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Cae el Índice de Desempeño Ambiental de Argentina
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La Argentina empeoró sus calificaciones en el cuidado ambiental y bajó a niveles preocupantes
Fecha de Publicación: 09/10/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
La Argentina empeoró sus calificaciones en el cuidado del medio ambiente, según el Índice de Desempeño Ambiental (EPI), que mide los efectos de las políticas oficiales para proteger la salud ambiental y dar mayor vitalidad al ecosistema.
El relevamiento de 2018 fue realizado por la Universidad de Yale y la de Columbia y se utiliza para medir el cumplimiento en 180 países de los objetivos ambientales establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Del 1999 al 2005 se lo llamó Índice de Sostenibilidad Ambiental (ESI), pero desde 2002 se lo bautizó Pilot Environmental Performance Index (EPI).
El Índice ofrece un seguimiento de dos dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible: la salud ambiental, que aumenta con el crecimiento económico y la prosperidad, y la vitalidad del ecosistema, que se ve afectada por la industrialización y la urbanización.
Una década atrás, en el 2008, la Argentina ocupó el puesto 30°, con un score de 81.8. En 2010 se ubicó en el 70°, con 61 puntos. En 2012 alcanzó el lugar 50° de 132 países, con un índice de 112. En 2014 cayó hasta el 93°, con apenas 49.55. En 2016 mejoró a la posición 43°, con un EPI de 79.84. En 2018 se volvió a desplomar hasta el puesto 74°.
Según el último EPI, la Argentina tiene una puntuación de 59.30, con pésimos resultados en Contaminación del Aire (94 puntos, 80° en el ranking 80), el cuidado de la Biodiversidad y Hábitat (55 puntos, 130° en el ranking), la Exposición al plomo y metales pesados (59 puntos, 68° en el ranking) y el fomento de la Vitalidad del ecosistema (45 puntos, 133° en el ranking).
La falta de resguardo de la Biodiversidad se explica en el escaso aporte del país a la protección de las Áreas Protegidas Terrestres -Bioma global- (120°), la insuficiente protección del Bioma nacional (132°) y la mala defensa de las especies (132°) y de sus hábitats (137°). Pero también sacó malas notas en la falta de amparo de los bosques nativos (120°) y la masiva pérdida de la cubierta forestal (120°).
Las especies marianos son de las más amenazadas. El vasto recurso ictícola nacional se encuentra en peligro. Según el estudio divulgado este año, el "estado del stock de peces" posee una de las puntuaciones más bajas del mundo, con 18 unidades, lo que lleva a la Argentina al puesto 129°. En la custodia de los recursos hídricos y el tratamiento de aguas residuales se colocó en lugar 82°.
En el rubro "Clima y Energía" la nota también es preocupante: 46 puntos, en la posición 111°. Lo más grave es la Contaminación del Aire, que medida en términos generales se hunde en lo más bajo de la tabla internacional: ranking 168° de 180.
La "intensidad" de las emisiones de Dióxido de Carbono (127°) y la "potencia" de esas emisiones (123°), se suman al Dióxido de Azufre (SO2) presente en el ambiente (179°) y el Óxido de Nitrógeno NOX (105°).
Como consuelo, la Argentina mantiene la cuarta posición a nivel global en la "gestión sostenible del Nitrógeno" en los suelos destinados a emprendimientos agrícolas.
El Índice de Desempeño Ambiental (EPI) de 2018 clasifica a 180 países en 24 indicadores de desempeño en diez categorías temáticas que cubren la salud ambiental y la vitalidad del ecosistema. El EPI ofrece un mapa de los países líderes y los rezagados en el desempeño ambiental, al mismo tiempo que ofrece información sobre las mejores prácticas y brinda orientación a los países que aspiran a ser líderes en sostenibilidad. "Estas métricas proporcionan un indicador a escala nacional de cómo los países están cerca de los objetivos establecidos de la política ambiental", subrayó el informe.
"La buena gobernabilidad surge como el factor crítico requerido para equilibrar estas distintas dimensiones de la sostenibilidad", enfatizó el reporte. Por este motivo, recomiendan a los mandatarios utilizar estos datos para "facilitar" la detección de problemas ambientales, hacer un "seguimiento" de las tendencias, destacar los éxitos y fracasos de sus políticas, identificar las mejores prácticas y optimizar las ganancias de las inversiones en el cuidado de la Casa Común.
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Fecha de Publicación: 09/10/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
La Argentina empeoró sus calificaciones en el cuidado del medio ambiente, según el Índice de Desempeño Ambiental (EPI), que mide los efectos de las políticas oficiales para proteger la salud ambiental y dar mayor vitalidad al ecosistema.
El relevamiento de 2018 fue realizado por la Universidad de Yale y la de Columbia y se utiliza para medir el cumplimiento en 180 países de los objetivos ambientales establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Del 1999 al 2005 se lo llamó Índice de Sostenibilidad Ambiental (ESI), pero desde 2002 se lo bautizó Pilot Environmental Performance Index (EPI).
El Índice ofrece un seguimiento de dos dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible: la salud ambiental, que aumenta con el crecimiento económico y la prosperidad, y la vitalidad del ecosistema, que se ve afectada por la industrialización y la urbanización.
Una década atrás, en el 2008, la Argentina ocupó el puesto 30°, con un score de 81.8. En 2010 se ubicó en el 70°, con 61 puntos. En 2012 alcanzó el lugar 50° de 132 países, con un índice de 112. En 2014 cayó hasta el 93°, con apenas 49.55. En 2016 mejoró a la posición 43°, con un EPI de 79.84. En 2018 se volvió a desplomar hasta el puesto 74°.
Según el último EPI, la Argentina tiene una puntuación de 59.30, con pésimos resultados en Contaminación del Aire (94 puntos, 80° en el ranking 80), el cuidado de la Biodiversidad y Hábitat (55 puntos, 130° en el ranking), la Exposición al plomo y metales pesados (59 puntos, 68° en el ranking) y el fomento de la Vitalidad del ecosistema (45 puntos, 133° en el ranking).
La falta de resguardo de la Biodiversidad se explica en el escaso aporte del país a la protección de las Áreas Protegidas Terrestres -Bioma global- (120°), la insuficiente protección del Bioma nacional (132°) y la mala defensa de las especies (132°) y de sus hábitats (137°). Pero también sacó malas notas en la falta de amparo de los bosques nativos (120°) y la masiva pérdida de la cubierta forestal (120°).
Las especies marianos son de las más amenazadas. El vasto recurso ictícola nacional se encuentra en peligro. Según el estudio divulgado este año, el "estado del stock de peces" posee una de las puntuaciones más bajas del mundo, con 18 unidades, lo que lleva a la Argentina al puesto 129°. En la custodia de los recursos hídricos y el tratamiento de aguas residuales se colocó en lugar 82°.
En el rubro "Clima y Energía" la nota también es preocupante: 46 puntos, en la posición 111°. Lo más grave es la Contaminación del Aire, que medida en términos generales se hunde en lo más bajo de la tabla internacional: ranking 168° de 180.
La "intensidad" de las emisiones de Dióxido de Carbono (127°) y la "potencia" de esas emisiones (123°), se suman al Dióxido de Azufre (SO2) presente en el ambiente (179°) y el Óxido de Nitrógeno NOX (105°).
Como consuelo, la Argentina mantiene la cuarta posición a nivel global en la "gestión sostenible del Nitrógeno" en los suelos destinados a emprendimientos agrícolas.
El Índice de Desempeño Ambiental (EPI) de 2018 clasifica a 180 países en 24 indicadores de desempeño en diez categorías temáticas que cubren la salud ambiental y la vitalidad del ecosistema. El EPI ofrece un mapa de los países líderes y los rezagados en el desempeño ambiental, al mismo tiempo que ofrece información sobre las mejores prácticas y brinda orientación a los países que aspiran a ser líderes en sostenibilidad. "Estas métricas proporcionan un indicador a escala nacional de cómo los países están cerca de los objetivos establecidos de la política ambiental", subrayó el informe.
"La buena gobernabilidad surge como el factor crítico requerido para equilibrar estas distintas dimensiones de la sostenibilidad", enfatizó el reporte. Por este motivo, recomiendan a los mandatarios utilizar estos datos para "facilitar" la detección de problemas ambientales, hacer un "seguimiento" de las tendencias, destacar los éxitos y fracasos de sus políticas, identificar las mejores prácticas y optimizar las ganancias de las inversiones en el cuidado de la Casa Común.
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Tierra del Fuego crea una Dirección de Cambio Climático
El Gobierno provincial crea la Dirección de Cambio Climático
Fecha de Publicación: 08/10/2018
Fuente: U24
Provincia/Región: Tierra del Fuego
El Gobierno creó la Dirección de Cambio Climático (DCC) la cual no implicará "nuevas derogaciones presupuestarias" y tendrán como fin de generar "acciones de adaptación y mitigación del Cambio Climático en la provincia".
“Entendemos que el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI´s) de Tierra del Fuego es menor en términos comparativos nacionales, del mismo modo que la Argentina lo es en términos globales; no obstante, las consecuencias de los efectos negativos del Cambio Climático impactan en los territorios sin relación directa con el nivel de emisiones, siendo en particular nuestra región ambiental frágil, donde la sequías, inundaciones, incendios forestales y otras consecuencias son cada vez más frecuentes” señaló el secretario de Medio Ambiente, Mauro Pérez Toscani.
Desde el Gobierno dieron que " se crea esta nueva área haciendo hincapié en la transversalidad de esta problemática y sacando a la dirección de un área especifica como lo era el área técnica de recursos hídricos para darle dependencia directa con la máxima autoridad ambiental de la provincia que, entre otras misiones y funciones, tendrá el monitoreo de las variables e indicadores del cambio climático".
La provincia ha suscripto compromisos para implementar medidas de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI´s), para contribuir a las reducciones que la República Argentina anunció en el Acuerdo de Paris. Del mismo modo surge la necesidad de contar con el Plan Provincial de Adaptación al Cambio Climático, considerando esta tarea prioritaria.
“Nuestra Gobernadora a dado claras instrucciones para que la problemática del cambio climático se encuentre en la agenda publica del Gobierno a través de la representación que tenemos como Provincia que preside la Comisión de Cambio Climático del Concejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)” aseguró Toscani.
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Fecha de Publicación: 08/10/2018
Fuente: U24
Provincia/Región: Tierra del Fuego
El Gobierno creó la Dirección de Cambio Climático (DCC) la cual no implicará "nuevas derogaciones presupuestarias" y tendrán como fin de generar "acciones de adaptación y mitigación del Cambio Climático en la provincia".
“Entendemos que el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI´s) de Tierra del Fuego es menor en términos comparativos nacionales, del mismo modo que la Argentina lo es en términos globales; no obstante, las consecuencias de los efectos negativos del Cambio Climático impactan en los territorios sin relación directa con el nivel de emisiones, siendo en particular nuestra región ambiental frágil, donde la sequías, inundaciones, incendios forestales y otras consecuencias son cada vez más frecuentes” señaló el secretario de Medio Ambiente, Mauro Pérez Toscani.
Desde el Gobierno dieron que " se crea esta nueva área haciendo hincapié en la transversalidad de esta problemática y sacando a la dirección de un área especifica como lo era el área técnica de recursos hídricos para darle dependencia directa con la máxima autoridad ambiental de la provincia que, entre otras misiones y funciones, tendrá el monitoreo de las variables e indicadores del cambio climático".
La provincia ha suscripto compromisos para implementar medidas de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI´s), para contribuir a las reducciones que la República Argentina anunció en el Acuerdo de Paris. Del mismo modo surge la necesidad de contar con el Plan Provincial de Adaptación al Cambio Climático, considerando esta tarea prioritaria.
“Nuestra Gobernadora a dado claras instrucciones para que la problemática del cambio climático se encuentre en la agenda publica del Gobierno a través de la representación que tenemos como Provincia que preside la Comisión de Cambio Climático del Concejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)” aseguró Toscani.
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Modelo agrícola argentino desprotege al más débil
Modelo agrícola argentino descuida derecho a la alimentación
Fecha de Publicación: 25/09/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Frente a una de las estaciones ferroviarias más concurridas de la capital de Argentina, hay largas filas para comprar verduras y hortalizas, que los propios productores ofrecen directamente a los consumidores, a precios varias veces inferiores a las de los comercios.
La escena transcurre en la Plaza Once, cabecera del ferrocarril que va hacia el oeste del Gran Buenos Aires, y es una de las caras de la crisis económica del país, que incluye la aceleración de la tasa de inflación, que ha golpeado particularmente los precios de los alimentos.
“Habíamos anunciado que empezábamos a las 10 de la mañana, pero había fila desde dos horas antes”, contó a IPS Guillermo Riquelme, uno de los productores familiares enrolados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que llegaron llegaron con sus productos en tres camiones, en una iniciativa especial.
La UTT es una asociación de unos 10.000 agricultores de todo el país que trabajan en emprendimientos familiares y en terrenos de una o dos hectáreas, generalmente alquilados. Se instalaron en Plaza Once, en el corazón de Buenos Aires, para demostrar que los alimentos pueden llegar a la población a precios accesibles para todos.
“Nosotros acá vendemos a 10 pesos (0,25 dólares) por kilo. Y por supuesto que ganamos plata igual, porque habitualmente estamos obligados a vender a tres pesos a los intermediarios”, acotó Roberto Eizaguirre.
Tanto Riquelme como Eizaguirre producen remolacha, zanahoria, lechuga, acelga y otros vegetales en los alrededores de la ciudad de La Plata, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, donde se concentran miles de pequeños agricultores.
Ese lugar fue uno de los que visitó Hilal Elver, la relatora especial sobre el Derecho a Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien este viernes 21 concluyó una misión de 10 días a Argentina con una presentación ante los medios, en la que hizo un duro diagnóstico de la situación en la materia.
La funcionaria entregó también este día al gobierno argentino las observaciones preliminares sobre su visita.
Elver, una abogada turca que ocupa el cargo desde 2014, cuestionó las políticas del gobierno que “parecen destinadas a promover aún más la agricultura industrial orientada a la exportación, principalmente de soja y maíz”.
Criticó en ese sentido, “la decisión del gobierno de aprovechar la crisis económica actual para desmantelar el apoyo a la agricultura familiar”, al despedir cerca de 500 trabajadores del Ministerio de Agroindustria, que se justificó con la necesidad de reducir el gasto público.
La relatora visitó también la norteña provincia del Chaco, una de las más pobres del país, en la frontera con Paraguay. Allí, estuvo con indígenas del pueblo qom, también conocido como toba, que por la pobreza dejaron sus tierras ancestrales para mudarse a ciudades cercanas, pero no consiguen integrarse al mercado laboral.
Elver dijo que durante su visita pudo constatar que hay “un creciente número de personas que va a comedores (de asistencia social) o se salta una comida”.
En ese aspecto, señaló la paradoja de que el gobierno asegura que el país produce suficientes alimentos para abastecer a 450 millones de personas en el mundo, mientras casi cuatro millones de ciudadanos enfrentan en el país una seria inseguridad alimentaria.
Argentina, el octavo país del mundo por su superficie y con solo 44 millones de habitantes, posee en la llamada Pampa una llanura de clima templado que es considerada una de las zonas más propicias del planeta para la producción agropecuaria.
La producción agropecuaria tiene un enorme peso en la economía argentina y el año pasado los productos primarios y manufacturados del sector representaron 65 por ciento de las exportaciones del país.
La economía nacional entró este año en un tobogán, fundamentalmente a partir de abril, cuando comenzó una fuerte devaluación de la moneda local, que desde entonces superó ya 100 por ciento.
Eso generó una aceleración de la inflación, que el gobierno había proyectado en 15 por ciento para este año. Pero en los ocho primeros meses del año ya acumuló un incremento de casi 25 por ciento y, en su última actualización, el Ministerio de Hacienda estimó que 2018 terminará con una tasa de inflación acumulada de 42 por ciento.
