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Gobierno de Jujuy planea expropiar tierras indígenas



Inconstitucional: Morales quiere expropiar tierras a pueblos originarios

Fecha de Publicación
: 04/09/2019
Fuente: Nuestras Voces
Provincia/Región: Jujuy


El gobernador Gerardo Morales está apurado por hacerse de tierras en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayo antes del 10 de diciembre porque perderá la hegemonía en Jujuy. Busca liberar un crédito del BID de $ 53 millones que fue subejectuado y cuyo avance falseó ante el organismo. Las tierras pertenecen a pueblos originarios y la Constitución prohíbe su expropiación. El trasfondo del negocio del litio que Mauricio Macri impulsa junto a Morales atacando a las comunidades y el medio ambiente.
Gerardo Morales pretende expropiar iregularmente tierras de comunidades originarias. La excusa es para «desarrollar un Centro de Interpretación Turística» en Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que los territorios comunitarios no están sujetos a ser declarados «de utilidad pública». El gobernador radical jujeño y ladero incondicional de Mauricio Macri se enfrenta una vez más a los pueblos originarios, que reclaman que se respete el Convenio 169 de la OIT, que establece que se debe realizar una consulta previa, libre e informada toda vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
Morales está apurado por hacerse de las tierras antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición de la Cámara de Diputados provincial y perderá la hegemonía propia, se esconde detrás de la maniobra el desembolso de un crédito del BID de alrededor de 53 millones de pesos previsto entre 2019 y 2020. A pesar que en el presupuesto de este año figura que se realizaría un avance de obra del 27,5%, al mes de septiembre ni siquiera cuentan con el espacio físico para realizar la construcción. Los diputados de la oposición aseguran que el crédito no fue autorizado por la legislatura y se desconoce si la partida ya fue desembolsada.
Esta semana, integrantes de las comunidades indígenas de Saladillos Ronqui Angosto y San Miguel del Colorado viajaron alrededor de 150 kilómetros para llegar a San Salvador de Jujuy. En la tarde del miércoles, apenas horas antes de la sesión, tomaron conocimiento que la Cámara de Diputados trataría la expropiación de tres hectáreas que pertenecen a las familias Alancay y Tolaba, pero que se encuentran censadas como parte de los pueblos originarios que habitan en la zona.
Acompañados por Oscar Tolaba, comisionado municipal de Purmamarca, distrito dentro del cual se encuentran los territorios, llegaron hasta la legislatura de Jujuy para exigir que no se tratara el proyecto por ser violatorio del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que establece que las tierras comunitarias no son enajenables. Pero además, reclamaron que el proyecto de expropiación del terreno no fue objeto de consulta en los términos del derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT, ni siquiera informado a las comunidades indígenas que tampoco participaron en su elaboración.
Si bien uno de los argumentos para expropiar las tierras es que las mismas son privadas, la abogada Alicia Chalabe señaló: “Eso es lo que dice el gobierno, pero junto a las comunidades de San Miguel del Colorado y de Saladillos presentamos una nota en la legislatura acompañando la documentación en la que manifiesta que estos titulares, estos dueños de la tierra privada están censados en la comunidad y el terreno que se pretende expropiar forma parte del croquis de la propiedad comunitaria de la comunidad aborígen de Saladillos, por lo tanto ha cambiado el carácter la tierra. Esto ha sido presentado en la secretaria de Pueblos Indígenas en el mes de junio de este año”.
Otro de los argumentos del gobierno es que parte de la familia estaba de acuerdo con la expropiación. Sin embargo, en la reunión con los legisladores de la oposición Chalabe manifestó que eso no era así, que no había ninguna documentación que respaldara dicha afirmación y que todos los integrantes de los Tolaba Alancay estaban en contra de la medida.
El gobierno proyecta en esas tierras la realización de un Centro de Interpretación Turística con el objeto de “ayudar a conocer y entender el patrimonio, a divulgar ese conocimiento para que sea respetado y así pueda ser integrado al lugar. La labor básica consistirá en mostrar la realidad actual y pasada de forma didáctica, divertida, participativa y amena para todos los públicos a través de un recorrido interactivo para que el visitante, en contacto directo con el patrimonio, pueda comprender qué ocurrió en el lugar, en cada momento histórico, cómo afectó la evolución y cómo influyen en la actual forma de vivir de los habitantes del lugar, apuntando a la conservación de ese territorio”. Sin embargo, las comunidades que viven en esas tierras ancestralmente y que también desarrollan actividades turísticas que le permiten auto sustentarse, jamás fueron consultadas ni informadas sobre el proyecto.
“A partir de la sanción de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se estableció el límite al ejercicio de los derechos individuales que debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. En este caso se encuentran en vilo los derechos de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sobre el patrimonio y territorio comunitario de las mismas. Esta norma refiere que debe conformarse las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas respetando entre otros el agua, los valores culturales, el paisaje. Así, no hemos formado parte ni intervenido de manera alguna en el proyecto en cuestión que rechazamos”, señalaron las comunidades en una nota que enviaron al titular del Poder Ejecutivo y a la secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin.
En ese marco, Marina Vilte, abogada e integrante de la Asamblea de Autoconvocados de Purmamarca en diálogo con Nuestras Voces señaló: “Si este proyecto fuera de buena fe, lo hubieran conversado con las comunidades y hubieran puesto todo lo necesario para que la propia comunidad desarrolle su actividad turística, porque instalar un centro de recepción de turistas lo único que hace hoy es atentar contra el pequeño e incipiente progreso que va generando la gente del lugar de forma autosustentada. Las comunidades saben muy bien qué hacer. Saben muy bien hacer sus tejidos, saben muy bien hacer sus manufacturas, saben muy bien desarrollar su ganadería, saben muy bien hacer lo que hacen de manera ancestral hace siglos y siglos. Entonces lo único que puede hacer el Estado acá es impulsar la actividad turística propuesta por las comunidades, pero como quieren algo totalmente independiente avasallan todo, no establecen canales de diálogo y nunca nos informan nada”, sostuvo.
En el mismo sentido, Oscar Tolaba, comisionado de Purmamarca aseguró que “las comunidades saben bien qué tienen que hacer en su territorio. Acá las comunidades no han sido consultadas y por eso cuando pasó todo esto, nosotros nos enteramos del proyecto de ley, me consultaron a mí y nosotros desde la comisión municipal tampoco estábamos enterados. Y la idea es esa, que se nos informe y se nos consulte para poder saber y poder opinar y poder decir que está bien y que se está por hacer mal en el territorio sobre todo. Es importante que se los consulte porque ellos actualmente explotan el tema turístico. Nosotros desde Purmamarca impulsamos muchísimo el tema Salinas. De hecho, fue declarado una de las siete maravillas de Argentina. Por eso es importante cuidarla y quién mejor para cuidar algo que es de nuestra tierra que la gente que siempre la habitó. Hoy las comunidades, sobre todo las de Salinas están muy sensibles por la posible explotación del litio. Entonces cualquier intromisión dentro del territorio es alertante para todos los comuneros”, sostuvo.
Desde principios de año, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc mantienen un duro enfrentamiento con el gobierno que impulsa proyectos de extracción de litio en el territorio. Los pueblos que habitan la Cuenca reclamaron sobre los daños ambientales que producen los proyectos mineros tal como se están realizando y sobre la intromisión del gobierno sin respeto a los derechos de los habitantes ancestrales del lugar.
“Si ellos pretenden que entendamos que este proyecto nada tiene que ver con la política minera, en cuanto al litio, no somos ingenuos”, afirmó Vilte. Y explicó: “Casualmente este terreno se encuentra muy cercano a la comunidad de Inti Quillas, donde ya se encuentra aprobada una explotación del litio –aunque sin acuerdo de los pueblos originarios–. En febrero, las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc dijeron no al litio y no al ingreso de sus territorios, y nuevamente Morales, con este proyecto firmado de puño y letra de su parte, está avasallando a nuestras comunidades. No quiso entablar un diálogo y esto lo podemos probar porque ni siquiera el comisionado de Purmamarca estaba al tanto del proyecto. Si realmente el interés que hay fuera el proyecto turístico, ¿cómo no  van a articular con las comunidades?”
Lo cierto es que el gobierno espera contar con 53 millones de pesos para realizar el Centro de Interpretación Turística cuyas funciones serían: brindar información turística, registrar la cantidad de visitantes a Salinas Grandes, monitorear las actividades turísticas que se realizan en el lugar, transmitir la información sobre los elementos o hechos de la vida cotidiana pasados y presentes, fomentar la conservación de la biodiversidad, incentivar la visita de visitantes y turistas a pueblos y lugares aledaños y servir como punto de partida para la realización de recorridos de los visitantes.
Natalia Morales, diputada provincial del Frente de Izquierdas, aseguró que “detrás hay intereses de los empresarios del turismo que hacen negocio en territorio indígena, en comunidades originarias que hasta la UCA dio cuenta que son las más empobrecidas de la provincia, incluso del país y también del negocio de la megaminería. No es casual que en la misma sesión donde se pretendía tratar este proyecto se vote un proyecto de ley que no se discutió en comisiones donde van a refrendar el interés del litio como recurso estratégico. Esto implica abrir el porton de mano a mano para las multinacionales mineras que en este momento están en la provincia y están saqueando todos los recursos minerales a costa de los derechos de las comunidades y contaminando el agua, tal como lo denunciaron”.
Por su parte, Alejandra Cejas, diputada provincial del PJ, expresó a este medio: “el gobierno avanza sobre las comiunidades, sobre todos los jujeños. Tiene una mecánica incorporada de la expropiación de tierras, de utilizar esta herramienta pública, de saquear las tierras para hacer emprendimientos que poco se conocen. Es el caso en la Quebrada y Puna que afecta a las comunidades directamente: en El Perchel, en Huacalera, en Guayatayoc que es insignia de la lucha de las comunidades contra el gobierno. En Valles y Ramal tenemos la discusión de las tierras de los diques. Ahora en La Esperanza, en Calilegua. Le gusta quedarse con tierras ajenas, nunca se sabe cuál es el beneficio, de hecho no hay beneficio. Y en el tema de las comunidades en particular, la ley de expropiación de tierras sin consulta previa y para que pasen los electroductos fue la primera avanzada de esa ley. Lo único que hicieron es despojar a las comunidades de sus tierras  desconociendo sus derechos constitucionales e internacionales que los ampara”.
Tras la reunión con los diputados de la oposición que los recibieron en la legislatura, las comunidades lograron que el proyecto volviera a comisión. Sin embargo el estado de alerta continúa porque detrás de la expropiación de las tierras se encuentra el desembolso del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo cuyas condiciones los legisladores desconocen ya que se aprobó sin pasar por la Cámara.
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Aumentan las tierras en manos extranjeras



