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Jujuy: protesta de indígenas por la minería
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Marcha de comunidades indígenas: denuncian contaminación de las mineras en Jujuy
Fecha de Publicación: 11/10/2017
Fuente: Once Diario
Provincia/Región: Jujuy
Denuncian que la Ley de Servidumbre posibilita la instalación del Parque Solar y de un electroducto sin consulta previa, libre e informada a todas las comunidades originarias, y a la misma vez plantean conocer de qué manera se realizará la regulación y el reconocimiento de las comunidades que faltan relevar a través de la Ley 26.160. Otra denuncia importante es el lado oculto de los proyectos megamineros impulsados por los gobiernos anteriores y gobierno actual de Cambiemos con sectores empresariales extranjeros, que afecta gravemente la provisión de agua para la vida y el desarrollo productivo de las familias que viven en las comunidades de la puna.
En ese sentido, a principios de septiembre, asambleas socio ambientales y comunidades originarias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires, se reunieron en Rodero, en cercanías de la Laguna de Pozuelos, en lo que se llamó la “Cumbre del Agua”, resolvieron entre otras cosas, “exigir el cese inmediato de cualquier actividad que modifique, altere y contamine el ciclo natural del agua y afecte la producción familiar en la zona”, al gobierno el “cese inmediato del Proyecto Chinchillas, de la mina Pirquitas, y la remediación, completa e inmediata de todos los pasivos ambientales ubicados en la Laguna de Pozuelos y su entorno…”, “exigir el inmediato cese de la persecución, criminalización, desaparición, y asesinato de defensores del agua, la vida y las culturas…” y “adherir a la presentación judicial N° 18.813/2017, amparo ambiental de Mercedes Maidana y Florencia Cari Ortiz, contra el estado provincial, nacional y el Ejecutivo nacional”. Denuncian que en Jujuy “hay estudios científicos independientes que dan cuenta de la enorme contaminación con metales pesados en aguas y sedimentos de Mina Pirquitas y El Aguilar, entre otras, además del descomunal uso de agua, lo que provoca secado de aguadas, arroyos y lagunas como la de la Cuenca de Pozuelos…” Por otra parte, la “Asamblea Abierta de pueblos indígenas en resguardo del territorio y en defensa de la vida” adhirió a la caminata por el Agua y la Vida. En un comunicado reciente se declaró en estado de alerta y movilización permanente en la provincia de Jujuy “hasta que el Congreso de la Nación apruebe la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial de Pueblo Indígenas”. También “exigen la restitución total de sus territorios y que se respeten sus derechos”.
La caminata que parte de la localidad puneña de Coranzuli en Susques, realizará distintas paradas y asambleas en Abra Pampa, Tres Cruces, Hornaditas, Humahuaca, TIlcara, cruce de Purmamarca, Volcán, Reyes para llegar el 12 de octubre a San Salvador de Jujuy. Antes de partir la misma, quienes impulsan la caminata denunciaron amenazas por parte del comisionado de Coranzuli, el radical Rodolfo Puca, quien con personal policial presionó a una integrante de la comunidad para impedir que se realice la marcha y la presencia de personal de gendarmería en el pueblo.
El Frente de Izquierda contra el saqueo y la contaminación
Referentes del PTS y el Frente de Izquierda como Alejandro Vilca, candidato a diputado afirmó ” nuevamente los pueblos originarios tienen que volver a visibilizar sus problemáticas que no son ni escuchadas, ni resultas, ni por los funcionarios como Natalia Sarapura a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas, ni por el gobierno provincial y nacional. La “Caminata por el Agua y la Vida”, deja al descubierto la contra cara de los emprendimientos mineros de litio como Chinchillas, Cauchari/Olaroz o en Mina El Aguilar, por las graves consecuencias que genera, contaminando – y secando incluso – recursos esenciales como el agua, también sus tierras y territorios, lo que muestra que ni las multinacionales mineras, ni el gobierno o el estsado respetan los derechos ancestrales de las comunidades originarias”.
A su vez Natalia Morales, candidata a diputada provincial dijo “… esta situación es posible gracias a cada gobierno de turno, tanto peronistas como radicales, han garantizado el saqueo y el enriquecimiento de las multinacionales mineras. como Eduardo Fellner, ex presidente del JEMSE, o el mismo Gerardo Morales, que muestra a modo pomposo los negociados con las empresas mineras extranjeras para elaboración de baterías de litio, mientras le niega a más de 300 comunidades indígenas de Jujuy derechos ancestrales como la propiedad comunitaria de sus tierras y territorios. El vencimiento de la Ley 26.160, puso al descubierto esta situación, que favorece precisamente a las multinacionales y empresarios mineros, de las energías renovables, o del turismo, para desalojar de sus territorios a las comunidades indígenas como denunciaron recientemente en Ocloyas, Volcán, etc. La ley 5915, de Servidumbre, aprobada en la legislatura por el oficialismo y la oposición del PJ, no hace otra cosa más que garantizar el saqueo y grandes negociados de los sectores empresariales. Dicen que dialogan con las comunidades y que se trabaja en conjunto, pero los referentes de estas organizaciones denuncian todo lo contrario, que no se respeta incluso el derecho a la consulta, previa, libre e informada”.
“…A diferencia de los candidatos y partidos que han promovido y acompañado el saqueo y contaminación minera sin dar respuesta a las demandas históricas de los pueblos originarios desde el PTS Frente de Izquierda nos venimos solidarizando con la lucha de las comunidades indígenas por el respeto de sus derechos ancestrales pero también contra la criminalización a sus dirigentes por protestar, acompañamos su reclamo y ponemos a disposición nuestras bancas como la de la docente, Nathalia Gonzalez Seligra, diputada nacional por el FIT, Exigimos la inmediata derogación de la Ley 5915, la aprobación de la Prórroga de la Ley 26.160, y la entrega inmediata de los títulos comunitarios de los pueblos originarios. Proponemos prohibir la megaminería contaminante y todo proyecto productivo que contamine el medio ambiente, la estatización de la industria minera bajo control de los trabajadores y los pueblos originarios y un plan de explotación que respete el medio ambiente como alternativa al saqueo de los recursos naturales, el enriquecimiento de los sectores empresariales nacionales y extranjeros y la contaminación de nuestros territorios” concluyó VIlca.
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Fecha de Publicación: 11/10/2017
Fuente: Once Diario
Provincia/Región: Jujuy
Denuncian que la Ley de Servidumbre posibilita la instalación del Parque Solar y de un electroducto sin consulta previa, libre e informada a todas las comunidades originarias, y a la misma vez plantean conocer de qué manera se realizará la regulación y el reconocimiento de las comunidades que faltan relevar a través de la Ley 26.160. Otra denuncia importante es el lado oculto de los proyectos megamineros impulsados por los gobiernos anteriores y gobierno actual de Cambiemos con sectores empresariales extranjeros, que afecta gravemente la provisión de agua para la vida y el desarrollo productivo de las familias que viven en las comunidades de la puna.
En ese sentido, a principios de septiembre, asambleas socio ambientales y comunidades originarias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires, se reunieron en Rodero, en cercanías de la Laguna de Pozuelos, en lo que se llamó la “Cumbre del Agua”, resolvieron entre otras cosas, “exigir el cese inmediato de cualquier actividad que modifique, altere y contamine el ciclo natural del agua y afecte la producción familiar en la zona”, al gobierno el “cese inmediato del Proyecto Chinchillas, de la mina Pirquitas, y la remediación, completa e inmediata de todos los pasivos ambientales ubicados en la Laguna de Pozuelos y su entorno…”, “exigir el inmediato cese de la persecución, criminalización, desaparición, y asesinato de defensores del agua, la vida y las culturas…” y “adherir a la presentación judicial N° 18.813/2017, amparo ambiental de Mercedes Maidana y Florencia Cari Ortiz, contra el estado provincial, nacional y el Ejecutivo nacional”. Denuncian que en Jujuy “hay estudios científicos independientes que dan cuenta de la enorme contaminación con metales pesados en aguas y sedimentos de Mina Pirquitas y El Aguilar, entre otras, además del descomunal uso de agua, lo que provoca secado de aguadas, arroyos y lagunas como la de la Cuenca de Pozuelos…” Por otra parte, la “Asamblea Abierta de pueblos indígenas en resguardo del territorio y en defensa de la vida” adhirió a la caminata por el Agua y la Vida. En un comunicado reciente se declaró en estado de alerta y movilización permanente en la provincia de Jujuy “hasta que el Congreso de la Nación apruebe la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial de Pueblo Indígenas”. También “exigen la restitución total de sus territorios y que se respeten sus derechos”.
La caminata que parte de la localidad puneña de Coranzuli en Susques, realizará distintas paradas y asambleas en Abra Pampa, Tres Cruces, Hornaditas, Humahuaca, TIlcara, cruce de Purmamarca, Volcán, Reyes para llegar el 12 de octubre a San Salvador de Jujuy. Antes de partir la misma, quienes impulsan la caminata denunciaron amenazas por parte del comisionado de Coranzuli, el radical Rodolfo Puca, quien con personal policial presionó a una integrante de la comunidad para impedir que se realice la marcha y la presencia de personal de gendarmería en el pueblo.
El Frente de Izquierda contra el saqueo y la contaminación
Referentes del PTS y el Frente de Izquierda como Alejandro Vilca, candidato a diputado afirmó ” nuevamente los pueblos originarios tienen que volver a visibilizar sus problemáticas que no son ni escuchadas, ni resultas, ni por los funcionarios como Natalia Sarapura a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas, ni por el gobierno provincial y nacional. La “Caminata por el Agua y la Vida”, deja al descubierto la contra cara de los emprendimientos mineros de litio como Chinchillas, Cauchari/Olaroz o en Mina El Aguilar, por las graves consecuencias que genera, contaminando – y secando incluso – recursos esenciales como el agua, también sus tierras y territorios, lo que muestra que ni las multinacionales mineras, ni el gobierno o el estsado respetan los derechos ancestrales de las comunidades originarias”.
A su vez Natalia Morales, candidata a diputada provincial dijo “… esta situación es posible gracias a cada gobierno de turno, tanto peronistas como radicales, han garantizado el saqueo y el enriquecimiento de las multinacionales mineras. como Eduardo Fellner, ex presidente del JEMSE, o el mismo Gerardo Morales, que muestra a modo pomposo los negociados con las empresas mineras extranjeras para elaboración de baterías de litio, mientras le niega a más de 300 comunidades indígenas de Jujuy derechos ancestrales como la propiedad comunitaria de sus tierras y territorios. El vencimiento de la Ley 26.160, puso al descubierto esta situación, que favorece precisamente a las multinacionales y empresarios mineros, de las energías renovables, o del turismo, para desalojar de sus territorios a las comunidades indígenas como denunciaron recientemente en Ocloyas, Volcán, etc. La ley 5915, de Servidumbre, aprobada en la legislatura por el oficialismo y la oposición del PJ, no hace otra cosa más que garantizar el saqueo y grandes negociados de los sectores empresariales. Dicen que dialogan con las comunidades y que se trabaja en conjunto, pero los referentes de estas organizaciones denuncian todo lo contrario, que no se respeta incluso el derecho a la consulta, previa, libre e informada”.
“…A diferencia de los candidatos y partidos que han promovido y acompañado el saqueo y contaminación minera sin dar respuesta a las demandas históricas de los pueblos originarios desde el PTS Frente de Izquierda nos venimos solidarizando con la lucha de las comunidades indígenas por el respeto de sus derechos ancestrales pero también contra la criminalización a sus dirigentes por protestar, acompañamos su reclamo y ponemos a disposición nuestras bancas como la de la docente, Nathalia Gonzalez Seligra, diputada nacional por el FIT, Exigimos la inmediata derogación de la Ley 5915, la aprobación de la Prórroga de la Ley 26.160, y la entrega inmediata de los títulos comunitarios de los pueblos originarios. Proponemos prohibir la megaminería contaminante y todo proyecto productivo que contamine el medio ambiente, la estatización de la industria minera bajo control de los trabajadores y los pueblos originarios y un plan de explotación que respete el medio ambiente como alternativa al saqueo de los recursos naturales, el enriquecimiento de los sectores empresariales nacionales y extranjeros y la contaminación de nuestros territorios” concluyó VIlca.
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Vaca Muerta y criminalización a mapuches
Criminalización y contaminación en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) reclamó ante la ONU que indague al Estado argentino sobre la represión a las comunidades mapuches neuquinas que están instaladas cerca de Vaca Muerta. Advirtió también que hay graves impactos socio-ambientales en la zona y que se incumplen leyes internacionales. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén aseguraron que "sin dudas este último año ha sido el más violento”.
A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (Opsur), presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén. Allí reclaman que la ONU pregunte al Estado argentino en su informe de revisión de 2018 cómo garantiza los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y que dé cuenta de sus esfuerzos por mitigar los efectos ambientales del fracking.
“Creemos que es sumamente necesario presentarlo, sobre todo por la cuestión de violencia y ofensiva que se está dando en el territorio”, explicó a Página/12 el politólogo e investigador de Opsur, Diego Di Risio, al señalar que ciertas acciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “son llamados de alerta” que los moviliza a “crear mayor protección internacional para las comunidades". Desde el Observatorio esperan que la respuesta de parte del Comité internacional llegue a mediados de octubre y que a partir de allí se abran distintas instancias para que el año que viene el Estado dé respuestas ante la ONU.
En la denuncia, se destaca que se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, destacan las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada --ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales- pero destacan además que hay “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país. “Denunciamos que hay un ambiente de violencia hacia las comunidades”, contó Di Risio.
Desde el Observatorio no creen que la avanzada sea casual y lo relacionaron directamente con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, a las que definen “básicamente como una ola de subsidios al gas no convencional”. “Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo de Opsur.
La elaboración del documento que enviaron contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Los testimonios y los datos emergen de los mismos referentes de la comunidad como también de otros estudios anexos que recolectó durante seis años Opsur.
“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, advirtió a Página/12 Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”. Desde la CMN alertaron que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.
La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”. “El 21 de junio de este año entró Gendarmería con una supuesta orden judicial pero ellos mismos reconocieron después que se trataba de una orden política”, aseguró.
El informe refiere de forma tangencial a la situación de la Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, donde en junio de este año, unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. Según Di Risio, “el nivel de hostigamiento no es algo extraño” y si bien en otros años se quemaron casas de la comunidad, “ahora las amenazas se intensificaron”. “El ingreso de Gendarmería es un indicio de que la violencia está en aumento”, insistió.
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Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) reclamó ante la ONU que indague al Estado argentino sobre la represión a las comunidades mapuches neuquinas que están instaladas cerca de Vaca Muerta. Advirtió también que hay graves impactos socio-ambientales en la zona y que se incumplen leyes internacionales. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén aseguraron que "sin dudas este último año ha sido el más violento”.
A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (Opsur), presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén. Allí reclaman que la ONU pregunte al Estado argentino en su informe de revisión de 2018 cómo garantiza los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y que dé cuenta de sus esfuerzos por mitigar los efectos ambientales del fracking.
“Creemos que es sumamente necesario presentarlo, sobre todo por la cuestión de violencia y ofensiva que se está dando en el territorio”, explicó a Página/12 el politólogo e investigador de Opsur, Diego Di Risio, al señalar que ciertas acciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “son llamados de alerta” que los moviliza a “crear mayor protección internacional para las comunidades". Desde el Observatorio esperan que la respuesta de parte del Comité internacional llegue a mediados de octubre y que a partir de allí se abran distintas instancias para que el año que viene el Estado dé respuestas ante la ONU.
En la denuncia, se destaca que se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, destacan las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada --ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales- pero destacan además que hay “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país. “Denunciamos que hay un ambiente de violencia hacia las comunidades”, contó Di Risio.
Desde el Observatorio no creen que la avanzada sea casual y lo relacionaron directamente con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, a las que definen “básicamente como una ola de subsidios al gas no convencional”. “Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo de Opsur.
La elaboración del documento que enviaron contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Los testimonios y los datos emergen de los mismos referentes de la comunidad como también de otros estudios anexos que recolectó durante seis años Opsur.
“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, advirtió a Página/12 Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”. Desde la CMN alertaron que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.
La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”. “El 21 de junio de este año entró Gendarmería con una supuesta orden judicial pero ellos mismos reconocieron después que se trataba de una orden política”, aseguró.
El informe refiere de forma tangencial a la situación de la Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, donde en junio de este año, unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. Según Di Risio, “el nivel de hostigamiento no es algo extraño” y si bien en otros años se quemaron casas de la comunidad, “ahora las amenazas se intensificaron”. “El ingreso de Gendarmería es un indicio de que la violencia está en aumento”, insistió.
