Mostrando entradas con la etiqueta política de tierras. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta política de tierras. Mostrar todas las entradas
Mocase denuncia ataque de paramilitares
09:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Los violentos son ellos: la empresa Manaos contrató paramilitares
Fecha de Publicación: 17/10/2014
Fuente: Mocase
Provincia/Región: Santiago del Estero
El día de ayer, una banda armada intentó ocupar territorio indígena del Lote 5 contratados por la empresa Manaos a través de Orlando Canido y disparó a campesinos del MOCASE-VC en presencia de la policía de Quimilí, Santiago del Estero. La banda armada se presentó a las 6 de la mañana, desalojando a punta de pistola la carpa de resistencia que tenía la comunidad e intentó apoderarse del territorio comunitario indígena guaycurú, integrante del mocase vía campesina.
Ante la inmediata reacción de la comunidad se evitó la permanencia de las 15 personas armadas y por el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia a través de la Jefatura de Gabinete se logró que efectivos de la GETOAR de policía provincial se llegara al lugar.
Antes que llegaran estos efectivos, la policía local de Quimilí liberó la zona y permitió que los paramilitares dispararan contra miembros del mocase-vc que se encontraban defendiendo la posición. Cuando llegaronlos efectivos de la Getoar, se detuvo a Lachi Letonai, líder de la banda, y se secuestraron armas mientras el resto de los miembros del gupo paramilitar, entre los cuales había varios ex policías, se escaparon hacia el campo vecino de Mario Lacorte.
Hoy a la mañana, unos 60 efectivos policiales de Sgo Capital, de la brigada montada y la Getoar, han llegado para detener a los miembros de la banda armada liderada por Lachi y Pablo Letonai, contratados por Orlando Canido, quien viene intentando acaparar territorios campesinos e indígenas en Jujuy, Salta y varios departamentos de Santiago del Estero. Canido se presenta siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y dice comprar tierra para Amado Boudou.
Una vez más, se muestra que mientras el campesinado y los pueblos indígenas defienden el territorio por las vías legítimas y legales, son los empresarios del Agronegocio quien quieren imponer de forma violenta su modelo de producción acaparando las tierras campesinas indígenas. Mientras se tratan de construir formas institucionales de resolver la problemática de la tierra, algunos empresarios siguen contratando bandas paramilitares.
A pocos días del juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, decimos una vez más que seguiremos defendiendo nuestros territorios con nuestros derechos.
.
Fecha de Publicación: 17/10/2014
Fuente: Mocase
Provincia/Región: Santiago del Estero
El día de ayer, una banda armada intentó ocupar territorio indígena del Lote 5 contratados por la empresa Manaos a través de Orlando Canido y disparó a campesinos del MOCASE-VC en presencia de la policía de Quimilí, Santiago del Estero. La banda armada se presentó a las 6 de la mañana, desalojando a punta de pistola la carpa de resistencia que tenía la comunidad e intentó apoderarse del territorio comunitario indígena guaycurú, integrante del mocase vía campesina.
Ante la inmediata reacción de la comunidad se evitó la permanencia de las 15 personas armadas y por el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia a través de la Jefatura de Gabinete se logró que efectivos de la GETOAR de policía provincial se llegara al lugar.
Antes que llegaran estos efectivos, la policía local de Quimilí liberó la zona y permitió que los paramilitares dispararan contra miembros del mocase-vc que se encontraban defendiendo la posición. Cuando llegaronlos efectivos de la Getoar, se detuvo a Lachi Letonai, líder de la banda, y se secuestraron armas mientras el resto de los miembros del gupo paramilitar, entre los cuales había varios ex policías, se escaparon hacia el campo vecino de Mario Lacorte.
Hoy a la mañana, unos 60 efectivos policiales de Sgo Capital, de la brigada montada y la Getoar, han llegado para detener a los miembros de la banda armada liderada por Lachi y Pablo Letonai, contratados por Orlando Canido, quien viene intentando acaparar territorios campesinos e indígenas en Jujuy, Salta y varios departamentos de Santiago del Estero. Canido se presenta siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y dice comprar tierra para Amado Boudou.
Una vez más, se muestra que mientras el campesinado y los pueblos indígenas defienden el territorio por las vías legítimas y legales, son los empresarios del Agronegocio quien quieren imponer de forma violenta su modelo de producción acaparando las tierras campesinas indígenas. Mientras se tratan de construir formas institucionales de resolver la problemática de la tierra, algunos empresarios siguen contratando bandas paramilitares.
A pocos días del juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, decimos una vez más que seguiremos defendiendo nuestros territorios con nuestros derechos.
.
Etiquetas:
La desigualdad brutal de la distribución de las tierras
La tierra, en pocas manos
Fecha de Publicación: 12/08/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Según la organización internacional Grain, en Argentina en veinte años desapareció un tercio de las chacras más pequeñas. En el mundo, el 90 por ciento de los agricultores es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra.
El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.
“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.
El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.
El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.
Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.
Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.
“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.
La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.
.
Fecha de Publicación: 12/08/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Según la organización internacional Grain, en Argentina en veinte años desapareció un tercio de las chacras más pequeñas. En el mundo, el 90 por ciento de los agricultores es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra.
El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.
“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.
El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.
El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.
Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.
Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.
“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.
La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.
.
En Córdoba hay intento de desalojo a campesinos
Campesinos resisten nuevo intento de desalojo de Ramona Bustamante
Fecha de Publicación: 22/03/2014
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
La abogada Victoria Gauna contestó hoy una demanda de desalojo en contra de la campesina Ramona Bustamante, de 87 años, el segundo intento en diez años de expulsarla del campo que habita desde que nació, en el norte de Córdoba.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC-MNCI), que integra Gauna, reclamó además una "solución política que proteja definitivamente a Ramona, el mayor símbolo de la lucha por la tierra en nuestra provincia".
"Al margen de que creemos que la jueza (Elvira Mercado de Nieto, de los Tribunales de Deán Funes) no va a ordenar el desalojo, pensamos que esto debe solucionarse políticamente para evitar que los mismos empresarios vuelvan otra vez a la carga en el futuro, con un nuevo expediente", dijo a Télam un portavoz del MCC.
Dos empresarios, los hermanos Edgardo y Juan Scaramuzza, intentaron ya hace poco más de diez años una demanda judicial para expulsar a Ramona Bustamante de la tierra que posee en el paraje Las Maravillas, en el norte cordobés."En enero pasado la plaza Próspero Molina se puso de pie en varias oportunidades para aplaudir y aclamar a esa campesina que volvía a Cosquín para reivindicar la lucha por la tierra, elevando banderas de dignidad", relató el MCC en un comunicado.
Esta presencia en el último Festival de Cosquín reprersentó la ratificación de esa lucha, cuando se cumplían diez años de una medida judicial que derivó en la destrucción de su vivienda y de su campo.
"León Gieco, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Lucas Segovia y otros artistas populares se consustanciaron con esa reivindicación y el público acompañó cual tribunal popular clamando justicia para los desposeídos", apuntó la organización campesina.
El MCC subrayó que, "en términos de justicia del pueblo, no caben dudas de que Ramona jamás dejó de ser dueña de ese territorio, que se plantó como mojón ante el avance del desierto en nuestro castigado chaco cordobés".
"Pero, lamentablemente, la real realidad nos devuelve al mundo de esos edificios ocupados por toneladas de expedientes que desde el encierro urbano deciden sobre el destino vital de muchas ramonas y ramones", señaló.
El MCC recordó además que la Legislatura "sancionó la Ley 9150 que pretendía ocupar un vacío en la defensa de los poseedores ancestrales de nuestra provincia, justamente como consecuencia de la resonancia social del caso de la familia Bustamante", aunque sin efectos consistentes.
"Causa estupor que tengamos que volver a hablar de un posible desalojo a Ramona Bustamante después de diez años y que la falta de voluntad política para resolver la conflictividad por la tenencia de la tierra siga siendo una constante", apuntó.
El MCC subrayó también que "desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena se llevan años intentando que el Congreso Nacional apruebe la Ley Cristian Ferreyra", de suspensión de los desalojos en todo el territorio nacional.
.
Fecha de Publicación: 22/03/2014
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
La abogada Victoria Gauna contestó hoy una demanda de desalojo en contra de la campesina Ramona Bustamante, de 87 años, el segundo intento en diez años de expulsarla del campo que habita desde que nació, en el norte de Córdoba.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC-MNCI), que integra Gauna, reclamó además una "solución política que proteja definitivamente a Ramona, el mayor símbolo de la lucha por la tierra en nuestra provincia".
"Al margen de que creemos que la jueza (Elvira Mercado de Nieto, de los Tribunales de Deán Funes) no va a ordenar el desalojo, pensamos que esto debe solucionarse políticamente para evitar que los mismos empresarios vuelvan otra vez a la carga en el futuro, con un nuevo expediente", dijo a Télam un portavoz del MCC.
Dos empresarios, los hermanos Edgardo y Juan Scaramuzza, intentaron ya hace poco más de diez años una demanda judicial para expulsar a Ramona Bustamante de la tierra que posee en el paraje Las Maravillas, en el norte cordobés."En enero pasado la plaza Próspero Molina se puso de pie en varias oportunidades para aplaudir y aclamar a esa campesina que volvía a Cosquín para reivindicar la lucha por la tierra, elevando banderas de dignidad", relató el MCC en un comunicado.
Esta presencia en el último Festival de Cosquín reprersentó la ratificación de esa lucha, cuando se cumplían diez años de una medida judicial que derivó en la destrucción de su vivienda y de su campo.
"León Gieco, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Lucas Segovia y otros artistas populares se consustanciaron con esa reivindicación y el público acompañó cual tribunal popular clamando justicia para los desposeídos", apuntó la organización campesina.
El MCC subrayó que, "en términos de justicia del pueblo, no caben dudas de que Ramona jamás dejó de ser dueña de ese territorio, que se plantó como mojón ante el avance del desierto en nuestro castigado chaco cordobés".
"Pero, lamentablemente, la real realidad nos devuelve al mundo de esos edificios ocupados por toneladas de expedientes que desde el encierro urbano deciden sobre el destino vital de muchas ramonas y ramones", señaló.
El MCC recordó además que la Legislatura "sancionó la Ley 9150 que pretendía ocupar un vacío en la defensa de los poseedores ancestrales de nuestra provincia, justamente como consecuencia de la resonancia social del caso de la familia Bustamante", aunque sin efectos consistentes.
"Causa estupor que tengamos que volver a hablar de un posible desalojo a Ramona Bustamante después de diez años y que la falta de voluntad política para resolver la conflictividad por la tenencia de la tierra siga siendo una constante", apuntó.
El MCC subrayó también que "desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena se llevan años intentando que el Congreso Nacional apruebe la Ley Cristian Ferreyra", de suspensión de los desalojos en todo el territorio nacional.
.
Comunidad Mapuche obtiene cautelar por su territorio
Fallo histórico a favor de la Comunidad Mapuche Las Huaytekas
Fecha de Publicación: 14/03/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Río Negro
La comunidad mapuche Las Haytekas, en cercanías de El Bolsón, obtuvo un fallo favorable de una medida cautelar en el conflicto territorial sobre 5 mil hectáreas de la comunidad, de alto valor inmobiliario y forestal, que surgió cuando en 2009 el gobierno provincial autorizó la construcción del country Solares de la Comarca y la extracción maderera a la empresa semiestatal Emforsa S.A., así como a empresas privadas.
La Cámara en lo Civil y Comercial ha decidido, hasta que se resuelva la cuestión de fondo que incluye la entrega del título comunitario sobre las 5 mil hectáreas, paralizar toda obra de terceros en el territorio comunitario y autorizar el uso del territorio y la explotación de los recursos naturales del lugar a la comunidad mapuche, que habita el territorio ancestralmente.
Si bien el fallo es de diciembre pasado, se conoció recientemente y comenzó su aplicación en febrero cuando, en cumplimiento de dicho fallo, el 28 pasado se decomisó la madera que una empresa privada local estaba retirando del territorio.
Comunicado Público
Autoridades y miembros de la Comunidad Mapuche Las Huaytekas hacemos de público conocimiento que el pasado 17 de diciembre de 2013 la CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL IIIA. CIRCUNSCRIPCION integrada por los Sres. Jueces: Edgardo Camperi, Juan Lagomarsino y Ruben Marigo, en Causa Caratulada “Comunidad Mapuche Las Huaytekas s/ Cautelar con Expte. Nº:00503-059-13 ha dado lugar a la medida especial de salvaguarda prevista por el art. 4 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas que solicitamos oportunamente.
La medida consiste en 9 puntos que resguardan la integridad del territorio de la Comunidad, permitiendo nuestro desarrollo cultural, espiritual, económico, preservándonos de ataques de terceros, hasta tanto se dicte sentencia en la demanda principal que hemos interpuesto colectivamente contra la Provincia de Río Negro.
Esta sentencia pone de manifiesto la veracidad del reclamo territorial que venimos sosteniendo por más de un siglo las familias que hoy integramos la comunidad.
El fallo es histórico, pues se da en un juicio donde se aplica la ley integral del indígena 2287, para revisar la historia de despojos, buscar la verdad en el pasado de apropiaciones de territorio mapuche por el estado y la facilitación del acceso a otros en desmedro de los indígenas. La medida pone un freno a esos despojos, a la vez que avanza para que se nos restituyan las tierras y se nos garantice nuestra ocupación tradicional.
Lo cierto es que en los últimos 40 años casi la totalidad del territorio de la Comunidad ha sido fraccionado y entregado por la Dirección de Tierras a terratenientes y a empresarios forestales que nunca vivieron en el lugar.
Como si esto fuera poco, en el año 2009 la Dirección de Tierras, entonces a cargo de Jorge Belacín y Daniel Tait, bajo la órbita del Ministro Acattino y con un decreto del gobernador Miguel Saiz, otorgó en venta 205 hectáreas José Luis Zilberberg quien jamás ocupó ni residió en las tierras había incumplido sistemáticamente los planes forestales de la provincia.
Este mismo gobierno, sin consulta ni participación de la Comunidad e incumpliendo el procedimiento provincial de impacto ambiental, omisión de la que es responsable Oscar Echeverría, ni planos aprobados por el Municipio de El Bolsón, lo que es atribuible al entonces intendente Oscar Romera, autorizó el Proyecto a subdividir el Predio en 60 parcelas, en un Proyecto de Walter Forestier y gerenciado por Daniel Kritz, para la construcción del Consorcio Parcelario Solares de La Comarca, “country” con canchas deportivas al pie de nuestro espacio ceremonial.
