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Riachuelo y la eterna carga ambiental
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Publicado por
Eco Sitio |
El Riachuelo, la contaminación imparable y más de 5 millones de personas en riesgo
Fecha de Publicación: 09/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Cada día recibe casi 90.000 metros cúbicos de desechos industriales y 368.000 de aguas servidas. Hay más de 100 basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido. La salud de los pobladores, el plomo en la sangre de los niños y qué hace falta para sanear la Cuenca
La historia es vieja. Nadie la resuelve en su totalidad. Demuestra la fragmentación de poderes entre la Justicia, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y gran cantidad de municipios.
Hablamos de la Cuenca del Riachuelo, una cloaca abierta, una vergüenza argentina que muchas veces nos dejó sin argumento cuando, por ejemplo, se evidenciaron las protestas en el país contra las plantas de elaboración de papel frente al Uruguay. Tiene 64 kilómetros de extensión, atraviesa catorce municipios y cubre 2.000 kilómetros cuadrados.
Su permanente contaminación afecta a 5 millones y medio de habitantes, entre los cuales casi 4 de cada 10 no tienen agua potable y más de la mitad no posee cloacas. Cada día, históricamente hablando, el Riachuelo recibe casi 90.000 metros cúbicos de desechos industriales de muchas de las fábricas instaladas en su orillas. En toda la Cuenca hay 13.000 establecimientos industriales.De ese total, 1397 han sido declarados agentes contaminantes.
A esos afluentes químicos se les suman 368.000 metros cúbicos de aguas servidas por día, de las cuales – según algunos organismos controladores- sólo 5 por ciento recibe tratamiento específico. Si se sigue la opinión de Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), creada especialmente para que todas las jurisdicciones afectadas se pongan de acuerdo y no se peleen entre sí, un tercio del caudal intoxicador proviene de descargas industriales. Aseguraron en ACUMAR que de las industrias contaminantes 412 fueron reconvertidas ambientalmente y hay otras 512 en proceso.
En esa misma Cuenca hay más de 100 basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido, usada por 13 villas de emergencia en la parte baja del río.
En Villa Inflamable, es el caso, los niños tienen 5 veces más plomo que lo aceptable.
El plomo enferma a quien lo padece, atrasa su crecimiento, lo lleva a comportamientos agresivos, afecta la piel y le produce consecuencias dolorosas hasta el día de su muerte.
Eso no es todo. En muestras recogidas en la zona se detectó en laboratorios especializados en el exterior la presencia de nonifenol, que va destruyendo el sistema reproductivo y la hormona estrógeno. También se encontraron rastros de insecticidas cancerígenos y el prohibido DDT. Se comprobó la presencia de elementos que afectan el cerebro y los riñones, otro que se ensaña con los riñones y el hígado.
Daños a la salud de tal magnitud que se asemeja a una guerra, con gente afectada de por vida, sin solución de continuidad.
La campaña por la limpieza urgente del Riachuelo se inició a comienzos se la década del 90. La solventó APOC, la asociación del personal de Organismos de Control, por sus propias investigaciones y la acción de asociaciones vecinales. APOC demostró entonces que con solo 50 millones de dólares Inglaterra había podido limpiar a fondo y para siempre el río Támesis, muy contaminado.
La extinta María Julia Alsogaray, alta funcionaria del gobierno de Carlos Menem, dijo con omnipotencia, que en un corto tiempo ella haría que se revirtiera el problema. No pasó nada. Fue una promesa tirada al viento.
El asunto fue tan relevante que llegó a la Corte Suprema quien ordenó la limpieza de la Cuenca sin resultado alguno: nadie obedeció. Como la acción no depende de un solo ente sino de varios (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y municipios, como ya dijimos) no había manera de unir criterios, presupuestos y conveniencias políticas. Un antiguo drama que es el desentendimiento argentino.
En un segundo tiempo, la Corte Suprema de Justicia decidió, en la causa caratulada "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/el Estado Nacional s/daños y perjuicios", condenar al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a ejecutar de una vez por todas un programa de saneamiento sobre la aguas del Riachuelo y alrededores del mismo.
La contienda tuvo su origen en el año 2006 cuando 17 damnificados promovieron demanda contra los poderes constituidos y contra 44 empresas. La Corte especificó un programa de acción que obligaba a codificar la partidas presupuestarios y asignar a la Auditoría General de la Nación la realización de un control permanente de la asignación de recursos y de ejecución presupuestaria.
Actuó ACUMAR a lo largo del tiempo pero los resultados dejan mucho que desear. Un grupo de ONGs acusó, precisamente a ACUMAR, de ser "incapaz" de limpiar el Riachuelo. Pedían enfrentar las problemáticas desde una mirada integral, multidisciplinaria y participativa.
Si bien ACUMAR organizó un encuentro con especialistas de Alemania, Colombia, España, Corea del Sur, Ecuador , Estados Unidos, Italia y Brasil donde se debatió sobre sanidad ambiental, las ONGs combativas cuestionaron la "falta de cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Corte Suprema de Justicia" y reprobaron "el desempeño de ACUMAR por su vaciamiento". Exigieron trasparentar el funcionamiento de
ACUMAR en cuanto a su presupuesto y su ejecución.
El presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca, Alfredo Alberti, advirtió que el recorte presupuestario para cumplir el objetivo es muy evidente. En cuanto a la atención medica faltan personal y recursos. El Hospital Argerich está colapsado y los centros de salud de la zona no tienen capacidad. Las afecciones que más se registran en la zona -señaló Alberti- son las alergias en la piel y en las vías respiratorias. Lo recalcan los médicos de la zona y las farmacias.
La contaminación sigue omnipresente. En el segundo semestre del año pasado, en las obras de ampliación de las redes cloacales, pluviales y de agua potable en la Villa 21-24 de Barracas, se detectaron restos de plomo.
En esa villa una muestra tomada sobre 962 niños menores de 6 años, el 25 por ciento tiene plomo en la sangre según todos los organismos y representaciones oficiales.
Y se aclaró : "El plomo compite en el organismo con el calcio y el hierro lo que puede predisponer a la persona a dos respuestas iniciales: trastorno en el desarrollo para el aprendizaje del niño y anemia. Puede afectar al sistema nervioso central en la forma de cefaleas, insomnio, alteraciones del carácter y la memoria, graves dolores en el cuerpo, cambios drásticos de humor". El padecimiento crónico es el "saturnismo".
Hay especialistas quienes aseguran que en tres años y un presupuesto de 300 millones de dólares para su limpieza total el Riachuelo pasaría a "ser apto para el desarrollo de actividades recreativas pasiva y de vida acuática". ¿ Sueños de una noche de verano ?
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Argentina en el top ten mundial en deforestación
El país de los bosques arrasados
Fecha de Publicación: 05/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Nacional
Argentina está entre los diez países del mundo que más destruyen sus bosques. El gobernador de Chaco, señalada como “la provincia que más ha desmontado en los últimos años”, derogó ayer por decreto los permisos que había concedido.
A casi once años de la sanción de la ley de Bosques, las topadoras impulsadas por el modelo agroexportador sojero ganadero (soja transgénica y ganadería intensiva) siguen arrasando los bosques nativos del país. Un informe de Greenpeace, al que tuvo acceso este diario, reveló que la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en cuatro provincias del norte –Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco– fue de 112.766 hectáreas. Según advirtieron los especialistas, el 40 por ciento de esa superficie desmontada pertenece a bosques protegidos por ley. La coordinadora de la campaña de bosques del NOA de la ONG, Noemí Cruz, dijo a Páginai12 que “la Argentina está a nivel global entre los diez países que más destruyen sus bosques” y advirtió que “en el norte del país se concentra el 80 por ciento de la deforestación”. Ayer, luego de las reiteradas denuncias de la ONG que hacen foco en la provincia porque “es la que más ha desmontado en los últimos tres años”, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, firmó el decreto 298/2019, que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de estos bosques.
Durante 2018, de acuerdo al reporte de Greenpeace, la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero, con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos. En segundo lugar se encuentra Chaco, donde se deforestaron 33.972 hectáreas, de las cuales 14.744 también pertenecían a áreas protegidas. Le sigue Formosa, donde se desmontaron 23.996 hectáreas, de las cuales 261 fueron deforestadas de forma ilegal. En Salta, la deforestación alcanzó 20.047 hectáreas: 2.050 de ellas también fueron arrasadas ilegalmente.
Los datos fueron obtenidos por imágenes satelitales del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que luego fueron procesadas para distinguir los distintos tipos de vegetación y comparadas con registros anteriores. En la Región Chaqueña intervinieron además el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la UBA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf).
Según datos oficiales, desde que se sancionó la ley de Bosques (26.331) en Noviembre de 2007 –que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”– hasta fines de 2017, se deforestaron 2,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 840 mil eran bosques protegidos. Aunque se registra una importante disminución de la deforestación desde 2014, la implementación de la ley continúa enfrentando serios escollos en las provincias por la complicidad de los gobiernos locales y la ausencia de la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Sergio Bergman, autoridad de aplicación de la ley.
Noemí Cruz sostuvo en conversación con este diario que “las principales causas de desmonte son la soja transgénica y la ganadería” y esto, a su vez, tiene una fuerte vinculación con las inundaciones que azotan a la región norte y litoral del país. “El bosque actúa como una esponja natural. Si tenemos cultivos de pastos o soja, la lluvia cae a una altura de 40 o 50 centímetros del suelo, sobre las pasturas. No es lo mismo que en el bosque donde el agua cae sobre las copas de los árboles, después escurre, va aminorando la velocidad y llega con menor fuerza”, explicó la coordinadora.
“En el caso de las inundaciones con grandes superficies desmontadas no hay una infiltración apropiada: el agua escurre superficialmente. A su vez, produce un ascenso de la napa freática, que está cada vez más cerca de la superficie e influye en las inundaciones que terminan siendo producto de un combo: el Niño, la deforestación que reduce la protección y la falta de obras”, dijo Cruz y agregó que “cuanto menos bosques haya, habrá más inundaciones”.
Por otra parte, la coordinadora de la campaña explicó que están “haciendo foco en la provincia de Chaco porque es la que más bosques ha deforestado en los últimos tres años”. Y agregó: “Zonas clasificadas como amarillas, donde habitan comunidades indígenas y sólo se permite el uso sustentable, fueron desmontadas con la autorización del gobernador (Domingo Peppo)”. Ayer, ante las reiteradas denuncias de Greenpeace y otras organizaciones por las deforestaciones ilegales, el gobernador de Chaco firmó un decreto (298/2019) que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia.“Es un gran paso en la defensa de nuestros bosques nativos” ya que “debe garantizarse la no regresión de las zonas protegidas y la participación ciudadana”, dijo al respecto Cruz. Sin embargo, la ONG reclamó que aún no fueron cancelados los permisos otorgados y que tampoco se ha dispuesto un plan de reforestación.
