Mostrando entradas con la etiqueta política ambiental. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta política ambiental. Mostrar todas las entradas
Ambiente y CEPAL acuerdan fortalecer información ambiental
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Ambiente y CEPAL fortalecen la información ambiental en Argentina
Fecha de Publicación: 04/07/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Los expertos en estadísticas e indicadores ambientales de América Latina y el Caribe se reunieron en el Palacio San Martín
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, encabezó una nueva reunión de expertos en estadísticas e indicadores ambientales de América Latina y el Caribe que fue organizada en conjunto con la Cepal. En el Palacio San Martín, el titular de la cartera de Ambiente aseguró que “la presente mesa de expertos va a conducir con estadísticas fiables y con idoneidad científica y técnica las líneas de base para transformarse en políticas públicas”.
En relación al sistema de información ambiental, Bergman recordó el Informe del Estado del Ambiente “que se presentó después de 14 años”, en ese sentido sostuvo: “es muy importante hacer el trabajo que hay que hacer y decirnos la verdad, es arriesgado pero necesario”.
El presente encuentro es el segundo de una serie de jornadas que se realizan con vistas a fortalecer el sistema estadístico ambiental en el país. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) vienen trabajando en conjunto en un programa de asistencia técnica a organismos productores y usuarios de indicadores en la materia.
En el encuentro estuvieron presentes por parte de la cartera de Ambiente la titular de la Unidad de Coordinación General, Patricia Holzman, y el coordinador de Información Ambiental, Javier Neme; y de la Cepal el director de la División de Estadísticas, Pascual Gerstenfeld.
.
Fecha de Publicación: 04/07/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Los expertos en estadísticas e indicadores ambientales de América Latina y el Caribe se reunieron en el Palacio San Martín
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, encabezó una nueva reunión de expertos en estadísticas e indicadores ambientales de América Latina y el Caribe que fue organizada en conjunto con la Cepal. En el Palacio San Martín, el titular de la cartera de Ambiente aseguró que “la presente mesa de expertos va a conducir con estadísticas fiables y con idoneidad científica y técnica las líneas de base para transformarse en políticas públicas”.
En relación al sistema de información ambiental, Bergman recordó el Informe del Estado del Ambiente “que se presentó después de 14 años”, en ese sentido sostuvo: “es muy importante hacer el trabajo que hay que hacer y decirnos la verdad, es arriesgado pero necesario”.
El presente encuentro es el segundo de una serie de jornadas que se realizan con vistas a fortalecer el sistema estadístico ambiental en el país. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) vienen trabajando en conjunto en un programa de asistencia técnica a organismos productores y usuarios de indicadores en la materia.
En el encuentro estuvieron presentes por parte de la cartera de Ambiente la titular de la Unidad de Coordinación General, Patricia Holzman, y el coordinador de Información Ambiental, Javier Neme; y de la Cepal el director de la División de Estadísticas, Pascual Gerstenfeld.
.
Chaco: desmontes en zona roja, denuncian a autoridades
Denuncian a Bosques por autorizar desmontes en una zona protegida del Departamento Brown
Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Nuevamente el Centro Mandela de Resistencia responsabilizó públicamente a la Dirección de Bosques provincial por el desmonte realizado en el Establecimiento Monterrey, ubicado en la Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En el cual se desmontaron 1.465 hectáreas, sobre una superficie total de 5.791, conformado por la parcela 43 y 44.
En ese sentido, la entidad de DD.HH. capitalina señaló que, “todo esto ocurrió a pesar de que, predominantemente, el campo está ubicado en área protegida porque es Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN. “Lo que permite suponer un desmonte clandestino anterior, o una de las tantas intervenciones irregulares de la Dirección de Bosques”.
Y agrega que, “el propietario más conocido es Juan Antonio Aloi, cuyo nombre figura en el cartel colocado en la tranquera para publicar el desmonte que autorizó la Dirección de Bosques y que se ejecutó en ese predio. Se deforestaron 1.465 hectáreas, que se agregaron para hacer agricultura en la chacra transgénica que ya existe en el Establecimiento. A fines de marzo pasado se pudo observar en el lugar una gran plantación de maíz transgénico que fue cultivado en un chacra madura. Al lado del maizal últimamente se desmontó un cuadro de 160 hectáreas, al que hay que restar un monte interno de 25 hectáreas que seguramente será desmontado en poco tiempo”.
Por ora parte, el informe destaca que, “la tranquera de este campo está ubicada en el límite provincial entre Chaco y Santiago del Estero, frente al Parque Nacional COPO y, picada de por medio, linda con la mega Estancia El Juramento, que ya fue motivo de investigación y de publicación por parte del Centro Mandela dado que allí se generan los mismos factores negativos que fueron hallados en la Estancia Monterrey”.
Prohibición
“En la región está prohibida la actividad agrícola. Sin embargo, se practica la agricultura intensiva como en la pampa húmeda a pesar de que los suelos predominantes son frágiles, heterogéneos y erosionables. Justamente por este motivo es que la región ha sido clasificada como zona protegida porque es necesario preservar el monte como único e indispensable techo para proteger los suelos”, aclara el Centro Mandela.
‘Nuevo ataque y negocios contra el monte protegido’
“Tal cual viene repitiéndose en las zonas protegidas de montes nativos, la Dirección de Bosques instrumentó un mecanismo para cambiar la categoría de grandes campos a través del abuso que subyace detrás de los Planes de Aprovechamientos de Cambio de Uso de Suelo, que constituyen todo un gran negocio que permite desmontar y ampliar la frontera agropecuaria, que se blanquea a través de audiencias públicas amañadas y fraudulentas, con mucho dinero que corre de por medio.
La parcela 43 de 3.378 hectáreas, que era tierra pública, se titularizó el 27 de junio de 1991 a favor Hugo Amilcar Haidi; pero se sucedieron varias compraventas, como se repite en toda la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto. En orden cronológico, compraron y vendieron Hugo Alberto, Jorge Elian y Andrés Miguel, todos de apellido Sveda; Luis Ángel Lancioni y, por último, Juan Antonio Aloi y Marcela Silvia Bortolin, casada con Juan A. Aloi.
La Parcela 44 de 2.413 hectáreas, que también era tierra fiscal, se titularizó el 7 de diciembre de 1998 a nombre de Stella Maris Caprin, casada con Carlos Manuel Pavela. Como en el caso anterior, se sucedieron varias compraventas. Luego de Caprin, compró Alejandro Manuel Pavela y a éste le siguió Carlos Raúl Sierra y, por último, Juan Antonio Aloi”, reza el informe.
“De esta manera cierra el gran negocio de las adjudicaciones en venta de las tierras públicas de Chaco, los intermediarios y los desmontes en zonas protegidas”, afirma el Centro Mandela.
.
Fecha de Publicación: 02/07/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Nuevamente el Centro Mandela de Resistencia responsabilizó públicamente a la Dirección de Bosques provincial por el desmonte realizado en el Establecimiento Monterrey, ubicado en la Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En el cual se desmontaron 1.465 hectáreas, sobre una superficie total de 5.791, conformado por la parcela 43 y 44.
En ese sentido, la entidad de DD.HH. capitalina señaló que, “todo esto ocurrió a pesar de que, predominantemente, el campo está ubicado en área protegida porque es Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN. “Lo que permite suponer un desmonte clandestino anterior, o una de las tantas intervenciones irregulares de la Dirección de Bosques”.
Y agrega que, “el propietario más conocido es Juan Antonio Aloi, cuyo nombre figura en el cartel colocado en la tranquera para publicar el desmonte que autorizó la Dirección de Bosques y que se ejecutó en ese predio. Se deforestaron 1.465 hectáreas, que se agregaron para hacer agricultura en la chacra transgénica que ya existe en el Establecimiento. A fines de marzo pasado se pudo observar en el lugar una gran plantación de maíz transgénico que fue cultivado en un chacra madura. Al lado del maizal últimamente se desmontó un cuadro de 160 hectáreas, al que hay que restar un monte interno de 25 hectáreas que seguramente será desmontado en poco tiempo”.
Por ora parte, el informe destaca que, “la tranquera de este campo está ubicada en el límite provincial entre Chaco y Santiago del Estero, frente al Parque Nacional COPO y, picada de por medio, linda con la mega Estancia El Juramento, que ya fue motivo de investigación y de publicación por parte del Centro Mandela dado que allí se generan los mismos factores negativos que fueron hallados en la Estancia Monterrey”.
Prohibición
“En la región está prohibida la actividad agrícola. Sin embargo, se practica la agricultura intensiva como en la pampa húmeda a pesar de que los suelos predominantes son frágiles, heterogéneos y erosionables. Justamente por este motivo es que la región ha sido clasificada como zona protegida porque es necesario preservar el monte como único e indispensable techo para proteger los suelos”, aclara el Centro Mandela.
‘Nuevo ataque y negocios contra el monte protegido’
“Tal cual viene repitiéndose en las zonas protegidas de montes nativos, la Dirección de Bosques instrumentó un mecanismo para cambiar la categoría de grandes campos a través del abuso que subyace detrás de los Planes de Aprovechamientos de Cambio de Uso de Suelo, que constituyen todo un gran negocio que permite desmontar y ampliar la frontera agropecuaria, que se blanquea a través de audiencias públicas amañadas y fraudulentas, con mucho dinero que corre de por medio.
La parcela 43 de 3.378 hectáreas, que era tierra pública, se titularizó el 27 de junio de 1991 a favor Hugo Amilcar Haidi; pero se sucedieron varias compraventas, como se repite en toda la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto. En orden cronológico, compraron y vendieron Hugo Alberto, Jorge Elian y Andrés Miguel, todos de apellido Sveda; Luis Ángel Lancioni y, por último, Juan Antonio Aloi y Marcela Silvia Bortolin, casada con Juan A. Aloi.
La Parcela 44 de 2.413 hectáreas, que también era tierra fiscal, se titularizó el 7 de diciembre de 1998 a nombre de Stella Maris Caprin, casada con Carlos Manuel Pavela. Como en el caso anterior, se sucedieron varias compraventas. Luego de Caprin, compró Alejandro Manuel Pavela y a éste le siguió Carlos Raúl Sierra y, por último, Juan Antonio Aloi”, reza el informe.
“De esta manera cierra el gran negocio de las adjudicaciones en venta de las tierras públicas de Chaco, los intermediarios y los desmontes en zonas protegidas”, afirma el Centro Mandela.
.
Etiquetas:
Chaco,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
política ambiental
|
0
comentarios
Santa Fe: la ley de agroquímicos y 'cajita feliz'
Agrotóxicos y 'cajita feliz'
Fecha de Publicación: 29/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Por Carlos Del Frade - Frente Social y Popular
Las siempre nombradas transparencia e independencia de los poderes deben tener existencia real en la vida cotidiana de las santafesinas y los santafesinos. Si no es así, la república se convierte en una palabra que solamente existe en el diccionario y la democracia sufre anorexia irreversible. Una de las principales funciones de los diputados provinciales controlar lo que se hace y lo que se dice desde los otros poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial.
Mientras empujamos el tratamiento de la Ley Provincial de Educación y otra que prohiba las fumigaciones aéreas y no permita la aspersión de veneno a no menos de mil quinientos metros de los cascos urbanos como sucede en la provincia de San Luis; es imprescindible que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se presentan, formalmente, con el nombre técnico de Proyectos de Comunicación.
En relación a la salud y el medio ambiente, luego de un trabajo de investigación serio y profundo, llegamos a la conclusión que además del glifosato aparecen cientos de fórmulas de agroquímicos que son iguales o peores por sus efectos sobre los seres vivos.
El expediente 34.615 le pedía al Ejecutivo que explique qué tipos de controles están garantizados sobre la comercialización de 1.497 productos calificados como herbicidas, insecticidas y fungicidas. De los cuales, según el SENASA, hay 819 productos más peligrosos que el Roundup de Monsanto y 678 están calificados con la misma toxicidad.
Según la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y las propias empresas productoras de agroquímicos, en el país se comercializan al menos 1.497 productos comerciales de herbicidas, insecticidas y fungicidas.
De esa cantidad, 12 son clasificados con la categoría Ia, 38 son con la categoría Ib, 393 con la categoría II y 376 con la categoría III por lo que 819 tienen toxicidad más peligrosa que el Roundup de Monsanto.
Por eso es fundamental saber si los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Producción y Trabajo de Santa Fe tienen estadísticas oficiales sobre la cantidad de agroquímicos que se comercializan y usan en nuestra provincia año a año en cada campaña agrícola y sus efectos en el entorno existencial.
En tanto, en el ámbito educativo, las denuncias de decenas y decenas de docentes en los diecinueve departamentos santafesinos, alertaron sobre una serie de cursos pagos denominados “la cajita feliz”. Preguntamos a través del expediente 34.817 si el Ministerio de Educación tiene conocimiento de los cursos pagos ofrecidos por la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino) y la Universidad Abierta Interamericana, entre otras, a cambio de garantizar decenas de puntos en los concursos docentes, especialmente, en educación media y para adultos. Y si la cartera educativa recibió denuncias de docentes en relación a este tema que deja de lado la experiencia de muchas y muchos trabajadores de la educación que resultan damnificados por esta práctica de mercantilización de la educación.
De allí que las respuestas a los pedidos de informes no son una pérdida de tiempo sino un insumo básico para una democracia real y concreta que genere una mejor existencia para los que son más en estos arrabales del mundo.
.
Fecha de Publicación: 29/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Por Carlos Del Frade - Frente Social y Popular
Las siempre nombradas transparencia e independencia de los poderes deben tener existencia real en la vida cotidiana de las santafesinas y los santafesinos. Si no es así, la república se convierte en una palabra que solamente existe en el diccionario y la democracia sufre anorexia irreversible. Una de las principales funciones de los diputados provinciales controlar lo que se hace y lo que se dice desde los otros poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial.
Mientras empujamos el tratamiento de la Ley Provincial de Educación y otra que prohiba las fumigaciones aéreas y no permita la aspersión de veneno a no menos de mil quinientos metros de los cascos urbanos como sucede en la provincia de San Luis; es imprescindible que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se presentan, formalmente, con el nombre técnico de Proyectos de Comunicación.
En relación a la salud y el medio ambiente, luego de un trabajo de investigación serio y profundo, llegamos a la conclusión que además del glifosato aparecen cientos de fórmulas de agroquímicos que son iguales o peores por sus efectos sobre los seres vivos.
El expediente 34.615 le pedía al Ejecutivo que explique qué tipos de controles están garantizados sobre la comercialización de 1.497 productos calificados como herbicidas, insecticidas y fungicidas. De los cuales, según el SENASA, hay 819 productos más peligrosos que el Roundup de Monsanto y 678 están calificados con la misma toxicidad.
Según la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y las propias empresas productoras de agroquímicos, en el país se comercializan al menos 1.497 productos comerciales de herbicidas, insecticidas y fungicidas.
De esa cantidad, 12 son clasificados con la categoría Ia, 38 son con la categoría Ib, 393 con la categoría II y 376 con la categoría III por lo que 819 tienen toxicidad más peligrosa que el Roundup de Monsanto.
Por eso es fundamental saber si los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Producción y Trabajo de Santa Fe tienen estadísticas oficiales sobre la cantidad de agroquímicos que se comercializan y usan en nuestra provincia año a año en cada campaña agrícola y sus efectos en el entorno existencial.
En tanto, en el ámbito educativo, las denuncias de decenas y decenas de docentes en los diecinueve departamentos santafesinos, alertaron sobre una serie de cursos pagos denominados “la cajita feliz”. Preguntamos a través del expediente 34.817 si el Ministerio de Educación tiene conocimiento de los cursos pagos ofrecidos por la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino) y la Universidad Abierta Interamericana, entre otras, a cambio de garantizar decenas de puntos en los concursos docentes, especialmente, en educación media y para adultos. Y si la cartera educativa recibió denuncias de docentes en relación a este tema que deja de lado la experiencia de muchas y muchos trabajadores de la educación que resultan damnificados por esta práctica de mercantilización de la educación.
De allí que las respuestas a los pedidos de informes no son una pérdida de tiempo sino un insumo básico para una democracia real y concreta que genere una mejor existencia para los que son más en estos arrabales del mundo.
.
Durísimo documento de la Iglesia contra la minería
Ahora la Iglesia va contra la minería: "Trae destrucción y muerte"
Fecha de Publicación: 28/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
En la Semana Social que se realiza en Mar del Plata, representantes eclesiásticos apuntaron contra la actividad minera. Duras palabras del obispo auxiliar de Santiago del Estero.
Con críticas a la megaminería, la segunda jornada de la Semana Social que organiza la Iglesia en la ciudad bonaerense de Mar del Plata con un llamado a los dirigentes políticos a hacer foco en las necesidades de los más pobres a través de una "mirada humanista" y con el eje puesto en el cuidado de medio ambiente.
Bajo el título "El clamor de la tierra es el clamor de los pobres", en el primer panel del día especialistas en relaciones internacionales, obispos y dirigentes sindicales dialogaron sobre la necesidad de no perder de vista el factor ambiental para lograr un futuro sostenible.
En su disertación, el obispo auxiliar de Santiago del Estero, Enrique Martínez Ossola, puso el foco sobre los problemas de la megaminería y habló del caso de Famatina en La Rioja como la lucha de un pueblo por su derecho a un medio ambiente sano.
"Famatina es una expresión de lo que está pasando en La Rioja. La minería no trae progreso a la gente, apenas un poco en una primera etapa, pero luego es sólo es destrucción y muerte", aseveró ante la atenta mirada de unas 500 personas en el salón principal del Hotel 13 de julio, ubicado en el centro de la ciudad de Mar del Plata, donde se desarrolla el encuentro hasta mañana.
En ese marco, el obispo señaló que "Famatina corrió a dos empresas poderosas, pero mientras haya oro van a querer entrar por su gran valor. Pero Famatina no se toca y el agua vale más que el oro".
Por su parte, Humberto Podetti, abogado y especialista en relaciones Internacionales, advirtió que "si no abandonamos el paradigma tecnoeconómico, inexorablemente terminaremos por acabar con la humanidad" y mencionó el Sínodo especial de los Obispos sobre la Amazonía -que se celebrará en octubre de 2019- como clave para el futuro.
Según Podetti, Francisco llamó a "cambiar el paradigma del siglo 21 por una visión humanista" que dé "una respuesta global humanitaria y de la naturaleza" a los conflictos que atraviesa el mundo y dijo que "la defensa de la tierra no debe tener otra visión que la defensa de la vida".
En tanto, el obispo auxiliar de Mercedes-Luján, Eduardo Scheinig, señaló que para el papa Francisco "la ecología debe integrar a las personas" y sostuvo que "el clamor por la tierra es el clamor de los pobres".
"No podemos ver los problemas del agua y el extractivismo de manera ajena. En la naturaleza no hay un afuera donde las cosas puedan ser arrojadas y para los organismos vivos, lo que le afecta uno le afecta a todos", afirmó.
Por último, expuso Julio Castro, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, quien habló sobre "los problemas en la potabilidad en todo el país" y advirtió que "la falta de agua corriente afecta al más humilde, al más pobre y se relaciona directamente con la mortalidad infantil".
"Más déficit en los servicios de agua y cloaca, aumenta la mortalidad infantil. Más servicios, menos mortalidad. El recurso no sobra, sino que es escaso en más del 82% del país", concluyó el dirigente gremial.
.
Fecha de Publicación: 28/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
En la Semana Social que se realiza en Mar del Plata, representantes eclesiásticos apuntaron contra la actividad minera. Duras palabras del obispo auxiliar de Santiago del Estero.
Con críticas a la megaminería, la segunda jornada de la Semana Social que organiza la Iglesia en la ciudad bonaerense de Mar del Plata con un llamado a los dirigentes políticos a hacer foco en las necesidades de los más pobres a través de una "mirada humanista" y con el eje puesto en el cuidado de medio ambiente.
Bajo el título "El clamor de la tierra es el clamor de los pobres", en el primer panel del día especialistas en relaciones internacionales, obispos y dirigentes sindicales dialogaron sobre la necesidad de no perder de vista el factor ambiental para lograr un futuro sostenible.
En su disertación, el obispo auxiliar de Santiago del Estero, Enrique Martínez Ossola, puso el foco sobre los problemas de la megaminería y habló del caso de Famatina en La Rioja como la lucha de un pueblo por su derecho a un medio ambiente sano.
"Famatina es una expresión de lo que está pasando en La Rioja. La minería no trae progreso a la gente, apenas un poco en una primera etapa, pero luego es sólo es destrucción y muerte", aseveró ante la atenta mirada de unas 500 personas en el salón principal del Hotel 13 de julio, ubicado en el centro de la ciudad de Mar del Plata, donde se desarrolla el encuentro hasta mañana.
En ese marco, el obispo señaló que "Famatina corrió a dos empresas poderosas, pero mientras haya oro van a querer entrar por su gran valor. Pero Famatina no se toca y el agua vale más que el oro".
Por su parte, Humberto Podetti, abogado y especialista en relaciones Internacionales, advirtió que "si no abandonamos el paradigma tecnoeconómico, inexorablemente terminaremos por acabar con la humanidad" y mencionó el Sínodo especial de los Obispos sobre la Amazonía -que se celebrará en octubre de 2019- como clave para el futuro.
Según Podetti, Francisco llamó a "cambiar el paradigma del siglo 21 por una visión humanista" que dé "una respuesta global humanitaria y de la naturaleza" a los conflictos que atraviesa el mundo y dijo que "la defensa de la tierra no debe tener otra visión que la defensa de la vida".
En tanto, el obispo auxiliar de Mercedes-Luján, Eduardo Scheinig, señaló que para el papa Francisco "la ecología debe integrar a las personas" y sostuvo que "el clamor por la tierra es el clamor de los pobres".
"No podemos ver los problemas del agua y el extractivismo de manera ajena. En la naturaleza no hay un afuera donde las cosas puedan ser arrojadas y para los organismos vivos, lo que le afecta uno le afecta a todos", afirmó.
Por último, expuso Julio Castro, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, quien habló sobre "los problemas en la potabilidad en todo el país" y advirtió que "la falta de agua corriente afecta al más humilde, al más pobre y se relaciona directamente con la mortalidad infantil".
"Más déficit en los servicios de agua y cloaca, aumenta la mortalidad infantil. Más servicios, menos mortalidad. El recurso no sobra, sino que es escaso en más del 82% del país", concluyó el dirigente gremial.
.
Ambiente en encuentro de medio ambiente del Mercosur
Ambiente participó en un nuevo encuentro del subgrupo de medio ambiente del Mercosur
Fecha de Publicación: 21/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Allí se abordaron temas de interés para los países del bloque como especies exóticas invasoras y sustancias y productos químicos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el marco de la Presidencia Pro Témpore de Paraguay en el Mercosur, formó parte de la LXV Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N° 6 “Medio Ambiente” (SGT 6), junto con las delegaciones de ese país, Brasil y Uruguay. El encuentro se realizó en Asunción entre el 12 y el 14 de junio.
Durante las jornadas, los participantes acordaron realizar una reunión extraordinaria del SGT 6 y un taller de revisión y actualización del Plan de Acción Mercosur sobre Gestión de Sustancias y Productos Químicos. Se espera que los resultados de esta actividad sirvan como insumos para el XXI Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y del Caribe, a realizarse en el mes de octubre.
También se destacó en el encuentro la importancia de contar con un régimen de evaluación de impacto ambiental en el Mercosur; se intercambiaron los avances logrados en materia de indicadores ambientales a nivel de cada Estado parte; y se informó el estado de las negociaciones referentes a los acuerdos comerciales que llevan adelante los países del bloque con la Unión Europea, Canadá y el EFTA —en particular, los avances logrados en relación a los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible—.
Por otra parte, dada la relevancia que reviste el tema de las especies exóticas invasoras (EEI) —en términos sociales, económicos y ambientales—, las delegaciones reiteraron la importancia de avanzar y desarrollar un plan de acción, con énfasis en especies amenazadas o en peligro de extinción.
Por parte de la cartera de Ambiente nacional, participó Mirta Laciar, coordinadora nacional del SGT 6, de la Dirección Nacional de Cooperación.
.
Fecha de Publicación: 21/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Allí se abordaron temas de interés para los países del bloque como especies exóticas invasoras y sustancias y productos químicos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el marco de la Presidencia Pro Témpore de Paraguay en el Mercosur, formó parte de la LXV Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N° 6 “Medio Ambiente” (SGT 6), junto con las delegaciones de ese país, Brasil y Uruguay. El encuentro se realizó en Asunción entre el 12 y el 14 de junio.
Durante las jornadas, los participantes acordaron realizar una reunión extraordinaria del SGT 6 y un taller de revisión y actualización del Plan de Acción Mercosur sobre Gestión de Sustancias y Productos Químicos. Se espera que los resultados de esta actividad sirvan como insumos para el XXI Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y del Caribe, a realizarse en el mes de octubre.
También se destacó en el encuentro la importancia de contar con un régimen de evaluación de impacto ambiental en el Mercosur; se intercambiaron los avances logrados en materia de indicadores ambientales a nivel de cada Estado parte; y se informó el estado de las negociaciones referentes a los acuerdos comerciales que llevan adelante los países del bloque con la Unión Europea, Canadá y el EFTA —en particular, los avances logrados en relación a los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible—.
Por otra parte, dada la relevancia que reviste el tema de las especies exóticas invasoras (EEI) —en términos sociales, económicos y ambientales—, las delegaciones reiteraron la importancia de avanzar y desarrollar un plan de acción, con énfasis en especies amenazadas o en peligro de extinción.
Por parte de la cartera de Ambiente nacional, participó Mirta Laciar, coordinadora nacional del SGT 6, de la Dirección Nacional de Cooperación.
.
Una 'Seguro Verde' para más forestación (pero nada nativo)
Macri, Bergman y Etchevehere lanzaron el 'Seguro Verde'
Fecha de Publicación: 18/06/2018
Fuente: APFD
Provincia/Región: Nacional
“Se trata de una herramienta para reforestar el país y transformar a Argentina en potencia forestal de cara al 2030 como agenda de desarrollo sostenible”, dijo el ministro de Ambiente
El presidente Mauricio Macri, junto con los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, anunciaron en Corrientes el lanzamiento del Seguro Verde, una nueva herramienta para fortalecer la plataforma Forestar 2030.
El proyecto cuenta con el respaldo de las carteras de Ambiente, Agroindustria, Producción y Finanzas, se enmarca en el Gabinete Nacional de Cambio Climático y tiene como objetivo contribuir a alcanzar los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París.
“Las Aseguradoras y Forestar 2030 se suman de esta manera al plan de transformar a Argentina en potencia forestal de cara al 2030 como agenda de desarrollo sostenible”, celebró Bergman. “Los ministerios de Ambiente, Agroindustria, Producción, Trabajo, Desarrollo Social y Educación suman al sector privado de las aseguradoras con una iniciativa conjunta con la Superintendencia de Seguros de la Nación: los Seguros Verdes”, agregó y concluyó: “Trabajamos en los seguros verdes como modelo sustentable de gestión”.
El Proyecto Seguro Verde promueve la eliminación del papel de las pólizas de seguro de vehículos y lo reemplaza por el formato digital, lo que se traduce en un ahorro de 1.140 millones de pesos por año para las compañías aseguradoras. Esto equivale al 1 % de las pólizas que será destinado a plantar árboles y mitigar los gases de efecto invernadero emitidos por autos, motos y camiones.
Este aporte consolida el financiamiento de la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados N.° 25080. De esta manera, la contribución del sector permite plantar más de 50 mil hectáreas por año y enriquecer los bosques nativos ayudando a cumplir la meta de 2 millones de hectáreas forestadas para el año 2030.
A su vez, se generarán más de 100 mil nuevos puestos de trabajo, es decir, más de 18 mil productores forestales y más de 92 mil empleos registrados. Asimismo, se espera reducir un 15,56 % de las emisiones de CO2, lo que se traduce en una contribución significativa y concreta para mitigar el cambio climático.
Cabe destacar que el Seguro Verde servirá de aporte a la plataforma Forestar 2030, una iniciativa que apunta a consolidar al país como una potencia forestal sustentable para el año 2030, impulsando la creación de un mercado competitivo y sostenible, donde la reforestación promueva el desarrollo social, económico y ambiental. La misma es encabezada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con las carteras de Agroindustria, Producción, Desarrollo Social, Trabajo y Educación de la Nación, con la colaboración de The Nature Conservancy Argentina (TNC).
Del anuncio realizado en la localidad correntina Paso de la Patria participaron el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Misiones, Hugo Passalacqua.
.
Fecha de Publicación: 18/06/2018
Fuente: APFD
Provincia/Región: Nacional
“Se trata de una herramienta para reforestar el país y transformar a Argentina en potencia forestal de cara al 2030 como agenda de desarrollo sostenible”, dijo el ministro de Ambiente
El presidente Mauricio Macri, junto con los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, anunciaron en Corrientes el lanzamiento del Seguro Verde, una nueva herramienta para fortalecer la plataforma Forestar 2030.
El proyecto cuenta con el respaldo de las carteras de Ambiente, Agroindustria, Producción y Finanzas, se enmarca en el Gabinete Nacional de Cambio Climático y tiene como objetivo contribuir a alcanzar los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París.
“Las Aseguradoras y Forestar 2030 se suman de esta manera al plan de transformar a Argentina en potencia forestal de cara al 2030 como agenda de desarrollo sostenible”, celebró Bergman. “Los ministerios de Ambiente, Agroindustria, Producción, Trabajo, Desarrollo Social y Educación suman al sector privado de las aseguradoras con una iniciativa conjunta con la Superintendencia de Seguros de la Nación: los Seguros Verdes”, agregó y concluyó: “Trabajamos en los seguros verdes como modelo sustentable de gestión”.
El Proyecto Seguro Verde promueve la eliminación del papel de las pólizas de seguro de vehículos y lo reemplaza por el formato digital, lo que se traduce en un ahorro de 1.140 millones de pesos por año para las compañías aseguradoras. Esto equivale al 1 % de las pólizas que será destinado a plantar árboles y mitigar los gases de efecto invernadero emitidos por autos, motos y camiones.
Este aporte consolida el financiamiento de la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados N.° 25080. De esta manera, la contribución del sector permite plantar más de 50 mil hectáreas por año y enriquecer los bosques nativos ayudando a cumplir la meta de 2 millones de hectáreas forestadas para el año 2030.
A su vez, se generarán más de 100 mil nuevos puestos de trabajo, es decir, más de 18 mil productores forestales y más de 92 mil empleos registrados. Asimismo, se espera reducir un 15,56 % de las emisiones de CO2, lo que se traduce en una contribución significativa y concreta para mitigar el cambio climático.
Cabe destacar que el Seguro Verde servirá de aporte a la plataforma Forestar 2030, una iniciativa que apunta a consolidar al país como una potencia forestal sustentable para el año 2030, impulsando la creación de un mercado competitivo y sostenible, donde la reforestación promueva el desarrollo social, económico y ambiental. La misma es encabezada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con las carteras de Agroindustria, Producción, Desarrollo Social, Trabajo y Educación de la Nación, con la colaboración de The Nature Conservancy Argentina (TNC).
Del anuncio realizado en la localidad correntina Paso de la Patria participaron el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Misiones, Hugo Passalacqua.
.
Corrientes fue sede del encuentro de la RAMCC
Corrientes se instruye sobre acciones frente al cambio climático
Fecha de Publicación: 16/06/2018
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes
El intendente y el ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia recibieron este martes al secretario ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, Ricardo Bertolino, quien expuso sobre diferentes temáticas ambientales. “Hay una firme decisión del Gobierno provincial en la lucha contra el cambio climático y desde los municipios tenemos que seguir esta línea de trabajo”, afirmó el jefe comunal capitalino, quien fue anfitrión de una actividad de la que participaron sus pares del área metropolitana correntina.
El intendente Eduardo Tassano, junto con el ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia, Horacio Ortega, encabezaron este martes una disertación sobre el tratamiento global frente al cambio climático. Durante la jornada, el secretario ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) y destacado especialista en la materia, Ricardo Bertolino, expuso sobre diferentes temáticas ambientales.
Del encuentro, que se realizó en el salón Pocho Roch, a partir de una iniciativa del intendente de Corrientes, participaron otros jefes comunales que comprenden el área metropolitana correntina, como así también el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y titular del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), Mario Rujana. En la oportunidad, los intendentes intercambiaron opiniones sobre las políticas del cuidado del medioambiente que se desarrollan en sus respectivas comunidades.
Tassano, quien es miembro del Consejo de Intendentes de la RAMCC, remarcó la importancia de la participación de sus pares de otras localidades, al tiempo que afirmó que es necesario “hablar e instalar esta problemática para trabajar juntos y brindar las posibles soluciones”.
En ese sentido, el titular del Ejecutivo municipal ratificó que “existe una firme decisión del Gobierno provincial en la lucha contra el cambio climático”, sobre lo cual consideró que “desde los municipios tenemos que seguir esta línea de trabajo”.
Pasos a seguir
Por su parte, el ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia explicó que “fue una jornada para aprender cuáles son las medidas y acciones que tenemos que tomar ante esta problemática que se siente en Corrientes, cuando vemos que tenemos intensas precipitaciones, veranos tan calurosos y sequías”.
Por ello, el funcionario provincial indicó que “es necesario tomar conciencia, para que todos los intendentes puedan trabajar sobre estos conceptos en todo el territorio provincial”.
El secretario ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático fue el encargado de conducir el tratamiento sobre las diferentes temáticas, marco en el que expuso que se habló acerca de “cuáles son los caminos sobre los que hay que trabajar, la promoción de las energías renovables, la movilidad sostenible y la recolección de residuos, que son los temas que generan mayor cantidad de gases de efecto invernadero”.
Además, Bertolino aseguró que “la temática del cambio climático no es un voluntarismo, sino que tiene que tener avales técnicos; por eso, los estudios que se realizan en cada municipio son validados, para que tengan un reconocimiento a escala internacional”.
Presencias
Además de Tassano, Ortega y Bertolino, en la jornada efectuada en el salón Pocho Roch de la Municipalidad de Corrientes estuvieron los intendentes de Curuzú Cutiá, José Irigoyen; de El Sombrero, Raúl González; de Empedradro, José Cheme; de Riachuelo, Martin Jetter; de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi; de San Cosme, Verónica Maciel y de Santa Ana, Augusto Navarrete. También participaron representantes de los municipios de Goya, Ituzaingó y Ramada Paso; el viceintendente capitalino, Emilio Lanari; junto a demás funcionarios provinciales y municipales, como así también profesionales e interesados en la temática.
.
Fecha de Publicación: 16/06/2018
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes
El intendente y el ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia recibieron este martes al secretario ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, Ricardo Bertolino, quien expuso sobre diferentes temáticas ambientales. “Hay una firme decisión del Gobierno provincial en la lucha contra el cambio climático y desde los municipios tenemos que seguir esta línea de trabajo”, afirmó el jefe comunal capitalino, quien fue anfitrión de una actividad de la que participaron sus pares del área metropolitana correntina.
El intendente Eduardo Tassano, junto con el ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia, Horacio Ortega, encabezaron este martes una disertación sobre el tratamiento global frente al cambio climático. Durante la jornada, el secretario ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) y destacado especialista en la materia, Ricardo Bertolino, expuso sobre diferentes temáticas ambientales.
Del encuentro, que se realizó en el salón Pocho Roch, a partir de una iniciativa del intendente de Corrientes, participaron otros jefes comunales que comprenden el área metropolitana correntina, como así también el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y titular del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), Mario Rujana. En la oportunidad, los intendentes intercambiaron opiniones sobre las políticas del cuidado del medioambiente que se desarrollan en sus respectivas comunidades.
Tassano, quien es miembro del Consejo de Intendentes de la RAMCC, remarcó la importancia de la participación de sus pares de otras localidades, al tiempo que afirmó que es necesario “hablar e instalar esta problemática para trabajar juntos y brindar las posibles soluciones”.
En ese sentido, el titular del Ejecutivo municipal ratificó que “existe una firme decisión del Gobierno provincial en la lucha contra el cambio climático”, sobre lo cual consideró que “desde los municipios tenemos que seguir esta línea de trabajo”.
Pasos a seguir
Por su parte, el ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia explicó que “fue una jornada para aprender cuáles son las medidas y acciones que tenemos que tomar ante esta problemática que se siente en Corrientes, cuando vemos que tenemos intensas precipitaciones, veranos tan calurosos y sequías”.
Por ello, el funcionario provincial indicó que “es necesario tomar conciencia, para que todos los intendentes puedan trabajar sobre estos conceptos en todo el territorio provincial”.
El secretario ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático fue el encargado de conducir el tratamiento sobre las diferentes temáticas, marco en el que expuso que se habló acerca de “cuáles son los caminos sobre los que hay que trabajar, la promoción de las energías renovables, la movilidad sostenible y la recolección de residuos, que son los temas que generan mayor cantidad de gases de efecto invernadero”.
Además, Bertolino aseguró que “la temática del cambio climático no es un voluntarismo, sino que tiene que tener avales técnicos; por eso, los estudios que se realizan en cada municipio son validados, para que tengan un reconocimiento a escala internacional”.
Presencias
Además de Tassano, Ortega y Bertolino, en la jornada efectuada en el salón Pocho Roch de la Municipalidad de Corrientes estuvieron los intendentes de Curuzú Cutiá, José Irigoyen; de El Sombrero, Raúl González; de Empedradro, José Cheme; de Riachuelo, Martin Jetter; de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi; de San Cosme, Verónica Maciel y de Santa Ana, Augusto Navarrete. También participaron representantes de los municipios de Goya, Ituzaingó y Ramada Paso; el viceintendente capitalino, Emilio Lanari; junto a demás funcionarios provinciales y municipales, como así también profesionales e interesados en la temática.
.
Se extiende el plazo de limpieza del Riachuelo
Riachuelo: nuevo plazos de obra para la limpieza y allanamiento en Acumar
Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Las mejoras en el Riachuelo podrán empezar a verse en 2025. Aunque con fechas disímiles, este es el año que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) puso como plazo máximo para las distintas acciones que debe llevar adelante para conseguir el saneamiento del río. Así lo asegura el organismo en la respuesta que le envió a la Corte la semana pasada y en la que la atención sanitaria es la que queda más relegada.
Las obras de infraestructura, que incluyen el emisario subfluvial que llevará las cloacas a aguas abiertas, estarán listas para 2023, según el cronograma oficial y, la planta de tratamiento de las curtiembres, en 2021. Los planes de gestión de residuos se trabajarán con los municipios y seguirá la limpieza de espejo, una de las pocas acciones que se han mantenido en el tiempo. La relocalización de vecinos también culminará en 2025.
"Los plazos de obra no significan que vaya a haber saneamiento. Simplemente son planificaciones que no sabemos si se concretarán. El plan sanitario siempre se deja para lo último y muestra bien cuál es la prioridad de la política de Estado. A 10 años de la sentencia de la Corte para sanear el Riachuelo es hora de sanear los organismos", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y miembro del Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento de la manda.
Es que a poco menos de un mes de cumplirse un nuevo aniversario del fallo ambiental más trascendente que tuvo la Argentina, la Acumar vuelve estar en jaque tras el allanamiento de sus oficinas por una denuncia de corrupción.
Fuentes cercanas al expediente que investiga el juez federal Sebastián Ramos indicaron que la causa se inició contra varios funcionarios: el director general ambiental de Acumar, Nicolás Bardella; la directora de Asuntos Jurídicos, Alejandra Ahmad; la coordinadora de Dictámenes y procedimientos sancionatorios, Catherine Astolfi y Susana Pagola, una asesora jurídica del organismo nombrada por la actual senadora nacional de Cambiemos Gladys González, que sigue cumpliendo funciones aunque sin cargo formal. Una de las sospechas es que Pagola, que es experta en derecho ambiental, haya beneficiado a clientes de su estudio privado, lo que significaría un conflicto de intereses.