Hemos demostrado que, además de ser ilegal, este Consorcio Parcelario, que en la actualidad lleva construidas alrededor de 30 cabañas, pone en grave riesgo al Cipresal de Las Huaytekas, lugar ceremonial de la comunidad. En ese mismo lugar, hace pocos días, en el marco del Plan de Manejo del Área Protegida Cipresal de Las Huaytekas, Gabriela Ashkar, funcionaria de la Secretaría de Ambiente de Río Negro, amenazó con impulsar el turismo a nivel empresarial en el Cipresal de Huaytekas, habilitando para tal fin caminos públicos en el territorio de la Comunidad, sin nuestra participación ni consentimiento.
En cuanto a atropellos y violación de derechos podemos citar, entre otros, los intentos fallidos del abogado José L. Martínez Pérez para desalojar al Lof Palma; el desalojo de Delia Palma realizado por Nicolás Van Ditmar del Lago Escondido; la construcción ilegal del Barrio privado en el territorio de la comunidad; la negación de respeto de nuestros derechos territoriales por parte de la Dirección de Tierras quitándole el valor al reconocimiento del CO.DE.C.I. y la omisión de este organismo de ejercer su competencia fijada por la ley 2287, la persecución penal de varios integrantes de la Comunidad por aprovechar los recursos y ejercer nuestra ocupación tradicional.
La resolución judicial impide al gobierno provincial y a terceros seguir violando nuestros derechos a la vez que nos permite administrar y aprovechar los recursos naturales existentes en el territorio.
Cabe aclarar, que la medida ya comenzó aplicarse el día 28 de febrero pasado con la confiscación de madera aserreada y rolliza a EMFORSA, en una parcela ubicada sobre la Ruta 40 a la altura del puente del Río Foyel.
El fallo es inédito pues invierte las relaciones de poder. Es uno de los pocos reclamos judiciales desde un pueblo indígena -y no en su contra- contra una provincia y decenas de particulares para lograr el título de propiedad comunitaria, incluyendo que se restituya lo que nos fue despojado. No hay medidas en la historia de la provincia que ordenen a este entregar los recursos a los ocupantes tradicionales y prohíba dárselos a los terceros.
.
Fecha de Publicación: 14/03/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Río Negro
La comunidad mapuche Las Haytekas, en cercanías de El Bolsón, obtuvo un fallo favorable de una medida cautelar en el conflicto territorial sobre 5 mil hectáreas de la comunidad, de alto valor inmobiliario y forestal, que surgió cuando en 2009 el gobierno provincial autorizó la construcción del country Solares de la Comarca y la extracción maderera a la empresa semiestatal Emforsa S.A., así como a empresas privadas.
La Cámara en lo Civil y Comercial ha decidido, hasta que se resuelva la cuestión de fondo que incluye la entrega del título comunitario sobre las 5 mil hectáreas, paralizar toda obra de terceros en el territorio comunitario y autorizar el uso del territorio y la explotación de los recursos naturales del lugar a la comunidad mapuche, que habita el territorio ancestralmente.
Si bien el fallo es de diciembre pasado, se conoció recientemente y comenzó su aplicación en febrero cuando, en cumplimiento de dicho fallo, el 28 pasado se decomisó la madera que una empresa privada local estaba retirando del territorio.
Comunicado Público
Autoridades y miembros de la Comunidad Mapuche Las Huaytekas hacemos de público conocimiento que el pasado 17 de diciembre de 2013 la CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL IIIA. CIRCUNSCRIPCION integrada por los Sres. Jueces: Edgardo Camperi, Juan Lagomarsino y Ruben Marigo, en Causa Caratulada “Comunidad Mapuche Las Huaytekas s/ Cautelar con Expte. Nº:00503-059-13 ha dado lugar a la medida especial de salvaguarda prevista por el art. 4 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas que solicitamos oportunamente.
La medida consiste en 9 puntos que resguardan la integridad del territorio de la Comunidad, permitiendo nuestro desarrollo cultural, espiritual, económico, preservándonos de ataques de terceros, hasta tanto se dicte sentencia en la demanda principal que hemos interpuesto colectivamente contra la Provincia de Río Negro.
Esta sentencia pone de manifiesto la veracidad del reclamo territorial que venimos sosteniendo por más de un siglo las familias que hoy integramos la comunidad.
El fallo es histórico, pues se da en un juicio donde se aplica la ley integral del indígena 2287, para revisar la historia de despojos, buscar la verdad en el pasado de apropiaciones de territorio mapuche por el estado y la facilitación del acceso a otros en desmedro de los indígenas. La medida pone un freno a esos despojos, a la vez que avanza para que se nos restituyan las tierras y se nos garantice nuestra ocupación tradicional.
Lo cierto es que en los últimos 40 años casi la totalidad del territorio de la Comunidad ha sido fraccionado y entregado por la Dirección de Tierras a terratenientes y a empresarios forestales que nunca vivieron en el lugar.
Como si esto fuera poco, en el año 2009 la Dirección de Tierras, entonces a cargo de Jorge Belacín y Daniel Tait, bajo la órbita del Ministro Acattino y con un decreto del gobernador Miguel Saiz, otorgó en venta 205 hectáreas José Luis Zilberberg quien jamás ocupó ni residió en las tierras había incumplido sistemáticamente los planes forestales de la provincia.
Este mismo gobierno, sin consulta ni participación de la Comunidad e incumpliendo el procedimiento provincial de impacto ambiental, omisión de la que es responsable Oscar Echeverría, ni planos aprobados por el Municipio de El Bolsón, lo que es atribuible al entonces intendente Oscar Romera, autorizó el Proyecto a subdividir el Predio en 60 parcelas, en un Proyecto de Walter Forestier y gerenciado por Daniel Kritz, para la construcción del Consorcio Parcelario Solares de La Comarca, “country” con canchas deportivas al pie de nuestro espacio ceremonial.
Hemos demostrado que, además de ser ilegal, este Consorcio Parcelario, que en la actualidad lleva construidas alrededor de 30 cabañas, pone en grave riesgo al Cipresal de Las Huaytekas, lugar ceremonial de la comunidad. En ese mismo lugar, hace pocos días, en el marco del Plan de Manejo del Área Protegida Cipresal de Las Huaytekas, Gabriela Ashkar, funcionaria de la Secretaría de Ambiente de Río Negro, amenazó con impulsar el turismo a nivel empresarial en el Cipresal de Huaytekas, habilitando para tal fin caminos públicos en el territorio de la Comunidad, sin nuestra participación ni consentimiento.
En cuanto a atropellos y violación de derechos podemos citar, entre otros, los intentos fallidos del abogado José L. Martínez Pérez para desalojar al Lof Palma; el desalojo de Delia Palma realizado por Nicolás Van Ditmar del Lago Escondido; la construcción ilegal del Barrio privado en el territorio de la comunidad; la negación de respeto de nuestros derechos territoriales por parte de la Dirección de Tierras quitándole el valor al reconocimiento del CO.DE.C.I. y la omisión de este organismo de ejercer su competencia fijada por la ley 2287, la persecución penal de varios integrantes de la Comunidad por aprovechar los recursos y ejercer nuestra ocupación tradicional.
La resolución judicial impide al gobierno provincial y a terceros seguir violando nuestros derechos a la vez que nos permite administrar y aprovechar los recursos naturales existentes en el territorio.
Cabe aclarar, que la medida ya comenzó aplicarse el día 28 de febrero pasado con la confiscación de madera aserreada y rolliza a EMFORSA, en una parcela ubicada sobre la Ruta 40 a la altura del puente del Río Foyel.
El fallo es inédito pues invierte las relaciones de poder. Es uno de los pocos reclamos judiciales desde un pueblo indígena -y no en su contra- contra una provincia y decenas de particulares para lograr el título de propiedad comunitaria, incluyendo que se restituya lo que nos fue despojado. No hay medidas en la historia de la provincia que ordenen a este entregar los recursos a los ocupantes tradicionales y prohíba dárselos a los terceros.
.
Campesinos de El Impenetrable claman por su monte
Petitorio de los campesinos de El Impenetrable
Fecha de Publicación: 22/10/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Chaco
"El monte nativo está muy degradado por causa de la sequia y la explotación irracional. Nuestra situación siempre fue complicada, pero hoy nuestra realidad económica y social es crítica. Por eso hacemos este pedido a las autoridades."
Los campesinos/as de El Impenetrable trabajamos y vivimos en condiciones muy difíciles y tenemos nuestras tierras en forma precaria. Perdimos gran parte de nuestra producción por causa de la sequía; se seco el río Bermejito, se secaron los ciénagas, lagunas, estanques y pozos; un alto porcentaje de nuestros ganados se murieron de hambre y sed.
El monte nativo está muy degradado por causa de la sequía y la explotación irracional. Nuestra situación siempre fue complicada, pero hoy nuestra realidad económica y social es crítica. En los últimos días empezó a llover por parte, necesitamos volver a empezar, queremos desarrollarnos como cualquier chaqueño, como cualquier argentino. Necesitamos del estado provincial y nacional, por eso solicitamos a las autoridades lo siguiente:
1) El relevamiento, mensura y titularización de nuestras posesiones históricas de TIERRA. La recuperación de las TIERRAS usurpadas, y apoyo para que nuestros jóvenes accedan a la tierra.
2) Perforaciones, insumos e instalaciones, para la obtención de agua para el consumo y para la ganadería.
3) Construcción de depósitos de agua, aljibes, para las familias campesinas de los diferentes parajes.
4) Asistencia con forrajes para la ganadería campesina, de las zonas de: Comandancia Frías; Fuerte Esperanza; Misión Nueva Pompeya y El Sauzalito. Y que dicha asistencia sea administrada por la UCCI – FNC.
5) Apoyo de la provincia para la realización de remates para la comercialización de la ganadería campesina.
6) Financiamiento de insumos y herramientas para la construcción de potreros y cultivo de pasturas (alambres, torniquetes, etc.).
7) Apoyo integral para el desarrollo de proyectos apícolas para 100 familias campesinas de los parajes de El Impenetrable.
8) Espacios propios (4 locales) para las familias campesinas, para el desarrollo de actividades culturales, capacitaciones, intercambios y gestiones.
9) Instalaciones comunitarias para el engorde y comercialización de la ganadería campesina, en El Sauzalito, Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Misión Nueva Pompeya.
10) Equipo de técnico interdisciplinario para la asistencia y asesoramiento a las familias campesinas (Veterinario, Ing. Forestal, Ing. Agrónomo, Trabajador Social).
11) Construcción de viviendas rurales para familias campesinas de los diferentes parajes.
12) Constitución de Consorcios de Servicios Rurales en: Wichi – El Pintado; Paraje Pozo El Gato; Paraje Campo Grande; Paraje Las Vertientes; Paraje Nueva Población y El Sauzal.
Lamentamos que en la reunión concretada el día de la fecha con los funcionarios y el propio gobernador de la Provincia del Chaco no encontramos voluntad para solucionar los graves problemas que padecemos en los parajes de El Impenetrable chaqueño.
Nos preocupa que los compromisos no se cumplen, y los recursos destinados a los campesinos son administrados en forma arbitraria y discriminatoria. Esperamos que el Gobierno cambie de actitud, que sea más democrático y escuche los reclamos de los trabajadores del campo arrasado por la sequía.
Raúl Cuellar
PRESINDENTE
Unión de Campesinos Criollos de El Impenetrable
.
Fecha de Publicación: 22/10/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Chaco
"El monte nativo está muy degradado por causa de la sequia y la explotación irracional. Nuestra situación siempre fue complicada, pero hoy nuestra realidad económica y social es crítica. Por eso hacemos este pedido a las autoridades."
Los campesinos/as de El Impenetrable trabajamos y vivimos en condiciones muy difíciles y tenemos nuestras tierras en forma precaria. Perdimos gran parte de nuestra producción por causa de la sequía; se seco el río Bermejito, se secaron los ciénagas, lagunas, estanques y pozos; un alto porcentaje de nuestros ganados se murieron de hambre y sed.
El monte nativo está muy degradado por causa de la sequía y la explotación irracional. Nuestra situación siempre fue complicada, pero hoy nuestra realidad económica y social es crítica. En los últimos días empezó a llover por parte, necesitamos volver a empezar, queremos desarrollarnos como cualquier chaqueño, como cualquier argentino. Necesitamos del estado provincial y nacional, por eso solicitamos a las autoridades lo siguiente:
1) El relevamiento, mensura y titularización de nuestras posesiones históricas de TIERRA. La recuperación de las TIERRAS usurpadas, y apoyo para que nuestros jóvenes accedan a la tierra.
2) Perforaciones, insumos e instalaciones, para la obtención de agua para el consumo y para la ganadería.
3) Construcción de depósitos de agua, aljibes, para las familias campesinas de los diferentes parajes.
4) Asistencia con forrajes para la ganadería campesina, de las zonas de: Comandancia Frías; Fuerte Esperanza; Misión Nueva Pompeya y El Sauzalito. Y que dicha asistencia sea administrada por la UCCI – FNC.
5) Apoyo de la provincia para la realización de remates para la comercialización de la ganadería campesina.
6) Financiamiento de insumos y herramientas para la construcción de potreros y cultivo de pasturas (alambres, torniquetes, etc.).
7) Apoyo integral para el desarrollo de proyectos apícolas para 100 familias campesinas de los parajes de El Impenetrable.
8) Espacios propios (4 locales) para las familias campesinas, para el desarrollo de actividades culturales, capacitaciones, intercambios y gestiones.
9) Instalaciones comunitarias para el engorde y comercialización de la ganadería campesina, en El Sauzalito, Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Misión Nueva Pompeya.
10) Equipo de técnico interdisciplinario para la asistencia y asesoramiento a las familias campesinas (Veterinario, Ing. Forestal, Ing. Agrónomo, Trabajador Social).
11) Construcción de viviendas rurales para familias campesinas de los diferentes parajes.
12) Constitución de Consorcios de Servicios Rurales en: Wichi – El Pintado; Paraje Pozo El Gato; Paraje Campo Grande; Paraje Las Vertientes; Paraje Nueva Población y El Sauzal.
Lamentamos que en la reunión concretada el día de la fecha con los funcionarios y el propio gobernador de la Provincia del Chaco no encontramos voluntad para solucionar los graves problemas que padecemos en los parajes de El Impenetrable chaqueño.
Nos preocupa que los compromisos no se cumplen, y los recursos destinados a los campesinos son administrados en forma arbitraria y discriminatoria. Esperamos que el Gobierno cambie de actitud, que sea más democrático y escuche los reclamos de los trabajadores del campo arrasado por la sequía.
Raúl Cuellar
PRESINDENTE
Unión de Campesinos Criollos de El Impenetrable
.