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Presionados, el Senado aprobó la Ley de tierras
Atravesado por la desaparición de Santiago, el Senado aprobó la Ley de tierras
Fecha de Publicación: 30/09/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Luego de un largo debate en la que principal discusión fue el plazo de la nueva prórroga, la Cámara Alta aprobó la iniciativa y la giró a Diputados.
Con el vencimiento de la prorroga votada hace cuatro años en el horizonte, el Senado aprobó por unanimidad con 62 votos positivos la norma que extiende por cuatro años más la norma que impide el desaojo los pueblos originarios de sus territorios
La oposición, en sus distintas variantes, fue la encargado de defender el proyecto. Los distintos oradores coincidieron en señalar que el plazo para la prorroga no se podía reducir a menos de cuatro años debido, entre otras cosas, a la complejidad del relevamiento territorial.
Al respecto la senadora jujeña Liliana Fellner señaló: “En caso de no prorrogarse por cuatro años se estaría incumpliendo con el convenio 169 de la OIT”
En ese contexto, la senadora mendocina por el bloque PJ-FpV, Anabel Fernández Sagasti, aprovechó para cuestionar tanto a Cambiemos como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Nos vamos a avalar la persecución y el desalojo de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. La única violencia que existe hoy en argentina es la violencia institucional”, sentenció en el marco de una sesión que volvió a estar atravesada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El neuquino Marcelo Fuentes continuo por el camino marcado por Sagasti y aseguró que “la intención del Gobierno era que esta ley cayera pero la conmoción del caso Maldonado los llevo a entender que es necesaria”.
Desde la UCR y el interbloque Cambiemos, el primero en adelantar el apoyo fue el formoseño Luis Naidenoff. “Vamos a acompañar una vez más el proyecto de prórroga, porque estamos convencidos, de la necesidad de dotar de cierta certidumbre ante la inminencia de posibles medidas administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar determinados derechos”, destacó el senador.
Sin embargo, Naidenoff cuestionó que en los últimos 11 años solo se relevado el 30% de las comunidades y señaló que si bien “la responsabilidad es compartida por el Estado nacional y los Estados provinciales” lo cierto es que “hay muchas provincias que no sólo no ayudan sino que ponen palos en la rueda”.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, decidió hablar a título personal y dejó en claro que pese a apoyar “la norma que busca pacificar” en la “Argentina no se puede permitir que haya tierras sagradas” por cuestiones “de soberanía”.
El presidente del bloque Pj – FpV para cuestionar al RAM y calificarlo como una minoría violenta y al mismo tiempo pedir que se esclarezca el caso Maldonado.
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Fecha de Publicación: 30/09/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Luego de un largo debate en la que principal discusión fue el plazo de la nueva prórroga, la Cámara Alta aprobó la iniciativa y la giró a Diputados.
Con el vencimiento de la prorroga votada hace cuatro años en el horizonte, el Senado aprobó por unanimidad con 62 votos positivos la norma que extiende por cuatro años más la norma que impide el desaojo los pueblos originarios de sus territorios
La oposición, en sus distintas variantes, fue la encargado de defender el proyecto. Los distintos oradores coincidieron en señalar que el plazo para la prorroga no se podía reducir a menos de cuatro años debido, entre otras cosas, a la complejidad del relevamiento territorial.
Al respecto la senadora jujeña Liliana Fellner señaló: “En caso de no prorrogarse por cuatro años se estaría incumpliendo con el convenio 169 de la OIT”
En ese contexto, la senadora mendocina por el bloque PJ-FpV, Anabel Fernández Sagasti, aprovechó para cuestionar tanto a Cambiemos como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Nos vamos a avalar la persecución y el desalojo de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. La única violencia que existe hoy en argentina es la violencia institucional”, sentenció en el marco de una sesión que volvió a estar atravesada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El neuquino Marcelo Fuentes continuo por el camino marcado por Sagasti y aseguró que “la intención del Gobierno era que esta ley cayera pero la conmoción del caso Maldonado los llevo a entender que es necesaria”.
Desde la UCR y el interbloque Cambiemos, el primero en adelantar el apoyo fue el formoseño Luis Naidenoff. “Vamos a acompañar una vez más el proyecto de prórroga, porque estamos convencidos, de la necesidad de dotar de cierta certidumbre ante la inminencia de posibles medidas administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar determinados derechos”, destacó el senador.
Sin embargo, Naidenoff cuestionó que en los últimos 11 años solo se relevado el 30% de las comunidades y señaló que si bien “la responsabilidad es compartida por el Estado nacional y los Estados provinciales” lo cierto es que “hay muchas provincias que no sólo no ayudan sino que ponen palos en la rueda”.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, decidió hablar a título personal y dejó en claro que pese a apoyar “la norma que busca pacificar” en la “Argentina no se puede permitir que haya tierras sagradas” por cuestiones “de soberanía”.
El presidente del bloque Pj – FpV para cuestionar al RAM y calificarlo como una minoría violenta y al mismo tiempo pedir que se esclarezca el caso Maldonado.
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La Ley de emergencia territorial y su posible caída
Ley 26160: “Sería un bochorno que se caiga el único programa estatal”
Fecha de Publicación: 14/09/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Para el letrado, sería preocupante que el Congreso no prorrogue la ley de emergencia territorial que suspendió el desalojo de tierras a las comunidades originarias. Advierte de que el relevamiento que comenzó en 2006 no supera 48% de censado. Sobre la desaparición de Santiago Maldonado, sostiene que el pueblo mapuche no obstaculiza la investigación.
El Senado de la Nación postergó para la próxima sesión el tratamiento de un proyecto que prorroga por segunda vez la Ley 26160, que suspende los desalojos de tierras de las comunidades indígenas en todo el país, y que vence el próximo 23 de noviembre. El tema pasó a formar parte de la agenda pública tras la desaparición de Santiago Maldonado, presuntamente tras una protesta que llevó adelante la comunidad mapuche.
La propiedad de la tierra y el reclamo de las comunidades originarias por sus territorios ancestrales está contemplado en la Constitución Nacional argentina en su artículo 75, inciso 17 y en tratados internacionales. Pese a todo, fue la ley 26160 la que le dio verdaderas garantías a estos pueblos para que -durante los relevamientos correspondientes- se suspendan los desalojos de las comunidades originarias .
El problema es que el relevamiento – que comenzó en el año 2006- es muy complejo y está lejos de terminarse, explicó a Comercio y Justicia Eduardo Hualpa, abogado especialista en derecho indígena. En este contexto, se comenzaron a escuchar las voces de quienes reclaman una nueva prórroga de la normativa.
De visita en Córdoba, Hualpa dialogó con este medio. Además de analizar el estado de aplicación de la ley de Emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado y a la postura del pueblo mapuche respecto de la investigación.
- ¿Qué es la ley 26160, cuya aplicación vence en noviembre?
La ley 26160 es el único programa estatal en materia de reconocimiento de tierras indígenas, que aunque tienen reconocidos sus derechos en la Constitución desde 1994 y en tratados internacionales son pueblos a los cuales les resulta sumamente difícil acceder al reconocimiento territorial. Esta ley fue sancionada en 2006 y luego fue prorrogada en dos oportunidades. Por un lado, ordenó la suspensión de los desalojos y, por otro, se estableció un mecanismo de relevamiento de los espacios territoriales. Dicho trabajo aún no terminó de hacerse. Hay quienes dicen que está relevado 30% de las tierras; el Gobierno habla de 48%. Lo cierto es que en cada provincia se ha avanzado de forma dispar. La mitad está en revisión de lo actuado y no se sabe lo que va a pasar, el ritmo es bastante tranquilo.
- ¿Qué pasa si no se prorroga a ley?
- Y sería un truncamiento grave que puede afectar a cientos de comunidades en todo el país; hay muchos pueblos originarios que están con juicios de desalojo. Creo que se prorrogará porque sería un bochorno, un verdadero escándalo que el único programa estatal se caiga. Además, podría generar un enorme caos que el Estado se retire o debilite sus políticas en esta materia. Tendría consecuencias gravísimas para estos pueblos originarios. El escenario sería muy preocupante.
- Este tema se pone en agenda tras la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Qué opina sobre este tema?
- Para los que trabajamos desde hace tiempo en la temática, la ley 26160 y la falta de actividad estatal respecto del reconocimiento de los derechos indígenas, no es novedad pero es cierto que este caso dramático ha puesto blanco sobre negro respecto de qué es lo que hay y lo que aún falta hacer en Argentina en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
No es la primera vez que, en el marco de estos conflictos, los pueblos indígenas sufran muertes, heridas, incluso desapariciones. Lo que exhibe este caso, a diferencia de otros, es que estaba actuando una fuerza de seguridad en el momento que desaparece Maldonado y la actitud del Gobierno, lejos de ser seria y responsable, fue de negación. Afortunadamente, ahora se está revirtiendo esa postura que exacerbó los ánimos y multiplicó la crítica.
– ¿Cuál es la postura del pueblo mapuche respecto de la investigación? ¿Se niegan a la búsqueda de Maldonado en sus tierras por ser considerada sagradas, tal como trascendió?
- La comunidad planteó condiciones. Tienen miedo, cada vez que ven un uniformado no están muy tranquilos pero descarto que la investigación se haya visto demorada por una actidudad poco colaborativa de la comunidad mapuche. Este pueblo está muy preocupado por Santiago, que fue a solidarizarse con ellos. Están consternados como estamos todos, ellos está pidiendo en todas las marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. No hay quiebre entre la vocación de búsqueda de la familia, de la sociedad argentina y del pueblo mapuche.
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Fecha de Publicación: 14/09/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Para el letrado, sería preocupante que el Congreso no prorrogue la ley de emergencia territorial que suspendió el desalojo de tierras a las comunidades originarias. Advierte de que el relevamiento que comenzó en 2006 no supera 48% de censado. Sobre la desaparición de Santiago Maldonado, sostiene que el pueblo mapuche no obstaculiza la investigación.
El Senado de la Nación postergó para la próxima sesión el tratamiento de un proyecto que prorroga por segunda vez la Ley 26160, que suspende los desalojos de tierras de las comunidades indígenas en todo el país, y que vence el próximo 23 de noviembre. El tema pasó a formar parte de la agenda pública tras la desaparición de Santiago Maldonado, presuntamente tras una protesta que llevó adelante la comunidad mapuche.
La propiedad de la tierra y el reclamo de las comunidades originarias por sus territorios ancestrales está contemplado en la Constitución Nacional argentina en su artículo 75, inciso 17 y en tratados internacionales. Pese a todo, fue la ley 26160 la que le dio verdaderas garantías a estos pueblos para que -durante los relevamientos correspondientes- se suspendan los desalojos de las comunidades originarias .
El problema es que el relevamiento – que comenzó en el año 2006- es muy complejo y está lejos de terminarse, explicó a Comercio y Justicia Eduardo Hualpa, abogado especialista en derecho indígena. En este contexto, se comenzaron a escuchar las voces de quienes reclaman una nueva prórroga de la normativa.
De visita en Córdoba, Hualpa dialogó con este medio. Además de analizar el estado de aplicación de la ley de Emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado y a la postura del pueblo mapuche respecto de la investigación.
- ¿Qué es la ley 26160, cuya aplicación vence en noviembre?
La ley 26160 es el único programa estatal en materia de reconocimiento de tierras indígenas, que aunque tienen reconocidos sus derechos en la Constitución desde 1994 y en tratados internacionales son pueblos a los cuales les resulta sumamente difícil acceder al reconocimiento territorial. Esta ley fue sancionada en 2006 y luego fue prorrogada en dos oportunidades. Por un lado, ordenó la suspensión de los desalojos y, por otro, se estableció un mecanismo de relevamiento de los espacios territoriales. Dicho trabajo aún no terminó de hacerse. Hay quienes dicen que está relevado 30% de las tierras; el Gobierno habla de 48%. Lo cierto es que en cada provincia se ha avanzado de forma dispar. La mitad está en revisión de lo actuado y no se sabe lo que va a pasar, el ritmo es bastante tranquilo.
- ¿Qué pasa si no se prorroga a ley?
- Y sería un truncamiento grave que puede afectar a cientos de comunidades en todo el país; hay muchos pueblos originarios que están con juicios de desalojo. Creo que se prorrogará porque sería un bochorno, un verdadero escándalo que el único programa estatal se caiga. Además, podría generar un enorme caos que el Estado se retire o debilite sus políticas en esta materia. Tendría consecuencias gravísimas para estos pueblos originarios. El escenario sería muy preocupante.
- Este tema se pone en agenda tras la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Qué opina sobre este tema?
- Para los que trabajamos desde hace tiempo en la temática, la ley 26160 y la falta de actividad estatal respecto del reconocimiento de los derechos indígenas, no es novedad pero es cierto que este caso dramático ha puesto blanco sobre negro respecto de qué es lo que hay y lo que aún falta hacer en Argentina en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
No es la primera vez que, en el marco de estos conflictos, los pueblos indígenas sufran muertes, heridas, incluso desapariciones. Lo que exhibe este caso, a diferencia de otros, es que estaba actuando una fuerza de seguridad en el momento que desaparece Maldonado y la actitud del Gobierno, lejos de ser seria y responsable, fue de negación. Afortunadamente, ahora se está revirtiendo esa postura que exacerbó los ánimos y multiplicó la crítica.
– ¿Cuál es la postura del pueblo mapuche respecto de la investigación? ¿Se niegan a la búsqueda de Maldonado en sus tierras por ser considerada sagradas, tal como trascendió?
- La comunidad planteó condiciones. Tienen miedo, cada vez que ven un uniformado no están muy tranquilos pero descarto que la investigación se haya visto demorada por una actidudad poco colaborativa de la comunidad mapuche. Este pueblo está muy preocupado por Santiago, que fue a solidarizarse con ellos. Están consternados como estamos todos, ellos está pidiendo en todas las marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. No hay quiebre entre la vocación de búsqueda de la familia, de la sociedad argentina y del pueblo mapuche.
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Terrible desmonte en territorio Chapa'í
En la comunidad Chapa'í de San Ignacio 'estamos devastados'
Fecha de Publicación: 05/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Itatí Brizuela, auxiliar de enfermería, estudiante de la carrera de Historia, dio la primera voz de alarma ante el desastre ambiental, ecológico, social, familiar, anticonstitucional, que no respetó el marco de la ejecución de la Ley 26.160 por la que fueron relevadas y reconocidas como territorio de uso público, tradicional y actual las 181 hectáreas de la comunidad Chapa’í, según la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).
"Estuvimos de acuerdo que se utilizaran algunas hectáreas: pero lo que hizo el personal de la Municipalidad es terrible, abrieron caminos, echaron árboles nativos, nuestra medicina natural, los árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos lloraban viendo como tiraban las plantas de naranjas, limones, paltas que nosotros cuidábamos para consumir. Quedó en pie nuestra huerta comunitaria, con muchas verduras sembradas; pero tenemos miedo porque nos dijeron que también sacarán la iglesia y el salón comunitario. Necesitamos ayuda porque en San Ignacio no tenemos respaldo institucional. También convocamos a las comunidades hermanas que son 114 en la provincia, porque nos sentimos solos".
Itatí, la hija del ex cacique, Juan Brizuela, lamenta una y otra vez que los dejaron sin montes nativos. "El intendente Esteban Romero ya no respeta ni la Constitución Nacional, tampoco los pactos internacionales, la Ley de Bosques Nativos, ni la Ley 26160 del Relevamiento Territorial de los Pueblos Indígenas. Es muy triste ver esto porque los empleados de la Municipalidad de San Ignacio después de haber quemado cinco casas de la comunidad Kokuere'i siguen libres y arrasando con todo. Si seguimos así sin ningún tipo de ayuda institucional las comunidades indígenas seremos simplemente historia", reflexionó.
El lunes, integrantes del Frente Ciudadano Ambiental Capuera (Diego Ciarmiello, María Rosa Foregel, Cristina Besold y Erik Barney, entre otros) junto al diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), las activistas feministas Mariana Pizarro y Valeria Silvestri (PC), se reunieron en la Casa de Gobierno, con el subsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Daniel Behler y le entregaron una nota en la que solicitan al gobernador Hugo Passalacqua el cumplimiento de la Ley Nacional 26160, en la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades guaraníes. Esa norma prohíbe la intervención o la expulsión de las comunidades hasta tanto no se resuelva la situación de dominio del suelo donde habitan.
El grupo se dirigió hasta el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables, e hizo el mismo reclamo al subsecretario de esa cartera, Juan Manuel Díaz -ante la ausencia de la ministra Verónica Derna- junto a la directora general de Bosques Nativos, María Elena Benítez, quienes admitieron desconocer el caso planteado, y afirmaron que jamás hubo pedido de autorización para ese desmonte.
