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El Bolsón: 9000 personas marcharon contra el loteo



Más de 9000 personas marcharon en El Bolsón contra el loteo de tierras

Fecha de Publicación
: 09/01/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Río Negro


La protesta es contra una ordenanza del Concejo Deliberante que habilita un loteo de tierras en la zona de la reserva de Mallin Ahogado, y que contó con la adhesión de militantes ambientalistas, representantes de las comunidades de los pueblos originarios.
Una multitudinaria marcha que congregó a más de 9000 personas se llevó a cabo en la localidad rionegrina de El Bolsón contra una ordenanza del Concejo Deliberante local que habilita un loteo de tierras en la zona de la reserva de Mallin Ahogado, y que contó con la adhesión de militantes ambientalistas, representantes de las comunidades de los pueblos originarios y vecinos de esta comarca andina situada sobre el paralelo 42.
Bajo la consigna "No al Loteo en la Reserva Natural de Mallin Ahogado, en defensa del agua, la tierra y los bienes comunes", los manifestantes se reunieron en la Plaza Pagano de El Bolsón desde donde se inició la marcha.
Así, paisanos montados a caballo; productores con sus tractores y personas de todas las edades recorrieron las calles de esta localidad sin que se produjeran incidentes, entre cánticos, sonidos de instrumentos ancestrales y bailes que exaltaban los valores de la cultura mapuche.
"La gente está en la calle porque más allá de la ilegalidad, esto inmoral" dijo a Telam Juan Hipólito Gualberto, productor de fruta fina y vecino de Mallin Ahogado.
"se están asentando en un área protegida. La semana que viene presentaremos un amparo hasta que se califique", aseguro este vecino.
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Piden a Weretilneck no aprobar proyecto urbanístico



Greenpeace solicitó a Weretilneck que no autorice el proyecto del cerro Perito Moreno

Fecha de Publicación
: 06/01/2017
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro


A través de una carta dirigida al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, Greenpeace solicitó que no autorice el avance del proyecto de desarrollo urbanístico sobre la ladera del cerro Perito Moreno.
La organización ecologista manifestó su preocupación ya que la obra implica un impacto significativo sobre una extensa superficie de bosques nativos con valiosa biodiversidad e importantes cuencas hídricas, además de contar con gran oposición de parte de la población e instituciones de El Bolsón y Mallín Ahogado.
Asimismo, la carta, firmada por el coordinador de la campaña de Bosques, Hernán Giardini, advierte que “la zona donde se pretende emplazar el desarrollo urbano se encuentra dentro de una Reserva de Biósfera de la UNESCO; es lindera a un área protegida provincial; forma parte de una reserva natural municipal; y posee cuencas hídricas relevantes, resulta evidente que la misma debió ser zonificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia como un área de alto o mediano valor de conservación”.
También se destacó en el mismo documento que el proyecto se encuentra emplazado en la denominada Pampa de Ludden, ubicada al pie del cerro Perito Moreno, denominada Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado. En este lugar, según el artículo 98 de la normativa municipal, se prohíben los asentamientos humanos y la construcción de viviendas, así como cualquier alteración que afecte el funcionamiento de la Reserva Natural y los sistemas ambientales que contiene. (Fuente: Prensa Greenpeace)

La carta textual
De nuestra consideración: Por medio de la presente queremos manifestarle, como oportunamente lo hiciéramos en mayo de 2013, nuestra profunda preocupación frente al avance de un proyecto de desarrollo urbanístico sobre la ladera del cerro Perito Moreno.
Como usted sabe, el mismo es rechazado por gran parte de la población y varias instituciones de El Bolsón y Mallín Ahogado, ya que implicará un impacto significativo por cambio de uso de suelo (desmonte) en una zona de valiosa biodiversidad.
Cabe señalar que el proyecto se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica de la UNESCO, solicitada por los gobiernos de Río Negro y Chubut, la Administración de Parque Nacionales y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Dicha área posee “importantes valores ecológicos en términos de representatividad, funcionalidad ecosistémica y exclusividad. En términos de biodiversidad, la zona propuesta cuenta con una significativa riqueza genética ya que, aunque posee un número moderado de especies animales y vegetales, gran parte de ellas son endémicas, únicas y exclusivas de esta región”.
Asimismo, la conservación de los sistemas naturales a escala regional aseguraría el mantenimiento a futuro de un importante número de funciones y procesos claves en la reproducción de bienes y servicios.
Por otra parte, la zona de implementación del proyecto es lindante con el Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido, creada por las leyes provinciales 2.833 y 3.267, que abarca aproximadamente 60.000 hectáreas y según dichas normativas “es toda una zona de alta montaña que se inicia desde la cota 250 hasta la cota 2.400 con grandes cañadones por donde bajan los arroyos, con vegetación de distintas características, cañaverales, lengales, cipresales, como también ventisqueros y hielos eternos que imposibilitan la colocación de hitos limítrofes.
La existencia de fauna y flora diversa (pumas, jabalíes, cérvidos y otros) hace la necesidad de protegerlo. La creación de la misma tiene como objetivo proteger una zona silvestre representativa de la eco-región y por sus funciones como Corredor Biológico entre el Parque Nacional Lanín y el Parque Nacional Los Alerces.
También es importante destacar que parte del proyecto se encuentra emplazado en la denominada Pampa de Ludden (ubicada al pie del cerro Perito Moreno), que fue declarada por el Código Ambiental de El Bolsón (Ordenanza 261/03) como Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado, “a los efectos de proteger los valores naturales presentes en la misma, asegurar y conservar la provisión de agua a Mallín Ahogado y facilitar la realización de actividades productivas, recreativas y educativas controladas”. En ese sentido, el artículo 98 de la normativa municipal prohíbe en las áreas de Reserva Natural “los asentamientos humanos y la construcción de viviendas, a excepción de los necesarios para el funcionamiento de la Reserva” y “toda alteración que pueda afectar el funcionamiento del sitio y de los sistemas ambientales que contiene”.
Finalmente queremos advertir que, teniendo en cuenta que la zona donde se pretende emplazar el proyecto se encuentra dentro de una Reserva de Biósfera de la UNESCO; es lindera a un área protegida provincial; forma parte de una reserva natural municipal; y posee cuencas hídricas relevantes; resulta evidente que la misma debió ser zonificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia como un área de alto o mediano valor de conservación.
En función de todo de lo anterior; del impacto significativo que tendrá sobre una extensa superficie de bosques nativos con valiosa biodiversidad e importantes cuencas hídricas; y de la oposición de gran parte de la población; solicitamos al gobierno de Río Negro que no autorice su realización.
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El Bolsón sigue resistiendo el loteo de Laderas



Anular el Loteo y ratificar la conservación de la Reserva Natural de Mallin Ahogado y Pampa de Ludden

Fecha de Publicación
: 04/01/2017
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro


Comunicado de la Asamblea En Defensa del Agua y la Tierra y Acampe Pacifico y Popular en Defensa del Agua y la Tierra en resguardo de la zona denominada Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado y la Pampa de Ludden en el paraje Mallín Ahogado. Quieren que se mantenga como Reserva Natural y rechazan el loteo que pretende concretar la empresa Laderas SA.
Debido a la trascendencia que ha tenido el reclamo contra el Loteo en la Reserva Natural Cumbreras de Mallin Ahogado y Pampa de Ludden que pretende desarrollar la empresa Laderas SA con la autorización del gobierno municipal de El Bolsón; y ante las falsas acusaciones del Municipio respecto a supuestos hechos de violencia, nos vemos en la obligación de comunicar nuevamente las razones de nuestro reclamo, los sucesos y los apoyos recibidos.
La zona denominada Reserva Natural Cumbreras de Mallín Ahogado y la Pampa de Ludden en el paraje Mallín Ahogado, fue declarada Reserva Natural según el Código Ambiental local (Oza. 261/03), por la importancia como zona de recarga hídrica y cabecera de cuenca interjurisdiccional (Rio Negro – Chubut) y binacional (Chile – Argentina). Esta es una de las razones del rechazo de gran parte de la población local al proyecto que planea fraccionar casi 400 lotes en esta zona. Por todo ello queremos afirmar lo siguiente:

- Que el municipio local está incurriendo en la violación de normativa que protege esta región fundamental para la provisión hídrica de todo Mallín Ahogado, zona rural y productiva por excelencia y de incalculable valor ambiental.
- Que las tierras en cuestión fueron adquiridas en forma fraudulenta y como resultado de este hecho denunciado en la justicia, fueron procesados los funcionarios implicados en la venta. El Juez recomendó la restitución de las mismas al estado provincial.
- Que la empresa Laderas SA podría estar vinculada al magnate Joseph Lewis, empresario con fuertes intereses ligados a la adquisición y apropiación de espacios naturales privilegiados, bosques nativos, reservas, lagos y ríos. Conocido por impedir el acceso al lago Escondido y por pretender la construcción de un aeropuerto en la Pampa de Ludden (lugar actual del loteo) en el año 2004.
- Que pese a eso, el municipio avanzó en la habilitación del loteo y el día 2 de diciembre llevo adelante una audiencia pública no vinculante, donde de forma mayoritaria e indiscutible, con argumentos técnicos y socio políticos, mas de 70 oradores presentes inscriptos se manifestaron en contra de este proyecto.
- Que, no conforme con el rechazo generalizado, el día 16 de diciembre el Concejo Deliberante decidió aprobar a puertas cerradas y con el edificio blindado por la Policía y el COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate), la resolución que autoriza el desarrollo del loteo cuestionado por la comunidad desde hace varios años. Mientras tanto, unos 300 vecinos, entre los que se encontraban productores e integrantes de organizaciones sociales, se manifestaban en forma pacífica en la calle, contra la aprobación.
- Que luego de la aprobación, los vecinos se trasladaron hacia el municipio local y fueron reprimidos con gas pimienta por parte de las fuerzas especiales del Coer que se encontraban alli. Luego, se movilizaron con carteles haciendo un corte simbólico a la altura de la Estación de servicio ACA, permitiendo el desvío de vehículos.
- Que como resultado de la violencia institucional ejercida por el Municipio, se inicio en forma espontanea un acampe en la plaza San Martin, de forma pacífica y organizada en señal de protesta.
- Que desde ese momento, 17 de diciembre, muchos vecinos se han solidarizado con los acampantes y con el reclamo, acercando provisiones y todo tipo de donaciones e informándose en el lugar acerca de la problemática.
- Que los acampantes tomaron esa medida de fuerza porque las autoridades locales han respondido con el silencio al rotundo rechazo popular del loteo de Laderas.
- Que el día 17 de diciembre más de 6 mil personas se movilizaron pacíficamente con carteles y consignas en las calles céntricas de la ciudad pidiendo que el loteo no se lleve a cabo y que las tierras sean restituidas al estado provincial.
- Que rechazamos y consideramos mentirosas las afirmaciones del Intendente y funcionarios municipales respecto a supuestos desmanes, violencia y roturas por parte de los acampantes y miembros de las asambleas locales.
- Que el hecho de que las autoridades de la municipalidad hayan sido electas por mandato popular, les exige escuchar y atender esta demanda mayoritaria y no, por el contrario, privilegiar intereses privados por sobre los públicos.
- Que un gran número de organizaciones sociales, políticas, profesionales y vecinos se solidarizan con este reclamo, entre ellas: Secretaria General de la Federación Universitaria del Comahue

