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Sanear el Riachuelo: mandato a cumplir
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Sanear el Riachuelo: mandato a cumplir
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Si se cambia el paradigma, se evitará la contaminación ambiental y el riesgo para la salud. Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con agenda monitoreada. Es decir, pasar del discurso a la acción. También, asumir la responsabilidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.
El llamado de la Corte a Audiencia Pública para avanzar en el cumplimiento de obras de saneamiento del Riachuelo vuelve a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas. La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente.
Ya la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca ACUMAR entre 2006 y 2015. Entre otras cosas, dispuso que se brinde información sobre cuestiones relacionadas a la relocalización de los habitantes de esa ribera, y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación.
Durante abril de 2018, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse en un plazo menor a los 30 días, para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. Es por ello que la aplicación adecuada del derecho penal puede ser una herramienta eficaz para proteger el derecho a un ambiente sano que establece nuestra Constitución.
El Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia en marzo de este año, estuvo organizado por el Consejo Mundial del Agua, cuya misión es “crear un compromiso político que facilite el desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de la vida en la Tierra”.
Algunos datos presentados durante la reunión resultan sorprendentes: en el mundo hay más personas con teléfonos móviles que con inodoros; solo dos de cada diez países destinan fondos suficientes para garantizar el acceso de sus poblaciones al agua potable y a servicios de cloacas y, sin embargo, se estima que por cada dólar que invierte un gobierno en el manejo del agua y el saneamiento ambiental, se ahorran cuatro dólares en gastos de salud y aumento de la productividad.
Lo que nos interesa a los sanitaristas es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernadero, lograr comunidades sostenibles, y que sea delito atentar contra el ambiente. En Argentina, nuestros esfuerzos deben estar focalizados en la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 5 millones de habitantes de la zona. Años de desidia han convertido al río y la zona en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental.
Es de esperar que con la nueva gestión, la puesta a punto de los proyectos y la renovada convocatoria de la Corte, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
Norma Cadoppi - Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Si se cambia el paradigma, se evitará la contaminación ambiental y el riesgo para la salud. Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con agenda monitoreada. Es decir, pasar del discurso a la acción. También, asumir la responsabilidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.
El llamado de la Corte a Audiencia Pública para avanzar en el cumplimiento de obras de saneamiento del Riachuelo vuelve a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas. La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente.
Ya la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca ACUMAR entre 2006 y 2015. Entre otras cosas, dispuso que se brinde información sobre cuestiones relacionadas a la relocalización de los habitantes de esa ribera, y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación.
Durante abril de 2018, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse en un plazo menor a los 30 días, para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. Es por ello que la aplicación adecuada del derecho penal puede ser una herramienta eficaz para proteger el derecho a un ambiente sano que establece nuestra Constitución.
El Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia en marzo de este año, estuvo organizado por el Consejo Mundial del Agua, cuya misión es “crear un compromiso político que facilite el desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de la vida en la Tierra”.
Algunos datos presentados durante la reunión resultan sorprendentes: en el mundo hay más personas con teléfonos móviles que con inodoros; solo dos de cada diez países destinan fondos suficientes para garantizar el acceso de sus poblaciones al agua potable y a servicios de cloacas y, sin embargo, se estima que por cada dólar que invierte un gobierno en el manejo del agua y el saneamiento ambiental, se ahorran cuatro dólares en gastos de salud y aumento de la productividad.
Lo que nos interesa a los sanitaristas es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernadero, lograr comunidades sostenibles, y que sea delito atentar contra el ambiente. En Argentina, nuestros esfuerzos deben estar focalizados en la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 5 millones de habitantes de la zona. Años de desidia han convertido al río y la zona en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental.
Es de esperar que con la nueva gestión, la puesta a punto de los proyectos y la renovada convocatoria de la Corte, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
Norma Cadoppi - Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
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Denunciarán al gobernador de Mendoza por el tema fracking
Denunciarán a Cornejo por autorizar "ilegalmente" el fracking
Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Mendoza
Organizaciones ambientales denunciarán "penalmente" al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y a los responsables del Departamento General de Irrigación de la provincia por "autorizar un decreto que permite la práctica del fracking que violenta la ley ambiental".
Así lo remarcó el científico Esteban Servat, que es magister en Biotecnología, al tiempo que sostuvo que la organización Oikos es la encargada de llevar adelante la demanda contra Cornejo por la disposición del decreto 248.
La Pampa ha pedido informes en el comité de cuenca del río Atuel por la posibilidad de que el fracking esté contaminando del cauce.
"En Mendoza, el gobernador Cornejo autorizó sigilosamente un decreto que violenta la ley ambiental. Es inconstitucional. Buscan que se concrete la explotación de fracking en el cerro Pencal en Malargüe. Ecoleaks, una organización ambiental a la que pertenezco y que es como WikiLeaks, difundió informes que fueron publicados por empresas en el área ambiental", precisó Servat.
En ese sentido, publicaron "un informe secreto del Departamento de Irrigación de Mendoza que analizó cinco muestras piloto del fracking y las mismas revelaron contaminación por hidrocarburos en napas de agua, ya que dos de ellas tenían cuatro veces más del límite establecido y una siete veces más de los permitido".
"Al revelar esto el 16 de marzo, el gobierno mendocino salió a negar esos resultados, a negar informes, dijo que eran falsos y que se había comprobado que el fracking no contaminaba. Pero los funcionarios tropezaron en sus propias mentiras hasta que admitieron que los informes eran reales, pero solo dijeron que estaban buscando al responsable por publicarlos", sostuvo.
En ese sentido, esta área también será "demandada por ocultar información publica", precisó Servat.
"Malargüe es la capital petrolera de la provincia y usan las mentiras del fracking con la excusa de que traen trabajo, desarrollo, pero por suerte esto llevó a una gran movilización creciente con una pueblada pacífica que sigue desde hace 10 días en el Departamento de General Alvear, a favor del agua y de la vida y que se fue extendiendo por toda la provincia".
El especialista señaló a Noticias Argentinas que mientras Mendoza se encuentra con que los regantes poseen un grave faltante de agua", mientras "se está dando agua de forma indiscriminada a las petroleras para el fracking, sin consultar por los regantes".
"Malargüe es altamente sísmica y el fracking fractura cualquier encamisado. Imaginen lo que puede provocar sobre una roca madre que está a 3.000 metros de profundidad".
El científico sostuvo que el gobierno de Mendoza "quiere criminalizar la protesta pacífica que encabezan ancianos, mujeres con hijos y familias en general contra el decreto" y agregó que los habitantes están "unidos en defensa del medioambiente".
¿Qué es el fracking?
Servat explicó que el fracking "es un técnica de extracción que se produce cuando se agota el petróleo en el mundo y en momentos en que es necesario impulsar energías renovables para evitar el desastree climático que se avecina".
"Es una técnica autodestructiva para extraer petróleo y gas desde yacimientos no convencionales, o sea reservas que están situadas a grandes profundidades y que se encuentran en la roca madre a unos 3.000 metros de profundidad", indicó.
Además, agregó: "Se hacen perforaciones a grandes distancias, con 30 millones de litros de agua por pozo y un coste altamente tóxico de más de 600 químicos tóxicos, abortivos, que genera deformaciones en fetos y enfermedades raras que son desconocidas para la medicina".
Servat detalló que "con esos químicos disuelven la roca madre para liberar burbujas de gas y petróleo que estén en ella" y precisó que es una técnica que está "prohibida en los países más desarrollados del mundo, porque hay graves consecuencias para personas, para el agua, el aire, el suelo y el medioambiente general".
"El fracking causa sismos y fue prohibido por eso mismo los químicos que usa en el agua son altamante irrecuperables y el agua mientras siga allí continúa trabajando, disolviendo rocas y contaminando acuíferos", indicó.
Asimismo, señaló que "la industria dice que el encamisado de cada pozo se hace con lámina de acero, pero el líquido contaminado entra en los acuíferos".
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Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Mendoza
Organizaciones ambientales denunciarán "penalmente" al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y a los responsables del Departamento General de Irrigación de la provincia por "autorizar un decreto que permite la práctica del fracking que violenta la ley ambiental".
Así lo remarcó el científico Esteban Servat, que es magister en Biotecnología, al tiempo que sostuvo que la organización Oikos es la encargada de llevar adelante la demanda contra Cornejo por la disposición del decreto 248.
La Pampa ha pedido informes en el comité de cuenca del río Atuel por la posibilidad de que el fracking esté contaminando del cauce.
"En Mendoza, el gobernador Cornejo autorizó sigilosamente un decreto que violenta la ley ambiental. Es inconstitucional. Buscan que se concrete la explotación de fracking en el cerro Pencal en Malargüe. Ecoleaks, una organización ambiental a la que pertenezco y que es como WikiLeaks, difundió informes que fueron publicados por empresas en el área ambiental", precisó Servat.
En ese sentido, publicaron "un informe secreto del Departamento de Irrigación de Mendoza que analizó cinco muestras piloto del fracking y las mismas revelaron contaminación por hidrocarburos en napas de agua, ya que dos de ellas tenían cuatro veces más del límite establecido y una siete veces más de los permitido".
"Al revelar esto el 16 de marzo, el gobierno mendocino salió a negar esos resultados, a negar informes, dijo que eran falsos y que se había comprobado que el fracking no contaminaba. Pero los funcionarios tropezaron en sus propias mentiras hasta que admitieron que los informes eran reales, pero solo dijeron que estaban buscando al responsable por publicarlos", sostuvo.
En ese sentido, esta área también será "demandada por ocultar información publica", precisó Servat.
"Malargüe es la capital petrolera de la provincia y usan las mentiras del fracking con la excusa de que traen trabajo, desarrollo, pero por suerte esto llevó a una gran movilización creciente con una pueblada pacífica que sigue desde hace 10 días en el Departamento de General Alvear, a favor del agua y de la vida y que se fue extendiendo por toda la provincia".
El especialista señaló a Noticias Argentinas que mientras Mendoza se encuentra con que los regantes poseen un grave faltante de agua", mientras "se está dando agua de forma indiscriminada a las petroleras para el fracking, sin consultar por los regantes".
"Malargüe es altamente sísmica y el fracking fractura cualquier encamisado. Imaginen lo que puede provocar sobre una roca madre que está a 3.000 metros de profundidad".
El científico sostuvo que el gobierno de Mendoza "quiere criminalizar la protesta pacífica que encabezan ancianos, mujeres con hijos y familias en general contra el decreto" y agregó que los habitantes están "unidos en defensa del medioambiente".
¿Qué es el fracking?
Servat explicó que el fracking "es un técnica de extracción que se produce cuando se agota el petróleo en el mundo y en momentos en que es necesario impulsar energías renovables para evitar el desastree climático que se avecina".
"Es una técnica autodestructiva para extraer petróleo y gas desde yacimientos no convencionales, o sea reservas que están situadas a grandes profundidades y que se encuentran en la roca madre a unos 3.000 metros de profundidad", indicó.
Además, agregó: "Se hacen perforaciones a grandes distancias, con 30 millones de litros de agua por pozo y un coste altamente tóxico de más de 600 químicos tóxicos, abortivos, que genera deformaciones en fetos y enfermedades raras que son desconocidas para la medicina".
Servat detalló que "con esos químicos disuelven la roca madre para liberar burbujas de gas y petróleo que estén en ella" y precisó que es una técnica que está "prohibida en los países más desarrollados del mundo, porque hay graves consecuencias para personas, para el agua, el aire, el suelo y el medioambiente general".
"El fracking causa sismos y fue prohibido por eso mismo los químicos que usa en el agua son altamante irrecuperables y el agua mientras siga allí continúa trabajando, disolviendo rocas y contaminando acuíferos", indicó.
Asimismo, señaló que "la industria dice que el encamisado de cada pozo se hace con lámina de acero, pero el líquido contaminado entra en los acuíferos".
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Cornejo se pronunción sobre el fracking en la legislatura
Cornejo no esquivó la polémica por el fracking en su discurso de apertura de Sesiones
Fecha de Publicación: 05/05/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Aseguró que “la gran mayoría de los mendocinos quiere la armonía entre desarrollo y cuidado del ambiente”.
El gobernador Alfredo Cornejo no esquivó el tema más conflictivo de la agenda política en la actualidad durante su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias: la autorización del fracking en la provincia. Con manifestaciones de ambientalistas en la puerta de la Legislatura, el mandatario aseguró que “el decreto busca complementar el control ambiental serio, científico, con el desarrollo que aporta la actividad petrolera”.
“En materia de petróleo, Mendoza posee importantes yacimientos de crudo convencional, pero también tiene crudo no convencional y crudo pesado, siendo una de las reservas más grandes del país. Por eso hemos trabajado, antes que nada, en la normativa que regula la evaluación ambiental del proceso de estimulación hidráulica con diferentes especialistas y actores sociales, contemplando todos los estudios y controles que las empresas deberán cumplir”, explicó Cornejo.
En este sentido agregó: “Este gobierno propone y está convencido que la gran mayoría de los mendocinos quiere esa armonía, del desarrollo con el cuidado del medio ambiente de la Provincia”. “Hemos licitado 11 áreas petroleras luego de 10 años que no se hacía. Se trata de áreas recuperadas por falta de inversión de sus antiguos concesionarios. Ahora, aquí se cumplen los contratos”, aseguró.
La Caja Seguro Mutual Abril 2018 300*600
“Hoy podemos mostrar que Mendoza está en marcha, que tiene una orientación hacia al futuro, que ve en la revolución digital una oportunidad, que ha definido como norte el trabajar en una economía colaborativa, que genere bienestar económico, desarrollo social y sostenibilidad ambiental. Precisamente en materia de ambiente, además de lo ya enunciado, pusimos en vigencia la Ley de Ecoparque y comenzamos con un plan de derivaciones para los animales en busca de su bienestar, que está dando muy buenos resultados”, remarcó el gobernador Cornejo.
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Fecha de Publicación: 05/05/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Aseguró que “la gran mayoría de los mendocinos quiere la armonía entre desarrollo y cuidado del ambiente”.
El gobernador Alfredo Cornejo no esquivó el tema más conflictivo de la agenda política en la actualidad durante su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias: la autorización del fracking en la provincia. Con manifestaciones de ambientalistas en la puerta de la Legislatura, el mandatario aseguró que “el decreto busca complementar el control ambiental serio, científico, con el desarrollo que aporta la actividad petrolera”.
“En materia de petróleo, Mendoza posee importantes yacimientos de crudo convencional, pero también tiene crudo no convencional y crudo pesado, siendo una de las reservas más grandes del país. Por eso hemos trabajado, antes que nada, en la normativa que regula la evaluación ambiental del proceso de estimulación hidráulica con diferentes especialistas y actores sociales, contemplando todos los estudios y controles que las empresas deberán cumplir”, explicó Cornejo.
En este sentido agregó: “Este gobierno propone y está convencido que la gran mayoría de los mendocinos quiere esa armonía, del desarrollo con el cuidado del medio ambiente de la Provincia”. “Hemos licitado 11 áreas petroleras luego de 10 años que no se hacía. Se trata de áreas recuperadas por falta de inversión de sus antiguos concesionarios. Ahora, aquí se cumplen los contratos”, aseguró.