La denuncia y el allanamiento aceleró la partida del director de Fiscalización del organismo, Hernán Asensio y, posiblemente el alejamiento de todas las personas que trabajan con él. En el organismo indicaron anoche mediante un comunicado que "se desplazó a Asencio después de observar una serie de irregularidades que vienen siendo investigadas desde principios de mayo por la Auditoría Interna el organismo"
Por ejemplo, detallaron en Acumar, "no declarar agente contaminante a establecimientos industriales que no respetaban las normas del organismo, la aprobación de planes de reconversión industrial sin verficiar debidamente el cumplimiento de requerimientos legales y recomendar levantamientos de clausuras preventivas a establecimientos que no cumplían con las condiciones exigidas".
Otras fuentes del organismo consultadas por Infobae lo señalan como el impulsor de la denuncia por conflicto de intereses. El sector que dirigía Asensio era el encargado de hacer los controles de los vertidos industriales al río, uno de los problemas más sensibles en cuanto a la contaminación ambiental.
La sucesión de peleas internas dentro de Acumar durante la gestión de Cambiemos continúa y lleva al triste record de haber tenido 12 presidentes en 12 años. En los comienzos de Acumar, 2007 y 2008 Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación era su presidenta, la sucedió Homero Bibiloni hasta 2011; luego fue el turno de Juan José Mussi, hasta 2013 y desde esa fecha hasta 2015, Jorge Calzoni. En 2015 hubo tres autoridades distintas y sucesivas: Marcelo Cufre, Ricardo Jeliek y Gerardo López Arrojo. Luego llegaron las autoridades de Cambiemos: Amílcar López, Julio Torti, Gabriela Seijo, Gladys González y la actual presidenta, Dorina Bonetti.
La situación actual muestra más de 15.000 familias que siguen esperando soluciones habitacionales, un camino de sirga que aún no fue liberado, unos pocos planes de reconversión industrial por parte de las empresas, la calidad del agua igual o peor que hace una década y los suelos del Polo Petroquímico de Dock Sud, contaminados.
Luis Duacastella, Defensor General Adjunto porteño, dijo a Infobae que "Acumar tiene una debilidad institucional que antes se vinculaba con las diferencias de políticas de los socios [la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación]. Esto (por la gestión de Cambiemos) que parecía que era una solución con jurisdicciones alineadas continuó porque nunca dura el titular del organismo y cada uno que llega se vuelve a empezar. Para darse una idea, el año pasado sólo se entregaron 104 viviendas de villa 26 y en 2015, ninguna. Esa velocidad de ejecución nos lleva a 2025 los plazos, sin contar con el crecimiento vegetativo durante estos años que transforma el avance en nulo".
Para el Defensor porteño, que acompaña los reclamos de los vecinos, la causa tiene tres ejes: "Uno de obra pública que es en el que hace más hincapié la Corte, con condicionamientos de presupuestos marcados por los vaivenes económicos. El Cuerpo Colegiado ponen más la lupa en la cuestión ambiental y de vertidos y nosotros, que acompañamos a los vecinos con los reclamos".
Según Duacastella, que los vecinos afectados estén fuera de la sala de audiencias de la Corte lo dice todo. "Es una causa que trabaja sólo con la parte condenada, ni los vecinos ni con los actores originales. Nadie los escucha ni atiende sus reclamos. El tema sanitario es más grave porque no hay un seguimiento. Los chicos menores de 5 años que registran hoy tienen 15 y siguen con plomo en sangre. Nadie hizo nunca un tratamiento". En la respuesta a la Corte, Acumar asegura que hay hoy unos 300 chicos menores de seis años a los que se les detectó plomo en sangre y están siendo atendidos. Y, según el informe oficial, las enfermedades más recurrentes son aquellas relacionadas con la contaminación del agua y el aire: bronquiolitis, diarreas y asma.
Para Nápoli el tema es el saneamiento: para que el curso de agua recupere índices compatibles con la vida, especialmente en la cuenca baja, primero hay que dejar de contaminar. "En el caso de que el plan de saneamiento avance con la legislación vigente no se va a avanzar porque no es acorde para este río. Esa normativa tiene que ser reformulada con otros parámetros, establecer la carga que soporta el curso de agua y con eso recién podría empezar a pensarse como que algo puede cambiar", indica el director de Farn.
El problema, para darse una idea, es que no se sabe, o si se sabe no se usa como parámetro, cuánta contaminación soporta el río. El Observatorio de Derechos Ambientales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó un informe comparativo del Riachuelo con el Támesis, de Londres.
"El Támesis tiene una longitud de 346 kilómetros y un desnivel total de 110 metros. Su caudal medio es de 65,8 metros cúbicos por segundo. Nuestros tributarios no superan los 4 milímetros por kilómetro. Dicho en otras palabras, si se desea tener en el Riachuelo la misma calidad de agua que en el Támesis, las normas sobre volcado de efluentes deberían ser por lo menos 10 veces más rigurosas que las normas inglesas", detalla Elio Brailovsky, economista, historiador y ecologista y titular del observatorio.
El saneamiento del Támesis demandó 40 años, el del Rin, en Alemania, otro tanto. En la Argentina desde el Primer Triunvirato hay normas que pretenden reducir la contaminación del Riachuelo, paradójicamente, en donde nació la Ciudad. Más de doscientos años de contaminación transcurrieron y, las aguas, siguen turbias.
.
Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Las mejoras en el Riachuelo podrán empezar a verse en 2025. Aunque con fechas disímiles, este es el año que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) puso como plazo máximo para las distintas acciones que debe llevar adelante para conseguir el saneamiento del río. Así lo asegura el organismo en la respuesta que le envió a la Corte la semana pasada y en la que la atención sanitaria es la que queda más relegada.
Las obras de infraestructura, que incluyen el emisario subfluvial que llevará las cloacas a aguas abiertas, estarán listas para 2023, según el cronograma oficial y, la planta de tratamiento de las curtiembres, en 2021. Los planes de gestión de residuos se trabajarán con los municipios y seguirá la limpieza de espejo, una de las pocas acciones que se han mantenido en el tiempo. La relocalización de vecinos también culminará en 2025.
"Los plazos de obra no significan que vaya a haber saneamiento. Simplemente son planificaciones que no sabemos si se concretarán. El plan sanitario siempre se deja para lo último y muestra bien cuál es la prioridad de la política de Estado. A 10 años de la sentencia de la Corte para sanear el Riachuelo es hora de sanear los organismos", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y miembro del Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento de la manda.
Es que a poco menos de un mes de cumplirse un nuevo aniversario del fallo ambiental más trascendente que tuvo la Argentina, la Acumar vuelve estar en jaque tras el allanamiento de sus oficinas por una denuncia de corrupción.
Fuentes cercanas al expediente que investiga el juez federal Sebastián Ramos indicaron que la causa se inició contra varios funcionarios: el director general ambiental de Acumar, Nicolás Bardella; la directora de Asuntos Jurídicos, Alejandra Ahmad; la coordinadora de Dictámenes y procedimientos sancionatorios, Catherine Astolfi y Susana Pagola, una asesora jurídica del organismo nombrada por la actual senadora nacional de Cambiemos Gladys González, que sigue cumpliendo funciones aunque sin cargo formal. Una de las sospechas es que Pagola, que es experta en derecho ambiental, haya beneficiado a clientes de su estudio privado, lo que significaría un conflicto de intereses.
La denuncia y el allanamiento aceleró la partida del director de Fiscalización del organismo, Hernán Asensio y, posiblemente el alejamiento de todas las personas que trabajan con él. En el organismo indicaron anoche mediante un comunicado que "se desplazó a Asencio después de observar una serie de irregularidades que vienen siendo investigadas desde principios de mayo por la Auditoría Interna el organismo"
Por ejemplo, detallaron en Acumar, "no declarar agente contaminante a establecimientos industriales que no respetaban las normas del organismo, la aprobación de planes de reconversión industrial sin verficiar debidamente el cumplimiento de requerimientos legales y recomendar levantamientos de clausuras preventivas a establecimientos que no cumplían con las condiciones exigidas".
Otras fuentes del organismo consultadas por Infobae lo señalan como el impulsor de la denuncia por conflicto de intereses. El sector que dirigía Asensio era el encargado de hacer los controles de los vertidos industriales al río, uno de los problemas más sensibles en cuanto a la contaminación ambiental.
La sucesión de peleas internas dentro de Acumar durante la gestión de Cambiemos continúa y lleva al triste record de haber tenido 12 presidentes en 12 años. En los comienzos de Acumar, 2007 y 2008 Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación era su presidenta, la sucedió Homero Bibiloni hasta 2011; luego fue el turno de Juan José Mussi, hasta 2013 y desde esa fecha hasta 2015, Jorge Calzoni. En 2015 hubo tres autoridades distintas y sucesivas: Marcelo Cufre, Ricardo Jeliek y Gerardo López Arrojo. Luego llegaron las autoridades de Cambiemos: Amílcar López, Julio Torti, Gabriela Seijo, Gladys González y la actual presidenta, Dorina Bonetti.
La situación actual muestra más de 15.000 familias que siguen esperando soluciones habitacionales, un camino de sirga que aún no fue liberado, unos pocos planes de reconversión industrial por parte de las empresas, la calidad del agua igual o peor que hace una década y los suelos del Polo Petroquímico de Dock Sud, contaminados.
Luis Duacastella, Defensor General Adjunto porteño, dijo a Infobae que "Acumar tiene una debilidad institucional que antes se vinculaba con las diferencias de políticas de los socios [la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación]. Esto (por la gestión de Cambiemos) que parecía que era una solución con jurisdicciones alineadas continuó porque nunca dura el titular del organismo y cada uno que llega se vuelve a empezar. Para darse una idea, el año pasado sólo se entregaron 104 viviendas de villa 26 y en 2015, ninguna. Esa velocidad de ejecución nos lleva a 2025 los plazos, sin contar con el crecimiento vegetativo durante estos años que transforma el avance en nulo".
Para el Defensor porteño, que acompaña los reclamos de los vecinos, la causa tiene tres ejes: "Uno de obra pública que es en el que hace más hincapié la Corte, con condicionamientos de presupuestos marcados por los vaivenes económicos. El Cuerpo Colegiado ponen más la lupa en la cuestión ambiental y de vertidos y nosotros, que acompañamos a los vecinos con los reclamos".
Según Duacastella, que los vecinos afectados estén fuera de la sala de audiencias de la Corte lo dice todo. "Es una causa que trabaja sólo con la parte condenada, ni los vecinos ni con los actores originales. Nadie los escucha ni atiende sus reclamos. El tema sanitario es más grave porque no hay un seguimiento. Los chicos menores de 5 años que registran hoy tienen 15 y siguen con plomo en sangre. Nadie hizo nunca un tratamiento". En la respuesta a la Corte, Acumar asegura que hay hoy unos 300 chicos menores de seis años a los que se les detectó plomo en sangre y están siendo atendidos. Y, según el informe oficial, las enfermedades más recurrentes son aquellas relacionadas con la contaminación del agua y el aire: bronquiolitis, diarreas y asma.
Para Nápoli el tema es el saneamiento: para que el curso de agua recupere índices compatibles con la vida, especialmente en la cuenca baja, primero hay que dejar de contaminar. "En el caso de que el plan de saneamiento avance con la legislación vigente no se va a avanzar porque no es acorde para este río. Esa normativa tiene que ser reformulada con otros parámetros, establecer la carga que soporta el curso de agua y con eso recién podría empezar a pensarse como que algo puede cambiar", indica el director de Farn.
El problema, para darse una idea, es que no se sabe, o si se sabe no se usa como parámetro, cuánta contaminación soporta el río. El Observatorio de Derechos Ambientales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó un informe comparativo del Riachuelo con el Támesis, de Londres.
"El Támesis tiene una longitud de 346 kilómetros y un desnivel total de 110 metros. Su caudal medio es de 65,8 metros cúbicos por segundo. Nuestros tributarios no superan los 4 milímetros por kilómetro. Dicho en otras palabras, si se desea tener en el Riachuelo la misma calidad de agua que en el Támesis, las normas sobre volcado de efluentes deberían ser por lo menos 10 veces más rigurosas que las normas inglesas", detalla Elio Brailovsky, economista, historiador y ecologista y titular del observatorio.
El saneamiento del Támesis demandó 40 años, el del Rin, en Alemania, otro tanto. En la Argentina desde el Primer Triunvirato hay normas que pretenden reducir la contaminación del Riachuelo, paradójicamente, en donde nació la Ciudad. Más de doscientos años de contaminación transcurrieron y, las aguas, siguen turbias.
.
La venta de información del Estado hacia las mineras
Venden información confidencial del Estado para negocio minero
Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca
Una investigación del Gobierno terminó en manos de privados previa transferencia silenciosa de propiedades mineras.
Si “vendieron” o se “filtró” información confidencial del Estado, para el caso es lo mismo, pues, como sea, representa una pérdida para el patrimonio minero de la provincia. El punto es que, datos de una investigación que generó la Secretaria de Minería terminó en una transferencia silenciosa de propiedades, sin licitación pública, y todo quedó en manos de una empresa juniors que no tiene experiencia en explotación de litio. Negocios con incompatibilidad de fechas, maniobras con propiedades mineras y la complicidad de funcionarios, más, por supuesto, la colaboración inestimable del Juzgado de Minas de Catamarca.
Con asesores y funcionarios así, la patria está perdida
De acuerdo a la información a la que accedió El Intransigente, el asesor de la Secretaria de Minería, Eduardo Peralta, encargado de hacer el estudio científico tiene vínculos con Liex/Neo-Lithium, empresa que finalmente se quedó con el proyecto minero en Fiambalá. ¿Qué sucedió? Entre 2012 y 2013 la Secretaria de Minería de la provincia que conduce Rodolfo Micone puso en marcha una investigación sobre el litio en 21 salares de Catamarca. En el estudio encarado por el organismo oficial se concluye que la zona más importante para la exploración del llamado “oro blanco” era el complejo de Lagunas Tres Quebradas, Verde y Las Parinas, al oeste de Fiambalá (Tinogasta).
En una situación normal, las “propiedades” tendrían que haber sido objeto de un llamado a licitación, pero, ¿qué pasó entre 2013 y 2016? El área minera fue pasando a manos privadas en forma silenciosa. Incluso había propiedades de SOMICA DEM que tendrían que haber quedado bajo la órbita de la estatal CAMYEN. De manera que 3Q quedó para Liex y Neolithum, se trata de la misma empresa, con los mismos gerentes y asesores, la última con sede en Canadá y la primera operadora del proyecto. Hablamos de una empresa juniors, hábiles en el negocio de “transacciones mineras” pero sin antecedentes en explotación del litio.
Neolithium figura en la Ley de Corporaciones Comerciales de Canadá a partir de enero de 2016 (http://neolithium.ca/) y dentro de su equipo de técnico se encuentra Martín Erroz, contacto y amigo del asesor de la Secretaría de Minería, cuyo informe final tiene fecha mayo 2016. Más que coincidencias ¿verdad?. No perder de vista la relación entre el asesor Peralta y Erroz, porque, no solo Peralta lo cita como fuente de consulta a Erroz en la investigación, sino que aparecen como staff de Neolithium/Liex . Más claro, échale agua.
Acá no hay “grietas” políticas. Son todos negocios, como en otros tantísimos casos en la Argentina. ¿Y el Juez de Minas? Mamita querida, qué peligro estos tipos para la provincia y el país. Que peligro para la patria.
.
Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca
Una investigación del Gobierno terminó en manos de privados previa transferencia silenciosa de propiedades mineras.
Si “vendieron” o se “filtró” información confidencial del Estado, para el caso es lo mismo, pues, como sea, representa una pérdida para el patrimonio minero de la provincia. El punto es que, datos de una investigación que generó la Secretaria de Minería terminó en una transferencia silenciosa de propiedades, sin licitación pública, y todo quedó en manos de una empresa juniors que no tiene experiencia en explotación de litio. Negocios con incompatibilidad de fechas, maniobras con propiedades mineras y la complicidad de funcionarios, más, por supuesto, la colaboración inestimable del Juzgado de Minas de Catamarca.
Con asesores y funcionarios así, la patria está perdida
De acuerdo a la información a la que accedió El Intransigente, el asesor de la Secretaria de Minería, Eduardo Peralta, encargado de hacer el estudio científico tiene vínculos con Liex/Neo-Lithium, empresa que finalmente se quedó con el proyecto minero en Fiambalá. ¿Qué sucedió? Entre 2012 y 2013 la Secretaria de Minería de la provincia que conduce Rodolfo Micone puso en marcha una investigación sobre el litio en 21 salares de Catamarca. En el estudio encarado por el organismo oficial se concluye que la zona más importante para la exploración del llamado “oro blanco” era el complejo de Lagunas Tres Quebradas, Verde y Las Parinas, al oeste de Fiambalá (Tinogasta).
En una situación normal, las “propiedades” tendrían que haber sido objeto de un llamado a licitación, pero, ¿qué pasó entre 2013 y 2016? El área minera fue pasando a manos privadas en forma silenciosa. Incluso había propiedades de SOMICA DEM que tendrían que haber quedado bajo la órbita de la estatal CAMYEN. De manera que 3Q quedó para Liex y Neolithum, se trata de la misma empresa, con los mismos gerentes y asesores, la última con sede en Canadá y la primera operadora del proyecto. Hablamos de una empresa juniors, hábiles en el negocio de “transacciones mineras” pero sin antecedentes en explotación del litio.
Neolithium figura en la Ley de Corporaciones Comerciales de Canadá a partir de enero de 2016 (http://neolithium.ca/) y dentro de su equipo de técnico se encuentra Martín Erroz, contacto y amigo del asesor de la Secretaría de Minería, cuyo informe final tiene fecha mayo 2016. Más que coincidencias ¿verdad?. No perder de vista la relación entre el asesor Peralta y Erroz, porque, no solo Peralta lo cita como fuente de consulta a Erroz en la investigación, sino que aparecen como staff de Neolithium/Liex . Más claro, échale agua.
Acá no hay “grietas” políticas. Son todos negocios, como en otros tantísimos casos en la Argentina. ¿Y el Juez de Minas? Mamita querida, qué peligro estos tipos para la provincia y el país. Que peligro para la patria.
.
Un chiste: Urtubey crea agencia para controlar los desmontes
Urtubey creará una agencia para controlar los desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
.
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
.
Etiquetas:
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
política ambiental,
Salta
|
0
comentarios
Acabemos con los bosques
Acabemos con los bosques
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Denuncian ante la CIDH "aprietes" por alerta de desmontes
Greenpeace denunció ante la CIDH aprietes de personas cercanas al Gobierno
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta - Nacional
Greenpeace Argentina denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "personas de estrecho vínculo con el Gobierno nacional" habrían perpetrado una serie de ataques" contra sus máximos dirigentes con el fin de amedrentarlos y dificultar sus actividades a favor del medio ambiente, según surge de la copia del escrito que presentó la fundación la semana pasada y que obtuvo LA NACION.
Greenpeace solicitó que la CIDH inicie un "proceso de monitoreo" y le pida informes al Gobierno "a fin de que este clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores", como así también verifique si adoptará "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".
La entidad identificó, en particular, a un primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña , el empresario Alejandro Braun Peña, dueño de uno de los terrenos de llamada "Finca Cuchuy", en la provincia de Salta, donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos, lo que derivó en un cruce de cartas documentos y el llamado a una mediación, que se celebró el 8 de marzo pasado.
Durante esa mediación, Braun Peña les reclamó a los directivos de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y Natalia Machain, que sus acciones le habían causado daños y perjuicios, cuando él había dedicado mucho tiempo para convertirse en "uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos".
A continuación, siempre según el relato que Greenpeace elevó a la CIDH, Braun Peña habría amenazado a los representantes de la entidad. "Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a ustedes", les habría dicho frente al mediador, a lo cual su abogado habría añadido: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país".
LA NACION intentó comunicarse ayer, pero no fue posible, con el abogado de Braun Peña, Pablo Horacio Guglielminotti, quien integra el estudio jurídico "Romero Zapiola, Clusellas & Sluga Abogados", que integró hasta diciembre de 2015 el actual secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas.
En las cartas documento que intercambió con Greenpeace, sin embargo, Braun Peña, expuso sus argumentos. Afirmó que él respetó "al pie de la letra todas las exigencias que se hubieren impuesto" en cada uno de los expedientes administrativos vinculados a la Finca Cuchuy, como así también "al íntegro resguardo de todas las normativas municipales, provinciales y nacionales vigentes y aplicables en la materia, incluida la citada Ley de Bosques".
Por el contrario, Braun Peña consideró que fueron los activistas y directivos de Greenpeace quienes afirmaron "dichos vejatorios" y "agresiones" contra él, "a título personal", todo lo cual además le causó un "daño reputacional".
Tras la fallida audiencia de mediación, Greenpeace decidió informarle que ocurría a la Casa Rosada. Sus directivos se reunieron con el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el 12 de abril, para luego dar el siguiente paso ante la CIDH, "en pos de que adopte las medidas que considere pertinentes".
La entidad, que durante la última década se enfrentó públicamente con el kirchnerismo por la falta de una política ambiental o el cajoneo de los proyectos de ley de bosques y "basura electrónica", denunció ante la CIDH durante las semanas que siguieron a las supuestas amenazas de Braun Peña comenzó a detectar una campaña difamatoria por las redes sociales "sin precedentes" en la cual sumaron al diputado nacional por el PRO, Juan Carlos Villalonga. Eso, sostuvo, generó en sus integrantes "una sensación de temor que supera ampliamente el producido por cualquier situación similar a la vivida con anterioridad".
.
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta - Nacional
Greenpeace Argentina denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "personas de estrecho vínculo con el Gobierno nacional" habrían perpetrado una serie de ataques" contra sus máximos dirigentes con el fin de amedrentarlos y dificultar sus actividades a favor del medio ambiente, según surge de la copia del escrito que presentó la fundación la semana pasada y que obtuvo LA NACION.
Greenpeace solicitó que la CIDH inicie un "proceso de monitoreo" y le pida informes al Gobierno "a fin de que este clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores", como así también verifique si adoptará "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".
La entidad identificó, en particular, a un primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña , el empresario Alejandro Braun Peña, dueño de uno de los terrenos de llamada "Finca Cuchuy", en la provincia de Salta, donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos, lo que derivó en un cruce de cartas documentos y el llamado a una mediación, que se celebró el 8 de marzo pasado.
Durante esa mediación, Braun Peña les reclamó a los directivos de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y Natalia Machain, que sus acciones le habían causado daños y perjuicios, cuando él había dedicado mucho tiempo para convertirse en "uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos".
A continuación, siempre según el relato que Greenpeace elevó a la CIDH, Braun Peña habría amenazado a los representantes de la entidad. "Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a ustedes", les habría dicho frente al mediador, a lo cual su abogado habría añadido: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país".
LA NACION intentó comunicarse ayer, pero no fue posible, con el abogado de Braun Peña, Pablo Horacio Guglielminotti, quien integra el estudio jurídico "Romero Zapiola, Clusellas & Sluga Abogados", que integró hasta diciembre de 2015 el actual secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas.
En las cartas documento que intercambió con Greenpeace, sin embargo, Braun Peña, expuso sus argumentos. Afirmó que él respetó "al pie de la letra todas las exigencias que se hubieren impuesto" en cada uno de los expedientes administrativos vinculados a la Finca Cuchuy, como así también "al íntegro resguardo de todas las normativas municipales, provinciales y nacionales vigentes y aplicables en la materia, incluida la citada Ley de Bosques".
Por el contrario, Braun Peña consideró que fueron los activistas y directivos de Greenpeace quienes afirmaron "dichos vejatorios" y "agresiones" contra él, "a título personal", todo lo cual además le causó un "daño reputacional".
Tras la fallida audiencia de mediación, Greenpeace decidió informarle que ocurría a la Casa Rosada. Sus directivos se reunieron con el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el 12 de abril, para luego dar el siguiente paso ante la CIDH, "en pos de que adopte las medidas que considere pertinentes".
La entidad, que durante la última década se enfrentó públicamente con el kirchnerismo por la falta de una política ambiental o el cajoneo de los proyectos de ley de bosques y "basura electrónica", denunció ante la CIDH durante las semanas que siguieron a las supuestas amenazas de Braun Peña comenzó a detectar una campaña difamatoria por las redes sociales "sin precedentes" en la cual sumaron al diputado nacional por el PRO, Juan Carlos Villalonga. Eso, sostuvo, generó en sus integrantes "una sensación de temor que supera ampliamente el producido por cualquier situación similar a la vivida con anterioridad".
.
Visión política de la contaminación de ríos Neuquén y Limay
El daño en los ríos tiene una salida política
Fecha de Publicación: 03/06/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Neuquén. El diputado provincial por el Frente Neuquino Mariano Mansilla sostuvo ayer que más allá de las causas judiciales que pesan por la contaminación de los ríos Neuquén y Limay, “dejar de contaminar es una decisión política en conjunto”.
Las declaraciones fueron formuladas luego de que se conociera ayer que vecinos de la localidad rionegrina de Cinco Saltos presentaran un amparo ambiental para solicitar el cese de vertidos crudos al río Neuquén. Pidieron un tratamiento similar a lo que ocurrió en Centenario, donde la Justicia lleva una causa penal contra funcionarios, pero además con la corrección de la planta de cloacas.
La resolución la tiene la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, donde el fiscal Mario Saba Herrera pidió que la causa vuelva al Juzgado Federal de Neuquén, a cargo de Carolina Pandolfi, donde los vecinos de Centenario y Cinco Saltos presentaron el amparo.
Es que entiende que la contaminación del río Neuquén se da no sólo en un territorio, sino en las dos provincias, a través de los desperfectos de las plantas cloacales.
“Nosotros creemos que está muy bien seguir con las causas judiciales, de hecho las apoyamos, pero la decisión es política, por eso impulsamos el proyecto de vertido cero en un plazo de cinco años”, indicó el legislador a LM Neuquén.
Mansilla y el grupo del Frente Neuquino están más enfocados en la contaminación del Limay y han hecho distintas intervenciones en el espacio público para protestar contra el daño ambiental.
La semana pasada se conoció un informe de Prefectura Nacional, difundido por el diputado, donde se detectaron un número de bacterias coliformes fecales 75 veces mayor al permitido a la salida de la planta Tronador en el río Limay.
Pero los resultados fueron rechazados de plano por el titular del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Mauro Millán, y las denuncias de contaminación quedaron atrapadas en cruces políticos que desestimaron los informes técnicos.
.
Fecha de Publicación: 03/06/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Neuquén. El diputado provincial por el Frente Neuquino Mariano Mansilla sostuvo ayer que más allá de las causas judiciales que pesan por la contaminación de los ríos Neuquén y Limay, “dejar de contaminar es una decisión política en conjunto”.
Las declaraciones fueron formuladas luego de que se conociera ayer que vecinos de la localidad rionegrina de Cinco Saltos presentaran un amparo ambiental para solicitar el cese de vertidos crudos al río Neuquén. Pidieron un tratamiento similar a lo que ocurrió en Centenario, donde la Justicia lleva una causa penal contra funcionarios, pero además con la corrección de la planta de cloacas.
La resolución la tiene la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, donde el fiscal Mario Saba Herrera pidió que la causa vuelva al Juzgado Federal de Neuquén, a cargo de Carolina Pandolfi, donde los vecinos de Centenario y Cinco Saltos presentaron el amparo.
Es que entiende que la contaminación del río Neuquén se da no sólo en un territorio, sino en las dos provincias, a través de los desperfectos de las plantas cloacales.
“Nosotros creemos que está muy bien seguir con las causas judiciales, de hecho las apoyamos, pero la decisión es política, por eso impulsamos el proyecto de vertido cero en un plazo de cinco años”, indicó el legislador a LM Neuquén.
Mansilla y el grupo del Frente Neuquino están más enfocados en la contaminación del Limay y han hecho distintas intervenciones en el espacio público para protestar contra el daño ambiental.
La semana pasada se conoció un informe de Prefectura Nacional, difundido por el diputado, donde se detectaron un número de bacterias coliformes fecales 75 veces mayor al permitido a la salida de la planta Tronador en el río Limay.
Pero los resultados fueron rechazados de plano por el titular del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Mauro Millán, y las denuncias de contaminación quedaron atrapadas en cruces políticos que desestimaron los informes técnicos.
.
La Pampa planea una nueva Ley Ambiental
El gobierno presentó la nueva Ley Ambiental
Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La propuesta legislastiva apuesta a reemplazar la ley actual, sancionada en 2001, y adapta a la provincia La Pampa a las exigencias de la Ley Nacional General del Ambiente.
El Poder Ejecutivo Provincial giró a la Cámara de Diputados de La Pampa un proyecto de Ley Ambiental, que ingresará en la próxima sesión y comenzará a debatirse en la comisión de Ecología, que preside el radical Martín Berhongaray, quien destacó el “nuevo debate” sobre la normativa ambientalista.
La propuesta, que establece de la política ambiental y de protección que deberán garantizar la Provincia y los municipios, pretende “renovar” la ley vigente desde el 2 de febrero del año 2001, antes de la reglamentación de la Ley Nacional General del Ambiente y de otras leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Berhongaray afirmó que es “más que necesario” una nueva legislación ambiental porque “La Pampa es la única provincia sostiene una ley previa a la Ley General del Ambiente, que se aprobó en 2002 y que por disposición de la Constitución Nacional, debe ser fundamental para ajustar todas las normas provinciales”.
Siguiendo en esa línea, el legislador señaló ante la consulta de LA ARENA que “hay un evidente defasaje que debe ser corregido así que bienvenido el nuevo debate que propone el Ejecutivo provincial”.
– ¿Qué opinión le merece el proyecto que envió el Ejecutivo?
– Todavía no lo empezamos a analizar en la comisión de Ecología. Lo he leído y en principio coincido con el enfoque general, pero hay muchas cuestiones vinculadas a la puesta en práctica de distintas formulaciones que tendremos que evaluar, para que no queden como desarrollos normativos de vanguardia o novedosos que después no puedan llevarse a cabo.
– ¿Qué cuestiones destaca de la iniciativa?
– Lo que debe tenerse en claro es que estamos en presencia de una ley que tiene una jerarquía especial que se la da la propia Constitución Nacional y que se ubica por encima de las demás leyes. Es decir, no puede haber ninguna otra norma en La Pampa que se le oponga, y si ocurriese alguna contradicción, siempre prevalece la ley ambiental. Es como se dice una categoría “sui generis” de ley, muy novedosa a partir de la reforma constitucional de 1994 que le asignó mayor peso normativo que las otras leyes.
Más recursos.
El presidente de la comisión de Ecología y miembro de la organización ambientalista fundación Chadileuvú señaló que la autoridad de aplicación de la futura Ley Ambiental es la Subsecretaría de Ecología de La Pampa, y advirtió que el gobierno “deberá elevar el rango” de esa dependencia a secretaria o ministerio”.
Agregó que el área de Ecología deberá “dotarse de mayores recursos humanos para que pueda cumplir acabadamente el cúmulo de nuevas tareas que va a tener por aplicación de la nueva ley” porque “hoy tiene una estructura muy modesta. Hay que jerarquizar esa área porque es un ámbito clave para el desarrollo de cualquier estado moderno”.
Sobre el tratamiento del proyecto en Diputados, Berhongaray consideró que “Ecología es la comisión de cabecera, pero también ha sido girado a otras comisiones. Como es un tema sumamente complejo e involucra a muchos resortes del Estado, lo razonable es que se trate en el marco de un plenario de todas las comisiones involucradas para que podamos tener un debate lo más amplio posible”.
.
Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La propuesta legislastiva apuesta a reemplazar la ley actual, sancionada en 2001, y adapta a la provincia La Pampa a las exigencias de la Ley Nacional General del Ambiente.
El Poder Ejecutivo Provincial giró a la Cámara de Diputados de La Pampa un proyecto de Ley Ambiental, que ingresará en la próxima sesión y comenzará a debatirse en la comisión de Ecología, que preside el radical Martín Berhongaray, quien destacó el “nuevo debate” sobre la normativa ambientalista.
La propuesta, que establece de la política ambiental y de protección que deberán garantizar la Provincia y los municipios, pretende “renovar” la ley vigente desde el 2 de febrero del año 2001, antes de la reglamentación de la Ley Nacional General del Ambiente y de otras leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Berhongaray afirmó que es “más que necesario” una nueva legislación ambiental porque “La Pampa es la única provincia sostiene una ley previa a la Ley General del Ambiente, que se aprobó en 2002 y que por disposición de la Constitución Nacional, debe ser fundamental para ajustar todas las normas provinciales”.
Siguiendo en esa línea, el legislador señaló ante la consulta de LA ARENA que “hay un evidente defasaje que debe ser corregido así que bienvenido el nuevo debate que propone el Ejecutivo provincial”.
– ¿Qué opinión le merece el proyecto que envió el Ejecutivo?
– Todavía no lo empezamos a analizar en la comisión de Ecología. Lo he leído y en principio coincido con el enfoque general, pero hay muchas cuestiones vinculadas a la puesta en práctica de distintas formulaciones que tendremos que evaluar, para que no queden como desarrollos normativos de vanguardia o novedosos que después no puedan llevarse a cabo.
– ¿Qué cuestiones destaca de la iniciativa?
– Lo que debe tenerse en claro es que estamos en presencia de una ley que tiene una jerarquía especial que se la da la propia Constitución Nacional y que se ubica por encima de las demás leyes. Es decir, no puede haber ninguna otra norma en La Pampa que se le oponga, y si ocurriese alguna contradicción, siempre prevalece la ley ambiental. Es como se dice una categoría “sui generis” de ley, muy novedosa a partir de la reforma constitucional de 1994 que le asignó mayor peso normativo que las otras leyes.
Más recursos.
El presidente de la comisión de Ecología y miembro de la organización ambientalista fundación Chadileuvú señaló que la autoridad de aplicación de la futura Ley Ambiental es la Subsecretaría de Ecología de La Pampa, y advirtió que el gobierno “deberá elevar el rango” de esa dependencia a secretaria o ministerio”.
Agregó que el área de Ecología deberá “dotarse de mayores recursos humanos para que pueda cumplir acabadamente el cúmulo de nuevas tareas que va a tener por aplicación de la nueva ley” porque “hoy tiene una estructura muy modesta. Hay que jerarquizar esa área porque es un ámbito clave para el desarrollo de cualquier estado moderno”.
Sobre el tratamiento del proyecto en Diputados, Berhongaray consideró que “Ecología es la comisión de cabecera, pero también ha sido girado a otras comisiones. Como es un tema sumamente complejo e involucra a muchos resortes del Estado, lo razonable es que se trate en el marco de un plenario de todas las comisiones involucradas para que podamos tener un debate lo más amplio posible”.
.
UNCuyo confirma la contaminación en Jáchal
Un derrame de silencio
Fecha de Publicación: 26/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno.
El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero (de la empresa Barrick Gold, en San Juan), sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, denunció la Asamblea de Jáchal, en base un estudio de la Universidad de Cuyo, y responsabilizó a la empresa por un nuevo derrame. El subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, Mario Capello, se burló de las críticas a la minería y afirmó que “el cianuro lo puede consumir el ser humano”. El gobierno nacional intenta modificar la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros.
La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.
La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
La Asamblea de Jáchal tomó como referencia los estudios del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami –dependiente de la Provincia–), que monitoreó el río durante seis años (entre 2004 y 2010). “Durante todos esos años los valores de mercurio, manganeso y aluminio no superaban los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos”, recordó la Asamblea.
Los análisis de la Universidad de Cuyo, comparados con el Cipcami, muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.
“Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”, denunció la Asamblea de Jáchal. Como sucedió con los derrames de septiembre de 2015 y 2016, el mercurio, el manganeso y el aluminio se elevaron de manera drástica. “Estamos seguros de que hubo nuevos derrames”, afirmó Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal.
La Asamblea denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó los análisis de la Universidad de Cuyo.
El gobierno provincial, a cargo de Sergio Uñac, y Barrick Gold tuvieron el mismo discurso. Sostuvieron que no hubo derrames nuevos y que los ríos tienen esos metales de “forma natural”.
La Asamblea le respondió en un comunicado: “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”. Y recordaron que Barrick Gold opera en zona prohibida por la Ley de Glaciares. Exigen su retiro y que remedie la contaminación.
El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento, el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.
Por el derrame de cianuro de Barrick hay dos causas judiciales. Una tramita en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Lorusso, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales y uno de los letrados de la Asamblea de Jáchal, explicó que es “vergonzoso” el accionar del Poder Judicial de San Juan. La causa está en manos del Pablo Oritja y sólo procesó a ocho empleados de segunda línea de la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos. “Dejó libre de toda responsabilidad a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales”, denunció Viale.
La Asamblea de Jáchal responsabilizó al gobernador Uñac, al ministro de Minería provincial, Alberto Hansel; al presidente Macri y a los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman. “Saben de la contaminación, tienen la información, pero no dicen la verdad porque solo les interesa proteger a la Barrick y seguir metiendo megamineras”, denunciaron. Y alertaron que el Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para favorecer el avance minero.
En abril pasado, en la provincia se realizó la “Exposición Internacional San Juan factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. En línea con los anuncios de Aranguren y Bergman, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de minería de Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para “favorecer la llegada de inversiones”. Capello dio un paso más al defender la minería y afirmó que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”.
.
Fecha de Publicación: 26/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno.
El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero (de la empresa Barrick Gold, en San Juan), sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, denunció la Asamblea de Jáchal, en base un estudio de la Universidad de Cuyo, y responsabilizó a la empresa por un nuevo derrame. El subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, Mario Capello, se burló de las críticas a la minería y afirmó que “el cianuro lo puede consumir el ser humano”. El gobierno nacional intenta modificar la Ley de Glaciares para avanzar con proyectos mineros.
La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.
La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
La Asamblea de Jáchal tomó como referencia los estudios del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami –dependiente de la Provincia–), que monitoreó el río durante seis años (entre 2004 y 2010). “Durante todos esos años los valores de mercurio, manganeso y aluminio no superaban los límites establecidos por la Ley de Residuos Peligrosos”, recordó la Asamblea.
Los análisis de la Universidad de Cuyo, comparados con el Cipcami, muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.
“Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”, denunció la Asamblea de Jáchal. Como sucedió con los derrames de septiembre de 2015 y 2016, el mercurio, el manganeso y el aluminio se elevaron de manera drástica. “Estamos seguros de que hubo nuevos derrames”, afirmó Saúl Zeballos, asambleísta de Jáchal.
La Asamblea denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó los análisis de la Universidad de Cuyo.
El gobierno provincial, a cargo de Sergio Uñac, y Barrick Gold tuvieron el mismo discurso. Sostuvieron que no hubo derrames nuevos y que los ríos tienen esos metales de “forma natural”.
La Asamblea le respondió en un comunicado: “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”. Y recordaron que Barrick Gold opera en zona prohibida por la Ley de Glaciares. Exigen su retiro y que remedie la contaminación.
El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento, el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.
Por el derrame de cianuro de Barrick hay dos causas judiciales. Una tramita en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a los ex secretarios de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Lorusso, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales y uno de los letrados de la Asamblea de Jáchal, explicó que es “vergonzoso” el accionar del Poder Judicial de San Juan. La causa está en manos del Pablo Oritja y sólo procesó a ocho empleados de segunda línea de la empresa por violación de la Ley de Residuos Peligrosos. “Dejó libre de toda responsabilidad a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales”, denunció Viale.
La Asamblea de Jáchal responsabilizó al gobernador Uñac, al ministro de Minería provincial, Alberto Hansel; al presidente Macri y a los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman. “Saben de la contaminación, tienen la información, pero no dicen la verdad porque solo les interesa proteger a la Barrick y seguir metiendo megamineras”, denunciaron. Y alertaron que el Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares para favorecer el avance minero.
En abril pasado, en la provincia se realizó la “Exposición Internacional San Juan factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. En línea con los anuncios de Aranguren y Bergman, el gobernador Sergio Uñac y el subsecretario de minería de Nación, Mario Capello, reclamaron la modificación de la Ley de Glaciares para “favorecer la llegada de inversiones”. Capello dio un paso más al defender la minería y afirmó que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”.
.
Catamarca: docentes obligados a 'hablar bien' de las mineras
Docentes de Catamarca 'presionados' para 'hablar bien' de las mineras
Fecha de Publicación: 25/05/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca
Crudo testimonio de una exdirectora de Tinogasta (Catamarca) que denuncia que el Estado es “borrado” por las firmas internacionales que explotan litio en la zona.
Susana de Lovera, docente y exdirectora, ambientalista, habló con El Intransigente y denunció la manipulación y presión que sufren los trabajadores de la educación en Tinogasta y Fiambalá, provincia de Catamarca, zona del litio -mineral más conocido como “oro blanco”-, para “hablar bien” de las mineras, en este caso Liex S.A. que trabaja en la Cordillera en el proyecto Tres Quebradas (3Q). La docente dijo además que las mineras “borraron” al Estado.
Ei.- El Intransigente
SL.- Susana de Lovera
Ei.- ¿Alcanzó a leer lo que sucede en Antofagasta de la Sierra con las empresas que extraen litio?
SL.- Me solidarizo con los antofagasteños porque tienen el mismo problema que nosotros en ek departamento Tinogasta, en el distrito Fiambalá, en la laguna Tres Quebradas con la empresa Liex S.A. En un futuro no muy lejano nos puede dejar sin agua. El agua que nace en la Cordillera no solo abastece a las poblaciones cercanas, sino que, en la naturaleza, el agua tiene un recorrido amplio, tiene que ver con la región.
Ei.- ¿Se sienten ciudadanos prescindibles, descartables?
SL.- No por ser pocos, somos pueblos sacrificables, en pos de lo que supuestamente llaman equivocadamente acá desarrollo y progreso, aunque con este esquema tal vez sí para los países del Primer mundo
Ei.- ¿Hay información sobre la minería en Tinogasta, es accesible?
SL.- En Tinogasta no hay licencia social para la mega minería, no se hizo las consultas necesarias y debidas en las poblaciones que estamos a la vera del Río Abaucán y cerca del proyecto 3Q. Nadie dio un aval para que esas actividades de exploración den inicio. No hubo consultas a la sociedad, así que, empezamos mal. Esta es una zona altamente frágil, es un delicado equilibrio que hay entre las lagunas, Los Seismiles (cumbres que superan los 6.000 metros de altura en la Cordillera de los Andes), que tienen una función conjunta con los salares y las vegas. Son sitios “Ramsar” con convenios internacionales para la protección de humedales. Sitios protegidos que están siendo violados en estos momentos.
Ei. ¿Usted insinúa que el Gobierno provincial y la secretaria de Minería mienten?
SL.- No insinúo, afirmo. El Gobierno está mintiendo porque viola ese sitio Ramsar.
Ei.- Aparte del Gobierno, otras ONG ambientalistas dicen lo mismo…
SL.- Las ONG que dicen que no hay problemas, son las ONG amigas del Gobierno. No podemos decir que sean objetivas en cuanto al análisis y los informes que hagan. Algo reciben.
Ei.- ¿Se conversa de estos temas en las escuelas?
SL.- Un buen docente debe informar qué se dice de un lado y qué del otro para que sea el alumno quién objetivamente saque sus propias conclusiones. Pero, qué pasa. Se manipula a los docentes a través de distintas formas, se los presiona para que no se hable de los perjuicios, daños y desventajas de la megaminería. Hay muchos docentes en Tinogasta que no hablan el tema porque tienen miedo, pero no están cumpliendo la misión de enseñar, el objetivo debería ser que se escuchen las dos campanas.
Ei.- Entonces “una” campana si se escucha, el tema es “qué” campana se escucha
SL.- La de la empresa, la del Gobierno. Yo estuve viendo que en algunas escuelas de Fiambalá les permiten a la empresa que auspicien. Yo quisiera saber si pedidos un espacio en la Escuela para hablar a los estudiantes si nos van dar ese tiempo a los integrantes de la Asamblea por la vida. Yo fui directora en una escuela y sentí la presión para que estas charlas no se den, es decir, la otra campana.
Ei.- ¿Y eso qué significa?
SL.- Significa que no se está cumpliendo con el rol docente. Al docente no le debe importar lo que le dice su gobierno, qué lineamiento se baja, sino que, tiene la obligación de informar y dar la información correcta a sus alumnos para que sean ellos quienes se formen una opinión acerca del tema. De todas las actividades, no solo de minería, de soja, u otras actividades del hombre.
Ei.- ¿Que hay con los intendentes Sebastián Nóblega y Roxana Paulón?
SL.- Cuando estaban en campaña, hacía suponer que su gobierno sería de protección al medio ambiente pero al final terminaron vendiéndonos en la Feria minera de Canadá. Hay una incoherencia. Son títeres del Gobierno provincial. Le dieron la espalda al pueblo de Tinogasta. No tenemos en quién confiar. Los concejales igual.
Ei.- ¿Cómo es la relación Gobierno-minera-sociedad?
SL.- El Estado municipal en Fiambalá (administrado por Roxana Paulón) no existe, todas las necesidades las cubre Liex S.A. Hay una carrera de bicicleta y la cubre Liex, falta lavandina en el hospital y Liex la dona, falta una bolsa de cemento, Liex la compra. La minera está regalando espejitos de colores. Es como si la firma internacional hubiera borrado a la intendencia y como si ellos fueran el Estado. Todas las falencias y necesidades las cubre Liex. En el caso de Tinogasta (Sebastián Nóblega) más o menos igual, pero, no tan marcado como en Fiambalá.
Ei.- ¿Llegaron a hablar con el secretario de Minería, Rodolfo Micone?
SL.- Una vez vinieron, fuimos y nos pusieron la policía, no nos dejaron avanzar. Siempre hemos tenido la amenaza de la represión. El Gobierno provincial nunca nos contestó los petitorios y nunca nos llamó.
.
Fecha de Publicación: 25/05/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca
Crudo testimonio de una exdirectora de Tinogasta (Catamarca) que denuncia que el Estado es “borrado” por las firmas internacionales que explotan litio en la zona.
Susana de Lovera, docente y exdirectora, ambientalista, habló con El Intransigente y denunció la manipulación y presión que sufren los trabajadores de la educación en Tinogasta y Fiambalá, provincia de Catamarca, zona del litio -mineral más conocido como “oro blanco”-, para “hablar bien” de las mineras, en este caso Liex S.A. que trabaja en la Cordillera en el proyecto Tres Quebradas (3Q). La docente dijo además que las mineras “borraron” al Estado.
Ei.- El Intransigente
SL.- Susana de Lovera
Ei.- ¿Alcanzó a leer lo que sucede en Antofagasta de la Sierra con las empresas que extraen litio?
SL.- Me solidarizo con los antofagasteños porque tienen el mismo problema que nosotros en ek departamento Tinogasta, en el distrito Fiambalá, en la laguna Tres Quebradas con la empresa Liex S.A. En un futuro no muy lejano nos puede dejar sin agua. El agua que nace en la Cordillera no solo abastece a las poblaciones cercanas, sino que, en la naturaleza, el agua tiene un recorrido amplio, tiene que ver con la región.
Ei.- ¿Se sienten ciudadanos prescindibles, descartables?
SL.- No por ser pocos, somos pueblos sacrificables, en pos de lo que supuestamente llaman equivocadamente acá desarrollo y progreso, aunque con este esquema tal vez sí para los países del Primer mundo
Ei.- ¿Hay información sobre la minería en Tinogasta, es accesible?
SL.- En Tinogasta no hay licencia social para la mega minería, no se hizo las consultas necesarias y debidas en las poblaciones que estamos a la vera del Río Abaucán y cerca del proyecto 3Q. Nadie dio un aval para que esas actividades de exploración den inicio. No hubo consultas a la sociedad, así que, empezamos mal. Esta es una zona altamente frágil, es un delicado equilibrio que hay entre las lagunas, Los Seismiles (cumbres que superan los 6.000 metros de altura en la Cordillera de los Andes), que tienen una función conjunta con los salares y las vegas. Son sitios “Ramsar” con convenios internacionales para la protección de humedales. Sitios protegidos que están siendo violados en estos momentos.
Ei. ¿Usted insinúa que el Gobierno provincial y la secretaria de Minería mienten?
SL.- No insinúo, afirmo. El Gobierno está mintiendo porque viola ese sitio Ramsar.
Ei.- Aparte del Gobierno, otras ONG ambientalistas dicen lo mismo…
SL.- Las ONG que dicen que no hay problemas, son las ONG amigas del Gobierno. No podemos decir que sean objetivas en cuanto al análisis y los informes que hagan. Algo reciben.
Ei.- ¿Se conversa de estos temas en las escuelas?
SL.- Un buen docente debe informar qué se dice de un lado y qué del otro para que sea el alumno quién objetivamente saque sus propias conclusiones. Pero, qué pasa. Se manipula a los docentes a través de distintas formas, se los presiona para que no se hable de los perjuicios, daños y desventajas de la megaminería. Hay muchos docentes en Tinogasta que no hablan el tema porque tienen miedo, pero no están cumpliendo la misión de enseñar, el objetivo debería ser que se escuchen las dos campanas.
Ei.- Entonces “una” campana si se escucha, el tema es “qué” campana se escucha
SL.- La de la empresa, la del Gobierno. Yo estuve viendo que en algunas escuelas de Fiambalá les permiten a la empresa que auspicien. Yo quisiera saber si pedidos un espacio en la Escuela para hablar a los estudiantes si nos van dar ese tiempo a los integrantes de la Asamblea por la vida. Yo fui directora en una escuela y sentí la presión para que estas charlas no se den, es decir, la otra campana.
Ei.- ¿Y eso qué significa?
SL.- Significa que no se está cumpliendo con el rol docente. Al docente no le debe importar lo que le dice su gobierno, qué lineamiento se baja, sino que, tiene la obligación de informar y dar la información correcta a sus alumnos para que sean ellos quienes se formen una opinión acerca del tema. De todas las actividades, no solo de minería, de soja, u otras actividades del hombre.
Ei.- ¿Que hay con los intendentes Sebastián Nóblega y Roxana Paulón?
SL.- Cuando estaban en campaña, hacía suponer que su gobierno sería de protección al medio ambiente pero al final terminaron vendiéndonos en la Feria minera de Canadá. Hay una incoherencia. Son títeres del Gobierno provincial. Le dieron la espalda al pueblo de Tinogasta. No tenemos en quién confiar. Los concejales igual.
Ei.- ¿Cómo es la relación Gobierno-minera-sociedad?
SL.- El Estado municipal en Fiambalá (administrado por Roxana Paulón) no existe, todas las necesidades las cubre Liex S.A. Hay una carrera de bicicleta y la cubre Liex, falta lavandina en el hospital y Liex la dona, falta una bolsa de cemento, Liex la compra. La minera está regalando espejitos de colores. Es como si la firma internacional hubiera borrado a la intendencia y como si ellos fueran el Estado. Todas las falencias y necesidades las cubre Liex. En el caso de Tinogasta (Sebastián Nóblega) más o menos igual, pero, no tan marcado como en Fiambalá.
Ei.- ¿Llegaron a hablar con el secretario de Minería, Rodolfo Micone?
SL.- Una vez vinieron, fuimos y nos pusieron la policía, no nos dejaron avanzar. Siempre hemos tenido la amenaza de la represión. El Gobierno provincial nunca nos contestó los petitorios y nunca nos llamó.
.
Nación y Provincias ya trabajan en la entrega de glaciares
Inventario de Glaciares: Ambiente reúne a las provincias para fortalecer la implementación de la ley
Fecha de Publicación: 21/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la reunión inaugural de la comisión de Glaciares del Consejo Federal de Medio ambiente (COFEMA) con el objetivo de articular el trabajo de las provincias e implementar los instrumentos de la política y gestión ambiental previstos en la Ley de Glaciares (Ley N.º 26639).
Durante el encuentro, en el que participó el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, y el director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, se compartió la información recientemente publicada en el Inventario Nacional de Glaciares y se analizaron los desafíos y capacidades institucionales que existen en las provincias para la aplicación de la ley. La cartera que encabeza Sergio Bergman puso el asesoramiento y apoyo técnico para fortalecer y profundizar las acciones de protección de los glaciares y el ambiente periglacial.
En este sentido Moreno señaló que “el Inventario Nacional de Glaciares es un punto de partida de información para la toma de decisiones en lo que respecta a políticas de Estado que buscan conservar las reservas estratégicas de agua del país y, a su vez, es nuestra responsabilidad colaborar al fortalecimiento de las capacidades locales en las diferentes jurisdicciones con el fin de poner en marcha todos los instrumentos que hoy están previstos en la ley, en cabeza de las provincias, para hacer efectivo su cumplimiento". Por su parte, García Espil coincidió y argumentó: “Este desafío al que nos enfrentamos requiere evaluar las normativas locales e identificar oportunidades en pos de avanzar en la plena implementación de la ley y todos los instrumentos previstos por esta”.
Asimismo, se solicitó a los miembros de la comisión la información necesaria sobre las actividades que pudieran potencialmente afectar a los glaciares, el ambiente periglaciar o sus zonas de influencia, a los fines de cumplir con el informe que el ministro Bergman elevará al Congreso nacional. Por otro lado, la comisión de Glaciares propuso a la Asamblea del COFEMA declarar de interés federal ambiental al Inventario Nacional de Glaciares.
La comisión de Glaciares está integrada por las provincias de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. En esta oportunidad, estuvieron presentes, los representantes de las provincias Catamarca, San Juan y Jujuy; y acompañó a los funcionarios Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente.
.
Fecha de Publicación: 21/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la reunión inaugural de la comisión de Glaciares del Consejo Federal de Medio ambiente (COFEMA) con el objetivo de articular el trabajo de las provincias e implementar los instrumentos de la política y gestión ambiental previstos en la Ley de Glaciares (Ley N.º 26639).
Durante el encuentro, en el que participó el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, y el director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, se compartió la información recientemente publicada en el Inventario Nacional de Glaciares y se analizaron los desafíos y capacidades institucionales que existen en las provincias para la aplicación de la ley. La cartera que encabeza Sergio Bergman puso el asesoramiento y apoyo técnico para fortalecer y profundizar las acciones de protección de los glaciares y el ambiente periglacial.
En este sentido Moreno señaló que “el Inventario Nacional de Glaciares es un punto de partida de información para la toma de decisiones en lo que respecta a políticas de Estado que buscan conservar las reservas estratégicas de agua del país y, a su vez, es nuestra responsabilidad colaborar al fortalecimiento de las capacidades locales en las diferentes jurisdicciones con el fin de poner en marcha todos los instrumentos que hoy están previstos en la ley, en cabeza de las provincias, para hacer efectivo su cumplimiento". Por su parte, García Espil coincidió y argumentó: “Este desafío al que nos enfrentamos requiere evaluar las normativas locales e identificar oportunidades en pos de avanzar en la plena implementación de la ley y todos los instrumentos previstos por esta”.
Asimismo, se solicitó a los miembros de la comisión la información necesaria sobre las actividades que pudieran potencialmente afectar a los glaciares, el ambiente periglaciar o sus zonas de influencia, a los fines de cumplir con el informe que el ministro Bergman elevará al Congreso nacional. Por otro lado, la comisión de Glaciares propuso a la Asamblea del COFEMA declarar de interés federal ambiental al Inventario Nacional de Glaciares.
La comisión de Glaciares está integrada por las provincias de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. En esta oportunidad, estuvieron presentes, los representantes de las provincias Catamarca, San Juan y Jujuy; y acompañó a los funcionarios Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente.
.
Acumar en modalidad "recalculando"
Dorina Bonetti, presidenta de Acumar: "Estamos encarando una nueva revisión del plan"
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El 14 de marzo, Dorina Bonetti, presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) había preparado minuciosamente su exposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para contar qué avances habían logrado para intentar cumplir con la sentencia que obliga a sanear el Riachuelo. Había preparado 20 diapositivas que la iban a ayudar con su discurso. Pero fue poco lo que pudo exponer. Los jueces la acorralaron con preguntas que, según ella, no tienen una respuesta única: "¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir la sentencia? ¿En qué tiempo?". Bonetti es politóloga y desde julio del año pasado es la máxima responsable de hacer cumplir el fallo. Ante la Corte no pudo contestar esas preguntas. "Si no dimos una fecha precisa fue porque hubiese sido irresponsable, como se dijo en algún momento y por cómo ha sido castigado la sanidad del río durante tanto tiempo, que en tanta cantidad de días la cuenca va a estar saneada", asegura, y afirma que no se le pasó por la cabeza renunciar y que entiende que es su responsabilidad "ir a rendir cuentas ante la corte".
-¿Por qué ante la Corte no pudo dar un plazo para el saneamiento del Riachuelo?
-Existen dos plazos. Uno judicial, que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. Ahí hay avances. Otro plazo es el del saneamiento. Porque el cumplimiento del fallo no impacta totalmente en el saneamiento del río. Para lograrlo es necesario que se avance en obras.
-¿Y esas obras no tienen un plazo?
-Es el plazo que va a llevar la expansión de redes de agua y cloacas, que está previsto para 2025. Pero además hay que intervenir territorialmente para que además de agua y cloaca, la gente viva mejor, se urbanicen villas. En la cuenca hay un millón y medio de personas que viven en asentamientos y villas. Eso repercute en el río.
-La red de cloacas desarticularía uno de los principales ejes de contaminación, pero no el único.
-Exactamente. Se atacaría el problema de la contaminación que proviene de la descarga de materia orgánica, que representa entre el 70 % y 80 % de la contaminación.
-¿Y las descargas industriales?
-Cada empresa tiene que tener una planta de tratamiento.
-¿Los industriales no podrían estar escudándose en la falta de confianza en el plan para no hacer esas inversiones?
-Podrían. Pero desde 2016 estamos trabajando en la reconstrucción de la confianza en Acumar. Y desde ese lado les estamos exigiendo más a los industriales. Hoy si no cumplen tienen una sanción. Y pronto lanzaremos un nuevo régimen de sanciones, verdaderamente disuasivas. En algún momento, económicamente, al establecimiento industrial le convenía más pagar la sanción que hacer la planta de reconversión.
-¿Qué cambios puede adelantar respecto de las sanciones?
-Serán montos mucho más elevados. Además incorporaremos conductas que no estaban siendo consideradas como infracción.
-¿Evalúa revisar el plan de saneamiento general?
-Sí. Estamos encarando una nueva revisión que tiene que ver más con pensar un plan con un abordaje mucho más holístico, más integral, porque hoy lo que hay son líneas de acción.
-¿Qué implicaría esa mayor integralidad?
-Una planificación estratégica de la cuenca como un todo. Un porcentaje importante de la población vive en villas y tenemos que trabajar para hacer una intervención, para que se haga una apertura de calles de forma tal que también esa población quede integrada a la expansión de agua y cloaca, porque de lo contrario va a quedar afuera. Se estaría cumpliendo con una manda de la sentencia, pero un porcentaje de la población no va a ser incorporada a la red cloacal.
-Para sanear la ría de Bilbao, además de exigirles una planta de tratamiento, el gobierno vasco obligó a las industrias a conectarse a la red. Así las obligó a pagar un canon que les permitió recaudar para el plan de saneamiento. ¿Se puede pensar en algo así en el Riachuelo?
-Es factible, pero no es algo que estemos promoviendo.
-¿No le parece lógico que pagaran una contribución por el saneamiento?
-Es algo que se está analizando: un seguro ambiental. Creo que sí corresponde.
-La experiencia de saneamiento del Rin es un ejemplo de coordinación entre países. ¿Por qué acá es un problema la coordinación entre jurisdicciones de un mismo país?
-Avanzamos mucho en la coordinación. El tema es que las tres jurisdicciones que forman parte de Acumar son el Estado nacional, la Provincia y la Ciudad. Pero hay 14 municipios que no lo integran. Y Acumar no tiene un poder de policía suficiente como para multar a los municipios que, por la Constitución, tienen como responsabilidad primaria ocuparse de la basura y no lo hacen. En ese sentido sí falta articular.
-Un especialista que lideró el saneamiento del Rin dijo que fue vital que la sociedad confiara en el plan. ¿Cree que hay confianza en el plan para el Riachuelo?
-Acumar es un organismo sobre el cual la confianza se ha visto resquebrajada. Estamos trabajando para reconstruirla dentro del propio organismo, para que luego traspase las paredes del organismo y permita que la gente confíe en el proyecto que tenemos.
.
Fecha de Publicación: 20/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El 14 de marzo, Dorina Bonetti, presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) había preparado minuciosamente su exposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para contar qué avances habían logrado para intentar cumplir con la sentencia que obliga a sanear el Riachuelo. Había preparado 20 diapositivas que la iban a ayudar con su discurso. Pero fue poco lo que pudo exponer. Los jueces la acorralaron con preguntas que, según ella, no tienen una respuesta única: "¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir la sentencia? ¿En qué tiempo?". Bonetti es politóloga y desde julio del año pasado es la máxima responsable de hacer cumplir el fallo. Ante la Corte no pudo contestar esas preguntas. "Si no dimos una fecha precisa fue porque hubiese sido irresponsable, como se dijo en algún momento y por cómo ha sido castigado la sanidad del río durante tanto tiempo, que en tanta cantidad de días la cuenca va a estar saneada", asegura, y afirma que no se le pasó por la cabeza renunciar y que entiende que es su responsabilidad "ir a rendir cuentas ante la corte".
-¿Por qué ante la Corte no pudo dar un plazo para el saneamiento del Riachuelo?
-Existen dos plazos. Uno judicial, que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. Ahí hay avances. Otro plazo es el del saneamiento. Porque el cumplimiento del fallo no impacta totalmente en el saneamiento del río. Para lograrlo es necesario que se avance en obras.
-¿Y esas obras no tienen un plazo?
-Es el plazo que va a llevar la expansión de redes de agua y cloacas, que está previsto para 2025. Pero además hay que intervenir territorialmente para que además de agua y cloaca, la gente viva mejor, se urbanicen villas. En la cuenca hay un millón y medio de personas que viven en asentamientos y villas. Eso repercute en el río.
-La red de cloacas desarticularía uno de los principales ejes de contaminación, pero no el único.
-Exactamente. Se atacaría el problema de la contaminación que proviene de la descarga de materia orgánica, que representa entre el 70 % y 80 % de la contaminación.
-¿Y las descargas industriales?
-Cada empresa tiene que tener una planta de tratamiento.
-¿Los industriales no podrían estar escudándose en la falta de confianza en el plan para no hacer esas inversiones?
-Podrían. Pero desde 2016 estamos trabajando en la reconstrucción de la confianza en Acumar. Y desde ese lado les estamos exigiendo más a los industriales. Hoy si no cumplen tienen una sanción. Y pronto lanzaremos un nuevo régimen de sanciones, verdaderamente disuasivas. En algún momento, económicamente, al establecimiento industrial le convenía más pagar la sanción que hacer la planta de reconversión.
-¿Qué cambios puede adelantar respecto de las sanciones?
-Serán montos mucho más elevados. Además incorporaremos conductas que no estaban siendo consideradas como infracción.
-¿Evalúa revisar el plan de saneamiento general?
-Sí. Estamos encarando una nueva revisión que tiene que ver más con pensar un plan con un abordaje mucho más holístico, más integral, porque hoy lo que hay son líneas de acción.
-¿Qué implicaría esa mayor integralidad?
-Una planificación estratégica de la cuenca como un todo. Un porcentaje importante de la población vive en villas y tenemos que trabajar para hacer una intervención, para que se haga una apertura de calles de forma tal que también esa población quede integrada a la expansión de agua y cloaca, porque de lo contrario va a quedar afuera. Se estaría cumpliendo con una manda de la sentencia, pero un porcentaje de la población no va a ser incorporada a la red cloacal.
-Para sanear la ría de Bilbao, además de exigirles una planta de tratamiento, el gobierno vasco obligó a las industrias a conectarse a la red. Así las obligó a pagar un canon que les permitió recaudar para el plan de saneamiento. ¿Se puede pensar en algo así en el Riachuelo?
-Es factible, pero no es algo que estemos promoviendo.
-¿No le parece lógico que pagaran una contribución por el saneamiento?
-Es algo que se está analizando: un seguro ambiental. Creo que sí corresponde.
-La experiencia de saneamiento del Rin es un ejemplo de coordinación entre países. ¿Por qué acá es un problema la coordinación entre jurisdicciones de un mismo país?
-Avanzamos mucho en la coordinación. El tema es que las tres jurisdicciones que forman parte de Acumar son el Estado nacional, la Provincia y la Ciudad. Pero hay 14 municipios que no lo integran. Y Acumar no tiene un poder de policía suficiente como para multar a los municipios que, por la Constitución, tienen como responsabilidad primaria ocuparse de la basura y no lo hacen. En ese sentido sí falta articular.
-Un especialista que lideró el saneamiento del Rin dijo que fue vital que la sociedad confiara en el plan. ¿Cree que hay confianza en el plan para el Riachuelo?
-Acumar es un organismo sobre el cual la confianza se ha visto resquebrajada. Estamos trabajando para reconstruirla dentro del propio organismo, para que luego traspase las paredes del organismo y permita que la gente confíe en el proyecto que tenemos.
.
¿Se viene el aval de Ambiente para el desmonte en Salta?
Nación y Salta firmaron un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de la provincia
Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Salta Nacional
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria de la Nación junto al Gobierno de la provincia de Salta firmaron hoy un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques salteños.
El documento fue rubricado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; el gobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario de Coordinación General del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar Dorrego; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia, Paula Bibini.
El objetivo del acuerdo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a elaborar, a través de sus equipos técnicos, alternativas de producción sustentable en áreas categorizadas como “amarillas” en el marco normativo vigente.
Se acordó asimismo que el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, instrumentarán un plan de restauración forestal en zonas degradadas.
Asimismo, y con la participación de la Asociación Prograno, representada por Santiago Bayón; la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), representada por Ignacio Pisani y la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizalde, se firmó un acta complementaria en el marco del convenio citado.
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
.
Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Salta Nacional
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria de la Nación junto al Gobierno de la provincia de Salta firmaron hoy un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques salteños.
El documento fue rubricado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; el gobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario de Coordinación General del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar Dorrego; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia, Paula Bibini.
El objetivo del acuerdo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a elaborar, a través de sus equipos técnicos, alternativas de producción sustentable en áreas categorizadas como “amarillas” en el marco normativo vigente.
Se acordó asimismo que el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, instrumentarán un plan de restauración forestal en zonas degradadas.
Asimismo, y con la participación de la Asociación Prograno, representada por Santiago Bayón; la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), representada por Ignacio Pisani y la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizalde, se firmó un acta complementaria en el marco del convenio citado.
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
.
Etiquetas:
Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
Nacional,
política ambiental,
Salta
|
0
comentarios
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios