar un “Riachuelo” patagónico.
Los vecinos que reclaman las aguas limpias del Limay organizaron una travesía de once días por el río que lleva un mensaje de concientización a lo largo de 550 kilómetros sobre el espejo de agua.
Buscarán sortear las cinco presas que se cruzan su trayecto hasta la confluencia y navegarlo completo.
La actividad será un llamado de atención sobre cómo el agua que nace cristalina, inolora y sin bacterias muta a los pocos kilómetros aguas abajo en una curso de agua que se monitorea permanentemente porque se desconfía hasta la aptitud balnearia de su curso.
Se trata de un grupo de los “amigos de los ríos”, “Salvemos los ríos”, “Amigos del Limay” o los vecinos de Neuquén que pelean por mantener las aguas lo más limpias posibles de los ríos que nacen de las vertientes de deshielo y que lamentablemente a Neuquén llegan a los balnearios con coliformes, entre otros residuos.
El resto de los vecinos que comparten la misma intención se reunirán en Olascoaga al fondo, en el balneario Río Grande, en un aniversario más de la multitudinaria marcha vecinal que espontáneamente nació de un posteo en las redes que interpeló: “vamos a dejar que el Limay se convierta en un Riachuelo?”
Se planea hacer una actividad con el arribo de los navegantes que además conmemore los tres años de la primera marchan en defensa de los ríos en la capital neuquina. Habría charlas con diferentes profesionales del ambiente y junta de firmas para exigir el vertido cero.
La “expedición” desde la naciente del Limay comenzará el 4 de enero y se estima termine el 14.
“Vamos a ver el río que recibimos de la naciente en el Nahuel Huapi y baja recorriendo lugares que muchos no conocen, a pesar de que se trata de toda gente preparada para hacer esta travesía”, dijo Luis Arellano, uno de los organizadores e integrantes de la travesía del Limay.
Explicó que pocos han realizado el trayecto aguas abajo debido a la dificultad de sortear 5 presas sobre el curso del Limay.
“La idea es mostrar cómo es aquello y documentarlo, y preguntarnos por los cambios que nosotros percibimos a través del río: las pisciculturas que están sobre el Alicura, el paso por Piedra y Picún; y las zonas que conocemos más como de Senillosa a Plottier y Neuquén”, dijo Luis Arellano, uno de los integrantes de la expedición.
Se pretenderá interpelar a los funcionarios sobre las diferencias que se perciben en los tramos “y qué harán para que esto termine y podamos volver a tener el río de generaciones anteriores”, dijo Arellano.
Habrá fotos, filmaciones y todo lo que sirva para “difundir cómo es el río Limay a lo largo de su recorrido y cómo lo estamos entregando a la provincia de Río Negro en la confluencia con el río Neuquén, que es casi una cloaca”, comentó.
Una aventura que incluye pasar por todas las presas
El viaje por el curso del Limay con 30 ó 40 kilómetros de avance diarios busca ser un aporte sobre el conocimiento del río. Desde la organización sostienen que nadie ama lo que no conoce, por eso esta premisa de recorrerlo desde adentro y hacer esta prueba que es exigente hasta para los más experimentados del remo.
Viajan kayaquistas que están en condiciones físicas y con embarcaciones aptas para el recorrido y que cumplan los requisitos de seguridad que exige Prefectura; sin embargo, muy pocas personas han realizado el viaje total por las complicaciones que involucra un viaje que debe sortear cinco represas.
“Hay que bajarse con el kayak y viajar por cañadones y la barda por sectores donde no hay camino, con todo el equipamiento de viaje a cuestas, para retomar el río aguas abajo de Alicura, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, Chocón y Arroyito”, describió Arellano.
Agregó que la travesía es poco realizada porque muchos de los deportistas o pescadores priorizan algún tramos: “se rema en el Limay medio desde Pichi Picún hasta donde nace el Chocón; otros desde Dina Huapi hasta confluencia Traful (confluencia Alicura). Hay sectores donde la ruta está a 40 kilómetros del lago, entonces cualquier asistencia por alguna emergencia se torna difícil, con poca comunicación y dificultades para el apoyo logístico, esto hace que la travesía total por el Limay sea incómoda”, describió Arellano.
En cada etapa los navegantes tendrán descansos con acampes agrestes. Por ahora hay un equipo de travesía conformado por 6 personas. Hay algunos sectores del río que será imperioso suspender cuando haya vientos de 60 ó 70 kilómetros “y por experiencia sabemos que hay que suspender por la peligrosidad, por esto se buscará ir con personas preparadas que puedan documentar en fotos e imágenes todo, para que la gente conozca y como dice el eslogan de la travesía, ame lo que tenemos a partir de que lo conoce”, sostuvo.
Arrelano agregó que con las acciones que se hicieron “algún éxito se tuvo” pero aún “ hay mucho más para hacer, e invertir en saneamiento y cuidado nuestros recursos”.
Son 550 km de travesía que va desde la naciente del río Limay en el lago Nahuel Huapi hasta su confluencia con el río Neuquén, con partida el 4 de enero.
“Para bajar por el Limay hay que sortear 5 represas. Es incómodo, muy complejo y pocos lo hacen entero, sí por tramos”.
Luis Arellano, integrante de la organización Salvemos los Ríos.
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La Pampa: sin agua en el Atuel va a la justicia
La Pampa acudirá a la Corte porque Mendoza cortó ingreso del Atuel y "se apropió del río"
Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobierno de La Pampa resolvió notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente el curso del Atuel hacia la provincia y "se apropió del 100 por ciento de las aguas del Atuel", generando nuevamente perjuicios en lo económico por el inicio de la temporada turística y unimpacto ecológico y ambiental terrible".
A raíz del corte del curso del Atuel que dejó de ingresar a La Pampa, ayer se reunieron los integrantes de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) de La Pampa, y por la tarde acordaron notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente y se "apropió" del río Atuel. "Se verificó la apropiación del 100 por ciento de las aguas del Atuel por parte de Mendoza", advitieron.
El río se encuentra cortado desde el 2007 y desde hace 11 años, sólo escurrían por su cauce caudales de agua de reúso que resultaban insuficientes en cuanto a cantidad y calidad para el sostenimiento del ecosistema.
"En el día de hoy (por ayer) se constata un corte total de los escurrimientos, incluso de reúso, por lo que se verificó la apropiación del 100% de las aguas del Atuel de Mendoza, ante el silencio de Nación y sus organismos competentes", señalaron para adelantar que notificarán a la Corte de la "muestra desaprensiva, unilateral y arbitraria de Mendoza, de apropiarse de la totalidad del Atuel".
El secretario de Recursos hidricos de La Pampa, Javier Slegel declaró hoy a Télam que "éste corte del ingreso del agua genera un impacto terrible en la región, hace perder lo poco que se ha logrado en material ambiental y además del impacto ecológico genera pérdidas en el desarrollo turístico, en Algarrobo del Aguila donde se realizó una fuerte inversión tanto de la esfera oficial como de la privada, que construyó cabañas".
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, señaló que el corte del ingreso del Atuel en La Pampa hace que nuevamente "como todos los años, el desierto, el salitre y la desolación avanzan sobre nuestros cauces y humedales, además de comenzar el éxodo de aquellas especies que pueden hacerlo, el resto morirá en el intento. Incluso -agregó- aquellas más hábiles para buscar nuevos horizontes, como las aves por ejemplo, pero que aún se están reproduciendo, preferirán quedarse a morir en el nido, en un intento desesperado por salvar su progenie".
"Otros correrán el mismo destino. La falta de oxígeno y el incremento de la concentración de sales primero y la ausencia total de agua posteriormente, dejarán sembrados en el suelo estéril miles y miles de peces. Y esto también sucede todos los años. El Capital Natural de una parte importante de nuestra provincia se extinguirá por completo, como todos los años, como en los últimos 100 años", concluyó.
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Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobierno de La Pampa resolvió notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente el curso del Atuel hacia la provincia y "se apropió del 100 por ciento de las aguas del Atuel", generando nuevamente perjuicios en lo económico por el inicio de la temporada turística y unimpacto ecológico y ambiental terrible".
A raíz del corte del curso del Atuel que dejó de ingresar a La Pampa, ayer se reunieron los integrantes de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) de La Pampa, y por la tarde acordaron notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente y se "apropió" del río Atuel. "Se verificó la apropiación del 100 por ciento de las aguas del Atuel por parte de Mendoza", advitieron.
El río se encuentra cortado desde el 2007 y desde hace 11 años, sólo escurrían por su cauce caudales de agua de reúso que resultaban insuficientes en cuanto a cantidad y calidad para el sostenimiento del ecosistema.
"En el día de hoy (por ayer) se constata un corte total de los escurrimientos, incluso de reúso, por lo que se verificó la apropiación del 100% de las aguas del Atuel de Mendoza, ante el silencio de Nación y sus organismos competentes", señalaron para adelantar que notificarán a la Corte de la "muestra desaprensiva, unilateral y arbitraria de Mendoza, de apropiarse de la totalidad del Atuel".
El secretario de Recursos hidricos de La Pampa, Javier Slegel declaró hoy a Télam que "éste corte del ingreso del agua genera un impacto terrible en la región, hace perder lo poco que se ha logrado en material ambiental y además del impacto ecológico genera pérdidas en el desarrollo turístico, en Algarrobo del Aguila donde se realizó una fuerte inversión tanto de la esfera oficial como de la privada, que construyó cabañas".
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, señaló que el corte del ingreso del Atuel en La Pampa hace que nuevamente "como todos los años, el desierto, el salitre y la desolación avanzan sobre nuestros cauces y humedales, además de comenzar el éxodo de aquellas especies que pueden hacerlo, el resto morirá en el intento. Incluso -agregó- aquellas más hábiles para buscar nuevos horizontes, como las aves por ejemplo, pero que aún se están reproduciendo, preferirán quedarse a morir en el nido, en un intento desesperado por salvar su progenie".
"Otros correrán el mismo destino. La falta de oxígeno y el incremento de la concentración de sales primero y la ausencia total de agua posteriormente, dejarán sembrados en el suelo estéril miles y miles de peces. Y esto también sucede todos los años. El Capital Natural de una parte importante de nuestra provincia se extinguirá por completo, como todos los años, como en los últimos 100 años", concluyó.
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Neuquén: aseguran que los ríos ahora están limpios
Aseguran que tres plantas cloacales ya no dañan los ríos
Fecha de Publicación: 26/12/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Ambiente de la provincia hizo los análisis a las del PIN, Bardas Norte y Tronador. Los efluentes están dentro de los parámetros normales
La Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén realizó muestreos de control de calidad en las plantas de tratamiento de efluentes cloacales que posee el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) en la ciudad -Planta PIN, Bardas Norte y Tronador- y concluyó que funcionan correctamente y que los líquidos vertidos arrojan valores muy por debajo de las máximas permitidas en relación con parámetros como Escherichia coli, coliformes totales y DBO (demanda bioquímica de oxígeno).
El presidente del EPAS, Mauro Millán, aseguró que este análisis “cierra otro año más de buenos resultados” en lo que se refiere a las plantas de tratamiento de líquidos cloacales. “Esto corrobora lo que hemos afirmado siempre sobre el buen funcionamiento, la calidad y la responsabilidad de nuestro trabajo, así como en octubre lo comprobara Prefectura Naval Argentina y en noviembre también hiciera lo mismo Recursos Hídricos a través de un prestigioso laboratorio privado, CIATI”. “Destacamos cuando un organismo externo al EPAS llega a los excelentes resultados que nosotros obtenemos en nuestros muestreos constantes”, concluyó Millán.
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Fecha de Publicación: 26/12/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Ambiente de la provincia hizo los análisis a las del PIN, Bardas Norte y Tronador. Los efluentes están dentro de los parámetros normales
La Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén realizó muestreos de control de calidad en las plantas de tratamiento de efluentes cloacales que posee el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) en la ciudad -Planta PIN, Bardas Norte y Tronador- y concluyó que funcionan correctamente y que los líquidos vertidos arrojan valores muy por debajo de las máximas permitidas en relación con parámetros como Escherichia coli, coliformes totales y DBO (demanda bioquímica de oxígeno).
