Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos firmaron un convenio para impulsar políticas ambientales conjuntas

Fecha de Publicación: 16/04/2024
Fuente: Diario Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba - Santa Fe - Entre Ríos


Apunta a potenciar la cooperación interprovincial en el cuidado del medioambiente
El Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia de Córdoba firmó un convenio de colaboración con autoridades de las carteras ambientales de Santa Fe y Entre Ríos, para impulsar acciones conjuntas que promuevan el cuidado del ambiente y la mitigación del cambio climático.
El acuerdo fue suscripto por Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular de la Provincia de Córdoba; Enrique Estévez, ministro de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe; y Rosa Hojman, secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.
También estuvo presente Carlos Massei, secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales del gobierno de Córdoba, ya que la firma de este convenio se realiza en el marco de una estrategia para fortalecer y consolidar la Región Centro.
A través de la integración, el federalismo y el diseño de políticas ambientales transversales, se busca potenciar los proyectos que ofrezcan soluciones a los desafíos que enfrentan las provincias.
La firma de este convenio representa un claro avance en la construcción de alianzas, ya que consiste en un espacio de diálogo que permitirá a los líderes de gobiernos provinciales compartir proyectos, en desarrollo y a futuro, referidos al cambio climático, el modelo de economía circular y sostenibilidad.
A partir de esta firma, las provincias acuerdan la implementación de acciones conjuntas, que promuevan el intercambio recíproco de información, experiencias de gestión y gobernanza estratégica en materia ambiental.
Entre las acciones que implica el convenio, se encuentra la posibilidad de brindar capacitaciones en pos del desarrollo sostenible en la región, realizar actividades conjuntas para fortalecer la educación ambiental integral, entre otras estrategias.
Del acto participó el secretario de Ambiente, Federico García; el secretario de Economía Circular y Empleo Verde, Nicolás Vottero; el secretario de Policía Ambiental, Adrian Rinaudo; la subsecretaria de Empleo Verde; y el subsecretario de Coordinación, Agustín Benavides.
Representando a la provincia de Santa Fe, estuvo presente Gustavo Leone, secretario de Ambiente; Alejandro Luciani, secretario de Biodiversidad; Diego Martín, secretario de Cambio Climático; y Pablo Aceñolaza, director de Biodiversidad, Ordenamiento Territorial y Áreas Naturales Protegidas.
En representación de la provincia de Entre Ríos, Omar Molteni, coordinador de Gestión Integral de Residuos.
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Denuncian que están “dejando morir” el programa Pro-Huerta: menos semillas y alimentos para miles de familias

Fecha de Publicación: 12/04/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Nació hace más de 30 años y fue sostenido por diversos gobiernos, pero está dejando de existir por decisión o inacción del Ministerio de Capital Humano, que no renueva el convenio con el INTA y paraliza su funcionamiento. Pro-Huerta da sustento a más de 600 mil huertas en todo el país y repartió más de un millón de kits de semillas.
“Lo están dejando morir”. Así definen trabajadores y trabajadoras la situación del programa Pro-Huerta, que desde hace más de tres décadas funciona como herramienta de facilitación de recursos alimenticios y capacitación para miles de familias en todo el país. Su existencia depende de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social (hoy Capital Humano) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Pero el área que conduce Sandra Pettovello no dispuso autoridad que firme su renovación. En los hechos, eso implica su final.
Además de la no firma del convenio, no fueron renovados los contratos de más de 40 trabajadores que integran el programa a través del Ministerio (el resto del personal depende del INTA).
“Hay una situación de abandono y de dejar morir un programa que lleva más de 30 años de existencia, dándole respuesta a miles de familias en todo el país. Y son 43 trabajadores y trabajadoras que no tienen respuesta. Son quienes le dan vida al programa, a esta política pública”, advirtió Julieta Boedo, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en INTA.
“Desde la coordinación nacional de ATE en INTA venimos exigiendo para que se agoten todos los canales en la búsqueda de esa firma por parte de Capital Humano, que es quien debiera terminar de cerrar este convenio. Porque sabemos que desde INTA elevaron una resolución donde se reubicaba al programa en la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF), pero esa firma por parte de Capital Humano nunca se concretó. Es simplemente dejar morir. Al no renovar, simplemente cae”.
Hasta el cierre de esta nota, no hubo información sobre el futuro del programa por parte de la cartera de Pettovello. “Lo que queremos remarcar es la importancia de Pro-Huerta y sobre todo en este momento de brutal miseria planificada. Porque multiplica el alimento a familias empobrecidas por este sistema y sobre todo por el gobierno de Javier Milei”, resumió Boedo.

El riesgo alimentario sin Pro-Huerta
Pro-Huerta permitió impulsar más de 600 mil huertas familiares y escolares, entregó más de un millón de kits de semillas y sustentó 15 mil granjas agroecológicas. Hubo más de 200 mil aves entregadas y unas 170 mil personas capacitadas, según los datos que aportan desde el programa. Su importancia aumenta en contextos de hambre creciente.
“El programa tiene 34 años de antigüedad. Nació en una de las tantas emergencias económicas que tuvimos, como paliativo a la situación de necesidad de las familias. Empezó por algunas regiones y fue un éxito notable, con muy buena acogida en las comunidades y buen desempeño. Eso lo consolidó año a año como programa ejemplar en Argentina e incluso en el mundo”, destacó Roberto Cittadini, coordinador de Pro-Huerta entre 2006 y 2013.
Agregó: “En América Latina tuvo mucha repercusión. Estuve en una misión de trabajo en Francia y cuando uno presentaba el programa se quedaban sorprendidos; se presentó en la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como ejemplo. Eso ha llevado a que todos los gobiernos los sostengan, hasta el momento”.
“En una situación crítica como la actual, con la desocupación que se está generando y la baja de ingresos, se vuelve más estratégico aun. Es inentendible -o entendible desde una visión donde la justicia social no interesa- que no continúe”, cuestionó el especialista.
“Hay un tema de ineficacia y desidia también. Porque no hay una noticia firme que diga que se cerró Pro-Huerta. Deja de existir porque nadie se ocupa. El INTA tiene listo el convenio firmado, pero no tiene interlocutor. Todos los años se renueva el convenio, el Ministerio financia gran parte y el INTA instrumenta a través de su red en todo el país. En los hechos, sin renovación, está dejando de funcionar sin que nadie diga que terminó”.
Según difundió un investigador del INTA en la red social X, trabajadores del espacio recibieron días atrás una notificación por Whastapp: “El logo del Pro-Huerta no se continuará usando ya que no existe el programa, desde abril se discontinúa el uso”.

El mercado y las semillas
Cittadini explicó que en gran medida las semillas de Pro-Huerta en lo que va del año se llegaron a distribuir, porque se habían licitado el año pasado. “Pero para la próxima temporada no va a haber más. Eso implica no solo un perjuicio muy grande para huerteros, sino también para las familias que producen las semillas: una cooperativa de minifundistas de San Juan que vienen de un proyecto de INTA con la misma antigüedad de Pro-Huerta o más”.
Todo esto se da, además, en un marco en que el gobierno de Javier Milei viene intentando favorecer la mercantilización de las semillas, como reclaman las multinacionales. “Todo tiene relación. Los sectores más concentrados del agro-negocio propugnan la modificación de la Ley de Semillas para cobrar regalías o patentes por todo uso de semillas. Desde Pro-huerta y la agricultura familiar se venía promoviendo el intercambio y el uso de semillas propias, pero quieren terminar con todo eso”.
Tanto en la primera como en la segunda versión de la Ley Ómnibus –que se intenta volver a impulsar por estos días- figuraba el intento del Gobierno de adherir a una convención internacional que da más poder sobre las semillas a corporaciones trasnacionales como Bayer-Monsanto y locales como Bioceres. Desde otro lado pero en el mismo sentido, se desmantelaron el mes pasado el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar (CNAF).
“Esperemos que se revierta lo de Pro-Huerta –deseó Cittadini- Esto ya pasó una vez hacia el año 2000, con la Alianza. Se había discontinuado el programa y hubo cuatro o cinco meses sin cobrar, incluso se acudió a la Justica. Fue tan fuerte la reacción de la comunidad y los técnicos que siguieron trabajando sin cobrar, que se revirtió. Esa experiencia podría servirnos para ponernos firmes contra este avasallamiento de los derechos”.
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Las provincias patagónicas le reclaman al gobierno nacional que active de inmediato el Consejo Federal Pesquero

Fecha de Publicación: 04/04/2024
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Nacional - Patagonia