ATEN Provincial (Asociación de trabajadores de la educación de Neuquén)
UNTER Provincial (Unión de trabajadores de la Educación de Rio Negro)
CTA Rio Negro (SOYEM, SITRAJUR, Jubilados e Independientes)
UNTER Bariloche y El Bolson
SIDUNRN (Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Rio Negro)- Bariloche
Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud UNCO
Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía UNCO
Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería UNCO
Centro de Estudiantes FADECS-FADEL UNCO
Centro de Estudiantes de Esquel UNCO
Centro de Estudiantes del Asentamiento Universitario San Martin de los Andes UNCO
Centro de Estudiantes de Centro Universitario Regional Zona Atlántica. UNCO
Centro de Estudiantes de Bariloche UNRN , Mesa de integración y fomento rural de Mallín ahogado, Cooperativa Awka Mallin, Ctep El Bolsón. Y más de 20 organizaciones.

Reafirmamos el reclamo que venimos haciendo e informamos que seguiremos con las acciones en forma pacífica hasta que el Poder ejecutivo Municipal anule la autorización del Loteo y se ratifique la conservación ambiental de la Reserva Natural Cumbreras de Mallin Ahogado y Pampa de Ludden, sin urbanizaciones, y con  la restitución de las tierras al Estado provincial por parte del gobierno provincial.
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El Bolsón: dan tierras de reserva a Lewis



Un Bolsón de tierras para un amigo de Macri

Fecha de Publicación
: 20/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Río Negro


El Concejo Deliberante de El Bolsón aprobó la entrega de tierras de una reserva natural para un emprendimiento inmobiliario de una empresa vinculada al millonario británico, cercano al Presidente. Vecinos y ambientalistas se movilizaron para rechazar la cesión y fueron reprimidos.
Vecinos y ambientalistas de El Bolsón fueron reprimidos por la policía de Río Negro cuando intentaron entrar pacíficamente al edificio municipal para manifestar su rechazo a la consumación de un acuerdo de loteo en tierras de una reserva natural, al pie del cerro Perito Moreno, para un emprendimiento inmobiliario impulsado por una empresa vinculada al magnate británico Joseph Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri. El loteo, según las denuncias, además de extranjerizar la propiedad de esas tierras deja en manos privadas una reserva de agua de la que dependen los vecinos y pequeños productores de esa ciudad.
La movilización vecinal había sido convocada esta mañana frente al Concejo Deliberante local, donde en sesión extraordinaria estaba previsto el debate de una resolución del intendente Bruno Pogliano (Juntos Somos Río Negro) mediante la cual se concretaba el acuerdo de cesión de 850 hectáreas a Laderas del Perito Moreno S.A., en un predio privado vecino al Club Andino Piltriquitrón, con la idea de crear allí una villa turística.
La cesión del predio en la zona protegida de Pampa Ludden es una larga historia de presiones y acuerdos que data desde 2011, cuando el entonces intendente Oscar Romera aprobó el loteo en la reserva natural. En 2013, la gestión de Ricardo García anuló esa medida por haber sido firmada sin una audiencia pública previa. Por esa decisión Laderas le inició un millonario juicio a la comuna.
Luego de idas y vueltas judiciales que llegaron hasta el Supremo Tribunal de Justicia rionegrino, este año, el intendente Pogliano llegó a un acuerdo con la compañía vinculada a "Joe" Lewis, en el que se comprometió a anular la resolución que frenaba el loteo, convocar a una audiencia pública y emitir otra resolución que cediese las tierras. En dos semanas se liquidó todo: la audiencia fue realizada el 1 de diciembre, la nueva resolución fue firmada anteayer y su aprobación fue votada –sin debate y a puertas cerradas- esta mañana en el Concejo Deliberante.
Esta mañana, los vecinos no pudieron acercarse al legislativo comunal por el fuerte cordón de policías provinciales, y luego de que se enteraron de que la resolución había sido aprobada se dirigieron al Palacio Municipal, donde fueron recibidos con gas pimienta y palos del Grupo COER, la policía especial. Definieron mantener un acampe sobre avenida  San Martín, la principal de la ciudad.
La Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua anticipó que presentará un recurso de amparo para frenar la consumación de la entrega de esas tierras protegidas por la legislación ambiental –y por ello intransferible a intereses privados-, así como también pedirá la impugnación de la sesión del Concejo Deliberante y presentar una medida de no innovar ante los tribunales provinciales.
Detrás del proyecto de Laderas S.A. está el operador inmobiliario Nicolás Van Ditmar, un hombre de estrecha vinculación con Lewis. Inclusive fue quien confirmó a este diario la “amistad” entre el presidente argentino y el magnate británico, quien, además, alojó a Macri en su vivienda de Bariloche durante la visita de Barack Obama a esa ciudad.
“Lo único que puede frenar esto es la movilización popular”, remarcó a Página/12 Jorge Ronco, miembro de la asamblea ambientalista que en 2013 le puso un freno al avance del loteo tras presentar una denuncia ante el Superior Tribunal de Justicia provincial (TSJ). La decisión judicial vigente de no innovar también suspendió cualquier audiencia pública hasta que se resolviese sobre la presunta violación del emprendimiento inmobiliario a la ley de protección ambiental que rige en la provincia.
Según Ronco, la resolución de Pogliano convalidada por cinco de los siete concejales de El Bolsón “desoye al TSJ, incumple la ley ambiental” y se basó en un informe de impacto ambiental “aprobado rápidamente” por la Secretaría de Ambiente municipal, salteando el visto bueno de la Provincia.
Los asambleístas recordaron que durante la campaña electoral “los concejales de la UCR y de Juntos Somos Río Negro decían que estaban en contra del loteo. “No estamos de acuerdo con el loteo de Pampa del Ludden”, había dicho por entonces Pogliano, quien no respondió a la requisitoria de este diario. La venta de “Pampa del Ludden es una decisión del gobernador (Alberto Weretilneck) y no se va a tocar, no vamos a vender”, había asegurado por entonces la ahora presidenta del Concejo Deliberante, Adriana del Agua.
El agua, particularmente, es un punto clave en el conflicto. Rodrigo Tornero, miembro del colectivo de comunicación Alas, explicó a este diario que esas tierras “son una esponja de agua que drena la que se acumula en invierno hacia la zona productiva de Mallín Ahogado”; de allí su nombre: “mallín” es zona de tierras inundables. Entonces, su loteo y posterior explotación comercial sobre esa superficie frenaría el uso de ese recurso a los productores regionales, añadió Tornero, quien conduce un programa en FM Alas, que sufrió amenazas por parte de quienes apoyan el emprendimiento de "Joe" Lewis.
No es la primera vez que el magnate amigo de Macri “privatiza” el agua. En 2010 adquirió parte de un predio lindero al Lago Escondido, y prohibió el acceso público a ese espejo de agua. Fue denunciado por varias ONG y la Justicia le ordenó abrir el lugar, pero el lago sigue escondido.
Desde la Legislatura provincial, el diputado Mario Sabbatella aseguró que desde el bloque del Frente para la Victoria van a “acompañar todo el proceso de impugnación e ilegalidad” que impulsarán los vecinos de El Bolsón contra el acuerdo Pogliano-Laderas S.A., con aval político de Weretilneck. “Es un proyecto que va en contra de los intereses del pueblo y un nuevo avance sobre extranjerización de la tierra”, definió a este diario.
Su par Alejo Ramos Mejía consideró que este hecho muestra que “lo que prima es hacer negocios inmobiliarios y no desarrollos turísticos que darían empleo a vecinos, sobre todo a los jóvenes”. También cuestionó a Pogliano: “Él es parte de un engranaje para que el proyecto se consolide política y jurídicamente”.