Salta: hermano del gobernador se adueñó de mil has
Facundo Urtubey se adueñó de mil hectáreas del chaco salteño
Fecha de Publicación: 27/09/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe - El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Catalina Molina tiene muchos hijos. Dice que más de diez, pero es reacia a revelar la cifra exacta. Habla en wichi, pero sabe castellano. Distraerla de su tarea es algo difícil.
Cuando El Tribuno conquistó su atención, en la comunidad wichi San Ignacio de Loyola, a unos 15 kilómetros de Hickmann, sobre la ruta nacional 81, Catalina levantó la mirada y dejó de martillar. Estaba machacando el chaguar, esa planta de apariencia desértica que las mujeres arrancan del monte, a kilómetros de sus casas, para hacer tejidos. Así viven los vecinos de Facundo Urtubey.
El hermano del gobernador, a través de una empresa que maneja el cuestionado titular del Ente Regulador de los Juegos de Azar (Enreja), Sergio Mendoza, se apropió allí de más de 1.000 hectáreas. Un alambrado, un cartel que dice “Propiedad Privada” y una tranquera, que corta el paso a criollos y aborígenes en un camino vecinal, separa las tierras ocupadas por SAN SRL del territorio wichi donde vive Catalina.
En marzo de 2012, esa población originaria recibió el título comunitario por 1.867 hectáreas que ocupan desde tiempos ancestrales. “Primero desmontaron, luego pusieron un portón y ahora un cartel dice que la propiedad es privada y ya nadie puede pasar. Los vecinos criollos que sabían vivir desde antes ahí tampoco pueden pasar ni a caballo. Les cerraron el camino y tienen que venir caminando”, aseguró Catalina.
Aunque no lo conocen, en la comunidad todos tienen como dueño de esas tierras a “un tal Urtubey”. Se trata de Facundo Norberto, quien se quiere quedar con 1.036 hectáreas de un vacío catastral existente en la zona de Cuchuy. Por eso, la extensa fracción, a la que Mendoza y Urtubey echaron mano en octubre de 2009, jamás tuvo número de matrícula, ni cédula parcelaria en la Dirección General de Inmuebles. No obstante, están siendo arrendadas desde 2012 a Hijos de Salvador Muñoz SRL para la producción de poroto, por tres campañas hasta
2014. El arriendo dejará cerca de 50 mil dólares por cosecha a SAN SRL.
Funcionarios públicos
Desde febrero de 2008, Facundo Urtubey dirige la Agencia de Promoción de la Provincia de Salta. Como funcionario público, el hermano del gobernador omitió informar en sus declaraciones juradas los negocios que tiene con Mendoza en esas y otras tierras del norte salteño.
Lo propio cabe para el titular del Enreja, a quien el Gobierno provincial mantiene aferrado a ese alto cargo, pese a las probadas inconductas e incompatibilidades en que recayó el máximo responsable del control del juego en Salta.
La sociedad en la que tiene intereses el hermano del gobernador manifestó, en un expediente judicial, que ejerce la posesión de las 1.036 hectáreas desde hace más de 20 años. Pero eso resulta imposible, ya que SAN SRL se constituyó el 23 de diciembre de 1998, según consta en registros públicos. Mendoza recibe la remuneración más alta de la administración pública provincial. Sus funciones, con dedicación exclusiva, tienen las mismas incompatibilidades que rigen para los jueces.
Para el director del Enreja está prohibido cualquier otra negocio, interés u ocupación que no sea controlar los casinos, tragamonedas, loterías, bingos y demás juegos de azar.
.Sin embargo, maneja la empresa arrendataria de la fracción que Facundo Urtubey pretende obtener por posesión veinteañal (usucapión). A la par de esa vía, que encontró obstáculos insalvables en la Justicia, Urtubey litiga desde 2005 contra titulares de tierras vecinas.
Uno de esos catastros es el 17.045, que pertenece a la Congregación Wichi San Ignacio de Loyola.
Las voces en la comunidad
En la comunidad wichi, sobre el kilómetro 1.837 de la ruta 81, que conduce a Formosa, viven 18 familias originarias. Son más de 100 personas, en su mayoría niños. El 16 de marzo de 2012 recibieron el título comunitario de esas tierras. El cacique es Dino Salas, uno de los aborígenes que, con una demanda ante la Corte Suprema, hicieron frenar los desmontes en el norte salteño entre 2009 y 2011. Fue durante ese período de prohibición, según recuerdan aborígenes del lugar, que se hicieron los desmontes en la fracción que SAN SRL tiene arrendada a Hijos de Salvador Muñoz, desde enero de 2012. “Ahora que tenemos título comunitario, esperamos que el Estado nos ayude a obtener los planes para poder producir, como dice la ley de bosques”, le dijo a El Tribuno David Saravia, secretario de la comunidad wichi.
.
Fecha de Publicación: 27/09/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe - El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Catalina Molina tiene muchos hijos. Dice que más de diez, pero es reacia a revelar la cifra exacta. Habla en wichi, pero sabe castellano. Distraerla de su tarea es algo difícil.
Cuando El Tribuno conquistó su atención, en la comunidad wichi San Ignacio de Loyola, a unos 15 kilómetros de Hickmann, sobre la ruta nacional 81, Catalina levantó la mirada y dejó de martillar. Estaba machacando el chaguar, esa planta de apariencia desértica que las mujeres arrancan del monte, a kilómetros de sus casas, para hacer tejidos. Así viven los vecinos de Facundo Urtubey.
El hermano del gobernador, a través de una empresa que maneja el cuestionado titular del Ente Regulador de los Juegos de Azar (Enreja), Sergio Mendoza, se apropió allí de más de 1.000 hectáreas. Un alambrado, un cartel que dice “Propiedad Privada” y una tranquera, que corta el paso a criollos y aborígenes en un camino vecinal, separa las tierras ocupadas por SAN SRL del territorio wichi donde vive Catalina.
En marzo de 2012, esa población originaria recibió el título comunitario por 1.867 hectáreas que ocupan desde tiempos ancestrales. “Primero desmontaron, luego pusieron un portón y ahora un cartel dice que la propiedad es privada y ya nadie puede pasar. Los vecinos criollos que sabían vivir desde antes ahí tampoco pueden pasar ni a caballo. Les cerraron el camino y tienen que venir caminando”, aseguró Catalina.
Aunque no lo conocen, en la comunidad todos tienen como dueño de esas tierras a “un tal Urtubey”. Se trata de Facundo Norberto, quien se quiere quedar con 1.036 hectáreas de un vacío catastral existente en la zona de Cuchuy. Por eso, la extensa fracción, a la que Mendoza y Urtubey echaron mano en octubre de 2009, jamás tuvo número de matrícula, ni cédula parcelaria en la Dirección General de Inmuebles. No obstante, están siendo arrendadas desde 2012 a Hijos de Salvador Muñoz SRL para la producción de poroto, por tres campañas hasta
2014. El arriendo dejará cerca de 50 mil dólares por cosecha a SAN SRL.
Funcionarios públicos
Desde febrero de 2008, Facundo Urtubey dirige la Agencia de Promoción de la Provincia de Salta. Como funcionario público, el hermano del gobernador omitió informar en sus declaraciones juradas los negocios que tiene con Mendoza en esas y otras tierras del norte salteño.
Lo propio cabe para el titular del Enreja, a quien el Gobierno provincial mantiene aferrado a ese alto cargo, pese a las probadas inconductas e incompatibilidades en que recayó el máximo responsable del control del juego en Salta.
La sociedad en la que tiene intereses el hermano del gobernador manifestó, en un expediente judicial, que ejerce la posesión de las 1.036 hectáreas desde hace más de 20 años. Pero eso resulta imposible, ya que SAN SRL se constituyó el 23 de diciembre de 1998, según consta en registros públicos. Mendoza recibe la remuneración más alta de la administración pública provincial. Sus funciones, con dedicación exclusiva, tienen las mismas incompatibilidades que rigen para los jueces.
Para el director del Enreja está prohibido cualquier otra negocio, interés u ocupación que no sea controlar los casinos, tragamonedas, loterías, bingos y demás juegos de azar.
.Sin embargo, maneja la empresa arrendataria de la fracción que Facundo Urtubey pretende obtener por posesión veinteañal (usucapión). A la par de esa vía, que encontró obstáculos insalvables en la Justicia, Urtubey litiga desde 2005 contra titulares de tierras vecinas.
Uno de esos catastros es el 17.045, que pertenece a la Congregación Wichi San Ignacio de Loyola.
Las voces en la comunidad
En la comunidad wichi, sobre el kilómetro 1.837 de la ruta 81, que conduce a Formosa, viven 18 familias originarias. Son más de 100 personas, en su mayoría niños. El 16 de marzo de 2012 recibieron el título comunitario de esas tierras. El cacique es Dino Salas, uno de los aborígenes que, con una demanda ante la Corte Suprema, hicieron frenar los desmontes en el norte salteño entre 2009 y 2011. Fue durante ese período de prohibición, según recuerdan aborígenes del lugar, que se hicieron los desmontes en la fracción que SAN SRL tiene arrendada a Hijos de Salvador Muñoz, desde enero de 2012. “Ahora que tenemos título comunitario, esperamos que el Estado nos ayude a obtener los planes para poder producir, como dice la ley de bosques”, le dijo a El Tribuno David Saravia, secretario de la comunidad wichi.
.
Campesinos en el Congreso, sin ser muy escuchados
Audiencia campesina con sabor a poco
Fecha de Publicación: 21/09/2013
Fuente: Por Darío Aranda - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones campesinas de todo el país viajaron hasta Buenos Aires para presentar diez puntos de política agropecuaria para el sector, contenidos en un proyecto de ley. Sobresale el pedido de creación de un instituto para la agricultura familiar y la necesidad de frenar los desalojos. El lugar de presentación fue el edificio anexo de Congreso Nacional, en una audiencia con legisladores, pero sólo concurrieron tres diputados (uno se fue antes de que termine la audiencia) y la jornada duró sólo 34 minutos. “Salí ayer a las 2 de la tarde de Santiago. Llegué esta mañana, ni siquiera comimos, y nos dan palmadita en la espalda y no dicen que sigamos así. Es decepcionante”, sinceró Ignacio Avellanal, campesino santiagueño de Añatuya e integrante de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina).
“Vamos por lo que falta”, fue el título de la convocatoria lanzada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores rurales de Argentina (Cocitra) y el nuevo Frente Agrario del Movimiento Evita. El documento señala la necesidad de transformar el sistema agropecuario actual “concentrado y extranjerizado”, y fortalecer un modelo basado en la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Diez puntos, en lo que sobresale la creación de un "Instituto de la Agricultura Familiar" y el freno a los desalojos rurales.
La gacetilla de invitación finalizaba: “Vamos por lo que falta para consolidar el modelo nacional y popular y que fortalezca nuestra soberanía alimentaría”.
Audiencia
La cita era a las 14 en el Anexo del Congreso Nacional. Desde 20 minutos antes, decenas de campesinos y dirigentes rurales estaban ya sobre la puerta que da a la calle Rivadavia. A las 14.10 ya estaban todos en la amplia Sala I. Había muchos referentes de las organizaciones del campo. Pero faltaban los diputados, que llegaron recién a las 15. De inmediato comenzó la audiencia.
“Este proyecto nace del diálogo de las organizaciones y cuenta con el apoyo del compañero (Emilio) Pérsico (subsecretario de Agricultura Familiar, y dirigente del Movimiento Evita), que le ha dado otra dinámica a la Subsecretaría”, recordó José Luis Castillo, de la Acina, y remarcó la necesidad de un instituto de la agricultura familiar: “No es nada alocado. Así como está el INTA, debemos tener uno específico de la agricultura familiar, como tienen los otros países de la región”.
Benigno López, formoseño del Frente Nacional Campesino (FNC), precisó que el sector “no cuenta con presupuesto adecuado”, y precisó que “es abultado el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pero muy poco llega a la agricultura familiar”. López definió la situación campesina como “delicada” y recordó que “se perdió ganadería, sembrado y ni agua tenemos en muchos parajes”.
“Aquellos que apoyamos el proyecto nacional y popular, creemos que es necesario profundizarlo y democratizar el campo, democratizar la producción y comercialización. Podemos bajar el precio de los alimentos”, destacó el dirigente formoseño. Señaló que la creación de la Subsecretaría fue “un paso”, pero sostuvo que “hay que dar otros pasos”. Por ejemplo, reclamó “dejar de seguir financiando a los grandes” actores del modelo agropecuario.
Raúl Galván, chaqueño de la Cocitra, pidió “políticas públicas que aporten a nuestro sector para avanzar en el proyecto nacional y popular”. Pero aclaró que “no se puede avanzar si el 90 por ciento de las mejores tierras están en manos del agronegocio, en función del mercado mundial y del capital, y no en función del pueblo”.
“Es contradictorio para que pueda avanzar un proyecto nacional y popular si lo que avanza es el agronegocios, que destruye el ambiente, de Tierra del Fuego hasta la Quiaca. Hay que decir que no se la ha puesto un freno al agronegocios, al contrario, sigue avanzando”, denunció Galván. Y aclaró que no sólo se debe discutir por fondos, sino también la posesión de la tierra, los medios de producción, el agua y la autonomía de las organizaciones.
“Me tengo que ir”
Estaba pautado que hablen las organizaciones, y luego los legisladores presentes. Iban diecisiete minutos de audiencia, y el diputado del Frente Transversal Edgardo Depetri adelantó su alocución. “Tengo que ir a Malvinas Argentinas (Gran Buenos Aires) porque estamos en campaña, hay una ofensiva neoliberal y tenemos que frenarla. Hay que parar esta avanzada votando a los candidatos del Frente para la Victoria en Buenos Aires... y en otras provincias”.
El discurso de campaña era muy desubicado frente a campesinos que habían hecho entre 800 y 1500 kilómetros para hablar del modelo agropecuario y las necesidades del campo profundo.
Depetri mencionó casi al pasar la necesidad de “empoderar” a las organizaciones territoriales y la necesidad de la soberanía alimentaria.
“No me gusta... pero tengo que irme”, dijo. Y mientras sonaban los aplausos de rigor: se fue.
Evita
Osvaldo Lovey es dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita y subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Chaco. “Hemos conquistado la Subsecretaria (de Agricultura Familiar de Nación). No es suficiente porque el Ministerio tiene otra concepción y otras prioridades. No se puede acceder a fondos”, sinceró y reclamó que se le asigne un rol estratégico a la agricultura familiar.
Lovey, con un activa militancia en las ligas agrarias en la década del 70, fue el primero en explicitar una carencia. “Hay muy pocos diputados aquí. Es necesario que estén más diputados y necesitamos también el apoyo del Poder Ejecutivo para la agricultura familiar”.
Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y titular de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de Nación, seguía atento el discurso desde el otro extremo de la sala.
MNCI
Deolinda Carrizo, santiagueña, campesina del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y del MNCI fue la última oradora de las organizaciones. Marcó la necesidad del instituto de la agricultura familiar, y aclaró que será una “herramienta”. Y reclamó que se visualice a los campesinos como sujetos productivos y económicos fundamentales en la producción de alimentos.
“La Deo”, como se la conoce en los ámbitos campesinos, resaltó como puntales de la lucha rural a las mujeres y a los jóvenes, se pidió políticas activas para ellos, y remarcó la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de freno a los desalojos. La iniciativa fuepresentada hace dos años por las mismas organizaciones y es llamada "Cristian Ferreyra", en homenaje al joven campesino asesinado en Santiago del Estero.
“Es muy importante frenar a los agroempresarios y a las transnacionales. Muchos siguen impunes desalojando”, recordó Carrizo. Mostró un manojo de hojas, explicó que era el borrador de proyecto de ley y explicitó un sentir: “Hacemos entrega del proyecto a los diputados... deberían estar aquí más diputados”.
Legisladores
Adela Segarra, diputada del Movimiento Evita, señaló la importancia de la agricultura familiar y su vinculación con la economía popular. “Pese a la década ganada, ciertos sectores del Estado siguen siendo funcionales a los sectores neoliberales”, afirmó y advirtió que la ley propuesta es “necesaria pero no sirve si no tiene amplio apoyo y participación”.
Leonardo Grosso, también diputado del Movimiento Evita, fue también muy breve. Dijo que la audiencia y la propuesta de ley era “una invitación a la lucha” y aseguró que el Congreso estaba abierto para dar esa pelea. Reconoció la necesidad de “convencer a otros diputados”.
Sabor a poco
La audiencia duró sólo 34 minutos. Medio centenar de campesinos y dirigentes rurales estaban sentados frente a micrófonos. Había referentes de Salta, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Chaco, entre otras provincias. El comunicado contenía palabras con guiños al oficialismo, pero sólo concurrieron tres diputados. Y dos de ellos del Movimiento Evita, el mismo espacio que ocupa la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
La experiencia reciente no es una buena señal. Las organizaciones campesinas presentaron en abril de 2011 el primer borrador de ley para frenar los desalojos campesinos. Recién luego del asesinato de Cristian Ferreyra, noviembre de 2011, fue ingresada formalmente por los diputados oficialistas (entre ellos, Edgardo Depetri). Y hubo un acto conjunto con el Movimiento Evita y La Cámpora.
En octubre de 2012 asesinaron a Miguel Galván, también campesino del Mocase-VC. Hubo otra vez un acto frente al Congreso, con legisladores oficialistas, para volver a presentar el proyecto de ley.
El kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras. Pero la ley ni siquiera fue ingresada a recinto y perdió estado parlamentario. Traducido al criollo: el proyecto no fue ni tratado.
.
Fecha de Publicación: 21/09/2013
Fuente: Por Darío Aranda - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones campesinas de todo el país viajaron hasta Buenos Aires para presentar diez puntos de política agropecuaria para el sector, contenidos en un proyecto de ley. Sobresale el pedido de creación de un instituto para la agricultura familiar y la necesidad de frenar los desalojos. El lugar de presentación fue el edificio anexo de Congreso Nacional, en una audiencia con legisladores, pero sólo concurrieron tres diputados (uno se fue antes de que termine la audiencia) y la jornada duró sólo 34 minutos. “Salí ayer a las 2 de la tarde de Santiago. Llegué esta mañana, ni siquiera comimos, y nos dan palmadita en la espalda y no dicen que sigamos así. Es decepcionante”, sinceró Ignacio Avellanal, campesino santiagueño de Añatuya e integrante de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina).
“Vamos por lo que falta”, fue el título de la convocatoria lanzada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores rurales de Argentina (Cocitra) y el nuevo Frente Agrario del Movimiento Evita. El documento señala la necesidad de transformar el sistema agropecuario actual “concentrado y extranjerizado”, y fortalecer un modelo basado en la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Diez puntos, en lo que sobresale la creación de un "Instituto de la Agricultura Familiar" y el freno a los desalojos rurales.
La gacetilla de invitación finalizaba: “Vamos por lo que falta para consolidar el modelo nacional y popular y que fortalezca nuestra soberanía alimentaría”.
Audiencia
La cita era a las 14 en el Anexo del Congreso Nacional. Desde 20 minutos antes, decenas de campesinos y dirigentes rurales estaban ya sobre la puerta que da a la calle Rivadavia. A las 14.10 ya estaban todos en la amplia Sala I. Había muchos referentes de las organizaciones del campo. Pero faltaban los diputados, que llegaron recién a las 15. De inmediato comenzó la audiencia.
“Este proyecto nace del diálogo de las organizaciones y cuenta con el apoyo del compañero (Emilio) Pérsico (subsecretario de Agricultura Familiar, y dirigente del Movimiento Evita), que le ha dado otra dinámica a la Subsecretaría”, recordó José Luis Castillo, de la Acina, y remarcó la necesidad de un instituto de la agricultura familiar: “No es nada alocado. Así como está el INTA, debemos tener uno específico de la agricultura familiar, como tienen los otros países de la región”.
Benigno López, formoseño del Frente Nacional Campesino (FNC), precisó que el sector “no cuenta con presupuesto adecuado”, y precisó que “es abultado el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pero muy poco llega a la agricultura familiar”. López definió la situación campesina como “delicada” y recordó que “se perdió ganadería, sembrado y ni agua tenemos en muchos parajes”.
“Aquellos que apoyamos el proyecto nacional y popular, creemos que es necesario profundizarlo y democratizar el campo, democratizar la producción y comercialización. Podemos bajar el precio de los alimentos”, destacó el dirigente formoseño. Señaló que la creación de la Subsecretaría fue “un paso”, pero sostuvo que “hay que dar otros pasos”. Por ejemplo, reclamó “dejar de seguir financiando a los grandes” actores del modelo agropecuario.
Raúl Galván, chaqueño de la Cocitra, pidió “políticas públicas que aporten a nuestro sector para avanzar en el proyecto nacional y popular”. Pero aclaró que “no se puede avanzar si el 90 por ciento de las mejores tierras están en manos del agronegocio, en función del mercado mundial y del capital, y no en función del pueblo”.
“Es contradictorio para que pueda avanzar un proyecto nacional y popular si lo que avanza es el agronegocios, que destruye el ambiente, de Tierra del Fuego hasta la Quiaca. Hay que decir que no se la ha puesto un freno al agronegocios, al contrario, sigue avanzando”, denunció Galván. Y aclaró que no sólo se debe discutir por fondos, sino también la posesión de la tierra, los medios de producción, el agua y la autonomía de las organizaciones.
“Me tengo que ir”
Estaba pautado que hablen las organizaciones, y luego los legisladores presentes. Iban diecisiete minutos de audiencia, y el diputado del Frente Transversal Edgardo Depetri adelantó su alocución. “Tengo que ir a Malvinas Argentinas (Gran Buenos Aires) porque estamos en campaña, hay una ofensiva neoliberal y tenemos que frenarla. Hay que parar esta avanzada votando a los candidatos del Frente para la Victoria en Buenos Aires... y en otras provincias”.
El discurso de campaña era muy desubicado frente a campesinos que habían hecho entre 800 y 1500 kilómetros para hablar del modelo agropecuario y las necesidades del campo profundo.
Depetri mencionó casi al pasar la necesidad de “empoderar” a las organizaciones territoriales y la necesidad de la soberanía alimentaria.
“No me gusta... pero tengo que irme”, dijo. Y mientras sonaban los aplausos de rigor: se fue.
Evita
Osvaldo Lovey es dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita y subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Chaco. “Hemos conquistado la Subsecretaria (de Agricultura Familiar de Nación). No es suficiente porque el Ministerio tiene otra concepción y otras prioridades. No se puede acceder a fondos”, sinceró y reclamó que se le asigne un rol estratégico a la agricultura familiar.
Lovey, con un activa militancia en las ligas agrarias en la década del 70, fue el primero en explicitar una carencia. “Hay muy pocos diputados aquí. Es necesario que estén más diputados y necesitamos también el apoyo del Poder Ejecutivo para la agricultura familiar”.
Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y titular de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de Nación, seguía atento el discurso desde el otro extremo de la sala.
MNCI
Deolinda Carrizo, santiagueña, campesina del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y del MNCI fue la última oradora de las organizaciones. Marcó la necesidad del instituto de la agricultura familiar, y aclaró que será una “herramienta”. Y reclamó que se visualice a los campesinos como sujetos productivos y económicos fundamentales en la producción de alimentos.
“La Deo”, como se la conoce en los ámbitos campesinos, resaltó como puntales de la lucha rural a las mujeres y a los jóvenes, se pidió políticas activas para ellos, y remarcó la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de freno a los desalojos. La iniciativa fuepresentada hace dos años por las mismas organizaciones y es llamada "Cristian Ferreyra", en homenaje al joven campesino asesinado en Santiago del Estero.
“Es muy importante frenar a los agroempresarios y a las transnacionales. Muchos siguen impunes desalojando”, recordó Carrizo. Mostró un manojo de hojas, explicó que era el borrador de proyecto de ley y explicitó un sentir: “Hacemos entrega del proyecto a los diputados... deberían estar aquí más diputados”.
Legisladores
Adela Segarra, diputada del Movimiento Evita, señaló la importancia de la agricultura familiar y su vinculación con la economía popular. “Pese a la década ganada, ciertos sectores del Estado siguen siendo funcionales a los sectores neoliberales”, afirmó y advirtió que la ley propuesta es “necesaria pero no sirve si no tiene amplio apoyo y participación”.
Leonardo Grosso, también diputado del Movimiento Evita, fue también muy breve. Dijo que la audiencia y la propuesta de ley era “una invitación a la lucha” y aseguró que el Congreso estaba abierto para dar esa pelea. Reconoció la necesidad de “convencer a otros diputados”.
Sabor a poco
La audiencia duró sólo 34 minutos. Medio centenar de campesinos y dirigentes rurales estaban sentados frente a micrófonos. Había referentes de Salta, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Chaco, entre otras provincias. El comunicado contenía palabras con guiños al oficialismo, pero sólo concurrieron tres diputados. Y dos de ellos del Movimiento Evita, el mismo espacio que ocupa la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
La experiencia reciente no es una buena señal. Las organizaciones campesinas presentaron en abril de 2011 el primer borrador de ley para frenar los desalojos campesinos. Recién luego del asesinato de Cristian Ferreyra, noviembre de 2011, fue ingresada formalmente por los diputados oficialistas (entre ellos, Edgardo Depetri). Y hubo un acto conjunto con el Movimiento Evita y La Cámpora.
En octubre de 2012 asesinaron a Miguel Galván, también campesino del Mocase-VC. Hubo otra vez un acto frente al Congreso, con legisladores oficialistas, para volver a presentar el proyecto de ley.
El kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras. Pero la ley ni siquiera fue ingresada a recinto y perdió estado parlamentario. Traducido al criollo: el proyecto no fue ni tratado.
.
Córdoba: zona de conflictos por la tierra
Crece la lucha por la tierra
Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Según la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Córdoba es una de las provincias que acumulan mayor cantidad de conflictos derivados de esta problemática.
Un informe de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, que fue presentado ante el Congreso y que releva la situación de las tierras en el país, puso de manifiesto que Córdoba es una de las provincias que más conflictos presenta en cuanto a esta problemática. Andrés Guzmán, militante de JP Evita Córdoba y precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, aseguró a HOY DÍA CÓRDOBA que, "según revela la recopilación de datos, en el país existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal". "Con 69 casos registrados, Córdoba se encuentra entre las principales provincias que concentran la mayor cantidad de conflictos", agregó a este diario. En este marco, Guzmán destacó que "1.077 familias están siendo afectadas" y que "la superficie en conflicto es de 119.974 hectáreas en cuatro departamentos de Córdoba". Los estudios difundidos fueron realizados por Ricardo Vissani y Ramiro Fresneda, directores de la Subsecretaría, delegación Córdoba. "El pico más alto de los conflictos se produjo en el período que va de fines de marzo a mediados de mayo de este año, cuando 63 familias fueron expulsadas de sus tierras y cientos de ellas padecieron la represión policial", publica el informe. Quienes realizaron el trabajo denunciaron represión policial sin órdenes judiciales o sin notificación a los perjudicados. "Los desalojos se dieron en el paraje Tres Esquinas (departamento Río Primero), Cuesta Blanca (Punilla), barrio Alberdi (Capital) y Piedra Blanca (Santa María)", resaltó Guzmán. "El 95 por ciento de las tierras del país son rurales. De ahí la importancia de que haya una ley que regule lo referido a la disposición territorial y ocupación", afirmó. En este marco, el Encuentro de Organizaciones (EO), que nuclea a diversas agrupaciones que luchan por el derecho a la vivienda, denunció que cinco automóviles con efectivos policiales irrumpieron horas atrás en el predio que ocupan familias en Piedra Blanca y “desmantelaron” varias viviendas precarias. La denuncia fue expuesta ante la Unidad Judicial 4 y apunta al comisario Oscar Martínez, quien habría encabezado el operativo.
.
Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Según la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Córdoba es una de las provincias que acumulan mayor cantidad de conflictos derivados de esta problemática.Un informe de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, que fue presentado ante el Congreso y que releva la situación de las tierras en el país, puso de manifiesto que Córdoba es una de las provincias que más conflictos presenta en cuanto a esta problemática. Andrés Guzmán, militante de JP Evita Córdoba y precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, aseguró a HOY DÍA CÓRDOBA que, "según revela la recopilación de datos, en el país existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal". "Con 69 casos registrados, Córdoba se encuentra entre las principales provincias que concentran la mayor cantidad de conflictos", agregó a este diario. En este marco, Guzmán destacó que "1.077 familias están siendo afectadas" y que "la superficie en conflicto es de 119.974 hectáreas en cuatro departamentos de Córdoba". Los estudios difundidos fueron realizados por Ricardo Vissani y Ramiro Fresneda, directores de la Subsecretaría, delegación Córdoba. "El pico más alto de los conflictos se produjo en el período que va de fines de marzo a mediados de mayo de este año, cuando 63 familias fueron expulsadas de sus tierras y cientos de ellas padecieron la represión policial", publica el informe. Quienes realizaron el trabajo denunciaron represión policial sin órdenes judiciales o sin notificación a los perjudicados. "Los desalojos se dieron en el paraje Tres Esquinas (departamento Río Primero), Cuesta Blanca (Punilla), barrio Alberdi (Capital) y Piedra Blanca (Santa María)", resaltó Guzmán. "El 95 por ciento de las tierras del país son rurales. De ahí la importancia de que haya una ley que regule lo referido a la disposición territorial y ocupación", afirmó. En este marco, el Encuentro de Organizaciones (EO), que nuclea a diversas agrupaciones que luchan por el derecho a la vivienda, denunció que cinco automóviles con efectivos policiales irrumpieron horas atrás en el predio que ocupan familias en Piedra Blanca y “desmantelaron” varias viviendas precarias. La denuncia fue expuesta ante la Unidad Judicial 4 y apunta al comisario Oscar Martínez, quien habría encabezado el operativo.