La Caja Seguro Mutual Abril 2018 300*600
“Hoy podemos mostrar que Mendoza está en marcha, que tiene una orientación hacia al futuro, que ve en la revolución digital una oportunidad, que ha definido como norte el trabajar en una economía colaborativa, que genere bienestar económico, desarrollo social y sostenibilidad ambiental. Precisamente en materia de ambiente, además de lo ya enunciado, pusimos en vigencia la Ley de Ecoparque y comenzamos con un plan de derivaciones para los animales en busca de su bienestar, que está dando muy buenos resultados”, remarcó el gobernador Cornejo.
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Impunidad salteña para seguir con los desmontes
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total”
Fecha de Publicación: 02/05/2018
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín siguieron desmontando a pesar de las resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras. Desde entonces arrasaron cerca de 1.300 hectáreas de bosques nativos.
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron permisos del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
La organización ambientalista detectó que, a pesar de dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
“El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.
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Fecha de Publicación: 02/05/2018
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín siguieron desmontando a pesar de las resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras. Desde entonces arrasaron cerca de 1.300 hectáreas de bosques nativos.
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron permisos del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
La organización ambientalista detectó que, a pesar de dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
“El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.
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“El cianuro se puede beber”, infames palabras de Capello
“El cianuro se puede beber”, asegura el subsecretario de Minería de Macri
Fecha de Publicación: 28/04/2018
Fuente: Revista Matices
Provincia/Región: Nacional
“La insólita declaración, que provocaría carcajadas si no fuera trágica, se produjo quince días después de que la empresa canadiense Barrick Gold perpetrase dos nuevos derrames de agua cianurada”, escribe Miguel Bonasso.
“El cianuro es una sal. Lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”, declaró textualmente al Diario de Cuyo, el Subsecretario de Minería de Argentina, Mario Capello. Y agregó: “No hay que asustarse, ni asustar a la gente”.
Fecha de Publicación: 28/04/2018
Fuente: Revista Matices
Provincia/Región: Nacional
“La insólita declaración, que provocaría carcajadas si no fuera trágica, se produjo quince días después de que la empresa canadiense Barrick Gold perpetrase dos nuevos derrames de agua cianurada”, escribe Miguel Bonasso.
“El cianuro es una sal. Lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”, declaró textualmente al Diario de Cuyo, el Subsecretario de Minería de Argentina, Mario Capello. Y agregó: “No hay que asustarse, ni asustar a la gente”.
La insólita declaración, que provocaría carcajadas si no fuera trágica, se produjo quince días después de que la empresa canadiense Barrick Gold perpetrase dos nuevos derrames de agua cianurada, que mantuvo en secreto desde hace varios meses, hasta que el siniestro fue denunciado por la Asamblea Vecinal “Jáchal no se toca”, que lucha para evitar la contaminación de los ríos y las napas subterráneas, en la provincia andina de San Juan. Desde 2015, ya van -que se sepa- cinco derrames, uno de ellos superior al millón de metros cúbicos de agua con cianuro. Por un solo derrame de 100 mil metros cúbicos sobre el Danubio, Europa prohibió la megaminería del cianuro en todo su territorio.
La Barrick Gold, nacida como empresa de fachada de la CIA en tiempos del escándalo Irán-Contras (en los 80), ya había producido otros tres derrames de agua cianurada en su mina de Veladero, ubicada a 4 mil metros de altura, en la Cordillera de los Andes. Igual que ahora, la empresa mantuvo los desastres en riguroso secreto hasta que un trabajador de la mina, en un mensaje de texto, les avisó a sus familiares que no bebieran agua del río cercano porque estaba envenenada con cianuro y otros metales pesados.
Violando expresamente la Ley de Ambiente y la Ley de Glaciares, el gobierno de Mauricio Macri no expulsó de la Argentina a la Barrick Gold, medida que sí tomó recientemente el gobierno de Chile a raíz de un incidente similar en la zona de Pascua, donde se iba a construir una gigantesca mina al aire libre, chileno-argentina (Pascua-Lama). Por el contrario, el gobierno Macri ha salido a promocionar el cianuro como bebida refrescante. Es que la Barrick reina en San Juan y en toda la Argentina, desde los tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo fluida relación con el fallecido Peter Munk, ex capo de la megaminera y socio del expresidente George Herbert Walker Bush y del conocido traficante de armas saudita, Adnan Kashoggi.
Por eso el presidente municipal de Jáchal, Miguel Vega, se negó inicialmente a ordenar un examen minucioso en la cuenca del río Jáchal y recién lo pidió 15 días después de que se denunciara el derrame, presionado por la lucha de los vecinos.
El alcalde Vega pertenece al partido peronista, igual que la ex Presidenta, el ex gobernador de San Juan José Luis Gioja y el actual mandatario provincial Sergio Uñac. Todos de estrecha relación con la peligrosa corporación. En cambio, el subsecretario de Minería que propone un coctel de cianuro, es radical y macrista, lo cual prueba que el encanto aurífero de las megamineras es transpartidario.
Mientras tanto, un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo, realizado el 27 de diciembre de 2017, detectó valores de mercurio 53 veces superiores al máximo tolerable para la vida acuática. Pero la alarma crecería de manera exponencial en febrero de este año, cuando un nuevo estudio en aguas del río Jáchal constató 1.992 milímetros de aluminio por litro de agua, amén de altísimos niveles de otros minerales como mercurio, manganeso, bario, cadmio, cobalto, cobre, cromo, níquel, plata, plomo, zinc y arsénico. Todo en proporciones muy superiores a los valores establecidos para el riego y el consumo del ganado. Diga lo que diga el Subsecretario de Minería.
El resultado de los análisis ha trascendido el ámbito universitario, alimentando la creciente indignación de los jachaleros, hacia esa megaminería que les prometía instalarse en la región para crear empleo y bienestar y les está envenenando el agua y diseminando el cáncer. Su lucha ha encontrado un eco penal en el ámbito nacional, con la causa sobre los derrames de cianuro que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello. Para el propio presidente Macri esa causa judicial y la Ley de Protección de los Glaciares, impulsada como diputado nacional por el autor de este artículo, constituyen dos serios escollos a salvar para concretar en los Andes 44 nuevos proyectos de megaminería a cielo abierto. Para el poder, un maná del cielo que rondaría los 18 mil millones de dólares de inversiones extranjeras; para los ciudadanos argentinos una pérdida total de soberanía en el tema decisivo del agua.
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Córdoba: dos exsecretarios de Ambiente a juicio
Por emprendimientos de Gama y Epec, un juez envió a juicio a dos exsecretarios de Ambiente de Córdoba
Fecha de Publicación: 28/04/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El juez de primera instancia de Córdoba Esteban José Díaz Reyna envió a juicio a los exsecretarios de Ambiente de la Provincia Raúl Omar Costa y Luis Federico Bocco, acusados de abuso de autoridad, en el marco de una causa por la autorización de construcciones en la localidad de San Antonio de Arredondo, según el fallo al que accedió La Voz.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Hugo Amayusco.
Imputados
Raúl Costa, quien estuvo en el cargo entre 2007 y 2011, fue acusado de haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar a la constructora Gama SA a realizar un loteo para el barrio privado Dorado II, entre el kilómetro 40 de la ruta 14 y el río San Antonio, en la localidad homónima.
La construcción implicaba el desmonte en un terreno que se encuentra dentro de un área natural protegida conocida como la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor sin que se hubiese exigido a Gama la presentación el estudio de impacto ambiental.
Además, en el terreno existía un bosque nativo por lo que el área de emplazamiento era objeto de protección de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (LOTBN), según lo dispuesto por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331.
A su turno, Costa indicó que fue "absolutamente riguroso al momento de aprobar todo tipo de expediente, es decir, que hasta que no se cumplieran todos los pasos legales, no los autorizaba".
"Con lo cual, no puede recordar con precisión detalles de esta imputación, pero, seguramente al haberlo autorizado, fue porque se cumplían todos los pasos legales”, indicó.
A su vez, Costa fue imputado además por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar el aviso de proyecto presentado por la Empresa Provincial de Energía (Epec), en 2009, para la construcción de la estación transformadora Carlos Paz Sur, en San Antonio, y la edificación del campo de salida de la Estación Transformadora Falda del Cañete sin que presuntamente cumplimentara debidamente la evaluación de impacto ambiental, otorgando la licencia ambiental.
La acusación contra Bocco
Por otro lado, Bocco fue imputado por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar la realización del condominio cerrado Dorado III (22 departamentos a los pies de una falda de montaña), en San Antonio.
La construcción implicaba el desmonte de bosque nativo en un terreno que se encuentra dentro de la misma área natural protegida.
En este caso, Gama sí presentó un estudio de impacto ambiental y, de él, "y del procedimiento llevado a cabo ante la Secretaría de Ambiente para su aprobación, surge que la construcción del Dorado III implicaba la eliminación de la cubierta vegetal existente dentro del predio, encontrándose previstas tareas desmonte y el consecuente cambio de uso de suelo", según la acusación.
Esas tareas, según las disposiciones de la ley provincial de bosques, se encontraban prohibidas, en tanto el área ha sido caracterizada como zona roja (categoría I) y/o amarilla (categoría II).
El fiscal del caso había pedido que ambos exfuncionarios fueran enjuiciados por "abuso de autoridad", resolución que el juez Díaz Reyna confirmó bajo la misma figura. La medida del magistrado podrá apelarse por las defensas de ambos imputados, según se informó desde la Justicia.
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Fecha de Publicación: 28/04/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El juez de primera instancia de Córdoba Esteban José Díaz Reyna envió a juicio a los exsecretarios de Ambiente de la Provincia Raúl Omar Costa y Luis Federico Bocco, acusados de abuso de autoridad, en el marco de una causa por la autorización de construcciones en la localidad de San Antonio de Arredondo, según el fallo al que accedió La Voz.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Hugo Amayusco.
Imputados
Raúl Costa, quien estuvo en el cargo entre 2007 y 2011, fue acusado de haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar a la constructora Gama SA a realizar un loteo para el barrio privado Dorado II, entre el kilómetro 40 de la ruta 14 y el río San Antonio, en la localidad homónima.
La construcción implicaba el desmonte en un terreno que se encuentra dentro de un área natural protegida conocida como la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor sin que se hubiese exigido a Gama la presentación el estudio de impacto ambiental.
Además, en el terreno existía un bosque nativo por lo que el área de emplazamiento era objeto de protección de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (LOTBN), según lo dispuesto por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331.
A su turno, Costa indicó que fue "absolutamente riguroso al momento de aprobar todo tipo de expediente, es decir, que hasta que no se cumplieran todos los pasos legales, no los autorizaba".
"Con lo cual, no puede recordar con precisión detalles de esta imputación, pero, seguramente al haberlo autorizado, fue porque se cumplían todos los pasos legales”, indicó.
A su vez, Costa fue imputado además por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar el aviso de proyecto presentado por la Empresa Provincial de Energía (Epec), en 2009, para la construcción de la estación transformadora Carlos Paz Sur, en San Antonio, y la edificación del campo de salida de la Estación Transformadora Falda del Cañete sin que presuntamente cumplimentara debidamente la evaluación de impacto ambiental, otorgando la licencia ambiental.
La acusación contra Bocco
Por otro lado, Bocco fue imputado por haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar la realización del condominio cerrado Dorado III (22 departamentos a los pies de una falda de montaña), en San Antonio.
La construcción implicaba el desmonte de bosque nativo en un terreno que se encuentra dentro de la misma área natural protegida.
En este caso, Gama sí presentó un estudio de impacto ambiental y, de él, "y del procedimiento llevado a cabo ante la Secretaría de Ambiente para su aprobación, surge que la construcción del Dorado III implicaba la eliminación de la cubierta vegetal existente dentro del predio, encontrándose previstas tareas desmonte y el consecuente cambio de uso de suelo", según la acusación.
Esas tareas, según las disposiciones de la ley provincial de bosques, se encontraban prohibidas, en tanto el área ha sido caracterizada como zona roja (categoría I) y/o amarilla (categoría II).
El fiscal del caso había pedido que ambos exfuncionarios fueran enjuiciados por "abuso de autoridad", resolución que el juez Díaz Reyna confirmó bajo la misma figura. La medida del magistrado podrá apelarse por las defensas de ambos imputados, según se informó desde la Justicia.
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Inicineración, un buen negocio para unos pocos
En lugar de ciudad verde, un negocio en billetes verdes
Fecha de Publicación: 24/04/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Cada una de las siete plantas que el macrismo pretende instalar tendrá un costo millonario en dólares, que deberán generarse con nueva deuda pública. Con apenas el 4 por ciento de ese presupuesto se podrían instalar 40 centros de reducción de residuos.
El negocio detrás del proyecto para volver a incinerar la basura en la ciudad de Buenos Aires es millonario. Según los especialistas, cada planta que se pretende instalar tendría un costo de alrededor de 500 millones de dólares y el proyecto del gobierno porteño contempla un total de siete. La ciudad de Buenos Aires va a tener que endeudarse para poder llevar adelante la propuesta del oficialismo que se debate por estas horas en la Legislatura. Los especialistas coinciden en que con el 4 por ciento que costarán las plantas para incinerar se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes para avanzar con la reducción de residuos, sobre todo, teniendo en cuenta que quemar basura es una práctica que se está abandonando en el resto del mundo porque afecta al medio ambiente.
Alicia Montoya, responsable del equipo técnico de la Cooperativa El Alamo, una de las organizaciones ambientales que trabajan por el reciclado y la recuperación de residuos y que generan puestos de trabajo que están en riesgo a partir de este proyecto, aseguró que la termovalorización esconde un “negocio” y es el término “maquillado” de para volver a quemar de basura. El gobierno de la ciudad pretende “habilitar un negocio con quien gane la licitación internacional que están preparando” porque “dicen que van a poner un incinerador, que ese incinerador va a absorber toda la basura que llega hoy al relleno sanitario y que no van a tocar lo que rellenan las cooperativas”, señaló.
“A esto le agregan que van a generar energía y que va a tener un filtro extraordinario que lo vamos a poder seguir con nuestro smartphone para ver que hay cero contaminación. Todo eso es una mentira, porque cuando se concesiona el servicio del incinerador está quien va a operarlo, y se va a tener que pagar por cada tonelada que procese”, argumentó.
Desde Greenpeace, su director, Diego Salas, coincidió en que “maquillan la quema de basura bajo el concepto de termovalorización” y aclaró que en realidad “no es una manera de generar energía sustentable como intentan venderlo”.
“Es quemar basura. Bajo este concepto de termovalorización nos pretenden esconder lo que realmente está pasando, la quema de basura que atenta directamente contra un sistema de reciclaje que es una de las bases de la Ley de Basura Cero. Los principales productos que más energía generarían a través de su quema son los que hoy se deberían estar reciclando”, enfatizó en diálogo con PáginaI12.
En ese sentido, subrayó que todo lo que se hizo desde 2007, cuando comenzó a estar vigente la ley de Basura Cero, hasta hoy, “fue gracias al esfuerzo de los recuperadores urbanos”. “El gobierno prestó pocos servicios de esto y no le puso la energía necesaria para cumplir con los pasos que se establecía en la norma, que dice que a 2018 deberíamos haber reducido en un 75 por ciento la basura que enterramos en el conurbano bonaerense y sólo redujimos un 30 por ciento”, remarcó.
Para la legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde, los porteños son “víctimas de la perversidad PRO, que durante todo este tiempo no cumplió ni con la primera de las metas que establecía la Ley de Basura Cero, que era disminuir el 30 por ciento de los desechos depositados en rellenos sanitarios para el año 2010”.
“La deficiencia en el desarrollo de la política se evidencia claramente. No se puede fortalecer la separación de residuos en origen o mejorar las condiciones del sector cartonero, si el Gobierno de la Ciudad destina sólo un 10 por ciento del total del presupuesto de gestión de los residuos al sistema de reciclado. Entonces, en vez de revisar su política, proponen incinerar la basura, lo cual es una contradicción absoluta con el espíritu de la ley. Con este proyecto lo que están enterrando es avanzar en la política de reciclado y la ciudad verde”, aseguró Conde.
“La quema de basura pasó a llamarse incineración y ahora la quieren rebautizar como termovalorización energética. El nombre edulcorado no oculta los riesgos que este procedimiento implica debido a la liberación de dioxinas y furanos, reconocidos contaminantes orgánicos persistentes y cancerígenos”, concluyó la legisladora.
Nadia Mazzeo, del Programa de Desarrollo de Tecnologías para Residuos Sólidos Urbanos, Gerencia de Calidad, Metrología y Ambiente del INTI, explicó a PáginaI12 que la termovalorización “es la valorización térmica de los residuos. Es decir que, por combustión o por algún proceso fisico-químico, como la hidrólisis, se transforma la materia en energía (calor o electricidad)”.
Desde el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), Silvia Ferreyra planteó que no es cierto lo que dice el gobierno porteño acerca de que no puede seguir avanzando en la aplicación de la ley así como está y por eso la propuesta de volver a quemar basura.
“Eso no está agotado, nosotros desde hace diez años que venimos anticipando que si no se reduce la cantidad de residuos se llega a este momento con todos los rellenos sanitarios colapsados, pero lo que se propone no es una solución reparadora sino que además nos incide en una alternativa mucho más contaminante y muchísimo más costosa”, enfatizó.
Según Ferreyra, una sola planta de estas siete que se quieren instalar sale alrededor de 500 millones de dólares (es lo que cuestan en Europa). “Con un 4 por ciento de ese valor, se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes en los distintos distritos para poder avanzar con el reciclado”, indicó.
Si bien es cierto que algunos países europeos utilizan incineradores, también es una realidad que muchos de ellos y la Unión Europea los están dejando de lado por opciones más eficientes como el reciclaje y el compostaje. En enero de 2017 la Comisión Europea publicó su posición sobre el rol de la incineración en la economía circular, en la que instó a los países a priorizar las políticas de reducción y reciclado de residuos y a desalentar el uso de la incineración.
El documento destaca que “la inversión en nuevas capacidades de tratamiento de residuos debe encuadrarse en una perspectiva a largo plazo de economía circular y debe ser coherente con la jerarquía de residuos de la UE, que clasifica las opciones para gestionar los residuos según su sostenibilidad y concede la máxima prioridad a la prevención y el reciclado de los residuos”. También llama a los países con nula capacidad de incineración a “dar prioridad al desarrollo de sistemas de recogida selectiva e infraestructuras de reciclado en consonancia con la legislación”, e indica a aquellos países con altos porcentajes de incineración que “tasas tan altas son incoherentes con objetivos de reciclado más ambiciosos”, por lo que propone introducir o aumentar impuestos a la incineración, eliminar los subsidios a esta tecnología, imponer una moratoria sobre nuevas instalaciones y desmantelar las más obsoletas.
Un informe de Iatasa, de la Cámara Argentina de la Construcción, sostiene que el mayor desafío ambiental del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los próximos años está directamente relacionado con la gestión y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos que se generan en él.
Además del negocio detrás de la termovalorización y su impacto ambiental, más de 6 mil personas perderían su trabajo si se aprueba el proyecto del oficialismo. “Las cooperativas hoy intervienen sobre la generación de residuos domiciliarios, comerciales e industriales asimilables a domiciliarios, nosotros no recolectamos ni patogénicos ni residuos peligrosos”, explicó Montoya.
“Tenemos un contrato con la Ciudad que dice que cada cooperativa tiene una zona de trabajo y tiene la exclusividad en la gestión de los residuos reciclables. Colectamos ese material, lo llevamos a plantas de tratamiento, se separa, no es basura, es material separado de origen: plástico, cartón, vidrio, metal. Entonces se separa, se acondiciona según el tipo de material e ingresa a la industria recicladora como materia prima”, describió Montoya el trabajo que realizan desde las distintas cooperativas y que está en riesgo.
En ese mismo sentido, aseguró que “es un enorme salto hacia atrás en la política ambiental y socio ambiental” la idea de volver a quemar basura, y remarcó que “en cada puesto de trabajo que se genera en una cooperativa, tenés por lo menos cinco puestos de trabajo indirectos. Hoy en toda la Ciudad más o menos hay seis mil personas que integran las cooperativas, así que estás hablando de 30 mil puestos indirectos, que en general son pymes”.
“No es un problema de cartoneros, es un problema de la ciudadanía. De calidad de vida, de enfermedad a largo plazo”, concluyó Montoya.
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Fecha de Publicación: 24/04/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Cada una de las siete plantas que el macrismo pretende instalar tendrá un costo millonario en dólares, que deberán generarse con nueva deuda pública. Con apenas el 4 por ciento de ese presupuesto se podrían instalar 40 centros de reducción de residuos.
El negocio detrás del proyecto para volver a incinerar la basura en la ciudad de Buenos Aires es millonario. Según los especialistas, cada planta que se pretende instalar tendría un costo de alrededor de 500 millones de dólares y el proyecto del gobierno porteño contempla un total de siete. La ciudad de Buenos Aires va a tener que endeudarse para poder llevar adelante la propuesta del oficialismo que se debate por estas horas en la Legislatura. Los especialistas coinciden en que con el 4 por ciento que costarán las plantas para incinerar se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes para avanzar con la reducción de residuos, sobre todo, teniendo en cuenta que quemar basura es una práctica que se está abandonando en el resto del mundo porque afecta al medio ambiente.
Alicia Montoya, responsable del equipo técnico de la Cooperativa El Alamo, una de las organizaciones ambientales que trabajan por el reciclado y la recuperación de residuos y que generan puestos de trabajo que están en riesgo a partir de este proyecto, aseguró que la termovalorización esconde un “negocio” y es el término “maquillado” de para volver a quemar de basura. El gobierno de la ciudad pretende “habilitar un negocio con quien gane la licitación internacional que están preparando” porque “dicen que van a poner un incinerador, que ese incinerador va a absorber toda la basura que llega hoy al relleno sanitario y que no van a tocar lo que rellenan las cooperativas”, señaló.
“A esto le agregan que van a generar energía y que va a tener un filtro extraordinario que lo vamos a poder seguir con nuestro smartphone para ver que hay cero contaminación. Todo eso es una mentira, porque cuando se concesiona el servicio del incinerador está quien va a operarlo, y se va a tener que pagar por cada tonelada que procese”, argumentó.
Desde Greenpeace, su director, Diego Salas, coincidió en que “maquillan la quema de basura bajo el concepto de termovalorización” y aclaró que en realidad “no es una manera de generar energía sustentable como intentan venderlo”.
“Es quemar basura. Bajo este concepto de termovalorización nos pretenden esconder lo que realmente está pasando, la quema de basura que atenta directamente contra un sistema de reciclaje que es una de las bases de la Ley de Basura Cero. Los principales productos que más energía generarían a través de su quema son los que hoy se deberían estar reciclando”, enfatizó en diálogo con PáginaI12.
En ese sentido, subrayó que todo lo que se hizo desde 2007, cuando comenzó a estar vigente la ley de Basura Cero, hasta hoy, “fue gracias al esfuerzo de los recuperadores urbanos”. “El gobierno prestó pocos servicios de esto y no le puso la energía necesaria para cumplir con los pasos que se establecía en la norma, que dice que a 2018 deberíamos haber reducido en un 75 por ciento la basura que enterramos en el conurbano bonaerense y sólo redujimos un 30 por ciento”, remarcó.
Para la legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde, los porteños son “víctimas de la perversidad PRO, que durante todo este tiempo no cumplió ni con la primera de las metas que establecía la Ley de Basura Cero, que era disminuir el 30 por ciento de los desechos depositados en rellenos sanitarios para el año 2010”.
“La deficiencia en el desarrollo de la política se evidencia claramente. No se puede fortalecer la separación de residuos en origen o mejorar las condiciones del sector cartonero, si el Gobierno de la Ciudad destina sólo un 10 por ciento del total del presupuesto de gestión de los residuos al sistema de reciclado. Entonces, en vez de revisar su política, proponen incinerar la basura, lo cual es una contradicción absoluta con el espíritu de la ley. Con este proyecto lo que están enterrando es avanzar en la política de reciclado y la ciudad verde”, aseguró Conde.
“La quema de basura pasó a llamarse incineración y ahora la quieren rebautizar como termovalorización energética. El nombre edulcorado no oculta los riesgos que este procedimiento implica debido a la liberación de dioxinas y furanos, reconocidos contaminantes orgánicos persistentes y cancerígenos”, concluyó la legisladora.
Nadia Mazzeo, del Programa de Desarrollo de Tecnologías para Residuos Sólidos Urbanos, Gerencia de Calidad, Metrología y Ambiente del INTI, explicó a PáginaI12 que la termovalorización “es la valorización térmica de los residuos. Es decir que, por combustión o por algún proceso fisico-químico, como la hidrólisis, se transforma la materia en energía (calor o electricidad)”.
Desde el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), Silvia Ferreyra planteó que no es cierto lo que dice el gobierno porteño acerca de que no puede seguir avanzando en la aplicación de la ley así como está y por eso la propuesta de volver a quemar basura.
“Eso no está agotado, nosotros desde hace diez años que venimos anticipando que si no se reduce la cantidad de residuos se llega a este momento con todos los rellenos sanitarios colapsados, pero lo que se propone no es una solución reparadora sino que además nos incide en una alternativa mucho más contaminante y muchísimo más costosa”, enfatizó.
Según Ferreyra, una sola planta de estas siete que se quieren instalar sale alrededor de 500 millones de dólares (es lo que cuestan en Europa). “Con un 4 por ciento de ese valor, se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes en los distintos distritos para poder avanzar con el reciclado”, indicó.
Si bien es cierto que algunos países europeos utilizan incineradores, también es una realidad que muchos de ellos y la Unión Europea los están dejando de lado por opciones más eficientes como el reciclaje y el compostaje. En enero de 2017 la Comisión Europea publicó su posición sobre el rol de la incineración en la economía circular, en la que instó a los países a priorizar las políticas de reducción y reciclado de residuos y a desalentar el uso de la incineración.
El documento destaca que “la inversión en nuevas capacidades de tratamiento de residuos debe encuadrarse en una perspectiva a largo plazo de economía circular y debe ser coherente con la jerarquía de residuos de la UE, que clasifica las opciones para gestionar los residuos según su sostenibilidad y concede la máxima prioridad a la prevención y el reciclado de los residuos”. También llama a los países con nula capacidad de incineración a “dar prioridad al desarrollo de sistemas de recogida selectiva e infraestructuras de reciclado en consonancia con la legislación”, e indica a aquellos países con altos porcentajes de incineración que “tasas tan altas son incoherentes con objetivos de reciclado más ambiciosos”, por lo que propone introducir o aumentar impuestos a la incineración, eliminar los subsidios a esta tecnología, imponer una moratoria sobre nuevas instalaciones y desmantelar las más obsoletas.
Un informe de Iatasa, de la Cámara Argentina de la Construcción, sostiene que el mayor desafío ambiental del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los próximos años está directamente relacionado con la gestión y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos que se generan en él.
Además del negocio detrás de la termovalorización y su impacto ambiental, más de 6 mil personas perderían su trabajo si se aprueba el proyecto del oficialismo. “Las cooperativas hoy intervienen sobre la generación de residuos domiciliarios, comerciales e industriales asimilables a domiciliarios, nosotros no recolectamos ni patogénicos ni residuos peligrosos”, explicó Montoya.
“Tenemos un contrato con la Ciudad que dice que cada cooperativa tiene una zona de trabajo y tiene la exclusividad en la gestión de los residuos reciclables. Colectamos ese material, lo llevamos a plantas de tratamiento, se separa, no es basura, es material separado de origen: plástico, cartón, vidrio, metal. Entonces se separa, se acondiciona según el tipo de material e ingresa a la industria recicladora como materia prima”, describió Montoya el trabajo que realizan desde las distintas cooperativas y que está en riesgo.
En ese mismo sentido, aseguró que “es un enorme salto hacia atrás en la política ambiental y socio ambiental” la idea de volver a quemar basura, y remarcó que “en cada puesto de trabajo que se genera en una cooperativa, tenés por lo menos cinco puestos de trabajo indirectos. Hoy en toda la Ciudad más o menos hay seis mil personas que integran las cooperativas, así que estás hablando de 30 mil puestos indirectos, que en general son pymes”.
“No es un problema de cartoneros, es un problema de la ciudadanía. De calidad de vida, de enfermedad a largo plazo”, concluyó Montoya.
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Riachuelo: no basta con nuevos plazos
Sostienen que es insuficiente que la Corte pida plazos para el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 23/04/2018
Fuente: puraciudad.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la audiencia con funcionarios públicos del 14 de marzo, falló que en menos de 30 días la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y los Gobiernos de Ciudad, Provincia y Nación deben precisar plazos “ciertos” para cumplir los objetivos de la Causa Mendoza, donde se ordena sanear el Riachuelo, mudar a sus pobladores y garantizar la seguridad ambiental.
Sin embargo, Luis Duacastella, el Defensor Adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, se mostró disconforme ante esta postura del máximo tribunal y dijo: “Se trata de una resolución insuficiente respecto de que no hay una visión ordenadora de quienes están padeciendo la contaminación y cuya salud está afectada. Los reclamos de los vecinos de la cuenca no son escuchados -ni siquiera les permiten participar de las audiencias-; solo se oye a los funcionarios hablar de los inconvenientes con las obras”.
La Corte fijó este plazo ante el bajo nivel de cumplimiento constatado en el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA). Señaló que la relocalización de los asentamientos precarios es baja y está atrasado el plan de viviendas (hicieron menos de 4.000 sobre 18.000 proyectadas).
El máximo tribunal quiere saber si el emisario subfluvial de la planta Berazategui se inaugurará en 2022; si se concluirá el Parque Industrial Acuba en 2020 y si se liberará el camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires en 2019.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larresta, en las dos aperturas del periodo ordinario de sesiones que encabezó se comprometió a cumplir este último punto. En diálogo con este medio, el jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel, también remarcó esta acción.
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Fecha de Publicación: 23/04/2018
Fuente: puraciudad.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la audiencia con funcionarios públicos del 14 de marzo, falló que en menos de 30 días la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y los Gobiernos de Ciudad, Provincia y Nación deben precisar plazos “ciertos” para cumplir los objetivos de la Causa Mendoza, donde se ordena sanear el Riachuelo, mudar a sus pobladores y garantizar la seguridad ambiental.
Sin embargo, Luis Duacastella, el Defensor Adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, se mostró disconforme ante esta postura del máximo tribunal y dijo: “Se trata de una resolución insuficiente respecto de que no hay una visión ordenadora de quienes están padeciendo la contaminación y cuya salud está afectada. Los reclamos de los vecinos de la cuenca no son escuchados -ni siquiera les permiten participar de las audiencias-; solo se oye a los funcionarios hablar de los inconvenientes con las obras”.
La Corte fijó este plazo ante el bajo nivel de cumplimiento constatado en el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA). Señaló que la relocalización de los asentamientos precarios es baja y está atrasado el plan de viviendas (hicieron menos de 4.000 sobre 18.000 proyectadas).
El máximo tribunal quiere saber si el emisario subfluvial de la planta Berazategui se inaugurará en 2022; si se concluirá el Parque Industrial Acuba en 2020 y si se liberará el camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires en 2019.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larresta, en las dos aperturas del periodo ordinario de sesiones que encabezó se comprometió a cumplir este último punto. En diálogo con este medio, el jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel, también remarcó esta acción.
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Riachuelo: la Corte solicita fijación de nuevos plazos
La Corte pidió nuevo plazo para el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 17/04/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia advirtió hoy sobre deficiencias en el cumplimiento del plan de saneamiento del Riachuelo y requirió que en 30 días se establezcan nuevos plazos “ciertos y fundados” para atender a los objetivos de la sentencia, que ya tiene una década.
En el marco de la causa de saneamiento y recomposición de la cuenca Matanza Riachuelo, la Corte había llevado a cabo una audiencia pública el 14 de marzo para que el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) informaran sobre el avance del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA).
Tras ello, la Corte advirtió ahora sobre “dos deficiencias estructurales” que persisten desde la primera audiencia realizada hace casi 12 años: la primera es la “debilidad institucional” de Acumar, especialmente remarcada por la Auditoría General de la Nación, que informó, entre otros aspectos, acerca de la sub ejecución presupuestaria (cercana al 41% en 2016); la falta de continuidad en la ejecución de proyectos, y las fallas en el sistema de control sobre el Fondo de Compensación Ambiental.
La segunda deficiencia marcada por la Corte radica en la “insuficiencia del sistema de medición para poder constatar el nivel de cumplimiento de la sentencia”, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Respecto de los objetivos puntuales del plan de remediación, la Corte señaló -en base a la información brindada por los funcionarios en la audiencia pública- que “el estado de avance del plan es muy lejano al de su pleno cumplimiento”.
En lo que concierne a la prevención de la contaminación industrial, marcó que de los 1.385 establecimientos industriales declarados agentes contaminantes, resta reconvertir 880; también manifestó que el retraso del proyecto “ACUBA” para la construcción de un polo industrial curtidor y de una planta de tratamientos de efluentes líquidos es significativo.
Con relación al saneamiento de basurales y limpieza de márgenes se advirtió sobre la reinserción de basurales a cielo abierto y la debilidad del sistema de recolección de residuos a cargo de los municipios.
En referencia a la expansión de la red de agua potable y cloacas, los estados demandados reconocieron demoras muy importantes en la licitación del emisario submarino de la planta de Berazategui que se estaría terminando en el año 2022, y en la construcción del sistema Riachuelo (construcción del Colector Margen Izquierdo, la Planta de Pretratamiento y el Emisario Submarino), que recién estaría terminado en conjunto en 2021, a pesar de que los plazos originales preveían su terminación una década antes.
Respecto de la relocalización de villas y asentamientos precarios, el nivel de cumplimiento del Convenio Marco de 2010 es “extremadamente bajo”, indicó el máximo tribunal: aun sin considerar el crecimiento poblacional, a 8 años se han terminado solamente 3.992 viviendas sobre las 17.771 proyectadas (es decir un 22% del total).
Además, se remarcó en particular que la liberación del camino de sirga en la Ciudad de Buenos Aires sufre un notorio retraso a la altura de la Villa 21-24.
En relación con el Plan Sanitario de Emergencia, se señaló que sigue pendiente el cumplimiento de una condición elemental referida a la confección de un mapa de riesgo sanitario ambiental.
Y se advirtió que de los 632 barrios a ser relevados, en el año 2017 solamente se evaluaron 37: la Corte concluyó que de seguirse los objetivos que informa Acumar, en el año 2023 se tendrá recién un relevamiento de tan solo algo más de un tercio de los barrios o asentamientos vulnerables.
En este marco la Corte afirmó que transcurridos diez años desde la sentencia que aprobó el plan de saneamiento resulta “inocultable su incumplimiento” y puso de relieve que el carácter obligatorio de los plazos conlleva las responsabilidades de la ACUMAR y de los estados demandados.
También advirtió que el incumplimiento de los plazos podría comprometer las responsabilidades que la ley establece para el caso de un apartamiento de los deberes propios de la función pública.
Sin embargo, subrayó que la responsabilidad de los funcionarios deberá sujetarse a las especiales características de esta causa en la que se pone de manifiesto “una problemática social que debe resolverse de modo eficiente y evitando situaciones que conduzcan a dilatar en el tiempo su solución”.
El tribunal requirió entonces que en el término de 30 días, la ACUMAR presente plazos “ciertos y fundados” de cumplimiento de los objetivos del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA), teniendo en cuenta que algunos de ellos ya fueron informados por los responsables en la audiencia pública del 14 de marzo.
Se trata de la finalización del emisario subfluvial de la planta Berazategui de 7.5 km en el año 2022; la construcción y puesta en funcionamiento del Sistema Riachuelo (lotes 1, 2 y 3) en marzo de 2021; la construcción y puesta en funcionamiento del Parque Industrial ACUBA y de la planta de tratamiento de sus efluentes industriales en julio de 2020; la liberación total del camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires ven el año 2019.
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Fecha de Publicación: 17/04/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia advirtió hoy sobre deficiencias en el cumplimiento del plan de saneamiento del Riachuelo y requirió que en 30 días se establezcan nuevos plazos “ciertos y fundados” para atender a los objetivos de la sentencia, que ya tiene una década.
En el marco de la causa de saneamiento y recomposición de la cuenca Matanza Riachuelo, la Corte había llevado a cabo una audiencia pública el 14 de marzo para que el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) informaran sobre el avance del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA).
Tras ello, la Corte advirtió ahora sobre “dos deficiencias estructurales” que persisten desde la primera audiencia realizada hace casi 12 años: la primera es la “debilidad institucional” de Acumar, especialmente remarcada por la Auditoría General de la Nación, que informó, entre otros aspectos, acerca de la sub ejecución presupuestaria (cercana al 41% en 2016); la falta de continuidad en la ejecución de proyectos, y las fallas en el sistema de control sobre el Fondo de Compensación Ambiental.
La segunda deficiencia marcada por la Corte radica en la “insuficiencia del sistema de medición para poder constatar el nivel de cumplimiento de la sentencia”, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Respecto de los objetivos puntuales del plan de remediación, la Corte señaló -en base a la información brindada por los funcionarios en la audiencia pública- que “el estado de avance del plan es muy lejano al de su pleno cumplimiento”.
En lo que concierne a la prevención de la contaminación industrial, marcó que de los 1.385 establecimientos industriales declarados agentes contaminantes, resta reconvertir 880; también manifestó que el retraso del proyecto “ACUBA” para la construcción de un polo industrial curtidor y de una planta de tratamientos de efluentes líquidos es significativo.
Con relación al saneamiento de basurales y limpieza de márgenes se advirtió sobre la reinserción de basurales a cielo abierto y la debilidad del sistema de recolección de residuos a cargo de los municipios.
En referencia a la expansión de la red de agua potable y cloacas, los estados demandados reconocieron demoras muy importantes en la licitación del emisario submarino de la planta de Berazategui que se estaría terminando en el año 2022, y en la construcción del sistema Riachuelo (construcción del Colector Margen Izquierdo, la Planta de Pretratamiento y el Emisario Submarino), que recién estaría terminado en conjunto en 2021, a pesar de que los plazos originales preveían su terminación una década antes.
Respecto de la relocalización de villas y asentamientos precarios, el nivel de cumplimiento del Convenio Marco de 2010 es “extremadamente bajo”, indicó el máximo tribunal: aun sin considerar el crecimiento poblacional, a 8 años se han terminado solamente 3.992 viviendas sobre las 17.771 proyectadas (es decir un 22% del total).
Además, se remarcó en particular que la liberación del camino de sirga en la Ciudad de Buenos Aires sufre un notorio retraso a la altura de la Villa 21-24.
En relación con el Plan Sanitario de Emergencia, se señaló que sigue pendiente el cumplimiento de una condición elemental referida a la confección de un mapa de riesgo sanitario ambiental.
Y se advirtió que de los 632 barrios a ser relevados, en el año 2017 solamente se evaluaron 37: la Corte concluyó que de seguirse los objetivos que informa Acumar, en el año 2023 se tendrá recién un relevamiento de tan solo algo más de un tercio de los barrios o asentamientos vulnerables.
En este marco la Corte afirmó que transcurridos diez años desde la sentencia que aprobó el plan de saneamiento resulta “inocultable su incumplimiento” y puso de relieve que el carácter obligatorio de los plazos conlleva las responsabilidades de la ACUMAR y de los estados demandados.
También advirtió que el incumplimiento de los plazos podría comprometer las responsabilidades que la ley establece para el caso de un apartamiento de los deberes propios de la función pública.
Sin embargo, subrayó que la responsabilidad de los funcionarios deberá sujetarse a las especiales características de esta causa en la que se pone de manifiesto “una problemática social que debe resolverse de modo eficiente y evitando situaciones que conduzcan a dilatar en el tiempo su solución”.
El tribunal requirió entonces que en el término de 30 días, la ACUMAR presente plazos “ciertos y fundados” de cumplimiento de los objetivos del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA), teniendo en cuenta que algunos de ellos ya fueron informados por los responsables en la audiencia pública del 14 de marzo.
Se trata de la finalización del emisario subfluvial de la planta Berazategui de 7.5 km en el año 2022; la construcción y puesta en funcionamiento del Sistema Riachuelo (lotes 1, 2 y 3) en marzo de 2021; la construcción y puesta en funcionamiento del Parque Industrial ACUBA y de la planta de tratamiento de sus efluentes industriales en julio de 2020; la liberación total del camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires ven el año 2019.
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Barañao cargó contra los opositores al modelo extractivista
La ciencia argentina llama a una batalla contra los fundamentalismos
Fecha de Publicación: 14/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Ayer se reunió en Tucumán el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. El desafío de articular investigación y producción.
“La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho”. Con esa inesperada cita, Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina, descomprimió la reunión. Era cerca del mediodía en la Legislatura y comenzaba a cerrarse el primer bloque de la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación (Cofecyt), que tuvo lugar en el edificio de Muñecas al 900.
La cita del ministro, presidente de ese cuerpo consultivo federal, llegó a colación de un reclamo sostenido por parte de las autoridades de planificación científica de las provincias, con representación en el Consejo. Más que un reclamo, se trató de una suerte de autocrítica, de una señal de alarma y de un llamado al trabajo conjunto. “Tenemos que librar una batalla contra los fundamentalismos”, fue una de las frases que se escuchó en reiteradas ocasiones.
Según manifestaron varios de los miembros presentes, esos “fundamentalismos” están encarnados principalmente por agrupaciones ambientalistas que en reiteradas ocasiones ponen trabas a sectores productivos, principalmente la minería y la agricultura (sobre todo por la resistencia al uso de agroquímicos), con lo que favorecerían un atraso social y económico en comunidades puntuales.
Riesgos, beneficios
La autocrítica fue por el lado de que aquellas ONG tengan un poder de fuego comunicacional mucho más fuerte que los propios organismos oficiales, y que sus enunciados llegan a más gente e incluso a más juzgados que las investigaciones con sustento científico. Así, una de las batallas más candentes del momento científico y productivo en nuestro país se libra contra esos supuestos fundamentalismos.
“Estoy seguro de que ha muerto mucha más gente en accidentes de tránsito o electrocutada que por el uso de agroquímicos en los cultivos -prosiguió Barañao-. Sin embargo, ninguna de estas organizaciones ha salido a manifestarse en contra del automóvil o de la energía eléctrica. Pienso que se debe principalmente a que el beneficio de andar en auto o de encender la luz de la casa es mucho más cercano y palpable que el beneficio que trae, por ejemplo, un emprendimiento minero. Pero también hay que ser realistas: sucede que muchas veces los beneficios de un emprendimiento minero, que promete construir escuelas y hospitales y emplear mano de obra local, no se concretan. Entonces la sociedad no ve que haya beneficios”.
Muchos de los representantes provinciales sostuvieron que en sus territorios se pierden oportunidades de inversión, principalmente en torno a la minería, porque la falta de licencia social no permite ni siquiera que se discuta esa actividad productiva. Por eso, el llamado es a lograr una “minería inteligente”: que tenga el menos impacto ambiental posible, que genere la mayor cantidad de beneficios para las comunidades, que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Y, al parecer, uno de los requisitos de una minería inteligente sería también convencer a la sociedad de todas las mejoras que sería capaz de acarrear.
Además del debate en torno a la “batalla” contra el fundamentalismo sin sustento científico, el cuerpo que sesionó en Tucumán enumeró los programas que fomentó en los últimos años, ponderó la mirada federal de la ciencia e insistió en la importancia de seguir fortaleciendo el Cofecyt.
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Fecha de Publicación: 14/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Ayer se reunió en Tucumán el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. El desafío de articular investigación y producción.
“La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho”. Con esa inesperada cita, Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina, descomprimió la reunión. Era cerca del mediodía en la Legislatura y comenzaba a cerrarse el primer bloque de la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación (Cofecyt), que tuvo lugar en el edificio de Muñecas al 900.
La cita del ministro, presidente de ese cuerpo consultivo federal, llegó a colación de un reclamo sostenido por parte de las autoridades de planificación científica de las provincias, con representación en el Consejo. Más que un reclamo, se trató de una suerte de autocrítica, de una señal de alarma y de un llamado al trabajo conjunto. “Tenemos que librar una batalla contra los fundamentalismos”, fue una de las frases que se escuchó en reiteradas ocasiones.
Según manifestaron varios de los miembros presentes, esos “fundamentalismos” están encarnados principalmente por agrupaciones ambientalistas que en reiteradas ocasiones ponen trabas a sectores productivos, principalmente la minería y la agricultura (sobre todo por la resistencia al uso de agroquímicos), con lo que favorecerían un atraso social y económico en comunidades puntuales.
Riesgos, beneficios
La autocrítica fue por el lado de que aquellas ONG tengan un poder de fuego comunicacional mucho más fuerte que los propios organismos oficiales, y que sus enunciados llegan a más gente e incluso a más juzgados que las investigaciones con sustento científico. Así, una de las batallas más candentes del momento científico y productivo en nuestro país se libra contra esos supuestos fundamentalismos.
“Estoy seguro de que ha muerto mucha más gente en accidentes de tránsito o electrocutada que por el uso de agroquímicos en los cultivos -prosiguió Barañao-. Sin embargo, ninguna de estas organizaciones ha salido a manifestarse en contra del automóvil o de la energía eléctrica. Pienso que se debe principalmente a que el beneficio de andar en auto o de encender la luz de la casa es mucho más cercano y palpable que el beneficio que trae, por ejemplo, un emprendimiento minero. Pero también hay que ser realistas: sucede que muchas veces los beneficios de un emprendimiento minero, que promete construir escuelas y hospitales y emplear mano de obra local, no se concretan. Entonces la sociedad no ve que haya beneficios”.
Muchos de los representantes provinciales sostuvieron que en sus territorios se pierden oportunidades de inversión, principalmente en torno a la minería, porque la falta de licencia social no permite ni siquiera que se discuta esa actividad productiva. Por eso, el llamado es a lograr una “minería inteligente”: que tenga el menos impacto ambiental posible, que genere la mayor cantidad de beneficios para las comunidades, que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Y, al parecer, uno de los requisitos de una minería inteligente sería también convencer a la sociedad de todas las mejoras que sería capaz de acarrear.
Además del debate en torno a la “batalla” contra el fundamentalismo sin sustento científico, el cuerpo que sesionó en Tucumán enumeró los programas que fomentó en los últimos años, ponderó la mirada federal de la ciencia e insistió en la importancia de seguir fortaleciendo el Cofecyt.
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En Catamarca piden frenar los desmontes por 10 años
Emergencia: Piden parar con los desmontes por 10 años en Catamarca
Fecha de Publicación: 06/04/2018
Fuente: El Intransigente (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
A pesar de las inundaciones la clase política de Catamarca no toma nota del problema ambiental, los negocios de los funcionarios
Por el desastre que hicieran las últimas inundaciones, el intendente Elpidio Guaráz habló con El Intransigente y sostuvo que, de la última reunión con vecinos y autoridades provinciales surgió la iniciativa de que se pare con los desmontes por los próximos 10 años en todo el Departamento Santa Rosa. No obstante, la Secretaría de Ambiente de la provincia sigue autorizando los desmontes con maquinaria pesada. La inquietud de los ciudadanos tampoco movió el interés de los legisladores por la problemática ambiental. El padecimiento de una comunidad que, además de lidiar con los burócratas del Estado, tiene que soportar y padecer a empresas asesinas como Monsanto. Veamos.
Una cuestión de Emergencia ambiental
Generar el instrumento político-legal es una cuestión de Emergencia en la zona. Ante el desmonte indiscriminado, las multas -aplicadas por el organismo de control- son ridículas, por lo que los vecinos creen que el tema ambiental requiere de un abordaje más serio. Las autoridades provinciales aseguran que no pueden materializar el pedido de los habitantes de Santa Rosa debido a que hay expedientes iniciados pero la situación es crítica pues la sociedad vive momentos de tensión y zozobra con las lluvias y la crecida de los ríos.
Los funcionarios de la Secretaria de Ambiente de la provincia insisten con un mapa territorial para explicar las autorizaciones de los desmontes, en tanto los vecinos les piden a las autoridades provinciales recorrer las áreas afectadas con el objeto de percibir la diferencia entre la teoría y la práctica. Los habitantes del Este provincial creen que el mapa territorial es una farsa para permitir que continúen negocios privados de empresarios que compran tierras pero no viven en la zona afectada por las lluvias y las inundaciones. Por esta razón es que el contador Armando Zavaleta (ex Secretario de Ambiente) el año pasado fue prácticamente echado de Santa Rosa cuando quiso justificar los desmontes. Para peor, hay funcionarios que tienen finca y que desmontaron grandes extensiones de tierra, como el caso del ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, o el mismo intendente de Los Altos, Rafael Olveira, empresarios del arándano y la soja, entre otros cultivos.
La realidad es muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno
El intendente Guaráz recordó situaciones extremas que se vivieron en Bañado de Ovanta, La Bajada, Monte Redondo, Los Altos, Manantiales, San Pedro, Alijilán, todas localidades amenazadas por fenómenos climáticos y la consiguiente crecida de los ríos y arroyos que desbordó localidades enteras, producto -claro está- de la maquinaria que arrasó con la vegetación nativa. La realidad es dura y muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno.
Política ambiental VS Negocios de los empresarios (y funcionarios)
Definitivamente, en materia ambiental, el Estado está ausente. El problema involucra a los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Hay organismos claves como la Secretaria de Ambiente de la provincia. Ante este atropello y abuso, los vecinos se animaron a más. Es que, al problema de los desmontes, hay que sumarle que son tapados por los agroquímicos que permanentemente tiran las avionetas que sobrevuelan la zona, como si el pueblo estuviera en estado de guerra, lo digo también por el concepto de “Ecocidio”. En Santa Rosa por ejemplo opera la cuestionada firma internacional Monsanto. Sobre el particular, ahondaremos mañana.
Ah… lo único que faltaba decir es que los funcionarios que tienen finca en Los Altos hicieron desmontar el campo con máquinas que eran alquiladas por el Gobierno para trabajar en los caminos afectados por las lluvias. Es decir, las sacaron de caminos comunales destrozados por las precipitaciones y ríos crecidos, con el objeto seguir desmontado en otro lugar, en las propiedades de los políticos-empresarios.
Conciencia ambiental cero.
Los negocios primero.
Siempre.
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Fecha de Publicación: 06/04/2018
Fuente: El Intransigente (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
A pesar de las inundaciones la clase política de Catamarca no toma nota del problema ambiental, los negocios de los funcionarios
Por el desastre que hicieran las últimas inundaciones, el intendente Elpidio Guaráz habló con El Intransigente y sostuvo que, de la última reunión con vecinos y autoridades provinciales surgió la iniciativa de que se pare con los desmontes por los próximos 10 años en todo el Departamento Santa Rosa. No obstante, la Secretaría de Ambiente de la provincia sigue autorizando los desmontes con maquinaria pesada. La inquietud de los ciudadanos tampoco movió el interés de los legisladores por la problemática ambiental. El padecimiento de una comunidad que, además de lidiar con los burócratas del Estado, tiene que soportar y padecer a empresas asesinas como Monsanto. Veamos.
Una cuestión de Emergencia ambiental
Generar el instrumento político-legal es una cuestión de Emergencia en la zona. Ante el desmonte indiscriminado, las multas -aplicadas por el organismo de control- son ridículas, por lo que los vecinos creen que el tema ambiental requiere de un abordaje más serio. Las autoridades provinciales aseguran que no pueden materializar el pedido de los habitantes de Santa Rosa debido a que hay expedientes iniciados pero la situación es crítica pues la sociedad vive momentos de tensión y zozobra con las lluvias y la crecida de los ríos.
Los funcionarios de la Secretaria de Ambiente de la provincia insisten con un mapa territorial para explicar las autorizaciones de los desmontes, en tanto los vecinos les piden a las autoridades provinciales recorrer las áreas afectadas con el objeto de percibir la diferencia entre la teoría y la práctica. Los habitantes del Este provincial creen que el mapa territorial es una farsa para permitir que continúen negocios privados de empresarios que compran tierras pero no viven en la zona afectada por las lluvias y las inundaciones. Por esta razón es que el contador Armando Zavaleta (ex Secretario de Ambiente) el año pasado fue prácticamente echado de Santa Rosa cuando quiso justificar los desmontes. Para peor, hay funcionarios que tienen finca y que desmontaron grandes extensiones de tierra, como el caso del ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, o el mismo intendente de Los Altos, Rafael Olveira, empresarios del arándano y la soja, entre otros cultivos.
La realidad es muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno
El intendente Guaráz recordó situaciones extremas que se vivieron en Bañado de Ovanta, La Bajada, Monte Redondo, Los Altos, Manantiales, San Pedro, Alijilán, todas localidades amenazadas por fenómenos climáticos y la consiguiente crecida de los ríos y arroyos que desbordó localidades enteras, producto -claro está- de la maquinaria que arrasó con la vegetación nativa. La realidad es dura y muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno.
Política ambiental VS Negocios de los empresarios (y funcionarios)
Definitivamente, en materia ambiental, el Estado está ausente. El problema involucra a los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Hay organismos claves como la Secretaria de Ambiente de la provincia. Ante este atropello y abuso, los vecinos se animaron a más. Es que, al problema de los desmontes, hay que sumarle que son tapados por los agroquímicos que permanentemente tiran las avionetas que sobrevuelan la zona, como si el pueblo estuviera en estado de guerra, lo digo también por el concepto de “Ecocidio”. En Santa Rosa por ejemplo opera la cuestionada firma internacional Monsanto. Sobre el particular, ahondaremos mañana.
Ah… lo único que faltaba decir es que los funcionarios que tienen finca en Los Altos hicieron desmontar el campo con máquinas que eran alquiladas por el Gobierno para trabajar en los caminos afectados por las lluvias. Es decir, las sacaron de caminos comunales destrozados por las precipitaciones y ríos crecidos, con el objeto seguir desmontado en otro lugar, en las propiedades de los políticos-empresarios.
Conciencia ambiental cero.
Los negocios primero.
Siempre.
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Alfonsín se pronuncia contra la megaminería en Chubut
Alfonsín rechazó la minería y solicitó una apertura de diálogo entre la UCR y el PRO
Fecha de Publicación: 04/04/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El exdiputado nacional Ricardo Alfonsín visitó ayer Comodoro Rivadavia y brindó una conferencia de prensa. Rechazó la minería, pidió mayor diálogo entre la Unión Cívica y el PRO en la alianza Cambiemos y aseguró que se deben repensar los parámetros para medir la pobreza. "En la Unión Cívica Radical no existe un mecanismo de consulta, nosotros nos anoticiamos y para eso alcanza con leer los diarios", cuestionó sobre las políticas que implementa el Gobierno nacional.
Dialoguista, abierto y cercano, tal como era su padre. Así se mostró ayer Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín (1983 -1989) y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), partido que integra la alianza Cambiemos que hoy Gobierna el país.
Alfonsín llegó en horas de la mañana a Comodoro Rivadavia y minutos después brindó una conferencia de prensa en el Hotel Austral. El referente del partido al ser consultado por el periodismo rechazó la explotación minera que pretende instaurar el Gobierno nacional, con serios intereses económicos y políticos en Chubut. “El lobby minero dice que nosotros estamos en contra de la minería. Pero es una estupidez, es como decir que estamos en contra de la agricultura porque usan fertilizantes que pueden ser peligrosos. No, estamos en contra de la política minera tal cual está la ley de impresiones mineras, porque no es buena para el país desde el punto de vista económico, fiscal y ambiental”, argumentó Alfonsín.
Sobre ese punto invitó a leer la ley y compararla “con las que existen en otros países del mundo”, y admitió “que la Convención ha guardado silencio desde que en 2015 se profundizó la posición minera que nosotros habíamos cuestionado durante los 12 años de kirchnerismo”.
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Fecha de Publicación: 04/04/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El exdiputado nacional Ricardo Alfonsín visitó ayer Comodoro Rivadavia y brindó una conferencia de prensa. Rechazó la minería, pidió mayor diálogo entre la Unión Cívica y el PRO en la alianza Cambiemos y aseguró que se deben repensar los parámetros para medir la pobreza. "En la Unión Cívica Radical no existe un mecanismo de consulta, nosotros nos anoticiamos y para eso alcanza con leer los diarios", cuestionó sobre las políticas que implementa el Gobierno nacional.
Dialoguista, abierto y cercano, tal como era su padre. Así se mostró ayer Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín (1983 -1989) y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), partido que integra la alianza Cambiemos que hoy Gobierna el país.
Alfonsín llegó en horas de la mañana a Comodoro Rivadavia y minutos después brindó una conferencia de prensa en el Hotel Austral. El referente del partido al ser consultado por el periodismo rechazó la explotación minera que pretende instaurar el Gobierno nacional, con serios intereses económicos y políticos en Chubut. “El lobby minero dice que nosotros estamos en contra de la minería. Pero es una estupidez, es como decir que estamos en contra de la agricultura porque usan fertilizantes que pueden ser peligrosos. No, estamos en contra de la política minera tal cual está la ley de impresiones mineras, porque no es buena para el país desde el punto de vista económico, fiscal y ambiental”, argumentó Alfonsín.
Sobre ese punto invitó a leer la ley y compararla “con las que existen en otros países del mundo”, y admitió “que la Convención ha guardado silencio desde que en 2015 se profundizó la posición minera que nosotros habíamos cuestionado durante los 12 años de kirchnerismo”.
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Glaciares: legislados pero sin protección
Los glaciares, el tesoro legislado pero no protegido de Argentina
Fecha de Publicación: 30/03/2018
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Los glaciares de Argentina están regulados por una ley que los protege de su desaparición. La realidad, sin embargo, muestra que los gigantes de hielo del país ven pasar los años sin que se tomen medidas para su conservación ante el avance del cambio climático y una agresiva actividad minera.
“Argentina es un país pionero en cuanto a leyes de protección de glaciares. Tiene una ley que puede ser aplicada como modelo en otros países. Es realmente muy buena. El problema está en que no se cumple”, introdujo a Efe Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace Argentina.
La legislación a la que hace referencia es conocida bajo el nombre de ley de protección de glaciares y estipula su cuidado y el del ambiente periglacial para preservarlos como reservas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas y para la protección de la biodiversidad.
Asimismo, ordena la creación de un inventario donde “se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo”.
Ocho años después de la aprobación de la ley, dicho censo todavía no ha sido terminado.
Inventario
Además, desde el Ministerio de Ambiente argentino reconocieron que el hecho de que todavía no se hayan inventariado en su totalidad estos cuerpos de hielo impide medir con exactitud su tamaño a lo largo de los años o certificar qué les afecta negativamente.
Por ello, desde el Gobierno no pueden saber las consecuencias del cambio climático sobre ellos, la contaminación o las actividades humanas, explicó a Efe el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la cartera nacional, Diego Moreno.
Por una parte, necesitan evaluar “cómo están siendo afectados por el tiempo”, “mayormente por el cambio climático”; y, por la otra, “evaluar cuánta agua proveen, en qué momentos, el volumen de hielo en estos cuerpos, cómo interfieren en el clima…“, aclaró Moreno.
En medio de esta inactividad, organizaciones como Greenpeace o Conciencia Solidaria, entre otras, reclaman que se aplique la ley para frenar, sobre todo, la actividad minera, que ya ha causado estragos y que amenaza desde hace años los glaciares argentinos.
Vertidos tóxicos
Un caso conocido es el de los vertidos tóxicos ocasionados por la filial en el país de la compañía canadiense Barrick Gold en la mina de Veladero, en la provincia de San Juan (noroeste).
Con sus actividades, realizadas en terreno periglacial, redujeron el tamaño de los hielos de la zona y contaminaron con cianuro hasta cinco ríos de los que se nutrían poblaciones cercanas.
Para que la norma sea cumplida, desde el Ministerio de Ambiente están trabajando para desarrollar un proyecto con el que volver más estrictas las penas para las personas que cometan delitos ambientales, explicó Moreno.
Sin embargo, sumado a este mensaje de protección al medio ambiente, el presidente argentino, Mauricio Macri, pidió el pasado año que se revisara la ley de glaciares para ver cómo podía favorecer a las mineras después de retirarles restricciones.
“Realmente ha habido avances muy tibios pero contradictorios“, resumió Strano, quien aseguró que 44 proyectos mineros buscan su aprobación ante una posible modificación de la ley.
Organizaciones ecologistas
Las organizaciones ecologistas, preocupadas por la desaparición de los glaciares, piden con urgencia que el Gobierno reaccione.
Su ausencia no solo será una pérdida turística para Argentina, sino que supondrá el fin de algunas de las pocas fuentes de agua dulce del mundo, lo que provocará una preocupante falta de agua para todas las localidades que dependen de ellos, recordaron.
“Estamos defendiendo el concepto de vida, que no se considere el agua una mercancía. Si es un alimento yo le puedo poner un precio, queremos que sea reconocida como un bien común”, concluyó Cristina Marín, de Conciencia Solidaria.
Su organización no gubernamental participó junto a Greenpeace y otros entes en varias actividades en la calle para fomentar el uso correcto del agua este miércoles, Día Mundial del Agua, en la capital argentina.
Entre las diferentes movilizaciones, además, entregaron un documento al Congreso argentino en el que pidieron que no se mueva “ni una sola coma” de la ley de glaciares al argumentar que “el agua vale más que el oro”.
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Fecha de Publicación: 30/03/2018
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Los glaciares de Argentina están regulados por una ley que los protege de su desaparición. La realidad, sin embargo, muestra que los gigantes de hielo del país ven pasar los años sin que se tomen medidas para su conservación ante el avance del cambio climático y una agresiva actividad minera.
“Argentina es un país pionero en cuanto a leyes de protección de glaciares. Tiene una ley que puede ser aplicada como modelo en otros países. Es realmente muy buena. El problema está en que no se cumple”, introdujo a Efe Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace Argentina.
La legislación a la que hace referencia es conocida bajo el nombre de ley de protección de glaciares y estipula su cuidado y el del ambiente periglacial para preservarlos como reservas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas y para la protección de la biodiversidad.
Asimismo, ordena la creación de un inventario donde “se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo”.
Ocho años después de la aprobación de la ley, dicho censo todavía no ha sido terminado.
Inventario
Además, desde el Ministerio de Ambiente argentino reconocieron que el hecho de que todavía no se hayan inventariado en su totalidad estos cuerpos de hielo impide medir con exactitud su tamaño a lo largo de los años o certificar qué les afecta negativamente.
Por ello, desde el Gobierno no pueden saber las consecuencias del cambio climático sobre ellos, la contaminación o las actividades humanas, explicó a Efe el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la cartera nacional, Diego Moreno.
Por una parte, necesitan evaluar “cómo están siendo afectados por el tiempo”, “mayormente por el cambio climático”; y, por la otra, “evaluar cuánta agua proveen, en qué momentos, el volumen de hielo en estos cuerpos, cómo interfieren en el clima…“, aclaró Moreno.
En medio de esta inactividad, organizaciones como Greenpeace o Conciencia Solidaria, entre otras, reclaman que se aplique la ley para frenar, sobre todo, la actividad minera, que ya ha causado estragos y que amenaza desde hace años los glaciares argentinos.
Vertidos tóxicos
Un caso conocido es el de los vertidos tóxicos ocasionados por la filial en el país de la compañía canadiense Barrick Gold en la mina de Veladero, en la provincia de San Juan (noroeste).
Con sus actividades, realizadas en terreno periglacial, redujeron el tamaño de los hielos de la zona y contaminaron con cianuro hasta cinco ríos de los que se nutrían poblaciones cercanas.
Para que la norma sea cumplida, desde el Ministerio de Ambiente están trabajando para desarrollar un proyecto con el que volver más estrictas las penas para las personas que cometan delitos ambientales, explicó Moreno.
Sin embargo, sumado a este mensaje de protección al medio ambiente, el presidente argentino, Mauricio Macri, pidió el pasado año que se revisara la ley de glaciares para ver cómo podía favorecer a las mineras después de retirarles restricciones.
“Realmente ha habido avances muy tibios pero contradictorios“, resumió Strano, quien aseguró que 44 proyectos mineros buscan su aprobación ante una posible modificación de la ley.
Organizaciones ecologistas
Las organizaciones ecologistas, preocupadas por la desaparición de los glaciares, piden con urgencia que el Gobierno reaccione.
Su ausencia no solo será una pérdida turística para Argentina, sino que supondrá el fin de algunas de las pocas fuentes de agua dulce del mundo, lo que provocará una preocupante falta de agua para todas las localidades que dependen de ellos, recordaron.
“Estamos defendiendo el concepto de vida, que no se considere el agua una mercancía. Si es un alimento yo le puedo poner un precio, queremos que sea reconocida como un bien común”, concluyó Cristina Marín, de Conciencia Solidaria.
Su organización no gubernamental participó junto a Greenpeace y otros entes en varias actividades en la calle para fomentar el uso correcto del agua este miércoles, Día Mundial del Agua, en la capital argentina.
Entre las diferentes movilizaciones, además, entregaron un documento al Congreso argentino en el que pidieron que no se mueva “ni una sola coma” de la ley de glaciares al argumentar que “el agua vale más que el oro”.
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Fondos para bosques: se comprometieron a respetar
Nación se comprometió a respetar el presupuesto para la conservación de los bosques nativos aprobado por el Congreso
Fecha de Publicación: 24/03/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
El Jefe de Gabinete le respondió de este modo a la diputada nacional por Misiones durante su informe en el Congreso. Además los misioneros consiguieron que se apruebe un Fideicomiso que administre los fondos.
El Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, le respondió a la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, que se respetará el monto asignado para distribuir entre las provincias del país como fondo para la conservación de los bosques. La legisladora recordó que el funcionario nacional tiene facultades para ampliar los fondos. “En el Presupuesto 2018 se le dieron facultades al jefe de Gabinete para la ampliación de los fondos. Si bien nosotros aprobamos un presupuesto de 556 millones de pesos se le da al Jefe de Gabinete una facultad para ampliar. Me contestó por escrito que se asignaron 470 millones de pesos, no lo que nosotros habíamos aprobado por presupuesto. Responde que en la semana próxima iba sacar una decisión administrativa por la cual se iban asignar los fondos en su totalidad”, aseguró la exministra de Ecología de la provincia.
Verónica Derna, diputada nacional por Misiones en Canal 12
Derna recordó que nunca se constituyó el fondo como lo establece la ley y admitió que son miles de millones de pesos. Además reconoció que hay una realidad social que el Estado Nacional debe atender. “Ayer salió la decisión por la cual asigna los fondos que nosotros aprobamos en su totalidad. No es el total de Fondos que aprueba la ley 2671. Para nosotros es muy importante que se respete el piso”, añadió.
En ese sentido, Derna explicó que los fondos son distribuidos entre todas las provincias de Argentina que hayan acreditado ante el ministerio de Ambiente de la Nación su ordenamiento territorial de bosques nativos. “El año pasado Misiones recibió 18 millones gracias al aumento pero recibía 9, 8, 7 millones. Ahora habría que ver cuánto le corresponde. Estamos todas las provincias, antes había menos plata y éramos más provincias y ahora estamos todas”, aseguró.
La legisladora que integra el bloque Misionerista en la cámara baja del Congreso de la Nación afirmó que siempre se necesitan más fondos porque la conservación de los bosques nativos tiene su costo. “Otra cosa que destaqué de la ley de presupuesto es que los diputados misioneros logramos la incorporación de un párrafo a ese artículo para que no se pierdan los fondos que no son utilizados y son de ejercicios anteriores”, agregó.
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Fecha de Publicación: 24/03/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
El Jefe de Gabinete le respondió de este modo a la diputada nacional por Misiones durante su informe en el Congreso. Además los misioneros consiguieron que se apruebe un Fideicomiso que administre los fondos.
El Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, le respondió a la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, que se respetará el monto asignado para distribuir entre las provincias del país como fondo para la conservación de los bosques. La legisladora recordó que el funcionario nacional tiene facultades para ampliar los fondos. “En el Presupuesto 2018 se le dieron facultades al jefe de Gabinete para la ampliación de los fondos. Si bien nosotros aprobamos un presupuesto de 556 millones de pesos se le da al Jefe de Gabinete una facultad para ampliar. Me contestó por escrito que se asignaron 470 millones de pesos, no lo que nosotros habíamos aprobado por presupuesto. Responde que en la semana próxima iba sacar una decisión administrativa por la cual se iban asignar los fondos en su totalidad”, aseguró la exministra de Ecología de la provincia.
Verónica Derna, diputada nacional por Misiones en Canal 12
Derna recordó que nunca se constituyó el fondo como lo establece la ley y admitió que son miles de millones de pesos. Además reconoció que hay una realidad social que el Estado Nacional debe atender. “Ayer salió la decisión por la cual asigna los fondos que nosotros aprobamos en su totalidad. No es el total de Fondos que aprueba la ley 2671. Para nosotros es muy importante que se respete el piso”, añadió.
En ese sentido, Derna explicó que los fondos son distribuidos entre todas las provincias de Argentina que hayan acreditado ante el ministerio de Ambiente de la Nación su ordenamiento territorial de bosques nativos. “El año pasado Misiones recibió 18 millones gracias al aumento pero recibía 9, 8, 7 millones. Ahora habría que ver cuánto le corresponde. Estamos todas las provincias, antes había menos plata y éramos más provincias y ahora estamos todas”, aseguró.
La legisladora que integra el bloque Misionerista en la cámara baja del Congreso de la Nación afirmó que siempre se necesitan más fondos porque la conservación de los bosques nativos tiene su costo. “Otra cosa que destaqué de la ley de presupuesto es que los diputados misioneros logramos la incorporación de un párrafo a ese artículo para que no se pierdan los fondos que no son utilizados y son de ejercicios anteriores”, agregó.
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Santa Fe encabeza el camino de la "Producción más Limpia"
Santa Fe al frente de Producción más Limpia
Fecha de Publicación: 23/03/2018
Fuente: El Litoral Vespertino
Provincia/Región: Santa Fe
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, participó en Buenos Aires de la primera asamblea del año del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), en la que se eligieron las autoridades para el período 2018, y los coordinadores de las distintas comisiones de trabajo. Santa Fe estará al frente de la Comisión de Producción Más Limpia.
El encuentro, realizado el último jueves, fue encabezado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman. En la oportunidad, se eligió a Mario Rujana, administrador general del Instituto Correntino del Agua, como presidente, y a Sergio Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja, vicepresidente. La actividad contó con la participación de autoridades de todas las provincias del país.
Además, durante la jornada se estableció el cronograma anual de asambleas ordinarias y extraordinarias y los lineamientos estratégicos para los temas de la agenda anual. La misma incluye una propuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para un trabajo conjunto con el Ministerio de Agroindustria en relación a buenas prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios.
También estuvo presente el secretario de Medio Ambiente, César Mackler.
El Cofema es un espacio de encuentro federal para abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente de la República Argentina. El Estado nacional y las provincias son miembros coordinados en un mismo plano de participación, de decisión plena y no subordinados entre sí.
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Fecha de Publicación: 23/03/2018
Fuente: El Litoral Vespertino
Provincia/Región: Santa Fe
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, participó en Buenos Aires de la primera asamblea del año del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), en la que se eligieron las autoridades para el período 2018, y los coordinadores de las distintas comisiones de trabajo. Santa Fe estará al frente de la Comisión de Producción Más Limpia.
El encuentro, realizado el último jueves, fue encabezado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman. En la oportunidad, se eligió a Mario Rujana, administrador general del Instituto Correntino del Agua, como presidente, y a Sergio Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja, vicepresidente. La actividad contó con la participación de autoridades de todas las provincias del país.
Además, durante la jornada se estableció el cronograma anual de asambleas ordinarias y extraordinarias y los lineamientos estratégicos para los temas de la agenda anual. La misma incluye una propuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para un trabajo conjunto con el Ministerio de Agroindustria en relación a buenas prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios.
También estuvo presente el secretario de Medio Ambiente, César Mackler.
El Cofema es un espacio de encuentro federal para abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente de la República Argentina. El Estado nacional y las provincias son miembros coordinados en un mismo plano de participación, de decisión plena y no subordinados entre sí.
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Glaciares: el Pro mueve sus fichas para modificar la ley
Ley de Glaciares: el Gobierno hará una amplia consulta entre sus legisladores para definir su futuro
Fecha de Publicación: 21/03/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Casa Rosada usará los mecanismos del sistema republicano para avanzar en una medida que según el sector empresario podría destrabar inversiones por US$18.000 millones, pero al mismo tiempo genera resistencias de organizaciones sociales, de la oposición y dentro de la propia coalición de gobierno.
En las próximas semanas, la administración de Mauricio Macri iniciará una amplia consulta entre los diputados y senadores oficialistas para que le den su "consejo legislativo" con respecto a qué hacer para aclarar los puntos de la Ley de Glaciares que impiden la llegada de mayores inversiones mineras, según le transmitieron los empresarios al Presidente en una reunión de noviembre del año pasado.
Macri iniciará la rueda de consultas luego de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman , finalice el inventario de glaciares, algo que es inminente, según confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de ese trabajo.
La elección del cronograma responde a una lógica de sentido común. El Gobierno no quiere avanzar en discusiones sobre la futura aplicación la ley hasta que no cumpla del todo con lo que dice su texto, algo que ocurrirá cuando los glaciares estén contabilizados. De lo contrario, sería un blanco fácil para la crítica de sectores ambientalistas y la oposición crítica de la actividad minera.
El Gobierno espera que la consulta a sus legisladores le permita evitar errores potenciales en el tratamiento de un tema polémico (algo que ya ocurrió en el pasado, por ejemplo, con la discusión por la reforma jubilatoria), dado que luego serán ellos quienes deberán dar la discusión en el Congreso para avanzar en reformas.
En principio, no se cambiará la ley, sino que se le pedirá al Congreso una aclaración de la norma, algo similar a lo que ocurrió el año pasado con la ley que bloqueó cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, luego de un fallo de la Corte Suprema que le otorgaba la libertad a Luis Muiña.
La polémica en torno a la Ley de Glaciares se debe a que, según los especialistas, puede arrojar interpretaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad, pero también otras muy restrictivas que le generan aversión a los inversores. Eso se debe a que pueden hacer un desembolso muy grande que luego quede invalidado por la decisión de un juez que optó por tomar los puntos más duros de la norma.
Carrió versus la minería
En noviembre del año pasado, Macri tuvo una reunión en la Casa Rosada con los referentes del sector minero. Estuvieron Eduardo Elsztain y Carlos Miguens, dos de los mayores empresarios del país, el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez, los gremios, las provincias, funcionarios de Medio Ambiente y los ministros Juan José Aranguren (Energía y Minería) y Trabajo (Jorge Triaca).
El Presidente les prometió avanzar una iniciativa para proponer un nuevo proyecto de ley. Pero esa idea fue reemplazada por el pedido de aclaración al Congreso luego de las polémicas que generó, incluso dentro de Cambiemos. La más importante tuvo que ver con Elisa Carrió.
La socia política de Macri se enteró a través de LA NACION que el Presidente se había reunido con los mineros y casi de inmediato escribió en su cuenta de Twitter que se oponía taxativamente a un cambio en la ley.
Macri envió a Aranguren para tranquilizar los ánimos de la diputada. Estuvo charlando con ella una hora y media en su chacra de Exaltación de La Cruz.
El Presidente cree que le dio a la minería más de lo que esa industria le dio a su gobierno. Sucede que una de sus primeras decisiones tras el cambio de mando fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones de ese sector, algo similar a lo que ocurrió con el campo. Pero si bien el agro respondió, la minería no lo hizo.
En el encuentro de noviembre pasado, los empresarios le plantearon que parte de esa mala performance se debía a las inversiones potenciales frenadas por la incertidumbre que genera la ley.
Los glaciares suelen resultar amenazantes para la política. En 2008, una ley de la diputada Marta Maffei chocó con el veto de la presidenta Cristina Kirchner, pero los legisladores volvieron a la carga en 2010 se presentaron dos propuestas distintas de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus. La ex presidenta nunca reglamentó la norma, y se postergó la realización del Inventario Nacional de Glaciares. Es el paso que ahora debe culminar Bergman para avanzar en la consulta a los legisladores.
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Fecha de Publicación: 21/03/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Casa Rosada usará los mecanismos del sistema republicano para avanzar en una medida que según el sector empresario podría destrabar inversiones por US$18.000 millones, pero al mismo tiempo genera resistencias de organizaciones sociales, de la oposición y dentro de la propia coalición de gobierno.
En las próximas semanas, la administración de Mauricio Macri iniciará una amplia consulta entre los diputados y senadores oficialistas para que le den su "consejo legislativo" con respecto a qué hacer para aclarar los puntos de la Ley de Glaciares que impiden la llegada de mayores inversiones mineras, según le transmitieron los empresarios al Presidente en una reunión de noviembre del año pasado.
Macri iniciará la rueda de consultas luego de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman , finalice el inventario de glaciares, algo que es inminente, según confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de ese trabajo.
La elección del cronograma responde a una lógica de sentido común. El Gobierno no quiere avanzar en discusiones sobre la futura aplicación la ley hasta que no cumpla del todo con lo que dice su texto, algo que ocurrirá cuando los glaciares estén contabilizados. De lo contrario, sería un blanco fácil para la crítica de sectores ambientalistas y la oposición crítica de la actividad minera.
El Gobierno espera que la consulta a sus legisladores le permita evitar errores potenciales en el tratamiento de un tema polémico (algo que ya ocurrió en el pasado, por ejemplo, con la discusión por la reforma jubilatoria), dado que luego serán ellos quienes deberán dar la discusión en el Congreso para avanzar en reformas.
En principio, no se cambiará la ley, sino que se le pedirá al Congreso una aclaración de la norma, algo similar a lo que ocurrió el año pasado con la ley que bloqueó cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, luego de un fallo de la Corte Suprema que le otorgaba la libertad a Luis Muiña.
La polémica en torno a la Ley de Glaciares se debe a que, según los especialistas, puede arrojar interpretaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad, pero también otras muy restrictivas que le generan aversión a los inversores. Eso se debe a que pueden hacer un desembolso muy grande que luego quede invalidado por la decisión de un juez que optó por tomar los puntos más duros de la norma.
Carrió versus la minería
En noviembre del año pasado, Macri tuvo una reunión en la Casa Rosada con los referentes del sector minero. Estuvieron Eduardo Elsztain y Carlos Miguens, dos de los mayores empresarios del país, el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez, los gremios, las provincias, funcionarios de Medio Ambiente y los ministros Juan José Aranguren (Energía y Minería) y Trabajo (Jorge Triaca).
El Presidente les prometió avanzar una iniciativa para proponer un nuevo proyecto de ley. Pero esa idea fue reemplazada por el pedido de aclaración al Congreso luego de las polémicas que generó, incluso dentro de Cambiemos. La más importante tuvo que ver con Elisa Carrió.
La socia política de Macri se enteró a través de LA NACION que el Presidente se había reunido con los mineros y casi de inmediato escribió en su cuenta de Twitter que se oponía taxativamente a un cambio en la ley.
Macri envió a Aranguren para tranquilizar los ánimos de la diputada. Estuvo charlando con ella una hora y media en su chacra de Exaltación de La Cruz.
El Presidente cree que le dio a la minería más de lo que esa industria le dio a su gobierno. Sucede que una de sus primeras decisiones tras el cambio de mando fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones de ese sector, algo similar a lo que ocurrió con el campo. Pero si bien el agro respondió, la minería no lo hizo.
En el encuentro de noviembre pasado, los empresarios le plantearon que parte de esa mala performance se debía a las inversiones potenciales frenadas por la incertidumbre que genera la ley.
Los glaciares suelen resultar amenazantes para la política. En 2008, una ley de la diputada Marta Maffei chocó con el veto de la presidenta Cristina Kirchner, pero los legisladores volvieron a la carga en 2010 se presentaron dos propuestas distintas de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus. La ex presidenta nunca reglamentó la norma, y se postergó la realización del Inventario Nacional de Glaciares. Es el paso que ahora debe culminar Bergman para avanzar en la consulta a los legisladores.
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Bergman PRO represas
Bergman: "Es inviable reemplazar la energía de las represas"
Fecha de Publicación: 20/03/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, Sergio Bergman, se muestra optimista en relación a la construcción de las represas en el río Santa Cruz. Apuesta a la compensación y al monitoreo. En diálogo con El Cronista, hace su análisis sobre el tema.
¿El nuevo proyecto es definitivo?
-Sí, ya quedó resuelto. Todo el proceso va a ser un hito histórico en términos de la calidad institucional. Se pudo evaluar y poner en funcionamiento un nuevo proyecto de represa. Es la primera vez que se cumple con una ley de grandes obras hidráulicas. Esto tiene que ver, no solamente con el trabajo en equipo del Poder Ejecutivo, sino de la participación de la máxima instancia de la justicia que fue la Corte Suprema en diciembre de 2017. Dimos cumplimiento al proceso de evaluación de impacto ambiental del nuevo proyecto y se convocó a la audiencia pública en el ámbito del Congreso de la Nación. En el contexto de la audiencia pública salió una resolución que dio la aprobación de las obras.
¿Era posible renegociar con China para reubicar las inversiones?
- El Gobierno anterior firmó el cross default. Esto significa que si cae un contrato caen todos. El margen diplomático de la negociación no lo teníamos. La prioridad era cambiar el proyecto original. También, se renegociaron los montos de créditos porque tenían apreciaciones que no eran correctas.
¿Se generó tensión entre el Ministerio de Ambiente y el de Energía?
- Los dos ministros estamos firmando el proyecto de resolución donde ya conformamos la comisión interministerial para hacer el seguimiento de cómo se va a implementar el plan de gestión ambiental. Esto es muy importante porque la comisión es justamente la que va a verificar que se cumplan las obligaciones ambientales, se solicite la implementación de las medidas correctivas y se haga el monitoreo del cumplimiento de lo que se presentó en el plan de impacto ambiental y lo que tiene que ver con el proyecto de compensación y mitigación. Algo que surgió en las audiencias y fue parte del enriquecimiento de esa interacción es que se creó el Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de Administración y Financiamiento. Esto ya salió regulado por la Ley de Presupuestos de 2018 del Congreso.
¿En qué piensan como compensaciones?
- Para nosotros, es muy importante definir la compensación de este proyecto en términos ambientales. Esto ya estaba previsto por la Ley General del Ambiente, pero casi nunca se contemplaron en las obras de nuestro país. Hay pocos ejemplos de obras de esta envergadura que tuvieran un proyecto previo de compensación, monitoreo y control.
La idea no es solo mitigar sino mejorar en relación proporcional a la zona afectada. Vemos que podemos revertir costos ambientales en beneficios. En términos numéricos, esto se traduce en que la compensación se va a implementar en 458.000 hectáreas de sitios de importancia para conservación, se van a crear áreas protegidas para una superficie 337.000 hectáreas y se contemplarán corredores de biodiversidad que comprenden 250.000 hectáreas. De este modo, se va a fortalecer todo el sistema de gestión de áreas protegidas de la provincia de Santa Cruz que estaban abandonadas o descuidadas.
¿Otros aspectos que consideraron a partir de la audiencia pública?
- Las audiencias nos dieron la visión de las comunidades originarias. Vamos a trabajar con las comunidades mapuches de la zona porque hay sitios arqueológicos o sagrados que deben estar previstos o removidos si forman parte de las zonas que serán inundadas por las represas.
¿No hay alternativas posibles a estas represas?
- De acuerdo al Ministerio de Energía, la única forma de llegar al autoabastecimiento energético es a partir de la diversificación de la matriz. Es inviable reemplazar la energía que se va a generar en las represas con energía eólica o solar. Tenemos que desa-rrollar todas las fuentes de energía posible para llegar al autoabastecimiento. Luego, la decisión estratégica corroborada por el Acuerdo de París y los compromisos globales que la Argentina suscribió es asegurar que, para 2030, tendremos entre un 20% y un 25% de energía limpia y renovable. Hasta alcanzar el autoabastecimiento, toda forma de generación de energía se pone en despliegue.
¿Cómo responden a las críticas de las organizaciones de la sociedad civil?
- Los escuchamos, les respondimos en el marco de la audiencia pública y muchas de las observaciones las entendimos y las hemos considerado.
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Fecha de Publicación: 20/03/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, Sergio Bergman, se muestra optimista en relación a la construcción de las represas en el río Santa Cruz. Apuesta a la compensación y al monitoreo. En diálogo con El Cronista, hace su análisis sobre el tema.
¿El nuevo proyecto es definitivo?
-Sí, ya quedó resuelto. Todo el proceso va a ser un hito histórico en términos de la calidad institucional. Se pudo evaluar y poner en funcionamiento un nuevo proyecto de represa. Es la primera vez que se cumple con una ley de grandes obras hidráulicas. Esto tiene que ver, no solamente con el trabajo en equipo del Poder Ejecutivo, sino de la participación de la máxima instancia de la justicia que fue la Corte Suprema en diciembre de 2017. Dimos cumplimiento al proceso de evaluación de impacto ambiental del nuevo proyecto y se convocó a la audiencia pública en el ámbito del Congreso de la Nación. En el contexto de la audiencia pública salió una resolución que dio la aprobación de las obras.
¿Era posible renegociar con China para reubicar las inversiones?
- El Gobierno anterior firmó el cross default. Esto significa que si cae un contrato caen todos. El margen diplomático de la negociación no lo teníamos. La prioridad era cambiar el proyecto original. También, se renegociaron los montos de créditos porque tenían apreciaciones que no eran correctas.
¿Se generó tensión entre el Ministerio de Ambiente y el de Energía?
- Los dos ministros estamos firmando el proyecto de resolución donde ya conformamos la comisión interministerial para hacer el seguimiento de cómo se va a implementar el plan de gestión ambiental. Esto es muy importante porque la comisión es justamente la que va a verificar que se cumplan las obligaciones ambientales, se solicite la implementación de las medidas correctivas y se haga el monitoreo del cumplimiento de lo que se presentó en el plan de impacto ambiental y lo que tiene que ver con el proyecto de compensación y mitigación. Algo que surgió en las audiencias y fue parte del enriquecimiento de esa interacción es que se creó el Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de Administración y Financiamiento. Esto ya salió regulado por la Ley de Presupuestos de 2018 del Congreso.
¿En qué piensan como compensaciones?
- Para nosotros, es muy importante definir la compensación de este proyecto en términos ambientales. Esto ya estaba previsto por la Ley General del Ambiente, pero casi nunca se contemplaron en las obras de nuestro país. Hay pocos ejemplos de obras de esta envergadura que tuvieran un proyecto previo de compensación, monitoreo y control.
La idea no es solo mitigar sino mejorar en relación proporcional a la zona afectada. Vemos que podemos revertir costos ambientales en beneficios. En términos numéricos, esto se traduce en que la compensación se va a implementar en 458.000 hectáreas de sitios de importancia para conservación, se van a crear áreas protegidas para una superficie 337.000 hectáreas y se contemplarán corredores de biodiversidad que comprenden 250.000 hectáreas. De este modo, se va a fortalecer todo el sistema de gestión de áreas protegidas de la provincia de Santa Cruz que estaban abandonadas o descuidadas.
¿Otros aspectos que consideraron a partir de la audiencia pública?
- Las audiencias nos dieron la visión de las comunidades originarias. Vamos a trabajar con las comunidades mapuches de la zona porque hay sitios arqueológicos o sagrados que deben estar previstos o removidos si forman parte de las zonas que serán inundadas por las represas.
¿No hay alternativas posibles a estas represas?
- De acuerdo al Ministerio de Energía, la única forma de llegar al autoabastecimiento energético es a partir de la diversificación de la matriz. Es inviable reemplazar la energía que se va a generar en las represas con energía eólica o solar. Tenemos que desa-rrollar todas las fuentes de energía posible para llegar al autoabastecimiento. Luego, la decisión estratégica corroborada por el Acuerdo de París y los compromisos globales que la Argentina suscribió es asegurar que, para 2030, tendremos entre un 20% y un 25% de energía limpia y renovable. Hasta alcanzar el autoabastecimiento, toda forma de generación de energía se pone en despliegue.
¿Cómo responden a las críticas de las organizaciones de la sociedad civil?
- Los escuchamos, les respondimos en el marco de la audiencia pública y muchas de las observaciones las entendimos y las hemos considerado.
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Riachuelo: nadie sabe nada
Riachuelo: a diez años del fallo que obliga a limpiarlo, aún no saben ni cuándo lo podrán cumplir
Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Los funcionarios no pudieron precisar una fecha en una audiencia ante la Corte Suprema. Acusaron al ente responsable, ACUMAR, de "inoperancia" y "redireccionar" recursos.
Tiene que ser más serio”, “Le pido que sea concreto”, “¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”, fueron algunas de las frases que la Corte Suprema de Justicia repitió durante la última audiencia pública de la causa Riachuelo. Los pedidos no funcionaron como exabruptos, sino como llamados de atención, recuerdos -por momentos, casi constantes- de la responsabilidad que pedía el momento. Ocurrió esta mañana en una jornada de tres horas, convocada por el máximo tribunal para que se rindieran cuentas sobre el fallo que ordena a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear en forma integral la cuenca Matanza-Riachuelo, la más contaminada de la Argentina. Un dictamen que en julio cumple diez años y que no se sabe cuándo se alcanzará. Ningún funcionario se animó a ponerle fecha, pese a la insistencia de los magistrados, pese a estar obligados a informar.
Sólo con preguntas la Corte Suprema dejó en evidencia el estado crítico en el que está la recomposición ambiental de la cuenca. No era un descubrimiento: desde el fallo, poco se hizo y muy lento. Pero el nivel de desinformación, dudas e imprecisiones de los funcionarios pocas veces irritó tanto al Tribunal y sorprendió -preocupó- a los asistentes. Por momentos, la sala de audiencias de la Corte, en el cuarto piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, parecía el despacho de un director de escuela primaria al que asistían alumnos que se habían portado mal. El carácter de las respuestas de los funcionarios, en especial, recordaba esa escena infantil.
- ¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir con la sentencia? ¿En qué tiempo? -preguntó el juez Ricardo Lorenzetti a las dos horas de iniciada la exposición de la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Dorina Bonetti.
-Nosotros vamos cumpliendo con la sentencia a partir del cumplimiento de cada una de las mandas, que se pueden mensurar por los indicadores…
-El tiempo -la interrumpió Lorenzetti y siguió: Le pido que seamos precisos. Usted debe tener una planificación que le permite estimar que va a cumplir la sentencia cuándo. ¿En un año, dos, diez?
-La planificación estratégica la estamos trabajando desde el año pasado...
-¿No la tienen? -volvió a interrumpirla, con una molestia más obvia.
-Nosotros nos regimos por el plan...
-¿La tienen o no la tienen? Concretamente responda.
Lo que siguieron fueron diez minutos en los que Lorenzetti dijo que ninguna de las metas impuestas en la sentencia se había cumplido, puntualizó que “hasta ahora (ACUMAR) estuvo siempre recalculando y cada funcionario nuevo -desde 2015 se cambió cuatro veces al presidente del organismo- parecía pretender que lo hecho en forma anterior no existía” y recordó que el saneamiento del Riachuelo es una obligación legal. Fueron diez minutos en los que repitió ocho veces la palabra cuándo hasta lograr esta contestación:
-No puedo darle una fecha con exactitud.
No fue el único juez que mostró su incomodidad. Horacio Rosatti estuvo entre los más críticos: “En el cumplimiento de una sentencia que lleva diez años, es relevante que ustedes (por ACUMAR) tomen razón de que están cada vez más lejos del cumplimiento del fallo”, dijo. Y, al comparar indicadores de 2010 con los actuales, diagnosticó que hay más retrasos y que ese problema se reproduce en todos los puntos: erradicación de basurales, respuestas habitacionales, saneamiento ambiental, etc. “¿Son conscientes de que, además del retraso histórico, están yendo más lento de lo que la realidad les demanda?", remató.
Minutos más tarde, la mayor crispación volvería a Lorenzetti, ante el director Nacional de Vivienda Social, Ramiro Masjuan. Al también pedirle mayor precisión sobre cuántas viviendas serán entregadas y en qué plazo, y frente a que el funcionario empezó a hacer cuentas en el momento, parado detrás del atril, le consultó: “¿Es una estimación que acaba de hacer o está firmado? ¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”.
También estuvieron presentes en la audiencia los ministros Carlos Rosenkranz, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. En el caso de la jueza, la mayor preocupación se centró en el seguimiento que se le está dando a los chicos que viven en la cuenca; contaminados con plomo, con erupciones, con asma, sarna, anemia, rodeados de basura y ratas, impedidos de crecer. Como al resto de los jueces, las respuestas no la tranquilizaron. Por último, Maqueda tampoco fue la excepción: su impaciencia giró en que, a meses de cumplirse diez años del fallo, un representante de AySA le informara que la construcción de una planta de tratamiento de agua en Berazategui no está incluida en el plan de saneamiento. “¿Cómo me va a decir eso? ¿Yo mismo en otras audiencias he consultado sobre esto?” "Sus antecesores jamás expusieron lo que usted dice", repitió atónito.
A las exposiciones las completaron el Cuerpo Colegiado, un ente civil que controla el avance del plan, y la Auditoria General de la Nación. "La inoperancia de ACUMAR agrava los daños a la salud pública", puntualizó el abogado y diplomático Raúl Estrada Oyuela en representación del Cuerpo. Del lado de la Auditoria tampoco hubo elogios y se habló de una subejecución del orden del 41% en 2016. Subejecutar significa redireccionar y quitar recursos que habían sido adjudicados a un fin a otro. La acción podría pasar inadvertida, pero en el Riachuelo es obvia, como la contaminación.
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Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Los funcionarios no pudieron precisar una fecha en una audiencia ante la Corte Suprema. Acusaron al ente responsable, ACUMAR, de "inoperancia" y "redireccionar" recursos.
Tiene que ser más serio”, “Le pido que sea concreto”, “¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”, fueron algunas de las frases que la Corte Suprema de Justicia repitió durante la última audiencia pública de la causa Riachuelo. Los pedidos no funcionaron como exabruptos, sino como llamados de atención, recuerdos -por momentos, casi constantes- de la responsabilidad que pedía el momento. Ocurrió esta mañana en una jornada de tres horas, convocada por el máximo tribunal para que se rindieran cuentas sobre el fallo que ordena a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear en forma integral la cuenca Matanza-Riachuelo, la más contaminada de la Argentina. Un dictamen que en julio cumple diez años y que no se sabe cuándo se alcanzará. Ningún funcionario se animó a ponerle fecha, pese a la insistencia de los magistrados, pese a estar obligados a informar.
Sólo con preguntas la Corte Suprema dejó en evidencia el estado crítico en el que está la recomposición ambiental de la cuenca. No era un descubrimiento: desde el fallo, poco se hizo y muy lento. Pero el nivel de desinformación, dudas e imprecisiones de los funcionarios pocas veces irritó tanto al Tribunal y sorprendió -preocupó- a los asistentes. Por momentos, la sala de audiencias de la Corte, en el cuarto piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, parecía el despacho de un director de escuela primaria al que asistían alumnos que se habían portado mal. El carácter de las respuestas de los funcionarios, en especial, recordaba esa escena infantil.
- ¿Tiene una estimación razonable de cuándo pueden cumplir con la sentencia? ¿En qué tiempo? -preguntó el juez Ricardo Lorenzetti a las dos horas de iniciada la exposición de la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Dorina Bonetti.
-Nosotros vamos cumpliendo con la sentencia a partir del cumplimiento de cada una de las mandas, que se pueden mensurar por los indicadores…
-El tiempo -la interrumpió Lorenzetti y siguió: Le pido que seamos precisos. Usted debe tener una planificación que le permite estimar que va a cumplir la sentencia cuándo. ¿En un año, dos, diez?
-La planificación estratégica la estamos trabajando desde el año pasado...
-¿No la tienen? -volvió a interrumpirla, con una molestia más obvia.
-Nosotros nos regimos por el plan...
-¿La tienen o no la tienen? Concretamente responda.
Lo que siguieron fueron diez minutos en los que Lorenzetti dijo que ninguna de las metas impuestas en la sentencia se había cumplido, puntualizó que “hasta ahora (ACUMAR) estuvo siempre recalculando y cada funcionario nuevo -desde 2015 se cambió cuatro veces al presidente del organismo- parecía pretender que lo hecho en forma anterior no existía” y recordó que el saneamiento del Riachuelo es una obligación legal. Fueron diez minutos en los que repitió ocho veces la palabra cuándo hasta lograr esta contestación:
-No puedo darle una fecha con exactitud.
No fue el único juez que mostró su incomodidad. Horacio Rosatti estuvo entre los más críticos: “En el cumplimiento de una sentencia que lleva diez años, es relevante que ustedes (por ACUMAR) tomen razón de que están cada vez más lejos del cumplimiento del fallo”, dijo. Y, al comparar indicadores de 2010 con los actuales, diagnosticó que hay más retrasos y que ese problema se reproduce en todos los puntos: erradicación de basurales, respuestas habitacionales, saneamiento ambiental, etc. “¿Son conscientes de que, además del retraso histórico, están yendo más lento de lo que la realidad les demanda?", remató.
Minutos más tarde, la mayor crispación volvería a Lorenzetti, ante el director Nacional de Vivienda Social, Ramiro Masjuan. Al también pedirle mayor precisión sobre cuántas viviendas serán entregadas y en qué plazo, y frente a que el funcionario empezó a hacer cuentas en el momento, parado detrás del atril, le consultó: “¿Es una estimación que acaba de hacer o está firmado? ¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”.
También estuvieron presentes en la audiencia los ministros Carlos Rosenkranz, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. En el caso de la jueza, la mayor preocupación se centró en el seguimiento que se le está dando a los chicos que viven en la cuenca; contaminados con plomo, con erupciones, con asma, sarna, anemia, rodeados de basura y ratas, impedidos de crecer. Como al resto de los jueces, las respuestas no la tranquilizaron. Por último, Maqueda tampoco fue la excepción: su impaciencia giró en que, a meses de cumplirse diez años del fallo, un representante de AySA le informara que la construcción de una planta de tratamiento de agua en Berazategui no está incluida en el plan de saneamiento. “¿Cómo me va a decir eso? ¿Yo mismo en otras audiencias he consultado sobre esto?” "Sus antecesores jamás expusieron lo que usted dice", repitió atónito.
A las exposiciones las completaron el Cuerpo Colegiado, un ente civil que controla el avance del plan, y la Auditoria General de la Nación. "La inoperancia de ACUMAR agrava los daños a la salud pública", puntualizó el abogado y diplomático Raúl Estrada Oyuela en representación del Cuerpo. Del lado de la Auditoria tampoco hubo elogios y se habló de una subejecución del orden del 41% en 2016. Subejecutar significa redireccionar y quitar recursos que habían sido adjudicados a un fin a otro. La acción podría pasar inadvertida, pero en el Riachuelo es obvia, como la contaminación.
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Ley de glaciares: la iglesia contra Aranguren
Queja de la Iglesia a Aranguren por impulsar cambios en la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Iglesia transmitió al Gobierno su preocupación por el intento de modificar la ley de glaciares "con el fin de promover una mayor explotación minera en el área cordillerana". Así lo expresó la Comisión de Pastoral Social, que encabeza el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, en una carta abierta dirigida al ministro de Energía, Juan José Aranguren .
Alertados por la iniciativa, que según los obispos de la comisión contaría con el aval, incluso, del gremio minero, del Ministerio de Trabajo y de sectores industriales, Lugones advierte que "llama la atención que en un tema de tamaña incidencia, desde el punto de vista ambiental y social, no se mencionen los necesarios estudios y aprobación previas, por parte de las instituciones encargadas de velar por el adecuado manejo del ambiente del estado nacional, ni de organizaciones de la sociedad civil".
La carta refleja una cuestión "sensible" para la Iglesia, que se suma a la reciente advertencia del Episcopado por el creciente número de despidos, en momentos en que el Gobierno habilitó el debate por la ley del aborto en el Congreso, al dejar en libertad a sus legisladores a la hora de votar el proyecto. El cuidado del medio ambiente es una premisa esencial de los obispos, especialmente a partir de la encíclica Laudato sí, en la que Francisco alerta sobre los efectos de la contaminación, el cambio climático, el tratamiento de los residuos, la cultura del descarte y la importancia vital del agua.
"Es también lamentable que no habiéndose cumplido los necesarios inventarios de glaciares y zonas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio del país, ya se esté pensando en modificarla para hacerla menos estricta y menos protectora de estas importantes fuentes hídricas, contrariando el principio precautorio en materia ambiental", señala la carta remitida por el obispo Lugones.
De formación jesuita, Lugones explica a Aranguren que "la protección del agua, el respeto por los deseos y el modo de vida de las comunidades y el cuidado de la casa común, son temas mencionados explícitamente en la encíclica Laudato Si por el papa Francisco".
La Comisión de Pastoral Social recordó que "es sabida la importancia que tiene esta problemática para las comunidades que viven y cultivan la tierra en zonas cercanas a los glaciares y cuya principal, cuando no única, fuente de agua son los ríos que surgen de los deshielos de dichos glaciares. Y transmitió su inquietud "por la contaminación, la sobreexplotación y la falta de estrictos controles que hemos podido constatar, lamentablemente, en nuestro país a lo largo de las últimas décadas y que han significado, como consecuencia, reiterados accidentes por derrames de cianuro".
Al citar palabras de Francisco, la carta enviada a Aranguren recuerda que se trata de "un problema que afecta a todos y hace que nuestra casa común sufra tanta miseria y clame por soluciones efectiva" y sostuvo que "es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas: nuestro derecho al agua es también un deber con el agua".
En ese sentido, reclamó que se impulse "un adecuado proceso de diálogo y consulta previa, con la mayor cantidad de actores, para llegar a consensos superadores, antes de promover iniciativas que podrían perjudicar no solo al ambiente sino a nuestras comunidades cordilleranas".
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Fecha de Publicación: 17/03/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Iglesia transmitió al Gobierno su preocupación por el intento de modificar la ley de glaciares "con el fin de promover una mayor explotación minera en el área cordillerana". Así lo expresó la Comisión de Pastoral Social, que encabeza el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, en una carta abierta dirigida al ministro de Energía, Juan José Aranguren .
Alertados por la iniciativa, que según los obispos de la comisión contaría con el aval, incluso, del gremio minero, del Ministerio de Trabajo y de sectores industriales, Lugones advierte que "llama la atención que en un tema de tamaña incidencia, desde el punto de vista ambiental y social, no se mencionen los necesarios estudios y aprobación previas, por parte de las instituciones encargadas de velar por el adecuado manejo del ambiente del estado nacional, ni de organizaciones de la sociedad civil".
La carta refleja una cuestión "sensible" para la Iglesia, que se suma a la reciente advertencia del Episcopado por el creciente número de despidos, en momentos en que el Gobierno habilitó el debate por la ley del aborto en el Congreso, al dejar en libertad a sus legisladores a la hora de votar el proyecto. El cuidado del medio ambiente es una premisa esencial de los obispos, especialmente a partir de la encíclica Laudato sí, en la que Francisco alerta sobre los efectos de la contaminación, el cambio climático, el tratamiento de los residuos, la cultura del descarte y la importancia vital del agua.
"Es también lamentable que no habiéndose cumplido los necesarios inventarios de glaciares y zonas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio del país, ya se esté pensando en modificarla para hacerla menos estricta y menos protectora de estas importantes fuentes hídricas, contrariando el principio precautorio en materia ambiental", señala la carta remitida por el obispo Lugones.
De formación jesuita, Lugones explica a Aranguren que "la protección del agua, el respeto por los deseos y el modo de vida de las comunidades y el cuidado de la casa común, son temas mencionados explícitamente en la encíclica Laudato Si por el papa Francisco".
La Comisión de Pastoral Social recordó que "es sabida la importancia que tiene esta problemática para las comunidades que viven y cultivan la tierra en zonas cercanas a los glaciares y cuya principal, cuando no única, fuente de agua son los ríos que surgen de los deshielos de dichos glaciares. Y transmitió su inquietud "por la contaminación, la sobreexplotación y la falta de estrictos controles que hemos podido constatar, lamentablemente, en nuestro país a lo largo de las últimas décadas y que han significado, como consecuencia, reiterados accidentes por derrames de cianuro".
Al citar palabras de Francisco, la carta enviada a Aranguren recuerda que se trata de "un problema que afecta a todos y hace que nuestra casa común sufra tanta miseria y clame por soluciones efectiva" y sostuvo que "es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas: nuestro derecho al agua es también un deber con el agua".
En ese sentido, reclamó que se impulse "un adecuado proceso de diálogo y consulta previa, con la mayor cantidad de actores, para llegar a consensos superadores, antes de promover iniciativas que podrían perjudicar no solo al ambiente sino a nuestras comunidades cordilleranas".
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