En Misiones, el tráfico de fauna silvestre y la caza furtiva son las principales amenazas sobre la biodiversidad de la selva misionera

Fecha de Publicación: 18/04/2024
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Misiones


Esta problemática identificada como segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo y la cuarta actividad comercial ilegal, está entre las principales amenazas sobre la biodiversidad de la Selva Misionera o Bosque Atlántico. Para luchar contra estos delitos ambientales, el gobierno provincial y la organización WCS Argentina firmaron un convenio para elaborar un programa de acción en el territorio, orientadas a fortalecer la formación del personal que actúa frente al tráfico de fauna, y pusieron en marcha actividades de prevención y capacitación.
La caza furtiva y el tráfico de fauna silvestre generan preocupación ante el daño ambiental que este avance implica para la biodiversidad de la Selva Misionera o Bosque Atlántico en Misiones, ubicada al norte de la Argentina, compartiendo la ecorregión con Brasil y Paraguay.
En respuesta a este desafío, el gobierno provincial se une a WCS Argentina en un acuerdo estratégico para implementar un programa integral de prevención y control. Esta iniciativa busca fortalecer la capacitación de las fuerzas de seguridad y promover la cooperación internacional, reconociendo la gravedad de estas actividades ilícitas, que se sitúan como la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel global.
«La principal herramienta para abordar esta problemática será la ejecución de un plan integral de prevención y control, coordinando a todas las fuerzas de seguridad de la provincia, trabajando en colaboración con los países vecinos y fortaleciendo los centros de rescate», explicó Carina Righi, coordinadora del Programa de Prevención de Vida Silvestre de WCS, en una entrevista con ArgentinaForestal.com. Además del control, la capacitación y la educación se destacan como acciones fundamentales en este esfuerzo conjunto.
El tráfico de fauna silvestre ocupa un lugar destacado en el panorama delictivo global, siendo la cuarta actividad comercial ilegal después de la venta de drogas, la falsificación y el tráfico de personas. En Argentina, esta problemática se intensifica en las provincias del norte, donde la proximidad con países limítrofes facilita el tránsito transnacional de especies protegidas.
Misiones, con más del 52% de la biodiversidad de especies silvestres del país, se encuentra en una posición vulnerable ante este flagelo. Es reconocida internacionalmente por su riqueza natural al proteger el último reducto del Bosque Atlántico, pero enfrenta desafíos significativos en la protección de su fauna.
En este contexto, el reciente acuerdo entre el gobierno de Misiones y WCS Argentina busca reforzar la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre. Se han puesto en marcha acciones de prevención, formación y capacitación para las fuerzas de seguridad, destacando la importancia de la articulación entre instituciones para un control efectivo y una respuesta coordinada.
La capacitación del personal encargado del control es crucial para abordar esta compleja problemática ambiental. Carina Righi, con una sólida formación en ecología y conservación, lidera este esfuerzo desde WCS Argentina, destacando la necesidad de un enfoque multidisciplinario y una colaboración activa entre sectores público y privado.
El compromiso conjunto del gobierno provincial y las organizaciones ambientales refleja una determinación compartida para proteger la biodiversidad única de la Selva Misionera y combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre. Con una estrategia integral que incluye prevención, control y capacitación, se espera mitigar los impactos devastadores de estos delitos sobre los ecosistemas naturales y promover un futuro sostenible para la región.
En ese contexto, la semana pasada se llevó a cabo la firma de un acuerdo entre el gobierno de Misiones y la organización ambiental WCS Argentina, para promover acciones de prevención, formación y capacitación a las fuerzas de seguridad que llevan adelante las operaciones de control y fiscalización.
Del encuentro participó el ministro de gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, por WCS Argentina las biólogas Carina Righi, coordinadora del Programa de Prevención del Tráfico de Vida Silvestre y Laila López Roudard; el subsecretario de Seguridad y Justicia Ariel Marinoni y el director de Asuntos Jurídicos del ministerio de Gobierno, Pedro Armando Duarte.
Las representantes de WCS realizaron además diversas actividades en el territorio, entre ellas, organizaron el 11 de abril con el Ministerio de Gobierno de Misiones, a través de la División de Defensa del Medio Ambiente (DDMA), una Jornada de Prevención del Tráfico de Vida Silvestre en Puerto Iguazú.
De la capacitación dictada participaron 13 policías, y personal de WCS de Argentina y Brasil, quienes intercambiaron experiencias en las zonas fronterizas sobre el control del tráfico de fauna silvestre.
El Dr. Antonio Carvalho, coordinador del programa de crímenes contra la fauna silvestre de WCS Brasil, aportó su visión sobre las situaciones que se presentan en su país. Seguido, el subcomisario Esteban Sosa presentó el Protocolo de Actuación para Dependientes de la Policía de Misiones (DDMA), destacando que “es una herramienta necesaria y valiosa para el trabajo con fauna silvestre”.
En la jornada, este protocolo fue revisado, comentado y mejorado con la participación de todos los participantes del encuentro.
“La toma de decisiones respecto al manejo de situaciones antes los procedimientos de animales son fundamentales para la preservación de los individuos. El objetivo de estos protocolos es servir como una guía de fácil acceso donde los procedimientos a seguir con los animales estén explicados claramente, y permitan tener una visión de la correcta manera de actuar ante diversas situaciones para la toma de decisiones en forma eficiente. Así mismo proporcionar y colaborar con la labor diaria del personal a cargo de combatir hechos clandestinos e ilícitos registrados permanentemente, y que atentan contra la conservación de la fauna y flora silvestre del país”, resumió la coordinadora de WCS.
Tras finalizar las actividades programadas en la provincia, la coordinadora del programa de Prevención del Tráfico de Visa Silvestre de WCS respondió la entrevista y se refirió al escenario actual que se enfrenta respecto a esta problemática en el país y, en particular en Misiones; explicó en detalle sobre los alcances de la cooperación y la importancia de la alianza cerrada con el gobierno provincial para elaborar un programa de prevención y acciones estratégicas que permitan reducir estos delitos de gran impacto para la conservación de la biodiversidad de la Selva Misionera.
En este sentido, al tratarse de un delito ambiental complejo de abordar, se requiere fundamentalmente de formación y capacitación del personal que tiene actuación directa en el control. “Sería muy útil que las fuerzas de seguridad cuenten con personal formado en esta materia. Se requiere de un conocimiento profundo de las especies afectadas, las leyes internacionales y locales relacionadas, así como de las redes criminales involucradas. Una formación específica en este tema puede ayudar al personal a identificar, investigar y combatir de manera más efectiva este tipo de delitos”, explica Righi, quien es bióloga, especializada en ecología y conservación, con una maestría en gestión ambiental y tiene una Diplomatura en Derecho Ambiental.
Antes de unirse a WCS, Carina trabajó en diversas ONGs del país, liderando programas de conservación de especies, compromisos con el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Ha trabajado por 20 años en diversos proyectos de investigación y conservación con especies marinas y terrestres. Y fue miembro de diversas asociaciones zoológicas a nivel regional y global.
Su experiencia es amplia en el campo de los centros de rehabilitación de fauna, y redes contra el tráfico de vida silvestre, como la Red Argentina Contra el Tráfico Ilegal de Especies Silvestres.

Ver Nota Completa
.

Bajo el signo de la gestión de Milei: qué cambios tendrá la agenda para el saneamiento del Riachuelo

Fecha de Publicación: 17/04/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


El ente tripartito que debe encargarse de la tarea redujo en un 50% su estructura y tiene un presupuesto acotado; priorizará la limpieza y los tratamientos residuales; así lo explicó hoy el presidente del organismo designado por el gobierno nacional, Lucas Figueras
Con una exposición a libro cerrado, el nuevo presidente designado en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Lucas Figueras, que representa al gobierno nacional, presentó hoy el plan de acción del ente tripartito, integrado también por la Ciudad y la Provincia, para el saneamiento del Riachuelo, el cauce más contaminado del país en el que habita uno de cada 10 argentinos. Expuso en el Juzgado Federal Nº2 de Morón la agenda que definió –tras el cambio de gestión– cuál será el destino de la entidad este año. El funcionario ya ocupó el cargo durante la presidencia de Mauricio Macri y retoma el mando en un escenario de gran limitación presupuestaria para el organismo que recortó hasta el momento la mitad de su estructura.
Los ejes de la propuesta pretenden a través de un ente reducido enfocar los recursos en el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema en la causa “Mendoza” que en 2008 ordenó la recuperación de la zona tras el desastre ambiental. El diseño del manual de Acumar hizo referencia al cambio climático, definió qué obras serán prioritarias y que continúan en su gestión, adelantó la eliminación de contratos con intermediarios como los cooperativistas que hoy desempeñan tareas en la limpieza de los márgenes y superficie del río, cuál será la asistencia social que se mantiene en la población afectada y sentó las bases para ampliar y facilitar la radicación de empresas en la Cuenca.
El funcionario asistió a la Justica luego de ser citado por el juez Jorge Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº2 que ejecuta la sentencia  “Mendoza” en la que fueron condenados el Estado nacional, el provincial, y el de la Ciudad, Acumar y 44 empresas por daño ambiental. El motivo de la citación fue que hasta el momento el organismo había omitido presentar el informe trimestral sobre los avances en el Riachuelo. Rodriguez ordenó entonces que Figueras explique el plan de acción, los objetivos que pretende cumplir y las dificultades para alcanzarlos.
Por orden judicial la presentación no pudo ser delegada en otro funcionario y tuvo que realizarla el nuevo presidente, que adelantó el plan por escrito en el expediente al que accedió LA NACIÓN. En la audiencia también participaron los miembros del Cuerpo Colegiado que fueron designados por la Corte Suprema para auditar y monitorear los avances en el cumplimiento de la sentencia. No pudieron realizar preguntas ni intervenir en la exposición.

Ajustes
El plan de acción definió las políticas que se mantendrán y las que desaparecen. Un punto central fue el presupuesto acotado. Acumar tiene para este año fondos congelados de $19.000 millones, los mismos que tuvo en 2023 que le fueran asignado por la prórroga del Presupuesto Nacional de ese año, que fue elaborado en 2022, cuando la inflación anual no alcanzaba los tres dígitos como ahora. Acumar redujo la estructura del organismo en un 50% (pasó de 130 personas a 65) mediante la eliminación de las “unidades operativas cuya competencia se solapaba con otras áreas o no tenían una vinculación directa con el cumplimiento del Programa de Saneamiento que ordena el fallo”. En definitiva, señalaron desde el ente, desaparecieron las oficinas que repetían funciones o roles. “Se eligió mantener solo los recursos que están directamente vinculados a cumplir el fallo y se descontinuaron tareas como por ejemplo financiar una bicicleteada por la Cuenca”.
Por otro lado, sostuvieron, había tareas duplicadas como los muestreos de la calidad de aire, agua y suelos que realizaban tanto Acumar como Aysa y laboratorios por convenio. “Por supuesto que se va a mantener la continuidad del muestreo de calidad de aire y agua y suelos, pero a través del laboratorio que es propio de Acumar”, sostuvieron desde el organismo.
La reducción del ente, de acuerdo con Figueras, derivó en una disminución de gastos en la planta política, programas y acciones que no estaban vinculadas directamente con el cumplimiento del fallo a la vez que se suprimieron programas y fondos que sí estaban ligados al saneamiento. “Por ejemplo, la eliminación de intermediarios en los sistemas de planes sociales impide continuar, en los términos que venían desarrollándose, las vinculaciones con cooperativistas en la limpieza de márgenes”. El caso de los cooperativistas no nace del propio recorte de Acumar, sino que se trata de una consecuencia de la descontinuación por parte del Ministerio de Capital Humano del plan Potenciar Trabajo que impactó en la operación que realizaban estos grupos en la limpieza. Desde el organismo sostuvieron que están negociando con los municipios para que absorban el gasto para mantener su actividad.
El organismo a su vez evalúa la posibilidad de transferir progresivamente al Estado nacional y a los municipios que componen la Cuenca algunas responsabilidades y competencias, aunque no definió específicamente cuáles serían las tareas de las que se desligaría ya que se encuentra en tratativas con los gobiernos comunales.

Obras prioritarias en el Riachuelo
Las obras que aseguró su continuidad y que tienen el visto bueno del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, son las más grandes que provienen de financiamiento del crédito internacional del Banco Mundial. Una es el Sistema Riachuelo, que bordea el margen de la ciudad de Buenos Aires en un megacolector de 30 kilómetros de túneles que recolectan los desechos cloacales. Su construcción incluye el Emisario Subfluvial, que recorre 12 km del lecho del Río de la Plata para liberarlos en aguas abiertas y una planta de pretratamiento de los residuos que está avanzada en un 86%.
Por otro lado, informó que continuará con el Sistema Agua Sur, obra que está ejecutando Aysa y que se prevé que finalizará en 2027 para expandir la red de agua potable, y con la Planta Depuradora de Laferrere que tiene como fin tratar el líquido cloacal con impacto en 150.000 habitantes. Se está construyendo en La Matanza a la altura del arroyo Morales y avanzó un 14%.
Un punto que podría modificar la presencia de las empresas que componen la Cuenca es la puesta en funcionamiento del Parque Industrial de Curtidores, cuyas obras están demoradas. Si bien el crédito del Banco Mundial que lo financia termina en septiembre próximo, Acumar aseguró que cuenta con la aprobación del organismo para prorrogarlo y finalizar la planta de tratamiento de los contaminantes del polo de curtiembre radicado en Lanús, que estaría completada en un 75%.
“Por la crisis de los últimos años disminuyó casi en un 60% la cantidad de curtiembres que había activas al momento de iniciado el proyecto, lo que nos obliga a abrir más el abanico a otras industrias que trabajan en la Cuenca y que puedan ser incorporadas al Parque Industrial Curtidor, que no va a ser solamente curtidor, sino que abierto a más industrias para poder llegar al número de emprendimientos necesarios para poder operarlo”, sostuvieron a LA NACIÓN voceros de Acumar. Y agregaron: “La industria de curtiembre por el estilo de efluentes es de las más contaminantes, por lo que la planta de tratamiento va a tener capacidad de recibir industrias menos contaminantes que se adapten a su sistema, como frigoríficos, pinturerías y derivados.”.

Desafíos y asistencia social
El presupuesto reducido será un desafío para mantener la limpieza de los márgenes del río y el espejo de agua, terminar con la extracción y desguace de buques abandonados, limpiar los basurales –tarea que hoy realizan las empresas Covelia, ligada al gremio de camioneros, y Ashira– y terminar con el despeje del camino de sirga que libere finalmente las orillas de asentamientos y obstrucciones. Según detalló el organismo, esta última iniciativa se encuentra avanzada en un 89% y aún resta la relocalización de vecinos de la Villa 26 de la ciudad.
Otro desafío será conservar los humedales y áreas protegidas como las reservas naturales de Santa Catalina, Bosques Ciudad Evita y la Laguna de Rocha. Allí, deberán lidiar con la multiplicación en los últimos años de usurpaciones, asentamientos consolidados y desarrollos inmobiliarios no autorizados.
En cuanto a la asistencia social, Figueras detalló que habrá un refuerzo de los corredores sanitarios con los sistemas municipal, nacional y provincial, y en la atención ambulatoria en los barrios de difícil acceso mediante el uso de unidades móviles. Sostuvo que a los efectos de disminuir la mortalidad infantil se mantendrá el monitoreo de la situación ambiental epidemiológica, se consignarán nacimientos y defunciones por anomalías congénitas y enfermedades oncológicas y que estará garantizado “el acceso a la atención de alta complejidad neonatal”. Acumar pretende, a su vez, tener una mayor penetración en los barrios mediante mesas de participación vecinal sobre la “adaptación al cambio climático en lo referente a temperaturas extremas y catástrofes climáticas”.
Por último, Figueras sostuvo que habrá una revisión de los criterios para definir los barrios más vulnerables y el riesgo ambiental a través de un entrecruzamiento con los datos del Censo 2022.
En simultáneo la Corte Suprema ordenó a los dos juzgados federales que ejecutan la sentencia “Mendoza” que informen en los próximos 30 días los avances que hubo a 15 años del fallo. Uno es el que está a cargo del juez Rodríguez, en el que expuso hoy Figueras. El otro, es el Nº12 en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por Milei para integrar la Corte Suprema.
.

Cómo es el proyecto que enfrenta la caza deportiva de pumas, guanacos y zorros en Santa Cruz

Fecha de Publicación: 17/04/2024
Fuente: El Diario Nuevo Día
Provincia/Región: Santa Cruz


Los ambientalistas de todo el país están en alerta. Tras años de fuertes batallas por crear conciencia social, un puñado de políticos decidió que las vidas de miles de animales entren en jaque. Carlos Godoy, el diputado provincial, busca poner un freno legal.
La fauna autóctona de nuestro país está siendo amenazada. En pleno 2024 cuesta imaginar que imágenes tan crueles como las que se viralizaron en las redes sociales en los últimos días sean una realidad. Pero lamentablemente así es, en el sur de nuestro país existen personas que están a favor de que existan cercos sobre los que se extienden, cuál sábanas, los cuerpitos de zorros grises y colorados... "Es algo turístico", "esto siempre existió", "hay muchas familias que viven de esto", son algunas de las excusas que se escuchan, ¿pero quién escucha la voz de los animales?

El origen del repudio
Hace unos días, el Consejo Agrario Provincial de la Provincia de Santa Cruz abrió "la temporada de caza deportiva 2024 en la provincia de Santa Cruz".
Sí, como si se lanzará la temporada primavera-verano de una marca, una provincia anunció que del 1 de abril al 31 de agosto hay piedra libre para capturar guanacos, pumas, zorros colorados, zorros grises, jabalíes, conejos europeos, liebre europeas y visones.
Según la Ley 2373 de Fauna Silvestre de la provincia solo hace falta cumplir una serie de requisitos: entregar dos fotos tipo carnet, fotocopia de D.N.I., certificado de antecedentes penales, formularios completos y el comprobante del pago del arancel correspondiente, que para extranjeros cuesta entre 42 mil y 47 mil pesos -un número que ofende-.

El proyecto que busca frenar la medida
Carlos Godoy, el diputado del bloque Unión por la Patria que el jueves 11 de abril llevó el descontento de miles a la Legislatura, nos dijo: "Esto de la caza deportiva se viene haciendo hace tiempo, hace unos cuatro años, y a nosotros, que recién empezamos la gestión, nos parece importante que se deroguen estas resoluciones y estas leyes porque la forma de pensar cambió".
"Creo que es fundamental defender las especies autóctonas que tenemos en Santa Cruz, como son los guanacos, el zorro colorado o el puma", afirma Godoy y tira del hilo del ovillo que comenzó a rodar mediáticamente: "Trajo mucho repudio que el gobierno provincial, por medio del Consejo Agrario Provincial, promocione la caza deportiva como una actividad novedosa para que individuos de otras provincias o de otros países vengan a hacer esta actividad a la zona cuando es una aberración. De esa manera lo planteamos y lo fundamentamos en la sesión, porque no puede ser un deporte matar".

El proyecto de resolución
Carlos Godoy, Elba Ponce, Carlos Alegría, Daniel Peralta y Eloy Echazú presentaron el siguiente documento ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz pidiendo "suspender de manera urgente la temporada de caza deportiva de especies habilitadas por el Consejo Agrario Provincial".
A su vez, pidieron saber con qué fundamento se establece el permiso de cazar "dos guanacos por día, un puma y un zorro colorado por semana, y un zorro gris por quincena". Sin contar que la cacería de las especies exóticas (el visón, el conejo europeo, la liebre europea y el jabalí) no tiene límite.

La primera respuesta de los políticos
"Nosotros para poder frenar la cacería necesitábamos 16 votos, 16 manos de diputados, y logramos solamente 12. Por lo que lamentablemente el proyecto pasó a comisiones, lo que significa que se va a tratar por lo menos durante quince o veinte días más, y mientras tanto se van a seguir matando de manera deportiva especies autóctonas de la zona", comenta con pesar y asegura que los legisladores que votaron en contra "están siendo muy repudiados en sus localidades y en toda la provincia".
"Con todo el repudio que hubo en la provincia pensábamos que iban a acceder de entrada al proyecto de resolución, pero como no fue así, ahora estamos avanzando en paralelo con un proyecto de ley que va a ir acompañado por las firmas que están juntando en Change.org", anticipó.

Alternativas que salvarían vidas
Carlos Godoy, el diputado de Río Turbio, Santa Cruz, detalla: "Nosotros planteamos que hay que trabajar en otras alternativas. Si bien los guanacos están muy presentes a la vera de la ruta en Santa Cruz, y en época invernal eso es algo preocupante, existe la translocación a otras provincias, algo que ya hemos hecho en el pasado".
"En cuanto a los pumas, ahí hay intereses encontrados, porque los que propician la caza deportiva son los estancieros que manifiestan que los pumas terminan matando al ganado, pero nosotros remarcamos que existen otras alternativas que funcionan en otras provincias como introducir la mula y el burro, que son especies que espantan al puma, y luces intermitentes, que cumplen el mismo fin. Sin ir más lejos, yo vivo cerca de Torres del Paine que es un Parque Nacional que promociona el avistaje de los pumas. ¡Hay alternativas! Tenemos que evolucionar", enfatiza el amante de los animales que va a seguir trabajando porque se derogue la ley que permite la cruel cacería.

Junta de firmas
Un grupo de vecinos comenzó en Change.org una juntada de firmas para "prohibir la caza deportiva de animales en Santa Cruz y en todo el territorio nacional". La misma va a ser utilizada para acompañar el proyecto de ley que se está redactando en este momento para proteger a nuestras especies autóctonas. Podés sumar tu firma ingresando al siguiente link: https://www.change.org/p/prohibir-la-caza-deportiva-de-animales-en-santa-cruz-y-en-todo-el-territorio-nacional
.

Ley de Agroquímicos: Diputados escucharon a ambientalistas

Fecha de Publicación: 13/04/2024
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


La comisión de Recursos Naturales recibió a referentes ecologistas para enriquecer el proyecto de ley de Agroquímicos, que avanza en su tratamiento.
Se reunió nuevamente la comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara Baja para continuar con el debate sobre el proyecto de ley de Agroquímicos, formalmente llamada "Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios".
En el Salón de los Pasos Perdidos continuaron el abordaje del proyecto junto con representantes de organizaciones ambientalistas, quienes dieron a conocer sus opiniones sobre la iniciativa.
El presidente de la comisión, Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), consideró que fue una reunión “muy positiva” con más de 10 oradores. “Como habíamos dicho, cada 15 días convocamos a los diferentes actores de la sociedad civil, fundamentalmente relacionados al ambiente, salud y producción, a los funcionarios y a toda la gente que entienda que tiene algo para aportar”, manifestó.
El legislador indicó que cuando llegue el momento la comisión emitirá el dictamen con el consenso de los diputados. “Tenemos responsabilidad de gobierno y de legislar. Por eso tenemos que avanzar en estándares mucho más modernos en términos ambientales, tener consideración sobre la salud de la población y darle algún tipo de previsibilidad a los productores”, agregó.

Palabra de ambientalistas
Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, una de las entidades que estuvo presente en el encuentro, expresó: “Vinimos a exponer lo que se viene discutiendo hace más de 20 años sobre el modelo de producción y la incidencia que tienen los productos que se utilizan sobre la salud de la población”.
“De acuerdo con lo que ha expresado la Justicia, el Estado debe reglamentar la actividad a través de un rigorismo científico que demuestre que no habrá ningún tipo de consecuencias sobre la salud”, agregó Sasia.
En la anterior reunión, realizada el 26 de marzo, los legisladores escucharon la opinión de especialistas del ámbito de la salud pertenecientes a diferentes organismos vinculados con la temática.
.

El viernes se realiza la audiencia preliminar por la masacre de pingüinos en Punta Tombo

Fecha de Publicación: 11/04/2024
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Chubut


El próximo viernes 12 de abril, desde las 9 , en la Oficina Judicial de Rawson se prevé el inicio de la audiencia preliminar al juicio por la causa conocida públicamente como la masacre de pingüinos de Punta Tombo.
La Fiscal Jefe de Rawson, Florencia Gómez llevó adelante toda la investigación, presentó la hipótesis del caso conforme las pruebas y testimonios recabados, “los hechos que se investigaron son de extrema crueldad hacia la vida animal, de forma desmesurada, al momento de realizar el trazado de los caminos, desmonte, triángulo y tajamar, en presencia de Pingüinos de Magallanes en época reproductiva” señaló.
La destrucción de sus nidos y hábitat reproductivo, también connota un impacto para la especie, debido a sus características de historia natural.
El hecho tuvo lugar en el núcleo de Reserva de Biosfera de la UNESCO Patagonia Azul, que constituye un espacio que alberga el 40% de la población reproductiva mundial del pingüino de Magallanes, siendo este sector una de las áreas de mayor relevancia global para la reproducción de la especie.
En la audiencia de apertura que se concretó con antelación, tras el avance en la investigación, y en línea con los daños ocasionados por maquinaria pesada sobre una de las Colonias de pingüinos de Magallanes en la Provincia del Chubut, la jueza Breckle dispuso la apertura de investigación por el plazo de 6 meses.
Así, el próximo viernes la audiencia preliminar contará con la presencia de representantes del Ministerio de Ambiente de Nación, Greenpeace, National Geographic, Ministerio de Ambiente de Chubut, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Fiscalía de Estado y Patagonia Natural, CONAE, UFEMA, todos en carácter de querellantes.

El caso
Cabe recordar que se investigaron los hechos ocurridos entre los días 10 de agosto y 26 de noviembre de 2021, cuando sin autorización previa sobre impacto ambiental y mediante la utilización de maquinaria pesada (retro excavadora) produjo daños sobre fauna y flora silvestre autóctonas del lugar, sito en Punta Clara “Estancia La Perla
Dicho establecimiento que limita con el Área Natural Protegida de Punta Tombo, lugar que se encuentra dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas (El Área Punta Tombo – Punta Clara es a su vez, núcleo de la Reserva Biosfera de UNESCO Patagonia Azul), siendo además designada internacionalmente como Área de importancia para la Conservación de las Aves (AICA).

Contexto del daño
En momentos en el que mediante la utilización de maquinaria pesada, retro excavadora, se trazaron caminos, se realizó desmonte y movimientos de suelo sobre el Área de colonia de Pingüino de Magallanes y sobre la ribera marítima, generando daños varios a la especie de fauna silvestre protegida aludida y el consiguiente impacto ambiental de carácter irreversible.
Dicha franja atravesó un área de nidificación de pingüinos de Magallanes, incluyendo zonas de alta densidad de nidos, trazó sobre la colonia, en al menos dos oportunidades, un camino de 170 mts de largo y de 3 mts a 6 mts de ancho, desmontando la vegetación nativa de dicha franja.

El alambrado
Sobre el trayecto de la franja, se instaló un alambrado de 6 hilos, que anexa un boyero electrificado, conectado a una batería con alimentación solar, el que impidió el libre tránsito de la fauna nativa, encontrándose en varios sectores a una altura que impedía el paso de los pingüinos. Parte de la remoción de vegetación y/o suelo con maquinaria pesada, fue realizado en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.

Sobre el informe técnico científico
Del informe realizado por los expertos surge que se pudo observar el trazado de caminos, desmontes y movimientos de suelo sobre el área de la colonia de Pingüinos de Magallanes y sobre la ribera marítima.
Asimismo, que la construcción de los caminos y desmontes provocaron la destrucción den 2.049 mts2  del hábitat de nidificación del Pingüino de Magallanes. Al menos, el 58% de esta superficie de nidificación (1.181 mts2) corresponde al desmonte y triángulo, la que fue impactada el día 26 de noviembre de 2021, como indican las imágenes satelitales y evidencia fotográfica, en plena temporada reproductiva, cuando los pingüinos estaban en sus nidos incubando huevos o empollando pichones menores a 1 mes de vida.

Imágenes satelitales
Surge, de las observaciones en el lugar de los sucesos, y las imágenes satelitales, un desmonte de 770 mts2 y el triángulo de 411mts2 realizados el día 26 de noviembre de 2021 fecha en la que los Pingüinos se encuentran en sus nidos con pichones chicos, y en algunos casos también con huevos por eclosionar.
Se pudo verificar y constatar que se realizaron al menos dos pasadas de maquinaria pesada en la zona, una anterior al tendido del alambrado, y la otra después del tendido.
Se concluyó que el primer camino se realizó entre los días 10 y 14 de agosto de 2021, lo que coincide con las estimaciones a campo realizadas respecto de la primera pasada de la máquina (90 días antes del peritaje).
De acuerdo a las imágenes satelitales, se desprende que las alteraciones al ambiente realizadas en las zonas de desmonte y triángulo fueron realizadas entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021, periodo que coincide con el nacimiento y crianza de pichones.
La Fiscalía de Rawson, representada por su Fiscal Jefe Florencia Gómez concluyó que conforme los hechos investigados corresponden a todas luces, con el delito de Daños Agravados en concurso real -tres hechos-, concursando idealmente el Hecho N° 3 con la Figura de Actos de crueldad a los animales, según lo previsto y reprimido por los arts. 45°, 54°, 55°, 184° incisos, 5° del CP y Artículos 1° y 3° Inciso 7° de la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de crueldad a los animales. Todo ello en relación con el Art. 41° y 124° Constitución Nacional, Art. 99° y 104° Constitución de Chubut, Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), Convenio sobre Diversidad Biológica (Ley 24.375), Convención sobre las Especies Migratorias de Animales Silvestres (Ley 23.918), Ley Política Ambiental Nacional N°25.675 art.27, Art. 14°, 240° y 241° CCy CN y Ley Yolanda 27.592 (Ley N° 1173). No se advierte en el caso la concurrencia de causas de justificación ni circunstancias de inculpabilidad que a criterio de este Ministerio Público puedan ser alegadas con éxito.
.

La Corte Suprema pidió informes a ACUMAR por el incumplimiento del fallo de saneamiento del Riachuelo de 2008

Fecha de Publicación: 11/04/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo


A dieciséis años del fallo que ordenó el saneamiento del Riachuelo, la Corte Suprema de la Nación pidió hoy a ACUMAR y a la Justicia de Morón informes que expliquen el incumplimiento de esa tarea.
A dieciséis años del fallo que ordenó el saneamiento del Riachuelo, la Corte Suprema de la Nación pidió hoy a ACUMAR y a la Justicia de Morón informes que expliquen el incumplimiento de esa tarea.
La diligencia encargada por el máximo tribunal se enmarca en la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza Riachuelo)", que se dictó en 2008.
La Corte solicitó informes a ACUMAR y a los juzgados Criminal y Correccional Federal N° 12 y Criminal y Correccional Federal N° 2 de Morón, a los fines de "evaluar el grado de cumplimiento de la condena dictada el 8 de julio de 2008 en la causa Mendoza, vinculada al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo".
En esa resolución se condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo a cumplir con el Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
El plan debe perseguir tres objetivos simultáneos, consistentes en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
Ante las deficiencias advertidas en el cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, el 27 de diciembre de 2016 la Corte había requerido a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo que estableciera indicadores para medir el grado de ejecución de la decisión judicial e informara un calendario de cumplimiento de los objetivos propuestos.
El 9 de noviembre de 2017, la Corte afirmó que el informe presentado por la autoridad administrativa resultaba insuficiente y no respetaba los términos de la sentencia, razón por la cual le solicitó su readecuación.
A raíz del tiempo transcurrido, la Corte ahora requirió a ACUMAR que "en un plazo de 30 días presente un informe circunstanciado sobre el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones judiciales, con particular referencia a los plazos ciertos informados y, en su caso, la debida justificación de los incumplimientos".
El alto tribunal también señaló que la ejecución de la sentencia se encuentra delegada en los magistrados a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.
A éste le corresponden las competencias vinculadas al control de los contratos del plan de obras de provisión de agua potable y cloacas, del tratamiento de la basura y de su nivel de ejecución presupuestaria, mientras que al primero las restantes competencias que comprendan la cuenca baja, media y alta.
Por lo tanto, a los fines de evaluar el estado de cumplimiento de la sentencia del año 2008, el máximo Tribunal del país también ordenó a esos juzgados que presenten en un plazo de 30 días un informe sucinto y suficiente sobre el estado de los expedientes que se encuentren en trámite vinculados a la ejecución de la decisión.
.

Tras el análisis de las muestras tomadas en el Paraná, multarán a la empresa Papel Misionero

Fecha de Publicación: 10/04/2024
Fuente: El Terrritorio
Provincia/Región: Misiones


La empresa, explicó que la mancha blanca en el río, fue debido a un hecho aislado por la rotura del caño de descarga de efluentes a una altura por encima del pelo de agua, provocando que el vuelco de efluente ya tratado libre sobre el Paraná generara espuma
En los últimos días se conoció el resultado del análisis hecho a las muestras tomadas en el río Paraná, el pasado mes de marzo, al detectarse en el agua una mancha de espuma frente a Puerto Mineral, municipio de Puerto Leoni, correspondiente a una fuga del caño de descarga de efluentes de la empresa Papel Misionero.
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables tomó conocimiento del hecho a raíz de una denuncia pública y llevó adelante una inspección y se tomaron muestras en el lugar, con la presencia del Subsecretario de Ecología, Facundo Ringa, del Director de Recursos Vitales, Ing. Juan Antonio Statkiewicz, y del Director de Impacto Ambiental, Geólogo Franco García Sosa.
La empresa, explicó que la mancha blanca en el río, fue debido a un hecho aislado por la rotura del caño de descarga de efluentes a una altura por encima del pelo de agua, provocando que el vuelco de efluente ya tratado libre sobre el Paraná generara espuma.
El análisis de las muestras recolectadas se realizó en el Laboratorio Central de la Provincia de Misiones, que funciona en el Parque Industrial, y concluyó que en los efluentes detectados en el río había valores que se encontraban fuera de los estándares permitidos por la normativa vigente, por lo que se configura una infracción ambiental.
Si bien estos valores arrojados no significan un peligro para la salud humana, igualmente configuran una infracción ambiental por superar los límites permitidos por la norma, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes por el incidente en la Dirección de Asuntos Jurídicos, donde se determinará la multa que se aplicará a Papel Misionero.
Además, desde el Ministerio de Ecología se procederá a llevar adelante un seguimiento estricto y un monitoreo con nuevas tomas de muestras periódicas a los fines de corroborar el cumplimiento de la normativa vigente, asegurando así el cuidado de los recursos naturales de nuestra provincia.
.

La media sanción de un nuevo código minero pone en alerta a las asambleas por el agua pura

Fecha de Publicación: 08/04/2024
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Mendoza


La aprobación parcial en la Cámara de Diputados de Mendoza de un nuevo Código de Procedimientos Mineros “es la punta de lanza de la megaminería”, sostienen las asambleas ambientales que consiguieron detener su avance en 2019 y se declararon en estado de alerta y movilización.
El gobierno de Mendoza presentó en marzo en la Legislatura provincial un proyecto de ley para modificar el Código de Procedimientos Mineros. Desde la administración del radical cambiemita Alfredo Cornejo, sostienen que el objetivo es “modernizar normativas vigentes desde 1945 para agilizar los procedimientos y darle un fuerte impulso a la minería metalífera”, con epicentro en el departamento de Malargüe que se propone como una nueva meca para el extractivismo del cobre.
“Esta iniciativa viene a transparentar, a mejorar los procedimientos, sanciones y controles en una actividad que debe tener regulaciones claras y controles eficientes”, sostuvo en marzo el gobernador que desde Canadá, cuna de muchas de las más grandes multinacionales mineras, anunció la presentación de este proyecto.
Este martes 3 de abril, con 35 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados provincial le dio media sanción al proyecto del Ejecutivo que actualiza el marco normativo de la minería en la provincia. “El Código de Procedimientos Mineros es el que reglamenta cómo aplicar administrativa y procedimentalmente el Código de Minería de la Nación. Así como existe un Código Penal Nacional y las provincias tienen los códigos de procedimiento penales, lo mismo sucede con este código”, sostiene Marcelo Giraud, asambleísta socioambiental de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y docente, en diálogo con Canal Abierto.
Con la excusa de lo obsoleto del código vigente “Cornejo envió este proyecto de ley para -según ellos- modernizar, transparentar y agilizar los procedimientos relativos al otorgamiento y mantenimiento de las concesiones mineras de la provincia, de cómo los empresarios mineros titulares de concesiones deben ir avanzando hasta llegar a la eventual explotación de un yacimiento, y también de cómo se puede producir la caducidad de esas concesiones”.
“Quien venía fogoneando esta ley es Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de la provincia -¡ups! lindo oxímoron ese ministerio-. Para eso logró el acuerdo de varios partidos que venían cabildeando en relación a la megaminería. La aprobación se dio con el apoyo de sectores del peronismo, del PRO, del oficialismo de la UCR, de Unión Mendocina (LUM) e incluso el voto del Partido Verde”, comenta en comunicación con Canal Abierto Ramón Gómez Mederos, ambientalista e integrante histórico de la CTA de la vecina San Juan. “La particularidad que tiene el problema del agua en la región es que las cuencas son compartidas y lo que suceda en Mendoza afecta también a San Juan y La Pampa”.
Entre quienes votaron en contra hay 6 diputados y diputadas de LUM, fuerza aliada a la Libertad Avanza, 3 del PJ y una diputada del Frente Renovador. El voto favorable más cuestionado fue el de Emanuel Fugazzotto, legislador por el Partido Verde, fuerte opositor al momento de presentarse esta reforma. “Sin dudas este código es mucho mejor del que llegó para el ambiente y eso es gracias al Partido Verde. Nunca fue una opción para nosotros esquivar los debates o abstenerse a todo como hacen algunos”, sostuvo en un extenso hilo publicado en la red social X justificando su decisión en la cámara.

No pasarán
Esta novedad puso en alerta a las organizaciones ambientales de una provincia que tiene el orgullo de haber detenido el avance de la megaminería. Primero, cuando en el año 2007 logró la sanción de la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en los procesos mineros de forma de proteger y garantizar el agua, escasa en la región y fundamental para su economía. Y luego, en 2019, cuando el 23 de diciembre la “marcha más grande de la historia” de la provincia “en defensa del agua pura”, hizo retroceder al gobernador Rodolfo Suárez en su intención de modificarla.
“Desde las asambleas mendocinas por el agua pura la lectura que hacemos es ante todo política. Repudiamos este avance como punta de lanza de una política minera por parte del Estado provincial en absoluta sintonía con la política del Estado nacional y en continuidad con lo que venían llevando adelante los gobiernos anteriores, pero dando una vuelta de rosca, buscando facilitar y profundizar este modelo”, explica Giraud.
“Señalamos la ceguera y la obstinación del gobernador Cornejo y de sus funcionarios y legisladores en no querer aceptar lo que la ciudadanía mendocina ya les dijo de una manera muy contundente en diciembre de 2019: No queremos megaminería metalífera en nuestra provincia”.
Según la lectura de los asambleístas el Gobierno pretende apurar la exploración de decenas o cientos de áreas mineras, principalmente en el departamento de Malargüe, zona del sur provincial con menos áreas naturales protegidas. “Allí, gobierno y empresarios dicen que habría una supuesta licencia social para la práctica de la minería, pero esa licencia social no es tal, hay una importante proporción de la población malargüina que tampoco quiere megaminería”.
“Cualquier explotación que se realice en ese departamento pondría en riesgo las aguas de los ríos Atuel, que continúa por San Rafael y General Alvear y riega el oasis mendocino, y el Río Grande que es el principal afluente del Colorado e implica también a las aguas interprovinciales incidiendo en las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires”, describe el ambientalista.
Lithium Americas, Pan American Silver, Lundin Mining, Barrick Gold son algunas de las megamineras canadienses a las que Cornejo intenta abrir la puerta de la provincia. “En este ofrecimiento al capital transnacional minero Cornejo también anunció que iban a crear o pretenden crear el distrito minero Malargüe Occidental que comprende más de 200 concesiones mineras de las cuales más de 80 están en plena vigencia. Dentro de este área se encuentran los proyectos de exploración ya autorizados y en marcha de Cerro Amarillo, El burrero, Las Choicas y La Adriana. Justamente, en la cordillera malargüina amplias porciones corresponden al ambiente glaciar y periglacial, el mismo ambiente que el Gobierno Nacional pretendía eliminar de la Ley de Protección de Glaciares con la caída Ley Ómnibus”.

Aberración ambiental y jurídica
Para el distrito minero Malargüe Occidental, la intención del gobierno provincial es aprobar en bloque las concesiones. “Es un disparate jurídico, un atropello al derecho ambiental aprobar en bloque la exploración de todos los proyectos que se encuentren en ese distrito minero. Nosotros entendemos que las leyes ambientales requieren que cada proyecto pase por un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental específico y no se puede aprobar en bloque decenas o cientos de proyectos como si todos fueran lo mismo”, sostiene Giraud.
Una semana atrás se conoció la noticia de la reactivación del megaproyecto minero San Jorge, en Uspallata, que fue absolutamente rechazado por la ciudadanía mendocina e inclusive por la propia Cámara de Diputados en el año 2011. Los actuales concesionarios, capitales rusos, presentaron una nueva evaluación de impacto de un proyecto muy similar al anterior que ya fue rechazado. “Este proyecto pone en altísimo riesgo al principal oasis productivo de nuestra provincia donde vivimos más de la mitad de la población provincial. Hace 15 días fue reactivado administrativamente por parte del gobierno provincial cuestión que rechazamos absolutamente y nos motiva suma preocupación”, concluye el ambientalista.
.

Quedó habilitada la "caza deportiva" de guanacos, zorros y pumas en Santa Cruz

Fecha de Publicación: 05/04/2024
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Santa Cruz


El Consejo Agrario Provincial dio detalles de los aspectos que debe tener en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos y qué especies se pueden cazar?
El pasado lunes 1 de abril, comenzó la temporada de Caza Deportiva en Santa Cruz. A través de una resolución, el Consejo Agrario Provincial dio detalles de los aspectos que debe tener en cuenta cada cazador para adecuarse a la normativa. Además, dieron a conocer cuántos ejemplares de las especies se pueden cazar por día.
De esta manera, explicaron que la Caza Deportiva se extenderá desde el 1 de abril al 31 de agosto de 2024. En tanto, aclararon a todas las personas que deseen participar en la temporada de caza, deben contar con la extensión o renovación de las Licencias de Caza Deportiva 2024, que tienen validez anual.
En este marco, deben presentar: dos fotos tipo carnet; fotocopia de D.N.I; comprobante de pago arancel correspondiente Certificado de Reincidencia Nacional (Antecedentes penales); fotocopia de cédula de legítimo usuario y cédula/s de la/s armas autorizadas; permiso del propietario del campo o apoderado, certificado por Juez de Paz y formulario de declaración Jurada de Información personal.

CUÁNTOS EJEMPLARES SE PUEDEN CAZAR
🔸Zorro Colorado: 1 (uno) por semana
🔸Zorro Gris: 1 (uno) por semana
🔸Puma: 1 (uno) por semana
🔸Guanaco: 2 (dos) por día
🔸Visón, Liebre Europea, Conejo Europeo, Jabalí: Sin límite, por ser especie exótica invasora.
En tanto, recordaron que queda prohibida la caza “en todas sus modalidades” de todas las demás especies de Fauna Silvestre que no se encuentran especificadas en el documento.
.

Santa Cruz intimará a YPF por el relevamiento del pasivo ambiental

Fecha de Publicación: 30/03/2024
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Nacional


Así lo confirmó el secretario de Ambiente, Sebastián Georgión. Afirmó, con documentación en mano, que la operadora "incumplió" sus obligaciones ambientales. Remarcó que de lo previsto en el contrato de prórroga, sólo se invirtió el 23%.
En medio de la tensión que se generó en torno a la decisión de YPF de protagonizar, en principio, un retiro “desordenado” de las áreas maduras que opera en Santa Cruz, aparece en la mesa de debate el pasivo ambiental que deja en la provincia la petrolera, a lo largo de ocho décadas de actividad.
Santa Cruz tiene un andamiaje jurídico que permite obligaciones ambientales a las empresas que operan en la provincia. No sólo está contemplada en la Ley 3.117, marco de las prórrogas de las concesiones hidrocarburíferas, sino también en la Ley 3.122 de Saneamiento Ambiental.
Bajo esas dos normas, el secretario de Ambiente de Santa Cruz fue contundente: “YPF incumplió“. En diálogo con el programa Café y Noticias por Radio Al Sur, el funcionario le marcó a esta periodista que “el pasivo ambiental data de la época de los años 50, lo venimos heredando y nadie le encuentra una solución”.
Recordó que en el caso de YPF, en el contrato firmado con la provincia para la prórroga de sus concesiones, el cual fue ratificado por ley, allí se cuantificó el pasivo “en 8 de las 10 áreas“, pero “no se llegó a relevar el 100%”, marcó Sebastián Georgión.

Incumplimiento
Ya en ese momento “quedó el compromiso de la empresa de avanzar en completarlo” y mientras lo hacían, el contrato establecía una inversión anual de USD 20 millones para la remediación y evaluación de todo ese pasivo. Sin embargo, en estos 12 años de concesión que se llevan, “sólo cumplió con el 23% de lo acordado“.
Puso por ejemplo el tema de las piletas de petróleo. “Hay unas 7.000 piletas entre todos los yacimientos, debían remediar unas 1.000 piletas por año, no pasó”. En ese sentido, reveló que a la fecha “estuvimos analizando casi 1.500 actas y documentos” que se le hicieron a YPF, donde las conclusiones de los mismos “en su gran mayoría es ¡no cumplió!”, por eso es que la postura de la Secretaría de Ambiente es que YPF no cumple con los requerimientos ambientales. Y se señaló que la operadora, sobre las intimaciones para que se adecúe a la Ley 3.122, “siempre buscó dilatar los tiempos”.
El funcionario destacó que en la secretaría, ante eso, “se generó un sumario y la multa correspondiente“. Ahora, además de “invitarlos a que cumplan con la Ley de Saneamiento, los estamos intimando para que presenten el relevamiento total del pasivo ambiental de la totalidad de sus áreas”. “La empresa no respeta los acuerdos firmados, por lo que el antecedente no es bueno“, reafirmó Georgión.

Cuantificación
A la hora de la “cuantificación” del pasivo ambiental, Santa Cruz tiene a su favor, si el reclamo llega a las últimas instancias (léase la judicial), que existe, en el contrato de prórroga, el reconocimiento de un pasivo ambiental valuado en “entre unos USD 2.500 y USD 3.500 millones“, en consonancia con aquel primer relevamiento que se hiciera en 2010, previo a la estatización de YPF.
“Hay que recordar que en aquel momento el contexto en el que se hizo difiere mucho del actual” y marcó algunas críticas al estudio realizado. “Un relevamiento completo lleva mucho más que 6 meses“, advirtió.
Más allá de eso, reiteró que se ultiman los detalles para enviar una intimación formal a YPF para que presente “la cuantificación exacta de los pasivos” y si no lo hace, “habrá que ver las decisiones que se toman”. Pero dejó en claro que en las negociaciones “que lleva adelante el gobernador Claudio Vidal, el tema ambiental no está aislado” y se tiene muy presente.

Debate
Sebastián Georgión recordó que el tema ambiental durante muchos años no era algo que se pusiera sobre la mesa y eso cambió en los últimos tiempos, “porque el mundo también cambió“. De todas formas, “siempre estamos cruzados, transversalmente, por una cuestión de contexto político y económico, con una situación bastante compleja y que nos encuentra en esta negociación y cuál es la mejor opción para el desarrollo de Santa Cruz”.
Ahora bien, ese debate “nos tiene que encontrar unidos” y más allá de lo que se hizo antes (desde el área que él hoy conduce), “lo que nosotros queremos es mejorar hacia adelante”.
Y volviendo al tema del incumplimiento, el funcionario marcó que “nosotros cumplimos con todos los pasos administrativos” que se debían dar. Y no es un tema menor y puso a la “negociación” como primordial “y predominante a la hora de resolver el tema de áreas”.
“Tenemos que priorizar y tener los pies sobre la tierra, y ver cómo sacamos el mejor rédito de nuestros recursos no renovables, pero no en desmedro a la sociedad, sino todo lo contrario”, ratificó Georgión.
En este punto, volvió a remarcar la postura de la Secretaría de Ambiente que él conduce: “Planteamos que YPF incumplió con sus compromisos ambientales, esa es nuestra postura: la empresa no cumplió”.
Que la empresa cumpla con sus compromisos ambientales no sólo tiene que ver con las normas, sino también que la remediación tiene un valor económico en sí misma. “En 2007 teníamos el campo plagado de cuadrillas de saneamiento”, recordó el funcionario, “eran unos 2.000 puestos de trabajo“, pero “cuando la industria ajustó, los pasivos seguían estando y la gente quedó desocupada”.
Y si bien admitió que hoy se está en una situación compleja, planteó que una opción “es que la empresa pague por el pasivo histórico o que se hagan cargo del mismo la o las empresas que reemplacen en la operación a YPF”. Y reiteró que “existen leyes que se deben cumplir y hacer cumplir” y en eso está el Gobierno, marcó.
.

Diputados reanuda el debate sobre la regulación de agroquímicos en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 26/03/2024
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


Este martes se tratará la continuidad del proyecto de ley que establece la regulación de la fumigación con agroquímicos. La iniciativa fue presentada durante la gestión de Gustavo Bordet.
El proyecto de ley será sometido a debate este martes 26 de marzo a las 10 horas en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
Se trata del proyecto de ley de “buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la provincia de Entre Ríos”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Gustavo Bordet que tomó estado parlamentario en diciembre de 2022 y que recién comenzó a debatirse este mes en la comisión legislativa que preside el socialista Juan Manuel Rossi.
En el anterior encuentro de la comisión, el legislador había adelantado que se convocará a organizaciones productivas, vinculadas al cuidado del medio ambiente, referentes de salud, miembros de la comunidad científica, representantes de las Universidades y a organizaciones intermedias que trabajan en la temática”.
“Asumimos el compromiso de escuchar a todos los sectores involucrados en este tema para encontrar una propuesta superadora que contemple el ambiente, la producción y la salud de las y los entrerrianos”, señaló.
“Queremos contribuir para impulsar un modelo de producción sostenible ambiental y socialmente. Aspiramos a tener unas de las leyes más modernas del país referida a este tema que hace años debió ser tratado y quedó siempre guardado en algún cajón", enfatizó.

El proyecto
El proyecto establece que las distancias mínimas para las pulverizaciones con agrotóxicos donde haya personas es de 100 metros para las realizadas de forma terrestre y 200 metros para las aéreas.
A su vez, se dispone un régimen específico si en la zona hay instituciones educativas rurales: se establece “una distancia de 150 metros medidos desde el perímetro de la escuela para delimitar la zona de exclusión, siendo para aplicaciones aéreas la distancia de 500 metros, medidas desde el perímetro del establecimiento educativo”.
A partir de esta distancia se considera una zona de amortiguamiento que va desde el límite de la zona de exclusión (150 metros del perímetro) a 500 metros para equipos terrestre; desde el límite de la zona de exclusión para equipos aéreos (500 metros del perímetro de la escuela) hasta los 3.000 metros.
.

La Cámara Federal de La PLata declaró inconstitucional el artículo que deroga la ley de Tierras

Fecha de Publicación: 25/03/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los camaristas fallaron a favor del "amparo colectivo" del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) --que impugnaron la norma que consideran lesiva para la soberanía nacional-- por tratarse de "una asociación de quienes debieron empuñar las armas en su defensa". Además de considerar que no existieron causas "excepcionales" que justificaran la necesidad y la urgencia del Decreto. El fallo solo puede ser apelado ante la Corte Suprema.
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata, con voto de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que deroga la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales y que habilitó durante su vigencia la venta de latifundios a extranjeros aún en zonas de frontera. Los camaristas resolvieron a favor del “amparo colectivo” presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que cuestionó el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense, que en principio había sido aceptado por el juez Ernesto Kreplak durante la feria judicial y que tras la misma el magistrado Alberto Recondo rechazó al negar la representación “colectiva” de los ex combatientes. En atención al alcance colectivo de la resolución de amparo, la Cámara ordenó reinscribirla en el Registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo que el fallo solo puede ser apelable ante el Máximo Tribunal.
En su presentación de amparo ante la Justicia Federal bonaerense, el CEMIM sostuvo que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, “habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.
Amparo colectivo
Los camaristas –que tomaron la apelación relizada por los ex combatientes de Malvinas-- dijeron que la decisión (de Recondo) que rechazó la legitimación del CECIM constituía “una interpretación exageradamente restrictiva de las normas constitucionales y legales que gobiernan la solución del caso”. Tras repasar la jurisprudencia de la Corte Suprema, Vallefín y Lemos Arias agregaron que “no puede homologarse una solución que menoscaba la dignidad del orden jurídico de la Nación al impedir impugnar la constitucionalidad de una norma que se dice lesiva de la soberanía nacional a una asociación que nuclea a quienes, precisamente, debieron empuñar las armas en su defensa”.
En su extensa decisión, el Tribunal de apelación dedicó un apartado final de conclusiones donde reconoció la legitimación de la agrupación de veteranos para demandar en defensa de la soberanía nacional, un bien colectivo e indivisible que justifica la consideración judicial y el dictado de una sentencia de alcance nacional. Por lo que ordenó que la causa sea nuevamente inscripta (como lo había realizado el juez Kreplak) en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema y se publique su resolución.

Inconstitucionalidad
El Tribunal analizó los requisitos constitucionales del DNU que habilitan al Poder Ejecutivo a dictarlos a la luz de los criterios que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre ese punto, consideró que “no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” dado que, según argumentaron los jueces, no hubo “impedimentos para que las cámaras del Congreso de la Nación se reunieran. Por el contrario, el DNU 70/2023 se publicó el 21/12/23 y entró en vigencia el 30/12/23 y el Poder Ejecutivo Nacional convocó –el 26/12/23, desde esa fecha, y hasta el 31/01/23- a Sesiones Extraordinarias del Poder Legislativo”.
El Congreso de la Nación –-constituye un hecho público y notorio, dijeron los camaristas-- sesionó durante el mes de enero del corriente año y, a partir de este 1° de marzo, se inauguró formalmente el período 142° de Sesiones Ordinarias con ambas cámaras en pleno funcionamiento.
Los camaristas agregaron que la derogación de la Ley de Tierras se hizo con “razones genéricas expuestas en los considerandos de los decretos de necesidad y urgencia” que “resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Por lo que expresaron que “el fundamento del DNU impugnado –sólo tres líneas en lo que atañe a la derogación de la ley 26.737– no exhibe en forma concreta el modo en que ello impactaría en la mejora de la situación socioeconómica argentina y haría imposible de aguardar su tratamiento normal por parte del Congreso Nacional”.
Que además, en contraposición con la jurisprudencia de la Corte Suprema de los fallos “Consumidores Argentinos” y “Pino Seberino”, el DNU impugnado en materia de tierras “constituye una lisa y llana derogación de conveniencia de la ley 26.737”. Y que el decreto no se dirige a “paliar una supuesta situación excepcional” e introduce reformas que “revisten carácter permanente modificatorias de leyes del Congreso Nacional”, aspecto vedado por ese criterio del Máximo Tribunal.
Tras plasmar los fundamentos en la resolución, los camaristas concluyeron que el CECIM se encontraba legitimado para demandar en los tribunales en defensa de la soberanía nacional como bien jurídico colectivo y cuestionar un decreto que denunciaron como lesivo de aquella. A su vez, juzgó que el Poder Ejecutivo no estuvo habilitado para derogar la Ley de Tierras de la forma en que lo hizo, al no acreditarse circunstancias que justifiquen el dictado de un DNU de esa naturaleza.
Razones por la cuales la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 en cuánto a la derogación de la Ley 26.737 y ordenó reinscribir la causa en el Registro de Procesos Colectivos.
.

Clausuran la planta de Atanor tras la contaminación causada por las explosiones

Fecha de Publicación: 23/03/2024
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia hizo lugar a una cautelar para que cesen las operaciones en la planta de San Nicolás. El Ministerio de Ambiente de Buenos Aires cerró el sector donde ocurrió el incidente
Tras la explosión de un reactor en la fábrica de agroquímicos Atanor, ubicada en San Nicolás, la Justicia ordenó este miércoles el cierre de la planta hasta que se tomen las medidas de seguridad necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. En caso de no atenerse a la medida, la firma deberá pagar 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento.
La jueza de la provincia de Buenos Aires con jurisdicción en San Nicolás, Luciana Díaz Bancalari, resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el abogado ambientalista Fabián Maggi, de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, en representación de los vecinos. La medida implica también librar oficio a la fiscalía y al ministerio de Medio Ambiente, que encabeza Daniela Vilar.
La Unidad de Respuestas Rápidas de la cartera bonaerense estuvo en San Nicolás e informó que "si bien los aparatos sometidos a presión están en regla, nos encontramos a la espera del informe de los peritos sobre los motivos exactos de lo sucedido".
"Entendiendo que la situación no admite demoras en la adopción de medidas, la empresa se encuentra sin actividad por seguridad y clausuramos el sector de la planta donde ocurrió la explosión hasta tanto estén dadas las condiciones normales de funcionamiento de la planta y se haya realizado y completado todas las tareas de reparación que garanticen la seguridad integral tanto del personal como de los vecinos", agregaron desde el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires, que evaluará posibles sanciones contra Atanor además de solicitar un plan de remediación.

Otra clausura
La planta productora de agroquímicos que Atanor tiene en San Nicolás ya fue clausurada hace ocho años, en el marco de un allanamiento por el incumplimiento de medidas judiciales.
En septiembre de 2016, el juez Facundo Puente, por entonces titular del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, ordenó la clausura de la planta tras un allanamiento de Prefectura y Gendarmería en el que confirmó que la empresa no cumplía con ciertas restricciones impuestas por la Justicia para evitar el vuelco de aguas contaminadas al río Paraná, además del uso de grandes cantidades de agua subterránea.
La medida fue el desenlace de una larga lucha de vecinos y organizaciones que reclamaron y denunciaron, por más de 12 años, el impacto de la actividad de la compañía química en la salud de los pobladores, la contaminación del aire, el suelo y el cauce del río.

Condena por contaminar el río Paraná
El año pasado, Atanor fue condenada por vertir desechos tóxicos ilegalmente en el río Paraná. La Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo ambiental por daño ambiental de incidencia colectiva contra la empresa, considerada la tercera productora de herbicidas más importante del mundo, y dictó sentencia definitiva contra la firma ubicada en las inmediaciones del barrio Química de la ciudad nicoleña, donde se estima que murieron cerca de 200 personas en el transcurso de años producto de la contaminación ambiental que ocasionaba la empresa al verter sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin tratamientos, además de enterrar de manera ilegal residuos peligrosos.
La causa fue presentada en 2015 y motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por reiteradas “demoras injustificadas” del Poder Judicial tanto en el ámbito federal como bonaerense, situación que se encuentra en trámite pese al fallo definitivo a la acción de amparo.

*******

Una explosión en una planta química en San Nicolás hace temer contaminación en la zona

Fecha de Publicación: 23/03/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa de agroquímicos Atanor sufrió una serie de detonaciones alrededor de las 3:30. Un operario resultó herido de gravedad y los vecinos temen contaminación.
Una explosión en la planta industrial de Atanor, ubicada en San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, dejó un trabajador herido de gravedad y preocupación entre los vecinos de la zona ante una posible contaminación.
El accidente tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles. Según un comunicado de la empresa, en horas de la madrugada, se produjo un incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina que generó la ruptura de la tapa del reactor afectado al proceso.
“Esto dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta, que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco”, señalaron. El operario Julio César Corbalán que trabajaba en el lugar debió ser atendido de urgencia, producto de las heridas recibidas por el derrame de ácidos en el lugar. “Se encuentra internado en el Hospital Interzonal General de Agudos de San Felipe”, informaron fuentes oficiales.
Desde Atanor comunicaron que ahora se encuentran realizando tareas de limpieza de la planta e inmediaciones junto con el Comité Organizado ante Emergencias de San Nicolás y la firma RESTEC, especialista en la atención de emergencias tecnológicas.
La preocupación de los vecinos, que publicaron reportes sobre un fuerte olor a químicos en redes sociales, se debe a la liberación de una nube tóxica. “Debido a la liberación brusca de presión, se generó una emanación de gases propios del proceso productivo y luego, como consecuencia del incendio, se generaron gases de combustión”, indicaron desde la empresa y añadieron que las consecuencias esperables son irritación ocular y de vías aéreas superiores.
“La empresa dio intervención inmediata al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y en conjunto con las autoridades de contralor municipales correspondientes está trabajando para determinar las causas del incidente y evaluando las consecuencias del mismo”, afirmaron.
Las autoridades locales recomendaron evitar circular por las inmediaciones de la planta y permanecer dentro de los hogares para evitar complicaciones en la salud, ya que los productos expulsados son altamente tóxicos.
Según informó La Vaca, hace un año el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás había probado la existencia de contaminación que los propios vecinos denunciaron hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde presentaron un censo con 200 muertes por diversas enfermedades en seis cuadras del barrio, y la jueza Luciana Bancalari consideró probado “el marco de ilegalidad manifiesta” en el que funcionaba la empresa.
Luego, la Cámara Primera de Apelación del distrito le fijó a la empresa, en un fallo histórico, una indemnización sustitutiva por el daño ambiental al Río Paraná de 150 millones de pesos.
Según el informe de una consultora que publica la página del Ministerio de Ambiente bonaerense, la planta de Atanor es la única productora y formuladora de atrazina del Mercosur. Además, sintetiza humectantes y formula herbicidas a base de Ácido 2,4-D, Ácido 2,4-DB, Éster Etilhexílico del Ácido 2,4-D, Ésteres Butílicos de 2,4-DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir, SMetolacloro, Fomesafen, Cletodim e insecticidas.
La atrazina se descompone cuando se calienta intensamente, produciendo humos tóxicos entre los cuales figuran el cloruro de hidrógeno y óxidos de nitrógeno.
En la investigación del caso interviene en principio la Unidad Fiscal 14 de San Nicolás. A la vez, fue informado el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y las autoridades de contralor municipales.
No es la primera vez que Atanor es noticia por un siniestro en su planta de San Nicolás. En noviembre de 2016 hubo otra explosión que generó una densa columna de humo negro y obligó a los Bomberos a un trabajo de varias horas para controlar el fuego desatado en un depósito de bidones plásticos.

Qué es la atrazina
La atrazina, 2-cloro-4-(etilamina)-6-(isopropilamina)-1,3,5-triazina, es un compuesto químico utilizado como herbicida artificial para controlar malezas en la agricultura interfiriendo en el transporte de electrones durante el proceso de la fotosíntesis.
Las triazinas son el segundo grupo de herbicidas más usado en Estados Unidos, pero su uso es materia de controversia ya que produce efectos nocivos en especies a las que no va dirigida, como los anfibios, a causa de la contaminación de las aguas, o en el ser humano.
.

CAEM: fallo de la Corte de Catamarca no alcanza a las actividades del litio en curso

Fecha de Publicación: 22/03/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Catamarca


La Cámara nacional minera se posicionó sobre el fallo de la Corte Suprema provincial, luego de la aclaración realizada por la Cámara Minera y de la Industria Minera de Catamarca.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) hizo referencia al fallo de la Corte Suprema de Catamarca que pone en riesgo unos 6.500 puestos de trabajo a futuro y aclaró que el mismo plantea la suspensión del otorgamiento de nuevos permisos mineros en la zona de Salar del Hombre Muerto hasta que el ministerio de Minería de la provincia desarrolle el informe de impacto ambiental acumulado integral.
Según un comunicado oficial de la entidad, "el fallo no se refiere a las actividades productivas en curso, dado que los proyectos de litio que se están desarrollando (ya sea los que están produciendo como aquellos en etapas de previas) han cumplido con todos los requerimientos de las leyes en temas ambientales y han obtenido todos los permisos y autorizaciones correspondientes".
La aclaración por parte de la Cámara va en la misma línea que el texto difundido por la Cámara Minera y de la Industria Minera de Catamarca, quien también aclaró que el fallo de la Corte Suprema provincial no afecta a los actuales proyectos de exploración y explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto.
"Con el litio, nuestro país cuenta con la posibilidad de potenciar las economías provinciales del NOA, a través de una producción responsable en lo ambiental y lo social", concluye el texto de la entidad minera nacional.

Qué dice el fallo anti minería de Catamarca
La Corte Suprema de Catamarca hizo lugar parcialmente a una demanda contra el Poder Ejecutivo local, que arrastraba desde 2022 y abarca a proyectos que iniciaron su actividad en 1997. En realidad, este caso comenzó en la Justicia federal, pero en 2021 pasó a la provincial, motivo de disputa y conflictos todavía abiertos.
En la demanda se le exigía a la Provincia una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y “acumulativa” de todos los proyectos, además de determinar la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi Pampa-Incahuasi o Punilla, con la participación del Consejo Federal de Ambiente, la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, y en consulta permanente con la comunidad originaria.

Cómo se resuelve el conflicto minero en Catamarca
Según pudo saber Energy Report, en los próximos días el Gobierno de Jalil dará una contundente respuesta a la Justicia con documentación complementaria a los estudios de impacto ambiental que cada proyecto de litio ya presentó. Pero tampoco se descarta que la pulseada salarial se alivie y que la balanza de la Justicia se vuelva a equilibrar.
La cámara minera catamarqueña también se mostró dispuesta a colaborar para resolver el conflicto. “Dentro de nuestras competencias, seguiremos trabajando junto a todas las entidades que conforman la Cámara para asegurar el desarrollo productivo minero de la provincia, dentro del marco regulatorio vigente, y las garantías tanto de nuestras empresas socias como de la sociedad catamarqueña en su totalidad", remarcaron.
.

Denuncian a Javier Milei en Córdoba por derogar la Ley de Tierras: "Muestra crueldad, intolerancia y desconocimiento"

Fecha de Publicación: 18/03/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


La presentación quedó radicada en la Justicia federal de la provincia, y fue realizada por un profesor de UNC con el patrocinio legal de un ex juez.
El presidente Javier Milei sumó en las últimas horas una nueva presentación judicial por la derogación de la Ley de Tierras contenida en el DNU 70/2023, que ayer rechazó el Senado. El mandatario fue denunciado en la Justicia Federal de Córdoba, ya que su decisión, plantearon, es violatoria de tratados y convenios internacionales.
La presentación fue ante la Fiscalía de Turno, y la firmó Raúl Montenegro, docente de la Universidad Nacional de esa provincia. El denunciante planteó en su presentación que la derogación permitiría la venta ilimitada de bosques nativos, glaciares y yacimientos minerales, entre otros, a personas y corporaciones extranjeras, lo cual contraviene normativas ambientales y de consulta a comunidades indígenas.
Todo ello, violatorio del Tratado de Escazú y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas.
La aludida ley ponía un límite del 15% a la compra de tierras por manos extranjeras. Ese porcentaje era a nivel del territorio nacional, provincial y departamental, con equivalencias fijadas en cada provincia, lo que lo tornaba en términos de hectáreas y productividad.

Qué dice la denuncia
Para los denunciantes, esa situación pone al presidente ante la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita. Por eso pidió a la Justicia que investigue cómo se elaboró el DNU que deroga la Ley de Tierras, en particular si participó o no el asesor Federico Stuzenegger y otros consultores, "y si estos mantuvieron contactos previos con personas y empresas que pudieran beneficiarse con la derogación de esa ley".
No es la primera vez que surge un cuestionamiento contra la derogación de la Ley de Tierras. Hace algunas semanas, por ejemplo, la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (Fipca) pidió que se declare inconstitucional de la normativa. Incluso, el Poder Judicial llegó a suspender la derogación de la ley, pero otro tribunal suspendió la cautelar que lo disponía.
"Al derogar la Ley de Tierras, que limitaba la compra de propiedades por personas y corporaciones extranjeras, el presidente Javier Milei puso una ilimitada bandera de remate para bosques nativos, glaciares, zonas con abundante agua subterránea y yacimientos de minerales valiosos", planteó el denunciante en la presentación.

Ministros, denunciados
La presentación no sólo apunta al presidente. También aparecen entre los denunciados el jefe de Gabinete Nicolás Posse, los ministros y ministras Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Relaciones exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Andrés Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Antonio Russo (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Guillermo José Ferraro (ex Infraestructura y Sandra Pettovello (Capital Humano).
En la presentación, el denunciante calificó como "salvaje e insensata" a la "política de destrucción" de organismos estatales que se dedicaban al control de las actividades explotadas por empresas privadas.
"Le dan impunidad a las megamineras, a las industrias contaminantes y al agronegocio. No es posible que décadas de luchas sociales exitosas y un responsable trabajo parlamentario sean destruidas por una persona que muestra crueldad, intolerancia y desconocimiento de la crítica situación socio-ambiental que enfrenta la Argentina",
.