.
Reclamos del Movimiento Campesino de Córdoba
Movimiento Campesino reclamó por la sequía
Fecha de Publicación: 10/08/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Se concentraron en la Plaza de la Intendencia y en horas del mediodía llegaron al Centro Cívico. Denuncian falta de políticas públicas del gobierno provincial en el marco de la sequía en el noroeste de Córdoba.
Integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba concretaron esta mañana y hasta el mediodía una marcha en contra de los "desalojos" y de los "desmontes" que concreta o facilita el gobierno de José Manuel de la Sota.
La convocatoria, que comenzó en la Plaza de la Intendencia y finalizó en el Centro Cívico, tuvo por objeto denunciar que "el estado cordobés viene promoviendo el desmonte y permite el desalojo" de las familias campesinas.
Según los organizadores de la manifestación, el gobierno cordobés "impulsa políticas de emergencia agropecuaria que no llegan a las familias campesinas y sólo reparte alimentos balanceados entre los punteros de las campañas (electorales) y las sociedades rurales".
Los campesinos promueven que, para combatir "el efecto de la sequía y el avance de la desertificación", se derogue "la Ley 9814 (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos), para que los recursos económicos lleguen a los verdaderos guardianes del monte, las familias campesinas, y no a los empresarios del desmonte".
Una de las demandas de la marcha es la sanción de una "ley (provincial) que impida los desalojos y que declare la emergencia del campo cordobés", sobre la base de un proyecto presentado en 2009 por el propio movimiento.
.
Fecha de Publicación: 10/08/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Se concentraron en la Plaza de la Intendencia y en horas del mediodía llegaron al Centro Cívico. Denuncian falta de políticas públicas del gobierno provincial en el marco de la sequía en el noroeste de Córdoba.Integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba concretaron esta mañana y hasta el mediodía una marcha en contra de los "desalojos" y de los "desmontes" que concreta o facilita el gobierno de José Manuel de la Sota.
La convocatoria, que comenzó en la Plaza de la Intendencia y finalizó en el Centro Cívico, tuvo por objeto denunciar que "el estado cordobés viene promoviendo el desmonte y permite el desalojo" de las familias campesinas.
Según los organizadores de la manifestación, el gobierno cordobés "impulsa políticas de emergencia agropecuaria que no llegan a las familias campesinas y sólo reparte alimentos balanceados entre los punteros de las campañas (electorales) y las sociedades rurales".
Los campesinos promueven que, para combatir "el efecto de la sequía y el avance de la desertificación", se derogue "la Ley 9814 (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos), para que los recursos económicos lleguen a los verdaderos guardianes del monte, las familias campesinas, y no a los empresarios del desmonte".
Una de las demandas de la marcha es la sanción de una "ley (provincial) que impida los desalojos y que declare la emergencia del campo cordobés", sobre la base de un proyecto presentado en 2009 por el propio movimiento.
.
El 5,93 % de la tierra rural es de extranjeros
El 5,9% de las tierras rurales está en manos extranjeras
Fecha de Publicación: 24/07/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Presidenta presentó ayer un relevamiento oficial que informa que el 5,93 por ciento de la tierra rural es de extranjeros.
De acuerdo al informe hecho en el marco de la ley nacional de tierras, la cantidad de hectáreas rurales en manos de extranjeros no supera el 15 por ciento permitido por la norma en el país ni en ninguna de las provincias, pero sí en 49 de las 569 divisiones subprovinciales.
El total de hectáreas propiedad de extranjeros es de 15.881.069, el 5,93 por ciento de las tierras rurales a nivel nacional, según se desprende del informe realizado por el Ministerio de Justicia de la Nación que detalla que la Argentina es el octavo país del mundo con una superficie total de 279.181.000 hectáreas, de las que el 95,88 por ciento son rurales.
De acuerdo al relevamiento detallado por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, Córdoba (1,04 por ciento), Formosa (1,71 por ciento) y Río Negro (2,03 por ciento) son las provincias con menor porcentaje de tierras extranjerizadas y Misiones (13,87 por ciento), Corrientes (13,65 por ciento) y Catamarca (12,08 por ciento), las que más hectáreas registran en manos foráneas.
A partir de las 569 divisiones subprovinciales consensuadas con las provincias, se determinó que 49 pasaron el límite de 15 por ciento que establece la ley -sancionada en diciembre de 2011– y por lo tanto no podrán venderse más hectáreas a extranjeros en estos distritos.
El informe detalla que del total de tierras en manos extranjeras, el 77 por ciento, 12.363.601 hectáreas, están en manos de personas jurídicas, y el 23 por ciento, 3.667.468 hectáreas, de físicas.
De ese total, 3.042.680,69 hectáreas están en manos de estadounidenses, 2.310.384,94, de italianos y 2.135.340,68, de españoles, en tanto que le siguen con un porcentaje bastante inferior los suizos, uruguayos, chilenos, canadienses, franceses, holandeses y británicos.
Desde el 1° de junio de 2012 funciona el Registro Nacional de Tierras Rurales.
.
Fecha de Publicación: 24/07/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Presidenta presentó ayer un relevamiento oficial que informa que el 5,93 por ciento de la tierra rural es de extranjeros.De acuerdo al informe hecho en el marco de la ley nacional de tierras, la cantidad de hectáreas rurales en manos de extranjeros no supera el 15 por ciento permitido por la norma en el país ni en ninguna de las provincias, pero sí en 49 de las 569 divisiones subprovinciales.
El total de hectáreas propiedad de extranjeros es de 15.881.069, el 5,93 por ciento de las tierras rurales a nivel nacional, según se desprende del informe realizado por el Ministerio de Justicia de la Nación que detalla que la Argentina es el octavo país del mundo con una superficie total de 279.181.000 hectáreas, de las que el 95,88 por ciento son rurales.
De acuerdo al relevamiento detallado por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, Córdoba (1,04 por ciento), Formosa (1,71 por ciento) y Río Negro (2,03 por ciento) son las provincias con menor porcentaje de tierras extranjerizadas y Misiones (13,87 por ciento), Corrientes (13,65 por ciento) y Catamarca (12,08 por ciento), las que más hectáreas registran en manos foráneas.
A partir de las 569 divisiones subprovinciales consensuadas con las provincias, se determinó que 49 pasaron el límite de 15 por ciento que establece la ley -sancionada en diciembre de 2011– y por lo tanto no podrán venderse más hectáreas a extranjeros en estos distritos.
El informe detalla que del total de tierras en manos extranjeras, el 77 por ciento, 12.363.601 hectáreas, están en manos de personas jurídicas, y el 23 por ciento, 3.667.468 hectáreas, de físicas.
De ese total, 3.042.680,69 hectáreas están en manos de estadounidenses, 2.310.384,94, de italianos y 2.135.340,68, de españoles, en tanto que le siguen con un porcentaje bastante inferior los suizos, uruguayos, chilenos, canadienses, franceses, holandeses y británicos.
Desde el 1° de junio de 2012 funciona el Registro Nacional de Tierras Rurales.
.
Las pretenciones sobre la tierras para extractivismo
Los conflictos por las tierras ajenas
Fecha de Publicación: 22/07/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Subsecretaría de Agricultura de la Nación generó un relevamiento que señala que 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal. En la mitad de los casos los propietarios sufrieron violencia.
En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 personas. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.
“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.
Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.
El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.
De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).
El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.
El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.
El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.
El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.
José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.
“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.
El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.
Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.
.
Fecha de Publicación: 22/07/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Subsecretaría de Agricultura de la Nación generó un relevamiento que señala que 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas son pretendidas por el sector privado o estatal. En la mitad de los casos los propietarios sufrieron violencia.En Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal, según lo revela el primer informe oficial sobre conflictos rurales. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 857 casos y afecta a 63.843 personas. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.
“Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” es el nombre formal del trabajo, de 96 carillas y realizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Fechado en 2013, el trabajo remarca desde el inicio sus limitaciones: el conteo de casos fue realizado en sólo tres meses (de abril a junio de 2011) y aclara que es “una muestra amplia pero no representativa” de la conflictividad rural.
Pero recobra valor al ser el primer informe oficial. El NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (28,2 por ciento). Le sigue la Patagonia (21,1), NEA (19,8), Centro (19,1) y Cuyo (11,7). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.
El 43,1 por ciento de los conflictos lleva entre uno y nueve años. El 20,9 por ciento entre diez y diecinueve años. La gran mayoría (77,6 por ciento) de los poseedores viven en el lugar desde hace más de 20 años y están amparados por el derecho veinteañal (quien vivió y cuidó la tierra por dos décadas, tiene derechos adquiridos). Aunque el Poder Judicial rara vez aplica ese derecho.
De los 857 casos relevados, 278 involucran a pueblos indígenas (32 por ciento). De ese total, sólo el 40 por ciento ya fue relevado en el marco de la Ley 26.160 (norma aprobada en 2006 que frena los desalojos judiciales y ordena un mapeo catastral).
El 49 por ciento de los casos se encuentra en tierras “privadas” (con algún particular o empresa) y el 34 por ciento en tierras fiscales (municipales, provinciales y nacionales). El 17 por ciento en tierras mixtas.
El trabajo estuvo a cargo de Karina Bidaseca. “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina. Es imprescindible el acceso a la Justicia, el saneamiento de títulos y políticas estatales activas para que las familias puedan permanecer donde siempre vivieron”, explicó.
El 39 por ciento de los casos (331) se encuentra judicializado. “Los casos en los que se registran amenazas o presiones de desalojo superan ampliamente los casos judicializados”, afirma. Y detalla que en el 52,3 por ciento de los casos se registraron amenazas y presiones de desalojo. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Neuquén y Río Negro encabezan el ranking de amenazas.
El relevamiento oficial afirma que los conflictos territoriales se “intensificaron con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo” y la “aparición de nuevos propietarios” con títulos dudosos.
José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), estuvo en la presentación del informe. “Celebramos que por primera vez el Estado, mediante la Subsecretaría, haga un estudio sobre lo que denunciamos desde hace veinte años en los territorios, así que damos la bienvenida a ese relevamiento”, explicó y dio un paso más: “Ahora necesitamos que el mismo Estado accione de manera concreta para apoyar a la agricultura familiar, que el Gobierno deje de dar luz verde a los agronegocios que nos pisan la cabeza a los campesinos”.
“Ya sabemos cuál es la enfermedad, el agronegocio, ahora necesitamos políticas públicas que nos permitan producir, quedarnos en el campo y, algo bien básico, que no nos desalojen ni nos repriman”, reclamó Castillo. El informe oficial analiza la estructura agraria y su relación con la tenencia de la tierra. En base al Censo Agropecuario 2002 (el último realizado de manera completa), comparando el censo 1988, muestra que desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento del total). Y apunta a uno de los problemas centrales de la argentina rural: el 60 por ciento de las explotaciones agropecuarias más pequeñas no llegaba al cinco por ciento de las hectáreas. En tanto el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentraba el 78 por ciento de la tierra.
El capítulo tres aborda el marco legal de los conflictos. “La situación vinculada a los desalojos que padecen las comunidades y familias campesinas implica una clara violación a los derechos constitucionalmente garantizados y reconocidos por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.” Y afirma la necesidad de una política redistributiva, reparto de tierras privadas que no cumplen su función social.
Entre las conclusiones se destaca la necesidad de políticas públicas para acabar con la “exclusión social en el campo” y hace hincapié en la necesidad de “abordar el saneamiento de títulos”. También cuestiona al Poder Judicial por la situación de “indefensión” de los agricultores familiares. Y recuerda que los movimientos campesinos exigen una reforma agraria, la cual supone “transformar las relaciones de poder económico y político responsables por la reproducción de la concentración agraria”.
.
Triste declaración de Yahuar sobre los pueblos originarios
Yahuar: “Los pueblos originarios se están llenando de plata con la soja”
Fecha de Publicación: 19/07/2013
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Agricultura de la Nación lanzó esta polémica frase en una entrevista aunque luego desde su cartera dijeron que fue "tergiversado con mala intención". Además se definió como "un defensor de la minería".
El ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, aseguró hoy que "muchos pueblos originarios se están llenando de plata con la soja" y se definió como "un defensor de la minería".
En declaraciones a la radio comunitaria FM Kalewche de Esquel, Yahuar definió su política como de "soja a fondo" y consideró que el modelo del gobierno no es extractivo sino que "es productivo".
Ante la repercusión de sus dichos, por la noche, el Ministerio de Agricultura emitió un comunicado en el que sostuvo que Yahuar fue "tergiversado con mala intención" y que "lo que verdaderamente expresé es que con las políticas activas desde el Estado nacional, hemos dado a los pueblos originarios y a las economías familiares, la posibilidad de incorporarse al sistema económico y con ello poder producir cultivos de alto precio, valor agregado y rentabilidad, como la soja o la quinoa, por ejemplo".
Sin embargo, en la grabación de la nota se escucha claramente a Yahuar decir textualmente: "Muchos pueblos originarios, te sorprendés la cantidad de pueblos originarios que se están llenando de plata con la soja".
En defensa de la soja y en rechazo a la idea de que el gobierno impulsa un modelo económico basado en la explotación de recursos naturales, dijo que a la soja "hay que sembrarla" por lo que aclaró que "no se extrae".
Al responder que para plantar soja se desmonta y se corren a pueblos originarios de sus tierras, Yahuar consideró que "hay que lograr mayor tecnología".
"Los pueblos originarios están haciendo soja en la mayor parte del país. Tenemos en el Ministerio de Agricultura un programa con 150 pueblos para restitución de derechos, para restituirles la tierra", prosiguió Yahuar.
En ese sentido, apuntó que "muchos pueblos originarios se están llenado de plata con la soja".
"La soja es para los que la producen y que se llenan los bolsillos y la venden a 550 dólares la tonelada, no importa a quien se la venden sino cuánto cobra", indicó. El ministro consideró que "éste es un proyecto de 40 millones y nos repartimos entre todos".