Los gobernadores patagónicos exigen intervenir en la política de pesca; agravaron la tensión los despidos en un instituto nacional de investigación y desarrollo clave para el sector.
Desde que asumió el nuevo gobierno, el Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo que reúne a las provincias con litoral marítimo, aún no fue convocado y tanto desde el sector público como del privado reclaman que empiece a sesionar. Eso, sumado al revuelo que generó la sanción del buque argentino Tai An en Ushuaia y a los despidos anunciados en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), incrementó la tensión entre el gobierno nacional y las provincias patagónicas.
“Es el primer tema que detonó la relación entre la Nación y la región patagónica. Por la presión, logramos frenar la reforma pesquera propuesta en la Ley Ómnibus; sin embargo, es otro de los temas que genera rispidez”, aseguraron desde el gobierno santacruceño ante la consulta en referencia a la reforma de la actividad pesquera que por ahora no avanzó.
Entre los cambios principales y cuestionados por las provincias estaba la quita de atribuciones al Consejo Federal Pesquero -que integran Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego-, que reinstaló viejas disputas entre la Nación y las provincias.
Además, en la propuesta se cambiaba el criterio de asignación de cuotas de pesca. Los cambios no prosperaron, pero hasta ahora tampoco fue convocado el Consejo y las provincias siguen sin poder activar su participación en las decisiones del área comandada por el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, que entre 2015 y 2019 representó a Tierra del Fuego en el CFP.
La semana pasada la senadora nacional por Chubut Edith Terenzi reiteró un pedido al secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, para que active de inmediato el funcionamiento del Consejo. La última vez que se constituyó fue el 7 de diciembre de 2023 y en esa reunión quedó estipulado que la próxima sesión sería el 24 de enero de 2024, pero eso no ocurrió. La mayoría de las provincias ya han designado quiénes serán sus representantes, pero no ha ocurrido lo mismo con los miembros que debe nominar el Poder Ejecutivo Nacional.
Según la ley 24.922, que regula el régimen de pesca, el CFP tiene en sus manos establecer la política pesquera nacional y también interviene en la Captura Máxima Permisible. Integra el organismo diez directores, de los cuales cuatro pertenecen a las provincias patagónicas. Por Santa Cruz, Ricardo Patterson es el designado. “Creo que el Gobierno nacional no conoce la importancia del recurso y prefiere manejar las políticas de pesca sin contar con la intervención de las provincias”, dijo a La Nación Patterson, exdiputado nacional por la UCR, quien ya integró el Consejo entre 2015 y 2019, y destacó la urgencia de activar el organismo y permitir la participación de las provincias.
Pese a que no se convoca al Consejo, los últimos operativos de vigilancia y control del espacio marítimo desplegados desde el Ministerio de Defensa dejaron a la vista que el sector tiene importancia para el actual Gobierno: el miércoles pasado un buque pesquero de nacionalidad china se encontraba navegando dentro jurisdicción argentina a baja velocidad y con el sistema de identificación (AIS) apagado, lo cual encendió las alertas del Gobierno y eso derivó en una inspección ocular de las autoridades argentinas en el barco.

Operativos
El operativo de vigilancia del que formaba parte el ministro de Defensa, Luis Petri, sobre el área del Golfo San Jorge, estaba previsto con anterioridad, según informaron fuentes de esa cartera, y coincidió con el episodio del barco en aguas argentinas: el buque, al ser llamado por radiotelefonía, incrementó su velocidad, prendió su identificador y adoptó una dirección de salida de la zona de jurisdicción nacional. Recién respondió los llamados de las autoridades argentinas al pasar la línea de las 200 millas náuticas. Tras la inspección ocular, las autoridades detectaron que no contaba con vestigios de pesca reciente.
El operativo generó la reacción de la Embajada China en Argentina, quien cuestionó la reacción gubernamental y explicó que el barco no estaba realizando pesca en el territorio nacional. “De acuerdo con la información fehaciente que la embajada china maneja, el buque pesquero de nacionalidad china no da indicios de pesca ilegal, y ahora se encuentra en aguas internacionales realizando actividades normales”, publicó la cuenta oficial de la embajada en la red X, antes Twitter.
Desde la embajada reforzaron el mensaje: “El Gobierno chino va por seguir trabajando como siempre con la comunidad internacional, con Argentina incluida, para luchar contra pesca ilegal, en fomento de la conservación científica y el uso sostenible de recursos pesqueros”.
Fuentes del sector explicaron que es habitual que barcos de bandera de otro país, que pasan por el estrecho de Magallanes con rumbo a pescar en aguas internacionales a la altura del Golfo San Jorge, crucen por el Mar Argentino. Lo inédito fue que tuviera apagado el sistema de geolocalización satelital, AIS, que permite determinar su ubicación en tiempo real.
La semana pasada, empresas radicadas en Ushuaia acusaron al barco Tai An, de la empresa Prodesur, de estar realizando pesca ilegal de merluza negra en cercanías a Tierra del Fuego. La denuncia y las demoras para que el barco regrese a puerto desataron un escándalo en la Cancillería Argentina, que terminó con la renuncia de un funcionario del área. La primera información que circuló hacía referencia a “un barco chino”, confusión generada a partir de la nominación del buque.
“Somos una empresa argentina, radicada en Tierra del Fuego y el barco es argentino”, explicó la vocera de la empresa Prodesur SA, dueña del Tai An. En la compañía aclararon que el principal accionista de la empresa es Liu Zhijiang, de ascendencia china nacionalizado argentino, y negaron que su barco haya realizado pesca ilegal merluza negra. “El buque no pescó ilegalmente, sino que hubo un exceso de captura. En ciertas zonas conviven a determinada profundidad la merluza polaca con la merluza negra. En cinco lances que lanzó el Tai An vino contaminada con merluza negra. El barco tiene capacidad de 130 toneladas en un solo lance, el barco pescó 3.400 toneladas, por lo cual lo que capturó de merluza negra representa menos del 5%. No fue pesca ilegal, sino incidental”, aseguran desde Prodesur SA.
El Gobierno resolvió aplicar una dura sanción contra la empresa Prodesur SA por haber pescado 139 toneladas de la codiciada merluza negra en la zona donde se encuentran ejemplares juveniles, sin contar con los permisos para realizar esa pesca -que tiene una cota total de 3600 toneladas, repartidas 3000 entre las firmas Argenova SA, Estremar SA y Pesantar-. La firma no podrá pescar por 45 días y se le aplicó una multa de $56 millones, que ya fue abonada, según confirmaron a este medio desde la empresa.
El kilo de merluza negra, salvo la cabeza y la cola, ronda los 24 o 25 dólares el kilo, contra 1,5 de la merluza común, según señalaron diversas fuentes a este medio.
Desde la empresa insistieron en que la actividad está reglada, controlada y fiscalizada y en que a bordo estaban los inspectores de pesca, que cada 72 horas envían informes a tierra. “No fue una acción deliberada, ni un delito como fue difundido”, explican los voceros y sostienen que los 45 días de multa sin poder salir de puerto es para la empresa una sanción muy dura, que afecta en forma directa a los 90 trabajadores que deben quedarse en tierra y pierden ingresos.
Tras la sanción, reclaman recuperar las cuotas de merluza negra que supo tener el Tai An entre 1996 y 2019. Desde Prodesur aseguran que las cuotas fueron transferidas de manera irregular a otra pesquera que tenía el buque alquilado y ahora las quieren recuperar. También piden que las autoridades revean los límites fijados para la pesca incidental. Temas pendientes que tiene el Consejo Federal para tratar.

Despidos en el Inidep
Mientras el CFP no se conforma, en el máximo organismo científico del Estado que investiga y aconseja sobre el recurso pesquero, el Inidep, el miércoles pasado notificó la no renovación de los contratos de 35 trabajadores del sector. La Asociación de Profesionales del Inidep denunció, a través de un comunicado oficial, que la no renovación de los contratos era solo el comienzo de la destrucción del sistema científico nacional.
Expresó su preocupación por la asfixia presupuestaria y financiera a la que están sometidas las instituciones científicas y académicas. Hizo un llamado al subsecretario de Pesca y Acuicultura, López Cazorla, para revertir la decisión y garantizar la continuidad de las actividades científicas en el Inidep. “Usted ya sabe que el Inidep está operando con una dotación por debajo del mínimo requerido para su funcionamiento óptimo”, afirmó. “También es consciente que el presupuesto actual del instituto impedirá la realización de muchas de las tareas científicas y las campañas de investigación que se requieren para un adecuado asesoramiento a la Administración Pesquera”, le dijeron los profesionales asociados.
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Motosierra en Parques Nacionales: qué efectos tiene despedir a esos 1.200 trabajadores

Fecha de Publicación: 28/03/2024
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Nacional


