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Nativos siguen la lucha por el derecho sobre sus tierras



Los indígenas argentinos luchan por el derecho sobre sus tierras

Fecha de Publicación
: 08/01/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Nancy López vive en una casa de barro, madera y latón, dentro de un terreno privado dedicado a la agricultura. Forma parte de una comunidad indígena del norte argentino de 12 familias que, como casi todas, no tiene título del suelo que ocupa y vive bajo la amenaza constante del desalojo.
Viuda y con nueve hijos, la mujer escuchó relatos de tiempos mejores. “Mi papá me contaba que antes podían ir, volver y quedarse donde quisieran. No se hablaba de tierras privadas, no había soja, no había alambrados. Se sentían libres. Hoy nos dicen usurpadores”, contó a IPS.
López pertenece a los wichí, uno de los pueblos indígenas más numerosos de los 31 registrados en Argentina. Según datos oficiales, los habitantes originarios representan 2,38 por ciento de la población total de este país sudamericano de 44 millones de personas, aunque especialistas y dirigentes indígenas consideran que el porcentaje real es muy superior.
Actualmente, los indígenas argentinos luchan por conservar su forma de vida en un contexto crítico que se debe, fundamentalmente, a los conflictos territoriales.
El 92 por ciento de las comunidades no tiene título de propiedad de la tierra que habita, según un relevamiento publicado en 2017 por la Auditoría General de la Nación, organismo de control que depende del Poder Legislativo.
La dimensión del conflicto es enorme. Aproximadamente la mitad de las 1.600 comunidades originarias que existen en el país han realizado o están realizando el proceso de relevamiento de sus tierras que el Estado empezó hace más de 10 años y reclaman ocho millones y medio de hectáreas, más que la superficie de Panamá.
El telón de fondo es el patrón de discriminación que en Argentina persiste a pesar de los avances normativos, como lo percibió en 2011, durante una visita al país, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya.
“Existen todavía legados de la época de colonización y la historia de exclusión sigue siendo muy visible”, escribió el relator en su informe.
Nancy López, quien ejerce un papel de liderazgo en su comunidad, dice que los niños ya no quieren hablar la lengua wichí, porque si lo hacen los discriminan en las escuelas, en las que debe existir un auxiliar bilingüe, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006.
“Al auxiliar bilingüe lo ponen a sacar fotocopias o a hacer mandados. Apenas les traduce a los chicos cuáles son las tareas. Hay mucho racismo”, contó López, mientras los niños de la comunidad jugaban con barro bajo la lluvia.
Su comunidad, El Quebracho, es una de las decenas que se ubican cerca de Tartagal, una ciudad de 80.000 habitantes en la provincia de Salta, sobre la ruta 86, que en realidad es un precario camino de tierra y barro que conduce a la frontera paraguaya.
López explica que su comunidad se instaló hace unos seis años en el campo donde hoy vive, sin permiso del dueño, “porque esto antiguamente era monte”, que es como en Argentina se llama a las áreas rurales naturales, que no han sido afectadas por actividades productivas.
Del monte, justamente, es de donde han nutrido históricamente sus necesidades de alimento, medicina o madera para construir sus casas los wichí y otros pueblos indígenas de la zona, que son cazadores-recolectores.
Pero cada vez hay menos monte. Junto con la vecina Santiago del Estero, Salta es la provincia argentina que más deforestación sufrió en los últimos años, por la expansión de la frontera agropecuaria, empujada principalmente por la soja transgénica, que hoy ocupa más de la mitad de la superficie sembrada en el país.
“A las comunidades indígenas nos fueron corriendo (echando) de Tartagal a medida que la ciudad se fue agrandando y entonces vamos donde podemos”, explica López, quien recuerda que hace un par de años fueron desalojados en un operativo en el que participaron unos 200 policías.
“Nos quedamos viviendo al costado de la ruta unos dos meses, hasta que los policías se fueron y volvimos a entrar. No tenemos otro lugar adónde ir. Antes todo era monte. Hoy estamos acorralados por la soja”, narró.
Desde su organización como nación, en 1853,  Argentina se fijó como uno de sus objetivos primordiales excluir o asimilar a los indígenas.
De hecho, su Constitución, promulgada aquel año, exhortaba a “conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, mientras, en cambio, imponía al gobierno, en el artículo 25 aún vigente, la obligación de fomentar la inmigración europea.
La directiva sobre la población originaria estuvo activa hasta hace apenas 25 años. Solo en 1994, durante la última reforma constitucional, se la reemplazó por un artículo que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Sin embargo, según el relator Anaya, el cambio constitucional no modificó una realidad marcada por “la desposesión histórica de grandes extensiones de tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas”.
En 2006, el legislativo Congreso Nacional se hizo eco de la situación y sancionó la Ley de Comunidades Indígenas, que declaró la emergencia territorial indígena, ordenó la realización de relevamientos de los suelos ocupados ancestralmente y suspendió los desalojos, aun con sentencia judicial, por un plazo de cuatro años.
Desde entonces, sin embargo, el relevamiento ni siquiera empezó para la mitad de las comunidades, a pesar de que la ley ha sido prorrogada tres veces. Y aquellos que tienen relevamiento, en su gran mayoría tampoco tienen título de propiedad comunitaria.
Hoy en día se denuncia, además, que se siguen realizando desalojos, aunque la ley vigente los prohíbe hasta 2021.
Así, no extraña que sean territoriales la enorme mayoría de los conflictos que involucran a indígenas en Argentina, de acuerdo a Amnistía Internacional, que en 2017 difundió un estudio que detectó 225 situaciones no resueltas en todo el país.
“Algunas provincias han otorgado títulos de propiedad, pero no existen en la Argentina mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria indígena. Hace falta una ley nacional”, dijo a IPS la abogada Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esa organización no gubernamental tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de un grupo de comunidades, cuya propiedad sobre 400.000 hectáreas fue reconocida por el gobierno de la provincia de Salta en 2014.
“Sin embargo, esas comunidades aún no pueden disponer del territorio porque no tienen título de propiedad. Y todavía no consiguen que familias criollas saquen de su tierra el ganado vacuno, que destruye los recursos naturales que son fundamento de la vida indígena”, dijo Kletzel.
John Palmer, un antropólogo inglés que llegó a Salta hace más de 30 años y se casó con una indígena wichí, explicó a IPS: “Los indígenas que viven en la periferia de las ciudades son refugiados, que han sido desplazados de su lugar en el bosque, desde hace 100 años por campesinos no indígenas que llegaron con sus vacas y, en las últimas décadas, por los intereses productivistas del agro”.
“La destrucción del monte acabó con todos los recursos de su economía. Así, como muchos animales que ya no tiene qué comer, vinieron a las ciudades”, concluyó Palmer, quien vivió largos años en una comunidad rural wichí hasta que se trasladó a Tartagal con su esposa y los cinco hijos de ambos.
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El amigo de Morales, tuvo que desalambrar el Siete Colores



Camino desalambrado

Fecha de Publicación
: 29/01/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


La presión social forzó la intervención del gobierno jujeño, que ayer anunció la rehabilitación del paseo peatonal cerrado por un empresario y ex funcionario radical. Las críticas de los vecinos
A partir de la presión que generaron los propios vecinos autoconvocados y la repercusión mediática que adquirió el tema, el Gobierno de Jujuy comunicó ayer por la tarde que “el acceso peatonal al circuito del cerro de los Siete Colores, en el pueblo de Purmamarca, fue habilitado plenamente luego de una serie de reuniones entre el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y el propietario del terreno, Edgardo César Memo Vilte”. Confirmó además oficialmente que aún analizan el proyecto que presentó el artista para construir un anfiteatro natural y un área de servicios al pie del cerro. Sin embargo los vecinos rechazan que consideren al músico como el propietario de las tierras y presentaron una demanda ante el Poder Judicial al que le solicitaron una medida cautelar.
En su comunicado, el Gobierno además indicó que el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, confirmó que “el cierre del terreno se originó en la necesidad para el propietario, de hacer una limpieza profunda y juntar la basura para su retiro, lo que realizará la Comisión Municipal para que el terreno tenga liberado su acceso libre y gratuito, como siempre”.
En diálogo con PáginaI12, Martín Vilte, en nombre de los integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Purmamarca, reclamó: “El gobierno convalida el argumento de que el cercado de las tierras se debió a la necesidad de limpiar la zona. Durante todos estos años organizamos cuadrillas de vecinos que hacían la limpieza de forma desinteresada. Ahora el Ministerio de Ambiente pasa a colocar cestos en el paseo. Los vecinos no podemos dejar de ver que esto es pura y llanamente un apoyo político a quien dice ser el propietario de las tierras. Repudiamos enormemente la postura del gobierno y que mencionen a Memo Vilte como el propietario. Esas tierras no tienen dueño. En todo caso, el pueblo de Purmamarca es el dueño y va a pelear para que se sigan conservando como durante todos estos años”, aseguró.
Para Claudia González, Presidenta de la Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ), el cerro de los Siete Colores es un bien de dominio público del Estado, por tanto se encuentra fuera del tráfico jurídico. Es decir no pueden ser enajenados, embargados, subastados ni vendidos ni total ni parcialmente. Por eso resulta inaceptable que la Secretaría de Turismo asuma públicamente que Memo Vilte es el propietario, sin especificar de qué forma lo habría adquirido y cómo un bien de dominio público del Estado provincial está en manos de un ex funcionario radical”. En efecto, Edgardo “Memo” Vilte fue director general de Cultura del gobierno del intendente radical de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge hasta febrero de 2017.
Ayer por la mañana un grupo de vecinos patrocinados por la abogada Alicia Chalabe presentó un Amparo Preventivo Ambiental con Medida Cautelar ante la Cámara Civil y Comercial contra Edgardo Vilte. “La causa recayó ante la Vocalía 4, de la Sala 2 a cargo del doctor Mateo. Lo que pedimos es que se dicte una medida cautelar que impida que realice cualquier actividad, obra o proyecto sobre el cerro de los Siete Colores y zonas aledañas en virtud del articulo 14 y 240 del Código Civil que regula los derechos individuales cuando pueden afectar el ambiente o derechos de incidencia colectiva”, explicó la abogada.
Lautaro Patagua, uno de los demandantes, explicó: “Vimos la presentación de este recurso como la única instancia posible para hacer cesar el accionar de Memo Vilte. Porque pese a que aún no tiene los permisos y habilitaciones correspondientes de parte del municipio, él sigue arremetiendo como si los tuviera. En sus pedidos de habilitación él reitera que no va a utilizar máquinas, pero el otro día lo vimos hablando con otra persona viendo por donde iban a entrar las máquinas. Entonces, depende con quien hable, cambia lo que dice. Se expresa muy bien y convence, pero sus intenciones son otras”. En ese contexto aclaró: “No tenemos nada personal contra Memo Vilte. Lo que queremos es proteger el paisaje que es de un disfrute colectivo y más allá de las inquietudes personales que alguien pueda tener nosotros queremos cuidar el cerro. El alambrado se levantó porque el pueblo se puso de pie. Ahora la lucha es contra Memo, pero hay otras personas que están tramitando los papeles de los terrenos y la idea nuestra es que se apruebe a una ordenanza para proteger todo el circuito del Paseo de los Colorados y las zonas aledañas al cerro porque cualquier movimiento de tierra va a generar que se siga cayendo el cerro que de por sí es muy arcilloso y delicado”.
Patagua también aseguró: “Memo Vilte tiene programados eventos a partir del 5 al 7 de enero, por eso tanto atropello. Por eso también la necesidad de esta medida cautelar. Memo está haciendo acuerdos con empresas muy grandes, multinacionales, se comentaba Sony y MTV así que es mucho el movimiento de dinero del que se habla”. Por su parte, Vanesa Condorí, referente de la Asamblea de Autoconvocados y demandante en la causa contra Vilte señaló: “Pedimos la prevalencia del bien comunitario, del paisaje que es de todos por sobre el derecho individual y exigimos a la justicia la preservación del patrimonio cultural”.
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Increíble: impiden el acceso al Cerro de Siete Colores



Con los Siete Colores en una sola mano

Fecha de Publicación
: 27/12/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


Memo Vilte alambró el terreno ubicado en Purmamarca y anunció un emprendimiento turístico. Los vecinos protestaron y reclamaron su uso cultural colectivo. No cuenta con autorización del municipio.
De la noche a la mañana, los habitantes de Purmamarca se encontraron con parte del Cerro de Siete Colores cercado y con carteles con la leyenda “Prohibida la entrada. Propiedad Privada”. El sitio es emblema del lugar y de la provincia, pero también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los vecinos no tardaron en reaccionar. Realizaron reuniones, denuncias en redes sociales y sentadas al pie del cerro. El artista Edgardo “Memo” Vilte, responsable de colocar el alambrado, ante la exposición que cobró el tema difundió un video rechazando las críticas y terminó levantando parte del cerco. Sin embargo, anunció que funcionará en el lugar “un anfiteatro natural para que la gente de mi pueblo pueda mostrar su talento”. Los vecinos analizan distintas vías para evitar que avance el proyecto al pie del cerro que modificará un paisaje único en el mundo. Según la abogada ambientalista Alicia Chalabe debe primar el derecho colectivo sobre el individual.
“Cerraron entradas turísticas con valores paisajísticos increíbles, de gran valor natural y cultural. Uno de los accesos que bloquearon es el de un circuito que se une al Paseo de los Colorados y que es muy importante porque ahí tenemos los mojones de las comparsas que son populares”, señaló Martín Vilte, uno de los vecinos indignados con el alambrado apenas ocurrieron los hechos. El cerco también impedía llegar a la base del propio Cerro de Siete Colores. Si bien parte del alambrado ya no está, quedaron estructuras de metal al pie del cerro. Los vecinos permanecen en estado de alerta y advierten que Vilte podría volver a cercarlo.
En un video grabado por él mismo, en modo selfie, Memo hizo su descargo: “Estoy aquí, en mi casa. Esta semana hemos estado circulando en las redes porque lo hemos cerrado. Y sí, lo cerré. Y lo cerré para limpiarlo, para limpiar toda esta basura que como verán estamos sacando”. Los vecinos señalaron que lo que se ve en pantalla es apenas una montaña de hojas secas que siempre se acumulan en la zona con algunas bolsas de basura, pero señalaron que de ninguna manera es necesario alambrar y prohibir el ingreso para limpiar el terreno.
“Lo cerré porque lo compré legítimamente -continúa Memo Vilte en el video-, pero no lo compré para mí, lo compré para ponerlo a disposición y al servicio del pueblo. Por eso aquí va a funcionar un anfiteatro natural para que la gente de mi pueblo pueda mostrar su talento. Entonces este terreno, con esfuerzo propio, poniendo de mi  patrimonio, de mi amor, va a estar al servicio de todos los purmamarqueños y para todos los jujeños. Y para todo aquel que nos visita va a haber baños, para que Jujuy siga siendo la linda provincia que es pero también para que recibamos como se debe a los amigos del mundo que nos visitan. Y repito, este espacio está libre, con entrada libre y gratuita para que nos visiten todos, se van aponer tachos de basura, y se va a exigir a las comparsas que desentierren gratuitamente pero que cuiden el patrimonio”.
Las respuestas no tardaron en llegar. “Para nosotros la decisión que tomó Memo fue arbitraria. A pesar que dice que tiene los papeles, a partir que se declaró Patrimonio de la Humanidad hay pasos que hay que seguir. Cuando un terreno se va a escriturar siempre se pone un cartel en el que se informa que hay una pelea judicial, quiénes son los que van a ser adjudicatarios y eso nunca lo vimos en el cerro, nunca creímos que ese cerro tenia dueño”, explicó Vanesa Condorí, una de las referentes de la Asamblea de Vecinos a PáginaI12.
Para Chalabe, especialista en derecho ambiental, “Vilte busca discutir cuestiones posesorias, del derecho de propiedad. Sin embargo un derecho colectivo como el paisaje es patrimonio de todos. Alguien individualmente no puede apropiarse de algo que es colectivo. Puede tener la propiedad, pero no puede poner un alambrado ni construir unilateralmente un anfiteatro. El nuevo Código Civil establece cuál es el límite cuando se trata de un bien público y colectivo”. El artículo 240 del Código establece que los derechos individuales no deben afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Para la abogada, el paisaje es un bien que forma parte del patrimonio cultural que no puede ser apropiado individualmente.
En 2003 la UNESCO declaró a la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad. A través de la Ley 5206 se designó toda la extensión de la Quebrada como Paisaje Protegido. En ese marco se dictó el decreto 789 en marzo de 2004 que reglamenta la ley. En esa normativa se establece que cualquier proyecto, incluso en una vivienda particular, debe ser analizado por la autoridad de aplicación con participación del Municipio involucrado.
Inés Pemberton, responsable de la Unidad de Gestión de la Quebrada de Humahuaca que depende del Gobierno de la Provincia, señaló a este diario que hace no más de un mes Vilte presentó el proyecto y que lo están analizando con la directora de Patrimonio, la arquitecta Valentina Millón. También, aseguró, el artista presentó un estudio de impacto ambiental que fue derivado al Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, el comisionado de Purmamarca, Oscar Tolaba, dijo que a pesar que Vilte prometió llevar los papeles a la Comisión Municipal hasta la fecha no lo hizo.
“Cuando nos habla de un anfiteatro natural, libre y gratuito nosotros nos encontramos con una contradicción, porque ahí hay un cartel, con rejas, con púa que dice prohibido pasar, propiedad privada. Cuando nos comentó su proyecto, propuso a los vecinos poner el gas natural para todos. Nosotros le dijimos que el costo de ceder el cerro para ese proyecto era muy grande y todos, éramos más de 60, le dijimos que no. Interpretamos que las intenciones no eran buenas, porque cuando la limosna es grande la verdad uno desconfía”, explicó Condorí. En el mismo sentido Laura Vilte, tía de Memo, dijo: “No le creo. Él no va a invertir si no puede sacar rédito. No le creo lo de la gratuidad”.
“Él plantea hacer un proyecto cultural. En  Purmamarca hay un montón de movimientos culturales que podía apoyar, no necesitamos que haga este proyecto para reivindicar la cultura. La cultura la reivindicamos todos los días nosotros estando acá, trabajando con los recursos naturales”, dijeron.
Sin embargo lo que más rechazo generó es el lugar que eligió para realizar el proyecto, en la base del cerro. “A nosotros nos dijo que el anfiteatro iba a ser al aire libre, después nos informan que va a tener un restaurante, un bar, que va a haber baños. Entonces estamos hablando de una modificación al paisaje al pie del Cerro de los Siete Colores. Y tampoco es cierto que vaya a ser público, porque él va a poner los horarios, vamos a tener que preguntarle si podemos o no pasar, él va a poner sus condiciones entonces desde ese momento deja de ser público y gratuito”, reclamaron.
Por último, pusieron en duda el estudio de impacto ambiental que según la Unidad de Patrimonio, presentó Vilte. “Un estudio ambiental lleva varios meses y no vimos a nadie trabajando en la zona. Para hacer el proyecto que impulsa tiene que entrar máquinas. El cerro es hueco. Al haber un movimiento de este tipo, el impacto va a ser enorme. Además él pretende hacer un evento todos los días durante enero, febrero y marzo. Cuando nos opusimos a su propuesta nos dijo que le diéramos tres meses y que si no nos gusta lo deja. Y nosotros le volvimos a repetir que no. Ellos son terratenientes de la zona, tienen posibilidades de hacerlo en otro lugar, en el pueblo, pero no en la base del cerro”, explicó Condorí. Y agregó:  “Acá en Purmamarca hay bandas de sikuris, los jóvenes se sienten orgullosos de su raíces y nos viene a plantear que la gente ya se olvidó de eso. Nosotros cada vez nos aferramos más a nuestras raíces que a la plata que se pueda generar”.
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Campesino quemado: Corvalán asesinado




Murió el campesino quemado

Fecha de Publicación
: 25/10/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero


Reyes Corvalán había sufrido quemaduras e impactos de bala de goma cuando diez días antes fuera desalojado violentamente de su lote en Santiago del Estero. Agonizaba desde entonces en terapia intensiva. Ayer falleció.
Héctor Reyes Corvalán, el hombre que había sufrido quemaduras e impactos de bala de goma cuando un grupo de más diez policías al mando de un oficial de Justicia lo desalojó violentamente de su lote en Santiago del Estero, murió ayer por la tarde como consecuencia de las heridas sufridas. Reyes estaba internado en terapia intensiva en Tucumán y falleció tras diez días de agonía.
El desalojo de Reyes Corvalán se enmarcó en las acciones de terratenientes contra pequeños campesinos que son moneda corriente en Santiago del Estero. El hecho que terminó con la muerte del hombre ocurrió a 260 kilómetros de la capital provincial, en el paraje de Sucho Sampa, en el departamento Pellegrini. Reyes Corvalán vivía en un pequeño lote. Hasta allí llegaron el pasado viernes 12 de octubre más diez policías y un oficial de Justicia para desalojarlo. La orden fue impartida por la jueza María Cecilia Paskevicius, quien ya había dictado medidas similares contra los campesinos en la provincia.
En el desalojo se registraron destrozos en la propiedad de Reyes Corvalán, quien recibió disparos de postas de goma y sufrió gravísimas quemaduras. Además, mataron a sus perros y desaparecieron unas 200 cabezas de ganado. Nacido en el mismo paraje Suncho Pampa, Reyes Corvalán tenía 56 años.
“Eran como las 10 de la mañana y apareció Quesada, con la policía y un oficial de justicia con una orden de desalojo trucha, porque ya la apelamos y se aceptó la apelación, así que quedó sin efecto. El terrateniente Quesada es el mismo que el año pasado quiso desalojarnos, también a lo bruto”, relató entonces a PáginaI12 María Rosa Frías, la mujer de Corvalán. También contó que “esta gente hace siempre lo mismo, son bandas armadas. Ahora fue calcado del año pasado. Llegaron en dos camionetas y dos patrulleros. Mi marido estaba en el portón, con los animales. Como no se quiso ir cuando le mostraron la orden trucha, le dispararon con balas de goma y le prendieron fuego”.
Néstor Quesada, a quien señaló la mujer, es un empresario cordobés dedicado al cultivo de la soja que en agosto de 2012 pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. Los intentos de desalojo fueron rechazados por las familias que habitan en el lugar e integran la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, formada por curas de la Opción por los Pobres.
La violencia ejercida durante el desalojo de Reyes Corvalán tiene antecedentes. Durante los últimos años hubo amenazas con armas de fuego, incendios y matanzas de animales y varios intentos de desalojo. En casi todos fueron procedimientos violentos que terminaron detenidos en diversos estrados judiciales.
“La violencia estructural que concentra casi el 75 por ciento de tierras cultivables en sólo el 15 por ciento de empresarios del agronegocio, sigue poniendo en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas”, remarcaron desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) tras el desalojo de Reyes Corvalán.
El Mocase responsabilizó por el hecho al empresario Quesada, quien estuvo presente en el desalojo; al oficial de Justicia Luis Scillia y a los policías que participaron del desalojo, a quienes identificó en un comunicado: “el oficial inspector José Francisco Corvalán, el oficial ayudante Leonel Moreno, el cabo primero Roberto Corvalán, División de Prevención de Nueva Esperanza, el agente Roldán y otros, en total de diez (10) policías aproximadamente”. La organización pidió la detención de todos los responsables y denunció “los modos de actuación de las fuerzas públicas siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas”, además de reclamar la separación de la jueza Paskevicius.
A pesar de las heridas que le provocaron en el violento desalojo, los policías llevaron a Reyes Corvalán a la comisaría y para su traslado en ambulancia a un hospital aguardaron que la jueza definiera si estaba detenido o no. Con el 45 por ciento de su cuerpo quemado y las vías aéreas afectadas, el hombre fue trasladado a un hospital de Tucumán y finalmente falleció ayer.
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Casi un 6% del territorio nacional en manos extranjeras



Estadounidenses, italianos y españoles: los inversores extranjeros con más tierras en el país

Fecha de Publicación
: 14/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Son casi tres millones de hectáreas o, por ofrecer una equivalencia, 24 veces la superficie total de Nueva York, con sus cinco condados. Esa es la extensión de tierra argentina que está en manos de estadounidenses, la nacionalidad extranjera con más propiedad rural en el país. El podio se completa con los italianos, que controlan 2,1 millones de hectáreas locales -casi la superficie total de Sicilia- y los españoles, dueños de casi 1,8 millones de hectáreas, más de dos veces la extensión de la Comunidad de Madrid.
La Argentina tiene 266.711.077 hectáreas de tierras rurales con posibilidad de explotación agropecuaria, ganadera, vitivinícola o minera. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), un 5,57% de ese territorio rural argentino hoy está en manos de extranjeros. Son 12.520.826 hectáreas, equivalentes, por ejemplo, a casi la mitad de la provincia de Misiones o a 622 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los terratenientes de la Argentina hay grandes empresarios extranjeros como Joseph Lewis, pero también conocidas figuras locales, como Marcelo Tinelli y Huberto Roviralta o astros del deporte como Gabriel Batistuta y Emanuel Ginóbili. En otros casos, hay grandes extensiones en manos de gigantes internacionales como Glencore o el Grupo Benetton (a través de Compañía Tierras del Sud).
Otros propietarios de la tierra argentina, en cambio, son ignotos. Sus nombres se ocultan detrás de sociedades offshore, empresas de papel que muchas veces le otorgan el beneficio del anonimato a sus verdaderos dueños. En el país, según un pedido de información pública cursado por Chequeado y LA NACION al RNTR, casi 2 millones de hectáreas están en manos de firmas radicadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Es más que la suma de las superficies de Liechtenstein, Bahamas, Islas Caimán, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, cinco de los más afamados enclaves offshore.
La conviviencia no se da sin tensiones: en el último año recrudecieron los conflictos terriotoriales reclamos de comunidades indígenas, pero también por potenciales problemas ambientales y económicos.
En Villa Mascardi, un grupo mapuche irrumpió de forma violenta para reclamar cinco hectáreas en un predio que está a nombre de la familia estadounidense Grehan, en un conflicto que quebró la paz del lugar. Hacia el sur, por la ruta 40, un grupo de vecinos realizó el año pasado la marcha por la "soberanía al Lago Escondido" para reclamar por senderos públicos dentro del predio que pertenece a Lewis. A escasos kilómetros, en Chubut, murió Santiago Maldonado . El joven estaba allí en apoyo a la causa mapuche, que reclama tierras dentro de la estancia Leleque, de los empresarios italianos de Benetton.

La ley
La cantidad y la calidad de territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras quedó regulada por la Ley 26.737, que estipuló el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Fue sancionada en diciembre de 2011 e impulsada por el kirchnerismo, que actuó convencido de que se debía frenar la extranjerización. Esa norma introdujo fuertes restricciones para la venta de campos y estableció, entre otros puntos, un límite de mil hectáreas a un titular foráneo en la denominada zona agrícola núcleo argentina (que está ubicada en las regiones fértiles del norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba), o las equivalencias de cada provincia.
La ley fija topes. Las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Una nacionalidad, a su vez, no puede superar el 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país.
La normativa no afectó los derechos adquiridos. Si una empresa o una persona extranjera poseía tierras por fuera de los límites impuestos por la Ley 26.737, el Estado argentino no podía retrotraer la situación. Así, hoy hay más de 40 distritos en "offside", que superaban los límites que luego impuso la ley, de acuerdo con documentos públicos.
Las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas. Se trata de San Carlos, un área declarada "lugar histórico nacional" en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado) y el departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización). Siguen en el ránking General Lamadrid, en La Rioja (con el 57% de extranjerización); la localidad de Lácar, en Neuquén (53%); San Miguel, en Corrientes (50,8%) y Campana, en Buenos Aires, con el 50,7% de su superficie en manos de foráneos.
Hay, en tanto, 5.900 registros de tierras extranjeras de los que se desconoce la nacionalidad, correspondientes a 2.230.610 hectáreas. De ellas, 890.000 están en Santa Cruz, 234.00 están en Chaco, 159.000 en Chubut y 136.000 en La Pampa.