Al ser cuestionado porque en Esquel y en la Unión de Asambleas Patagónicas lo declararon persona no grata, por respaldar la minería, reclamó -según dijo con "humor"- el nombre de los que lo acusaron.
"Quiero la lista de los que me declararon persona no grata por el modelo extractivo para que nunca más puedan viajar por Aerolíneas o cualquier línea aérea porque el avión es de metal", dijo.
Yahuar agregó que "yo defiendo la minería" y consideró de "ilógicos" a los que lo critican porque "cuando hablan no saben lo que es un modelo extractivo".
.
Fecha de Publicación: 19/07/2013
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Agricultura de la Nación lanzó esta polémica frase en una entrevista aunque luego desde su cartera dijeron que fue "tergiversado con mala intención". Además se definió como "un defensor de la minería". El ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, aseguró hoy que "muchos pueblos originarios se están llenando de plata con la soja" y se definió como "un defensor de la minería".
En declaraciones a la radio comunitaria FM Kalewche de Esquel, Yahuar definió su política como de "soja a fondo" y consideró que el modelo del gobierno no es extractivo sino que "es productivo".
Ante la repercusión de sus dichos, por la noche, el Ministerio de Agricultura emitió un comunicado en el que sostuvo que Yahuar fue "tergiversado con mala intención" y que "lo que verdaderamente expresé es que con las políticas activas desde el Estado nacional, hemos dado a los pueblos originarios y a las economías familiares, la posibilidad de incorporarse al sistema económico y con ello poder producir cultivos de alto precio, valor agregado y rentabilidad, como la soja o la quinoa, por ejemplo".
Sin embargo, en la grabación de la nota se escucha claramente a Yahuar decir textualmente: "Muchos pueblos originarios, te sorprendés la cantidad de pueblos originarios que se están llenando de plata con la soja".
En defensa de la soja y en rechazo a la idea de que el gobierno impulsa un modelo económico basado en la explotación de recursos naturales, dijo que a la soja "hay que sembrarla" por lo que aclaró que "no se extrae".
Al responder que para plantar soja se desmonta y se corren a pueblos originarios de sus tierras, Yahuar consideró que "hay que lograr mayor tecnología".
"Los pueblos originarios están haciendo soja en la mayor parte del país. Tenemos en el Ministerio de Agricultura un programa con 150 pueblos para restitución de derechos, para restituirles la tierra", prosiguió Yahuar.
En ese sentido, apuntó que "muchos pueblos originarios se están llenado de plata con la soja".
"La soja es para los que la producen y que se llenan los bolsillos y la venden a 550 dólares la tonelada, no importa a quien se la venden sino cuánto cobra", indicó. El ministro consideró que "éste es un proyecto de 40 millones y nos repartimos entre todos".
Al ser cuestionado porque en Esquel y en la Unión de Asambleas Patagónicas lo declararon persona no grata, por respaldar la minería, reclamó -según dijo con "humor"- el nombre de los que lo acusaron.
"Quiero la lista de los que me declararon persona no grata por el modelo extractivo para que nunca más puedan viajar por Aerolíneas o cualquier línea aérea porque el avión es de metal", dijo.
Yahuar agregó que "yo defiendo la minería" y consideró de "ilógicos" a los que lo critican porque "cuando hablan no saben lo que es un modelo extractivo".
.
Córdoba: campesinos buscan ayuda para evitar remates
Campesinos cordobeses buscan ayuda en Buenos Aires para evitar remate de terrenos
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Campesinos cordobeses se entrevistarán con funcionarios nacionales y organismos de Derechos Humanos, con la esperanza de frenar el remate de un campo que ocupan, tras fracasar en esas negociaciones con la provincia. Acusan a José Manuel de la Sota de “neoliberal e indiferente”.
Las reuniones se concretarán desde el miércoles y hasta el viernes de la semana próxima con el titular de la secretaría de Derechos Humanos, Martín Fresneda y con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, entre otros, según adelantó Horacio Britos del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).
Los campesinos quieren que el campo La Libertad, ubicado en el Departamento Ischilín en el noroeste cordobés y actualmente con bandera de remate, sea expropiado. Habitado y poseído por familias de campesinos el terreno de 13 mil hectáreas comprende la suma de los lotes que componen la quiebra de la firma Feigin Hnos. Ltda.
“Estamos muy preocupados, muy mal, desde que De la Sota se hizo cargo del gobierno dejó caer todo, archivaron el trámite y nos dejaron sin alternativas, el campo va a remate, los acreedores quieren cobrar”, explicó Britos, quien detalló que también llevarán su caso a organismos de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Tierras.
.
Fecha de Publicación: 11/07/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Campesinos cordobeses se entrevistarán con funcionarios nacionales y organismos de Derechos Humanos, con la esperanza de frenar el remate de un campo que ocupan, tras fracasar en esas negociaciones con la provincia. Acusan a José Manuel de la Sota de “neoliberal e indiferente”.
Las reuniones se concretarán desde el miércoles y hasta el viernes de la semana próxima con el titular de la secretaría de Derechos Humanos, Martín Fresneda y con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, entre otros, según adelantó Horacio Britos del Movimiento Campesino de Córdoba, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).
Los campesinos quieren que el campo La Libertad, ubicado en el Departamento Ischilín en el noroeste cordobés y actualmente con bandera de remate, sea expropiado. Habitado y poseído por familias de campesinos el terreno de 13 mil hectáreas comprende la suma de los lotes que componen la quiebra de la firma Feigin Hnos. Ltda.
“Estamos muy preocupados, muy mal, desde que De la Sota se hizo cargo del gobierno dejó caer todo, archivaron el trámite y nos dejaron sin alternativas, el campo va a remate, los acreedores quieren cobrar”, explicó Britos, quien detalló que también llevarán su caso a organismos de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Tierras.
.
Bosque nativo: "Hecha la ley, hecho el desmonte"
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo
Fecha de Publicación: 13/06/2013
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Fecha de Publicación: 13/06/2013
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
A pesar de la sanción de la Ley de Bosques, la deforestación avanza en la Argentina.
La Ley de Bosques se sancionó en 2007 para evitar que la Argentina siga perdiendo su bosque nativo, del que hoy sólo queda el 30 por ciento. Sin embargo, cinco años después, sus objetivos no logran cumplirse.
Quizá el del bosque sea el mejor ejemplo. Lo que le pasa al ambiente nos pasa a nosotros. Podríamos tomar al país como algo que fue establecido y que resulta inmutable aún ante las peores prácticas. Pero no. Felizmente se trata de un cuerpo vivo, por lo tanto cuando alteramos el paisaje o le damos mal uso a la tierra hay impactos ambientales, sociales y políticos. Por lo tanto ese cuerpo vivo somos nosotros.
Lo que empezamos a mostrar forma parte de las nuevas tensiones y complejidades que origina la tenencia y administración de los recursos naturales.
Veremos que una ley no cambia por si misma el concepto que tenemos de los recursos, la tendencia a apropiarnos naturalmente de ellos, ni mejora su estado. Y finalmente nos hace pensar como nos cuesta entender que los derechos colectivos están sobre los individuales. Estamos acostumbrados a un modelo totalmente opuesto.
Mañana lo veremos mejor con el caso del desmonte en Salta, y el trabajo progresivo que nos falta hacer para contar con leyes que efectivamente nos sean útiles.
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo.
.
La Ley de Bosques se sancionó en 2007 para evitar que la Argentina siga perdiendo su bosque nativo, del que hoy sólo queda el 30 por ciento. Sin embargo, cinco años después, sus objetivos no logran cumplirse.
Quizá el del bosque sea el mejor ejemplo. Lo que le pasa al ambiente nos pasa a nosotros. Podríamos tomar al país como algo que fue establecido y que resulta inmutable aún ante las peores prácticas. Pero no. Felizmente se trata de un cuerpo vivo, por lo tanto cuando alteramos el paisaje o le damos mal uso a la tierra hay impactos ambientales, sociales y políticos. Por lo tanto ese cuerpo vivo somos nosotros.
Lo que empezamos a mostrar forma parte de las nuevas tensiones y complejidades que origina la tenencia y administración de los recursos naturales.
Veremos que una ley no cambia por si misma el concepto que tenemos de los recursos, la tendencia a apropiarnos naturalmente de ellos, ni mejora su estado. Y finalmente nos hace pensar como nos cuesta entender que los derechos colectivos están sobre los individuales. Estamos acostumbrados a un modelo totalmente opuesto.
Mañana lo veremos mejor con el caso del desmonte en Salta, y el trabajo progresivo que nos falta hacer para contar con leyes que efectivamente nos sean útiles.
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo.
.
Una buena entrevista a Tompkins
Tompkins: "No es bueno para la sociedad que los dueños de la tierra tengan enormes extensiones"
Fecha de Publicación: 22/05/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Hace 20 años que el ambientalista estadounidense se dedica a comprar propiedades en la Argentina y Chile para luego cederlas a los Parques Nacionales de ambos países; ya lleva 850.000 hectáreas y tiene más proyectos
n 1989 vendió sus empresas y se alejó de los Estados Unidos para dedicarse a la conservación del medio ambiente. Pasó por Noruega y Canadá, pero se quedó con la Argentina y Chile. "En este punto de mi vida soy medio argentino y medio chileno", dice sentado en una de las oficinas que tiene su fundación en el barrio de Retiro. Algo de razón tendrá porque todas sus propiedades están en los dos países y ni siquiera tiene un departamento en California del Norte, donde están sus hijas.
Douglas Tompkins lleva 20 años comprando tierras en esta parte del mundo y donando gran parte de ellas para que sean integradas a los Parques Nacionales. La última fue la cesión de la estancia El Rincón, de 15.000 hectáreas , que formarán parte del Parque Nacional Perito Moreno en Santa Cruz; se estima que el total puede ser cercano al millón de hectáreas.
Filántropo, agricultor y ecologista su misión en la Argentina genera pasiones y polémicas. Lo acusan de querer apropiarse de los acuíferos, de robar ganado y querer convertirse en un terrateniente. Tompkins, junto a su esposa Kris y sus fundaciones [Pumalín, Deep Ecology, Yendegaia, Conservación Patagónica y Consevartion Land Trust ], donó tierras de su patrimonio personal a los Parques Nacionales Pumalín y Corcovado -en Chile- y al Monte León -Argentina-. Y tiene proyectos para ceder tierras a otras reservas naturales donde está reinsertando especies en extinción como el oso hormiguero, el ciervo del pantano, el yaguareté y el puma.
"El movimiento ambiental es imparable. Si echamos miradas al pasado, cuando empezó la corriente moderna en 1960, el progreso de expansión fue impresionante y hoy es enorme a nivel mundial. Todo está cambiando, es un proceso dinámico e imparable. ¿Si es capaz de revertir la crisis ambiental? Es otra pregunta", dice en la entrevista que le concedió a LA NACION .
Ver la Entrevista Completa.
.
.
Fecha de Publicación: 22/05/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Hace 20 años que el ambientalista estadounidense se dedica a comprar propiedades en la Argentina y Chile para luego cederlas a los Parques Nacionales de ambos países; ya lleva 850.000 hectáreas y tiene más proyectosn 1989 vendió sus empresas y se alejó de los Estados Unidos para dedicarse a la conservación del medio ambiente. Pasó por Noruega y Canadá, pero se quedó con la Argentina y Chile. "En este punto de mi vida soy medio argentino y medio chileno", dice sentado en una de las oficinas que tiene su fundación en el barrio de Retiro. Algo de razón tendrá porque todas sus propiedades están en los dos países y ni siquiera tiene un departamento en California del Norte, donde están sus hijas.
Douglas Tompkins lleva 20 años comprando tierras en esta parte del mundo y donando gran parte de ellas para que sean integradas a los Parques Nacionales. La última fue la cesión de la estancia El Rincón, de 15.000 hectáreas , que formarán parte del Parque Nacional Perito Moreno en Santa Cruz; se estima que el total puede ser cercano al millón de hectáreas.
Filántropo, agricultor y ecologista su misión en la Argentina genera pasiones y polémicas. Lo acusan de querer apropiarse de los acuíferos, de robar ganado y querer convertirse en un terrateniente. Tompkins, junto a su esposa Kris y sus fundaciones [Pumalín, Deep Ecology, Yendegaia, Conservación Patagónica y Consevartion Land Trust ], donó tierras de su patrimonio personal a los Parques Nacionales Pumalín y Corcovado -en Chile- y al Monte León -Argentina-. Y tiene proyectos para ceder tierras a otras reservas naturales donde está reinsertando especies en extinción como el oso hormiguero, el ciervo del pantano, el yaguareté y el puma.
"El movimiento ambiental es imparable. Si echamos miradas al pasado, cuando empezó la corriente moderna en 1960, el progreso de expansión fue impresionante y hoy es enorme a nivel mundial. Todo está cambiando, es un proceso dinámico e imparable. ¿Si es capaz de revertir la crisis ambiental? Es otra pregunta", dice en la entrevista que le concedió a LA NACION .
Ver la Entrevista Completa.
.
.
El parque Perito Moreno se agranda por Tompkins
Se amplía el parque argentino Perito Moreno por una donación particular
Fecha de Publicación: 17/05/2013
Fuente: EFEverde
Provincia/Región: Santa Cruz
El magnate estadounidense Douglas Tompkins ha donado a Argentina 15.000 hectáreas para ampliar el Parque Nacional Perito Moreno, en el sur del país.
La donación, realizada a través de la fundación The Conservation Land Trust (CLT), de Tompkins y su mujer Kristine WcDivitt, se concretó este jueves en un acto encabezado por el ministro de Turismo argentino, Enrique Meyer, quien calificó al gesto de CLT como un acto "conmovedor".
La organización ya había donado en 2004 a Argentina 60.000 hectáreas en el sur del país para la creación del Parque Nacional Monte León.
Las nuevas tierras, que serán anexadas a la zona norte del Parque Nacional Perito Moreno, pertenecían a la estancia "El Rincón", propiedad de Tompkins, ubicada en el noroeste de la sureña provincia de Santa Cruz, en el valle del Río Lácteo, frente a la cara sur del cerro San Lorenzo.
"Como agente de conservación deseo destacar esta iniciativa, que pone en claro que la conservación no tiene fronteras", destacó en el acto el presidente de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, Carlos Corvalán.
Por su parte, Douglas Tompkins animó al sector privado a replicar esta iniciativa y dijo que "es incomparable la sensación de ser parte del proceso de creación de un área protegida".
El filántropo estadounidense señaló que en otros lugares del mundo es habitual este tipo de donaciones, como en Estados Unidos, donde cerca del 50 por ciento de los parques nacionales fue generado en base a contribuciones de donantes.