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Fecha de Publicación: 05/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Nacional
Argentina está entre los diez países del mundo que más destruyen sus bosques. El gobernador de Chaco, señalada como “la provincia que más ha desmontado en los últimos años”, derogó ayer por decreto los permisos que había concedido.
A casi once años de la sanción de la ley de Bosques, las topadoras impulsadas por el modelo agroexportador sojero ganadero (soja transgénica y ganadería intensiva) siguen arrasando los bosques nativos del país. Un informe de Greenpeace, al que tuvo acceso este diario, reveló que la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en cuatro provincias del norte –Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco– fue de 112.766 hectáreas. Según advirtieron los especialistas, el 40 por ciento de esa superficie desmontada pertenece a bosques protegidos por ley. La coordinadora de la campaña de bosques del NOA de la ONG, Noemí Cruz, dijo a Páginai12 que “la Argentina está a nivel global entre los diez países que más destruyen sus bosques” y advirtió que “en el norte del país se concentra el 80 por ciento de la deforestación”. Ayer, luego de las reiteradas denuncias de la ONG que hacen foco en la provincia porque “es la que más ha desmontado en los últimos tres años”, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, firmó el decreto 298/2019, que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de estos bosques.
Durante 2018, de acuerdo al reporte de Greenpeace, la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero, con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos. En segundo lugar se encuentra Chaco, donde se deforestaron 33.972 hectáreas, de las cuales 14.744 también pertenecían a áreas protegidas. Le sigue Formosa, donde se desmontaron 23.996 hectáreas, de las cuales 261 fueron deforestadas de forma ilegal. En Salta, la deforestación alcanzó 20.047 hectáreas: 2.050 de ellas también fueron arrasadas ilegalmente.
Los datos fueron obtenidos por imágenes satelitales del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que luego fueron procesadas para distinguir los distintos tipos de vegetación y comparadas con registros anteriores. En la Región Chaqueña intervinieron además el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la UBA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf).
Según datos oficiales, desde que se sancionó la ley de Bosques (26.331) en Noviembre de 2007 –que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”– hasta fines de 2017, se deforestaron 2,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 840 mil eran bosques protegidos. Aunque se registra una importante disminución de la deforestación desde 2014, la implementación de la ley continúa enfrentando serios escollos en las provincias por la complicidad de los gobiernos locales y la ausencia de la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Sergio Bergman, autoridad de aplicación de la ley.
Noemí Cruz sostuvo en conversación con este diario que “las principales causas de desmonte son la soja transgénica y la ganadería” y esto, a su vez, tiene una fuerte vinculación con las inundaciones que azotan a la región norte y litoral del país. “El bosque actúa como una esponja natural. Si tenemos cultivos de pastos o soja, la lluvia cae a una altura de 40 o 50 centímetros del suelo, sobre las pasturas. No es lo mismo que en el bosque donde el agua cae sobre las copas de los árboles, después escurre, va aminorando la velocidad y llega con menor fuerza”, explicó la coordinadora.
“En el caso de las inundaciones con grandes superficies desmontadas no hay una infiltración apropiada: el agua escurre superficialmente. A su vez, produce un ascenso de la napa freática, que está cada vez más cerca de la superficie e influye en las inundaciones que terminan siendo producto de un combo: el Niño, la deforestación que reduce la protección y la falta de obras”, dijo Cruz y agregó que “cuanto menos bosques haya, habrá más inundaciones”.
Por otra parte, la coordinadora de la campaña explicó que están “haciendo foco en la provincia de Chaco porque es la que más bosques ha deforestado en los últimos tres años”. Y agregó: “Zonas clasificadas como amarillas, donde habitan comunidades indígenas y sólo se permite el uso sustentable, fueron desmontadas con la autorización del gobernador (Domingo Peppo)”. Ayer, ante las reiteradas denuncias de Greenpeace y otras organizaciones por las deforestaciones ilegales, el gobernador de Chaco firmó un decreto (298/2019) que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia.“Es un gran paso en la defensa de nuestros bosques nativos” ya que “debe garantizarse la no regresión de las zonas protegidas y la participación ciudadana”, dijo al respecto Cruz. Sin embargo, la ONG reclamó que aún no fueron cancelados los permisos otorgados y que tampoco se ha dispuesto un plan de reforestación.
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Biocombustibles: Agustín Torroba se fue del gobierno
Cansado de los cambios, se fue un hombre fuerte en biocombustibles
Fecha de Publicación: 04/02/2019
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Cansado de los cambios constantes de los jefes, la falta de recursos para armar equipos y de la presión de las provincias productoras de biodiesel, Agustín Torroba renunció anoche, a última hora, a su cargo como director de Biocombustibles en la Secretaria de Energia, hoy a cargo de Gustavo Lopetegui.
Fuentes del entorno del ahora ex funcionario señalaron a BAE Negocios que a Torroba le preocupaba la "falta" de "recursos" para armar equipos y en particular estaba "cansado" de los "cambios" constantes de "jefes", algo que no le permitía establecer un vínculo a la hora de llevar adelante un plan efectivo en pos de los biocombustibles.
Además, el ex funcionario sentía la "presión" que recibía de la industria, en especial de las provincias productoras de biodiésel y bioetanol que buscan elevar el corte en su mezcla con las naftas y gasoil, sin que eso signifique la creación de un nuevo impuesto, algo pretendido por el ex secretario, Javier Iguacel.
Con la llegada de Lopetegui, hace apenas un mes —el 28 de diciembre— todo volvió a foja cero. El ex vice jefe de Ministros y asesor presidencial reconoció no saber nada de energía, aunque prometió al presidente Mauricio Macri aprender del tema lo mas rápido posible.
Por lo pronto, Torroba, hasta hoy a cargo de la operatoria y el desarrollo del sector de biocombustibles en el país, prefirió dar un paso al costado.
Nacido en Bélgica y criado en La Pampa, el ex funcionario viene de una familia radical. Su padre, Francisco Torroba, fue diputado nacional hasta 2017, lo que le tendió un puente a la política y a Cambiemos, donde encontró el apoyo de Ernesto Sanz y Daniel Montamat, con quien trabajó muchos años. No es menor su amistad con Daniel Redondo, de la Fundación Pensar.
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Fecha de Publicación: 04/02/2019
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Cansado de los cambios constantes de los jefes, la falta de recursos para armar equipos y de la presión de las provincias productoras de biodiesel, Agustín Torroba renunció anoche, a última hora, a su cargo como director de Biocombustibles en la Secretaria de Energia, hoy a cargo de Gustavo Lopetegui.
Fuentes del entorno del ahora ex funcionario señalaron a BAE Negocios que a Torroba le preocupaba la "falta" de "recursos" para armar equipos y en particular estaba "cansado" de los "cambios" constantes de "jefes", algo que no le permitía establecer un vínculo a la hora de llevar adelante un plan efectivo en pos de los biocombustibles.
Además, el ex funcionario sentía la "presión" que recibía de la industria, en especial de las provincias productoras de biodiésel y bioetanol que buscan elevar el corte en su mezcla con las naftas y gasoil, sin que eso signifique la creación de un nuevo impuesto, algo pretendido por el ex secretario, Javier Iguacel.
Con la llegada de Lopetegui, hace apenas un mes —el 28 de diciembre— todo volvió a foja cero. El ex vice jefe de Ministros y asesor presidencial reconoció no saber nada de energía, aunque prometió al presidente Mauricio Macri aprender del tema lo mas rápido posible.
Por lo pronto, Torroba, hasta hoy a cargo de la operatoria y el desarrollo del sector de biocombustibles en el país, prefirió dar un paso al costado.
Nacido en Bélgica y criado en La Pampa, el ex funcionario viene de una familia radical. Su padre, Francisco Torroba, fue diputado nacional hasta 2017, lo que le tendió un puente a la política y a Cambiemos, donde encontró el apoyo de Ernesto Sanz y Daniel Montamat, con quien trabajó muchos años. No es menor su amistad con Daniel Redondo, de la Fundación Pensar.
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Córdoba: tres años que se incumple con la ley de bosques
La ley de bosques tampoco será tratada este año
Fecha de Publicación: 30/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace tres años que la provincia de Córdoba incumple con la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (26.331), a raíz de la falta de actualización del mapa ambiental que de manera obligatoria debió realizar hace cinco años.
El primer ordenamiento territorial aprobado por la Legislatura provincial data de agosto de 2010. A los cinco años debió actualizar el mapa ambiental. Es decir que desde mediados de 2015, Córdoba está al margen de la norma.
Pasaron tres años sin la renovación del mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), y en un año marcado por el pulso electoral, más la fuerte polémica que se activa con el debate de este tema, se descuenta que la iniciativa se tomará otro año sabático.
A menos de cuatro meses de las elecciones provinciales, la actualización del OTBN, durante el primer semestre del año, seguirá en punto muerto. Tampoco hay expectativas de que se promueva su debate, en una segunda etapa del año, marcada por los comicios nacionales.
Lo cierto es que Córdoba tiene en la columna del haber la sanción de una normativa remozada con su correspondiente mapa ambiental de zonas rojas, amarillas y verdes, las cuales marcan el nivel de intervención o restricción del uso del monte.
La fuerte polémica que se genera en torno a ley de bosques por las posiciones antagónicas de ambientalistas y ruralistas, encima, en un año dominado por el amplio cronograma electoral, desalienta cualquier chance de habilitar un escenario de debate en el recinto legislativo.
“No hay nada al respecto”, respondió ante la consulta de La Voz el presidente provisorio, a cargo de la Legislatura, Oscar González.
Además, la espada legislativa del oficialismo afirmó: “No hemos discutido la agenda parlamentaria de este año. Esperaremos el discurso de apertura de sesiones del gobernador”, que será el 1° de febrero.
En el oficialismo evitan decir públicamente que el debate en torno a la ley de bosques volverá a quedar pendiente durante 2019, aunque en privado hay múltiples voces que admiten que “no es el momento ya que estamos a las puertas de las elecciones”.
En la vereda de enfrente, la oposición renovó sus críticas contra el accionar del oficialismo y a la política ambiental del Gobierno provincial.
El titular de la bancada radical, Orlando Arduh, afirmó que “la UCR siempre tuvo voluntad de discusión y de consensuar sobre esta ley, pero lamentablemente sabemos los tiempos legislativos que maneja UPC y los intereses que están en juego sobre todo en un año electoral”.
