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En Córdoba se hace la 'Pre conferencia de Partes 2019'
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Eco Sitio |
Deliberan en Córdoba expertos en pre conferencia sobre el cambio climático
Fecha de Publicación: 08/08/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
La 'Pre conferencia de Partes 2019' para debatir sobre la agenda temática de la 25º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que se desarrollará desde el 2 al 13 de diciembre en Santiago de Chile, comenzó hoy, en la ciudad de Córdoba.
La actividad se realiza en el Centro de Convenciones del Predio Ferial Córdoba, de la capital local, y se extenderá hasta el próximo jueves con la participación de representantes ambientales internacionales, nacionales y municipales para tratar las "problemáticas concretas del medio ambiente con el objetivo de buscar consenso para la administración de fondos verdes", destacó en la apertura el secretario de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Javier Britch.
"Es un privilegio recibir a tanta gente comprometida con el medio ambiente, en este tercer encuentro de la Liga de Provincias", resaltó el funcionario.
Durante tres días se debatirá una agenda de actividades que comprenderán 7 mesas de trabajo referidas a las especies exóticas invasoras; recursos genéticos y avances en la implementación del Protocolo de Nagoya; ordenamiento territorial de bosques nativos; normativa legales; cambio climático; biocombustible y energías renovables; tratamiento y disposición de RSU.
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Fecha de Publicación: 08/08/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
La 'Pre conferencia de Partes 2019' para debatir sobre la agenda temática de la 25º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que se desarrollará desde el 2 al 13 de diciembre en Santiago de Chile, comenzó hoy, en la ciudad de Córdoba.
La actividad se realiza en el Centro de Convenciones del Predio Ferial Córdoba, de la capital local, y se extenderá hasta el próximo jueves con la participación de representantes ambientales internacionales, nacionales y municipales para tratar las "problemáticas concretas del medio ambiente con el objetivo de buscar consenso para la administración de fondos verdes", destacó en la apertura el secretario de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Javier Britch.
"Es un privilegio recibir a tanta gente comprometida con el medio ambiente, en este tercer encuentro de la Liga de Provincias", resaltó el funcionario.
Durante tres días se debatirá una agenda de actividades que comprenderán 7 mesas de trabajo referidas a las especies exóticas invasoras; recursos genéticos y avances en la implementación del Protocolo de Nagoya; ordenamiento territorial de bosques nativos; normativa legales; cambio climático; biocombustible y energías renovables; tratamiento y disposición de RSU.
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Lorenzetti advirtió sobre la situación ambiental
Lorenzetti advirtió: “La situación es gravísima en materia ambiental”
Fecha de Publicación: 08/08/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El ministro de la Corte Suprema alertó sobre la ausencia del tema en la actual campaña electoral y mundial: “Nadie habla mucho de esto y ocurre que todo eso va al Poder Judicial”
Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia disertó el pasado sábado en un congreso internacional de daños organizado en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de Corrientes y alertó sobre el hecho de que “la situación es gravísima en materia ambiental” pero que “no se la ve como un tema de agenda en las campañas políticas”.
Asimismo señaló que la cuestión ambiental “no se la ve como un tema de agenda, en las campañas políticas o en los discursos públicos, nadie habla mucho de esto y ocurre que todo eso va al Poder Judicial” y agregó: “Básicamente el problema es también la conciencia social, porque -fíjense- estamos entrando en una campaña de elección de Presidente y nadie habla de esto, no es un tema y en ningún país del mundo hoy es un gran tema”.
Lorenzetti afirmó que es necesario “volver a poner en coordinación el funcionamiento del sistema económico, el social y el ambiental: hoy va cada uno por su lado y estamos destrozando los tres, y eso va a hacer que poco a poco las sociedades sean cada vez más difíciles, con lugares con crisis ambientales muy serias”.
La naturaleza, sujeto de derecho
Por ello, sostuvo que “la naturaleza es un sujeto de derecho -o un bien jurídico, depende de las distintas posiciones- y tiene que ser tutelado, es débil” ya que “cuando la naturaleza es escasa y débil se provocan conflictos”.
En ese sentido, planteó auditorio la importancia de aplicar en la Justicia el aspecto “intergeneracional” y justificó: “Estamos agotando muchísimos recursos” y es necesario “introducir a las generaciones futuras como sujetos de derecho en los procesos”.
“Así como hay un defensor del Pueblo, que haya un defensor de las generaciones futuras en los procesos, esto es una reforma también términos procesales y constitucionales”, indicó.
La situación en el mundo
“El tema ambiental es muy importante en todo el país y en el planeta porque la verdad es que hay mucha declaración sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, pero en la práctica no sucede lo mismo, hay mucho discurso pero después se hace lo contrario”, sostuvo el juez, a cargo del panel “Catástrofes ambientales y tragedias sociales” del congreso internacional de daños organizado en la UNNE.
Además, Lorenzetti destacó la declaración de constitucionalidad de la Ley de Glaciares por parte de la Corte Suprema de Justicia y destacó que “la situación es gravísima en materia ambiental”.
A ese respecto, se refirió a las catástrofes humanitarias que generan las alteraciones de la naturaleza y lo unió al derecho al señalar que “lo que se hace ahora es ver paso a paso antes de tomar una medida, cuáles son las consecuencias, y por eso la ley tiene dos principios, uno es la prevención y otro es la precaución: frente a la duda hay que proteger la naturaleza”.
En ese contexto, cabe recordar que, semanas atrás, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un informe titulado “Trabajar en un planeta más caliente: El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente”, en el que alerta sobre diversas consecuencias del calentamiento global y prevé -para 2030- pérdidas de productividad en todo el mundo equivalentes a 80 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Ese cálculo es conservador, ya que se estimó un aumento promedio de la temperatura a escala mundial no superior a 1,5°C.
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Fecha de Publicación: 08/08/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El ministro de la Corte Suprema alertó sobre la ausencia del tema en la actual campaña electoral y mundial: “Nadie habla mucho de esto y ocurre que todo eso va al Poder Judicial”
Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia disertó el pasado sábado en un congreso internacional de daños organizado en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de Corrientes y alertó sobre el hecho de que “la situación es gravísima en materia ambiental” pero que “no se la ve como un tema de agenda en las campañas políticas”.
Asimismo señaló que la cuestión ambiental “no se la ve como un tema de agenda, en las campañas políticas o en los discursos públicos, nadie habla mucho de esto y ocurre que todo eso va al Poder Judicial” y agregó: “Básicamente el problema es también la conciencia social, porque -fíjense- estamos entrando en una campaña de elección de Presidente y nadie habla de esto, no es un tema y en ningún país del mundo hoy es un gran tema”.
Lorenzetti afirmó que es necesario “volver a poner en coordinación el funcionamiento del sistema económico, el social y el ambiental: hoy va cada uno por su lado y estamos destrozando los tres, y eso va a hacer que poco a poco las sociedades sean cada vez más difíciles, con lugares con crisis ambientales muy serias”.
La naturaleza, sujeto de derecho
Por ello, sostuvo que “la naturaleza es un sujeto de derecho -o un bien jurídico, depende de las distintas posiciones- y tiene que ser tutelado, es débil” ya que “cuando la naturaleza es escasa y débil se provocan conflictos”.
En ese sentido, planteó auditorio la importancia de aplicar en la Justicia el aspecto “intergeneracional” y justificó: “Estamos agotando muchísimos recursos” y es necesario “introducir a las generaciones futuras como sujetos de derecho en los procesos”.
“Así como hay un defensor del Pueblo, que haya un defensor de las generaciones futuras en los procesos, esto es una reforma también términos procesales y constitucionales”, indicó.
La situación en el mundo
“El tema ambiental es muy importante en todo el país y en el planeta porque la verdad es que hay mucha declaración sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, pero en la práctica no sucede lo mismo, hay mucho discurso pero después se hace lo contrario”, sostuvo el juez, a cargo del panel “Catástrofes ambientales y tragedias sociales” del congreso internacional de daños organizado en la UNNE.
Además, Lorenzetti destacó la declaración de constitucionalidad de la Ley de Glaciares por parte de la Corte Suprema de Justicia y destacó que “la situación es gravísima en materia ambiental”.
A ese respecto, se refirió a las catástrofes humanitarias que generan las alteraciones de la naturaleza y lo unió al derecho al señalar que “lo que se hace ahora es ver paso a paso antes de tomar una medida, cuáles son las consecuencias, y por eso la ley tiene dos principios, uno es la prevención y otro es la precaución: frente a la duda hay que proteger la naturaleza”.
En ese contexto, cabe recordar que, semanas atrás, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un informe titulado “Trabajar en un planeta más caliente: El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente”, en el que alerta sobre diversas consecuencias del calentamiento global y prevé -para 2030- pérdidas de productividad en todo el mundo equivalentes a 80 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Ese cálculo es conservador, ya que se estimó un aumento promedio de la temperatura a escala mundial no superior a 1,5°C.
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Misiones: articulación de Energía y Ecología
Energía y Ecología se unen contra el cambio climático
Fecha de Publicación: 07/08/2019
Fuente: El Terrritorio
Provincia/Región: Misiones
En el marco de las políticas de articulación que encara el gobierno de Misiones y en marco de las estrategias de articulación de áreas del sector público y privado, ayer se realizó en el SUM del Centro del Conocimiento de Posadas la segunda jornada taller de inventario sobre gases de efecto invernadero.
Participaron representantes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, el titular de la fundación Cambium Emilio Bragado, el ministro de Ecología de la provincia Juan Manuel Díaz, su par de Energía Sergio Lanziani , entre otros.
En este sentido el titular de la cartera de energía resaltó que junto a Ecología se busca “avanzar en caminos convergentes con los municipios, volverlos verdes, sustentables, amigables con el medio ambiente y tener acceso al financiamiento del cambio climático"
"Entre todos los actores estamos capacitando a los técnicos municipales para generar las herramientas que nos permita saber cuánto emite nuestra provincia en materia de carbono, de gases de efecto invernadero, y también como esas emisiones pueden ser disminuidas a través de planes que encare el Estado provincial o el sector privado", dijo por su parte Díaz.
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Fecha de Publicación: 07/08/2019
Fuente: El Terrritorio
Provincia/Región: Misiones
En el marco de las políticas de articulación que encara el gobierno de Misiones y en marco de las estrategias de articulación de áreas del sector público y privado, ayer se realizó en el SUM del Centro del Conocimiento de Posadas la segunda jornada taller de inventario sobre gases de efecto invernadero.
Participaron representantes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, el titular de la fundación Cambium Emilio Bragado, el ministro de Ecología de la provincia Juan Manuel Díaz, su par de Energía Sergio Lanziani , entre otros.
En este sentido el titular de la cartera de energía resaltó que junto a Ecología se busca “avanzar en caminos convergentes con los municipios, volverlos verdes, sustentables, amigables con el medio ambiente y tener acceso al financiamiento del cambio climático"
"Entre todos los actores estamos capacitando a los técnicos municipales para generar las herramientas que nos permita saber cuánto emite nuestra provincia en materia de carbono, de gases de efecto invernadero, y también como esas emisiones pueden ser disminuidas a través de planes que encare el Estado provincial o el sector privado", dijo por su parte Díaz.
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Bordet permite ahora fumigar cerca de escuelas
Reglamentaron los agroquímicos: habrá unidades de control cerca de escuelas y comunidades rurales
Fecha de Publicación: 03/08/2019
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Para la aplicación de plaguicidas, la provincia estableció zonas límites de entre 500 a 3.000 metros de las escuelas
El gobierno entrerriano estableció zonas de exclusión que llegan a los 500 metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios. También prohibió el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruyó al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.
Las decisiones están contenidas en el decreto n° 2239/ 19 del Poder Ejecutivo que instruye además al Consejo de Educación a elaborar un mapa georeferenciado de las escuelas rurales, y a la Secretaria de la Producción a aplicar un sistema de monitoreo remoto, a reempadronar todos los equipos de aplicación en uso en Entre Ríos y a celebrar convenios de capacitación con el INTA y las universidades.
El gobernador firmó un reglamento en forma de decreto consistente en implementar un sistema de controles para la aplicación de plaguicidas en la provincia de Entre Ríos en los inmuebles cercanos a escuelas rurales.
Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, precisó que “el reglamento implica un sistema de control que no se limita a distancias, sino que implica un sistema que pone en marcha distintos mecanismos para impedir casos de contacto entre el producto que se aplica y la persona humana, sea un maestro, alumno, un trabajador rural, sea quien sea en el ámbito de las escuelas rurales”.
En las zonas de exclusión no se podrán realizar aplicaciones en las áreas comprendidas en un radio de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para aéreas desde el caso de la escuela.
En las áreas de restricción se prohíben las aplicaciones terrestres de productos clase Ia, Ib y II entre los 100 y 500 metros. Sólo se podrán aplicar los de clase III y IV de acuerdo a la nomenclatura del SENASA. En cuanto a las aplicaciones aéreas en estas áreas de restricción se prohíben las aplicaciones de fitosanitarios de clase Ia, Ib y II dentro del radio de los 3.000 metros contados desde el límite de los 500, y desde los 500 estarán habilitados los de clase III y IV.
Los tratamientos deberán notificarse con 48 horas de anticipación a la autoridad de aplicación.
Rodríguez Signes destacó que para llegar a este reglamento se hizo un intenso trabajo de investigación y de consulta a distintos organismos del estado nacional y provincial, fundamentalmente salud pública y el INTA, que colaboró mucho en la elaboración del documento.
Consultado sobre la aplicación de la norma, el Fiscal de Estado hizo saber que “cada vez que se vaya a realizar una aplicación, un ingeniero agronómo tiene intervenir. Esto ya forma parte de la reglamentación existente. La receta agronómica debe notificar al establecimiento, a la unidad centinela, con 48 horas de anticipación sobre la aplicación”.
“Esa unidad centinela controlará que la aplicación se realice a contra turno en primer lugar, es decir sin que haya actividad escolar en ese momento y además que se realice fuera de las distancias de exclusión determinadas y que se aplique el producto habilitado para aplicar. Esa unidad centinela va a tener la colaboración para poder trabajar de un ingeniero agrónomo para poder controlar”, explicó.
“Otro punto destacable es que a partir del año 2020 deberá implementarse un sistema de transmisión de datos online de cada máquina aplicadora a la Secretaría de la Producción que es la autoridad de aplicación, para que en tiempo real, se esté controlando, el tipo de producto que se está aplicando, el cultivo, la zona, las producciones que hay alrededor, y las condiciones metereológicas, porque para garantizar que el producto no se traslade por el aire, tiene que haber condiciones atmosféricas determinadas por las buenas prácticas fitosanitarias”, completó.
“Un tercer tema es se van a tener que fijar cortinas forestales en cada una de las escuelas. Y el cuarto punto es que van a tener que reempadronar las máquinas aplicadoras para controlar que estén en condiciones”.
En cuanto a las distancias, Rodríguez Signes precisó que de 0 a 100 metros no se podrá aplicar ningún producto en forma terrestre y de 0 a 500 metros ningún producto en forma aérea.
A partir de los 100 metros en zona terrestre y hasta 500 metros no se pueden aplicar los productos de la clase 1A, 1B y 2, que son calificaciones toxicológicas del Senasa, y si se pueden aplicar los calificados como 3 y 4 en forma terrestre, y en la zona aérea entre los 500 y los 3.000 metros no se puede aplicar 1A, 1B, y A 2, y sí se pueden aplicar 3 y 4 que son de muy baja toxicidad o nula toxicidad.
En ese marco, el Fiscal consideró oportuno dejar en claro que fueron consultados especialistas del INTA, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Conicet, Secretaría de Agricultura de la Nación, Salud Pública, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Producción.
“La consigna, es proteger la salud humana y el ambiente. El problema de la aplicación de plaguicidas es si se usan bien o se usan mal. Lo que hay que evitar es el contacto con la persona humana. Toda la estrategia de control, consiste en evitar el contacto o disminuir a la mínima expresión la posibilidad de contacto”, precisó.