El presidente del EPAS, Mauro Millán, aseguró que este análisis “cierra otro año más de buenos resultados” en lo que se refiere a las plantas de tratamiento de líquidos cloacales. “Esto corrobora lo que hemos afirmado siempre sobre el buen funcionamiento, la calidad y la responsabilidad de nuestro trabajo, así como en octubre lo comprobara Prefectura Naval Argentina y en noviembre también hiciera lo mismo Recursos Hídricos a través de un prestigioso laboratorio privado, CIATI”. “Destacamos cuando un organismo externo al EPAS llega a los excelentes resultados que nosotros obtenemos en nuestros muestreos constantes”, concluyó Millán.
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Una sentencia por arsénico que puede hacer historia
Una sentencia judicial dice que el agua de Chivilcoy es “no apta para el consumo humano”
Fecha de Publicación: 23/12/2018
Fuente: La Razón de Chivilcoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Ayer se dio a conocer las alternativas del fallo, que obliga a ABSA a terminar las obras de la planta de ósmosis inversa y al OCABA y la Autoridad del Agua a “informar si la obra resulta suficiente para cumplir con el proveimiento de agua potable dentro de los parámetros establecidos en el Código alimentario Argentino”.
La batalla entre vecinos de Chivilcoy y la empresa ABSA por una mejor calidad del agua tuvo su sentencia, aunque no definitiva. Tras varios meses, el juez Martín Cherubini, del Juzgado N° 6 de Mercedes, determinó que el agua que se consume en la ciudad es “no apta para el consumo humano”.
Asimismo, conmina a ABSA y a la provincia de Buenos Aires a que en un plazo de seis meses, esté terminada la planta de ósmosis inversa que se construye en la sede del polideportivo, al tiempo que obliga al Organismo de Control de Aguas Bonaerenses (OCABA) y la Autoridad del Agua, a controlar e informar de la utilidad de esta planta y el impacto ambiental que generará.
Así se informó en una conferencia de prensa, que se llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo, con la presencia de vecinos integrantes de la Asamblea por el Agua de Chivilcoy; los abogados, Santilli y Caselles que llevaron adelante la causa e integrantes de la Mesa de Fiscalización por el Agua. Por el municipio estuvieron Matías Múo, coordinador de Gobierno y Cintia Satriano, coordinadora de la Secretaría de Calidad Alimentaria, Zoonosis y Medio Ambiente.
Ezequiel Caselles, uno de los integrantes de la Asamblea por el Agua, manifestó en referencia a la sentencia que “es muy favorable para la comunidad en torno a este reclamo legítimo que venimos teniendo desde hace años en nuestra ciudad, ya que acarrea enfermedades”.
“Es un fallo que nos confirma, pero no nos conforma. Nos confirma el reclamo por el derecho que vemos vulnerado y creemos que esta sentencia nos da la razón”, dijo Caselles, al tiempo que agregó que “no nos conforma, en el sentido que tenemos que seguir trabajando y nos obliga a tomar más compromiso y responsabilidad para llegar a soluciones definitivas”.
Caselles señaló que “Hace más un año y medio demandamos a ABSA y a la provincia de Buenos Aires, a partir de los análisis que realizamos en nuestros hogares, que arrojaron altos niveles de arsénico, nitratos y nitritos en el agua de red. Después de varios idas y vueltas, propias de la justicia, recibimos la sentencia final sobre el asunto”.
“El fallo del juez Martín Cherubini del Juzgado 6 de Mercedes nos confirma lo que sabíamos y que ABSA negaba en un primer momento”, subrayó.
Sentencia textual
El texto del fallo, expresa: “La totalidad de los interesados ha reconocido la existencia del problema con la provisión de agua en la ciudad de Chivilcoy, lo cual, conforme surge de los informes realizados por el OCABA en el expediente administrativo acorallado, la torna no apta para consumo humano”.
“Las pretendidas, dice el Juez, ABSA y la provincia de Buenos Aires, han dado muestras de la necesidad de realizar obras para evitar este flagelo”.
Por lo tanto, “el decisorio que aquí se dicta, tiene entonces por objeto tal cometido cual es que, reconocido y probado el quebrantamiento del derecho fundamental invocado (a la salud) por los vecinos de Chivilcoy, su restitución se realice en un tiempo razonable”.
“Por esto el Juez resuelve: Estipula un plazo máximo de 6 meses para que ABSA termine la obra de Osmosis inversa. La Autoridad del Agua deberá realizar bimestralmente los estudios que ha ido efectuando, según obra en expediente administrativo, debiendo informar los resultados al Juez y a la Comisión fiscalizadora. (De este expediente aportado por la fiscaliza de estado de la provincia se desprende que el OCABA ha monitoreado entre los años 2012 y 2017 a la empresa ABSA en Chivilcoy y que la misma no cumple con lo requerido ni con los niveles permitidos en la normativa que la misma dice deben ser aplicados)”.
“A su vez deberá informar al Juez si la obra comprometida resulta suficiente para cumplir con el proveimiento de agua potable dentro de los parámetros establecidos en el Código alimentario Argentino y en su caso qué obras necesitan desarrollarse”.
Asamblea del agua
Caselles puntualizó que, “no nos conforma el fallo, hasta tanto tengamos la seguridad que los habitantes de Chivilcoy podamos tener un agua segura para nuestra salud. Porque hay personas en nuestra comunidad con serias enfermedades acarreadas por el Hacre (Hidroarsenisismo crónico regional endémico). Porque no confiamos en una empresa que ha dilatado tanto tiempo las obras y nos ha ocultado el problema por años”.
“Este fallo nos confirma el camino que decidimos tomar hace tiempo y nos obliga a seguir transitándolo con más compromiso y responsabilidad. A nosotros los asambleístas, a ustedes vecinos de la comunidad, a las autoridades municipales y a nuestros concejales”.
Seguidamente, convocó a la comunidad científica, a los médicos y los organismos de salud pública y privada “a que se comprometan con esta problemática. Que realicen simposios, que se instruyan al respecto y que nos ayuden a visualizar y trabajar para terminar con este flagelo”.
Defensoría del Pueblo
El responsable de la Defensoría del Pueblo, Facundo Banegas, valoró el trabajo y compromiso de los vecinos integrantes de la Asamblea por el Agua, a los abogados que llevaron adelante la causa, a los concejales y a la Municipalidad.
“Fue vergonzosa la actitud de la empresa ABSA, porque después de un año y medio, la justicia termina confirmando la inquietud de los vecinos de Chivilcoy” y aseveró que “ahora es la justicia la que obliga a la empresa a realizar una planta potabilizadora, acorde a los valores mundiales del agua, que es 0,01 de arsénico”.
“Debe ser una de las primeras sentencias en que se reconocen los valores del Código Nacional y de la Organización Mundial de la Salud. Chivilcoy será un ejemplo en que se deje de lado la vieja ley provincial, que toleraba el 0,05 de arsénico y tendrá que tomar parámetros mundiales en defensa de la salud de los vecinos”.
“Los que integramos la Mesa Fiscalizadora –añadió Benegas- tenemos que ponernos a trabajar para el cumplimiento de este fallo, ABSA tiene seis meses para terminar la planta potabilizadora, pero creo que deberán hacer un estudio para ampliar esa planta y adecuar este fallo”.
No obstante, aclaró que “la sentencia no está firme, pero creemos que la provincia de Buenos Aires no apelará este fallo, así que hacemos un llamado al gobierno bonaerense para que acate la medida y trabaje en conjunto con la Municipalidad y los vecinos”.
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Fecha de Publicación: 23/12/2018
Fuente: La Razón de Chivilcoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Ayer se dio a conocer las alternativas del fallo, que obliga a ABSA a terminar las obras de la planta de ósmosis inversa y al OCABA y la Autoridad del Agua a “informar si la obra resulta suficiente para cumplir con el proveimiento de agua potable dentro de los parámetros establecidos en el Código alimentario Argentino”.
La batalla entre vecinos de Chivilcoy y la empresa ABSA por una mejor calidad del agua tuvo su sentencia, aunque no definitiva. Tras varios meses, el juez Martín Cherubini, del Juzgado N° 6 de Mercedes, determinó que el agua que se consume en la ciudad es “no apta para el consumo humano”.
Asimismo, conmina a ABSA y a la provincia de Buenos Aires a que en un plazo de seis meses, esté terminada la planta de ósmosis inversa que se construye en la sede del polideportivo, al tiempo que obliga al Organismo de Control de Aguas Bonaerenses (OCABA) y la Autoridad del Agua, a controlar e informar de la utilidad de esta planta y el impacto ambiental que generará.
Así se informó en una conferencia de prensa, que se llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo, con la presencia de vecinos integrantes de la Asamblea por el Agua de Chivilcoy; los abogados, Santilli y Caselles que llevaron adelante la causa e integrantes de la Mesa de Fiscalización por el Agua. Por el municipio estuvieron Matías Múo, coordinador de Gobierno y Cintia Satriano, coordinadora de la Secretaría de Calidad Alimentaria, Zoonosis y Medio Ambiente.
Ezequiel Caselles, uno de los integrantes de la Asamblea por el Agua, manifestó en referencia a la sentencia que “es muy favorable para la comunidad en torno a este reclamo legítimo que venimos teniendo desde hace años en nuestra ciudad, ya que acarrea enfermedades”.
“Es un fallo que nos confirma, pero no nos conforma. Nos confirma el reclamo por el derecho que vemos vulnerado y creemos que esta sentencia nos da la razón”, dijo Caselles, al tiempo que agregó que “no nos conforma, en el sentido que tenemos que seguir trabajando y nos obliga a tomar más compromiso y responsabilidad para llegar a soluciones definitivas”.
Caselles señaló que “Hace más un año y medio demandamos a ABSA y a la provincia de Buenos Aires, a partir de los análisis que realizamos en nuestros hogares, que arrojaron altos niveles de arsénico, nitratos y nitritos en el agua de red. Después de varios idas y vueltas, propias de la justicia, recibimos la sentencia final sobre el asunto”.
“El fallo del juez Martín Cherubini del Juzgado 6 de Mercedes nos confirma lo que sabíamos y que ABSA negaba en un primer momento”, subrayó.
Sentencia textual
El texto del fallo, expresa: “La totalidad de los interesados ha reconocido la existencia del problema con la provisión de agua en la ciudad de Chivilcoy, lo cual, conforme surge de los informes realizados por el OCABA en el expediente administrativo acorallado, la torna no apta para consumo humano”.
“Las pretendidas, dice el Juez, ABSA y la provincia de Buenos Aires, han dado muestras de la necesidad de realizar obras para evitar este flagelo”.
Por lo tanto, “el decisorio que aquí se dicta, tiene entonces por objeto tal cometido cual es que, reconocido y probado el quebrantamiento del derecho fundamental invocado (a la salud) por los vecinos de Chivilcoy, su restitución se realice en un tiempo razonable”.
“Por esto el Juez resuelve: Estipula un plazo máximo de 6 meses para que ABSA termine la obra de Osmosis inversa. La Autoridad del Agua deberá realizar bimestralmente los estudios que ha ido efectuando, según obra en expediente administrativo, debiendo informar los resultados al Juez y a la Comisión fiscalizadora. (De este expediente aportado por la fiscaliza de estado de la provincia se desprende que el OCABA ha monitoreado entre los años 2012 y 2017 a la empresa ABSA en Chivilcoy y que la misma no cumple con lo requerido ni con los niveles permitidos en la normativa que la misma dice deben ser aplicados)”.
“A su vez deberá informar al Juez si la obra comprometida resulta suficiente para cumplir con el proveimiento de agua potable dentro de los parámetros establecidos en el Código alimentario Argentino y en su caso qué obras necesitan desarrollarse”.
Asamblea del agua
Caselles puntualizó que, “no nos conforma el fallo, hasta tanto tengamos la seguridad que los habitantes de Chivilcoy podamos tener un agua segura para nuestra salud. Porque hay personas en nuestra comunidad con serias enfermedades acarreadas por el Hacre (Hidroarsenisismo crónico regional endémico). Porque no confiamos en una empresa que ha dilatado tanto tiempo las obras y nos ha ocultado el problema por años”.
“Este fallo nos confirma el camino que decidimos tomar hace tiempo y nos obliga a seguir transitándolo con más compromiso y responsabilidad. A nosotros los asambleístas, a ustedes vecinos de la comunidad, a las autoridades municipales y a nuestros concejales”.
Seguidamente, convocó a la comunidad científica, a los médicos y los organismos de salud pública y privada “a que se comprometan con esta problemática. Que realicen simposios, que se instruyan al respecto y que nos ayuden a visualizar y trabajar para terminar con este flagelo”.
Defensoría del Pueblo
El responsable de la Defensoría del Pueblo, Facundo Banegas, valoró el trabajo y compromiso de los vecinos integrantes de la Asamblea por el Agua, a los abogados que llevaron adelante la causa, a los concejales y a la Municipalidad.
“Fue vergonzosa la actitud de la empresa ABSA, porque después de un año y medio, la justicia termina confirmando la inquietud de los vecinos de Chivilcoy” y aseveró que “ahora es la justicia la que obliga a la empresa a realizar una planta potabilizadora, acorde a los valores mundiales del agua, que es 0,01 de arsénico”.
“Debe ser una de las primeras sentencias en que se reconocen los valores del Código Nacional y de la Organización Mundial de la Salud. Chivilcoy será un ejemplo en que se deje de lado la vieja ley provincial, que toleraba el 0,05 de arsénico y tendrá que tomar parámetros mundiales en defensa de la salud de los vecinos”.
“Los que integramos la Mesa Fiscalizadora –añadió Benegas- tenemos que ponernos a trabajar para el cumplimiento de este fallo, ABSA tiene seis meses para terminar la planta potabilizadora, pero creo que deberán hacer un estudio para ampliar esa planta y adecuar este fallo”.
No obstante, aclaró que “la sentencia no está firme, pero creemos que la provincia de Buenos Aires no apelará este fallo, así que hacemos un llamado al gobierno bonaerense para que acate la medida y trabaje en conjunto con la Municipalidad y los vecinos”.
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Muestrearon el Río Grande para presentarlo a la justicia
Inspecciones por contaminación en Río Grande: El 15 de febrero se presentarán los análisis a la justicia
Fecha de Publicación: 20/12/2018
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La secretaria Gabriela Castillo informó por FM Del Pueblo sobre el avance de la causa iniciada por el gobierno provincial por contaminación de efluentes en Río Grande y señaló que el 15 de febrero se presentarán los análisis al juez de la causa.
“Se tomaron varias muestras en diferentes puntos de la ciudad por parte de la autoridad de aplicación. La inspección fue el viernes y hace un par de semanas atrás la provincia presentó dos amparos contra el municipio en la justicia. Uno con relación a la central de transferencia de pasajeros de colectivo y la otra por una presunta contaminación de efluentes cloacales”, recordó.
“El municipio hizo su descargo y la semana pasada la justicia desestimó el amparo por la central de transferencia. Respecto de los efluentes cloacales, la justicia determinó una audiencia en sede judicial entre la DPOSS y el municipio, que se realizó el miércoles. Ahí se dijo que la planta de tratamiento no estaría funcionando, que había niveles elevados en los efluentes y desde el municipio planteamos que no había objeciones para recorrer las instalaciones en ese momento. El juez determinó que la recorrida fuera el viernes y la provincia determinó que se sacaran muestras de algunos puntos de la ciudad. El viernes tuvimos por un lado la constatación de que la planta está en funcionamiento y se tomaron muestras en la máxima norte y en la salida de la margen sur. También se hizo un relevamiento ocular y se tomaron muestras fotográficas. Ahora estamos esperando los resultados que ambas partes debemos entregar a la justicia el 15 de febrero”, dijo.
“Se acordó, a pedido del municipio, hacer un estudio de la zona, porque se habla de contaminación y no solamente tenemos que hablar de lo que sale del caño sino de un residual en el lugar. El municipio ha planteado un estudio a la salida de los caños para que se vea el impacto en la zona y no que se hable de contaminación alegremente, cuando nunca se ha analizado el vuelco en ninguna de las salidas de los caños de cualquiera de las 46 salidas de pluviales de la ciudad. Recién ahí se podrá hablar de un análisis de impacto en la salida de cada uno de los caños. Los resultados se tienen que entregar el 15 de febrero y estamos en análisis. Las pruebas que presentó la provincia eran del mes de mayo y estamos planteando un análisis de la situación actual”, sostuvo.
“El municipio ha entregado documental que respalda todo lo que viene haciendo y lo que tiene en ejecución, más lo realizado desde 2016 a la fecha. La justicia determinará cuál es el estado de situación actual y cuáles son las responsabilidades que debe asumir el municipio y cuáles la provincia. Desde el municipio estamos tranquilos y se han entregado tres biblioratos de documentación para que analice la provincia”, aseguró.
“Entendemos que, más allá de que no está el proceso completo sobre los efluentes que salen en la máxima norte y en la margen sur, hay un proceso de pre-tratamiento y filtrado que se realiza en las 22 estaciones elevadoras de la ciudad. No hay un flujo crudo saliendo al mar sin ningún tratamiento”, sentenció.
“Nosotros entendemos que la planta de tratamiento funciona bien y hemos crecido en equipamiento, montaje de laboratorio y muchas acciones que se desarrollaron en 2017 y 2018”, destacó la funcionaria.
Finalmente, sobre la central de transferencia de pasajeros, indicó que “está en un 70% de ejecución y calculamos que en un mes estará finalizada. El Municipio pudo hacer el descargo con personal técnico y demostró que no existe un gran impacto por el tránsito de colectivos en la zona del hospital. Se analizó la posible evacuación del hospital y de las estructuras de los alrededores, para demostrar que no hay un impacto negativo ni interfiere con la guardia”.
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Fecha de Publicación: 20/12/2018
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La secretaria Gabriela Castillo informó por FM Del Pueblo sobre el avance de la causa iniciada por el gobierno provincial por contaminación de efluentes en Río Grande y señaló que el 15 de febrero se presentarán los análisis al juez de la causa.
“Se tomaron varias muestras en diferentes puntos de la ciudad por parte de la autoridad de aplicación. La inspección fue el viernes y hace un par de semanas atrás la provincia presentó dos amparos contra el municipio en la justicia. Uno con relación a la central de transferencia de pasajeros de colectivo y la otra por una presunta contaminación de efluentes cloacales”, recordó.
“El municipio hizo su descargo y la semana pasada la justicia desestimó el amparo por la central de transferencia. Respecto de los efluentes cloacales, la justicia determinó una audiencia en sede judicial entre la DPOSS y el municipio, que se realizó el miércoles. Ahí se dijo que la planta de tratamiento no estaría funcionando, que había niveles elevados en los efluentes y desde el municipio planteamos que no había objeciones para recorrer las instalaciones en ese momento. El juez determinó que la recorrida fuera el viernes y la provincia determinó que se sacaran muestras de algunos puntos de la ciudad. El viernes tuvimos por un lado la constatación de que la planta está en funcionamiento y se tomaron muestras en la máxima norte y en la salida de la margen sur. También se hizo un relevamiento ocular y se tomaron muestras fotográficas. Ahora estamos esperando los resultados que ambas partes debemos entregar a la justicia el 15 de febrero”, dijo.
“Se acordó, a pedido del municipio, hacer un estudio de la zona, porque se habla de contaminación y no solamente tenemos que hablar de lo que sale del caño sino de un residual en el lugar. El municipio ha planteado un estudio a la salida de los caños para que se vea el impacto en la zona y no que se hable de contaminación alegremente, cuando nunca se ha analizado el vuelco en ninguna de las salidas de los caños de cualquiera de las 46 salidas de pluviales de la ciudad. Recién ahí se podrá hablar de un análisis de impacto en la salida de cada uno de los caños. Los resultados se tienen que entregar el 15 de febrero y estamos en análisis. Las pruebas que presentó la provincia eran del mes de mayo y estamos planteando un análisis de la situación actual”, sostuvo.
“El municipio ha entregado documental que respalda todo lo que viene haciendo y lo que tiene en ejecución, más lo realizado desde 2016 a la fecha. La justicia determinará cuál es el estado de situación actual y cuáles son las responsabilidades que debe asumir el municipio y cuáles la provincia. Desde el municipio estamos tranquilos y se han entregado tres biblioratos de documentación para que analice la provincia”, aseguró.
“Entendemos que, más allá de que no está el proceso completo sobre los efluentes que salen en la máxima norte y en la margen sur, hay un proceso de pre-tratamiento y filtrado que se realiza en las 22 estaciones elevadoras de la ciudad. No hay un flujo crudo saliendo al mar sin ningún tratamiento”, sentenció.
“Nosotros entendemos que la planta de tratamiento funciona bien y hemos crecido en equipamiento, montaje de laboratorio y muchas acciones que se desarrollaron en 2017 y 2018”, destacó la funcionaria.
Finalmente, sobre la central de transferencia de pasajeros, indicó que “está en un 70% de ejecución y calculamos que en un mes estará finalizada. El Municipio pudo hacer el descargo con personal técnico y demostró que no existe un gran impacto por el tránsito de colectivos en la zona del hospital. Se analizó la posible evacuación del hospital y de las estructuras de los alrededores, para demostrar que no hay un impacto negativo ni interfiere con la guardia”.
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Avances del "Monitoreo ambiental" del Salí-Dulce
Reconocen avances del programa "Monitoreo ambiental"
Fecha de Publicación: 17/12/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 17/12/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Con el objeto de terminar con el flagelo de la contaminación ambiental en la cuenca Salí-Dulce, se celebró el séptimo aniversario del programa "Monitoreo ambiental" que se desarrolla de manera conjunta entre la Defensoría del Pueblo de la provincia y el Ministerio del Agua y Ambiente, todo bajo tutela de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Participaron del acto, el defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel E. Suárez; el secretario del Agua y de Ambiente, Lic. Sergio Zaltz; el presidente del Tribunal de Cuentas y ex defensor del Pueblo, Dr. Martín Díaz Achával, y el secretario de Ambiente de Tucumán, Ing. Alfredo Montalván, quienes, en la oportunidad de participar de un panel, aludieron a todo el proceso que significó la puesta en operaciones del monitoreo permanente, alerta temprana en el embalse y la inspección a industrias de la provincia de Tucumán.
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Brutal descarga de residuos cloacales al Nahuel Huapi
Arrojan cerca de 75 millones de litros de residuos cloacales en el lago Nahuel Huapi
Fecha de Publicación: 16/12/2018
Fuente: La Voz del Interior - Telam
Provincia/Región: Río Negro
El lago Nahuel Huapi recibe desde hace tres días alrededor de 75 millones de litros de líquidos cloacales sin tratar, debido a las tareas de mantenimiento y remoción de materiales en la Estación Elevadora de la Planta Depuradora de Bariloche, lo que ya provocó la presentación de un recurso de amparo para detener el derrame.
La Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB), que administra las instalaciones, informó que los trabajos continuarán hasta hoy miércoles.
Entretanto la organización ecologista de la localidad Arbol de Pie y la senadora Magdalena Odarda presentaron ante la Justicia provincial un recurso de amparo para suspender este y futuros derrames en el lago.
"La acumulación de una gran cantidad de residuos sólidos en la estación de bombeo condiciona severamente su normal funcionamiento por las obstrucciones que se registran en los equipos que además de provocar roturas y desgaste prematuro en el equipamiento, ocasionan una merma en los caudales ingresados a la Planta, situación que debe remediarse de manera prioritaria", explicaron las autoridades de la CEB en un comunicado.
El procedimiento fue autorizado por el Departamento Provincial de Agua.
La actual planta está sobrepasada en su capacidad y se espera que durante 2019 el gobierno nacional disponga las licitaciones para la construcción de un segundo módulo que aliviaría el escenario.
La inversión supera los 300 millones de pesos y su estructura fue pensada para una población cercana a los 100.000 habitantes, lo que se traduce en el tratamiento de aproximadamente 25 millones de litros diarios, pero hoy la ciudad supera los 140.000 habitantes.
"Nuestro amparo es para impedir que sigan arrojando líquidos cloacales ahora y en los próximos años. Es urgente, muy urgente que se avancen en las obras pendientes", indicó a Télam Ana Weiman integrante de Un Arbol de Pie.
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Fecha de Publicación: 16/12/2018
Fuente: La Voz del Interior - Telam
Provincia/Región: Río Negro
El lago Nahuel Huapi recibe desde hace tres días alrededor de 75 millones de litros de líquidos cloacales sin tratar, debido a las tareas de mantenimiento y remoción de materiales en la Estación Elevadora de la Planta Depuradora de Bariloche, lo que ya provocó la presentación de un recurso de amparo para detener el derrame.
La Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB), que administra las instalaciones, informó que los trabajos continuarán hasta hoy miércoles.
Entretanto la organización ecologista de la localidad Arbol de Pie y la senadora Magdalena Odarda presentaron ante la Justicia provincial un recurso de amparo para suspender este y futuros derrames en el lago.
"La acumulación de una gran cantidad de residuos sólidos en la estación de bombeo condiciona severamente su normal funcionamiento por las obstrucciones que se registran en los equipos que además de provocar roturas y desgaste prematuro en el equipamiento, ocasionan una merma en los caudales ingresados a la Planta, situación que debe remediarse de manera prioritaria", explicaron las autoridades de la CEB en un comunicado.
El procedimiento fue autorizado por el Departamento Provincial de Agua.
La actual planta está sobrepasada en su capacidad y se espera que durante 2019 el gobierno nacional disponga las licitaciones para la construcción de un segundo módulo que aliviaría el escenario.
La inversión supera los 300 millones de pesos y su estructura fue pensada para una población cercana a los 100.000 habitantes, lo que se traduce en el tratamiento de aproximadamente 25 millones de litros diarios, pero hoy la ciudad supera los 140.000 habitantes.
"Nuestro amparo es para impedir que sigan arrojando líquidos cloacales ahora y en los próximos años. Es urgente, muy urgente que se avancen en las obras pendientes", indicó a Télam Ana Weiman integrante de Un Arbol de Pie.
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27 millones para no ir a juicio por contaminar
Un industrial ofrece una reparación ambiental inédita
Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El empresario Jorge Rocchia Ferro está dispuesto a desembolsar al menos $ 27 millones para suspender un juicio oral en Santiago del Estero.
Santiago del Estero denunció con insistencia la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce: ese papel histórico tiene como correlato la mayor compensación de daño ambiental ofrecida por un industrial en esta región. Jorge Rocchia Ferro, propietario de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA con sede en Tucumán, está dispuesto a desembolsar al menos $ 27 millones a los fines de obtener la suspensión del juicio a prueba en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) santiagueño. La probation implica beneficios para las jurisdicciones involucradas en el proceso y el financiamiento de infraestructura para el control de los ríos expuestos a la contaminación con desechos fabriles.
La propuesta de Rocchia Ferro, que afronta la imputación junto al ejecutivo José Coronel, ha de ser aceptada por el TOF que integran los camaristas Abelardo Basbús, Juan Carlos Reynaga y Federico Bothamley. Previamente debe dar su consentimiento la fiscala federal Indiana Garzón, que ya manifestó su oposición a otras ofertas más bajas, resistencia que frustró audiencias anteriores. Los acusados de Los Balcanes SA, empresa que explota el ingenio y destilería La Florida (fábrica ubicada en la localidad tucumana homónima), formalizaría esta semana un nuevo ofrecimiento. No se descarta que la compensación económica sea superior a la indicada. La probation además destina becas en la Universidad San Pablo-T, institución educativa ligada a Los Balcanes SA, a ciudadanos de Santiago del Estero. Los representantes de la empresa contactados ayer prefirieron no hacer comentarios para preservar la negociación en marcha. Sin perjuicio de ello, informaron que, además de la reparación ofertada en el proceso penal, la compañía lleva adelante inversiones para garantizar los estándares ambientales y evitar inconvenientes en el futuro (se informa por separado).
“Limosna”
El piso de $ 27 millones es producto de las propuestas desestimadas en el pasado. Esta suma considera desde la adquisición de camionetas 4x4 y una lancha hasta la construcción de una casa y la incorporación de equipamiento específico para controlar el cumplimiento de la legislación ambiental en la Cuenca Salí-Dulce (ver “Detalles...”). La Fiscalía de Estado de Santiago del Estero, uno de los querellantes en la causa, dictaminó que corresponde aceptar la probation, que permitirá a Rocchia Ferro y a Coronel librarse de un enjuiciamiento inminente. El 30 de noviembre pasado, el titular de ese órgano, Raúl Abate, manifestó que el resarcimiento ofrecido guarda relación con el perjuicio que la empresa ocasionó en la localidad santiagueña de El Palomar (departamento Jiménez) entre 2012 y 2013. El dictamen evoca la lucha de ese Estado provincial por controlar la disposición de vinaza y otros líquidos contaminantes en efluentes del río Salí por parte de los ingenios tucumanos. Luego del Embalse Río Hondo, el curso se transforma en el río Dulce y recorre el territorio santiagueño hasta desembocar en Córdoba.
La Provincia de Tucumán también es proclive a aceptar la proposición de Rocchia Ferro, según fuentes de la Fiscalía de Estado a cargo de Daniel Leiva. Pero el beneficio sólo prosperaría si la Fiscalía ante el TOF que dirige Garzón modifica su tesitura. El artículo 76 bis del Código Penal consigna que el tribunal debe acordar la suspensión del juicio con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal. Semanas atrás, Garzón calificó de “limosna” la propuesta de $ 18 millones formulada por el industrial. El diario El Liberal indicó que la fiscala había alegado que el daño causado no podía quedar impune y que correspondía aplicar a los acusados una sanción penal, además de exigirles la reparación económica.
En los ámbitos tribunalicios confían en que la renuencia de Garzón podría ceder gracias a las mejoras realizadas al ofrecimiento, y porque resulta incierto el resultado del debate de los presuntos hechos ilícitos imputados a Rocchia Ferro y Coronel. Esta perspectiva valora el efecto ejemplar y preventivo de la compensación contenida en la probation.
“Pantanal putrefacto”
La causa en poder del TOF de Santiago del Estero acumula distintos procesos iniciados en esa jurisdicción y en Tucumán, e instruidos respectivamente por los fiscales federales Pedro Simón y Carlos Brito (N°1). El santiagueño Simón pidió en 2015 el juzgamiento de Rocchia Ferro y de Coronel por la vinaza detectada en el paraje El Palomar. Según el requerimiento de Simón, el desecho industrial provino de la fábrica de La Florida, y afectó el suelo, el aire y el agua, además de producir riesgos para la salud. El fiscal identificó dos derrames distintos en 2012 y 2013, e incumplimientos de órdenes judiciales y administrativas por parte de Los Balcanes SA. Simón dijo que los vecinos afectados tenían escasos recursos y tuvieron que modificar sus hábitos de vida.
Por su parte y también en 2015, el fiscal Brito requirió que Rocchia Ferro vaya a juicio por la descarga de residuos peligrosos con olor nauseabundo en un canal de riego ubicado en La Florida, que conecta a esa localidad tucumana con Santiago del Estero. En esa investigación abierta en 2011, Brito advirtió que la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán había clausurado preventivamente el ingenio luego de constatar que carecía de un plan para contener los derrames.
Las denuncias de contaminación de la Cuenca Salí-Dulce como consecuencia de la actividad industrial en Tucumán se intensificaron durante la década pasada. En 2005, el Gobierno de Santiago del Estero pidió en la Justicia Federal la apertura de una investigación que involucró a 22 empresas locales. Durante aquel año, las autoridades de la provincia vecina publicitaron un informe técnico que afirmaba que el vertido de desechos en los ríos había transformado al dique Frontal de Las Termas de Río Hondo en un “pantanal putrefacto”.
LA FIRMA DE ROCCHIA FERRO ASEVERÓ QUE TRABAJA POR CUIDAR EL AMBIENTE
La Compañía Azucarera Los Balcanes SA, que explota el ingenio y destilería La Florida, prefirió no hacer comentarios sobre la “probation” inédita que ofreció en el ámbito de un proceso penal en Santiago del Estero. Voceros de la firma tucumana expresaron que, más allá de esa reparación, estaban invirtiendo sumas cuantiosas para llegar a la meta de “vinaza cero” en menos de un año y concluir una planta de tratamiento de cenizas.
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Informe oficial admite que el Bermejo está contaminado
La vida acuática del Bermejo está amenazada por la contaminación
Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Norte
Un informe oficial, emitido tras la última mortandad de peces, agrandó las dudas. Los coliformes fecales superan todos los límites y hay niveles tóxicos de nitritos.
El pasado 27 de septiembre pobladores ribereños de Embarcación y Pichanal se encontraron con cientos de surubíes, dorados, bagres y sábalos muertos en el Bermejo por causas que aún no fueron aclaradas con rigor científico.
Sin consuelo ni respuestas, pescadores de Salta y Jujuy apuntaron en las redes sociales contra la vinaza, un desecho de la destilación del alcohol de caña que consume el oxígeno del agua y que tiene abierto un delicado conflicto entre Santiago del Estero y Tucumán por los estragos causados en la ictiofauna del sistema hídrico Salí-Dulce.
Rápidamente, Industrias Tabacal sacó un comunicado en el que aclaró que aportó a organismos competentes "información y muestras correspondientes al canal de ingreso y la compuerta de salida de la fábrica, obtenidas días previos al suceso mencionado, cuyos valores se encuentran dentro de los parámetros de la normativa vigente".
Siete años atrás, en septiembre de 2011, sus efluentes industriales ya habían sido señalados como supuesta causal de otra masiva mortandad de peces que movió actuaciones tanto en Salta como en Tarija (Bolivia). También por aquellos días el ingenio oranense había desmentido el supuesto impacto de sus vinazas y, poco después, el comité de frontera de Aguas Blancas y Bermejo apuntó a una empresa minera de Bolivia como presunta responsable. La Secretaría de Ambiente de la Provincia anunció entonces que, ni bien se completaran los análisis químicos, emitiría un informe concluyente que nunca salió. En siete años nada se supo de las muestras que se colectaron en el mismo tramo del Bermejo que ahora ocupa al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
"Falta de oxígeno"
El pasado 2 de octubre, el director Ejecutivo de la Agencia de Protección Ambiental, Ignacio Goytia, manifestó en los medios que ese organismo había descartado varias hipótesis, entre las que se incluía la posible contaminación con desechos de la industria sucro-alcoholera. Sin evidencias determinantes, el funcionario dijo que la mortandad de peces pudo deberse a una combinación de "altas temperaturas", "bajos caudales" y "falta de oxígeno" en el agua. Goytia aclaró, no obstante, que aguardaría los resultados de los análisis de laboratorio para confirmar o revisar la teoría.
Días después, ante un pedido de informes de Diputados, el Programa de Monitoreo Hídrico de la Provincia comenzó a preparar la contestación al requerimiento legislativo. El informe técnico fue elevado el 23 de octubre al secretario de Recursos Hídricos, Oscar Dean, y en la misma semana llegó a la Cámara Baja. Quizás por la complejidad de sus gráficos témporo-espaciales, o por la dificultosa interpretación de los parámetros expuestos, el informe quedó confinado en un escritorio y su contenido recién pudo conocerse días atrás.
Son 21 carillas que exponen diferentes indicadores de la crónica degradación ambiental que presenta el río Bermejo, fundamentalmente por las aguas residuales que recibe sin adecuado tratamiento, o directamente crudas, desde la cuenca superior tarijeña hasta Pichanal.
En el informe hay detalles que llaman la atención. En sus registros la continuidad de los muestreos realizados desde Aguas Blancas hasta la desembocadura del río San Francisco solo se evidencia desde 2012 hasta 2015. No hay una sola mención de análisis físicos, químicos y bacteriológicos que se hayan realizado durante 2016. De 2017 y 2018 solo hay dos referencias muy puntuales y con indicadores aislados.
Aún así, el informe deja ver el impacto de los efluentes cloacales, agrícolas e industriales de Bermejo y otras poblaciones de Tarija (Bolivia), Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen, Embarcación y Pichanal.
En el tramo salteño de 160 kilómetros que se extiende desde Aguas Blancas hasta la desembocadura del río San Francisco, en Pichanal, el Bermejo recibe aportes de aguas residuales de Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen y Embarcación. A través del sistema del río San Francisco se suman efluentes domiciliarios, industriales y agrícolas de otros municipios de Salta y Jujuy. Los técnicos de Recursos Hídricos remarcaron que los sistemas de tratamiento de Aguas Blancas y de la ciudad de Orán "se encuentran fuera de servicio y, en función a la información remitida por Aguas del Norte en respuesta a nuestro requerimiento, están pendientes obras de reparación y ampliación, por lo que dichos efluentes son vertidos sin tratamiento alguno".