"Necesitamos que paren las máquinas hoy en la comunidad Chapa'i. Después discutimos todas las cuestiones legales y el trabajo que Ecología hizo mal, ya que no controló a tiempo ese desastre ilegal, y por eso sucede lo que ahora reclamamos que se detenga. Si ustedes no frenan ese salvaje desmonte que están haciendo empleados municipales por orden del intendente Romero, nosotros vamos a parar las topadoras poniéndonos frente a ellas. ¡Paren las máquinas!", enfatizó Sereno.
Horas después, el legislador se trasladó con su equipo de trabajo hasta la comunidad y comprobó in situ, el grave desastre delictivo que hizo la mano del hombre, en este caso, personificado por el jefe comunal, Esteban Romero.
Minutos después llegó una comitiva de inspectores forestales del Ministerio de Ecología, que hizo un relevamiento del terreno, y una vez que obtuvieron el acuerdo firmado entre Romero y el joven cacique, labraron un acto dirigida al intendente por el cual ordenan que cese el desmonte en esa comunidad y cualquier otro tipo de intrusión.
Uno de sus empleados que estuvo en el lugar y que se identificó como "Vigilancia del Parque Industrial", Carlos Flores, no tuvo reparos en manifestar que el intendente Romero compró esas hectáreas de acuerdo "al convenio que firmó con el cacique Damián, por eso entraron las máquinas municipales a abrir los caminos. Ellos (los guaraníes) no tienen de qué quejarse porque del tanque en adelante estas tierras pertenecen al municipio. Así fue el acuerdo, por eso estamos limpiando para abrir el camino. Nosotros estábamos antes de que llegara la comunidad y ahora resulta que ellos reclaman todo el lugar, si quieren más hectáreas que paguen, y que dejen de pelear", señaló el empleado municipal.
Quemaron y arrasaron colmenas
Las topadoras también destruyeron el apiario (lugar donde se encuentra el conjunto de colmenas) que forma parte de un Programa de Apicultura Sustentable del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai). Se desarrolla con pequeños productores y comunidades guaraníes próximas a áreas protegidas (parques y reservas), y está a cargo de la antropóloga, Graciela Hedman. "Desde noviembre del 2016 teníamos en desarrollo el apiario con colmenas instaladas que el IFAI proveyó a la comunidad Chapa'í. La gravedad de lo que pasó (desmonte, loteo y desalojo) también radica en que el monte existente derribado era la provisión de alimentos para las abejas y para las familias mbya. En el lugar había frutales y otras especies de monte con mucha floración disponible, las abejas con la polinización, potencian la producción de frutales y enriquecen aún más el ambiente", explicó la profesional.
Destruyeron restos arqueológicos
"Algunos de las piezas arquelógicas las llevamos al Museo Andrés Guacurarí para su clasificación. Algunas de esas piezas son previas al período jesuítico", expresó la antropóloga Hedman.
Lamentó que en un Municipio donde están las ruinas jesuíticas, con mayor visita de turistas de la provincia, consideradas Patrimonio de la Humanidad, "a pocos metros de ella, se intente descartar a una comunidad mbya guaraní como es Chapa'í, solo porque un particular reclame como suyas esas tierras. No se debe meter topadoras derribando casas, proyectos productivos, árboles y restos arqueológicos".
Hedman agregó que en el Municipio de San Ignacio, con el programa a su cargo, también trabajan con la EFA de San Ignacio de Loyola, y están próximos a construir una sala de extracción para 30 productores de la localidad, varios de ellos van a producir en zonas próximas a la Reserva Teyú Cuaré, y municipios cercanos como Loreto.
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Fecha de Publicación: 05/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Itatí Brizuela, auxiliar de enfermería, estudiante de la carrera de Historia, dio la primera voz de alarma ante el desastre ambiental, ecológico, social, familiar, anticonstitucional, que no respetó el marco de la ejecución de la Ley 26.160 por la que fueron relevadas y reconocidas como territorio de uso público, tradicional y actual las 181 hectáreas de la comunidad Chapa’í, según la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).
"Estuvimos de acuerdo que se utilizaran algunas hectáreas: pero lo que hizo el personal de la Municipalidad es terrible, abrieron caminos, echaron árboles nativos, nuestra medicina natural, los árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos lloraban viendo como tiraban las plantas de naranjas, limones, paltas que nosotros cuidábamos para consumir. Quedó en pie nuestra huerta comunitaria, con muchas verduras sembradas; pero tenemos miedo porque nos dijeron que también sacarán la iglesia y el salón comunitario. Necesitamos ayuda porque en San Ignacio no tenemos respaldo institucional. También convocamos a las comunidades hermanas que son 114 en la provincia, porque nos sentimos solos".
Itatí, la hija del ex cacique, Juan Brizuela, lamenta una y otra vez que los dejaron sin montes nativos. "El intendente Esteban Romero ya no respeta ni la Constitución Nacional, tampoco los pactos internacionales, la Ley de Bosques Nativos, ni la Ley 26160 del Relevamiento Territorial de los Pueblos Indígenas. Es muy triste ver esto porque los empleados de la Municipalidad de San Ignacio después de haber quemado cinco casas de la comunidad Kokuere'i siguen libres y arrasando con todo. Si seguimos así sin ningún tipo de ayuda institucional las comunidades indígenas seremos simplemente historia", reflexionó.
El lunes, integrantes del Frente Ciudadano Ambiental Capuera (Diego Ciarmiello, María Rosa Foregel, Cristina Besold y Erik Barney, entre otros) junto al diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), las activistas feministas Mariana Pizarro y Valeria Silvestri (PC), se reunieron en la Casa de Gobierno, con el subsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Daniel Behler y le entregaron una nota en la que solicitan al gobernador Hugo Passalacqua el cumplimiento de la Ley Nacional 26160, en la cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades guaraníes. Esa norma prohíbe la intervención o la expulsión de las comunidades hasta tanto no se resuelva la situación de dominio del suelo donde habitan.
El grupo se dirigió hasta el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables, e hizo el mismo reclamo al subsecretario de esa cartera, Juan Manuel Díaz -ante la ausencia de la ministra Verónica Derna- junto a la directora general de Bosques Nativos, María Elena Benítez, quienes admitieron desconocer el caso planteado, y afirmaron que jamás hubo pedido de autorización para ese desmonte.
"Necesitamos que paren las máquinas hoy en la comunidad Chapa'i. Después discutimos todas las cuestiones legales y el trabajo que Ecología hizo mal, ya que no controló a tiempo ese desastre ilegal, y por eso sucede lo que ahora reclamamos que se detenga. Si ustedes no frenan ese salvaje desmonte que están haciendo empleados municipales por orden del intendente Romero, nosotros vamos a parar las topadoras poniéndonos frente a ellas. ¡Paren las máquinas!", enfatizó Sereno.
Horas después, el legislador se trasladó con su equipo de trabajo hasta la comunidad y comprobó in situ, el grave desastre delictivo que hizo la mano del hombre, en este caso, personificado por el jefe comunal, Esteban Romero.
Minutos después llegó una comitiva de inspectores forestales del Ministerio de Ecología, que hizo un relevamiento del terreno, y una vez que obtuvieron el acuerdo firmado entre Romero y el joven cacique, labraron un acto dirigida al intendente por el cual ordenan que cese el desmonte en esa comunidad y cualquier otro tipo de intrusión.
Uno de sus empleados que estuvo en el lugar y que se identificó como "Vigilancia del Parque Industrial", Carlos Flores, no tuvo reparos en manifestar que el intendente Romero compró esas hectáreas de acuerdo "al convenio que firmó con el cacique Damián, por eso entraron las máquinas municipales a abrir los caminos. Ellos (los guaraníes) no tienen de qué quejarse porque del tanque en adelante estas tierras pertenecen al municipio. Así fue el acuerdo, por eso estamos limpiando para abrir el camino. Nosotros estábamos antes de que llegara la comunidad y ahora resulta que ellos reclaman todo el lugar, si quieren más hectáreas que paguen, y que dejen de pelear", señaló el empleado municipal.
Quemaron y arrasaron colmenas
Las topadoras también destruyeron el apiario (lugar donde se encuentra el conjunto de colmenas) que forma parte de un Programa de Apicultura Sustentable del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai). Se desarrolla con pequeños productores y comunidades guaraníes próximas a áreas protegidas (parques y reservas), y está a cargo de la antropóloga, Graciela Hedman. "Desde noviembre del 2016 teníamos en desarrollo el apiario con colmenas instaladas que el IFAI proveyó a la comunidad Chapa'í. La gravedad de lo que pasó (desmonte, loteo y desalojo) también radica en que el monte existente derribado era la provisión de alimentos para las abejas y para las familias mbya. En el lugar había frutales y otras especies de monte con mucha floración disponible, las abejas con la polinización, potencian la producción de frutales y enriquecen aún más el ambiente", explicó la profesional.
Destruyeron restos arqueológicos
"Algunos de las piezas arquelógicas las llevamos al Museo Andrés Guacurarí para su clasificación. Algunas de esas piezas son previas al período jesuítico", expresó la antropóloga Hedman.
Lamentó que en un Municipio donde están las ruinas jesuíticas, con mayor visita de turistas de la provincia, consideradas Patrimonio de la Humanidad, "a pocos metros de ella, se intente descartar a una comunidad mbya guaraní como es Chapa'í, solo porque un particular reclame como suyas esas tierras. No se debe meter topadoras derribando casas, proyectos productivos, árboles y restos arqueológicos".
Hedman agregó que en el Municipio de San Ignacio, con el programa a su cargo, también trabajan con la EFA de San Ignacio de Loyola, y están próximos a construir una sala de extracción para 30 productores de la localidad, varios de ellos van a producir en zonas próximas a la Reserva Teyú Cuaré, y municipios cercanos como Loreto.
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Desmonte en tierras mbya de San Ignacio
Crece el conflicto por desmonte y loteo en tierras mbya de San Ignacio
Fecha de Publicación: 04/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Una integrante de la comunidad Chapa'í denunció que ingresaron máquinas y tumbaron monte nativo. Hay polémica por una presunta cesión de tierras por parte del cacique. Intervino el Estado.
Esto ocurre pocos días después de que se conociera un caso similar en la aldea Tekoa Kokuereí, en el mismo municipio, donde "tumbaron" varias viviendas aborígenes, aunque el intendente Esteban Romero desmintió la denuncia y aseguró que la actuación se realizó por acuerdo entre privados y los aldeanos.
Ahora el pedido de ayuda para chapa'í salió de la misma comunidad, en la voz de Itatí Brizuela, la hija del cacique, que se viralizó a través de redes sociales.
“Estoy destrozada y muy preocupada por la comunidad. Desde el viernes estuvo trabajando gente de la Municipalidad, abrieron caminos, echaron árboles nativos, árboles frutales, nuestra medicina natural. Los chicos estaban tristes al ver como tiraban plantas de naranja, limones y palta. Estoy en un lugar donde no sé si mañana me van a venir a sacar con máquinas” dijo la integrante de la comunidad.
“Ya nos avisaron que van a sacar la iglesia, el salón y las casas donde viven mis hermanas. Les pido a mis hermanos de toda la provincia que vengan a ayudarnos, nos sentimos solos”, se lamentó Itatí.
El video motivó una convocatoria en Posadas para juntar firmas y presentar un petitorio al Gobierno, en particular, al Ministerio de Ecología.
A cambio de luz eléctrica y agua
Berenice Villalba Texeira, una de las personas autoconvocadas frente a la Casa de Gobierno, comentó a este Diario que el vienes ingresaron a la aldea Chapa’í con máquinas, para sacar árboles nativos y abrir caminos, para comenzar con un loteo de las tierras.
“Esto se debe a que años atrás el intendente firmó papeles con el cacique de ese momento, dando el aval para que ocupen las tierras a cambio de agua y luz eléctrica, cuando en realidad estos son derechos adquiridos. A raíz de aquello hoy sucede esto. Nos hemos autoconvocado para ayudar a los hermanos guaraníes. Realizamos una juntada de firmas para entregar el petitorio al Ministerio de Ecología, para exigir que se detengan las acciones sobre este territorio”, explicó.
Por su parte, Mariana Pizarro, artista y activista por los derechos de las mujeres, comentó a PRIMERA EDICIÓN que las 180 hectáreas donde se volvió a desatar el problema de tierras, son propiedad comunal y no debería haber ningún cambio en ese predio.
Pizarro hizo referencia a una versión que circuló por las redes sociales en la que se comenta que la cesión de tierras a la Municipalidad la hizo el propio cacique y padre de Itatí Brizuela, luego de un partido de fútbol.
“En caso que así haya sucedido, la firma que efectuó el padre de la denunciante es absolutamente irregular, por las circunstancias en las que se llevó a cabo”, opinó.
“La situación es muy compleja porque se aglutinan varios tipos de violencia: violencia política, económica, institucional y de género, porque es esta mujer la que denuncia que dentro de su propia familia surgió el problema. Las versiones que nosotros manejamos es que las 180 hectáreas fueron vendidas y loteadas. Queremos que se garantice la integridad de todos los miembros de la comunidad, el efectivo cumplimiento de la Ley 26.160 y que se resuelva la problemática de los títulos de propiedad. Ellos necesitan del monte de la misma forma que nosotros”, remarcó.
La activista entendió que “la lucha va a ser muy solitaria mientras el resto de la comunidad no entienda que los derechos ciudadanos implican responsabilidades ciudadanas, la cual es vigilar a los gobernantes elegidos para que cumplan las leyes y garanticen el bienestar de todos por igual”.
Avasallamiento por abandono
Integrantes del frente medioambiental Capuera, se hicieron presentes en la plaza 9 de Julio para acompañar la convocatoria que surgió tras la denuncia.
Eric Barney, miembro del grupo, explicó que acompañaron el reclamo en contra del avasallamiento a las comunidades indígenas.
“Esperamos que a través de la Ley 26.160, podamos evitar este tipo de ‘asalto’ a las comunidades aborígenes. Mientras tanto, las máquinas están tirando abajo árboles y demarcando intereses inmobiliarios en la zona. Es por eso que estamos con la urgencia de parar este atropello de los montes que afectan las tierras originarias de los paisanos”, subrayó.
En ese sentido, la antropóloga María Rosa Fogeler, también de Capuera, detalló que iban a solicitar al gobernador Hugo Passalacqua “que se involucre” y pare el accionar en el lugar.
“Nos movilizamos porque entendemos que ellos se encuentran muy solos como para canalizar el reclamo. Nos sumamos a otros ciudadanos y grupos comunes a reclamar a las autoridades que ellos tienen la competencia y la responsabilidad sobre esta situación y que cumplan su rol. Sabemos que están negociando por agua y luz, quedarse en tres hectáreas y entregar las 180 donde se están haciendo loteos y demarcando caminos, esa es la información que nosotros manejamos. Tenemos el pedido de ayuda de algunos de sus miembros. Ellos hoy no saben sobre qué partes van a avanzar las máquinas. Ya habían derribado árboles frutales y especies nativas. Se estarían violando leyes ambientales y de protección a las comunidades originarias”, opinó.
Ante la consulta de por qué con tanta legislación que protege a los aborígenes siempre sufren de los mismos problemas, Fogeler explicó: “Ocurre porque las comunidades están muy abandonadas, porque las instituciones que se tienen que ocupar no trabajan para fortalecerlas. Sin subestimarlos, creo que están en una situación de vulnerabilidad y no están en condiciones de negociar con nadie”, remarcó.
“Deben hacer acatar la ley”
Diego Ciarmiello, referente de los guardaparques provinciales, dijo que la Ley 26.160 es una ley de emergencia que fue sancionada hace más de una década y fue postergada hasta el 2013.
“Esta legislación establecía que debían demarcarse los sitios de ocupación, uso y valoración de cada comunidad aborigen. En esos territorios la ley prohíbe la expulsión o cualquier tipo de intervención sobre la comunidad hasta tanto no se les entreguen títulos de propiedad a los integrantes. Esto no se ha cumplido, es la cuestión profunda del problema, el Gobierno debe hacer acatar la ley”, subrayó.
“Los fondos de la Nación llegaron pero se demarcaron muy pocas aldeas. Esto lo denunció el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) en 2013. El Estado debe ordenar parar las máquinas y resolver la situación de las comunidades guaraníes”.
Ciarmiello estimó que donde está ocurriendo el problema es un territorio que no está demarcado como dice la ley, y que pertenecerían al municipio. “Pero esto tampoco habilita que puedan ingresar a derribar monte nativo porque para ello previamente debería haber acciones administrativas ante el Ministerio de Ecología”.