“Si se produce alguna irregularidad o se viola la norma, la Policía tiene instrucciones de secuestrar e impedir el traslado incluso de cualquier máquina que no esté reglamentada, y por supuesto si hay una aplicación que se está realizando irregularmente, obviamente que eso conforma una falta administrativa y un delito, por supuesto la policía tiene que actuar de oficio”, afirmó.
Fecha de Publicación: 03/08/2019
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Para la aplicación de plaguicidas, la provincia estableció zonas límites de entre 500 a 3.000 metros de las escuelas
El gobierno entrerriano estableció zonas de exclusión que llegan a los 500 metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios. También prohibió el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruyó al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.
Las decisiones están contenidas en el decreto n° 2239/ 19 del Poder Ejecutivo que instruye además al Consejo de Educación a elaborar un mapa georeferenciado de las escuelas rurales, y a la Secretaria de la Producción a aplicar un sistema de monitoreo remoto, a reempadronar todos los equipos de aplicación en uso en Entre Ríos y a celebrar convenios de capacitación con el INTA y las universidades.
El gobernador firmó un reglamento en forma de decreto consistente en implementar un sistema de controles para la aplicación de plaguicidas en la provincia de Entre Ríos en los inmuebles cercanos a escuelas rurales.
Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, precisó que “el reglamento implica un sistema de control que no se limita a distancias, sino que implica un sistema que pone en marcha distintos mecanismos para impedir casos de contacto entre el producto que se aplica y la persona humana, sea un maestro, alumno, un trabajador rural, sea quien sea en el ámbito de las escuelas rurales”.
En las zonas de exclusión no se podrán realizar aplicaciones en las áreas comprendidas en un radio de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para aéreas desde el caso de la escuela.
En las áreas de restricción se prohíben las aplicaciones terrestres de productos clase Ia, Ib y II entre los 100 y 500 metros. Sólo se podrán aplicar los de clase III y IV de acuerdo a la nomenclatura del SENASA. En cuanto a las aplicaciones aéreas en estas áreas de restricción se prohíben las aplicaciones de fitosanitarios de clase Ia, Ib y II dentro del radio de los 3.000 metros contados desde el límite de los 500, y desde los 500 estarán habilitados los de clase III y IV.
Los tratamientos deberán notificarse con 48 horas de anticipación a la autoridad de aplicación.
Rodríguez Signes destacó que para llegar a este reglamento se hizo un intenso trabajo de investigación y de consulta a distintos organismos del estado nacional y provincial, fundamentalmente salud pública y el INTA, que colaboró mucho en la elaboración del documento.
Consultado sobre la aplicación de la norma, el Fiscal de Estado hizo saber que “cada vez que se vaya a realizar una aplicación, un ingeniero agronómo tiene intervenir. Esto ya forma parte de la reglamentación existente. La receta agronómica debe notificar al establecimiento, a la unidad centinela, con 48 horas de anticipación sobre la aplicación”.
“Esa unidad centinela controlará que la aplicación se realice a contra turno en primer lugar, es decir sin que haya actividad escolar en ese momento y además que se realice fuera de las distancias de exclusión determinadas y que se aplique el producto habilitado para aplicar. Esa unidad centinela va a tener la colaboración para poder trabajar de un ingeniero agrónomo para poder controlar”, explicó.
“Otro punto destacable es que a partir del año 2020 deberá implementarse un sistema de transmisión de datos online de cada máquina aplicadora a la Secretaría de la Producción que es la autoridad de aplicación, para que en tiempo real, se esté controlando, el tipo de producto que se está aplicando, el cultivo, la zona, las producciones que hay alrededor, y las condiciones metereológicas, porque para garantizar que el producto no se traslade por el aire, tiene que haber condiciones atmosféricas determinadas por las buenas prácticas fitosanitarias”, completó.
“Un tercer tema es se van a tener que fijar cortinas forestales en cada una de las escuelas. Y el cuarto punto es que van a tener que reempadronar las máquinas aplicadoras para controlar que estén en condiciones”.
En cuanto a las distancias, Rodríguez Signes precisó que de 0 a 100 metros no se podrá aplicar ningún producto en forma terrestre y de 0 a 500 metros ningún producto en forma aérea.
A partir de los 100 metros en zona terrestre y hasta 500 metros no se pueden aplicar los productos de la clase 1A, 1B y 2, que son calificaciones toxicológicas del Senasa, y si se pueden aplicar los calificados como 3 y 4 en forma terrestre, y en la zona aérea entre los 500 y los 3.000 metros no se puede aplicar 1A, 1B, y A 2, y sí se pueden aplicar 3 y 4 que son de muy baja toxicidad o nula toxicidad.
En ese marco, el Fiscal consideró oportuno dejar en claro que fueron consultados especialistas del INTA, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Conicet, Secretaría de Agricultura de la Nación, Salud Pública, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Producción.
“La consigna, es proteger la salud humana y el ambiente. El problema de la aplicación de plaguicidas es si se usan bien o se usan mal. Lo que hay que evitar es el contacto con la persona humana. Toda la estrategia de control, consiste en evitar el contacto o disminuir a la mínima expresión la posibilidad de contacto”, precisó.
“Si se produce alguna irregularidad o se viola la norma, la Policía tiene instrucciones de secuestrar e impedir el traslado incluso de cualquier máquina que no esté reglamentada, y por supuesto si hay una aplicación que se está realizando irregularmente, obviamente que eso conforma una falta administrativa y un delito, por supuesto la policía tiene que actuar de oficio”, afirmó.
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El Cofema sigue pidiendo fondos para los bosques
El Cofema solicitó que se integre la totalidad de los fondos de bosques en el presupuesto 2020 de la nación
Fecha de Publicación: 02/08/2019
Fuente: Más Producción TV
Provincia/Región: Nacional
El día jueves 25 del corriente se realizó en Buenos Aires la Asamblea Extraordinaria N°39 de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medioambiente en la que participó la Provincia de Misiones en la persona del Ministro de Ecología y R.N.R, Dr. Juan Manuel Díaz, y que dejó importantes definiciones en materia de gestión de los bosques nativos.
En primer lugar se procedió a la distribución, de acuerdo a la fórmula polinómica, de los Fondos 2019 del FOBOSQUE, por un total de $570.500.000, monto que se mantiene idéntico hace 3 años. Esta asignación implica para la provincia de Misiones la cantidad de pesos $18.787.120, los cuales corresponden 70% a los propietarios de bosques Nativos contra la presentación de proyectos de conservación o uso sustentable, y 30% para fortalecimiento institucional de la autoridad de aplicación local.
No obstante ello, estos fondos no fueron depositados aún por el Ministerio de Hacienda de la Nacion en el Fideicomiso de Bosques y aún no están disponibles.
Asimismo se emitió una Resolución para apoyar las gestiones de la Secretaría de Ambiente de Nación, para que el Gobierno Nacional integre la totalidad del fondo nacional para requerimiento y conservación de los bosques nativos en el presupuesto 2020, conforme lo prevé el Art. 30 y 31 de la Ley 26.331, con un mínimo del 0,3% del presupuesto nacional, más el 2% de las retenciones de los productos agropecuarios.
Idéntico llamamiento se realizó para que el Congreso de la Nación, al momento de la discusión de la Ley de Presupuesto 2020, integre la totalidad de dichas partidas.
Finamente se autorizó a la Secretaría de Ambiente de la Nación para que realice la distribución de los fondos que capitalice por intereses del Fondo de Bosques.
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Fecha de Publicación: 02/08/2019
Fuente: Más Producción TV
Provincia/Región: Nacional
El día jueves 25 del corriente se realizó en Buenos Aires la Asamblea Extraordinaria N°39 de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medioambiente en la que participó la Provincia de Misiones en la persona del Ministro de Ecología y R.N.R, Dr. Juan Manuel Díaz, y que dejó importantes definiciones en materia de gestión de los bosques nativos.
En primer lugar se procedió a la distribución, de acuerdo a la fórmula polinómica, de los Fondos 2019 del FOBOSQUE, por un total de $570.500.000, monto que se mantiene idéntico hace 3 años. Esta asignación implica para la provincia de Misiones la cantidad de pesos $18.787.120, los cuales corresponden 70% a los propietarios de bosques Nativos contra la presentación de proyectos de conservación o uso sustentable, y 30% para fortalecimiento institucional de la autoridad de aplicación local.
No obstante ello, estos fondos no fueron depositados aún por el Ministerio de Hacienda de la Nacion en el Fideicomiso de Bosques y aún no están disponibles.
Asimismo se emitió una Resolución para apoyar las gestiones de la Secretaría de Ambiente de Nación, para que el Gobierno Nacional integre la totalidad del fondo nacional para requerimiento y conservación de los bosques nativos en el presupuesto 2020, conforme lo prevé el Art. 30 y 31 de la Ley 26.331, con un mínimo del 0,3% del presupuesto nacional, más el 2% de las retenciones de los productos agropecuarios.
Idéntico llamamiento se realizó para que el Congreso de la Nación, al momento de la discusión de la Ley de Presupuesto 2020, integre la totalidad de dichas partidas.
Finamente se autorizó a la Secretaría de Ambiente de la Nación para que realice la distribución de los fondos que capitalice por intereses del Fondo de Bosques.
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Riachuelo: extenderían la emergencia por cinco años
Buscan extender por cinco años la emergencia de la Cuenca Matanza-Riachuelo
Fecha de Publicación: 25/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo
La comisión de Ambiente de la Legislatura porteña emitió hoy un dictamen del proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia de la ley local que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo para “asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano” en esa zona del sur capitalino.
La comisión de Ambiente de la Legislatura porteña emitió hoy un dictamen del proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia de la ley local que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo para "asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano" en esa zona del sur capitalino.
La iniciativa fue elaborada por la legisladora de Vamos Juntos Mercedes De las Casas y promueve la extensión de la ley 3.947, del 2011, que fijó las acciones que debía llevar adelante la Ciudad tendiente a asegurar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, acordado en el ámbito de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
En su aprobación inicial, preveía cinco años de vigencia de la emergencia, en tanto que en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más, lo que caducará en septiembre próximo, por lo cual se planteó una nueva extensión hasta 2024.
En declaraciones a la prensa, De las Casas indicó que "el espíritu de la ley apunta a aprobar una segunda prórroga a la emergencia sanitaria del Riachuelo y establecer las herramientas para que el Ejecutivo pueda dar mayor calidad de vida a los ciudadanos".
"Si uno mira para atrás hay una evolución es enorme en el Riachuelo", evaluó la diputada que preside la comisión de Ambiente; no obstante admitió que "falta muchísimo para hacer, pero la voluntad política de cambio está".
En tanto, el bloque de Evolución, que recientemente anunció su integración al oficialismo, también redactó un proyecto para extender la vigencia de la emergencia, que plantea que solo sea por tres años, que está en debate en la comisión.
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Fecha de Publicación: 25/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo
La comisión de Ambiente de la Legislatura porteña emitió hoy un dictamen del proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia de la ley local que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo para “asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano” en esa zona del sur capitalino.
La comisión de Ambiente de la Legislatura porteña emitió hoy un dictamen del proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia de la ley local que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo para "asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano" en esa zona del sur capitalino.
La iniciativa fue elaborada por la legisladora de Vamos Juntos Mercedes De las Casas y promueve la extensión de la ley 3.947, del 2011, que fijó las acciones que debía llevar adelante la Ciudad tendiente a asegurar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, acordado en el ámbito de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
En su aprobación inicial, preveía cinco años de vigencia de la emergencia, en tanto que en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más, lo que caducará en septiembre próximo, por lo cual se planteó una nueva extensión hasta 2024.
En declaraciones a la prensa, De las Casas indicó que "el espíritu de la ley apunta a aprobar una segunda prórroga a la emergencia sanitaria del Riachuelo y establecer las herramientas para que el Ejecutivo pueda dar mayor calidad de vida a los ciudadanos".
"Si uno mira para atrás hay una evolución es enorme en el Riachuelo", evaluó la diputada que preside la comisión de Ambiente; no obstante admitió que "falta muchísimo para hacer, pero la voluntad política de cambio está".
En tanto, el bloque de Evolución, que recientemente anunció su integración al oficialismo, también redactó un proyecto para extender la vigencia de la emergencia, que plantea que solo sea por tres años, que está en debate en la comisión.
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Audiencia por el Riachuelo: más de lo mismo y enojo de vecinos
Reunión por el Riachuelo: entre la indignación de los vecinos y las explicaciones de los funcionarios
Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
"Estoy indignada. Me voy. Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla". Quien sale de la quinta audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo con esa estrepitosa declaración es Beatriz Mendoza, la vecina que hace 11 años le dio el nombre al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad llevar adelante obras para sanear el Riachuelo.
El fallo Mendoza se convirtió en un hito en el derecho ambiental: por primera vez la Justicia apuntaba a los responsables no de la contaminación sino de las pésimas condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y mandaba a los gobiernos a tomar acciones concretas para cambiar esa realidad. Pero, a once años de ese fallo histórico los cambios no llegaron, según denuncian Mendoza y muchos de los vecinos que esta mañana participaron de la audiencia pública.
El contrapunto era evidente entre los funcionarios que presentaban obras y avances como hitos en la historia del sanitarismo argentino y los vecinos y representantes de las organizaciones sociales que hablaban desde el hartazgo para decir que los cambios no se veían. Incluso hubo un vecino que se quebró y terminó su presentación entre lágrimas.
"Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen", dijo Ramón Acosta, un vecino que forma parte del foro hídrico de Lomas de Zamora. "Hace poco vinieron a mi casa a hacer un censo con vecinos, pero las preguntas eran muy básicas. No se interesaron en la salud. No preguntaron cuántos casos de cáncer hubo en las familias, son muchos", apuntó Natalia Noga, su esposa.
La voz de las autoridades
"El fallo Mendoza lleva 11 años y cuando se plantea así, la gente internaliza que no se hizo nada. Y no es cierto. Eso es una prueba de que esta es una política de Estado y que los proyectos son a largo plazo", argumenta Lucas Figueras, presidente de la Acumar, el ente tripartito que integran Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y que está mandado por la Corte a sanear el Riachuelo.
Figueras asumió hace cuatro meses, después de la renuncia de la directora anterior, que recibió fuertes cuestionamientos por los pocos avances que hace dos años fueron estimados por el cuerpo colegiado de organizaciones que creó la Corte para monitorear las obras. Sólo se avanzó en el 20% del plan, se dijo entonces. El año pasado, las críticas fueron a que los informes presentados por Acumar eran inconsistentes y no les permitían evaluar los avances, que a juzgar por la opinión de los vecinos no les estaban cambiando la calidad de vida a la gente.
"No podemos hablar de plazos. Todas las políticas públicas que se hicieron hasta ahora con el Riachuelo fracasaron. Esta es la primera vez que se está trabajando en serio. La obra del colector del margen izquierdo y la construcción del emisario van a permitir para 2021 o 2022 reducir un 50% el problema de contaminación de la cuenca. Y esa obra tiene un 50% de avance", asegura Figueras. Es decir, que hasta ahora, el avance rondaría el 25%, número que no es enunciado oficialmente por los funcionarios.
"Sólo el 5 % de la contaminación del Riachuelo y su cuenca proviene de las industrias. Y en ese sentido se están haciendo obras que serán de gran importancia, como la planta de tratamiento de efluentes conjunta en Lanús y otras", dice Figueras. "El 95% de la contaminación del río tiene que ver con vertidos cloacales y a eso hay que sumarle el problema de los residuos sólidos urbanos", apunta el director de Acumar.