Aguas Blancas
Los registros bacteriológicos expresados en las tablas gráficas del informe evidencian un acentuado impacto de las descargas cloacales crudas de Aguas Blancas y la vecina población fronteriza de Bermejo.
A dos kilómetros aguas abajo del puente internacional se midieron concentraciones de coliformes fecales que superan en 50 veces el valor guía fijado para la protección de la vida acuática. En coliformes totales, se registraron niveles hasta 1.000 veces más altos.
Las muestras que se tomaron aguas abajo de la localidad de Aguas Blancas y la fronteriza localidad de Bermejo también arrojaron concentraciones de amoníaco de hasta 4 miligramos por litro (mg/l), un valor que triplica el límite establecido por las normas nacionales.
En nitritos, otro claro indicador de contaminación con aguas residuales e industriales, se midieron valores de hasta 0,8 mg/l. La ley nacional de residuos peligrosos fija un máximo de 0,06 mg/l para la preservación de la vida acuática. Una amplía bibliografía científica advierte que valores de nitritos por encima de 0,1 mg/l, dependiendo del PH de las aguas, son tóxicos y se consideran un impedimento para el desarrollo de la vida piscícola.
Las mediciones en Orán
A la altura de Pozo Sarmiento, el Bermejo recibe los efluentes cloacales de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Allí los parámetros de contaminación asociados a la serie del nitrógeno, la cantidad de materia orgánica y el oxígeno disuelto son más bajos que en Aguas Blancas, debido a los caudales que aportan el río Pescado y otros cursos tributarios.
Sin embargo, la presencia de los aportes cloacales de la segunda ciudad más poblada de la provincia se manifiesta en una alta carga bacteriana. En el citado punto de muestreos se registraron concentraciones de coliformes fecales 40 veces más elevados que el valor guía de la legislación vigente y niveles de coliformes totales 50 veces mayores.
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Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Norte
Un informe oficial, emitido tras la última mortandad de peces, agrandó las dudas. Los coliformes fecales superan todos los límites y hay niveles tóxicos de nitritos.
El pasado 27 de septiembre pobladores ribereños de Embarcación y Pichanal se encontraron con cientos de surubíes, dorados, bagres y sábalos muertos en el Bermejo por causas que aún no fueron aclaradas con rigor científico.
Sin consuelo ni respuestas, pescadores de Salta y Jujuy apuntaron en las redes sociales contra la vinaza, un desecho de la destilación del alcohol de caña que consume el oxígeno del agua y que tiene abierto un delicado conflicto entre Santiago del Estero y Tucumán por los estragos causados en la ictiofauna del sistema hídrico Salí-Dulce.
Rápidamente, Industrias Tabacal sacó un comunicado en el que aclaró que aportó a organismos competentes "información y muestras correspondientes al canal de ingreso y la compuerta de salida de la fábrica, obtenidas días previos al suceso mencionado, cuyos valores se encuentran dentro de los parámetros de la normativa vigente".
Siete años atrás, en septiembre de 2011, sus efluentes industriales ya habían sido señalados como supuesta causal de otra masiva mortandad de peces que movió actuaciones tanto en Salta como en Tarija (Bolivia). También por aquellos días el ingenio oranense había desmentido el supuesto impacto de sus vinazas y, poco después, el comité de frontera de Aguas Blancas y Bermejo apuntó a una empresa minera de Bolivia como presunta responsable. La Secretaría de Ambiente de la Provincia anunció entonces que, ni bien se completaran los análisis químicos, emitiría un informe concluyente que nunca salió. En siete años nada se supo de las muestras que se colectaron en el mismo tramo del Bermejo que ahora ocupa al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
"Falta de oxígeno"
El pasado 2 de octubre, el director Ejecutivo de la Agencia de Protección Ambiental, Ignacio Goytia, manifestó en los medios que ese organismo había descartado varias hipótesis, entre las que se incluía la posible contaminación con desechos de la industria sucro-alcoholera. Sin evidencias determinantes, el funcionario dijo que la mortandad de peces pudo deberse a una combinación de "altas temperaturas", "bajos caudales" y "falta de oxígeno" en el agua. Goytia aclaró, no obstante, que aguardaría los resultados de los análisis de laboratorio para confirmar o revisar la teoría.
Días después, ante un pedido de informes de Diputados, el Programa de Monitoreo Hídrico de la Provincia comenzó a preparar la contestación al requerimiento legislativo. El informe técnico fue elevado el 23 de octubre al secretario de Recursos Hídricos, Oscar Dean, y en la misma semana llegó a la Cámara Baja. Quizás por la complejidad de sus gráficos témporo-espaciales, o por la dificultosa interpretación de los parámetros expuestos, el informe quedó confinado en un escritorio y su contenido recién pudo conocerse días atrás.
Son 21 carillas que exponen diferentes indicadores de la crónica degradación ambiental que presenta el río Bermejo, fundamentalmente por las aguas residuales que recibe sin adecuado tratamiento, o directamente crudas, desde la cuenca superior tarijeña hasta Pichanal.
En el informe hay detalles que llaman la atención. En sus registros la continuidad de los muestreos realizados desde Aguas Blancas hasta la desembocadura del río San Francisco solo se evidencia desde 2012 hasta 2015. No hay una sola mención de análisis físicos, químicos y bacteriológicos que se hayan realizado durante 2016. De 2017 y 2018 solo hay dos referencias muy puntuales y con indicadores aislados.
Aún así, el informe deja ver el impacto de los efluentes cloacales, agrícolas e industriales de Bermejo y otras poblaciones de Tarija (Bolivia), Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen, Embarcación y Pichanal.
En el tramo salteño de 160 kilómetros que se extiende desde Aguas Blancas hasta la desembocadura del río San Francisco, en Pichanal, el Bermejo recibe aportes de aguas residuales de Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Yrigoyen y Embarcación. A través del sistema del río San Francisco se suman efluentes domiciliarios, industriales y agrícolas de otros municipios de Salta y Jujuy. Los técnicos de Recursos Hídricos remarcaron que los sistemas de tratamiento de Aguas Blancas y de la ciudad de Orán "se encuentran fuera de servicio y, en función a la información remitida por Aguas del Norte en respuesta a nuestro requerimiento, están pendientes obras de reparación y ampliación, por lo que dichos efluentes son vertidos sin tratamiento alguno".
Aguas Blancas
Los registros bacteriológicos expresados en las tablas gráficas del informe evidencian un acentuado impacto de las descargas cloacales crudas de Aguas Blancas y la vecina población fronteriza de Bermejo.
A dos kilómetros aguas abajo del puente internacional se midieron concentraciones de coliformes fecales que superan en 50 veces el valor guía fijado para la protección de la vida acuática. En coliformes totales, se registraron niveles hasta 1.000 veces más altos.
Las muestras que se tomaron aguas abajo de la localidad de Aguas Blancas y la fronteriza localidad de Bermejo también arrojaron concentraciones de amoníaco de hasta 4 miligramos por litro (mg/l), un valor que triplica el límite establecido por las normas nacionales.
En nitritos, otro claro indicador de contaminación con aguas residuales e industriales, se midieron valores de hasta 0,8 mg/l. La ley nacional de residuos peligrosos fija un máximo de 0,06 mg/l para la preservación de la vida acuática. Una amplía bibliografía científica advierte que valores de nitritos por encima de 0,1 mg/l, dependiendo del PH de las aguas, son tóxicos y se consideran un impedimento para el desarrollo de la vida piscícola.
Las mediciones en Orán
A la altura de Pozo Sarmiento, el Bermejo recibe los efluentes cloacales de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Allí los parámetros de contaminación asociados a la serie del nitrógeno, la cantidad de materia orgánica y el oxígeno disuelto son más bajos que en Aguas Blancas, debido a los caudales que aportan el río Pescado y otros cursos tributarios.
Sin embargo, la presencia de los aportes cloacales de la segunda ciudad más poblada de la provincia se manifiesta en una alta carga bacteriana. En el citado punto de muestreos se registraron concentraciones de coliformes fecales 40 veces más elevados que el valor guía de la legislación vigente y niveles de coliformes totales 50 veces mayores.
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Neuquén: denuncian agua contaminada con hidrocarburos
Vecinos de Añelo denuncian que el agua está contaminada
Fecha de Publicación: 08/12/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Señalaron que se hizo un estudio que da cuenta que presenta plomo y mercurio.Denuncian que impactó en la salud de algunos vecinos.
Un grupo de vecinos denunció que el agua en Añelo está contaminada de resabios de hidrocarburos y que afecta no sólo la salud de los pobladores sino el río Neuquén.
“Ya no se puede tomar el agua. Hay gente que falleció como consecuencia de eso, como el caso del vecino Araneda y su esposa. Hay mucha gente enferma. El agua sale como chocolate de la canilla”, sostuvo en diálogo con LU5 María Isabel Mansilla, vecina de Añelo.
Aseguró que “se hizo un estudio con la policía científica federal y el agua está contaminada”, en función de los resultados, Mansilla radicó una denuncia en el Juzgado Federal N°2.
“Esta todo contaminado y comprobado. Se encontró plomo y mercurio. Empresas petroleras hacen el descarte. Cuando llueve va a los barriales y cae al río Neuquén. Nosotros fuimos con una retro y el olor es tan fuerte que no se puede aguantar”, ejemplificó la vecina quien concurrirá esta mañana a la Legislatura junto a otros pobladores de la localidad para dar a conocer la situación.
La denunciante sostuvo que representantes de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) se presentaron el pasado domingo, al igual que otras autoridades provinciales, quienes se habrían comprometido a realizar nuevas muestras del agua, de observar el impacto en la salud de algunos vecinos y de acercar bidones de agua.
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Fecha de Publicación: 08/12/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Señalaron que se hizo un estudio que da cuenta que presenta plomo y mercurio.Denuncian que impactó en la salud de algunos vecinos.
Un grupo de vecinos denunció que el agua en Añelo está contaminada de resabios de hidrocarburos y que afecta no sólo la salud de los pobladores sino el río Neuquén.
“Ya no se puede tomar el agua. Hay gente que falleció como consecuencia de eso, como el caso del vecino Araneda y su esposa. Hay mucha gente enferma. El agua sale como chocolate de la canilla”, sostuvo en diálogo con LU5 María Isabel Mansilla, vecina de Añelo.
Aseguró que “se hizo un estudio con la policía científica federal y el agua está contaminada”, en función de los resultados, Mansilla radicó una denuncia en el Juzgado Federal N°2.
“Esta todo contaminado y comprobado. Se encontró plomo y mercurio. Empresas petroleras hacen el descarte. Cuando llueve va a los barriales y cae al río Neuquén. Nosotros fuimos con una retro y el olor es tan fuerte que no se puede aguantar”, ejemplificó la vecina quien concurrirá esta mañana a la Legislatura junto a otros pobladores de la localidad para dar a conocer la situación.
La denunciante sostuvo que representantes de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) se presentaron el pasado domingo, al igual que otras autoridades provinciales, quienes se habrían comprometido a realizar nuevas muestras del agua, de observar el impacto en la salud de algunos vecinos y de acercar bidones de agua.
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Santa Fe: sacan del Paranáuna TN de basura en un día
Contaminación en el Paraná: sacaron una tonelada de basura en un día
Fecha de Publicación: 07/12/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El 80 por ciento de los residuos eran plásticos, sobre todo botellas de gaseosas. También había televisores, un monitor y hasta dos sillones
Botellas, bolsitas, envoltorios de alimentos, pedazos sueltos: los plásticos son los grandes contaminantes del Paraná según los resultados de una gran jornada de limpieza colaborativa del río que tuvo lugar hace pocos días tanto en la costa rosarina como en las islas frente a la ciudad.
Según detallaron los organizadores de la movida (que se realizó por tercer año consecutivo y que agrupa a 9 organizaciones e instituciones de la región) el plástico representó el 80% del total de los residuos juntados si se tiene en cuenta el peso, pero monopolizó el 90% del total si se analiza por tipo de objeto.
Dentro de esa montaña de plástico sobresalieron las botellas descartables de bebidas con el 25% del peso total y el 40% en cantidad de ítems con un reinado absoluto de Coca Cola, seguida por otras marcas como Produnoa (marca Secco), Danone, PepsiCo y Pritty.