El parlamentario le pidió al oficialismo “dejar de buscar culpables y hacerse cargo”. Así le atribuyó a la Provincia estar “en falta” desde 2015 con la Nación, en referencia a la ley nacional 26.331.
Al reclamar un “debate serio” con la participación de todos los actores, la legisladora Liliana Montero expresó que “si bien es preocupante que no se actualicen los mapas, más preocupante es que no se busquen las herramientas de participación transparente que permitan la construcción en beneficio del desarrollo sustentable y el cuidado de nuestro bosque”.
La opositora demandó “respetar la ley nacional vigente” de presupuestos mínimos que rige en todo el país. “De allí hay que partir”, acentuó.
El parlamentario del Frente de Izquierda Ezequiel Peressini renovó su rechazo “a cualquier proyecto del Gobierno”, ya que resaltó que los cambios a ley de bosques “se deben hacer con una nueva Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN) y con un proceso democrático”.
Desde el bloque Córdoba Podemos, Carmen Nebreda sostuvo que “Córdoba no tiene más tiempo de no discutir el tema de ambiente”. Argumentó que “es una de las provincias que más ha devastado el medio ambiente”.
Nebreda también fue muy crítica con el accionar de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia. Manifestó que “los informes que está dando los hace con los conceptos de un proyecto de ley que fue rechazado”, en alusión a la iniciativa presentada en 2016 y que no avanzó en la Unicameral por el rechazo del colectivo ambientalista.
Ante los cuestionamientos, González resaltó que “la oposición está para criticar”, pero también devolvió la pelota al terreno opositor, al advertir que “si no hay consenso en los bloques, no vamos a avanzar sobre este tema”.
Este medio gestionó ante el área de prensa conocer la posición de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. La respuesta fue que no habrá declaraciones ya que el tema se encuentra en el ámbito legislativo.
Por su parte, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, no quiso entrar en polémica por la falta de actualización de la ley de bosques de Córdoba.
En cambio, sí se refirió al Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2) a través del cual se obtendrá información actualizada del patrimonio de bosques nativos en el país, con un avance del 48 por ciento.
El último intento
La búsqueda de aprobar un nuevo esquema regulatorio para el bosque nativo en Córdoba se dio en el marco de la presentación del proyecto de ley 20.811 impulsado por un grupo de 12 legisladores (10 oficialistas y dos radicales), allá por diciembre de 2016. Ese intento fracasó.
En los primeros meses de 2017, se activó el tratamiento de dicha iniciativa que en sus fundamentos daba cuenta de que estaba “vencido el mapa de OTBN”. Asimismo, se justificaba la aplicación de nuevas tecnologías para la actualización del ordenamiento territorial, dando paso así a una “normativa más moderna”.
La dura resistencia del colectivo de organizaciones ambientalistas hizo naufragar el debate acerca de una nueva norma para regular la conservación, el manejo sostenible y el aprovechamiento con cambio de uso de suelo de los bosques existentes en la provincia.
Los ambientalistas afirmaron que el proyecto oficialista “agravaría” la situación ambiental de la provincia. También hubo reparos de las universidades nacionales con sede en Córdoba.
Se intentó remar contra la corriente, ya que había consenso de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical, pero el rechazo ambientalista, sumado a las elecciones legislativas de 2017, imposibilitaron que la iniciativa avanzara en su debate en el recinto. A fines de ese año, el proyecto perdió estado parlamentario.
Durante el año pasado, el tema no estuvo en agenda en ningún momento. Ni el oficialismo, ni el sector del radicalismo “procampo” promovió la discusión. Mucho menos lo harán este 2019, cuya atención estará puesta en las elecciones provinciales y nacionales.
La Nación avanza con el inventario de bosques nativos en el país
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación lleva adelante en el país el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2), con un grado de avance del 48 por ciento.
“Es una deuda que el país tenía pendiente desde hacía 11 años, ya que desde 2007, cuando se sancionó la ley de presupuestos mínimos (26.331), nunca se había realizado. El último relevamiento a escala nacional se inició en 1998 y finalizó en 2005, y la ley de bosques nativos establece que el inventario debe actualizarse cada cinco años como máximo”, afirmó su titular, Sergio Bergman.
Con este plan ya puesto en marcha se instalarán y se medirán 4.200 “parcelas remedibles” en todo el territorio nacional. En Córdoba, serán 116 de las 370 que se colocarán en las tres provincias de la Región Centro.
Esta herramienta, considerada “estratégica” para planificar políticas de conservación y de manejo sustentable de los bosques, busca promover la información actualizada del patrimonio de bosques nativos del país.
Desde el organismo de Ambiente de Nación, se indicó que en territorio cordobés se relevarán bosques de las regiones de parque chaqueño y espinal.
El Director Nacional de Bosque, Juan Pedro Cano, declaró a La Voz que el inventario en Córdoba “se va a realizar durante los próximos seis meses”. Es el plazo máximo que establece el contrato firmado por la Nación con las adjudicatarias.
Cabe mencionar que, a principios de enero, la secretaría a cargo de Bergman firmó la adjudicación de la licitación pública nacional N°2/2108 para la contratación del servicio de instalación de un total de 627 “parcelas remedibles” en cinco provincias: Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
El relevamiento del patrimonio forestal nativo se hace a través de un sistema de monitoreo de la cobertura forestal. Esto implica la instalación de una red de parcelas que permiten el muestreo permanente, con el objetivo de verificar los cambios que ocurren en los bosques.
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Riachuelo y su #10YearsChallenge ¿Cómo le fué?
El #10YearsChallenge de la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 22/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
A diez años de un fallo histórico, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la solución al grave problema ambiental y social de la cuenca más contaminada del país, los responsables de la gestión enumeran los logros recientes.
Hagamos un poco de historia. Con una causa iniciada en 2004 a raíz de una denuncia de los vecinos que demandaron por contaminación a 44 empresas, dos años después y por ley, fue creada ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional por los gobiernos de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que resolviera de una vez por todas el problema.
Sin embargo, y ante la ausencia de resultados concretos, la Corte Suprema de Justicia tomó cartas en el asunto. En julio de 2008 y en un inédito fallo, ordenó a ACUMAR trabajar en la recomposición ambiental de la Cuenca, estableciendo plazos y políticas a seguir. Los números y datos del abandono ambiental eran elocuentes: tres millones de personas afectadas, 12.000 industrias vacíaban afluentes en sus aguas, sumados a los vertidos cloacales de los habitantes de sus márgenes y alrededor de 300 basurales a cielo abierto.
Un año después, fue elaborado el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), un documento para coordinar las acciones de los diversos actores que trabajan en la Región. La guía fue actualizada en 2016 sobre la base de los informes de especialistas y con el consenso de los involucrados para evaluar y reorientar los trabajos destinados a mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y tomar medidas de prevención. En pocas palabras, con un trabajo interdisciplinario conjunto, el PISA busca convertirse en un modelo de gestión avanzada y un organismo de referencia técnica con capacidad de planificar, coordinar y controlar.
Así las cosas y pese a que las ONG y diversas organizaciones de la sociedad civil encargadas de monitorear el saneamiento son críticas en cuanto a tiempos y plazos de las tareas emprendidas (entre ellas, la construcción de viviendas para dar una solución a los habitantes ribereños), las autoridades de ACUMAR consideran que están avanzando con las metas previstas.
El balance, 10 años después
La limpieza y la recolección son la principal estrategia utilizada para combatir la contaminación y recomponer el daño ambiental.
En 2018, según los datos brindados por ACUMAR, se retiraron más de 2600 toneladas de basura flotante en el Riachuelo y más de 120.000 toneladas de la cuenca (de los 14 municipios que la integran); además, se realizaron tareas de mantenimiento en más de 120 km de ambas márgenes y 1250 limpiezas para evitar la obstrucción de canales y las consecuentes inundaciones de los barrios aledaños. Y, sobre todo, según información de la autoridad de la Cuenca, se hizo especial hincapié en la educación, base fundamental en cualquier cambio ambiental.
En un trabajo conjunto con el ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación, fueron capacitadas 1038 promotoras de 31 barrios de 12 municipios de la Cuenca para realizar actividades territoriales de promoción de la salud ambiental. Les brindaron contenidos teóricos, metodológicos y de práctica territorial en temas fundamentales como basura y salud, manejo seguro de alimentos, agua y salud, control del mosquito Aedes aegypti, control de roedores, zoonosis por animales domésticos y uso de agroquímicos, entre otros.
Estas promotoras cumplieron también tareas de diagnóstico y promoción de prácticas saludables con el objetivo de generar un efecto multiplicador, de modo que cada persona pudiese difundir lo aprendido entre los vecinos de los diferentes barrios.
En este mismo sentido, se llevó adelante el Programa Escuelas Verdes en 14 establecimientos educativos. Los docentes, alumnos y directivos trabajaron en la problemática ambiental, en especial la relacionada con el tema de residuos y la implementación de las 3 "R": reducir, reutilizar y reciclar. Como resultado de esta tarea, hicieron puffs con botellas, cartón y telas, lapiceros, portapavas, portaretratos y otros elementos para utilizar en el hogar.
Entre los objetivos del proyecto, se destaca la promoción del desarrollo sustentable a través de la educación y gestión ambiental para que los alumnos puedan difundir lo aprendido en su ámbito barrial y familiar.
En cuanto al control industrial, las empresas, establecimientos industriales, de servicios o comerciales radicados en la zona y con relación al saneamiento –cuyo empadronamiento estaba fijado entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre pasado–, podrán hacerlo hasta el 20 de enero inclusive.
La medida es obligatoria; tiene como meta que la Autoridad de Cuenca pueda ejercer un mayor control y cuente con información actualizada y segura sobre los establecimientos radicados en el territorio para hacer cumplir la normativa ambiental. Hasta ahora, 5800 establecimientos comenzaron el trámite, de los cuales más de 4000 ya están empadronados. Al respecto, se hicieron 5172 inspecciones, 24 clausuras efectivas y fueron recibidas 494 denuncias.
A fin de mejorar las condiciones de vida de los vecinos y su entorno, se realizaron diversas obras de infraestructura entre las que se destacan 525 conexiones a redes cloacales; 11 barrios con proyectos de mudanza activos; 27, con mesas de participación permanentes; tres con obras de servicios. Por otra parte, se cerraron dos macrobasurales en Marcos Paz y Cañuelas.
En cuanto a las tareas de modernización, se digitalizaron todos los expedientes de más de diez años de trabajo (12.323 en total), hecho que busca simplificar los trámites y facilitar el acceso a la administración a través de medios electrónicos.