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Lewisland: Un country en la reserva natural

Fecha de Publicación
: 20/12/2016
Fuente: Revista La Tecla Patagónica
Provincia/Región: Río Negro


El magnate inglés avanza con sus megaproyectos en una estratégica zona de la cordillera. Al Lago Escondido y a la represa que construyó a su vera se les suma un emprendimiento urbanístico en una reserva natural. Denuncian complicidad entre el municipio y la empresa
Lewisland: Un country en la reserva natural
El magnate inglés Joe Lewis va camino a convertir la comarca andina rionegrina en “The Lewisland”. No le alcanzó con apropiarse, en su momento, del Lago Escondido en Bariloche, y ahora sigue metiendo presión para concretar un megaemprendimiento inmobiliario en la ciudad vecina de El Bolsón, sobre tierras que son una reserva natural y que están en litigio. El proyecto urbanístico que se pretende desarrollar en la base del cerro Perito Moreno presenta graves irregularidades, que van desde la concesión de los terrenos hasta la cuestión ambiental. Sectores políticos opositores y parte de la sociedad manifiestan un fuerte rechazo al loteo y denuncian la complicidad de los gobiernos nacional, provincial y municipal con la empresa Laderas, propiedad de testaferros de Lewis, para desandar un negocio multimillonario.
La cuestión no data de ahora. En el año 2010, la firma Laderas se presentó como único oferente en la licitación para el desarrollo integral del cerro Perito Moreno y “ganó” la concesión, que luego le habría servido para justificar su intención de emprender el loteo en la Pampa de Ludden (Mallín Ahogado) de acuerdo a lo que aseguran grupos de ambientalistas que se oponen al emprendimiento.
La polémica se inició cuando la firma, vinculada al magnate inglés y amigo del presidente Mauricio Macri, adquirió de forma irregular más de 800 hectáreas con la idea de crear una villa turística. En 2011, el caso fue judicializado por una denuncia de la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua, por el impacto ambiental que causaría el proyecto. Dos años después, el Superior Tribunal de Justicia le puso freno a la iniciativa. En ese mismo período, el ex-intendente Ricardo García denunció aprietes por parte del gobernador Alberto Weretilneck y por la gente asociada al magnate inglés para que aceptara la concreción del loteo. La cuestión quedó ahí.
Con el cambio de autoridades en la comuna, el tema volvió a resurgir y avanza a pasos agigantados. A pesar de la oposición que despierta la concreción de la villa turística, a fines de noviembre, el intendente Bruno Pogliano (JSRN) anunció la readecuación del proyecto explicando que, de esta forma, se evitaba el avance de una causa judicial en contra del municipio. Es que, según las autoridades locales, la gestión anterior no apeló la sentencia que anulaba la decisión del exintendente García de dejar sin efecto la aprobación del proyecto, por lo que recibieron una intimación de la firma para dar continuidad al mismo. Ante esta situación, Pogliano sostuvo que, para frenar este avance, llegaron a un acuerdo judicial por el que se logró la readecuación del loteo disminuyendo de 800 a 300 la cantidad de hectáreas que se utilizarán, entre otras cuestiones, como eliminar la construcción de una cancha de golf y dejar afuera la parte de Pampa de Ludden. Se consiguió un ajuste “en contra de los intereses de la empresa y a favor de El Bolsón”, expresó el actual jefe comunal.
El tema es que, a pesar de que las tierras aún siguen en litigio, la comuna siguió adelante. Con mayoría en el Concejo Deliberante, días atrás, el oficialismo aprobó la ratificación del acuerdo y realizó la correspondiente audiencia pública, pero de carácter no vinculante.
Además de las irregularidades que denuncian, los sectores que se oponen a este proyecto inmobiliario entienden que, a diferencia de lo que aducen las autoridades municipales, El Bolsón quedará excluido del desarrollo que pueda generar el emprendimiento en la zona. Esto, debido a la construcción de un camino de acceso que se inicia en Bariloche y termina en el cerro Perito Moreno, dejando al margen a la localidad.
En principio, los ediles del Frente para la Victoria, Mario Scandizzo y Rosa Monsalve, realizaron una presentación ante la Justicia, solicitando la anulación del acuerdo. Habrá que ver qué se resuelve. Mientras tanto, Lewis sigue ampliando su imperio con la connivencia del poder político de turno y apropiándose de los recursos naturales.

La estrecha relación entre Mauricio Macri y Joe Lewis
Las relaciones entre el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y Joe Lewis, no se remiten únicamente al hospedaje en la extensa mansión del mandatario por parte del magnate inglés. Los vínculos dan cuenta de una cadena de favores que tuvo repercusión en el ámbito judicial.
El 30 de marzo pasado, el diputado nacional Martín Doñate denunció al Presidente por dádivas luego de haber viajado en un helicóptero, propiedad de Lewis, hacia su residencia en El Bolsón, seis días antes de la visita del presidente estadounidense Barack Obama a la región.
Las retribuciones de la administración PRO continuaron en los meses siguientes. En julio, el mismo Doñate, junto a la senadora Magdalena Odarda, solicitó informes por la instalación de una central hidroeléctrica a la vera del Lago Escondido. Asimismo, 1.229 millones de pesos es la cifra que condonó el Gobierno nacional a la empresa Edenor, que integra el holding “Pampa Energía”, del cual Lewis es accionista.
Como colorario de la cadena de favores, se encuentra la modificación a la ley de extranjerización de tierras, que permitirá la expansión de Lewis en la Patagonia.

En silencio: el oficialismo no responde por sus actos
En reiteradas oportunidades, La Tecla Patagonia intentó comunicarse con los ediles que dieron su visto bueno al nuevo proyecto inmobiliario del grupo Laderas. No obstante, los concejales respondieron con evasivas o se llamaron a silencio al momento de dar a conocer las explicaciones pertinentes. En este sentido, la concejal Cecilia Gori (Juntos Somos Río Negro) se excusó diciendo que no hablaría con el medio, mientras que su par, José Caliva, no respondió a los llamados.

“Todos sabían que si Pogliano llegaba a la intendencia, iba a impulsar esto”
El exintendente, Ricardo García, dialogó con este medio acerca de las implicancias del Proyecto Laderas y apuntó contra su sucesor. Al respecto, cuestionó: “Es una de las tantas aberraciones que hace esta gente por intereses particulares, porque el actual intendente, Bruno Pogliano, era el contador de la empresa, y todos sabían que si llegaba a la intendencia iba a impulsar esto, porque tenía un compromiso económico”. En referencia a las presiones para dar un envión a la iniciativa, el exjefe comunal señaló: “Recibí presiones. Una de las primeras fue cuando asumí, el 11 de diciembre de 2011. El Grupo Laderas le pidió una audiencia al gobernador (Alberto Weretilneck) que se hizo en una hostería. Esa fue la primera y, si bien nosotros teníamos conocimiento de este proyecto, no pudimos profundizar sobre los temas a tratarse”. Además, García manifestó: “Nos decían que estábamos en contra de generar empleo, del progreso y de otros argumentos que no son reales”.

“Si fuera el contador de Lewis, no estaría sentado en el Municipio”
El intendente municipal, Bruno Pogliano, habló con La Tecla Patagonia, justificó el avance del proyecto inmobiliario y negó su vinculación con el magnate Joe Lewis. En este sentido, el mandamás local sentenció: “En 2011, el intendente Oscar Romera firmó una resolución por 1050 lotes; después, en el gobierno de Ricardo García, se firma la 070 de 2013, que anula la anterior resolución y dice que los lotes son cero. Luego, la empresa va a la Justicia, hace caer dicha resolución; queda un período para que se apele, y el municipio no lo hace, entonces la Cámara deja firme la sentencia de los 1050 lotes. Esa situación es la que heredamos nosotros, donde la Justicia ordena el avance en el proceso”.
Sobre su vínculo con la empresa beneficiada y el empresario Joe Lewis, dijo: “Si fuera el contador de Lewis, no estaría sentado en el Municipio. Nunca fui su contador ni tengo relación, eso es parte de un mito”. Aparte de haber negado la relación, subrayó que “la firma no es de Lewis, sino de un grupo inversor que se llama Laderas del Paralelo”.

“Laderas” sin respuesta ante las acusaciones
Frente a las denuncias de concejales opositores, así como también de agrupaciones ambientalistas sobre la puesta en marcha del emprendimiento inmobiliario al pie del cerro Perito Moreno, La Tecla Patagonia intentó comunicarse con los responsables de la firma “Laderas del Perito Moreno S.A.” para conocer la respuesta de la firma respecto a las denuncias realizadas, y acerca de los alcances del proyecto en cuestión. Sin embargo, no hubo respuesta satisfactoria a los llamados de este medio.

“Hay intereses creados por parte del intendente”
Silvia Rojas, integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, dialogó con La Tecla Patagonia acerca del impacto ambiental del Proyecto Laderas y destacó: “Esto sería un proyecto que pretende urbanizar el área rural, y por eso nos oponemos. Después, hay otros fundamentos que tienen que ver con aspectos legales y ambientales, por ejemplo, en el tema del agua. Esto se ubicaría en una zona que actuaría de esponja del agua que baja en invierno por el deshielo y luego la va drenando hacia los canales que la distribuyen. Por otra parte, en lo social y en un ámbito rural, significaría una mayor contaminación por la iluminación y los ruidos en la zona donde hay animales. Desde lo turístico, no va a reportar ingresos a El Bolsón”.
Respecto a los intereses de las autoridades, destacó: “Básicamente, hay intereses creados por parte del intendente, quien hasta que asumió era el contador de Laderas, y el domicilio de la empresa es el estudio contable de Pogliano“.