Pero el alza de precios fue mucho más acelerada en los alimentos, cuya tasa de incremento fue de 88 por ciento en el periodo enero-junio, según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, del sur del Gran Buenos Aires.
“La bolsa de harina aumentó de 300 pesos a 1.000 en pocos meses y ya no sabemos cómo contener los precios al público. Estamos pensando en cerrar”, dijo a IPS la encargada de una panadería de Villa Crespo, un barrio de clase media de Buenos Aires, en un relato que se repite en muchos lugares del país.
“El problema es que el trigo es tomado dentro de Argentina como un commodity (bien básico transable), cuyo precio sube cuando sube el dólar, mientras aquí la gente no gana en dólares”, dijo a IPS Teté Piñero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“El gobierno debería regular el precio interno del trigo para que esto no suceda pero no lo hace. Así, hoy los pobres están pasando hambre y la clase media tiene serios problemas”, agregó.
La relatora de alguna manera coincidió con ese diagnóstico, cuando dijo que “el gobierno argetino debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre el acceso a los alimentos por parte de los más pobres”.
De acuerdo al último dato oficial, anunciado en marzo, la pobreza alcanza en Argentina a 25,7 por ciento de la población. Pero el presidente Mauricio Macri admitió en agosto que la proporción crecerá en la próxima medición, debido “al rebote de la inflación, que es el mayor generador de pobreza”.
La funcionaria de la ONU también cuestionó “el efecto adverso sobre los recursos ambientales y la diversidad biológica” del modelo agrícola argentino y en ese sentido mencionó la deforestación, con tasas cercanas a los 27 millones de hectáreas por año, y el fuerte aumento en el uso de agroquímicos.
En Argentina no existen estadísticas sobre agroquímicos, de intensiva utilización en el cultivo de soja transgénica, que cubre más de la mitad de la superficie sembrada en el país, así como en cultivos sin modificar genéticamente
Elver calificó como “milagrosa” la experiencia contracorriente que representan los pequeños agricultores enrolados en la UTT que en el área de la Gran La Plata “producen verduras saludables y libres de plaguicidas”.
“Estos métodos de producción deberían tener mucho más peso en el diseño de la política agrícola argentina”, agregó.
Javier Scheibengraf, coordinador técnico de la UTT, explicó a IPS que “tenemos unas 100 hectáreas, donde trabajamos con un paquete autoproducido de herbicidas y fertilizantes, con estiércol, ceniza, tierra y otros productos naturales, y sin productos químicos”.
Sheibengraf contó que los pequeños productores ven así la ventaja “de no contaminarse ellos y sus familias con los agroquímicos, porque prácticamente todos viven en el mismo lugar donde producen”.
“Además es la única manera de bajar los costos porque el paquete tecnológico que nos venden las empresas está completamente dolarizado y se vuelve inalcanzable especialmente hoy, por la devaluación de la moneda argentina y la decisión del gobierno de suspender prácticamente todos los programas de apoyo a la agricultura familiar”, añadió.
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Fecha de Publicación: 25/09/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Frente a una de las estaciones ferroviarias más concurridas de la capital de Argentina, hay largas filas para comprar verduras y hortalizas, que los propios productores ofrecen directamente a los consumidores, a precios varias veces inferiores a las de los comercios.
La escena transcurre en la Plaza Once, cabecera del ferrocarril que va hacia el oeste del Gran Buenos Aires, y es una de las caras de la crisis económica del país, que incluye la aceleración de la tasa de inflación, que ha golpeado particularmente los precios de los alimentos.
“Habíamos anunciado que empezábamos a las 10 de la mañana, pero había fila desde dos horas antes”, contó a IPS Guillermo Riquelme, uno de los productores familiares enrolados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que llegaron llegaron con sus productos en tres camiones, en una iniciativa especial.
La UTT es una asociación de unos 10.000 agricultores de todo el país que trabajan en emprendimientos familiares y en terrenos de una o dos hectáreas, generalmente alquilados. Se instalaron en Plaza Once, en el corazón de Buenos Aires, para demostrar que los alimentos pueden llegar a la población a precios accesibles para todos.
“Nosotros acá vendemos a 10 pesos (0,25 dólares) por kilo. Y por supuesto que ganamos plata igual, porque habitualmente estamos obligados a vender a tres pesos a los intermediarios”, acotó Roberto Eizaguirre.
Tanto Riquelme como Eizaguirre producen remolacha, zanahoria, lechuga, acelga y otros vegetales en los alrededores de la ciudad de La Plata, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, donde se concentran miles de pequeños agricultores.
Ese lugar fue uno de los que visitó Hilal Elver, la relatora especial sobre el Derecho a Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien este viernes 21 concluyó una misión de 10 días a Argentina con una presentación ante los medios, en la que hizo un duro diagnóstico de la situación en la materia.
La funcionaria entregó también este día al gobierno argentino las observaciones preliminares sobre su visita.
Elver, una abogada turca que ocupa el cargo desde 2014, cuestionó las políticas del gobierno que “parecen destinadas a promover aún más la agricultura industrial orientada a la exportación, principalmente de soja y maíz”.
Criticó en ese sentido, “la decisión del gobierno de aprovechar la crisis económica actual para desmantelar el apoyo a la agricultura familiar”, al despedir cerca de 500 trabajadores del Ministerio de Agroindustria, que se justificó con la necesidad de reducir el gasto público.
La relatora visitó también la norteña provincia del Chaco, una de las más pobres del país, en la frontera con Paraguay. Allí, estuvo con indígenas del pueblo qom, también conocido como toba, que por la pobreza dejaron sus tierras ancestrales para mudarse a ciudades cercanas, pero no consiguen integrarse al mercado laboral.
Elver dijo que durante su visita pudo constatar que hay “un creciente número de personas que va a comedores (de asistencia social) o se salta una comida”.
En ese aspecto, señaló la paradoja de que el gobierno asegura que el país produce suficientes alimentos para abastecer a 450 millones de personas en el mundo, mientras casi cuatro millones de ciudadanos enfrentan en el país una seria inseguridad alimentaria.
Argentina, el octavo país del mundo por su superficie y con solo 44 millones de habitantes, posee en la llamada Pampa una llanura de clima templado que es considerada una de las zonas más propicias del planeta para la producción agropecuaria.
La producción agropecuaria tiene un enorme peso en la economía argentina y el año pasado los productos primarios y manufacturados del sector representaron 65 por ciento de las exportaciones del país.
La economía nacional entró este año en un tobogán, fundamentalmente a partir de abril, cuando comenzó una fuerte devaluación de la moneda local, que desde entonces superó ya 100 por ciento.
Eso generó una aceleración de la inflación, que el gobierno había proyectado en 15 por ciento para este año. Pero en los ocho primeros meses del año ya acumuló un incremento de casi 25 por ciento y, en su última actualización, el Ministerio de Hacienda estimó que 2018 terminará con una tasa de inflación acumulada de 42 por ciento.
Pero el alza de precios fue mucho más acelerada en los alimentos, cuya tasa de incremento fue de 88 por ciento en el periodo enero-junio, según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, del sur del Gran Buenos Aires.
“La bolsa de harina aumentó de 300 pesos a 1.000 en pocos meses y ya no sabemos cómo contener los precios al público. Estamos pensando en cerrar”, dijo a IPS la encargada de una panadería de Villa Crespo, un barrio de clase media de Buenos Aires, en un relato que se repite en muchos lugares del país.
“El problema es que el trigo es tomado dentro de Argentina como un commodity (bien básico transable), cuyo precio sube cuando sube el dólar, mientras aquí la gente no gana en dólares”, dijo a IPS Teté Piñero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“El gobierno debería regular el precio interno del trigo para que esto no suceda pero no lo hace. Así, hoy los pobres están pasando hambre y la clase media tiene serios problemas”, agregó.
La relatora de alguna manera coincidió con ese diagnóstico, cuando dijo que “el gobierno argetino debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre el acceso a los alimentos por parte de los más pobres”.
De acuerdo al último dato oficial, anunciado en marzo, la pobreza alcanza en Argentina a 25,7 por ciento de la población. Pero el presidente Mauricio Macri admitió en agosto que la proporción crecerá en la próxima medición, debido “al rebote de la inflación, que es el mayor generador de pobreza”.
La funcionaria de la ONU también cuestionó “el efecto adverso sobre los recursos ambientales y la diversidad biológica” del modelo agrícola argentino y en ese sentido mencionó la deforestación, con tasas cercanas a los 27 millones de hectáreas por año, y el fuerte aumento en el uso de agroquímicos.
En Argentina no existen estadísticas sobre agroquímicos, de intensiva utilización en el cultivo de soja transgénica, que cubre más de la mitad de la superficie sembrada en el país, así como en cultivos sin modificar genéticamente
Elver calificó como “milagrosa” la experiencia contracorriente que representan los pequeños agricultores enrolados en la UTT que en el área de la Gran La Plata “producen verduras saludables y libres de plaguicidas”.
“Estos métodos de producción deberían tener mucho más peso en el diseño de la política agrícola argentina”, agregó.
Javier Scheibengraf, coordinador técnico de la UTT, explicó a IPS que “tenemos unas 100 hectáreas, donde trabajamos con un paquete autoproducido de herbicidas y fertilizantes, con estiércol, ceniza, tierra y otros productos naturales, y sin productos químicos”.
Sheibengraf contó que los pequeños productores ven así la ventaja “de no contaminarse ellos y sus familias con los agroquímicos, porque prácticamente todos viven en el mismo lugar donde producen”.
“Además es la única manera de bajar los costos porque el paquete tecnológico que nos venden las empresas está completamente dolarizado y se vuelve inalcanzable especialmente hoy, por la devaluación de la moneda argentina y la decisión del gobierno de suspender prácticamente todos los programas de apoyo a la agricultura familiar”, añadió.
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Los ridículos aprietes al movimiento anti fracking en Mendoza
Una peregrinación contra el fracking
Fecha de Publicación: 17/09/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, impidió mediante el uso de la policía provincial, que se plantara un olivo bendecido por el papa Francisco al finalizar la peregrinación en defensa del agua y en contra del fracking que, a principios de año, autorizó el mandatario radical en suelo mendocino y de la que participaron más de 2.000 personas.
La extracción por fracking en la provincia cuyana fue autorizada unilateralmente por el gobernador Cornejo a través de un decreto el año pasado. El mandatario decidió dar vía libre a este tipo de explotaciones petroleras, asegurando que la técnica es segura y que se realizarían los controles necesarios. Sin embargo, los primeros estudios -filtrados a mediados de abril- demostraron altos niveles de contaminación en los acuíferos cercanos a la zona de explotación.
Hecho que encendió la luz de alarma entre organizaciones ambientales y vecinos del sur mendocino, que los motivó a iniciar un plan de lucha para impedir que se siga realizando esa práctica en la provincia. Es así que, el sábado por la mañana, más de 2.000 personas se concentraron en la rotonda del núcleo vial de la ciudad de Mendoza.
Muchos de ellos integrantes de las asambleas del agua y otros tantos ciudadanos de a pie que se sumaron al peregrinaje en defensa del agua, el cual no pudo culminar con normalidad debido a la resistencia del gobernador mendocino, quien no permitió que los protestantes plantaran un olivo que había sido bendecido por el Papa.
Peregrinación.
La iniciativa fue organizada por el científico Esteban Servat, quien junto a asociaciones mendocinas, la Fundación La Alameda y el gremio de Camioneros rechazan la implementación del fracking.
“La defensa de la casa común y del agua es muy sensible para los mendocinos que entienden que sin agua no se puede vivir”, remarcó Gustavo Vera, luego del impedimento policial para plantar el olivo papal, enviado desde Buenos Aires por la Fundación Alameda.
La peregrinación tuvo entre sus filas a representantes de ciudades como Uspallata, San Carlos, San Rafael, Bowen, General Alvear, Las Heras, Zona Oeste, Potrerillos, Las Heras y Tupungato. La plantación del olivo, impedida por Cornejo mediante el uso de la policía, era el cierre del peregrinaje que partió a pie desde el pueblo mendocino de Bowen, en el departamento de General Alvear, el pasado 17 de agosto.
Cada persona que participó llevó un poco de tierra de su localidad, y un poco de agua de su río o acuífero cercano, para poder colocar en la Plaza Independencia, de la capital provincial donde se plantaría el olivo.
Escándalo.
Meses atrás un estudio del Departamento de Irrigación de Mendoza, que fue filtrado a la prensa por la ONG EcoLeaks, comprobó la contaminación del agua en las primeras pruebas de fracking que se realizaron en las napas cercanas a la zona de explotación petrolífera. Esta situación es profundamente sensible, ya que esta zona en el sur mendocino posee fuentes acuíferas que forman parte de los afluentes que alimentan al río Atuel.
Multa.
Servat fue multado por la Municipalidad de la capital de Mendoza con 53.400 pesos por “corte de circulación en calles San Martín y Espejo” y con 13.350 pesos por “contaminación sonora en el Parque Central”. Ante esta situación, el científico responsabilizó de esas sanciones al propio mandatario mendocino y lo acusó de iniciar “una persecución judicial que se cayó a pedazos".
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Fecha de Publicación: 17/09/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, impidió mediante el uso de la policía provincial, que se plantara un olivo bendecido por el papa Francisco al finalizar la peregrinación en defensa del agua y en contra del fracking que, a principios de año, autorizó el mandatario radical en suelo mendocino y de la que participaron más de 2.000 personas.
La extracción por fracking en la provincia cuyana fue autorizada unilateralmente por el gobernador Cornejo a través de un decreto el año pasado. El mandatario decidió dar vía libre a este tipo de explotaciones petroleras, asegurando que la técnica es segura y que se realizarían los controles necesarios. Sin embargo, los primeros estudios -filtrados a mediados de abril- demostraron altos niveles de contaminación en los acuíferos cercanos a la zona de explotación.
Hecho que encendió la luz de alarma entre organizaciones ambientales y vecinos del sur mendocino, que los motivó a iniciar un plan de lucha para impedir que se siga realizando esa práctica en la provincia. Es así que, el sábado por la mañana, más de 2.000 personas se concentraron en la rotonda del núcleo vial de la ciudad de Mendoza.
Muchos de ellos integrantes de las asambleas del agua y otros tantos ciudadanos de a pie que se sumaron al peregrinaje en defensa del agua, el cual no pudo culminar con normalidad debido a la resistencia del gobernador mendocino, quien no permitió que los protestantes plantaran un olivo que había sido bendecido por el Papa.
Peregrinación.
La iniciativa fue organizada por el científico Esteban Servat, quien junto a asociaciones mendocinas, la Fundación La Alameda y el gremio de Camioneros rechazan la implementación del fracking.
“La defensa de la casa común y del agua es muy sensible para los mendocinos que entienden que sin agua no se puede vivir”, remarcó Gustavo Vera, luego del impedimento policial para plantar el olivo papal, enviado desde Buenos Aires por la Fundación Alameda.
La peregrinación tuvo entre sus filas a representantes de ciudades como Uspallata, San Carlos, San Rafael, Bowen, General Alvear, Las Heras, Zona Oeste, Potrerillos, Las Heras y Tupungato. La plantación del olivo, impedida por Cornejo mediante el uso de la policía, era el cierre del peregrinaje que partió a pie desde el pueblo mendocino de Bowen, en el departamento de General Alvear, el pasado 17 de agosto.
Cada persona que participó llevó un poco de tierra de su localidad, y un poco de agua de su río o acuífero cercano, para poder colocar en la Plaza Independencia, de la capital provincial donde se plantaría el olivo.
Escándalo.
Meses atrás un estudio del Departamento de Irrigación de Mendoza, que fue filtrado a la prensa por la ONG EcoLeaks, comprobó la contaminación del agua en las primeras pruebas de fracking que se realizaron en las napas cercanas a la zona de explotación petrolífera. Esta situación es profundamente sensible, ya que esta zona en el sur mendocino posee fuentes acuíferas que forman parte de los afluentes que alimentan al río Atuel.
Multa.
Servat fue multado por la Municipalidad de la capital de Mendoza con 53.400 pesos por “corte de circulación en calles San Martín y Espejo” y con 13.350 pesos por “contaminación sonora en el Parque Central”. Ante esta situación, el científico responsabilizó de esas sanciones al propio mandatario mendocino y lo acusó de iniciar “una persecución judicial que se cayó a pedazos".
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El Estado neoliberal con políticas ambientales débiles
De Ministerios a MiniEstado
Fecha de Publicación: 12/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La devaluación de diez ministerios nacionales a secretarias decidida por el presidente Mauricio Macri tiene una implicancia cristalina, que salta a la vista con el solo trámite de revisar en la historia el momento y los motivos por lo que fueron creados. Cada ministerio que se cierra o se desjerarquiza, es una política pública que se jibariza. No son casuales las permanentes alusiones del presidente a la ineficiencia del estado en los últimos setenta años. Con solo agarrar una calculadora, si le restamos esos años al presente 2018, nos trasladamos a 1948, y le pegamos de lleno al primer gobierno peronista. Fue con la reforma constitucional de 1949 que se crearon los ministerios de Trabajo, y el de Salud entre otros, y se separó el de Educación del de Justicia. Crear ministerios no era cosa de todos los días, eran apuestas a nuevas políticas.
La Constitución Nacional de 1853 estableció que el Poder Ejecutivo debía contar con cinco ministerios: del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia e Instrucción Pública y de Guerra y Marina. Una modificación constitucional en 1898 elevó a ocho el número de ministerios, al agregarse: Agricultura https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Agroindustria_(Argentina), Obras Públicas y se escindió Marina del Ministerio de Guerra. No volvió a haber cambios hasta 1949 por lo que tenemos en casi cien años una sola modificación.
El disuelto y rebajado ministerio de Trabajo, fue el fruto de un largo proceso histórico. La primera vez que el Estado tuvo un interés profundo por saber la situación de los trabajadores fue en 1904, se le encomendó al médico y abogado, Juan Bialet Massé, un informe sobre la situación de las clases obreras, quien luego de viajar durante meses por los lugares más recónditos del país, entregó 1500 páginas estremecedoras. Se creó en 1907 una Dirección del Trabajo que fue la que Juan Domingo Perón convirtió en Secretaría en 1945 y luego en ministerio. La idea era que el Estado sea árbitro en los conflictos entre el capital y los trabajadores, pero sobre todo, cumplió la función de vigilar que todas las nuevas leyes laborales se cumplan. Por eso este ministerio molestó tanto a las elites. A partir de 1955 le cambiaron sus funciones, el máximo ejemplo de ese nuevo rumbo fue el nombramiento al frente de Trabajo del ultraliberal, Ingeniero Alvaro Alsogaray. Devaluar el ministerio de Trabajo es achicar la intervención del Estado y dejar inermes a los laburantes y sus sindicatos frente a los grandes empresarios.
No muy diferente es el significado del paso del Ministerio de Salud a secretaría. En 1945 Perón le escribió a Ramón Carrillo la carta que ha circulado en forma viral por las redes: “Mire Carrillo, me parece increíble que tengamos un Ministerio de Ganadería que se ocupa de cuidar a las vacas y no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente”. Carrillo pasó a ser el primero en ocupar ese ministerio, y su labor en el fortalecimiento de la salud pública fue inigualable. A modo de ejemplo basta con decir que Argentina erradicó el paludismo antes que EEUU. En el mejor sentido de la palabra Carrillo politizó la medicina: “la peor enfermedad es la pobreza”. No le perdonaron su audacia, después del golpe de 1955 lo acusaron de enriquecerse, de ser un corrupto. Lo cierto es que murió al año siguiente en medio de grandes penurias económicas en un pueblo perdido de Brasil.
Están claras las prioridades de un gobierno si se le baja la categoría al Ministerio de Salud, y se fortalece el de Transporte.
En diciembre de 2007, al asumir la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, una de las decisiones que tomó fue crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Su misión era orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje del desarrollo. Fue en el contexto en el que se hicieron grandes esfuerzos por repatriar científicos que se habían ido al exterior en cada una de las recurrentes crisis que constituyen nuestro modus vivendi. El primer y único ministro que ocupó el cargo fue Lino Barañao, quien se aferró con éxito a su cargo a pesar del cambio copernicano que el gobierno de Cambiemos decidió darle al desarrollo científico. El ahogo presupuestario, el corte de becas y de ingresos a la investigación fueron denunciados desde 2016. El paradigma científico actual difiere largamente del que estaba vigente al crearse el ministerio. Se ha priorizado traer desde el exterior todo lo que podría haberse desarrollado con recursos nacionales. En su camino a la degradación recuerdo cuando Barañao dijo en la revista Noticias que el Conicet no debería financiar el estudio de la Edad Media, sin darse cuenta que se estaba echando tierra encima. No se han escuchado palabras del ex ministro, tal vez preocupado por no convertirse también en ex secretario.
En esta línea de “defensa de la soberanía extranjera”, no puede asombrar que el Ministerio de Cultura de la Nación vuelva a ser una secretaría. Creado en mayo de 2014, su corta vida es solo una muestra más del derrotero pendular de la historia argentina. La función que se le había asignado en el momento de su creación era: “planificar y ejecutar estrategias para la promoción, rescate, preservación, estímulo, acrecentamiento y difusión, en el ámbito nacional e internacional, del patrimonio cultural de Argentina”. En aquel momento parecía lógica la apuesta, solo cuatro años después pareciera que hablamos de otra era geológica.
El que fuera hasta hace unos días el ministro de Medio Ambiente hace mucho tiempo que no está en la palestra pública. Una de las últimas veces que se lo vio estaba disfrazado de árbol intentando transmitir un mensaje que no fue entendido en su momento, ni en ningún otro. Tiempo después se lo vio trayendo televisores Leds desde Chile. El ministerio fue creado por el actual gobierno, y tal vez sea el de más corta existencia de nuestra historia. En su declaración de principios, el ministro rabino explicó que su principal objetivo era asistir al Presidente de la Nación y sus ministerios en el área, como así “coordinar las políticas del gobierno nacional que tengan impacto en la política ambiental, estableciendo la planificación estratégica de políticas y programas ambientales del gobierno nacional” . Tal vez no sea muy aventurado afirmar que este ministerio nunca existió.
Si la creación de cada uno de estos ministerios fue en su momento una apuesta por nuevas políticas, no cabe duda que su degradación, constituyen renuncias, un nuevo paso atrás del Estado, una mayor indefensión de la sociedad frente a eso que llaman mercado.
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Fecha de Publicación: 12/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La devaluación de diez ministerios nacionales a secretarias decidida por el presidente Mauricio Macri tiene una implicancia cristalina, que salta a la vista con el solo trámite de revisar en la historia el momento y los motivos por lo que fueron creados. Cada ministerio que se cierra o se desjerarquiza, es una política pública que se jibariza. No son casuales las permanentes alusiones del presidente a la ineficiencia del estado en los últimos setenta años. Con solo agarrar una calculadora, si le restamos esos años al presente 2018, nos trasladamos a 1948, y le pegamos de lleno al primer gobierno peronista. Fue con la reforma constitucional de 1949 que se crearon los ministerios de Trabajo, y el de Salud entre otros, y se separó el de Educación del de Justicia. Crear ministerios no era cosa de todos los días, eran apuestas a nuevas políticas.
La Constitución Nacional de 1853 estableció que el Poder Ejecutivo debía contar con cinco ministerios: del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia e Instrucción Pública y de Guerra y Marina. Una modificación constitucional en 1898 elevó a ocho el número de ministerios, al agregarse: Agricultura https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Agroindustria_(Argentina), Obras Públicas y se escindió Marina del Ministerio de Guerra. No volvió a haber cambios hasta 1949 por lo que tenemos en casi cien años una sola modificación.
El disuelto y rebajado ministerio de Trabajo, fue el fruto de un largo proceso histórico. La primera vez que el Estado tuvo un interés profundo por saber la situación de los trabajadores fue en 1904, se le encomendó al médico y abogado, Juan Bialet Massé, un informe sobre la situación de las clases obreras, quien luego de viajar durante meses por los lugares más recónditos del país, entregó 1500 páginas estremecedoras. Se creó en 1907 una Dirección del Trabajo que fue la que Juan Domingo Perón convirtió en Secretaría en 1945 y luego en ministerio. La idea era que el Estado sea árbitro en los conflictos entre el capital y los trabajadores, pero sobre todo, cumplió la función de vigilar que todas las nuevas leyes laborales se cumplan. Por eso este ministerio molestó tanto a las elites. A partir de 1955 le cambiaron sus funciones, el máximo ejemplo de ese nuevo rumbo fue el nombramiento al frente de Trabajo del ultraliberal, Ingeniero Alvaro Alsogaray. Devaluar el ministerio de Trabajo es achicar la intervención del Estado y dejar inermes a los laburantes y sus sindicatos frente a los grandes empresarios.
No muy diferente es el significado del paso del Ministerio de Salud a secretaría. En 1945 Perón le escribió a Ramón Carrillo la carta que ha circulado en forma viral por las redes: “Mire Carrillo, me parece increíble que tengamos un Ministerio de Ganadería que se ocupa de cuidar a las vacas y no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente”. Carrillo pasó a ser el primero en ocupar ese ministerio, y su labor en el fortalecimiento de la salud pública fue inigualable. A modo de ejemplo basta con decir que Argentina erradicó el paludismo antes que EEUU. En el mejor sentido de la palabra Carrillo politizó la medicina: “la peor enfermedad es la pobreza”. No le perdonaron su audacia, después del golpe de 1955 lo acusaron de enriquecerse, de ser un corrupto. Lo cierto es que murió al año siguiente en medio de grandes penurias económicas en un pueblo perdido de Brasil.
Están claras las prioridades de un gobierno si se le baja la categoría al Ministerio de Salud, y se fortalece el de Transporte.
En diciembre de 2007, al asumir la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, una de las decisiones que tomó fue crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Su misión era orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje del desarrollo. Fue en el contexto en el que se hicieron grandes esfuerzos por repatriar científicos que se habían ido al exterior en cada una de las recurrentes crisis que constituyen nuestro modus vivendi. El primer y único ministro que ocupó el cargo fue Lino Barañao, quien se aferró con éxito a su cargo a pesar del cambio copernicano que el gobierno de Cambiemos decidió darle al desarrollo científico. El ahogo presupuestario, el corte de becas y de ingresos a la investigación fueron denunciados desde 2016. El paradigma científico actual difiere largamente del que estaba vigente al crearse el ministerio. Se ha priorizado traer desde el exterior todo lo que podría haberse desarrollado con recursos nacionales. En su camino a la degradación recuerdo cuando Barañao dijo en la revista Noticias que el Conicet no debería financiar el estudio de la Edad Media, sin darse cuenta que se estaba echando tierra encima. No se han escuchado palabras del ex ministro, tal vez preocupado por no convertirse también en ex secretario.
En esta línea de “defensa de la soberanía extranjera”, no puede asombrar que el Ministerio de Cultura de la Nación vuelva a ser una secretaría. Creado en mayo de 2014, su corta vida es solo una muestra más del derrotero pendular de la historia argentina. La función que se le había asignado en el momento de su creación era: “planificar y ejecutar estrategias para la promoción, rescate, preservación, estímulo, acrecentamiento y difusión, en el ámbito nacional e internacional, del patrimonio cultural de Argentina”. En aquel momento parecía lógica la apuesta, solo cuatro años después pareciera que hablamos de otra era geológica.
El que fuera hasta hace unos días el ministro de Medio Ambiente hace mucho tiempo que no está en la palestra pública. Una de las últimas veces que se lo vio estaba disfrazado de árbol intentando transmitir un mensaje que no fue entendido en su momento, ni en ningún otro. Tiempo después se lo vio trayendo televisores Leds desde Chile. El ministerio fue creado por el actual gobierno, y tal vez sea el de más corta existencia de nuestra historia. En su declaración de principios, el ministro rabino explicó que su principal objetivo era asistir al Presidente de la Nación y sus ministerios en el área, como así “coordinar las políticas del gobierno nacional que tengan impacto en la política ambiental, estableciendo la planificación estratégica de políticas y programas ambientales del gobierno nacional” . Tal vez no sea muy aventurado afirmar que este ministerio nunca existió.
Si la creación de cada uno de estos ministerios fue en su momento una apuesta por nuevas políticas, no cabe duda que su degradación, constituyen renuncias, un nuevo paso atrás del Estado, una mayor indefensión de la sociedad frente a eso que llaman mercado.
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Chubut: afirman que buscarán la licencia social para la minería
Jerónimo: «Tenemos que lograr licencia social para una minería sustentable»
Fecha de Publicación: 11/09/2018
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El jefe de la bancada del Chusoto, Jerónimo García, fue designado por el gobernador Mariano Arcioni para mantener conversaciones con el sector minero.
Dejó en claro que sólo se podrá avanzar con la actividad si se alcanza la licencia social y se cumple con ciertos parámetros para una minería sustentable y que resulte beneficiosa para la provincia.
Sostuvo el legislador en el programa A Primera Hora de FM EL CHUBUT, que «están muy apurados» desde Pan American Silver y también desde el Gobierno macional. Planteó que en la Legislatura es donde se debe dar el debate.
El Gobernador «sigue sosteniendo que nosotros tenemos que obtener el tema de la licencia social, obtener una minería sustentable, un marco beneficioso para la provincia», y si esto no se consigue ahora bajo estas condiciones «no se va a habilitar la actividad a gusto y piacere de las empresas». Así definió García la posición del Gobierno de Chubut en torno a un posible avance de la zonificación minera.
El diputado fue designado por Mariano Arcioni para el contacto con el sector minero, pero insistió en que «éstas son las condiciones para poder avanzar con la discusión. Sin eso no hay ninguna instancia de diálogo».
El diputado García afirmó que «hay mucho interés del Estado nacional por hacer la apertura» de la minería en Chubut. Pero «a mí la instrucción que me dio el Gobernador es tratar de conseguir un esquema que favorezca a la provincia, después de cumplir los pasos de lo que él establece, siempre que se trata este tema, de producir el necesario debate, de que toda la opinión pública esté informada y que se contemple un aspecto primordial, que es obtener la licencia social. Lo que pasa es que del otro lado hay mucho apuro».
En ese apuro incluyó también a la minera Pan American Silver, concesionaria del Proyecto Navidad en la Meseta.
Y dijo además que en cada reunión con representantes del sector «te nombran a funcionarios nacionales y que ya está todo, pero no está nada». Citó incluso que «no hay reunión que hagas en Nación en que los funcionarios no te hablen de minería; vas a hablar de la cría del pingüino antártico y te dicen: pero ustedes tienen minería».
Al insistir en esas presiones para habilitar la actividad, García remarcó que «el Gobernador lo sabe, y el primero que resiste la presión es él, por eso deriva hacia otro que lo ayude a llevar la sandía».
«Hace dos años y medio» que hay presiones, sostuvo el diputado. «Me pasó cuando fui ministro coordinador de Mario Das Neves; lo que pasa es que ellos creen que en un año electoral es un tema que no se puede debatir, y lo que yo les digo es que el año electoral ya empezó.
Lo que no hay es una situación de un marco de discusión para hacer posible y racional una actividad que hoy se encuentra vedada en la provincia», agregó el legislador.
«No hay una valoración del contexto que le tocó al gobernador Arcioni»
Jerónimo García consideró que en la vorágine actual no se pone en valor la tarea que le tocó asumir a Mariano Arcioni en un contexto muy complicado de Chubut.
«Lo que ha pasado en Chubut es muy fuerte: perder a un gobernador en ejercicio de sus funciones, lo que le pasó al partido de gobierno de perder un liderazgo, son situaciones muy graves», graficó el diputado García, a lo que debería sumarse las causas por presunta corrupción que golpean al Gobierno.
Insistió en la implicancia que tuvo para Arcioni «el hecho de tener que hacerse cargo del Gobierno en un momento muy álgido», lo que hace que «la tarea que desarrolla el gobernador Arcioni no es menor». Y agregó García que «por ahí estamos en la vorágine todos los días y no hay una valoración de lo que es el contexto en que tenés que actuar».
Pese a todo ello, valoró que el Gobernador «fue encontrando una solución de la mano de algunas cosas favorables, como es el incremento del valor del petróleo que aumentó la actividad».
No tomó partido de un posible intento reeleccionista de Arcioni al considerar que «si se le da el crédito tendrá que manifestarlo él». Y si la sociedad le reconoce méritos «se va a demostrar en el caso de que se presente cuando haya elecciones».
«Hay cosas que no tienen sustento»
«Yo tengo una opinión formada pero no la voy a dar hasta que se resuelva, hay que dejar que continúe la Justicia», sostuvo ayer el jefe de la bancada del Chusoto en Legislatura, Jerónimo García, sobre las causas por presunta corrupción que involucran a funcionarios y ex funcionarios de la actual gestión.
Reconoció el legislador en declaraciones a FM EL CHUBUT que «hay cosas que duelen y que me parecen que no tienen sustento», pero prefiere esperar a que haya definiciones en la Justicia «porque todo lo que diga cualquiera puede descalificarlo diciendo: éste es parcial porque es amigo de fulano».
Consideró «entendible» el enojo que provoca en la sociedad este tipo de casos. Pero en su parecer «también hay un manejo de todos los comunicadores que se les nota su corazoncito para dónde está establecido. Pero es el juego de la política».
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Fecha de Publicación: 11/09/2018
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
El jefe de la bancada del Chusoto, Jerónimo García, fue designado por el gobernador Mariano Arcioni para mantener conversaciones con el sector minero.
Dejó en claro que sólo se podrá avanzar con la actividad si se alcanza la licencia social y se cumple con ciertos parámetros para una minería sustentable y que resulte beneficiosa para la provincia.
Sostuvo el legislador en el programa A Primera Hora de FM EL CHUBUT, que «están muy apurados» desde Pan American Silver y también desde el Gobierno macional. Planteó que en la Legislatura es donde se debe dar el debate.
El Gobernador «sigue sosteniendo que nosotros tenemos que obtener el tema de la licencia social, obtener una minería sustentable, un marco beneficioso para la provincia», y si esto no se consigue ahora bajo estas condiciones «no se va a habilitar la actividad a gusto y piacere de las empresas». Así definió García la posición del Gobierno de Chubut en torno a un posible avance de la zonificación minera.
El diputado fue designado por Mariano Arcioni para el contacto con el sector minero, pero insistió en que «éstas son las condiciones para poder avanzar con la discusión. Sin eso no hay ninguna instancia de diálogo».
El diputado García afirmó que «hay mucho interés del Estado nacional por hacer la apertura» de la minería en Chubut. Pero «a mí la instrucción que me dio el Gobernador es tratar de conseguir un esquema que favorezca a la provincia, después de cumplir los pasos de lo que él establece, siempre que se trata este tema, de producir el necesario debate, de que toda la opinión pública esté informada y que se contemple un aspecto primordial, que es obtener la licencia social. Lo que pasa es que del otro lado hay mucho apuro».
En ese apuro incluyó también a la minera Pan American Silver, concesionaria del Proyecto Navidad en la Meseta.
Y dijo además que en cada reunión con representantes del sector «te nombran a funcionarios nacionales y que ya está todo, pero no está nada». Citó incluso que «no hay reunión que hagas en Nación en que los funcionarios no te hablen de minería; vas a hablar de la cría del pingüino antártico y te dicen: pero ustedes tienen minería».
Al insistir en esas presiones para habilitar la actividad, García remarcó que «el Gobernador lo sabe, y el primero que resiste la presión es él, por eso deriva hacia otro que lo ayude a llevar la sandía».
«Hace dos años y medio» que hay presiones, sostuvo el diputado. «Me pasó cuando fui ministro coordinador de Mario Das Neves; lo que pasa es que ellos creen que en un año electoral es un tema que no se puede debatir, y lo que yo les digo es que el año electoral ya empezó.
Lo que no hay es una situación de un marco de discusión para hacer posible y racional una actividad que hoy se encuentra vedada en la provincia», agregó el legislador.
«No hay una valoración del contexto que le tocó al gobernador Arcioni»
Jerónimo García consideró que en la vorágine actual no se pone en valor la tarea que le tocó asumir a Mariano Arcioni en un contexto muy complicado de Chubut.
«Lo que ha pasado en Chubut es muy fuerte: perder a un gobernador en ejercicio de sus funciones, lo que le pasó al partido de gobierno de perder un liderazgo, son situaciones muy graves», graficó el diputado García, a lo que debería sumarse las causas por presunta corrupción que golpean al Gobierno.
Insistió en la implicancia que tuvo para Arcioni «el hecho de tener que hacerse cargo del Gobierno en un momento muy álgido», lo que hace que «la tarea que desarrolla el gobernador Arcioni no es menor». Y agregó García que «por ahí estamos en la vorágine todos los días y no hay una valoración de lo que es el contexto en que tenés que actuar».
Pese a todo ello, valoró que el Gobernador «fue encontrando una solución de la mano de algunas cosas favorables, como es el incremento del valor del petróleo que aumentó la actividad».
No tomó partido de un posible intento reeleccionista de Arcioni al considerar que «si se le da el crédito tendrá que manifestarlo él». Y si la sociedad le reconoce méritos «se va a demostrar en el caso de que se presente cuando haya elecciones».
«Hay cosas que no tienen sustento»
«Yo tengo una opinión formada pero no la voy a dar hasta que se resuelva, hay que dejar que continúe la Justicia», sostuvo ayer el jefe de la bancada del Chusoto en Legislatura, Jerónimo García, sobre las causas por presunta corrupción que involucran a funcionarios y ex funcionarios de la actual gestión.
Reconoció el legislador en declaraciones a FM EL CHUBUT que «hay cosas que duelen y que me parecen que no tienen sustento», pero prefiere esperar a que haya definiciones en la Justicia «porque todo lo que diga cualquiera puede descalificarlo diciendo: éste es parcial porque es amigo de fulano».
Consideró «entendible» el enojo que provoca en la sociedad este tipo de casos. Pero en su parecer «también hay un manejo de todos los comunicadores que se les nota su corazoncito para dónde está establecido. Pero es el juego de la política».
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Ambiente no es más Ministerio
Confirmado: Macri redujo a 10 los Ministerios
Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Luego de un raid de reuniones con funcionarios y dirigentes de Cambiemos en la Quinta de Olivos durante el último fin de semana, el presidente Mauricio Macri anunció hoy un profundo cambio en su Gabinete, con la eliminación de una docena de ministerios, muchos de los cuales se fusionan con otros y se degradan al nivel de secretarías. Se espera que algunos de los titulares hasta ayer de esas carteras dejen sus cargo.
El Presidente anunció que el Ministerio de Producción, que seguirá a cargo de Dante Sica, absorberá a los de Trabajo y Agroindustria, que bajarán al nivel de secretarías. En esas carteras se mantendrán sus actuales titulares, Jorge Triaca y Luis Miguel Etchevehere, respectivamente.
Asimismo, la jefatura de Gabinete, donde quedó ratificado Marcos Peña, incluirá al actual Ministerio de Modernización. Andrés Ibarra se incorpora como vicejefe, ocupando el rol que hasta ahora tenían Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, eyectados de sus cargos.
Mientras que Nicolás Dujovne seguirá al frente de Hacienda y Finanzas, que ahora se volverá a llamar Economía, pese a que todo el fin de semana se habló de su alejamiento y hasta se filtró que presentó dos veces su renuncia. En ese lugar sonaba la llegada de Carlos Melconian, histórico asesor de Macri en materia económica. Sin embargo, según trascendidos, éste no habría aceptado porque supuestamente no logró concesiones de Macri, que incluían el manejo del Banco Central y la salida de Luis Caputo. En la estructura de Hacienda se sumará Energía, que hoy está a cargo de Javier Iguacel.
Además, desaparecen los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sergio Bergman) y de Turismo (Gustavo Santos), que ahora dependerán directamente de Presidencia.
Educación, con Alejandro Finocchiaro a la cabeza, sumará a Cultura y Ciencia, cuyos actuales ministros, Pablo Avelluto y Lino Barañao, ahora serán secretarios. En tanto que Seguridad (Patricia Bullrich), Justicia (Germán Garavano) y Defensa (Oscar Aguad) no tendrán cambios. Lo mismo que Interior (Rogelio Frigerio) y Transporte (Guillermo Dietrich).
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quedó fortalecida con la incorporación de Salud, que ahora será una secretaría en control de su actual titular, Adolfo Rubinstein.
También se mencionó que Alfonso Prat Gay, exministro Economía, regresaría al Gabinete como canciller, aunque finalmente eso no se concretó. En el cargo seguirá Jorge Faurie.
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Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Luego de un raid de reuniones con funcionarios y dirigentes de Cambiemos en la Quinta de Olivos durante el último fin de semana, el presidente Mauricio Macri anunció hoy un profundo cambio en su Gabinete, con la eliminación de una docena de ministerios, muchos de los cuales se fusionan con otros y se degradan al nivel de secretarías. Se espera que algunos de los titulares hasta ayer de esas carteras dejen sus cargo.
El Presidente anunció que el Ministerio de Producción, que seguirá a cargo de Dante Sica, absorberá a los de Trabajo y Agroindustria, que bajarán al nivel de secretarías. En esas carteras se mantendrán sus actuales titulares, Jorge Triaca y Luis Miguel Etchevehere, respectivamente.
Asimismo, la jefatura de Gabinete, donde quedó ratificado Marcos Peña, incluirá al actual Ministerio de Modernización. Andrés Ibarra se incorpora como vicejefe, ocupando el rol que hasta ahora tenían Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, eyectados de sus cargos.
Mientras que Nicolás Dujovne seguirá al frente de Hacienda y Finanzas, que ahora se volverá a llamar Economía, pese a que todo el fin de semana se habló de su alejamiento y hasta se filtró que presentó dos veces su renuncia. En ese lugar sonaba la llegada de Carlos Melconian, histórico asesor de Macri en materia económica. Sin embargo, según trascendidos, éste no habría aceptado porque supuestamente no logró concesiones de Macri, que incluían el manejo del Banco Central y la salida de Luis Caputo. En la estructura de Hacienda se sumará Energía, que hoy está a cargo de Javier Iguacel.
Además, desaparecen los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sergio Bergman) y de Turismo (Gustavo Santos), que ahora dependerán directamente de Presidencia.
Educación, con Alejandro Finocchiaro a la cabeza, sumará a Cultura y Ciencia, cuyos actuales ministros, Pablo Avelluto y Lino Barañao, ahora serán secretarios. En tanto que Seguridad (Patricia Bullrich), Justicia (Germán Garavano) y Defensa (Oscar Aguad) no tendrán cambios. Lo mismo que Interior (Rogelio Frigerio) y Transporte (Guillermo Dietrich).
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quedó fortalecida con la incorporación de Salud, que ahora será una secretaría en control de su actual titular, Adolfo Rubinstein.
También se mencionó que Alfonso Prat Gay, exministro Economía, regresaría al Gabinete como canciller, aunque finalmente eso no se concretó. En el cargo seguirá Jorge Faurie.
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Grave denuncia de desmonte en Misiones
Frenan desmonte en comunidad Mbya
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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OPDS impulsa la economía circular
OPDS y UIPBA impulsan la economía circular en Campana
Fecha de Publicación: 25/08/2018
Fuente: Prensa OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
Con representantes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y profesionales de entidades privadas, se llevó a cabo el primer encuentro para aplicar el proyecto "Diseño y optimización de la Economía Circular en el Partido de Campana", en el Salón Auditorio de Tenaris University.
La idea es integrar a los actores locales y regionales para aprovechar los recursos, identificados durante subproductos post industriales a través del reciclado y la reutilización.
"La economía circular se basa en esta premisa, que es la de no solo reciclar y reutilizar productos, sino también devolverlos al mercado como material comercial", subrayó Oscar Solís, director provincial para el Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del OPDS, quien agregó que "esto genera nuevos horizontes de empleo en materia de cooperativas recicladoras, cuyo trabajo es fundamental dentro del engranaje del sistema circular".
El proyecto busca impulsar políticas y acciones específicas para establecer un mapa de trabajo en el que se reunan actores tanto del ámbito público como privado. Contando con la coordinación de los encargados del programa de Economía Circular del OPDS, se llevarán a cabo reuniones semanales con todos los participantes para comenzar a aplicar el proyecto en el municipio.
Cabe recordar que este programa se enmarca dentro de la Mesa Ambiental Provincial, presentada en marzo por el OPDS, la cual propone el trabajo colectivo entre provincia y municipios en pos del uso sustentable y el cuidado del ambiente bonaerense.
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Fecha de Publicación: 25/08/2018
Fuente: Prensa OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
Con representantes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y profesionales de entidades privadas, se llevó a cabo el primer encuentro para aplicar el proyecto "Diseño y optimización de la Economía Circular en el Partido de Campana", en el Salón Auditorio de Tenaris University.
La idea es integrar a los actores locales y regionales para aprovechar los recursos, identificados durante subproductos post industriales a través del reciclado y la reutilización.
"La economía circular se basa en esta premisa, que es la de no solo reciclar y reutilizar productos, sino también devolverlos al mercado como material comercial", subrayó Oscar Solís, director provincial para el Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del OPDS, quien agregó que "esto genera nuevos horizontes de empleo en materia de cooperativas recicladoras, cuyo trabajo es fundamental dentro del engranaje del sistema circular".
El proyecto busca impulsar políticas y acciones específicas para establecer un mapa de trabajo en el que se reunan actores tanto del ámbito público como privado. Contando con la coordinación de los encargados del programa de Economía Circular del OPDS, se llevarán a cabo reuniones semanales con todos los participantes para comenzar a aplicar el proyecto en el municipio.
Cabe recordar que este programa se enmarca dentro de la Mesa Ambiental Provincial, presentada en marzo por el OPDS, la cual propone el trabajo colectivo entre provincia y municipios en pos del uso sustentable y el cuidado del ambiente bonaerense.
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Para los sojeros todo, para la agricultura familiar nada
La Agricultura Familiar, entre el vaciamiento y la disputa campesina por la tierra
Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional eliminó el Monotributo Social Agropecuario gratuito (MSA), y con eso dejó a miles de trabajadores de la tierra y familias campesinas sin obra social, aportes jubilatorios e instrumento de facturación para la venta de sus productos. La situación no fue sorpresiva, ya que desde hace varios meses desde el Ministerio de Agroindustria se impedía la incorporación de nuevos productores en el ReNAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar) y se bloqueaban nuevas altas de MSA.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país. Produce alrededor del 60% de las verduras, el 85% del sector caprino, más del 50% de porcinos, pollos parrilleros y explotaciones de tambo, y genera el 64% del trabajo permanente en el campo. Así, contribuye con el 27% del valor de la producción agropecuaria del país. Sin embargo, la diferencia entre lo que se paga al productor y lo que los productos cuestan en el mercado ronda entre el 500 al 1000 por ciento. Lo que significa que, a pesar de trabajar intensamente, en la mayoría de los casos las familias obtienen insuficientes ingresos económicos. Otra de las debilidades del sector es la precariedad del acceso y tenencia de la tierra. Miles de familias deben arrendar para producir y muchasotras carecen de títulos de propiedad, ya que son poseedoras ancestrales y por generaciones.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país y genera el 64% del trabajo permanente en el campo.
En 2015, más de 100 mil familias figuraban registradas en el ReNAF y con monotributo social agropecuario. Pero el ataque sistemático contra el sector, acompañado por el desmantelamiento continuo del área, los nuevos parámetros exigidos para inscribirse, la obligación de reempadronamiento anual, y la exclusión de las organizaciones campesinas como entidades de registro, significó una fuerte reducción: en 2018, según datos oficiales, quedan solo 55 mil productores con el beneficio y unos 50 mil adherentes.
Desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, se apuntó contra la agricultura familiar y campesina con acciones como la eliminación de la Secretaria de Agricultura Familiar, el desfinanciamiento de todos los programas, la reformulación de Cambio Rural del INTA para excluir a buena parte del sector, el desfinanciamiento de la mesa caprina, entre otras. Estas medidas fueron acompañadas por un discurso oficial descalificador cuya idea central es que se trata de un sector improductivo. Se desarticuló el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar y el gobierno abandonó la mesa de diálogo por los conflictos agrarios que había surgido a iniciativa de la Iglesia y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También desapareció el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y se volvió a entregar el control del trabajo agrario a la Sociedad Rural Argentina.
A diez años de la 125
A comienzos de 2008, la crisis financiera internacional golpeó con fuerza los modelos neodesarrollistas, que en base al alto valor de los commodities (sobrevaluados por la especulación financiera y el poder de las corporaciones) permitían a los gobiernos progresistas del sur una política de distribución de ingresos. El Gobierno conducido por Fernández de Kirchner apuntó a mantener tasas de distribución en el marco de la tormenta global modificando las retenciones a la soja. La reacción del capital financiero y la oligarquía provocó una crisis política en la propia coalición gobernante. Los sectores vinculados a terratenientes y agro-negocios priorizaron defender violentamente sus privilegios corporativos. La Mesa de Enlace logró con el aporte de los grandes medios de comunicación ubicarse como la representación del campo, incluso de medianos y pequeños productores, además de contar con el apoyo de sindicalista Gerardo ‘Momo’ Venegas de la UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales que poco ha defendido los intereses de los obreros rurales y trabajadoras de la tierra.
La ofensiva ruralista construyó un relato sobre “el campo” mostrando una visión romántica de un sector unido y armónico que genera la riqueza y el bienestar del pueblo argentino, frente a un gobierno populista que aumenta impuestos para el despilfarro.
En ese relato no aparecían las corporaciones transnacionales, ni los millones de litros de agrotóxicos vertidos sobre campos, pueblos y alimentos, tampoco los rostros cansados y los cuerpos deteriorados por la explotación, el trabajo en negro e incluso esclavo que predomina en las estancias patronales, ni los fondos financieros y maniobras especulativas con las que estos agro-empresarios sacan las ganancias del país de manera clandestina para no pagar impuestos. Tampoco la terrible concentración de la tierra.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional.
El campo no es un espacio sin conflicto, sino más bien el escenario donde se desarrollaron en la historia duros enfrentamientos sobre los destinos de la patria: soberanía o dependencia.
El campo profundo y popular
Vía Campesina acuñó el concepto de Soberanía Alimentaria, para dar este debate en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación), durante la cumbre mundial de la alimentación de 1996 donde, en el marco de una crisis alimentaria global, el lobby de las corporaciones transnacionales presionaba por consolidar a los agro-negocios como única salida, a pesar de que el avance del capital financiero en la agricultura es lo que destruye los sistemas agroalimentarios locales provocando el aumento de personas hambrientas. Es en esa encrucijada – soberanía o dependencia – que está la llave para terminar con el hambre en el planeta.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional. Quizás por cierta subestimación de la cuestión agraria de parte de los dirigentes políticos y, por otro lado, una subestimación del rol del Estado y la política de parte de las organizaciones campesinas.
El conflicto surgido a raíz de la 125 puso en evidencia la necesidad de plantear la “cuestión agraria”, así como la necesidad de caracterizar a los sujetos, grupos y contradicciones que componen ese genérico “campo”.
En este marco de conflictividad abierta, el gobierno de CFK avanzó con la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar para construir una política orientada a los sectores populares del campo.
Diferentes representaciones agrarias, gremiales y campesinas comenzaron a interactuar con la política. Los movimientos más fuertes del campo, entre ellos el MNCI Vía Campesina, mantenían aun cierta distancia de la política y del gobierno. Circunstancia que dificultó la primera etapa de este proceso, para consolidar tiempo después una nueva institucionalidad para un sector históricamente discriminado.
En 2014 le otorgó al área el rango de Secretaría, además crear el RENATEA para abordar la problemática del trabajador y la trabajadora Rural. Se avanzó en la creación del RENAF y MSA como instrumentos para formalizar al sector.
El RENATEA fue un avance sustancial para los obreros rurales, pues hasta ese momento eran rehenes de un registro a cargo de la UATRE de Venegas, que incluía solo a personas afines al sindicalista, pero que no daba cuenta del trabajo en negro y esclavo de decenas de miles de personas.
No pretendo hacer aquí un balance de ese proceso, solo mencionar algunos ejemplos de iniciativas y políticas que emergieron de las instancias de articulación del gobierno con los movimientos ligados a la agricultura familiar como fue la creación de la SENAF dentro de SENASA (la Comisión de Agricultura Familiar, un espacio constituido por organismos públicos, universidades y organizaciones de productores), y la puesta en práctica de protocolos diferenciados para la agroindustria campesina, con mayor número de técnicos de terreno que ejecutaron programas de desarrollo rural de la mano de los humildes del campo. Se logró la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (ley 27.118) cuya reglamentación está pendiente. También se creó el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar conformado por las organizaciones del sector y los funcionarios de Agricultura, que fue un paso adelante en la construcción de una política pública adecuada a la realidad territorial.
La Reforma Agraria Pendiente
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
El límite a la cantidad de tierra que puede tener una persona o empresa, la regulación de la función social de la tierra como condición fundamental para la propiedad y usufructo, el reconocimiento a la propiedad comunitaria, así como la distribución de tierra para que las familias sin posesión puedan vivir y producir dignamente, nunca prosperaron.
Resultan actuales algunos análisis y discusiones que se dieron post 1955, luego del golpe que derrocó a Juan Domingo Perón. Jauretche escribió: “Les quemamos el hipódromo, pero les dejamos los campos” a modo de una autocrítica, pues luego de que en el plan quinquenal peronista se incluyera un programa nacional de Reforma Agraria, y que John William Cooke elaborara el proyecto de Ley, Perón dio marcha atrás promoviendo el productivismo agro-exportador. A pesar de que había sostenido: “El problema argentino está en la tierra: dad al chacarero una roca en propiedad y él os devolverá un jardín; dad al chacarero un jardín en arrendamiento y él os devolverá una roca´. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un instrumento de producción y trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja, y no del que vive consumiendo sin producir a expensas del que la labora. Sabemos que los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras y aspiramos a establecer definitivamente que en este país la tierra no debe ser un bien de renta, sino que debe pertenecer al que la fecunda con su esfuerzo. No podemos realizar este propósito de una sola vez, pero les prometo que, encarado y resuelto el problema de la tierra, no habrá un sólo argentino que no tenga derecho a ser propietario en su propia tierra”.
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
La historia se repite. Debido al problema estructural de la falta de divisas para el desarrollo, los gobiernos populares apuestan a que el capital financiero y la oligarquía mantengan el control de la tierra, pero los hechos demuestran que, además de todos los problemas de contaminación, precarización laboral y aumento de precios de los alimentos en el mercado interno, los dólares no vienen.
Desde que Cambiemos tomó el control de la política agraria ha dejado claro que su objetivo es promover el desarrollo del capital financiero en el campo, de la mano de la mercantilización de la agricultura. En ese esquema, las familias campesinas y agricultores familiares sobran, por eso pretenden excluirlos de toda identidad agraria y productiva, para estigmatizar al sector como marginales improductivos que requieren asistencialismo y por ende deben ser “atendidos” por el Ministerio de Desarrollo Social y no el de Agricultura. La embestida oficial tiene en agenda despedir a 600 trabajadores de Agricultura familiar en lo que resta del año para concretar el vaciamiento institucional.
Sin embargo, diversos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y un fortalecimiento de la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo. El 26 de julio se desarrollaron acciones de movilización agraria en todo el país y un abrazo simbólico al Ministerio de Agroindustria para exigir que frene el ajuste, que combinado con los tarifazos, la inflación y la apertura de las importaciones golpean muy duro a los pueblos rurales.
Diversas organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina (MNCI), la Federación Agraria Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), La Federación Nacional Campesina (Expresión rural de la CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE Rural), entre otras, protagonizan ese proceso. Además de organizaciones locales y provinciales que aún no cuentan con una expresión nacional.
Distintos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y fortaleció la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo.
A pesar de las dificultades que la geografía y dispersión imponen, las organizaciones agrarias y campesinas vienen recorriendo un camino de acumulación y articulación cada vez más importante, fortaleciendo su identidad de pertenencia a la clase trabajadora, y fundamentalmente a los más humildes.
Será un desafío para el campo popular, al retomar el control del Estado, intentar terminar con estos “ciclos” en los que la restauración conservadora se nutre del poder terrateniente por lo que, en un Programa Nacional y Popular no debería estar ausente la Reforma Agraria como base fundamental para consolidar la Soberanía Alimentaria y la democracia.
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Fecha de Publicación: 21/08/2018
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional eliminó el Monotributo Social Agropecuario gratuito (MSA), y con eso dejó a miles de trabajadores de la tierra y familias campesinas sin obra social, aportes jubilatorios e instrumento de facturación para la venta de sus productos. La situación no fue sorpresiva, ya que desde hace varios meses desde el Ministerio de Agroindustria se impedía la incorporación de nuevos productores en el ReNAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar) y se bloqueaban nuevas altas de MSA.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país. Produce alrededor del 60% de las verduras, el 85% del sector caprino, más del 50% de porcinos, pollos parrilleros y explotaciones de tambo, y genera el 64% del trabajo permanente en el campo. Así, contribuye con el 27% del valor de la producción agropecuaria del país. Sin embargo, la diferencia entre lo que se paga al productor y lo que los productos cuestan en el mercado ronda entre el 500 al 1000 por ciento. Lo que significa que, a pesar de trabajar intensamente, en la mayoría de los casos las familias obtienen insuficientes ingresos económicos. Otra de las debilidades del sector es la precariedad del acceso y tenencia de la tierra. Miles de familias deben arrendar para producir y muchasotras carecen de títulos de propiedad, ya que son poseedoras ancestrales y por generaciones.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector importante aunque históricamente invisibilizado. Ocupa solo el 18 % de las tierras agrícola-ganaderas, pero representa al 75% de los productores del país y genera el 64% del trabajo permanente en el campo.
En 2015, más de 100 mil familias figuraban registradas en el ReNAF y con monotributo social agropecuario. Pero el ataque sistemático contra el sector, acompañado por el desmantelamiento continuo del área, los nuevos parámetros exigidos para inscribirse, la obligación de reempadronamiento anual, y la exclusión de las organizaciones campesinas como entidades de registro, significó una fuerte reducción: en 2018, según datos oficiales, quedan solo 55 mil productores con el beneficio y unos 50 mil adherentes.
Desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, se apuntó contra la agricultura familiar y campesina con acciones como la eliminación de la Secretaria de Agricultura Familiar, el desfinanciamiento de todos los programas, la reformulación de Cambio Rural del INTA para excluir a buena parte del sector, el desfinanciamiento de la mesa caprina, entre otras. Estas medidas fueron acompañadas por un discurso oficial descalificador cuya idea central es que se trata de un sector improductivo. Se desarticuló el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar y el gobierno abandonó la mesa de diálogo por los conflictos agrarios que había surgido a iniciativa de la Iglesia y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También desapareció el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y se volvió a entregar el control del trabajo agrario a la Sociedad Rural Argentina.
A diez años de la 125
A comienzos de 2008, la crisis financiera internacional golpeó con fuerza los modelos neodesarrollistas, que en base al alto valor de los commodities (sobrevaluados por la especulación financiera y el poder de las corporaciones) permitían a los gobiernos progresistas del sur una política de distribución de ingresos. El Gobierno conducido por Fernández de Kirchner apuntó a mantener tasas de distribución en el marco de la tormenta global modificando las retenciones a la soja. La reacción del capital financiero y la oligarquía provocó una crisis política en la propia coalición gobernante. Los sectores vinculados a terratenientes y agro-negocios priorizaron defender violentamente sus privilegios corporativos. La Mesa de Enlace logró con el aporte de los grandes medios de comunicación ubicarse como la representación del campo, incluso de medianos y pequeños productores, además de contar con el apoyo de sindicalista Gerardo ‘Momo’ Venegas de la UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales que poco ha defendido los intereses de los obreros rurales y trabajadoras de la tierra.
La ofensiva ruralista construyó un relato sobre “el campo” mostrando una visión romántica de un sector unido y armónico que genera la riqueza y el bienestar del pueblo argentino, frente a un gobierno populista que aumenta impuestos para el despilfarro.
En ese relato no aparecían las corporaciones transnacionales, ni los millones de litros de agrotóxicos vertidos sobre campos, pueblos y alimentos, tampoco los rostros cansados y los cuerpos deteriorados por la explotación, el trabajo en negro e incluso esclavo que predomina en las estancias patronales, ni los fondos financieros y maniobras especulativas con las que estos agro-empresarios sacan las ganancias del país de manera clandestina para no pagar impuestos. Tampoco la terrible concentración de la tierra.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional.
El campo no es un espacio sin conflicto, sino más bien el escenario donde se desarrollaron en la historia duros enfrentamientos sobre los destinos de la patria: soberanía o dependencia.
El campo profundo y popular
Vía Campesina acuñó el concepto de Soberanía Alimentaria, para dar este debate en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación), durante la cumbre mundial de la alimentación de 1996 donde, en el marco de una crisis alimentaria global, el lobby de las corporaciones transnacionales presionaba por consolidar a los agro-negocios como única salida, a pesar de que el avance del capital financiero en la agricultura es lo que destruye los sistemas agroalimentarios locales provocando el aumento de personas hambrientas. Es en esa encrucijada – soberanía o dependencia – que está la llave para terminar con el hambre en el planeta.
En la Argentina, los movimientos campesinos y de la agricultura familiar venían dando duras batallas contra el agro-negocio, las corporaciones y terratenientes. Sin embargo, no se había logrado una articulación política e institucional. Quizás por cierta subestimación de la cuestión agraria de parte de los dirigentes políticos y, por otro lado, una subestimación del rol del Estado y la política de parte de las organizaciones campesinas.
El conflicto surgido a raíz de la 125 puso en evidencia la necesidad de plantear la “cuestión agraria”, así como la necesidad de caracterizar a los sujetos, grupos y contradicciones que componen ese genérico “campo”.
En este marco de conflictividad abierta, el gobierno de CFK avanzó con la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar para construir una política orientada a los sectores populares del campo.
Diferentes representaciones agrarias, gremiales y campesinas comenzaron a interactuar con la política. Los movimientos más fuertes del campo, entre ellos el MNCI Vía Campesina, mantenían aun cierta distancia de la política y del gobierno. Circunstancia que dificultó la primera etapa de este proceso, para consolidar tiempo después una nueva institucionalidad para un sector históricamente discriminado.
En 2014 le otorgó al área el rango de Secretaría, además crear el RENATEA para abordar la problemática del trabajador y la trabajadora Rural. Se avanzó en la creación del RENAF y MSA como instrumentos para formalizar al sector.
El RENATEA fue un avance sustancial para los obreros rurales, pues hasta ese momento eran rehenes de un registro a cargo de la UATRE de Venegas, que incluía solo a personas afines al sindicalista, pero que no daba cuenta del trabajo en negro y esclavo de decenas de miles de personas.
No pretendo hacer aquí un balance de ese proceso, solo mencionar algunos ejemplos de iniciativas y políticas que emergieron de las instancias de articulación del gobierno con los movimientos ligados a la agricultura familiar como fue la creación de la SENAF dentro de SENASA (la Comisión de Agricultura Familiar, un espacio constituido por organismos públicos, universidades y organizaciones de productores), y la puesta en práctica de protocolos diferenciados para la agroindustria campesina, con mayor número de técnicos de terreno que ejecutaron programas de desarrollo rural de la mano de los humildes del campo. Se logró la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (ley 27.118) cuya reglamentación está pendiente. También se creó el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar conformado por las organizaciones del sector y los funcionarios de Agricultura, que fue un paso adelante en la construcción de una política pública adecuada a la realidad territorial.
La Reforma Agraria Pendiente
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
El límite a la cantidad de tierra que puede tener una persona o empresa, la regulación de la función social de la tierra como condición fundamental para la propiedad y usufructo, el reconocimiento a la propiedad comunitaria, así como la distribución de tierra para que las familias sin posesión puedan vivir y producir dignamente, nunca prosperaron.
Resultan actuales algunos análisis y discusiones que se dieron post 1955, luego del golpe que derrocó a Juan Domingo Perón. Jauretche escribió: “Les quemamos el hipódromo, pero les dejamos los campos” a modo de una autocrítica, pues luego de que en el plan quinquenal peronista se incluyera un programa nacional de Reforma Agraria, y que John William Cooke elaborara el proyecto de Ley, Perón dio marcha atrás promoviendo el productivismo agro-exportador. A pesar de que había sostenido: “El problema argentino está en la tierra: dad al chacarero una roca en propiedad y él os devolverá un jardín; dad al chacarero un jardín en arrendamiento y él os devolverá una roca´. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un instrumento de producción y trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja, y no del que vive consumiendo sin producir a expensas del que la labora. Sabemos que los hombres que trabajan la tierra reclaman mejoras y aspiramos a establecer definitivamente que en este país la tierra no debe ser un bien de renta, sino que debe pertenecer al que la fecunda con su esfuerzo. No podemos realizar este propósito de una sola vez, pero les prometo que, encarado y resuelto el problema de la tierra, no habrá un sólo argentino que no tenga derecho a ser propietario en su propia tierra”.
De este proceso quedó pendiente la democratización de la tierra. Y fue la clase que ostenta la propiedad concentrada de la tierra uno de los centros de poder desde donde la reacción conservadora retomó su iniciativa para recuperar el Estado.
La historia se repite. Debido al problema estructural de la falta de divisas para el desarrollo, los gobiernos populares apuestan a que el capital financiero y la oligarquía mantengan el control de la tierra, pero los hechos demuestran que, además de todos los problemas de contaminación, precarización laboral y aumento de precios de los alimentos en el mercado interno, los dólares no vienen.
Desde que Cambiemos tomó el control de la política agraria ha dejado claro que su objetivo es promover el desarrollo del capital financiero en el campo, de la mano de la mercantilización de la agricultura. En ese esquema, las familias campesinas y agricultores familiares sobran, por eso pretenden excluirlos de toda identidad agraria y productiva, para estigmatizar al sector como marginales improductivos que requieren asistencialismo y por ende deben ser “atendidos” por el Ministerio de Desarrollo Social y no el de Agricultura. La embestida oficial tiene en agenda despedir a 600 trabajadores de Agricultura familiar en lo que resta del año para concretar el vaciamiento institucional.
Sin embargo, diversos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y un fortalecimiento de la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo. El 26 de julio se desarrollaron acciones de movilización agraria en todo el país y un abrazo simbólico al Ministerio de Agroindustria para exigir que frene el ajuste, que combinado con los tarifazos, la inflación y la apertura de las importaciones golpean muy duro a los pueblos rurales.
Diversas organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina (MNCI), la Federación Agraria Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), La Federación Nacional Campesina (Expresión rural de la CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural (MTE Rural), entre otras, protagonizan ese proceso. Además de organizaciones locales y provinciales que aún no cuentan con una expresión nacional.
Distintos procesos de re articulación del sector están sucediendo, junto a la emergencia de nuevas organizaciones. El Verdurazo es una novedosa forma de lucha, que sumó visibilidad a la histórica disputa por la Tierra que se libra en el campo profundo, y fortaleció la alianza con los trabajadores de la Economía popular y el sindicalismo.
A pesar de las dificultades que la geografía y dispersión imponen, las organizaciones agrarias y campesinas vienen recorriendo un camino de acumulación y articulación cada vez más importante, fortaleciendo su identidad de pertenencia a la clase trabajadora, y fundamentalmente a los más humildes.
Será un desafío para el campo popular, al retomar el control del Estado, intentar terminar con estos “ciclos” en los que la restauración conservadora se nutre del poder terrateniente por lo que, en un Programa Nacional y Popular no debería estar ausente la Reforma Agraria como base fundamental para consolidar la Soberanía Alimentaria y la democracia.
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Funcionarios "manchados" por la Barrick
La mancha de la Barrick Gold llegó a los funcionarios
Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: San Juan
Fecha de Publicación: 20/08/2018
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: San Juan
La justicia Penal de San Juan condenó a funcionarios públicos por omitir sus responsabilidades de controlar y prevenir impactos ambientales producidos por la actividad minera.
En los autos "L. S. G. y otros s/ envenenamiento o adulteración de aguas", el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal condenó a funcionarios federales por omitir sus responsabilidades de controlar y prevenir impactos ambientales producidos por la actividad minera.
La demanda fue interpuesta por el Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, Mariano Aguilar, que denunció que vecinos de la localidad de San José de Jáchal, provincia de San Juan, habían advertido la rotura de un caño que la empresa “Barrick Gold” utilizaba para transportar cianuro en la mina Veladero, lo que habría ocasionado la contaminación de varios ríos hasta llegar el río Jáchal, cuyas aguas desembocan en las provincias de San Luís y Mendoza.
Para los titulares del Juzgado, los funcionarios omitieron cumplir con sus obligaciones a fin de controlar y prevenir los impactos ambientales producidos por la actividad minera, "habiendo existido falta de precaución, principio fundamental que debe regir en materia ambiental".
"El delito de abuso de autoridad es una figura penal instituida con el objeto de preservar el correcto funcionamiento de la administración pública y la consecuente legalidad que deben revestir los actos administrativos que emanan de su seno", explicaron los magistrados.
En esa línea, añadieron que ante la falta de responsabilidad, se debe condenar al funcionario público que, a partir del mal desempeño de sus funciones, omite dar cumplimiento a sus deberes y opta por ejercer arbitrariamente la autoridad oportunamente a él conferida.
Por último, los juzgadores explicaron que el abuso de autoridad también consiste en una omisión: "no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere al funcionario, debiendo el hecho revestir los caracteres de malicia señalados para la figura general".
Los jueces condenaron a los Secretarios de Ambiente y Minería de la Nación y de San Juan por incumplimientos, falta de control y otras irregularidades con relación al derrame de cianuro por parte de la firma Barrick Gold en la mina Veladero.
Los funcionarios sufrieron el embargo de sus bienes por $2.000.000 y la justicia le pidió al Ministerio de Medio Ambiente que tome cartas en el asunto para separarlos de sus cargos.
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Bergman sigue defendiendo las fumigaciones en poblados
Bergman sobre agroquímicos: “no podemos tomar posiciones extremas”
Fecha de Publicación: 15/08/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
El gobernador Gustavo Bordet recibió en Paraná al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, con quien avanzó en una agenda de temas ambientales que la provincia viene trabajando con la cartera nacional, como la construcción de rellenos sanitarios y la incorporación de energías renovables.
El ministro Sergio Bergman visitó Paraná y se reunió con el gobernador en el Centro Provincial de Convenciones. También participaron el secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri; el secretario de Energía y presidente de Enersa, Jorge González; y el subsecretario de Ambiente provincial, Lucio Amavet.
Dijo que el Ministerio a su cargo tiene una agenda que es “totalmente federal ya que el ambiente y los recursos naturales son de nuestras provincias, no de la Nación. Y respetando esa autonomía y soberanía, desde la Nación venimos a visitar nuestras provincias para trabajar con una mirada integral”.
Respecto a la agenda de temas abordados en el encuentro, Bergman mencionó la “migración hacia las energías limpias. La empresa distribuidora de energía Enersa tiene muy buenas prácticas que queremos extender al resto del país como es el caso de Mi casa solar, el uso de energías renovables, la incorporación de auto eléctricos y el protocolo de ciudad sustentable”, enumeró Bergman.
En el marco del Programa provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), trabajaron sobre los proyectos para la construcción de los cuatro rellenos sanitarios en la provincia, y para lo cual se conformaron las regiones Paraná, Concordia, La Paz-Santa Elena y Tierra de Palmares.
“Si bien los más avanzados son los de Paraná y Concordia, la idea es contemplar a todos en un plan integral que es una obligación que la provincia tiene y que desde Nación queremos acompañar”, sostuvo el rabino. Y añadió que estas obras se llevarán a cabo a través de líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se apunta a endosar a esas otras líneas para poder llegar a toda la provincia.
Su mirada sobre los fitosanitarios
Finalmente, Bergman mencionó la resolución conjunta entre cuatro Ministerios de la Nación (Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología y Ambiente) vinculada a “las buenas prácticas de aplicación, manipulación y trazabilidad de fitosanitarios”.
“Un tema que es muy controversial pero que cuenta con una visión clara de que no podemos ponernos en posiciones extremas, sino buscar las buenas prácticas y que las discusiones sean lógicas, sobre bases validadas de la ciencia y la tecnología. Necesitamos darle valor al campo, que es el motor de la economía”.
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Fecha de Publicación: 15/08/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
El gobernador Gustavo Bordet recibió en Paraná al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, con quien avanzó en una agenda de temas ambientales que la provincia viene trabajando con la cartera nacional, como la construcción de rellenos sanitarios y la incorporación de energías renovables.
El ministro Sergio Bergman visitó Paraná y se reunió con el gobernador en el Centro Provincial de Convenciones. También participaron el secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri; el secretario de Energía y presidente de Enersa, Jorge González; y el subsecretario de Ambiente provincial, Lucio Amavet.
Dijo que el Ministerio a su cargo tiene una agenda que es “totalmente federal ya que el ambiente y los recursos naturales son de nuestras provincias, no de la Nación. Y respetando esa autonomía y soberanía, desde la Nación venimos a visitar nuestras provincias para trabajar con una mirada integral”.
Respecto a la agenda de temas abordados en el encuentro, Bergman mencionó la “migración hacia las energías limpias. La empresa distribuidora de energía Enersa tiene muy buenas prácticas que queremos extender al resto del país como es el caso de Mi casa solar, el uso de energías renovables, la incorporación de auto eléctricos y el protocolo de ciudad sustentable”, enumeró Bergman.
En el marco del Programa provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), trabajaron sobre los proyectos para la construcción de los cuatro rellenos sanitarios en la provincia, y para lo cual se conformaron las regiones Paraná, Concordia, La Paz-Santa Elena y Tierra de Palmares.
“Si bien los más avanzados son los de Paraná y Concordia, la idea es contemplar a todos en un plan integral que es una obligación que la provincia tiene y que desde Nación queremos acompañar”, sostuvo el rabino. Y añadió que estas obras se llevarán a cabo a través de líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se apunta a endosar a esas otras líneas para poder llegar a toda la provincia.
Su mirada sobre los fitosanitarios
Finalmente, Bergman mencionó la resolución conjunta entre cuatro Ministerios de la Nación (Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología y Ambiente) vinculada a “las buenas prácticas de aplicación, manipulación y trazabilidad de fitosanitarios”.
“Un tema que es muy controversial pero que cuenta con una visión clara de que no podemos ponernos en posiciones extremas, sino buscar las buenas prácticas y que las discusiones sean lógicas, sobre bases validadas de la ciencia y la tecnología. Necesitamos darle valor al campo, que es el motor de la economía”.
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Salta lava su cara con la "Agencia de Protección Ambiental"
Ya funciona la Agencia de Protección Ambiental de Salta
Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La Agencia actuará garantizando el cumplimiento de las Leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
La agencia creada por el gobernador de Salta, trabaja para que se cumplan las leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia dependiente del Ministerio de Producción. Tendrá la misión de prevenir, controlar y sancionar a quien produzca daños al ambiente en la provincia. Está ubicada en la capital, Santiago del Estero 2245, y opera durante días hábiles.
"Creamos la Agencia de Protección Ambiental, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, para controlar y fiscalizar el cuidado del bosque nativo, sancionando la tala y el desmonte ilegal, con sanciones que van desde multas, reparación del daño ambiental, hasta clausura de establecimientos", destacó Juan Manuel Urtubey.
Ignacio Goitia, designado Director Ejecutivo de APAS dijo “Apuntamos a que el trabajo de la Agencia cuente con el involucramiento y aporte de asociaciones civiles para garantizar a los salteños un ambiente sustentable” y anticipó que planifican reuniones en este sentido para las cuales ya se cursaron invitaciones distintas asociaciones.
El funcionario adelantó que el trabajo estará enfocado en la lucha contra el desmonte y la tala ilegal; y al resto de las infracciones detalladas en las leyes ambientales de la provincia, por medio de acciones preventivas, controles coordinados con las fuerzas de seguridad y aplicación de sanciones. Además velará por el cumplimiento de las remediaciones y compensaciones impuestas a los infractores.
También se recopilará información para crear estadísticas y conformar las bases de datos necesarias para un mejor conocimiento de la situación y de los infractores ambientales en la provincia. El trabajo se realizará con participación y colaboración de las asociaciones y organizaciones vinculadas a la protección del ambiente.
Asimismo, el gobernador invitó a organismos privados, organizaciones locales e internacionales a sumarse a las tareas de control y fiscalización. "En conjunto buscamos no sólo preservar los estándares ambientales que desde este momento tenemos, sino también garantizar en los casos que se hayan producido daño, la enmendación, mitigación y sanción correspondientes, finalizó Urtubey.
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Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La Agencia actuará garantizando el cumplimiento de las Leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
La agencia creada por el gobernador de Salta, trabaja para que se cumplan las leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia dependiente del Ministerio de Producción. Tendrá la misión de prevenir, controlar y sancionar a quien produzca daños al ambiente en la provincia. Está ubicada en la capital, Santiago del Estero 2245, y opera durante días hábiles.
"Creamos la Agencia de Protección Ambiental, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, para controlar y fiscalizar el cuidado del bosque nativo, sancionando la tala y el desmonte ilegal, con sanciones que van desde multas, reparación del daño ambiental, hasta clausura de establecimientos", destacó Juan Manuel Urtubey.
Ignacio Goitia, designado Director Ejecutivo de APAS dijo “Apuntamos a que el trabajo de la Agencia cuente con el involucramiento y aporte de asociaciones civiles para garantizar a los salteños un ambiente sustentable” y anticipó que planifican reuniones en este sentido para las cuales ya se cursaron invitaciones distintas asociaciones.
El funcionario adelantó que el trabajo estará enfocado en la lucha contra el desmonte y la tala ilegal; y al resto de las infracciones detalladas en las leyes ambientales de la provincia, por medio de acciones preventivas, controles coordinados con las fuerzas de seguridad y aplicación de sanciones. Además velará por el cumplimiento de las remediaciones y compensaciones impuestas a los infractores.
También se recopilará información para crear estadísticas y conformar las bases de datos necesarias para un mejor conocimiento de la situación y de los infractores ambientales en la provincia. El trabajo se realizará con participación y colaboración de las asociaciones y organizaciones vinculadas a la protección del ambiente.
Asimismo, el gobernador invitó a organismos privados, organizaciones locales e internacionales a sumarse a las tareas de control y fiscalización. "En conjunto buscamos no sólo preservar los estándares ambientales que desde este momento tenemos, sino también garantizar en los casos que se hayan producido daño, la enmendación, mitigación y sanción correspondientes, finalizó Urtubey.
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Políticas al servicio de los agroquímicos
Ministros de los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsa más fumigaciones con agrotóxicos. No reconoce distancias mínimas de protección, desoye estudios científicos y silencia los reclamos de pueblos fumigados. Reacciones de los especialistas.
En un hecho inédito, cuatro ministros del gobierno Nacional presentaron medidas que favorecen el uso masivo de cuestionados agroquímicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Los ministros no citaron ninguna investigación científica que los avale y fueron cuestionados por organizaciones sociales, académicos y pueblos fumigados.
Desde hace más de quince años comenzaron a multiplicarse casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos. Las familias se organizaron para proteger la salud de sus hijos. Las Madres del Barrio Ituzaingó (Córdoba) se transformaron en un caso emblemático, con estudios que demostraron los efectos de los agrotóxicos y condena judicial a un productor y a un aplicador.
Se conformaron espacios como la “Campaña Paren de Fumigar”, que reúne decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Lograron fallos judiciales que alejan fumigaciones (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Formosa). Se fijaron límites de hasta 2000 metros para las pulverizaciones aéreas. También se aprobaron decenas de ordenanzas municipales que alejan las fumigaciones de los centros urbanos, centros de salud y de escuelas rurales. Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.
Pero el Gobierno creó el “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”. El 11 de julio, en conferencia de prensa, los ministros Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevehere presentaron los “lineamientos para su aplicación”. Cumplen todos los pedidos de las empresas: no fijan distancias mínimas para proteger a la población, no tienen en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
El Gobierno hizo propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), empresarios con gran poder de lobby, las BPA prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.
Los pueblos afectados, organizaciones sociales, agrónomos e investigadores críticos desmienten que las BPA funcionen y aclaran que el problema es el modelo agropecuario. “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas’ no existen y son imposibles de llevar a la práctica. Los ensayos de deriva (hasta dónde llega el agroquímico) se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, explicó Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, ingeniero agrónomo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, instan a que los privados (productores, empresas) sean quiénes controlen las fumigaciones y proponen que se enseñe las ventajas de los uso de agrotóxicos en las escuelas. Pretenden una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones.
Arisnabarreta resumió: “El objetivo central de los cuatro ministros, en definitiva del Gobierno, es legitimar el modelo del agronegocio que está siendo fuertemente criticado por la población”. En base a un escrito colectivo de la organización Ecos de Saladillo, Arisnabarreta remarcó que el documento del Gobierno “fue publicitado como un trabajo multidisciplinario, pero en realidad es producto de una sola mirada, de la ciencia hegemónica y corporativa”.
En conferencia de prensa, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, defendió el uso de agroquímicos: “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales. Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.
Los cuatro ministros hicieron eje en “la ciencia” para justificar que se puede fumigar sin distancias mínimas, pero no presentaron ningún estudio independiente al respecto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos. El documento con ‘recomendaciones’ del los cuatro ministros no tiene fundamentos científicos, es una decisión política”, afirmó Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.
Glifosato y cáncer
El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, remarcó que “con la salud es donde más estrictos hay que ser”. Pero, ante una pregunta de periodistas, reconoció que su Ministerio decidió que no se hicieran análisis de agroquímicos en sangre y orina (en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. En una escala de 1 a 5, el organismo lo ubicó en el segundo escalón de peligrosidad.
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Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsa más fumigaciones con agrotóxicos. No reconoce distancias mínimas de protección, desoye estudios científicos y silencia los reclamos de pueblos fumigados. Reacciones de los especialistas.
En un hecho inédito, cuatro ministros del gobierno Nacional presentaron medidas que favorecen el uso masivo de cuestionados agroquímicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Los ministros no citaron ninguna investigación científica que los avale y fueron cuestionados por organizaciones sociales, académicos y pueblos fumigados.
Desde hace más de quince años comenzaron a multiplicarse casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos. Las familias se organizaron para proteger la salud de sus hijos. Las Madres del Barrio Ituzaingó (Córdoba) se transformaron en un caso emblemático, con estudios que demostraron los efectos de los agrotóxicos y condena judicial a un productor y a un aplicador.
Se conformaron espacios como la “Campaña Paren de Fumigar”, que reúne decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Lograron fallos judiciales que alejan fumigaciones (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Formosa). Se fijaron límites de hasta 2000 metros para las pulverizaciones aéreas. También se aprobaron decenas de ordenanzas municipales que alejan las fumigaciones de los centros urbanos, centros de salud y de escuelas rurales. Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.
Pero el Gobierno creó el “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”. El 11 de julio, en conferencia de prensa, los ministros Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevehere presentaron los “lineamientos para su aplicación”. Cumplen todos los pedidos de las empresas: no fijan distancias mínimas para proteger a la población, no tienen en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
El Gobierno hizo propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), empresarios con gran poder de lobby, las BPA prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.
Los pueblos afectados, organizaciones sociales, agrónomos e investigadores críticos desmienten que las BPA funcionen y aclaran que el problema es el modelo agropecuario. “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas’ no existen y son imposibles de llevar a la práctica. Los ensayos de deriva (hasta dónde llega el agroquímico) se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, explicó Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, ingeniero agrónomo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, instan a que los privados (productores, empresas) sean quiénes controlen las fumigaciones y proponen que se enseñe las ventajas de los uso de agrotóxicos en las escuelas. Pretenden una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones.
Arisnabarreta resumió: “El objetivo central de los cuatro ministros, en definitiva del Gobierno, es legitimar el modelo del agronegocio que está siendo fuertemente criticado por la población”. En base a un escrito colectivo de la organización Ecos de Saladillo, Arisnabarreta remarcó que el documento del Gobierno “fue publicitado como un trabajo multidisciplinario, pero en realidad es producto de una sola mirada, de la ciencia hegemónica y corporativa”.
En conferencia de prensa, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, defendió el uso de agroquímicos: “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales. Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.
Los cuatro ministros hicieron eje en “la ciencia” para justificar que se puede fumigar sin distancias mínimas, pero no presentaron ningún estudio independiente al respecto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos. El documento con ‘recomendaciones’ del los cuatro ministros no tiene fundamentos científicos, es una decisión política”, afirmó Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.
Glifosato y cáncer
El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, remarcó que “con la salud es donde más estrictos hay que ser”. Pero, ante una pregunta de periodistas, reconoció que su Ministerio decidió que no se hicieran análisis de agroquímicos en sangre y orina (en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. En una escala de 1 a 5, el organismo lo ubicó en el segundo escalón de peligrosidad.
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Córdoba: dos ex secretarios de Ambiente a juicio
Confirman la elevación a juicio de la causa contra ex secretarios de Ambiente
Fecha de Publicación: 05/08/2018
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Es por la acción judicial interpuesta por la ONG Adarsa, ante la autorización de proyectos de loteos, que implicaban desmonte en área natural protegida.
La Cámara de Acusación de Córdoba rechazó ayer miércoles un Recurso de Apelación interpuesto para evitar la elevación a juicio de una causa en la que se acusa a dos ex secretarios de Ambiente de la Provincia de haber autorizado proyectos de loteos que preveían desmonte.
De esa forma, se confirmó que irá a Juicio la acción judicial que había sido interpuesta en abril pasado por la ong Adarsa (Amigos del Río San Antonio) contra los ex funcionarios Federico Luis Bocco y Raúl Costa. En la presentación además, se los denunció por el cambio de uso de suelo en un área natural protegida y abuso de autoridad, al haber incumplido con la convocatoria a una Audiencia Pública.
Cabe recordar que tras la actuación judicial, el juez Esteban Díaz Reyna decidió elevar a Juicio la causa penal contra los ex secretarios de la cartera ambiental. Según el dictamen del Juez, a los imputados se les atribuye haber autorizado los proyectos de loteo “El Dorado II” y “El Dorado III”, en la localidad de San Antonio de Arredondo, que preveían el desmonte y cambio de uso de suelo en un área natural protegida, contrariando así las normas ambientales consagradas en leyes provinciales y nacionales, por tratarse de zonas amarillas de bosque nativo.
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Fecha de Publicación: 05/08/2018
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Es por la acción judicial interpuesta por la ONG Adarsa, ante la autorización de proyectos de loteos, que implicaban desmonte en área natural protegida.
La Cámara de Acusación de Córdoba rechazó ayer miércoles un Recurso de Apelación interpuesto para evitar la elevación a juicio de una causa en la que se acusa a dos ex secretarios de Ambiente de la Provincia de haber autorizado proyectos de loteos que preveían desmonte.
De esa forma, se confirmó que irá a Juicio la acción judicial que había sido interpuesta en abril pasado por la ong Adarsa (Amigos del Río San Antonio) contra los ex funcionarios Federico Luis Bocco y Raúl Costa. En la presentación además, se los denunció por el cambio de uso de suelo en un área natural protegida y abuso de autoridad, al haber incumplido con la convocatoria a una Audiencia Pública.
Cabe recordar que tras la actuación judicial, el juez Esteban Díaz Reyna decidió elevar a Juicio la causa penal contra los ex secretarios de la cartera ambiental. Según el dictamen del Juez, a los imputados se les atribuye haber autorizado los proyectos de loteo “El Dorado II” y “El Dorado III”, en la localidad de San Antonio de Arredondo, que preveían el desmonte y cambio de uso de suelo en un área natural protegida, contrariando así las normas ambientales consagradas en leyes provinciales y nacionales, por tratarse de zonas amarillas de bosque nativo.
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Una Ley de Semillas al servicio de las multinacionales
Ley de Semillas: Federación Agraria acusó al Gobierno de "regalar la soberanía productiva"
Fecha de Publicación: 19/07/2018
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
Las internas entre las entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace y el Gobierno nacional estallaron este jueves tras un duro comunicado emitido por Federación Agraria (FAA), al que accedió LPO, en el que acusa a la Casa Rosada de "regalar la soberanía productiva".
Para la entidad federada, el supuesto acuerdo de "mayoría" que presenta el Gobierno contempla "la eliminación de los derechos de los productores de ejercer el uso propio de la semilla y sustituirlo por una licencia de multiplicación".
En dicho comunicado, FAA aseguró también que el proyecto del oficialismo "legaliza que todos los argentinos financiemos la custodia de los derechos de patentes sobre genes mediante el Instituto Nacional de Semillas, evitando a la Justicia".
La entidad que preside Omar Príncipe no se olvidó de Monsanto: "Hoy se ha llegado a la conclusión de mayoría que, casualmente, refleja al pie de la letra las imposiciones de Monsanto en 2004, las que al no poder concretarlas parlamentariamente, en 2005 decide interdictar barcos con carga nacional en puertos europeos", apuntó.
"Se pretende transformar el interior productivo y el rol indiscutible de una cadena sólida y capaz de generar desarrollo y arraigo, en un mero eslabón integrado de un contrato de producción en el que unos pocos impongan qué producir, cómo hacerlo y con quién comercializarlo", disparó FAA.
De esta manera, FAA no solo rompió con el Gobierno y el resto de la Mesa de Enlace en el tratamiento de la Ley de Semillas, sino que insistirá con su propio proyecto presentado hace tres años que cuenta con estado parlamentario.
En este contexto, el Ministerio de Agroindustria -que conduce Luis Miguel Etchevehere- prepara un proyecto con el objetivo de actualizar la Ley de Semillas que data de la década del 70. Para esto, la cartera del campo acordó una serie de puntos de entendimiento y decidió dejar de lado los aspectos en los que no hay acuerdo.
Así, la Sociedad Rural (SRA), Coninagro y ahora Confederaciones Rurales (CRA), ésta última por la presión de sus bases, llegaron a un punto de entendimiento en los últimos días con las principales empresas del sector semillero para establecer el pago de un canon por la tecnología.
"Todos los integrantes de la cadena trajeron un borrador y en base a eso se elaboró un proyecto", dijo Etchevehere. "Esto es el trabajo de todo un año entre todas las partes", agregó el ministro en declaraciones a Radio Continental reproducidas en Télam.
Etchevehere es el mayor interesado en que este año se sancione la nueva Ley de Semillas para mostrarle resultados políticos a Mauricio Macri teniendo en cuenta que si la discusión se dilata, difícilmente logre aprobarse en 2019 cuando hay elecciones presidenciales.
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Fecha de Publicación: 19/07/2018
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
Las internas entre las entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace y el Gobierno nacional estallaron este jueves tras un duro comunicado emitido por Federación Agraria (FAA), al que accedió LPO, en el que acusa a la Casa Rosada de "regalar la soberanía productiva".
Para la entidad federada, el supuesto acuerdo de "mayoría" que presenta el Gobierno contempla "la eliminación de los derechos de los productores de ejercer el uso propio de la semilla y sustituirlo por una licencia de multiplicación".
En dicho comunicado, FAA aseguró también que el proyecto del oficialismo "legaliza que todos los argentinos financiemos la custodia de los derechos de patentes sobre genes mediante el Instituto Nacional de Semillas, evitando a la Justicia".
La entidad que preside Omar Príncipe no se olvidó de Monsanto: "Hoy se ha llegado a la conclusión de mayoría que, casualmente, refleja al pie de la letra las imposiciones de Monsanto en 2004, las que al no poder concretarlas parlamentariamente, en 2005 decide interdictar barcos con carga nacional en puertos europeos", apuntó.
"Se pretende transformar el interior productivo y el rol indiscutible de una cadena sólida y capaz de generar desarrollo y arraigo, en un mero eslabón integrado de un contrato de producción en el que unos pocos impongan qué producir, cómo hacerlo y con quién comercializarlo", disparó FAA.
De esta manera, FAA no solo rompió con el Gobierno y el resto de la Mesa de Enlace en el tratamiento de la Ley de Semillas, sino que insistirá con su propio proyecto presentado hace tres años que cuenta con estado parlamentario.
En este contexto, el Ministerio de Agroindustria -que conduce Luis Miguel Etchevehere- prepara un proyecto con el objetivo de actualizar la Ley de Semillas que data de la década del 70. Para esto, la cartera del campo acordó una serie de puntos de entendimiento y decidió dejar de lado los aspectos en los que no hay acuerdo.
Así, la Sociedad Rural (SRA), Coninagro y ahora Confederaciones Rurales (CRA), ésta última por la presión de sus bases, llegaron a un punto de entendimiento en los últimos días con las principales empresas del sector semillero para establecer el pago de un canon por la tecnología.
"Todos los integrantes de la cadena trajeron un borrador y en base a eso se elaboró un proyecto", dijo Etchevehere. "Esto es el trabajo de todo un año entre todas las partes", agregó el ministro en declaraciones a Radio Continental reproducidas en Télam.
Etchevehere es el mayor interesado en que este año se sancione la nueva Ley de Semillas para mostrarle resultados políticos a Mauricio Macri teniendo en cuenta que si la discusión se dilata, difícilmente logre aprobarse en 2019 cuando hay elecciones presidenciales.
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"Recomendaciones" para agroquímicos sin protección
Presentaron recomendaciones para aplicar fitosanitarios, pero sin distancias
Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria. Esas cuatro carteras ministeriales presentaron hoy un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios en forma "sostenible y sustentable", pero sin imponer distancias mínimas tal como, en cambio, ya dispusieron decenas de Municipios en el interior con normas restrictivas.
En un encuentro en el Ministerio de Agroindustria, los ministros de esas áreas dieron a conocer los resultados del trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
En el centro de la conferencia de prensa estaban Luis Miguel Etchevehere , ministro de Agroindustria y Sergio Bergman , ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A los costados, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y el de Salud, Adolfo Rubinstein. Los cuatro presentaron las conclusiones del grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y aplicaciones fitosanitarias. "Esperamos que esto sea un insumo para que podamos tener una ley nacional sobre aplicaciones", dijo Etchevehere.
El informe final (que ya online en la web del Ministerio de Agroindustria de la Nación) propone 12 principios con el fin de ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento cercanas a centros poblados. "Estos principios ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud, el ambiente y la producción agrícola sobre la base de instituciones eficientes y eficaces, apoyadas en el conocimiento científico- tecnológico", explicaron en Agroindustria.
También incluye 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, "orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, del monitoreo ambiental, de los procedimientos para prevenir efectos no deseados en la salud y el ambiente, de la capacitación, de la comunicación pública, del fomento a las buenas prácticas y de la autogestión del sector privado".
El director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, explicó que el documento no establece distancias mínimas. "Haciendo buenas prácticas de aplicaciones la distancia deja de ser relevante. Si se hacen buenas aplicaciones, tanto las provincias como los municipios pueden legislar de acuerdo a su conveniencia. Con buenas practicas no haría falta hacer mención alguna sobre el tema de distancias", indicó.
El documento recomienda a los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable "impulsar en el Congreso de la Nación una ley sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios".
Bergman destacó que fueron meses intensos de trabajo. "Necesitamos interacción y participación de manera plural y democrática para que no haya debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia. Queremos producir más para salir de la pobreza pero sin descuidar el ambiente y la salud de la sociedad", expresó.
Los funcionarios explicaron que, a partir de ahora, habrá una etapa donde, a través de una plataforma online se abrirá una instancia de participación al público durante 30 días. "El equipo tomará los aportes de ese debate y elaborará un documento final que se presentará tanto en el Congreso de la Nación como en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA)", según explicó un funcionario.
En el informe, el grupo de trabajo destacó la importancia de realizar indicadores para el monitoreo de la adopción de las BPA, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de las mismas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales.
Además, se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios. Al respecto, promueve establecer un marco regulatorio que permita a diferentes grupos asociativos de la actividad agropecuaria asumir las responsabilidades correspondientes en implementación, control entre privados y difusión de las buenas prácticas de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas.
El grupo de profesionales que realizó el informe estuvo conformado por representantes de los cuatro ministerios y también por miembros del Cofema, del CFA, del INTA y el Senasa. Su trabajo comenzó luego de que a fines de febrero de este año Etchevehere y Bergman firmarán una resolución conjunta para establecer un marco regulatorio para la aplicación de fitosanitarios.
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Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria. Esas cuatro carteras ministeriales presentaron hoy un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios en forma "sostenible y sustentable", pero sin imponer distancias mínimas tal como, en cambio, ya dispusieron decenas de Municipios en el interior con normas restrictivas.
En un encuentro en el Ministerio de Agroindustria, los ministros de esas áreas dieron a conocer los resultados del trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
En el centro de la conferencia de prensa estaban Luis Miguel Etchevehere , ministro de Agroindustria y Sergio Bergman , ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A los costados, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y el de Salud, Adolfo Rubinstein. Los cuatro presentaron las conclusiones del grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y aplicaciones fitosanitarias. "Esperamos que esto sea un insumo para que podamos tener una ley nacional sobre aplicaciones", dijo Etchevehere.
El informe final (que ya online en la web del Ministerio de Agroindustria de la Nación) propone 12 principios con el fin de ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento cercanas a centros poblados. "Estos principios ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud, el ambiente y la producción agrícola sobre la base de instituciones eficientes y eficaces, apoyadas en el conocimiento científico- tecnológico", explicaron en Agroindustria.
También incluye 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, "orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, del monitoreo ambiental, de los procedimientos para prevenir efectos no deseados en la salud y el ambiente, de la capacitación, de la comunicación pública, del fomento a las buenas prácticas y de la autogestión del sector privado".
El director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, explicó que el documento no establece distancias mínimas. "Haciendo buenas prácticas de aplicaciones la distancia deja de ser relevante. Si se hacen buenas aplicaciones, tanto las provincias como los municipios pueden legislar de acuerdo a su conveniencia. Con buenas practicas no haría falta hacer mención alguna sobre el tema de distancias", indicó.
El documento recomienda a los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable "impulsar en el Congreso de la Nación una ley sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios".
Bergman destacó que fueron meses intensos de trabajo. "Necesitamos interacción y participación de manera plural y democrática para que no haya debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia. Queremos producir más para salir de la pobreza pero sin descuidar el ambiente y la salud de la sociedad", expresó.
Los funcionarios explicaron que, a partir de ahora, habrá una etapa donde, a través de una plataforma online se abrirá una instancia de participación al público durante 30 días. "El equipo tomará los aportes de ese debate y elaborará un documento final que se presentará tanto en el Congreso de la Nación como en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA)", según explicó un funcionario.
En el informe, el grupo de trabajo destacó la importancia de realizar indicadores para el monitoreo de la adopción de las BPA, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de las mismas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales.
Además, se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios. Al respecto, promueve establecer un marco regulatorio que permita a diferentes grupos asociativos de la actividad agropecuaria asumir las responsabilidades correspondientes en implementación, control entre privados y difusión de las buenas prácticas de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas.
El grupo de profesionales que realizó el informe estuvo conformado por representantes de los cuatro ministerios y también por miembros del Cofema, del CFA, del INTA y el Senasa. Su trabajo comenzó luego de que a fines de febrero de este año Etchevehere y Bergman firmarán una resolución conjunta para establecer un marco regulatorio para la aplicación de fitosanitarios.
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Riachuelo: una década perdida
Diez años de un fallo histórico que quedó sumergido en la nada
Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Desde los mil días de María Julia Alsogaray, pasando por las promesas de Carlos Menem, hasta los cuatro años de plazo que anunció Mauricio Macri en su candidatura porteña en 2007, la causa Mendoza se mantiene incumplida pese al fallo de la Corte.
En mil días prometió limpiarlo María Julia Alsogaray. Carlos Saúl Menem dijo que “vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Fernando De La Rúa brilló por su ausencia. La ex secretaria de Ambiente kirchnerista Romina Picolotti aseguró que se resolvería en diez años y Mauricio Macri en cuatro. Hubo una larga lista de funcionarios de todos los gobiernos que prometieron la limpieza y el saneamiento del Riachuelo, una de las promesas más repetidas de la clase política argentina. Ayer, a diez años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza - Riachuelo, la recomposición y la prevención de daños futuros casi no ha cambiado nada.
Ayer, domingo, se cumplieron exactamente diez años desde que la Corte dictó un fallo histórico y creó un cuerpo colegiado integrado por organizaciones sociales y ambientales para controlar las disposiciones en torno al saneamiento: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace. Transcurrida la década desde la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en las directivas establecidas en el fallo, lo que impacta en las más de cinco millones de personas que habitan en la cuenca.
Es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional el que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Creado en 2006 mediante la Ley 26168, el organismo es el que debía y debe ocuparse del deterioro ambiental de la Cuenca. Y con el fallo de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) lo intimó a implementar un plan de saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Causa Mendoza” (ver recuadro).
Una larga lista de promesas incumplidas que parecen formar parte de una historia sin fin. Una historia de soluciones mágicas y fantasías de triunfos grandilocuentes.
La entonces secretaria de Recursos Naturales menemista María Julia Alsogaray anunció el 4 de enero de 1993 un programa para descontaminar el Riachuelo. Y dijo que “en mil días vamos a poder tomar agua del Riachuelo”, y que estaría limpio. Días después, el presidente Carlos Menem iría mucho más lejos con un anuncio y aseguró: “En 1995 vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Pero a pesar de que el tiempo pasó y nada cambió, la mujer de la tapa con la piel de zorro hizo, cuatro años después, un anuncio que fue tan inverosímil como tragicómico: aseguró que el “objetivo es que en el Riachuelo se puedan practicar deportes de contacto directo”. El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó 250 millones de dólares para la limpieza definitiva de la cuenca, pero no se vio ningún resultado, inclusive hasta el final de su mandato. “Quise pero no pude”, dijo Alsogaray en referencia a su increíble promesa.
En 1999 asumió Fernando De La Rúa, quien claramente no le dio ni importancia ni visibilidad al tema en sus dos años de gestión como Presidente de la Nación. Tampoco lo hizo como primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este tema tampoco hizo nada relevante el economista y contador Atilio Savino, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de Néstor Kirchner.
Cuando en 2006 asumió la asambleísta de Gualeguaychú Romina Picolotti a la misma cartera, se creó Acumar. Ante el plazo que le había impuesto la Corte al Estado para la elaboración de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el Gobierno nacional había anunciado el plan en el que se le exigió a los estados nacional, provincial y porteño, revertir la situación de contaminación. La exigencia del máximo tribunal había surgido de una resolución sobre un reclamo de 150 damnificadas por la contaminación y que habían iniciado una demanda en 2004. En el 2008 se conoció el fallo de la Corte del que ayer se cumplieron 10 años. En ese tiempo, Picolotti aseguró que “para el año 2015 los más de tres millones de habitantes de la cuenca tendrán cloacas”. En junio de 2007, Picolotti anunció que con un presupuesto menor a los tres millones de pesos se limpiarían completamente las márgenes del Riachuelo desde el camino de cintura hasta su desembocadura en el Río de La Plata. Abogada, especialista en derechos humanos y medio ambiente, estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde julio de 2006 hasta diciembre de 2008 cuando Cristina Fernández de Kirchner le pidió la renuncia. Se fue investigada por la Justicia y acusada por mal manejo de fondos. Sobre su promesa incumplida sobre la cuenca se excusó afirmando que “se contaminó sin parar durante cien años, así que uno no se puede parar seriamente en la gestión si no habla a largo plazo”.
Su sucesor fue Homero Bibiloni, quien asumió a fines de 2008 y anunció que el Banco Mundial le había otorgado al Gobierno argentino un préstamo de 840 millones de dólares para un programa de saneamiento que se extendería hasta el año 2016.
Homero Bibiloni, pasó a la historia como el único funcionario sancionado porque no cumplió con los plazos previstos y debió pagar de su bolsillo 4000 pesos por cada día que no cumplió de los cuatro plazos impuestos por la Corte. Fue Juan José Mussi su sucesor, quien aseguró que el Riachuelo podría estar “saneado” en 2016 cuando se cumplieron los 200 años de la Independencia Argentina.
En 2015 fue el rabino Sergio Bergman quien asumió en la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y fue quien aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo sin limpiar Acumar”. Cuestionó la labor de la autoridad durante el gobierno anterior y la calificó de “máquina burocrática”. El ministro le adjudicó las demoras del saneamiento a los problemas internos de la gestión y aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo si no se lo deja de contaminar” y resaltó que la prioridad del actual gobierno que encabeza Mauricio Macri “no es el agua, sino la gente”.
Mauricio Macri en 2007 cuando era presidente de Boca Juniors y su rival político era Jorge Telerman, dijo que el saneamiento “se puede hacer en cuatro años”. Pero desde entonces como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta hoy como Presidente de la Nación, la situación de la Cuenca Matanza Riachuelo ni se resolvió en cuatro años ni se avanzó como se esperaba.
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Fecha de Publicación: 10/07/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Desde los mil días de María Julia Alsogaray, pasando por las promesas de Carlos Menem, hasta los cuatro años de plazo que anunció Mauricio Macri en su candidatura porteña en 2007, la causa Mendoza se mantiene incumplida pese al fallo de la Corte.
En mil días prometió limpiarlo María Julia Alsogaray. Carlos Saúl Menem dijo que “vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Fernando De La Rúa brilló por su ausencia. La ex secretaria de Ambiente kirchnerista Romina Picolotti aseguró que se resolvería en diez años y Mauricio Macri en cuatro. Hubo una larga lista de funcionarios de todos los gobiernos que prometieron la limpieza y el saneamiento del Riachuelo, una de las promesas más repetidas de la clase política argentina. Ayer, a diez años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza - Riachuelo, la recomposición y la prevención de daños futuros casi no ha cambiado nada.
Ayer, domingo, se cumplieron exactamente diez años desde que la Corte dictó un fallo histórico y creó un cuerpo colegiado integrado por organizaciones sociales y ambientales para controlar las disposiciones en torno al saneamiento: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace. Transcurrida la década desde la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en las directivas establecidas en el fallo, lo que impacta en las más de cinco millones de personas que habitan en la cuenca.
Es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional el que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Creado en 2006 mediante la Ley 26168, el organismo es el que debía y debe ocuparse del deterioro ambiental de la Cuenca. Y con el fallo de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) lo intimó a implementar un plan de saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Causa Mendoza” (ver recuadro).
Una larga lista de promesas incumplidas que parecen formar parte de una historia sin fin. Una historia de soluciones mágicas y fantasías de triunfos grandilocuentes.
La entonces secretaria de Recursos Naturales menemista María Julia Alsogaray anunció el 4 de enero de 1993 un programa para descontaminar el Riachuelo. Y dijo que “en mil días vamos a poder tomar agua del Riachuelo”, y que estaría limpio. Días después, el presidente Carlos Menem iría mucho más lejos con un anuncio y aseguró: “En 1995 vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Pero a pesar de que el tiempo pasó y nada cambió, la mujer de la tapa con la piel de zorro hizo, cuatro años después, un anuncio que fue tan inverosímil como tragicómico: aseguró que el “objetivo es que en el Riachuelo se puedan practicar deportes de contacto directo”. El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó 250 millones de dólares para la limpieza definitiva de la cuenca, pero no se vio ningún resultado, inclusive hasta el final de su mandato. “Quise pero no pude”, dijo Alsogaray en referencia a su increíble promesa.
En 1999 asumió Fernando De La Rúa, quien claramente no le dio ni importancia ni visibilidad al tema en sus dos años de gestión como Presidente de la Nación. Tampoco lo hizo como primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este tema tampoco hizo nada relevante el economista y contador Atilio Savino, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de Néstor Kirchner.
Cuando en 2006 asumió la asambleísta de Gualeguaychú Romina Picolotti a la misma cartera, se creó Acumar. Ante el plazo que le había impuesto la Corte al Estado para la elaboración de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el Gobierno nacional había anunciado el plan en el que se le exigió a los estados nacional, provincial y porteño, revertir la situación de contaminación. La exigencia del máximo tribunal había surgido de una resolución sobre un reclamo de 150 damnificadas por la contaminación y que habían iniciado una demanda en 2004. En el 2008 se conoció el fallo de la Corte del que ayer se cumplieron 10 años. En ese tiempo, Picolotti aseguró que “para el año 2015 los más de tres millones de habitantes de la cuenca tendrán cloacas”. En junio de 2007, Picolotti anunció que con un presupuesto menor a los tres millones de pesos se limpiarían completamente las márgenes del Riachuelo desde el camino de cintura hasta su desembocadura en el Río de La Plata. Abogada, especialista en derechos humanos y medio ambiente, estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde julio de 2006 hasta diciembre de 2008 cuando Cristina Fernández de Kirchner le pidió la renuncia. Se fue investigada por la Justicia y acusada por mal manejo de fondos. Sobre su promesa incumplida sobre la cuenca se excusó afirmando que “se contaminó sin parar durante cien años, así que uno no se puede parar seriamente en la gestión si no habla a largo plazo”.
Su sucesor fue Homero Bibiloni, quien asumió a fines de 2008 y anunció que el Banco Mundial le había otorgado al Gobierno argentino un préstamo de 840 millones de dólares para un programa de saneamiento que se extendería hasta el año 2016.
Homero Bibiloni, pasó a la historia como el único funcionario sancionado porque no cumplió con los plazos previstos y debió pagar de su bolsillo 4000 pesos por cada día que no cumplió de los cuatro plazos impuestos por la Corte. Fue Juan José Mussi su sucesor, quien aseguró que el Riachuelo podría estar “saneado” en 2016 cuando se cumplieron los 200 años de la Independencia Argentina.
En 2015 fue el rabino Sergio Bergman quien asumió en la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y fue quien aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo sin limpiar Acumar”. Cuestionó la labor de la autoridad durante el gobierno anterior y la calificó de “máquina burocrática”. El ministro le adjudicó las demoras del saneamiento a los problemas internos de la gestión y aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo si no se lo deja de contaminar” y resaltó que la prioridad del actual gobierno que encabeza Mauricio Macri “no es el agua, sino la gente”.
Mauricio Macri en 2007 cuando era presidente de Boca Juniors y su rival político era Jorge Telerman, dijo que el saneamiento “se puede hacer en cuatro años”. Pero desde entonces como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta hoy como Presidente de la Nación, la situación de la Cuenca Matanza Riachuelo ni se resolvió en cuatro años ni se avanzó como se esperaba.
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