Dos miradas, una realidad
El 18 de diciembre último, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Rogelio Frigerio tuiteó: "Seguimos avanzando en esta megaobra que va por debajo del Río de la Plata y del Riachuelo y que mejorará la vida de más de 4 millones de vecinos".
Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, por su parte, afirmó: "A una década del dictado del fallo, no es admisible que los avances sean producto de las exigencias impuestas por la justicia o las demandas sociales. Estamos convencidos de que este caso judicial representa una gran oportunidad para saldar la mayor deuda socio-ambiental que tiene la Argentina, pero eso será posible solo si se avanza de manera decidida en la construcción de una política de Estado para el saneamiento del Riachuelo".
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Organizaciones contra la resolución de Agroindustria
Ciento de organizaciones le exigen a Vidal dejar sin efecto una resolución del Ministerio de Agroindustria
Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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Córdoba sin Ley de Bosques vigente
Ley de Bosques: “El debate no se va a realizar antes de las elecciones”
Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Legisladores provinciales opinan que se trata de un tema “muy urticante” como para ponerlo en agenda previo a los comicios de mayo. Desde el oficialismo admiten que están incumpliendo la normativa vigente nacional
La actualización del mapa con el ordenamiento territorial de los bosques nativos no formó parte del temario de la Unicameral durante 2018 y según pronostican los legisladores consultados por este medio, tampoco se discutirá antes de la elección provincial en mayo.
“El armado del mapa ambiental tiene que estar consensuado con todos los sectores”, dice Germán Buttarelli (UPC), presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos. “En febrero comenzaremos a establecer los temas de la agenda de los próximos meses y esperamos tener todo el consenso, para que nos nos genere otro problema”, añade. “Como presidente de la comisión me comprometo a seguir avanzando con la creación de reservas naturales como hemos venido haciendo”, indicó Buttarelli.
Para cumplimentar con el requisito de actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos -que está en falta- una de las posibilidades que están analizando desde el oficialismo -en conjunto con otros bloques- es adherir a la ley nacional de bosques, para generar los cambios necesarios en el esquema territorial, pero sin modificar la ley provincial.
En tanto, desde la oposición critican que no se haya avanzado en el tema y ven con preocupación que a causa de este motivo esté frenado el envío de los fondos de la Nación para la conservación de los bosques nativos.
Proyecto trunco
“Hay demasiados intereses creados para llegar a un consenso”, opinó la legisladora Amalia Vagni (UCR). “Al haber datos erróneos, porque hoy la Provincia está manejándose con un mapa de la vieja ley, que fue hecho a los apurones y no se condice con la realidad del bosque nativo de Córdoba, protestan los del campo y los campesinos y al desobedecer las voces y no haberlas escuchado, es un proyecto de ley trunco”.
“No creo que se vaya modificar el texto de la ley hasta el 12 de mayo”, opinó Vagni.
-Policía Ambiental informó que a través de satélites controlan el desmonte. ¿Es suficiente?
-No se trata sólo de monitorear con satélite, hay que labrar el acta. Además de que preocupa lo que hacen aquellos que infringen la ley, peor es lo que autoriza Secretaría de Ambiente con el avance de la cuestión urbana que afecta no sólo en materia de bosque nativo, sino de servicios insuficientes para atender a las necesidades de la población. Avavanza de forma tan vertiginosa la urbanización, que incluso a la vera de los lugares donde hay agua van a verse afectados por la falta de este servicio.
Necesidad de consenso
El legislador Martín Fresneda (Córdoba Podemos) dijo: “Justamente, en un período electoral es un tema tan sensible que yo no creo que pase nada”.
“Yo creo que el año pasado desistieron del proyecto de ley de modificación de la 9814, que fue archivado. Lo más acertado sería encontrar una definición de consenso para actualizar el mapa y exigir que actualicen el pago de Nación”, sostuvo.
“Lo que puede suceder, al menos, lo que estuvimos hablando y que será lo acertado para resolver el tema de la actualización del mapa de ordenamiento territorial, sería una adhesión de la legislatura a la ley nacional y armar un proceso participativo para actualizar el mapa”, señaló.
Fresneda apuntó contra el gobierno nacional por incumplir con los fondos de protección ambiental, establecidos en la ley 26.331. “Con la inflación que tuvo la Argentina es una vergüenza que el Gobierno pague $ 50 la hectárea por el servicio ambiental”.
-¿Está en pie el registro de infractores?
-La Nación debería tener registro, pero no está muy severa ni puede exigir mucho porque tampoco cumple la ley 26.631 con respecto al envío de los fondos.
Es muy relajado el tema, dicho hasta por los propios infractores cuando se ha dado el proceso de discusión de la ley frustada, estuvimos escuchando a todos los sectores y el sistema de infracciones no funcionaba. Por ahí prefieren pagar la multa a evitar avanzar sobre la zona.
-Algunos sectores ambientalistas temen que la ley agroforestal soslaye el debate por la ley de bosques. ¿Qué opina?
-Me parece que es complementario. Hay que tener un control como lo realiza el Foro Ambiental por el listado de especies prohibidas y permitidas, pero el lado industrial que puede tener la ley me parece bien. La ley expresamente prohíbe el enriquecimiento de bosque nativo con exóticas, y cuando se incumpla habrá que denunciarlo. Pero lo positivo es que hay que sumar árboles y aumentar la cobetura vegetal y siempre tiene que tener un manejo en función de la cuenca y de la eco región. Tenemos dos leyes, la 9814 que si se cumpliera junto con la ley nacional 26.631 Córdoba estaría cumpliendo el estándar ambiental. Depende de Nación que baje recursos y plata y de la Provincia que siga manteniendo compromiso.
En falta
La legisladora Liliana Montero (Bloque unipersonal) expresó: “Ni se abordó el tema. Se quedó en stand by”.
“No creo que pongan un tema tan urticante en agenda en un acto electoral”, dijo. Y agregó: “Con la movilización de las distintas organizaciones y asambleas, no creo que la provincia avance en medio de procesos electorales”.
“Estábamos en falta antes del 2016, incumpliendo por no presentar los mapas y el problema es que no estamos pudiendo imponer un ordenamiento y cumplir la ley”, advirtió.
Además, la legisladora cuestionó la efectividad de las las sanciones estipuladas para prevenir el desmonte y se refirió también a la ley agroforestal: “Quiere tapar el tema del desmonte”, expresó.
“El Foro Ambiental Córdoba realizó un análisis muy crítico sobre las especies que están en los listados porque hay algunas que no deberían estar”, afirmó.
Finalmente, cuestionó que los gobiernos utilizan como eslogan la expresión “nos debe preocupar el tema ambiental” porque para demostrarlo “tienen que poner plata”, expresó. “Ese es el problema de la política: estamos en siglo XXI, pero nos manejamos como si estuviéramos en el siglo XIX. Hoy la gente se entera de todas las acciones de gobierno”, cerró.
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Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Legisladores provinciales opinan que se trata de un tema “muy urticante” como para ponerlo en agenda previo a los comicios de mayo. Desde el oficialismo admiten que están incumpliendo la normativa vigente nacional
La actualización del mapa con el ordenamiento territorial de los bosques nativos no formó parte del temario de la Unicameral durante 2018 y según pronostican los legisladores consultados por este medio, tampoco se discutirá antes de la elección provincial en mayo.
“El armado del mapa ambiental tiene que estar consensuado con todos los sectores”, dice Germán Buttarelli (UPC), presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos. “En febrero comenzaremos a establecer los temas de la agenda de los próximos meses y esperamos tener todo el consenso, para que nos nos genere otro problema”, añade. “Como presidente de la comisión me comprometo a seguir avanzando con la creación de reservas naturales como hemos venido haciendo”, indicó Buttarelli.
Para cumplimentar con el requisito de actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos -que está en falta- una de las posibilidades que están analizando desde el oficialismo -en conjunto con otros bloques- es adherir a la ley nacional de bosques, para generar los cambios necesarios en el esquema territorial, pero sin modificar la ley provincial.
En tanto, desde la oposición critican que no se haya avanzado en el tema y ven con preocupación que a causa de este motivo esté frenado el envío de los fondos de la Nación para la conservación de los bosques nativos.
Proyecto trunco
“Hay demasiados intereses creados para llegar a un consenso”, opinó la legisladora Amalia Vagni (UCR). “Al haber datos erróneos, porque hoy la Provincia está manejándose con un mapa de la vieja ley, que fue hecho a los apurones y no se condice con la realidad del bosque nativo de Córdoba, protestan los del campo y los campesinos y al desobedecer las voces y no haberlas escuchado, es un proyecto de ley trunco”.
“No creo que se vaya modificar el texto de la ley hasta el 12 de mayo”, opinó Vagni.
-Policía Ambiental informó que a través de satélites controlan el desmonte. ¿Es suficiente?
-No se trata sólo de monitorear con satélite, hay que labrar el acta. Además de que preocupa lo que hacen aquellos que infringen la ley, peor es lo que autoriza Secretaría de Ambiente con el avance de la cuestión urbana que afecta no sólo en materia de bosque nativo, sino de servicios insuficientes para atender a las necesidades de la población. Avavanza de forma tan vertiginosa la urbanización, que incluso a la vera de los lugares donde hay agua van a verse afectados por la falta de este servicio.
Necesidad de consenso
El legislador Martín Fresneda (Córdoba Podemos) dijo: “Justamente, en un período electoral es un tema tan sensible que yo no creo que pase nada”.
“Yo creo que el año pasado desistieron del proyecto de ley de modificación de la 9814, que fue archivado. Lo más acertado sería encontrar una definición de consenso para actualizar el mapa y exigir que actualicen el pago de Nación”, sostuvo.
“Lo que puede suceder, al menos, lo que estuvimos hablando y que será lo acertado para resolver el tema de la actualización del mapa de ordenamiento territorial, sería una adhesión de la legislatura a la ley nacional y armar un proceso participativo para actualizar el mapa”, señaló.
Fresneda apuntó contra el gobierno nacional por incumplir con los fondos de protección ambiental, establecidos en la ley 26.331. “Con la inflación que tuvo la Argentina es una vergüenza que el Gobierno pague $ 50 la hectárea por el servicio ambiental”.
-¿Está en pie el registro de infractores?
-La Nación debería tener registro, pero no está muy severa ni puede exigir mucho porque tampoco cumple la ley 26.631 con respecto al envío de los fondos.
Es muy relajado el tema, dicho hasta por los propios infractores cuando se ha dado el proceso de discusión de la ley frustada, estuvimos escuchando a todos los sectores y el sistema de infracciones no funcionaba. Por ahí prefieren pagar la multa a evitar avanzar sobre la zona.