“Hay connivencia entre el gobierno de Macri, Weretilneck y Pogliano”
El concejal del Frente para la Victoria, Mario Scandizzo, dialogó con La Tecla Patagonia sobre su voto en contra del acuerdo con la firma Laderas y subrayó: “Votamos, con mi compañera del Frente para la Victoria, contra un acuerdo que nos impuso el intendente municipal sobre esto que denominan el mejor acuerdo inmobiliario del cerro Perito Moreno”. Sobre las responsabilidades del Gobierno y los justificativos esbozados, el edil sentenció: “Todo lo que quieren exponer, diciendo que van a hacer un juicio millonario, es una mentira. Buscan darle derechos a la empresa y que siga con el paso de la audiencia pública. Otra de las cuestiones por las que no votamos es porque esas tierras están judicializadas. Hubo funcionarios provinciales de la administración de Saiz, además de la connivencia entre el Gobierno nacional de Mauricio Macri, el gobernador Weretilneck y Pogliano, para que esto salga, porque es en beneficio de Joe Lewis. Si uno mira en los mapas, están el loteo, la pista del cerro Perito Moreno y el Lago Escondido. Nosotros pedimos por su acceso y las costas para la gente”.
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Sigue el atropello de Manaos sobre campesinos

Santiago del Estero: disputa por tierras y desmonte ilegal

Fecha de Publicación
: 30/11/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santiago del Estero


Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, quiere deforestar, pese a la restricción oficial. Resistencia indígena.
En las últimas dos décadas, los conflictos por la titularidad de tierras en las que están asentadas las comunidades indígenas recrudecieron por la activación de los desarrollos agropecuarios en regiones forestales.
Aunque el Estado reconoce los derechos comunales de propiedad de los pueblos indígenas, la falta de entrega de títulos de dominio es fuente de tensión social y litigios judiciales. El conflicto emerge cuando las tierras son comercializadas con las comunidades en su interior, se inicia la deforestación y se intenta forzar el éxodo de las etnias.
En los últimos años, se produjeron más de 300 conflictos con estas características en áreas de bosque.
Uno de los que alcanzó resonancia pública en estos meses lo protagonizó el empresario Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa “Manaos”.
En el año 2014, el empresario presentó el título de compra de un campo con dos lotes, de 1.000 y de 1.163 hectáreas en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña. De inmediato presentó en la Dirección de Bosques de la provincia un proyecto productivo agrícola en el área forestal.
La Dirección, en primera instancia, aprobó el proyecto, y Canido inició el desmonte de 55 hectáreas, pero no pudo seguir porque los aborígenes interrumpieron el avance de las topadoras, y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) hizo un reclamo judicial por la posesión de las tierras. A partir de entonces, la Dirección de Bosques ordenó la suspensión del desmonte hasta que la justicia resolviera el conflicto.
Las páginas del expediente son una sucesión de denuncias cruzadas. Canido acusó a integrantes de la comunidad indígena Guaycurú de haber tomado su campo sin “fundamento jurídico ni acreditación de derecho alguno sino por simple invocación a la comunidad aborigen”.
A su vez, los miembros de la comunidad indígena relataron que “ya cansados de los retardos de la justicia y falta de respuesta, y siguiendo el consejo de representantes y consejeros, optaron por tomar el campo”.
El gobierno intentó resolver el conflicto en la “Mesa de Tierras” con el diálogo entre las partes. Pero el conflicto no se resolvió. Y volvieron las denuncias de ambas partes: los aborígenes por “intimidación de hombres armados” y Canido, “por daños a su propiedad y sus bienes”.
Casi un año después, en septiembre de 2015, con el plan suspendido, Canido decidió continuar con el proyecto agropecuario: con cinco topadoras taló otras 220 hectáreas de bosque, y fue obligado a detener el desmonte por la Dirección de Bosques, que le realizó un sumario. “Canido está en infracción por ese desmonte y se están haciendo las pericias administrativas”, indica Víctor Rosales, su director.
Fuentes de su entorno aseguran que el empresario es propietario de 40 mil hectáreas en la provincia y emplea a más de media población para tareas de campo en Bajo Hondo, la zona del conflicto. En mayo de 2016, la entonces jueza Lucrecia Martínez Llanos ordenó el desalojo de la comunidad pero la orden no se puedo ejecutar por resistencia del MOCASE VC. En julio, una nueva orden tampoco pudo efectivizarse.
Desde entonces, un grupo relacionado con Canido se asentó en un campo de su propiedad, al lado de la tierra en litigio, con actitudes amenazantes. Y en septiembre, según consta en el expediente, con 3 camionetas y 15 hombres armados, irrumpieron en la tierra en conflicto: mataron animales, prendieron fuego ranchos de la comunidad, y los obligaron a escapar al monte. En el ataque, balearon en la pierna a uno de ellos. El empresario Canido no respondió a los mensajes en su celular de este diario.
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En FAA Córdoba hay "preocupación por la Ley de Tierras"

Federación Agraria Córdoba, preocupada por la Ley de Tierras

Fecha de Publicación
: 06/08/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba


La delegación Córdoba de Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su "preocupación por la Ley de Tierras".
"Lejos de tomarlo como una situación coyuntural momentánea, los productores cordobeses reunidos en la filial local de Federación Agraria expresaron su preocupación por la modificación de la Ley de Tierras", señalaron desde la entidad.

Desfavorecidos
Leonardo Bonafé, titular de la delegación cordobesa expresó que “los pequeños y medianos productores vemos con angustia esta modificación en la Ley de Tierras ya que ponemos todo nuestro esfuerzo por subsistir y el Decreto 820/16, que facilita la venta de tierras a extranjeros, nos pone en desigualdad de condiciones ante eventuales intereses corporativos que ahora pueden avanzar sobre nuestro trabajo”.
El dirigente cuestionó también que “el modelo impulsado por el Kirchnerismo que alejó a los jóvenes del campo parece ahora apuntalado por este nuevo gobierno con una modificación que pone en riesgo la agricultura familiar y le da el ok a los intereses extranjeros para avanzar sobre nuestras tierras”.
Bonafé expresó asimismo que “numerosos productores se mantienen alertas ante esta situación y nuestra preocupación continuará siendo tema de debate en las bases federadas locales”.
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Venta de tierras a extranjeros: amplio rechazo

Rechazan decreto de Macri que facilita venta de tierras a extranjeros

Fecha de Publicación
: 15/07/2016
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional

El decreto de Mauricio Macri que modificó el acceso de los extranjeros a tierras nacionales desató una escalada de críticas y rechazos en las provincias.
La polémica reedita una histórica resistencia del interior al avance de inversiones inmobiliarias, especialmente en la Patagonia y zonas protegidas como los Esteros del Iberá, en Corrientes.
Precisamente, en 2011 el Gobierno de Cristina de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley que introdujo fuertes restricciones para la venta de campos a extranjeros. Estableció el 15% como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial y departamental o municipal. Por esa norma los titulares extranjeros no podían adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo (definida para el norte bonaerense, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe). Mientras tanto, una misma nacionalidad no podía superar el 30% de la propiedad.
Fue, en rigor, una respuesta al registrado avance de empresarios como Joe Lewis (dueño de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, Río Negro), los herederos de Douglas Tompkins (dueños de cerca de 1.500 hectáreas en los Esteros del Iberá), Luciano Benetton (dueño de un millón de hectáreas en la Patagonia), o Ted Turner (propietario de unas 5.000 hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego).
La semana pasada, el Gobierno oficializó una modificación a esa norma para flexibilizarla, bajo el argumento de alentar de este modo inversiones, desarrollos en el interior y reactivación de economías regionales.
Pero las provincias no tardaron en reaccionar. "Pedimos que se respete la división de poderes, porque no se puede modificar una ley con un decreto del Presidente", aseguró la diputada Silvia Frana (PJ, Santa Fe).
En Chubut, el legislador Nicolás Rochás (FpV) realizó una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la norma. Se suma a la que en el ámbito federal hizo el diputado Martín Doñate. Ambas operan en el mismo sentido: que la Nación no puede avasallar la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas.
"La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la provincia sin previo acuerdo mediante leyes convenio que contemplen el uso racional del mismo, las necesidades locales y la preservación del recurso y de la ecología", coinciden.
El fin de semana, en tanto, el Consejo Nacional del PJ difundió un duro documento en el que advierte que el decreto de Macri "podría permitir tranquilamente la extranjerización de lagos y lagunas".
La polémica ya está instalada y promete quedarse.
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Las aguas y el territorio

Las aguas y el territorio

Fecha de Publicación
: 06/07/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires


Una investigación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, dirigida por Alejandro Crojethovich, estudia los conflictos asociados a los arroyos que cruzan Florencio Varela y Berazategui. “El objetivo es que los vecinos pasen de la vulnerabilidad a la organización”, explica el especialista.
Para quienes transitan el conurbano en auto, los arroyos pueden parecer invisibles. Sin embargo, lejos del asfalto, quienes viven en los barrios más vulnerables, sienten a los arroyos como una presencia inquietante. Alejandro Crojethovich, estudioso de la ecología urbana de la región metropolitana, doctor en Ecología y Medio Ambiente por la Universidad Complutense de Madrid, investigador de la Licenciatura en Gestión Ambiental del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) investigó, junto a un equipo, diversos aspectos de la vida al borde de arroyos que surcan los partidos de Florencio Varela y Berazategui, en el sur del Gran Buenos Aires: los usos que les dan los vecinos, la problemática de las industrias y el rol de la provincia y municipios. “El objetivo del proyecto es mejorar el vínculo con el agua y generar una utilización sustentable de este recurso vital. Para eso es clave mejorar la organización de los vecinos”, explicó en diálogo con Página/12.

–¿Qué es lo que estudiaron?
–Hemos estudiado de modo integral la gestión del recurso hídrico en la región del conurbano sur de Buenos Aires, considerando al ambiente como un sistema complejo formado por la interacción entre el medio biofísico, la organización social, la economía, la producción, la tecnología y la gestión institucional. Analizamos la vulnerabilidad social hídrica y la organización que puede emerger de los comportamientos entre la comunidad, el sector productivo y la administración local. A partir del marco teórico de la ecología urbana, la sustentabilidad en la ciudad es una propiedad emergente de las interrelaciones entre tres subsistemas: el social, el económico y el ecológico.

