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Un empresario al Acumar
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Riachuelo: polémica por un nuevo nombramiento en Acumar
Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La designación de Nicolás Bardella como el nuevo titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo despertó la preocupación de las ONG que controlan el fallo de la Corte debido a su pasado empresarial
Un nuevo recambio en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) encendió las alarmas de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado encargado de controlar el cumplimiento del fallo de la Corte que ordena sanear uno de los ríos más contaminados de la Argentina.
Se trata del titular de la Dirección General Ambiental del organismo, conformado por autoridades de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, Nicolás Bardella.
El nuevo funcionario, que reemplazó a Federico Gatti, llega luego de haber formado parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable bonaerense (OPDS). Sin embargo, antes de su paso por ese ente oficial, fue asesor de una empresa con reputación de contaminante en Pilar, a la que luego tenía que controlar.
"Más allá de su permanente cambio de funcionarios y su inestabilidad institucional, no deja de sorprender que se busque un funcionario que, a priori, tiene muy malos antecedentes que son públicos. Su actuación como apoderado de una de las empresas de Pilar denunciada porque ha sido muy contaminante es de público conocimiento. Acumar es un organismo que debería avanzar en profesionalizar sus líneas; el cargo en el que ha asumido es un cargo específico con ese destino. El Gobierno si quiere ir en esta línea de profesionalizar este nombramiento político no es el mejor ejemplo", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Desde 2013 y hasta marzo del año pasado Bardella fue consultor ambiental en la empresa Ambientus SA y apoderado de Verasur, acusada de contaminar las napas con hidrocarburos. Luego, tuvo que controlarla.
Esta semana, la Corte citó a una nueva audiencia pública para el 14 de marzo para que los funcionarios detallen los avances del plan de limpieza.
"La Acumar y los Estados informarán oralmente al tribunal sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia en materia de prevención y recomposición del daño ambiental colectivo del río Matanza Riachuelo. En su pronunciamiento del 9 de noviembre de 2017 la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por el organismo", indica la resolución emitida por el máximo tribunal y publicada en el Centro de Información Judicial.
Las faltas más destacadas en aquel informe fueron sobre los avances en materia de salud de la población, saneamiento de basurales y la dilatada relocalización de las personas en situación vulnerable y que aún viven en el camino de sirga, al borde del río.
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Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La designación de Nicolás Bardella como el nuevo titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo despertó la preocupación de las ONG que controlan el fallo de la Corte debido a su pasado empresarial
Un nuevo recambio en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) encendió las alarmas de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado encargado de controlar el cumplimiento del fallo de la Corte que ordena sanear uno de los ríos más contaminados de la Argentina.
Se trata del titular de la Dirección General Ambiental del organismo, conformado por autoridades de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, Nicolás Bardella.
El nuevo funcionario, que reemplazó a Federico Gatti, llega luego de haber formado parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable bonaerense (OPDS). Sin embargo, antes de su paso por ese ente oficial, fue asesor de una empresa con reputación de contaminante en Pilar, a la que luego tenía que controlar.
"Más allá de su permanente cambio de funcionarios y su inestabilidad institucional, no deja de sorprender que se busque un funcionario que, a priori, tiene muy malos antecedentes que son públicos. Su actuación como apoderado de una de las empresas de Pilar denunciada porque ha sido muy contaminante es de público conocimiento. Acumar es un organismo que debería avanzar en profesionalizar sus líneas; el cargo en el que ha asumido es un cargo específico con ese destino. El Gobierno si quiere ir en esta línea de profesionalizar este nombramiento político no es el mejor ejemplo", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Desde 2013 y hasta marzo del año pasado Bardella fue consultor ambiental en la empresa Ambientus SA y apoderado de Verasur, acusada de contaminar las napas con hidrocarburos. Luego, tuvo que controlarla.
Esta semana, la Corte citó a una nueva audiencia pública para el 14 de marzo para que los funcionarios detallen los avances del plan de limpieza.
"La Acumar y los Estados informarán oralmente al tribunal sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia en materia de prevención y recomposición del daño ambiental colectivo del río Matanza Riachuelo. En su pronunciamiento del 9 de noviembre de 2017 la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por el organismo", indica la resolución emitida por el máximo tribunal y publicada en el Centro de Información Judicial.
Las faltas más destacadas en aquel informe fueron sobre los avances en materia de salud de la población, saneamiento de basurales y la dilatada relocalización de las personas en situación vulnerable y que aún viven en el camino de sirga, al borde del río.
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Cambio Climático: Intendentes debatieron en Rosario
Intendentes de todo el país debatieron en Rosario sobre el cambio climático
Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
El objetivo fue trazar acciones para enfrentar uno de los mayores desafíos que acecha a la humanidad: el calentamiento global
La Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (Ramcc) se reunió ayer en Rosario para debatir sobre las acciones que los gobiernos locales pueden (y deben) encarar para enfrentar lo que es probablemente el mayor desafío que acecha a la Humanidad a cortísimo plazo: el calentamiento global.
Así lo expreso el presidente de la red, Ricardo Bertolino, quien destacó el alcance federal de esa organización e insistió con una idea clave: si no cambia el modelo de desarrollo, el futuro del planeta está más amenazado que nunca.
Para eso, las comunas y municipalidades del país pueden intervenir a través de proyectos en energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, protección de la biodiversidad, agricultura urbana y mitigación de las inundaciones, algunos de los ítems sobre los cuales ya vienen trabajando gobiernos locales de diferentes provincias.
"Luchar contra el cambio climático no es algo sólo ambiental sino que significa discutir el modelo de desarrollo. Esa es la oportunidad que nos abre este escenario", explicó Bertolino ante funcionarios de todos los rincones de Argentina y también de otros países de la región.
Visibilizar el trabajo de la red y ganar en difusión fueron otras de las metas de la asamblea: "Sabemos qué hacer y cómo hacerlo para frenar las emisiones de gases contaminantes. Ya hay 150 proyectos en marcha, precisamos mayor financiamiento", dijo el dirigente y agregó que la red es pionera en Latinoamérica en el trabajo de articulación de municipios.
Como anfitriona del encuentro, la intendenta Mónica Fein resaltó que el cambio climático es un desafío global que exige compromisos locales.
También recordó que el gobierno de la ciudad viene participando de iniciativas importantes a nivel mundial como las cumbres climáticas (las COP), la acción impulsada desde el Vaticano contra el cambio climático y la esclavitud moderna y otras redes latinoamericanas.
"Cada municipio solo no puede, pero en red es otra cosa", destacó la jefa comunal e hizo un llamamiento para que los gobiernos centrales hagan su aporte y destinen parte de los recursos que manejan, a planes locales de mitigación y adaptación a este nuevo patrón climático.
Escenario caliente
El calentamiento global es consecuencia del incremento en la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien en un principio se discutía esa hipótesis, la tendencia de los últimos 20 años demuestra que es un proceso en marcha, y acelerando.
A través de diferentes acuerdos internacionales como el de la COP de París, la mayoría de las naciones del mundo se comprometieron a bajar sus emisiones de dióxido de carbono.
Según explicó Bertolino, en Argentina, a través de la Ramcc, también los municipios se proponen hacer lo mismo, aunque aun no existe una meta de reducción de acá a 2030. "Una de las tareas a corto plazo es establecer esa meta y hacer que cada vez más municipios se comprometan a cumplirla", explicó el presidente de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático.
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Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
El objetivo fue trazar acciones para enfrentar uno de los mayores desafíos que acecha a la humanidad: el calentamiento global
La Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (Ramcc) se reunió ayer en Rosario para debatir sobre las acciones que los gobiernos locales pueden (y deben) encarar para enfrentar lo que es probablemente el mayor desafío que acecha a la Humanidad a cortísimo plazo: el calentamiento global.
Así lo expreso el presidente de la red, Ricardo Bertolino, quien destacó el alcance federal de esa organización e insistió con una idea clave: si no cambia el modelo de desarrollo, el futuro del planeta está más amenazado que nunca.
Para eso, las comunas y municipalidades del país pueden intervenir a través de proyectos en energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, protección de la biodiversidad, agricultura urbana y mitigación de las inundaciones, algunos de los ítems sobre los cuales ya vienen trabajando gobiernos locales de diferentes provincias.
"Luchar contra el cambio climático no es algo sólo ambiental sino que significa discutir el modelo de desarrollo. Esa es la oportunidad que nos abre este escenario", explicó Bertolino ante funcionarios de todos los rincones de Argentina y también de otros países de la región.
Visibilizar el trabajo de la red y ganar en difusión fueron otras de las metas de la asamblea: "Sabemos qué hacer y cómo hacerlo para frenar las emisiones de gases contaminantes. Ya hay 150 proyectos en marcha, precisamos mayor financiamiento", dijo el dirigente y agregó que la red es pionera en Latinoamérica en el trabajo de articulación de municipios.
Como anfitriona del encuentro, la intendenta Mónica Fein resaltó que el cambio climático es un desafío global que exige compromisos locales.
También recordó que el gobierno de la ciudad viene participando de iniciativas importantes a nivel mundial como las cumbres climáticas (las COP), la acción impulsada desde el Vaticano contra el cambio climático y la esclavitud moderna y otras redes latinoamericanas.
"Cada municipio solo no puede, pero en red es otra cosa", destacó la jefa comunal e hizo un llamamiento para que los gobiernos centrales hagan su aporte y destinen parte de los recursos que manejan, a planes locales de mitigación y adaptación a este nuevo patrón climático.
Escenario caliente
El calentamiento global es consecuencia del incremento en la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien en un principio se discutía esa hipótesis, la tendencia de los últimos 20 años demuestra que es un proceso en marcha, y acelerando.
A través de diferentes acuerdos internacionales como el de la COP de París, la mayoría de las naciones del mundo se comprometieron a bajar sus emisiones de dióxido de carbono.
Según explicó Bertolino, en Argentina, a través de la Ramcc, también los municipios se proponen hacer lo mismo, aunque aun no existe una meta de reducción de acá a 2030. "Una de las tareas a corto plazo es establecer esa meta y hacer que cada vez más municipios se comprometan a cumplirla", explicó el presidente de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático.
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Ley de Glaciares: buscan que los gobernadores pongan la cara
Nación busca apoyo de gobernadores para modificar la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 14/02/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Esperan mantener un encuentro con los mandatarios, después del viaje a la feria minera de Canadá, en marzo.
En la Nación hay algo que tienen en claro: que las inversiones mineras no van a llegar al país si no se modifica la Ley de Glaciares y que para generar esos cambios necesitan de un apoyo central, el de los gobernadores. Por eso, el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, le confirmó a DIARIO DE CUYO que se reunirá con los mandatarios para obtener el respaldo político necesario para aprobar la nueva normativa en el Congreso. Hasta el momento no hay fecha del encuentro, pero el funcionario adelantó que será después de una feria minera en Canadá, prevista para el 4 de marzo. A nivel local, desde el Ejecutivo indicaron que están en sintonía con la modificación de la norma, ya que San Juan es la provincia con más proyectos avanzados del país y hay seis que se verán beneficiados de manera directa: cinco yacimientos de cobre, José María, Filo del Sol, Altar, Los Azules y El Pachón, y uno de oro, Lama.
En una entrevista telefónica, Meilán le aseguró a este medio que actualmente "existen muchísimos proyectos que están en etapa de prefactibilidad y de factibilidad avanzada que tendrían dificultades con la Ley de Glaciares actual. Creemos que tenemos que resolver ese tema definitivamente para que no haya incompatibilidad y que podamos poner en marcha los proyectos en el corto plazo" ya que "la Argentina necesita inversiones".
La administración nacional puso el ojo en la Ley de Glaciares el año pasado luego de que Macri se reuniera con los ministros de minería de las provincias que integran Cofemi (Consejo Federal Minero). En ese encuentro las autoridades destacaron que hay al menos dos puntos de la ley que es necesario revisar para dar previsibilidad a los inversores. Uno de ellos es el artículo 1 donde se habla de "reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano", pero no aclara qué es una reserva estratégica. El otro es el artículo 6 que fija la prohibición de la exploración y explotación minera e hidrocarburífera que se desarrolle en el ambiente periglacial, "sin definir qué es periglacial", indicó en su momento el ministro de Minería local, Alberto Hensel.