La versión del cacique
En búsqueda de una voz oficial, este Diario pudo dialogar con Emanuel Torras, co-coordinador del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
Comentó que tomaron conocimiento del caso y se comunicaron con el cacique. “Nos dijo que no pensó que iban tener tanta difusión las declaraciones de su hija y nos indicó que este miércoles se presentará en el Ministerio de DDHH junto a otros trece miembros del Consejo de Participación Indígena de la provincia (CPI), para explicar que la situación no es tan así como ella denunció”, indicó el funcionario.
La ley
Sancionada y promulgada en 2006, en su artículo 1º, la ley 26.160 establece: “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 años”.
ARTÍCULO 2º. “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1”.
El 21-10-2013 se prorrogó el plazo establecido hasta el 23 de noviembre de 2017.
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Fecha de Publicación: 04/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Una integrante de la comunidad Chapa'í denunció que ingresaron máquinas y tumbaron monte nativo. Hay polémica por una presunta cesión de tierras por parte del cacique. Intervino el Estado.
Esto ocurre pocos días después de que se conociera un caso similar en la aldea Tekoa Kokuereí, en el mismo municipio, donde "tumbaron" varias viviendas aborígenes, aunque el intendente Esteban Romero desmintió la denuncia y aseguró que la actuación se realizó por acuerdo entre privados y los aldeanos.
Ahora el pedido de ayuda para chapa'í salió de la misma comunidad, en la voz de Itatí Brizuela, la hija del cacique, que se viralizó a través de redes sociales.
“Estoy destrozada y muy preocupada por la comunidad. Desde el viernes estuvo trabajando gente de la Municipalidad, abrieron caminos, echaron árboles nativos, árboles frutales, nuestra medicina natural. Los chicos estaban tristes al ver como tiraban plantas de naranja, limones y palta. Estoy en un lugar donde no sé si mañana me van a venir a sacar con máquinas” dijo la integrante de la comunidad.
“Ya nos avisaron que van a sacar la iglesia, el salón y las casas donde viven mis hermanas. Les pido a mis hermanos de toda la provincia que vengan a ayudarnos, nos sentimos solos”, se lamentó Itatí.
El video motivó una convocatoria en Posadas para juntar firmas y presentar un petitorio al Gobierno, en particular, al Ministerio de Ecología.
A cambio de luz eléctrica y agua
Berenice Villalba Texeira, una de las personas autoconvocadas frente a la Casa de Gobierno, comentó a este Diario que el vienes ingresaron a la aldea Chapa’í con máquinas, para sacar árboles nativos y abrir caminos, para comenzar con un loteo de las tierras.
“Esto se debe a que años atrás el intendente firmó papeles con el cacique de ese momento, dando el aval para que ocupen las tierras a cambio de agua y luz eléctrica, cuando en realidad estos son derechos adquiridos. A raíz de aquello hoy sucede esto. Nos hemos autoconvocado para ayudar a los hermanos guaraníes. Realizamos una juntada de firmas para entregar el petitorio al Ministerio de Ecología, para exigir que se detengan las acciones sobre este territorio”, explicó.
Por su parte, Mariana Pizarro, artista y activista por los derechos de las mujeres, comentó a PRIMERA EDICIÓN que las 180 hectáreas donde se volvió a desatar el problema de tierras, son propiedad comunal y no debería haber ningún cambio en ese predio.
Pizarro hizo referencia a una versión que circuló por las redes sociales en la que se comenta que la cesión de tierras a la Municipalidad la hizo el propio cacique y padre de Itatí Brizuela, luego de un partido de fútbol.
“En caso que así haya sucedido, la firma que efectuó el padre de la denunciante es absolutamente irregular, por las circunstancias en las que se llevó a cabo”, opinó.
“La situación es muy compleja porque se aglutinan varios tipos de violencia: violencia política, económica, institucional y de género, porque es esta mujer la que denuncia que dentro de su propia familia surgió el problema. Las versiones que nosotros manejamos es que las 180 hectáreas fueron vendidas y loteadas. Queremos que se garantice la integridad de todos los miembros de la comunidad, el efectivo cumplimiento de la Ley 26.160 y que se resuelva la problemática de los títulos de propiedad. Ellos necesitan del monte de la misma forma que nosotros”, remarcó.
La activista entendió que “la lucha va a ser muy solitaria mientras el resto de la comunidad no entienda que los derechos ciudadanos implican responsabilidades ciudadanas, la cual es vigilar a los gobernantes elegidos para que cumplan las leyes y garanticen el bienestar de todos por igual”.
Avasallamiento por abandono
Integrantes del frente medioambiental Capuera, se hicieron presentes en la plaza 9 de Julio para acompañar la convocatoria que surgió tras la denuncia.
Eric Barney, miembro del grupo, explicó que acompañaron el reclamo en contra del avasallamiento a las comunidades indígenas.
“Esperamos que a través de la Ley 26.160, podamos evitar este tipo de ‘asalto’ a las comunidades aborígenes. Mientras tanto, las máquinas están tirando abajo árboles y demarcando intereses inmobiliarios en la zona. Es por eso que estamos con la urgencia de parar este atropello de los montes que afectan las tierras originarias de los paisanos”, subrayó.
En ese sentido, la antropóloga María Rosa Fogeler, también de Capuera, detalló que iban a solicitar al gobernador Hugo Passalacqua “que se involucre” y pare el accionar en el lugar.
“Nos movilizamos porque entendemos que ellos se encuentran muy solos como para canalizar el reclamo. Nos sumamos a otros ciudadanos y grupos comunes a reclamar a las autoridades que ellos tienen la competencia y la responsabilidad sobre esta situación y que cumplan su rol. Sabemos que están negociando por agua y luz, quedarse en tres hectáreas y entregar las 180 donde se están haciendo loteos y demarcando caminos, esa es la información que nosotros manejamos. Tenemos el pedido de ayuda de algunos de sus miembros. Ellos hoy no saben sobre qué partes van a avanzar las máquinas. Ya habían derribado árboles frutales y especies nativas. Se estarían violando leyes ambientales y de protección a las comunidades originarias”, opinó.
Ante la consulta de por qué con tanta legislación que protege a los aborígenes siempre sufren de los mismos problemas, Fogeler explicó: “Ocurre porque las comunidades están muy abandonadas, porque las instituciones que se tienen que ocupar no trabajan para fortalecerlas. Sin subestimarlos, creo que están en una situación de vulnerabilidad y no están en condiciones de negociar con nadie”, remarcó.
“Deben hacer acatar la ley”
Diego Ciarmiello, referente de los guardaparques provinciales, dijo que la Ley 26.160 es una ley de emergencia que fue sancionada hace más de una década y fue postergada hasta el 2013.
“Esta legislación establecía que debían demarcarse los sitios de ocupación, uso y valoración de cada comunidad aborigen. En esos territorios la ley prohíbe la expulsión o cualquier tipo de intervención sobre la comunidad hasta tanto no se les entreguen títulos de propiedad a los integrantes. Esto no se ha cumplido, es la cuestión profunda del problema, el Gobierno debe hacer acatar la ley”, subrayó.
“Los fondos de la Nación llegaron pero se demarcaron muy pocas aldeas. Esto lo denunció el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) en 2013. El Estado debe ordenar parar las máquinas y resolver la situación de las comunidades guaraníes”.
Ciarmiello estimó que donde está ocurriendo el problema es un territorio que no está demarcado como dice la ley, y que pertenecerían al municipio. “Pero esto tampoco habilita que puedan ingresar a derribar monte nativo porque para ello previamente debería haber acciones administrativas ante el Ministerio de Ecología”.
La versión del cacique
En búsqueda de una voz oficial, este Diario pudo dialogar con Emanuel Torras, co-coordinador del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
Comentó que tomaron conocimiento del caso y se comunicaron con el cacique. “Nos dijo que no pensó que iban tener tanta difusión las declaraciones de su hija y nos indicó que este miércoles se presentará en el Ministerio de DDHH junto a otros trece miembros del Consejo de Participación Indígena de la provincia (CPI), para explicar que la situación no es tan así como ella denunció”, indicó el funcionario.
La ley
Sancionada y promulgada en 2006, en su artículo 1º, la ley 26.160 establece: “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 años”.
ARTÍCULO 2º. “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1”.
El 21-10-2013 se prorrogó el plazo establecido hasta el 23 de noviembre de 2017.
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El camino en el Moconá frenado por la justicia
La Justicia dictaminó una medida de "no innovar" y frenó el camino en el Moconá
Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Las máquinas viales se retiraron del lugar este miércoles por la tarde. Los militantes ecologistas hacen guardia cerca del Parque. Presentarán firmas de rechazo en Casa de Gobierno y un proyecto en la Legislatura.
La Justicia dictó la medida de no innovar y ordenó suspender la construcción del camino en el Parque Provincial Moconá, para unir la ruta 2 con el Lote 8, en la reserva.
La medida fue solicitada el martes por dirigentes que se oponen al camino por el impacto ecológico que tendría. Sin embargo, las comunidades originarias que habitan el Lote 8 le solicitaron al Gobierno que avance con la obra para tener una salida más rápida y segura hacia la ruta 2, atravesando el Parque, para transportar mercadería y para que pueda ingresar una ambulancia en casos de emergencia.
La medida de no innovar fue resuelta este miércoles por el Juzgado Civil y Comercial 8 de Posadas, hoy a cargo de Viviana Gamberale por subrogancia legal, ya que el mismo está vacante desde que Rossana Venchiarutti se convirtió en ministra del Superior Tribunal.
Este fallo judicial confronta con el decreto del Ejecutivo, que habilitó al Ministerio de Ecología a continuar con los trámites administrativos para la obra y con la resolución de la ministra, Verónica Derna, quien aprobó la viabilidad ambiental de un camino de cuatro metros de ancho y tres kilómetros de longitud.
El camino se inició el lunes a primera hora, con la participación de integrantes de las comunidades mbya guaraní del Lote 8, quienes realizaron las ampliaciones del trillo a machete.
El miércoles por la mañana se acercaron máquinas viales al lugar, con la intención de continuar la ampliación del sendero, que está proyectado en un ancho de cuatro metros. Pero por alguna razón, pasado el mediodía las máquinas se retiraron. PRIMERA EDICIÓN accedió en exclusiva a la medida de no innovar que se redactó en el Juzgado ayer al filo del mediodía.
Posiblemente la información se filtró hasta los operarios viales quienes abandonaron el lugar sin dar explicaciones. Pero fuentes de la Justicia aseguran que todavía no se habían notificado y que era imposible que sepan de la medida.
Las organizaciones ambientalistas, los guardaparques y algunos referentes políticos de la oposición igualmente continúan con las acciones en contra de este camino. Hoy, por ejemplo, se presentarán en Casa de Gobierno las nueve mil firmas recolectadas esta semana para rechazar el proyecto.
También se elevaría a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir cualquier uso que no sea de parte de las comunidades.
Desde el domingo hay una decena de militantes ecologistas que están acampando en las inmediaciones del Parque para oponerse al ingreso de la maquinaria. Ayer, incluso luego de que las máquinas se retiraran, integrantes del grupo “Defensores de la Selva” se quedaron en las inmediaciones para observar que no regresen.
Los guardaparques acusan al Gobierno de tener la decisión tomada desde hace tiempo, sin respetar la categoría Roja del Parque. Creen que detrás del emprendimiento está la intención de beneficiar a un proyecto turístico privado de los propietarios del lote 8. Sin embargo, desde esta empresa aclararon que no harán ningún emprendimiento hotelero ni nada parecido.
Los opositores al camino aclaran que hay otras alternativas para ingresar al Lote 8 por afuera del Parque, sin dañar la vegetación; pero la respuesta del Gobierno es que se deberían construir puentes y sería una alternativa muy costosa, de muchos millones de pesos, en un momento donde no hay recursos suficientes para obras.
Todavía queda en la Justicia un recurso de amparo que no fue resuelto. Se presentó el año pasado pero quedó en suspenso cuando el Gobernador suspendió todas las acciones hasta tanto se realice una viabilidad ambiental.
La semana pasada el Ministerio de Ecología aprobó la viabilidad ambiental y la polémica volvió a estallar. Ahora, la acción de no innovar pone todo nuevamente en suspenso y restará esperar la definición de la Justicia provincial sobre la cuestión de fondo, que seguramente llevará algunos meses o incluso años.
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Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Las máquinas viales se retiraron del lugar este miércoles por la tarde. Los militantes ecologistas hacen guardia cerca del Parque. Presentarán firmas de rechazo en Casa de Gobierno y un proyecto en la Legislatura.
La Justicia dictó la medida de no innovar y ordenó suspender la construcción del camino en el Parque Provincial Moconá, para unir la ruta 2 con el Lote 8, en la reserva.
La medida fue solicitada el martes por dirigentes que se oponen al camino por el impacto ecológico que tendría. Sin embargo, las comunidades originarias que habitan el Lote 8 le solicitaron al Gobierno que avance con la obra para tener una salida más rápida y segura hacia la ruta 2, atravesando el Parque, para transportar mercadería y para que pueda ingresar una ambulancia en casos de emergencia.
La medida de no innovar fue resuelta este miércoles por el Juzgado Civil y Comercial 8 de Posadas, hoy a cargo de Viviana Gamberale por subrogancia legal, ya que el mismo está vacante desde que Rossana Venchiarutti se convirtió en ministra del Superior Tribunal.
Este fallo judicial confronta con el decreto del Ejecutivo, que habilitó al Ministerio de Ecología a continuar con los trámites administrativos para la obra y con la resolución de la ministra, Verónica Derna, quien aprobó la viabilidad ambiental de un camino de cuatro metros de ancho y tres kilómetros de longitud.
El camino se inició el lunes a primera hora, con la participación de integrantes de las comunidades mbya guaraní del Lote 8, quienes realizaron las ampliaciones del trillo a machete.
El miércoles por la mañana se acercaron máquinas viales al lugar, con la intención de continuar la ampliación del sendero, que está proyectado en un ancho de cuatro metros. Pero por alguna razón, pasado el mediodía las máquinas se retiraron. PRIMERA EDICIÓN accedió en exclusiva a la medida de no innovar que se redactó en el Juzgado ayer al filo del mediodía.
Posiblemente la información se filtró hasta los operarios viales quienes abandonaron el lugar sin dar explicaciones. Pero fuentes de la Justicia aseguran que todavía no se habían notificado y que era imposible que sepan de la medida.
Las organizaciones ambientalistas, los guardaparques y algunos referentes políticos de la oposición igualmente continúan con las acciones en contra de este camino. Hoy, por ejemplo, se presentarán en Casa de Gobierno las nueve mil firmas recolectadas esta semana para rechazar el proyecto.
También se elevaría a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir cualquier uso que no sea de parte de las comunidades.
Desde el domingo hay una decena de militantes ecologistas que están acampando en las inmediaciones del Parque para oponerse al ingreso de la maquinaria. Ayer, incluso luego de que las máquinas se retiraran, integrantes del grupo “Defensores de la Selva” se quedaron en las inmediaciones para observar que no regresen.
Los guardaparques acusan al Gobierno de tener la decisión tomada desde hace tiempo, sin respetar la categoría Roja del Parque. Creen que detrás del emprendimiento está la intención de beneficiar a un proyecto turístico privado de los propietarios del lote 8. Sin embargo, desde esta empresa aclararon que no harán ningún emprendimiento hotelero ni nada parecido.
Los opositores al camino aclaran que hay otras alternativas para ingresar al Lote 8 por afuera del Parque, sin dañar la vegetación; pero la respuesta del Gobierno es que se deberían construir puentes y sería una alternativa muy costosa, de muchos millones de pesos, en un momento donde no hay recursos suficientes para obras.
Todavía queda en la Justicia un recurso de amparo que no fue resuelto. Se presentó el año pasado pero quedó en suspenso cuando el Gobernador suspendió todas las acciones hasta tanto se realice una viabilidad ambiental.
La semana pasada el Ministerio de Ecología aprobó la viabilidad ambiental y la polémica volvió a estallar. Ahora, la acción de no innovar pone todo nuevamente en suspenso y restará esperar la definición de la Justicia provincial sobre la cuestión de fondo, que seguramente llevará algunos meses o incluso años.
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Contrapuntos de un polémico camino en Misiones
Comenzó la apertura del polémico camino en el Moconá y se redoblan las críticas
Fecha de Publicación: 05/07/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Unos cuarenta integrantes de comunidades mbya realizaron las tareas de desmalezamiento y apertura del sendero hacia el Lote 8 de la Reserva de Biosfera Yabotí. Autoconvocados y guardaparques se apostó frente al acceso del Parque para manifestar su rechazo y evalúan medidas de fuerza.
Mientras se iniciaba el "despeje" del trazado del futuro camino por el interior del área protegida, ambientalistas y guardaparques se autoconvocaron este domingo frente al acceso del Parque Moconá para manifestar su rechazo por la apertura del camino alternativo para el tránsito de comunidades mbya en el Lote 8 de la reserva provincial.
“Justificar un daño ambiental en una zona roja por un atajo de diez kilómetros no tiene ningún sentido, acá hay otros intereses, las comunidades fueron llevados con móviles oficiales para abrir el camino”, expresó el guardaparque Leonardo Rangel.
Precisó que desde el Ministerio de Ecología, en conjunto con el Gobierno provincial, “dieron por válido todo lo actuado anteriormente, incluso la audiencia pública que había sido impugnada por no cumplir con las pautas correspondientes”.
“Hay un recurso de amparo contra la contrucción del camino, no se puede hacer un decreto y autorizar nada hasta que la Justicia se expida al respecto”, advirtió.
Apuntó además que el proyecto permite el uso de el camino para todas las partes del Lote 8, “no solo para las comunidades originarias”, como se había planteado originalmente.
En consecuencia “será aprovechado por el proyecto turístico de una ONG inglesa que tiene una tierra lindera al predio”.
“Un camino público en una zona roja está prohibido por la Ley de Bosques”, remarcó Rangel.
Adelantó además que desde el grupo ambientalista Defensores de la Selva evalúan la realización de distintas medidas de fuerza contra “este nuevo atropello al patrimonio natural de la provincia”.
Cabe recordar que en el Boletín Oficial se publicaron el viernes último dos elementos jurídicos que avalan la construcción de la obra.
Primero, el decreto 558, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro de Gabinete Adolfo Pischik y la ministra de Ecología, Verónica Derna, donde se dispone “la continuidad de los trámites administrativos” del proyecto; y por otra parte, la resolución 200 de Derna, con fecha 5 de junio, por medio de la cual se aprueba la “viabilidad ambiental” del proyecto.
El año pasado, a raíz de las numerosas críticas que cosechó esta intención, el Gobierno dispuso el decreto 1.614/16 suspendiendo todos los trámites. Ahora, con el decreto 558 publicado el viernes, se dio continuidad a los trámites.
Entre los fundamentos de la polémica decisión se explicó que “el Ministerio de Ecología debe maximizar los esfuerzos para la difusión de la información referente a la posibilidad, viabilidad y factibilidad de la apertura de un acceso al Lote 8 de la Reserva Biosfera Yabotí” y se agregó que “conforme surge del informe emitido por el Departamento de Prensa y Difusión del Ministerio de Ecología, se ha concretado la difusión de información en diferentes medios de comunicación”.
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Guaraníes realizaron la apertura del sendero ancestral hacia el Lote 8
Fecha de Publicación: 05/07/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Unos cuarenta integrantes de comunidades aborígenes Mbya Guaraní realizaron las tareas de desmalezamiento y apertura del sendero ancestral hacia el Lote 8 de la Reserva de Biosfera Yabotí en San Pedro, donde se encuentran asentadas tres comunidades (TekoaYma, Kapi`iIvate e ItaoMiri), compuestas por más de treinta familias.
Esto es el resultado de una larga lucha que iniciaron las comunidades, primero por su territorio hoy ya registrado (3.700 ha) como propiedad comunitaria en el marco de los trabajos realizados por la Alianza Multicultural para la Conservación del lote 8y luego por el acceso a una vía de comunicación que pueda satisfacer sus necesidades como pueblo, a los servicios que brinda el Estado provincial.
Tras haber cumplido todos los pasos legales y administrativos exigidos por la legislación vigente, y habiendo alcanzado la viabilidad ambiental definitiva por medio de la Resolución N° 200/17, registro del Ministerio de Ecología y RNR, las mismas comunidades solicitaron intervenir personalmente para la apertura del camino, a fin de ejercer control, minimizar los impactos y haciéndolo de manera manual.
Cabe recordar que por decreto Poder Ejecutivo provincial N° 1614/16 que el acceso será de uso exclusivo de las comunidades indígenas, para necesidades sanitarias y de seguridad.De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental el mismo será de tierra, de no más de cuatro metros de ancho y de 2.430 metros de longitud, comprendiendo 0,1% de la superficie del parque provincial Moconá, con alrededor de 1 ha.
En el mes de septiembre del 2016 se concretó una audiencia públicamulticultural donde numerosos integrantes del Pueblo Mbya Guaraní,plantearonpúblicamente la necesidad de contar con esta conectividad en esta alternativa por dentro del Parque Provincial Moconá, como la opción más lógica y la seleccionada por ellos.
Esta postura fue respaldada por numerosas instituciones y organizaciones de la provincia, del país, y a nivel internacional contó con el apoyo de más de 40 premios nobel alternativos.
Las comunidades de Lote 8 expresaron su alegría al ver que el compromiso asumido por el Gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, en la reunión mantenida con ellos, no fueron palabras vacías e hicieron llegar su reconocimiento, por atender este pedidoligado estrechamente con los derechos humanos, dado que la conservación de los recursos naturales y culturales, como así también favorecer la inclusión de los sectores más vulnerables de la comunidades política primordial del Gobierno Provincial.
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Fecha de Publicación: 05/07/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Unos cuarenta integrantes de comunidades mbya realizaron las tareas de desmalezamiento y apertura del sendero hacia el Lote 8 de la Reserva de Biosfera Yabotí. Autoconvocados y guardaparques se apostó frente al acceso del Parque para manifestar su rechazo y evalúan medidas de fuerza.
Mientras se iniciaba el "despeje" del trazado del futuro camino por el interior del área protegida, ambientalistas y guardaparques se autoconvocaron este domingo frente al acceso del Parque Moconá para manifestar su rechazo por la apertura del camino alternativo para el tránsito de comunidades mbya en el Lote 8 de la reserva provincial.
“Justificar un daño ambiental en una zona roja por un atajo de diez kilómetros no tiene ningún sentido, acá hay otros intereses, las comunidades fueron llevados con móviles oficiales para abrir el camino”, expresó el guardaparque Leonardo Rangel.
Precisó que desde el Ministerio de Ecología, en conjunto con el Gobierno provincial, “dieron por válido todo lo actuado anteriormente, incluso la audiencia pública que había sido impugnada por no cumplir con las pautas correspondientes”.
“Hay un recurso de amparo contra la contrucción del camino, no se puede hacer un decreto y autorizar nada hasta que la Justicia se expida al respecto”, advirtió.
Apuntó además que el proyecto permite el uso de el camino para todas las partes del Lote 8, “no solo para las comunidades originarias”, como se había planteado originalmente.
En consecuencia “será aprovechado por el proyecto turístico de una ONG inglesa que tiene una tierra lindera al predio”.
“Un camino público en una zona roja está prohibido por la Ley de Bosques”, remarcó Rangel.
Adelantó además que desde el grupo ambientalista Defensores de la Selva evalúan la realización de distintas medidas de fuerza contra “este nuevo atropello al patrimonio natural de la provincia”.
Cabe recordar que en el Boletín Oficial se publicaron el viernes último dos elementos jurídicos que avalan la construcción de la obra.
Primero, el decreto 558, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro de Gabinete Adolfo Pischik y la ministra de Ecología, Verónica Derna, donde se dispone “la continuidad de los trámites administrativos” del proyecto; y por otra parte, la resolución 200 de Derna, con fecha 5 de junio, por medio de la cual se aprueba la “viabilidad ambiental” del proyecto.
El año pasado, a raíz de las numerosas críticas que cosechó esta intención, el Gobierno dispuso el decreto 1.614/16 suspendiendo todos los trámites. Ahora, con el decreto 558 publicado el viernes, se dio continuidad a los trámites.
Entre los fundamentos de la polémica decisión se explicó que “el Ministerio de Ecología debe maximizar los esfuerzos para la difusión de la información referente a la posibilidad, viabilidad y factibilidad de la apertura de un acceso al Lote 8 de la Reserva Biosfera Yabotí” y se agregó que “conforme surge del informe emitido por el Departamento de Prensa y Difusión del Ministerio de Ecología, se ha concretado la difusión de información en diferentes medios de comunicación”.
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Guaraníes realizaron la apertura del sendero ancestral hacia el Lote 8
Fecha de Publicación: 05/07/2017
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Unos cuarenta integrantes de comunidades aborígenes Mbya Guaraní realizaron las tareas de desmalezamiento y apertura del sendero ancestral hacia el Lote 8 de la Reserva de Biosfera Yabotí en San Pedro, donde se encuentran asentadas tres comunidades (TekoaYma, Kapi`iIvate e ItaoMiri), compuestas por más de treinta familias.
Esto es el resultado de una larga lucha que iniciaron las comunidades, primero por su territorio hoy ya registrado (3.700 ha) como propiedad comunitaria en el marco de los trabajos realizados por la Alianza Multicultural para la Conservación del lote 8y luego por el acceso a una vía de comunicación que pueda satisfacer sus necesidades como pueblo, a los servicios que brinda el Estado provincial.
Tras haber cumplido todos los pasos legales y administrativos exigidos por la legislación vigente, y habiendo alcanzado la viabilidad ambiental definitiva por medio de la Resolución N° 200/17, registro del Ministerio de Ecología y RNR, las mismas comunidades solicitaron intervenir personalmente para la apertura del camino, a fin de ejercer control, minimizar los impactos y haciéndolo de manera manual.
Cabe recordar que por decreto Poder Ejecutivo provincial N° 1614/16 que el acceso será de uso exclusivo de las comunidades indígenas, para necesidades sanitarias y de seguridad.De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental el mismo será de tierra, de no más de cuatro metros de ancho y de 2.430 metros de longitud, comprendiendo 0,1% de la superficie del parque provincial Moconá, con alrededor de 1 ha.
En el mes de septiembre del 2016 se concretó una audiencia públicamulticultural donde numerosos integrantes del Pueblo Mbya Guaraní,plantearonpúblicamente la necesidad de contar con esta conectividad en esta alternativa por dentro del Parque Provincial Moconá, como la opción más lógica y la seleccionada por ellos.
Esta postura fue respaldada por numerosas instituciones y organizaciones de la provincia, del país, y a nivel internacional contó con el apoyo de más de 40 premios nobel alternativos.
Las comunidades de Lote 8 expresaron su alegría al ver que el compromiso asumido por el Gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, en la reunión mantenida con ellos, no fueron palabras vacías e hicieron llegar su reconocimiento, por atender este pedidoligado estrechamente con los derechos humanos, dado que la conservación de los recursos naturales y culturales, como así también favorecer la inclusión de los sectores más vulnerables de la comunidades política primordial del Gobierno Provincial.
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Neuquén: Mapuches golpeados por la justicia
Fallo contra mapuches, a favor de la minería
Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Diariamente Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia falló –en primera instancia- a favor del Estado neuquino y contra una demanda de la comunidad mapuche Mellao Morales, en relación a la legalidad del proceso de explotación minera de cobre en Campana Mahuida, en cercanías de Loncopué.
La jueza María Eugenia Grimau rechazó la demanda iniciada por la comunidad mapuche contra la empresa Corporación Minera del Neuquén SEP (Comine), por el contrato firmado en 2007 con la empresa Emprendimientos Mineros S.A. que otorga derechos de propiedad sobre el yacimiento de cobre Campana Mahuida, en Loncopué.
En la causa denominada “comunidad mapuche Mellao Morales c/ Cormine SEP s/ acción de nulidad”, expediente N° 381249/2008, tramitada ante el Juzgado Civil N° 4 de Neuquén, los demandantes pidieron la nulidad del contrato por entender que no se realizó consulta previa y se violó el convenio OIT 169; que no se realizó licitación pública; que la propiedad se vendió por precio vil; y que la venta implica la posibilidad de un privado de comprar tierra comunitaria.
La Fiscalía de Estado y Cormine alegaron que la concesión minera es anterior a la entrada en vigencia del Convenio 169, ya que la concesión se otorgó en 1991 y el convenio rige desde 2001; y que el contrato no implica una nueva concesión sino el cambio de titular de una ya existente. También indicó que se trata de un contrato entre empresas privadas por lo tanto no requiere licitación pública, y que no autoriza la compra de tierras comunitarias ni la explotación de las minas.
El viernes, la jueza Grimau emitió sentencia a favor del Estado provincial al argumentar que la Dirección Provincial de Minería concedió el derecho minero sobre Campana Mahuida a Cormine antes de la vigencia del Convenio 169, y que esa concesión nuca fue objetada por la comunidad mapuche.
También consideró que Cormine se rige por las leyes de las sociedades anónimas, aunque el paquete accionario sea propiedad del Estado, por lo tanto, los contratos y actos que realiza se rigen por el derecho privado y no por el derecho administrativo.
A su vez, la jueza indicó que ninguna de las partes solicitó o intentó la compra de tierras comunitarias o la constitución de servidumbres sobre ella.
Además, Grimau aclaró que las leyes argentinas no prohíben actividades mineras dentro de comunidades de pueblos originarios, sino que se requiere una consulta previa a su autorización.
Consideró que el Convenio 169 de la OIT no es aplicable dado que está previsto para los casos de políticas públicas respecto de recursos naturales y no para contratos entre privados, y que no existió desde el Estado ninguna autorización para explorar o explotar recursos dentro de la comunidad.
“Si la actora (comunidad) no cuestionó el derecho que la autoridad minera dio a Cormine, mal podría objetar el negocio jurídico que esa sociedad acordó con otra sociedad comercial”, explicó la magistrada en su fallo.
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Otro derrame en suelo mapuche por parte de YPF
Un grupo de mapuches descubrió un derrame de petróleo en Mendoza y multarán a YPF
Fecha de Publicación: 26/06/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Desde la compañía petrolera nacional aseguran que se trata de un "accidente" de menor impacto
Lo descubrió una comunidad mapuche, en medio del silencio oficial. Sin embargo, con el correr de las horas, la noticia comenzó a desparramarse y habrá consecuencias. Un derrame de petróleo de la estatal YPF en Mendoza, denunciado por los mapuches de "Lof Tremunko" en Malargüe, en el sur provincial, se ha convertido en un dolor de cabeza no sólo para la empresa y el gobierno, que promete sanciones, sino también para los pobladores del lugar, quienes aseguran que ya se contaminó parte de un cauce de agua, la flora del lugar y con el temor de que impacte también en la fauna autóctona.
Mientras, desde la compañía petrolera nacional aseguran que se trata de un "accidente" de menor impacto y que hoy mismo comenzarán las tareas de remediación, según dio a conocer el diario local El Sol. En tanto, desde el Ejecutivo provincial están decididos a accionar con multas contra la firma porque no dio aviso en tiempo y forma a las autoridades de Ambiente, de acuerdo al protocolo vigente; esto es antes de las 12 horas de ocurrido el incidente.
Hasta anoche tanto en YPF como en el cuarto piso de Casa de Gobierno de Mendoza desconocían lo que había sucedido. Mientras, las imágenes del posible impacto en el medio ambiente comenzaron a viralizarse, de la mano de la preocupación de organizaciones ambientalistas y de los propios lugareños.
Según fuentes consultadas por este diario, se trató de un tanque de petróleo que habría cedido al no activarse el sistema de corte automático en la localidad de Cañadón Amarillo en medio de las fuertes ráfagas de viento Zonda que acecho a la zona durante el jueves y la mañana del viernes, pero que el desborde ya estaría controlado.
Sin embargo, el alerta de los pobladores mapuches, quienes viven a pocos kilómetros del lugar, es porque además no han vistos aún a personal de la empresa o del Gobierno trabajando en el sitio. El yacimiento de la petrolera estatal se encuentra en el límite con la provincia de Neuquén, cerca de las inmediaciones de la mina Potasio-Río Colorado.
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Fecha de Publicación: 26/06/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Desde la compañía petrolera nacional aseguran que se trata de un "accidente" de menor impacto
Lo descubrió una comunidad mapuche, en medio del silencio oficial. Sin embargo, con el correr de las horas, la noticia comenzó a desparramarse y habrá consecuencias. Un derrame de petróleo de la estatal YPF en Mendoza, denunciado por los mapuches de "Lof Tremunko" en Malargüe, en el sur provincial, se ha convertido en un dolor de cabeza no sólo para la empresa y el gobierno, que promete sanciones, sino también para los pobladores del lugar, quienes aseguran que ya se contaminó parte de un cauce de agua, la flora del lugar y con el temor de que impacte también en la fauna autóctona.
Mientras, desde la compañía petrolera nacional aseguran que se trata de un "accidente" de menor impacto y que hoy mismo comenzarán las tareas de remediación, según dio a conocer el diario local El Sol. En tanto, desde el Ejecutivo provincial están decididos a accionar con multas contra la firma porque no dio aviso en tiempo y forma a las autoridades de Ambiente, de acuerdo al protocolo vigente; esto es antes de las 12 horas de ocurrido el incidente.
Hasta anoche tanto en YPF como en el cuarto piso de Casa de Gobierno de Mendoza desconocían lo que había sucedido. Mientras, las imágenes del posible impacto en el medio ambiente comenzaron a viralizarse, de la mano de la preocupación de organizaciones ambientalistas y de los propios lugareños.
Según fuentes consultadas por este diario, se trató de un tanque de petróleo que habría cedido al no activarse el sistema de corte automático en la localidad de Cañadón Amarillo en medio de las fuertes ráfagas de viento Zonda que acecho a la zona durante el jueves y la mañana del viernes, pero que el desborde ya estaría controlado.
Sin embargo, el alerta de los pobladores mapuches, quienes viven a pocos kilómetros del lugar, es porque además no han vistos aún a personal de la empresa o del Gobierno trabajando en el sitio. El yacimiento de la petrolera estatal se encuentra en el límite con la provincia de Neuquén, cerca de las inmediaciones de la mina Potasio-Río Colorado.
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Territorio Mapuche bajo derrames petroleros
Neuquén: Conflictos por grave contaminación petrolera en territorio Mapuche
Fecha de Publicación: 22/06/2017
Fuente: Kaos en la Red
Provincia/Región: Neuquén
En la provincia de Neuquén, en el marco del conflicto petrolero y la grave contaminación en diversos sectores, siguen asomando múltiples temas pendientes sobre planes de protección y reparación en materia de derechos humanos y ambiente, tales como: remediación de suelo y agua; revegetación; repoblamiento fauna silvestre; restauración de suelo y control de erosión; zonificación de áreas arqueológicas; certificación de calidad y finalización de tareas; el extremo control y dominio del territorio por parte de las petroleras en desmedro de los derechos de las comunidades Mapuche; desmembramiento, desnaturalización y pérdida cultural mapuche , entre otros daños e impactos que se siguen incrementando, donde la salud pública, como derecho básico, está gravemente afectado en zonas como Loma de la Lata y Vaca Muerta.
Más allá de toda medida de reparación, restauración, mitigación o indemnización ante los daños causados por las petroleras, varios considerados irreparables, el problema de fondo para las comunidades es la negación a ejercer sus derechos en un amplio sentido. El Estado argentino y sus autoridades no asumen su responsabilidad y obligaciones ante los evidentes impactos de las petroleras, donde las empresas salen con campañas mediáticas desmintiendo a las propias comunidades, con fuertes ofensivas y militarización de gendarmería.
La necesidad de una justicia ambiental y una implementación de los derechos Mapuche son aún temas estancados en Argentina, a pesar de algunos instrumentos tendiente a esto como el convenio 169 de la OIT, el reconocimiento constitucional y la Declaración ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que han servido para fundamentar denuncias pero no para cambiar las condiciones y limitaciones en el caso de las petroleras y las comunidades Mapuche sobre sus territorios y desprotección de los recursos, como el subsuelo.
A fines de mayo, comunidades del Consejo Zonal “Xawvnko” de la Confederación Mapuche de Neuquén pidieron a la petrolera estatal YPF re-establecer un diálogo para discutir una denunciada contaminación de los suelos en Vaca Muerta y la presencia de efectivos de la Gendarmería en el megayacimiento de energía no convencional localizado principalmente en la provincia de Neuquén, argumentando que la empresa no ha querido asumir la grave situación de contaminación que hay en el territorio.
“Llegamos hasta las oficinas de YPF porque estamos en un estado de alarma general en las comunidades porque se notan movimientos de Gendarmería en los alrededores y creemos que esto responde a una política premeditada de YPF para buscar enfrentamientos que justifiquen una intervención de la Justicia Federal a través de la Gendarmería Nacional”, señalaban desde la Confederación.
Este 19 de junio, la directora del Área de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Anmistía Internacional, Paola Garcia Rey, llegó a Neuquén, para interiorizarse de la escalada de agresión hacia las comunidades mapuche por parte de las petroleras en territorios comunitarios de esta zonal Xawvnko (Vaca Muerta).
Además de Vaca Muerta, otro sector gravemente contaminado es Loma de la Lata. Ya en el año 2001 se publicaba un estudio internacional pedido por las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ y la Confederación Mapuche de Neuquén que indicaba que el daño ambiental alcanzaba 630 mil m³ de suelo contaminado con altas concentraciones de cromo, plomo, arsénico, naftaleno, pireno y compuestos aromáticos en capas de hasta seis metros de profundidad, aguas con, hidrocarburos y fenoles que superaban los valores legales. Además, 42 personas, sobre un total de 98, contaban con síntomas de intoxicación crónica por hidrocarburos.
En marzo de 2017, una nueva denuncia por contaminación con metales pesados se denunciaba desde la comunidad mapuche en Loma de la Lata, indicándose que el daño afectaba el agua de las napas freáticas en cercanías del río Neuquén y del lago Los Barreales.
El Observatorio Petrolero Sur publicó el 2015 algunos antecedentes oficiales sobre la contaminación: “En 2012 al momento de tomar la gestión de YPF, el propio gobierno denunció más de 600 episodios de contaminación. Durante el 2013 se produjeron 4 derrames en once días originados por faltas en el mantenimiento de las instalaciones, es decir, rupturas de tubos conductores o de piletones de almacenamiento; algunos llegaron al agua del río Colorado”.
Por su parte, en el territorio mapuche Campo Maripe, la exploración petrolera en la zona se realiza vía fracking y la comunidad denuncia derrames y explosiones que genera alta preocupación, mientras la comunidad pretende seguir con sus actividades de pastoreo, sin embargo se ha denunciado que muchos de sus animales se mueren por la explotación.
Otra comunidad que ha sido gravemente afectada por la contaminación petrolera es Gelay Ko. En septiembre del 2013 el periodista Dario Aranda señaló que “Se produjo un nuevo derrame de petróleo en la comunidad mapuche de Gelay Ko, en Neuquén. Una vez más, y es algo que la comunidad ha venido denunciando reiteradamente, la multinacional petrolera Apache se encuentra detrás. La comunidad Gelay Ko, vive entre 222 pozos petroleros, (uno de fracking). No tienen gas, electricidad ni agua”.
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Fecha de Publicación: 22/06/2017
Fuente: Kaos en la Red
Provincia/Región: Neuquén
En la provincia de Neuquén, en el marco del conflicto petrolero y la grave contaminación en diversos sectores, siguen asomando múltiples temas pendientes sobre planes de protección y reparación en materia de derechos humanos y ambiente, tales como: remediación de suelo y agua; revegetación; repoblamiento fauna silvestre; restauración de suelo y control de erosión; zonificación de áreas arqueológicas; certificación de calidad y finalización de tareas; el extremo control y dominio del territorio por parte de las petroleras en desmedro de los derechos de las comunidades Mapuche; desmembramiento, desnaturalización y pérdida cultural mapuche , entre otros daños e impactos que se siguen incrementando, donde la salud pública, como derecho básico, está gravemente afectado en zonas como Loma de la Lata y Vaca Muerta.
Más allá de toda medida de reparación, restauración, mitigación o indemnización ante los daños causados por las petroleras, varios considerados irreparables, el problema de fondo para las comunidades es la negación a ejercer sus derechos en un amplio sentido. El Estado argentino y sus autoridades no asumen su responsabilidad y obligaciones ante los evidentes impactos de las petroleras, donde las empresas salen con campañas mediáticas desmintiendo a las propias comunidades, con fuertes ofensivas y militarización de gendarmería.
La necesidad de una justicia ambiental y una implementación de los derechos Mapuche son aún temas estancados en Argentina, a pesar de algunos instrumentos tendiente a esto como el convenio 169 de la OIT, el reconocimiento constitucional y la Declaración ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que han servido para fundamentar denuncias pero no para cambiar las condiciones y limitaciones en el caso de las petroleras y las comunidades Mapuche sobre sus territorios y desprotección de los recursos, como el subsuelo.
A fines de mayo, comunidades del Consejo Zonal “Xawvnko” de la Confederación Mapuche de Neuquén pidieron a la petrolera estatal YPF re-establecer un diálogo para discutir una denunciada contaminación de los suelos en Vaca Muerta y la presencia de efectivos de la Gendarmería en el megayacimiento de energía no convencional localizado principalmente en la provincia de Neuquén, argumentando que la empresa no ha querido asumir la grave situación de contaminación que hay en el territorio.
“Llegamos hasta las oficinas de YPF porque estamos en un estado de alarma general en las comunidades porque se notan movimientos de Gendarmería en los alrededores y creemos que esto responde a una política premeditada de YPF para buscar enfrentamientos que justifiquen una intervención de la Justicia Federal a través de la Gendarmería Nacional”, señalaban desde la Confederación.
Este 19 de junio, la directora del Área de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Anmistía Internacional, Paola Garcia Rey, llegó a Neuquén, para interiorizarse de la escalada de agresión hacia las comunidades mapuche por parte de las petroleras en territorios comunitarios de esta zonal Xawvnko (Vaca Muerta).
Además de Vaca Muerta, otro sector gravemente contaminado es Loma de la Lata. Ya en el año 2001 se publicaba un estudio internacional pedido por las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ y la Confederación Mapuche de Neuquén que indicaba que el daño ambiental alcanzaba 630 mil m³ de suelo contaminado con altas concentraciones de cromo, plomo, arsénico, naftaleno, pireno y compuestos aromáticos en capas de hasta seis metros de profundidad, aguas con, hidrocarburos y fenoles que superaban los valores legales. Además, 42 personas, sobre un total de 98, contaban con síntomas de intoxicación crónica por hidrocarburos.
En marzo de 2017, una nueva denuncia por contaminación con metales pesados se denunciaba desde la comunidad mapuche en Loma de la Lata, indicándose que el daño afectaba el agua de las napas freáticas en cercanías del río Neuquén y del lago Los Barreales.
El Observatorio Petrolero Sur publicó el 2015 algunos antecedentes oficiales sobre la contaminación: “En 2012 al momento de tomar la gestión de YPF, el propio gobierno denunció más de 600 episodios de contaminación. Durante el 2013 se produjeron 4 derrames en once días originados por faltas en el mantenimiento de las instalaciones, es decir, rupturas de tubos conductores o de piletones de almacenamiento; algunos llegaron al agua del río Colorado”.
Por su parte, en el territorio mapuche Campo Maripe, la exploración petrolera en la zona se realiza vía fracking y la comunidad denuncia derrames y explosiones que genera alta preocupación, mientras la comunidad pretende seguir con sus actividades de pastoreo, sin embargo se ha denunciado que muchos de sus animales se mueren por la explotación.
Otra comunidad que ha sido gravemente afectada por la contaminación petrolera es Gelay Ko. En septiembre del 2013 el periodista Dario Aranda señaló que “Se produjo un nuevo derrame de petróleo en la comunidad mapuche de Gelay Ko, en Neuquén. Una vez más, y es algo que la comunidad ha venido denunciando reiteradamente, la multinacional petrolera Apache se encuentra detrás. La comunidad Gelay Ko, vive entre 222 pozos petroleros, (uno de fracking). No tienen gas, electricidad ni agua”.
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Originarios perdieron el 21% del chaco salteño
Determinan cuántas tierras perdieron las comunidades originarias
Fecha de Publicación: 15/05/2017
Fuente: UBA
Provincia/Región: Salta
Por primera vez, una investigación académica cuantificó las pérdidas del bosque en el Gran Chaco que afectan la subsistencia de las poblaciones locales e impactan sobre el ambiente, debido al avance de la agricultura. Alertan sobre la situación.
Una investigación advierte que las comunidades de pueblos originarios del chaco salteño perdieron el 21% de la superficie que tradicionalmente utilizaban para cazar, criar ganado y recolectar alimentos. Además, la degradación del bosque remanente impactó en la calidad de vida del 64% de las comunidades estudiadas. Los pueblos más afectados fueron los ubicados en los departamentos donde más avanzó la agricultura.
Los datos surgen de los estudios doctorales de María Vallejos, quien es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). “Se muestrearon 202 comunidades de pueblos originarios, que incluyen nueve etnias, en cinco departamentos del este de Salta. En esta región también viven familias criollas dedicadas a la ganadería bajo monte y se encuentran compañías agroexportadoras que usan grandes superficies para agricultura o ganadería extensiva para el mercado global. Estos actores compiten por el uso de la tierra, lo que genera conflictos por el acceso a los recursos”, afirmó.
Las comunidades indígenas del Chaco son cazadoras-recolectoras y no es fácil determinar el área de bosque que necesitan para subsistir. Para definir esta superficie, se le entregaron GPS a distintos miembros de las comunidades, quienes mapearon los sitios de colección de leña, agua, frutos, madera, miel, peces y animales. Con esta información se estimó el área potencial de uso. Además, para analizar la pérdida de área demandada y el impacto sobre el bienestar de las comunidades, Vallejos cruzó esta información con el área deforestada en el período 2001-2015 y calculó las caídas en la productividad del bosque remanente mediante el uso de imágenes satelitales.
La docente afirmó que además de la pérdida de área por el avance de la agricultura, el 64% de las comunidades estudiadas se vieron afectadas por la disminución de la calidad del bosque remanente, ya que se deterioraron procesos que brindan beneficios directos como la provisión de alimentos o el control de inundaciones. En este sentido, el estudio también demostró que se está acortando la estación del año más productiva (cuando la provisión de servicios ecosistémicos es mayor). Estos impactos negativos afectaron diferencialmente a las diferentes zonas y grupos sociales
A través del análisis de los actores presentes en los cinco departamentos del Chaco Salteño se identificó a las comunidades indígenas -que hacen uso de los recursos naturales a nivel local- como el grupo más vulnerable frente a los cambios en el uso del suelo. “Las comunidades más afectadas se ubican en el área de estudio en donde la expansión agropecuaria es mayor”, puntualizó Vallejos.
“Es fundamental contar con evidencia científica para entender cómo los cambios en el uso del suelo afectan diferencialmente a los distintos actores sociales. Los resultados de esta tesis son útiles para entender y monitorear estos procesos, y para empoderar a los grupos más vulnerables, como también a los organismos de control y la justicia”, contó María, quien también es investigadora del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART-FAUBA). A su vez, ella resaltó el rol de la transmisión del conocimiento desde el ámbito científico hacia el de la gestión.
Desmonte sin fronteras
“Hasta el año 2012 se registraron 15,8 millones de hectáreas de cobertura original del Gran Chaco transformadas en cultivos o pasturas. También se determinó el porcentaje de deforestación anual máximo histórico en el Chaco paraguayo, que fue del 4% y ocurrió en el 2010”, destacó Vallejos a partir del análisis de imágenes satelitales de los últimos 30 años.
Además, la investigadora utilizó las imágenes para caracterizar la fragmentación del bosque: “La forma en que se expanden los desmontes y el tamaño predominante de los lotes brinda información acerca de los actores que transforman el territorio. En el Gran Chaco argentino y paraguayo dominan los grandes lotes, ya que los agricultores mecanizados y conectados con los mercados externos son el motor del cambio en el uso del suelo”.
Vallejos afirmó que la región Chaqueña es el lugar de la Argentina con más conflictos por el uso del suelo. En este sentido, Vallejos agregó que los empresarios y productores que desmontan para establecer la producción extensiva aprovechan el potencial productivo de las tierras, los incentivos del mercado internacional de granos y, sobre todo, la ausencia o debilidad de políticas de protección y conservación del ambiente. Para María, luego de la Ley de Bosques, muchos capitales argentinos están empezando a invertir en Paraguay, en donde el control es menor. Incluso, existen inversiones argentinas en África para producir soja.
“El monitoreo de la deforestación es clave para entender la dinámica de los cambios en el uso del suelo y asistir al ordenamiento territorial”, dijo Vallejos al sitio de divulgación científica Sobre la Tierra.
Zonificar la actividad humana
“Nuestro estudio generó mecanismos para mapear a los actores territoriales, integrando aspectos biofísicos y sociales. Esto permite identificar sistemas socio-ecológicos que tienen un funcionamiento similar, es decir que comparten un determinado grado de resiliencia o de vulnerabilidad frente a las perturbaciones. Una unidad territorial en donde predominan empresas agrícolas no puede ser administrada de la misma manera que una en donde predominan comunidades indígenas”, dijo Vallejos, y añadió: “Es fundamental considerar la capacidad de las personas para soportar los impactos negativos naturales o los que causa la actividad humana en la zonificación”.