–Difícil dimensionar la complejidad de semejante objeto de estudio…
–El desarrollo urbano se ha convertido en unos de los grandes desafíos de la humanidad. Una de cada diez personas vive en urbes. En el área de estudio que abarca Florencio Varela y Berazategui viven 750 mil personas. Trabajamos tres años, nos centramos en el arroyo San Juan, que abarca los barrios de Villa Vatteone y Villa San Luis, de Florencio Varela, y está al noroeste de un curso de agua más grande que es el arroyo Las Conchitas. Nace en la zona rural de Varela y desemboca en el Río de la Plata. Si bien no es un arroyo muy extenso, el estudio sirve de ejemplo de una realidad mucho más amplia.

–Días atrás la ONU dio a conocer un preocupante informe sobre los males vinculados al agua contaminada a nivel global, dijeron que hoy muere más gente como consecuencia del agua que por efecto de toda formas de violencia.
–Sí, la importancia de un problema la determina la cantidad de gente afectada, puede decirse que en nuestro país los problemas ambientales urbanos son los que a más gente afectan directamente. Es un tema de justicia social, ya que al hablar de un ambiente saludable nos referimos a las condiciones de vida, al estado de la vivienda, la ubicación de zonas residenciales con respecto a las industriales, disponibilidad de espacios verdes y recreativos. Esas cosas marcan las diferencias entre las zonas ricas y las pobres en nuestras ciudades.

–¿Estudiaron si estaba contaminado el arroyo?
–Sí, se hicieron muestreos de agua, relevamos las condiciones de infraestructura, encuestamos a los vecinos para conocer las percepciones e imaginarios sociales, su uso doméstico, la relación del recurso hídrico con actividades agropecuarias, todo con el objetivo de proponer desde la universidad estrategias y acciones de manejo y gestión del territorio.

–¿Con qué procedimiento midieron la calidad del agua?
–Fuimos a los arroyos, recogimos el agua y en el día se realizaron análisis químicos para medir el DQO, demanda química de oxígeno, que da una idea de la cantidad de oxígeno en el agua, conductividad para conocer la presencia de sales, y si en la zona hay descargas de productos químicos y PH.

–¿Qué problemas encontraron en relación al uso de los arroyos?
–Básicamente encontramos que el arroyo no brinda ningún beneficio de importancia para el vecino, que lo ve más bien como un problema, como agua que está ahí, contaminada. Planteamos que debería haber algún tipo de saneamiento para utilizar la ribera de los arroyos como lugar de esparcimiento, hoy está asociado a problemas como inundaciones, acumulación de basura y contaminación.

–¿Cuál es la causa de esa contaminación?
–El arroyo está contaminado en muchos lados por falta de cloacas. La causa está en los problemas de infraestructura. También encontramos que no hay una buena relación entre el tejido empresarial local y los vecinos. Una situación que podría ser beneficiosa, está olvidada. Nosotros como universidad podemos ser un puente de contacto para empezar a mejorar la situación.

–¿Las empresas cercanas lo contaminan?
–La relación va desde el no uso, hasta un tipo de uso contaminante; pero esta es una situación que se puede revertir. Hay ejemplos en muchas partes que indican que podría haber un uso beneficioso para las empresas. Mejorar la situación del agua puede significar mejorar la productividad y competitividad de las empresas que utilizan el agua y tener una imagen mejor frente a la sociedad local.

–¿Cuáles con los próximos pasos?
–El diagnóstico de las otras cuencas de Varela y Berazategui, y a la vez avanzar con talleres, reuniendo a vecinos, a industrias y al municipio para ver, con los resultados que tenemos, qué podemos empezar a mejorar. El uso del agua es como un disparador de una serie de cuestiones que tienen que ver con enfermedades hídricas y falta de infraestructura. Ya sabemos los problemas que hay, ahora avanzamos hacia una gestión sustentable.

–¿Cómo fueron recibidos ustedes cuando llegaron a hacer sus estudios?
– El tejido social ha reaccionado muy positivamente, los vecinos se han mostrado muy atentos. Con los municipios tenemos buena relación, desde el área ambiental de nuestra carrera con las áreas de ambiente municipales. Esto tiene que ver con una serie de preocupaciones y acciones de la gestión municipal vinculadas con el cambio climático. Con respecto a las empresas hemos encontrado pocas empresas en la cuenca del San Juan como para empezar a establecer una relación. Ahora vamos a empezar a relacionarnos de manera más firme.

–En líneas generales, ¿cuáles considera los principales temas ambientales pendientes?
–Hay muchos, algunos tienen más prensa que otros. Nuestro país, que a pesar de su tamaño, más del 90 por ciento de la población vive en ciudades, diría que los temas ambientales urbanos deberían ser prioritarios, como disponibilidad de agua de calidad y sistemas cloaca-les, gestión de los residuos, contaminación urbana, y falta de espacios verdes.

–Mencionó al cambio climático, ¿cómo afectan las lluvias a la dinámica del agua en estos barrios?
–Hay un aumento de lluvias de mayor intensidad. Los arroyos están en zonas de baja pendiente y escurren lentamente el agua. Las viviendas está muy próximas a los arroyos, esto aumenta la exposición a las crecidas. Además, como al arroyo va a parar basura, esa agua que ingresa a las casas causa enfermedades. Las personas deben estar más informadas de cómo actuar frente a esos fenómenos climáticos y saber organizarse de modo sustentable.

–¿A qué se refiere con saber organizarse?
–Mejorar la organización de los vecinos para que con las empresas locales y el municipio hagan frente a los problemas, con más comunicación entre ellos, más formación. Nuestra universidad está trabajando para ofrecer soluciones. Por eso estamos preparando un congreso para fin de año sobre agua y territorio, y hemos lanzamos hace unos días un nuevo programa de estudios.
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Por Decreto Macri modifica la Ley de Tierras



El Gobierno modificó la Ley de Tierras para facilitar la compra a extranjeros

Fecha de Publicación
: 03/07/2016
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Nacional


A través de un decreto, la Ley de Tierras Rurales aprobada en 2011 volvió más laxas las restricciones para la venta de campos a extranjeros
El Gobierno modificó ayer por decreto la Ley de Tierras Rurales y volvió más laxas las restricciones para la venta de campos a extranjeros que impuso el kirchnerismo en 2011.
El subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, aseguró hoy que la nueva reglamentación de la denominada Ley de Tierras, la número 26.737, busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas cuando se legalizó el límite a la extranjerización del suelo nacional.
"El reglamento, en los límites que le fija la ley, allana y favorece el camino a las inversiones extranjeras productivas, virtuosas y a largo plazo, en el país", indicó Borrelli.
El funcionario explicó que "se pondrá bajo estudio de la Nación y de las provincias el sistema de equivalencias actualmente vigente ya que no responde a la realidad del comercio de tierras rurales en nuestro país ni a las necesidades de expansión del negocio agroindustrial de las provincias".
Por su parte, la directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, María Cristina Brunet, aseguró que con la nueva reglamentación los trámites en ese organismo "serán más cortos y expeditivos", y destacó que "se trabajará intensamente con todas las jurisdicciones y los actores del sistema para incorporar mayor tecnología para la obtención del certificado de habilitación".
La Ley de Tierras, sancionada el 22 de diciembre de 2011, tuvo por finalidad establecer límites a la titularidad por parte de extranjeros de tierras rurales en la Argentina, disponiendo el artículo 5º que a través de un reglamento se determinase los requisitos a observar por las personas físicas y jurídicas extranjeras para acreditar el cumplimiento de las disposiciones de tal ley.
Según explicaron voceros del Ministerio de Justicia, "el Decreto 274/12 cumplió en forma parcial e incompleta con ello, no previendo situaciones que surgen frecuentemente en el comercio e inversiones inmobiliarias", y remarcaron que "el nuevo Código Civil y Comercial en el 2015 produjo nuevas lagunas regulatorias".
"Entre las graves omisiones, no se definió el modo de computar la superficie de tierras rurales en los casos de dominio desmembrado, es decir, cuando existe usucapión, alquiler, usufructo (hoy también derecho de superficie), entre otros", precisaron las fuentes ministeriales.
Remarcaron que en la reglamentación anterior "tampoco se consideraron los casos de adquisiciones en ejecuciones hipotecarias, concursos y quiebras, adjudicaciones por partición de condominio y divorcios, transmisiones de tierras rurales a herederos forzosos".
Al respecto, indicaron que con el Decreto 820/16, publicado ayer en el Boletín Oficial, "esos casos se aclaran, así como en qué supuestos debe solicitarse certificado y en cuales no".
"A veces, la propia duda, originaba extensos trámites carentes de sentido por parte de los inversionistas y escribanos actuantes", puntualizaron desde el Ministerio.
También destacaron que con la nueva regulación "se define cómo computar las adquisiciones de tierras rurales, cuando ellas se producen con motivo de transferencias de paquetes accionarios y en qué plazo transferir".
Además indicaron que "se consideran los casos de las uniones convivenciales", y añadieron que "se fijan reglas precisas para cumplir con la Ley 26.737".
"Se soluciona la cuestión de cómo estimar las equivalencias respecto de la zona núcleo, en función de los límites fijados para cada tipo de explotación, municipio, departamento y provincia y se solicita a los gobiernos provinciales o al Consejo Interministerial de Tierras Rurales, en caso de falencia o renuencia de aquella, que determine esas equivalencias", explicaron desde Justicia.
Pusieron de relieve que con las modificaciones introducidas por el Decreto 820/16 "se resuelve el grave problema respecto del mapa de identificación de cursos de agua específica, estableciendo plazos".
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Pueblos jujeños atropellados por las mineras



Comunidad Aborigen denuncia que una minera avanza sobre su territorio por un aval otorgado por Fellner

Fecha de Publicación
: 08/02/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy


En una entrevista con nuestro medio, Gabriela Flores, integrante y vocera de la Comunidad Aborigen “Las Capillas”, se refirió a la lucha que llevan adelante ante el avance de una empresa minera en su territorio gracias a un permiso que les fue otorgado por el ex gobierno de Eduardo Fellner.
Además resaltó el rápido accionar en su defensa del propio Gobernador Gerardo Morales quien les otorgó la personería jurídica, trámite que esperaban terminar desde hace dos años y que, según comentaron, en esta nueva gestión de gobierno demoró tres días.
En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gabriela Flores explicó su presencia en el hall del Palacio de Tribunales, “el motivo por el que estamos acá es porque queremos reclamar los derechos que nos corresponden como comunidad, porque todos pertenecemos a la comunidad aborigen Las Capillas y llegamos a esta instancia porque la compañía minera Piuquén, que tiene como encargado a Juan José Correa, quiere despojarnos de nuestras tierras alambrando hectáreas que son zonas de pastoreo”.
“Ellos quieren poner plantines de eucaliptos y presentaron a Medioambiente un proyecto para forestar y la gestión anterior se lo aprobó. Por eso presentamos una medida cautelar contra esta compañía y a pesar de eso, más todas las denuncias que hacemos, ellos siguen y ahora empezaron a alambrar y desmontar los bosques nativos”.
Acerca de los perjuicios y riesgos que corren con el avance de esta empresa, Flores expresó “somos alrededor de 30 familias, en unas tierras a unos 37 kilómetros de Palpalá sobre ruta 20, y si corremos muchos riesgos ya que hubo un intento de desalojo y denuncias contra la gente de la comunidad porque dicen que somos usurpadores, intrusos, que hace poco que estamos ahí cuando no es así, se ha realizado una inspección ocular y pericias de los ranchos que tienen más de 100 años  y además sufrimos una serie de atropellos y amenazas que ya vienen de hace años”.
Agregó “también nos perjudica porque los árboles que se cortaron son natitos y medicinales y que la gente utiliza como churqui, tusca, y ahí dentro de esos nuevos alambrados corren los arroyos de donde beben agua nuestros animales”.
“Además entre esos árboles que están cortando las vacas van a parir, porque ahí se protegen, los animales se esconden para parir y dejarnos sin arboles ni campos nos perjudica mucho en ese sentido porque las vacas ‘mal paren’ y pueden morir”.
JUJUY AL DIA® consultó a la integrante de la Comunidad de Las Capillas si esta situación fue denuncia ante el anterior gobierno y ante la nueva gestión a cargo de Gerardo Morales, a lo que afirmó “sí, lo denunciamos antes, pero nos tenían dando vuelta, nos decían que nos quedemos tranquilos pero siguieron avanzando”.
“Pero con el gobierno actual fue distinto, solo con decirle que el Gobernador nos recibió y en menos de tres días nos dieron la personería jurídica que hace más de dos años que la tramitamos, estamos muy agradecidos por esos, nos abrieron las puertas de Casa de Gobierno porque venimos luchando hace bastante y ahora nos respalda el señor Gobernador”.
“También la señora Natalia Sarapura nos ayudó y estamos agradecidos con el gobernador que está comprometido con nosotros y las comunidades. Nos dijo que no nos va a soltar la mano, ojala se cumpla”.
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Manaos usurpa tierras del Mocase



¿Vamos manaos? ¿Tomá lo mejor de tu país? Qué ironía.

Fecha de Publicación
: 17/01/2016
Fuente: Mocase
Provincia/Región: Santiago del Estero


Manaos quiere apropiarse de la tierra campesina e indígena del Mocase. Pero no lo vamos a permitir.
Ya van más de dos años con la sombra de Palermo y Francescoli en el alero de nuestros ranchos. Mientras la empresa se posiciona como una bebida nacional y popular y el Chaqueño Palaveccino se hace el gracioso, el encargado de Manaos, Orlando Canido acompañado por sicarios armados y amenaza a las familias campesinas mientras activa topadoras que ya han volteado 500 Ha de monte nativo donde viven muchas familias campesinas.
Denunciamos también a Claudia Díaz, comisionada de Pozo del Toba, que hace la vista gorda y toma una postura favorable a la empresa Manaos.
Utilizan bandas armadas, como lo hacía Jorge Ciccioli en Monte Quemado. Salen al cruce de mujeres y niños en los caminos que hay en la zona, cuando se dirigen a la escuela o al almacén o están acompañando a las chivas, y aparecen estos grupos armados amedrentando, amenazando y tirando tiros al aire. Parece de película pero no lo es.
Esto pasa en la argentina del 2016. Esto es manaos.
En el 2011 denunciamos los ataques de los sicarios de Jorge Ciccioli, nadie hizo nada y nos asesinaron a Cristian, en el 2012 volvimos a denunciar las amenazas en la zona y le cortaron el cuello al compañero Miguel Galván. Decimos que lo asesinaron contándole el cuello.
Hoy el MOCASE-VC vuelve a denunciar esta zona caliente y anticiparse a los hechos. No queremos nuevamente tener que lamentar otro asesinato.
El MOCASE-VC ha propuesto que la Mesa de diálogo (auspiciada por Francisco y avalada por todo el espectro político) de la secretaría de agricultura familiar es el espacio para llegar a acuerdos justos. Convocamos a la empresa Manaos a participar de la próxima reunión de la mesa de diálogo.
Y Solicitamos a todos los consumidores de esa bebida como también a las figuras públicas que publicitan la marca, que lo piensen bien la próxima vez. El MOCASE-VC fiel a su historia no se va dejar amedrentar por unos empresarios patoteros, ni por mafiosos, ni por sicarios de la soja.
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Neuquén: Juicio a mapuches por defenderse



Juicio a mapuches acusados de agresiones en defensa de tierras originarias

Fecha de Publicación
: 29/10/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Neuquén


Ayer se inició el juicio contra Relmu Ñamku, mujer referente de la comunidad mapuche Winkul Newen, acusada de “tentativa de homicidio”. Además, también imputan a Martin Maliqueo y Mauricio Rain, integrantes de la misma comunidad. Verónica Pelayes, la víctima, es oficial de justicia, y no concurre a las audiencias hasta que llegue su turno de declarar como testigo. En el jurado también hay miembros de pueblos originarios.
La comunidad mapuche argumenta que el hecho se produjo en una movilización en el año 2012 para defender tierras originarias, ante el avance de las topadoras de la empresa Apache, que explota hidrocarburos en la zona.
De acuerdo a estos relatos, la oficial de justicia, Verónica Pelayes, acudió ante la toma mapuche a presentar una cédula judicial cuando se originaron algunas pedradas donde resultó lastimada la funcionaria pública.
La fiscal Sandra González Taboada, es quien acusa a Relmu Ñamku por el delito de “tentativa de homicidio”, y relató ante el jurado que “Pelayes recibió todo tipo de insultos y, cuando intentaba retirarse, Relmu se acercó a la ventanilla del auto y le arrojó una piedra de gran tamaño que le produjo graves lesiones en el rostro”.
Desde la comunidad señalaron que “la fiscal Taboada está pidiendo 15 años de prisión en un juicio que tuvo todo tipo de manipulaciones e irregularidades que la fiscalía hizo para que la carátula que en un principio era por “lesiones” pase a “tentativa de homicidio”. Nuestra comunidad viene resistiendo hace décadas a las empresas petroleras, que han producido derrames, fugas de gas e incontables delitos al medio ambiente que afectan directamente a los habitantes”.
Relmu Ñamku, expresó que “nunca quisimos lastimar a nadie, no supimos que había alguien herido hasta que llegó un oficial con la denuncia. Nosotros nos defendimos en nuestra propia casa al avance de una topadora que quería pasar sobre nuestra familia”.
Los defensores de los tres integrantes de la comunidad Winkul Newen, Darío Kosovsky y Emanuel Alfredo Roa Moreno, replicaron diciendo que “nadie quiso matar a Verónica Pelayes. No vamos a negar que los integrantes de la comunidad tiraran piedras, pero no con la intención de lastimar gravemente. Les pido que se saquen las anteojeras y vean el contexto en el que ocurrieron los hechos, esta comunidad sufre a diario por los derrames y el accionar de las empresas que sólo dejan contaminación en sus casas”.
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Campesinos de usurpación absueltos en Córdoba



Absuelven a campesinos acusados de usurpación

Fecha de Publicación
: 20/06/2015
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba


Ayer se leyeron los alegatos y la sentencia en la causa que se tramitaba en el Tribunal de Deán Funes, y que cuyo juicio habría sido suspendido en noviembre.
El Tribunal de Deán Funes, a cargo del juez Abraham Elías, absolvió ayer al mediodía a los campesinos Miguel Rojas y Sebastián Ramírez, que habían sido acusados de usurpar tierras en la Comunidad Los Pozos.
En horas de la mañana se había dado lectura a los alegatos en este juicio que ya había sido suspendido en tres oportunidades, y que conllevó 10 audiencias más una inspección ocular en la comunidad rural ubicada a 87 kilómetros de Sebastián Elcano.
En esa oportunidad, la Fiscalía, a cargo de Hernán Funes, solicitó la absolución de los imputados, en tanto que la parte quellante pidió la máxima pena para Miguel Rojas y la absolución de Sebastián Ramírez, por la usurpación de campo en tierras donde residen 30 familias de campesinos.
En diálogo con LA MAÑANA, Gastón Farías, activista de la Ucan (Unión Campesina del Norte), elogió la actuación del fiscal Hernán Funes y dijo que “su participación fue fundamental en esta sentencia”.
Farías precisó que en los alegatos se “pidió la absolución de Sebastián Ramírez, que es quien vive en los campos supuestamente usurpados, mientras que solicitaron la pena máxima a Rojas que es quien tenía un preacuerdo ancestral con los padres de Figueroa (el querellante en la causa) en cuyas tierras vivían sus padres”.
Según relató, muchas organizaciones se hicieron presentes ayer frente a los tribunales de Deán Funes para acompañar a las familias de la comunidad rural Los Pozos.
“Lo que quedó en claro es que detrás del querellante había intereses económicos porque en un momento llamaron a las familias a negociar y vinieron representantes de una firma dedicadas a bienes y raíces de Córdoba”, detalló Farías.
El militante del Movimiento Campesino destacó el precedente que sienta el fallo del juez Abraham Elías para otros procesos judiciales que se siguen en la Provincia por usurpación y que afectan a comunidades enteras de familias campesinas que producen esas tierras, con un estilo de vida autónomo, sustentable, y que no encajan en los cánones del agronegocio y el desarrollo inmobiliario.
En ese sentido, la abogada defensora de los campesinos, Victoria Gauna, sostuvo a radio Nacional que tras una larga audiencia de alegatos, se le dio reconocimiento a la forma del uso del territorio en esta zona de la provincia de Córdoba, de uso común sin alambre.

El caso
El juicio contra dos productores campesinos acusados de usurpar campos en la zona de Los Pozos, comenzó a fines de marzo pasado. Si bien en su momento estaba previsto para noviembre del año pasado, había sido reprogramado debido a inundaciones en la provincia.
La comunidad de Los Pozos se ubica al norte de la Laguna de Mar Chiquita, en el departamento Tulumba. Son cerca de 30 familias las que habitan esos campos de uso común desde hace varias décadas.
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Lago Escondido: promueven agilizar la causa del acceso



 Piden intervenir por el acceso a Lago Escondido

Fecha de Publicación
: 29/04/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región:
Río Negro

 
Los abogados ambientalistas quieren constituirse como "amigos del tribunal" en la causa que lleva más de nueve años sin definición para agilizar una solución definitiva.
Ante la prolongada indefinición del mandamus interpuesto por la senadora Magdalena Ordada para garantizar el libre acceso al Lago Escondido, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas pidió ser aceptado como "Amicus Curiaer" (amigos del tribunal) para dar nuevo impulso a la causa.
La presentación realizada ante el Superior Tribunal de Justicial por el presidente de la organización, Enrique Viale, señala como "un verdadero retroceso jurídico" que "no se brinde debido cumplimiento" a las sentencia dictada en 2009 que ordenó a la provincia la reapertura del camino desde Tacuifi.
Esa decisión generó una extensa polémica pública que quedó empantanada incluso en el plano judicial con la presentación de caminos alternativos, disculpas de orden presupuestario y un sinnúmero de recursos pendientes de solución hasta la fecha.
Viale recordó que la sentencia "no hace otra cosa que revalidar la posibilidad de utilizar un simple camino preexistente ("Tacuifí"), y del cual los vecinos han venido haciendo utilización históricamente".
El abogado advirtió que "consolidar ese criterio jurídico constituiría un retroceso inaceptable en materia ambiental" y reiteró que "los lagos navegables, sus lechos y sus márgenes, pertenecen al dominio público del estado y, por tanto, todos los habitantes tienen un derecho de uso y goce sobre los mismos".
Los abogados ambientalistas buscan dar renovado impulso al expediente, que tuvo escaso avance tras la designación del juzgado Civil 3 como tribunal de ejecución de sentencia. "El hecho de restringir las condiciones de acceso al espejo de agua público Lago Escondido, permitiendo que sólo accedan al mismo montañistas aguzados o personas con altos recursos, importante tiempo disponible y guía especializada implicaría una importante discriminación hacia más del 90 por ciento de los habitantes de la República", señaló la organización.
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Ratifican posesión de tierras a campesinos de Córdoba



Justicia garantizó la posesión de campos en comunidad La Libertad a campesinos

Fecha de Publicación
: 22/04/2015
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba


Fue tras el intento de ocupación del predio por parte de un grupo empresarial que compró en un remate los terrenos con 50 familias en su interior.
La Justicia ratificó ayer la posesión del campo La Libertad a las familias que viven en el, y fueron amenazadas el viernes pasado por un empresario que intentó tomar el predio de manera ilegal.
“El viernes pasado se hicieron presentes en el campo los señores  Pérez, la síndica Elisa López y la oficial de Justicia de apellido Luna de los Tribunales de Cruz del Eje. Los compañeros que estaban en el campo resistieron la toma de posesión, impidiendo el ingreso a los lotes la Concepción y La Envidia, interpelaron a que la Oficial de Justicia para que diera cuenta en acta de que los poseedores no permitirían la toma de posesión de los campos”, explicó a este diario Joaquín González, abogado del Movimiento Campesino.
“A pesar de la propuesta de diálogo de los vecinos para tratar de buscar solución al conflicto, por la tarde, los mismos Pérez, entraron a Puesto del Medio (es al fondo del campo) y rompieron candados, alambres y sacaron carteles”, explicó el movimiento en un comunicado.
La organización relató que “los compañeros que estaban en el lugar impidieron que ingresaran a los lotes La Concepción y La Envidia, y reclamaron a la oficial de Justicia de los tribunales de Cruz del Eje que diera cuenta en un acta que los poseedores no permitirían la usurpación”.
Al parecer, propietarios de dos estaciones de servicio de la firma Petrocrod en la ciudad de Córdoba, los Pérez exhiben títulos adquiridos en remates, en el marco de una quiebra fraudulenta y en los que “oficiales de Justicia y martilleros pretenden ignorar los derechos de las familias campesinas poseedoras”.
El juez Sergio Ruiz había prometido en su momento que se iban a garantizar los derechos de posesión de las familias campesinas dedicadas a la pequeña producción ganadera en los lotes La Guardia, La Envidia, Puesto del Medio y La Concepción, en campo La Libertad.
El juez prometió que el carácter de “ocupados” garantizaba los derechos de los pobladores pero con la autorización a la firma petrolera a tomar posesión del lugar, denota la parcialidad con la firma en contra de los edictos y las actas previas al remate.
El reconocimiento de la ocupación campesina de los lotes «La Guardia, La Envidia, Puesto del Medio y La Concepción”, hacen obligatorio un juicio reivindicativo previo.
“La comunidad vive un estado de alerta y angustia ante la inminente usurpación del campo”, señalaron.
Por ello se han establecido turnos de vigilancia y reuniones permanentes por la posible toma del campo y se ha convocado al apoyo del Movimiento Campesino y organizaciones aliadas al apoyo a la resistencia.
En tanto, el abogado del MCC llevó tranquilidad a la comunidad tras una reunión mantenida con el juez y en la cual le aseguró que el comprador del predio no puede tomar ocupación del campo, “el oficio librado especifica que no pueden intervenir el lugar cortando alambrados ni cortando candados que es lo que hicieron”.
De allí que el Movimiento evalúa iniciar acciones legales contra quienes respaldaron el accionar del viernes.
“Este fue un exceso de toma de posesión, ese día estaba la oficial de justicia haciéndole tomar posesión al empresario de manera supuestamente irregular, de allí que evaluamos hacer una denuncia penal”, añadió González.
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La Ley de Tierras solo se cumple parcialmente



Piden que ocho provincias cumplan con la Ley de Tierras

Fecha de Publicación
: 07/04/2015
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional


La normativa nacional, que fue promulgada hace tres años, limita la venta a extranjeros al 15% del territorio nacional. Desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales dieron como ejemplo preocupante a nuestra provincia.
La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (Cair) solicitó el cumplimiento de los tiempos de ejecución por parte de las provincias de la Ley de Tierras, que fue promulgada hace tres años y que limita la venta a extranjeros al 15% del territorio nacional y obliga a las autoridades a informar la cantidad de tierras en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.
En un comunicado firmado por su presidente, Cristian Baláustegui, la Cair advirtió sobre el “incumplimiento en los tiempos de ejecución” por parte de ocho provincias de la Ley de Tierras y su decreto reglamentario a más de tres años de su promulgación.
“Aún existen ocho provincias, (Córdoba, Santa Cruz, Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy, Salta, Catamarca, y San Juan) que no han cumplimentado la presentación de sus Equivalencias ante el Consejo Interministerial”, indicó la Cámara.
Detalló que “mientras estas provincias siguen incumpliendo los tiempos que marca la Ley, la Nación pierde la posibilidad de recibir inversiones productivas al sector agropecuario, perjudicando gravemente la realización de operaciones inmobiliarias rurales con extranjeros”.
“No debemos olvidar, que según la mencionada Ley vigente, todavía hay disponibles para la venta a inversores extranjeros más de 24 millones de hectáreas en todo el país”, añadió.
La Cámara dio el ejemplo de la provincia de Córdoba, que dispone de una superficie rural de 16 millones de hectáreas, de las cuales sólo el 1,04% está en mano de extranjeros.
“Esto da como resultado que bastante más de 2,2 millones de hectáreas podrían aún ser comercializadas con inversores extranjeros, beneficiando directamente a su economía provincial y consecuentemente a la nacional”, indica el comunicado.
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Nativos de Salta contra política territorial

El Consejo de Participación Indígena rechaza creación de Unidad Provincial de Relevamiento Territorial

Fecha de Publicación
: 17/12/2014
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Salta


En un documento El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA de la Provincia de Salta, expresa su rechazo ante la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI), por la cual el Gobierno provincial, de forma unilateral, según los representantes indígenas decidió centralizar las gestiones cuando se trata de cumplir con una acción que el CPI ya lleva realiza. Mientras las especulaciones y negocios inmobiliarios en tierras originarias se acrecientan en esta provincia.
El actual gobierno de Salta, y las anteriores administraciones han demostrado no ser confiable para los más desprotegidos. La apropiación sobre tierras originarias y del fisco se mantiene desde la época de Robustiano Patrón Costas, en esta provincia de raigambre feudal. El avance de 400 mil hectáreas de desmonte en tierras donde habitaban pueblos originarios y pequeños campesinos es el caso testigo de la continuidad de este modelo de apropiación del estado por grupos económicos concentrados.
La desconfianza de las comunidades originarias sobre el gobierno de Urtubey se enmarca en el 2009, cuando este inicio un proceso participativo con el objeto de elaborar el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) establecido en la ley nacional. Durante este proceso que contó con la participaron de comunidades originarias, y campesinos criollos, los más afectados por el desmonte, se estableció una zonificación consensuada en un mapa, que no fue respetado, y que finalmente dejó casi 1.300.000 hectáreas en categoría roja; 5.400.000 hectáreas en categoría amarilla; y 1.600.000 hectáreas en categoría verde, aptas para el desmonte.
El acuerdo establecido durante el proceso participativo, entre el estado provincial, Comunidades originarias y campesinos criollos fue quebrantado por el gobierno de Urtubey.
La Agencia de Noticias Copenoa reproduce el Documento de rechazo la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI) enviado a nuestra redacción por El Consejo de Participación Indígena.

CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA DE SALTA
DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO POLITICO ANTE EL DECRETO PROVINCIAL Nº 3.505/14

Salta, 10 de diciembre de 2014

El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA en la Provincia de Salta, consiente de los Derechos Indigenas de base colectiva, contemplados en la CONSTITUCION NACIONAL, y LA LEY 26.160 Venimos por este medio a rechazar categóricamente el Decreto Provincial Nº 3.505/14 tanto en la parte enunciativa, en los considerandos y su parte resolutiva. Teniendo en cuenta que los mismos son interpretaciones parciales, y violatorias a los derechos consagrados en nuestro marco legal vigente.
Ya que dicho decreto desconoce la Ley Fundamental de la República Argentina, como lo es Constitución Nacional en su Artículo 75 inciso 17, como fuente y marco legal de los Derechos Colectivos Indigenas en Argentina.
Que desconoce la Ley 26.160 y sus prorrogas, 26.554 y 26.894 de ORDEN PUBLICO Y de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y EFECTIVO en todo el territorio nacional. Dicha Ley establece la participación plena y efectiva de los Pueblos Originarios y sus Comunidades en el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indigenas a través del Consejo de Participación Indígena CPI.
Que desconoce el Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007 REGLAMENTACION DE LA LEY 26.160 DE EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESION Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE TRADICIONALMENTE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ORIGINARIAS DEL Art. 2º designar al INAI organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como Autoridad de aplicación de la Ley 26.160 Que habiéndose cumplido el mandato del Art. 3º del Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007, “El INAI aprobara los programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades indígenas del país”.
En este sentido el decreto provincial Nº3505/14 no tiene en cuenta el artículo 3º del

DECRETO PEN 1122/2007

“Los citados programas deberán garantizar la cosmovisión y pautas culturales de cada pueblo, y la participación del Consejo de participación Indígena CPI en la elaboración y ejecución de los mismos, en orden de asegurar el derecho constitucional a participar en la gestión de los intereses que los afecten”.
Que desconoce y viola la Ley Nacional Nº 24.071 ratificación del CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) que establece el DERECHO A LA CONSULTA Y PREVIA E INFORMADA; “Art. 6 los gobiernos deberán consultar a los Pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones participativas, cada vez que estos prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
“Art. 13 los gobiernos deben respetar las culturas y los valores de los Pueblos interesados y su relación con las tierras o territorios que ocupan”…” el concepto tierra debe incluir el concepto de territorios, que incluye la totalidad del habitad de las regiones que los Pueblos Interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
Que no observa las orientaciones de la DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES.
Es un instrumento Jurídico del Derecho Internacional, que incluyen nuevos enfoques en el marco de los Derechos Indigenas, que reflejan las voluntades de los Estados en cuanto a una Política Indígena de reivindicación y reparación histórica de los Pueblos Originarios. Que las misma una herramienta orientativa de los principios y criterios que los Estados deben tener al aplicar los derechos de Pueblos Originarios.
“Que la Declaración de la ONU, se refiere textualmente a la Participación de los Pueblos Indigenas en todas las decisiones que afectan a sus vidas, incluida la participación efectiva, en un sistema de gobierno democrático”
Que la Declaración de la ONU recomienda a los Estados obtener el CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO de los Pueblos Indigenas.
Por todo lo expresado, el Cuerpo de CPI;
I. Los representantes del CPI presentes en el marco de la reunión de la Unidad Provincial, decide realizar como medida de protesta un “silencio simbólico” de dos horas en la jornada del día de la fecha, en total repudio de los contenidos del decreto provincial Nº 3.505/14 y hasta tanto se haga presente la Sra. Ministro de
Derechos Humanos
II. El Cuerpo de CPI solicita por intermedio de la Sra. Ministra de Derechos Humanos audiencia sumarísima con el Sr. Gobernador de la Provincia de Salta.
III. Repudiar enérgicamente la finalidad política del decreto provincial Nº 3.505/14 ya que existe una superposición de objetivos y de tareas como así también de equipos y técnicos. El cual ya fue conformado legalmente a través de los Convenios Marco y específicos para la aplicación de la Ley 26.160, con la participación de la Nación a través del INAI, y de la Provincia a través del Ministerio de Derechos Humanos, y del Cuerpo del CPI en representación de los Pueblos Originarios, que es el Equipo Técnico Operativo (ETO) que viene realizando los relevamientos según la planificación de la Unidad Provincial (UP).
IV. El cuerpo de CPI deja categóricamente aclarado que la presente medida no significa la interrupción parcial o completa del proceso de relevamiento territorial. Por el contrario exigirá la continuidad del Programa de Relevamiento en curso. Como así también ratificamos la legitimidad y el trabajo del actual convenio en vigencia, y las acciones del ETO concretadas hasta el presente.
V. Que dicha medida será comunicada a todos los medios tanto escritos como audiovisuales de la provincia de Salta.
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Un crimen casi impune, del campesino Cristian Ferreyra

Un disparo sin autor intelectual

Fecha de Publicación
: 11/12/2014
Fuente: Página 12 / Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero


El tribunal oral de primera nominación de Santiago del Estero liberó de culpa y cargo a Jorge Ciccioli, el empresario acusado de ser el autor intelectual del asesinato del campesino Cristian Ferreyra, quien recibió un disparo de escopeta al resistir un desalojo en sus tierras. Los jueces condenaron a 10 años de prisión al autor material del crimen, Javier Juárez. El Mocase protesta frente al juzgado.
El fallo, dictado esta mañana en la ciudad de Monte Quemado, en el norte provincial, por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación, generó protestas entre familiares y allegados a la víctima, ya que la pena solicitada contra Juárez era mayor y se esperaba una condena contra el empresario Ciccioli.
Cristian "Cacho" Ferreyra, de 23 años, dirigente del movimiento Mocase-Vía Campesina, fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 de un balazo de itaka frente a la vivienda de otro integrante de esa agrupación, en el paraje santiagueño Campo de Mayo. Juárez fue encontrado culpable como autor material del hecho, cometido cuando llegó al lugar a exigirles el desalojo del campo que supuestamente había comprado Ciccioli.
El Mocase sostienen una larga lucha en la provincia para evitar el desalojo de campesinos de las tierras, que son desmontadas por grandes empresarios para el cultivo de soja.
El tribunal integrado por Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray, condenó a Juárez a 10 años de prisión, mientras el fiscal Guillermo Lozano había pedido una pena de 14 años y seis meses y la querella a 25 años. En cambio, decidió absolver a Ciccioli, para quien trabajaba Juárez en el momento del crimen, cuando el fiscal había reclamado una pena de cinco años y la querella de 16.
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Juzgan a campesinos en Córdoba, la soja puede más



Comienza hoy juicio que podría terminar con campesinos en prisión

Fecha de Publicación
: 27/11/2014
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba


Las familias comuneras se vieron afectadas cuando el avance de la soja despertó el interés de empresarios y especuladores en el territorio que poseen e hizo surgir duros conflictos por la tierra.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) convocó a la ciudadanía a acompañar a la comunidad de Los Pozos en el comienzo de un juicio en Deán Funes, que puede terminar con integrantes de la misma en prisión y sentar un precedente adverso a las posesiones de cientos de pequeños ganaderos del norte provincial.
"El agronegocio y la especulación inmobiliaria se corren a los márgenes" y avanzan sobre campos comuneros en el área de los bañados de Río Dulce y Mar Chiquita, señaló un comunicado del MCC y del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC).
Situada al norte de la laguna de Mar Chiquita, en el departamento Tulumba, la comunidad de Los Pozos está conformada por más de 50 familias que habitan desde hace muchas décadas y sucesivas generaciones campos de uso común, donde crían vacas, cabras y ovejas como principal actividad productiva.
La región fue castigada por inundaciones, en especial la de 2002-2003 en Mar Chiquita, pero las familias comuneras se vieron aun mucho más afectadas cuando el avance de la soja despertó el interés de empresarios y especuladores en el territorio que poseen e hizo surgir duros conflictos por la tierra.
En ese marco, fue imputado el campesino Miguel Rojas por resistir el intento de desalojarlo y luego también su yerno, relató el MCC.
El juicio contra Rojas, que comienza mañana, puede terminar en una condena que implicaría para él pena de prisión y con la que, "al mismo tiempo, se desconocería la posesión del territorio a decenas de familias que podrían correr la misma suerte en el futuro", añadió la organización.
Una sentencia adversa, advirtió el MCC, "podría destruir comunidades enteras de familias campesinas que lo único que han hecho es vivir un estilo de vida autónomo, sustentable, que no encaja en los cánones del negocio que sea hace con la tierra".
El MCC subrayó que más de 500 familias de pequeños productores, que "dan de comer a los cordobeses", hoy "exigen el respeto de sus derechos sobre el territorio" y apeló "a los tres poderes del Estado para garantizar la vida de las familias campesinas".
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