-Algunos sectores ambientalistas temen que la ley agroforestal soslaye el debate por la ley de bosques. ¿Qué opina?
-Me parece que es complementario. Hay que tener un control como lo realiza el Foro Ambiental por el listado de especies prohibidas y permitidas, pero el lado industrial que puede tener la ley me parece bien. La ley expresamente prohíbe el enriquecimiento de bosque nativo con exóticas, y cuando se incumpla habrá que denunciarlo. Pero lo positivo es que hay que sumar árboles y aumentar la cobetura vegetal y siempre tiene que tener un manejo en función de la cuenca y de la eco región. Tenemos dos leyes, la 9814 que si se cumpliera junto con la ley nacional 26.631 Córdoba estaría cumpliendo el estándar ambiental. Depende de Nación que baje recursos y plata y de la Provincia que siga manteniendo compromiso.
En falta
La legisladora Liliana Montero (Bloque unipersonal) expresó: “Ni se abordó el tema. Se quedó en stand by”.
“No creo que pongan un tema tan urticante en agenda en un acto electoral”, dijo. Y agregó: “Con la movilización de las distintas organizaciones y asambleas, no creo que la provincia avance en medio de procesos electorales”.
“Estábamos en falta antes del 2016, incumpliendo por no presentar los mapas y el problema es que no estamos pudiendo imponer un ordenamiento y cumplir la ley”, advirtió.
Además, la legisladora cuestionó la efectividad de las las sanciones estipuladas para prevenir el desmonte y se refirió también a la ley agroforestal: “Quiere tapar el tema del desmonte”, expresó.
“El Foro Ambiental Córdoba realizó un análisis muy crítico sobre las especies que están en los listados porque hay algunas que no deberían estar”, afirmó.
Finalmente, cuestionó que los gobiernos utilizan como eslogan la expresión “nos debe preocupar el tema ambiental” porque para demostrarlo “tienen que poner plata”, expresó. “Ese es el problema de la política: estamos en siglo XXI, pero nos manejamos como si estuviéramos en el siglo XIX. Hoy la gente se entera de todas las acciones de gobierno”, cerró.
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Uso indiscriminado de agroquímicos en Buenos Aires
Veneno en la tierra: la Provincia autorizó el uso indiscriminado de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Los bosques siguen penando, cada vez menos presupuesto
Nación se queda con dinero de las provincias para preservar los bosques
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.
Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.
Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.
Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
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Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.
Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.
Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.
Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
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Agroindustria: más extractivismo menos campesinado
Detrás de los despidos en Agroindustria, el extractivismo minero
Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional
Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.
Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.
Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.
Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
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Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional
Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.
Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.
Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.
Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
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Disputa entre Ambiente y militares por territorios
Quieren que los campos Manantiales sean un Parque Nacional pero hay resistencia
Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: Nacional
Desde Medio Ambiente quieren convertir en parques la inmensidad de tierras ociosas que tienen los militares; hay proyecciones económicas de la rentabilidad que darían por el turismo
Se trata de unas 540.000 hectáreas de tierras muy ricas en flora y fauna -aunque actualmente se encuentran totalmente ociosas o abandonadas. Pertenecen a las Fuerzas Armadas y son muy codiciadas por la secretaría de Medio Ambiente para convertirlas en parques nacionales con fines turísticos, científicos y también de defensa. Pero una sorda disputa que viene desde el 2016 impide hasta ahora la concreción de este ambicioso proyecto del cual hasta el presidente Mauricio Macri quiere impulsar.
La Dirección de Parques Nacionales acaba de crear por ley este año el récord histórico de seis zonas nuevas de protección del ecosistema que suman un total de 48 parques en la Argentina, mucho más que en la época de Exequiel Bustillo. Y el próximo desafío será el de convertir en zonas de reserva natural a las 540.000 hectáreas que pertenecen en su mayor parte al Ejército y que están distribuidas en Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba, entre las principales provincias.
"Hay una fuerte resistencia de los militares para entregar estas tierras que antes estaban ocupadas con mulas y vacas pero que ahora sólo estan abandonadas en gran medida ya que ni siquiera se usan para prácticas de Defensa", explicó a Infobae un allegado al secretario de Medio Ambiente el rabino Sergio Bergman.
La disputa llegó al despacho del jefe de Gabinete Marcos Peña, que es un ferviente impulsor de estos parques nacionales y cuenta con el aval del propio Macri. De hecho, el Presidente tuiteo hace unos días un mensaje inequívoco en este sentido: "el objetivo que nos propusimos el año pasado fue duplicar las áreas protegidas y lo cumplimos", escribió en relación a los 6 nuevos parques creados por ley.
Desde el Ministerio de Defensa, allegados al ministro Oscar Aguad aseguraron a Infobae que "hay predisposición plena para que haya parques nacionales en tierras sin uso". El problema es que desde Parques Nacionales se topan con la resistencia permanente del Ejército o de la Armada.
Durante el mandato del ex ministro de Defensa Julio Martínez hubo un enfrentamiento con las autoridades de Parques Nacionales por este tema y desde allí que no sanjó la discusión.
Los funcionarios de Bergman intentaron convencer a los militares sobre las conveniencias económicas de crear parques nacionales donde hay tierras ociosas de las Fuerzas Armadas. Pero no hubo caso. Incluso un funcionario de Medio Ambiente deslizó a Infobae que existen las sospechas sobre el presunto arrendamiento de algunos de estos predios a terceros para diversos usos agrícolas y sin el permiso del Ministerio de Defensa.
Aguad está dispuesto a ceder estos terrenos pero tiene una fuerte presión hacia adentro de las Fuerzas y la clave hoy es que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) destrabe el conflicto de una vez.
Según un informe de la consultora Elypsis que tiene en sus manos la Dirección de Parques Nacionales y que llegó a manos de Macri hace unos días, el turismo en las áreas protegidas creció más que el resto del turismo argentino en estos años.
"Las visitas se multiplicaron por cinco entre 1990 (711.000) y el 2017 (3,8 millones)", sostiene ese informe al que tuvo acceso Infobae. Sólo en el 2017 hubo ingresos en turismo proveniente de Parques Nacionales por unos 15.000 millones de dólares.
Proyección económica
A la vez, en el trabajo que presentó Parques Nacionales a Marcos Peña se destaca que "la demanda de turismo a parques nacionales podría elevarse a 7,8 millones de personas". En números e ingresos para la economía argentina ello implicaría un valor agregado de USD 3,4 mil millones por efecto directo del turismo y una proyección importante del empleo de unos 750.000 nuevos puestos de trabajo.
En el Gobierno saben que hay resistencia de los militares a entregar estas tierras que ahora reclama Parques Nacionales en zonas como la de Uspallata en Mendoza o Manantiales en San Juan que es donde se concentra gran parte de los 540.000 hectáreas en disputa.
Algunos de esos predios, ubicados en las provincias de San Juan (Campo Manatiales) y Mendoza (Uspallata, Estancia Polvaredas, Campo Gualtallary /Tupungato, Campo Los Andes), son de gran tamaño y protegen amplios ambientes de Alta Cordillera, Precordillera y valles andinos.
Si bien en parte de ellas persiste su necesidad de adiestramiento para la Defensa, en el marco del Convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales varias de ellas, por lo menos en su gran parte, podrían ser asignadas a la creación de Parques Nacionales o Reservas Nacionales.
En el caso del Campo Manantiales, de más de 300.000 hectáreas, si bien persiste el uso como campo de tiro de artillería en una pequeña porción del mismo, el origen de su asignación fue para la cría de ganado mular y caballos para tropas de montaña, actividad hoy desactivada.
En la Casa Rosada creen que esta cesesión de tierras militares ociosas se concretará tarde o temprano. De hecho, hay más de 10 inmuebles del Ejercito, la Armada o la Fuerza Aérea que estan a disposición de venta del ente estatal de bienes del Estado que se encarga de comercializar terrenos o edificios en deshuso. Por todo ello, las Fuerzas Armadas esperan sumar unos 160 millones de dólares para sus arcas y para el reequipamiento de los fuerzas.
Durante el kirchnerismo se crearon 7 reservas naturales de la Defensa, es decir, espacios asignados al Ministerio de Defensa pero para albergar ambientes naturales y darle un valor educativo a esas zonas. Desde el 2007 se reconvirtieron en zonas de ecosistema las tierras de las Fuerzas Armadas de Punta, Puerto península, Campo Mar Chiquita, la Calera, Campo Garabato, isla El Tala y Baterias Charles Darwin. En la secretaría de Medio Ambiente no descartan seguir este camino que sería un paso intermedio si las Fuerzas Armadas mantienen su tesitura de no entregar las tierras de biodiversidad.
Recientemente el Gobierno logró convertir a una parte de Campo de Mayo en reserva natural. Fue luego de casi dos años de arduas negociaciones y se conservó una parte de esas tierras para las Fuerzas Aramadas, otro espacio para la memoria y una parte de reserva natural.
Ahora desde la Casa Rosada apuntan a las 540.000 hectáreas de campos ociosos con alto componente de riqueza en flora y fauna que estan en poder de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el camino a seguir no es sencillo: se requerirá de la aceptación del Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas, la asignación de una resolución del ente de bienes del Estado, una ley provincial y una ley nacional.
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Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: Nacional
Desde Medio Ambiente quieren convertir en parques la inmensidad de tierras ociosas que tienen los militares; hay proyecciones económicas de la rentabilidad que darían por el turismo
Se trata de unas 540.000 hectáreas de tierras muy ricas en flora y fauna -aunque actualmente se encuentran totalmente ociosas o abandonadas. Pertenecen a las Fuerzas Armadas y son muy codiciadas por la secretaría de Medio Ambiente para convertirlas en parques nacionales con fines turísticos, científicos y también de defensa. Pero una sorda disputa que viene desde el 2016 impide hasta ahora la concreción de este ambicioso proyecto del cual hasta el presidente Mauricio Macri quiere impulsar.
La Dirección de Parques Nacionales acaba de crear por ley este año el récord histórico de seis zonas nuevas de protección del ecosistema que suman un total de 48 parques en la Argentina, mucho más que en la época de Exequiel Bustillo. Y el próximo desafío será el de convertir en zonas de reserva natural a las 540.000 hectáreas que pertenecen en su mayor parte al Ejército y que están distribuidas en Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba, entre las principales provincias.
"Hay una fuerte resistencia de los militares para entregar estas tierras que antes estaban ocupadas con mulas y vacas pero que ahora sólo estan abandonadas en gran medida ya que ni siquiera se usan para prácticas de Defensa", explicó a Infobae un allegado al secretario de Medio Ambiente el rabino Sergio Bergman.
La disputa llegó al despacho del jefe de Gabinete Marcos Peña, que es un ferviente impulsor de estos parques nacionales y cuenta con el aval del propio Macri. De hecho, el Presidente tuiteo hace unos días un mensaje inequívoco en este sentido: "el objetivo que nos propusimos el año pasado fue duplicar las áreas protegidas y lo cumplimos", escribió en relación a los 6 nuevos parques creados por ley.
Desde el Ministerio de Defensa, allegados al ministro Oscar Aguad aseguraron a Infobae que "hay predisposición plena para que haya parques nacionales en tierras sin uso". El problema es que desde Parques Nacionales se topan con la resistencia permanente del Ejército o de la Armada.
Durante el mandato del ex ministro de Defensa Julio Martínez hubo un enfrentamiento con las autoridades de Parques Nacionales por este tema y desde allí que no sanjó la discusión.
Los funcionarios de Bergman intentaron convencer a los militares sobre las conveniencias económicas de crear parques nacionales donde hay tierras ociosas de las Fuerzas Armadas. Pero no hubo caso. Incluso un funcionario de Medio Ambiente deslizó a Infobae que existen las sospechas sobre el presunto arrendamiento de algunos de estos predios a terceros para diversos usos agrícolas y sin el permiso del Ministerio de Defensa.
Aguad está dispuesto a ceder estos terrenos pero tiene una fuerte presión hacia adentro de las Fuerzas y la clave hoy es que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) destrabe el conflicto de una vez.
Según un informe de la consultora Elypsis que tiene en sus manos la Dirección de Parques Nacionales y que llegó a manos de Macri hace unos días, el turismo en las áreas protegidas creció más que el resto del turismo argentino en estos años.
"Las visitas se multiplicaron por cinco entre 1990 (711.000) y el 2017 (3,8 millones)", sostiene ese informe al que tuvo acceso Infobae. Sólo en el 2017 hubo ingresos en turismo proveniente de Parques Nacionales por unos 15.000 millones de dólares.
Proyección económica
A la vez, en el trabajo que presentó Parques Nacionales a Marcos Peña se destaca que "la demanda de turismo a parques nacionales podría elevarse a 7,8 millones de personas". En números e ingresos para la economía argentina ello implicaría un valor agregado de USD 3,4 mil millones por efecto directo del turismo y una proyección importante del empleo de unos 750.000 nuevos puestos de trabajo.
En el Gobierno saben que hay resistencia de los militares a entregar estas tierras que ahora reclama Parques Nacionales en zonas como la de Uspallata en Mendoza o Manantiales en San Juan que es donde se concentra gran parte de los 540.000 hectáreas en disputa.
Algunos de esos predios, ubicados en las provincias de San Juan (Campo Manatiales) y Mendoza (Uspallata, Estancia Polvaredas, Campo Gualtallary /Tupungato, Campo Los Andes), son de gran tamaño y protegen amplios ambientes de Alta Cordillera, Precordillera y valles andinos.
Si bien en parte de ellas persiste su necesidad de adiestramiento para la Defensa, en el marco del Convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales varias de ellas, por lo menos en su gran parte, podrían ser asignadas a la creación de Parques Nacionales o Reservas Nacionales.
En el caso del Campo Manantiales, de más de 300.000 hectáreas, si bien persiste el uso como campo de tiro de artillería en una pequeña porción del mismo, el origen de su asignación fue para la cría de ganado mular y caballos para tropas de montaña, actividad hoy desactivada.
En la Casa Rosada creen que esta cesesión de tierras militares ociosas se concretará tarde o temprano. De hecho, hay más de 10 inmuebles del Ejercito, la Armada o la Fuerza Aérea que estan a disposición de venta del ente estatal de bienes del Estado que se encarga de comercializar terrenos o edificios en deshuso. Por todo ello, las Fuerzas Armadas esperan sumar unos 160 millones de dólares para sus arcas y para el reequipamiento de los fuerzas.
Durante el kirchnerismo se crearon 7 reservas naturales de la Defensa, es decir, espacios asignados al Ministerio de Defensa pero para albergar ambientes naturales y darle un valor educativo a esas zonas. Desde el 2007 se reconvirtieron en zonas de ecosistema las tierras de las Fuerzas Armadas de Punta, Puerto península, Campo Mar Chiquita, la Calera, Campo Garabato, isla El Tala y Baterias Charles Darwin. En la secretaría de Medio Ambiente no descartan seguir este camino que sería un paso intermedio si las Fuerzas Armadas mantienen su tesitura de no entregar las tierras de biodiversidad.
Recientemente el Gobierno logró convertir a una parte de Campo de Mayo en reserva natural. Fue luego de casi dos años de arduas negociaciones y se conservó una parte de esas tierras para las Fuerzas Aramadas, otro espacio para la memoria y una parte de reserva natural.
Ahora desde la Casa Rosada apuntan a las 540.000 hectáreas de campos ociosos con alto componente de riqueza en flora y fauna que estan en poder de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el camino a seguir no es sencillo: se requerirá de la aceptación del Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas, la asignación de una resolución del ente de bienes del Estado, una ley provincial y una ley nacional.
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El gobierno quiere vender reservas en manos militares
Reserva La Calera: ¿podría venderse?
Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El ministro Aguad reconoció que la idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan.
Declaraciones periodísticas del ministro de Defensa, Oscar Aguad, abrieron una nueva discusión sobre la posibilidad de que alguna parte de los predios de la Reserva Natural de la Defensa de La Calera pueda tener otro destino y uso.
Se trata de 11.377 hectáreas, ubicadas entre la ciudad de Córdoba, La Calera, Malagueño y el lago San Roque, que históricamente fueron predios militares y que, aún conservando esa categoría, desde 2009 se transformaron –ley mediante– en “área de reserva natural” por un convenio firmado entre el Ejército y Parques Nacionales. Ese acuerdo, similar a otro aplicado también luego para tierras de la Fuerza Aérea en Ascochinga, implica que esos suelos no pueden tener nuevos usos urbanos, industriales o agrícolas.
Para el Gran Córdoba se trata del mayor pulmón verde, en una región altamente urbanizada.
En una entrevista con La Voz días atrás, el ministro Aguad señaló: “Ahí hay un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba que quiere hacer un campo de deportes y un polo tecnológico, pero hay una enorme cantidad de tierra y vamos a ver qué hacemos. La idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan, para reequiparlas. Estamos hablando de todo lo que va a la derecha de la avenida de Circunvalación hacia Carlos Paz”.
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Aunque no hay ningún proyecto puntual anunciado, desde el Foro Ambiental Córdoba se advirtió que esas tierras son “un área natural protegida” por ley, que conserva bosques nativos justo en “la zona de transición entre el Chaco Seco y el Espinal”.
La ONG apuntó su “oposición a que se desafecten en todo o en parte” esas 11.377 hectáreas de reserva. “Nos amparamos en los principios de prevención y progresividad, consagrados en la Ley General del Ambiente 25.675; como también en el principio de no regresión, que implica no retroceder respecto a los niveles de protección (de bosques) alcanzados con anterioridad”.
A la vez, el Foro Ambiental aclaró que la UNC le anunció ya en agosto pasado que había desistido de su gestión para ocupar algunas hectáreas de ese campo militar.
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Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El ministro Aguad reconoció que la idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan.
Declaraciones periodísticas del ministro de Defensa, Oscar Aguad, abrieron una nueva discusión sobre la posibilidad de que alguna parte de los predios de la Reserva Natural de la Defensa de La Calera pueda tener otro destino y uso.
Se trata de 11.377 hectáreas, ubicadas entre la ciudad de Córdoba, La Calera, Malagueño y el lago San Roque, que históricamente fueron predios militares y que, aún conservando esa categoría, desde 2009 se transformaron –ley mediante– en “área de reserva natural” por un convenio firmado entre el Ejército y Parques Nacionales. Ese acuerdo, similar a otro aplicado también luego para tierras de la Fuerza Aérea en Ascochinga, implica que esos suelos no pueden tener nuevos usos urbanos, industriales o agrícolas.
Para el Gran Córdoba se trata del mayor pulmón verde, en una región altamente urbanizada.
En una entrevista con La Voz días atrás, el ministro Aguad señaló: “Ahí hay un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba que quiere hacer un campo de deportes y un polo tecnológico, pero hay una enorme cantidad de tierra y vamos a ver qué hacemos. La idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan, para reequiparlas. Estamos hablando de todo lo que va a la derecha de la avenida de Circunvalación hacia Carlos Paz”.
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Aunque no hay ningún proyecto puntual anunciado, desde el Foro Ambiental Córdoba se advirtió que esas tierras son “un área natural protegida” por ley, que conserva bosques nativos justo en “la zona de transición entre el Chaco Seco y el Espinal”.
La ONG apuntó su “oposición a que se desafecten en todo o en parte” esas 11.377 hectáreas de reserva. “Nos amparamos en los principios de prevención y progresividad, consagrados en la Ley General del Ambiente 25.675; como también en el principio de no regresión, que implica no retroceder respecto a los niveles de protección (de bosques) alcanzados con anterioridad”.
A la vez, el Foro Ambiental aclaró que la UNC le anunció ya en agosto pasado que había desistido de su gestión para ocupar algunas hectáreas de ese campo militar.
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Buenos Aires: nueva normativa de agrotóxicos a medida de...
La Provincia ya es zona liberada para los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 27/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Una resolución firmada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, exgerente de Monsanto, habilita la fumigación en las que llama zonas de "amortiguamiento", es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales.
Durante una entrevista con el programa de radio La Red Rural, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquís, se ufanó de la novedad: "Es la primera vez que la Provincia escribe una reglamentación para controlar la aplicación de fitosanitarios". Sarquís, exgerente de la multinacional Monsanto, hablaba de la Resolución N° 246-MAGP-18, publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes 17 de diciembre, por la cual se habilita la aplicación de fitosanitarios (léase fumigación con agrotóxicos) "en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento".
Para los malpensados que pudieran ver en la flamante normativa una medida (otra más) a favor de los intereses de las corporaciones del agronegocio y, por ende, en contra de la salud de los pobladores y la calidad del medio ambiente, el artículo 6 impone que "los profesionales Ingenieros Agrónomos u otro título equivalente matriculado, que intervengan en la zona de amortiguamiento deberán asistir a jornadas de actualización técnica específicas que determine la Autoridad de Aplicación".
Otra muestra de la preocupación del gobierno por el "interés común de los habitantes de la Nación" está expresado en el artículo 5 de la resolución: "La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar". Tanta consideración conmueve.
Sarquís ya había anunciado durante los primeros días de diciembre el acuerdo de pautas de aplicación de agrotóxicos en los distintos municipios de la Provincia, basado en un informe conjunto elaborado en julio pasado por los entonces ministerios (luego rebajados a secretarías) de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria.
Algunos de los municipios que ya adhirieron a la firma de estas pautas son Ayacucho, Azul, Balcarce, Berisso, Carlos Tejedor y Chascomús. En el caso de este último distrito, fue noticia reciente la muerte de peces en los arroyos afluentes a la laguna, coincidente con la fumigación en campos de la zona. Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos Chascomús denunciaron que "con esta resolución se atenta contra los mismos trabajadores rurales y las familias que se encuentran en las zonas alcanzadas por los agrotóxicos".
Cancerígenas
El laboratorio de Biogeoquímica y Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto con el defensor del Pueblo bonaerense, realizaron un relevamiento sobre la utilización de agroquímicos en la Provincia. Para eso se obtuvieron muestras de suelos y aire colectados a lo largo del territorio. El estudio confirmó que los plaguicidas aplicados en el campo llegan a las ciudades vecinas, especialmente en verano, cuando las fumigaciones son más frecuentes.
La relación entre los pesticidas usados en el campo y la proliferación de casos de cáncer fue documentada en el informe "Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud", financiado por el Ministerio de Salud en el año 2014.
El mismo estudio probó que el comercio de productos fitosanitarios –plaguicidas y fertilizantes– aumentó un 48,7% entre 2002 y 2008. Ese año, se comercializó un total de 225 millones de litros de estos químicos, de los cuales cerca de un 75% fueron herbicidas.
Las empresas comercializadoras de este tipo de productos (Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos) alegan que el glifosato no es perjudicial para la salud humana basándose en una supuesta "abrumadora evidencia científica", Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como "probablemente cancerígenas".
En julio de este año, científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIMA) de la UNLP detectaron la presencia de glifosato y atrazina, los dos plaguicidas que dominan el mercado argentino, en el 80% de las muestras de agua de lluvia. «
En Entre Ríos, cáncer y resistencia
En abril pasado, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó –con nueve votos a favor y tres en contra aportados por el bloque de Cambiemos– la ordenanza que prohibió en todo el ejido de la ciudad el uso del glifosato. La medida llegó tras años de lucha y reclamos de vecinos y organizaciones ambientalistas que venían alertando sobre el aumento de nuevos casos de chicos con cáncer y leucemia por el riego indiscriminado del herbicida en los campos lindantes a viviendas y escuelas. Desde entonces, organizaciones de ruralistas recurrieron a la justicia presentando amparos para frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”, y calificándola como una respuesta "extrema" que afectará gravemente al sector.
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Fecha de Publicación: 27/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Una resolución firmada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, exgerente de Monsanto, habilita la fumigación en las que llama zonas de "amortiguamiento", es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales.
Durante una entrevista con el programa de radio La Red Rural, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquís, se ufanó de la novedad: "Es la primera vez que la Provincia escribe una reglamentación para controlar la aplicación de fitosanitarios". Sarquís, exgerente de la multinacional Monsanto, hablaba de la Resolución N° 246-MAGP-18, publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes 17 de diciembre, por la cual se habilita la aplicación de fitosanitarios (léase fumigación con agrotóxicos) "en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento".
Para los malpensados que pudieran ver en la flamante normativa una medida (otra más) a favor de los intereses de las corporaciones del agronegocio y, por ende, en contra de la salud de los pobladores y la calidad del medio ambiente, el artículo 6 impone que "los profesionales Ingenieros Agrónomos u otro título equivalente matriculado, que intervengan en la zona de amortiguamiento deberán asistir a jornadas de actualización técnica específicas que determine la Autoridad de Aplicación".
Otra muestra de la preocupación del gobierno por el "interés común de los habitantes de la Nación" está expresado en el artículo 5 de la resolución: "La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar". Tanta consideración conmueve.
Sarquís ya había anunciado durante los primeros días de diciembre el acuerdo de pautas de aplicación de agrotóxicos en los distintos municipios de la Provincia, basado en un informe conjunto elaborado en julio pasado por los entonces ministerios (luego rebajados a secretarías) de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria.
Algunos de los municipios que ya adhirieron a la firma de estas pautas son Ayacucho, Azul, Balcarce, Berisso, Carlos Tejedor y Chascomús. En el caso de este último distrito, fue noticia reciente la muerte de peces en los arroyos afluentes a la laguna, coincidente con la fumigación en campos de la zona. Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos Chascomús denunciaron que "con esta resolución se atenta contra los mismos trabajadores rurales y las familias que se encuentran en las zonas alcanzadas por los agrotóxicos".
Cancerígenas
El laboratorio de Biogeoquímica y Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto con el defensor del Pueblo bonaerense, realizaron un relevamiento sobre la utilización de agroquímicos en la Provincia. Para eso se obtuvieron muestras de suelos y aire colectados a lo largo del territorio. El estudio confirmó que los plaguicidas aplicados en el campo llegan a las ciudades vecinas, especialmente en verano, cuando las fumigaciones son más frecuentes.
La relación entre los pesticidas usados en el campo y la proliferación de casos de cáncer fue documentada en el informe "Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud", financiado por el Ministerio de Salud en el año 2014.
El mismo estudio probó que el comercio de productos fitosanitarios –plaguicidas y fertilizantes– aumentó un 48,7% entre 2002 y 2008. Ese año, se comercializó un total de 225 millones de litros de estos químicos, de los cuales cerca de un 75% fueron herbicidas.
Las empresas comercializadoras de este tipo de productos (Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos) alegan que el glifosato no es perjudicial para la salud humana basándose en una supuesta "abrumadora evidencia científica", Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como "probablemente cancerígenas".
En julio de este año, científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIMA) de la UNLP detectaron la presencia de glifosato y atrazina, los dos plaguicidas que dominan el mercado argentino, en el 80% de las muestras de agua de lluvia. «
En Entre Ríos, cáncer y resistencia
En abril pasado, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó –con nueve votos a favor y tres en contra aportados por el bloque de Cambiemos– la ordenanza que prohibió en todo el ejido de la ciudad el uso del glifosato. La medida llegó tras años de lucha y reclamos de vecinos y organizaciones ambientalistas que venían alertando sobre el aumento de nuevos casos de chicos con cáncer y leucemia por el riego indiscriminado del herbicida en los campos lindantes a viviendas y escuelas. Desde entonces, organizaciones de ruralistas recurrieron a la justicia presentando amparos para frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”, y calificándola como una respuesta "extrema" que afectará gravemente al sector.
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Bergman expuso resultados de la COP de cambio climático
La delegación argentina ante la cumbre climática presentó sus resultados a distintos sectores
Fecha de Publicación: 21/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Lo hizo en un encuentro con distintas ONG, académicos, referentes privados y representantes de otras áreas públicas.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación realizó esta tarde una reunión informativa para brindar el balance de lo actuado por la delegación argentina en el marco de la última sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), que tuvo lugar en Katowice, Polonia, durante las últimas dos semanas y que culminó con la aprobación del libro de reglas para la aplicación del Acuerdo de París. En la reunión participaron representantes de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, del sector privado, de otros ámbitos de Gobierno, académicos y miembros del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
En el encuentro, el Secretario de Gobierno Sergio Bergman explicó que “La evolución del principio de inserción inteligente en el mundo se ve en estos ámbitos”. También indicó: “En la trayectoria de esa evolución, nosotros tenemos gran satisfacción por el reconocimiento que nos dan pero también, por sobre todo, tenemos la convicción interna de que hay un trabajo sólido y serio realizado; y creemos que los estándares globales lo reconocen”.
También valoró a “los equipos técnicos” y aseguró que se logró “una complementación que dio sus muy buenos frutos, que es el trabajo técnico de nuestra Secretaría con la Cancillería”. “Se dio una complementación que fue parte de la maduración de esa idea del Presidente de que seamos un equipo y que trabajemos en equipo, respetando las incumbencias de cada uno”, fundamentó Bergman.
Finalmente, señaló una vez más que en Katowice, luego del trabajo del G20, se sostuvo “la urgencia de que no hay tiempo”, en el sentido de que “hay cosas para hacer ya; y que hay consensos mínimos para hacerlo ahora”.
A su turno, el secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, aseguró que “la visión de lo que es la posición de Argentina cambió mucho en estos últimos tres años”. “Como país, fuimos dando pasos para mostrar una posición que es la que queríamos”, agregó. Asimismo, destacó sobre esta COP24: “Somos un país que está siendo parte de conversaciones actuales, con cosas que están cambiando. Antes teníamos la sensación de que participábamos de una discusión que ya había comenzado y en la que veníamos muy atrás. En ese sentido, creo que nos estamos acercando a la situación en la que se están conversando cosas que van a cambiar la visión de los temas ambientales de acá en adelante”.
En la reunión, también estuvieron presentes la directora de Asuntos Ambientales de Cancillería, Marcia Levaggi, la titular de la Unidad de Coordinación General de la Secretaría de Ambiente, Patricia Holzman; la subsecretaria Interjurisdiccional es Interinstitucional, Mariela Chervin; y la directora nacional de Cambio Climático, Soledad Aguilar, entre otras autoridades.
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Fecha de Publicación: 21/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Lo hizo en un encuentro con distintas ONG, académicos, referentes privados y representantes de otras áreas públicas.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación realizó esta tarde una reunión informativa para brindar el balance de lo actuado por la delegación argentina en el marco de la última sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), que tuvo lugar en Katowice, Polonia, durante las últimas dos semanas y que culminó con la aprobación del libro de reglas para la aplicación del Acuerdo de París. En la reunión participaron representantes de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, del sector privado, de otros ámbitos de Gobierno, académicos y miembros del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
En el encuentro, el Secretario de Gobierno Sergio Bergman explicó que “La evolución del principio de inserción inteligente en el mundo se ve en estos ámbitos”. También indicó: “En la trayectoria de esa evolución, nosotros tenemos gran satisfacción por el reconocimiento que nos dan pero también, por sobre todo, tenemos la convicción interna de que hay un trabajo sólido y serio realizado; y creemos que los estándares globales lo reconocen”.
También valoró a “los equipos técnicos” y aseguró que se logró “una complementación que dio sus muy buenos frutos, que es el trabajo técnico de nuestra Secretaría con la Cancillería”. “Se dio una complementación que fue parte de la maduración de esa idea del Presidente de que seamos un equipo y que trabajemos en equipo, respetando las incumbencias de cada uno”, fundamentó Bergman.
Finalmente, señaló una vez más que en Katowice, luego del trabajo del G20, se sostuvo “la urgencia de que no hay tiempo”, en el sentido de que “hay cosas para hacer ya; y que hay consensos mínimos para hacerlo ahora”.
A su turno, el secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, aseguró que “la visión de lo que es la posición de Argentina cambió mucho en estos últimos tres años”. “Como país, fuimos dando pasos para mostrar una posición que es la que queríamos”, agregó. Asimismo, destacó sobre esta COP24: “Somos un país que está siendo parte de conversaciones actuales, con cosas que están cambiando. Antes teníamos la sensación de que participábamos de una discusión que ya había comenzado y en la que veníamos muy atrás. En ese sentido, creo que nos estamos acercando a la situación en la que se están conversando cosas que van a cambiar la visión de los temas ambientales de acá en adelante”.
En la reunión, también estuvieron presentes la directora de Asuntos Ambientales de Cancillería, Marcia Levaggi, la titular de la Unidad de Coordinación General de la Secretaría de Ambiente, Patricia Holzman; la subsecretaria Interjurisdiccional es Interinstitucional, Mariela Chervin; y la directora nacional de Cambio Climático, Soledad Aguilar, entre otras autoridades.
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Argentina estuvo en la COP de cambio climático
Argentina presente en la conferencia sobre cambio climático en Polonia
Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
“Traigo la voz para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a los fondos”, aseguró Sergio Bergman durante su intervención.
El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, participó esta tarde en Katowice, Polonia, del Tercer Diálogo de Alto Nivel de Ministros sobre Financiamiento Climático, realizado en la 24° Sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP24), la que comenzó la semana pasada y continuará hasta el 14 de diciembre.
Bergman, que encabeza la delegación argentina en la conferencia internacional, aseguró allí: “La acción por el clima es uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y nos encontramos debatiendo sobre dinero cuando en el fondo la discusión es sobre valores”. También aseguró: “Esta política es de derechos humanos”.
El Secretario de Gobierno explicó asimismo: “Buscamos una transición justa entre nuestras sociedades para que nadie se quede atrás”, a la vez que indicó que “es tiempo que quienes más han contaminado, no solamente con generosidad sino con responsabilidad, pongan el dinero”. Afirmó, a su vez, la necesidad de transmitir este impulso “al mercado y a la economía, para no quedar solo en las buenas intenciones”; y explicó que “el sector privado está comprometido en que sus finanzas tengan una vinculación con la sustentabilidad climática”, a la vez que aseguró que “tiene que ser para ellos un buen negocio ser sustentables”.
El funcionario se refirió además a la movilización de recursos para el cambio climático: “Venimos a proponer que los mecanismos para alinear el financiamiento internacional con las prioridades nacionales puedan identificar las barreras para financiar esa implementación de forma eficiente, equitativa y justa para todos”. Y reclamó: “Traigo también la voz, al haber presidido el Foro de Ministros de Medioambiente Latinoamérica y el Caribe, para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a estos fondos”.
Finalmente, se refirió al Acuerdo de París, al señalar: “Lo hemos firmado para cumplirlo y París está aquí hoy; vinimos a fijar las reglas del juego y no a jugar con esas reglas. Es el tiempo de la acción y de la definición”. Por último, declaró: “El futuro es lo que hacemos hoy cuando decidimos y ese futuro puede ser sustentable. Cumplir París hoy asegura un mañana mejor para todos”.
Por otra parte, Bergman participó durante la mañana del evento del Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía —una alianza global de ciudades— donde compartió la visión de Argentina en relación a la integración entre niveles de gobierno en el contexto de la estrategia climática y del desarrollo sustentable nacional, con un enfoque particular en la financiación.
Por último, Bergman intervino en el evento de alto nivel de celebración del décimo aniversario del programa "Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques" (ONU-REDD). Dicho programa tiene por objetivo asistir al Gobierno de Argentina en el establecimiento de un programa REDD+ como mecanismo para incentivar la protección, administración y mejor gestión de los recursos forestales para sostener los servicios ambientales y contribuir a la lucha global contra el cambio climático.
La agenda de la jornada del Secretario de Gobierno incluyó también participaciones en el “Pre 2020 Stocktake: High Level Part”; el evento paralelo “Ampliando la bioeconomía sostenible: un nuevo capítulo para la plataforma Biofuture Brasil, Polonia y la Agencia Internacional de Energía”; así como reuniones con Robert McKee, presidente del Grupo Directivo de Foundations 20 (F20) y Ramiro Fernández, de la Fundación Avina; y otra con directivos de General Electric. También participó de un encuentro en el que se abordó el mejor aprovechamiento de la ciencia disponible para aumentar la efectividad del financiamiento climático, en el que también intervinieron Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial y Javier Manzanares, director ejecutivo del Fondo Verde del Clima.
Junto a Bergman, forman parte de la comitiva argentina en la COP24 la titular de la Unidad de Coordinación General, Patricia Holzman, y el secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, ambos del área ambiental nacional.
En 2018 la conferencia climática adquiere una gran relevancia para la diplomacia internacional en esta materia, debido a los avances que se esperan de los países en sus preparativos para la implementación del Acuerdo de París. Por su parte, Argentina apoya el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) donde se llama a la acción de todos los países para combatir el cambio climático, no sobrepasar el promedio de temperatura mundial de 1.5 °C comparándolo con el periodo pre industrial, luchar por un desarrollo sustentable y erradicar la pobreza.
Asimismo, se esperan alcanzar logros claves para cumplir con las metas contempladas en el Acuerdo de París. La COP24 es la penúltima parada en el camino hacia 2020, año en que entrará en vigor dicho acuerdo. El principal objetivo de esta conferencia es efectuar un balance de los logros que los países han alcanzado y ajustar los niveles de ambición necesarios para alcanzar los objetivos de París. Se espera que todos eleven sus planes para recortar sus emisiones y aceleren la transformación energética de sus economías para abandonar de manera definitiva los contaminantes combustibles fósiles.
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Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
“Traigo la voz para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a los fondos”, aseguró Sergio Bergman durante su intervención.
El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, participó esta tarde en Katowice, Polonia, del Tercer Diálogo de Alto Nivel de Ministros sobre Financiamiento Climático, realizado en la 24° Sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP24), la que comenzó la semana pasada y continuará hasta el 14 de diciembre.
Bergman, que encabeza la delegación argentina en la conferencia internacional, aseguró allí: “La acción por el clima es uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y nos encontramos debatiendo sobre dinero cuando en el fondo la discusión es sobre valores”. También aseguró: “Esta política es de derechos humanos”.
El Secretario de Gobierno explicó asimismo: “Buscamos una transición justa entre nuestras sociedades para que nadie se quede atrás”, a la vez que indicó que “es tiempo que quienes más han contaminado, no solamente con generosidad sino con responsabilidad, pongan el dinero”. Afirmó, a su vez, la necesidad de transmitir este impulso “al mercado y a la economía, para no quedar solo en las buenas intenciones”; y explicó que “el sector privado está comprometido en que sus finanzas tengan una vinculación con la sustentabilidad climática”, a la vez que aseguró que “tiene que ser para ellos un buen negocio ser sustentables”.
El funcionario se refirió además a la movilización de recursos para el cambio climático: “Venimos a proponer que los mecanismos para alinear el financiamiento internacional con las prioridades nacionales puedan identificar las barreras para financiar esa implementación de forma eficiente, equitativa y justa para todos”. Y reclamó: “Traigo también la voz, al haber presidido el Foro de Ministros de Medioambiente Latinoamérica y el Caribe, para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a estos fondos”.
Finalmente, se refirió al Acuerdo de París, al señalar: “Lo hemos firmado para cumplirlo y París está aquí hoy; vinimos a fijar las reglas del juego y no a jugar con esas reglas. Es el tiempo de la acción y de la definición”. Por último, declaró: “El futuro es lo que hacemos hoy cuando decidimos y ese futuro puede ser sustentable. Cumplir París hoy asegura un mañana mejor para todos”.
Por otra parte, Bergman participó durante la mañana del evento del Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía —una alianza global de ciudades— donde compartió la visión de Argentina en relación a la integración entre niveles de gobierno en el contexto de la estrategia climática y del desarrollo sustentable nacional, con un enfoque particular en la financiación.
Por último, Bergman intervino en el evento de alto nivel de celebración del décimo aniversario del programa "Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques" (ONU-REDD). Dicho programa tiene por objetivo asistir al Gobierno de Argentina en el establecimiento de un programa REDD+ como mecanismo para incentivar la protección, administración y mejor gestión de los recursos forestales para sostener los servicios ambientales y contribuir a la lucha global contra el cambio climático.
La agenda de la jornada del Secretario de Gobierno incluyó también participaciones en el “Pre 2020 Stocktake: High Level Part”; el evento paralelo “Ampliando la bioeconomía sostenible: un nuevo capítulo para la plataforma Biofuture Brasil, Polonia y la Agencia Internacional de Energía”; así como reuniones con Robert McKee, presidente del Grupo Directivo de Foundations 20 (F20) y Ramiro Fernández, de la Fundación Avina; y otra con directivos de General Electric. También participó de un encuentro en el que se abordó el mejor aprovechamiento de la ciencia disponible para aumentar la efectividad del financiamiento climático, en el que también intervinieron Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial y Javier Manzanares, director ejecutivo del Fondo Verde del Clima.
Junto a Bergman, forman parte de la comitiva argentina en la COP24 la titular de la Unidad de Coordinación General, Patricia Holzman, y el secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, ambos del área ambiental nacional.
En 2018 la conferencia climática adquiere una gran relevancia para la diplomacia internacional en esta materia, debido a los avances que se esperan de los países en sus preparativos para la implementación del Acuerdo de París. Por su parte, Argentina apoya el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) donde se llama a la acción de todos los países para combatir el cambio climático, no sobrepasar el promedio de temperatura mundial de 1.5 °C comparándolo con el periodo pre industrial, luchar por un desarrollo sustentable y erradicar la pobreza.
Asimismo, se esperan alcanzar logros claves para cumplir con las metas contempladas en el Acuerdo de París. La COP24 es la penúltima parada en el camino hacia 2020, año en que entrará en vigor dicho acuerdo. El principal objetivo de esta conferencia es efectuar un balance de los logros que los países han alcanzado y ajustar los niveles de ambición necesarios para alcanzar los objetivos de París. Se espera que todos eleven sus planes para recortar sus emisiones y aceleren la transformación energética de sus economías para abandonar de manera definitiva los contaminantes combustibles fósiles.
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