Por último, la docente destacó la importancia de la ciencia y la técnica en un contexto de conflictos presupuestarios e incertidumbre acerca del rumbo de los organismos de investigación en el país: “La ciencia no está desvinculada de la toma de decisiones. Para tomar decisiones sabias es necesario entender cómo funcionan los sistemas. Las tesis no son cuadernos que quedan guardados en una estantería, se usan. Los estudios que se vienen realizando en la facultad tienen implicancia en muchos ámbitos públicos y privados. Los resultados de esta tesis, por ejemplo, sirvieron para resolver conflictos judiciales, cosa que era inesperada para mí en un principio. Uno es el caso Karlen, quien fue condenado por el desmonte ilegal, y para otro caso de deforestación en la Finca Cuchuy, en Salta, que actualmente sigue sin resolverse”.
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Fecha de Publicación: 15/05/2017
Fuente: UBA
Provincia/Región: Salta
Por primera vez, una investigación académica cuantificó las pérdidas del bosque en el Gran Chaco que afectan la subsistencia de las poblaciones locales e impactan sobre el ambiente, debido al avance de la agricultura. Alertan sobre la situación.
Una investigación advierte que las comunidades de pueblos originarios del chaco salteño perdieron el 21% de la superficie que tradicionalmente utilizaban para cazar, criar ganado y recolectar alimentos. Además, la degradación del bosque remanente impactó en la calidad de vida del 64% de las comunidades estudiadas. Los pueblos más afectados fueron los ubicados en los departamentos donde más avanzó la agricultura.
Los datos surgen de los estudios doctorales de María Vallejos, quien es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). “Se muestrearon 202 comunidades de pueblos originarios, que incluyen nueve etnias, en cinco departamentos del este de Salta. En esta región también viven familias criollas dedicadas a la ganadería bajo monte y se encuentran compañías agroexportadoras que usan grandes superficies para agricultura o ganadería extensiva para el mercado global. Estos actores compiten por el uso de la tierra, lo que genera conflictos por el acceso a los recursos”, afirmó.
Las comunidades indígenas del Chaco son cazadoras-recolectoras y no es fácil determinar el área de bosque que necesitan para subsistir. Para definir esta superficie, se le entregaron GPS a distintos miembros de las comunidades, quienes mapearon los sitios de colección de leña, agua, frutos, madera, miel, peces y animales. Con esta información se estimó el área potencial de uso. Además, para analizar la pérdida de área demandada y el impacto sobre el bienestar de las comunidades, Vallejos cruzó esta información con el área deforestada en el período 2001-2015 y calculó las caídas en la productividad del bosque remanente mediante el uso de imágenes satelitales.
La docente afirmó que además de la pérdida de área por el avance de la agricultura, el 64% de las comunidades estudiadas se vieron afectadas por la disminución de la calidad del bosque remanente, ya que se deterioraron procesos que brindan beneficios directos como la provisión de alimentos o el control de inundaciones. En este sentido, el estudio también demostró que se está acortando la estación del año más productiva (cuando la provisión de servicios ecosistémicos es mayor). Estos impactos negativos afectaron diferencialmente a las diferentes zonas y grupos sociales
A través del análisis de los actores presentes en los cinco departamentos del Chaco Salteño se identificó a las comunidades indígenas -que hacen uso de los recursos naturales a nivel local- como el grupo más vulnerable frente a los cambios en el uso del suelo. “Las comunidades más afectadas se ubican en el área de estudio en donde la expansión agropecuaria es mayor”, puntualizó Vallejos.
“Es fundamental contar con evidencia científica para entender cómo los cambios en el uso del suelo afectan diferencialmente a los distintos actores sociales. Los resultados de esta tesis son útiles para entender y monitorear estos procesos, y para empoderar a los grupos más vulnerables, como también a los organismos de control y la justicia”, contó María, quien también es investigadora del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART-FAUBA). A su vez, ella resaltó el rol de la transmisión del conocimiento desde el ámbito científico hacia el de la gestión.
Desmonte sin fronteras
“Hasta el año 2012 se registraron 15,8 millones de hectáreas de cobertura original del Gran Chaco transformadas en cultivos o pasturas. También se determinó el porcentaje de deforestación anual máximo histórico en el Chaco paraguayo, que fue del 4% y ocurrió en el 2010”, destacó Vallejos a partir del análisis de imágenes satelitales de los últimos 30 años.
Además, la investigadora utilizó las imágenes para caracterizar la fragmentación del bosque: “La forma en que se expanden los desmontes y el tamaño predominante de los lotes brinda información acerca de los actores que transforman el territorio. En el Gran Chaco argentino y paraguayo dominan los grandes lotes, ya que los agricultores mecanizados y conectados con los mercados externos son el motor del cambio en el uso del suelo”.
Vallejos afirmó que la región Chaqueña es el lugar de la Argentina con más conflictos por el uso del suelo. En este sentido, Vallejos agregó que los empresarios y productores que desmontan para establecer la producción extensiva aprovechan el potencial productivo de las tierras, los incentivos del mercado internacional de granos y, sobre todo, la ausencia o debilidad de políticas de protección y conservación del ambiente. Para María, luego de la Ley de Bosques, muchos capitales argentinos están empezando a invertir en Paraguay, en donde el control es menor. Incluso, existen inversiones argentinas en África para producir soja.
“El monitoreo de la deforestación es clave para entender la dinámica de los cambios en el uso del suelo y asistir al ordenamiento territorial”, dijo Vallejos al sitio de divulgación científica Sobre la Tierra.
Zonificar la actividad humana
“Nuestro estudio generó mecanismos para mapear a los actores territoriales, integrando aspectos biofísicos y sociales. Esto permite identificar sistemas socio-ecológicos que tienen un funcionamiento similar, es decir que comparten un determinado grado de resiliencia o de vulnerabilidad frente a las perturbaciones. Una unidad territorial en donde predominan empresas agrícolas no puede ser administrada de la misma manera que una en donde predominan comunidades indígenas”, dijo Vallejos, y añadió: “Es fundamental considerar la capacidad de las personas para soportar los impactos negativos naturales o los que causa la actividad humana en la zonificación”.
Por último, la docente destacó la importancia de la ciencia y la técnica en un contexto de conflictos presupuestarios e incertidumbre acerca del rumbo de los organismos de investigación en el país: “La ciencia no está desvinculada de la toma de decisiones. Para tomar decisiones sabias es necesario entender cómo funcionan los sistemas. Las tesis no son cuadernos que quedan guardados en una estantería, se usan. Los estudios que se vienen realizando en la facultad tienen implicancia en muchos ámbitos públicos y privados. Los resultados de esta tesis, por ejemplo, sirvieron para resolver conflictos judiciales, cosa que era inesperada para mí en un principio. Uno es el caso Karlen, quien fue condenado por el desmonte ilegal, y para otro caso de deforestación en la Finca Cuchuy, en Salta, que actualmente sigue sin resolverse”.
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Reserva de Biosfera Laguna Blanca con minería?
Comunidades indígenas denuncian que una minera explora sin autorización una Reserva de Biósfera
Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Catamarca
Señalan a la empresa Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén.
Comunidades indígenas de Catamarca señalan a la empresa minera Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén, un área natural protegida ubicada en el norte de provincia, aunque un senador local negó que eso ocurriera.
Virginia Cruz, integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI) y la Asamblea Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Catamarca, dijo a Télam que en las primeras horas del jueves, mientras se desarrollaba una asamblea de 17 comunidades indígenas, vieron tres camionetas de Buena Vista Gold bajar desde la reserva de biosfera de Corral Blanco en Laguna Blanca con equipos de exploración y campamento.
"Mientras se desarrollaba la asamblea observamos tres camionetas bajar desde la reserva de biosfera y decidimos pararlas; si bien pudimos constatar que no llevaban nada, pedimos el permiso correspondiente que los habilitaba a transitar y explorar la zona y nos entregaron un papel impreso con una supuesta firma del secretario de minería de la provincia sin fecha de inicio ni finalización de exploración", explicó Cruz.
La asambleísta afirmó que la exploración sin el permiso correspondiente de la zona implica una violación a los derechos establecidos en la Constitución Nacional, en su Artículo 75, Inciso 17, que reconoce la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
"Nosotros solamente hablamos con el equipo de mineros y pedimos que nos muestren el permiso. En ningún momento hubo un cruce de palabras, ni mucho menos", agregó.
Sin embargo, el senador provincial por el departamento Belén, Jorge Solá Jais (del Frente para la Victoria), sostuvo que "no hay ninguna exploración".
"Laguna Blanca es una zona protegida y si hay circulación de vehículos corresponde a intereses particulares, no hay exploración minera, todo eso sería posible con autorización de la Secretaría de Minería o el Juzgado de Minas", explicó el legislador.
Solá Jais aseguró que sí existe el conflicto por las tierras entre una comunidad originaria y los propietarios, pero "es una zona protegida y no creo que el juzgado de minas autorice algún tipo de actividad exploratoria".
Por su parte, Cruz denunció el estado de inseguridad que padecen las comunidades indígenas de Corral Blanco y Aguas Calientes por el avasallamiento de sus derechos por parte de las empresas mineras.
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Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Catamarca
Señalan a la empresa Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén.
Comunidades indígenas de Catamarca señalan a la empresa minera Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén, un área natural protegida ubicada en el norte de provincia, aunque un senador local negó que eso ocurriera.
Virginia Cruz, integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI) y la Asamblea Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Catamarca, dijo a Télam que en las primeras horas del jueves, mientras se desarrollaba una asamblea de 17 comunidades indígenas, vieron tres camionetas de Buena Vista Gold bajar desde la reserva de biosfera de Corral Blanco en Laguna Blanca con equipos de exploración y campamento.
"Mientras se desarrollaba la asamblea observamos tres camionetas bajar desde la reserva de biosfera y decidimos pararlas; si bien pudimos constatar que no llevaban nada, pedimos el permiso correspondiente que los habilitaba a transitar y explorar la zona y nos entregaron un papel impreso con una supuesta firma del secretario de minería de la provincia sin fecha de inicio ni finalización de exploración", explicó Cruz.
La asambleísta afirmó que la exploración sin el permiso correspondiente de la zona implica una violación a los derechos establecidos en la Constitución Nacional, en su Artículo 75, Inciso 17, que reconoce la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
"Nosotros solamente hablamos con el equipo de mineros y pedimos que nos muestren el permiso. En ningún momento hubo un cruce de palabras, ni mucho menos", agregó.
Sin embargo, el senador provincial por el departamento Belén, Jorge Solá Jais (del Frente para la Victoria), sostuvo que "no hay ninguna exploración".
"Laguna Blanca es una zona protegida y si hay circulación de vehículos corresponde a intereses particulares, no hay exploración minera, todo eso sería posible con autorización de la Secretaría de Minería o el Juzgado de Minas", explicó el legislador.
Solá Jais aseguró que sí existe el conflicto por las tierras entre una comunidad originaria y los propietarios, pero "es una zona protegida y no creo que el juzgado de minas autorice algún tipo de actividad exploratoria".
Por su parte, Cruz denunció el estado de inseguridad que padecen las comunidades indígenas de Corral Blanco y Aguas Calientes por el avasallamiento de sus derechos por parte de las empresas mineras.
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Una caminata de Mapuches de 800 km por tierras
Comunidad Mapuche caminará más de 800 kilómetros para reclamar por tierras
Fecha de Publicación: 12/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Río Negro
El pueblo Mapuche de Río Negro marchará desde Bariloche hasta Viedma en rechazo al nuevo código de tierras.
El pueblo Mapuche de Río Negro marchará a pie desde San Carlos de Bariloche hasta Viedma entre el 20 y el 24 de abril en rechazo al proyecto del nuevo código de tierras impulsado en la legislatura provincial por el gobernador Alberto Weretilneck, informaron este domingo integrantes de la comunidad Waiwen kurruf.
Bajo el lema "Estamos vivos, por eso caminamos", las comunidades originarias rionegrinas marcharán más de 800 kilómetros "en rechazo a la profundización de las políticas que ponen en serio riesgo los espacios territoriales del pueblo Mapuche", aseguró Hugo Aranea, integrante del Consejo Asesor Indígena (CAI).
El dirigente afirmó que "el proyecto del Ejecutivo avanza en el saqueo del territorio que no sólo pertenece al pueblo Mapuche, sino a toda la sociedad".
En julio del año pasado el gobierno rionegrino presentó en la legislatura el nuevo proyecto de "Código de Tierras Fiscales", que busca "actualizar el marco normativo con previsiones modernas para adecuar las leyes a las demandas actuales y prever las herramientas para el desarrollo productivo de las próximas generaciones", afirmó en su momento el asesor legal de la Dirección de Tierras local, Enrique Álvarez Costa.
"Estamos modernizando las previsiones legales porque tenemos en vigencia leyes con más de 50 años en los ámbitos rurales y urbano", sostuvo. El funcionario aclaró que se pretende "modernizar y restringir al máximo posible el poder de discrecionalidad de los funcionarios de tierras actuales y de las próximas generaciones, para que en cualquier régimen sea necesaria una aprobación legislativa".
El prototipo de reforma estructural de tierras fiscales fue elaborado a lo largo de un año por el equipo técnico de la Dirección para que sea elevado al parlamento legislativo "sin acuerdo de ministros, para que exista un amplio debate de los actores sociales involucrados y que cada uno pueda aportar y enriquecer el proyecto", afirmó Álvarez Costa.
Por su lado, Aranea enfatizó que "la idea es llegar a Viedma con un fuerte reclamo en rechazo de ese proyecto, pero también reconociendo nuestros derechos territoriales".
"Es un paso muy importante que sirve para construir la unidad de las organizaciones, de las comunidades y de los referentes, porque visualiza la preocupación que existe por estas decisiones políticas", remarcó. Para Aranea el proyecto "no es nuevo", sino que "los afecta desde hace muchos años".
"En las ciudades hay muchos hermanos que están en las periferias y se quedaron sin un lugar donde vivir, producto de estas políticas de saqueos y arrebato", aseguró.
Así, la marcha comenzará el próximo jueves 20 de abril en Bariloche, donde se sumarán comunidades de El Bolsón que arribarán por la noche a la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci.
Al día siguiente continuarán hasta la localidad de Sierra Colorada, donde se encontrarán con más comunidades y continuarán su camino hacia la localidad de Valcheta, precisaron. Los organizadores tienen previsto arribar a Viedma el domingo "para realizar el reclamo frente a la Casa de Gobierno rionegrina el lunes 24", confirmó Aranea.
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Fecha de Publicación: 12/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Río Negro
El pueblo Mapuche de Río Negro marchará desde Bariloche hasta Viedma en rechazo al nuevo código de tierras.
El pueblo Mapuche de Río Negro marchará a pie desde San Carlos de Bariloche hasta Viedma entre el 20 y el 24 de abril en rechazo al proyecto del nuevo código de tierras impulsado en la legislatura provincial por el gobernador Alberto Weretilneck, informaron este domingo integrantes de la comunidad Waiwen kurruf.
Bajo el lema "Estamos vivos, por eso caminamos", las comunidades originarias rionegrinas marcharán más de 800 kilómetros "en rechazo a la profundización de las políticas que ponen en serio riesgo los espacios territoriales del pueblo Mapuche", aseguró Hugo Aranea, integrante del Consejo Asesor Indígena (CAI).
El dirigente afirmó que "el proyecto del Ejecutivo avanza en el saqueo del territorio que no sólo pertenece al pueblo Mapuche, sino a toda la sociedad".
En julio del año pasado el gobierno rionegrino presentó en la legislatura el nuevo proyecto de "Código de Tierras Fiscales", que busca "actualizar el marco normativo con previsiones modernas para adecuar las leyes a las demandas actuales y prever las herramientas para el desarrollo productivo de las próximas generaciones", afirmó en su momento el asesor legal de la Dirección de Tierras local, Enrique Álvarez Costa.
"Estamos modernizando las previsiones legales porque tenemos en vigencia leyes con más de 50 años en los ámbitos rurales y urbano", sostuvo. El funcionario aclaró que se pretende "modernizar y restringir al máximo posible el poder de discrecionalidad de los funcionarios de tierras actuales y de las próximas generaciones, para que en cualquier régimen sea necesaria una aprobación legislativa".
El prototipo de reforma estructural de tierras fiscales fue elaborado a lo largo de un año por el equipo técnico de la Dirección para que sea elevado al parlamento legislativo "sin acuerdo de ministros, para que exista un amplio debate de los actores sociales involucrados y que cada uno pueda aportar y enriquecer el proyecto", afirmó Álvarez Costa.
Por su lado, Aranea enfatizó que "la idea es llegar a Viedma con un fuerte reclamo en rechazo de ese proyecto, pero también reconociendo nuestros derechos territoriales".
"Es un paso muy importante que sirve para construir la unidad de las organizaciones, de las comunidades y de los referentes, porque visualiza la preocupación que existe por estas decisiones políticas", remarcó. Para Aranea el proyecto "no es nuevo", sino que "los afecta desde hace muchos años".
"En las ciudades hay muchos hermanos que están en las periferias y se quedaron sin un lugar donde vivir, producto de estas políticas de saqueos y arrebato", aseguró.
Así, la marcha comenzará el próximo jueves 20 de abril en Bariloche, donde se sumarán comunidades de El Bolsón que arribarán por la noche a la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci.
Al día siguiente continuarán hasta la localidad de Sierra Colorada, donde se encontrarán con más comunidades y continuarán su camino hacia la localidad de Valcheta, precisaron. Los organizadores tienen previsto arribar a Viedma el domingo "para realizar el reclamo frente a la Casa de Gobierno rionegrina el lunes 24", confirmó Aranea.
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Chubut: avanza la minería en territorios indígenas
Un emprendimiento minero avanza sobre territorios indígenas
Fecha de Publicación: 10/04/2017
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Chubut
Este día, la empresa Inversiones Mineras Argentinas (IMA) convoca a una reunión de urgencia en la sede del Centro Nacional Patagónico (CenPat – Conicet) con la participación de funcionarios de Chubut, “los investigadores anfitriones (y financiados por la misma IMA) y dos de las comunidades elegidas” para anunciar que “se retiraría del área durante los meses de invierno”. La investigadora Julieta Gómez Otero explicó: “Esto significaba que el (cerro) chenque y los demás sitios arqueológicos perdían la vigilancia del personal de la minera y existía la posibilidad de que pudieran ser saqueados”. Ante “el riesgo de destrucción, se recomendó aplicar la arqueología de rescate y proceder a la excavación y reubicación del chenque” (Darío Aranda. Argentina originaria. Genocidios, saqueos y resistencias).
La investigadora sostuvo después que ese procedimiento era una forma de “armonizar los intereses de los pueblos originarios, de la Secretaría de Cultura, de los arqueólogos y de la empresa”. Se había omitido informar que otras cinco comunidades se oponían a la medida apetecida por la minera. Las comunidades tehuelches argumentaron que “el destino de ese lugar y los elementos que allí se encuentran, que algunos llaman arqueológicos, son de nuestros antepasados y, por lo tanto, sagrados”.
El proyecto “Navidad” había fijado su interés en un predio, ubicado a 50 kilómetros de Gan Gan, donde habían detectado un importante yacimiento de plata y plomo, y para llevarlo adelante necesitaban eludir la resistencia de las comunidades, que además de quedarse sin el terreno (vital para sus actividades ganaderas) perderían también el uso de escasos reservorios de agua y se verían expuestas al uso de productos químicos de elevada toxicidad.
El yacimiento fue considerado como uno de los más grandes del mundo aún sin explotar.
Meses después de esta maniobra, el proyecto quedó en manos de la compañía canadiense Aquiline Resources. Cuyos directivos sostenían que “Los recursos minerales aumentaron un 52 por ciento y llegan a 600 millones de onzas de plata (…) Contamos con 3.500 millones de libras de plomo”. En tanto, el precio del plomo había aumentado de 0,20 dólares a 1,50.
En 2009, “el yacimiento pasó a manos de Pan American Silver, una de las grandes compañías del sector, decidida a acelerar los tiempos”
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Fecha de Publicación: 10/04/2017
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Chubut
Este día, la empresa Inversiones Mineras Argentinas (IMA) convoca a una reunión de urgencia en la sede del Centro Nacional Patagónico (CenPat – Conicet) con la participación de funcionarios de Chubut, “los investigadores anfitriones (y financiados por la misma IMA) y dos de las comunidades elegidas” para anunciar que “se retiraría del área durante los meses de invierno”. La investigadora Julieta Gómez Otero explicó: “Esto significaba que el (cerro) chenque y los demás sitios arqueológicos perdían la vigilancia del personal de la minera y existía la posibilidad de que pudieran ser saqueados”. Ante “el riesgo de destrucción, se recomendó aplicar la arqueología de rescate y proceder a la excavación y reubicación del chenque” (Darío Aranda. Argentina originaria. Genocidios, saqueos y resistencias).
La investigadora sostuvo después que ese procedimiento era una forma de “armonizar los intereses de los pueblos originarios, de la Secretaría de Cultura, de los arqueólogos y de la empresa”. Se había omitido informar que otras cinco comunidades se oponían a la medida apetecida por la minera. Las comunidades tehuelches argumentaron que “el destino de ese lugar y los elementos que allí se encuentran, que algunos llaman arqueológicos, son de nuestros antepasados y, por lo tanto, sagrados”.
El proyecto “Navidad” había fijado su interés en un predio, ubicado a 50 kilómetros de Gan Gan, donde habían detectado un importante yacimiento de plata y plomo, y para llevarlo adelante necesitaban eludir la resistencia de las comunidades, que además de quedarse sin el terreno (vital para sus actividades ganaderas) perderían también el uso de escasos reservorios de agua y se verían expuestas al uso de productos químicos de elevada toxicidad.
El yacimiento fue considerado como uno de los más grandes del mundo aún sin explotar.
Meses después de esta maniobra, el proyecto quedó en manos de la compañía canadiense Aquiline Resources. Cuyos directivos sostenían que “Los recursos minerales aumentaron un 52 por ciento y llegan a 600 millones de onzas de plata (…) Contamos con 3.500 millones de libras de plomo”. En tanto, el precio del plomo había aumentado de 0,20 dólares a 1,50.
En 2009, “el yacimiento pasó a manos de Pan American Silver, una de las grandes compañías del sector, decidida a acelerar los tiempos”
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Qom reprimidos en Rosario
Integrantes de la comunidad Qom fueron violentamente reprimidos por la Policía en Rosario
Fecha de Publicación: 06/04/2017
Fuente: Radio Mundo Real
Provincia/Región: Santa Fe
El domingo 2, a primeras horas de la mañana, agentes del Comando Radioeléctrico de la ciudad argentina de Rosario arremetieron contra cuatro jóvenes Qom que iban por la calle. Los vecinos salieron en su defensa y a todos los agredieron echándoles en cara su condición de indígenas. Varios policías ingresaron por la fuerza y sin orden de allanamiento a dos viviendas, golpearon a sus habitantes y dispararon sus armas al aire. Se llevaron a 14 personas detenidas; hay un adolescente y una chica hospitalizada. La comunidad reclama que no se trata de un hecho aislado.
Participaron cerca de 50 policías y en ningún momento explicaron los motivos de la detención. Pérez contó de la humillación sufrida y de los denigrantes insultos de los uniformados en medio de un “descontrol total” de los encargados del orden. Todavía no sabe qué ocurrió con los detenidos durante el trayecto a la seccional policial, que se demoró mucho más de lo que debería haber llevado; sólo sabe que fueron brutalmente castigados –a una chica le fracturaron la costilla- y presumen otros tipos de acoso.
Pérez relacionó este accionar con una forma de proceder de la Policía, que no sólo arremete contra las comunidades originarias. Pero hay más ribetes: “Nos están vinculando con otras causas que no tienen nada que ver”, afirmó Pérez, y especificó que la Policía está tratando de vincularlos con armas, cuando ninguno de ellos las tiene.
Como dirigente Qom, Pérez recurrirá a las herramientas legales para condenar estos hechos y apelará al diálogo con el Ministerio de Seguridad para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.
Los detenidos, 12 varones y dos mujeres, fueron liberados por la tarde del domingo. Según publica hoy el diario argentino Página 12, el fiscal Gustavo Ponce Ashad presentó una denuncia contra el médico policial, quien no dejó constancia de los golpes y heridas que sufrieron los detenidos.
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Fecha de Publicación: 06/04/2017
Fuente: Radio Mundo Real
Provincia/Región: Santa Fe
El domingo 2, a primeras horas de la mañana, agentes del Comando Radioeléctrico de la ciudad argentina de Rosario arremetieron contra cuatro jóvenes Qom que iban por la calle. Los vecinos salieron en su defensa y a todos los agredieron echándoles en cara su condición de indígenas. Varios policías ingresaron por la fuerza y sin orden de allanamiento a dos viviendas, golpearon a sus habitantes y dispararon sus armas al aire. Se llevaron a 14 personas detenidas; hay un adolescente y una chica hospitalizada. La comunidad reclama que no se trata de un hecho aislado.
Participaron cerca de 50 policías y en ningún momento explicaron los motivos de la detención. Pérez contó de la humillación sufrida y de los denigrantes insultos de los uniformados en medio de un “descontrol total” de los encargados del orden. Todavía no sabe qué ocurrió con los detenidos durante el trayecto a la seccional policial, que se demoró mucho más de lo que debería haber llevado; sólo sabe que fueron brutalmente castigados –a una chica le fracturaron la costilla- y presumen otros tipos de acoso.
Pérez relacionó este accionar con una forma de proceder de la Policía, que no sólo arremete contra las comunidades originarias. Pero hay más ribetes: “Nos están vinculando con otras causas que no tienen nada que ver”, afirmó Pérez, y especificó que la Policía está tratando de vincularlos con armas, cuando ninguno de ellos las tiene.
Como dirigente Qom, Pérez recurrirá a las herramientas legales para condenar estos hechos y apelará al diálogo con el Ministerio de Seguridad para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.
Los detenidos, 12 varones y dos mujeres, fueron liberados por la tarde del domingo. Según publica hoy el diario argentino Página 12, el fiscal Gustavo Ponce Ashad presentó una denuncia contra el médico policial, quien no dejó constancia de los golpes y heridas que sufrieron los detenidos.
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Yacimiento Loma La Lata: disputa entre Mapuches e YPF
Mapuches denuncian contaminación; YPF dice que no dejan remediar
Fecha de Publicación: 30/03/2017
Fuente: Diairo Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La comunidad kaxipayiñ llevó el reclamo a la fiscalía por contaminación con residuos peligrosos. La empresa rechazó.
Integrantes de la comunidad kaxipayiñ presentaron ayer una denuncia por contaminación con residuos peligrosos en su territorio. Lo hicieron en la fiscalía federal. Apuntaron a YPF y sus contratistas, a las que consideran responsables, al exgobernador Jorge Sapag y a quien era responsable de la cartera de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel.
En un comunicado oficial de YPF que firma Federico Califano, gerente de Asuntos Externos, la empresa dijo anoche que es la misma comunidad la que “impide el saneamiento de las situaciones ambientales dentro del yacimiento Loma La Lata”. La petrolera aclaró que “no se pudieron ejecutar las acciones necesarias” para remediar el lugar “por la oposición de algunos líderes de la comunidad, que persiguen intereses que no responden ni a los de la comunidad ni a la defensa del medio ambiente”.
“Nosotros creemos que hay suficientes pruebas. Es alarmante ya que se ha constatado desde el año 2009, en el incidente conocido como la ex fosa de quema, la existencia de metales pesados e hidrocarburos en suelo y agua y lo que llama la atención es que se trata de agua subterránea, de napas freáticas que pueden tener conexión con el río Neuquén y con el lago Barreales, lo que además se transformaría en una situación que excede el interés de la comunidad. La comunidad está defendiendo no sólo su territorio sino el interés de los centros poblados de mayor magnitud en la Patagonia norte”, aseguró el abogado Emiliano Guagliardo.
Agregó: “el único organismo de control en las áreas petroleras son las comunidades que promueven este tipo de denuncias. Sea convencional o no convencional la actividad está realizándose en un marco de descontrol y fuera de todo tipo de resguardos ambientales.”
El lonco de la comunidad, Gabriel Cherqui, dijo que ya en 1995 se decía “que los indios lo único que querían era plata. Hoy creo que tenemos la sociedad a favor de nosotros, que ya los indios no es que queremos plata sino que queremos vivir con una salud digna porque eso es lo que nos merecemos. Y no solo los mapuches, sino toda la ciudadanía de Añelo, El Chañar”.
“No es que queremos plata sino que queremos vivir con una salud digna porque eso es lo que nos merecemos. Y no sólo los mapuches”.
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Fecha de Publicación: 30/03/2017
Fuente: Diairo Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La comunidad kaxipayiñ llevó el reclamo a la fiscalía por contaminación con residuos peligrosos. La empresa rechazó.
Integrantes de la comunidad kaxipayiñ presentaron ayer una denuncia por contaminación con residuos peligrosos en su territorio. Lo hicieron en la fiscalía federal. Apuntaron a YPF y sus contratistas, a las que consideran responsables, al exgobernador Jorge Sapag y a quien era responsable de la cartera de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel.
En un comunicado oficial de YPF que firma Federico Califano, gerente de Asuntos Externos, la empresa dijo anoche que es la misma comunidad la que “impide el saneamiento de las situaciones ambientales dentro del yacimiento Loma La Lata”. La petrolera aclaró que “no se pudieron ejecutar las acciones necesarias” para remediar el lugar “por la oposición de algunos líderes de la comunidad, que persiguen intereses que no responden ni a los de la comunidad ni a la defensa del medio ambiente”.
“Nosotros creemos que hay suficientes pruebas. Es alarmante ya que se ha constatado desde el año 2009, en el incidente conocido como la ex fosa de quema, la existencia de metales pesados e hidrocarburos en suelo y agua y lo que llama la atención es que se trata de agua subterránea, de napas freáticas que pueden tener conexión con el río Neuquén y con el lago Barreales, lo que además se transformaría en una situación que excede el interés de la comunidad. La comunidad está defendiendo no sólo su territorio sino el interés de los centros poblados de mayor magnitud en la Patagonia norte”, aseguró el abogado Emiliano Guagliardo.
Agregó: “el único organismo de control en las áreas petroleras son las comunidades que promueven este tipo de denuncias. Sea convencional o no convencional la actividad está realizándose en un marco de descontrol y fuera de todo tipo de resguardos ambientales.”
El lonco de la comunidad, Gabriel Cherqui, dijo que ya en 1995 se decía “que los indios lo único que querían era plata. Hoy creo que tenemos la sociedad a favor de nosotros, que ya los indios no es que queremos plata sino que queremos vivir con una salud digna porque eso es lo que nos merecemos. Y no solo los mapuches, sino toda la ciudadanía de Añelo, El Chañar”.
“No es que queremos plata sino que queremos vivir con una salud digna porque eso es lo que nos merecemos. Y no sólo los mapuches”.
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Pueblos Originarios llegan a la capital Jujeña para reclamar
Llega a la capital jujeña la Marcha de Pueblos Originarios que partió de La Quiaca
Fecha de Publicación: 25/03/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Luego de caminar desde el 16 de este mes, partiendo desde La Quiaca bajo el lema "Por el Derecho a la vida en los Territorios", la Marcha de Pueblos Originarios llegas hoy a la capital jujeña, donde en horas del mediodía realizará un acto en Plaza Belgrano.
Wily Subelza, integrante de una de las comunidades de la Puna contó en el inicio de la protesta que se marcha "por la amenaza continua de las mineras a cielo abierto, en el caso de la Minera Chinchilla, que va a contaminar la Laguna de Pozuelos; porque nuestros líderes continuamente están siendo hostigados por la policía y la justicia, por defender a nuestro pueblo”.
Agregó además que "las políticas que lleva adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri y en la provincia Gerardo Morales, desconoce los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, que habíamos logrado que se reconocieran como el respeto de nuestros pueblos ancestrales. Los gobiernos están tratando de anular la vida de los pueblos indígenas al implementar políticas a favor de los grandes empresarios sin tenernos en cuenta”.
Las comunidades, tomarán partes este viernes de los actos por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
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Fecha de Publicación: 25/03/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Luego de caminar desde el 16 de este mes, partiendo desde La Quiaca bajo el lema "Por el Derecho a la vida en los Territorios", la Marcha de Pueblos Originarios llegas hoy a la capital jujeña, donde en horas del mediodía realizará un acto en Plaza Belgrano.
Wily Subelza, integrante de una de las comunidades de la Puna contó en el inicio de la protesta que se marcha "por la amenaza continua de las mineras a cielo abierto, en el caso de la Minera Chinchilla, que va a contaminar la Laguna de Pozuelos; porque nuestros líderes continuamente están siendo hostigados por la policía y la justicia, por defender a nuestro pueblo”.
Agregó además que "las políticas que lleva adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri y en la provincia Gerardo Morales, desconoce los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, que habíamos logrado que se reconocieran como el respeto de nuestros pueblos ancestrales. Los gobiernos están tratando de anular la vida de los pueblos indígenas al implementar políticas a favor de los grandes empresarios sin tenernos en cuenta”.
Las comunidades, tomarán partes este viernes de los actos por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
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