Cuando distintos funcionarios planearon números similares en la audiencia pública, hubo indignación entre los vecinos presentes. Uno de los funcionarios contó que se habían cerrado los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca: los de Marcos Paz y el de Cañuelas. Pero, en algunos casos, todavía subsisten los microbasurales en las márgenes, dijo y mostró fotos de cómo se habían hecho limpieza de los terrenos en la zona y a los tres días estaba otra vez lleno de montañas de basura.
"Siempre se responsabiliza al vecino, pero yo me pregunto qué haría cualquier vecino si saca la basura y no se la pasan a recolectar. ¿Dónde la lleva? En mi barrio, el camión recolector pasa tres veces por semana, cuando en el centro pasa todos los días. Lo mismo se dice de las cloacas. Se están haciendo obras de plantas de tratamientos. Pero la conexión domiciliaria va a quedar a cargo de los vecinos. Prometen créditos y subsidios, pero piensen qué muchos somos vecinos que no podemos pagar una tarifa social, si van a esperar solucionar la contaminación cloacal con obras que paguen los vecinos, estamos hechos", dice Sergio González, vecino de Lanús que participó como orador.
"Nosotros vamos a tener en cuenta las posibilidades de cada vecino, y se prevén subsidios para quienes no puedan pagar. En dos años ya se conectaron más de mil hogares con subsidios del 100% a la red", apunta Figueras. Un número que contrasta contra los casi 2,2 millones de habitantes de la cuenca que no tienen cloacas.
Un funcionario proyectó los números y los plazos de conexión a las 15 plantas de tratamiento de desechos cloacales: once están en servicio, dos proyectadas, una en obra y una planificada. Un vecino le contestó que era una utopía. Una de las plantas en funcionamiento, la de Lanús, conectará a las cloacas a unos 90.000 vecinos. Hoy, sólo 7000 vecinos están conectados. "Y 4000 de ellos son vecinos porteños, no del partido", denunció González.
"Estamos cansados de escuchar siempre los mismos argumentos. En cada audiencia se habla de lo mismo. Se habla de obras, como si el objetivo del saneamiento del Riachuelo fuera descontaminar un río. Lo que el fallo de la Corte ordenó es un abordaje integral. El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio", apunta Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.
"Siguen haciendo diagnósticos técnicos sin entender el verdadero problema. A otras audiencias veníamos preocupados, ahora venimos angustiados. Porque vemos que no hay una decisión política de sanear el Riachuelo. La gestión de Acumar oscila entre subejecución y desfinanciamiento. En este informe que nos presentan no tenemos datos, no se puede realizar un control. No sabemos si se tira más plomo o benceno. La Corte produjo un diseño institucional de cómo sanear el Riachuelo. Hoy ese diseño no existe. Para controlar que se cumpla el fallo se creó un cuerpo colegiado, formado por organizaciones ambientales y vecinales y presidida por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero como no tenemos un defensor, no hay quién lidere esa defensa. Y la Corte no hace nada. Sólo manda una vez al año un pedido al Congreso para que se designe un defensor", advirtió Fernando Fimognare, de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las cinco organizaciones que conforman el cuerpo colegiado, junto a Greenpeace, el Cels, la Comisión de Vecinos de La Boca y la Asociación Civil de Derechos Humanos que son responsables de monitorear el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que surgió a partir del fallo de la Corte. "No entiendo para qué es esta audiencia. ¿Para qué venimos? ¿Para escucharlos actualizar el estado del Pisa? Nosotros venimos a repetir lo mismo que en las audiencias anteriores. Porque muy poco ha cambiado, no se está avanzando", aseguró Santiago Cane, de Farn. "Acumar coordina la política pública de limpieza del Riachuelo. ¿Quién la define? Los gobiernos, que son los condenados en el fallo de la Corte, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esa política no se ve", aseguró el representante de Farn.
"Usted va a terminar procesado por inacción, porque no hace nada por la contaminación del aire y del agua", terminó su presentación, indignado, Raul Estrada Oyuela, de la Asociación de Vecinos de La Boca, parte del cuerpo colegiado, apuntando al director de Acumar.
"Le pusieron mi nombre a uno de los caños de la obra del margen izquierdo del Riachuelo. Soy el emisario Beatriz Mendoza, cosa que me indignó. Soy el nombre de un fallo histórico. Pero sabés qué es lo triste. Que eso no le cambió la vida a nadie. Cuando la Corte se pronunció, me llené de esperanzas. Pero ahora veo que la gente vive igual o peor. Y la Corte no hace nada. No exige el cumplimiento del fallo. La Acumar y todos los funcionarios juegan a la obsolescencia, a decir que están haciendo mucho pero que no se ve. El problema es que la contaminación es un ente abstracto. Y sus consecuencias no se ven, hasta que llega una inundación como la de La Plata y se cobra muchas vidas. Es lamentable", asegura Mendoza, mientras sale del Centro Metropolitano de Diseño donde se realizó la audiencia.
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Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
"Estoy indignada. Me voy. Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla". Quien sale de la quinta audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo con esa estrepitosa declaración es Beatriz Mendoza, la vecina que hace 11 años le dio el nombre al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad llevar adelante obras para sanear el Riachuelo.
El fallo Mendoza se convirtió en un hito en el derecho ambiental: por primera vez la Justicia apuntaba a los responsables no de la contaminación sino de las pésimas condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y mandaba a los gobiernos a tomar acciones concretas para cambiar esa realidad. Pero, a once años de ese fallo histórico los cambios no llegaron, según denuncian Mendoza y muchos de los vecinos que esta mañana participaron de la audiencia pública.
El contrapunto era evidente entre los funcionarios que presentaban obras y avances como hitos en la historia del sanitarismo argentino y los vecinos y representantes de las organizaciones sociales que hablaban desde el hartazgo para decir que los cambios no se veían. Incluso hubo un vecino que se quebró y terminó su presentación entre lágrimas.
"Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen", dijo Ramón Acosta, un vecino que forma parte del foro hídrico de Lomas de Zamora. "Hace poco vinieron a mi casa a hacer un censo con vecinos, pero las preguntas eran muy básicas. No se interesaron en la salud. No preguntaron cuántos casos de cáncer hubo en las familias, son muchos", apuntó Natalia Noga, su esposa.
La voz de las autoridades
"El fallo Mendoza lleva 11 años y cuando se plantea así, la gente internaliza que no se hizo nada. Y no es cierto. Eso es una prueba de que esta es una política de Estado y que los proyectos son a largo plazo", argumenta Lucas Figueras, presidente de la Acumar, el ente tripartito que integran Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y que está mandado por la Corte a sanear el Riachuelo.
Figueras asumió hace cuatro meses, después de la renuncia de la directora anterior, que recibió fuertes cuestionamientos por los pocos avances que hace dos años fueron estimados por el cuerpo colegiado de organizaciones que creó la Corte para monitorear las obras. Sólo se avanzó en el 20% del plan, se dijo entonces. El año pasado, las críticas fueron a que los informes presentados por Acumar eran inconsistentes y no les permitían evaluar los avances, que a juzgar por la opinión de los vecinos no les estaban cambiando la calidad de vida a la gente.
"No podemos hablar de plazos. Todas las políticas públicas que se hicieron hasta ahora con el Riachuelo fracasaron. Esta es la primera vez que se está trabajando en serio. La obra del colector del margen izquierdo y la construcción del emisario van a permitir para 2021 o 2022 reducir un 50% el problema de contaminación de la cuenca. Y esa obra tiene un 50% de avance", asegura Figueras. Es decir, que hasta ahora, el avance rondaría el 25%, número que no es enunciado oficialmente por los funcionarios.
"Sólo el 5 % de la contaminación del Riachuelo y su cuenca proviene de las industrias. Y en ese sentido se están haciendo obras que serán de gran importancia, como la planta de tratamiento de efluentes conjunta en Lanús y otras", dice Figueras. "El 95% de la contaminación del río tiene que ver con vertidos cloacales y a eso hay que sumarle el problema de los residuos sólidos urbanos", apunta el director de Acumar.
Cuando distintos funcionarios planearon números similares en la audiencia pública, hubo indignación entre los vecinos presentes. Uno de los funcionarios contó que se habían cerrado los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca: los de Marcos Paz y el de Cañuelas. Pero, en algunos casos, todavía subsisten los microbasurales en las márgenes, dijo y mostró fotos de cómo se habían hecho limpieza de los terrenos en la zona y a los tres días estaba otra vez lleno de montañas de basura.
"Siempre se responsabiliza al vecino, pero yo me pregunto qué haría cualquier vecino si saca la basura y no se la pasan a recolectar. ¿Dónde la lleva? En mi barrio, el camión recolector pasa tres veces por semana, cuando en el centro pasa todos los días. Lo mismo se dice de las cloacas. Se están haciendo obras de plantas de tratamientos. Pero la conexión domiciliaria va a quedar a cargo de los vecinos. Prometen créditos y subsidios, pero piensen qué muchos somos vecinos que no podemos pagar una tarifa social, si van a esperar solucionar la contaminación cloacal con obras que paguen los vecinos, estamos hechos", dice Sergio González, vecino de Lanús que participó como orador.
"Nosotros vamos a tener en cuenta las posibilidades de cada vecino, y se prevén subsidios para quienes no puedan pagar. En dos años ya se conectaron más de mil hogares con subsidios del 100% a la red", apunta Figueras. Un número que contrasta contra los casi 2,2 millones de habitantes de la cuenca que no tienen cloacas.
Un funcionario proyectó los números y los plazos de conexión a las 15 plantas de tratamiento de desechos cloacales: once están en servicio, dos proyectadas, una en obra y una planificada. Un vecino le contestó que era una utopía. Una de las plantas en funcionamiento, la de Lanús, conectará a las cloacas a unos 90.000 vecinos. Hoy, sólo 7000 vecinos están conectados. "Y 4000 de ellos son vecinos porteños, no del partido", denunció González.
"Estamos cansados de escuchar siempre los mismos argumentos. En cada audiencia se habla de lo mismo. Se habla de obras, como si el objetivo del saneamiento del Riachuelo fuera descontaminar un río. Lo que el fallo de la Corte ordenó es un abordaje integral. El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio", apunta Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.
"Siguen haciendo diagnósticos técnicos sin entender el verdadero problema. A otras audiencias veníamos preocupados, ahora venimos angustiados. Porque vemos que no hay una decisión política de sanear el Riachuelo. La gestión de Acumar oscila entre subejecución y desfinanciamiento. En este informe que nos presentan no tenemos datos, no se puede realizar un control. No sabemos si se tira más plomo o benceno. La Corte produjo un diseño institucional de cómo sanear el Riachuelo. Hoy ese diseño no existe. Para controlar que se cumpla el fallo se creó un cuerpo colegiado, formado por organizaciones ambientales y vecinales y presidida por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero como no tenemos un defensor, no hay quién lidere esa defensa. Y la Corte no hace nada. Sólo manda una vez al año un pedido al Congreso para que se designe un defensor", advirtió Fernando Fimognare, de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las cinco organizaciones que conforman el cuerpo colegiado, junto a Greenpeace, el Cels, la Comisión de Vecinos de La Boca y la Asociación Civil de Derechos Humanos que son responsables de monitorear el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que surgió a partir del fallo de la Corte. "No entiendo para qué es esta audiencia. ¿Para qué venimos? ¿Para escucharlos actualizar el estado del Pisa? Nosotros venimos a repetir lo mismo que en las audiencias anteriores. Porque muy poco ha cambiado, no se está avanzando", aseguró Santiago Cane, de Farn. "Acumar coordina la política pública de limpieza del Riachuelo. ¿Quién la define? Los gobiernos, que son los condenados en el fallo de la Corte, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esa política no se ve", aseguró el representante de Farn.
"Usted va a terminar procesado por inacción, porque no hace nada por la contaminación del aire y del agua", terminó su presentación, indignado, Raul Estrada Oyuela, de la Asociación de Vecinos de La Boca, parte del cuerpo colegiado, apuntando al director de Acumar.
"Le pusieron mi nombre a uno de los caños de la obra del margen izquierdo del Riachuelo. Soy el emisario Beatriz Mendoza, cosa que me indignó. Soy el nombre de un fallo histórico. Pero sabés qué es lo triste. Que eso no le cambió la vida a nadie. Cuando la Corte se pronunció, me llené de esperanzas. Pero ahora veo que la gente vive igual o peor. Y la Corte no hace nada. No exige el cumplimiento del fallo. La Acumar y todos los funcionarios juegan a la obsolescencia, a decir que están haciendo mucho pero que no se ve. El problema es que la contaminación es un ente abstracto. Y sus consecuencias no se ven, hasta que llega una inundación como la de La Plata y se cobra muchas vidas. Es lamentable", asegura Mendoza, mientras sale del Centro Metropolitano de Diseño donde se realizó la audiencia.
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Departamentos de Mendoza reticentes al fracking
El director de Turismo municipal dijo que San Rafael debe fijar postura en relación al fracking
Fecha de Publicación: 16/07/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
“Hay departamentos, como General Alvear o San Carlos, que ya tienen una posición definida en torno a lo que quieren para el futuro”, fueron las filosas palabras del titular de la Dirección de Turismo de San Rafael en torno a la fractura hidráulica (fracking) como método de extracción de petróleo y gas.
El funcionario comunal dijo que “toda la ciudadanía debe involucrarse en el tema” y de una vez por todas “definir el destino económico de San Rafael”.
“Es momento de discutir si vamos a optar por el fracking o no. Tenemos que poner sobre la balanza muchas cosas y definir la matriz productiva. Ver si será la minería, el turismo o la agricultura”, deslizó Javier Muñoz.
Invitó a los prestadores turísticos a marcar postura y adjuntó: “No hay que olvidarse que el turista que viene a San Rafael prefiere el contacto con la naturaleza y pide productos orgánicos”.
Sin vueltas lanzó que prefiere un departamento “limpio y sin contaminación, preservando todo lo que tiene que ver con la naturaleza”.
Al tiempo que pidió mayor compromiso a otros sectores, manifestó: “Hay que mirar hacia el futuro y tener en cuenta lo que le dejamos a futuras generaciones. Tenemos que respetar nuestro lugar y convivir con la flora y la fauna”.
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Fecha de Publicación: 16/07/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
“Hay departamentos, como General Alvear o San Carlos, que ya tienen una posición definida en torno a lo que quieren para el futuro”, fueron las filosas palabras del titular de la Dirección de Turismo de San Rafael en torno a la fractura hidráulica (fracking) como método de extracción de petróleo y gas.
El funcionario comunal dijo que “toda la ciudadanía debe involucrarse en el tema” y de una vez por todas “definir el destino económico de San Rafael”.
“Es momento de discutir si vamos a optar por el fracking o no. Tenemos que poner sobre la balanza muchas cosas y definir la matriz productiva. Ver si será la minería, el turismo o la agricultura”, deslizó Javier Muñoz.
Invitó a los prestadores turísticos a marcar postura y adjuntó: “No hay que olvidarse que el turista que viene a San Rafael prefiere el contacto con la naturaleza y pide productos orgánicos”.
Sin vueltas lanzó que prefiere un departamento “limpio y sin contaminación, preservando todo lo que tiene que ver con la naturaleza”.
Al tiempo que pidió mayor compromiso a otros sectores, manifestó: “Hay que mirar hacia el futuro y tener en cuenta lo que le dejamos a futuras generaciones. Tenemos que respetar nuestro lugar y convivir con la flora y la fauna”.
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Semana de Acción Climática, financiamiento
Los avances del financiamiento climático en el temario de la Semana de Acción Climática
Fecha de Publicación: 06/07/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la Semana de Acción Climática, organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el Palacio de Aguas Corrientes, la segunda jornada estuvo centrada en los avances del financiamiento climático. En la apertura participó Sergio Bergman, secretario de Gobierno del área, junto con Laura Jaitman, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y delegada del Canal de Finanzas del G20 del Ministerio de Hacienda de la Nación; y Agustín Pesce, vicepresidente segundo del Banco de la Nación Argentina.