Según Meilán, para tratar el tema "primero nos vamos a reunir con los ministros del Consejo y en base a esa relación hablaremos luego con los gobernadores. El trabajo con los mandatarios se hace cuando es estricta y políticamente necesario", haciendo referencia a que el cambio no se podría llevar adelante sin la aprobación de ellos, ya que "la realidad indica que los dueños de los recursos son las provincias", sostuvo el secretario macrista. Es más, el funcionario opinó que la feria minera PDAC de Canadá de marzo será un escenario ideal para avanzar en el diálogo.
Por su parte, Hensel se mostró en sintonía con Meilán al manifestar que "ellos entienden que la ley ha retrasado las inversiones, además de otros factores como la caída del precio de los metales. Pero no hay duda de que hasta que no se clarifiquen algunos aspectos de la normativa, las inversiones no van a llegar".
Los proyectos de San Juan son claves ya que, según los pronósticos económicos, uno solo de los de cobre (Pachón o Los Azules) puede generar hasta 3.000 puestos de trabajo directos.
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Fecha de Publicación: 14/02/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Esperan mantener un encuentro con los mandatarios, después del viaje a la feria minera de Canadá, en marzo.
En la Nación hay algo que tienen en claro: que las inversiones mineras no van a llegar al país si no se modifica la Ley de Glaciares y que para generar esos cambios necesitan de un apoyo central, el de los gobernadores. Por eso, el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, le confirmó a DIARIO DE CUYO que se reunirá con los mandatarios para obtener el respaldo político necesario para aprobar la nueva normativa en el Congreso. Hasta el momento no hay fecha del encuentro, pero el funcionario adelantó que será después de una feria minera en Canadá, prevista para el 4 de marzo. A nivel local, desde el Ejecutivo indicaron que están en sintonía con la modificación de la norma, ya que San Juan es la provincia con más proyectos avanzados del país y hay seis que se verán beneficiados de manera directa: cinco yacimientos de cobre, José María, Filo del Sol, Altar, Los Azules y El Pachón, y uno de oro, Lama.
En una entrevista telefónica, Meilán le aseguró a este medio que actualmente "existen muchísimos proyectos que están en etapa de prefactibilidad y de factibilidad avanzada que tendrían dificultades con la Ley de Glaciares actual. Creemos que tenemos que resolver ese tema definitivamente para que no haya incompatibilidad y que podamos poner en marcha los proyectos en el corto plazo" ya que "la Argentina necesita inversiones".
La administración nacional puso el ojo en la Ley de Glaciares el año pasado luego de que Macri se reuniera con los ministros de minería de las provincias que integran Cofemi (Consejo Federal Minero). En ese encuentro las autoridades destacaron que hay al menos dos puntos de la ley que es necesario revisar para dar previsibilidad a los inversores. Uno de ellos es el artículo 1 donde se habla de "reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano", pero no aclara qué es una reserva estratégica. El otro es el artículo 6 que fija la prohibición de la exploración y explotación minera e hidrocarburífera que se desarrolle en el ambiente periglacial, "sin definir qué es periglacial", indicó en su momento el ministro de Minería local, Alberto Hensel.
Según Meilán, para tratar el tema "primero nos vamos a reunir con los ministros del Consejo y en base a esa relación hablaremos luego con los gobernadores. El trabajo con los mandatarios se hace cuando es estricta y políticamente necesario", haciendo referencia a que el cambio no se podría llevar adelante sin la aprobación de ellos, ya que "la realidad indica que los dueños de los recursos son las provincias", sostuvo el secretario macrista. Es más, el funcionario opinó que la feria minera PDAC de Canadá de marzo será un escenario ideal para avanzar en el diálogo.
Por su parte, Hensel se mostró en sintonía con Meilán al manifestar que "ellos entienden que la ley ha retrasado las inversiones, además de otros factores como la caída del precio de los metales. Pero no hay duda de que hasta que no se clarifiquen algunos aspectos de la normativa, las inversiones no van a llegar".
Los proyectos de San Juan son claves ya que, según los pronósticos económicos, uno solo de los de cobre (Pachón o Los Azules) puede generar hasta 3.000 puestos de trabajo directos.
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Aranguren llega a Chubut para "dialogar" sobre minería
Arcioni adelantó que no formará parte del debate minero con Aranguren
Fecha de Publicación: 13/02/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, habló del encuentro que el ministro de Energía de la Nación Juan José Aranguren mantendrá el 21 de febrero con varios intendentes de Chubut y aseguró que "vamos a estar acompañando su visita pero no formando parte del debate".
Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, se refirió este jueves a la reunión que el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, mantendrá en Telsen con algunos intendentes de la provincia que impulsan el debate sobre la actividad minera en Chubut.
Arcioni aclaró que “como gobernador de la provincia voy a estar acompañando su visita pero no formando parte del debate”. E indicó que “está viniendo un ministro de la Nación a Chubut, a nuestra casa, yo soy el gobernador y por eso lo voy a estar recibiendo”.
Sin embargo advirtió que “nosotros tenemos una posición tomada” respecto a la actividad minera hoy prohibida en Chubut por la Ley 5.001. Pero dejó en claro que “sí estamos de acuerdo con que se den los debates, que los distintos sectores de la sociedad se escuchen entre ellos con el respeto que se merecen”.
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Fecha de Publicación: 13/02/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, habló del encuentro que el ministro de Energía de la Nación Juan José Aranguren mantendrá el 21 de febrero con varios intendentes de Chubut y aseguró que "vamos a estar acompañando su visita pero no formando parte del debate".
Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, se refirió este jueves a la reunión que el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, mantendrá en Telsen con algunos intendentes de la provincia que impulsan el debate sobre la actividad minera en Chubut.
Arcioni aclaró que “como gobernador de la provincia voy a estar acompañando su visita pero no formando parte del debate”. E indicó que “está viniendo un ministro de la Nación a Chubut, a nuestra casa, yo soy el gobernador y por eso lo voy a estar recibiendo”.
Sin embargo advirtió que “nosotros tenemos una posición tomada” respecto a la actividad minera hoy prohibida en Chubut por la Ley 5.001. Pero dejó en claro que “sí estamos de acuerdo con que se den los debates, que los distintos sectores de la sociedad se escuchen entre ellos con el respeto que se merecen”.
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Bergman asegura que no quieren modificar la Ley de Glaciares
'No hay ninguna intención de modificar la Ley de Glaciares'
Fecha de Publicación: 02/02/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, llegó a Catamarca para participar de la inauguración de la planta de tratamiento de residuos que se realizará hoy. En diálogo con El Ancasti, negó que el Gobierno nacional tenga la intención de modificar la Ley de Glaciares. El rabino se reunió con intendentes del FV y con dirigentes del FCS. Hoy, a las 9.30, tendrá un encuentro con la gobernadora Lucía Corpacci.
Luego, partirá a la inauguración de la planta. A comienzos de este mes una publicación nacional había planteado que empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsaban una reforma de la Ley de Glaciares para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
En Catamarca la adhesión a la ley nacional se aprobó en 2011, tras una larga discusión en la Legislatura provincial.
Bergman negó la posibilidad de modificar la ley. "Solo fueron trascendidos periodísticos porque hay sectores que plantean una contradicción entre lo que plantea la ley y la actividad minera. Nosotros entendemos que la ley está para cumplirla. Este año vamos a completar el 100% del inventario (de las zonas glaciares). Lo que sí hay es alguna discusión por la interpretación de la ley, pero eso siempre sucede cuando una ley se pone en vigencia. No hay que olvidarse que desde que se promulgó hasta ahora es solo nominal. Ahora que el inventario va a estar completo van a haber debates que entiendo que tienen que darse en las legislaturas provinciales para ver cómo se interpreta el pleno cumplimiento de la Ley de Glaciares", manifestó.
Bergman llegó ayer a Catamarca y mantuvo una reunión con los intendentes Sebastián Nóblega (Tinogasta); Roxana Paulón (Fiambalá) y Marcelo Villagrán (Hualfín) y los asesores en materia ambiental.
"No hacemos ninguna distinción partidaria de las intendencias; el Estado no puede discriminar por color partidario. Tuvimos una reunión técnica, para validar que los municipios hayan suscripto el protocolo de Ciudades Sustentables, que es un programa de Ambiente; los ayudamos a que puedan completar su plan de gestión sustentable que tiene varios ítems; cada municipio elige su prioridad y luego pasar a la otra etapa de buscar financiamiento", señaló.
Consultado por el monitoreo del cierre de mina del proyecto Bajo La Alumbrera, señaló: "Se está trabajando con la idea de no perder las fuentes laborales pero al mismo tiempo con monitoreo y control de hacer las cosas como corresponde. El presidente Macri estuvo en Catamarca con la Gobernadora y es muy claro que la visión de la minería es de monitoreo y control, nunca a expensas de dañar el ambiente y la salud de la gente", reiteró.
Reunión política
Bergman evitó referirse al posicionamiento del intendente Raúl Jalil como candidato del FCS-Cambiemos. "Respetamos a nuestros referentes locales y como referentes nacionales no nos metemos en candidaturas y decisiones que son locales y que respetamos. Trabajamos colaborativamente y más en este estadio, acabamos de terminar una elección, tenemos prioridades de gestión", definió.
El rabino mantuvo también una reunión política en la que participaron los diputados Enrique Cesarini y Carlos Molina; la diputada nacional Orieta Vera, el intendente Daniel Ríos, el titular de la gerencia de Empleo, Mariano Manzi, el coordinador del Plan Belgrano, Nicolás Lindow, el coordinador regional de ANSES, Fernando Corrales Ávila, Agustina Walther, entre otros.
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Fecha de Publicación: 02/02/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, llegó a Catamarca para participar de la inauguración de la planta de tratamiento de residuos que se realizará hoy. En diálogo con El Ancasti, negó que el Gobierno nacional tenga la intención de modificar la Ley de Glaciares. El rabino se reunió con intendentes del FV y con dirigentes del FCS. Hoy, a las 9.30, tendrá un encuentro con la gobernadora Lucía Corpacci.
Luego, partirá a la inauguración de la planta. A comienzos de este mes una publicación nacional había planteado que empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsaban una reforma de la Ley de Glaciares para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
En Catamarca la adhesión a la ley nacional se aprobó en 2011, tras una larga discusión en la Legislatura provincial.
Bergman negó la posibilidad de modificar la ley. "Solo fueron trascendidos periodísticos porque hay sectores que plantean una contradicción entre lo que plantea la ley y la actividad minera. Nosotros entendemos que la ley está para cumplirla. Este año vamos a completar el 100% del inventario (de las zonas glaciares). Lo que sí hay es alguna discusión por la interpretación de la ley, pero eso siempre sucede cuando una ley se pone en vigencia. No hay que olvidarse que desde que se promulgó hasta ahora es solo nominal. Ahora que el inventario va a estar completo van a haber debates que entiendo que tienen que darse en las legislaturas provinciales para ver cómo se interpreta el pleno cumplimiento de la Ley de Glaciares", manifestó.
Bergman llegó ayer a Catamarca y mantuvo una reunión con los intendentes Sebastián Nóblega (Tinogasta); Roxana Paulón (Fiambalá) y Marcelo Villagrán (Hualfín) y los asesores en materia ambiental.
"No hacemos ninguna distinción partidaria de las intendencias; el Estado no puede discriminar por color partidario. Tuvimos una reunión técnica, para validar que los municipios hayan suscripto el protocolo de Ciudades Sustentables, que es un programa de Ambiente; los ayudamos a que puedan completar su plan de gestión sustentable que tiene varios ítems; cada municipio elige su prioridad y luego pasar a la otra etapa de buscar financiamiento", señaló.