Crece la extranjerización de la tierra sobre recursos naturales

Fecha de Publicación
: 23/07/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Hay 13,3 millones de hectáreas con posibilidad de explotación económica en manos de extranjeros. Este año se declararon 858 mil nuevas hectáreas vendidas, un aumento del 7% sobre 2018.
Existen hoy 13.378.912,63 hectáreas que están registradas en manos de extranjeros. En consecuencia, hay recursos naturales estratégicos que quedan dentrode las propiedades privadas sin establecerse un acceso público. Esto conlleva falta de control público, regulación sobre el impacto ambiental y provoca permanentes tensiones por el desalojo de las comunidades originarias.
En 2011 fue sancionada la ley 26.737, conocida como "ley de tierras", sancionada con el fin de poner límites a la adquisición por parte de extranjeros en el país, Pero en 2016 se produjo una modificación para permitir la compra de propietarios del exterior y así poder "facilitar inversiones", según había anunciado entonces el presidente Mauricio Macri. A dos años de esa medida, el Equipo de Investigación de Perfil Educación comprobó en base a datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) que la extranjerización de la tierra sobre recursos naturales estratégicos va en alza.
Hay lugares en los que se excede el parámetro permitido de adquisición de tierras por parte de extranjeros, que originalmente se había estipulado que fuese del 15% como máximo. En diálogo con el Equipo de Investigación Cristina Brunet, directora del RNTR, explicó que cada gobernación puede negociar ese porcentaje y establecer la paga de una penalidad, en caso de que haya recursos naturales en juego y de acuerdo a la ubicación y riqueza de las tierras. También hay que considerar que la normativa no afecta los derechos adquiridos. Es decir, que si un extranjero o empresa poseían tierras antes de la sanción de la ley,
sería inconstitucional que el Estado se las expropie.
Entre las zonas con altos porcentajes de extranjerización en los últimos años se encuentran Campana en Buenos Aires con el 50,27%, Iguazú en Misiones con el 38,80%, o Lacar en Neuquén con el 53,38%. Pero el ranking lo encabezan las históricas localidades salteñas de San Carlos con 59, 82% y el departamento de Molinos con 57,79%, son las que mayor porcentaje de extranjerización de tierras poseen, en su mayoría, pertenecientes a capitales estadounidenses y suizos, entre otros.
Otro caso particular es Jujuy, donde el 26.06 % de las tierras del departamento de Humahuaca son extranjeras. Desde el nororeste argetino, Lino Castro, miembro de la Asamblea Popular de la Puna y del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), denuncia al estado provincial, a cargo de Gerardo Morales
 por la expropiación de 1200 hectáreas para ser destinadas a la radicación de una zona franca en las localidades de La Quiaca y Perico. Morales sostiene que cuenta el aval del convenio firmado por el gobierno nacional, que autorizó la instalación de zonas francas en la provincia.
A la facilidad que dan las provincias para la adquisición y explotación económica de las tierras, se le suma la problemática de los recursos estratégicos que quedan dentro de las propiedades privadas sin establecerse un acceso público, o de su ubicación en zonas de seguridad de frontera, lo cual es inconstitucional.
En Río Negro, por ejemplo, fue denunciado el caso de Joe Lewis , por la “privatización” del Lago Escondido pero el empresario británico fue defendido por el propio Macri.
Sin embargo Lewis, que entre otros emprendimientos es también dueño de Edenor, fue llevado a la justicia por Magdalena Odarda, senadora del Frente para la Victoria, por varias ilegalidades como no permitir una “servidumbre de paso” y negar el tránsito del camino de Tacuifí, que permite el acceso rápido al Lago Escondido.
No se trata de una cuestión ideológica de si los extranjeros deberían ser dueños o no de la tierra argentina, sino por cuidar los intereses de la nación, comentó Alejandro Meyer, perteneciente a la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) y referente de la Marcha por la Soberanía. Esta movilización por cuarto año consecutivo ingresó a las tierras de Lewis, que posee en El Bolsón, en reclamo por el acceso al lago, un recurso natural público al que el magnate cuya fortuna se estima en ‎U$ 5,3 mil millones, niega acceso por ser parte de su propiedad.
Mientras que una nueva muestra de inversiones extranjeras en ese sector estratégico para los recursos naturales de Argentina es la reciente adquisición del emir de Catar, Hamad bin Jalifa al-Thani quien compró 28 mil hectáreas aledañas a las propiedades de Lewis.
Otro jeque árabe que adquirió tierras argentinas es Alí Albwardy, que desde ace algunos años viene realizando inversiones en la provincia de Misiones. Dueño de una compañía holding invirtió en las Cataratas US$ 80 millones en 2018 y espera expandirse. El empresario instaló el hotel Meliá, ex Sheraton, que inauguró junto a Macri, el pasado diciembre. Un detalle que opaca el perfil del jeque es que en 2006, un documento de Wikileaks lo acusó por sobornar al presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, y por una donación de US$ 1 millón al partido gobernante. Se estima su fortuna cercana a los US$ 20.000 millones.
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Mapuches absuetos en causa por tierras de Vaca Muerta

La Justicia falló a favor de los mapuches que reclaman tierras de Vaca Muerta

Fecha de Publicación
: 29/04/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Neuquén


El juez Gustavo Ravizzoli los absolvió en un juicio por supuesta usurpación del lote que explotan YPF y Chevron.
El juez Gustavo Ravizzoli falló hoy en Neuquén a favor de la comunidad mapuche Campo Maripe, que reclama para sí tierras sobre las que YPF y Chevron están explotando la formación hidrocarburífera Vaca Muerta. Se trata de una sentencia clave para los derechos de los indígenas a sus tierras ancestrales, consgrados por la Constitución de 1994, y para el desarrollo de Vaca Muerta, que despierta tantas expectativas de negocios según pasan los gobiernos y las petroleras.
Los Campo Maripe habían sido denunciados por usurpación por la familia criolla Vela, que en 1978 compraron las tierras que desde los años 20 dice ocupar esta comunidad mapuche. El fiscal del caso apoyó la acusación y el gobierno de Neuquén, en manos de Omar Gutiérrez, también la respaldó. Sin embargo, la justicia absolvió a los seis indígenas sentados en el banquillo.
Los Campo Maripe habían rechazado el acuerdo que en 2013 la YPF kirchnerista firmó con la norteamericana Chevron para producir en el área Loma Campana, vecina a Añelo, el pueblo devenido capital de la formación geológica Vaca Muerta. Aseguran que sus ancestros se asentaron en la zona en disputa en 1927 y que desde entonces el Estado les cobró “deuda de pastaje”. También muestran que en 1941 se los reconoció como “únicos ocupantes” del lote. Sin embargo, denuncian que en en la última dictadura militar los Vela adquirieron el título de propiedad de esas tierras que ellos reclaman. Recién la Constitución de 1994 reconoce los territorios ancestrales a las comunidades indígenas de la Argentina.
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Nativos siguen la lucha por el derecho sobre sus tierras



Los indígenas argentinos luchan por el derecho sobre sus tierras

Fecha de Publicación
: 08/01/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Nancy López vive en una casa de barro, madera y latón, dentro de un terreno privado dedicado a la agricultura. Forma parte de una comunidad indígena del norte argentino de 12 familias que, como casi todas, no tiene título del suelo que ocupa y vive bajo la amenaza constante del desalojo.
Viuda y con nueve hijos, la mujer escuchó relatos de tiempos mejores. “Mi papá me contaba que antes podían ir, volver y quedarse donde quisieran. No se hablaba de tierras privadas, no había soja, no había alambrados. Se sentían libres. Hoy nos dicen usurpadores”, contó a IPS.
López pertenece a los wichí, uno de los pueblos indígenas más numerosos de los 31 registrados en Argentina. Según datos oficiales, los habitantes originarios representan 2,38 por ciento de la población total de este país sudamericano de 44 millones de personas, aunque especialistas y dirigentes indígenas consideran que el porcentaje real es muy superior.
Actualmente, los indígenas argentinos luchan por conservar su forma de vida en un contexto crítico que se debe, fundamentalmente, a los conflictos territoriales.
El 92 por ciento de las comunidades no tiene título de propiedad de la tierra que habita, según un relevamiento publicado en 2017 por la Auditoría General de la Nación, organismo de control que depende del Poder Legislativo.
La dimensión del conflicto es enorme. Aproximadamente la mitad de las 1.600 comunidades originarias que existen en el país han realizado o están realizando el proceso de relevamiento de sus tierras que el Estado empezó hace más de 10 años y reclaman ocho millones y medio de hectáreas, más que la superficie de Panamá.
El telón de fondo es el patrón de discriminación que en Argentina persiste a pesar de los avances normativos, como lo percibió en 2011, durante una visita al país, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya.
“Existen todavía legados de la época de colonización y la historia de exclusión sigue siendo muy visible”, escribió el relator en su informe.
Nancy López, quien ejerce un papel de liderazgo en su comunidad, dice que los niños ya no quieren hablar la lengua wichí, porque si lo hacen los discriminan en las escuelas, en las que debe existir un auxiliar bilingüe, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006.
“Al auxiliar bilingüe lo ponen a sacar fotocopias o a hacer mandados. Apenas les traduce a los chicos cuáles son las tareas. Hay mucho racismo”, contó López, mientras los niños de la comunidad jugaban con barro bajo la lluvia.
Su comunidad, El Quebracho, es una de las decenas que se ubican cerca de Tartagal, una ciudad de 80.000 habitantes en la provincia de Salta, sobre la ruta 86, que en realidad es un precario camino de tierra y barro que conduce a la frontera paraguaya.
López explica que su comunidad se instaló hace unos seis años en el campo donde hoy vive, sin permiso del dueño, “porque esto antiguamente era monte”, que es como en Argentina se llama a las áreas rurales naturales, que no han sido afectadas por actividades productivas.
Del monte, justamente, es de donde han nutrido históricamente sus necesidades de alimento, medicina o madera para construir sus casas los wichí y otros pueblos indígenas de la zona, que son cazadores-recolectores.
Pero cada vez hay menos monte. Junto con la vecina Santiago del Estero, Salta es la provincia argentina que más deforestación sufrió en los últimos años, por la expansión de la frontera agropecuaria, empujada principalmente por la soja transgénica, que hoy ocupa más de la mitad de la superficie sembrada en el país.
“A las comunidades indígenas nos fueron corriendo (echando) de Tartagal a medida que la ciudad se fue agrandando y entonces vamos donde podemos”, explica López, quien recuerda que hace un par de años fueron desalojados en un operativo en el que participaron unos 200 policías.
“Nos quedamos viviendo al costado de la ruta unos dos meses, hasta que los policías se fueron y volvimos a entrar. No tenemos otro lugar adónde ir. Antes todo era monte. Hoy estamos acorralados por la soja”, narró.
Desde su organización como nación, en 1853,  Argentina se fijó como uno de sus objetivos primordiales excluir o asimilar a los indígenas.
De hecho, su Constitución, promulgada aquel año, exhortaba a “conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, mientras, en cambio, imponía al gobierno, en el artículo 25 aún vigente, la obligación de fomentar la inmigración europea.
La directiva sobre la población originaria estuvo activa hasta hace apenas 25 años. Solo en 1994, durante la última reforma constitucional, se la reemplazó por un artículo que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Sin embargo, según el relator Anaya, el cambio constitucional no modificó una realidad marcada por “la desposesión histórica de grandes extensiones de tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas”.
En 2006, el legislativo Congreso Nacional se hizo eco de la situación y sancionó la Ley de Comunidades Indígenas, que declaró la emergencia territorial indígena, ordenó la realización de relevamientos de los suelos ocupados ancestralmente y suspendió los desalojos, aun con sentencia judicial, por un plazo de cuatro años.
Desde entonces, sin embargo, el relevamiento ni siquiera empezó para la mitad de las comunidades, a pesar de que la ley ha sido prorrogada tres veces. Y aquellos que tienen relevamiento, en su gran mayoría tampoco tienen título de propiedad comunitaria.
Hoy en día se denuncia, además, que se siguen realizando desalojos, aunque la ley vigente los prohíbe hasta 2021.
Así, no extraña que sean territoriales la enorme mayoría de los conflictos que involucran a indígenas en Argentina, de acuerdo a Amnistía Internacional, que en 2017 difundió un estudio que detectó 225 situaciones no resueltas en todo el país.
“Algunas provincias han otorgado títulos de propiedad, pero no existen en la Argentina mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria indígena. Hace falta una ley nacional”, dijo a IPS la abogada Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esa organización no gubernamental tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de un grupo de comunidades, cuya propiedad sobre 400.000 hectáreas fue reconocida por el gobierno de la provincia de Salta en 2014.
“Sin embargo, esas comunidades aún no pueden disponer del territorio porque no tienen título de propiedad. Y todavía no consiguen que familias criollas saquen de su tierra el ganado vacuno, que destruye los recursos naturales que son fundamento de la vida indígena”, dijo Kletzel.
John Palmer, un antropólogo inglés que llegó a Salta hace más de 30 años y se casó con una indígena wichí, explicó a IPS: “Los indígenas que viven en la periferia de las ciudades son refugiados, que han sido desplazados de su lugar en el bosque, desde hace 100 años por campesinos no indígenas que llegaron con sus vacas y, en las últimas décadas, por los intereses productivistas del agro”.
“La destrucción del monte acabó con todos los recursos de su economía. Así, como muchos animales que ya no tiene qué comer, vinieron a las ciudades”, concluyó Palmer, quien vivió largos años en una comunidad rural wichí hasta que se trasladó a Tartagal con su esposa y los cinco hijos de ambos.
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El amigo de Morales, tuvo que desalambrar el Siete Colores



Camino desalambrado

Fecha de Publicación
: 29/01/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


La presión social forzó la intervención del gobierno jujeño, que ayer anunció la rehabilitación del paseo peatonal cerrado por un empresario y ex funcionario radical. Las críticas de los vecinos
A partir de la presión que generaron los propios vecinos autoconvocados y la repercusión mediática que adquirió el tema, el Gobierno de Jujuy comunicó ayer por la tarde que “el acceso peatonal al circuito del cerro de los Siete Colores, en el pueblo de Purmamarca, fue habilitado plenamente luego de una serie de reuniones entre el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y el propietario del terreno, Edgardo César Memo Vilte”. Confirmó además oficialmente que aún analizan el proyecto que presentó el artista para construir un anfiteatro natural y un área de servicios al pie del cerro. Sin embargo los vecinos rechazan que consideren al músico como el propietario de las tierras y presentaron una demanda ante el Poder Judicial al que le solicitaron una medida cautelar.
En su comunicado, el Gobierno además indicó que el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, confirmó que “el cierre del terreno se originó en la necesidad para el propietario, de hacer una limpieza profunda y juntar la basura para su retiro, lo que realizará la Comisión Municipal para que el terreno tenga liberado su acceso libre y gratuito, como siempre”.
En diálogo con PáginaI12, Martín Vilte, en nombre de los integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Purmamarca, reclamó: “El gobierno convalida el argumento de que el cercado de las tierras se debió a la necesidad de limpiar la zona. Durante todos estos años organizamos cuadrillas de vecinos que hacían la limpieza de forma desinteresada. Ahora el Ministerio de Ambiente pasa a colocar cestos en el paseo. Los vecinos no podemos dejar de ver que esto es pura y llanamente un apoyo político a quien dice ser el propietario de las tierras. Repudiamos enormemente la postura del gobierno y que mencionen a Memo Vilte como el propietario. Esas tierras no tienen dueño. En todo caso, el pueblo de Purmamarca es el dueño y va a pelear para que se sigan conservando como durante todos estos años”, aseguró.
Para Claudia González, Presidenta de la Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ), el cerro de los Siete Colores es un bien de dominio público del Estado, por tanto se encuentra fuera del tráfico jurídico. Es decir no pueden ser enajenados, embargados, subastados ni vendidos ni total ni parcialmente. Por eso resulta inaceptable que la Secretaría de Turismo asuma públicamente que Memo Vilte es el propietario, sin especificar de qué forma lo habría adquirido y cómo un bien de dominio público del Estado provincial está en manos de un ex funcionario radical”. En efecto, Edgardo “Memo” Vilte fue director general de Cultura del gobierno del intendente radical de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge hasta febrero de 2017.
Ayer por la mañana un grupo de vecinos patrocinados por la abogada Alicia Chalabe presentó un Amparo Preventivo Ambiental con Medida Cautelar ante la Cámara Civil y Comercial contra Edgardo Vilte. “La causa recayó ante la Vocalía 4, de la Sala 2 a cargo del doctor Mateo. Lo que pedimos es que se dicte una medida cautelar que impida que realice cualquier actividad, obra o proyecto sobre el cerro de los Siete Colores y zonas aledañas en virtud del articulo 14 y 240 del Código Civil que regula los derechos individuales cuando pueden afectar el ambiente o derechos de incidencia colectiva”, explicó la abogada.
Lautaro Patagua, uno de los demandantes, explicó: “Vimos la presentación de este recurso como la única instancia posible para hacer cesar el accionar de Memo Vilte. Porque pese a que aún no tiene los permisos y habilitaciones correspondientes de parte del municipio, él sigue arremetiendo como si los tuviera. En sus pedidos de habilitación él reitera que no va a utilizar máquinas, pero el otro día lo vimos hablando con otra persona viendo por donde iban a entrar las máquinas. Entonces, depende con quien hable, cambia lo que dice. Se expresa muy bien y convence, pero sus intenciones son otras”. En ese contexto aclaró: “No tenemos nada personal contra Memo Vilte. Lo que queremos es proteger el paisaje que es de un disfrute colectivo y más allá de las inquietudes personales que alguien pueda tener nosotros queremos cuidar el cerro. El alambrado se levantó porque el pueblo se puso de pie. Ahora la lucha es contra Memo, pero hay otras personas que están tramitando los papeles de los terrenos y la idea nuestra es que se apruebe a una ordenanza para proteger todo el circuito del Paseo de los Colorados y las zonas aledañas al cerro porque cualquier movimiento de tierra va a generar que se siga cayendo el cerro que de por sí es muy arcilloso y delicado”.
Patagua también aseguró: “Memo Vilte tiene programados eventos a partir del 5 al 7 de enero, por eso tanto atropello. Por eso también la necesidad de esta medida cautelar. Memo está haciendo acuerdos con empresas muy grandes, multinacionales, se comentaba Sony y MTV así que es mucho el movimiento de dinero del que se habla”. Por su parte, Vanesa Condorí, referente de la Asamblea de Autoconvocados y demandante en la causa contra Vilte señaló: “Pedimos la prevalencia del bien comunitario, del paisaje que es de todos por sobre el derecho individual y exigimos a la justicia la preservación del patrimonio cultural”.
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Increíble: impiden el acceso al Cerro de Siete Colores



Con los Siete Colores en una sola mano

Fecha de Publicación
: 27/12/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


Memo Vilte alambró el terreno ubicado en Purmamarca y anunció un emprendimiento turístico. Los vecinos protestaron y reclamaron su uso cultural colectivo. No cuenta con autorización del municipio.
De la noche a la mañana, los habitantes de Purmamarca se encontraron con parte del Cerro de Siete Colores cercado y con carteles con la leyenda “Prohibida la entrada. Propiedad Privada”. El sitio es emblema del lugar y de la provincia, pero también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los vecinos no tardaron en reaccionar. Realizaron reuniones, denuncias en redes sociales y sentadas al pie del cerro. El artista Edgardo “Memo” Vilte, responsable de colocar el alambrado, ante la exposición que cobró el tema difundió un video rechazando las críticas y terminó levantando parte del cerco. Sin embargo, anunció que funcionará en el lugar “un anfiteatro natural para que la gente de mi pueblo pueda mostrar su talento”. Los vecinos analizan distintas vías para evitar que avance el proyecto al pie del cerro que modificará un paisaje único en el mundo. Según la abogada ambientalista Alicia Chalabe debe primar el derecho colectivo sobre el individual.
“Cerraron entradas turísticas con valores paisajísticos increíbles, de gran valor natural y cultural. Uno de los accesos que bloquearon es el de un circuito que se une al Paseo de los Colorados y que es muy importante porque ahí tenemos los mojones de las comparsas que son populares”, señaló Martín Vilte, uno de los vecinos indignados con el alambrado apenas ocurrieron los hechos. El cerco también impedía llegar a la base del propio Cerro de Siete Colores. Si bien parte del alambrado ya no está, quedaron estructuras de metal al pie del cerro. Los vecinos permanecen en estado de alerta y advierten que Vilte podría volver a cercarlo.
En un video grabado por él mismo, en modo selfie, Memo hizo su descargo: “Estoy aquí, en mi casa. Esta semana hemos estado circulando en las redes porque lo hemos cerrado. Y sí, lo cerré. Y lo cerré para limpiarlo, para limpiar toda esta basura que como verán estamos sacando”. Los vecinos señalaron que lo que se ve en pantalla es apenas una montaña de hojas secas que siempre se acumulan en la zona con algunas bolsas de basura, pero señalaron que de ninguna manera es necesario alambrar y prohibir el ingreso para limpiar el terreno.
“Lo cerré porque lo compré legítimamente -continúa Memo Vilte en el video-, pero no lo compré para mí, lo compré para ponerlo a disposición y al servicio del pueblo. Por eso aquí va a funcionar un anfiteatro natural para que la gente de mi pueblo pueda mostrar su talento. Entonces este terreno, con esfuerzo propio, poniendo de mi  patrimonio, de mi amor, va a estar al servicio de todos los purmamarqueños y para todos los jujeños. Y para todo aquel que nos visita va a haber baños, para que Jujuy siga siendo la linda provincia que es pero también para que recibamos como se debe a los amigos del mundo que nos visitan. Y repito, este espacio está libre, con entrada libre y gratuita para que nos visiten todos, se van aponer tachos de basura, y se va a exigir a las comparsas que desentierren gratuitamente pero que cuiden el patrimonio”.
Las respuestas no tardaron en llegar. “Para nosotros la decisión que tomó Memo fue arbitraria. A pesar que dice que tiene los papeles, a partir que se declaró Patrimonio de la Humanidad hay pasos que hay que seguir. Cuando un terreno se va a escriturar siempre se pone un cartel en el que se informa que hay una pelea judicial, quiénes son los que van a ser adjudicatarios y eso nunca lo vimos en el cerro, nunca creímos que ese cerro tenia dueño”, explicó Vanesa Condorí, una de las referentes de la Asamblea de Vecinos a PáginaI12.
Para Chalabe, especialista en derecho ambiental, “Vilte busca discutir cuestiones posesorias, del derecho de propiedad. Sin embargo un derecho colectivo como el paisaje es patrimonio de todos. Alguien individualmente no puede apropiarse de algo que es colectivo. Puede tener la propiedad, pero no puede poner un alambrado ni construir unilateralmente un anfiteatro. El nuevo Código Civil establece cuál es el límite cuando se trata de un bien público y colectivo”. El artículo 240 del Código establece que los derechos individuales no deben afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Para la abogada, el paisaje es un bien que forma parte del patrimonio cultural que no puede ser apropiado individualmente.
En 2003 la UNESCO declaró a la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad. A través de la Ley 5206 se designó toda la extensión de la Quebrada como Paisaje Protegido. En ese marco se dictó el decreto 789 en marzo de 2004 que reglamenta la ley. En esa normativa se establece que cualquier proyecto, incluso en una vivienda particular, debe ser analizado por la autoridad de aplicación con participación del Municipio involucrado.
Inés Pemberton, responsable de la Unidad de Gestión de la Quebrada de Humahuaca que depende del Gobierno de la Provincia, señaló a este diario que hace no más de un mes Vilte presentó el proyecto y que lo están analizando con la directora de Patrimonio, la arquitecta Valentina Millón. También, aseguró, el artista presentó un estudio de impacto ambiental que fue derivado al Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, el comisionado de Purmamarca, Oscar Tolaba, dijo que a pesar que Vilte prometió llevar los papeles a la Comisión Municipal hasta la fecha no lo hizo.
“Cuando nos habla de un anfiteatro natural, libre y gratuito nosotros nos encontramos con una contradicción, porque ahí hay un cartel, con rejas, con púa que dice prohibido pasar, propiedad privada. Cuando nos comentó su proyecto, propuso a los vecinos poner el gas natural para todos. Nosotros le dijimos que el costo de ceder el cerro para ese proyecto era muy grande y todos, éramos más de 60, le dijimos que no. Interpretamos que las intenciones no eran buenas, porque cuando la limosna es grande la verdad uno desconfía”, explicó Condorí. En el mismo sentido Laura Vilte, tía de Memo, dijo: “No le creo. Él no va a invertir si no puede sacar rédito. No le creo lo de la gratuidad”.
“Él plantea hacer un proyecto cultural. En  Purmamarca hay un montón de movimientos culturales que podía apoyar, no necesitamos que haga este proyecto para reivindicar la cultura. La cultura la reivindicamos todos los días nosotros estando acá, trabajando con los recursos naturales”, dijeron.
Sin embargo lo que más rechazo generó es el lugar que eligió para realizar el proyecto, en la base del cerro. “A nosotros nos dijo que el anfiteatro iba a ser al aire libre, después nos informan que va a tener un restaurante, un bar, que va a haber baños. Entonces estamos hablando de una modificación al paisaje al pie del Cerro de los Siete Colores. Y tampoco es cierto que vaya a ser público, porque él va a poner los horarios, vamos a tener que preguntarle si podemos o no pasar, él va a poner sus condiciones entonces desde ese momento deja de ser público y gratuito”, reclamaron.
Por último, pusieron en duda el estudio de impacto ambiental que según la Unidad de Patrimonio, presentó Vilte. “Un estudio ambiental lleva varios meses y no vimos a nadie trabajando en la zona. Para hacer el proyecto que impulsa tiene que entrar máquinas. El cerro es hueco. Al haber un movimiento de este tipo, el impacto va a ser enorme. Además él pretende hacer un evento todos los días durante enero, febrero y marzo. Cuando nos opusimos a su propuesta nos dijo que le diéramos tres meses y que si no nos gusta lo deja. Y nosotros le volvimos a repetir que no. Ellos son terratenientes de la zona, tienen posibilidades de hacerlo en otro lugar, en el pueblo, pero no en la base del cerro”, explicó Condorí. Y agregó:  “Acá en Purmamarca hay bandas de sikuris, los jóvenes se sienten orgullosos de su raíces y nos viene a plantear que la gente ya se olvidó de eso. Nosotros cada vez nos aferramos más a nuestras raíces que a la plata que se pueda generar”.
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Campesino quemado: Corvalán asesinado




Murió el campesino quemado

Fecha de Publicación
: 25/10/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero


Reyes Corvalán había sufrido quemaduras e impactos de bala de goma cuando diez días antes fuera desalojado violentamente de su lote en Santiago del Estero. Agonizaba desde entonces en terapia intensiva. Ayer falleció.
Héctor Reyes Corvalán, el hombre que había sufrido quemaduras e impactos de bala de goma cuando un grupo de más diez policías al mando de un oficial de Justicia lo desalojó violentamente de su lote en Santiago del Estero, murió ayer por la tarde como consecuencia de las heridas sufridas. Reyes estaba internado en terapia intensiva en Tucumán y falleció tras diez días de agonía.
El desalojo de Reyes Corvalán se enmarcó en las acciones de terratenientes contra pequeños campesinos que son moneda corriente en Santiago del Estero. El hecho que terminó con la muerte del hombre ocurrió a 260 kilómetros de la capital provincial, en el paraje de Sucho Sampa, en el departamento Pellegrini. Reyes Corvalán vivía en un pequeño lote. Hasta allí llegaron el pasado viernes 12 de octubre más diez policías y un oficial de Justicia para desalojarlo. La orden fue impartida por la jueza María Cecilia Paskevicius, quien ya había dictado medidas similares contra los campesinos en la provincia.
En el desalojo se registraron destrozos en la propiedad de Reyes Corvalán, quien recibió disparos de postas de goma y sufrió gravísimas quemaduras. Además, mataron a sus perros y desaparecieron unas 200 cabezas de ganado. Nacido en el mismo paraje Suncho Pampa, Reyes Corvalán tenía 56 años.
“Eran como las 10 de la mañana y apareció Quesada, con la policía y un oficial de justicia con una orden de desalojo trucha, porque ya la apelamos y se aceptó la apelación, así que quedó sin efecto. El terrateniente Quesada es el mismo que el año pasado quiso desalojarnos, también a lo bruto”, relató entonces a PáginaI12 María Rosa Frías, la mujer de Corvalán. También contó que “esta gente hace siempre lo mismo, son bandas armadas. Ahora fue calcado del año pasado. Llegaron en dos camionetas y dos patrulleros. Mi marido estaba en el portón, con los animales. Como no se quiso ir cuando le mostraron la orden trucha, le dispararon con balas de goma y le prendieron fuego”.
Néstor Quesada, a quien señaló la mujer, es un empresario cordobés dedicado al cultivo de la soja que en agosto de 2012 pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. Los intentos de desalojo fueron rechazados por las familias que habitan en el lugar e integran la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, formada por curas de la Opción por los Pobres.
La violencia ejercida durante el desalojo de Reyes Corvalán tiene antecedentes. Durante los últimos años hubo amenazas con armas de fuego, incendios y matanzas de animales y varios intentos de desalojo. En casi todos fueron procedimientos violentos que terminaron detenidos en diversos estrados judiciales.
“La violencia estructural que concentra casi el 75 por ciento de tierras cultivables en sólo el 15 por ciento de empresarios del agronegocio, sigue poniendo en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas”, remarcaron desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) tras el desalojo de Reyes Corvalán.
El Mocase responsabilizó por el hecho al empresario Quesada, quien estuvo presente en el desalojo; al oficial de Justicia Luis Scillia y a los policías que participaron del desalojo, a quienes identificó en un comunicado: “el oficial inspector José Francisco Corvalán, el oficial ayudante Leonel Moreno, el cabo primero Roberto Corvalán, División de Prevención de Nueva Esperanza, el agente Roldán y otros, en total de diez (10) policías aproximadamente”. La organización pidió la detención de todos los responsables y denunció “los modos de actuación de las fuerzas públicas siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas”, además de reclamar la separación de la jueza Paskevicius.
A pesar de las heridas que le provocaron en el violento desalojo, los policías llevaron a Reyes Corvalán a la comisaría y para su traslado en ambulancia a un hospital aguardaron que la jueza definiera si estaba detenido o no. Con el 45 por ciento de su cuerpo quemado y las vías aéreas afectadas, el hombre fue trasladado a un hospital de Tucumán y finalmente falleció ayer.
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Casi un 6% del territorio nacional en manos extranjeras



Estadounidenses, italianos y españoles: los inversores extranjeros con más tierras en el país

Fecha de Publicación
: 14/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Son casi tres millones de hectáreas o, por ofrecer una equivalencia, 24 veces la superficie total de Nueva York, con sus cinco condados. Esa es la extensión de tierra argentina que está en manos de estadounidenses, la nacionalidad extranjera con más propiedad rural en el país. El podio se completa con los italianos, que controlan 2,1 millones de hectáreas locales -casi la superficie total de Sicilia- y los españoles, dueños de casi 1,8 millones de hectáreas, más de dos veces la extensión de la Comunidad de Madrid.
La Argentina tiene 266.711.077 hectáreas de tierras rurales con posibilidad de explotación agropecuaria, ganadera, vitivinícola o minera. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), un 5,57% de ese territorio rural argentino hoy está en manos de extranjeros. Son 12.520.826 hectáreas, equivalentes, por ejemplo, a casi la mitad de la provincia de Misiones o a 622 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los terratenientes de la Argentina hay grandes empresarios extranjeros como Joseph Lewis, pero también conocidas figuras locales, como Marcelo Tinelli y Huberto Roviralta o astros del deporte como Gabriel Batistuta y Emanuel Ginóbili. En otros casos, hay grandes extensiones en manos de gigantes internacionales como Glencore o el Grupo Benetton (a través de Compañía Tierras del Sud).
Otros propietarios de la tierra argentina, en cambio, son ignotos. Sus nombres se ocultan detrás de sociedades offshore, empresas de papel que muchas veces le otorgan el beneficio del anonimato a sus verdaderos dueños. En el país, según un pedido de información pública cursado por Chequeado y LA NACION al RNTR, casi 2 millones de hectáreas están en manos de firmas radicadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Es más que la suma de las superficies de Liechtenstein, Bahamas, Islas Caimán, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, cinco de los más afamados enclaves offshore.
La conviviencia no se da sin tensiones: en el último año recrudecieron los conflictos terriotoriales reclamos de comunidades indígenas, pero también por potenciales problemas ambientales y económicos.
En Villa Mascardi, un grupo mapuche irrumpió de forma violenta para reclamar cinco hectáreas en un predio que está a nombre de la familia estadounidense Grehan, en un conflicto que quebró la paz del lugar. Hacia el sur, por la ruta 40, un grupo de vecinos realizó el año pasado la marcha por la "soberanía al Lago Escondido" para reclamar por senderos públicos dentro del predio que pertenece a Lewis. A escasos kilómetros, en Chubut, murió Santiago Maldonado . El joven estaba allí en apoyo a la causa mapuche, que reclama tierras dentro de la estancia Leleque, de los empresarios italianos de Benetton.

La ley
La cantidad y la calidad de territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras quedó regulada por la Ley 26.737, que estipuló el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Fue sancionada en diciembre de 2011 e impulsada por el kirchnerismo, que actuó convencido de que se debía frenar la extranjerización. Esa norma introdujo fuertes restricciones para la venta de campos y estableció, entre otros puntos, un límite de mil hectáreas a un titular foráneo en la denominada zona agrícola núcleo argentina (que está ubicada en las regiones fértiles del norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba), o las equivalencias de cada provincia.
La ley fija topes. Las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Una nacionalidad, a su vez, no puede superar el 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país.
La normativa no afectó los derechos adquiridos. Si una empresa o una persona extranjera poseía tierras por fuera de los límites impuestos por la Ley 26.737, el Estado argentino no podía retrotraer la situación. Así, hoy hay más de 40 distritos en "offside", que superaban los límites que luego impuso la ley, de acuerdo con documentos públicos.
Las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas. Se trata de San Carlos, un área declarada "lugar histórico nacional" en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado) y el departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización). Siguen en el ránking General Lamadrid, en La Rioja (con el 57% de extranjerización); la localidad de Lácar, en Neuquén (53%); San Miguel, en Corrientes (50,8%) y Campana, en Buenos Aires, con el 50,7% de su superficie en manos de foráneos.
Hay, en tanto, 5.900 registros de tierras extranjeras de los que se desconoce la nacionalidad, correspondientes a 2.230.610 hectáreas. De ellas, 890.000 están en Santa Cruz, 234.00 están en Chaco, 159.000 en Chubut y 136.000 en La Pampa.

Cambio de época
La gestión de Mauricio Macri viró su enfoque a la hora de regular la extranjerización de la tierra argentina, convencido de que era necesario "abrir las tranqueras" para fomentar la inversión. El Presidente recibió uno de los primeros cuestionamientos públicos cuando se embarcó en el helicóptero del magnate Lewis, dueño de una propiedad de casi 12 mil hectáreas en el Lago Escondido, en Río Negro.
La figura de este empresario genera diversas resistencias en el sur: numerosas ONG exigieron al gobierno provincial que garantice el acceso a la costa del Lago Escondido a través del sendero Tacuifi, unos 14 kilómetros de camino vehicular desde la ruta nacional 40, que está bloqueado por las instalaciones de All About Kids, la iniciativa de Lewis para las escuelas de la zona.
Con el decreto 820, firmado por Macri el 29 de junio de 2016, Cambiemos dispuso que algunas restricciones de la llamada "ley de tierras" quedaran en desuso o especificó su aplicación.
En este sentido, a diferencia de lo que ocurría antes, dio mayor libertad a la venta y recompra. Por ejemplo, si durante el kirchnerismo un extranjero tenía 1.500 hectáreas en la zona núcleo (superaba el tope de mil) quería venderlas y comprar la misma cantidad, no podía, porque comenzaba a correr la restricción. Macri, con su decreto, comenzó a proteger no sólo los derechos adquiridos sino también los derechos en expectativa: el extranjero puede recomprar la misma cantidad de tierras (o sus equivalencias), lo que estimula el mercado inmobiliario rural.
Entre enero de 2016 y septiembre de 2017, el Registro Nacional de Tierras Rurales entregó 172 certificados de habilitación a nuevos propietarios de extranjeros, según la respuesta al pedido de acceso a la información pública presentado por Chequeado y LA NACION.
Mendoza es la provincia donde se entregaron mayor cantidad de certificados a extranjeros: 75 por 11.784 hectáreas, en su mayoría para viñedos. Estadounidenses, canadienses, brasileños y chilenos invirtieron en los últimos dos años en la actividad vitivinícola mendocina. Un ejemplo de estas nuevas inversiones es The Vines of Mendoza, un emprendimiento fundado por el estadounidense Michael Evans que propone la reventa de parcelas a más de 135 amantes del vino para que puedan tener su propio viñedo personalizado. Allí se alojó Macri en julio de 2017 tras la cumbre del Mercosur.
La gestión actual, en tanto, ajustó algunos términos de la fórmula para contabilizar los campos en manos de foráneos. Si se analiza la variación de las tierras en manos de extranjeros a partir de la asunción de Cambiemos y se comparan los registros de febrero de 2016 con los de febrero de 2018 (primero y último dato oficial disponible), se observa que 12 provincias redujeron la cantidad de tierras en manos de foráneos: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza Misiones, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. Otras siete aumentaron la extranjerización: Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y Tucuman. Y cuatro provincias se mantuvieron estables (Chaco, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego).
Según explicaron desde el RNTR, las bajas en los porcentajes de extranjerización se debieron a que esta gestión estableció que "había nacionales o residentes considerados por error como extranjeros", sociedades constituidas en el extranjero "pero integradas en un 100% por nacionales", empresas que se vendieron a nacionales y tierras que fueron recategorizadas como "parcela industrial".
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Neuquén: Mapuches denuncian desmontes

Mapuches toman tierras en Villa La Angostura y denuncian desmontes

Fecha de Publicación
: 20/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Neuquén


Integrantes de la comunidad mapuche Paicil Atriao de Villa La Angostura tomaron este fin de semana tierras privadas -de las que el basquetbolista Emanuel Ginóbili es uno de sus propietarios- para denunciar tareas de desmonte en el emplazamiento de un loteo, en un sector considerado como “bosque intangible” por la legislación nacional.
La Policía de Neuquén desplegó un operativo para evitar que se consolide la “usurpación”.
Se trata de un loteo de 22 parcelas en 87 hectáreas en la costa del lago Correntoso. Allí, según la denuncia de los mapuches, los propietarios comenzaron a trazar una calle de acceso, “volteando gran cantidad de árboles y arrasando con toda una biodiversidad de alto valor de conservación”.
La denuncia precisó que el camino preve atravesar el bosque intangible a lo largo de 2.700 metros y que ya avanzó 900 metros.
“Este territorio ancestral está siendo fuertemente castigado de forma indiscriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores”, señaló la comunidad. Agregó que el sector está categorizado como “Área Roja” por la Ley Nacional de Bosques, lo que le da un máximo nivel de conservación. También se quejaron de la instalación de “amarras para embarcaciones” en el lago Correntoso, “violando todo tipo de normativa”.
Puntualizaron que el sector es “un lugar importante para la actividad ganadera” a través de varias generaciones, “así como de prácticas medicinales y culturales, con hierbas únicas no encontradas en otros lados, utilizados por nuestros machis (guías médicos y espirituales)”.
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Invisibilización de la cuestión indígena

“La cuestión indígena ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada”  

Fecha de Publicación
: 01/12/2017
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


“Desde el sistema público de salud, más que contener a la persona, lo que hay es un rechazo, una discriminación más de las que se viven en forma cotidiana”, sintetiza Lorenzetti para referirse a la atención de salud a pueblos originarios.
De acuerdo con el mapa elaborado en 2013 por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), en la Argentina existen treinta y nueve pueblos indígenas distribuidos en las distintas provincias del país. Luego del genocidio acontecido durante la Conquista española, la consolidación del Estado-nación en el siglo XIX se llevó a cabo, entre otras acciones, mediante diferentes conquistas territoriales que incluían el exterminio o el control de la población indígena. Desde entonces, la cuestión indígena estuvo atravesada por políticas que procuraron incidir en la vida de este colectivo a través del despliegue o retracción del Estado, como la atención médica y los programas sanitarios. De la actualidad de estas cuestiones trata La salud pública y los pueblos indígenas en la Argentina. Encuentros, tensiones e interculturalidad (Ed. Unsam), un libro editado recientemente por la antropóloga Mariana Lorenzetti, junto a su colega Silvia Hirsch.
Lorenzetti emigró desde Buenos Aires hace dos años para instalarse en Puerto Iguazú, donde trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT). Allí se dedica a la investigación en el proceso de salud-enfermedad-atención de poblaciones indígenas junto a biólogos, veterinarios, biotecnólogos y genetistas.

–Las investigaciones sobre poblaciones indígenas marcan la antropología desde sus orígenes, cuando este conocimiento estaba muy ligado a proyectos colonialistas. ¿De qué manera se posiciona hoy como antropóloga frente a las poblaciones indígenas de Argentina?
–Se ha tratado de hacer una revisión crítica a esos comienzos de la antropología y a ese tipo de propuesta de trabajo. En base a esas discusiones y debates de la misma disciplina, lo que se busca o se propone es hacer un trabajo con las comunidades indígenas. Que la investigación esté ligada también a las inquietudes y los procesos que están haciendo las mismas comunidades en relación a lo que es defender y poder dar efectividad a sus derechos. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que parece muy importante es pensar que las personas con las cuales estamos trabajando son nuestros interlocutores, hay un ida y vuelta, uno va acumulando sus inquietudes en función de esa permanencia, de ese estar y poder entender ese otro punto de vista. Y la perspectiva de ellos, en este sentido, es fundamental. Cuando uno se acerca con un proyecto, el proyecto siempre está sujeto a revisiones, al vínculo que se establece con el otro, y en función de ese vínculo se va construyendo el camino de poder hacer cosas de manera conjunta. Es un trabajo conjunto y se trata de poder dar visibilidad a ciertas temáticas que quizás no están en la agenda pública. El proceso que han dado los movimientos indígenas hace que hoy estén en otra situación.

–¿Cómo es la relación que se fue dando en la historia de Argentina entre la salud pública y los pueblos indígenas?
–Es importante poder historiar ese vínculo para entender cuál es el carácter que hoy asumen los programas dirigidos a la población indígena, sobre todo porque la cuestión indígena en Argentina ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada. En un primer momento, post Conquista del Desierto, dada la campaña que inició (Julio Argentino) Roca hacia la Patagonia (en 1879), o (Benjamín) Victorica hacia el norte (en 1884, en lo que se conoce como “la conquista del Chaco”), lo que fueron las incursiones militares, la apropiación del territorio, tuvo un gran impacto. A fines del siglo XIX y sobre todo las primeras décadas del siglo XX, con una fuerte impronta del higienismo, la población indígena en sí misma no era vista como objeto–sujeto de interpelación, se intervenía en casos de brotes, de epidemia. Entonces, las actividades que se hacían, como las vacunaciones, no eran tanto porque interesara la población indígena en sí misma, sino como un medio de defensa, porque representaba un peligro en términos de salud para el resto de la población, criolla o blanca. Después, quienes tuvieron un papel importante en relación a lo que fueron las primeras postas de salud, o las primeras atenciones, fueron los misioneros, que llevaron algún médico o una enfermera dentro de las misiones. Ese acercamiento desde la biomedicina era como una actividad más en sus actividades de evangelización, era como un medio de “alcanzarles” lo que en ese momento se consideraba el progreso y la civilización a estas poblaciones. Y al mismo tiempo, creo que el acercamiento de esos servicios de salud fue lo que legitimó su propia tarea de evangelización. Por otra parte, aquellos dirigentes indígenas que habían sobrevivido a las campañas militares eran convertidos en mano de obra barata para los ingenios azucareros, para las fincas, para los obrajes madereros, en condiciones tan deplorables y de tanta explotación que, de alguna manera, las misiones se convirtieron en un espacio de refugio para las propias comunidades.

–Y este esquema se mantiene más o menos hasta la década del cuarenta y cambia con el primer peronismo, ¿verdad?
–Sí, en la década del 40 hay un cambio en el sentido de que empieza a fortalecerse un sistema público de salud con un claro tinte de corte sanitarista. La posibilidad de ampliar la cobertura de salud a las zonas rurales implicó también un nuevo acercamiento, y una nueva posibilidad de acceso a servicios y atención médica que hasta ese momento no llegaba de ningún modo. Luego, en la década del 70 se plantea la cuestión de la Atención Primaria de la Salud (APS), reforzar esto de que alcance a zonas rurales, esta idea de empezar a trabajar la salud comunitaria de manera que reduzca la práctica misma asistencial, para trabajar en otra dirección que tenía que ver con fortalecer la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades. Esto a nivel programático, eran como directrices, después lo que sucedió en cada contexto fue distinto.

–Por eso en la década del 80 hay un fuerte cuestionamiento a todo lo que se planteaba como Atención Primaria de la Salud y sobre todo en relación a poblaciones precarizadas, como podían ser las comunidades indígenas. El sanitarista Mario Testa escribe en esa época un texto en donde se pregunta si se trata de Atención primaria o Atención primitiva de la salud.
–Claro, justamente, planteaba que administrar esos mínimos recursos no resolvía la cuestión si no se encaraba el problema de tipo estructural, además se cuestionaba si esta atención no era también una práctica para responsabilizar a las propias personas de su situación de salud. Porque este supuesto enfoque comunitario terminó siendo un enfoque bastante individualizador, o solamente focalizado con la familia, pero no trabajando sobre esas condiciones estructurales que hacen a la salud y a los desencadenantes en relación a las enfermedades. El tema de la atención podía verse como ir tapando baches, pero que no terminaba de resolver la cuestión de fondo. Entonces, en la década del 80 fue uno de los nudos de discusión, uno de los tópicos a partir de los cuales empezó la necesidad de revisar. Pero creo que lo de la Atención Primaria de la Salud tuvo una cuestión que es importante rescatar, que era la posibilidad de aprender los procesos de salud–enfermedad–atención in situ, en terreno. Me parece que justamente a partir de ese trabajo en terreno se pudo empezar a discutir desde el sistema público de salud qué es lo que se está problematizando, cómo se está problematizando, de qué cosas se discute y de qué cosas no se discute. En ese sentido creo que la línea de la Atención Primaria de la Salud empezó a ser como el emergente de un montón de cuestiones que quizás ni se planteaban, ni se advertían, estaban silenciadas.

–Para analizar la relación entre salud pública y pueblos indígenas, usted trabaja con el concepto de salud intercultural. ¿Me puede explicar de qué se trata?
–Lo que resulta interesante para trabajar es ver cuáles son las paradojas que acarrea el paradigma intercultural en tanto modalidad constructora de las diferencias, teniendo presente de qué modo las atribuciones y los sentidos otorgados a las diferencias no pueden analizarse por fuera de los usos sociales que los distintos actores implicados van construyendo dentro de un espacio determinado y en función de esas trabas sociales que se van construyendo. Entonces, la interculturalidad toma cuerpo, textura, a partir justamente de los sentidos que los mismos actores y los programas socio–sanitarios le van a dar. No hay una interculturalidad por fuera del hacer de los actores sociales, de los sujetos, de los profesionales, de los antropólogos. Me parece que lo rico es poder ver qué es lo que se piensa y qué se hace en nombre de la interculturalidad. Por ejemplo, la incorporación dentro de la salud pública del enfoque intercultural dio la posibilidad de ver cómo las políticas de reconocimiento indígena se expresan en el campo sanitario, y cómo las diferencias son tratadas, concebidas, dentro del campo de la salud. A mí me parece que lo más rico es que no se trata de dar una definición de interculturalidad, sino de poder ver que la interculturalidad es un proceso en construcción en donde hay momentos de tensión y hay momentos de consenso. En todo caso, me parece que el desafío es desnaturalizar ciertas cosas, deconstruir ciertos presupuestos, y ver justamente en qué términos se aborda el trabajo con el otro.

–En el caso de los pueblos indígenas, pareciera que siempre son ellos el “otro” cultural…
–Claro, por eso me parece importante remarcar que la interculturalidad no es algo unidireccional en donde es el “otro” el culturalmente distinto. Porque hay muy poco ejercicio de revisión de los propios marcos culturales, de las propias prácticas culturales, es como un proceso de demarcación, es el “otro” el que tiene cultura, pero no hay una revisión de nuestras propias prácticas culturales como académicos o profesionales de la salud, por ejemplo. Eso nos encierra, nos encapsula, perdemos la posibilidad de poder generar un intercambio. Las personas con las cuales se trabaja son muy valiosas, tenemos que poder empezar a respetar las formas organizativas indígenas, a entender que hay múltiples miradas y perspectivas de los procesos de salud-enfermedad-atención. Creo que es fundamental que el enfoque intercultural reconozca y trabaje sobre las asimetrías, sobre esas condiciones institucionales que restringen o limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto, con identidad y con capacidad de actuar, que dejemos de subestimarlos.

–Y en esta situación en la que hay evidentes asimetrías y predomina un modelo biomédico que excluye el saber del paciente o que rápidamente medicaliza sus problemas, ¿qué lectura hace de la situación de las mujeres indígenas de Susques, en la Puna jujeña, en la que el parto hospitalario va ganando lugar en detrimento del parto domiciliario, que es el tradicional en esa comunidad?
–Una de las cuestiones para mí fundamentales del trabajo de Raquel Drovetta (que es el que investiga este caso: “Intervenciones de la salud pública en los procesos reproductivos de mujeres indígenas de la Puna argentina”, en Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina) es esta disyuntiva, y qué posibilidades hay de que, por ejemplo, este parto hospitalario pueda incluirse en la posibilidad de las mujeres a decidir cómo parir, con quiénes estar acompañadas, y que no es un hecho individual de la mujer, sino que es un hecho que tiene una significación comunitaria, colectiva, importante. Ahí se ven las desigualdades, porque hoy hay una tendencia, para determinados grupos sociales, de promover el parto domiciliario, el parto con cuidado, con la posibilidad de que si el parto se complica habrá un centro de salud o un hospital cerca al que recurrir. Y ahí las opciones están. Pero ¿qué pasa cuando las poblaciones indígenas en las condiciones en las cuales se encuentran deciden parir en sus hogares? Para las comunidades indígenas eso todavía está denegado, no existe. Porque el parto hospitalario, en las actuales condiciones, reduce la morbi-mortalidad materno-infantil, porque quizás en la situación en la cual se encuentran hoy por hoy las comunidades, los partos domiciliarios pueden ser riesgosos. Entonces, para algunos sectores el parto domiciliario, cuidado, es posible, y en las comunidades esa posibilidad no existe, porque el parto domiciliario termina siendo más riesgoso.

–Es que finalmente el tema de la salud parece no dirimirse en el terreno cultural sino más bien en el político y social…
–Es que cuando los pueblos indígenas están discutiendo cuestiones de salud, están hablando de reconocimiento territorial, de deterioro ambiental, del avasallamiento de sus derechos y de no poder decidir en lo que tiene que ver con políticas indigenistas, por ejemplo. La salud es como un barómetro, muy indicativo de las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Entonces, me parece que la salud, en ese sentido, es como la puerta de entrada para trabajar un montón de cosas: las relaciones con el entorno, con el territorio, los vínculos interétnicos entre indígenas y no indígenas, la articulación entre saberes y prácticas, o cómo es el proceso de salud–enfermedad–atención. Esos creo que son temas que necesariamente se tienen que instalar en la agenda pública, que tiene que ver , por ejemplo, con cómo es el currículo de los profesionales de la salud, de esos médicos, esos enfermeros, que quizás no cuentan con las herramientas para poder trabajar en estos contextos interétnicos.

¿Por qué Mariana Lorenzetti?

Discriminación y salud
Mariana Lorenzetti es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires. Desde hace dos años vive en Puerto Iguazú, en la en la zona misionera de la Triple Frontera. Allí trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, creado en 2009 con el fin de realizar investigaciones y acciones para el control y prevención de enfermedades que se desarrollan en climas cálidos tales como Chagas, Leishmaniasis, Paludismo y Dengue.
Desde hace más de una década Lorenzetti está abocada a investigar los procesos de salud-enfermedad-atención de las comunidades indígenas, sobre toda las del norte de Argentina. Ha publicado artículos científicos sobre la temática, y recientemente ha editado el libro Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina: encuentros, tensiones e interculturalidad, junto a Silvia Hirsch (UNSaM edita). “El libro no está pensado necesariamente para lectores que estén formados dentro del campo antropológico, lo que nos interesa es poder llegar a otros profesionales formados en otras disciplinas, con otras trayectorias, pero que sin embargo trabajan en el sistema público de salud o que puedan llegar a estar interesados en la temática”, señala la autora.
Lorenzetti fue una de las organizadoras de las Segundas Jornadas en Ciencias Sociales y Salud “Dinámicas sociales, geopolítica y salud en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)”, que se realizó recientemente en el INMeT. El encuentro tuvo como objetivo reunir a profesionales de distintos campos disciplinarios que desarrollan sus tareas de investigación en los “espacios de frontera”, particularmente en la Triple Frontera. Durante las jornadas se desarrollaron aportes que vinculan la salud a políticas sanitarias, movilidades sociales, transformación y gestión ambiental, urbanización, procesos de trabajo, condiciones de vida de diferentes grupos poblacionales, movimientos sociales y grupos identitarios, prácticas normativas y reivindicaciones de salud, y las relaciones entre lo local y lo regional.
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Se profundiza la represión al Pueblo Mapuche



Se profundiza la represión al Pueblo Mapuche: un muerto y varios heridos en Río Negro

Fecha de Publicación
: 30/11/2017
Fuente: Red Nacional de Acción Ecologista
Provincia/Región: Río Negro


Desde la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) repudiamos el asesinato de Rafael Nahuel, mapuche abatido por las fuerzas del Estado Argentino durante la represión del sábado 25 de noviembre en la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Lago Mascardi, departamento de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
En el marco del mega operativo desplegado por el Estado Nacional, con 300 efectivos de tres fuerzas y un helicóptero, se detuvieron y encarcelaron a cinco mujeres y a cuatro niños de 1, 2 y 10 años. Dispararon con balas de goma y de plomo y además de una víctima fatal, hubo varios heridos.
Sabemos que no se trata de un caso aislado, ya que el Pueblo Mapuche está en proceso de recuperación de su cultura y territorio ancestral y el Estado en vez de buscar soluciones pacíficas, como muchos estados latinoamericanos que se declararon Estados Plurinacionales, responde con represión ante lo que ve como una amenaza a la propiedad privada.
Desde la RENACE apuntamos a construir una sociedad saludable y consideramos que no es posible construir la paz promoviendo un genocidio sostenido e invisibilizado a los pueblos originarios.
Continuamos en estado de alerta para demandar y exigir al Gobierno Argentino, el cese de estas políticas represivas que afectan sistemáticamente a nuestros hermanos mapuches, que defienden las tierras del saqueo de las multinacionales.
Exigimos justicia y convocamos a todos y todas a denunciar estos hechos.
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Fiscal de Estado va contra el dueño de Manaos



Pedirán sanciones y expulsión del empresario que provocó desmontes de 19 mil hectáreas

Fecha de Publicación
: 09/10/2017
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero


El fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, encabezó nuevamente un operativo con representantes de demás organismos en las localidades de Colonia Árbol Blanco (Moreno) y Colonia Lote 19 (Alberdi). revisión de las hectáreas, donde se encontraron usurpaciones y desmontes ilegales.
En la zona, se recopiló información para tomar las acciones y sanciones pertinentes, ya que estos terrenos pertenecen al Gobierno de Santiago del Estero.
En el marco de una serie de operativos que realiza constantemente Fiscalía de Estado de la provincia, Abate estuvo acompañado por la directora de Tierras, Dra. Mónica González Bernal; el director de Bosques, Ing. Víctor Rosales, la directora general de Control y Fiscalización ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Isabel Brandán, el director de Rentas, CR. Luis Fiad, abogados de Fiscalía de Estado, entre ellos; Dra. Andrea Achari, Dr. René Alderete, Dr. José Bonacina, escribanas de gobierno y Policía de la provincia.
"Hemos logrado constatar prácticamente 19.000 hectáreas en las cuales se encuentran casi 32 lotes que la provincia tenía adjudicada a colonos. Lo que la provincia quiere es recuperar estas tierras, con el fin de darles el destino que deberían tener, que no es formar estancias y rescindir la flora provincial, sino que el destino es el que le da la ley de colonización, por lo tanto estamos recabando todo tipo de datos para realizar las acciones legales", resaltó Abate.
Sobre el actual operativo comparado al realizado a fines de septiembre, dijo: "Anteriormente habíamos encontrado grandes rastrojos de soja y maíz en grandes cantidades en una zona, donde este tipo de producción agrícola no está permitida porque se trata de una colonia que tiene otro tipo de fines. Vamos a diferenciar aquellas áreas donde la titularidad dominial sea privada, lo hará directamente Rentas de la provincia. Mientras tanto, se van a tomar las medidas correspondientes, entre ellas la elevación de actas de infracción, y lo que respecta a nuestra tarea será solicitar el inmediato desalojo o expulsión de este empresario".
Cabe resaltar que dichas tierras usurpadas, fueron adjudicadas al empresario Orlando Canido y que estaría asociado a la empresa Lipsa que sería de la provincia de Chaco y que les hace servicios de siembra.
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Presionados, el Senado aprobó la Ley de tierras



Atravesado por la desaparición de Santiago, el Senado aprobó la Ley de tierras

Fecha de Publicación
: 30/09/2017
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Luego de un largo debate en la que principal discusión fue el plazo de la nueva prórroga, la Cámara Alta aprobó la iniciativa y la giró a Diputados.
Con el vencimiento de la prorroga votada hace cuatro años en el horizonte, el Senado aprobó por unanimidad con 62 votos positivos la norma que extiende por cuatro años más la norma que impide el desaojo los pueblos originarios de sus territorios
La oposición, en sus distintas variantes, fue la encargado de defender el proyecto. Los distintos oradores coincidieron en señalar que el plazo para la prorroga no se podía reducir a menos de cuatro años debido, entre otras cosas, a la complejidad del relevamiento territorial.
Al respecto la senadora jujeña Liliana Fellner señaló: “En caso de no prorrogarse por cuatro años se estaría incumpliendo con el convenio 169 de la OIT”
En ese contexto, la senadora mendocina por el bloque PJ-FpV, Anabel Fernández Sagasti, aprovechó para cuestionar tanto a Cambiemos como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.  “Nos vamos a avalar la persecución y el desalojo de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. La única violencia que existe hoy en argentina es la violencia institucional”, sentenció en el marco de una sesión que volvió a estar atravesada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El neuquino Marcelo Fuentes continuo por el camino marcado por Sagasti y aseguró que “la intención del Gobierno era que esta ley cayera pero la conmoción del caso Maldonado los llevo a entender que es necesaria”.
Desde la UCR y el interbloque Cambiemos, el primero en adelantar el apoyo fue el formoseño Luis Naidenoff. “Vamos a acompañar una vez más el proyecto de prórroga, porque estamos convencidos, de la necesidad de dotar de cierta certidumbre ante la inminencia de posibles medidas administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar determinados derechos”, destacó el senador.
Sin embargo, Naidenoff cuestionó que en los últimos 11 años solo se relevado el 30% de las comunidades y señaló que si bien “la responsabilidad es compartida por el Estado nacional y los Estados provinciales” lo cierto es que “hay muchas provincias que no sólo no ayudan sino que ponen palos en la rueda”.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, decidió hablar a título personal y dejó en claro que pese a apoyar “la norma que busca pacificar” en la “Argentina no se puede permitir que haya tierras sagradas” por cuestiones “de soberanía”. 
El presidente del bloque Pj – FpV para cuestionar al RAM y calificarlo como una minoría violenta y al mismo tiempo pedir que se esclarezca el caso Maldonado.
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Manaos sigue deforestando a Santiago del Estero



El dueño de Manaos, otra vez, en la mira por tierras

Fecha de Publicación
: 29/09/2017
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero


 Investigan la toma ilegal de tierras y su desmonte, en los departamentos Moreno y Alberdi. En total serían 32 lotes.
En el marco de una serie de operativos que realiza constantemente Fiscalía de Estado, con el fin de identificar actividades de desmontes y usurpaciones dentro de la provincia de Santiago del Estero, el fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate encabezó un operativo en las localidades de Colonia Árbol Blanco (departamento Moreno) y Colonia Lote 19 (departamento Alberdi). El Dr. Raúl Abate estuvo acompañado por la directora de Tierras, Bosques y Medio Ambiente de Fiscalía de Estado, Dra. Andrea Olmedo; la directora de Tierras del Ministerio de Producción, Dra. Mónica González Bernal y el director general de Bosques, Ing. Víctor Rosales. En esta oportunidad se realizaron varias revisiones de las hectáreas, encontraron así usurpaciones y desmontes ilegales. En este sentido, recaudaron toda la información posible e implementaron acciones, ya que estos terrenos pertenecen al Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.
El fiscal Raúl Abate explicó: “Estamos verificando denuncias que nos han llegado de que un empresario estaría tomando, usurpando, adquiriendo de forma ilegítima lotes que son de la Provincia de Santiago del Estero. Hasta el momento, hemos logrado constatar prácticamente doce lotes.
Falta todavía seguir constatando, creemos que en total deben ser 32 lotes que ha tomado este empresario. Han sido levantadas actas notariales que se trataría de una firma denominada Manaos y cuyo propietario sería Orlando Canido, quien estaría asociado a la empresa Lipsa (Chaco) y que les hace servicios de siembra. Lo que se ha podido comprobar hasta el momento, son alrededor de 19.000 hectáreas, casi 32 lotes que la Provincia tenía adjudicados a colonos y estos lotes ahora —en forma ilegítima— habían ido a parar en manos del empresario. Se han constatado desmontes, se han secuestrado dos topadoras, se han levantado imágenes fotográficas, también se han tomado videos, en todas estas circunstancias hay una producción de soja ensilada, una producción importante. De todo esto va a tomar cartas la Justicia”, concluyó el fiscal, quien aseguró que seguirán las investigaciones.
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Custodiados llegaron al lago Escondido "de" Lewis



Llegó a la costa del Escondido la marcha por la soberanía del lago

Fecha de Publicación
: 28/09/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Allí una treintena de manifestantes de distintas organizaciones cantaron el himno y desplegaron banderas.
Sin inconvenientes llegó a la costa del Escondido la marcha por la soberanía del lago que había partido esta mañana desde el río Foyel y tras la mediación judicial de ayer con vecinos que se oponían al paso de la manifestación.
Pasadas las 15.30, después de una caminata de casi 4 horas desde el río Foyel, 35 militantes de distintas organizaciones del país arribaron a la costa del espejo lacustre donde cantaron el himno y desplegaron banderas. La vuelta estaba prevista para después de las 17.
Julio César Urien de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua destacó que la manifestación se realizó en forma pacífica y dijo que “es un paso más para demostrar que hay un camino publico y que cualquier argentino tiene derecho a gozar de su paisaje”.
“Nosotros sostenemos que este es el camino público, estamos contentos porque llegamos, se hizo sin incidentes. Este es un sueño, es un lago público que nos pertenece lo que quisimos demostrar con esto y ya hay un fallo de la justicia, que todos podemos acceder a este lugar cuidándolo. Es un derecho que tenemos, no nos rendimos y como cuidadanos tenemos que ejercerlo”, agregó.
El legislador rionegrino, Alejandro Ramos Mejía, acompañó la marcha y señaló es la reivindicación de un reclamo que tiene que ver con la soberanía. Hace 9 años que salió el fallo del Superior Tribunal de Justicia que el acceso para todos es el camino a Tacufí pero nadie puede hacer uso de este camino par poder acceder al lago. Esto pone en valor un reclamo histórico”.
Por otra parte, José Luis Bianco, abogado de la firma Lago Escondido indicó que la actividad se desarrolló con normalidad y señaló que fue “una demostración que considerando los intereses de todas las partes y respetando los derechos que todos tenemos se pueden hacer muchas cosas. La discusión sigue en la Justicia. Hoy el camino es privado y por eso los propietarios dieron el permiso y se pudo hacer”.
Esta mañana, unas 70 personas ingresaron hasta el río Foyel, donde un sacerdote hizo una misa, en el marco de una nueva marcha por la “soberanía al Lago Escondido”, para asegurar el libre acceso y el “disfrute público” de ese espejo de agua.
El grupo de 30 militantes comenzó a vadear el río a a pie y desde allí caminaron hasta el lago. Los manifestantes estuvieron encabezados por Julio C. Urien, titular de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. También participó el legislador Alejandro Ramos Mejía.
Alrededor de 30 policías y también personal de la estancia del millonario inglés Joe Lewis siguieron el paso de la marcha por el camino vecinal, conforme el acuerdo firmado ayer con la jueza Erika Fontela.
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