El secretario de Ambiente nacional expresó durante su intervención: “Este segundo encuentro le da continuidad al primer hito en Argentina, que es esta semana dedicada a la acción climática”. Además indicó: “El síntoma del cambio climático requiere soluciones interdisciplinarias e interjurisdiccionales”
A continuación, Bergman se refirió al tema central de la jornada: “El día de hoy está dedicado al financiamiento del clima”, a la vez que explicó que a partir del Acuerdo de París se presentan “compromisos globales y responsabilidades locales que vinculadas a números y objetivos, que deben auditarse y medirse. Dado que si hay decisión, trazabilidad y evaluación de los resultados entonces hay políticas públicas. Y que esa vinculación requería no solamente de los compromisos políticos sino de los financiamientos”. Luego continuó: “Debemos tener en claro dónde está el financiamiento internacional y local para las obras de infraestructura resiliente, lo que se llama infraestructura verde, para adaptarnos al cambio climático”.
“Es importante que salgamos de esta idea de que siendo latinoamericanos o subdesarrollados estemos esperando que los 4 o 5 países líderes, responsables del 80 % de las emisiones, terminen definiendo cómo manejar la economía para darnos a los otros países algún apoyo para cumplir con estos objetivos, cuando en realidad estamos planteando un acto de justicia, no de caridad”, señaló el secretario de Gobierno. “Los países que podemos ofrecer servicios ambientales para mitigar, necesitamos que nos den los fondos para hacer ese trabajo ambiental”, agregó. “Tenemos una solución: cada uno tiene que poner la parte que le corresponde, y entendemos que las economías que se expandieron y emitieron, son las que deben ahora invertir en la mitigación. Argentina ya con sus índices de contribución, está neutralizando lo que emite. Queremos salir a ofrecerle al mundo que podemos absorber el carbono, podemos ofrecer economías verdes y competitividad en bonos verdes”, finalizó el funcionario.
Durante la jornada, se desarrollaron además cinco paneles de discusión, a cargo de autoridades y referentes en la materia. En el primer panel se discutió sobre cómo acelerar la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC), así como sobre el rol de los sectores público y privado en la estructuración de estrategias de financiamiento climático. El objetivo fue abordar el rol de las NDC como ventanas de oportunidades para la inversión pública y la privada y hacia dónde dirigir los flujos de financiamiento, en pos del cumplimiento de las metas del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La exposición la realizaron Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; Laura Jaitman; Heloisa Schneider, asesora en Sustentabilidad y Cambio Climático del CEPAL; y Rubén Mercado, economista senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina.
Los paneles restantes estuvieron dedicados a las oportunidades y tendencias del sector bancario para movilizar financiamiento climático; a bonos verdes como instrumentos para incrementar la ambición climática; al modo de traducir las NDC en carteras de proyectos de inversión público-privada; y finalmente al tema “Financiamiento para el sector privado a través del Fondo Verde para el Clima”.
Esta segunda jornada se realizó con el apoyo de la Fundación Avina, BID Invest y el Fondo Verde para el Clima.
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Fecha de Publicación: 06/07/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la Semana de Acción Climática, organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el Palacio de Aguas Corrientes, la segunda jornada estuvo centrada en los avances del financiamiento climático. En la apertura participó Sergio Bergman, secretario de Gobierno del área, junto con Laura Jaitman, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y delegada del Canal de Finanzas del G20 del Ministerio de Hacienda de la Nación; y Agustín Pesce, vicepresidente segundo del Banco de la Nación Argentina.
El secretario de Ambiente nacional expresó durante su intervención: “Este segundo encuentro le da continuidad al primer hito en Argentina, que es esta semana dedicada a la acción climática”. Además indicó: “El síntoma del cambio climático requiere soluciones interdisciplinarias e interjurisdiccionales”
A continuación, Bergman se refirió al tema central de la jornada: “El día de hoy está dedicado al financiamiento del clima”, a la vez que explicó que a partir del Acuerdo de París se presentan “compromisos globales y responsabilidades locales que vinculadas a números y objetivos, que deben auditarse y medirse. Dado que si hay decisión, trazabilidad y evaluación de los resultados entonces hay políticas públicas. Y que esa vinculación requería no solamente de los compromisos políticos sino de los financiamientos”. Luego continuó: “Debemos tener en claro dónde está el financiamiento internacional y local para las obras de infraestructura resiliente, lo que se llama infraestructura verde, para adaptarnos al cambio climático”.
“Es importante que salgamos de esta idea de que siendo latinoamericanos o subdesarrollados estemos esperando que los 4 o 5 países líderes, responsables del 80 % de las emisiones, terminen definiendo cómo manejar la economía para darnos a los otros países algún apoyo para cumplir con estos objetivos, cuando en realidad estamos planteando un acto de justicia, no de caridad”, señaló el secretario de Gobierno. “Los países que podemos ofrecer servicios ambientales para mitigar, necesitamos que nos den los fondos para hacer ese trabajo ambiental”, agregó. “Tenemos una solución: cada uno tiene que poner la parte que le corresponde, y entendemos que las economías que se expandieron y emitieron, son las que deben ahora invertir en la mitigación. Argentina ya con sus índices de contribución, está neutralizando lo que emite. Queremos salir a ofrecerle al mundo que podemos absorber el carbono, podemos ofrecer economías verdes y competitividad en bonos verdes”, finalizó el funcionario.
Durante la jornada, se desarrollaron además cinco paneles de discusión, a cargo de autoridades y referentes en la materia. En el primer panel se discutió sobre cómo acelerar la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC), así como sobre el rol de los sectores público y privado en la estructuración de estrategias de financiamiento climático. El objetivo fue abordar el rol de las NDC como ventanas de oportunidades para la inversión pública y la privada y hacia dónde dirigir los flujos de financiamiento, en pos del cumplimiento de las metas del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La exposición la realizaron Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; Laura Jaitman; Heloisa Schneider, asesora en Sustentabilidad y Cambio Climático del CEPAL; y Rubén Mercado, economista senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina.
Los paneles restantes estuvieron dedicados a las oportunidades y tendencias del sector bancario para movilizar financiamiento climático; a bonos verdes como instrumentos para incrementar la ambición climática; al modo de traducir las NDC en carteras de proyectos de inversión público-privada; y finalmente al tema “Financiamiento para el sector privado a través del Fondo Verde para el Clima”.
Esta segunda jornada se realizó con el apoyo de la Fundación Avina, BID Invest y el Fondo Verde para el Clima.
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Riachuelo: el gobierno reprobó el saneamiento
“El gobierno reprobó en la gestión por el saneamiento”
Fecha de Publicación: 03/07/2019
Fuente: Noticiario Sur
Provincia/Región: Riachuelo
Se ha convocado a una nueva audiencia por el saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo, en esta oportunidad por ACUMAR. El contrapunto histórico se basó en la ausencia de funcionarios de peso en las instancias convocadas por la justicia. Hablamos con Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Las audiencias que eran convocadas desde la Justicia tenían el objetivo que los funcionarios rindieran cuentas ante la corte y revisar planes específicos. “Esta audiencia no se sabe para qué es”, señala Nápoli. Adicionalmente, se hace en un contexto de campaña electoral en un “orden de bastardeo a las instituciones”. Las críticas que pueda recibir en esta consulta no van a cambiar el plan de saneamiento ya aprobado.
“La situación de este proceso demuestra que no está todo bien”, explica el referente. Esta es una política de Estado que se somete a una instancia electoral con la evaluación de un proceso sumamente deficitario. “Los organismos prefieren que se hable mal de estos procesos a que no se hable”, estima Nápoli.
A cuatro años de esta instancia donde la Corte Suprema de justicia de la Nación obligó a las diferentes administraciones el ordenamiento para el saneamiento cloacal del Riachuelo, y que hoy, es la única obra pública que el FMI no ha podido suspender. “Pese a esto el reprobado es bastante grande para esta gestión”, califica Nápoli, “un saneamiento como el de la Cuenca Matanza – Riachuelo no es solo una obra pública, es un proceso mucho más complejo”. Nápoli señala que hay falta de conocimiento, hay ignorancia y una notoria incapacidad de vincular procesos complejos, como la pobreza producto de deficitarias condiciones de salud, hábitat y contaminación que afectan la calidad de la salud de las personas sometidas a estas condiciones. Estos temas fructifican a largo plazo y las gestiones de turno no se hacen cargo del esfuerzo y la tarea necesaria.
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Fecha de Publicación: 03/07/2019
Fuente: Noticiario Sur
Provincia/Región: Riachuelo
Se ha convocado a una nueva audiencia por el saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo, en esta oportunidad por ACUMAR. El contrapunto histórico se basó en la ausencia de funcionarios de peso en las instancias convocadas por la justicia. Hablamos con Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Las audiencias que eran convocadas desde la Justicia tenían el objetivo que los funcionarios rindieran cuentas ante la corte y revisar planes específicos. “Esta audiencia no se sabe para qué es”, señala Nápoli. Adicionalmente, se hace en un contexto de campaña electoral en un “orden de bastardeo a las instituciones”. Las críticas que pueda recibir en esta consulta no van a cambiar el plan de saneamiento ya aprobado.
“La situación de este proceso demuestra que no está todo bien”, explica el referente. Esta es una política de Estado que se somete a una instancia electoral con la evaluación de un proceso sumamente deficitario. “Los organismos prefieren que se hable mal de estos procesos a que no se hable”, estima Nápoli.
A cuatro años de esta instancia donde la Corte Suprema de justicia de la Nación obligó a las diferentes administraciones el ordenamiento para el saneamiento cloacal del Riachuelo, y que hoy, es la única obra pública que el FMI no ha podido suspender. “Pese a esto el reprobado es bastante grande para esta gestión”, califica Nápoli, “un saneamiento como el de la Cuenca Matanza – Riachuelo no es solo una obra pública, es un proceso mucho más complejo”. Nápoli señala que hay falta de conocimiento, hay ignorancia y una notoria incapacidad de vincular procesos complejos, como la pobreza producto de deficitarias condiciones de salud, hábitat y contaminación que afectan la calidad de la salud de las personas sometidas a estas condiciones. Estos temas fructifican a largo plazo y las gestiones de turno no se hacen cargo del esfuerzo y la tarea necesaria.
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El ambiente si es de interés electoral
Las áreas protegidas y el ambiente, en el interés electoral de los argentinos
Fecha de Publicación: 29/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Una encuesta reveló el interés que tendrían los argentinos por un candidato que promueva políticas de medio ambiente y desarrollo de áreas protegidas
El ambiente, su conservación y la crisis climática que afecta al planeta no aparecieron, por ahora, en la agenda electoral. Pero, aunque los candidatos no lo incluyan en el debate y lo evalúen como lejano a las preocupaciones de los argentinos, el 80% considera a las áreas protegidas como un factor de desarrollo en sus provincias y un porcentaje mayor, apoyaría un candidato que las promueva.
Así lo revela una encuesta elaborada por Elypsis, que forma parte del informe "Turismo de Naturaleza", que identifica que este sector podría generar 6400 millones de dólares y más de 350.000 nuevos empleos en los próximos 10 años.
El informe fue gestionado por la fundaciones CLT y Fundación Flora y Fauna (FFyF). La encuesta destaca que más del 50% de los argentinos visitó un área protegida y más del 90%, considera que contribuyen al cuidado del ambiente en sus provincias. Esto último, cobra particular relevancia esta semana, tras conocerse el informe de Ciencia y Política para la Sociedad y la Naturaleza (IPBES, por sus siglas en inglés), que advierte que un millón de especies están en riesgo de extinción.
"En las Américas, la riqueza de la diversidad biológica contribuye ampliamente a la calidad de vida ayudando a reducir la pobreza, a la vez que fortalece las economías y los medios de subsistencia", apuntó el Jake Rice (Canadá), copresidente de la evaluación de las Américas junto con Cristiana Simão Seixas (Brasil) y María Elena Zaccagnini (Argentina).
"El valor económico de las contribuciones de la naturaleza basadas en la tierra a la población de las Américas es más de 24 billones de dólares por año – equivalente al PIB de la región, sin embargo, casi dos tercios – 65% – de estas contribuciones están disminuyendo, con una fuerte disminución del 21%. El cambio climático inducido por el hombre, que afecta la temperatura, las precipitaciones y la naturaleza de los eventos extremos, lleva cada vez más a la pérdida de la biodiversidad y a la disminución de las contribuciones de la naturaleza a las personas, empeorando el impacto de la degradación del hábitat, la contaminación, las especies invasoras y la sobreexplotación de los recursos naturales", sostiene el reporte.
Turismo = soja y fósiles
La encuesta cierra un informe iniciado el año pasado, que permitió identificar que el turismo moviliza en el país lo mismo que la soja y que toda la producción de gas y petróleo: 15.000 millones de dólares. De acuerdo con los datos, el 30% de esa cifra corresponde al turismo de naturaleza en áreas protegidas, que podría generar 6400 millones de dólares y más de 350.000 puestos de empleo en los próximos diez años.
"Este informe que encargamos tiene por objetivo identificar el potencial económico del turismo de naturaleza, que crece en todo el mundo y el cual estamos convencidos que puede desarrollar la Argentina. Estamos hablando de un modelo de ecoturismo en el cual conservamos la biodiversidad, sobre todo los grandes felinos y las especies amenazadas, y dejamos un legado a las generaciones futuras", destacó Sofía Heinonen, directora de CLT y Fundación Flora y Fauna, organizaciones que promueven la creación áreas protegidas bajo un modelo de producción de naturaleza que contempla la restauración de ecosistemas y la vuelta de las especies amenazadas, fortaleciendo el desarrollo de economías regionales.
Algunos de los datos más salientes de la encuesta que se realizó a 4305 encuestados en todo el país entre el 1 y el 6 de marzo pasado:
• Casi la mitad de los encuestados no visitó nunca un parque nacional, ni dentro ni fuera de su provincia. El 32% dice haberlo hecho hace más de un año y entre el 20 y 23% lo hicieron en el último año.
• La contribución de los parques nacionales es, para los encuestados, un claro factor de desarrollo económico y de cuidado del ambiente y, algo menos, como fuente de creación de empleo. El 77% cree que los parques nacionales contribuyen mucho al cuidado del medioambiente, mientras que como factor de desarrollo el ratio es 67%. En cuanto a la generación de empleo sólo el 32% dice que contribuye mucho. Un dato que surgió del
sondeo fue que el 70% ignora que se crearon nuevas áreas protegidas, incluidas las marinas, el año pasado.
• Los habitantes de la región Patagónica valoran más el aporte de los parques nacionales al desarrollo económico, del empleo y ambiental que en otras partes del país. En sentido opuesto, la región pampeana está por debajo del promedio.
• El 81% de los encuestados apoyaría un candidato que promueve la creación de parques nacionales y áreas protegidas. El apoyo varía por zonas: "Todas las regiones muestran resultados parecidos con una consideración del tipo muy importante por más del 40% de la población. Igualmente, la región pampeana es la que muestra menos interés, con 13% de los encuestados creyendo que la creación de parques nacionales no es algo importante a la hora de valorar a un candidato. En cuanto al acceso a los parques, por encima del 75% de la gente de todas las regiones cree que debe ser público", indica el resumen ejecutivo de la encuesta a la que tuvo acceso Infobae.
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Fecha de Publicación: 29/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Una encuesta reveló el interés que tendrían los argentinos por un candidato que promueva políticas de medio ambiente y desarrollo de áreas protegidas
El ambiente, su conservación y la crisis climática que afecta al planeta no aparecieron, por ahora, en la agenda electoral. Pero, aunque los candidatos no lo incluyan en el debate y lo evalúen como lejano a las preocupaciones de los argentinos, el 80% considera a las áreas protegidas como un factor de desarrollo en sus provincias y un porcentaje mayor, apoyaría un candidato que las promueva.