"Por lejos Coca Cola es la empresa cuyos productos más se encontraron en el río, repitiéndose lo observado en la jornada del 2017. Entre los ítems identificados de las ocho empresas mencionadas, sólo la multinacional Coca Cola es responsable del 35%" señalaron los ambientalistas.
Este año, además, también apareció bastante chatarra electrónica como cuatro televisores y un monitor, y también desechos más hogareños como dos sillones, un colchón y dos reposeras.
Radiografía de la basura
Los "limpiadores" juntaron envases de productos vencidos hace 5 años y otros fabricados en países como Brasil o Paraguay que no se venden en Argentina, lo que deja en evidencia al menos dos cosas: la vida casi eterna del plástico en la naturaleza, y el "viaje" de miles de kilómetros que a través del caudal del río realiza la basura hacia la desembocadura en el río de la Plata.
Después de las botellas, los siguientes objetos más abundantes fueron envoltorios plásticos, principalmente de productos alimenticios. Alrededor del 20% de los ítems identificados corresponde a envoltorios. La empresa cuyos envoltorios más se encontraron en el río es Arcor.
En tercer lugar se encontró una enorme cantidad de vajilla descartable de plástico, particularmente sorbetes plásticos, así como una gran cantidad de plástico rígido y telgopor. Gran parte de estos objetos no tenía marcas identificables.
"En cuanto al telgopor es para destacar que una gran parte del mismo es imposible de sacar del río por encontrarse ya fragmentado en forma de miles de partículas" explicaron.
Finalmente sorprendió la gran cantidad de latas de bebidas encontradas, en una proporción muy mayor a la de la jornada "Más río, menos basura" del año pasado.
Modelo de consumo
Las empresas que comercializaron la mayor cantidad de latas halladas fueron CCU Argentina (marca Schneider, entre otras) y Quilmes. "Esto es consecuencia de la decisión de las empresas de vender cada vez más sus productos en envases descartables en vez de los retornables" argumentaron los organizadores.
Esta superabundancia de plásticos se explica por las formas de consumo y la falta de educación ambiental: "el problema de fondo es un modelo de producción y consumo insustentable que nos lleva a comprar y tirar a un ritmo cada vez más acelerado, y que ha masificado el uso de envases y artículos descartables para todo lo que consumimos" señaló Clara Mitchell, una de las organizadoras del encuentro.
También llamó la atención el creciente consumo de latas descartables de bebidas, cada vez más presentes entre la basura juntada en las dos orillas.
"Las empresas deben hacerse cargo del problema que han generado y tener responsabilidad clara sobre la disposición final de lo que producen", explicaron desde la organización, que agrupa al Acuario, la Ucel, El Paraná No Se Toca, el Taller Ecologista, STS Rosario, Greenpeace Rosario, el Club Rosarino de Acuarismo, S.O.S Life! y la reserva natural Isla del Sol.
Voluntarios en acción
Este año, para su tercera edición, la jornada "Un día + río - basura" contó con la participación de alrededor de 150 voluntarios, un 50% más que en sus dos ediciones anteriores.
También hubo varias instancias de capacitación previas y una limpieza de la desembocadura del Ludueña hace algunas semanas que funcionó como muestra a pequeña escala de lo que luego apareció en el Paraná, ya que en esa ocasión en el arroyo se juntaron casi 300 kilos de basura en apenas 20 metros de costa.
Según detalló Mitchell, las jornadas de limpieza del río implican tres actividades: concientizar en clubes y guarderías sobre la problemática de la basura en el río, las limpiezas propiamente dichas tanto en la costa rosarina como en las islas, y por último la clasificación de la basura encontrada que es la que entrega las pistas más firmes sobre las razones profundas del problema de la contaminación por plásticos.
"Lo primero que hacemos es salir concientizar en las guarderías y a repartir bolsas difundiendo un mensaje de no generación de plásticos" dijo.
Eso incluye el mensaje a quienes salen con su embarcación a disfrutar del Paraná para que además de traer de regreso la basura propia "traigan siempre que puedan un poco más".
Los trabajos de limpieza incluyeron cuatro puntos del lado de Rosario y cuatro en el humedal: en la ciudad, los grupos se desplegaron en el camping municipal, Costa Alta, la playa de Regatas y la reserva natural de Granadero Baigorria.
Luego de juntar la basura una parte se separó para hacer una caracterización que por tercer año seguido ratifica que el peor de los problemas es el plástico: "apuntamos a los modos de consumo porque esa es la raíz del problema, y si no cambia eso no sirve para nada salir a limpiar. Hay que apuntar sobre todo contra los plásticos descartables de un sólo uso" agregó la ambientalista.
"Decimos no al uso del descartable y pedimos por una ley de responsabilidad final del fabricante y por la prohibición de los microplásticos también", finalizó la especialista.
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Malestar en Acumar por el recorte presupuestario
Tensión en el Gobierno por el traspaso de la Acumar y un agujero millonario
Fecha de Publicación: 15/11/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Es la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo. Dependía de Ambiente y pasaría a Interior, pero con fuerte recorte.
Es uno de los coletazos menos conocido de la manoseada reducción de ministerios del Gabinete nacional que tuvo en vilo al círculo rojo del país aquel domingo 2 de septiembre. Como parte del recorte, Ambiente bajó de rango, a secretaría, y según la jerga del organigrama quedó “colgando” de Presidencia. Fue otro ajuste en la zona de acción del rabino Sergio Bergman. Con el cambio se decidió, además, sacar de allí a la Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo (Acumar) y pasarla al Ministerio del Interior. Esa mudanza se está negociando ahora. Con tensión y un agujero de 1.000 millones de pesos.
Clarín accedió a un informe interno que advierte sobre los problemas en el organismo. Primero recuerda el lastre que acarrea casi desde que fue creado, en 2006. Básicamente, no pudo cumplir con los objetivos que le planteó la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que intervino y monitorea junto a dos jueces federales el tema ambiental de la cuenca.
Pero luego el informe asegura que “la gestión actual, a pesar de la homogeneidad en el color político de su administración (Cambiemos comanda Nación, Provincia y Ciudad, además de algunos municipios que integran el organismo) tampoco ha logrado grandes avances, recibiendo fuertes críticas por parte de la CSJN durante su audiencia Pública el 14 de marzo de este año”.
Luego, sigue con sus críticas: “El organismo, durante la actual gestión tuvo un incremento acumulado de su personal del 50%; pasando de menos de 500 empleados a más de 750. Sus cargos jerárquicos aumentaron un 25%, creando 12 nuevos Directivos, mientras que los números más sorprendentes se encuentran en las contrataciones de locaciones de servicios; de las 11 liquidadas al 30 de diciembre de 2015 incrementaron su cantidad en más de 200 contratos hasta el presente año”.
Y concluye: “Es claro que la mayor disposición de liquidez no ha redundado en mayores resultados. Es necesario aplicar un plan racional de saneamiento que permita resultados tangibles, tanto a la Justicia como a los ciudadanos”.
¿Cuáles son los números gruesos de Acumar que se manejan en la Rosada y que generan resistencia en el ministro Rogelio Frigerio? En el marco de los recortes previstos para el año próximo, el organismo pasaría de un presupuesto de 1.800 millones este año a sólo 800 millones el próximo. Un agujero de 1.000 millones.
“El recorte lo propuso ( Mario) Quintana, antes de irse. Era el que monitoreaba Acumar. Pero con 800 millones apenas si llegás a pagar el personal”, asegura una alta fuente oficial.
Además de los empleados, el otro gasto grueso de la Autoridad es un contrato con la Ceamse, de unos 800 millones, para que limpie los basurales que se forman a los costados del Riachuelo. “El objetivo de Quintana, que en la teoría no estaba mal, era que una vez que limpiabas los basurales luego los controlaran los intendentes. Hay 14 municipios involucrados en la Cuenca. Pero esto no pasó y es imposible plantearlo ahora para 2019”.
Una auditoría previa de Acumar, de la actual gestión, advertía que “el 57% de los basurales saneados ha sido reinserto nuevamente como basurales”. El área de influencia de la cuenca involucra a siete millones de personas.
“Acá hay dos jueces federales que controlan con la Corte el tema ambiental y la inversión pública. Uno de Morón, Jorge Rodríguez (ver más información en el recuadro) y uno de Comodoro Py (Sergio Torres). No podés dejar de limpiar. Y la otra opción de reducción es echar gente. ¿En un contexto recesivo y en un año electoral?”, amplía otra fuente que negocia el traspaso.
El tema ya fue planteado por Frigerio al Gabinete. El tiempo aprieta: en estos momentos se está armando un DNU para mover a la Acumar dentro del organigrama. Debe ser así porque fue creada por ley. E incluso deberá ser informado previamente a la Corte Suprema.
Pero más allá de los nombres (Frigerio quiere colocar allí a uno de sus secretarios de confianza) la discusión hoy en el Gobierno es otra. Por plata. Y mucha.
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Fecha de Publicación: 15/11/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Es la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo. Dependía de Ambiente y pasaría a Interior, pero con fuerte recorte.
Es uno de los coletazos menos conocido de la manoseada reducción de ministerios del Gabinete nacional que tuvo en vilo al círculo rojo del país aquel domingo 2 de septiembre. Como parte del recorte, Ambiente bajó de rango, a secretaría, y según la jerga del organigrama quedó “colgando” de Presidencia. Fue otro ajuste en la zona de acción del rabino Sergio Bergman. Con el cambio se decidió, además, sacar de allí a la Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo (Acumar) y pasarla al Ministerio del Interior. Esa mudanza se está negociando ahora. Con tensión y un agujero de 1.000 millones de pesos.
Clarín accedió a un informe interno que advierte sobre los problemas en el organismo. Primero recuerda el lastre que acarrea casi desde que fue creado, en 2006. Básicamente, no pudo cumplir con los objetivos que le planteó la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que intervino y monitorea junto a dos jueces federales el tema ambiental de la cuenca.
Pero luego el informe asegura que “la gestión actual, a pesar de la homogeneidad en el color político de su administración (Cambiemos comanda Nación, Provincia y Ciudad, además de algunos municipios que integran el organismo) tampoco ha logrado grandes avances, recibiendo fuertes críticas por parte de la CSJN durante su audiencia Pública el 14 de marzo de este año”.
Luego, sigue con sus críticas: “El organismo, durante la actual gestión tuvo un incremento acumulado de su personal del 50%; pasando de menos de 500 empleados a más de 750. Sus cargos jerárquicos aumentaron un 25%, creando 12 nuevos Directivos, mientras que los números más sorprendentes se encuentran en las contrataciones de locaciones de servicios; de las 11 liquidadas al 30 de diciembre de 2015 incrementaron su cantidad en más de 200 contratos hasta el presente año”.
Y concluye: “Es claro que la mayor disposición de liquidez no ha redundado en mayores resultados. Es necesario aplicar un plan racional de saneamiento que permita resultados tangibles, tanto a la Justicia como a los ciudadanos”.
¿Cuáles son los números gruesos de Acumar que se manejan en la Rosada y que generan resistencia en el ministro Rogelio Frigerio? En el marco de los recortes previstos para el año próximo, el organismo pasaría de un presupuesto de 1.800 millones este año a sólo 800 millones el próximo. Un agujero de 1.000 millones.
“El recorte lo propuso ( Mario) Quintana, antes de irse. Era el que monitoreaba Acumar. Pero con 800 millones apenas si llegás a pagar el personal”, asegura una alta fuente oficial.
Además de los empleados, el otro gasto grueso de la Autoridad es un contrato con la Ceamse, de unos 800 millones, para que limpie los basurales que se forman a los costados del Riachuelo. “El objetivo de Quintana, que en la teoría no estaba mal, era que una vez que limpiabas los basurales luego los controlaran los intendentes. Hay 14 municipios involucrados en la Cuenca. Pero esto no pasó y es imposible plantearlo ahora para 2019”.
Una auditoría previa de Acumar, de la actual gestión, advertía que “el 57% de los basurales saneados ha sido reinserto nuevamente como basurales”. El área de influencia de la cuenca involucra a siete millones de personas.
“Acá hay dos jueces federales que controlan con la Corte el tema ambiental y la inversión pública. Uno de Morón, Jorge Rodríguez (ver más información en el recuadro) y uno de Comodoro Py (Sergio Torres). No podés dejar de limpiar. Y la otra opción de reducción es echar gente. ¿En un contexto recesivo y en un año electoral?”, amplía otra fuente que negocia el traspaso.
El tema ya fue planteado por Frigerio al Gabinete. El tiempo aprieta: en estos momentos se está armando un DNU para mover a la Acumar dentro del organigrama. Debe ser así porque fue creada por ley. E incluso deberá ser informado previamente a la Corte Suprema.
Pero más allá de los nombres (Frigerio quiere colocar allí a uno de sus secretarios de confianza) la discusión hoy en el Gobierno es otra. Por plata. Y mucha.
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La limpieza del Riachuelo empantanada con causas judiciales
Los problemas judiciales de empresarios atentan contra la limpieza del Riachuelo
Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Lo advirtió el juez federal Sergio Torres, que está a cargo de supervisar las tareas de saneamiento; las compañías de Wagner y Calcaterra participan del proceso Lo advirtió el juez federal Sergio Torres, que está a cargo de supervisar las tareas de saneamiento; las compañías de Wagner y Calcaterra participan del proceso
Los problemas con la justicia que enfrentan grandes empresarios, como Carlos Wagner y Ángel Calcaterra, procesados y embargados en el caso de los cuadernos de las coimas, comprometen las obras destinadas a la limpieza del Riachuelo
Así lo advirtió el juez federal Sergio Torres, uno de los magistrados a quienes la Corte Suprema les encomendó el seguimiento de las tareas de saneamiento. Ayer, Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos, detalló las causas penales y comerciales que complican a una de las empresas involucradas y pidió informes al Gobierno para saber cómo "garantizarán la continuación de las obras".
Torres explicó que los trabajos están divididos en tres lotes, asignados a distintas UTES (uniones transitorias de empresas) y que el primer y tercer lote cuentan con financiamiento del Banco Mundial. Este organismo, relató el juez, incluyó entre los deberes de las compañías el cumplimiento de "las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y ejecución de los contratos".
Torres les pidió al presidente de AySA, José Luis Inglese, a la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Dorina Bonetti, que dentro de los próximos 15 días deben hacer saber al tribunal las "acciones dispuestas" para "afrontar la situación descripta" y "el modo en que garantizarán la continuación de las obras de los tres lotes del sistema". Además, dispuso que se le de intervención a la Jefatura de Gabinete, a la Procuración del Tesoro de la Nación, a la AGN, a la Sigen y a la Oficina Anticorrupción.
En la UTE que lleva adelante el primer lote interviene Iecsa. Torres consignó ayer que Calcaterra, como "presidente y accionista de la empresa Iecsa", fue procesado y embargado por Bonadio. También, que Héctor Sanchez Caballero, CEO de Iecsa, fue indagado y se le dictó una falta de mérito. El juez advirtió no obstante que en marzo de 2017 Calcaterra le había vendido su participación en la firma a Pampa Energía.
El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, fue indagado en la causa de los cuadernos el 17 de octubre pasado.
En cuanto al lote 3, Torres destacó la presencia de Chediack SA como parte de la UTE a cargo de las obras y consignó que Juan Chediack, su presidente, fue procesado y embargado por Bonadio.
En el lote 2 -sin las reglas impuestas por el financiamiento del Banco Mundial- interviene CPS SA, de Cristóbal López y Fabian De Souza, sociedad que está concursada en la quiebra de Oil Combustibles, afirmó el juez. Además, López y De Souza están inhibidos, junto con todas sus empresas, incluida CPS, advirtió Torres. El magistrado relató en su resolución que esta compañía intentó -hasta ahora sin éxito- vender su parte en este contrato.
De la misma UTE que tiene a cargo el lote 2 participa también Esuco, la firma de Wagner, que además de estar procesado y embargado por Bonadio en el caso de los cuadernos de las coimas, está procesado en el caso Odebrecht. El juez Sebastián Casanello lo consideró parte de una estafa al Estado con licitaciones digitadas y beneficios ilegales en favor de las empresas adjudicatarias de dos obras (una planta potabilizadora de aguas y una depuradora). Una de esas empresas era Esuco. Casanello prohibió además que la firma se desprendiera de activos registrables o modificara su composición accionaria.
Torres incluyó en su resolución cuadros que muestran los atrasos en el avance de cada uno de los tramos de las obras comprometidas y advirtió que al menos en lo que respecta al lote 2, que está atado a los tiempos de los otros dos, la fecha de final de obra prevista (13 de marzo de 2019) es "a todas luces evidente" que será "de cumplimiento imposible".
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Fecha de Publicación: 12/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Lo advirtió el juez federal Sergio Torres, que está a cargo de supervisar las tareas de saneamiento; las compañías de Wagner y Calcaterra participan del proceso Lo advirtió el juez federal Sergio Torres, que está a cargo de supervisar las tareas de saneamiento; las compañías de Wagner y Calcaterra participan del proceso
Los problemas con la justicia que enfrentan grandes empresarios, como Carlos Wagner y Ángel Calcaterra, procesados y embargados en el caso de los cuadernos de las coimas, comprometen las obras destinadas a la limpieza del Riachuelo
Así lo advirtió el juez federal Sergio Torres, uno de los magistrados a quienes la Corte Suprema les encomendó el seguimiento de las tareas de saneamiento. Ayer, Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos, detalló las causas penales y comerciales que complican a una de las empresas involucradas y pidió informes al Gobierno para saber cómo "garantizarán la continuación de las obras".
Torres explicó que los trabajos están divididos en tres lotes, asignados a distintas UTES (uniones transitorias de empresas) y que el primer y tercer lote cuentan con financiamiento del Banco Mundial. Este organismo, relató el juez, incluyó entre los deberes de las compañías el cumplimiento de "las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y ejecución de los contratos".
Torres les pidió al presidente de AySA, José Luis Inglese, a la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Dorina Bonetti, que dentro de los próximos 15 días deben hacer saber al tribunal las "acciones dispuestas" para "afrontar la situación descripta" y "el modo en que garantizarán la continuación de las obras de los tres lotes del sistema". Además, dispuso que se le de intervención a la Jefatura de Gabinete, a la Procuración del Tesoro de la Nación, a la AGN, a la Sigen y a la Oficina Anticorrupción.
En la UTE que lleva adelante el primer lote interviene Iecsa. Torres consignó ayer que Calcaterra, como "presidente y accionista de la empresa Iecsa", fue procesado y embargado por Bonadio. También, que Héctor Sanchez Caballero, CEO de Iecsa, fue indagado y se le dictó una falta de mérito. El juez advirtió no obstante que en marzo de 2017 Calcaterra le había vendido su participación en la firma a Pampa Energía.
El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, fue indagado en la causa de los cuadernos el 17 de octubre pasado.
En cuanto al lote 3, Torres destacó la presencia de Chediack SA como parte de la UTE a cargo de las obras y consignó que Juan Chediack, su presidente, fue procesado y embargado por Bonadio.
En el lote 2 -sin las reglas impuestas por el financiamiento del Banco Mundial- interviene CPS SA, de Cristóbal López y Fabian De Souza, sociedad que está concursada en la quiebra de Oil Combustibles, afirmó el juez. Además, López y De Souza están inhibidos, junto con todas sus empresas, incluida CPS, advirtió Torres. El magistrado relató en su resolución que esta compañía intentó -hasta ahora sin éxito- vender su parte en este contrato.
De la misma UTE que tiene a cargo el lote 2 participa también Esuco, la firma de Wagner, que además de estar procesado y embargado por Bonadio en el caso de los cuadernos de las coimas, está procesado en el caso Odebrecht. El juez Sebastián Casanello lo consideró parte de una estafa al Estado con licitaciones digitadas y beneficios ilegales en favor de las empresas adjudicatarias de dos obras (una planta potabilizadora de aguas y una depuradora). Una de esas empresas era Esuco. Casanello prohibió además que la firma se desprendiera de activos registrables o modificara su composición accionaria.
Torres incluyó en su resolución cuadros que muestran los atrasos en el avance de cada uno de los tramos de las obras comprometidas y advirtió que al menos en lo que respecta al lote 2, que está atado a los tiempos de los otros dos, la fecha de final de obra prevista (13 de marzo de 2019) es "a todas luces evidente" que será "de cumplimiento imposible".
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Chaco sufre la falta de agua
Captura de agua de lluvia apacigua lucha diaria en Chaco argentino
Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Chaco
“Desde que tengo 8 años me acostumbré a acarrear agua. Hoy, que tengo 63, lo sigo haciendo”, dice Antolín Soraire. Es un campesino alto y de rostro castigado por el sol, que vive en Los Blancos, un pueblo de unas pocas decenas de casas y anchas calles de tierra en la provincia de Salta, en el norte de Argentina.
En esta zona del Chaco, la llanura tropical de más de un millón de kilómetros cuadrados compartida con Bolivia, Brasil y Paraguay, las condiciones de vida no son fáciles.
Durante unos seis meses al año, entre mayo y octubre, no llueve. En el verano austral las temperaturas pueden tornarse crueles: llegan hasta 50 grados centígrados.
Gran parte de los hogares del municipio donde se asienta Los Blancos, Rivadavia Banda Norte, y de otros cercanos está dispersa en parajes rurales, que quedan aislados cuando llueve. La mitad tiene sus necesidades básicas insatisfechas, según datos oficiales, y el acceso al agua es todavía un privilegio, más cuando no hay ríos en el área.
Las perforaciones rara vez se han revelado como una solución. “El agua de las napas es salada y tiene arsénico naturalmente. Hay que ir a más de 450 metros de profundidad para sacar agua buena”, explica Soraire a IPS en esta localidad de unos 1.100 habitantes.
Fue un novedoso sistema autogestionado el que en los últimos tres años trajo esperanza a muchas familias de esta zona, una de las más pobres de la Argentina: la construcción de techos de latón recolectores de agua de lluvia, que es conducida por cañerías a cisternas de cemento enterradas en el suelo.
En cada una de esas cisternas, herméticamente cerradas, se almacenan 16.000 litros de agua de lluvia, lo que se calcula que necesita una familia de cinco personas para beber y cocinar durante los seis meses que suele durar la sequía.
“Cuando yo era chico pasaba el tren una vez por semana y nos dejaba agua. Después el tren dejó de pasar y la cosa se complicó”, recuerda Soraire, que es lo que aquí se conoce como un criollo: es descendiente de los hombres y mujeres blancos que llegaron al Chaco argentino desde fines del Siglo XIX en busca de tierras para criar sus animales, detrás de las expediciones militares que sometían a los indígenas de la región.
Hoy, aunque han pasado los años y la pobreza en la mayor parte de los casos los iguala, todavía se percibe una tensión latente entre criollos e indígenas, quienes viven en comunidades rurales aisladas, en localidades como Los Blancos o en periferias de cascos urbanos.
El ferrocarril que menciona Soraire unió desde principios del siglo XX los 700 kilómetros que separan las ciudades de Formosa y Embarcación, y era prácticamente la única vía de comunicación de esta zona del Chaco, que hasta hace apenas 10 años no tenía ninguna ruta pavimentada.
El tren se detuvo definitivamente en la década de los 90, durante la ola de privatizaciones y recortes de gastos que impuso el presidente neoliberal Carlos Menem (1989-1999).
Aunque se prometió varias veces recuperarlo, en los pueblos del Chaco salteño hoy quedan apenas unos ruinosos recuerdos del ferrocarril: las vías, cubiertas de vegetación, y los viejos edificios de ladrillo a la vista construidos como estaciones ferroviarias, que desde hace años albergan familias sin hogar.
Soraire, quien cría vacas, cerdos y cabras, es parte de uno de los seis equipos –tres de criollos y tres de indígenas- que la Fundación para el Desarrollo en Paz y Justicia (Fundapaz) capacitó para construir cisternas recolectoras de agua de lluvia en la zona cercana a Los Blancos.
“Aquí todos quieren su cisterna. Entonces hacemos relevamientos para ver cuáles son las familias que tienen mayores necesidades”, cuenta a IPS en Los Blancos, Enzo Romero, técnico de Fundapaz, una organización no gubernamental que trabaja hace más de 40 años en el desarrollo rural de los asentamientos indígenas y criollos del Chaco argentino.
El director de Fundapaz, Gabriel Seghezzo, explica que “la familia beneficiada debe hacer un pozo de cinco metros de diametro por 1,20 de profundidad, en el que se entierra la cisterna. Además, tiene que darle alojamiento y comidas a los constructores durante la semana que lleva la construcción”.
“Que le cueste esfuerzo a la familia es muy importante. Para que esto salga bien es imprescindible que los beneficiarios se involucren”, agrega Seghezzo a IPS en Salta, la capital de la provincia.
Fundapaz “importó” el sistema de las cisternas de Brasil, gracias a sus muchos contactos con organizaciones sociales de ese país, en espacial con aquellas que también promueven soluciones para los embates de la sequía crónica en la región del Nordeste.
Romero precisa que hasta ahora se ha construido unos 40 techos recolectores y cisternas –a un costo de unos 1.000 dólares cada sistema- en el municipio de Rivadavia Banda Norte, de unos 12.000 kilómetros cuadrados y unos 10.000 habitantes. Es, por supuesto, una muy pequeña parte de lo que se necesita.
“Ojalá todo el Chaco se sembrara con cisternas y no tengamos que llorar más la falta de agua. No queremos pozos de 500 metros de profundidad u otros grandes proyectos. Confiamos en las soluciones locales”, dice Romero, quien estudió Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Salta y hace varios años se mudó a Morillo, la cabecera del municipio, unos 1.600 kilómetros al norte de Buenos Aires.
En la ruta nacional 81, la única carretera asfaltada en la zona, conviene transitar despacio: como en la zona no hay alambrados, cerdos, cabras, gallinas y otros animales que crían indígenas y criollos se cruzan permanentemente.
En los alrededores de la vía, metidas dentro del monte, viven comunidades indígenas, como las conocidas como Lote 6 y Lote 8, que ocupan antiguos terrenos fiscales cuya propiedad fue reconocida a integrantes de la etnia wichí (persona o gente en su lengua), una de las más numerosas de la Argentina, con unas 51.000 personas, según cifras oficiales que se consideran un subregistro.
En el Lote 6, Dorita, madre de siete hijos, vive con su esposo Mariano Barraza, en una casa de ladrillos y techo de latón, en cuyo alrededor pasean cabras y gallinas. Los hijos y sus familias vuelven por temporadas desde Los Blancos, donde los nietos van a la escuela, que no hay en la comunidad, ni tampoco transporte.
A unos cien metros de la vivienda, Dorita, que prefirió no dar su apellido, muestra a IPS una pequeña laguna con aguas verdosas. Es lo que en el Chaco salteño llaman “represa”: un pozo cavado por la familia, para almacenar agua de lluvia.
Las familias del Lote 6 hoy tienen un techo recolector y una cisterna almacenadora, pero antes tomaban el agua de las represas, la misma que los animales utilizaban también para abrevarse o incluso para sus deposiciones.
“Los chicos se enferman. Pero las familias muchas veces consumen esa agua contaminada de las represas porque no tienen más alternativa”, explica a IPS la religiosa católica Silvia Reynoso, quien trabaja para Fundapaz en la zona.
En el vecino Lote 8, el wichí Anacleto Montes, quien tiene un techo recolector de 80 metros cuadrados, explica: “Esto fue una solución. Porque nosotros le pedimos al municipio que nos traiga agua, pero hay veces que el camión no está disponible y el agua no llega”.
Lo que Montes no dice es que el agua en el Chaco salteño ha sido también utilizada como una mercancía del clientelismo político.
Lalo Bertea, quien encabeza la Fundación Tepeyac, una organización vinculada a la Iglesia Católica que hace 20 años trabaja en la zona, explicó a IPS: “Habitualmente en épocas de sequía, la municipalidad reparte agua. Y elige adónde llevar por razones políticas. La gente de la zona ya está tan acostumbrada que lo considera normal”.
“La escasez de agua es el problema social más grave en esta zona del Chaco”, dice Bertea, que sostiene que la recolección de agua de lluvia también tiene sus límites y está experimentando con la compra de bombas mexicanas, para extraer de napas donde existe agua potable a una profundidad razonable.
“Lo increíble de este drama es que el Chaco no es el desierto del Sahara. Hay agua, pero la gran cuestión es cómo recolectarla”, subraya.
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Fecha de Publicación: 11/11/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Chaco
“Desde que tengo 8 años me acostumbré a acarrear agua. Hoy, que tengo 63, lo sigo haciendo”, dice Antolín Soraire. Es un campesino alto y de rostro castigado por el sol, que vive en Los Blancos, un pueblo de unas pocas decenas de casas y anchas calles de tierra en la provincia de Salta, en el norte de Argentina.
En esta zona del Chaco, la llanura tropical de más de un millón de kilómetros cuadrados compartida con Bolivia, Brasil y Paraguay, las condiciones de vida no son fáciles.
Durante unos seis meses al año, entre mayo y octubre, no llueve. En el verano austral las temperaturas pueden tornarse crueles: llegan hasta 50 grados centígrados.
Gran parte de los hogares del municipio donde se asienta Los Blancos, Rivadavia Banda Norte, y de otros cercanos está dispersa en parajes rurales, que quedan aislados cuando llueve. La mitad tiene sus necesidades básicas insatisfechas, según datos oficiales, y el acceso al agua es todavía un privilegio, más cuando no hay ríos en el área.
Las perforaciones rara vez se han revelado como una solución. “El agua de las napas es salada y tiene arsénico naturalmente. Hay que ir a más de 450 metros de profundidad para sacar agua buena”, explica Soraire a IPS en esta localidad de unos 1.100 habitantes.
Fue un novedoso sistema autogestionado el que en los últimos tres años trajo esperanza a muchas familias de esta zona, una de las más pobres de la Argentina: la construcción de techos de latón recolectores de agua de lluvia, que es conducida por cañerías a cisternas de cemento enterradas en el suelo.
En cada una de esas cisternas, herméticamente cerradas, se almacenan 16.000 litros de agua de lluvia, lo que se calcula que necesita una familia de cinco personas para beber y cocinar durante los seis meses que suele durar la sequía.
“Cuando yo era chico pasaba el tren una vez por semana y nos dejaba agua. Después el tren dejó de pasar y la cosa se complicó”, recuerda Soraire, que es lo que aquí se conoce como un criollo: es descendiente de los hombres y mujeres blancos que llegaron al Chaco argentino desde fines del Siglo XIX en busca de tierras para criar sus animales, detrás de las expediciones militares que sometían a los indígenas de la región.
Hoy, aunque han pasado los años y la pobreza en la mayor parte de los casos los iguala, todavía se percibe una tensión latente entre criollos e indígenas, quienes viven en comunidades rurales aisladas, en localidades como Los Blancos o en periferias de cascos urbanos.
El ferrocarril que menciona Soraire unió desde principios del siglo XX los 700 kilómetros que separan las ciudades de Formosa y Embarcación, y era prácticamente la única vía de comunicación de esta zona del Chaco, que hasta hace apenas 10 años no tenía ninguna ruta pavimentada.
El tren se detuvo definitivamente en la década de los 90, durante la ola de privatizaciones y recortes de gastos que impuso el presidente neoliberal Carlos Menem (1989-1999).
Aunque se prometió varias veces recuperarlo, en los pueblos del Chaco salteño hoy quedan apenas unos ruinosos recuerdos del ferrocarril: las vías, cubiertas de vegetación, y los viejos edificios de ladrillo a la vista construidos como estaciones ferroviarias, que desde hace años albergan familias sin hogar.
Soraire, quien cría vacas, cerdos y cabras, es parte de uno de los seis equipos –tres de criollos y tres de indígenas- que la Fundación para el Desarrollo en Paz y Justicia (Fundapaz) capacitó para construir cisternas recolectoras de agua de lluvia en la zona cercana a Los Blancos.
“Aquí todos quieren su cisterna. Entonces hacemos relevamientos para ver cuáles son las familias que tienen mayores necesidades”, cuenta a IPS en Los Blancos, Enzo Romero, técnico de Fundapaz, una organización no gubernamental que trabaja hace más de 40 años en el desarrollo rural de los asentamientos indígenas y criollos del Chaco argentino.
El director de Fundapaz, Gabriel Seghezzo, explica que “la familia beneficiada debe hacer un pozo de cinco metros de diametro por 1,20 de profundidad, en el que se entierra la cisterna. Además, tiene que darle alojamiento y comidas a los constructores durante la semana que lleva la construcción”.
“Que le cueste esfuerzo a la familia es muy importante. Para que esto salga bien es imprescindible que los beneficiarios se involucren”, agrega Seghezzo a IPS en Salta, la capital de la provincia.
Fundapaz “importó” el sistema de las cisternas de Brasil, gracias a sus muchos contactos con organizaciones sociales de ese país, en espacial con aquellas que también promueven soluciones para los embates de la sequía crónica en la región del Nordeste.
Romero precisa que hasta ahora se ha construido unos 40 techos recolectores y cisternas –a un costo de unos 1.000 dólares cada sistema- en el municipio de Rivadavia Banda Norte, de unos 12.000 kilómetros cuadrados y unos 10.000 habitantes. Es, por supuesto, una muy pequeña parte de lo que se necesita.
“Ojalá todo el Chaco se sembrara con cisternas y no tengamos que llorar más la falta de agua. No queremos pozos de 500 metros de profundidad u otros grandes proyectos. Confiamos en las soluciones locales”, dice Romero, quien estudió Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Salta y hace varios años se mudó a Morillo, la cabecera del municipio, unos 1.600 kilómetros al norte de Buenos Aires.
En la ruta nacional 81, la única carretera asfaltada en la zona, conviene transitar despacio: como en la zona no hay alambrados, cerdos, cabras, gallinas y otros animales que crían indígenas y criollos se cruzan permanentemente.
En los alrededores de la vía, metidas dentro del monte, viven comunidades indígenas, como las conocidas como Lote 6 y Lote 8, que ocupan antiguos terrenos fiscales cuya propiedad fue reconocida a integrantes de la etnia wichí (persona o gente en su lengua), una de las más numerosas de la Argentina, con unas 51.000 personas, según cifras oficiales que se consideran un subregistro.
En el Lote 6, Dorita, madre de siete hijos, vive con su esposo Mariano Barraza, en una casa de ladrillos y techo de latón, en cuyo alrededor pasean cabras y gallinas. Los hijos y sus familias vuelven por temporadas desde Los Blancos, donde los nietos van a la escuela, que no hay en la comunidad, ni tampoco transporte.
A unos cien metros de la vivienda, Dorita, que prefirió no dar su apellido, muestra a IPS una pequeña laguna con aguas verdosas. Es lo que en el Chaco salteño llaman “represa”: un pozo cavado por la familia, para almacenar agua de lluvia.
Las familias del Lote 6 hoy tienen un techo recolector y una cisterna almacenadora, pero antes tomaban el agua de las represas, la misma que los animales utilizaban también para abrevarse o incluso para sus deposiciones.
“Los chicos se enferman. Pero las familias muchas veces consumen esa agua contaminada de las represas porque no tienen más alternativa”, explica a IPS la religiosa católica Silvia Reynoso, quien trabaja para Fundapaz en la zona.
En el vecino Lote 8, el wichí Anacleto Montes, quien tiene un techo recolector de 80 metros cuadrados, explica: “Esto fue una solución. Porque nosotros le pedimos al municipio que nos traiga agua, pero hay veces que el camión no está disponible y el agua no llega”.
Lo que Montes no dice es que el agua en el Chaco salteño ha sido también utilizada como una mercancía del clientelismo político.
Lalo Bertea, quien encabeza la Fundación Tepeyac, una organización vinculada a la Iglesia Católica que hace 20 años trabaja en la zona, explicó a IPS: “Habitualmente en épocas de sequía, la municipalidad reparte agua. Y elige adónde llevar por razones políticas. La gente de la zona ya está tan acostumbrada que lo considera normal”.
“La escasez de agua es el problema social más grave en esta zona del Chaco”, dice Bertea, que sostiene que la recolección de agua de lluvia también tiene sus límites y está experimentando con la compra de bombas mexicanas, para extraer de napas donde existe agua potable a una profundidad razonable.
“Lo increíble de este drama es que el Chaco no es el desierto del Sahara. Hay agua, pero la gran cuestión es cómo recolectarla”, subraya.
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