Cambio de época
La gestión de Mauricio Macri viró su enfoque a la hora de regular la extranjerización de la tierra argentina, convencido de que era necesario "abrir las tranqueras" para fomentar la inversión. El Presidente recibió uno de los primeros cuestionamientos públicos cuando se embarcó en el helicóptero del magnate Lewis, dueño de una propiedad de casi 12 mil hectáreas en el Lago Escondido, en Río Negro.
La figura de este empresario genera diversas resistencias en el sur: numerosas ONG exigieron al gobierno provincial que garantice el acceso a la costa del Lago Escondido a través del sendero Tacuifi, unos 14 kilómetros de camino vehicular desde la ruta nacional 40, que está bloqueado por las instalaciones de All About Kids, la iniciativa de Lewis para las escuelas de la zona.
Con el decreto 820, firmado por Macri el 29 de junio de 2016, Cambiemos dispuso que algunas restricciones de la llamada "ley de tierras" quedaran en desuso o especificó su aplicación.
En este sentido, a diferencia de lo que ocurría antes, dio mayor libertad a la venta y recompra. Por ejemplo, si durante el kirchnerismo un extranjero tenía 1.500 hectáreas en la zona núcleo (superaba el tope de mil) quería venderlas y comprar la misma cantidad, no podía, porque comenzaba a correr la restricción. Macri, con su decreto, comenzó a proteger no sólo los derechos adquiridos sino también los derechos en expectativa: el extranjero puede recomprar la misma cantidad de tierras (o sus equivalencias), lo que estimula el mercado inmobiliario rural.
Entre enero de 2016 y septiembre de 2017, el Registro Nacional de Tierras Rurales entregó 172 certificados de habilitación a nuevos propietarios de extranjeros, según la respuesta al pedido de acceso a la información pública presentado por Chequeado y LA NACION.
Mendoza es la provincia donde se entregaron mayor cantidad de certificados a extranjeros: 75 por 11.784 hectáreas, en su mayoría para viñedos. Estadounidenses, canadienses, brasileños y chilenos invirtieron en los últimos dos años en la actividad vitivinícola mendocina. Un ejemplo de estas nuevas inversiones es The Vines of Mendoza, un emprendimiento fundado por el estadounidense Michael Evans que propone la reventa de parcelas a más de 135 amantes del vino para que puedan tener su propio viñedo personalizado. Allí se alojó Macri en julio de 2017 tras la cumbre del Mercosur.
La gestión actual, en tanto, ajustó algunos términos de la fórmula para contabilizar los campos en manos de foráneos. Si se analiza la variación de las tierras en manos de extranjeros a partir de la asunción de Cambiemos y se comparan los registros de febrero de 2016 con los de febrero de 2018 (primero y último dato oficial disponible), se observa que 12 provincias redujeron la cantidad de tierras en manos de foráneos: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza Misiones, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. Otras siete aumentaron la extranjerización: Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y Tucuman. Y cuatro provincias se mantuvieron estables (Chaco, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego).
Según explicaron desde el RNTR, las bajas en los porcentajes de extranjerización se debieron a que esta gestión estableció que "había nacionales o residentes considerados por error como extranjeros", sociedades constituidas en el extranjero "pero integradas en un 100% por nacionales", empresas que se vendieron a nacionales y tierras que fueron recategorizadas como "parcela industrial".
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Neuquén: Mapuches denuncian desmontes

Mapuches toman tierras en Villa La Angostura y denuncian desmontes

Fecha de Publicación
: 20/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Neuquén


Integrantes de la comunidad mapuche Paicil Atriao de Villa La Angostura tomaron este fin de semana tierras privadas -de las que el basquetbolista Emanuel Ginóbili es uno de sus propietarios- para denunciar tareas de desmonte en el emplazamiento de un loteo, en un sector considerado como “bosque intangible” por la legislación nacional.
La Policía de Neuquén desplegó un operativo para evitar que se consolide la “usurpación”.
Se trata de un loteo de 22 parcelas en 87 hectáreas en la costa del lago Correntoso. Allí, según la denuncia de los mapuches, los propietarios comenzaron a trazar una calle de acceso, “volteando gran cantidad de árboles y arrasando con toda una biodiversidad de alto valor de conservación”.
La denuncia precisó que el camino preve atravesar el bosque intangible a lo largo de 2.700 metros y que ya avanzó 900 metros.
“Este territorio ancestral está siendo fuertemente castigado de forma indiscriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores”, señaló la comunidad. Agregó que el sector está categorizado como “Área Roja” por la Ley Nacional de Bosques, lo que le da un máximo nivel de conservación. También se quejaron de la instalación de “amarras para embarcaciones” en el lago Correntoso, “violando todo tipo de normativa”.
Puntualizaron que el sector es “un lugar importante para la actividad ganadera” a través de varias generaciones, “así como de prácticas medicinales y culturales, con hierbas únicas no encontradas en otros lados, utilizados por nuestros machis (guías médicos y espirituales)”.
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Invisibilización de la cuestión indígena

“La cuestión indígena ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada”  

Fecha de Publicación
: 01/12/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


“Desde el sistema público de salud, más que contener a la persona, lo que hay es un rechazo, una discriminación más de las que se viven en forma cotidiana”, sintetiza Lorenzetti para referirse a la atención de salud a pueblos originarios.
De acuerdo con el mapa elaborado en 2013 por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), en la Argentina existen treinta y nueve pueblos indígenas distribuidos en las distintas provincias del país. Luego del genocidio acontecido durante la Conquista española, la consolidación del Estado-nación en el siglo XIX se llevó a cabo, entre otras acciones, mediante diferentes conquistas territoriales que incluían el exterminio o el control de la población indígena. Desde entonces, la cuestión indígena estuvo atravesada por políticas que procuraron incidir en la vida de este colectivo a través del despliegue o retracción del Estado, como la atención médica y los programas sanitarios. De la actualidad de estas cuestiones trata La salud pública y los pueblos indígenas en la Argentina. Encuentros, tensiones e interculturalidad (Ed. Unsam), un libro editado recientemente por la antropóloga Mariana Lorenzetti, junto a su colega Silvia Hirsch.
Lorenzetti emigró desde Buenos Aires hace dos años para instalarse en Puerto Iguazú, donde trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT). Allí se dedica a la investigación en el proceso de salud-enfermedad-atención de poblaciones indígenas junto a biólogos, veterinarios, biotecnólogos y genetistas.

–Las investigaciones sobre poblaciones indígenas marcan la antropología desde sus orígenes, cuando este conocimiento estaba muy ligado a proyectos colonialistas. ¿De qué manera se posiciona hoy como antropóloga frente a las poblaciones indígenas de Argentina?
–Se ha tratado de hacer una revisión crítica a esos comienzos de la antropología y a ese tipo de propuesta de trabajo. En base a esas discusiones y debates de la misma disciplina, lo que se busca o se propone es hacer un trabajo con las comunidades indígenas. Que la investigación esté ligada también a las inquietudes y los procesos que están haciendo las mismas comunidades en relación a lo que es defender y poder dar efectividad a sus derechos. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que parece muy importante es pensar que las personas con las cuales estamos trabajando son nuestros interlocutores, hay un ida y vuelta, uno va acumulando sus inquietudes en función de esa permanencia, de ese estar y poder entender ese otro punto de vista. Y la perspectiva de ellos, en este sentido, es fundamental. Cuando uno se acerca con un proyecto, el proyecto siempre está sujeto a revisiones, al vínculo que se establece con el otro, y en función de ese vínculo se va construyendo el camino de poder hacer cosas de manera conjunta. Es un trabajo conjunto y se trata de poder dar visibilidad a ciertas temáticas que quizás no están en la agenda pública. El proceso que han dado los movimientos indígenas hace que hoy estén en otra situación.

–¿Cómo es la relación que se fue dando en la historia de Argentina entre la salud pública y los pueblos indígenas?
–Es importante poder historiar ese vínculo para entender cuál es el carácter que hoy asumen los programas dirigidos a la población indígena, sobre todo porque la cuestión indígena en Argentina ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada. En un primer momento, post Conquista del Desierto, dada la campaña que inició (Julio Argentino) Roca hacia la Patagonia (en 1879), o (Benjamín) Victorica hacia el norte (en 1884, en lo que se conoce como “la conquista del Chaco”), lo que fueron las incursiones militares, la apropiación del territorio, tuvo un gran impacto. A fines del siglo XIX y sobre todo las primeras décadas del siglo XX, con una fuerte impronta del higienismo, la población indígena en sí misma no era vista como objeto–sujeto de interpelación, se intervenía en casos de brotes, de epidemia. Entonces, las actividades que se hacían, como las vacunaciones, no eran tanto porque interesara la población indígena en sí misma, sino como un medio de defensa, porque representaba un peligro en términos de salud para el resto de la población, criolla o blanca. Después, quienes tuvieron un papel importante en relación a lo que fueron las primeras postas de salud, o las primeras atenciones, fueron los misioneros, que llevaron algún médico o una enfermera dentro de las misiones. Ese acercamiento desde la biomedicina era como una actividad más en sus actividades de evangelización, era como un medio de “alcanzarles” lo que en ese momento se consideraba el progreso y la civilización a estas poblaciones. Y al mismo tiempo, creo que el acercamiento de esos servicios de salud fue lo que legitimó su propia tarea de evangelización. Por otra parte, aquellos dirigentes indígenas que habían sobrevivido a las campañas militares eran convertidos en mano de obra barata para los ingenios azucareros, para las fincas, para los obrajes madereros, en condiciones tan deplorables y de tanta explotación que, de alguna manera, las misiones se convirtieron en un espacio de refugio para las propias comunidades.

–Y este esquema se mantiene más o menos hasta la década del cuarenta y cambia con el primer peronismo, ¿verdad?
–Sí, en la década del 40 hay un cambio en el sentido de que empieza a fortalecerse un sistema público de salud con un claro tinte de corte sanitarista. La posibilidad de ampliar la cobertura de salud a las zonas rurales implicó también un nuevo acercamiento, y una nueva posibilidad de acceso a servicios y atención médica que hasta ese momento no llegaba de ningún modo. Luego, en la década del 70 se plantea la cuestión de la Atención Primaria de la Salud (APS), reforzar esto de que alcance a zonas rurales, esta idea de empezar a trabajar la salud comunitaria de manera que reduzca la práctica misma asistencial, para trabajar en otra dirección que tenía que ver con fortalecer la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades. Esto a nivel programático, eran como directrices, después lo que sucedió en cada contexto fue distinto.

–Por eso en la década del 80 hay un fuerte cuestionamiento a todo lo que se planteaba como Atención Primaria de la Salud y sobre todo en relación a poblaciones precarizadas, como podían ser las comunidades indígenas. El sanitarista Mario Testa escribe en esa época un texto en donde se pregunta si se trata de Atención primaria o Atención primitiva de la salud.
–Claro, justamente, planteaba que administrar esos mínimos recursos no resolvía la cuestión si no se encaraba el problema de tipo estructural, además se cuestionaba si esta atención no era también una práctica para responsabilizar a las propias personas de su situación de salud. Porque este supuesto enfoque comunitario terminó siendo un enfoque bastante individualizador, o solamente focalizado con la familia, pero no trabajando sobre esas condiciones estructurales que hacen a la salud y a los desencadenantes en relación a las enfermedades. El tema de la atención podía verse como ir tapando baches, pero que no terminaba de resolver la cuestión de fondo. Entonces, en la década del 80 fue uno de los nudos de discusión, uno de los tópicos a partir de los cuales empezó la necesidad de revisar. Pero creo que lo de la Atención Primaria de la Salud tuvo una cuestión que es importante rescatar, que era la posibilidad de aprender los procesos de salud–enfermedad–atención in situ, en terreno. Me parece que justamente a partir de ese trabajo en terreno se pudo empezar a discutir desde el sistema público de salud qué es lo que se está problematizando, cómo se está problematizando, de qué cosas se discute y de qué cosas no se discute. En ese sentido creo que la línea de la Atención Primaria de la Salud empezó a ser como el emergente de un montón de cuestiones que quizás ni se planteaban, ni se advertían, estaban silenciadas.

–Para analizar la relación entre salud pública y pueblos indígenas, usted trabaja con el concepto de salud intercultural. ¿Me puede explicar de qué se trata?
–Lo que resulta interesante para trabajar es ver cuáles son las paradojas que acarrea el paradigma intercultural en tanto modalidad constructora de las diferencias, teniendo presente de qué modo las atribuciones y los sentidos otorgados a las diferencias no pueden analizarse por fuera de los usos sociales que los distintos actores implicados van construyendo dentro de un espacio determinado y en función de esas trabas sociales que se van construyendo. Entonces, la interculturalidad toma cuerpo, textura, a partir justamente de los sentidos que los mismos actores y los programas socio–sanitarios le van a dar. No hay una interculturalidad por fuera del hacer de los actores sociales, de los sujetos, de los profesionales, de los antropólogos. Me parece que lo rico es poder ver qué es lo que se piensa y qué se hace en nombre de la interculturalidad. Por ejemplo, la incorporación dentro de la salud pública del enfoque intercultural dio la posibilidad de ver cómo las políticas de reconocimiento indígena se expresan en el campo sanitario, y cómo las diferencias son tratadas, concebidas, dentro del campo de la salud. A mí me parece que lo más rico es que no se trata de dar una definición de interculturalidad, sino de poder ver que la interculturalidad es un proceso en construcción en donde hay momentos de tensión y hay momentos de consenso. En todo caso, me parece que el desafío es desnaturalizar ciertas cosas, deconstruir ciertos presupuestos, y ver justamente en qué términos se aborda el trabajo con el otro.

–En el caso de los pueblos indígenas, pareciera que siempre son ellos el “otro” cultural…
–Claro, por eso me parece importante remarcar que la interculturalidad no es algo unidireccional en donde es el “otro” el culturalmente distinto. Porque hay muy poco ejercicio de revisión de los propios marcos culturales, de las propias prácticas culturales, es como un proceso de demarcación, es el “otro” el que tiene cultura, pero no hay una revisión de nuestras propias prácticas culturales como académicos o profesionales de la salud, por ejemplo. Eso nos encierra, nos encapsula, perdemos la posibilidad de poder generar un intercambio. Las personas con las cuales se trabaja son muy valiosas, tenemos que poder empezar a respetar las formas organizativas indígenas, a entender que hay múltiples miradas y perspectivas de los procesos de salud-enfermedad-atención. Creo que es fundamental que el enfoque intercultural reconozca y trabaje sobre las asimetrías, sobre esas condiciones institucionales que restringen o limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto, con identidad y con capacidad de actuar, que dejemos de subestimarlos.

–Y en esta situación en la que hay evidentes asimetrías y predomina un modelo biomédico que excluye el saber del paciente o que rápidamente medicaliza sus problemas, ¿qué lectura hace de la situación de las mujeres indígenas de Susques, en la Puna jujeña, en la que el parto hospitalario va ganando lugar en detrimento del parto domiciliario, que es el tradicional en esa comunidad?
–Una de las cuestiones para mí fundamentales del trabajo de Raquel Drovetta (que es el que investiga este caso: “Intervenciones de la salud pública en los procesos reproductivos de mujeres indígenas de la Puna argentina”, en Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina) es esta disyuntiva, y qué posibilidades hay de que, por ejemplo, este parto hospitalario pueda incluirse en la posibilidad de las mujeres a decidir cómo parir, con quiénes estar acompañadas, y que no es un hecho individual de la mujer, sino que es un hecho que tiene una significación comunitaria, colectiva, importante. Ahí se ven las desigualdades, porque hoy hay una tendencia, para determinados grupos sociales, de promover el parto domiciliario, el parto con cuidado, con la posibilidad de que si el parto se complica habrá un centro de salud o un hospital cerca al que recurrir. Y ahí las opciones están. Pero ¿qué pasa cuando las poblaciones indígenas en las condiciones en las cuales se encuentran deciden parir en sus hogares? Para las comunidades indígenas eso todavía está denegado, no existe. Porque el parto hospitalario, en las actuales condiciones, reduce la morbi-mortalidad materno-infantil, porque quizás en la situación en la cual se encuentran hoy por hoy las comunidades, los partos domiciliarios pueden ser riesgosos. Entonces, para algunos sectores el parto domiciliario, cuidado, es posible, y en las comunidades esa posibilidad no existe, porque el parto domiciliario termina siendo más riesgoso.

–Es que finalmente el tema de la salud parece no dirimirse en el terreno cultural sino más bien en el político y social…
–Es que cuando los pueblos indígenas están discutiendo cuestiones de salud, están hablando de reconocimiento territorial, de deterioro ambiental, del avasallamiento de sus derechos y de no poder decidir en lo que tiene que ver con políticas indigenistas, por ejemplo. La salud es como un barómetro, muy indicativo de las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Entonces, me parece que la salud, en ese sentido, es como la puerta de entrada para trabajar un montón de cosas: las relaciones con el entorno, con el territorio, los vínculos interétnicos entre indígenas y no indígenas, la articulación entre saberes y prácticas, o cómo es el proceso de salud–enfermedad–atención. Esos creo que son temas que necesariamente se tienen que instalar en la agenda pública, que tiene que ver , por ejemplo, con cómo es el currículo de los profesionales de la salud, de esos médicos, esos enfermeros, que quizás no cuentan con las herramientas para poder trabajar en estos contextos interétnicos.

¿Por qué Mariana Lorenzetti?

Discriminación y salud
Mariana Lorenzetti es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Desde hace dos años vive en Puerto Iguazú, en la en la zona misionera de la Triple Frontera. Allí trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, creado en 2009 con el fin de realizar investigaciones y acciones para el control y prevención de enfermedades que se desarrollan en climas cálidos tales como Chagas, Leishmaniasis, Paludismo y Dengue.
Desde hace más de una década Lorenzetti está abocada a investigar los procesos de salud-enfermedad-atención de las comunidades indígenas, sobre toda las del norte de Argentina. Ha publicado artículos científicos sobre la temática, y recientemente ha editado el libro Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina: encuentros, tensiones e interculturalidad, junto a Silvia Hirsch (UNSaM edita). “El libro no está pensado necesariamente para lectores que estén formados dentro del campo antropológico, lo que nos interesa es poder llegar a otros profesionales formados en otras disciplinas, con otras trayectorias, pero que sin embargo trabajan en el sistema público de salud o que puedan llegar a estar interesados en la temática”, señala la autora.
Lorenzetti fue una de las organizadoras de las Segundas Jornadas en Ciencias Sociales y Salud “Dinámicas sociales, geopolítica y salud en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)”, que se realizó recientemente en el INMeT. El encuentro tuvo como objetivo reunir a profesionales de distintos campos disciplinarios que desarrollan sus tareas de investigación en los “espacios de frontera”, particularmente en la Triple Frontera. Durante las jornadas se desarrollaron aportes que vinculan la salud a políticas sanitarias, movilidades sociales, transformación y gestión ambiental, urbanización, procesos de trabajo, condiciones de vida de diferentes grupos poblacionales, movimientos sociales y grupos identitarios, prácticas normativas y reivindicaciones de salud, y las relaciones entre lo local y lo regional.
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Se profundiza la represión al Pueblo Mapuche



Se profundiza la represión al Pueblo Mapuche: un muerto y varios heridos en Río Negro

Fecha de Publicación
: 30/11/2017
Fuente: Red Nacional de Acción Ecologista
Provincia/Región: Río Negro


Desde la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) repudiamos el asesinato de Rafael Nahuel, mapuche abatido por las fuerzas del Estado Argentino durante la represión del sábado 25 de noviembre en la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Lago Mascardi, departamento de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
En el marco del mega operativo desplegado por el Estado Nacional, con 300 efectivos de tres fuerzas y un helicóptero, se detuvieron y encarcelaron a cinco mujeres y a cuatro niños de 1, 2 y 10 años. Dispararon con balas de goma y de plomo y además de una víctima fatal, hubo varios heridos.
Sabemos que no se trata de un caso aislado, ya que el Pueblo Mapuche está en proceso de recuperación de su cultura y territorio ancestral y el Estado en vez de buscar soluciones pacíficas, como muchos estados latinoamericanos que se declararon Estados Plurinacionales, responde con represión ante lo que ve como una amenaza a la propiedad privada.
Desde la RENACE apuntamos a construir una sociedad saludable y consideramos que no es posible construir la paz promoviendo un genocidio sostenido e invisibilizado a los pueblos originarios.
Continuamos en estado de alerta para demandar y exigir al Gobierno Argentino, el cese de estas políticas represivas que afectan sistemáticamente a nuestros hermanos mapuches, que defienden las tierras del saqueo de las multinacionales.
Exigimos justicia y convocamos a todos y todas a denunciar estos hechos.
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Fiscal de Estado va contra el dueño de Manaos



Pedirán sanciones y expulsión del empresario que provocó desmontes de 19 mil hectáreas

Fecha de Publicación
: 09/10/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero


El fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, encabezó nuevamente un operativo con representantes de demás organismos en las localidades de Colonia Árbol Blanco (Moreno) y Colonia Lote 19 (Alberdi). revisión de las hectáreas, donde se encontraron usurpaciones y desmontes ilegales.
En la zona, se recopiló información para tomar las acciones y sanciones pertinentes, ya que estos terrenos pertenecen al Gobierno de Santiago del Estero.
En el marco de una serie de operativos que realiza constantemente Fiscalía de Estado de la provincia, Abate estuvo acompañado por la directora de Tierras, Dra. Mónica González Bernal; el director de Bosques, Ing. Víctor Rosales, la directora general de Control y Fiscalización ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Isabel Brandán, el director de Rentas, CR. Luis Fiad, abogados de Fiscalía de Estado, entre ellos; Dra. Andrea Achari, Dr. René Alderete, Dr. José Bonacina, escribanas de gobierno y Policía de la provincia.
"Hemos logrado constatar prácticamente 19.000 hectáreas en las cuales se encuentran casi 32 lotes que la provincia tenía adjudicada a colonos. Lo que la provincia quiere es recuperar estas tierras, con el fin de darles el destino que deberían tener, que no es formar estancias y rescindir la flora provincial, sino que el destino es el que le da la ley de colonización, por lo tanto estamos recabando todo tipo de datos para realizar las acciones legales", resaltó Abate.
Sobre el actual operativo comparado al realizado a fines de septiembre, dijo: "Anteriormente habíamos encontrado grandes rastrojos de soja y maíz en grandes cantidades en una zona, donde este tipo de producción agrícola no está permitida porque se trata de una colonia que tiene otro tipo de fines. Vamos a diferenciar aquellas áreas donde la titularidad dominial sea privada, lo hará directamente Rentas de la provincia. Mientras tanto, se van a tomar las medidas correspondientes, entre ellas la elevación de actas de infracción, y lo que respecta a nuestra tarea será solicitar el inmediato desalojo o expulsión de este empresario".
Cabe resaltar que dichas tierras usurpadas, fueron adjudicadas al empresario Orlando Canido y que estaría asociado a la empresa Lipsa que sería de la provincia de Chaco y que les hace servicios de siembra.
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Presionados, el Senado aprobó la Ley de tierras



Atravesado por la desaparición de Santiago, el Senado aprobó la Ley de tierras

Fecha de Publicación
: 30/09/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Luego de un largo debate en la que principal discusión fue el plazo de la nueva prórroga, la Cámara Alta aprobó la iniciativa y la giró a Diputados.
Con el vencimiento de la prorroga votada hace cuatro años en el horizonte, el Senado aprobó por unanimidad con 62 votos positivos la norma que extiende por cuatro años más la norma que impide el desaojo los pueblos originarios de sus territorios
La oposición, en sus distintas variantes, fue la encargado de defender el proyecto. Los distintos oradores coincidieron en señalar que el plazo para la prorroga no se podía reducir a menos de cuatro años debido, entre otras cosas, a la complejidad del relevamiento territorial.
Al respecto la senadora jujeña Liliana Fellner señaló: “En caso de no prorrogarse por cuatro años se estaría incumpliendo con el convenio 169 de la OIT”
En ese contexto, la senadora mendocina por el bloque PJ-FpV, Anabel Fernández Sagasti, aprovechó para cuestionar tanto a Cambiemos como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.  “Nos vamos a avalar la persecución y el desalojo de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. La única violencia que existe hoy en argentina es la violencia institucional”, sentenció en el marco de una sesión que volvió a estar atravesada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El neuquino Marcelo Fuentes continuo por el camino marcado por Sagasti y aseguró que “la intención del Gobierno era que esta ley cayera pero la conmoción del caso Maldonado los llevo a entender que es necesaria”.
Desde la UCR y el interbloque Cambiemos, el primero en adelantar el apoyo fue el formoseño Luis Naidenoff. “Vamos a acompañar una vez más el proyecto de prórroga, porque estamos convencidos, de la necesidad de dotar de cierta certidumbre ante la inminencia de posibles medidas administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar determinados derechos”, destacó el senador.
Sin embargo, Naidenoff cuestionó que en los últimos 11 años solo se relevado el 30% de las comunidades y señaló que si bien “la responsabilidad es compartida por el Estado nacional y los Estados provinciales” lo cierto es que “hay muchas provincias que no sólo no ayudan sino que ponen palos en la rueda”.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, decidió hablar a título personal y dejó en claro que pese a apoyar “la norma que busca pacificar” en la “Argentina no se puede permitir que haya tierras sagradas” por cuestiones “de soberanía”. 
El presidente del bloque Pj – FpV para cuestionar al RAM y calificarlo como una minoría violenta y al mismo tiempo pedir que se esclarezca el caso Maldonado.
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Manaos sigue deforestando a Santiago del Estero



El dueño de Manaos, otra vez, en la mira por tierras

Fecha de Publicación
: 29/09/2017
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero


 Investigan la toma ilegal de tierras y su desmonte, en los departamentos Moreno y Alberdi. En total serían 32 lotes.
En el marco de una serie de operativos que realiza constantemente Fiscalía de Estado, con el fin de identificar actividades de desmontes y usurpaciones dentro de la provincia de Santiago del Estero, el fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate encabezó un operativo en las localidades de Colonia Árbol Blanco (departamento Moreno) y Colonia Lote 19 (departamento Alberdi). El Dr. Raúl Abate estuvo acompañado por la directora de Tierras, Bosques y Medio Ambiente de Fiscalía de Estado, Dra. Andrea Olmedo; la directora de Tierras del Ministerio de Producción, Dra. Mónica González Bernal y el director general de Bosques, Ing. Víctor Rosales. En esta oportunidad se realizaron varias revisiones de las hectáreas, encontraron así usurpaciones y desmontes ilegales. En este sentido, recaudaron toda la información posible e implementaron acciones, ya que estos terrenos pertenecen al Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.
El fiscal Raúl Abate explicó: “Estamos verificando denuncias que nos han llegado de que un empresario estaría tomando, usurpando, adquiriendo de forma ilegítima lotes que son de la Provincia de Santiago del Estero. Hasta el momento, hemos logrado constatar prácticamente doce lotes.
Falta todavía seguir constatando, creemos que en total deben ser 32 lotes que ha tomado este empresario. Han sido levantadas actas notariales que se trataría de una firma denominada Manaos y cuyo propietario sería Orlando Canido, quien estaría asociado a la empresa Lipsa (Chaco) y que les hace servicios de siembra. Lo que se ha podido comprobar hasta el momento, son alrededor de 19.000 hectáreas, casi 32 lotes que la Provincia tenía adjudicados a colonos y estos lotes ahora —en forma ilegítima— habían ido a parar en manos del empresario. Se han constatado desmontes, se han secuestrado dos topadoras, se han levantado imágenes fotográficas, también se han tomado videos, en todas estas circunstancias hay una producción de soja ensilada, una producción importante. De todo esto va a tomar cartas la Justicia”, concluyó el fiscal, quien aseguró que seguirán las investigaciones.
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Custodiados llegaron al lago Escondido "de" Lewis



Llegó a la costa del Escondido la marcha por la soberanía del lago

Fecha de Publicación
: 28/09/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Allí una treintena de manifestantes de distintas organizaciones cantaron el himno y desplegaron banderas.
Sin inconvenientes llegó a la costa del Escondido la marcha por la soberanía del lago que había partido esta mañana desde el río Foyel y tras la mediación judicial de ayer con vecinos que se oponían al paso de la manifestación.
Pasadas las 15.30, después de una caminata de casi 4 horas desde el río Foyel, 35 militantes de distintas organizaciones del país arribaron a la costa del espejo lacustre donde cantaron el himno y desplegaron banderas. La vuelta estaba prevista para después de las 17.
Julio César Urien de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua destacó que la manifestación se realizó en forma pacífica y dijo que “es un paso más para demostrar que hay un camino publico y que cualquier argentino tiene derecho a gozar de su paisaje”.
“Nosotros sostenemos que este es el camino público, estamos contentos porque llegamos, se hizo sin incidentes. Este es un sueño, es un lago público que nos pertenece lo que quisimos demostrar con esto y ya hay un fallo de la justicia, que todos podemos acceder a este lugar cuidándolo. Es un derecho que tenemos, no nos rendimos y como cuidadanos tenemos que ejercerlo”, agregó.
El legislador rionegrino, Alejandro Ramos Mejía, acompañó la marcha y señaló es la reivindicación de un reclamo que tiene que ver con la soberanía. Hace 9 años que salió el fallo del Superior Tribunal de Justicia que el acceso para todos es el camino a Tacufí pero nadie puede hacer uso de este camino par poder acceder al lago. Esto pone en valor un reclamo histórico”.
Por otra parte, José Luis Bianco, abogado de la firma Lago Escondido indicó que la actividad se desarrolló con normalidad y señaló que fue “una demostración que considerando los intereses de todas las partes y respetando los derechos que todos tenemos se pueden hacer muchas cosas. La discusión sigue en la Justicia. Hoy el camino es privado y por eso los propietarios dieron el permiso y se pudo hacer”.
Esta mañana, unas 70 personas ingresaron hasta el río Foyel, donde un sacerdote hizo una misa, en el marco de una nueva marcha por la “soberanía al Lago Escondido”, para asegurar el libre acceso y el “disfrute público” de ese espejo de agua.
El grupo de 30 militantes comenzó a vadear el río a a pie y desde allí caminaron hasta el lago. Los manifestantes estuvieron encabezados por Julio C. Urien, titular de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. También participó el legislador Alejandro Ramos Mejía.
Alrededor de 30 policías y también personal de la estancia del millonario inglés Joe Lewis siguieron el paso de la marcha por el camino vecinal, conforme el acuerdo firmado ayer con la jueza Erika Fontela.
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La Ley de emergencia territorial y su posible caída



Ley 26160: “Sería un bochorno que se caiga el único programa estatal”

Fecha de Publicación
: 14/09/2017
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


Para el letrado, sería preocupante que el Congreso no prorrogue la ley de emergencia territorial que suspendió el desalojo de tierras a las comunidades originarias. Advierte de que el relevamiento que comenzó en 2006 no supera 48% de censado. Sobre la desaparición de Santiago Maldonado, sostiene que el pueblo mapuche no obstaculiza la investigación.
El Senado de la Nación postergó para la próxima sesión el tratamiento de un proyecto que prorroga por segunda vez la Ley 26160, que suspende los desalojos de tierras de las comunidades indígenas en todo el país, y que vence el próximo 23 de noviembre. El tema pasó a formar parte de la agenda pública tras la desaparición de Santiago Maldonado, presuntamente tras una protesta que llevó adelante la comunidad mapuche.
La propiedad de la tierra y el reclamo de las comunidades originarias por sus territorios ancestrales está contemplado en la Constitución Nacional argentina en su artículo 75, inciso 17 y en tratados internacionales. Pese a todo, fue la ley 26160 la que le dio verdaderas garantías a estos pueblos para que -durante los relevamientos correspondientes- se suspendan los desalojos de las comunidades originarias .
El problema es que el relevamiento – que comenzó en el año 2006- es muy complejo y está lejos de terminarse, explicó a Comercio y Justicia Eduardo Hualpa, abogado especialista en derecho indígena. En este contexto, se comenzaron a escuchar las voces de quienes reclaman una nueva prórroga de la normativa.
De visita en Córdoba, Hualpa dialogó con este medio. Además de analizar el estado de aplicación de la ley de Emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado y a la postura del pueblo mapuche respecto de la investigación.

- ¿Qué es la ley 26160, cuya aplicación vence en noviembre?
La ley 26160 es el único programa estatal en materia de reconocimiento de tierras indígenas, que aunque tienen reconocidos sus derechos en la Constitución desde 1994 y en tratados internacionales son pueblos a los cuales les resulta sumamente difícil acceder al reconocimiento territorial. Esta ley fue sancionada en 2006 y luego fue prorrogada en dos oportunidades. Por un lado, ordenó la suspensión de los desalojos y, por otro, se estableció un mecanismo de relevamiento de los espacios territoriales. Dicho trabajo aún no terminó de hacerse. Hay quienes dicen que está relevado 30% de las tierras; el Gobierno habla de 48%. Lo cierto es que en cada provincia se ha avanzado de forma dispar. La mitad está en revisión de lo actuado y no se sabe lo que va a pasar, el ritmo es bastante tranquilo.

- ¿Qué pasa si no se prorroga a ley?
- Y sería un truncamiento grave que puede afectar a cientos de comunidades en todo el país; hay muchos pueblos originarios que están con juicios de desalojo. Creo que se prorrogará porque sería un bochorno, un verdadero escándalo que el único programa estatal se caiga. Además, podría generar un enorme caos que el Estado se retire o debilite sus políticas en esta materia. Tendría consecuencias gravísimas para estos pueblos originarios. El escenario sería muy preocupante.

- Este tema se pone en agenda tras la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Qué opina sobre este tema?
- Para los que trabajamos desde hace tiempo en la temática, la ley 26160 y la falta de actividad estatal respecto del reconocimiento de los derechos indígenas, no es novedad pero es cierto que este caso dramático ha puesto blanco sobre negro respecto de qué es lo que hay y lo que aún falta hacer en Argentina en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
No es la primera vez que, en el marco de estos conflictos, los pueblos indígenas sufran muertes, heridas, incluso desapariciones. Lo que exhibe este caso, a diferencia de otros, es que estaba actuando una fuerza de seguridad en el momento que desaparece Maldonado y la actitud del Gobierno, lejos de ser seria y responsable, fue de negación. Afortunadamente, ahora se está revirtiendo esa postura que exacerbó los ánimos y multiplicó la crítica.

– ¿Cuál es la postura del pueblo mapuche respecto de la investigación? ¿Se niegan a la búsqueda de Maldonado en sus tierras por ser considerada sagradas, tal como trascendió?
- La comunidad planteó condiciones. Tienen miedo, cada vez que ven un uniformado no están muy tranquilos pero descarto que la investigación se haya visto demorada por una actidudad poco colaborativa de la comunidad mapuche. Este pueblo está muy preocupado por Santiago, que fue a solidarizarse con ellos. Están consternados como estamos todos, ellos está pidiendo en todas las marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. No hay quiebre entre la vocación de búsqueda de la familia, de la sociedad argentina y del pueblo mapuche.
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Campesinos de Cuyo denuncian intento de desalojo



Nuevo intento de desalojo violento en Mendoza

Fecha de Publicación
: 02/06/2017
Fuente: Radio Mundo Real
Provincia/Región: Mendoza


En JocolÍ, departamento de Lavalle en la provincia argentina de Mendoza, en el campo de La Estación, cerca de 30 familias campesinas organizadas en la Asociación Campesina de Cuyo, viven desde hace mas de 40 años en el lugar, en el campo pastorean animales y trabajan la tierra.
El Lunes 29 de mayo de 2017, aproximadamente a las 17 30 hs, irrumpieron violentamente en el campo un grupo de aproximadamente 9 personas, dos de las cuales están armadas. Entre las mismas se encontraba una señora que se presenta como Rodriguez Peña y dice ser dueña del campo. Además entre la comitiva una persona dice ser escribano y otra abogado.
Abrieron la tranquera por la fuerza y descargaron una casilla en la entrada al campo, además apuntaron con armas de fuego de dos trabajadores que estaban en el campo trabajando para la Asociación en una maquina cargadora y un camión.
Pintaron con aerosoles de colores los postes y la tranquera de la comunidad en clara señal intimidatoria. La policía no actúa y dice esperar órdenes de la fiscalia. Además amenazaron de muerte y cárcel a quienes quieran oponerles resistencia.
La comunidad tiene documentada su posesión y convenios con el departamento General de Irrigación, además de estar enmarcada en un programa de titulación y arraigo que involucra al gobierno nacional y provincial argentino y mendocino.
Radio Tierra Campesina dialogó respecto a esta situación con Diego Montón, de la coordinación nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC-Vía Campesina.
El 9 de mayo de 2017 se realizó el edicto de la mensura comunitaria en el cual de manera pública se presentaron todos los colindantes y los titulares involucrados. Esta señora Rodriguez Peña, no se presentó a pesar de estar publicados en el Boletin Oficial.
La situación es muy compleja porque los matones están apostados en la entrada al campo y alli están también miembros de la comunidad y tan solo un móvil policial que no interviene en requisar y sacar las Armas.
Montón señaló a la emisora amiga que la actitud en todo momento fue de agresividad hacia las familias campesinas por parte de los usurpadores y reclamó la garantía de los derechos de posesión al sistema judicial y también de seguridad pública.
Asimismo denunció largas demoras en el tratamiento de este tema en la fiscalía del departamento de Las Heras.
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Una caminata de Mapuches de 800 km por tierras



Comunidad Mapuche caminará más de 800 kilómetros para reclamar por tierras

Fecha de Publicación
: 12/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Río Negro


El pueblo Mapuche de Río Negro marchará desde Bariloche hasta Viedma en rechazo al nuevo código de tierras.
El pueblo Mapuche de Río Negro marchará a pie desde San Carlos de Bariloche hasta Viedma entre el 20 y el 24 de abril en rechazo al proyecto del nuevo código de tierras impulsado en la legislatura provincial por el gobernador Alberto Weretilneck, informaron este domingo integrantes de la comunidad Waiwen kurruf.
Bajo el lema "Estamos vivos, por eso caminamos", las comunidades originarias rionegrinas marcharán más de 800 kilómetros "en rechazo a la profundización de las políticas que ponen en serio riesgo los espacios territoriales del pueblo Mapuche", aseguró Hugo Aranea, integrante del Consejo Asesor Indígena (CAI).
El dirigente afirmó que "el proyecto del Ejecutivo avanza en el saqueo del territorio que no sólo pertenece al pueblo Mapuche, sino a toda la sociedad".
En julio del año pasado el gobierno rionegrino presentó en la legislatura el nuevo proyecto de "Código de Tierras Fiscales", que busca "actualizar el marco normativo con previsiones modernas para adecuar las leyes a las demandas actuales y prever las herramientas para el desarrollo productivo de las próximas generaciones", afirmó en su momento el asesor legal de la Dirección de Tierras local, Enrique Álvarez Costa.
"Estamos modernizando las previsiones legales porque tenemos en vigencia leyes con más de 50 años en los ámbitos rurales y urbano", sostuvo. El funcionario aclaró que se pretende "modernizar y restringir al máximo posible el poder de discrecionalidad de los funcionarios de tierras actuales y de las próximas generaciones, para que en cualquier régimen sea necesaria una aprobación legislativa".
El prototipo de reforma estructural de tierras fiscales fue elaborado a lo largo de un año por el equipo técnico de la Dirección para que sea elevado al parlamento legislativo "sin acuerdo de ministros, para que exista un amplio debate de los actores sociales involucrados y que cada uno pueda aportar y enriquecer el proyecto", afirmó Álvarez Costa.
Por su lado, Aranea enfatizó que "la idea es llegar a Viedma con un fuerte reclamo en rechazo de ese proyecto, pero también reconociendo nuestros derechos territoriales".
"Es un paso muy importante que sirve para construir la unidad de las organizaciones, de las comunidades y de los referentes, porque visualiza la preocupación que existe por estas decisiones políticas", remarcó. Para Aranea el proyecto "no es nuevo", sino que "los afecta desde hace muchos años".
"En las ciudades hay muchos hermanos que están en las periferias y se quedaron sin un lugar donde vivir, producto de estas políticas de saqueos y arrebato", aseguró.
Así, la marcha comenzará el próximo jueves 20 de abril en Bariloche, donde se sumarán comunidades de El Bolsón que arribarán por la noche a la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci.
Al día siguiente continuarán hasta la localidad de Sierra Colorada, donde se encontrarán con más comunidades y continuarán su camino hacia la localidad de Valcheta, precisaron. Los organizadores tienen previsto arribar a Viedma el domingo "para realizar el reclamo frente a la Casa de Gobierno rionegrina el lunes 24", confirmó Aranea.
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Sospechoso incendio en El Bolson que afectó a activista



Repudio contra atentados en perjuicio de un integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra

Fecha de Publicación
: 22/02/2017
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro


Los integrantes de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra repudiamos los dos atentados cometidos en las últimas horas contra el compañero Jorge Ronco.
Los violentos actos de intimidación, consumados por medio de dos incendios en su chacra, este jueves y viernes pasado, sumados al incendio de su radio FM Comarca Andina el 8 de marzo de 2015, y 40 días más tarde, el incendio del Centro Comunitario de la Costa del Río Azul -lugar de reunión habitual de nuestra asamblea- demuestran claramente estar vinculados entre sí. Se trata de una metodología común y con un mismo objetivo: acallarnos, intimidarnos, amedrentarnos y pretender hacernos desistir de seguir diciendo la verdad.
Evidentemente, las acciones de la asamblea, que comenzaron en el año 2011, con el gran apoyo demostrado recientemente en las marchas multitudinarias realizadas en el último mes, junto al respaldo inexorable de la justicia, ponen de manifiesto la oposición de la gran mayoría de los vecinos de nuestra ciudad y de la región al ilegítimo megaloteo en la ladera del cerro Perito Moreno. Seguramente, todo ello ha puesto muy nerviosos a algunos partidarios de ese proyecto, que reaccionaron con reiterados actos de violencia como los mencionados.
Esas acciones mafiosas, orientadas a dañar a quienes luchan desinteresadamente por nuestro medio ambiente, tienen su contracara en las ejemplares marchas multitudinarias que, en armonía y en paz, se llevaron a cabo en nuestra ciudad.
Por todo ello, reclamamos y exigimos fervientemente la directa e inmediata intervención del gobierno provincial, con el fin de preservar la vida y los bienes de quienes luchamos en defensa del medio ambiente.
Invitamos a todo el pueblo de El Bolsón y de la Comarca Andina, como así también a todos los habitantes de la Provincia de Río Negro, a solidarizarse con nuestro compañero Jorge Ronco y su familia.
Por último, instamos al gobernador de la Provincia, al vicegobernador, y a la Legislatura Provincial en pleno, como así también al intendente municipal y a los concejales de nuestra ciudad, a que repudien públicamente estos actos violentos que atentan contra el estado de derecho violando garantías expresamente reconocidas -entre otros cuerpos normativos- en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Río Negro.
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Urtubey acciona contra derechos de pueblos originarios



Preso por reclamar derechos

Fecha de Publicación
: 16/02/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta


Una comunidad originaria de Salta denunció a un empresario por apropiarse de territorio guaraní y amedrentarlos de manera violenta. Como respuesta, la policía detuvo al líder, César Arias, y reprimió una protesta de los indígenas. Los tuits del empresario contra los DD.HH.
Cesar Arias, dirigente guaraní de Salta, estuvo preso doce días acusado de “amenazas” por parte de un empresario del agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au, que integra Arias, denunció el accionar violento del empresario (Humberto Bourlon De Rouvre) para apropiarse del territorio guaraní y reclamó que se cumplan los derechos indígenas. Y la policía reprimió a la comunidad. “Nos tratan como terroristas y usurpadores en la tierra donde siempre vivimos. Y los jueces y el gobernador solo escuchan al empresario”, lamentó Diana Situe, de la comunidad guaraní.
En octubre pasado, el empresario Bourlon De Rouvre instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó a denunciarlos vía Twitter por “invadir” su tierra (en la localidad de Embarcación). Arrobó al Presidente, al gobernador Juan Manuel Urtubey y a “periodistas agrarios” (que suelen publicitar las semillas y agroquímicos de las empresas). Y se sucedieron artículos que replicaron la versión empresaria. Acusó a los indígenas de robar madera, estar financiados por narcotraficantes y los llamó “falsos indígenas” proveniente de Bolivia.
“Los Argentinos no queremos nunca más organizaciones terroristas. Hagamos algo con el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), mapuches, narcotraficantes y otros”, reclamó el empresario Bourlon De Rouvre el 2 de febrero. El 28 de enero sentenció: “No son pueblos originarios, son avivados, son delincuentes”.
Subió a Internet un video donde muestra un entredicho con indígenas. Rápidamente fue difundido por los medios que impulsan el agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au (Raíces Nuevas) mostró otro video, donde Bourlon De Rouvre amenaza a la comunidad y tiene un revólver visible en el bolsillo. Pero no tuvo el mismo eco que el difundido por el empresario.
La fiscal Lorena Martínez había llamado a mediación y mencionó la vigencia la Ley Nacional 26160 (que ordena relevar los territorios indígenas y frena los desalojos en todos el país). Incluso las nueve comunidades indígenas (guaraníes, wichí y weenhayek) están relevadas, otra prueba del uso del territorio.
Bourlon De Rouvre comenzó un proceso de hostigamiento contra la fiscal Martínez, con amplia cobertura mediática y reuniones con funcionarios provinciales. El gobernador Urtubey pidió el juicio político a la fiscal Martínez. El diputado nacional Luis Patiño (Pro) defendió al empresario en un artículo en la agencia de noticias Telam y relativizó los derechos que otorga la Ley Nacional 26160.
Durante la feria judicial, la causa la tomó el fiscal Pablo Cabot y el juez Fernando Mariscal Astigueta. Y se redobló el proceso de hostigamiento. El sábado 28 de enero, el guaraní César Arias fue a trabajar con sus hijos en el sembradío. Le cerró el paso un policía. Arias observó que el empresario estaba en el lugar y había destruido sus cultivos. Le advirtió que tendrían problemas si volvía a meterse en su cerco. El lunes 30 a la mañana, mientras Arias estaba en su trabajo de albañil, fue detenido por “amenazas”. Estuvo detenidos doce días.
Hernán Mascietti es abogado y hace más de veinte años trabaja junto a comunidad indígenas y organizaciones de derechos humanos. “Nunca vi algo igual. Más de diez días preso, sin antecedentes penales, por supuestas amenazas. Es insólito, pero tiene un motivo: es un empresario con vínculos políticos y judiciales, y las víctimas son indígenas”, explicó. Y recordó que los indígenas hicieron cinco denuncias contra Bourlon De Rouvre (por usurpación, amenazas y daños) pero fueron “sistemáticamente cajoneadas por el Poder Judicial”. Y recordó que actúa junto al empresario Jorge Luis Ortega Velarde.
Por Twitter, Bourlon De Rouvre descalificó al abogado de la comunidad por adherir al kirchnerismo y difama a todo aquel que apoya a los indígenas. “Parece que el avispero que patee es grande por el trabajo que se toman en atacarme. Qué nido de víboras los derechos humanos y cuántos curros”, escribió el 10 de febrero.
Diana Situe, vocera de la comunidad e hija del cacique, detalló que Burlón De Rouvre tiene como modus operandi denigrar a las familias indígenas, las ataca (incluso delante de los hijos), las acosa y amenaza. Si los indígenas reaccionan, los filma, sube a Internet y se victimiza. “Somos un pueblo pacífico, nunca nos había pasado un nivel de agresión y ensañamiento como este. Y todo sucede porque él quiere la tierra de la comunidad”, afirmó Situe.
Las comunidades indígenas cortaron media calzada de la ruta nacional 34 el martes 7 de febrero, en reclamo por la liberación de Arias. La policía provincial, sin orden judicial, reprimió la protesta y apresó a cinco guaraníes, entre ellos menores de edad (fueron liberador por la tarde). El comisario José Antonio Cruz, que ordenó la represión, tiene fotos sonriente en redes sociales con el empresario Bourlon De Rouvre. “La policía nos dice que arreglemos con el empresario o nos meterán presos”, afirmó Diana Situe.
La comunidad guaraní se mantiene en un acampe al costado de la ruta nacional 34. En la madrugada del sábado pasado, César Arias fue liberado. La comunidad guaraní adelantó que el conflicto continuará hasta que se respeten los derechos indígenas. Situe lo resumió: “Defenderemos nuestro territorio aunque a empresarios, gobernantes, jueces y algunos medios de comunicación no les guste”.
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