Así lo revela una encuesta elaborada por Elypsis, que forma parte del informe "Turismo de Naturaleza", que identifica que este sector podría generar 6400 millones de dólares y más de 350.000 nuevos empleos en los próximos 10 años.
El informe fue gestionado por la fundaciones CLT y Fundación Flora y Fauna (FFyF). La encuesta destaca que más del 50% de los argentinos visitó un área protegida y más del 90%, considera que contribuyen al cuidado del ambiente en sus provincias. Esto último, cobra particular relevancia esta semana, tras conocerse el informe de Ciencia y Política para la Sociedad y la Naturaleza (IPBES, por sus siglas en inglés), que advierte que un millón de especies están en riesgo de extinción.
"En las Américas, la riqueza de la diversidad biológica contribuye ampliamente a la calidad de vida ayudando a reducir la pobreza, a la vez que fortalece las economías y los medios de subsistencia", apuntó el Jake Rice (Canadá), copresidente de la evaluación de las Américas junto con Cristiana Simão Seixas (Brasil) y María Elena Zaccagnini (Argentina).
"El valor económico de las contribuciones de la naturaleza basadas en la tierra a la población de las Américas es más de 24 billones de dólares por año – equivalente al PIB de la región, sin embargo, casi dos tercios – 65% – de estas contribuciones están disminuyendo, con una fuerte disminución del 21%. El cambio climático inducido por el hombre, que afecta la temperatura, las precipitaciones y la naturaleza de los eventos extremos, lleva cada vez más a la pérdida de la biodiversidad y a la disminución de las contribuciones de la naturaleza a las personas, empeorando el impacto de la degradación del hábitat, la contaminación, las especies invasoras y la sobreexplotación de los recursos naturales", sostiene el reporte.
Turismo = soja y fósiles
La encuesta cierra un informe iniciado el año pasado, que permitió identificar que el turismo moviliza en el país lo mismo que la soja y que toda la producción de gas y petróleo: 15.000 millones de dólares. De acuerdo con los datos, el 30% de esa cifra corresponde al turismo de naturaleza en áreas protegidas, que podría generar 6400 millones de dólares y más de 350.000 puestos de empleo en los próximos diez años.
"Este informe que encargamos tiene por objetivo identificar el potencial económico del turismo de naturaleza, que crece en todo el mundo y el cual estamos convencidos que puede desarrollar la Argentina. Estamos hablando de un modelo de ecoturismo en el cual conservamos la biodiversidad, sobre todo los grandes felinos y las especies amenazadas, y dejamos un legado a las generaciones futuras", destacó Sofía Heinonen, directora de CLT y Fundación Flora y Fauna, organizaciones que promueven la creación áreas protegidas bajo un modelo de producción de naturaleza que contempla la restauración de ecosistemas y la vuelta de las especies amenazadas, fortaleciendo el desarrollo de economías regionales.
Algunos de los datos más salientes de la encuesta que se realizó a 4305 encuestados en todo el país entre el 1 y el 6 de marzo pasado:
• Casi la mitad de los encuestados no visitó nunca un parque nacional, ni dentro ni fuera de su provincia. El 32% dice haberlo hecho hace más de un año y entre el 20 y 23% lo hicieron en el último año.
• La contribución de los parques nacionales es, para los encuestados, un claro factor de desarrollo económico y de cuidado del ambiente y, algo menos, como fuente de creación de empleo. El 77% cree que los parques nacionales contribuyen mucho al cuidado del medioambiente, mientras que como factor de desarrollo el ratio es 67%. En cuanto a la generación de empleo sólo el 32% dice que contribuye mucho. Un dato que surgió del
sondeo fue que el 70% ignora que se crearon nuevas áreas protegidas, incluidas las marinas, el año pasado.
• Los habitantes de la región Patagónica valoran más el aporte de los parques nacionales al desarrollo económico, del empleo y ambiental que en otras partes del país. En sentido opuesto, la región pampeana está por debajo del promedio.
• El 81% de los encuestados apoyaría un candidato que promueve la creación de parques nacionales y áreas protegidas. El apoyo varía por zonas: "Todas las regiones muestran resultados parecidos con una consideración del tipo muy importante por más del 40% de la población. Igualmente, la región pampeana es la que muestra menos interés, con 13% de los encuestados creyendo que la creación de parques nacionales no es algo importante a la hora de valorar a un candidato. En cuanto al acceso a los parques, por encima del 75% de la gente de todas las regiones cree que debe ser público", indica el resumen ejecutivo de la encuesta a la que tuvo acceso Infobae.
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Humedales abandonados a su suerte por el gobierno
Humedales: lapidario informe de la Auditoría de la Nación sobre la inacción del gobierno
Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Dos Ambientes Noticias Verdes
Provincia/Región: Nacional
Ni presupuesto, ni trabajo de campo, ni estrategia, ni información pública. Nada. Ese es el resumen de lo (no) hecho por el gobierno nacional en los últimos años en relación al estudio y la conservación de los Humedales, ecosistemas cada vez más valorados a nivel internacional por los variados y ricos servicios ambientales que prestan a su entorno. Así se desprende de un informe elaborado por la Auditoria General de la Nación publicado el pasado 11 de junio donde se describe el grado de desidia y falta de trabajo de las áreas competentes en el tema, entre las cuáles se destaca la secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.
“Durante el período auditado (entre 2015 y 2017) no hay evidencia de trabajo coordinado entre la Secretaría y la Conadibio (Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica). Tampoco se observa que la conservación de los Humedales haya sido tratada en las subcomisiones” señala la auditoria, que agrega que al día de hoy la Conadibio “no poseía información concreta ni informe preliminar” sobre la situación de los Humedales, a pesar de que este debía ser entregado en diciembre pasado.
La Auditoría también relevó que por ahora sólo se publicó el primer nivel del inventario nacional de humedales (todavía faltan el dos y el tres) “a pesar de que es el instrumento esencial para la elaboración y aplicación de políticas de cuidado”. Al mismo tiempo se señala que “no existe en el presupuesto nacional una partida específica para la realización de este inventario ni hay planificación específica para su realización” y se observa “una falta de lineamientos comunes para todo el territorio nacional”. Tampoco se detectaron “criterios técnicos utilizados para la selección y priorización de las provincias donde se realizaron las pruebas piloto”.
Sitios Ramsar
Respecto a los sitios Ramsar, lugares considerados como humedales de importancia internacional , la Auditoria expresó que las instancias gubernamentales “no realizaron una evaluación rigurosa de los sitios” ni tampoco desarrollaron un sistema de evaluación ni de monitoreo para establecer su grado de conservación ni para relevar su dinámica. El organismo de control agregó que la información suministrada por esas áreas “posee inconsistencias y en algunos casos es insuficiente” ya que de los 23 expedientes solicitados sólo se suministró información sobre tres sitios.
“La falta de información ocasiona que no se tenga un expediente detallado de cada sitio Ramsar, dificulta su monitoreo e impide realizar un seguimiento”, dice el informe, que denuncia a estas acciones como “una restricción significativa de acceso a la información pública”.
Parques Nacionales
La Administración de Parques Nacionales tampoco hizo lo que tenía que hacer ya que no incluyó ni estrategias ni acciones concretas de defensa de los sitios Ramsar bajo su jurisdicción. Además, según la auditoria, los parques nacionales que poseen sitios Ramsar no tienen personal suficiente para su cuidado y conservación.
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Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Dos Ambientes Noticias Verdes
Provincia/Región: Nacional
Ni presupuesto, ni trabajo de campo, ni estrategia, ni información pública. Nada. Ese es el resumen de lo (no) hecho por el gobierno nacional en los últimos años en relación al estudio y la conservación de los Humedales, ecosistemas cada vez más valorados a nivel internacional por los variados y ricos servicios ambientales que prestan a su entorno. Así se desprende de un informe elaborado por la Auditoria General de la Nación publicado el pasado 11 de junio donde se describe el grado de desidia y falta de trabajo de las áreas competentes en el tema, entre las cuáles se destaca la secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.
“Durante el período auditado (entre 2015 y 2017) no hay evidencia de trabajo coordinado entre la Secretaría y la Conadibio (Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica). Tampoco se observa que la conservación de los Humedales haya sido tratada en las subcomisiones” señala la auditoria, que agrega que al día de hoy la Conadibio “no poseía información concreta ni informe preliminar” sobre la situación de los Humedales, a pesar de que este debía ser entregado en diciembre pasado.
La Auditoría también relevó que por ahora sólo se publicó el primer nivel del inventario nacional de humedales (todavía faltan el dos y el tres) “a pesar de que es el instrumento esencial para la elaboración y aplicación de políticas de cuidado”. Al mismo tiempo se señala que “no existe en el presupuesto nacional una partida específica para la realización de este inventario ni hay planificación específica para su realización” y se observa “una falta de lineamientos comunes para todo el territorio nacional”. Tampoco se detectaron “criterios técnicos utilizados para la selección y priorización de las provincias donde se realizaron las pruebas piloto”.
Sitios Ramsar
Respecto a los sitios Ramsar, lugares considerados como humedales de importancia internacional , la Auditoria expresó que las instancias gubernamentales “no realizaron una evaluación rigurosa de los sitios” ni tampoco desarrollaron un sistema de evaluación ni de monitoreo para establecer su grado de conservación ni para relevar su dinámica. El organismo de control agregó que la información suministrada por esas áreas “posee inconsistencias y en algunos casos es insuficiente” ya que de los 23 expedientes solicitados sólo se suministró información sobre tres sitios.
“La falta de información ocasiona que no se tenga un expediente detallado de cada sitio Ramsar, dificulta su monitoreo e impide realizar un seguimiento”, dice el informe, que denuncia a estas acciones como “una restricción significativa de acceso a la información pública”.
Parques Nacionales
La Administración de Parques Nacionales tampoco hizo lo que tenía que hacer ya que no incluyó ni estrategias ni acciones concretas de defensa de los sitios Ramsar bajo su jurisdicción. Además, según la auditoria, los parques nacionales que poseen sitios Ramsar no tienen personal suficiente para su cuidado y conservación.
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Ya quieren cambiar la ley de glaciares ante el fallo adverso
El Gobierno planea modificar una ley por el fallo de glaciares
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Buscan definir con precisión el ambiente periglaciar para evitar controversias que entorpezcan la minería.
El día después de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, en el Gobierno provincial buscan ahora modificar la legislación local, con una nueva norma o con precisiones a la vigente, la 8.144. La idea es definir con precisión el ambiente periglaciar, mencionado en forma genérica en la ley nacional, la 26.639, y que podría prestarse para confusiones, para evitar controversias que puedan entorpecer el desarrollo de la actividad minera en San Juan.
"Hay una indefinición del ambiente periglaciar, que es muy amplio y las sociedades científicas han dicho que hay que precisarlo porque es un concepto indefinido que, de esa forma, abarca toda la cordillera", dijo ayer el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel, participó ayer en una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo del máximo tribunal de justicia del país. "En principio, el fallo de ninguna manera afecta el normal desarrollo de la actividad minera en San Juan. Es un claro reconocimiento a las atribuciones y derechos de las provincias sobre sus recursos originarios y una mención al necesario funcionamiento del sistema federal", dijo, tal como lo había adelantado el día anterior.
La Corte Suprema se pronunció el martes rechazando una demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639, planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama y Minera Argentina Gold SA, del proyecto Veladero.
Despejada la duda en el sentido de que con el dictamen no se verán afectados los proyectos en marcha ni los futuros, en el Gobierno sanjuanino buscan avanzar en un camino en el que no se vayan a encontrar obstáculos que puedan entorpecer la actividad. Una de las cuestiones es la indefinición del término ambiente periglaciar, demasiado amplio, por lo que en la administración provincial entienden que hay que avanzar para despejar cualquier duda. Una alternativa, la más cercana según las fuentes consultadas, es o bien modificar la norma provincial o sancionar una nueva que aclare convenientemente el término. Intentar una modificación de la Ley de Glaciares, que es sobre la que se ha pronunciado la Corte Suprema, está descartado porque sería incentivar una nuevo debate nacional sobre la minería, una posibilidad que en el Gobierno local no ven con buenos ojos. Otras alternativas, mencionadas por el propio fiscal Alvo, podría ser a través de un decreto reglamentario. "Lo más propicio sería una reforma de la ley o del decreto reglamentario, para que no haya ahora la incertidumbre que hay". También podrían ser ordenanzas municipales en los departamentos mineros, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además falta avanzar con el inventario de los glaciares argentinos que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, ver infografía).
Quien también opinó sobre el fallo judicial fue el abogado Diego Seguí, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. "Una crítica es que la participación de la Provincia haya sido en adhesión al interés privado y particular de una empresa y no tomando participación defendiendo el interés general, público y colectivo", expresó el profesional. Y sobre la resolución agregó que "la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que dijo, desestimó primero el planteo de inconstitucionalidad in límine, diciendo que no se han reunido los requisitos formales para la admisión. Sin embargo ha dicho que frente a un interés individual y uno colectivo debe primar este último". "Entiendo que lo que la Corte ha hecho es transmitir seguridad jurídica respecto a que hay lugares que no se pueden afectar, lo que lleva tranquilidad para los inversores también", sostuvo.
Desde la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, se hace hincapié en que no hay que perder de vista la preservación del recurso hídrico, sea para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, para recarga de cuencas hidrográficas u otras cuestiones científicas. Y después que, donde se vaya a desarrollar cualquier actividad, hay que cuidar estos conceptos de agua, ya sea como glaciar, glaciar cubierto, ambiente periglaciar, y determinar dónde habría una afectación al recurso del agua. En definitiva, tener seguridad jurídica para que lleguen inversiones y licencia social para que las permitan avanzar.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Buscan definir con precisión el ambiente periglaciar para evitar controversias que entorpezcan la minería.
El día después de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, en el Gobierno provincial buscan ahora modificar la legislación local, con una nueva norma o con precisiones a la vigente, la 8.144. La idea es definir con precisión el ambiente periglaciar, mencionado en forma genérica en la ley nacional, la 26.639, y que podría prestarse para confusiones, para evitar controversias que puedan entorpecer el desarrollo de la actividad minera en San Juan.
"Hay una indefinición del ambiente periglaciar, que es muy amplio y las sociedades científicas han dicho que hay que precisarlo porque es un concepto indefinido que, de esa forma, abarca toda la cordillera", dijo ayer el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel, participó ayer en una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo del máximo tribunal de justicia del país. "En principio, el fallo de ninguna manera afecta el normal desarrollo de la actividad minera en San Juan. Es un claro reconocimiento a las atribuciones y derechos de las provincias sobre sus recursos originarios y una mención al necesario funcionamiento del sistema federal", dijo, tal como lo había adelantado el día anterior.
La Corte Suprema se pronunció el martes rechazando una demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639, planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama y Minera Argentina Gold SA, del proyecto Veladero.
Despejada la duda en el sentido de que con el dictamen no se verán afectados los proyectos en marcha ni los futuros, en el Gobierno sanjuanino buscan avanzar en un camino en el que no se vayan a encontrar obstáculos que puedan entorpecer la actividad. Una de las cuestiones es la indefinición del término ambiente periglaciar, demasiado amplio, por lo que en la administración provincial entienden que hay que avanzar para despejar cualquier duda. Una alternativa, la más cercana según las fuentes consultadas, es o bien modificar la norma provincial o sancionar una nueva que aclare convenientemente el término. Intentar una modificación de la Ley de Glaciares, que es sobre la que se ha pronunciado la Corte Suprema, está descartado porque sería incentivar una nuevo debate nacional sobre la minería, una posibilidad que en el Gobierno local no ven con buenos ojos. Otras alternativas, mencionadas por el propio fiscal Alvo, podría ser a través de un decreto reglamentario. "Lo más propicio sería una reforma de la ley o del decreto reglamentario, para que no haya ahora la incertidumbre que hay". También podrían ser ordenanzas municipales en los departamentos mineros, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además falta avanzar con el inventario de los glaciares argentinos que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, ver infografía).