Consultado por el monitoreo del cierre de mina del proyecto Bajo La Alumbrera, señaló: "Se está trabajando con la idea de no perder las fuentes laborales pero al mismo tiempo con monitoreo y control de hacer las cosas como corresponde. El presidente Macri estuvo en Catamarca con la Gobernadora y es muy claro que la visión de la minería es de monitoreo y control, nunca a expensas de dañar el ambiente y la salud de la gente", reiteró.
Reunión política
Bergman evitó referirse al posicionamiento del intendente Raúl Jalil como candidato del FCS-Cambiemos. "Respetamos a nuestros referentes locales y como referentes nacionales no nos metemos en candidaturas y decisiones que son locales y que respetamos. Trabajamos colaborativamente y más en este estadio, acabamos de terminar una elección, tenemos prioridades de gestión", definió.
El rabino mantuvo también una reunión política en la que participaron los diputados Enrique Cesarini y Carlos Molina; la diputada nacional Orieta Vera, el intendente Daniel Ríos, el titular de la gerencia de Empleo, Mariano Manzi, el coordinador del Plan Belgrano, Nicolás Lindow, el coordinador regional de ANSES, Fernando Corrales Ávila, Agustina Walther, entre otros.
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Embate macrista para doblegar a la antiminera Chubut
Múltiple ofensiva de Macri para extraer plata de la cuna antiminera
Fecha de Publicación: 01/02/2018
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Chubut
El Presidente se reunió con el CEO de Pan American Silver para destrabar el proyecto Navidad, que la empresa tiene en Chubut. El rol de Capello. El legado de Das Neves y la encrucijada de Arcioni.
Sería dar vuelta la página de la historia, en el primer territorio de Argentina en el que la minería a cielo abierto se convirtió en mala palabra. Fundacional como se percibe de a ratos, Mauricio Macri se lo propone: penetrar en Chubut con el Proyecto Navidad de la canadiense Pan American Silver, la segunda productora primaria de plata en todo el mundo. De eso hablaron, el jueves último en Davos, el presidente y el CEO de la multinacional, Ross Beaty, los dos extremos de una cadena que quiere extenderse a la provincia que gobernó hasta su muerte Mario Das Neves.
“Diálogo”, “transparencia de los procesos”, “operación ambientalmente impecable”, “nuevas fuentes de trabajo en Chubut”, “desarrollo responsable”. El diccionario acotado de la burocracia, a través de una gacetilla del ministerio de Energía de Juan José Aranguren, contrasta con el formidable operativo del gobierno para arrastrar al gobernador Mariano Arcioni hacia una pendiente desconocida.
Una inversión de mil millones de dólares y un proyecto de país -que en este punto- sigue la línea recta de Carlos Menem, Néstor y Cristina Kirchner, con una salvedad. Parece ignorar que fue Chubut, a partir del levantamiento de los habitantes de Esquel en 2003, la bisagra que afectó a todos los proyectos mineros que se despliegan de sur a norte, dentro de las fronteras argentinas. Generosos auspiciantes, los delegados de las trasnacionales que se reúnen dentro de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros lo saben. También la clase política chubutense que en vida de Das Neves se mantuvo en línea con la mayoría social. La sanción de la ley provincial 5001 es el punto de referencia insoslayable que cualquier chubutense invoca: prohíbe la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. La 5001 surgió después del plebiscito en el que el 81% de los habitantes de Esquel se expresaron por el NO a la mina y fue la referencia que tomaron otras 7 provincias argentinas que después también declararon prohibida la actividad que promueve Pan American Silver en todo el universo.
Geólogo, filántropo, fundador de la trasnacional, el magnate Beaty tiene a la provincia entre ceja y ceja y al presidente Macri como habitual interlocutor. Ya habían estado reunidos en Casa Rosada con Aranguren y Eduardo Elsztain como testigos en setiembre pasado y con el mismo objetivo: destrabar el tercero de los proyectos que tiene la compañía en Argentina. Los otros dos, Calcatreu y Manantial Espejo, también están en la Patagonia. Beaty exhibirá como credencial la Orden de Canadá, que obtuvo este año como premio a sus donaciones a Ongs ecologistas.
Según se informó Casa Rosada, el Proyecto Navidad incuba la reserva de plata más grande del mundo. La propaganda oficial fue clara: “confiados en el desarrollo de Navidad y aguardan los permisos de la provincia de Chubut para concretar la inversión prevista para la construcción y desarrollo del proyecto”.
Según publicó Ezequiel Burgo, el enviado de Clarín a Davos, la empresa le recordó al Presidente que está a la espera de los permisos de Chubut para concretar la inversión prevista para la construcción y desarrollo del Proyecto Navidad.
Piedra en el zapato
Refrendado entre sonrisas desde Davos, el Proyecto Navidad tiene su talón de Aquiles, precisamente, en el territorio en el que pretende asentarse, donde los asambleístas que se oponen a la minería a cielo abierto siguen con atención lo que sucede entre Buenos Aires y Canadá.
“Lo que viene sucediendo desde que asumió Macri es una embestida aún mayor para avanzar con la minería contaminante. Sobre todo, con el Proyecto Navidad que es el emblema. Habilitar la minería en Chubut sería un gran triunfo para las multinacionales porque podría producir un efecto inverso al que generó Esquel en 2003 en todo el país, después del plebiscito. Ahora también Chubut es muy importante”, le dijo a Letra P Pablo Lada, miembro del Movimiento Antinuclear de Chubut y de la Unión de Asambleas Patagónicas.
Pese a que la empresa y el gobierno nacional prometen 9.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción y de 3.500 en la etapa de operación, la negativa sigue siendo mayoritaria y para los experimentados ambientalistas es simplemente “un cuento más”, de los tantos que se escucharon en cada oportunidad en que una compañía intentó hacer pie en la provincia.
“Acá, si se habilita la minería van a venir por todo y esto va a ser un queso gruyere. Chubut es uno de los destinos más deseados por estas multinacionales. Navidad está en el centro norte de Chubut, casi al límite con Río Negro, plena meseta. Ellos dicen que hay agua para todo pero la verdad es que la poca agua que hay es de un acuífero que se llama Sacanana ”, agregó Lada.
La reunión de Macri con Beaty no fue el único movimiento que hizo la administración Cambiemos en los últimos días. El lunes último, el Presidente firmó en Moscú un memorándum con los directivos de Uranium One Group y UrAmerica Sa para que inviertan U$S 250 millones en los yacimientos Cerro Solo, Laguna Salada, Laguna Colorada y Meseta Central y sin la presencia de ningún funcionario de Chubut.
El gobierno también movió a su alfil principal en la campaña minera, Mario Capello, el subsecretario de Desarrollo Minero -de origen radical- que se destacó en tiempos del kirchnerismo por ser uno de los lobbistas más frontales de la actividad en Argentina. Capello viajó a Vancouver para promocionar “el potencial de la minería Argentina” en Canadá y reunirse con el CEO de Pan American Silver, Michael Steinman. La Secretaría de Minería informó esa actividad junto a su participación en AME Roundap y en Vancouver Resource Investment Conference, dos de las ferias más importantes del mundo en cuanto a inversores y exploradores. La agenda de Capello incluye encuentros con directivos de 30 de las empresas más importantes en este rubro a nivel mundial, como NGEx Resources Inc., Filo Mining Lundin Group, Altamira Gold, Toachi Mining, Uranium Energy Corp, Tinka Resources, Impact Silver, Energold Drilling, Great Panther Silver, Evrim Resources, Agneco Eagle Mines, Wealth Minerals, B2 Gold Corp, Rockcliff Metals Corp, entre otras.
“A pesar de que un 65 por ciento del territorio nacional permanece aún inexplorado, existe una gran cantidad de proyectos en etapa inicial o 'early stages', que serán presentados por el subsecretario de Desarrollo Minero en Canadá", informó la oficina que depende de Capello.
La actividad del Gobierno es vertiginosa. Hace 10 días, Aranguren y Capello recibieron en Buenos Aires al ministro coordinador de Chubut, Sergio Mammarelli y a intendentes de 11 localidades de Chubut. ¿El objetivo prioritario? Nuevamente, el Proyecto Navidad, del que se les presentó la llamada “Propuesta de Integración Productiva”. La primera reunión por el tema había sido en diciembre pasado y la tercera será el 21 de febrero cuando, según confirmaron a Letra P desde el ministerio de Energía, Aranguren viaje una vez más a Chubut.
“Capello está obsesionado con Chubut, fue un lobbysta de la propia Barrick Gold y vino muchas veces a Chubut, está obsesionado con derribar la prohibición y sobre todo la resistencia porque acá no hay licencia social”, dijo Lada, que este fin de semana participará de un encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas en la zona de la cordillera, muy cerca de Esquel, para hablar de las acciones a tomar ante el Proyecto Navidad y la ofensiva del gobierno de Cambiemos.
Posdanevismo
La muerte de Mario Das Neves, el 31 de octubre pasado, abrió un vacío político que se advierte en todos lados y provoca profundas divisiones en el oficialismo y la oposición. El peronista que fue electo tres veces gobernador y administró el poder en tensión con el kirchnerismo era un férreo defensor del No a la minería. Entre sus últimos actos de gobierno, ya enfermo, estuvo la “Cumbre Ambiental Patagónica” que organizó en Rawson en mayo del año pasado junto al obispo de Comodoro Rivadavia. El entonces gobernador hizo un discurso en el que citó la Encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, y afirmó que la provincia se oponía “sin concesiones” a la megaminería y a la instalación de una planta nuclear. “Estoy convencido y hay un tema que nunca lo discutí y es el tema del agua. El agua es oro, es la vida, si cedemos en esto obviamente cedemos en nuestra propia existencia”, dijo.
“Das Neves dijo que los pro-mineros de esta provincia eran pagados con valijas. Algunos de los intendentes que ahora se reúnen con Aranguren habían sido parte de esa cumbre ambiental”, afirmó a Letra P Lada.
“Hasta último momento y en todas sus declaraciones, mi padre estuvo en contra de la minería. Nunca vio, en sus tres gobiernos, un sólo proyecto que no fuese a contaminar el ambiente. En Chubut, la postura de No a la minería está legislada y la minería no tiene consenso social. Ésta es una provincia con una gran conciencia ambiental. Además el recurso es provincial. La provincia es soberana de su recurso. Es un debate que se está dando fuerte sobre todo después de la muerte de mi padre ya que él tenía un liderazgo reconocido por todos, incluso desde el Gobierno Nacional siempre le aceptaron su postura de no a la minería”, le dijo a Letra P María Victoria Das Neves.
La estrategia de la Casa Rosada, a partir de la muerte de Das Neves, fue avanzar con los intendentes que se muestran proclives a habilitar la minería en la zona de la meseta chubutense.
El debate es intenso y todas las miradas apuntan al gobernador, Arcioni, de buen vínculo con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El chubutense generó un temblor el mismo día que Macri se reunía en Davos con el dueño de Pan American Silver, cuando dijo que la provincia no podía afrontar sus deudas y dejó abierta la puerta a un default. En el ministerio de Frigerio, afirman que están “ayudando mucho a Arcioni, en términos de asistencia financiera y gobernabilidad”.
Arcioni aparece entre dos fuegos. Su inclinación a acordar con el gobierno nacional, la debilidad presupuestaria de la provincia, su fragilidad política chocan con la lealtad que en teoría le debe al político peronista que lo llevó a lo más alto. Para María Victoria Das Neves, “la postura del gobernador desde que asumió luego de la muerte de mi padre ha sido muy clara, desde el día uno dijo que iba a respetar la política de no a la minería implementada por mi padre”.
En la provincia, hablan del “partido de la minería” que incluye a intendentes de la meseta, más Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Dentro de la propia alianza oficialista están divididos por zonas. Mientras radicales cambiemistas como el intendente de la localidad de Telsen, Leonardo Bowman, se manifiestan a favor, hay otros como el intendente de la pionera Esquel -la ciudad que quedó en 2017 en el foco de atención por la muerte de Santiago Maldonado tras la represión de Gendarmería, en el marco del conflicto por las tierras que reclama el pueblo mapuche -, el también radical cambiemista Sergio Ongarato, que se mantienen firmes al rechazo.
Justamente, en Telsen, una zona muy cercana al Proyecto Navidad, se escribirá el próximo 21 de febrero un capítulo que puede ser decisivo. Ese día, el ministro Aranguren volverá a desembarcar en la provincia seguramente acompañado por el subsecretario Capello. Los intendentes pro-minería acudirán al encuentro con propuestas entre las que figura la convocatoria a un plebiscito para habilitar la megaminería en la zona de la meseta chubutense. El gobernador Arcioni, por ahora encolumnado en el NO que heredó de Das Neves, pero muy presionado, está convocado a la cita.
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Fecha de Publicación: 01/02/2018
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Chubut
El Presidente se reunió con el CEO de Pan American Silver para destrabar el proyecto Navidad, que la empresa tiene en Chubut. El rol de Capello. El legado de Das Neves y la encrucijada de Arcioni.
Sería dar vuelta la página de la historia, en el primer territorio de Argentina en el que la minería a cielo abierto se convirtió en mala palabra. Fundacional como se percibe de a ratos, Mauricio Macri se lo propone: penetrar en Chubut con el Proyecto Navidad de la canadiense Pan American Silver, la segunda productora primaria de plata en todo el mundo. De eso hablaron, el jueves último en Davos, el presidente y el CEO de la multinacional, Ross Beaty, los dos extremos de una cadena que quiere extenderse a la provincia que gobernó hasta su muerte Mario Das Neves.
“Diálogo”, “transparencia de los procesos”, “operación ambientalmente impecable”, “nuevas fuentes de trabajo en Chubut”, “desarrollo responsable”. El diccionario acotado de la burocracia, a través de una gacetilla del ministerio de Energía de Juan José Aranguren, contrasta con el formidable operativo del gobierno para arrastrar al gobernador Mariano Arcioni hacia una pendiente desconocida.
Una inversión de mil millones de dólares y un proyecto de país -que en este punto- sigue la línea recta de Carlos Menem, Néstor y Cristina Kirchner, con una salvedad. Parece ignorar que fue Chubut, a partir del levantamiento de los habitantes de Esquel en 2003, la bisagra que afectó a todos los proyectos mineros que se despliegan de sur a norte, dentro de las fronteras argentinas. Generosos auspiciantes, los delegados de las trasnacionales que se reúnen dentro de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros lo saben. También la clase política chubutense que en vida de Das Neves se mantuvo en línea con la mayoría social. La sanción de la ley provincial 5001 es el punto de referencia insoslayable que cualquier chubutense invoca: prohíbe la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. La 5001 surgió después del plebiscito en el que el 81% de los habitantes de Esquel se expresaron por el NO a la mina y fue la referencia que tomaron otras 7 provincias argentinas que después también declararon prohibida la actividad que promueve Pan American Silver en todo el universo.
Geólogo, filántropo, fundador de la trasnacional, el magnate Beaty tiene a la provincia entre ceja y ceja y al presidente Macri como habitual interlocutor. Ya habían estado reunidos en Casa Rosada con Aranguren y Eduardo Elsztain como testigos en setiembre pasado y con el mismo objetivo: destrabar el tercero de los proyectos que tiene la compañía en Argentina. Los otros dos, Calcatreu y Manantial Espejo, también están en la Patagonia. Beaty exhibirá como credencial la Orden de Canadá, que obtuvo este año como premio a sus donaciones a Ongs ecologistas.
Según se informó Casa Rosada, el Proyecto Navidad incuba la reserva de plata más grande del mundo. La propaganda oficial fue clara: “confiados en el desarrollo de Navidad y aguardan los permisos de la provincia de Chubut para concretar la inversión prevista para la construcción y desarrollo del proyecto”.
Según publicó Ezequiel Burgo, el enviado de Clarín a Davos, la empresa le recordó al Presidente que está a la espera de los permisos de Chubut para concretar la inversión prevista para la construcción y desarrollo del Proyecto Navidad.
Piedra en el zapato
Refrendado entre sonrisas desde Davos, el Proyecto Navidad tiene su talón de Aquiles, precisamente, en el territorio en el que pretende asentarse, donde los asambleístas que se oponen a la minería a cielo abierto siguen con atención lo que sucede entre Buenos Aires y Canadá.
“Lo que viene sucediendo desde que asumió Macri es una embestida aún mayor para avanzar con la minería contaminante. Sobre todo, con el Proyecto Navidad que es el emblema. Habilitar la minería en Chubut sería un gran triunfo para las multinacionales porque podría producir un efecto inverso al que generó Esquel en 2003 en todo el país, después del plebiscito. Ahora también Chubut es muy importante”, le dijo a Letra P Pablo Lada, miembro del Movimiento Antinuclear de Chubut y de la Unión de Asambleas Patagónicas.
Pese a que la empresa y el gobierno nacional prometen 9.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción y de 3.500 en la etapa de operación, la negativa sigue siendo mayoritaria y para los experimentados ambientalistas es simplemente “un cuento más”, de los tantos que se escucharon en cada oportunidad en que una compañía intentó hacer pie en la provincia.
“Acá, si se habilita la minería van a venir por todo y esto va a ser un queso gruyere. Chubut es uno de los destinos más deseados por estas multinacionales. Navidad está en el centro norte de Chubut, casi al límite con Río Negro, plena meseta. Ellos dicen que hay agua para todo pero la verdad es que la poca agua que hay es de un acuífero que se llama Sacanana ”, agregó Lada.
La reunión de Macri con Beaty no fue el único movimiento que hizo la administración Cambiemos en los últimos días. El lunes último, el Presidente firmó en Moscú un memorándum con los directivos de Uranium One Group y UrAmerica Sa para que inviertan U$S 250 millones en los yacimientos Cerro Solo, Laguna Salada, Laguna Colorada y Meseta Central y sin la presencia de ningún funcionario de Chubut.
El gobierno también movió a su alfil principal en la campaña minera, Mario Capello, el subsecretario de Desarrollo Minero -de origen radical- que se destacó en tiempos del kirchnerismo por ser uno de los lobbistas más frontales de la actividad en Argentina. Capello viajó a Vancouver para promocionar “el potencial de la minería Argentina” en Canadá y reunirse con el CEO de Pan American Silver, Michael Steinman. La Secretaría de Minería informó esa actividad junto a su participación en AME Roundap y en Vancouver Resource Investment Conference, dos de las ferias más importantes del mundo en cuanto a inversores y exploradores. La agenda de Capello incluye encuentros con directivos de 30 de las empresas más importantes en este rubro a nivel mundial, como NGEx Resources Inc., Filo Mining Lundin Group, Altamira Gold, Toachi Mining, Uranium Energy Corp, Tinka Resources, Impact Silver, Energold Drilling, Great Panther Silver, Evrim Resources, Agneco Eagle Mines, Wealth Minerals, B2 Gold Corp, Rockcliff Metals Corp, entre otras.
“A pesar de que un 65 por ciento del territorio nacional permanece aún inexplorado, existe una gran cantidad de proyectos en etapa inicial o 'early stages', que serán presentados por el subsecretario de Desarrollo Minero en Canadá", informó la oficina que depende de Capello.
La actividad del Gobierno es vertiginosa. Hace 10 días, Aranguren y Capello recibieron en Buenos Aires al ministro coordinador de Chubut, Sergio Mammarelli y a intendentes de 11 localidades de Chubut. ¿El objetivo prioritario? Nuevamente, el Proyecto Navidad, del que se les presentó la llamada “Propuesta de Integración Productiva”. La primera reunión por el tema había sido en diciembre pasado y la tercera será el 21 de febrero cuando, según confirmaron a Letra P desde el ministerio de Energía, Aranguren viaje una vez más a Chubut.
“Capello está obsesionado con Chubut, fue un lobbysta de la propia Barrick Gold y vino muchas veces a Chubut, está obsesionado con derribar la prohibición y sobre todo la resistencia porque acá no hay licencia social”, dijo Lada, que este fin de semana participará de un encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas en la zona de la cordillera, muy cerca de Esquel, para hablar de las acciones a tomar ante el Proyecto Navidad y la ofensiva del gobierno de Cambiemos.
Posdanevismo
La muerte de Mario Das Neves, el 31 de octubre pasado, abrió un vacío político que se advierte en todos lados y provoca profundas divisiones en el oficialismo y la oposición. El peronista que fue electo tres veces gobernador y administró el poder en tensión con el kirchnerismo era un férreo defensor del No a la minería. Entre sus últimos actos de gobierno, ya enfermo, estuvo la “Cumbre Ambiental Patagónica” que organizó en Rawson en mayo del año pasado junto al obispo de Comodoro Rivadavia. El entonces gobernador hizo un discurso en el que citó la Encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, y afirmó que la provincia se oponía “sin concesiones” a la megaminería y a la instalación de una planta nuclear. “Estoy convencido y hay un tema que nunca lo discutí y es el tema del agua. El agua es oro, es la vida, si cedemos en esto obviamente cedemos en nuestra propia existencia”, dijo.
“Das Neves dijo que los pro-mineros de esta provincia eran pagados con valijas. Algunos de los intendentes que ahora se reúnen con Aranguren habían sido parte de esa cumbre ambiental”, afirmó a Letra P Lada.
“Hasta último momento y en todas sus declaraciones, mi padre estuvo en contra de la minería. Nunca vio, en sus tres gobiernos, un sólo proyecto que no fuese a contaminar el ambiente. En Chubut, la postura de No a la minería está legislada y la minería no tiene consenso social. Ésta es una provincia con una gran conciencia ambiental. Además el recurso es provincial. La provincia es soberana de su recurso. Es un debate que se está dando fuerte sobre todo después de la muerte de mi padre ya que él tenía un liderazgo reconocido por todos, incluso desde el Gobierno Nacional siempre le aceptaron su postura de no a la minería”, le dijo a Letra P María Victoria Das Neves.
La estrategia de la Casa Rosada, a partir de la muerte de Das Neves, fue avanzar con los intendentes que se muestran proclives a habilitar la minería en la zona de la meseta chubutense.
El debate es intenso y todas las miradas apuntan al gobernador, Arcioni, de buen vínculo con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El chubutense generó un temblor el mismo día que Macri se reunía en Davos con el dueño de Pan American Silver, cuando dijo que la provincia no podía afrontar sus deudas y dejó abierta la puerta a un default. En el ministerio de Frigerio, afirman que están “ayudando mucho a Arcioni, en términos de asistencia financiera y gobernabilidad”.
Arcioni aparece entre dos fuegos. Su inclinación a acordar con el gobierno nacional, la debilidad presupuestaria de la provincia, su fragilidad política chocan con la lealtad que en teoría le debe al político peronista que lo llevó a lo más alto. Para María Victoria Das Neves, “la postura del gobernador desde que asumió luego de la muerte de mi padre ha sido muy clara, desde el día uno dijo que iba a respetar la política de no a la minería implementada por mi padre”.
En la provincia, hablan del “partido de la minería” que incluye a intendentes de la meseta, más Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Dentro de la propia alianza oficialista están divididos por zonas. Mientras radicales cambiemistas como el intendente de la localidad de Telsen, Leonardo Bowman, se manifiestan a favor, hay otros como el intendente de la pionera Esquel -la ciudad que quedó en 2017 en el foco de atención por la muerte de Santiago Maldonado tras la represión de Gendarmería, en el marco del conflicto por las tierras que reclama el pueblo mapuche -, el también radical cambiemista Sergio Ongarato, que se mantienen firmes al rechazo.
Justamente, en Telsen, una zona muy cercana al Proyecto Navidad, se escribirá el próximo 21 de febrero un capítulo que puede ser decisivo. Ese día, el ministro Aranguren volverá a desembarcar en la provincia seguramente acompañado por el subsecretario Capello. Los intendentes pro-minería acudirán al encuentro con propuestas entre las que figura la convocatoria a un plebiscito para habilitar la megaminería en la zona de la meseta chubutense. El gobernador Arcioni, por ahora encolumnado en el NO que heredó de Das Neves, pero muy presionado, está convocado a la cita.
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Córdoba: desmontes sin control real oficial
En 2017 hubo menos desmonte, aunque no hay cifras oficiales
Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.
Causas
Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.
Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.
Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.
Causas
Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.
Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.
Una ley sin derecho ni revés ni controles
La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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Urtubey se hecha atrás: ordena parar desmonte de Braun Peña
El gobierno de Urtubey intimó a Braun Peña para que frene el desmonte
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
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Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
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A 10 años de la Ley de Bosques: sabor agridulce
Argentina mira a sus bosques, pero aún no los cuida bien
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a 200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años, advierte el informe de FARN.
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Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a 200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años, advierte el informe de FARN.
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Cambiar la la ley de glaciares para más minería
Para impulsar la minería, buscan cambiar la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 20/01/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Pasaron siete años desde la aprobación de la ley de glaciares, pero el debate sobre qué superficies son las que deben ser preservadas volvió a ponerse en discusión. Empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la norma para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
Varias ONG advierten que la iniciativa pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en zonas de lluvias escasas y aridez extrema. Y denuncian que el inventario de áreas a preservar que se hizo sobre la base de la ley que ahora se pretende flexibilizar incumple la propia norma al no incluir todas las superficies que contienen agua sólida. Se basan en un reciente fallo judicial que expone que el inventario incorporó solo extensiones de más de una hectárea, una limitación no establecida en la ley.
Las pretensiones de las mineras pasaron de ser cautelosas a abiertas. "Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia", afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.
Los empresarios consideran que no todo el ambiente periglaciar hace un aporte significativo de agua a los ríos que nacen en la cordillera. Por eso la expectativa es reformular la ley para invertir la carga de la prueba y que ante la presentación de un proyecto minero se estudie si el ambiente periglaciar donde se quiere radicar la explotación opera como una reserva de agua y, de comprobarse que es así, que solo en esa instancia se lo desestime.
Para entender la dimensión de lo que está en discusión basta detallar que actualmente hay 21 proyectos mineros de grandes dimensiones en actividad, por lo que una hipotética reforma -según los empresarios- ayudaría a despejar el camino para incrementar considerablemente las exploraciones.
La herramienta que tienen los empresarios para volver a poner en debate el tema son las inversiones. Bergé detalló que en San Juan hay entre cuatro y cinco proyectos parados: "Nadie quiere poner US$2000 millones, la inversión inicial promedio, con esta ley". Raúl Rodríguez, titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó que en esa provincia hay 20 proyectos parados, con una inversión estimada en US$16.000 millones, y reconoció que los 10 proyectos que él representa como abogado "podrían (según la interpretación que se hiciese de la ley) estar en zona considerada periglaciar".
Informe
Un informe hecho en julio de 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación detalla que existen 44 proyectos mineros "cercanos" a glaciares o ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad, Veladero.
Las pretensiones de las mineras ya habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual. Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, afirmó que "la ley no define con claridad cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico" y reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se planificaron en zonas periglaciares.
Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en que es necesario modificar la ley porque "se hace referencia a un cuidado preventivo", y destacó que esa prevención "ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera". El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que "la ley puede ser mejorada" y señaló que tiene definiciones que "permiten interpretaciones para quien se oponga ideológicamente al desarrollo".
Desde CAEM aseguran que la idea de modificar la ley tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y afirman que se lo hizo saber el 14 de noviembre en la Casa Rosada. Además insisten en que la intención es poner el tema en la agenda legislativa de marzo. Voceros de la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán, sostuvieron que no es la secretaría la que impulsa la reforma y señalaron a las provincias como promotoras: "Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración".
Consecuencias
Ocurre que una reforma como la propuesta no pasaría inadvertida y tendría múltiples costos: políticos, con el antecedente de la carta que la diputada Elisa Carrió le envió a Meilán en noviembre, en la que le adelantó que modificar la ley de glaciares "implica ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos", y también traería repudio social por la regresividad en la protección ambiental.
"En la región andina central, La Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, los ríos solo se abastecen de precipitaciones níveas y cuando estas son escasas el flujo hídrico lo regulan los glaciares y ambientes periglaciares", advirtió Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo ejemplifica: "Los glaciares de escombro [tienen agua sólida en los poros de rocas] de San Juan tienen casi tres veces más agua que los embalses de Cuesta del Viento, Ullum y Caracoles juntos".
Con la ley actual, en el país están protegidos 5742 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar. Esa superficie de hielos y glaciares de escombros es la que suman las 15.703 áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) incluyó en el inventario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación planea publicar en su totalidad en marzo.
El ministro Sergio Bergman negó que Ambiente esté trabajando en un proyecto alternativo a la ley actual. Y respecto de la exclusión en el inventario de las áreas inferiores a una hectárea, consideró que se encuadra dentro del estándar científico internacional.
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Fecha de Publicación: 20/01/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Pasaron siete años desde la aprobación de la ley de glaciares, pero el debate sobre qué superficies son las que deben ser preservadas volvió a ponerse en discusión. Empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la norma para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
Varias ONG advierten que la iniciativa pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en zonas de lluvias escasas y aridez extrema. Y denuncian que el inventario de áreas a preservar que se hizo sobre la base de la ley que ahora se pretende flexibilizar incumple la propia norma al no incluir todas las superficies que contienen agua sólida. Se basan en un reciente fallo judicial que expone que el inventario incorporó solo extensiones de más de una hectárea, una limitación no establecida en la ley.
Las pretensiones de las mineras pasaron de ser cautelosas a abiertas. "Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia", afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.
Los empresarios consideran que no todo el ambiente periglaciar hace un aporte significativo de agua a los ríos que nacen en la cordillera. Por eso la expectativa es reformular la ley para invertir la carga de la prueba y que ante la presentación de un proyecto minero se estudie si el ambiente periglaciar donde se quiere radicar la explotación opera como una reserva de agua y, de comprobarse que es así, que solo en esa instancia se lo desestime.
Para entender la dimensión de lo que está en discusión basta detallar que actualmente hay 21 proyectos mineros de grandes dimensiones en actividad, por lo que una hipotética reforma -según los empresarios- ayudaría a despejar el camino para incrementar considerablemente las exploraciones.
La herramienta que tienen los empresarios para volver a poner en debate el tema son las inversiones. Bergé detalló que en San Juan hay entre cuatro y cinco proyectos parados: "Nadie quiere poner US$2000 millones, la inversión inicial promedio, con esta ley". Raúl Rodríguez, titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó que en esa provincia hay 20 proyectos parados, con una inversión estimada en US$16.000 millones, y reconoció que los 10 proyectos que él representa como abogado "podrían (según la interpretación que se hiciese de la ley) estar en zona considerada periglaciar".
Informe
Un informe hecho en julio de 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación detalla que existen 44 proyectos mineros "cercanos" a glaciares o ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad, Veladero.
Las pretensiones de las mineras ya habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual. Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, afirmó que "la ley no define con claridad cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico" y reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se planificaron en zonas periglaciares.
Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en que es necesario modificar la ley porque "se hace referencia a un cuidado preventivo", y destacó que esa prevención "ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera". El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que "la ley puede ser mejorada" y señaló que tiene definiciones que "permiten interpretaciones para quien se oponga ideológicamente al desarrollo".
Desde CAEM aseguran que la idea de modificar la ley tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y afirman que se lo hizo saber el 14 de noviembre en la Casa Rosada. Además insisten en que la intención es poner el tema en la agenda legislativa de marzo. Voceros de la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán, sostuvieron que no es la secretaría la que impulsa la reforma y señalaron a las provincias como promotoras: "Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración".
Consecuencias
Ocurre que una reforma como la propuesta no pasaría inadvertida y tendría múltiples costos: políticos, con el antecedente de la carta que la diputada Elisa Carrió le envió a Meilán en noviembre, en la que le adelantó que modificar la ley de glaciares "implica ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos", y también traería repudio social por la regresividad en la protección ambiental.
"En la región andina central, La Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, los ríos solo se abastecen de precipitaciones níveas y cuando estas son escasas el flujo hídrico lo regulan los glaciares y ambientes periglaciares", advirtió Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo ejemplifica: "Los glaciares de escombro [tienen agua sólida en los poros de rocas] de San Juan tienen casi tres veces más agua que los embalses de Cuesta del Viento, Ullum y Caracoles juntos".
Con la ley actual, en el país están protegidos 5742 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar. Esa superficie de hielos y glaciares de escombros es la que suman las 15.703 áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) incluyó en el inventario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación planea publicar en su totalidad en marzo.
El ministro Sergio Bergman negó que Ambiente esté trabajando en un proyecto alternativo a la ley actual. Y respecto de la exclusión en el inventario de las áreas inferiores a una hectárea, consideró que se encuadra dentro del estándar científico internacional.
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Reunión por la implementación del fondo de bosques
Ambiente coordina la implementación del fondo de la ley de bosques en COFEMA
Fecha de Publicación: 15/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Participaron del encuentro autoridades locales de aplicación de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy.
Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, recibieron a representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) con el objetivo de promover la mejora de los mecanismos a través de los cuales la ley de presupuestos mínimos para protección de los bosques nativos es instrumentada así como también la implementación del fondo específico destinado a su conservación.
Es por esto que desde la cartera nacional de Ambiente se promovió un encuentro con las autoridades locales de aplicación de las provincias de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy. Allí se buscó intercambiar experiencias, analizar alternativas que permitan revisar los sistemas administrativos y promover mejoras en los circuitos de rendición del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Cabe destacar que el monto del presupuesto adjudicado anualmente se destina principalmente a dicho fondo y al Programa Nacional de Bosques Nativos. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley N.° 26331, ese fondo destina el 30 % para fortalecimiento institucional, monitoreo de los bosques nativos, implementación de programas de asistencia técnica y financiera para pequeños productores, comunidades indígenas o campesinas; lo que permite a las autoridades locales fortalecer las estructuras de gestión forestal en todo el ámbito nacional, tanto con el incremento de personal como en su infraestructura y equipamiento. Por otra parte, el 70 % se aplica a compensación de los tenedores de bosques nativos por la conservación de los mismos.
El desarrollo de esta reunión permitió conocer distintas iniciativas de las autoridades locales de aplicación, así como identificar estrategias para el abordaje de las temáticas tratadas, las cuales serán puestas a consideración en el marco del COFEMA.
De esta forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ratifica su compromiso en facilitar los procedimientos que aseguren la conservación y manejo sostenible de los bosques nativos.
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Fecha de Publicación: 15/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Participaron del encuentro autoridades locales de aplicación de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy.
Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, recibieron a representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) con el objetivo de promover la mejora de los mecanismos a través de los cuales la ley de presupuestos mínimos para protección de los bosques nativos es instrumentada así como también la implementación del fondo específico destinado a su conservación.
Es por esto que desde la cartera nacional de Ambiente se promovió un encuentro con las autoridades locales de aplicación de las provincias de Chaco, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy. Allí se buscó intercambiar experiencias, analizar alternativas que permitan revisar los sistemas administrativos y promover mejoras en los circuitos de rendición del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Cabe destacar que el monto del presupuesto adjudicado anualmente se destina principalmente a dicho fondo y al Programa Nacional de Bosques Nativos. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley N.° 26331, ese fondo destina el 30 % para fortalecimiento institucional, monitoreo de los bosques nativos, implementación de programas de asistencia técnica y financiera para pequeños productores, comunidades indígenas o campesinas; lo que permite a las autoridades locales fortalecer las estructuras de gestión forestal en todo el ámbito nacional, tanto con el incremento de personal como en su infraestructura y equipamiento. Por otra parte, el 70 % se aplica a compensación de los tenedores de bosques nativos por la conservación de los mismos.
El desarrollo de esta reunión permitió conocer distintas iniciativas de las autoridades locales de aplicación, así como identificar estrategias para el abordaje de las temáticas tratadas, las cuales serán puestas a consideración en el marco del COFEMA.
De esta forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ratifica su compromiso en facilitar los procedimientos que aseguren la conservación y manejo sostenible de los bosques nativos.
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Frenan otro desmonte de la finca de Marcos Peña
Greenpeace volvió a frenar topadoras en Salta
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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Cambio de ministro de ecología en Misiones
El nuevo Ministro de Ecología, un férreo defensor del camino en el Lote 8
Fecha de Publicación: 12/01/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
El decreto que pone a Juan Manuel Díaz en el cargo fue publicado en el Boletín Oficial, poniendo fin al interinato del ministro Adolfo Pischik. Díaz sumó cuestionamientos por su labor hasta el año pasado.
Aunque se mencionó con insistencia la posibilidad de que un exdiputado provincial que culminó su mandato en diciembre se hiciera cargo, finalmente el gobernador optó por el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Juan Manuel Díaz para quedar al frente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.
Díaz reemplazará a su exjefa, Verónica Derna, quien asumió la banca que dejó Maurice Closs en diputados de la Nación hasta 2019. Cabe recordar que interinamente fue puesto en Ecología el ministro de Gabinete, Adolfo Pischik. No se conoce quién reemplazará a Díaz en la subsecretaría que lideró durante varios años en dos gestiones gubernamentales.
El flamante ministro se hizo conocido por ser uno de los férreros defensores del camino en el Lote 8 del parque provincial Moconá, una obra que fue paralizada tras las fuertes protestas en su contra, mediante un amparo en la Justicia provincial que aún no se expidió sobre su legalidad.
Díaz fue quien sostuvo desde la gestión de Closs al frente del Ejecutivo, el proyecto de trazado dentro de la reserva natural protegida por ley, de carácter intangible y se opuso junto con Derna a la posibilidad de abrir un camino por fuera del Moconá como reclamaron los guardaparques provinciales y referentes de entidades ecologistas en protestas bajo la consigna “el Moconá no se toca”, y luego en la audiencia pública sobre el tema.
Antecedentes cercanos
Pero, además, el ahora ministro Juan Manuel Díaz fue blanco de cuestionamientos por su trabajo para frenar la tala ilegal, incluso cuando firmó la Disposición 0015 del 10 de abril de 2017, en la que calculó una multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en 5,59 pesos, cuando ya el litro costaba entre 18 y 20 pesos; abaratando inexplicablemente el costo de la sanción al responsable de un apeo ilegal de 42 metros cúbicos de Pino Paraná Araucaria Angustifolia, especie declarada monumento natural provincial, además de otras especies.
En ese entonces, Díaz no solo le cobró más barata la multa sino que no le clausuró el aserradero al infractor, al que incluso le devolvió el rodado. Además, se supo luego que la mencionada Disposición es que no pasó por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología, organismo que habitualmente tiene los abogados capacitados como para intervenir en estos conflictos.
Otro caso muy polémico fue la tala rasa que aplicó un importante empresario de la zona Norte en decenas de hectáreas de madera nativa en un predio privado de la ruta provincial 18. Luego que PRIMERA?EDICIÓN hiciera pública la preocupación de los vecinos, Ecología envió funcionarios hasta el lugar sin que se conozcan multas o sanciones.
Sin embargo, días después, trascendió un “informe de patrulla” del 3 de febrero del año 2016, confeccionado por guardaparques del Parque Foerster donde se confirma que un mes antes ya habían constatado la tala en el mismo lugar sin que se frenara la misma. Una completa inacción.
Y el último caso resonante fue la muerte de un yaguareté en la reserva privada de Arauco, que Ecología ocultó por varios días hasta que este Diario la hizo pública y provocó el enojo de las ONG que trabajan por la conservación de la especie animal.
Guardaparques atentos a una convocatoria al diálogo
Diego Ciarmello es uno de los referentes de los guardaparques que se opuso al camino en el Lote 8 del Moconá y es parte del grupo que luchó contra los desplazamientos en el parque provincial de quienes se sumaron a la movida en defensa de la reserva.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, dijo que esperan una convocatoria al diálogo de parte del nuevo ministro Díaz. Enumeró entre los temas que pretenden avanzar en conjunto a la ventana jubilatoria y el Estatuto del sector que hasta el momento no consiguieron avances en las gestiones anteriores.
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Fecha de Publicación: 12/01/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
El decreto que pone a Juan Manuel Díaz en el cargo fue publicado en el Boletín Oficial, poniendo fin al interinato del ministro Adolfo Pischik. Díaz sumó cuestionamientos por su labor hasta el año pasado.
Aunque se mencionó con insistencia la posibilidad de que un exdiputado provincial que culminó su mandato en diciembre se hiciera cargo, finalmente el gobernador optó por el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Juan Manuel Díaz para quedar al frente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.
Díaz reemplazará a su exjefa, Verónica Derna, quien asumió la banca que dejó Maurice Closs en diputados de la Nación hasta 2019. Cabe recordar que interinamente fue puesto en Ecología el ministro de Gabinete, Adolfo Pischik. No se conoce quién reemplazará a Díaz en la subsecretaría que lideró durante varios años en dos gestiones gubernamentales.
El flamante ministro se hizo conocido por ser uno de los férreros defensores del camino en el Lote 8 del parque provincial Moconá, una obra que fue paralizada tras las fuertes protestas en su contra, mediante un amparo en la Justicia provincial que aún no se expidió sobre su legalidad.
Díaz fue quien sostuvo desde la gestión de Closs al frente del Ejecutivo, el proyecto de trazado dentro de la reserva natural protegida por ley, de carácter intangible y se opuso junto con Derna a la posibilidad de abrir un camino por fuera del Moconá como reclamaron los guardaparques provinciales y referentes de entidades ecologistas en protestas bajo la consigna “el Moconá no se toca”, y luego en la audiencia pública sobre el tema.
Antecedentes cercanos
Pero, además, el ahora ministro Juan Manuel Díaz fue blanco de cuestionamientos por su trabajo para frenar la tala ilegal, incluso cuando firmó la Disposición 0015 del 10 de abril de 2017, en la que calculó una multa en 111.800 pesos, valuando cada litro de nafta común en 5,59 pesos, cuando ya el litro costaba entre 18 y 20 pesos; abaratando inexplicablemente el costo de la sanción al responsable de un apeo ilegal de 42 metros cúbicos de Pino Paraná Araucaria Angustifolia, especie declarada monumento natural provincial, además de otras especies.
En ese entonces, Díaz no solo le cobró más barata la multa sino que no le clausuró el aserradero al infractor, al que incluso le devolvió el rodado. Además, se supo luego que la mencionada Disposición es que no pasó por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología, organismo que habitualmente tiene los abogados capacitados como para intervenir en estos conflictos.
Otro caso muy polémico fue la tala rasa que aplicó un importante empresario de la zona Norte en decenas de hectáreas de madera nativa en un predio privado de la ruta provincial 18. Luego que PRIMERA?EDICIÓN hiciera pública la preocupación de los vecinos, Ecología envió funcionarios hasta el lugar sin que se conozcan multas o sanciones.
Sin embargo, días después, trascendió un “informe de patrulla” del 3 de febrero del año 2016, confeccionado por guardaparques del Parque Foerster donde se confirma que un mes antes ya habían constatado la tala en el mismo lugar sin que se frenara la misma. Una completa inacción.
Y el último caso resonante fue la muerte de un yaguareté en la reserva privada de Arauco, que Ecología ocultó por varios días hasta que este Diario la hizo pública y provocó el enojo de las ONG que trabajan por la conservación de la especie animal.
Guardaparques atentos a una convocatoria al diálogo
Diego Ciarmello es uno de los referentes de los guardaparques que se opuso al camino en el Lote 8 del Moconá y es parte del grupo que luchó contra los desplazamientos en el parque provincial de quienes se sumaron a la movida en defensa de la reserva.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, dijo que esperan una convocatoria al diálogo de parte del nuevo ministro Díaz. Enumeró entre los temas que pretenden avanzar en conjunto a la ventana jubilatoria y el Estatuto del sector que hasta el momento no consiguieron avances en las gestiones anteriores.
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Entre Ríos: normativa de Agroquímicos “regresiva”
Ley de Agroquímicos: para el Foro Ecologista la normativa impulsada es “regresiva”
Fecha de Publicación: 06/01/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde el Foro Ecologista de Paraná advierten que que el proyecto de Ley de Agroquímicos con media sanción del Senado -que permite, por ejemplo, realizar fumigaciones aéreas con glifosato hasta a 500 metros de las poblaciones urbanas- implicaría un retroceso incluso de la legislación vigente, que se originó en el último Gobierno de facto. “El proyecto de Ley tiende a minimizar el daño; no es una legislación que tiene una mirada protectoria y mucho menos preventiva”, dijo a AIM la abogada Aldana Sasia, integrante de la ONG.
La media sanción del proyecto de Ley de Fitosanitarios aprobado sobre tablas en el Senado, la semana pasada, sigue generando voces críticas y desde las organizaciones que se oponen a esta norma reclaman a los diputados una apertura al diálogo para que se escuchen sus posiciones y se puedan introducir modificaciones a la iniciativa.
“Lamentablemente se ha vuelto cotidiano que los niños se enfermen de cáncer que los niños, mueran de leucemia y que nadie se pregunté porqué”, advirtió Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista que reclamo que desde los ámbitos de gestión “al menos se pongan los ojos sobre esto y se haga un registro sobre los casos que estamos teniendo en nuestro territorio y ver si condicen con la media mundial con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Ya en su análisis del proyecto, Sasia evaluó que el proyecto de Ley de autoría del senador Mario Torres “tiende a minimizar el daño” y “no es una legislación que tiene una mirada protectoria, mucho menos preventiva”.
La integrante del Foro sostuvo que la Ley 6.599 tiene 37 años y su decreto reglamentario “era mucho más protectorio que la actual. Hay que tener en cuenta que hace 37 años la producción agrícola no tenía comparación con la actual. Hoy se tiran 300 mil millones de litros de veneno por año”.
Para la letrada, la normativa propuesta tiene un carácter “regresivo” y argumentó su planteo con el análisis puntual de algunos artículos: “Por el artículo 22 se prohíbe la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicologica 1b, 1a, y 2, en un radio de 500 metros desde el límite de la planta urbana y 3 y 4 adentro de los 500 metros se pueden aplicar”. El glifosato es categoría 3.
Según las disposiciones de la Ley vigente y su decreto reglamentario, está prohibido aplicar glifosato -entre otros químicos- a menos de 3000 metros del perímetro de la planta urbana. Y en esos tres mil metros no podía realizarse fumigación aérea con ningún tipo de químico”.
El artículo 21 del proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Alta prohíbe la aplicación aérea dentro de los 3000, con excepción de las clases toxicologicas 3 y 4, que pueden aplicarse hasta a 500 metros de las zonas urbanas.
Se ha determinado que niveles mínimos, el glifosato puede producir modificación celular lo que lleva a otras afecciones como cáncer, Alzehimer, malformaciones congénitas, aborto espontáneo y disminución de la fertilidad en los hombres. Sin embargo, quienes defienden su uso sostienen que no se ha demostrado fehacientemente una relación causa-efecto. Frente a esto, Sasia sostuvo que hay un planteo tramposo: “Normalmente,m el grado de toxicidad se mide por la intoxicación al momento de la fumigación pero los defectos se han demostrado que se producen a largo plazo”, afirmó, señalando que se requiere un estudio continuado de casos.
Consultada sobre cuál sería la postura del Foro respecto de una posible redacción superadora de la Ley, Sasia consideró que no llegaría a buen puerto una prohibición de las fumigaciones aéreas de un día para otro: “Sabemos que nada que sea delineado de una forma tan drástica puede funcionar. Nosotros a lo que tendíamos era a una ley progresiva que tienda a la eliminación que, en un plazo de 10 años, se vaya orientando toda la producción a una producción sin venenos y progresivamente se vayan impidiendo las pulverizaciones aéreas”.
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Fecha de Publicación: 06/01/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde el Foro Ecologista de Paraná advierten que que el proyecto de Ley de Agroquímicos con media sanción del Senado -que permite, por ejemplo, realizar fumigaciones aéreas con glifosato hasta a 500 metros de las poblaciones urbanas- implicaría un retroceso incluso de la legislación vigente, que se originó en el último Gobierno de facto. “El proyecto de Ley tiende a minimizar el daño; no es una legislación que tiene una mirada protectoria y mucho menos preventiva”, dijo a AIM la abogada Aldana Sasia, integrante de la ONG.
La media sanción del proyecto de Ley de Fitosanitarios aprobado sobre tablas en el Senado, la semana pasada, sigue generando voces críticas y desde las organizaciones que se oponen a esta norma reclaman a los diputados una apertura al diálogo para que se escuchen sus posiciones y se puedan introducir modificaciones a la iniciativa.
“Lamentablemente se ha vuelto cotidiano que los niños se enfermen de cáncer que los niños, mueran de leucemia y que nadie se pregunté porqué”, advirtió Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista que reclamo que desde los ámbitos de gestión “al menos se pongan los ojos sobre esto y se haga un registro sobre los casos que estamos teniendo en nuestro territorio y ver si condicen con la media mundial con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Ya en su análisis del proyecto, Sasia evaluó que el proyecto de Ley de autoría del senador Mario Torres “tiende a minimizar el daño” y “no es una legislación que tiene una mirada protectoria, mucho menos preventiva”.
La integrante del Foro sostuvo que la Ley 6.599 tiene 37 años y su decreto reglamentario “era mucho más protectorio que la actual. Hay que tener en cuenta que hace 37 años la producción agrícola no tenía comparación con la actual. Hoy se tiran 300 mil millones de litros de veneno por año”.
Para la letrada, la normativa propuesta tiene un carácter “regresivo” y argumentó su planteo con el análisis puntual de algunos artículos: “Por el artículo 22 se prohíbe la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicologica 1b, 1a, y 2, en un radio de 500 metros desde el límite de la planta urbana y 3 y 4 adentro de los 500 metros se pueden aplicar”. El glifosato es categoría 3.
Según las disposiciones de la Ley vigente y su decreto reglamentario, está prohibido aplicar glifosato -entre otros químicos- a menos de 3000 metros del perímetro de la planta urbana. Y en esos tres mil metros no podía realizarse fumigación aérea con ningún tipo de químico”.
El artículo 21 del proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Alta prohíbe la aplicación aérea dentro de los 3000, con excepción de las clases toxicologicas 3 y 4, que pueden aplicarse hasta a 500 metros de las zonas urbanas.
Se ha determinado que niveles mínimos, el glifosato puede producir modificación celular lo que lleva a otras afecciones como cáncer, Alzehimer, malformaciones congénitas, aborto espontáneo y disminución de la fertilidad en los hombres. Sin embargo, quienes defienden su uso sostienen que no se ha demostrado fehacientemente una relación causa-efecto. Frente a esto, Sasia sostuvo que hay un planteo tramposo: “Normalmente,m el grado de toxicidad se mide por la intoxicación al momento de la fumigación pero los defectos se han demostrado que se producen a largo plazo”, afirmó, señalando que se requiere un estudio continuado de casos.
Consultada sobre cuál sería la postura del Foro respecto de una posible redacción superadora de la Ley, Sasia consideró que no llegaría a buen puerto una prohibición de las fumigaciones aéreas de un día para otro: “Sabemos que nada que sea delineado de una forma tan drástica puede funcionar. Nosotros a lo que tendíamos era a una ley progresiva que tienda a la eliminación que, en un plazo de 10 años, se vaya orientando toda la producción a una producción sin venenos y progresivamente se vayan impidiendo las pulverizaciones aéreas”.
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Salta: favores políticos de Urtubey a Marcos Peña
Desforestación en Salta: Urtubey y sus “favores” al primo de Marcos Peña y a multinacionales
Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Salta
El gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urubey, está indicado como ser el responsable de allanarle el camino a un empresario primo de Marcos Peña y a multinacionales como Coca Cola, para la deforestación ilegal.
Dos conflictos graves de desmontes ilegales ponen en aprietes al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ha permitido a un empresario –primo del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña- y a una multinacional como Coca Cola, avanzar en territorios protegidos y a costa de algunas leyes sancionadas.
Alejandro Jaime Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, un empresario dueño de la denominada finca “Cuchuy”, que desde 2013 tiene un conflicto directo con 10 familias Wichi y siete criollas, debido a los imparables desmontes que “destruyen la vida” y la cultura de estas poblaciones, que viven de la tierra.
A pesar del ordenamiento territorial de Bosques nativos y también pese a una Ley de Tierras indígenas, el empresario es responsable de un imparable desmonte que llevan a cabo sus topadoras, eliminando los bosques milenarios para plantar soja.
La organización ambientalista internacional, Greenpeace, ha denunciado el caso y responsabilizó al gobernador salteño de ser quien “autorizó” el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos, “por el pedido de los empresarios”.
El ordenamiento territorial de Bosques nativos ya había advertido que esa zona entraba en la categoría 1 y 2, es decir, rojo y amarillo, los niveles en donde se prohíbe expresamente la deforestación para preservar la vida.
Campesinos de la zona admiten que se “organizan como pueden”, pero que la justicia en “Tartagal está a disposición de la empresa”.
Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Salta
El gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urubey, está indicado como ser el responsable de allanarle el camino a un empresario primo de Marcos Peña y a multinacionales como Coca Cola, para la deforestación ilegal.
Dos conflictos graves de desmontes ilegales ponen en aprietes al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ha permitido a un empresario –primo del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña- y a una multinacional como Coca Cola, avanzar en territorios protegidos y a costa de algunas leyes sancionadas.
Alejandro Jaime Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, un empresario dueño de la denominada finca “Cuchuy”, que desde 2013 tiene un conflicto directo con 10 familias Wichi y siete criollas, debido a los imparables desmontes que “destruyen la vida” y la cultura de estas poblaciones, que viven de la tierra.
A pesar del ordenamiento territorial de Bosques nativos y también pese a una Ley de Tierras indígenas, el empresario es responsable de un imparable desmonte que llevan a cabo sus topadoras, eliminando los bosques milenarios para plantar soja.
La organización ambientalista internacional, Greenpeace, ha denunciado el caso y responsabilizó al gobernador salteño de ser quien “autorizó” el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos, “por el pedido de los empresarios”.
El ordenamiento territorial de Bosques nativos ya había advertido que esa zona entraba en la categoría 1 y 2, es decir, rojo y amarillo, los niveles en donde se prohíbe expresamente la deforestación para preservar la vida.
Campesinos de la zona admiten que se “organizan como pueden”, pero que la justicia en “Tartagal está a disposición de la empresa”.
Los negocios de Alejandro Jaime Braun Peña –el primo de Marcos Peña- integra una cantidad extensa de proyectos empresariales que, curiosamente, tienen conexión directa con la empresa principal de presidente Mauricio Macri, Socma.
Tal como adelantó el diario Página 12, Braun Peña “integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación”. Braun Peña y Clusellas también forman parte, de los “directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace”.
Pero los vínculos con empresarios no solo incluyen a familiares de funcionarios nacionales, sino que el gobernador Urtubey también le hace favores a multinacionales como Coca Cola, dueña de la marca de gaseosa Sprite, que actualmente está incumpliendo la Ley de Bosques nativos, violando toda jurisdicción y soberanía.
La empresa a cargo se llama la Moraleja S.A y cuenta actualmente con 15.000 hectáreas de agricultura y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo para la producción de limones, elemento clave para la gaseosa. A esto hay que sumarle las 3.000 hectáreas ilegalmente deforestadas entre 2010 y 2014. Por eso mismo, si Sprite necesita seguir deforestando para la producción de limones, debe hacerlo en otra zona.
“A pesar de que la Ley de Bosques no se lo permitía La Moraleja S.A. consiguió que el gobierno de Salta le otorgara permisos para desmontar, violando lo establecido por la normativa”.
La relación entre empresarios de la talla de Peña Braun y de la multinacional como Coca Cola, deja mal parado a un gobernador que hasta hace poco se candidateaba dentro de las filas del peronismo como una imagen de “renovación”.
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Tal como adelantó el diario Página 12, Braun Peña “integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación”. Braun Peña y Clusellas también forman parte, de los “directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace”.
Pero los vínculos con empresarios no solo incluyen a familiares de funcionarios nacionales, sino que el gobernador Urtubey también le hace favores a multinacionales como Coca Cola, dueña de la marca de gaseosa Sprite, que actualmente está incumpliendo la Ley de Bosques nativos, violando toda jurisdicción y soberanía.
La empresa a cargo se llama la Moraleja S.A y cuenta actualmente con 15.000 hectáreas de agricultura y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo para la producción de limones, elemento clave para la gaseosa. A esto hay que sumarle las 3.000 hectáreas ilegalmente deforestadas entre 2010 y 2014. Por eso mismo, si Sprite necesita seguir deforestando para la producción de limones, debe hacerlo en otra zona.
“A pesar de que la Ley de Bosques no se lo permitía La Moraleja S.A. consiguió que el gobierno de Salta le otorgara permisos para desmontar, violando lo establecido por la normativa”.
La relación entre empresarios de la talla de Peña Braun y de la multinacional como Coca Cola, deja mal parado a un gobernador que hasta hace poco se candidateaba dentro de las filas del peronismo como una imagen de “renovación”.
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Argentina preside la red LAFICA
Argentina al frente de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Monitoreo Ambiental
Fecha de Publicación: 13/12/2017
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La presidencia de la red será asumida por Argentina en enero 2018 y se extenderá hasta diciembre de ese año.
Argentina, representada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue elegida para asumir la presidencia de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (red LAFICA) que tiene como objetivo mejorar la fiscalización y el cumplimiento ambiental de toda la región latinoamericana. El evento de elección se llevó a cabo en Brasilia durante los días 28, 29 y 30 de noviembre donde también se aprobaron los estatutos y el plan estratégico 2018.
Al encuentro asistió Juan Trebino, subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación quien explicó: “Este es un doble compromiso. En primer lugar vamos a seguir en la misma línea de trabajo que marcó Brasil en su presidencia del año pasado, con altos estándares, y también nuestra meta es ser líderes en la región en cuanto a proponer buenas prácticas y procedimientos uniformes en lo que es la fiscalización ambiental, lo que lleva de manera asociada a una seguridad jurídica para el industrial. Así, desde el Estad,o nos aseguraremos el buen proceder de la industria.”
La Red Lafica es una organización integrada por instituciones públicas que ejercen funciones de fiscalización ambiental en los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Honduras, El Salvador, México, Panamá, Costa Rica y Bolivia.
Asimismo, busca fortalecer el rol de los organismos involucrados en la fiscalización y cumplimiento ambiental por lo que las entidades que la conforman trabajan para solucionar los problemas y efectos ambientales transfronterizos, desarrollar los indicadores asociados a la fiscalización y cumplimiento ambiental a nivel regional, fortalecer la capacidad de los profesionales a través de capacitaciones, así como compartir las prácticas internacionales, información y enfoques sobre problemas ambientales en los distintos países.
También participó del encuentro Silvia Vigide, directora de Fiscalización e Infracciones Ambientales de la cartera de Ambiente nacional.
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Fecha de Publicación: 13/12/2017
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La presidencia de la red será asumida por Argentina en enero 2018 y se extenderá hasta diciembre de ese año.
Argentina, representada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue elegida para asumir la presidencia de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (red LAFICA) que tiene como objetivo mejorar la fiscalización y el cumplimiento ambiental de toda la región latinoamericana. El evento de elección se llevó a cabo en Brasilia durante los días 28, 29 y 30 de noviembre donde también se aprobaron los estatutos y el plan estratégico 2018.
Al encuentro asistió Juan Trebino, subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación quien explicó: “Este es un doble compromiso. En primer lugar vamos a seguir en la misma línea de trabajo que marcó Brasil en su presidencia del año pasado, con altos estándares, y también nuestra meta es ser líderes en la región en cuanto a proponer buenas prácticas y procedimientos uniformes en lo que es la fiscalización ambiental, lo que lleva de manera asociada a una seguridad jurídica para el industrial. Así, desde el Estad,o nos aseguraremos el buen proceder de la industria.”
La Red Lafica es una organización integrada por instituciones públicas que ejercen funciones de fiscalización ambiental en los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Honduras, El Salvador, México, Panamá, Costa Rica y Bolivia.
Asimismo, busca fortalecer el rol de los organismos involucrados en la fiscalización y cumplimiento ambiental por lo que las entidades que la conforman trabajan para solucionar los problemas y efectos ambientales transfronterizos, desarrollar los indicadores asociados a la fiscalización y cumplimiento ambiental a nivel regional, fortalecer la capacidad de los profesionales a través de capacitaciones, así como compartir las prácticas internacionales, información y enfoques sobre problemas ambientales en los distintos países.
También participó del encuentro Silvia Vigide, directora de Fiscalización e Infracciones Ambientales de la cartera de Ambiente nacional.
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Localidades cordilleranas movilizados por los glaciares
En defensa de los glaciares
Fecha de Publicación: 12/12/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Las organizaciones de pueblos y ciudades cordilleranas rechazaron la modificación a la ley de glaciares y anunciaron que se movilizarán para garantizar el cumplimiento de la norma actual. “El Gobierno trabaja para favorecer a los grandes grupos empresariales”, denunciaron.
El Gobierno impulsa la modificación de la ley de glaciares para avanzar con megaminería en zonas prohibidas. Las asambleas socioambientales a lo largo de la Cordillera advierten que resistirán la modificación de la norma y movilizarán para su cumplimiento efectivo. Duras críticas al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, anuncios de mayor conflictividad y aumento de la criminalización.
El gobierno nacional tomó medidas en favor de la minería desde el primer mes de gestión, cuando anunció el quite de retenciones a la actividad. A inicios de 2017 dejó trascender que pretendía modificar la Ley 26.639 de “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” (más conocida como “ley de glaciares”) y derogar las leyes provinciales que limitan la actividad.
El 14 de noviembre, el presidente Mauricio Macri se reunió con Eduardo Elsztain (Grupo IRSA y accionista de la minera Austral Gold) y a Carlos Miguens (titular de M.B. Holdings, Agropecuaria Cantomi y director de Patagonia Gold). También participaron los ejecutivos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), los sindicatos Uocra (Unión Obrera de la Construcción) y AOMA (Asociación Obrera Minera), funcionarios provinciales y de los ministerios de Ambiente y Minería. Macri confirmó la modificación de la ley de glaciares.
La misma semana, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, sostuvo que las leyes de glaciares y de bosques son “grandes ideas irreales” y que su sanción respondió a una “épica legislativa”. Justificó su posible modificación.
El 4 de diciembre se cumplieron quince años de la primera gran movilización que se produjo en Esquel contra la megaminería y que tuvo un hito en marzo de 2003, cuando el 82 por ciento de la población votó contra la instalación de un proyecto minero. Los día 4 de cada mes se marcha en la ciudad, desde hace quince años.
“El gobierno está trabajando para favorecer los intereses de los grandes grupos empresariales y como ha venido pasando hace décadas sigue la línea de promover el extractivismo con argumentos de supuestas oportunidades económicas para la población. Las muestras de falsedad del beneficio económico y el riesgo socioambiental para las comunidades hace tiempo que es evidente, solo es preciso analizar la situación de los pueblos que vienen sufriendo la explotación megaminera”, alertó Corina Milán, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. “La mina Pascua Lama está sobre suelo periglaciar. Por lo cual, en San Juan no se cumple la ley”, denunció Nina D’Horacio, asambleísta de Esquel.
En Catamarca conocen de megaminería desde hace veinte años, cuando se instaló Minera Alumbrera (hoy en manos del consorcio Suizo-Canadiense Glencore, Goldcorp y Yamana Gold). En la misma zona, oeste provincial, el gobierno de Lucía Corpacci impulsa la instalación de Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Manifestamos nuestro enérgico repudio a las declaraciones del ministro Sergio Bergman. Exigimos que no se modifique la ley de glaciares. Que se haga efectivo la realización del inventario tal como lo dispone la ley, es decir que se releven los glaciares de cualquier tamaño y el ambiente periglaciar”, destacó el comunicado de una decena de asambleas socioambientales nucleadas en la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación).
Las asambleas catamarqueñas recordaron que en sus territorios está la mayor prueba “del engaño minero”, que no significó progreso. “Ya aprendimos que la megaminería no trae bienestar para los pueblos. Al contrario, nos sacan el agua, la contaminan y nos degradan social, cultural, económica y ambientalmente”, afirmaron.
Mendoza es una de las provincias que tienen leyes que limitan la megaminería. Y resisten desde hace años al lobby minero. Marcelo Giraud, de las asambleas mendocinas, precisó que el área de glaciares donde se prohíbe la minería es menor al uno por ciento del territorio nacional (exceptuando la Antártida). Destacó que todas las asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia “repudian terminantemente cualquier intento de modificar la ley de glaciares que tienda a reducir el área donde rigen las prohibiciones”.
Entre las medidas planificadas señaló que se avanzará en un plan de “re-concientización de los impactos mineros”. Recordó que la Ley de Bosques también corre el mismo riesgo y alertó sobre el intento de una ley de semillas en favor de las empresas transgénicas. “Todo se enmarca en la profundización del extractivismo, pero también esto suscitará crecientes resistencia en los territorios”, afirmó Giraud.
Recordó que el Inventario Nacional de Glaciares aún no está concluido a pesar de que la Ley preveía su terminación en un plazo de cinco años.
La Rioja echó a cuatro empresas mineras en los últimos diez años, entre ellas a la poderosa Barrick Gold. Jenny Luján, de la Asamblea de Chilecito, consideró que la norma es “una herramienta muy importante a la hora de fundamentar desde lo legal el no rotundo a la minería” en el Cordón del Famatina. “El agua es el mayor tesoro que tenemos, aún más en estas regiones, y la vamos a defender”, aseguró.
Desde la Asamblea de Chilecito alertaron que el avance extractivo también implica modificaciones en el sistema judicial para “legalizar la criminalización y judicialización de las protestas”. Luján también llamó la atención en el rol de los grandes medios de comunicación: “Transmiten una realidad ficcionada que demoniza a los movimientos campesinos, indígenas, socioambientales y agudiza la lucha de pobres contra pobres”.
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Fecha de Publicación: 12/12/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Las organizaciones de pueblos y ciudades cordilleranas rechazaron la modificación a la ley de glaciares y anunciaron que se movilizarán para garantizar el cumplimiento de la norma actual. “El Gobierno trabaja para favorecer a los grandes grupos empresariales”, denunciaron.
El Gobierno impulsa la modificación de la ley de glaciares para avanzar con megaminería en zonas prohibidas. Las asambleas socioambientales a lo largo de la Cordillera advierten que resistirán la modificación de la norma y movilizarán para su cumplimiento efectivo. Duras críticas al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, anuncios de mayor conflictividad y aumento de la criminalización.
El gobierno nacional tomó medidas en favor de la minería desde el primer mes de gestión, cuando anunció el quite de retenciones a la actividad. A inicios de 2017 dejó trascender que pretendía modificar la Ley 26.639 de “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” (más conocida como “ley de glaciares”) y derogar las leyes provinciales que limitan la actividad.
El 14 de noviembre, el presidente Mauricio Macri se reunió con Eduardo Elsztain (Grupo IRSA y accionista de la minera Austral Gold) y a Carlos Miguens (titular de M.B. Holdings, Agropecuaria Cantomi y director de Patagonia Gold). También participaron los ejecutivos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), los sindicatos Uocra (Unión Obrera de la Construcción) y AOMA (Asociación Obrera Minera), funcionarios provinciales y de los ministerios de Ambiente y Minería. Macri confirmó la modificación de la ley de glaciares.
La misma semana, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, sostuvo que las leyes de glaciares y de bosques son “grandes ideas irreales” y que su sanción respondió a una “épica legislativa”. Justificó su posible modificación.
El 4 de diciembre se cumplieron quince años de la primera gran movilización que se produjo en Esquel contra la megaminería y que tuvo un hito en marzo de 2003, cuando el 82 por ciento de la población votó contra la instalación de un proyecto minero. Los día 4 de cada mes se marcha en la ciudad, desde hace quince años.
“El gobierno está trabajando para favorecer los intereses de los grandes grupos empresariales y como ha venido pasando hace décadas sigue la línea de promover el extractivismo con argumentos de supuestas oportunidades económicas para la población. Las muestras de falsedad del beneficio económico y el riesgo socioambiental para las comunidades hace tiempo que es evidente, solo es preciso analizar la situación de los pueblos que vienen sufriendo la explotación megaminera”, alertó Corina Milán, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. “La mina Pascua Lama está sobre suelo periglaciar. Por lo cual, en San Juan no se cumple la ley”, denunció Nina D’Horacio, asambleísta de Esquel.
En Catamarca conocen de megaminería desde hace veinte años, cuando se instaló Minera Alumbrera (hoy en manos del consorcio Suizo-Canadiense Glencore, Goldcorp y Yamana Gold). En la misma zona, oeste provincial, el gobierno de Lucía Corpacci impulsa la instalación de Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Manifestamos nuestro enérgico repudio a las declaraciones del ministro Sergio Bergman. Exigimos que no se modifique la ley de glaciares. Que se haga efectivo la realización del inventario tal como lo dispone la ley, es decir que se releven los glaciares de cualquier tamaño y el ambiente periglaciar”, destacó el comunicado de una decena de asambleas socioambientales nucleadas en la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación).
Las asambleas catamarqueñas recordaron que en sus territorios está la mayor prueba “del engaño minero”, que no significó progreso. “Ya aprendimos que la megaminería no trae bienestar para los pueblos. Al contrario, nos sacan el agua, la contaminan y nos degradan social, cultural, económica y ambientalmente”, afirmaron.
Mendoza es una de las provincias que tienen leyes que limitan la megaminería. Y resisten desde hace años al lobby minero. Marcelo Giraud, de las asambleas mendocinas, precisó que el área de glaciares donde se prohíbe la minería es menor al uno por ciento del territorio nacional (exceptuando la Antártida). Destacó que todas las asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia “repudian terminantemente cualquier intento de modificar la ley de glaciares que tienda a reducir el área donde rigen las prohibiciones”.
Entre las medidas planificadas señaló que se avanzará en un plan de “re-concientización de los impactos mineros”. Recordó que la Ley de Bosques también corre el mismo riesgo y alertó sobre el intento de una ley de semillas en favor de las empresas transgénicas. “Todo se enmarca en la profundización del extractivismo, pero también esto suscitará crecientes resistencia en los territorios”, afirmó Giraud.
Recordó que el Inventario Nacional de Glaciares aún no está concluido a pesar de que la Ley preveía su terminación en un plazo de cinco años.
La Rioja echó a cuatro empresas mineras en los últimos diez años, entre ellas a la poderosa Barrick Gold. Jenny Luján, de la Asamblea de Chilecito, consideró que la norma es “una herramienta muy importante a la hora de fundamentar desde lo legal el no rotundo a la minería” en el Cordón del Famatina. “El agua es el mayor tesoro que tenemos, aún más en estas regiones, y la vamos a defender”, aseguró.
Desde la Asamblea de Chilecito alertaron que el avance extractivo también implica modificaciones en el sistema judicial para “legalizar la criminalización y judicialización de las protestas”. Luján también llamó la atención en el rol de los grandes medios de comunicación: “Transmiten una realidad ficcionada que demoniza a los movimientos campesinos, indígenas, socioambientales y agudiza la lucha de pobres contra pobres”.
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