La Administración de Parques Nacionales se declaró en estado de “alerta y movilización” y peligra la apertura de estas áreas protegidas durante Semana Santa, un momento clave para el turismo en las provincias.
Javier Milei exigió a sus ministros un recorte en la cantidad de empleados públicos que tiene hoy el Estado Nacional. Esta medida se encuadra dentro del “Plan Motosierra” y afectaría al personal cuyos contratos habían sido prorrogados por tres meses y vencen este 31 de marzo.
Es por esto que trabajadoras y trabajadores de la Administración de Parques Nacionales (APN) declararon el estado de alerta y movilización frente a la posibilidad de desvinculación de más de 1.200 personas.
“En Parques Nacionales trabajamos con la convicción de que nuestra función aporta al cumplimiento de los derechos constitucionales de la sociedad argentina. Realizamos tareas que son fundamentales para la protección del ambiente a través de la gestión y conservación de las áreas protegidas y la promoción del desarrollo local de las comunidades vecinas”, afirman desde ATE en un comunicado.
“Reducir el personal de la APN constituye un retroceso en la política ambiental nacional y se contrapone a la agenda internacional, que propone el aumento del territorio protegido y su gestión eficiente”, aseguran.
La conservación del ambiente en Argentina es sostenida por trabajadores que se encuentra en cada rincón del país.
Virginia Gallardo es delegada de ATE y trabajadora del Parque Nacional Lanín, en la provincia de Neuquén. Allí se encargan de cuidar tres especies de árboles que no se conservan en ninguna otra área protegida del país: el Pehuén, el Raulí y el roble Pellín.
“También trabajamos en estrategias de conservación para mejorar el hábitat del huemul (considerado monumento natural nacional y especie en peligro de extinción). Damos asistencia a pobladores en producción sustentable. También activamos una primera respuesta ante eventos naturales como puede ser la erupción Volcán Puyehue, inundaciones, aludes y enfermedades zoonóticas como hanta virus o gripe aviar”, cuenta Virginia a Vía País.
Además, los trabajadores de Parques Nacionales son quienes gestionan un plan de manejo del fuego que implica la extinción de incendios forestales y se encargan de la gestión de sistemas de alerta temprana y la prevención de los mismos.
“Otra de nuestras tareas es la de conservar las cabeceras de cuencas hídricas de donde sale el agua que consumen gran parte de los neuquinos y rionegrinos”, explica Virginia.
Marcelo Rojas es geógrafo y trabajador de la Dirección Regional Patagonia Norte de Parques Nacionales. Allí se encargan de la protección de 717.261 hectáreas de Bosque Andino Patagónico y Estepa, de lagos, cursos de agua, flora y fauna que se encuentran en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
“Somos responsables de la habilitación, control y fiscalización de los servicios turísticos que se brindan en este territorio. De cuidar a la gente que viene y de fomentar el turismo”, dice Marcelo a este medio.
Es que la promoción turística de Bariloche se basa, en gran parte, en los atractivos del Parque Nacional Nahuel Huapi. Se estima que el 90% de los visitantes que arriban, visitan el área protegida. Esto genera un impulso económico para ocho ciudades y parajes de la región cordillerana y costera de la provincia por la existencia de los Parques Nacionales.
Por último, consultamos a Paula Werber, quien es integrante del departamento de Conservación y Educación Ambiental del Parque Nacional Lago Puelo
“Nuestro aporte al país es la protección de 27.674 hectáreas de Bosque Andino Patagónico. Este parque cuenta con un microclima en el que habitan especies que no se encuentran en otras áreas protegidas”, nos cuenta.
Además de realizar las tareas que detallaron a este diario sus compañeros, Paula explica a Vía País que en Lago Puelo se encargan del mantenimiento de sendas, caminos e infraestructura como son los miradores y puentes. Y realizan la gestión ambiental de obras viales de la provincia, analizando sus impactos y las posibles emergencias ambientales que generan, como son los derrames.

Qué pasa si la motosierra pasa
“No sobra nadie”, es la consigna que adorna pancartas y banderas en las entradas de los Parques. Esta es la frase elegida por los trabajadores para visibilizar su conflicto. “Nosotros no somos la casta”, nos explican, sin poder creer que el ajuste caiga sobre ellos.
“Cada uno tiene una función que es irremplazable. Acá no soba nadie, al contrario, nos falta gente”, asegura Marcelo Rojas.
“Si no se renuevan los contratos en el Lanín, el parque se quedaría sin 123 agentes de conservación, todos profesionales, personal calificado y especializado con un promedio de contratos de más de 15 años”, cuenta preocupada Virginia Gallardo.
Paula Werber, por su parte, nos explica la situación en el Parque Nacional Lago Puelo: “Somos en total 47 trabajadores, de los cuales 16 son contratados. Si hay despidos, no podríamos realizar nuestros trabajos. Estamos muy lejos de la planta óptima de trabajadores, sería impensado reducirla aún más. Nos quedaríamos sin combatientes de incendios forestales, poniendo en riesgo a todas las áreas protegidas, a los visitantes, así como también a las localidades que nos rodean en caso de desatarse un incendio forestal, como ha ocurrido tantas veces ya”.
Esta misma situación se replica en los 55 Parques Nacionales de todo el país.
“Si hay despidos, se dejaría sin resguardo el patrimonio cultural y natural del país, como también la seguridad del visitante y las miles de especies que protegemos”, aseguran desde ATE.

Peligra la apertura de Parques Nacionales en Semana Santa
Se aproxima un fin de semana largo, donde los Parques Nacionales de las distintas provincias son un atractivo para el turismo. Sin embargo, miles de familias podrían encontrar las puertas cerradas de estos territorios por medidas de fuerza gremial. En asambleas se debate que pasos seguir para que el Gobierno frene el ajuste sobre los trabajadores estatales.
Actualmente, se están realizando movilizaciones e intervenciones artísticas en las puertas de distintos parques, donde el personal cuelga carteles e intenta visibilizar este conflicto.
“Hemos visto gobiernos pasar y hemos defendido lo que es de todos y todos los argentinos”, asegura Virginia Gallado.
Y finaliza: “Lo que estamos haciendo es abrazar la soberanía de los recursos naturales y culturales de todos”.
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El Gobierno prohibió la pesca de merluza negra: escándalo, presiones, renuncias y un buque chino con una carga millonaria

Fecha de Publicación: 21/03/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Según trascendió, el ahora exfuncionario recibió un llamado intimidatorio por parte de la cartera dirigida por Diana Mondino para que diera marcha atrás con una denuncia por pesca ilegal.
A 100 días del comienzo de su gestión, el gobierno de Javier Milei se encuentra en una ola de escándalos por la renuncia del exdirector de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez. A esta situación se sumó la decisión gubernamental de suspender la pesca de merluza negra en el Mar Argentino, hasta tanto se aclaren los hechos que desencadenaron la salida del funcionario, tras las denuncias por un barco vinculado a dueños chinos.
De acuerdo a la denuncia que Suárez realizó al final de su estadía en el cargo, recibió presiones por parte de la Cancillería de pasar por alto intencionalmente a un buque con rótulo argentino, pero con dueños e inversiones chinas.
La renuncia de Suárez estaría vinculada a un tenso cruce con Cancillería por "amenazas" por el buque Tia An, una nave de bandera argentina, radicada en Tierra del Fuego, cuyo dueño es un empresario chino que vive en esa provincia dueño de la empresa Prodesur.
Prohíben la pesca de merluza negra: la denuncia que disparó el escándalo
Días atrás, el pesquero llamado Tai An, de matrícula 01530, estaba pescando en una zona prohibida la codiciada merluza negra. Surgió entonces un supuesto pedido de autoridades del Gobierno de desregular la pesca en el país. La presión implicaba un pedido de intervenir en favor del buque chino que pesca merluza negra en el Mar Argentino, en el sur del país.
El pesquero se llama Tai An de matrícula 01530, y es el buque más grande de la argentina. El mismo es gestionado por Prodesur S.A, pero con inversiones privadas de Lui Zhijiang, un hombre de origen chino pero naturalizado argentino hace más de 30 años. Liu está radicado en Tierra del Fuego, misma provincia el cual el buque se encuentra domiciliado.
El Tai An no tiene permitido pescar Merluza Negra, un pez que se encuentra en la zona de Tierra del Fuego. Es por esto que, luego de que Julián Suárez dé aviso a su superior sobre la situación, habría recibido un aviso desde Cancillería exigiendo de que se dé marcha atrás con la denuncia.

Julián Suárez denunció presión de Cancillería
Las empresas denunciantes son Argenova S.A., Estremar S.A.U. y Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida S.A. (Pesantar). Estas tres empresas, que tienen barcos pesqueros, están habilitadas para pescar Merluza Negra. Son quienes alertaron sobre la situación irregular en el barco Tai An. Desde Prodesur alertan que en realidad es un intento de volver al monopolio.
A diferencia del resto de las empresas, Prodesur tiene permitido pescar todo menos especies particulares como la merluza austral, langostino o la propia merluza negra. De este último se encontraron 142 toneladas a bordo. Esta especie se encuentra en una cadena de equilibrio delicado de ecosistema. Si se pesca sin medida, puede afectar enormemente el ecosistema, generando la extinción de la propia especie.
Según informó el medio especializado Revista Puerto, la cartera conducida por Diana Mondino presionó al funcionario de Pesca luego de que éste decidiera hacer volver el barco al puerto por pesca ilegal con la captura de 142 toneladas de merluza negra.
Ante esta situación, Suárez denunció que recibió llamadas intimidatorias de Pablo Ferrara, funcionario de Cancillería y sobrino de Mondino, para que diera de baja esta orden.
El mismo medio agregó que además "le pidieron, el viernes pasado, que confeccionara una lista con cincuenta nombres para ser despedidos y que preparara una desregulación, eliminando las resoluciones y disposiciones establecidas por la Secretaría de AGyP y la Subsecretaría de Pesca desde 2019 a 2023".
Un nuevo funcionario presentó su renuncia al Gabinete de Milei y ya son 15 bajas en 100 días de gestión
"Me dirijo a usted con el fin de presentar mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha, siendo este el último día trabajado, en el cargo de Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA", señala la nota de renuncia dirigida al subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla.
Suárez trabaja desde hace 15 años en el área y estuvo al frente durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, la gota que colmó la paciencia y por la que decidió renunciar fue la llamada recibida para interceder a favor de un barco pesquero llamado Tai An.
Cazorla tomó intervención en el caso y ordenó que no regrese, pero que se mantenga fuera de la zona de veda de la merluza negra.
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Las ONGs ambientales reclaman un cambio de políticas ecológicas

Fecha de Publicación: 20/03/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


En un contexto de crisis ambientales recurrentes por eventos extremos –sequías, olas de calor, tormentas e inundaciones frecuentes– varias ONGs especializadas reclamaron a las autoridades que actualicen la estrategia nacional sobre cambio climático. Las medidas.
Olas de calor extremo en varias provincias, inundaciones por lluvias torrenciales en el GBA y nubes de mosquitos transmisores del dengue en medio país fueron tres temas que ocuparon la centralidad mediática en apenas una semana. Y todo indica que seguirán siendo recurrentes en los próximos meses.
A esto se le suman datos como la decisión de eliminar el Ministerio de Ambiente y el hecho de que, según ONGs especializadas, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud cayó 40% en lo que va del año.
Ante esta agudización de eventos que afectan a la salud pública las organizaciones están resaltando la necesidad urgente de cambios en las políticas públicas de este tema: piden actualizar las estrategias y las políticas nacionales relacionadas con el cambio climático y la salud.
“Tenemos que entender que el cambio climático está íntimamente ligado a la salud. Un ejemplo es el aumento de la temperatura que provoca una expansión de las zonas geográficas donde habitan mosquitos. Y las lluvias abundantes facilitan su proliferación”, le dijo a PERFIL Camila Mercure, especialista e integrante del área de “Política Climática” en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Y la especialista agregó “necesitamos encarar medidas que no solo aborden la “adaptación al” y “la mitigación del” cambio climático. También debemos darle prioridad a temas de salud pública”.
Según Mercure, uno de los problemas a resolver, y que también está en plena crisis, es el del financiamiento. “Se necesita mucho dinero para estas situaciones. Y en este momento no hay plata, por lo que no se están implementando las políticas necesarias para lo que viene”. Los expertos proponen buscar nuevas fuentes de financiamiento.

Puntos a considerar
Los planes actuales –muchos de ellos hoy en pausa– proponen puntos concretos para mejorar la educación y destacar la relación íntima que hay entre cambio climático y salud pública. Por ejemplo, los programas ya trazados proponían mejorar los sistemas de alerta temprana ante inundaciones. Y cómo abordar la salud en esa instancia, que –aparte de sacar a la gente del riesgo inmediato– debería contemplar, temas como el manejo de residuos y campañas de descacharramiento que  inicien apenas baja el agua, antes de que surjan nuevas camadas de mosquitos.
Los expertos sintetizaron: “Argentina necesita ya políticas integrales. Y el Gobierno debe actualizar la estrategia nacional sobre salud y el cambio climático”. Entre estas necesidades urgentes destacan implementar el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, iniciar un gran ordenamiento ambiental, hacer mejor vigilancia epidemiológica y retomar las campañas de prevención. Finalmente se necesita un mapa de riesgo que identifique las zonas más proclives a sufrir estos impactos.
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Denuncian a Javier Milei en Córdoba por derogar la Ley de Tierras: "Muestra crueldad, intolerancia y desconocimiento"

Fecha de Publicación: 18/03/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


La presentación quedó radicada en la Justicia federal de la provincia, y fue realizada por un profesor de UNC con el patrocinio legal de un ex juez.
El presidente Javier Milei sumó en las últimas horas una nueva presentación judicial por la derogación de la Ley de Tierras contenida en el DNU 70/2023, que ayer rechazó el Senado. El mandatario fue denunciado en la Justicia Federal de Córdoba, ya que su decisión, plantearon, es violatoria de tratados y convenios internacionales.
La presentación fue ante la Fiscalía de Turno, y la firmó Raúl Montenegro, docente de la Universidad Nacional de esa provincia. El denunciante planteó en su presentación que la derogación permitiría la venta ilimitada de bosques nativos, glaciares y yacimientos minerales, entre otros, a personas y corporaciones extranjeras, lo cual contraviene normativas ambientales y de consulta a comunidades indígenas.
Todo ello, violatorio del Tratado de Escazú y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas.
La aludida ley ponía un límite del 15% a la compra de tierras por manos extranjeras. Ese porcentaje era a nivel del territorio nacional, provincial y departamental, con equivalencias fijadas en cada provincia, lo que lo tornaba en términos de hectáreas y productividad.

Qué dice la denuncia
Para los denunciantes, esa situación pone al presidente ante la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita. Por eso pidió a la Justicia que investigue cómo se elaboró el DNU que deroga la Ley de Tierras, en particular si participó o no el asesor Federico Stuzenegger y otros consultores, "y si estos mantuvieron contactos previos con personas y empresas que pudieran beneficiarse con la derogación de esa ley".
No es la primera vez que surge un cuestionamiento contra la derogación de la Ley de Tierras. Hace algunas semanas, por ejemplo, la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (Fipca) pidió que se declare inconstitucional de la normativa. Incluso, el Poder Judicial llegó a suspender la derogación de la ley, pero otro tribunal suspendió la cautelar que lo disponía.
"Al derogar la Ley de Tierras, que limitaba la compra de propiedades por personas y corporaciones extranjeras, el presidente Javier Milei puso una ilimitada bandera de remate para bosques nativos, glaciares, zonas con abundante agua subterránea y yacimientos de minerales valiosos", planteó el denunciante en la presentación.

Ministros, denunciados
La presentación no sólo apunta al presidente. También aparecen entre los denunciados el jefe de Gabinete Nicolás Posse, los ministros y ministras Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Relaciones exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Andrés Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Antonio Russo (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Guillermo José Ferraro (ex Infraestructura y Sandra Pettovello (Capital Humano).
En la presentación, el denunciante calificó como "salvaje e insensata" a la "política de destrucción" de organismos estatales que se dedicaban al control de las actividades explotadas por empresas privadas.
"Le dan impunidad a las megamineras, a las industrias contaminantes y al agronegocio. No es posible que décadas de luchas sociales exitosas y un responsable trabajo parlamentario sean destruidas por una persona que muestra crueldad, intolerancia y desconocimiento de la crítica situación socio-ambiental que enfrenta la Argentina",
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Greenpeace ve biodiversidad de Argentina amenazada por el negacionismo y Gobierno de Milei

Fecha de Publicación: 13/03/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La organización ecologista Greenpeace alertó este domingo que la biodiversidad argentina está amenazada por los "negacionistas" de la crisis climática y por acciones del actual Gobierno liderado por el presidente Javier Milei, que ha "exacerbado" esa conducta y el "proextractivismo".
Así lo aseguró en una entrevista con EFE el argentino Hernán Pérez Orsi, del departamento de Investigación de Greenpeace en Argentina, y que es parte de la expedición científica que la organización ambientalista realizada actualmente a bordo del barco Arctic Sunrise en las Islas Galápagos (Ecuador) para estudiar las profundidades del mar.
El activista recapituló que a principios de este siglo se consiguieron en Argentina leyes ambientales fundamentales, como la de glaciares, que fue modelo para replicar en lugares que tenían las mismas condiciones, como "reservorios de agua dulce en forma de glaciares y expuestos a la industria extractiva de la minería".
Pérez Orsi añadió que el modelo productivo agropecuario había "atropellado el bosque nativo" con una tasa de deforestación "inaudita".
Y con ello, se puso en peligro la que es -junto con el Amazonas- la reserva de oxígeno del continente suramericano: el bosque del Chaco, que comparte Argentina con Paraguay, Brasil y Bolivia, pero Argentina logró la aprobación de la ley de bosques, apuntó antes de mencionar otros avances.
Pero "parece que, de un plumazo, este debate, esta maduración societaria en cuanto a los desafíos que este siglo presenta, se borra, y pasamos a un modelo extractivista que tiene una mirada anclada en el siglo XIX o principios del siglo XX, donde todo lo que está en la naturaleza es para explotar".
Argentina tiene variados ecosistemas, como los glaciares, bosques nativos, la selva misionera, las llanuras, la pampa argentina, que son sitios "muy importantes para el depósito de carbono".
Además, cuenta con "el mar argentino, que tiene una plataforma continental de las más grandes del mundo en cuanto a la extensión de su zona fótica, donde penetra la luz", dijo al agregar que esta es "responsable de un tercio de la captura de carbono del país".
El activista opinó que ahora Argentina está inmersa en un debate "medieval, en el sentido de la negación del cambio climático, de la pérdida de la biodiversidad fundamental, y el rol de Argentina como agente de producción de bienes ecológicos".
Su país -sostuvo- tiene una gran responsabilidad al manejar el bosque nativo, los glaciares, "que son fundamentales para que, en el futuro, se pueda contar con agua dulce en la región".
Y consideró que la situación actual representa un "toque de alarma" pues "es un peligro inminente para que se avance con una visión extractivista sobre los recursos naturales" que "son de las generaciones futuras". En cierta forma -insistió- la biodiversidad argentina "está amenazada" por los negacionistas.
"Hay una fuerte corriente de negación del cambio climático, de negación de los efectos de la pérdida de biodiversidad y del efecto que tienen sobre la naturaleza las industrias extractivas, y también un interés en posar sus garras en bienes naturales que son de uso común y que deberían ser prioridad" para la protección.
Y señaló que la nueva Administración, liderada por Javier Milei, ha "exacerbado esta conducta negacionista y proextractivista".
"Definitivamente está empujando, haciendo mucha fuerza de 'lobby' sobre otras fuerzas políticas en función de conseguir sus objetivos de demolición de las leyes de protección ambiental", añadió.
Pérez Orsi denunció además, "un ataque directo" a los activistas: "Están, inclusive tildando a las organizaciones ambientales, entre ellas Greenpeace, como organizaciones terroristas".
Para el activista, Argentina está ante el reto de defender lo ya logrado, la legislación ambiental "que es pionera en la región en muchos aspectos, que ha consagrado la protección de los bosques nativos, de los glaciares".
Más allá de eso, ve prioritario defender a quienes "se tornan en voceros del medio ambiente, que defienden los territorios, las comunidades, la forma de vida de las personas que están en contacto directo con la naturaleza, y la naturaleza mismo".
Cree indispensable que haya "consulta, un proceso de estudio y de consenso con la población y una defensa explícita", que "no se tomen decisiones en un despacho de un funcionario, que terminen afectando al ambiente y las generaciones".
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Más hidrocarburos y menos renovables

Fecha de Publicación: 12/02/2024
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: Nacional


Las empresas hidrocarburíferas mantienen un régimen de privilegios que en 2023 les otorgó más de 150.000 millones de pesos, según un relevamiento de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Bajo el argumento de promover las exportaciones y el libre mercado, las medidas adoptadas por el actual Gobierno potencian esos privilegios y desincentivan la transición hacia fuentes de energías renovables, en contra de los compromisos asumidos para reducir los efectos del cambio climático.
Mientras que los consumidores reciben cada vez menos subsidios para acceder a servicios energéticos y de transporte, y deben afrontar el impacto de la inflación y la liberación del precio de las naftas, las empresas hidrocarburíferas mantienen un régimen de privilegios que en 2023 les otorgó más de 150.000 millones de pesos. Así lo revela un informe elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Natuales (FARN), que analiza los subsidios destinados a la energía, con foco en aquellos destinados a la oferta y demanda de combustibles fósiles.
“Lo primero que vemos es que siempre se habla del recorte de subsidios a la demanda, pero no se habla del recorte a la oferta. En este punto no hay grieta entre gobiernos. De hecho, las grandes empresas que son beneficiarias de estos subsidios también tienen otros beneficios”, afirma Guillermina French, una de las autoras del trabajo, que forma parte del equipo de Investigación de FARN.
Es el sexto año consecutivo que esta ONG ambientalista realiza este tipo de informes, en los que diferencia entre los subsidios orientados a la demanda, es decir a mantener tarifas asequibles al público, de aquellos que reciben las empresas hidrocarburíferas que constituyen la oferta. Al respecto, por ejemplo, el último documento publicado detalla que, si bien en 2022 los subsidios a la oferta de combustitbles fósiles fueron menores a los destinados a la demanda, por primera vez en varios años, en el 2023 (así como lo proyectado en el presupuesto para 2024), estos tienden a privilegiar los subsidios directos a las compañías.
“Hace 10 años que se incentiva Vaca Muerta con el argumento de que atraerá divisas que ayudarán a palear la pobreza, pero los indicadores muestran lo contrario: en Neuquén, por ejemplo, que es donde está situada Vaca Muerta, se registró un aumento del 8,5% de la pobreza durante los últimos 5 años”, puntualiza French y agrega que otro de los argumentos que tampoco se ve reflejado en los indicadores es que estos incentivos se vinculen con resolver los problemas macroeconómicos del país.
Además, estos subsidios y privilegios otorgados a la oferta se convierte en ganancias para las empresas. Según el documento, en 2022 estas representaron el 5% de los resultados de YPF, mientras que ese porcentaje ascendió a más del 55% y más del 66% para Tecpetrol y Compañía general de Combustibles, respectivamente.
“Otra cuestión es que los subsidios a la oferta benefician a una veintena de empresas, y se trata de un monto muy similar al de los subsidios destinados a los consumidores, que ayudan a la gente a acceder a la energía, que es un derecho”, cuestiona French y detalla que, además, el monto de los subsidios a la oferta que recibieron las empresas en el 2022 fueron equivalentes a más de un 100% de lo que recibió el Ministerio de Ambiente y aquellos entregados en los primeros meses del 2023 representaron alrededor del 40% del presupuesto vigente de ese mismo ministerio. Al respecto, el documento agrega que también representaron casi tres veces el monto que el entonces Ministerio de Salud ejecutó para la prevención y el control de enfermedades crónicas no transmisibles, que son responsables del 73% de las muertes que se producen en el país.
El documento advierte sobre los impactos ambientales de la extracción de combustibles fósiles y la necesidad de promover la transición energética y reorientar los estímulos hacia la adopción de fuentes de energías renovables, algo que fue eliminado en el mega DNU del Poder Ejecutivo, que todavía espera ser aprobado por ambas cámaras del Congreso.

Subsidios, contaminación y pobreza
Sobre el método de extracción no convencional, el documento advierte que las fracturas tienen un promedio de duración, entre que se abre y se cierran, de apenas 15 días. Para generarlas, se necesitan millones de litros de agua con químicos y arena, que además generan aguas residuales. Entre 2019 y 2022, por ejemplo, YPF SA fue la responsable de utilizar el 99,99% de los 133.466.495 miles de millones de m3 de agua inyectada.
Para dimensionar esta cifra, el trabajo de FARN hace un cálculo teniendo en cuenta el consumo promedio de un habitante de la ciudad de Buenos  Aires, que es de 180 litros de agua por día: “Al considerar a toda la población argentina, surge que en un año se consumen 3000 millones de m3 de agua, lo que representa un 0,000002% del agua utilizada por el fracking”, advierte el documento.
Además, desde que empezó este tipo de extracción no convencional, las zonas aledañas han comenzado a sufrir sismos inducidos. Por ejemplo, en la localidad de Sauzal Bonito, adonde no se habían registrado sismos por más de un siglo antes del inicio de las actividades en Vaca Muerta, ya sufrieron más de 400 sismos durante la última década. A todo esto hay que agregarle la contaminación del aire que generan las fugas y emisiones de gas metano que se producen en estos pozos.
En total, durante los últimos 8 años, se generaron más de 30.000 fracturas, de las cuales 25.805 fueron generadas por YPF, seguida por Tecpetrol, que generó 4673. Ambas empresas, en conjunto y tal como lo detalla el informe, fueron las que más subsidios han recibido en los últimos años.
“Todo esto nos plantea qué modelo de desarrollo queremos, qué beneficiamos o priorizamos como país”, destaca French, y advierte que estas medidas que favorecen aún más a la actividad hidrocarburífera, en vez de a las de energías renovables, se dan en un contexto de crisis económica y emergencia climática.
“Hasta ahora no vemos los resultados que prometen pero sí sabemos que existe la posibilidad de redireccionar todos esos beneficios hacia las energías renovables, que han disminuido costos, que se ha probado que benefician al desarrollo local y que incluso tienen mejores indicadores respecto al trabajo”, advierte French. Y concluye: “Desde FARN abogamos por la redirección de los subsidios porque entendemos que la energía es un derecho, y entendemos que el Estado tiene que estar presente pero no de la forma en que lo está en la actualidad. Hay alternativas y no se están explotando”.
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Fuerte dato: el gobierno de Milei logró batir récords al aprobar un transgénico cada diez días

Fecha de Publicación: 10/02/2024
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Nacional


Nunca otro gobierno habría imprimido tanta velocidad a la aprobación comercial de nuevos transgénicos
El gobierno de Javier MIlei no ha podido lograr que el Congreso le cediera superpoderes para gobernar como quería. Pero en apenas 60 días de gestión, ha logrado batir un récord impensado: aprobó en promedio un nuevo OGM (Organismo Genéticamente Modificado) cada diez días.
Nunca otro gobierno habría imprimido tanta velocidad a la aprobación comercial de nuevos transgénicos. Pero desde el 10 de diciembre (en realidad, desde el 2 de enero, cuando empezó esta saga), la Secretaría de Agricultura avaló la salida al mercado de cinco eventos de levaduras modificadas para mejorar la elaboración de bioetanol y una bacteria modificada para hacer una vacuna para porcinos. Ahora, con la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 3/2024, volvió a lo tradicional, con la autorización de una soja transgénica resistente a herbicidas. Es una variante de la famosa Xtend de Monsanto, que de todos modos no podrá ser sembrada en el país sino solamente importada.
Lo curioso es que se trata de una soja OGM que estaba bajo análisis por lo menos hace ocho años y que nunca se autorizó para la siembra, al punto tal que el expediente había sido presentado por la empresa Monsanto, que en 2018 fue vendida a la alemana Bayer y que incluso anunció que levantaba sus líneas de investigación en semillas de soja de la Argentina, por falta de un régimen que le garantizara la propiedad intelectual de sus desarrollos. Incluso la ex Monsanto llegó a destruir sus ensayos locales en septiembre de 2016.
La disposición, de nuevo firmada por el subsecretario de Bioeconomía, Pablo Nardone, una suerte de alter ego del secretario Fernando Vilella, autorizó la comercialización en el país de una nueva variedad de soja con modificaciones genéticas, que acumula los eventos MON-87751-7 x MON-87701-2 x MON-87708-9 x MON-89788. Estos permiten que ese cultivo resista la aplicación de varios agroquímicos de acción herbicida: el famoso glifosato, el glufosinato de amonio pero también el Dicamba.
Una curiosidad es que esta aprobación no implica que los productores argentinos tendrán en su poder un nuevo material para sembrar. Según admite la Secretaría de Agricultura en un comunicado, el aval oficial correrá “con fines exclusivamente agroindustriales a solicitud de la empresa solicitante. La misma no está autorizada para ser sembrada”.
¿Y para qué aprobar un transgénico que no va a poder ser utilizado? Para facilitar las importaciones de soja, que este año llegaron en gran cantidad luego del quiebre productivo de la campaña 2022/23, cuando la producción local de soja cayó a la mitad. En 2023, según informó Bichos de Campo, las importaciones del poroto desde países vecinos llegaron a la cifra récord de 10 millones de toneladas. La mayor parta de esas cargas provenían de Brasil, donde ese evento está autorizado desde 2018, y de Paraguay, donde esa variedad de soja se aprobó en 2022.
Es decir que esa soja OGM, una variación de la Xtend lanzada por Monsanto hace varios años para incorporar la resistencia al Dicamba, solo puede ser utilizada por la industria aceitera (la gran pregunta es si no lo hicieron antes de esta probación y ahora sacan esta resolución para cubrir embarques ya realizados). Para eso se desempolvó la vieja razón social Monsanto Argentina SRL, que según el Boletín Oficial “solicitó mediante la nota de fecha 10 de octubre de 2023 la autorización comercial de la acumulación de eventos de soja MON-87751-7 x MON-877Ø1-2 x MON-877Ø8-9 x MON-89788-1, con el objetivo de utilizar dicho material como materia prima para el procesamiento agroindustrial y con fines de uso alimentario humano y animal”.
El propio Nardone reconoció que este permiso contribuye a mejorar la oferta de poroto de soja proveniente de otros países y “podrá maximizar el aprovechamiento de la amplia capacidad instalada en la Argentina. Esto es muy importante en caso se demande para exportación o consumo interno, una mayor cantidad de materia prima para obtener harinas, aceites u otros productos derivados de la soja”, añadió.
La Argentina ya había aprobado en 2018, unos días después de la venta de Monsanto a Bayer, el uso para fines industriales de soja proveniente de los eventos MON-877Ø8-9 x MON-89788-1 y su parental MON-877Ø8-9, con el objetivo exclusivo de ser utilizados como materia prima para su procesamiento agroindustrial”. En aquel momento, otra sequía de menor talante que la que afectó a los productores locales en 2023, perjudicó la oferta local del poroto hacia las aceiteras.
Agricultura explicó que esta nueva soja aprobada (que suma eventos de resistencia a aquella), “desde el punto de vista agronómico, brinda protección contra insectos lepidópteros -plagas comunes en el cultivo- reduciendo así la dependencia de insecticidas en su manejo. Simultáneamente, la combinación de resistencia a los herbicidas Dicamba, glufosinato de amonio y glifosato permite un manejo más inteligente del cultivo y la aplicación diferencial de herbicidas de manera optimizada”.
De todos modos, esa descripción solo sirve para que los productores locales se queden con las ganas, porque aquí esa soja no podrá ser sembrada.
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Ley ómnibus: aseguran que hubo "mucha improvisación" en el capítulo de biocombustibles

Fecha de Publicación: 10/02/2024
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional


El presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), Juan Facciano, aseguró que se acercaron propuestas y no hubo devoluciones
"Hubo mucha improvisación y ambigüedad a la hora de dar respuestas, por eso no sorprendió lo que pasó". Así resumió el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), Juan Facciano, el retroceso de la ley ómnibus, proyecto que volverá a discutirse en comisiones al no llegar a un acuerdo entre el oficialismo, los legisladores "dialoguistas" y las provincias. También aseguró que de las propuestas elevadas para mejorar el proyecto inicial, sin alterar cuestiones pretendidas por el Ejecutivo, pero no hubo caso.
En declaraciones al programa Todos en La Ocho, Facciano recordó que desde el primer día, las principales provincias productoras de biocombustibles presentaron no menos de una decena de propuestas que mejoraban y modificaban el capítulo de los biocombustibles, sin alterar la sustancia ni concepto.
"No sé si hubo impericia o mala práxis, pero hubo mucha improvisación y ambigüedad a la hora de ofrecer respuestas. No había confirmación por sí o por no; si esto lo llevás al resto de los capítulos de la ley ómnibus, no debería sorprender lo que pasó", evaluó el referente de los biocombusitbles a nivel provincial.
Respecto al capítulo que involucra a su sector, sostuvo que "eran cuestiones que hacían superador al proyecto que pretendía el Ejecutivo. Y como no nos convencía, hasta la misma tarde de este martes se acercaron alternativas que las provincias consideraban superadoras y no afectaba la esencia de lo que quería el gobierno".
Agregó que "la diferencia mínima estaba en porcentajes de corte de mezcla obligatoria y participación de industria petrolera, pero nada que contrarreste al proyecto original".
A su vez, cuestionó la falta de criterio del Ejecutivo a la hora de establecer un proyecto, congruente y sólido. "La primera propuesta respecto a la segunda era sumamente radical porque una implicaba la desregulación absoluta del sector para que la industria petrolera decida a su antojo si utilizaba o no los biocombustibles en un país donde más del 30% del gasoil que se consume es importado y asumió tratados internacionales por el cambio climático; Pero una semana después, presentaron un proyecto que se empezó a pulir y discutir y era totalmente distinto", señaló.
Ocurrió que ese capítulo original relacionado con el biodiesel era el que más dañaba a Santa Fe, que es donde se encuentra la mayor cantidad de plantas productoras. Y si bien el nuevo articulado recoge mejoras propuestas por empresarios y funcionarios provinciales, las pymes del sector pidieron “mayor claridad” en su redacción y reglas que aseguren su continuidad frente al ingreso de las grandes empresas al mercado.
Santa Fe tiene 19 plantas de elaboración de biodiesel, que representa el 82% de la producción nacional y que generan empleo y valor agregado en origen. El sector viene de atravesar un año complicado por la sequía, la baja de cortes y la desaceleración económica. Así, llegó a tener máximos de capacidad ociosa.
El nuevo texto que el Ejecutivo había enviado al Congreso presentaba muchas diferencias con el original, que prácticamente diezmaba al sector. Se garantizaba un piso de mezcla obligatoria de biodiesel con gasoil: 10% cuando se apruebe la nueva ley, al 11% en 2025 y al 12,5% a partir de 2026.
Desde ese piso, y en un plazo de no menos de tres años tras la aprobación del nuevo régimen, el gobierno propondrá al Congreso elevar el corte al 15%. En ese punto, podrán entrar al negocio las empresas petroleras, por el volumen excedente de esa tasa y con un tope del 15%.
"Hasta último momento estuvimos esperando una devolución de parte del gobierno y eso no ocurrió", concluyó.
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Advertencia de la ONU al Gobierno de Milei por la protección de los bosques y glaciares

Fecha de Publicación: 09/02/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La comunicación salió desde la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, con fecha del 5 de febrero, un día antes de que el Gobierno de Javier Milei decidiera retirar la Ley Ómnibus del recinto de la Cámara de Diputados para que vuelva a ser tratado en comisiones. Fue enviada a la Misión Permanente de la República Argentina para ser remitida con carácter urgente a la canciller Diana Mondino.
El contenido de la carta, firmada por cinco relatores sobre derechos humanos del organismo, es una advertencia sobre el capítulo ambiental de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más precisamente con respecto a la protección de los bosques y los glaciares.
"Algunas disposiciones del proyecto de Ley Ómnibus tienen un carácter regresivo, con respecto a la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, así como la protección de los bosques nativos. Asimismo, la propuesta Ley Ómnibus podría afectar el legítimo ejercicio de derechos y libertades esenciales para la democracia, la toma de decisiones en materia ambiental, y las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales", señala el texto.
La Ley de Glaciares (Ley 26.639) fue promulgada en 2010 con el propósito de preservar los glaciares y ambientes periglaciares, fundamentales como fuentes de recursos hídricos. Las modificaciones introducidas en el proyecto de Ley Ómnibus generaron un amplio rechazo por parte de científicos, especialistas y organizaciones ambientales.
"La afectación de los glaciares y el ambiente periglacial podría aumentar los riesgos e impactos adversos de eventos catastróficos asociados al cambio climático como los ciclos de sequía e inundaciones", señalan los relatores Marcos A Orellana, David R Boyd, Mary Lawlor, José Francisco Cali Tzay y Pedro Arrojo-Agudo.
También hacen una mención especial a la situación de los bosques, que se verían en riesgo con el texto tal como está redactado ahora: "El proyecto de Ley Ómnibus permitiría el desmonte en las zonas categorizadas como rojo y amarillo, mientras que aquellas categorizadas como verde; se eliminaría el requisito de la evaluación de impacto ambiental, y por ende se eliminaría la participación ciudadana, todo lo cual resultaría en una regresión en los niveles de protección del bosque nativo".
La carta es “un severo llamado de atención que realiza la comunidad internacional al Congreso de la Nación para que no se avance en las reformas a las normas ambientales, principalmente en materia de protección de bosques y de Glaciares, en tanto califican a estas reformas como regresivas en materia de protección de derechos ambientales”, así lo explicó a Clarín Andrés Nápoli, Director Ejecutivo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
"Para los relatores las reformas propuestas a estas leyes contradicen los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en un conjunto de tratados internacionales", agregó.
Nápoli explicó que al quitar la protección del ambiente periglaciar "pueden poner en grave riesgo el derecho de acceder al agua de un conjunto importante de comunidades y personas en Argentina".
Además, menciona la preocupación expresada por un grupo de científicos, en su mayoría del IANIGLIA, quienes instan al Congreso a no modificar la Ley de Glaciares, ya que estas alteraciones podrían afectar las reservas hídricas estratégicas, especialmente en el contexto de cuencas hídricas cordilleranas ya exhaustas debido al cambio climático.
Para Nápoli, la comunicación de la ONU pone de manifiesto "la gravedad que podría suponer la aprobación de las reformas. Lejos de impulsar las inversiones contribuirán a potenciar los conflictos sociales y ambientales que subsisten en Argentina desde hace ya más de 20 años, al tiempo que promoverán un conjunto indefinido de reclamos tanto en la justicia local como en los foros internacionales”.
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La Justicia suspendió la derogación de la ley de Tierras prevista en el DNU de Javier Milei

Fecha de Publicación: 31/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar pedida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y suspendió preventivamente el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras.
Además, el magistrado ordenó inscribir un proceso colectivo y le pidió al Poder Ejecutivo Nacional el informe previsto en la ley 16.986 en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la resolución.
“En el reglamento atacado, se invocó como menester la derogación de la Ley 26.737 (llamada Ley de Tierras), no obstante se omitió brindar fundamentación adecuada sobre la relación subyacente que explicaría la forma según la cual, la abrogación de la norma, contribuiría a superar los problemas sociales y económicos que trasunta la Nación”, sostuvo Kreplak. Y agregó: “No se advierte entonces, prima facie, que el acto estatal impugnado (derogación de la norma legal) sea adecuado al fin que persigue el estado (superación de problemas sociales y económicos) y que el medio utilizado (Decreto de Necesidad y Urgencia) sea proporcionado y conducente a ese fin”.
La ley de Tierras limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. En concreto, establece que sólo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. Si la normativa se derogaba, entonces ya no habría límite y las negociaciones quedarían libradas a la voluntad de compradores y vendedores. Ese porcentaje también se aplica al territorio de cada provincia.
Además, hoy las personas extranjeras de una misma nacionalidad no pueden tener más del 30% de ese 15% total sobre las tierras rurales y en ningún caso pueden tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y en las que sean declaradas equivalentes.
Por otro lado, la ley advierte que está prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en nuestro país, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley. “Ello se considerará una simulación ilícita y fraudulenta”, sostiene el artículo 6 de la Ley. Esto significa, que si un argentino hace de testaferro de un extranjero para la adquisición de tierras por fuera de la ley, tendrá graves consecuencias legales.
La normativa contempla igualmente algunas excepciones. Pueden adquirir libremente tierras los extranjeros con más de diez años de residencia contínua y permanente en el país, así como aquellos que tienen hijos argentinos y demuestran que tienen una residencia de 5 años continua y permanente en el país.
También pueden comprar libremente las personas casadas o que conviven con un argentino o argentina desde 5 años antes de adquirir la tierra rural y que demuestran residencia permanente y continua. Es importante aclarar que se considera “residencia continua” cuando la persona está en el país más de 9 meses cada año.
Al momento de suspender la derogación de la Ley de Tierras, Kreplak objetó la modalidad utilizada por el Gobierno. “Finalmente, habré de destacar que prima facie, el reglamento impugnado no habría cumplido con los procedimientos esenciales y sustanciales para su dictado, ni posee el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico”, dijo.
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Confirman el nexo entre pesca de arrastre y cambio climático: por qué la Ley Ómnibus no busca salvar el mar

Fecha de Publicación: 31/01/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Los argentinos no dibujan el mar. No lo conciben como un espacio territorial soberano. El territorio, puesto a ser definido, resulta en un mapa contorno, repleto de golfos, cabos, penínsulas y bahías, pero más allá, dentro del agua, aunque existe una abundancia, pareciera para el inconsciente colectivo haber poco y nada. Nadie dibuja la Argentina incluyendo la llamada zona exclusiva económica, que se extiende hasta la milla 201 desde la costas del litoral atlántico. En conclusión, muy pocos saben que el 33% por ciento de territorio nacional es océano profundo y diverso. O pocos, además, recalan en que si las Islas Malvinas son argentinas -reclamo inalterable- es porque aquellos archipiélagos desconocidos y añorados se encuentran dentro de los límites de la Nación.
Como el mar es un espacio recreativo y vacacional, como prácticamente se ignora, casi nadie conoce lo que ocurre allí con el manejo, fuera de control, de los recursos naturales. Nadie sabe que la Argentina está comprometida a proteger el 30% de su superficie marítima para el año 2030, creando zonas protegidas de la amenaza extractiva. Nadie conoce que debajo de esa llanura ondulante y azulada ocurre, de modo sistemático y silencioso, un ecocidio. Un desmonte como los de los bosques nativos de Santiago del Estero y Salta, donde se suele violar la ley de bosques. Solo que aquí, en el mar (esta nota se escribe desde los confines de Chubut), no existe ley alguna y ese mecanismo llamado pesca de arrastre aniquila cientos de especies en pos de un negocio multimillonario que parece no tener techo.
Se viene hablando de la técnica porque la pujanza del ambientalismo está consiguiendo que el tema aflore. Los pescadores -tanto los trabajadores como los dueños del negocio- saben que manejan un recurso que se puede terminar.
Asumen por lo bajo que hay cosas para discutir, que las vedas que existen para ellos “son laxas”, que la coima es moneda corriente y que “se controlan a sí mismos” en un negocio que no tiene pausa. Financian la política, influyen sobre periodistas y legisladores. Saben que existe un sistema que los beneficia en detrimento de la naturaleza, que la rueda gira y no se puede detener.
Pescan langostino y en menor medida merluza, pagando por esas cuotas de pesca aranceles nimios. Tributan, según un consenso extendido, relativamente poco. Muchas empresas con bandera argentina están financiadas por capitales internacionales (chinos, españoles, taiwaneses, coreanos). El régimen pesquero está diseñado a la medida de los que ganan, sin fiscalización, con un criterio economicista pero sin parámetros de cuidado de la naturaleza: sin rangos de sostenibilidad.
La pesca exporta 2.500 millones de dólares por año. Flotas de barcos salen a diario desde Mar del Plata, Rawson, Trelew. Flotas amarillas y coloradas, que pasan la red, descargan producto en puerto y despachan al exterior el 95% de todo lo que traen. Casi nada de todo lo que se extirpa del mar se consume en la Argentina (La milla 201 es un tema aparte de todo el escenario aquí descripto).
Mar adentro, echan redes que pueden tener 18 metros de diámetro. Esas redes vuelven infladas como un globo naranja con toneladas de langostinos. En la barrida aplastan y matan todo tipo de especies. Esas especies se descartan, muertas, al mar. Esta semana se conoció el video de una de esas redes gordas a raíz de un descarte masivo de langostinos cometido por trabajadores portuarios de Rawson en una protesta de fines del año pasado. El descarte es como una doble matanza.
La pesca de arrastre tiene además un poderoso impacto climático. Los sedimentos marinos son una importante reserva de carbono y ayudan a mitigar el calentamiento global. Al degradar las redes el lecho marino, se liberan grandes cantidades de carbono que vuelven a la atmósfera.
Un estudio publicado este mes en la revista Frontiers in Marine Science ha descubierto que la pesca de arrastre es responsable de la emisión a la atmósfera de hasta 370 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, lo que la convierte en una práctica destructiva tanto para la vida oceánica como para el clima.
Según el artículo, la pesca de arrastre de fondo realizada entre 1996 y 2020 aportó 0,97 partes por millón de CO2 a la atmósfera. Si continúa como hasta ahora, los autores predicen que añadirá entre 0,2 y 0,5 ppm más de CO2 para 2030. Para contextualizar, la tasa de crecimiento del dióxido de carbono en la atmósfera aumenta actualmente una media de 2,4 ppm al año, según el informe 2023 Global Carbon Budget.
"El calentamiento global es como la muerte por 1.000 cortes. Son muchas fuentes distintas las que producen emisiones de CO2", afirma Enric Sala, ecólogo marino, explorador residente de National Geographic y uno de los autores del nuevo estudio. "Las emisiones de la pesca de arrastre de fondo son pequeñas comparadas con las que produce la quema de combustibles fósiles en tierra, pero todo, todo cuenta".
Para frenar esta práctica destructiva, los consumidores podrían esforzarse por evitar en el supermercado el pescado capturado con arrastre de fondo, pero Sala añade que, salvo en unos pocos casos concretos, esto puede no marcar la diferencia. En su opinión, el objetivo debe ser conseguir que las zonas protegidas restrinjan totalmente esta técnica de pesca. Crear zonas de veda.
Esa discusión comienza a ser incipiente en la Argentina. Un sector del ambientalismo y de la política trabaja para que el tema finalmente salte a debate. "Lo más lógico sería prohibir la pesca de arrastre de fondo en las zonas marinas protegidas", afirma Sala: "Empecemos por ahí", agrega. Pero la Argentina tiene su contexto específico. Un flamante presidente que quiere cambiarlo todo. Un oficialismo que abrió el debate por el lado equivocado. La Ley Ómnibus buscó modificar el régimen pesquero, sin atender ninguna de las cuestiones hasta aquí narradas.

Cambios en la ley de Milei
Una marcha atrás que no necesariamente implicará que las cosas mejoren. Así se lee desde el ambientalismo lo que ocurre con las modificaciones al régimen pesquero promovida por la Ley Ómnibus con la que el presidente Javier Milei se propone refundar la Argentina. Por presión de la industria y de las provincias costeras de la Patagonia, el Gobierno aceptó derogar los artículos que generaban enojo.
La modificación del régimen de pesca generó un gran debate público y parlamentario. Puso a los medios masivos de comunicación a hablar de pesca. Un tema no tocado. El debate se abrió por la arista impensada. Para los pesqueros, Milei remataba el mar argentino, lo concedía a los chinos que acechan en la milla 201. Abandonaba los puertos argentinos. Remataba la zona exclusiva económica.
“La base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita”, explica un experto del sector consultado por Clarín. “Así, un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”, agrega. Pide que no se revele su nombre porque es un “jugador fundamental”.
Las regalías por pesca de langostinos son de alrededor 0,3%. Las de merluza hubbsi son de alrededor el 0,15%. “Este es uno de los problemas que urge resolver. De esta manera el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras, incrementando los aranceles que pagan las empresas. Una gran confusión se produjo como consecuencia de la incorporación de la palabra internacional en el sistema de asignación de cuotas aun cuando el proyecto no modificaba la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad pesquera. Eso fue corregido”, dice el analista.
Esta palabra fue removida en la nueva versión de la ley, clarificando dicha confusión. Respecto al proyecto inicial también se modificó el artículo 7 y se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley N° 24.922, con lo cual se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina. Alivio para la industria local, sí, pero nada dicho sobre la protección de un recurso que se puede terminar.

La voz de un experto
Leandro Calvo es abogado, secretario de la fundación Misión Atlántico. La organización impulsa desde Chubut un debate necesario sobre la creación de áreas protegidas marinas. Recogen la voz de decenas de ONG's reunidas alrededor del Foro para la Conservación del Mar Argentino. Todos consideran que la industria pesquera debe discutir con el ambientalismo un forma de zona “no take” para la preservación de los ecosistemas y la sostenibilidad del recurso.
“Sería bueno para todos -dice Calvo-, pero el debate arrancó por otro lado. Lo que nosotros vemos es que hoy la ley de pesca está planteando estándares laxos y cuestionables. No son solo económicos. La Ley Ómnibus plantea transicionar hacia un criterio que atiende solo la variable económica. Además, se están eliminando los criterios de faltas. La única variación que aceptó el gobierno fue el criterio internacional. Eso es un maquillaje porque lo que tenés es capitales internacionales financiando empresas argentinas”.
“Se necesita mejorar las pesca que tenemos. No profundizar el extractivismo. Necesitamos un cambio que vaya a la sostenible, con artes de pesca menos dañinas para el ambiente. Nuestro objetivo de máxima es crear un área marina protegida. Argentina tiene compromisos internacionales en ese sentido y deberá cumplir para no chocar, entre otras cosas, con mercados que exigen el respeto por el medio ambiente. Salvar el mar es salvar también el negocio de la pesca”.
Calvo finaliza: “En resumen, coincidimos en la necesidad de actualizar la legislación pesquera, pero abogamos por la construcción de amplios consensos, con la sostenibilidad como eje central. Advertimos que, de aceptarse las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, se beneficiaría claramente a empresas extranjeras en detrimento de aquellas que han invertido y tienen historial productivo en nuestro país, profundizando la primarización de la matriz productiva y el deterioro de nuestro mar”.
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Exigen eliminar el "capítulo ambiental" de la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 30/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los activistas alertan sobre los negocios entre privados que se abrirían si dejan de existir las leyes que protegen bosques, glaciares y suelos, entre otras.
"Hay que eliminar el capítulo ambiental”. "Es un retroceso y un duro golpe a la legislación conseguida”. "Entrega recursos soberanos”. Con estas definiciones se plantan las organizaciones ambientalistas en la escena donde crecen los reclamos al proyecto Ley Ómnibus y su adlátere -–o viceversa--, el mega DNU de Javier Milei. Lo expresó en el Plenario de Comisiones el abogado ambientalista Enrique Viale y lo confirmaron 150 organizaciones esta semana en una carta dirigida a los Diputados nacionales en defensa de la legislación ambiental vigente, modelo en el mundo en protección de bosques o glaciares. Exigen eliminar el “capítulo ambiental” por “lo preocupante y peligroso” de las propuestas que “no tienen relación con las necesidades y urgencias de la situación económica que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para incorporarlas en el paquete de reformas”.
De aprobarse esta reforma, la Ley de bosques, la de glaciares y la de quema pueden transformarse en leyes de “desprotección” advierte Consuelo Bilbao del Círculo de Políticas Ambientales. Aun cuando el dictamen eliminó el desmonte en zonas protegidas --como pretendía el texto original--, se endureció respecto a glaciares dándole entrada a la extracción minera en sus alrededores. Toda una bienvenida a las corporaciones de la megamineria.
El dictamen extiende además el plazo para habilitar la quema de pastizales ante la “ausencia de respuesta de las autoridades”. Propone un tratado que modifica las normas de propiedad intelectual de las semillas afectando especialmente a las criollas, y norma otra sobre transición energética que solo involucra al mercado de carbono ("otro sinsentido" apuntan los expertos). Junto a los artículos destinados a desfinanciar la protección ambiental, el capítulo queda en alerta roja y “se perjudica gravemente al pueblo argentino” sentencia Viale.
Detrás de los cambios asoman “interesados con nombre y apellido y empresas como la Barrick Gold detrás de la ley de glaciares” detalla el abogado ante Página/12 al ampliar su intervención en el Congreso, como referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas la semana pasada. Viale señaló allí al empresario hotelero Eduardo Elsztain, a Mauricio Macri y al ministro Luis Caputo, no solo como responsables del desmonte de miles de hectáreas. También como parte de quienes conspiran para que se apruebe el proyecto que busca “privatizar las nacientes de agua, apropiarse de recursos mineros -–oro y plata, por caso--, y devastar el monte para el agronegocio”. Algo que buscarán también, sino queda en el articulado de la ley, "al otorgarle las fatales facultades delegadas al Ejecutivo” anticipa.

No es ajuste, es entrega
Dado que el objetivo no es “achicar gastos” –como explican las organizaciones- se evidencia el motivo real de los cambios: la entrega de recursos, el despojo. “Es paradójico, trabajamos mucho las organizaciones para lograr estas leyes y ahora estamos trabajando para que no las volteen” reflexiona Bilbao. Las modificaciones minimizan los criterios de protección. “Y se vulnera el principio de no regresión ambiental porque implica disminuir niveles de protección ya alcanzados” agrega. Viale coincide: “Hasta hace poco debatíamos una ley de humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace 15 años: la de bosques y la de glaciares. ¡Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX!”.
En la tensión se distingue una postal apocalíptica donde podríamos ver un futuro cercano con aumento de sequía por desforestación, producto del desmonte o la quema indiscriminada. El agua sería un lujo arábigo porque las nacientes de los ríos --los glaciares-- ya no serían un recurso soberano, estarían en manos privadas, y también sus alrededores convertidos en campos de extracción minera. Una postal desoladora. Eso pretende hacia el futuro, el proyecto presentado.
Las organizaciones expresan su rechazo: “No creemos que el capítulo ambiental siquiera se tenga que discutir, tiene que ser eliminado -–señala Bilbao--. El tema ya se discutió y se sancionaron leyes modelo: la Ley de Bosques logró en 2007 frenar la abrupta curva de aumento de los desmontes, sobre todo en Chaco. La tasa bajo considerablemente y eso es importante para nuestros bosques. Sin esa ley podría haber sido una catástrofe”.

Ley de glaciares
“Hoy lo que más nos preocupa es la Ley de Glaciares” afirma la especialista. Votada dos veces, sancionada en 2010 y ratificada por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos, en dos oportunidades, la Ley 26.639 de Protección Ambiental de glaciares y ambiente periglacial -–su nombre oficial--, corre peligro de derrumbe. “No sabemos en qué escritorio se decidió cambiarla en tres artículos fundamentales” comparte.
La ley vigente plantea que los glaciares son “un recurso hídrico estratégico para la vida humana” detalla Bilbao. “Pero esa concepción ya no figura en el Artículo 1. Y en el 2 se piden requisitos extras para ser áreas protegidas, o sea que se los desprotege y se habilita la actividad minera”. El Artículo 6 que establece las prohibiciones de la actividad minera “ahora queda sujeto a los artículos 1 y 2 modificados, porque buscan reducir área de protección periglacial”.
Esto genera mayor inseguridad jurídica, aunque promueve las inversiones, claro. Los glaciares son “fábricas de agua” define Viale. “Allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que dan vida y trabajo a su paso”. Hoy pueden terminar en manos de corporaciones como la canadiense Barrick Gold porque “Las modificaciones presentadas fueron escritas por sus abogados”.
Esta empresa explota glaciares de alta montaña en San Juan y Mendoza con minas metalíferas, y quiere expandir sus dominios. Actualmente no puede porque las zonas periglaciales están inventariadas y protegidas. “Por eso quieren achicar el área protegida” anuncia el abogado. “Esto está escrito con la idea de liberar áreas específicas. Es un avasallamiento y es preocupante tanta desprotección”, coincide Bilbao.

Sobre bosques y quemas
En bosques hubo cambios, entre el proyecto y el dictamen conocido hasta ahora, como en otras áreas. El texto original permitía desmontar zonas de máxima protección: rojas y amarillas. “Esto se eliminó en el dictamen, pero queda la modificación del Fondo para la protección de bosques nativos”, señala Bilbao sobre el Fondo que contaba con el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 0,2 de retenciones. Se eliminan también las partidas presupuestarias fijas y se deja las partidas a discrecionalidad del Ejecutivo.
En cuanto a quemas la situación “se agravó” en el dictamen porque permite ante un pedido de autorización de quema con 90 días sin respuesta, entender una autorización “tacita”. Considerando las sequías y los incendios no se debería ignorar a la autoridad local: “Corrientes perdió el 12 por ciento de la provincia por incendios. Tuvimos meses de humo en las riveras del Paraná por los incendios en Santa Fe” acierta Viale.
La norma sin embargo ignora a las autoridades al momento de evaluar si hacer o no una quema. Se ignoran también las sanciones por quema indebida: cuando no se autorizan por cuestiones climáticas, pero el productor igual quema. Ya no habría sanción si se propaga un incendio como establece la Ley 26.562 de actividades de quema. Por eso exigen y concluyen de cara al tratamiento del articulado, que "estas modificaciones y sus consecuencias perjudican gravemente al pueblo argentino”.  
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