Quien también opinó sobre el fallo judicial fue el abogado Diego Seguí, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. "Una crítica es que la participación de la Provincia haya sido en adhesión al interés privado y particular de una empresa y no tomando participación defendiendo el interés general, público y colectivo", expresó el profesional. Y sobre la resolución agregó que "la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que dijo, desestimó primero el planteo de inconstitucionalidad in límine, diciendo que no se han reunido los requisitos formales para la admisión. Sin embargo ha dicho que frente a un interés individual y uno colectivo debe primar este último". "Entiendo que lo que la Corte ha hecho es transmitir seguridad jurídica respecto a que hay lugares que no se pueden afectar, lo que lleva tranquilidad para los inversores también", sostuvo.
Desde la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, se hace hincapié en que no hay que perder de vista la preservación del recurso hídrico, sea para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, para recarga de cuencas hidrográficas u otras cuestiones científicas. Y después que, donde se vaya a desarrollar cualquier actividad, hay que cuidar estos conceptos de agua, ya sea como glaciar, glaciar cubierto, ambiente periglaciar, y determinar dónde habría una afectación al recurso del agua. En definitiva, tener seguridad jurídica para que lleguen inversiones y licencia social para que las permitan avanzar.
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Infraestructura para visitantes en PN en manos de Ambiente
Modifican competencias de Parques Nacionales
Fecha de Publicación: 31/05/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Nacional
A través del decreto 368/2019, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri modificó las competencias del directorio de Parques Nacionales. Es decir, le cedió a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable el poder de decisión sobre la construcción de infraestructura para atención a los visitantes, que detalla el articulo 6 de la Ley de Parques Nacionales.
Entre los considerandos del decreto se indica que la decisión se da en el marco del Plan de Modernización del Estado aprobado por el Decreto N° 434/16, el Decreto N° 891/17 -por el que se aprobaron las buenas prácticas en materia de simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional-, que establece como premisa básica la mejora regulatoria como una labor continua del sector público.
Ademas, el documento que lleva la firma del mandatario nacional explica que la finalidad es la “desconcentración en la toma de decisiones es una herramienta de la organización administrativa que permite brindar mayor celeridad a los trámites que están en cabeza del Poder Ejecutivo nacional a efectos de evitar pasos burocráticos innecesarios, es por ello que la toma de decisión respecto a la aprobación del desarrollo de infraestructuras en concesión pasara a ser tomada por Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sin importar la opinión de Parques Nacionales quienes llevaban a delante los estudios de impacto ambiental”.
Ante la medida, grupos ambientalistas de Parque Nacional Iguazú se declararon en estado de alerta.
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Fecha de Publicación: 31/05/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Nacional
A través del decreto 368/2019, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri modificó las competencias del directorio de Parques Nacionales. Es decir, le cedió a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable el poder de decisión sobre la construcción de infraestructura para atención a los visitantes, que detalla el articulo 6 de la Ley de Parques Nacionales.
Entre los considerandos del decreto se indica que la decisión se da en el marco del Plan de Modernización del Estado aprobado por el Decreto N° 434/16, el Decreto N° 891/17 -por el que se aprobaron las buenas prácticas en materia de simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional-, que establece como premisa básica la mejora regulatoria como una labor continua del sector público.
Ademas, el documento que lleva la firma del mandatario nacional explica que la finalidad es la “desconcentración en la toma de decisiones es una herramienta de la organización administrativa que permite brindar mayor celeridad a los trámites que están en cabeza del Poder Ejecutivo nacional a efectos de evitar pasos burocráticos innecesarios, es por ello que la toma de decisión respecto a la aprobación del desarrollo de infraestructuras en concesión pasara a ser tomada por Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sin importar la opinión de Parques Nacionales quienes llevaban a delante los estudios de impacto ambiental”.
Ante la medida, grupos ambientalistas de Parque Nacional Iguazú se declararon en estado de alerta.
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Chubut: gobernador anunció veto a prohibición del glifosato
Arcioni anunció el veto de la prohibición del glifosato en Chubut
Fecha de Publicación: 27/05/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador Mariano Arcioni señaló la falta de participación en el armado del proyecto para reglamentar el herbicida y aseguró que la prohibición fue impulsada "con fines electorales".
Este mediodía en conferencia de prensa, el gobernador Mariano Arcioni respondió ante la consulta por el fuerte posicionamiento de algunos sectores del campo en relación a la recientemente aprobada prohibición del uso de glifosato en suelo chubutense.
Al respecto el mandatario indicó que se estuvo revisando la ley de prohibición de uso del glifosato en Chubut y expresó: "fue un proyecto de ley que no se hizo participar absolutamente a nadie, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados”.
En este sentido, manifestó: “si hay que reglamentarlo de otra manera, hay que convocar a todos los sectores y estudiar el tema, y no hacerse eco. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden".
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Fecha de Publicación: 27/05/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador Mariano Arcioni señaló la falta de participación en el armado del proyecto para reglamentar el herbicida y aseguró que la prohibición fue impulsada "con fines electorales".
Este mediodía en conferencia de prensa, el gobernador Mariano Arcioni respondió ante la consulta por el fuerte posicionamiento de algunos sectores del campo en relación a la recientemente aprobada prohibición del uso de glifosato en suelo chubutense.
Al respecto el mandatario indicó que se estuvo revisando la ley de prohibición de uso del glifosato en Chubut y expresó: "fue un proyecto de ley que no se hizo participar absolutamente a nadie, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados”.
En este sentido, manifestó: “si hay que reglamentarlo de otra manera, hay que convocar a todos los sectores y estudiar el tema, y no hacerse eco. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden".
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Rosenkrantz y Macri socios mineros
Los intereses de Rosenkrantz y Macri en una causa en manos de la CSJN
Fecha de Publicación: 25/05/2019
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Nacional
En una nota publicada de El Cohete a la Luna, Horacio Verbitsky reveló los detalles de una causa que está en manos de la Corte Suprema y en la que habría un interés del presidente de la misma, Carlos Rosenkrantz y de la empresa de la familia Macri. "El presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold", explica el periodista.
En una nota publicada en su sitio El Cohete a la Luna, "Un amigo de oro", Horacio Verbitsky reveló los "negocios mineros" entre el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, y el presidente de la Nación Mauricio Macri.
Según el periodista, "Sideco Americana y Odebrecht son los principales accionistas del fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macri (Socma)".
Entre los integrantes de Blackwood Group figuraban empresas que forman o formaron parte del Grupo Macri. Una de ellas, Minera Geometales, "fue presentada en 2006 en una convención minera en Canadá por Franco Macri". La compañía realiza tareas de exploración de cobre y oro en la Argentina y otros países.
Minera Geometales "inscribió el hallazgo de tres yacimientos en el cinturón de cobre El Teniente, en terrenos lindantes a uno del primo Angelo Calcaterra y a otros del Ejército en Campo de los Andes". Una vez presidente, Mauricio Macri los puso a la venta. "Los nuevos yacimientos recibieron el nombre de algunas de las mujeres de la tribu: Valentina, por la hija mayor de Juliana Awada; Florencia, por la hermana menor del Presidente y Francesca por su sobrina, hija de su hermano Gianfranco Macrì, el blanqueador de la famiglia".
En 2014, el gobierno mendocino le quitó a los Macri por la resolución 454 del Consejo de Minería, la concesión del yacimiento Francesca por incumplimientos. El apoderado, el contador mendocino Julio Pulisich, apeló la medida. En marzo de 2018, el gobierno mendocino de Alfredo Cornejo firmó el decreto 304: “Revóquese la mencionada resolución y remítase la presente pieza administrativa al Honorable Consejo de Minería para el dictado de una nueva resolución ajustada a derecho”.
Carlos Rosenkrantz es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2016, cuando el Poder Ejecutivo lo nombró para reemplazar a Carlos Fayt. Entonces, el juez entregó una lista de clientes del estudio que compartía con Gabriel Bouzat. "Entre ellos figuraba Oromin Explorations, una compañía minera con sede en Vancouver, Canadá", explica Verbitsky.
"La dirección de Oromin en la Argentina es Santa Fe 1193, piso 3°, donde funciona el estudio del que Rosenkrantz se retiró en 2016 para asumir como comisionado presidencial en la Corte Suprema (...) Pero además Bouzat es director de Oromin, donde comparte asientos con el contador Pulisich, quien además es el apoderado de la compañía".
"El presidente de Oromin SA es Chester Idziszek, quien también es el CEO de la compañía canadiense Battle Mountain-Gold-Inc, que hace una década fue adquirida por una minera estadounidense que tiene una decena de inversiones en la Argentina, Royal Gold. Entre otras asociaciones, Royal Gold posee el 5.23% de la minera que explota el yacimiento binacional de Pascua-Lama. El accionista principal de Pascua-Lama es la minera canadiense Barrick Gold. Como contamos en una edición anterior de El Cohete a la Luna, la Barrick pretende que la Corte Suprema declare inconstitucional la Ley de Glaciares, que impone restricciones a la explotación minera en defensa del medio ambiente. Es decir que el presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold", explica la nota de El Cohete a la Luna.
En ese enfrentamiento judicial están involucradas Barrick Exploraciones Argentinas SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, ambas concesionarias del lado argentino del emprendimiento binacional. Por ser una ley federal, la Corte declaró su competencia originaria en junio de 2011, como una acción declarativa de inconstitucionalidad. "El 12 de marzo de este año, la causa estuvo en la vocalía de Rosenkrantz, quien no se excusó", relata Verbitsky.
En el marco de la causa, la empresa Berrick presentó una ampliación de fundamentos. "En ese escrito refuta los argumentos del voto mayoritario opuesto a su pretensión, que sólo conocían los ministros de la Corte y sus colaboradores más próximos".
"En ese proyecto de voto había coincidido el triunvirato interventor de la Corte. A raíz de ello Lorenzetti, Rosatti y Maqueda entienden que Rosenkrantz fue el infidente y citan un precedente de diciembre del año pasado, con el fallo Blanco sobre haberes e indemnizaciones de jubilados", continúa el periodista.
Más adelante, la nota hace referencia al Código Iberoamericano de Ética Judicial, que define la imparcialidad del juez en estos términos: “El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio”. Por eso “está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así” y “debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los abogados y con los justiciables”. Por eso “debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas”. "Igual que Rosenkrantz, pero al revés", remata Verbitsky.
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Fecha de Publicación: 25/05/2019
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Nacional
En una nota publicada de El Cohete a la Luna, Horacio Verbitsky reveló los detalles de una causa que está en manos de la Corte Suprema y en la que habría un interés del presidente de la misma, Carlos Rosenkrantz y de la empresa de la familia Macri. "El presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold", explica el periodista.
En una nota publicada en su sitio El Cohete a la Luna, "Un amigo de oro", Horacio Verbitsky reveló los "negocios mineros" entre el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, y el presidente de la Nación Mauricio Macri.
Según el periodista, "Sideco Americana y Odebrecht son los principales accionistas del fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macri (Socma)".
Entre los integrantes de Blackwood Group figuraban empresas que forman o formaron parte del Grupo Macri. Una de ellas, Minera Geometales, "fue presentada en 2006 en una convención minera en Canadá por Franco Macri". La compañía realiza tareas de exploración de cobre y oro en la Argentina y otros países.
Minera Geometales "inscribió el hallazgo de tres yacimientos en el cinturón de cobre El Teniente, en terrenos lindantes a uno del primo Angelo Calcaterra y a otros del Ejército en Campo de los Andes". Una vez presidente, Mauricio Macri los puso a la venta. "Los nuevos yacimientos recibieron el nombre de algunas de las mujeres de la tribu: Valentina, por la hija mayor de Juliana Awada; Florencia, por la hermana menor del Presidente y Francesca por su sobrina, hija de su hermano Gianfranco Macrì, el blanqueador de la famiglia".
En 2014, el gobierno mendocino le quitó a los Macri por la resolución 454 del Consejo de Minería, la concesión del yacimiento Francesca por incumplimientos. El apoderado, el contador mendocino Julio Pulisich, apeló la medida. En marzo de 2018, el gobierno mendocino de Alfredo Cornejo firmó el decreto 304: “Revóquese la mencionada resolución y remítase la presente pieza administrativa al Honorable Consejo de Minería para el dictado de una nueva resolución ajustada a derecho”.
Carlos Rosenkrantz es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2016, cuando el Poder Ejecutivo lo nombró para reemplazar a Carlos Fayt. Entonces, el juez entregó una lista de clientes del estudio que compartía con Gabriel Bouzat. "Entre ellos figuraba Oromin Explorations, una compañía minera con sede en Vancouver, Canadá", explica Verbitsky.
"La dirección de Oromin en la Argentina es Santa Fe 1193, piso 3°, donde funciona el estudio del que Rosenkrantz se retiró en 2016 para asumir como comisionado presidencial en la Corte Suprema (...) Pero además Bouzat es director de Oromin, donde comparte asientos con el contador Pulisich, quien además es el apoderado de la compañía".
"El presidente de Oromin SA es Chester Idziszek, quien también es el CEO de la compañía canadiense Battle Mountain-Gold-Inc, que hace una década fue adquirida por una minera estadounidense que tiene una decena de inversiones en la Argentina, Royal Gold. Entre otras asociaciones, Royal Gold posee el 5.23% de la minera que explota el yacimiento binacional de Pascua-Lama. El accionista principal de Pascua-Lama es la minera canadiense Barrick Gold. Como contamos en una edición anterior de El Cohete a la Luna, la Barrick pretende que la Corte Suprema declare inconstitucional la Ley de Glaciares, que impone restricciones a la explotación minera en defensa del medio ambiente. Es decir que el presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold", explica la nota de El Cohete a la Luna.
En ese enfrentamiento judicial están involucradas Barrick Exploraciones Argentinas SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, ambas concesionarias del lado argentino del emprendimiento binacional. Por ser una ley federal, la Corte declaró su competencia originaria en junio de 2011, como una acción declarativa de inconstitucionalidad. "El 12 de marzo de este año, la causa estuvo en la vocalía de Rosenkrantz, quien no se excusó", relata Verbitsky.
En el marco de la causa, la empresa Berrick presentó una ampliación de fundamentos. "En ese escrito refuta los argumentos del voto mayoritario opuesto a su pretensión, que sólo conocían los ministros de la Corte y sus colaboradores más próximos".
"En ese proyecto de voto había coincidido el triunvirato interventor de la Corte. A raíz de ello Lorenzetti, Rosatti y Maqueda entienden que Rosenkrantz fue el infidente y citan un precedente de diciembre del año pasado, con el fallo Blanco sobre haberes e indemnizaciones de jubilados", continúa el periodista.
Más adelante, la nota hace referencia al Código Iberoamericano de Ética Judicial, que define la imparcialidad del juez en estos términos: “El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio”. Por eso “está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así” y “debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los abogados y con los justiciables”. Por eso “debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas”. "Igual que Rosenkrantz, pero al revés", remata Verbitsky.
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Bergman intenta justificar el turismo en reservas
Bergman presente en reunión sobre turismo de naturaleza
Fecha de Publicación: 16/05/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, participó junto a su par nacional de Turismo, Gustavo Santos, de una mesa en la que se analizaron tendencias y oportunidades de las áreas protegidas del país. Allí fue presentado un informe denominado “Turismo de naturaleza” según el cual el sector podría generar 6.400 millones de dólares y más de 350 mil nuevos empleos en los próximos 10 años.
Bergman aseguró allí que “no hay nada más federal y que pueda unir a los argentinos que la naturaleza. El turismo de naturaleza pone valor, no degrada y genera una economía diferente”. “Sabemos que tenemos que poner en valor la naturaleza para exportarla. Esto trasciende a los gobiernos. Es una propiedad de los argentinos y no de la gestión”, afirmó.
Por su parte, Santos destacó: “La Argentina está frente a una oportunidad de crear empleo, desarrollo y arraigo. En 2017 se registraron 1.200 millones de viajes y la cifra crecerá a 1.800 millones en 2027 ¿A dónde irán esos 600 millones de viajes? A los emergentes y a los destinos con naturaleza, que empieza a escasear y se revaloriza”. “Los destinos maduros están saturados y el mismo residente empieza a entrar en conflicto con el turista. Tenemos que instalar a la Argentina como una reserva de naturaleza y desarrollar una oferta federal, que sea garantía de desarrollo”, puntualizó el funcionario.
El informe mencionado fue gestionado por las fundaciones The Conservation Land Trust (CLT) y Flora y Fauna (FFyF). Según una encuesta que forma parte del mismo, el 85 % de los argentinos cree que las áreas protegidas y los parques nacionales pueden ser un factor de desarrollo, 8 de cada 10 apoyaría a un candidato que promueva estas áreas y el 78 % considera importante crear más de estos espacios en sus provincias. La encuesta destaca también que más del 50 % visitó un área protegida y más del 90 % considera que contribuyen al cuidado del ambiente en sus provincias. La encuesta cierra un informe, iniciado el año pasado, que permitió identificar que el turismo moviliza en el país lo mismo que la soja y que toda la producción de gas y petróleo: 15.000 millones de dólares. De acuerdo con los datos, el 30 % de esa cifra corresponde al turismo de naturaleza en áreas protegidas.
En el encuentro también participaron el vocal del directorio de la Administración de Parques Nacionales, Pablo Galli; el director de Elypsis, Luciano Cohan; y la directora de CLT y FFyF, Sofía Heinonen.
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Fecha de Publicación: 16/05/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, participó junto a su par nacional de Turismo, Gustavo Santos, de una mesa en la que se analizaron tendencias y oportunidades de las áreas protegidas del país. Allí fue presentado un informe denominado “Turismo de naturaleza” según el cual el sector podría generar 6.400 millones de dólares y más de 350 mil nuevos empleos en los próximos 10 años.
Bergman aseguró allí que “no hay nada más federal y que pueda unir a los argentinos que la naturaleza. El turismo de naturaleza pone valor, no degrada y genera una economía diferente”. “Sabemos que tenemos que poner en valor la naturaleza para exportarla. Esto trasciende a los gobiernos. Es una propiedad de los argentinos y no de la gestión”, afirmó.
Por su parte, Santos destacó: “La Argentina está frente a una oportunidad de crear empleo, desarrollo y arraigo. En 2017 se registraron 1.200 millones de viajes y la cifra crecerá a 1.800 millones en 2027 ¿A dónde irán esos 600 millones de viajes? A los emergentes y a los destinos con naturaleza, que empieza a escasear y se revaloriza”. “Los destinos maduros están saturados y el mismo residente empieza a entrar en conflicto con el turista. Tenemos que instalar a la Argentina como una reserva de naturaleza y desarrollar una oferta federal, que sea garantía de desarrollo”, puntualizó el funcionario.
El informe mencionado fue gestionado por las fundaciones The Conservation Land Trust (CLT) y Flora y Fauna (FFyF). Según una encuesta que forma parte del mismo, el 85 % de los argentinos cree que las áreas protegidas y los parques nacionales pueden ser un factor de desarrollo, 8 de cada 10 apoyaría a un candidato que promueva estas áreas y el 78 % considera importante crear más de estos espacios en sus provincias. La encuesta destaca también que más del 50 % visitó un área protegida y más del 90 % considera que contribuyen al cuidado del ambiente en sus provincias. La encuesta cierra un informe, iniciado el año pasado, que permitió identificar que el turismo moviliza en el país lo mismo que la soja y que toda la producción de gas y petróleo: 15.000 millones de dólares. De acuerdo con los datos, el 30 % de esa cifra corresponde al turismo de naturaleza en áreas protegidas.
En el encuentro también participaron el vocal del directorio de la Administración de Parques Nacionales, Pablo Galli; el director de Elypsis, Luciano Cohan; y la directora de CLT y FFyF, Sofía Heinonen.
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Piden terminar con el progama "Oportunidades Naturales"
FARN solicita que se cancelé la convocatoria a invertir en "Oportunidades Naturales"
Fecha de Publicación: 07/05/2019
Fuente: Info Ambiente
Provincia/Región: Nacional
“Oportunidades Naturales” es una iniciativa interministerial que tiene por objeto atraer inversiones privadas para el desarrollo de servicios turísticos en áreas naturales protegidas del país. Se presenta como una estrategia dirigida a implementar un turismo sustentable que posicione la Argentina como un destino líder en producción de naturaleza.
Sin embargo esta iniciativa, llevada a cabo por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y la Secretaría de Turismo de la Nación, a la que adhiere la Administración de Parques Nacionales (APN), generó resistencias y expresiones de rechazo desde diversos parques nacionales incluidos entre las 37 oportunidades de inversión en alojamientos y actividades turísticas que incluyen glampings, hosterías y restaurantes, entre otros servicios.
Las áreas protegidas son la herramienta más utilizada en el mundo en lo que respecta a estrategias que apuntan a la conservación del patrimonio natural y cultural. Albergan hábitats relevantes, dan refugio a multitud de especies de flora y fauna, y contribuyen a mantener los procesos naturales que sustentan la vida en la Tierra. Asimismo, s son fuente de medios de vida y brindan bienes y servicios ambientales que son esenciales para el bienestar humano. Son importantes para la investigación científica y la educación ambiental, y pueden contribuir a las economías locales y regionales a través de diversas actividades económicas, entre ellas el turismo.
No obstante, el turismo en áreas protegidas es un asunto complejo: puede significar tanto beneficios como costos. Es responsabilidad de los administradores de tales áreas el maximizar los beneficios y minimizar en todo lo posible los costos.
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Fecha de Publicación: 07/05/2019
Fuente: Info Ambiente
Provincia/Región: Nacional
“Oportunidades Naturales” es una iniciativa interministerial que tiene por objeto atraer inversiones privadas para el desarrollo de servicios turísticos en áreas naturales protegidas del país. Se presenta como una estrategia dirigida a implementar un turismo sustentable que posicione la Argentina como un destino líder en producción de naturaleza.
Sin embargo esta iniciativa, llevada a cabo por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y la Secretaría de Turismo de la Nación, a la que adhiere la Administración de Parques Nacionales (APN), generó resistencias y expresiones de rechazo desde diversos parques nacionales incluidos entre las 37 oportunidades de inversión en alojamientos y actividades turísticas que incluyen glampings, hosterías y restaurantes, entre otros servicios.
Las áreas protegidas son la herramienta más utilizada en el mundo en lo que respecta a estrategias que apuntan a la conservación del patrimonio natural y cultural. Albergan hábitats relevantes, dan refugio a multitud de especies de flora y fauna, y contribuyen a mantener los procesos naturales que sustentan la vida en la Tierra. Asimismo, s son fuente de medios de vida y brindan bienes y servicios ambientales que son esenciales para el bienestar humano. Son importantes para la investigación científica y la educación ambiental, y pueden contribuir a las economías locales y regionales a través de diversas actividades económicas, entre ellas el turismo.
No obstante, el turismo en áreas protegidas es un asunto complejo: puede significar tanto beneficios como costos. Es responsabilidad de los administradores de tales áreas el maximizar los beneficios y minimizar en todo lo posible los costos.
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Día de la Tierra 2019
Día de la Tierra: necesitamos acciones concretas y urgentes
Fecha de Publicación: 22/04/2019
Fuente: InfoBae (Argentina)
Provincia/Región: Nacional
El Día de la Tierra se celebra cada 22 de abril y busca generar conciencia sobre los problemas ambientales que afectan al planeta: cambio climático, contaminación y deforestación, entre otros. La fecha funciona como un recordatorio del que nadie está exento: la toma de conciencia debe ser colectiva. Como ciudadanos tenemos mucho por hacer, pero quienes más deben aprovechar esta efeméride para reflexionar son los gobiernos.
Como acto seguido a la toma de conciencia, necesitamos acciones concretas y urgentes. Los datos hablan por sí mismos: los últimos 4 años fueron los más calurosos por los efectos del calentamiento global; Argentina se encuentra en el puesto 28 de los países que más contaminan sus mares con plásticos; las sequías y las inundaciones aumentan su frecuencia según se avanza con la destrucción de bosques y la quema de combustibles fósiles, lo que potencia el calentamiento global y provoca, a su vez, pérdidas económicas, riesgos sanitarios, problemas sociales y graves impactos ambientales. Según FAO, entre 1990 y 2015 Argentina fue uno de los 10 países que más deforestó en el mundo: 7,6 millones de hectáreas, el tamaño de la provincia de Entre Ríos.
¿Cómo llegamos a este punto? La quema de combustibles fósiles y la deforestación incrementaron a tasas astronómicas desde la revolución industrial para satisfacer la insaciable demanda de recursos de la sociedad de consumo global, y principalmente, para enriquecer a parte del 1% más rico del planeta: desde 1990 se destruyeron más de 129 millones de hectáreas de bosques —una superficie casi equivalente a la de Sudáfrica— y la actividad humana llevó a una concentración elevada de dióxido de carbono como nunca antes en la historia, lo que ha provocado una crisis ambiental. La situación es alarmante y la comodidad de los líderes no ayuda.
Cuando las organizaciones ambientales hablamos de la acción política necesaria para hacer frente a estos problemas, no nos referimos a un concepto abstracto y vago. Planteamos una transformación. El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), máxima autoridad científica en materia climática, demostró que es posible mantener el aumento de la temperatura global por debajo del umbral de 1,5°C en relación con la era preindustrial —meta acordada por la comunidad global en el Acuerdo de París. Para lograrlo, estamos obligados a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Para 2050 estas emisiones deben llegar a cero. Aunque suene casi imposible, todavía hay una ventana de esperanza.
Como contrapunto de la comodidad de los líderes mundiales, los movimientos estudiantiles climáticos a lo largo y a lo ancho del globo nos dicen que es posible lograrlo: el pasado 15 de marzo se realizaron protestas en 80 países, incluida Argentina, donde la manifestación tuvo lugar frente al Congreso para llamar la atención de quienes legislan.
Con medidas públicas y ciudadanas a favor del planeta y el clima, el regalo de la humanidad a la Tierra puede dejar de ser deforestación, cambio climático y contaminación, y convertirse en acciones concretas. Quizás en algunos años el Día del Planeta no sea para tomar conciencia sobre el daño ambiental, sino para celebrar los cambios logrados. El mejor regalo que podemos hacerle al planeta es no ser indiferentes.
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Fecha de Publicación: 22/04/2019
Fuente: InfoBae (Argentina)
Provincia/Región: Nacional
El Día de la Tierra se celebra cada 22 de abril y busca generar conciencia sobre los problemas ambientales que afectan al planeta: cambio climático, contaminación y deforestación, entre otros. La fecha funciona como un recordatorio del que nadie está exento: la toma de conciencia debe ser colectiva. Como ciudadanos tenemos mucho por hacer, pero quienes más deben aprovechar esta efeméride para reflexionar son los gobiernos.
Como acto seguido a la toma de conciencia, necesitamos acciones concretas y urgentes. Los datos hablan por sí mismos: los últimos 4 años fueron los más calurosos por los efectos del calentamiento global; Argentina se encuentra en el puesto 28 de los países que más contaminan sus mares con plásticos; las sequías y las inundaciones aumentan su frecuencia según se avanza con la destrucción de bosques y la quema de combustibles fósiles, lo que potencia el calentamiento global y provoca, a su vez, pérdidas económicas, riesgos sanitarios, problemas sociales y graves impactos ambientales. Según FAO, entre 1990 y 2015 Argentina fue uno de los 10 países que más deforestó en el mundo: 7,6 millones de hectáreas, el tamaño de la provincia de Entre Ríos.
¿Cómo llegamos a este punto? La quema de combustibles fósiles y la deforestación incrementaron a tasas astronómicas desde la revolución industrial para satisfacer la insaciable demanda de recursos de la sociedad de consumo global, y principalmente, para enriquecer a parte del 1% más rico del planeta: desde 1990 se destruyeron más de 129 millones de hectáreas de bosques —una superficie casi equivalente a la de Sudáfrica— y la actividad humana llevó a una concentración elevada de dióxido de carbono como nunca antes en la historia, lo que ha provocado una crisis ambiental. La situación es alarmante y la comodidad de los líderes no ayuda.
Cuando las organizaciones ambientales hablamos de la acción política necesaria para hacer frente a estos problemas, no nos referimos a un concepto abstracto y vago. Planteamos una transformación. El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), máxima autoridad científica en materia climática, demostró que es posible mantener el aumento de la temperatura global por debajo del umbral de 1,5°C en relación con la era preindustrial —meta acordada por la comunidad global en el Acuerdo de París. Para lograrlo, estamos obligados a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Para 2050 estas emisiones deben llegar a cero. Aunque suene casi imposible, todavía hay una ventana de esperanza.
Como contrapunto de la comodidad de los líderes mundiales, los movimientos estudiantiles climáticos a lo largo y a lo ancho del globo nos dicen que es posible lograrlo: el pasado 15 de marzo se realizaron protestas en 80 países, incluida Argentina, donde la manifestación tuvo lugar frente al Congreso para llamar la atención de quienes legislan.
Con medidas públicas y ciudadanas a favor del planeta y el clima, el regalo de la humanidad a la Tierra puede dejar de ser deforestación, cambio climático y contaminación, y convertirse en acciones concretas. Quizás en algunos años el Día del Planeta no sea para tomar conciencia sobre el daño ambiental, sino para celebrar los cambios logrados. El mejor regalo que podemos hacerle al planeta es no ser indiferentes.
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Macri busca el voto agrotóxico
Voto agrotóxico: con una prédica antiecologista, Macri seduce al ruralista duro en las provinciales
Fecha de Publicación: 18/04/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
El tenor del mensaje no llamó tanto la atención como la investidura de quien lo emitió.
La postura de Cambiemos de incentivar el uso de agrotóxicos ya era harto conocida a partir de pronunciamientos vía las carteras de Agroindustria, Ciencia, Ambiente e incluso Salud, y de gestiones provinciales como la que encabeza María Eugenia Vidal. Pero las críticas recientes de Mauricio Macri al amparo que protege de las fumigaciones a las escuelas rurales de Entre Ríos acentuaron la discusión en torno al modelo agroindustrial predominante.
Muy cerca de la Casa Rosada, voces consultadas por iProfesional señalaron que el mensaje del Presidente "no estaba en la agenda original" prevista en la visita a esa provincia. Pero, que pasado el mediodía del 4 de abril, Macri decidió avanzar con sus comentarios tras un encuentro a puertas cerradas con los popes de la Sociedad Rural en Gualeguaychú.
Fue en ese contexto que, en conferencia de prensa, el primer mandatario tildó de "irresponsable" la decisión de la Justicia de declarar inconstitucional un decreto provincial que permitía aplicar plaguicidas como el cancerígeno glifosato junto a los establecimientos educativos.
Pero ese súbito sentar posición concretado por el Presidente -reconocen entre las filas del oficialismo- lejos estuvo de representar un antojo inconexo. Por el contrario, distintas fuentes de Cambiemos interpeladas por este medio reconocieron que las palabras de Macri se corresponden con la estrategia del Gobierno de salir a captar el voto del ruralista "duro" ante la inminente contienda electoral que se abre en Entre Ríos.
En esa provincia, el próximo domingo 14 se realizarán las PASO, mientras que la elección para definir quién comandará la Gobernación del distrito se llevará a cabo a principios del mes de junio.
Tras la magra cosecha de votos obtenida en las primarias celebradas recientemente en La Pampa, San Juan, Chubut, Río Negro y Neuquén, para Macri y sus equipos alzarse con un triunfo en Entre Ríos pasó a transformarse en prioridad.
En la vereda opuesta a la posición del Gobierno de promover las fumigaciones, referentes del ambientalismo y de la alternativa de producción agroecológica –esto es, sin venenos–, e incluso representantes del gobierno municipal de Gualeguaychú, también coincidieron en el tinte proselitista de las declaraciones del primer mandatario.
Entre Ríos es, en este momento, el territorio donde más se discute el perfil de la producción agropecuaria que predomina en la Argentina. Y la ciudad de Gualeguaychú en particular viene motorizando programas como el PSSA (Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana) con el objetivo de afianzar un modelo de labor agrícola que excluye las fumigaciones con plaguicidas. El gesto de Macri, otra vez, tuvo muy poco de casual.
Pelearle a Bordet
Hasta la sucesión de fallos judiciales en contra, el gobernador entrerriano Gustavo Bordet –que en junio buscará su reelección– venía garantizándole una actividad sin sobresaltos a quienes basan la actividad agropecuaria en el uso de semillas modificadas genéticamente –sobre todo soja y maíz transgénicos– y la aplicación de agrotóxicos.
Pero los reveses en la Corte Suprema de la provincia inauguraron una grieta creciente entre las organizaciones del campo y la Gobernación: los productores comenzaron a restarle confianza al mandatario justicialista.
"Algunos empezaron a catalogar a Bordet de tibio o blando, aunque siempre estuvo de acuerdo con las fumigaciones", reconoció ante iProfesional un dirigente local cercano a Federación Agraria Argentina (FAA).
En torno a esa entidad señalan que los equipos del macrismo rápidamente observaron esa diferencia como una oportunidad, y de ahí la prédica del Presidente en sintonía con el malestar del sector agroindustrial.
"Hay una intencionalidad política a tono con la relevancia que este Gobierno le ha dado al campo. En muchos aspectos, Cambiemos le otorgó más importancia a la actividad aunque también hay sectores donde existe el malestar, sobre todo en ciertas economías regionales. En un momento en que se le echa en cara las retenciones, Macri se pronunció sobre un tema que tiene preocupados a los productores", dijo a este medio Gustavo López, titular de la consultora AgriTrend.
"Quizás lo hizo como una manera de bajar la queja ante ciertas decisiones que el campo le critica a Cambiemos. O, en todo caso, como un gesto anticipado, un guiño, en la previa a alguna nueva medida que el Gobierno pueda estar evaluando y que el macrismo ya sabe que le caerá pésimo al sector. Esto último lo sabremos en el corto plazo", agregó.
Macri explicitó su molestia ante la renovada protección legal a las escuelas en un acto en el que se mostró acompañado por Atilio Benedetti, diputado nacional por Entre Ríos, y Gustavo Hein, intendente de Basavilbaso y presidente del PRO en esa provincia. La dupla en cuestión encabezará la fórmula con la que Cambiemos pretenderá hacerse con la Gobernación en las próximas elecciones.
"Sin dejar de considerar lo grave de tener a un presidente que apoya de esta forma el uso de agrotóxicos, lo que hizo Macri en Gualeguaychú fue un acto de campaña. Salió a buscar los votos de los productores más alineados con el modelo consagrado. Y lo llevó a cabo en la ciudad que más promueve la agroecología, como un desafío", comentó a iProfesional el médico entrerriano Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socio Ambiental dependiente de la Facultad de Medicina de Rosario.
"Con su mensaje buscó mostrar a Bordet como un actor flojo en la lucha contra los ecologistas. Macri habló con la intención de instalar que él es el único que puede garantizarle continuidad a los ruralistas que fumigan", añadió. Experto en el diagnóstico de problemáticas sanitarias derivadas del uso de plaguicidas, Verzeñassi es un especialista de consulta permanente por parte de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.
Desde la misma Gualeguaychú su viceintendente, Jorge Maradey, también interpretó los comentarios del Presidente como un recurso "para volver a ganarse los votos del campo en Entre Ríos".
"Apuntó al negocio, la rentabilidad y otras cuestiones, en lugar de darle prioridad a la salud de las personas. Su postura fue la de instalar que los límites al uso de venenos atentan contra la productividad, siendo que la agroecología genera un número mucho más amplio de puestos de trabajo sin esa carga tóxica. La queja en términos productivos tampoco tiene sentido ya que la cosecha viene rompiendo récords", sostuvo ante iProfesional.
Borrar la alternativa
En su crítica a la decisión de la Justicia que aleja las fumigaciones de las escuelas rurales, Macri argumentó que dejar de aplicar glifosato y otros plaguicidas junto a los establecimientos implica para Entre Ríos la pérdida del 20% de su capacidad agroindustrial. El dato en cuestión surge del seno de la Federación Agraria, aunque la entidad jamás explicó cómo arribó a ese porcentaje.
Eduardo Cerdá es ingeniero agrónomo y titular de RENAMA, red que aglutina a casi 15 municipios y unos 150 productores que desarrollan agroecología en la Argentina. A nivel país, este sistema de cultivo sustentable ya suma más de 85.000 hectáreas productivas y en la última década aceleró su expansión. Entre los distritos alineados en RENAMA se ubica Gualeguaychú, sitio elegido por el Presidente para ejercer su reciente defensa a las pulverizaciones con plaguicidas.
Consultado por iProfesional respecto del mensaje emitido por el primer mandatario, Cerdá sostuvo que, más allá de la prédica electoral de ocasión, volvió a quedar a la vista que para el Gobierno la única actividad agrícola digna de promoción corresponde a aquella que emplea agrotóxicos.
"Gualeguaychú es uno de los municipios que inicia RENAMA junto con Guaminí. Por supuesto que hay una intencionalidad en el mensaje. Al mismo tiempo, Macri insiste con que la única manera de tener mayor producción es usando plaguicidas, algo que es totalmente falso. En sus palabras queda en evidencia el lobby empresarial que busca mantener la venta de ese tipo de productos", dijo.
Algo similar opinó Javier Souza Casadinho, también ingeniero agrónomo y, además, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
"Hay estrategias agroecológicas que nos permiten incluso incrementar la rentabilidad sin usar plaguicidas. Fuera de eso, hay que repensar estrategias en la actividad agraria y no supeditar la salud a cuestiones económicas. Sobre todo en la cuestión de las escuelas, tenemos que proteger a los niños. Exponerlos a los agrotóxicos es hipotecar sus vidas", expresó ante iProfesional.
A fines de marzo, la Justicia de Entre Ríos admitió un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente AGMER, y estableció la nulidad del decreto provincial 4407 que habilitaba las fumigaciones con agrotóxicos cerca de las escuelas rurales.
Producto de esta decisión, quedaron vigentes sendas distancias de aplicación que alcanzan a los 1.000 metros para las prácticas terrestres y 3.000 en el caso de las aéreas, además del veto total a las pulverizaciones en horario escolar.
Publicado el 2 de enero en el boletín oficial de Entre Ríos, el decreto 4407 achicaba a sólo 100 metros la distancia de fumigación entre el límite de los establecimientos educativos y los lotes productivos.
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Fecha de Publicación: 18/04/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
El tenor del mensaje no llamó tanto la atención como la investidura de quien lo emitió.
La postura de Cambiemos de incentivar el uso de agrotóxicos ya era harto conocida a partir de pronunciamientos vía las carteras de Agroindustria, Ciencia, Ambiente e incluso Salud, y de gestiones provinciales como la que encabeza María Eugenia Vidal. Pero las críticas recientes de Mauricio Macri al amparo que protege de las fumigaciones a las escuelas rurales de Entre Ríos acentuaron la discusión en torno al modelo agroindustrial predominante.
Muy cerca de la Casa Rosada, voces consultadas por iProfesional señalaron que el mensaje del Presidente "no estaba en la agenda original" prevista en la visita a esa provincia. Pero, que pasado el mediodía del 4 de abril, Macri decidió avanzar con sus comentarios tras un encuentro a puertas cerradas con los popes de la Sociedad Rural en Gualeguaychú.
Fue en ese contexto que, en conferencia de prensa, el primer mandatario tildó de "irresponsable" la decisión de la Justicia de declarar inconstitucional un decreto provincial que permitía aplicar plaguicidas como el cancerígeno glifosato junto a los establecimientos educativos.
Pero ese súbito sentar posición concretado por el Presidente -reconocen entre las filas del oficialismo- lejos estuvo de representar un antojo inconexo. Por el contrario, distintas fuentes de Cambiemos interpeladas por este medio reconocieron que las palabras de Macri se corresponden con la estrategia del Gobierno de salir a captar el voto del ruralista "duro" ante la inminente contienda electoral que se abre en Entre Ríos.
En esa provincia, el próximo domingo 14 se realizarán las PASO, mientras que la elección para definir quién comandará la Gobernación del distrito se llevará a cabo a principios del mes de junio.
Tras la magra cosecha de votos obtenida en las primarias celebradas recientemente en La Pampa, San Juan, Chubut, Río Negro y Neuquén, para Macri y sus equipos alzarse con un triunfo en Entre Ríos pasó a transformarse en prioridad.
En la vereda opuesta a la posición del Gobierno de promover las fumigaciones, referentes del ambientalismo y de la alternativa de producción agroecológica –esto es, sin venenos–, e incluso representantes del gobierno municipal de Gualeguaychú, también coincidieron en el tinte proselitista de las declaraciones del primer mandatario.
Entre Ríos es, en este momento, el territorio donde más se discute el perfil de la producción agropecuaria que predomina en la Argentina. Y la ciudad de Gualeguaychú en particular viene motorizando programas como el PSSA (Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana) con el objetivo de afianzar un modelo de labor agrícola que excluye las fumigaciones con plaguicidas. El gesto de Macri, otra vez, tuvo muy poco de casual.
Pelearle a Bordet
Hasta la sucesión de fallos judiciales en contra, el gobernador entrerriano Gustavo Bordet –que en junio buscará su reelección– venía garantizándole una actividad sin sobresaltos a quienes basan la actividad agropecuaria en el uso de semillas modificadas genéticamente –sobre todo soja y maíz transgénicos– y la aplicación de agrotóxicos.
Pero los reveses en la Corte Suprema de la provincia inauguraron una grieta creciente entre las organizaciones del campo y la Gobernación: los productores comenzaron a restarle confianza al mandatario justicialista.
"Algunos empezaron a catalogar a Bordet de tibio o blando, aunque siempre estuvo de acuerdo con las fumigaciones", reconoció ante iProfesional un dirigente local cercano a Federación Agraria Argentina (FAA).
En torno a esa entidad señalan que los equipos del macrismo rápidamente observaron esa diferencia como una oportunidad, y de ahí la prédica del Presidente en sintonía con el malestar del sector agroindustrial.
"Hay una intencionalidad política a tono con la relevancia que este Gobierno le ha dado al campo. En muchos aspectos, Cambiemos le otorgó más importancia a la actividad aunque también hay sectores donde existe el malestar, sobre todo en ciertas economías regionales. En un momento en que se le echa en cara las retenciones, Macri se pronunció sobre un tema que tiene preocupados a los productores", dijo a este medio Gustavo López, titular de la consultora AgriTrend.
"Quizás lo hizo como una manera de bajar la queja ante ciertas decisiones que el campo le critica a Cambiemos. O, en todo caso, como un gesto anticipado, un guiño, en la previa a alguna nueva medida que el Gobierno pueda estar evaluando y que el macrismo ya sabe que le caerá pésimo al sector. Esto último lo sabremos en el corto plazo", agregó.
Macri explicitó su molestia ante la renovada protección legal a las escuelas en un acto en el que se mostró acompañado por Atilio Benedetti, diputado nacional por Entre Ríos, y Gustavo Hein, intendente de Basavilbaso y presidente del PRO en esa provincia. La dupla en cuestión encabezará la fórmula con la que Cambiemos pretenderá hacerse con la Gobernación en las próximas elecciones.
"Sin dejar de considerar lo grave de tener a un presidente que apoya de esta forma el uso de agrotóxicos, lo que hizo Macri en Gualeguaychú fue un acto de campaña. Salió a buscar los votos de los productores más alineados con el modelo consagrado. Y lo llevó a cabo en la ciudad que más promueve la agroecología, como un desafío", comentó a iProfesional el médico entrerriano Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socio Ambiental dependiente de la Facultad de Medicina de Rosario.
"Con su mensaje buscó mostrar a Bordet como un actor flojo en la lucha contra los ecologistas. Macri habló con la intención de instalar que él es el único que puede garantizarle continuidad a los ruralistas que fumigan", añadió. Experto en el diagnóstico de problemáticas sanitarias derivadas del uso de plaguicidas, Verzeñassi es un especialista de consulta permanente por parte de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.
Desde la misma Gualeguaychú su viceintendente, Jorge Maradey, también interpretó los comentarios del Presidente como un recurso "para volver a ganarse los votos del campo en Entre Ríos".
"Apuntó al negocio, la rentabilidad y otras cuestiones, en lugar de darle prioridad a la salud de las personas. Su postura fue la de instalar que los límites al uso de venenos atentan contra la productividad, siendo que la agroecología genera un número mucho más amplio de puestos de trabajo sin esa carga tóxica. La queja en términos productivos tampoco tiene sentido ya que la cosecha viene rompiendo récords", sostuvo ante iProfesional.
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En su crítica a la decisión de la Justicia que aleja las fumigaciones de las escuelas rurales, Macri argumentó que dejar de aplicar glifosato y otros plaguicidas junto a los establecimientos implica para Entre Ríos la pérdida del 20% de su capacidad agroindustrial. El dato en cuestión surge del seno de la Federación Agraria, aunque la entidad jamás explicó cómo arribó a ese porcentaje.
Eduardo Cerdá es ingeniero agrónomo y titular de RENAMA, red que aglutina a casi 15 municipios y unos 150 productores que desarrollan agroecología en la Argentina. A nivel país, este sistema de cultivo sustentable ya suma más de 85.000 hectáreas productivas y en la última década aceleró su expansión. Entre los distritos alineados en RENAMA se ubica Gualeguaychú, sitio elegido por el Presidente para ejercer su reciente defensa a las pulverizaciones con plaguicidas.
Consultado por iProfesional respecto del mensaje emitido por el primer mandatario, Cerdá sostuvo que, más allá de la prédica electoral de ocasión, volvió a quedar a la vista que para el Gobierno la única actividad agrícola digna de promoción corresponde a aquella que emplea agrotóxicos.
"Gualeguaychú es uno de los municipios que inicia RENAMA junto con Guaminí. Por supuesto que hay una intencionalidad en el mensaje. Al mismo tiempo, Macri insiste con que la única manera de tener mayor producción es usando plaguicidas, algo que es totalmente falso. En sus palabras queda en evidencia el lobby empresarial que busca mantener la venta de ese tipo de productos", dijo.
Algo similar opinó Javier Souza Casadinho, también ingeniero agrónomo y, además, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
"Hay estrategias agroecológicas que nos permiten incluso incrementar la rentabilidad sin usar plaguicidas. Fuera de eso, hay que repensar estrategias en la actividad agraria y no supeditar la salud a cuestiones económicas. Sobre todo en la cuestión de las escuelas, tenemos que proteger a los niños. Exponerlos a los agrotóxicos es hipotecar sus vidas", expresó ante iProfesional.
A fines de marzo, la Justicia de Entre Ríos admitió un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente AGMER, y estableció la nulidad del decreto provincial 4407 que habilitaba las fumigaciones con agrotóxicos cerca de las escuelas rurales.
Producto de esta decisión, quedaron vigentes sendas distancias de aplicación que alcanzan a los 1.000 metros para las prácticas terrestres y 3.000 en el caso de las aéreas, además del veto total a las pulverizaciones en horario escolar.
Publicado el 2 de enero en el boletín oficial de Entre Ríos, el decreto 4407 achicaba a sólo 100 metros la distancia de fumigación entre el límite de los establecimientos educativos y los lotes productivos.
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