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Organizaciones contra la resolución de Agroindustria
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Eco Sitio |
Ciento de organizaciones le exigen a Vidal dejar sin efecto una resolución del Ministerio de Agroindustria
Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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Etiquetas:
Córdoba sin Ley de Bosques vigente
Ley de Bosques: “El debate no se va a realizar antes de las elecciones”
Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Legisladores provinciales opinan que se trata de un tema “muy urticante” como para ponerlo en agenda previo a los comicios de mayo. Desde el oficialismo admiten que están incumpliendo la normativa vigente nacional
La actualización del mapa con el ordenamiento territorial de los bosques nativos no formó parte del temario de la Unicameral durante 2018 y según pronostican los legisladores consultados por este medio, tampoco se discutirá antes de la elección provincial en mayo.
“El armado del mapa ambiental tiene que estar consensuado con todos los sectores”, dice Germán Buttarelli (UPC), presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos. “En febrero comenzaremos a establecer los temas de la agenda de los próximos meses y esperamos tener todo el consenso, para que nos nos genere otro problema”, añade. “Como presidente de la comisión me comprometo a seguir avanzando con la creación de reservas naturales como hemos venido haciendo”, indicó Buttarelli.
Para cumplimentar con el requisito de actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos -que está en falta- una de las posibilidades que están analizando desde el oficialismo -en conjunto con otros bloques- es adherir a la ley nacional de bosques, para generar los cambios necesarios en el esquema territorial, pero sin modificar la ley provincial.
En tanto, desde la oposición critican que no se haya avanzado en el tema y ven con preocupación que a causa de este motivo esté frenado el envío de los fondos de la Nación para la conservación de los bosques nativos.
Proyecto trunco
“Hay demasiados intereses creados para llegar a un consenso”, opinó la legisladora Amalia Vagni (UCR). “Al haber datos erróneos, porque hoy la Provincia está manejándose con un mapa de la vieja ley, que fue hecho a los apurones y no se condice con la realidad del bosque nativo de Córdoba, protestan los del campo y los campesinos y al desobedecer las voces y no haberlas escuchado, es un proyecto de ley trunco”.
“No creo que se vaya modificar el texto de la ley hasta el 12 de mayo”, opinó Vagni.
-Policía Ambiental informó que a través de satélites controlan el desmonte. ¿Es suficiente?
-No se trata sólo de monitorear con satélite, hay que labrar el acta. Además de que preocupa lo que hacen aquellos que infringen la ley, peor es lo que autoriza Secretaría de Ambiente con el avance de la cuestión urbana que afecta no sólo en materia de bosque nativo, sino de servicios insuficientes para atender a las necesidades de la población. Avavanza de forma tan vertiginosa la urbanización, que incluso a la vera de los lugares donde hay agua van a verse afectados por la falta de este servicio.
Necesidad de consenso
El legislador Martín Fresneda (Córdoba Podemos) dijo: “Justamente, en un período electoral es un tema tan sensible que yo no creo que pase nada”.
“Yo creo que el año pasado desistieron del proyecto de ley de modificación de la 9814, que fue archivado. Lo más acertado sería encontrar una definición de consenso para actualizar el mapa y exigir que actualicen el pago de Nación”, sostuvo.
“Lo que puede suceder, al menos, lo que estuvimos hablando y que será lo acertado para resolver el tema de la actualización del mapa de ordenamiento territorial, sería una adhesión de la legislatura a la ley nacional y armar un proceso participativo para actualizar el mapa”, señaló.
Fresneda apuntó contra el gobierno nacional por incumplir con los fondos de protección ambiental, establecidos en la ley 26.331. “Con la inflación que tuvo la Argentina es una vergüenza que el Gobierno pague $ 50 la hectárea por el servicio ambiental”.
-¿Está en pie el registro de infractores?
-La Nación debería tener registro, pero no está muy severa ni puede exigir mucho porque tampoco cumple la ley 26.631 con respecto al envío de los fondos.
Es muy relajado el tema, dicho hasta por los propios infractores cuando se ha dado el proceso de discusión de la ley frustada, estuvimos escuchando a todos los sectores y el sistema de infracciones no funcionaba. Por ahí prefieren pagar la multa a evitar avanzar sobre la zona.
-Algunos sectores ambientalistas temen que la ley agroforestal soslaye el debate por la ley de bosques. ¿Qué opina?
-Me parece que es complementario. Hay que tener un control como lo realiza el Foro Ambiental por el listado de especies prohibidas y permitidas, pero el lado industrial que puede tener la ley me parece bien. La ley expresamente prohíbe el enriquecimiento de bosque nativo con exóticas, y cuando se incumpla habrá que denunciarlo. Pero lo positivo es que hay que sumar árboles y aumentar la cobetura vegetal y siempre tiene que tener un manejo en función de la cuenca y de la eco región. Tenemos dos leyes, la 9814 que si se cumpliera junto con la ley nacional 26.631 Córdoba estaría cumpliendo el estándar ambiental. Depende de Nación que baje recursos y plata y de la Provincia que siga manteniendo compromiso.
En falta
La legisladora Liliana Montero (Bloque unipersonal) expresó: “Ni se abordó el tema. Se quedó en stand by”.
“No creo que pongan un tema tan urticante en agenda en un acto electoral”, dijo. Y agregó: “Con la movilización de las distintas organizaciones y asambleas, no creo que la provincia avance en medio de procesos electorales”.
“Estábamos en falta antes del 2016, incumpliendo por no presentar los mapas y el problema es que no estamos pudiendo imponer un ordenamiento y cumplir la ley”, advirtió.
Además, la legisladora cuestionó la efectividad de las las sanciones estipuladas para prevenir el desmonte y se refirió también a la ley agroforestal: “Quiere tapar el tema del desmonte”, expresó.
“El Foro Ambiental Córdoba realizó un análisis muy crítico sobre las especies que están en los listados porque hay algunas que no deberían estar”, afirmó.
Finalmente, cuestionó que los gobiernos utilizan como eslogan la expresión “nos debe preocupar el tema ambiental” porque para demostrarlo “tienen que poner plata”, expresó. “Ese es el problema de la política: estamos en siglo XXI, pero nos manejamos como si estuviéramos en el siglo XIX. Hoy la gente se entera de todas las acciones de gobierno”, cerró.
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Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Legisladores provinciales opinan que se trata de un tema “muy urticante” como para ponerlo en agenda previo a los comicios de mayo. Desde el oficialismo admiten que están incumpliendo la normativa vigente nacional
La actualización del mapa con el ordenamiento territorial de los bosques nativos no formó parte del temario de la Unicameral durante 2018 y según pronostican los legisladores consultados por este medio, tampoco se discutirá antes de la elección provincial en mayo.
“El armado del mapa ambiental tiene que estar consensuado con todos los sectores”, dice Germán Buttarelli (UPC), presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos. “En febrero comenzaremos a establecer los temas de la agenda de los próximos meses y esperamos tener todo el consenso, para que nos nos genere otro problema”, añade. “Como presidente de la comisión me comprometo a seguir avanzando con la creación de reservas naturales como hemos venido haciendo”, indicó Buttarelli.
Para cumplimentar con el requisito de actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos -que está en falta- una de las posibilidades que están analizando desde el oficialismo -en conjunto con otros bloques- es adherir a la ley nacional de bosques, para generar los cambios necesarios en el esquema territorial, pero sin modificar la ley provincial.
En tanto, desde la oposición critican que no se haya avanzado en el tema y ven con preocupación que a causa de este motivo esté frenado el envío de los fondos de la Nación para la conservación de los bosques nativos.
Proyecto trunco
“Hay demasiados intereses creados para llegar a un consenso”, opinó la legisladora Amalia Vagni (UCR). “Al haber datos erróneos, porque hoy la Provincia está manejándose con un mapa de la vieja ley, que fue hecho a los apurones y no se condice con la realidad del bosque nativo de Córdoba, protestan los del campo y los campesinos y al desobedecer las voces y no haberlas escuchado, es un proyecto de ley trunco”.
“No creo que se vaya modificar el texto de la ley hasta el 12 de mayo”, opinó Vagni.
-Policía Ambiental informó que a través de satélites controlan el desmonte. ¿Es suficiente?
-No se trata sólo de monitorear con satélite, hay que labrar el acta. Además de que preocupa lo que hacen aquellos que infringen la ley, peor es lo que autoriza Secretaría de Ambiente con el avance de la cuestión urbana que afecta no sólo en materia de bosque nativo, sino de servicios insuficientes para atender a las necesidades de la población. Avavanza de forma tan vertiginosa la urbanización, que incluso a la vera de los lugares donde hay agua van a verse afectados por la falta de este servicio.
Necesidad de consenso
El legislador Martín Fresneda (Córdoba Podemos) dijo: “Justamente, en un período electoral es un tema tan sensible que yo no creo que pase nada”.
“Yo creo que el año pasado desistieron del proyecto de ley de modificación de la 9814, que fue archivado. Lo más acertado sería encontrar una definición de consenso para actualizar el mapa y exigir que actualicen el pago de Nación”, sostuvo.
“Lo que puede suceder, al menos, lo que estuvimos hablando y que será lo acertado para resolver el tema de la actualización del mapa de ordenamiento territorial, sería una adhesión de la legislatura a la ley nacional y armar un proceso participativo para actualizar el mapa”, señaló.
Fresneda apuntó contra el gobierno nacional por incumplir con los fondos de protección ambiental, establecidos en la ley 26.331. “Con la inflación que tuvo la Argentina es una vergüenza que el Gobierno pague $ 50 la hectárea por el servicio ambiental”.
-¿Está en pie el registro de infractores?
-La Nación debería tener registro, pero no está muy severa ni puede exigir mucho porque tampoco cumple la ley 26.631 con respecto al envío de los fondos.
Es muy relajado el tema, dicho hasta por los propios infractores cuando se ha dado el proceso de discusión de la ley frustada, estuvimos escuchando a todos los sectores y el sistema de infracciones no funcionaba. Por ahí prefieren pagar la multa a evitar avanzar sobre la zona.
-Algunos sectores ambientalistas temen que la ley agroforestal soslaye el debate por la ley de bosques. ¿Qué opina?
-Me parece que es complementario. Hay que tener un control como lo realiza el Foro Ambiental por el listado de especies prohibidas y permitidas, pero el lado industrial que puede tener la ley me parece bien. La ley expresamente prohíbe el enriquecimiento de bosque nativo con exóticas, y cuando se incumpla habrá que denunciarlo. Pero lo positivo es que hay que sumar árboles y aumentar la cobetura vegetal y siempre tiene que tener un manejo en función de la cuenca y de la eco región. Tenemos dos leyes, la 9814 que si se cumpliera junto con la ley nacional 26.631 Córdoba estaría cumpliendo el estándar ambiental. Depende de Nación que baje recursos y plata y de la Provincia que siga manteniendo compromiso.
En falta
La legisladora Liliana Montero (Bloque unipersonal) expresó: “Ni se abordó el tema. Se quedó en stand by”.
“No creo que pongan un tema tan urticante en agenda en un acto electoral”, dijo. Y agregó: “Con la movilización de las distintas organizaciones y asambleas, no creo que la provincia avance en medio de procesos electorales”.
“Estábamos en falta antes del 2016, incumpliendo por no presentar los mapas y el problema es que no estamos pudiendo imponer un ordenamiento y cumplir la ley”, advirtió.
Además, la legisladora cuestionó la efectividad de las las sanciones estipuladas para prevenir el desmonte y se refirió también a la ley agroforestal: “Quiere tapar el tema del desmonte”, expresó.
“El Foro Ambiental Córdoba realizó un análisis muy crítico sobre las especies que están en los listados porque hay algunas que no deberían estar”, afirmó.
Finalmente, cuestionó que los gobiernos utilizan como eslogan la expresión “nos debe preocupar el tema ambiental” porque para demostrarlo “tienen que poner plata”, expresó. “Ese es el problema de la política: estamos en siglo XXI, pero nos manejamos como si estuviéramos en el siglo XIX. Hoy la gente se entera de todas las acciones de gobierno”, cerró.
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Uso indiscriminado de agroquímicos en Buenos Aires
Veneno en la tierra: la Provincia autorizó el uso indiscriminado de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Los bosques siguen penando, cada vez menos presupuesto
Nación se queda con dinero de las provincias para preservar los bosques
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.
Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.
Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.
Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
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Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.
Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.
Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.
Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
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Agroindustria: más extractivismo menos campesinado
Detrás de los despidos en Agroindustria, el extractivismo minero
Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional
Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.
Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.
Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.
Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
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Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional
Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.
Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.
Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.
Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
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Disputa entre Ambiente y militares por territorios
Quieren que los campos Manantiales sean un Parque Nacional pero hay resistencia
Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: Nacional
Desde Medio Ambiente quieren convertir en parques la inmensidad de tierras ociosas que tienen los militares; hay proyecciones económicas de la rentabilidad que darían por el turismo
Se trata de unas 540.000 hectáreas de tierras muy ricas en flora y fauna -aunque actualmente se encuentran totalmente ociosas o abandonadas. Pertenecen a las Fuerzas Armadas y son muy codiciadas por la secretaría de Medio Ambiente para convertirlas en parques nacionales con fines turísticos, científicos y también de defensa. Pero una sorda disputa que viene desde el 2016 impide hasta ahora la concreción de este ambicioso proyecto del cual hasta el presidente Mauricio Macri quiere impulsar.
La Dirección de Parques Nacionales acaba de crear por ley este año el récord histórico de seis zonas nuevas de protección del ecosistema que suman un total de 48 parques en la Argentina, mucho más que en la época de Exequiel Bustillo. Y el próximo desafío será el de convertir en zonas de reserva natural a las 540.000 hectáreas que pertenecen en su mayor parte al Ejército y que están distribuidas en Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba, entre las principales provincias.
"Hay una fuerte resistencia de los militares para entregar estas tierras que antes estaban ocupadas con mulas y vacas pero que ahora sólo estan abandonadas en gran medida ya que ni siquiera se usan para prácticas de Defensa", explicó a Infobae un allegado al secretario de Medio Ambiente el rabino Sergio Bergman.
La disputa llegó al despacho del jefe de Gabinete Marcos Peña, que es un ferviente impulsor de estos parques nacionales y cuenta con el aval del propio Macri. De hecho, el Presidente tuiteo hace unos días un mensaje inequívoco en este sentido: "el objetivo que nos propusimos el año pasado fue duplicar las áreas protegidas y lo cumplimos", escribió en relación a los 6 nuevos parques creados por ley.
Desde el Ministerio de Defensa, allegados al ministro Oscar Aguad aseguraron a Infobae que "hay predisposición plena para que haya parques nacionales en tierras sin uso". El problema es que desde Parques Nacionales se topan con la resistencia permanente del Ejército o de la Armada.
Durante el mandato del ex ministro de Defensa Julio Martínez hubo un enfrentamiento con las autoridades de Parques Nacionales por este tema y desde allí que no sanjó la discusión.
Los funcionarios de Bergman intentaron convencer a los militares sobre las conveniencias económicas de crear parques nacionales donde hay tierras ociosas de las Fuerzas Armadas. Pero no hubo caso. Incluso un funcionario de Medio Ambiente deslizó a Infobae que existen las sospechas sobre el presunto arrendamiento de algunos de estos predios a terceros para diversos usos agrícolas y sin el permiso del Ministerio de Defensa.
Aguad está dispuesto a ceder estos terrenos pero tiene una fuerte presión hacia adentro de las Fuerzas y la clave hoy es que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) destrabe el conflicto de una vez.
Según un informe de la consultora Elypsis que tiene en sus manos la Dirección de Parques Nacionales y que llegó a manos de Macri hace unos días, el turismo en las áreas protegidas creció más que el resto del turismo argentino en estos años.
"Las visitas se multiplicaron por cinco entre 1990 (711.000) y el 2017 (3,8 millones)", sostiene ese informe al que tuvo acceso Infobae. Sólo en el 2017 hubo ingresos en turismo proveniente de Parques Nacionales por unos 15.000 millones de dólares.
Proyección económica
A la vez, en el trabajo que presentó Parques Nacionales a Marcos Peña se destaca que "la demanda de turismo a parques nacionales podría elevarse a 7,8 millones de personas". En números e ingresos para la economía argentina ello implicaría un valor agregado de USD 3,4 mil millones por efecto directo del turismo y una proyección importante del empleo de unos 750.000 nuevos puestos de trabajo.
En el Gobierno saben que hay resistencia de los militares a entregar estas tierras que ahora reclama Parques Nacionales en zonas como la de Uspallata en Mendoza o Manantiales en San Juan que es donde se concentra gran parte de los 540.000 hectáreas en disputa.
Algunos de esos predios, ubicados en las provincias de San Juan (Campo Manatiales) y Mendoza (Uspallata, Estancia Polvaredas, Campo Gualtallary /Tupungato, Campo Los Andes), son de gran tamaño y protegen amplios ambientes de Alta Cordillera, Precordillera y valles andinos.
Si bien en parte de ellas persiste su necesidad de adiestramiento para la Defensa, en el marco del Convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales varias de ellas, por lo menos en su gran parte, podrían ser asignadas a la creación de Parques Nacionales o Reservas Nacionales.
En el caso del Campo Manantiales, de más de 300.000 hectáreas, si bien persiste el uso como campo de tiro de artillería en una pequeña porción del mismo, el origen de su asignación fue para la cría de ganado mular y caballos para tropas de montaña, actividad hoy desactivada.
En la Casa Rosada creen que esta cesesión de tierras militares ociosas se concretará tarde o temprano. De hecho, hay más de 10 inmuebles del Ejercito, la Armada o la Fuerza Aérea que estan a disposición de venta del ente estatal de bienes del Estado que se encarga de comercializar terrenos o edificios en deshuso. Por todo ello, las Fuerzas Armadas esperan sumar unos 160 millones de dólares para sus arcas y para el reequipamiento de los fuerzas.
Durante el kirchnerismo se crearon 7 reservas naturales de la Defensa, es decir, espacios asignados al Ministerio de Defensa pero para albergar ambientes naturales y darle un valor educativo a esas zonas. Desde el 2007 se reconvirtieron en zonas de ecosistema las tierras de las Fuerzas Armadas de Punta, Puerto península, Campo Mar Chiquita, la Calera, Campo Garabato, isla El Tala y Baterias Charles Darwin. En la secretaría de Medio Ambiente no descartan seguir este camino que sería un paso intermedio si las Fuerzas Armadas mantienen su tesitura de no entregar las tierras de biodiversidad.
Recientemente el Gobierno logró convertir a una parte de Campo de Mayo en reserva natural. Fue luego de casi dos años de arduas negociaciones y se conservó una parte de esas tierras para las Fuerzas Aramadas, otro espacio para la memoria y una parte de reserva natural.
Ahora desde la Casa Rosada apuntan a las 540.000 hectáreas de campos ociosos con alto componente de riqueza en flora y fauna que estan en poder de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el camino a seguir no es sencillo: se requerirá de la aceptación del Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas, la asignación de una resolución del ente de bienes del Estado, una ley provincial y una ley nacional.
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Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: Nacional
Desde Medio Ambiente quieren convertir en parques la inmensidad de tierras ociosas que tienen los militares; hay proyecciones económicas de la rentabilidad que darían por el turismo
Se trata de unas 540.000 hectáreas de tierras muy ricas en flora y fauna -aunque actualmente se encuentran totalmente ociosas o abandonadas. Pertenecen a las Fuerzas Armadas y son muy codiciadas por la secretaría de Medio Ambiente para convertirlas en parques nacionales con fines turísticos, científicos y también de defensa. Pero una sorda disputa que viene desde el 2016 impide hasta ahora la concreción de este ambicioso proyecto del cual hasta el presidente Mauricio Macri quiere impulsar.
La Dirección de Parques Nacionales acaba de crear por ley este año el récord histórico de seis zonas nuevas de protección del ecosistema que suman un total de 48 parques en la Argentina, mucho más que en la época de Exequiel Bustillo. Y el próximo desafío será el de convertir en zonas de reserva natural a las 540.000 hectáreas que pertenecen en su mayor parte al Ejército y que están distribuidas en Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba, entre las principales provincias.
"Hay una fuerte resistencia de los militares para entregar estas tierras que antes estaban ocupadas con mulas y vacas pero que ahora sólo estan abandonadas en gran medida ya que ni siquiera se usan para prácticas de Defensa", explicó a Infobae un allegado al secretario de Medio Ambiente el rabino Sergio Bergman.
La disputa llegó al despacho del jefe de Gabinete Marcos Peña, que es un ferviente impulsor de estos parques nacionales y cuenta con el aval del propio Macri. De hecho, el Presidente tuiteo hace unos días un mensaje inequívoco en este sentido: "el objetivo que nos propusimos el año pasado fue duplicar las áreas protegidas y lo cumplimos", escribió en relación a los 6 nuevos parques creados por ley.
Desde el Ministerio de Defensa, allegados al ministro Oscar Aguad aseguraron a Infobae que "hay predisposición plena para que haya parques nacionales en tierras sin uso". El problema es que desde Parques Nacionales se topan con la resistencia permanente del Ejército o de la Armada.
Durante el mandato del ex ministro de Defensa Julio Martínez hubo un enfrentamiento con las autoridades de Parques Nacionales por este tema y desde allí que no sanjó la discusión.
Los funcionarios de Bergman intentaron convencer a los militares sobre las conveniencias económicas de crear parques nacionales donde hay tierras ociosas de las Fuerzas Armadas. Pero no hubo caso. Incluso un funcionario de Medio Ambiente deslizó a Infobae que existen las sospechas sobre el presunto arrendamiento de algunos de estos predios a terceros para diversos usos agrícolas y sin el permiso del Ministerio de Defensa.
Aguad está dispuesto a ceder estos terrenos pero tiene una fuerte presión hacia adentro de las Fuerzas y la clave hoy es que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) destrabe el conflicto de una vez.
Según un informe de la consultora Elypsis que tiene en sus manos la Dirección de Parques Nacionales y que llegó a manos de Macri hace unos días, el turismo en las áreas protegidas creció más que el resto del turismo argentino en estos años.
"Las visitas se multiplicaron por cinco entre 1990 (711.000) y el 2017 (3,8 millones)", sostiene ese informe al que tuvo acceso Infobae. Sólo en el 2017 hubo ingresos en turismo proveniente de Parques Nacionales por unos 15.000 millones de dólares.
Proyección económica
A la vez, en el trabajo que presentó Parques Nacionales a Marcos Peña se destaca que "la demanda de turismo a parques nacionales podría elevarse a 7,8 millones de personas". En números e ingresos para la economía argentina ello implicaría un valor agregado de USD 3,4 mil millones por efecto directo del turismo y una proyección importante del empleo de unos 750.000 nuevos puestos de trabajo.
En el Gobierno saben que hay resistencia de los militares a entregar estas tierras que ahora reclama Parques Nacionales en zonas como la de Uspallata en Mendoza o Manantiales en San Juan que es donde se concentra gran parte de los 540.000 hectáreas en disputa.
Algunos de esos predios, ubicados en las provincias de San Juan (Campo Manatiales) y Mendoza (Uspallata, Estancia Polvaredas, Campo Gualtallary /Tupungato, Campo Los Andes), son de gran tamaño y protegen amplios ambientes de Alta Cordillera, Precordillera y valles andinos.
Si bien en parte de ellas persiste su necesidad de adiestramiento para la Defensa, en el marco del Convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales varias de ellas, por lo menos en su gran parte, podrían ser asignadas a la creación de Parques Nacionales o Reservas Nacionales.
En el caso del Campo Manantiales, de más de 300.000 hectáreas, si bien persiste el uso como campo de tiro de artillería en una pequeña porción del mismo, el origen de su asignación fue para la cría de ganado mular y caballos para tropas de montaña, actividad hoy desactivada.
En la Casa Rosada creen que esta cesesión de tierras militares ociosas se concretará tarde o temprano. De hecho, hay más de 10 inmuebles del Ejercito, la Armada o la Fuerza Aérea que estan a disposición de venta del ente estatal de bienes del Estado que se encarga de comercializar terrenos o edificios en deshuso. Por todo ello, las Fuerzas Armadas esperan sumar unos 160 millones de dólares para sus arcas y para el reequipamiento de los fuerzas.
Durante el kirchnerismo se crearon 7 reservas naturales de la Defensa, es decir, espacios asignados al Ministerio de Defensa pero para albergar ambientes naturales y darle un valor educativo a esas zonas. Desde el 2007 se reconvirtieron en zonas de ecosistema las tierras de las Fuerzas Armadas de Punta, Puerto península, Campo Mar Chiquita, la Calera, Campo Garabato, isla El Tala y Baterias Charles Darwin. En la secretaría de Medio Ambiente no descartan seguir este camino que sería un paso intermedio si las Fuerzas Armadas mantienen su tesitura de no entregar las tierras de biodiversidad.
Recientemente el Gobierno logró convertir a una parte de Campo de Mayo en reserva natural. Fue luego de casi dos años de arduas negociaciones y se conservó una parte de esas tierras para las Fuerzas Aramadas, otro espacio para la memoria y una parte de reserva natural.
Ahora desde la Casa Rosada apuntan a las 540.000 hectáreas de campos ociosos con alto componente de riqueza en flora y fauna que estan en poder de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el camino a seguir no es sencillo: se requerirá de la aceptación del Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas, la asignación de una resolución del ente de bienes del Estado, una ley provincial y una ley nacional.
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El gobierno quiere vender reservas en manos militares
Reserva La Calera: ¿podría venderse?
Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El ministro Aguad reconoció que la idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan.
Declaraciones periodísticas del ministro de Defensa, Oscar Aguad, abrieron una nueva discusión sobre la posibilidad de que alguna parte de los predios de la Reserva Natural de la Defensa de La Calera pueda tener otro destino y uso.
Se trata de 11.377 hectáreas, ubicadas entre la ciudad de Córdoba, La Calera, Malagueño y el lago San Roque, que históricamente fueron predios militares y que, aún conservando esa categoría, desde 2009 se transformaron –ley mediante– en “área de reserva natural” por un convenio firmado entre el Ejército y Parques Nacionales. Ese acuerdo, similar a otro aplicado también luego para tierras de la Fuerza Aérea en Ascochinga, implica que esos suelos no pueden tener nuevos usos urbanos, industriales o agrícolas.
Para el Gran Córdoba se trata del mayor pulmón verde, en una región altamente urbanizada.
En una entrevista con La Voz días atrás, el ministro Aguad señaló: “Ahí hay un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba que quiere hacer un campo de deportes y un polo tecnológico, pero hay una enorme cantidad de tierra y vamos a ver qué hacemos. La idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan, para reequiparlas. Estamos hablando de todo lo que va a la derecha de la avenida de Circunvalación hacia Carlos Paz”.
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Aunque no hay ningún proyecto puntual anunciado, desde el Foro Ambiental Córdoba se advirtió que esas tierras son “un área natural protegida” por ley, que conserva bosques nativos justo en “la zona de transición entre el Chaco Seco y el Espinal”.
La ONG apuntó su “oposición a que se desafecten en todo o en parte” esas 11.377 hectáreas de reserva. “Nos amparamos en los principios de prevención y progresividad, consagrados en la Ley General del Ambiente 25.675; como también en el principio de no regresión, que implica no retroceder respecto a los niveles de protección (de bosques) alcanzados con anterioridad”.
A la vez, el Foro Ambiental aclaró que la UNC le anunció ya en agosto pasado que había desistido de su gestión para ocupar algunas hectáreas de ese campo militar.
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Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El ministro Aguad reconoció que la idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan.
Declaraciones periodísticas del ministro de Defensa, Oscar Aguad, abrieron una nueva discusión sobre la posibilidad de que alguna parte de los predios de la Reserva Natural de la Defensa de La Calera pueda tener otro destino y uso.
Se trata de 11.377 hectáreas, ubicadas entre la ciudad de Córdoba, La Calera, Malagueño y el lago San Roque, que históricamente fueron predios militares y que, aún conservando esa categoría, desde 2009 se transformaron –ley mediante– en “área de reserva natural” por un convenio firmado entre el Ejército y Parques Nacionales. Ese acuerdo, similar a otro aplicado también luego para tierras de la Fuerza Aérea en Ascochinga, implica que esos suelos no pueden tener nuevos usos urbanos, industriales o agrícolas.
Para el Gran Córdoba se trata del mayor pulmón verde, en una región altamente urbanizada.
En una entrevista con La Voz días atrás, el ministro Aguad señaló: “Ahí hay un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba que quiere hacer un campo de deportes y un polo tecnológico, pero hay una enorme cantidad de tierra y vamos a ver qué hacemos. La idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan, para reequiparlas. Estamos hablando de todo lo que va a la derecha de la avenida de Circunvalación hacia Carlos Paz”.
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Aunque no hay ningún proyecto puntual anunciado, desde el Foro Ambiental Córdoba se advirtió que esas tierras son “un área natural protegida” por ley, que conserva bosques nativos justo en “la zona de transición entre el Chaco Seco y el Espinal”.
La ONG apuntó su “oposición a que se desafecten en todo o en parte” esas 11.377 hectáreas de reserva. “Nos amparamos en los principios de prevención y progresividad, consagrados en la Ley General del Ambiente 25.675; como también en el principio de no regresión, que implica no retroceder respecto a los niveles de protección (de bosques) alcanzados con anterioridad”.
A la vez, el Foro Ambiental aclaró que la UNC le anunció ya en agosto pasado que había desistido de su gestión para ocupar algunas hectáreas de ese campo militar.
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Buenos Aires: nueva normativa de agrotóxicos a medida de...
La Provincia ya es zona liberada para los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 27/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Una resolución firmada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, exgerente de Monsanto, habilita la fumigación en las que llama zonas de "amortiguamiento", es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales.
Durante una entrevista con el programa de radio La Red Rural, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquís, se ufanó de la novedad: "Es la primera vez que la Provincia escribe una reglamentación para controlar la aplicación de fitosanitarios". Sarquís, exgerente de la multinacional Monsanto, hablaba de la Resolución N° 246-MAGP-18, publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes 17 de diciembre, por la cual se habilita la aplicación de fitosanitarios (léase fumigación con agrotóxicos) "en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento".
Para los malpensados que pudieran ver en la flamante normativa una medida (otra más) a favor de los intereses de las corporaciones del agronegocio y, por ende, en contra de la salud de los pobladores y la calidad del medio ambiente, el artículo 6 impone que "los profesionales Ingenieros Agrónomos u otro título equivalente matriculado, que intervengan en la zona de amortiguamiento deberán asistir a jornadas de actualización técnica específicas que determine la Autoridad de Aplicación".
Otra muestra de la preocupación del gobierno por el "interés común de los habitantes de la Nación" está expresado en el artículo 5 de la resolución: "La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar". Tanta consideración conmueve.
Sarquís ya había anunciado durante los primeros días de diciembre el acuerdo de pautas de aplicación de agrotóxicos en los distintos municipios de la Provincia, basado en un informe conjunto elaborado en julio pasado por los entonces ministerios (luego rebajados a secretarías) de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria.
Algunos de los municipios que ya adhirieron a la firma de estas pautas son Ayacucho, Azul, Balcarce, Berisso, Carlos Tejedor y Chascomús. En el caso de este último distrito, fue noticia reciente la muerte de peces en los arroyos afluentes a la laguna, coincidente con la fumigación en campos de la zona. Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos Chascomús denunciaron que "con esta resolución se atenta contra los mismos trabajadores rurales y las familias que se encuentran en las zonas alcanzadas por los agrotóxicos".
Cancerígenas
El laboratorio de Biogeoquímica y Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto con el defensor del Pueblo bonaerense, realizaron un relevamiento sobre la utilización de agroquímicos en la Provincia. Para eso se obtuvieron muestras de suelos y aire colectados a lo largo del territorio. El estudio confirmó que los plaguicidas aplicados en el campo llegan a las ciudades vecinas, especialmente en verano, cuando las fumigaciones son más frecuentes.
La relación entre los pesticidas usados en el campo y la proliferación de casos de cáncer fue documentada en el informe "Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud", financiado por el Ministerio de Salud en el año 2014.
El mismo estudio probó que el comercio de productos fitosanitarios –plaguicidas y fertilizantes– aumentó un 48,7% entre 2002 y 2008. Ese año, se comercializó un total de 225 millones de litros de estos químicos, de los cuales cerca de un 75% fueron herbicidas.
Las empresas comercializadoras de este tipo de productos (Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos) alegan que el glifosato no es perjudicial para la salud humana basándose en una supuesta "abrumadora evidencia científica", Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como "probablemente cancerígenas".
En julio de este año, científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIMA) de la UNLP detectaron la presencia de glifosato y atrazina, los dos plaguicidas que dominan el mercado argentino, en el 80% de las muestras de agua de lluvia. «
En Entre Ríos, cáncer y resistencia
En abril pasado, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó –con nueve votos a favor y tres en contra aportados por el bloque de Cambiemos– la ordenanza que prohibió en todo el ejido de la ciudad el uso del glifosato. La medida llegó tras años de lucha y reclamos de vecinos y organizaciones ambientalistas que venían alertando sobre el aumento de nuevos casos de chicos con cáncer y leucemia por el riego indiscriminado del herbicida en los campos lindantes a viviendas y escuelas. Desde entonces, organizaciones de ruralistas recurrieron a la justicia presentando amparos para frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”, y calificándola como una respuesta "extrema" que afectará gravemente al sector.
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Fecha de Publicación: 27/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Una resolución firmada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, exgerente de Monsanto, habilita la fumigación en las que llama zonas de "amortiguamiento", es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales.
Durante una entrevista con el programa de radio La Red Rural, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquís, se ufanó de la novedad: "Es la primera vez que la Provincia escribe una reglamentación para controlar la aplicación de fitosanitarios". Sarquís, exgerente de la multinacional Monsanto, hablaba de la Resolución N° 246-MAGP-18, publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes 17 de diciembre, por la cual se habilita la aplicación de fitosanitarios (léase fumigación con agrotóxicos) "en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento".
Para los malpensados que pudieran ver en la flamante normativa una medida (otra más) a favor de los intereses de las corporaciones del agronegocio y, por ende, en contra de la salud de los pobladores y la calidad del medio ambiente, el artículo 6 impone que "los profesionales Ingenieros Agrónomos u otro título equivalente matriculado, que intervengan en la zona de amortiguamiento deberán asistir a jornadas de actualización técnica específicas que determine la Autoridad de Aplicación".
Otra muestra de la preocupación del gobierno por el "interés común de los habitantes de la Nación" está expresado en el artículo 5 de la resolución: "La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar". Tanta consideración conmueve.
Sarquís ya había anunciado durante los primeros días de diciembre el acuerdo de pautas de aplicación de agrotóxicos en los distintos municipios de la Provincia, basado en un informe conjunto elaborado en julio pasado por los entonces ministerios (luego rebajados a secretarías) de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria.
Algunos de los municipios que ya adhirieron a la firma de estas pautas son Ayacucho, Azul, Balcarce, Berisso, Carlos Tejedor y Chascomús. En el caso de este último distrito, fue noticia reciente la muerte de peces en los arroyos afluentes a la laguna, coincidente con la fumigación en campos de la zona. Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos Chascomús denunciaron que "con esta resolución se atenta contra los mismos trabajadores rurales y las familias que se encuentran en las zonas alcanzadas por los agrotóxicos".
Cancerígenas
El laboratorio de Biogeoquímica y Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto con el defensor del Pueblo bonaerense, realizaron un relevamiento sobre la utilización de agroquímicos en la Provincia. Para eso se obtuvieron muestras de suelos y aire colectados a lo largo del territorio. El estudio confirmó que los plaguicidas aplicados en el campo llegan a las ciudades vecinas, especialmente en verano, cuando las fumigaciones son más frecuentes.
La relación entre los pesticidas usados en el campo y la proliferación de casos de cáncer fue documentada en el informe "Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud", financiado por el Ministerio de Salud en el año 2014.
El mismo estudio probó que el comercio de productos fitosanitarios –plaguicidas y fertilizantes– aumentó un 48,7% entre 2002 y 2008. Ese año, se comercializó un total de 225 millones de litros de estos químicos, de los cuales cerca de un 75% fueron herbicidas.
Las empresas comercializadoras de este tipo de productos (Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos) alegan que el glifosato no es perjudicial para la salud humana basándose en una supuesta "abrumadora evidencia científica", Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como "probablemente cancerígenas".
En julio de este año, científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIMA) de la UNLP detectaron la presencia de glifosato y atrazina, los dos plaguicidas que dominan el mercado argentino, en el 80% de las muestras de agua de lluvia. «
En Entre Ríos, cáncer y resistencia
En abril pasado, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó –con nueve votos a favor y tres en contra aportados por el bloque de Cambiemos– la ordenanza que prohibió en todo el ejido de la ciudad el uso del glifosato. La medida llegó tras años de lucha y reclamos de vecinos y organizaciones ambientalistas que venían alertando sobre el aumento de nuevos casos de chicos con cáncer y leucemia por el riego indiscriminado del herbicida en los campos lindantes a viviendas y escuelas. Desde entonces, organizaciones de ruralistas recurrieron a la justicia presentando amparos para frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”, y calificándola como una respuesta "extrema" que afectará gravemente al sector.
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Bergman expuso resultados de la COP de cambio climático
La delegación argentina ante la cumbre climática presentó sus resultados a distintos sectores
Fecha de Publicación: 21/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Lo hizo en un encuentro con distintas ONG, académicos, referentes privados y representantes de otras áreas públicas.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación realizó esta tarde una reunión informativa para brindar el balance de lo actuado por la delegación argentina en el marco de la última sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), que tuvo lugar en Katowice, Polonia, durante las últimas dos semanas y que culminó con la aprobación del libro de reglas para la aplicación del Acuerdo de París. En la reunión participaron representantes de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, del sector privado, de otros ámbitos de Gobierno, académicos y miembros del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
En el encuentro, el Secretario de Gobierno Sergio Bergman explicó que “La evolución del principio de inserción inteligente en el mundo se ve en estos ámbitos”. También indicó: “En la trayectoria de esa evolución, nosotros tenemos gran satisfacción por el reconocimiento que nos dan pero también, por sobre todo, tenemos la convicción interna de que hay un trabajo sólido y serio realizado; y creemos que los estándares globales lo reconocen”.
También valoró a “los equipos técnicos” y aseguró que se logró “una complementación que dio sus muy buenos frutos, que es el trabajo técnico de nuestra Secretaría con la Cancillería”. “Se dio una complementación que fue parte de la maduración de esa idea del Presidente de que seamos un equipo y que trabajemos en equipo, respetando las incumbencias de cada uno”, fundamentó Bergman.
Finalmente, señaló una vez más que en Katowice, luego del trabajo del G20, se sostuvo “la urgencia de que no hay tiempo”, en el sentido de que “hay cosas para hacer ya; y que hay consensos mínimos para hacerlo ahora”.
A su turno, el secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, aseguró que “la visión de lo que es la posición de Argentina cambió mucho en estos últimos tres años”. “Como país, fuimos dando pasos para mostrar una posición que es la que queríamos”, agregó. Asimismo, destacó sobre esta COP24: “Somos un país que está siendo parte de conversaciones actuales, con cosas que están cambiando. Antes teníamos la sensación de que participábamos de una discusión que ya había comenzado y en la que veníamos muy atrás. En ese sentido, creo que nos estamos acercando a la situación en la que se están conversando cosas que van a cambiar la visión de los temas ambientales de acá en adelante”.
En la reunión, también estuvieron presentes la directora de Asuntos Ambientales de Cancillería, Marcia Levaggi, la titular de la Unidad de Coordinación General de la Secretaría de Ambiente, Patricia Holzman; la subsecretaria Interjurisdiccional es Interinstitucional, Mariela Chervin; y la directora nacional de Cambio Climático, Soledad Aguilar, entre otras autoridades.
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Fecha de Publicación: 21/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Lo hizo en un encuentro con distintas ONG, académicos, referentes privados y representantes de otras áreas públicas.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación realizó esta tarde una reunión informativa para brindar el balance de lo actuado por la delegación argentina en el marco de la última sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), que tuvo lugar en Katowice, Polonia, durante las últimas dos semanas y que culminó con la aprobación del libro de reglas para la aplicación del Acuerdo de París. En la reunión participaron representantes de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, del sector privado, de otros ámbitos de Gobierno, académicos y miembros del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
En el encuentro, el Secretario de Gobierno Sergio Bergman explicó que “La evolución del principio de inserción inteligente en el mundo se ve en estos ámbitos”. También indicó: “En la trayectoria de esa evolución, nosotros tenemos gran satisfacción por el reconocimiento que nos dan pero también, por sobre todo, tenemos la convicción interna de que hay un trabajo sólido y serio realizado; y creemos que los estándares globales lo reconocen”.
También valoró a “los equipos técnicos” y aseguró que se logró “una complementación que dio sus muy buenos frutos, que es el trabajo técnico de nuestra Secretaría con la Cancillería”. “Se dio una complementación que fue parte de la maduración de esa idea del Presidente de que seamos un equipo y que trabajemos en equipo, respetando las incumbencias de cada uno”, fundamentó Bergman.
Finalmente, señaló una vez más que en Katowice, luego del trabajo del G20, se sostuvo “la urgencia de que no hay tiempo”, en el sentido de que “hay cosas para hacer ya; y que hay consensos mínimos para hacerlo ahora”.
A su turno, el secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, aseguró que “la visión de lo que es la posición de Argentina cambió mucho en estos últimos tres años”. “Como país, fuimos dando pasos para mostrar una posición que es la que queríamos”, agregó. Asimismo, destacó sobre esta COP24: “Somos un país que está siendo parte de conversaciones actuales, con cosas que están cambiando. Antes teníamos la sensación de que participábamos de una discusión que ya había comenzado y en la que veníamos muy atrás. En ese sentido, creo que nos estamos acercando a la situación en la que se están conversando cosas que van a cambiar la visión de los temas ambientales de acá en adelante”.
En la reunión, también estuvieron presentes la directora de Asuntos Ambientales de Cancillería, Marcia Levaggi, la titular de la Unidad de Coordinación General de la Secretaría de Ambiente, Patricia Holzman; la subsecretaria Interjurisdiccional es Interinstitucional, Mariela Chervin; y la directora nacional de Cambio Climático, Soledad Aguilar, entre otras autoridades.
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Argentina estuvo en la COP de cambio climático
Argentina presente en la conferencia sobre cambio climático en Polonia
Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
“Traigo la voz para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a los fondos”, aseguró Sergio Bergman durante su intervención.
El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, participó esta tarde en Katowice, Polonia, del Tercer Diálogo de Alto Nivel de Ministros sobre Financiamiento Climático, realizado en la 24° Sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP24), la que comenzó la semana pasada y continuará hasta el 14 de diciembre.
Bergman, que encabeza la delegación argentina en la conferencia internacional, aseguró allí: “La acción por el clima es uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y nos encontramos debatiendo sobre dinero cuando en el fondo la discusión es sobre valores”. También aseguró: “Esta política es de derechos humanos”.
El Secretario de Gobierno explicó asimismo: “Buscamos una transición justa entre nuestras sociedades para que nadie se quede atrás”, a la vez que indicó que “es tiempo que quienes más han contaminado, no solamente con generosidad sino con responsabilidad, pongan el dinero”. Afirmó, a su vez, la necesidad de transmitir este impulso “al mercado y a la economía, para no quedar solo en las buenas intenciones”; y explicó que “el sector privado está comprometido en que sus finanzas tengan una vinculación con la sustentabilidad climática”, a la vez que aseguró que “tiene que ser para ellos un buen negocio ser sustentables”.
El funcionario se refirió además a la movilización de recursos para el cambio climático: “Venimos a proponer que los mecanismos para alinear el financiamiento internacional con las prioridades nacionales puedan identificar las barreras para financiar esa implementación de forma eficiente, equitativa y justa para todos”. Y reclamó: “Traigo también la voz, al haber presidido el Foro de Ministros de Medioambiente Latinoamérica y el Caribe, para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a estos fondos”.
Finalmente, se refirió al Acuerdo de París, al señalar: “Lo hemos firmado para cumplirlo y París está aquí hoy; vinimos a fijar las reglas del juego y no a jugar con esas reglas. Es el tiempo de la acción y de la definición”. Por último, declaró: “El futuro es lo que hacemos hoy cuando decidimos y ese futuro puede ser sustentable. Cumplir París hoy asegura un mañana mejor para todos”.
Por otra parte, Bergman participó durante la mañana del evento del Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía —una alianza global de ciudades— donde compartió la visión de Argentina en relación a la integración entre niveles de gobierno en el contexto de la estrategia climática y del desarrollo sustentable nacional, con un enfoque particular en la financiación.
Por último, Bergman intervino en el evento de alto nivel de celebración del décimo aniversario del programa "Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques" (ONU-REDD). Dicho programa tiene por objetivo asistir al Gobierno de Argentina en el establecimiento de un programa REDD+ como mecanismo para incentivar la protección, administración y mejor gestión de los recursos forestales para sostener los servicios ambientales y contribuir a la lucha global contra el cambio climático.
La agenda de la jornada del Secretario de Gobierno incluyó también participaciones en el “Pre 2020 Stocktake: High Level Part”; el evento paralelo “Ampliando la bioeconomía sostenible: un nuevo capítulo para la plataforma Biofuture Brasil, Polonia y la Agencia Internacional de Energía”; así como reuniones con Robert McKee, presidente del Grupo Directivo de Foundations 20 (F20) y Ramiro Fernández, de la Fundación Avina; y otra con directivos de General Electric. También participó de un encuentro en el que se abordó el mejor aprovechamiento de la ciencia disponible para aumentar la efectividad del financiamiento climático, en el que también intervinieron Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial y Javier Manzanares, director ejecutivo del Fondo Verde del Clima.
Junto a Bergman, forman parte de la comitiva argentina en la COP24 la titular de la Unidad de Coordinación General, Patricia Holzman, y el secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, ambos del área ambiental nacional.
En 2018 la conferencia climática adquiere una gran relevancia para la diplomacia internacional en esta materia, debido a los avances que se esperan de los países en sus preparativos para la implementación del Acuerdo de París. Por su parte, Argentina apoya el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) donde se llama a la acción de todos los países para combatir el cambio climático, no sobrepasar el promedio de temperatura mundial de 1.5 °C comparándolo con el periodo pre industrial, luchar por un desarrollo sustentable y erradicar la pobreza.
Asimismo, se esperan alcanzar logros claves para cumplir con las metas contempladas en el Acuerdo de París. La COP24 es la penúltima parada en el camino hacia 2020, año en que entrará en vigor dicho acuerdo. El principal objetivo de esta conferencia es efectuar un balance de los logros que los países han alcanzado y ajustar los niveles de ambición necesarios para alcanzar los objetivos de París. Se espera que todos eleven sus planes para recortar sus emisiones y aceleren la transformación energética de sus economías para abandonar de manera definitiva los contaminantes combustibles fósiles.
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Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
“Traigo la voz para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a los fondos”, aseguró Sergio Bergman durante su intervención.
El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, participó esta tarde en Katowice, Polonia, del Tercer Diálogo de Alto Nivel de Ministros sobre Financiamiento Climático, realizado en la 24° Sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP24), la que comenzó la semana pasada y continuará hasta el 14 de diciembre.
Bergman, que encabeza la delegación argentina en la conferencia internacional, aseguró allí: “La acción por el clima es uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y nos encontramos debatiendo sobre dinero cuando en el fondo la discusión es sobre valores”. También aseguró: “Esta política es de derechos humanos”.
El Secretario de Gobierno explicó asimismo: “Buscamos una transición justa entre nuestras sociedades para que nadie se quede atrás”, a la vez que indicó que “es tiempo que quienes más han contaminado, no solamente con generosidad sino con responsabilidad, pongan el dinero”. Afirmó, a su vez, la necesidad de transmitir este impulso “al mercado y a la economía, para no quedar solo en las buenas intenciones”; y explicó que “el sector privado está comprometido en que sus finanzas tengan una vinculación con la sustentabilidad climática”, a la vez que aseguró que “tiene que ser para ellos un buen negocio ser sustentables”.
El funcionario se refirió además a la movilización de recursos para el cambio climático: “Venimos a proponer que los mecanismos para alinear el financiamiento internacional con las prioridades nacionales puedan identificar las barreras para financiar esa implementación de forma eficiente, equitativa y justa para todos”. Y reclamó: “Traigo también la voz, al haber presidido el Foro de Ministros de Medioambiente Latinoamérica y el Caribe, para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a estos fondos”.
Finalmente, se refirió al Acuerdo de París, al señalar: “Lo hemos firmado para cumplirlo y París está aquí hoy; vinimos a fijar las reglas del juego y no a jugar con esas reglas. Es el tiempo de la acción y de la definición”. Por último, declaró: “El futuro es lo que hacemos hoy cuando decidimos y ese futuro puede ser sustentable. Cumplir París hoy asegura un mañana mejor para todos”.
Por otra parte, Bergman participó durante la mañana del evento del Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía —una alianza global de ciudades— donde compartió la visión de Argentina en relación a la integración entre niveles de gobierno en el contexto de la estrategia climática y del desarrollo sustentable nacional, con un enfoque particular en la financiación.
Por último, Bergman intervino en el evento de alto nivel de celebración del décimo aniversario del programa "Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques" (ONU-REDD). Dicho programa tiene por objetivo asistir al Gobierno de Argentina en el establecimiento de un programa REDD+ como mecanismo para incentivar la protección, administración y mejor gestión de los recursos forestales para sostener los servicios ambientales y contribuir a la lucha global contra el cambio climático.
La agenda de la jornada del Secretario de Gobierno incluyó también participaciones en el “Pre 2020 Stocktake: High Level Part”; el evento paralelo “Ampliando la bioeconomía sostenible: un nuevo capítulo para la plataforma Biofuture Brasil, Polonia y la Agencia Internacional de Energía”; así como reuniones con Robert McKee, presidente del Grupo Directivo de Foundations 20 (F20) y Ramiro Fernández, de la Fundación Avina; y otra con directivos de General Electric. También participó de un encuentro en el que se abordó el mejor aprovechamiento de la ciencia disponible para aumentar la efectividad del financiamiento climático, en el que también intervinieron Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial y Javier Manzanares, director ejecutivo del Fondo Verde del Clima.
Junto a Bergman, forman parte de la comitiva argentina en la COP24 la titular de la Unidad de Coordinación General, Patricia Holzman, y el secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, ambos del área ambiental nacional.
En 2018 la conferencia climática adquiere una gran relevancia para la diplomacia internacional en esta materia, debido a los avances que se esperan de los países en sus preparativos para la implementación del Acuerdo de París. Por su parte, Argentina apoya el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) donde se llama a la acción de todos los países para combatir el cambio climático, no sobrepasar el promedio de temperatura mundial de 1.5 °C comparándolo con el periodo pre industrial, luchar por un desarrollo sustentable y erradicar la pobreza.
Asimismo, se esperan alcanzar logros claves para cumplir con las metas contempladas en el Acuerdo de París. La COP24 es la penúltima parada en el camino hacia 2020, año en que entrará en vigor dicho acuerdo. El principal objetivo de esta conferencia es efectuar un balance de los logros que los países han alcanzado y ajustar los niveles de ambición necesarios para alcanzar los objetivos de París. Se espera que todos eleven sus planes para recortar sus emisiones y aceleren la transformación energética de sus economías para abandonar de manera definitiva los contaminantes combustibles fósiles.
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Acumar pasa al Ministerio del Interior
La Acumar quedará dentro de la órbita del Ministerio del Interior
Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) quedará en los próximos días dentro de la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, adelantaron fuentes oficiales a *LA NACION*.
La decisión se hará efectiva en los próximos días a través de un DNU que firmará el presidente Mauricio Macri, que hasta ahora había permitido que el Ministerio de Ambiente tuviera injerencia.
La decisión del Presidente tendrá alto impacto político durante el año electoral. La Acumar mantiene una estrecha relación con 14 municipios del conurbano bonaerense que integran el consejo municipal del organismo.
El Ministerio del Interior, que tendrá ahora intervención directa en el organismo, tiene un amplio presupuesto para la construcción de viviendas y cloacas a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires.
Desde el oficialismo remarcaron que, con este cambio, el Gobierno quiere "mejorar la eficiencia en la gestión del organismo y su coordinación con otras áreas para llevar adelante el plan de obras de expansión de la red de agua potable y saneamiento cloacal de los vecinos que viven a la vera del Riachuelo".
Pero en el Ejecutivo todavía no confirmaron quién será el próximo titular del organismo que en algún momento condujo la actual senadora Gladys González.
En la Casa Rosada, además, se hicieron eco de las críticas que recibe el organismo. Durante la última audiencia pública, celebrada en marzo, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la
Acumar no mostró avances significativos en la normalización de la cuenca.
El máximo tribunal creó el organismo justamente para solucionar los problemas de contaminación en 2006 y todavía monitorea lo que sucede en el organismo mediante la intervención de jueces.
El Ministerio del Interior también absorbe AySA, la empresa estatal de aguas, que tiene en marcha una megaobra de ingeniería sanitaria que mejorará los desagües cloacales de 4,3 millones de personas.
El saneamiento del Riachuelo sufrió en los últimos meses una complicación inesperada. Varias de las empresas que trabajaban con Acumar están complicadas en la causa judicial conocida como " los cuadernos de las coimas
Tal como publicó *LA NACION*, el juez federal Sergio Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos y pidió informes al Gobierno para saber cómo "garantizarán la continuación de las obras". Detalló además las causas penales y comerciales que complican a cada una de las empresas involucradas.
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Fecha de Publicación: 13/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) quedará en los próximos días dentro de la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, adelantaron fuentes oficiales a *LA NACION*.
La decisión se hará efectiva en los próximos días a través de un DNU que firmará el presidente Mauricio Macri, que hasta ahora había permitido que el Ministerio de Ambiente tuviera injerencia.
La decisión del Presidente tendrá alto impacto político durante el año electoral. La Acumar mantiene una estrecha relación con 14 municipios del conurbano bonaerense que integran el consejo municipal del organismo.
El Ministerio del Interior, que tendrá ahora intervención directa en el organismo, tiene un amplio presupuesto para la construcción de viviendas y cloacas a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires.
Desde el oficialismo remarcaron que, con este cambio, el Gobierno quiere "mejorar la eficiencia en la gestión del organismo y su coordinación con otras áreas para llevar adelante el plan de obras de expansión de la red de agua potable y saneamiento cloacal de los vecinos que viven a la vera del Riachuelo".
Pero en el Ejecutivo todavía no confirmaron quién será el próximo titular del organismo que en algún momento condujo la actual senadora Gladys González.
En la Casa Rosada, además, se hicieron eco de las críticas que recibe el organismo. Durante la última audiencia pública, celebrada en marzo, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la
Acumar no mostró avances significativos en la normalización de la cuenca.
El máximo tribunal creó el organismo justamente para solucionar los problemas de contaminación en 2006 y todavía monitorea lo que sucede en el organismo mediante la intervención de jueces.
El Ministerio del Interior también absorbe AySA, la empresa estatal de aguas, que tiene en marcha una megaobra de ingeniería sanitaria que mejorará los desagües cloacales de 4,3 millones de personas.
El saneamiento del Riachuelo sufrió en los últimos meses una complicación inesperada. Varias de las empresas que trabajaban con Acumar están complicadas en la causa judicial conocida como " los cuadernos de las coimas
Tal como publicó *LA NACION*, el juez federal Sergio Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos y pidió informes al Gobierno para saber cómo "garantizarán la continuación de las obras". Detalló además las causas penales y comerciales que complican a cada una de las empresas involucradas.
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Reflexiones sobre post G20 y minería
Después del G20, ¿minería a cualquier costo?
Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
¿Qué cambió? Nada. Al Gobierno nacional no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
El G20 nos dejó la noticia de que, en algunos meses, Argentina tendrá importantes novedades respecto a la puesta en marcha de megaemprendimientos mineros, como Agua Rica en el departamento Andalgalá (Catamarca). El anuncio lo hizo el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. El caso de la minería de nuestro país está atravesado por la cuestión ambiental que, para algunos sectores, aparece sacrificada bajo el aspecto enfatizado, que sería siempre el económico y que, por supuesto, incluye la distribución de las ganancias. Precisamente, uno de los principales dilemas a resolver es que Nación es el socio “vivo” que se queda con la “tajada del león” sin importar qué pase en las comunidades mineras. ¿Qué cambió? Nada. Al gobierno central no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
“Existen grandes expectativas con respecto a proyectos que vienen hace varios años con distintos estudios y algunas demoras, como es Agua Rica (provincia de Catamarca). Pensamos que de esos proyectos quizás en los próximos meses podemos tener noticias importantes: son de fuerte inversión, generan fuerte presencia de empleo y cumplen todas las regulaciones que tienen que ver con las normas y la licencia social en cada una de esas provincias. Seguimos teniendo expectativas con respecto al desarrollo minero para los próximos años en Argentina, que será uno de los sectores que nos ayudará a aportar muchas divisas y poder solucionar nuestro déficit crónico en materia de comercio exterior”.
Agua Rica es “viable” con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”
En relación con la experiencia minera en Catamarca, podemos arrancar diciendo que Alumbrera está agotada (la explotación a cielo abierto terminó y comenzó una minería subterránea incipiente en la zona). También sería bueno mencionar la ineptitud en la administración de Farallón Negro (yacimiento de oro y plata que –dicen- da pérdidas y apenas alcanza para pagar los sueldos cuando ambos metales tienen un alto valor en el mercado), por lo que el único megaproyecto explorado para poner en marcha es Agua Rica en la provincia de Catamarca. El Gobierno asegura que el proyecto es “viable” y que se puede tener una minería con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”. Aquí mismo va pegadita otra pregunta que tiene vital importancia en este asunto: quién será la “operadora” de Agua Rica. ¿Glencore, la misma que explotó Alumbrera y que absorbió a Xtrata? ¿Alguna otra? ¿Qué solvencia? ¿Qué seriedad? ¿Qué tecnología?
Oportunidad o ilusión óptica
Asimismo, los impulsores de poner en marcha Agua Rica manifiestan que es una nueva “oportunidad” para los andalgalenses, que no terminan de “ponerse de acuerdo” para “salir del pozo”. Sin duda, la explotación –o no- de este gran yacimiento minero involucra la decisión de toda la comunidad que -por esta razón- permanece divida. Los promotores de Agua Rica afirman que se tendrá que renegociar lo económico para que la plata no se la lleve Nación o la Provincia, y que debe ser significativo el porcentaje de ganancia que pueda volcarse en la comunidad más cercana al yacimiento (no solo cuánto dinero, sino dónde se invertirá el mismo).
Andalgalá está aislada. En este momento, se completa la ruta Andalgalá-Belén, ahora falta Andalgalá-Tucumán. Es una comunidad con muchos problemas. Dicen que el Gobierno nacional no tiene plata y que estaremos endeudados por muchos años, por lo que las promesas políticas se harán con base en los recursos de la minería que se viene: externalidades, responsabilidad social empresarial, regalías, ganancias, etc. Hasta aquí, usaron la plata para hacer política partidaria, menos para lo que se conoce como “desarrollo sustentable”.
“Participación social” es una cosa y “licencia social” es otra
¿Dónde está la punta del ovillo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio algunas pistas sobre cómo seguir. Se deberá hacer algo superador a lo que se hizo o se viene haciendo, que no era ni es suficiente. La Suprema Corte le da participación a la comunidad por el pedido o gracias a los ambientalistas. El tema es que, si la comunidad decide hacerlo, tienen que hacerlo bien. Concepto clave: la “participación social” es una cosa, y la “licencia social”, otra.
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Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
¿Qué cambió? Nada. Al Gobierno nacional no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
El G20 nos dejó la noticia de que, en algunos meses, Argentina tendrá importantes novedades respecto a la puesta en marcha de megaemprendimientos mineros, como Agua Rica en el departamento Andalgalá (Catamarca). El anuncio lo hizo el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. El caso de la minería de nuestro país está atravesado por la cuestión ambiental que, para algunos sectores, aparece sacrificada bajo el aspecto enfatizado, que sería siempre el económico y que, por supuesto, incluye la distribución de las ganancias. Precisamente, uno de los principales dilemas a resolver es que Nación es el socio “vivo” que se queda con la “tajada del león” sin importar qué pase en las comunidades mineras. ¿Qué cambió? Nada. Al gobierno central no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
“Existen grandes expectativas con respecto a proyectos que vienen hace varios años con distintos estudios y algunas demoras, como es Agua Rica (provincia de Catamarca). Pensamos que de esos proyectos quizás en los próximos meses podemos tener noticias importantes: son de fuerte inversión, generan fuerte presencia de empleo y cumplen todas las regulaciones que tienen que ver con las normas y la licencia social en cada una de esas provincias. Seguimos teniendo expectativas con respecto al desarrollo minero para los próximos años en Argentina, que será uno de los sectores que nos ayudará a aportar muchas divisas y poder solucionar nuestro déficit crónico en materia de comercio exterior”.
Agua Rica es “viable” con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”
En relación con la experiencia minera en Catamarca, podemos arrancar diciendo que Alumbrera está agotada (la explotación a cielo abierto terminó y comenzó una minería subterránea incipiente en la zona). También sería bueno mencionar la ineptitud en la administración de Farallón Negro (yacimiento de oro y plata que –dicen- da pérdidas y apenas alcanza para pagar los sueldos cuando ambos metales tienen un alto valor en el mercado), por lo que el único megaproyecto explorado para poner en marcha es Agua Rica en la provincia de Catamarca. El Gobierno asegura que el proyecto es “viable” y que se puede tener una minería con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”. Aquí mismo va pegadita otra pregunta que tiene vital importancia en este asunto: quién será la “operadora” de Agua Rica. ¿Glencore, la misma que explotó Alumbrera y que absorbió a Xtrata? ¿Alguna otra? ¿Qué solvencia? ¿Qué seriedad? ¿Qué tecnología?
Oportunidad o ilusión óptica
Asimismo, los impulsores de poner en marcha Agua Rica manifiestan que es una nueva “oportunidad” para los andalgalenses, que no terminan de “ponerse de acuerdo” para “salir del pozo”. Sin duda, la explotación –o no- de este gran yacimiento minero involucra la decisión de toda la comunidad que -por esta razón- permanece divida. Los promotores de Agua Rica afirman que se tendrá que renegociar lo económico para que la plata no se la lleve Nación o la Provincia, y que debe ser significativo el porcentaje de ganancia que pueda volcarse en la comunidad más cercana al yacimiento (no solo cuánto dinero, sino dónde se invertirá el mismo).
Andalgalá está aislada. En este momento, se completa la ruta Andalgalá-Belén, ahora falta Andalgalá-Tucumán. Es una comunidad con muchos problemas. Dicen que el Gobierno nacional no tiene plata y que estaremos endeudados por muchos años, por lo que las promesas políticas se harán con base en los recursos de la minería que se viene: externalidades, responsabilidad social empresarial, regalías, ganancias, etc. Hasta aquí, usaron la plata para hacer política partidaria, menos para lo que se conoce como “desarrollo sustentable”.
“Participación social” es una cosa y “licencia social” es otra
¿Dónde está la punta del ovillo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio algunas pistas sobre cómo seguir. Se deberá hacer algo superador a lo que se hizo o se viene haciendo, que no era ni es suficiente. La Suprema Corte le da participación a la comunidad por el pedido o gracias a los ambientalistas. El tema es que, si la comunidad decide hacerlo, tienen que hacerlo bien. Concepto clave: la “participación social” es una cosa, y la “licencia social”, otra.
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¿Puede Argentina cumplir el Acuerdo de París?
Cambio climático: ¿Argentina cumplirá con el Acuerdo de París?
Fecha de Publicación: 07/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El cambio climático fue uno de los temas que Argentina trabajó en la Cumbre del G-20 realizada en Buenos Aires.
Esta movida diplomática ha ubicado al país como un potencial líder en las negociaciones para luchar contra este problema global. Y la primera prueba será la cumbre sobre el tema que la Organización de la Naciones Unidas está llevando a cabo desde este lunes en Katowice, Polonia (COP24).
“Es la cumbre más importante luego de la realizada en París (2015). Vamos a tener que escribir la reglamentación del Acuerdo de París. Será una cumbre muy técnica, pero fundamental, porque, si no se logra ese reglamento, corre riesgo el cumplimiento del tratado”, dice Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático de la Nación.
El funcionario entiende que Argentina tendrá un rol protagónico en Polonia. “Vamos a estar en el centro del debate sobre el cambio climático. Siempre ha sido el objetivo de este gobierno asumir el liderazgo, y la cumbre del G-20 nos ha dado ese impulso”, comenta.
Gentile menciona diferentes temáticas tratadas en la Cumbre del G-20, como generación de infraestructura resiliente al clima cambiante, el impacto en el empleo del cambio climático y la búsqueda de estrategias de desarrollo a largo plazo en bajas en emisiones.
“Todo este trabajo estuvo centrado en posicionar a Argentina como una referencia sobre este tema en el mundo. Estamos muy contentos de haberlo logrado”, dice.
Informe negativo
Sin embargo, el último informe de la ONU Medio Ambiente deja mal parada a la Argentina. El documento, llamado “Informe sobre la brecha de emisiones", estima que nuestro país no logrará cumplir su compromiso de mitigación presentado en el marco del Acuerdo de París.
La Argentina propuso una meta de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero del 15 por ciento para 2030.
“Las medidas que Argentina dijo que iba a tomar para cumplir con su compromiso están todas en veremos, por lo que uno infiere que no va a cumplir con su compromiso”, asegura Gabriel Blanco, especialista en cambio climático de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que colaboró con el informe.
Y detalla: “El programa Renovar está avanzando lentamente, pero al mismo tiempo se está impulsando la explotación de Vaca Muerta y ahora se ha llamado a licitación internacional para la explotación de petróleo y de gas natural de la plataforma marítima”.
Sobre las medidas para evitar la deforestación, Blanco indica que el presupuesto 2019 destinado a este tema es apenas el cinco por ciento de lo que prevé la ley de bosques, y que en 2017 la deforestación volvió a crecer.
"Vamos a cumplir"
Gentile no coincide con el informe. “No entendemos por qué dice eso. El informe no lo fundamenta. Vamos a cumplir con nuestro compromiso. Estamos en ese camino porque las medidas que se dijeron que se iban a tomar se están tomando. Tenemos nuevas regulaciones en eficiencia energética y el programa Renovar se está llevando a cabo. Hay 30 proyectos para generar energía de manera sustentable que ya están en construcción”, asegura.
Y agrega: “La macroeconomía puede retrasarlo un poco, pero esta situación de menos crecimiento también ayuda a lograr nuestro objetivo, a pesar de que nosotros quisiéramos alcanzarlo con más crecimiento y más empleo”.
Sobre Vaca Muerta, el funcionario aclara que este proyecto de extracción de petróleo y de gas no convencional siempre estuvo considerado en el escenario, aunque no con los volúmenes de producción que se están planificando ahora.
“Entonces, trabajamos en nuevas medidas para compensar las emisiones adicionales que generará Vaca Muerta. Entre estas medidas están un aumento en la eficiencia energética en la demanda y en la oferta, extender el programa Renovar a 2030 y gasificar el transporte pesado de carga y el de pasajeros”, detalla Gentile.
Blanco no parece convencido. “Lo único que cambió entre la gestión del kirchnerismo y la actual gestión es un discurso más fuerte contra el cambio climático, pero no hay hechos. El único avance ha sido el programa Renovar, pero se ha realizado con la misma lógica que tiene el sector energético”, asegura el experto.
Y detalla: “Las energías renovables podrían ayudar al desarrollo local y a la generación del empleo, pero no se están aprovechando”.
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Fecha de Publicación: 07/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El cambio climático fue uno de los temas que Argentina trabajó en la Cumbre del G-20 realizada en Buenos Aires.
Esta movida diplomática ha ubicado al país como un potencial líder en las negociaciones para luchar contra este problema global. Y la primera prueba será la cumbre sobre el tema que la Organización de la Naciones Unidas está llevando a cabo desde este lunes en Katowice, Polonia (COP24).
“Es la cumbre más importante luego de la realizada en París (2015). Vamos a tener que escribir la reglamentación del Acuerdo de París. Será una cumbre muy técnica, pero fundamental, porque, si no se logra ese reglamento, corre riesgo el cumplimiento del tratado”, dice Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático de la Nación.
El funcionario entiende que Argentina tendrá un rol protagónico en Polonia. “Vamos a estar en el centro del debate sobre el cambio climático. Siempre ha sido el objetivo de este gobierno asumir el liderazgo, y la cumbre del G-20 nos ha dado ese impulso”, comenta.
Gentile menciona diferentes temáticas tratadas en la Cumbre del G-20, como generación de infraestructura resiliente al clima cambiante, el impacto en el empleo del cambio climático y la búsqueda de estrategias de desarrollo a largo plazo en bajas en emisiones.
“Todo este trabajo estuvo centrado en posicionar a Argentina como una referencia sobre este tema en el mundo. Estamos muy contentos de haberlo logrado”, dice.
Informe negativo
Sin embargo, el último informe de la ONU Medio Ambiente deja mal parada a la Argentina. El documento, llamado “Informe sobre la brecha de emisiones", estima que nuestro país no logrará cumplir su compromiso de mitigación presentado en el marco del Acuerdo de París.
La Argentina propuso una meta de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero del 15 por ciento para 2030.
“Las medidas que Argentina dijo que iba a tomar para cumplir con su compromiso están todas en veremos, por lo que uno infiere que no va a cumplir con su compromiso”, asegura Gabriel Blanco, especialista en cambio climático de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que colaboró con el informe.
Y detalla: “El programa Renovar está avanzando lentamente, pero al mismo tiempo se está impulsando la explotación de Vaca Muerta y ahora se ha llamado a licitación internacional para la explotación de petróleo y de gas natural de la plataforma marítima”.
Sobre las medidas para evitar la deforestación, Blanco indica que el presupuesto 2019 destinado a este tema es apenas el cinco por ciento de lo que prevé la ley de bosques, y que en 2017 la deforestación volvió a crecer.
"Vamos a cumplir"
Gentile no coincide con el informe. “No entendemos por qué dice eso. El informe no lo fundamenta. Vamos a cumplir con nuestro compromiso. Estamos en ese camino porque las medidas que se dijeron que se iban a tomar se están tomando. Tenemos nuevas regulaciones en eficiencia energética y el programa Renovar se está llevando a cabo. Hay 30 proyectos para generar energía de manera sustentable que ya están en construcción”, asegura.
Y agrega: “La macroeconomía puede retrasarlo un poco, pero esta situación de menos crecimiento también ayuda a lograr nuestro objetivo, a pesar de que nosotros quisiéramos alcanzarlo con más crecimiento y más empleo”.
Sobre Vaca Muerta, el funcionario aclara que este proyecto de extracción de petróleo y de gas no convencional siempre estuvo considerado en el escenario, aunque no con los volúmenes de producción que se están planificando ahora.
“Entonces, trabajamos en nuevas medidas para compensar las emisiones adicionales que generará Vaca Muerta. Entre estas medidas están un aumento en la eficiencia energética en la demanda y en la oferta, extender el programa Renovar a 2030 y gasificar el transporte pesado de carga y el de pasajeros”, detalla Gentile.
Blanco no parece convencido. “Lo único que cambió entre la gestión del kirchnerismo y la actual gestión es un discurso más fuerte contra el cambio climático, pero no hay hechos. El único avance ha sido el programa Renovar, pero se ha realizado con la misma lógica que tiene el sector energético”, asegura el experto.
Y detalla: “Las energías renovables podrían ayudar al desarrollo local y a la generación del empleo, pero no se están aprovechando”.
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Cortometraje muestra la lucha de mujeres en el Riachuelo
Las mujeres del río: cómo es la lucha cotidiana contra la contaminación del Riachuelo
Fecha de Publicación: 06/12/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Un cortometraje muestra el trabajo y la valentía de quienes pelean a diario en el curso de agua, a una década del fallo de la Corte que ordena su saneamiento
La contaminación del Riachuelo baja hacia su desembocadura en el Río de la Plata a través de 64 kilómetros. En ese camino cuenta historias de mujeres valientes que en su pelea cotidiana intentan revertir una de las situaciones más graves en las que puede estar una población: el olvido y el abandono.
Esto es lo que cuenta el cortometraje Las mujeres del río, dirigido e ideado por Soledad Fernández Bouzo, que recoge la acción de Beatriz Mendoza, la vecina que comenzó con la causa por el saneamiento del Riachuelo que llegó a la Corte Suprema, de Claudia Leguizamón, maestra de una escuela de Villa Jardín y de Graciela Aguirre, que da clases en Lomas de Zamora, en Villa Lamadrid.
"Es muy frustrante. Lo que veo es involución. Hay cosas que me entristecen y hasta opacan todo lo voluntarioso que uno puede ser. Mi problema comenzó con una polineuritis cuando trabaja en la Villa Inflamable, en Dock Sud. Cada año nacen entre 300 y 500 chicos allí y nadie sabe si tienen plomo o hidrocarburos en la sangre y tampoco nadie sigue los casos. Hay acciones, pero no apuntan al centro del problema", le dice a Infobae Mendoza en el predio de la Universidad de Lanús donde la semana pasada se presentó oficialmente el cortometraje.
El reclamo de los vecinos no parece imposible de cumplir. Sin embargo, no ocurre: "Es necesario que se deje de contaminar, eso necesitamos. Y luego, atención de la salud".
En julio de este año se cumplieron 10 años de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue considerada histórica. El máximo tribunal ordenó a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la cuenca más contaminada de la Argentina. Sin embargo, el balance de esas acciones tiene un sabor agridulce.
Después de años de atraso, avanza una megaobra cloacal financiada por el Banco Mundial para descargar los efluentes de 2 millones de personas a 12 kilómetros de la costa del Río de la Plata. Mientras tanto, las relocalizaciones de la población están muy atrasadas, los basurales clandestinos vuelven a brotar, la salud de la población se atiende de forma deficiente y el agua sigue igual o peor que hace una década o que hace un siglo.
Pero la pelea por que se cumpla con el fallo judicial no es la única que se da en esta cuenca en la que viven unas 7 millones de personas. "Busco que los chicos dejen de ser invisibles. Son los olvidados y por momentos ves que van a la escuela a permanecer. Así son los estudiantes con los que trabajamos", agrega Aguirre, directora de la ESB 334.
Después de años de atraso, avanza una megaobra cloacal financiada por el Banco Mundial para descargar los efluentes de 2 millones de personas a 12 kilómetros de la costa del Río de la Plata. Mientras tanto, las relocalizaciones de la población están muy atrasadas
"Primero, les cuesta ver que nacen en ese ámbito pero que no son ellos los responsables. Es un proceso que es largo en el que hay que explicarles que tienen derechos. Ellos incluso intentan diseminar el mensaje entre sus familias, pero ellos también entraron en ese letargo", le cuenta a Infobae.
Leguizamón está en la misma lucha. Es maestra de la escuela 72 en Villa Jardín Lanús. Ella no pudo ir a la presentación del cortometraje que la tiene como protagonista. La emergencia lo impidió: las lluvias dejaron anegados a cientos de vecinos que buscaban un refugio para dormir o comer, después de que la inundación transformara en inhabitables sus casas.
"Un día les pedí a los pibes que escribieran en una hoja lo que les pasaba y entre los papeles había una hoja en blanco. Cómo podía pasar eso, no era obligatorio el trabajo. Sé de qué niño es y me entero de la muerte de sus dos hermanitos. No me puedo quedar con los brazos cruzados sabiendo que los chicos no tienen inodoro, viendo que no tienen un espacio para jugar, viendo que la plaza que había se transformó en un basural gigantesco", dice en uno de los pasajes del corto y describe la realidad que sufren varios de los barrios y asentamientos que están en los bordes del Riachuelo.
Vivir condenados, vivir esperando, como describen el sociólogo de la Universidad de Austin, el argentino Javier Auyero y la antropóloga Débora Swistun en su libro Inflamable. En la Villa Inflamable, en Dock Sud, por caso, donde además de la tormenta se registró un nuevo accidente en la empresa Shell con incendio incluido. Allí viven 1800 familias que iban a ser relocalizadas. Ese proceso, aún no comenzó.
No me puedo quedar con los brazos cruzados sabiendo que los chicos no tienen inodoro, viendo que no tienen un espacio para jugar, viendo que la plaza que había se transformó en un basural gigantesco
"Es un abandono por parte del Estado. No es un problema de justicia ambiental, es un problema político", insiste Mendoza.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) instaló medidores de calidad de aire en la zona y una encuesta. Y la Dirección de Salud y Educación Ambiental del organismo llevó adelante el proyecto "Niveles de plombemia en perros de la Cuenca Matanza Riachuelo como centinelas de riesgo ambiental". La vecina que inició la causa tiene sentimientos encontrados porque cree que si la agencia se disuelve o la desarman pierden todos.
Las noticias no son muy alentadoras por estos días. La Acumar, que ahora depende del Ministerio del Interior, tendrá en 2019 unos $1000 millones menos que este año.
Según las fuentes consultadas, esta diferencia radica en la contratación o no de los servicios para recolección de residuos de las orillas del río. Hasta este año esa tarea está a cargo de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la idea del ex vicejefe de gabinete, Mario Quintana, era que desde el año próximo esa tarea quedara a cargo de los municipios. En año electoral y con recesión, los expertos aseguran que será difícil que ocurra.
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Fecha de Publicación: 06/12/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Un cortometraje muestra el trabajo y la valentía de quienes pelean a diario en el curso de agua, a una década del fallo de la Corte que ordena su saneamiento
La contaminación del Riachuelo baja hacia su desembocadura en el Río de la Plata a través de 64 kilómetros. En ese camino cuenta historias de mujeres valientes que en su pelea cotidiana intentan revertir una de las situaciones más graves en las que puede estar una población: el olvido y el abandono.
Esto es lo que cuenta el cortometraje Las mujeres del río, dirigido e ideado por Soledad Fernández Bouzo, que recoge la acción de Beatriz Mendoza, la vecina que comenzó con la causa por el saneamiento del Riachuelo que llegó a la Corte Suprema, de Claudia Leguizamón, maestra de una escuela de Villa Jardín y de Graciela Aguirre, que da clases en Lomas de Zamora, en Villa Lamadrid.
"Es muy frustrante. Lo que veo es involución. Hay cosas que me entristecen y hasta opacan todo lo voluntarioso que uno puede ser. Mi problema comenzó con una polineuritis cuando trabaja en la Villa Inflamable, en Dock Sud. Cada año nacen entre 300 y 500 chicos allí y nadie sabe si tienen plomo o hidrocarburos en la sangre y tampoco nadie sigue los casos. Hay acciones, pero no apuntan al centro del problema", le dice a Infobae Mendoza en el predio de la Universidad de Lanús donde la semana pasada se presentó oficialmente el cortometraje.
El reclamo de los vecinos no parece imposible de cumplir. Sin embargo, no ocurre: "Es necesario que se deje de contaminar, eso necesitamos. Y luego, atención de la salud".
En julio de este año se cumplieron 10 años de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue considerada histórica. El máximo tribunal ordenó a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la cuenca más contaminada de la Argentina. Sin embargo, el balance de esas acciones tiene un sabor agridulce.
Después de años de atraso, avanza una megaobra cloacal financiada por el Banco Mundial para descargar los efluentes de 2 millones de personas a 12 kilómetros de la costa del Río de la Plata. Mientras tanto, las relocalizaciones de la población están muy atrasadas, los basurales clandestinos vuelven a brotar, la salud de la población se atiende de forma deficiente y el agua sigue igual o peor que hace una década o que hace un siglo.
Pero la pelea por que se cumpla con el fallo judicial no es la única que se da en esta cuenca en la que viven unas 7 millones de personas. "Busco que los chicos dejen de ser invisibles. Son los olvidados y por momentos ves que van a la escuela a permanecer. Así son los estudiantes con los que trabajamos", agrega Aguirre, directora de la ESB 334.
Después de años de atraso, avanza una megaobra cloacal financiada por el Banco Mundial para descargar los efluentes de 2 millones de personas a 12 kilómetros de la costa del Río de la Plata. Mientras tanto, las relocalizaciones de la población están muy atrasadas
"Primero, les cuesta ver que nacen en ese ámbito pero que no son ellos los responsables. Es un proceso que es largo en el que hay que explicarles que tienen derechos. Ellos incluso intentan diseminar el mensaje entre sus familias, pero ellos también entraron en ese letargo", le cuenta a Infobae.
Leguizamón está en la misma lucha. Es maestra de la escuela 72 en Villa Jardín Lanús. Ella no pudo ir a la presentación del cortometraje que la tiene como protagonista. La emergencia lo impidió: las lluvias dejaron anegados a cientos de vecinos que buscaban un refugio para dormir o comer, después de que la inundación transformara en inhabitables sus casas.
"Un día les pedí a los pibes que escribieran en una hoja lo que les pasaba y entre los papeles había una hoja en blanco. Cómo podía pasar eso, no era obligatorio el trabajo. Sé de qué niño es y me entero de la muerte de sus dos hermanitos. No me puedo quedar con los brazos cruzados sabiendo que los chicos no tienen inodoro, viendo que no tienen un espacio para jugar, viendo que la plaza que había se transformó en un basural gigantesco", dice en uno de los pasajes del corto y describe la realidad que sufren varios de los barrios y asentamientos que están en los bordes del Riachuelo.
Vivir condenados, vivir esperando, como describen el sociólogo de la Universidad de Austin, el argentino Javier Auyero y la antropóloga Débora Swistun en su libro Inflamable. En la Villa Inflamable, en Dock Sud, por caso, donde además de la tormenta se registró un nuevo accidente en la empresa Shell con incendio incluido. Allí viven 1800 familias que iban a ser relocalizadas. Ese proceso, aún no comenzó.
No me puedo quedar con los brazos cruzados sabiendo que los chicos no tienen inodoro, viendo que no tienen un espacio para jugar, viendo que la plaza que había se transformó en un basural gigantesco
"Es un abandono por parte del Estado. No es un problema de justicia ambiental, es un problema político", insiste Mendoza.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) instaló medidores de calidad de aire en la zona y una encuesta. Y la Dirección de Salud y Educación Ambiental del organismo llevó adelante el proyecto "Niveles de plombemia en perros de la Cuenca Matanza Riachuelo como centinelas de riesgo ambiental". La vecina que inició la causa tiene sentimientos encontrados porque cree que si la agencia se disuelve o la desarman pierden todos.
Las noticias no son muy alentadoras por estos días. La Acumar, que ahora depende del Ministerio del Interior, tendrá en 2019 unos $1000 millones menos que este año.
Según las fuentes consultadas, esta diferencia radica en la contratación o no de los servicios para recolección de residuos de las orillas del río. Hasta este año esa tarea está a cargo de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la idea del ex vicejefe de gabinete, Mario Quintana, era que desde el año próximo esa tarea quedara a cargo de los municipios. En año electoral y con recesión, los expertos aseguran que será difícil que ocurra.
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Experta argentina en cambio climático lanza advertencia
Matilde Rusticucci: Tenemos que reducir las emisiones ya
Fecha de Publicación: 02/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Una de las mayores expertas argentinas en cambio climático advierte que hay que tomar medidas urgentes para evitar sus efectos. También señala cómo será el impacto en Argentina y qué debería hacer el país para adaptarse al calentamiento global.
Matilde Rusticucci viene estudiando el cambio climático desde hace décadas. Fue autora principal del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), responsable de emitir los informes técnicos de la ONU sobre el tema.
La sensación que tiene es de impotencia ante la falta de reacción que se ha tenido frente a este problema que ahora está a la vuelta de la esquina.
Rusticucci es investigadora principal del Conicet en la Universidad de Buenos Aires y hace unos días dio una charla en Córdoba, en las Jornadas de Actualización Bioquímica. El escenario puede parecer extraño, pero el cambio climático tendrá decenas de impactos en la salud de las personas.
La experta habla sobre este tema y sobre el último informe del IPCC, que es lapidario. El documento advierte sobre las consecuencias de un incremento de la temperatura global de más de 1,5 grados respecto de la era preindustrial.
–¿Cómo se puede evitar superar esa peligrosa marca de 1,5 grados?
–El informe confirma que la reducción de emisiones que los países se comprometieron a hacer en el marco del Acuerdo de París no alcanza. Lo que dice es que es necesario reducir la contaminación casi a la mitad para 2030. Son apenas 12 años.
–Parece una tarea muy difícil de cumplir.
–Tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ya. Las alternativas son utilizar energías sustentables y electrificar el transporte para que dejen de consumir combustibles fósiles. Son medidas ya conocidas, a las que ahora se agregan otras como los cambios en los hábitos de alimentación. Los alimentos basados en la producción ganadera intensiva emiten muchos gases de efecto invernadero. Hay que buscar otras alternativas equivalentes en términos nutritivos pero menos contaminantes.
–¿Cuáles serán las consecuencias si se supera ese límite?
–Con dos grados más de temperatura, las consecuencias son significativamente más graves que si se limita a 1,5 grados. Por ejemplo, la gente expuesta a olas de calor se duplicaría y se triplicarían las especies animales y vegetales afectadas por el cambio climático.
–¿Qué otros efectos sobre la salud tendrá el cambio climático además de la reemergencia de enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores?
–Los cambios en el clima también están vinculados a problemas cardiovasculares. Habrá muchas migraciones por los problemas climáticos, por lo que también tendrá un impacto psicológico.
–¿Por qué no hay reacción ante este problema?
–Los dirigentes políticos no reaccionan porque son cambios que requieren dinero, aunque muchas tecnologías son económicas. No hay reacción porque no es una prioridad. Y no es una prioridad porque la gente no lo reclama de la forma en que debería hacerlo dada la magnitud del problema. Me da impotencia la situación a la que llegamos, porque hace 30 años que los científicos venimos advirtiendo lo que está pasando ahora.
–¿Qué tan graves serán los efectos del cambio climático en Argentina?
–Argentina no está en el peor lugar donde impactará el cambio climático. Las principales consecuencias serán las lluvias intensas, los períodos de sequía más frecuentes y más olas de calor. Los peores efectos están focalizados en el hemisferio norte, en las islas y en las zonas costeras como en la India, China e Indonesia, donde vive mucha gente. Pero lo cierto es que las consecuencias serán más duras en países pobres y en desarrollo que en las naciones desarrolladas porque están más preparadas y cuentan con más recursos para adaptarse.
–¿Argentina debería preocuparse más en la adaptación que en la mitigación del cambio climático?
–Sí, porque Argentina no es uno de los principales emisores, apenas el 0,7 por ciento. Aunque si se contabiliza por habitante como reclaman naciones como India, nuestro país sí deberá asumir responsabilidades de mitigación. Parte de la adaptación ya la estamos viviendo, por ejemplo, porque en las ciudades se compran más equipos para refrigerar los hogares y porque se extendió la frontera agrícola como consecuencia de un clima más favorable. Pero hay que pensar en lo que vendrá, que serán períodos marcados de sequía y lluvias intensas.
De la cumbre del G-20 a la COP24
El próximo lunes iniciará la cumbre sobre el cambio climático, conocida como COP24. Se realizará en Katowice (Polonia) y se espera que sea la reunión que defina el futuro del Acuerdo de París de 2015.
Será la penúltima reunión en camino hacia 2020, año en que entrará en vigencia el tratado que obliga a las naciones a cumplir con sus planes voluntarios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Uno de los grandes interrogantes es qué hará Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ya decidió salirse del acuerdo, pero que recién podrá formalizarlo en 2020.
Ese mismo camino podría seguir Brasil, si Jair Bolsonaro, su presidente electo, cumple con su promesa.
En la actualidad, Estados Unidos es el segundo país que más contamina (detrás de China) y Brasil está entre las naciones con emisiones más altas. Pero la deserción sudamericana tendría un impacto mayor porque ha sido un país líder en las negociaciones y porque tiene el mayor reservorio de carbono del mundo: el Amazonas.
En este sentido, son claves las negociaciones que se lleven a cabo sobre este tema dentro de la cumbre del G-20 que se está desarrollando en Buenos Aires.
El Acuerdo de París busca disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura media global no aumente más de 1,5 grados respecto del período preindustrial.
De superarse esa marca, las consecuencias a partir de mediados de siglo serían catastróficas: el incremento en el nivel del mar dejará a ciudades costeras inundadas, las sequías e inundaciones serán más frecuentes y severas en todo el mundo, y el calentamiento y acidificación de los mares pondrán en jaque a la vida acuática.
Todo ello provocará problemas de escasez de alimentos y agua, aumento de enfermedades, migraciones climáticas y conflictos sociales globales.
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Fecha de Publicación: 02/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Una de las mayores expertas argentinas en cambio climático advierte que hay que tomar medidas urgentes para evitar sus efectos. También señala cómo será el impacto en Argentina y qué debería hacer el país para adaptarse al calentamiento global.
Matilde Rusticucci viene estudiando el cambio climático desde hace décadas. Fue autora principal del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), responsable de emitir los informes técnicos de la ONU sobre el tema.
La sensación que tiene es de impotencia ante la falta de reacción que se ha tenido frente a este problema que ahora está a la vuelta de la esquina.
Rusticucci es investigadora principal del Conicet en la Universidad de Buenos Aires y hace unos días dio una charla en Córdoba, en las Jornadas de Actualización Bioquímica. El escenario puede parecer extraño, pero el cambio climático tendrá decenas de impactos en la salud de las personas.
La experta habla sobre este tema y sobre el último informe del IPCC, que es lapidario. El documento advierte sobre las consecuencias de un incremento de la temperatura global de más de 1,5 grados respecto de la era preindustrial.
–¿Cómo se puede evitar superar esa peligrosa marca de 1,5 grados?
–El informe confirma que la reducción de emisiones que los países se comprometieron a hacer en el marco del Acuerdo de París no alcanza. Lo que dice es que es necesario reducir la contaminación casi a la mitad para 2030. Son apenas 12 años.
–Parece una tarea muy difícil de cumplir.
–Tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ya. Las alternativas son utilizar energías sustentables y electrificar el transporte para que dejen de consumir combustibles fósiles. Son medidas ya conocidas, a las que ahora se agregan otras como los cambios en los hábitos de alimentación. Los alimentos basados en la producción ganadera intensiva emiten muchos gases de efecto invernadero. Hay que buscar otras alternativas equivalentes en términos nutritivos pero menos contaminantes.
–¿Cuáles serán las consecuencias si se supera ese límite?
–Con dos grados más de temperatura, las consecuencias son significativamente más graves que si se limita a 1,5 grados. Por ejemplo, la gente expuesta a olas de calor se duplicaría y se triplicarían las especies animales y vegetales afectadas por el cambio climático.
–¿Qué otros efectos sobre la salud tendrá el cambio climático además de la reemergencia de enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores?
–Los cambios en el clima también están vinculados a problemas cardiovasculares. Habrá muchas migraciones por los problemas climáticos, por lo que también tendrá un impacto psicológico.
–¿Por qué no hay reacción ante este problema?
–Los dirigentes políticos no reaccionan porque son cambios que requieren dinero, aunque muchas tecnologías son económicas. No hay reacción porque no es una prioridad. Y no es una prioridad porque la gente no lo reclama de la forma en que debería hacerlo dada la magnitud del problema. Me da impotencia la situación a la que llegamos, porque hace 30 años que los científicos venimos advirtiendo lo que está pasando ahora.
–¿Qué tan graves serán los efectos del cambio climático en Argentina?
–Argentina no está en el peor lugar donde impactará el cambio climático. Las principales consecuencias serán las lluvias intensas, los períodos de sequía más frecuentes y más olas de calor. Los peores efectos están focalizados en el hemisferio norte, en las islas y en las zonas costeras como en la India, China e Indonesia, donde vive mucha gente. Pero lo cierto es que las consecuencias serán más duras en países pobres y en desarrollo que en las naciones desarrolladas porque están más preparadas y cuentan con más recursos para adaptarse.
–¿Argentina debería preocuparse más en la adaptación que en la mitigación del cambio climático?
–Sí, porque Argentina no es uno de los principales emisores, apenas el 0,7 por ciento. Aunque si se contabiliza por habitante como reclaman naciones como India, nuestro país sí deberá asumir responsabilidades de mitigación. Parte de la adaptación ya la estamos viviendo, por ejemplo, porque en las ciudades se compran más equipos para refrigerar los hogares y porque se extendió la frontera agrícola como consecuencia de un clima más favorable. Pero hay que pensar en lo que vendrá, que serán períodos marcados de sequía y lluvias intensas.
De la cumbre del G-20 a la COP24
El próximo lunes iniciará la cumbre sobre el cambio climático, conocida como COP24. Se realizará en Katowice (Polonia) y se espera que sea la reunión que defina el futuro del Acuerdo de París de 2015.
Será la penúltima reunión en camino hacia 2020, año en que entrará en vigencia el tratado que obliga a las naciones a cumplir con sus planes voluntarios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Uno de los grandes interrogantes es qué hará Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ya decidió salirse del acuerdo, pero que recién podrá formalizarlo en 2020.
Ese mismo camino podría seguir Brasil, si Jair Bolsonaro, su presidente electo, cumple con su promesa.
En la actualidad, Estados Unidos es el segundo país que más contamina (detrás de China) y Brasil está entre las naciones con emisiones más altas. Pero la deserción sudamericana tendría un impacto mayor porque ha sido un país líder en las negociaciones y porque tiene el mayor reservorio de carbono del mundo: el Amazonas.
En este sentido, son claves las negociaciones que se lleven a cabo sobre este tema dentro de la cumbre del G-20 que se está desarrollando en Buenos Aires.
El Acuerdo de París busca disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura media global no aumente más de 1,5 grados respecto del período preindustrial.
De superarse esa marca, las consecuencias a partir de mediados de siglo serían catastróficas: el incremento en el nivel del mar dejará a ciudades costeras inundadas, las sequías e inundaciones serán más frecuentes y severas en todo el mundo, y el calentamiento y acidificación de los mares pondrán en jaque a la vida acuática.
Todo ello provocará problemas de escasez de alimentos y agua, aumento de enfermedades, migraciones climáticas y conflictos sociales globales.
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Temas ambientales nacionales en el G20
Uno de los temas del G20 sería el uranio de Chubut
Fecha de Publicación: 01/12/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta, centrales nucleares patagónicas y la minería del uranio en Chubut estarán entre los principales ejes en las negociaciones que mantendrá el presidente Mauricio Macri con sus pares de Estados Unidos, China y Rusia. En la reunión del G20 buscará confirmar el desembarco de inversiones para la Patagonia en esos tres sectores estratégicos.
Conseguir que chinos, estadounidenses y rusos concreten el desembarco de sus inversiones en la Patagonia es una de las prioridades de Macri para la cumbre del G20 en la Argentina. Obtener esos compromisos bilaterales le permitiría reflotar la hasta ahora fracasada idea de la “lluvia de inversiones” para un año que se presenta absolutamente contractivo para la economía y la industria en medio de la carrera electoral con vistas a octubre de 2019.
Según publica El Extremo Sur, la prioridad de la gestión de Cambiemos es que Estados Unidos juegue fuerte en Vaca Muerta, particularmente en el terreno tecnológico y de infraestructura para el transporte, y allí focalizará las conversaciones con Donald Trump, quien comanda las mayores experiencias del fracking mundial originadas desde Texas.
También quiere sumar a los inversores orientales en el mega yacimiento de shale y hasta se especula que podrían incorporarse capitales de Europa del Este. Resolver el cuello de botella hacia el que inexorablemente se encaminan los hidrocarburos no convencionales es una desesperación en la gestión macrista.
Nucleares y Represas
Con el primer mandatario chino Xi Jinping, Macri quiere avanzar en las demoradas dos centrales nucleares –una en la Patagonia rionegrina– que acordó construir a través del Memorándum de Entendimiento rubricado a principios de año.
Los capitales orientales están entusiasmados con la posibilidad de desarrollar la tecnología nuclear en la Argentina y posicionar al país como uno de los pilares del desembarco chino en Latinoamérica.
Pero los inversores chinos también aspiran a que se los habilite a construir las dos represas en Santa Cruz, que han quedado en stand by como consecuencia del ajuste y el déficit, y la apertura en el sector de las energías renovables; a cambio la administración del líder chino posibilitaría otro swap (intercambio de monedas) por 8.500 millones de dólares que se sumará al ya existente por 11.000 millones de dólares.
Menos difundida en los días previos al inicio del G20 están las conversaciones con el primer ministro ruso Vladimir Putin. La administración del ex vicealcalde de San Petersburgo e integrante del servicio de espionaje de la KGB tiene especial interés en desembarcar en la Meseta Central chubutense para la exploración y explotación de los enormes reservorios de uranio, y no se descarta que también la Federación Rusa se sume a la construcción de una central nuclear en el país.
Tras la firma con Rusia en enero de este año del denominado “Memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio”, Vasily Konstantinov –titular de la empresa estatal rusa Uranium One Group– sostuvo que Argentina “puede tener una Vaca Muerta en uranio” y así lo entiende la gestión de Macri quien buscaría avanzar a fondo con Putin sobre esta temática.
Las negociaciones bilaterales de Macri en el G20 se centrarán en estos tres aspectos mencionados, pero no debe perderse de vista que el estadounidense Donald Trump no tiene intenciones de que Macri firme con China y Rusia acuerdos en rubros y sectores estratégicos que terminarían quedando en manos de inversores de sus dos principales potencias competidoras.
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Fecha de Publicación: 01/12/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta, centrales nucleares patagónicas y la minería del uranio en Chubut estarán entre los principales ejes en las negociaciones que mantendrá el presidente Mauricio Macri con sus pares de Estados Unidos, China y Rusia. En la reunión del G20 buscará confirmar el desembarco de inversiones para la Patagonia en esos tres sectores estratégicos.
Conseguir que chinos, estadounidenses y rusos concreten el desembarco de sus inversiones en la Patagonia es una de las prioridades de Macri para la cumbre del G20 en la Argentina. Obtener esos compromisos bilaterales le permitiría reflotar la hasta ahora fracasada idea de la “lluvia de inversiones” para un año que se presenta absolutamente contractivo para la economía y la industria en medio de la carrera electoral con vistas a octubre de 2019.
Según publica El Extremo Sur, la prioridad de la gestión de Cambiemos es que Estados Unidos juegue fuerte en Vaca Muerta, particularmente en el terreno tecnológico y de infraestructura para el transporte, y allí focalizará las conversaciones con Donald Trump, quien comanda las mayores experiencias del fracking mundial originadas desde Texas.
También quiere sumar a los inversores orientales en el mega yacimiento de shale y hasta se especula que podrían incorporarse capitales de Europa del Este. Resolver el cuello de botella hacia el que inexorablemente se encaminan los hidrocarburos no convencionales es una desesperación en la gestión macrista.
Nucleares y Represas
Con el primer mandatario chino Xi Jinping, Macri quiere avanzar en las demoradas dos centrales nucleares –una en la Patagonia rionegrina– que acordó construir a través del Memorándum de Entendimiento rubricado a principios de año.
Los capitales orientales están entusiasmados con la posibilidad de desarrollar la tecnología nuclear en la Argentina y posicionar al país como uno de los pilares del desembarco chino en Latinoamérica.
Pero los inversores chinos también aspiran a que se los habilite a construir las dos represas en Santa Cruz, que han quedado en stand by como consecuencia del ajuste y el déficit, y la apertura en el sector de las energías renovables; a cambio la administración del líder chino posibilitaría otro swap (intercambio de monedas) por 8.500 millones de dólares que se sumará al ya existente por 11.000 millones de dólares.
Menos difundida en los días previos al inicio del G20 están las conversaciones con el primer ministro ruso Vladimir Putin. La administración del ex vicealcalde de San Petersburgo e integrante del servicio de espionaje de la KGB tiene especial interés en desembarcar en la Meseta Central chubutense para la exploración y explotación de los enormes reservorios de uranio, y no se descarta que también la Federación Rusa se sume a la construcción de una central nuclear en el país.
Tras la firma con Rusia en enero de este año del denominado “Memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio”, Vasily Konstantinov –titular de la empresa estatal rusa Uranium One Group– sostuvo que Argentina “puede tener una Vaca Muerta en uranio” y así lo entiende la gestión de Macri quien buscaría avanzar a fondo con Putin sobre esta temática.
Las negociaciones bilaterales de Macri en el G20 se centrarán en estos tres aspectos mencionados, pero no debe perderse de vista que el estadounidense Donald Trump no tiene intenciones de que Macri firme con China y Rusia acuerdos en rubros y sectores estratégicos que terminarían quedando en manos de inversores de sus dos principales potencias competidoras.
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