.
Fecha de Publicación: 17/05/2013
Fuente: EFEverde
Provincia/Región: Santa Cruz
El magnate estadounidense Douglas Tompkins ha donado a Argentina 15.000 hectáreas para ampliar el Parque Nacional Perito Moreno, en el sur del país.La donación, realizada a través de la fundación The Conservation Land Trust (CLT), de Tompkins y su mujer Kristine WcDivitt, se concretó este jueves en un acto encabezado por el ministro de Turismo argentino, Enrique Meyer, quien calificó al gesto de CLT como un acto "conmovedor".
La organización ya había donado en 2004 a Argentina 60.000 hectáreas en el sur del país para la creación del Parque Nacional Monte León.
Las nuevas tierras, que serán anexadas a la zona norte del Parque Nacional Perito Moreno, pertenecían a la estancia "El Rincón", propiedad de Tompkins, ubicada en el noroeste de la sureña provincia de Santa Cruz, en el valle del Río Lácteo, frente a la cara sur del cerro San Lorenzo.
"Como agente de conservación deseo destacar esta iniciativa, que pone en claro que la conservación no tiene fronteras", destacó en el acto el presidente de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, Carlos Corvalán.
Por su parte, Douglas Tompkins animó al sector privado a replicar esta iniciativa y dijo que "es incomparable la sensación de ser parte del proceso de creación de un área protegida".
El filántropo estadounidense señaló que en otros lugares del mundo es habitual este tipo de donaciones, como en Estados Unidos, donde cerca del 50 por ciento de los parques nacionales fue generado en base a contribuciones de donantes.
.
Neuquén: fallo judicial favorable a pueblo Mapuche
Fallo judicial protegió territorio Mapuche
Fecha de Publicación: 05/04/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Neuquén
Fecha de Publicación: 05/04/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia de Neuquén protegió territorio mapuche en base a un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que un tribunal de Argentina se atiene en materia indígena a una decisión de la CIDH.
La Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes (Neuquén) aplicó, en un hecho sin precedentes, una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y obligó a un particular a respetar el rewe (sitio sagrado indígena) de la comunidad Pacihil Antriao. Además de beneficiar a la comunidad mapuche, la decisión judicial es novedosa: se trata de la primera vez que un tribunal interno considera la obligatoriedad de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La comunidad mapuche Paichil Antreao vive desde antes de 1902 en lo que hoy se conoce como Villa la Angostura (incluso probado con documentos oficiales del Estado argentino). La misma ciudad de Villa la Angostura creció sobre el territorio de la comunidad y, como parte de ese avance, hubo un continuo proceso de despojo territorial.
En 2009, la comunidad demandó al particular William Henry Fisher (ciudadano estadounidense) por la restitución de un lote en disputa (del que la comunidad había sido desalojado pero que es parte del territorio comunitario mapuche). La comunidad solicitó una medida cautelar de no innovar para que Fisher no destruya el rewe (pretendía construir sobre el sitio sagrado). En paralelo, la comunidad recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Justicia de primera instancia hizo lugar al pedido de la comunidad. Fisher apeló. Y esta semana la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes confirmó la resolución de primera instancia, pero fue más allá: recordó que se debe respetar la medida dictada en abril de 2011 por la CIDH.
“La Comisión solicitó al Estado de Argentina que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe ubicado en el predio objeto del litigio (…) La Comisión también solicitó al Estado nacional que adoptara las medidas para que dicha medida judicial sea efectivamente cumplida, de manera tal que se preservara ese lugar sagrado”, recuerda la Cámara de apelaciones, el 25 de marzo pasado, con la firma de las juezas María Julia Barrese y Gladys Mabel Folone.
Y recuerda que “la CIDH solicitó que el Estado adoptara las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la comunidad Paichil Antriao que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar durante el tiempo que quieran, y sin que se presentaran episodios de violencia, agresión, hostigamiento o amenazas por parte de la policía o de tales otros grupos de seguridad”.
Las resoluciones de la CIDH deben ser cumplidas por los estados y obviamente por los tribunales locales, pero la mayoría de los jueces provinciales son renuentes a aplicar el derecho internacional, pese a que la Corte Suprema argentina lo ha resuelto así desde hace 20 años. “El fallo de la Cámara de San Martín de los Andes es importante puesto que en su decisión se remite a lo que ya resolvió la Comisión Interamericana y eso es un importante avance en una provincia en donde el gobierno desconoce sistemáticamente los tratados internacionales” explicó el director del ODHPI, Juan Manuel Salgado.
La CIDH también se ha expedido, entre otros casos, a favor de comunidad Qom Navogoh “La Primavera” de Formosa (abril de 2011) y para que se cumplan los derechos de la comunidad El Nogalito (Pueblo Lule de Tucumán).
.
La Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes (Neuquén) aplicó, en un hecho sin precedentes, una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y obligó a un particular a respetar el rewe (sitio sagrado indígena) de la comunidad Pacihil Antriao. Además de beneficiar a la comunidad mapuche, la decisión judicial es novedosa: se trata de la primera vez que un tribunal interno considera la obligatoriedad de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La comunidad mapuche Paichil Antreao vive desde antes de 1902 en lo que hoy se conoce como Villa la Angostura (incluso probado con documentos oficiales del Estado argentino). La misma ciudad de Villa la Angostura creció sobre el territorio de la comunidad y, como parte de ese avance, hubo un continuo proceso de despojo territorial.
En 2009, la comunidad demandó al particular William Henry Fisher (ciudadano estadounidense) por la restitución de un lote en disputa (del que la comunidad había sido desalojado pero que es parte del territorio comunitario mapuche). La comunidad solicitó una medida cautelar de no innovar para que Fisher no destruya el rewe (pretendía construir sobre el sitio sagrado). En paralelo, la comunidad recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Justicia de primera instancia hizo lugar al pedido de la comunidad. Fisher apeló. Y esta semana la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes confirmó la resolución de primera instancia, pero fue más allá: recordó que se debe respetar la medida dictada en abril de 2011 por la CIDH.
“La Comisión solicitó al Estado de Argentina que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe ubicado en el predio objeto del litigio (…) La Comisión también solicitó al Estado nacional que adoptara las medidas para que dicha medida judicial sea efectivamente cumplida, de manera tal que se preservara ese lugar sagrado”, recuerda la Cámara de apelaciones, el 25 de marzo pasado, con la firma de las juezas María Julia Barrese y Gladys Mabel Folone.
Y recuerda que “la CIDH solicitó que el Estado adoptara las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la comunidad Paichil Antriao que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar durante el tiempo que quieran, y sin que se presentaran episodios de violencia, agresión, hostigamiento o amenazas por parte de la policía o de tales otros grupos de seguridad”.
Las resoluciones de la CIDH deben ser cumplidas por los estados y obviamente por los tribunales locales, pero la mayoría de los jueces provinciales son renuentes a aplicar el derecho internacional, pese a que la Corte Suprema argentina lo ha resuelto así desde hace 20 años. “El fallo de la Cámara de San Martín de los Andes es importante puesto que en su decisión se remite a lo que ya resolvió la Comisión Interamericana y eso es un importante avance en una provincia en donde el gobierno desconoce sistemáticamente los tratados internacionales” explicó el director del ODHPI, Juan Manuel Salgado.
La CIDH también se ha expedido, entre otros casos, a favor de comunidad Qom Navogoh “La Primavera” de Formosa (abril de 2011) y para que se cumplan los derechos de la comunidad El Nogalito (Pueblo Lule de Tucumán).
.
El lago Escondido ya no estará tan escondido
Justicia obliga a abrir un camino para acceder a lago Escondido
Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: BAE
Provincia/Región: Río Negro
El río Escondido pasa justo por debajo de una de las mansiones que Joseph Lewis construyó en las casi 12.000 hectáreas que ostenta a 30 kilómetros de El Bolsón. Hay que cruzarlo en dos tramos para acceder a lago Escondido, un espejo de agua de enorme belleza natural y de invaluable valor ambiental que desde la instalación del magnate inglés en la Patagonia quedó vallado por tranqueras y militarizado por las armas de la seguridad que lo custodia. La semana pasada, la justicia de Bariloche puso fin a esta privatización que viola la Constitución nacional y la provincial. Ordenó que en 120 días el gobierno de Río Negro cumpla un fallo desoído durante cuatro años y que haga las obras necesarias para habilitar dos pasos públicos hacia el lago. Y en la ciudad son optimistas de que el poder de lobby del “Tío Joe” no alcanzará esta vez para frenarlo ni un día más.
El juez Marcelo Cuellar, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de Bariloche, reunió el viernes pasado en su despacho al ministro de Obras Públicas, Fernando Vaca Narvaja, representantes de la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (VIARSE), la Dirección de Medio Ambiente provincial, de la Fiscalía de Estado de Río Negro, de la empresa Hidden Lake S.A. (la firma de Lewis que administra las tierras) y del INTI, además de la legisladora provincial y amparista, Magdalena Odarda. Allí les comunicó que ratificaba el fallo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial firmó en 2009 y que ordenaba a la provincia a abrir, en un plazo máximo de cuatro meses, dos pasos hacia lago Escondido. Uno más extenso, a través de la montaña, de unos 85 kilómetros; el otro, conocido como Camino Tacuifí, tiene casi 25 kilómetros. Es el que históricamente usaron los lugareños para acceder al lago y que con la llegada de los millones de Lewis quedó privatizado y cerrado con personal armado en sus últimos 3 kilómetros, que pisan las tierras del inglés.
El fallo del STJ de 2009 ordenaba a Viarse y a la Secretaría de Ambiente Provincial a abrir ambos pasos en 120 días. Pero la administración del entonces gobernador Miguel Saiz dilató el asunto. “En connivencia con la empresa de Lewis, hizo algunas obras en el camino largo. Pero siempre se negó a trabajar en el camino corto”, apunta Odarda, en mención al paso privatizado que desde siempre usaron los pobladores. Ante estas dilaciones, el máximo tribunal remitió el expediente a los juzgados de Bariloche.
Cuellar les informó a todas las partes que, tras ocho años de juicio, en las próximas horas firmará una resolución para que en 120 días se concluyan las obras y se abran ambos pasos, bajo apercibimiento de multas conminatorias y de gravedad progresiva por cada día de demora, que se aplicaría sobre los funcionarios responsables.
Tercer paso
Odarda y los habitantes de la zona estiman que Hidden Lake S.A. se presentará con un planteo alternativo: abrir un tercer paso. “Los nuevos abogados de Lewis no podían entender cómo nunca se negoció la apertura de un tercer camino”, contó la legisladora rionegrina. “El Camino Tacuifí desemboca en una de las mansiones de Lewis –explicó a BAE Odarda–. Vamos a ver qué proponen, pero si desnaturaliza lo dispuesto por la Justicia vamos a insistir por Tacuifí”.
Para acceder a lago Escondido por Tacuifí hay que cruzar dos veces el río Escondido y una vez El Foyel. Allí siempre hubo puentes pero cuando se instaló el magnate “desaparecieron”, afirma la amparista. En respuesta, Lewis puso tranqueras y construyó dos puentes, pero dentro de su “propiedad privada”. Explica Odarda: “Con la nueva orden judicial, habría que abrir las tranqueras y franquear el paso. Si además se habilitan los puentes y se construye un tercero o se badean los ríos, hasta se podría llegar en auto a lago Escondido, porque es un paso en muy buenas condiciones”.
El día que la tropa de Lewis amenazó con “Winchesters”
Cuando en 2011 la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario de los abogados de Hidden Lake para que intervenga luego que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro le impusiera la apertura del Camino Tacuifí, el apoderado de Joe Lewis en Argentina, Nicolás Van Ditmar, amenazó a sus empleados con levantar todo y dejarlos sin trabajo. Así los instigó a movilizarse a Viedma, proveyéndoles previamente caballos y carpas a estrenar. Hicieron un escrache en la puerta de la casa de un juez de madrugada y persiguieron a la propia Odarda. Y Van Ditmar, detrás de ellos, no se anduvo con chiquitas: “Vamos a defender la propiedad con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta”.
“Legisladores o políticos oportunistas instalaron que un inglés privatizó un lago y se quiere robar el agua. Esto no es de un inglés sino de las 200 familias que lo trabajamos. Si el inglés pierde su privacidad o la preservación del recurso natural, es muy fácil, levanta campamento y los que vamos a quedar en la calle somos nosotros”, continuó su queja la cara visible de Lewis en la Argentina.
“La justicia por mano propia muchas veces es el camino”, sentenció Van Ditmar en marzo de 2011. En noviembre pasado fue absuelto por la Justicia por estas declaraciones. Pero las recetas del lejano Oeste, en cuatro meses, quedarán vencidas.
Ley de Tierras
La presencia de multimillonarios europeos y norteamericanos en el sur de la Argentina y la concentración de tierras de explotación agropecuaria en manos de capitales extranjeras derivó a fines de 2011 en la sanción de la Ley de Tierras, que limita el porcentaje de territorio argentino que podrá ser propiedad extranjera.
Fija en 15 % el límite a la titularidad de tierras en personas o capitales extranjeros. Proporción que ase aplica a nival nacional, provincial y municipal. “Las tierras de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas”, dice el artículo 10º. Lejísimo de las más de 12 mil que Lewis tiene en la Patagonia.
.
Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: BAE
Provincia/Región: Río Negro
El río Escondido pasa justo por debajo de una de las mansiones que Joseph Lewis construyó en las casi 12.000 hectáreas que ostenta a 30 kilómetros de El Bolsón. Hay que cruzarlo en dos tramos para acceder a lago Escondido, un espejo de agua de enorme belleza natural y de invaluable valor ambiental que desde la instalación del magnate inglés en la Patagonia quedó vallado por tranqueras y militarizado por las armas de la seguridad que lo custodia. La semana pasada, la justicia de Bariloche puso fin a esta privatización que viola la Constitución nacional y la provincial. Ordenó que en 120 días el gobierno de Río Negro cumpla un fallo desoído durante cuatro años y que haga las obras necesarias para habilitar dos pasos públicos hacia el lago. Y en la ciudad son optimistas de que el poder de lobby del “Tío Joe” no alcanzará esta vez para frenarlo ni un día más.El juez Marcelo Cuellar, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de Bariloche, reunió el viernes pasado en su despacho al ministro de Obras Públicas, Fernando Vaca Narvaja, representantes de la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (VIARSE), la Dirección de Medio Ambiente provincial, de la Fiscalía de Estado de Río Negro, de la empresa Hidden Lake S.A. (la firma de Lewis que administra las tierras) y del INTI, además de la legisladora provincial y amparista, Magdalena Odarda. Allí les comunicó que ratificaba el fallo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial firmó en 2009 y que ordenaba a la provincia a abrir, en un plazo máximo de cuatro meses, dos pasos hacia lago Escondido. Uno más extenso, a través de la montaña, de unos 85 kilómetros; el otro, conocido como Camino Tacuifí, tiene casi 25 kilómetros. Es el que históricamente usaron los lugareños para acceder al lago y que con la llegada de los millones de Lewis quedó privatizado y cerrado con personal armado en sus últimos 3 kilómetros, que pisan las tierras del inglés.
El fallo del STJ de 2009 ordenaba a Viarse y a la Secretaría de Ambiente Provincial a abrir ambos pasos en 120 días. Pero la administración del entonces gobernador Miguel Saiz dilató el asunto. “En connivencia con la empresa de Lewis, hizo algunas obras en el camino largo. Pero siempre se negó a trabajar en el camino corto”, apunta Odarda, en mención al paso privatizado que desde siempre usaron los pobladores. Ante estas dilaciones, el máximo tribunal remitió el expediente a los juzgados de Bariloche.
Cuellar les informó a todas las partes que, tras ocho años de juicio, en las próximas horas firmará una resolución para que en 120 días se concluyan las obras y se abran ambos pasos, bajo apercibimiento de multas conminatorias y de gravedad progresiva por cada día de demora, que se aplicaría sobre los funcionarios responsables.
Tercer paso
Odarda y los habitantes de la zona estiman que Hidden Lake S.A. se presentará con un planteo alternativo: abrir un tercer paso. “Los nuevos abogados de Lewis no podían entender cómo nunca se negoció la apertura de un tercer camino”, contó la legisladora rionegrina. “El Camino Tacuifí desemboca en una de las mansiones de Lewis –explicó a BAE Odarda–. Vamos a ver qué proponen, pero si desnaturaliza lo dispuesto por la Justicia vamos a insistir por Tacuifí”.
Para acceder a lago Escondido por Tacuifí hay que cruzar dos veces el río Escondido y una vez El Foyel. Allí siempre hubo puentes pero cuando se instaló el magnate “desaparecieron”, afirma la amparista. En respuesta, Lewis puso tranqueras y construyó dos puentes, pero dentro de su “propiedad privada”. Explica Odarda: “Con la nueva orden judicial, habría que abrir las tranqueras y franquear el paso. Si además se habilitan los puentes y se construye un tercero o se badean los ríos, hasta se podría llegar en auto a lago Escondido, porque es un paso en muy buenas condiciones”.
El día que la tropa de Lewis amenazó con “Winchesters”
Cuando en 2011 la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario de los abogados de Hidden Lake para que intervenga luego que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro le impusiera la apertura del Camino Tacuifí, el apoderado de Joe Lewis en Argentina, Nicolás Van Ditmar, amenazó a sus empleados con levantar todo y dejarlos sin trabajo. Así los instigó a movilizarse a Viedma, proveyéndoles previamente caballos y carpas a estrenar. Hicieron un escrache en la puerta de la casa de un juez de madrugada y persiguieron a la propia Odarda. Y Van Ditmar, detrás de ellos, no se anduvo con chiquitas: “Vamos a defender la propiedad con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta”.
“Legisladores o políticos oportunistas instalaron que un inglés privatizó un lago y se quiere robar el agua. Esto no es de un inglés sino de las 200 familias que lo trabajamos. Si el inglés pierde su privacidad o la preservación del recurso natural, es muy fácil, levanta campamento y los que vamos a quedar en la calle somos nosotros”, continuó su queja la cara visible de Lewis en la Argentina.
“La justicia por mano propia muchas veces es el camino”, sentenció Van Ditmar en marzo de 2011. En noviembre pasado fue absuelto por la Justicia por estas declaraciones. Pero las recetas del lejano Oeste, en cuatro meses, quedarán vencidas.
Ley de Tierras
La presencia de multimillonarios europeos y norteamericanos en el sur de la Argentina y la concentración de tierras de explotación agropecuaria en manos de capitales extranjeras derivó a fines de 2011 en la sanción de la Ley de Tierras, que limita el porcentaje de territorio argentino que podrá ser propiedad extranjera.
Fija en 15 % el límite a la titularidad de tierras en personas o capitales extranjeros. Proporción que ase aplica a nival nacional, provincial y municipal. “Las tierras de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas”, dice el artículo 10º. Lejísimo de las más de 12 mil que Lewis tiene en la Patagonia.
.
Audiencia por el Lago Escondido de Lewis
Realizaron audiencia para garantizar acceso al lago Escondido
Fecha de Publicación: 19/02/2013
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Río Negro
Durante la mañana del viernes, se realizó en el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Bariloche, a cargo del Dr. Carlos Marcelo Cuellar, la audiencia en la que se propusieron las modalidades de ejecución de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para lograr la apertura del camino de acceso a Lago Escondido por el paraje “Tacuifi”, lago que quedara encerrado en el predio del multimillonario inglés Joseph Lewis desde hace más de 15 años.
Para dicho evento se encontraron presentes la amparista Magdalena Odarda junto a su letrado patrocinante, Dr. Darío Rodríguez Duch, representantes del INTI, miembros de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, Viarse, Fiscalía de Estado y de la empresa Hidden Lake S.A. También se hicieron presentes a fin de acompañar la diligencia la Diputada Nacional M.C. Fernanda Reyes, la Sra. Ana Wieman y demás miembros de organizaciones sociales y ambientales que vienen promoviendo la acción legal desde un comienzo.
La audiencia, tuvo por objeto escuchar a las partes a fin de definir las modalidades de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro del año 2009, en la que se condenó al Estado rionegrino a disponer la apertura de dos caminos de acceso al lago: la senda de montaña de más de 85 kilómetros (ida y vuelta) que habilitara la empresa Hidden Lake como “Servidumbre de paso”, y el denominado “Camino de Tacuifí”, de apenas 25 kilómetros de ida pero que admite el trayecto en vehículos corrientes y permite el ingreso irrestricto de todas las personas, incluso las minusválidas.
En función del claro mandato que, para el caso, dispusiera el Superior Tribunal de Justicia en su sentencia 64 de 2009, ratificada y ampliada por Sentencia Interlocutoria de abril de 2012, el Juez y los amparistas sostuvieron una clara postura de respetar a rajatabla el cumplimiento del espíritu y la letra de dicha resolución, ordenando la apertura de ambos caminos, el de montañistas y el vehicular.
Para el logro de dicho objetivo el Magistrado dictará la correspondiente resolución durante los próximos días, fijando un plazo para dicho cumplimiento que no podrá exceder de 120 días y estableciendo sanciones conminatorias (astreintes) por cada día que exceda de dicho plazo, las que podrán aplicarse en forma progresiva y de modo que repercutan directamente sobre el patrimonio de los funcionarios de Viarse y/o Codema que pudieran incumplir con las medidas dispuestas por el Juzgado.
De este modo, la ciudadanía toda se encuentra a punto de ver garantizado su derecho de libre acceso a las costas de los espacios públicos de agua en todo el territorio provincial y nacional.
.
Fecha de Publicación: 19/02/2013
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Río Negro
Durante la mañana del viernes, se realizó en el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Bariloche, a cargo del Dr. Carlos Marcelo Cuellar, la audiencia en la que se propusieron las modalidades de ejecución de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para lograr la apertura del camino de acceso a Lago Escondido por el paraje “Tacuifi”, lago que quedara encerrado en el predio del multimillonario inglés Joseph Lewis desde hace más de 15 años.Para dicho evento se encontraron presentes la amparista Magdalena Odarda junto a su letrado patrocinante, Dr. Darío Rodríguez Duch, representantes del INTI, miembros de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, Viarse, Fiscalía de Estado y de la empresa Hidden Lake S.A. También se hicieron presentes a fin de acompañar la diligencia la Diputada Nacional M.C. Fernanda Reyes, la Sra. Ana Wieman y demás miembros de organizaciones sociales y ambientales que vienen promoviendo la acción legal desde un comienzo.
La audiencia, tuvo por objeto escuchar a las partes a fin de definir las modalidades de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro del año 2009, en la que se condenó al Estado rionegrino a disponer la apertura de dos caminos de acceso al lago: la senda de montaña de más de 85 kilómetros (ida y vuelta) que habilitara la empresa Hidden Lake como “Servidumbre de paso”, y el denominado “Camino de Tacuifí”, de apenas 25 kilómetros de ida pero que admite el trayecto en vehículos corrientes y permite el ingreso irrestricto de todas las personas, incluso las minusválidas.
En función del claro mandato que, para el caso, dispusiera el Superior Tribunal de Justicia en su sentencia 64 de 2009, ratificada y ampliada por Sentencia Interlocutoria de abril de 2012, el Juez y los amparistas sostuvieron una clara postura de respetar a rajatabla el cumplimiento del espíritu y la letra de dicha resolución, ordenando la apertura de ambos caminos, el de montañistas y el vehicular.
Para el logro de dicho objetivo el Magistrado dictará la correspondiente resolución durante los próximos días, fijando un plazo para dicho cumplimiento que no podrá exceder de 120 días y estableciendo sanciones conminatorias (astreintes) por cada día que exceda de dicho plazo, las que podrán aplicarse en forma progresiva y de modo que repercutan directamente sobre el patrimonio de los funcionarios de Viarse y/o Codema que pudieran incumplir con las medidas dispuestas por el Juzgado.
De este modo, la ciudadanía toda se encuentra a punto de ver garantizado su derecho de libre acceso a las costas de los espacios públicos de agua en todo el territorio provincial y nacional.
.
Piden declarar emergencia por las tierras rurales
Por la tierra
Fecha de Publicación: 18/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) realizó ayer una nueva presentación en la Cámara de Diputados para reclamar que se avance con un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales. El texto fue elaborado por el conjunto de las organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri, pero cobró un nuevo impulso político tras el asesinato en octubre pasado de Miguel Galván, campesino de Santiago del Estero. Ayer fueron recibidos por la diputada Diana Conti y colaboradores del diputado Remo Carlotto, y Depetri, todos del Frente para la Victoria. También hubo un encuentro con Liliana Parada, del FAP. En paralelo, otra delegación del MNCI mantuvo una reunión con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, donde expresaron su preocupación en relación con un posible cambio en la ley de semillas.
La iniciativa de los campesinos propone suspender por cinco años los desalojos en todo el país. En ese tiempo, el Estado nacional debería realizar un relevamiento de tierras para conocer la situación jurídica de todos los campos del país, como así también la cantidad de familias afectadas. Como experiencia previa, el Gobierno ya realizó un relevamiento sobre la titularidad de las tierras en manos extranjeras. En realidad, el proyecto podría servir como una herramienta legal para que las distintas jurisdicciones puedan administrar los conflictos que tienen.
“Se propicia esta ley de emergencia como remedio a los innumerables conflictos por la tenencia de las tierras rurales, que son causa de una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas familias campesinas en tanto son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. Más allá de la insistencia de la distintas organizaciones, la iniciativa quedará para el próximo año, ya que el período de sesiones ordinarias finalizó el 30 de noviembre.
En Salta existe una experiencia similar a lo que plantea este proyecto de ley. En diciembre de 2010, la Cámara de Senadores de esa provincia convirtió por unanimidad una ley que obliga al Estado provincial a frenar los desalojos de familias rurales y pequeños productores agropecuarios por 18 meses. La iniciativa pretende regularizar la situación dominial de aproximadamente ocho mil familias salteñas que enfrentan juicios por desalojo, a pesar de tener el derecho de posesión por habitar y trabajar las tierras por varias generaciones.
En relación con la ley de semillas, el MNCI, junto al Foro de Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Darío Santillán y la Mesa de Agricultores Familiares de la provincia de Buenos Aires le presentaron a Pérsico un documento con diez puntos. “Hacemos un llamado a rechazar cualquier proyecto que atente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”, sostiene el documento.
Si bien todavía no se conoció el proyecto oficial para las semillas en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura, el FAP y la UCR, de la mano de sus legisladores vinculados con la Federación Agraria, también presentaron sus iniciativas parlamentarias.
.
Fecha de Publicación: 18/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) realizó ayer una nueva presentación en la Cámara de Diputados para reclamar que se avance con un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales. El texto fue elaborado por el conjunto de las organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri, pero cobró un nuevo impulso político tras el asesinato en octubre pasado de Miguel Galván, campesino de Santiago del Estero. Ayer fueron recibidos por la diputada Diana Conti y colaboradores del diputado Remo Carlotto, y Depetri, todos del Frente para la Victoria. También hubo un encuentro con Liliana Parada, del FAP. En paralelo, otra delegación del MNCI mantuvo una reunión con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, donde expresaron su preocupación en relación con un posible cambio en la ley de semillas.La iniciativa de los campesinos propone suspender por cinco años los desalojos en todo el país. En ese tiempo, el Estado nacional debería realizar un relevamiento de tierras para conocer la situación jurídica de todos los campos del país, como así también la cantidad de familias afectadas. Como experiencia previa, el Gobierno ya realizó un relevamiento sobre la titularidad de las tierras en manos extranjeras. En realidad, el proyecto podría servir como una herramienta legal para que las distintas jurisdicciones puedan administrar los conflictos que tienen.
“Se propicia esta ley de emergencia como remedio a los innumerables conflictos por la tenencia de las tierras rurales, que son causa de una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas familias campesinas en tanto son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. Más allá de la insistencia de la distintas organizaciones, la iniciativa quedará para el próximo año, ya que el período de sesiones ordinarias finalizó el 30 de noviembre.
En Salta existe una experiencia similar a lo que plantea este proyecto de ley. En diciembre de 2010, la Cámara de Senadores de esa provincia convirtió por unanimidad una ley que obliga al Estado provincial a frenar los desalojos de familias rurales y pequeños productores agropecuarios por 18 meses. La iniciativa pretende regularizar la situación dominial de aproximadamente ocho mil familias salteñas que enfrentan juicios por desalojo, a pesar de tener el derecho de posesión por habitar y trabajar las tierras por varias generaciones.
En relación con la ley de semillas, el MNCI, junto al Foro de Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Darío Santillán y la Mesa de Agricultores Familiares de la provincia de Buenos Aires le presentaron a Pérsico un documento con diez puntos. “Hacemos un llamado a rechazar cualquier proyecto que atente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”, sostiene el documento.
Si bien todavía no se conoció el proyecto oficial para las semillas en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura, el FAP y la UCR, de la mano de sus legisladores vinculados con la Federación Agraria, también presentaron sus iniciativas parlamentarias.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios