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Más pruebas contra la planta Treater en Neuquén




Presentan nuevas pruebas contra un basural petrolero

Fecha de Publicación
: 24/05/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Greenpeace y abogados ambientales ampliaron la denuncia contra la planta Treater de Añelo. 
La organización internacional ecologista Greenpeace junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y la Confederación Mapuche realizaron ante el fiscal Maximiliano Breid Obeid una ampliación de la denuncia y sumaron evidencias científicas sobre la contaminación ambiental en la planta Treater ubicada en el Parque Industrial de Añelo.
Emmanuel Guagliardo, abogado de las organizaciones, aseguró que “esta información es valiosa y consideramos de interés que el fiscal evalúe estos datos, de forma simultánea con los informes y pericias ordenados en el marco de la investigación”.
Por su parte, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas aseguró que la próxima semana pedirán nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación y continuar recabando evidencias de los delitos que se reprochan, tanto funcionarios públicos como a los gerentes de las operadoras, quienes son los principales responsables”.
En febrero pasado activistas de Greenpeace Argentina realizaron una protesta en un basural de la empresa petrolera, ubicada a cinco kilómetros de Añelo, para denunciar la contaminación. Al mismo tiempo reclamaron a las empresas de Vaca Muerta que “dejen de contaminar la Patagonia con residuos tóxicos”.
Leonel Mingo, miembro del programa de Clima y Energía de la organización, pidió que las empresas petroleras “dejen de contaminar el ecosistema de la Patagonia con sus residuos tóxicos y se cierre este basurero que viola leyes provinciales y nacionales”. Según Greenpeace, el “vertedero tóxico” es un predio de 13,6 hectáreas en el que se depositan “residuos peligrosos que no son tratados con las regulaciones correspondientes que exige la Ley Provincial de Neuquén 1875”.
Además habían denunciado que la descarga de los residuos se realiza en el suelo “sin una zanja de drenaje adecuada y sin revestimiento de impermeabilización” y que la empresa “no tiene en cuenta la seguridad de los trabajadores”.
Detallaron que en los residuos se hallaron “hidrocarburos, componentes volátiles y metales pesados que podrían alcanzar a comunidades cercanas al vertedero”.
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Más fallos contra las fumigaciones cerca de los colegios



Sin fumigaciones cerca de los colegios

Fecha de Publicación
: 24/05/2019
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Entre Ríos


El STJ de Entre Ríos rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial, contra la sentencia que declaró la nulidad parcial del decreto que flexibilizó las distancias permitidas para fumigar en zonas rurales.
La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial contra la sentencia, mediante la cual se declaró la nulidad parcial el decreto 4407/18, que regula la aplicación vía aérea y terrestre de fitosanitarios. Todo ello en los autos "Foro Ecologista de Paraná c/Superior Gobierno - Acción de Amparo".
De este modo, la Sala del STJ rechazó el recurso de apelación articulado por el gobierno de la provincia y confirmó la sentencia mediante la cual se decretó la nulidad parcial del decreto provincial 4407/18 que estableció que las “aplicaciones terrestres de fitosanitarios” podían realizarse a una distancia de cien metros de las escuelas, y las aplicaciones aéreas a quinientos metros.
Cabe recordar que, en abril último, el camarista Andrés Marfil resolvió que el decreto era inconstitucional por violación de la “cosa juzgada” al no ajustarse al estándar normativo del fallo dictado primero por el integrante de la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná, Daniel Benedetto, y ratificado por el STJ. Dicha decisión prohibió la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1000 metros alrededor de todas las escuelas rurales, y la fumigación aérea en un radio de 3000 metros.
La nulidad alcanza los artículos 1 y 2 del decreto del Poder Ejecutivo provincial que flexibilizó las distancias mínimas para pulverizaciones con agroquímicos. De este modo, queda en pie la prohibición de fumigar a menos de 1000 metros de forma terrestre, y a menos de 3000 metros de forma aérea en escuelas rurales.
La causa se inició por un amparo ambiental del Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) contra el Estado provincial, a fin de que se declare la nulidad y se revoque el decreto 4407/2018, por el cual el Poder Ejecutivo estableció distancias para efectuar fumigaciones con agrotóxicos en torno a las escuelas rurales.
Los amparistas esgrimieron que el texto "viola lo establecido por la sentencia que dispuso prohibir la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos". Dicho fallo también exhortó la realización de estudios que permitan “delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos”.
La nulidad alcanza los artículos 1 y 2 del decreto del Poder Ejecutivo provincial que flexibilizó las distancias mínimas para pulverizaciones con agroquímicos. De este modo, queda en pie la prohibición de fumigar a menos de 1000 metros de forma terrestre, y a menos de 3000 metros de forma aérea en escuelas rurales.
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Fumigaciones: repudiables declaraciones del agro entrerriano



Entre Ríos: insólita defensa de los agrotóxicos

Fecha de Publicación
: 22/05/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Las entidades agropecuarias reaccionaron violentamente ante el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que ordenó un límite para la fumigación con agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales. "Es mucho más fácil reubicar las escuelas que cambiar el modo de producción", lanzó el vicepresidente de la Federación Agraria, Elvio Guía, a tono con el sesgado comunicado emitido por la Mesa de Enlace provincial, que tildó al fallo de tener "prejuicios ideológicos que en pleno siglo XXI debieran estar perimidos". Desde la Red de Docentes por la Vida, respondieron: "Un campo sin escuelas es lo que necesitan las corporaciones".
"Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción. Reubicar a tres alumnos, que encima vienen del pueblo, porque que los lleva la maestra para no perder su trabajo", sostuvo el vicepresidente de la Federación Agraria, cargado de prejuicios y negando los argumentos del fallo del supremo tribunal provincial. "Me parece que la discusión puede ser muy grande, puede ser muy larga, pero lo que sé que si es el cuento del huevo y la gallina, la escuela no estuvo antes que el campo", argumentó el hombre de la Mesa de Enlace.
Las desacertadas declaraciones de Guía fueron respaldadas en un comunicado conjunto de la Federación Agraria, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Sociedad Rural Argentina y la Federación de Cooperativas (Fedeco) para cuestionar el fallo que pone un límite de 1000 metros a las fumigaciones terrestres con agrotóxicos y 3000 metros a las aéreas. "Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300 mil hectáreas y se trata, sin dudas, de un nuevo golpe asestado al corazón de los productores", atacaron los ruralistas para presionar al gobierno entrerriano a un último recurso de apelación ante la Corte Suprema.
A contramano del discurso de las entidades agrarias, términos como los de "ausencia de rigor científico" e "insolvencia técnica" fueron las frases con las que los jueces Daniel Carubia y Miguel Giorgio firmaron el fallo de mayoría contra el decreto del gobernador Gustavo Bordet , que se ajustaba a los deseos de los ruralistas y reducía los límites de fumigación a 100 metros terrestres y 500 aéreos.
"Hoy, que se condena a Monsanto por ocultar los efectos del glifosato, el productor que dice utilizar esos venenos porque son inocuos ni siquiera lee las noticias o las leen y pretenden ocultarlas , lo que es más grave", apuntó Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, que consiguió el histórico fallo ambiental.
El decreto de la administración de Bordet había sido una inmediata respuesta al amparo ambiental que el Supremo Tribunal había otorgado en favor del Foro Ecologista de Paraná y otras organizaciones que solicitaron los límites mil y tres mil metros, sosteniéndole con estudios científicos de la bióloga de la Universidad de Río Cuarto Delia Aissa y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad de La Plata que dan cuenta del impacto de las fumigaciones en los niños y niñas, y en la contaminación de la tierra y el agua.
La primera reacción por parte del gobernador Bordet parece alejarse del deseo de los ruralistas de llevar la discusión hasta la Corte Suprema. "Dejando de lado el tema de la apelación, creo que hay que ir en busca de una norma que genere consensos en la provincia, una norma que nos haga superar la antinomia y las posiciones extremas, que proteja a los chicos en las escuelas, pero que garantice el proceso productivo y que cuide la salud de los vecinos", consideró tras el duro revés judicial.
El fallo del máximo tribunal entrerriano no solo pone límites de distancia para las fumigaciones sino que también ordena la creación de barreras vegetales a 150 metros de las escuelas rurales. Esa acción preventiva, que deberá cumplirse en los próximos dos años, conforma las 3 mil hectáreas en las que no se podrá producir con el paquete tecnológico que incorpora los agrotóxicos, y que el secretario de Agroindustria y ex titular de la Sociedad Rural se sumó al coro ruralista para calificar como "un tiro en el pie".
"Las organizaciones de la mesa de enlace tienen una visión muy obtusa de lo que es la producción agropecuaria", salieron a responder al comunicado de los ruralistas desde la Red Federal de Docentes por la Vida. "Quienes supuestamente se abocan a esa actividad aparentan desconocer que hay una amplia variedad de modos en los que no se depende de agrotóxicos. Unas 85 mil hectáreas bajo el asesoramiento del RENAMA y 80.877 hectáreas de producción orgánica argentina durante el 2018, solo por mencionar algunas", subrayaron los docentes.
El comunicado de la Red destacó que el decreto defendido por los ruralistas violaba las constituciones nacional y provincial, además de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga al Estado a asegurar un ambiente sano para el desarrollo de los niños y niñas.
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Chaco: pretenden revocar por ley autorizaciones de desmontes



Impulsan una ley para revocar autorizaciones de desmontes en “zonas amarillas”

Fecha de Publicación
: 22/05/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


Los diputados Aurelio Díaz (PO) y Andrea Charole (PJ) presentaron un proyecto de ley por medio del cual plantean la revocatoria de los permisos otorgados por el gobierno provincial para realizar desmontes en las denominadas “zonas amarillas”. El pedido coincide con lo solicitado por organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace.
La iniciativa legislativa ingresó este miércoles y lleva el número 2190. La misma plantea la anulación de las disposiciones de re categorización de zonas clasificadas como amarillas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, producidas por la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Producción entre 2012 y la fecha de la promulgación de la presente.
Además establece la anulación de los permisos de desmonte otorgados por la Dirección de Bosques en Zonas Amarillas en el mismo período y la suspensión de todos los permisos de desmonte en la Provincia del Chaco.
“La crisis ambiental que vive la provincia, con inundaciones masivas y sequías prolongadas, es en buena medida el resultado del desmonte masivo de bosques nativos que se incrementó en la provincia en los últimos 20 años, de la mano del avance de la frontera agropecuaria. El monte absorbe el exceso hídrico y cumple un rol esencial de regulador del ambiente. El golpe a esta regulación es uno de los pilares de la crisis ambiental actual”, fundamentaron los legisladores.
“La Ley de Bosques sancionada bajo el Gobierno kirchnerista estableció un ordenamiento para los desmontes en zonas verdes, amarillas y rojas. En las zonas amarillas no se permite desmontar. Sin embargo, con la resolución 1103/2012 de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Producción, se permitió la recategorización de zonas, permitiéndose usos de explotación agroganadera y silvopastoril que derivaron luego en autorizaciones de desmontes otorgadas por la dirección de Bosques. En esas condiciones hay 53 predios de toda la provincia abarcando mas de 32.000 hectareas de monte nativo”, añadieron.
“Las denuncias de diferentes organizaciones, como el Centro Mandela, Greenpeace o el agrupamiento Somos Monte, combinadas con la crisis que generaron las inundaciones, provocaron que el gobierno diera marcha atrás con el ordenamiento normativo para garantizar los desmontes. Así, mediante el decreto 289/2019 decreto del mes de enero, el gobernador anuló la disposición 1103/2012 y el decreto 233/2017, entre otras disposiciones apuntadas a recategorizar masivamente los terrenos. Esto no implica, como se salió a decir a los medios, que se “suspendan los desmontes”. Se suspenden las nuevas recategorizaciones, pero quedan todavía los 53 expedientes aprobados en zona amarilla”, afirmaron.
“El presente proyecto de Ley apunta a proteger esos terrenos que de las autorizaciones de desmontes que fueron otorgadas bajo una reglamentación irregular, como un paso necesario en el camino de la prohibición total de los desmontes, una medida necesaria para ponerle fin a la explotación depredatoria del monte nativo y su correlato de crisis ambiental”, finalizaron.
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El fantasma para la ley 7.722 mendocina sigue flotando

El subsecretario de Minería provincial no descartó que este año se traten cambios en la ley 7.722

Fecha de Publicación
: 21/05/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza


Emilio Guiñazú afirmó que la provincia necesita otros vectores de crecimiento y que es compatible hacer minería y proteger el agua, tal cual es el espíritu de la ley. Esperan el momento para tratar las modificaciones en la Legislatura.
Guiñazú empezó hablando del viaje que hicieron a San Juan empresarios mendocinos que impulsan el desarrollo minero. “Hay un fuerte movimiento del sector privado de Mendoza que ve en la minería una salida económica, obviamente es una actividad que tiene que estar bien regulada y con adecuados controles, en los lugares adecuados. En San Juan no ha estado libre de problemas, como cualquier otra actividad, pero el balance de la minería allí es bastante positivo, tienen buenas y malas experiencias que es importante conocer”.
Sobre las reformas a la ley 7.722, fue claro al decir que “no descarto que el tema sea tratado este año, es muy probable que no se trate antes de las elecciones, la expectativa está, hay un generalizado reconocimiento que el espíritu de la ley es importante, que es la protección del agua, pero la manera en la cual fue redactada termina prohibiendo la actividad en todo el territorio provincial, cosa que no es necesaria para el objetivo de la ley, que es proteger el agua”.
Afirmó que “se puede proteger el agua y desarrollar minería en paralelo sin poner en riesgo ninguna otra actividad de la provincia, esas son las modificaciones que creo que la ley necesita, fueron planteadas a fin del año pasado pero la agenda legislativa cambió en ese momento, esperamos la ventana de oportunidad para volver a tocar el tema, que yo creo que falta muy poco. La provincia necesita de nuevos vectores de crecimiento económico, hay lugares y formas de hacer minería que son compatibles con el ambiente natural y social”.
Por otra parte, Guiñazú se refirió al encuentro de Energías Renovables que se hará en Mendoza. En agosto se reunirán los actores más importantes del sector. Energía solar, eólica, biogás y perspectivas petroleras y mineras serán algunos de los temas. Argentina Energy ha sido declarado de interés provincial y será del 20 al 22 de agosto.
“Venimos trabajando fuerte en energías renovables y convencionales, que se haga acá va a generar que actores e inversores se acerquen a la provincia para intercambiar ideas y conocer oportunidades que Mendoza brinda”.
El funcionario indicó que “tratamos de incorporar empresas locales y lograr tecnología local, eso hace que por ahí el desarrollo de la provincia sea más lento, pero entendemos que es el camino”.
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El glifosato blindado por las políticas públicas



Bayer y Monsanto, blindados en Argentina: pese a nueva condena en EE.UU. contra el glifosato, el Gobierno lo considera inocuo

Fecha de Publicación
: 18/05/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


Pese a que en Estados Unidos, país donde se lo creó, llueven las demandas y ahora arrecian las condenas por generar cáncer, el glifosato goza paradójicamente de muy buena salud en la Argentina.
Al menos, así se desprende de la férrea defensa en torno a su uso y la continuidad de un negocio en el mercado local que, en términos de ventas, mueve cerca de 900 millones de dólares anuales.
A pocas horas de conocida la tercera sentencia contra Monsanto en los Estados Unidos por ocultar información sobre la naturaleza tóxica de su formulación Roundup, fuentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) consultadas por iProfesional ratificaron que la decisión en ese país "no cambia en nada" el rótulo de "inocuo" que el Gobierno le asigna al producto.
"Para nuestros especialistas esta medida -en referencia a la condena a la multinacional- no cambia nada", dijo un vocero. La voz consultada señaló que, a los ojos del Gobierno, la decisión que tomó la Justicia en Estados Unidos no es más que un litigio entre particulares.
Cabe destacar que, en el segundo semestre de 2018, y luego de comprobarse que el jardinero estadounidense Dewayne Johnson había contraido cáncer tras efectuar pulverizaciones con el glifosato Roundup desarrollado por Monsanto, fuentes del SENASA contactadas por iProfesional brindaron detalles de la interpretación oficial.
El SENASA, vale aclarar, es el organismo dependiente de la cartera de Agroindustria que tiene competencia directa en lo que hace a aprobaciones y definición de criterios de uso de plaguicidas en la Argentina.
"El usuario de un producto va contra una empresa. Hasta acá, con los documentos y estudios que tienen todas las agencias de gobierno, incluso el SENASA, no hay motivos para cambiar la situación del glifosato", se manifestó en ese momento.
Casi un año y dos condenas multimillonarias más después, el Estado no ha movido ni un centímetro su posicionamiento.
Ahora, en el país del Norte, un tribunal en California condenó a la controlada por la alemana Bayer a pagar más de 2.000 millones de dólares a Alberta y Alva Pilliod, quienes desarrollaron linfoma no Hodgkin como resultado de pulverizar con el herbicida en campos propios a lo largo de 30 años.
El jurado llegó a la conclusión de que Monsanto ocultó información sobre el rasgo cancerígeno de su glifosato Roundup, fabricó y distribuyó el producto de manera "negligente", y que la compañía llevó a cabo dichas maniobras en forma adrede.
"El jurado vio por sí mismo los documentos internos de la compañía que demostraban que, desde el primer día, Monsanto nunca tuvo interés en averiguar si el Roundup es seguro. En lugar de invertir en ciencia sólida, usó millones para atacar a la ciencia que amenazaba su agenda comercial", expuso uno de los abogados que tomó parte en la defensa de los Pilliod.
Previo a este nuevo revés judicial, en agosto del año pasado Monsanto había sido condenada a indemnizar con 289 millones de dólares -que la apelación redujo a 78 millones- al jardinero Dewayne Johnson, enfermo de cáncer también por usar Roundup.
Ya en marzo de este año, la empresa volvió a ser declarada culpable en un juicio iniciado por Edwin Hardeman, también víctima de la misma enfermedad tras aplicar el herbicida en el jardín de su casa entre los años 1980 y 2012. En este caso, la Justicia fijó una indemnización de 80 millones de dólares.

Millones y millones
El glifosato es una pata clave del modelo de producción de soja transgénica en la Argentina, aunque también es determinante para el cultivo de variedades de maíz, algodón y alfalfa manipuladas genéticamente para resistir al agrotóxico.
Hoy, de los casi 400 millones de litros de plaguicidas que se aplican anualmente en la actividad agrícola local en todas sus escalas –a excepción de la alternativa agroecológica–, se estima que 320 millones corresponden a variedades de glifosato.
La nueva sentencia en California coincide con el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la OMS, el cual expuso que existe evidencia suficiente para relacionar este agroquímico con la proliferación del cáncer.
El herbicida, autorizado por primera vez en Estados Unidos en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.
Si bien Monsanto es la responsable de su creación, lo cierto que la patente del plaguicida se liberó en el año 2000 por lo que su fabricación ya se realiza en distintos lugares en el mundo. Una de las particularidades de este químico es que no actúa de manera selectiva: elimina toda la vegetación.
Sólo la incorporación de un gen que resiste la potencia del glifosato permite a variedades manipuladas en su ADN como la soja RR continuar desarrollándose en un campo luego de las habituales fumigaciones.

Roundup, el más vendido
El glifosato es el principio componente del Roundup, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta) o Sitrin (Bayer).
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
Un estudio contundente para demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos al trabajo realizado por Carrasco en la Argentina.
"Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas células en pocas horas", indicó Séralini, especialista en biología molecular.
En julio de 2018, y tal como publicó iProfesional a modo de primicia, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con más trayectoria en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las muy cuestionadas fumigaciones.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato llenan las páginas de más de 800 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.

Bayer se desploma
El martes y tras conocerse la nueva condena a Monsanto, las acciones de Bayer llegaron a caer hasta 5 por ciento aunque los papeles finalmente cerraron con una baja del 2%, a 55,33 euros.
El dictamen en cuestión hizo que los papeles de la empresa se encaminen a cerrar en su nivel más bajo en casi siete años.
Desde el seno de Bayer su directiva informó, a través de un comunicado, que el veredicto provoca "decepción", al tiempo que notificó que se promoverá la apelación. Un portavoz de la firma calificó la decisión del jurado como "excesiva e injustificable".
Lo ocurrido en California coincidió con el escándalo desatado en Europa, luego de que la cúpula de la alemana reconociera que Monsanto espió durante años a políticos, científicos y periodistas en Francia a fin de conocer sus respectivas posiciones en torno al uso de agrotóxicos y la siembra de transgénicos.
De junio de 2018 -momento en que la alemana tomó posesión concreta de los movimientos de Monsanto- a la fecha, Bayer perdió cerca del 45 por ciento de su capitalización bursátil. Puesto en divisas, representa unos 63.000 millones de dólares.
Tras la sentencia de esta semana, Monsanto ahora deberá hacer frente a otras 13.400 demandas de usuarios de Roundup que denuncian afectaciones a la salud por efecto del herbicida.
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Más presión sobre la Acumar por un fallo de la Justicia



Riachuelo: la Justicia declaró que el aire puro es un derecho humano y le exigió acciones a Acumar

Fecha de Publicación
: 17/05/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo


En un fallo inédito, la Justicia federal determinó que es un derecho humano respirar aire puro no contaminado con sustancias introducidas por la actividad del hombre y ordenó que, en el plazo de 20 días, se instale un sistema de monitoreo de gases, especialmente del benceno.
La resolución fue dictada por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, uno de los magistrados que ejecutan la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena a los Estados nacional, bonaerense y porteño el saneamiento del Riachuelo y establece que, además del monitoreo, se presenten reportes de su evolución.
"La obligación de establecer un tope cuantitativo para la presencia de benceno en el aire está contenida en la resolución 2/2007 dictada -e incumplida- por la Acumar, con participación de la Nación, la provincia y la CABA. El daño a la salud que puede causar el benceno es muy alto como ya hemos expuesto en estos autos y la negligencia para controlarlo genera serias responsabilidades de carácter administrativo, económico y penal de los funcionarios", indica la presentación realizada ante la Justicia.
El reclamo fue realizado por el Cuerpo Colegiado, conformado por manda de la Corte por varias ONG con la función de controlar la ejecución del fallo. Los representantes de la sociedad civil entienden que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) presenta reportes sobre calidad de aire "confusos e incompletos".
"La población y la gente que trabaja en la cuenca han naturalizado el olor que permite identificar a algunos de esos gases. Sólo los advierten cuando se produce un incidente o una inversión térmica como ocurrió hace unas semanas. Para cumplir el fallo los gobiernos de la ciudad y la provincia deben actualizar sus paradigmas de reglamentación y dejar de aceptar la aplicación de tecnologías industriales superadas", indicó a Infobae Raúl Estrada Oyuela, apoderado de la Asociación de Vecinos de la Boca, y recordó el intenso olor que llegó a la Capital que emanaba de una curtiembre en Lanús.
Los reportes que realiza Acumar no detallan las concentraciones de los gases que se miden en las estaciones de monitoreo instaladas en la cuenca y, según la presentación del Cuerpo Colegiado, pareciera que las mediciones que realiza la Ciudad y las que presenta Acumar, no están integradas.
"En 2007 ACUMAR aprobó una lista insuficiente de 3 materiales particulados y 5 gases cuya presencia en el aire debe ser monitoreada. Estableció parámetros máximos para cada uno, menos para el benceno, cancerígeno ampliamente reconocido. El límite para el benceno debía fijarse en dos años, pero hasta hoy está pendiente", agregó Estrada Oyuela.
"La resolución del juez Rodríguez dice que es un derecho natural poder respirar aire que no contenga contaminación introducida por la actividad humana. Esto es un hito en el derecho ambiental nacional y seguramente tendrá repercusión en otros países. El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema le ordenó mejorar la calidad de vida de las personas, recomponer el aire, el agua y los suelos, y prevenir daños futuros. Más allá de algunas mejoras cosméticas, ese mandato se encuentra incumplido. Las medidas sobre la calidad de las aguas y al aire, simplemente mantienen regulaciones anteriores que desde el siglo XIX toleran la contaminación", dijo el representante de la ONG.
Entre los argumentos del fallo, el juez recuerda que el derecho al aire libre se desprende de la Constitución argentina y señala: "En este sentido, se establece que la calidad del aire, la congestión vehicular y el crecimiento de las zonas urbanas, entre otros, son factores que debilitan la estructura de la ciudad. La gestión para mejorar la calidad del aire exige la adopción de medidas suficientes para hacer frente a la contaminación que impacta gravemente a la salud infantil y materna". Consultados por Infobae, en Acumar no quisieron hacer declaraciones al respecto.
La contaminación del aire es un tema de debate por estos días en que, por ejemplo, México DF muestra postales de la ciudad escondida tras el smog. También varias ciudades europeas impulsadas por denuncias de la propia Unión Europea han tenido que poner manos en el asunto ya que algunos grupos de ciudadanos comenzaron con juicios a causa de los peligros de respirar aire contaminado. En ese sentido, por ejemplo, se endurecieron las restricciones para los vehículos y sus emanaciones.
Según un informe del Tribunal de Cuentas de la UE, se calcula que en la UE se producen cada año 510.000 muertes prematuras como consecuencia de la contaminación del aire. La cifra es enorme, y convierte el problema en la primera causa ambiental de muerte prematura en Europa con diferencia. El número de víctimas es más de 10 veces superior al de muertes por accidentes de tráfico.
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Contaminación con microplásticos tiene su costado local



Impulsan ley para frenar el consumo de microplásticos

Fecha de Publicación
: 15/05/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


Varias ONG quieren que se prohíba el uso en productos cosmetológicos y odontológicos. Se calcula que se generan 950 mil toneladas de estas sustancias por año a nivel internacional.
Una crema con microperlas contiene pequeñas partículas de plástico agregadas como exfoliante que contaminan el medio ambiente. Para alertar sobre el daño que causan los microplásticos en la sociedad, un grupo de ONG pide una ley que prohíba este tipo de productos en la Argentina.
“Estamos comiendo microplásticos”, sentenció Lucrecia Pujó, responsable de la Campaña de Economía Circular del Círculo de Políticas Ambientales, en diálogo con La Voz.
Se trata de una de las más de 20 organizaciones ambientales que firmaron una misiva enviada a Diputados para dar tratamiento al proyecto de ley presentado por el diputado oficialista Juan Carlos Villalonga y prohibir así los pequeños residuos plásticos en la Argentina.
¿Qué se entiende por microplásticos? Están los que surgen del degradamiento de las botellas y bolsas de plástico, que se fragmentan en pequeños pedazos menores a cinco milímetros y los que son añadidos intencionalmente a diversos productos como los cosméticos y los de limpieza.
Según alertan las entidades firmantes, se calcula que la problemática representa “un promedio de 950 mil toneladas por año” a nivel mundial. Son pequeños residuos plásticos que llegan a los océanos y afectan tanto a la fauna como a salud humana.
“El problema con los microplásticos es que están siendo incorporados en la cadena alimentaria, ya se encontraron en algas, en el agua, en un montón de cosas que consumimos los humanos y estamos empezando a ingerirlos”, explicó Pujó.
En el comunicado destacan que en Argentina este tipo de contaminación ya está presente: “Un estudio de 2018 de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y del Conicet detectó por primera vez microplásticos en el tubo digestivo de surubíes, sábalos, patís, pejerreyes y carpas en las costas del Río de la Plata”.

Prohibición
El proyecto que impulsan las organizaciones sociales plantea empezar a prohibir los microplásticos en un sector industrial específico que son los cosméticos y los productos de uso odontológico.
“Este sería un primer paso. Hay que entender que a nivel internacional todos los países del mundo lo están prohibiendo. Después eventualmente hay que seguir trabajando para eliminarlos del resto de los sectores industriales como, por ejemplo, los productos de limpieza”, aclaró Pujó.
La iniciativa otorga un período de transición para que las empresas fabricantes y comercializadoras incorporen alternativas no plásticas a sus productos. Y establece sanciones para aquellas compañías que no lo cumplan, con un estricto control de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
Desde el Círculo de Políticas Ambientales denuncian la falta de campañas públicas para intentar ponerle un freno a este tipo de contaminación y destacan como importante empezar a tomar conciencia sobre el consumo del plástico, sobre todo de los que se descartan fácilmente como los vasos y sorbetes.
“Hay una crisis a nivel internacional con el uso del plástico. Lo que en su momento fue un producto que nos vino a solucionar mucho la vida, hoy está fuera de control, justamente porque la mayor parte de los plásticos que se producen se descartan, los niveles de reciclaje a nivel internacional son muy bajos y tampoco alcanzaría porque se está produciendo tanta cantidad de plástico”, explica Pujó.
Y destaca: “Es un cambio cultural, claramente. Hay que dejar de consumir plásticos como lo estamos haciendo y, si bien es una crisis internacional, Argentina no se puede quedar atrás”.

Detectan la presencia en las heces humanas
Es un estudio piloto realizado desde Viena (Austria).
Muestras de heces de personas de países tan distantes como Reino Unido, Italia, Rusia o Japón contenían partículas de policloruro de vinilo (PVC), polipropileno, tereftalato de polietileno (PET) y hasta una decena de plásticos diferentes. Lo halló un estudio piloto con un grupo reducido de personas. La diversidad geográfica de los participantes y de tipos de plástico identificados llevó a los investigadores de la Universidad de Viena a destacar la urgencia de determinar el impacto de estos materiales en la salud humana. Los resultados muestran que, de los 10 plásticos buscados, encontraron nueve de ellos.
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La APN crítica de las represas sobre el río Santa Cruz




Se revela un crítico informe de Parques Nacionales sobre las represas

Fecha de Publicación
: 13/05/2019
Fuente: Ahora Calafate
Provincia/Región: Santa Cruz


El organismo de conservación reconoció oficialmente que es auténtico un informe de la Dirección de Conservación que realizaba varias objeciones a la obra de las represas que quería construir la gestión de Cristina Fernández. Para las ONGs ambientalistas que se oponen represas, el documento es fundamental ya que robustece la prueba de que falta información para conocer el verdadero impacto de la obra, y que ésta debe detenerse.
La Administración de Parques Nacionales admitió como auténtico un informe elaborado por ese organismo que sienta una postura muy crítica hacia la obra de las represas sobre el río Santa Cruz, y advierte sobre varios impactos al medio ambiente.
La admisión se realiza como contestación a un oficio en el que la justicia le solicita a Parques Nacionales, sobre un informe elaborado por la Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas del mencionado organismo, y por la Coordinación Patagonia Austral.
En el escrito al que accedió Ahora Calafate y que reproduce en forma íntegra, se reconoce y concluye que no están claros los potenciales impactos en el estuario del Río Santa Cruz (modificación en los sedimentos que se descargan, flujo de agua y posibles cambios en la temperatura inciden sobre las especies que viven y utilizan el área como las toninas overas y la avifauna, entre otras) y las consecuencias que puedan tener sobre el área marina del Parque Nacional Monte León.
El informe data del año 2015 y no tuvo una publicación oficial ni trascendencia pública, con lo cual bien podría ser cuestionado por el Estado Nacional en su calidad de demandada por el consorcio de ONGs ambientalistas que se oponen a la construcción de las represas.
El Dr. Cristian Fernández, representante legal de “Banco de Bosques”, indicó la importancia de que se confirme la autenticidad del documento. “Al comprobarse que el informe es auténtico significa que adquiere el carácter de pericia. Y la pericia es una de las pruebas más importantes en el marco de un expediente judicial”, señaló el abogado.
En entrevista con FM Dimensión, Fernández remarcó que “claramente el pensamiento de la Dirección de Conservación de Parques Nacionales ha sido muy crítico de las represas” y que “en este informe lo que hizo Parques Nacionales es poner las cartas sobre la mesa”.
Un dato importante es que el documento mencionado  hace referencia al análisis del EIA de las represas Néstor Kichner y Jorge Cepernic. Recordemos que en el gobierno de Macri el proyecto  tuvo modificaciones.
Ya con los nombres de Cóndor Cliff y La Barrancosa, el tamaño de las presas fue reducido al igual que el número de turbinas, y se hizo un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, en el que por ejemplo se asegura el desacople del lago de embalse con el lago Argentino. 
El Dr. Fernández dijo que seguramente ese será el argumento del Estado para defenderse de este documento. El representante legal aseguró que, aun concediendo lo del desacople (cosa para las ONGs no están garantizado), el documento de Parques Nacionales mencionada varias afectaciones al ambiente, aguas debajo de las represas.
En el programa Radio Activa, Fernández dijo que este documento que está en el expediente de la causa judicial, robustece los fundamentos contra las represas.
“Buscamos que se analicen definitivamente los riesgos de la obra de las represas. Hasta aquí vemos que hay bastante déficit de información y problemas metodológicos en el Estudio de Impacto Ambiental”, afirmó el abogado ambientalista. (Guillermo Pérez Luque – Ahora Calafate).
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La Pampa: proponen fuerte restricciones a fumigaciones

Glifosato: quieren prohibir la fumigación a 3.000 metros del radio urbano

Fecha de Publicación
: 04/05/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa


Es un proyecto del diputado provincial Darío Hernández del Frente Renovador y alido del oficialismno. También establece la prohibición de la aplicación terrestre a 1.500 metros de ciudadades y pueblos. Afirman que la restricción actual es escasa.
El diputado provincial Darío Hernández (Frente Renovador) presentó un proyecto para prohibir la fumigación aérea a 3.000 metros de los radios urbanos de municipalidades y comisiones de Fomento del producto glifosato. Además, la prohibición se extenderá dentro de un radio de 1.500 metros cuando la aplicación sea terrestre.
Agrega que “las prohibiciones anteriores regirán también en relación a los establecimientos educativos rurales de la provincia”.
Hernández sostiene que “conocida es la polémica instalada en relación al uso del glifosato o productos herbicidas que tengan dicho principio activo en nuestro país y en el mundo. Recientes fallos judiciales en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la ciudad de Pergamino, han reavivado el tema”.
El legislador menciona que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás, Bs. As.) determinó la prohibición, como medida cautelar, de las fumigaciones aéreas a menos de 600 metros de los barrios periféricos de Pergamino, a partir de un informe elaborado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que detectaron 18 agrotóxicos en el agua que consume la población, a través de la red urbana.
También el juez federal de Entre Rios, Pablo Ferreyra validó una ordenanza de Gualeguaychu (Nº 12216/13) que declaró a la ciudad "Libre de Glifosato".
Hernández dijo que “el Presidente Mauricio Macri ha considerado el fallo insólitamente como "irresponsable", a raíz de que pone en riesgo más del 20 % de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia. En igual sentido el Gobernador de Entre Rios, Gustavo Bordet dictó el Decreto Nº 4407/18 por el que se reducían las distancias establecidas por la justicia (a 500 m las aéreas y 100 m terrestres) y que fue declarado parcialmente nulo por el Poder Judicial”.
Además recordó que el legislador del PJ -FPV José Grazzini Agüero, de Chubut presentó oportunamente un proyecto prohibiendo su uso en todo el territorio provincial y la diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur) presentó un proyecto prohibiendo totalmente la pulverización (fumigación) aérea con plaguicidas o agrotóxicos.
“En suma -dice Hernández-, la pelea de fondo es entre los pooles sojeros, el estado nacional, los diferentes estados provinciales y algunos municipios por un lado, cuyos recursos provienen del cultivo de la soja y de las retenciones que en consecuencia perciben, y por otro, la gente que sufre las consecuencias de esta actividad que produce millones de dólares, pero también cáncer, malformaciones, y afecciones en la piel”, asegura.
El diputado provincial del Frente Renovador dijo que “desde 2015 la OMS consideró cancerígeno "probable" al glifosato por resultar un perturbador endocrino, aunque la opinión no es admitida en forma unánime. La empresa multinacional Monsanto sin embargo, lo ha comercializado a través del producto "Round Up" que ahora pasó a manos del gigante Bayer. En este panorama se impone que las instituciones, entre ellas, el Poder Legislativo, tomen partido por la salud de la gente sancionando normas que prohíban las fumigaciones aéreas con glifosato, dentro de determinados límites”.
El legislado recorçó que un tribunal de California ha condenado al grupo Monsanto a pagar 81 millones de dólares a un jubilado que sufre cáncer, por negligencia en relación al uso de glifosato marca "Round up". En La Pampa la Ley N° 1173 y su Decreto reglamentario N° 618/90 establecen límites aún insuficientes, a nuestro criterio, para las actividades señaladas.
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Confirman procesamiento a Rooney, ex CEO minero



Procesan y embargan a ex CEO de La Alumbrera por daño ambiental

Fecha de Publicación
: 02/05/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Tucumán


Se trata del primer fallo condenatorio desde la sanción de la Ley de Residuos Peligrosos en 1991.
En un fallo que sienta un precedente en el país en términos de delitos contra el medio ambiente, el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán procesó y le trabó un embargo de $ 500 mil a Julián Patricio Rooney, ex CEO dela minera La Alumbrera, como partícipe primario en la contaminación ambiental con metales pesados de la empresa en sus instalaciones en Catamarca.
Tras ser sobreseído por la misma causa en 2016, un grupo ecologista presentó una apelación ante el tribunal tucumano para revisar el dictamen y solicitó informes ambientales a la Dirección de Minería de Tucumán, provincia en la que la compañía minera registra sus plantas de tratamiento.
Según consta en el fallo al que accedió PERFIL, el juez federal Fernando Luis Poviña justificó su decisión basado en lo obrado contra otro directivo de la firma en 2016, cuando se sentó que “la posición directriz de las autoridades en la firma” es un elemento probatorio suficiente para dictar la culpabilidad en delitos ambientales”.
Poviña, además, alegó que Rooney, en calidad de garante y con el deber de “vigilancia de una fuente determinada de peligro”, ponderó la maximización de las ganancias de la empresa producto de la explotación minera por sobre la prevención de los daños. “(Rooney) debió haber priorizado y puesto todo el empeño posible en adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental, que no hace más que afectar la salud, muchas veces con carácter irreversible. Se advierte que (La Alumbrera) vino a nuestro país con la única finalidad de realizar un negocio de gran magnitud, que le dejó dividendos importantísimos”, señaló el juez.
De este modo, la decisión del magistrado de considerar como penalmente responsable a Rooney en su condición de directivo de una empresa contaminante se convierte en el primer fallo condenatorio desde la sanción en 1991 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que pena con hasta 25 años de prisión las acciones contra el suelo o el agua, condena aplicable a los directores de las empresas cuando la contaminación la produce una persona jurídica.
Poviña revocó el sobreseimiento de Rooney luego de que se sumara una inspección ocular de Gendarmería Nacional a la causa iniciada en 1999 contra la minera La Alumbrera por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que comparten las provincias de Catamarca, Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja y Santiago del Estero. A través de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses catamarqueña, el juez constató la existencia de decenas de depósitos de materiales contaminantes que incluyen metales, cubiertas de neumáticos, maderas, plásticos, cañerías, bobinas, residuos industriales y chatarra pesada.
PERFIL se comunicó con La Alumbrera en Catamarca para indagar sobre los alcances del fallo en las acciones de la compañía y no obtuvo respuesta de sus autoridades.
Con una inversión de 6 mil millones de dólares, la minera explota desde 1997 el Bajo de la Alumbrera, un yacimiento de cobre, oro y molibdeno que se localiza a 400 km de San Fernando del Valle de Catamarca y a 320 km de San Miguel de Tucumán, unos 2.600 metros sobre el nivel del mar.
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El traslado de toneladas de mercurio que disparó el alerta



Cien toneladas de mercurio, de Veladero hacia Chile

Fecha de Publicación
: 29/04/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: San Juan - Nacional


Preocupa el transporte desde la mina de Veladero hacia Alemania y otras 340 toneladas acopiadas por la Barrick/Shandong.
El traslado de 100 toneladas de mercurio de la mina Veladero, en San Juan, hasta el puerto de Santo Antonio, en Santiago de Chile, atravesando seis provincias del noroeste argentino, disparó el alerta de los sectores ambientalistas y el reclamo por la falta información oficial sobre las medidas implementadas para el transporte de este metal líquido a temperatura ambiente, que es altamente contaminante. Sin embargo, la preocupación no es sólo por el transporte de la sustancia tóxica, sino por las otras 340 toneladas que tiene acopiadas desde 2012 la minera Andina del Sol, alianza comercial de la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, que opera la mina sanjuanina. Según el abogado de la Asamblea de Jáchal, Enrique Viale, por la acumulación del material hay una causa en el juzgado penal de Claudio Bonadio contra el secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, denuncia que fue desestimada desde la secretaría.
El convoy con los residuos tóxicos que viajan en botellones de acero, colocados en contenedores transportados en camiones partió de la provincia de San Juan el miércoles a la madrugada rumbo al Paso de Jama, en Jujuy, por donde cruzaran al país vecino. El destino final del material tóxico es una mina de sal en Alemania, donde serán enterrados después de un tratamiento en Suiza, que convertirá el metal líquido en sulfuro de mercurio para solidificarlo.
Ayer, un día después de que partiera el operativo y ante las alarmas encendidas por la falta de información, la Secretaría de Ambiente brindó detalles sobre el proceso de transporte.
El subsecretario de fiscalización de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Trebino, explicó a PáginaI12 que el mercurio que se está transportando “surge como consecuencia del proceso productivo de esta actividad minera. Durante varios años el mercurio se exportó, se transportó y comercializó, y nadie decía nada cuando salía el mercurio elemental con más de 99 por ciento de pureza. Posteriormente, cuando se empezaron a discutir convenios internacionales que regulen su utilización, muchos países dejaron de comprarlo y todos los que lo generaban debieron empezar a acopiarlo porque no había una solución integral. En el medio, sale el tratado de Minamata (Japón-2013) para eliminar su uso, que la Argentina ratificó en 2017, y en ese marco y el del Convenio de Basilea, que regula el transporte internacional de residuos peligrosos, se empieza a buscar soluciones”. En ese sentido, señaló que las opciones son “acopiar o exportar el material a algún país que tenga la tecnología adecuada para tratarlo y darle una solución ambiental adecuada”.
De acuerdo al funcionario, la exportación fue la alternativa que propuso la empresa Veladero –que tuvo varias denuncias por los tres derrames de cianuro entre 2015 y 2017– una solución que planteó “una logística enorme” ya que la carga pasará por nueve países, “a los que debió informarse y obtener el acuerdo en el marco del convenio de Basilea”: Panamá, Bahamas, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Francia, Suiza y finalmente Alemania.
El operativo de traslado que está en manos de la empresa suiza Batrec y monitoreado por la policía ambiental de cada jurisdicción podría estar dejando hoy el país para dirigirse al puerto de San Antonio, en la región chilena de Valparaíso. “La salida por Chile tuvo que ver con la disponibilidad naviera. No existen muchas empresas que transporten residuos peligrosos y, por una cuestión de seguridad, al atravesar zonas menos pobladas se disminuyen los riesgos”, explicó Trebino.
Para Viale, se debería haber informado y alertado a las poblaciones por donde “transita el operativo de traslado”. El letrado remarcó que el acopio de mercurio “es una bomba de tiempo”, y recordó que “ley de Glaciares prohíbe el acopio de residuos peligrosos sobre glaciares y ambientes periglaciares, que es la zona en la que está asentada Veladero. Por esa acumulación ilegal de mercurio en la Barrick, que está en la cuenca de río Desaguadero, denunciamos a Bergman por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y la fiscal Alejandra Mángano requirió la instrucción”.
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Mapuches absuetos en causa por tierras de Vaca Muerta

La Justicia falló a favor de los mapuches que reclaman tierras de Vaca Muerta

Fecha de Publicación
: 29/04/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Neuquén


El juez Gustavo Ravizzoli los absolvió en un juicio por supuesta usurpación del lote que explotan YPF y Chevron.
El juez Gustavo Ravizzoli falló hoy en Neuquén a favor de la comunidad mapuche Campo Maripe, que reclama para sí tierras sobre las que YPF y Chevron están explotando la formación hidrocarburífera Vaca Muerta. Se trata de una sentencia clave para los derechos de los indígenas a sus tierras ancestrales, consgrados por la Constitución de 1994, y para el desarrollo de Vaca Muerta, que despierta tantas expectativas de negocios según pasan los gobiernos y las petroleras.
Los Campo Maripe habían sido denunciados por usurpación por la familia criolla Vela, que en 1978 compraron las tierras que desde los años 20 dice ocupar esta comunidad mapuche. El fiscal del caso apoyó la acusación y el gobierno de Neuquén, en manos de Omar Gutiérrez, también la respaldó. Sin embargo, la justicia absolvió a los seis indígenas sentados en el banquillo.
Los Campo Maripe habían rechazado el acuerdo que en 2013 la YPF kirchnerista firmó con la norteamericana Chevron para producir en el área Loma Campana, vecina a Añelo, el pueblo devenido capital de la formación geológica Vaca Muerta. Aseguran que sus ancestros se asentaron en la zona en disputa en 1927 y que desde entonces el Estado les cobró “deuda de pastaje”. También muestran que en 1941 se los reconoció como “únicos ocupantes” del lote. Sin embargo, denuncian que en en la última dictadura militar los Vela adquirieron el título de propiedad de esas tierras que ellos reclaman. Recién la Constitución de 1994 reconoce los territorios ancestrales a las comunidades indígenas de la Argentina.
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La remediación de Pelambres avanza mejor de lo esperado

Pelambres: la quita de la escombrera avanza un 30% más de lo pautado

Fecha de Publicación
: 29/04/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


Así lo indicaron representantes de la firma en su visita por San Juan. De seguir así, no descartan terminar antes de lo previsto.
El retiro de la escombrera Cerro Amarillo, 40 millones de toneladas de material depositados en suelo sanjuanino por la firma chilena Los Pelambres, mantiene un avance de un 30 por ciento superior a lo pautado en el plan de extracción. De continuar así, desde la empresa apuntaron que se finalizará antes de lo previsto y no descartan solicitar en la Justicia la extinción de la acción por reparación integral del perjuicio. Esto es, pedir el fin de la causa penal contra los titulares de la empresa por haber remediado la situación. No obstante, fuentes calificadas indicaron que de hacerse el pedido, no es seguro que sea otorgado, ya que deberá ser analizado por el fiscal Francisco Maldonado y por el juez Leopoldo Rago Gallo.
Quien dio detalles del avance de las tareas y no descartó hacer el pedido judicial fue Ricardo Gil Lavedra. El reconocido abogado y político radical, representante de la firma chilena en la Argentina, estuvo el miércoles en la provincia y mantuvo encuentros con el ministro de Minería Alberto Hensel, el fiscal de Estado Jorge Alvo y el juez Federal, a quienes les detalló el avance de las tareas. El letrado, que no se privó de hablar de política y de Cambiemos a nivel nacional (ver recuadro), indicó que "se están sobrecumpliendo las metas pautadas del retiro en un 30 por ciento" y sostuvo que "la cuestión ambiental está controlada y las aguas permaneces estables. Si se sigue este ritmo, se va a terminar antes".
Fuentes oficiales apuntaron que de las 40 millones de toneladas que componen la escombrera, ya se han retirado unas 13 millones de toneladas, por lo que del plazo de cinco años y medio que tiene la firma para concluir las tareas, podrá reducirse un año y terminar en cuatro años y medio, o incluso antes. Además, las fuentes indicaron que ese dato no es menor, ya que si lo logra, la empresa minera reducirá los costos de la operación, estimados en unos 120 millones de dólares.
La investigación por la escombrera Cerro Amarillo se desató por la denuncia que hizo en 2015 la firma Glencore, propietaria del proyecto El Pachón, Calingasta, en donde se encuentra el depósito y cuyos exdirectivos también están en la mira de la Justicia. Los exejecutivos de Los Pelambres fueron denunciados por contaminación y usurpación de agua y de suelo. Quienes ya fueron indagados y están imputados son: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery, Robert Mayne-Nicholls y Francisco Veloso, de Antofagasta Minerals, el grupo que controla la minera Los Pelambres.
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Un año para remediar el Nahuel Huapi



La Justicia le dio un año al Estado para sanear el Nahuel Huapi

Fecha de Publicación
: 27/04/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Un fallo del juez federal Leónidas Moldes establece las responsabilidades Nación y de la Provincia.
El juez federal Leónidas Moldes hizo lugar al amparo colectivo presentado hace ya nueve años por impulso de la Defensoría del Pueblo de Río Negro para poner límite a la contaminación del lago Nahuel Huapi y ordenó a la provincia que ejecute en un año las obras de saneamiento.
El fallo aclaró que en caso de no cumplir con la condena -que incluye la construcción del segundo módulo de la planta depuradora, el colector costanero y otras obras complementarias- los funcionarios responsables se exponen a recibir sanciones económicas “proporcionales al costo de las obras”.
El amparo original fue presentado por la exdefensora del pueblo Ana Piccinini y luego complementado por otras acciones similares que impulsaron la senadora Magdalena Odarda y la organización ambientalista Árbol de Pie.
El trámite se extendió por casi una década, en la cual hubo un largo diferendo por cuestiones de competencia, que debió ser saldado por la Corte Suprema.
El juez consideró probado el daño ambiental que causa el vertido al lago de efluentes cloacales sin tratar y también el perjuicio que generan las conexiones domiciliarias indebidas a la red cloacal en el barrio Melipal.
Por esto último también responsabilizó al Departamento Provincial de Aguas, como organismo fiscalizador.
El fallo condenó también a Parques Nacionales a “procurar la finalización y puesta en funcionamiento del segundo módulo de la planta depuradora y obras complementarias”, que se ejecutan por contrato del gobierno nacional y exigió al DPA el relevamiento de las conexiones cloacales del barrio Melipal, a fin de verificar las irregularidades denunciadas.
También rechazó la “falta de legitimación pasiva” alegada por el municipio y lo condenó a controlar las conexiones cloacales “en el ámbito de lo que resulte competente”.
El juez sólo eximió de responsabilidad a la Cooperativa de Electricidad Bariloche, que tiene a su cargo la concesión del servicio de saneamiento.
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Río Negro: reclaman avances en remediación de ríos



Exigen avances en la denuncia por contaminación de los ríos

Fecha de Publicación
: 27/04/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Río Negro


Los amparistas instan a la Justicia para que se cumpla la medida cautelar de remediación.
Los amparistas que denunciaron la contaminación del río Negro exigen a la Justicia Federal que implemente acciones concretas para detener el derrame de líquidos cloacales sin tratar al curso de agua.
Facundo Montecino Odarda, de Viedma, y Martín Pamio, de General Roca, realizaron una presentación judicial donde solicitan el expediente al Juzgado Federal, con el fin de que se lleve adelante la medida cautelar impuesta a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas que la insta a realizar un plan de saneamiento y remediación del río.
“En 2016 presentamos un amparo judicial ante la alarmante situación de contaminación. En este expediente, el Juzgado Federal de General Roca ordenó la concreción de un plan de saneamiento y remediación de la cuenca del río Negro, Limay y Neuquén. Para dar cumplimiento a esta decisión, el Gobierno Nacional y Provincial en conjunto con la A.I.C., deben concretar los planes directores cloacales en las ciudades sobre estos ríos”, explicaron los amparístas que llevan adelante la causa ambiental.
Agregaron que “a pesar de que las autoridades responsables por la contaminación del río son el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuentas (AIC), ellos parecen no asumir la importancia y gravedad de la situación de contaminación que padecemos a lo largo de todo el recorrido del río Negro, menospreciando los impactos, y evadiendo dar respuesta alguna”.
A ello debe sumarse que el titular del Juzgado Federal, Hugo Greca, entendió que la competencia del juicio debe ser de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarándose incompetente, y remitiendo las actuaciones al más alto Tribunal de la República. Esta medida aún se encuentra por resolver, dado que constituye un hecho fundamental la cercanía de los actores con el sitio en que debe ordenarse la remediación ambiental.
“Por ello seguimos avanzando con el amparo colectivo que presentamos, junto a numerosos vecinos, organizaciones y con el apoyo de la Senadora Nacional Magdalena Odarda, para que los verdaderos responsables de la contaminación solucionen el problema de fondo y brinden una respuesta adecuada a la salud del ambiente y de toda la población de nuestra provincia”, expresaron.
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Amenazas a quienes denuncian agrotóxicos en el agua



"Es complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque el agronegocio está en todas partes"

Fecha de Publicación
: 27/04/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


Sabrina Ortiz y sus dos hijos tienen altas cantidades de glifosato en sangre, constatadas por la Corte, y graves problemas de salud. Su denuncia logró frenar las fumigaciones en Pergamino.
Sabrina Ortiz vive con custodia policial por decir la verdad. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia confirmó que el agua de Pergamino, donde ella vive, está contaminada con 18 agroquímicos, de los cuales, casi la mitad, son considerados cancerígenos. Desde 2011, la mujer viene denunciando las fumigaciones en la zona que le provocaron la pérdida de un embarazo, enfermaron a sus dos hijos y la obligaron a dejar su casa. "Esto cambió mi vida. Me dejaron chaucha de soja en mi auto, balearon a mi perro, me apretaron con barras bravas. Es muy complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque la cadena de complicidades es muy grande. Hasta los mismos médicos que te atienden son productores. Los medios locales hicieron campaña contra mí, tratándome de mentirosa, porque ellos responden a los intereses de Monsanto. El agronegocio está en todas partes".
El martes, el Máximo Tribunal ratificó que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida no es apta para consumo humano. Los peritos de la Corte elaboraron el informe, luego de que el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, ordenara suspender la aplicación de agroquímicos en cuatro campos que rodean a esos tres barrios de Pergamino, donde un grupo de vecinos denunció los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión de Villafuerte Ruzo se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua. El juez además exhortó al municipio de Pergamino a que "de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable".
Lejos de acatar el fallo, el intendente Javier Martínez, de Cambiemos, sostuvo que "el agua tiene la calidad que indican los códigos alimentarios" y juró que en su vivienda toma "agua de la canilla". En paralelo, ordenó un nuevo análisis a la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires que, si bien confirmó la presencia de agrotóxicos en las muestras tomadas, aclaró que "estaban por debajo de los parámetros que se consideran riesgosos para la salud".
Frente a este desacuerdo, se encomendó un nuevo estudio al equipo de Toxicología de la Corte Suprema que, en coincidencia con el INTA Balcarce, determinó que el agua está contaminada con 18 tipos de agroquímicos y, por lo tanto, pone en riesgo la salud de las personas.
"Cuando yo salí –recuerda Sabrina– a cuestionar las fumigaciones y que no había ningún control, nadie me escuchó. Fui a la Municipalidad, a la Secretaría de Salud, hice la denuncia en la fiscalía provincial, llamé a las radios locales, hice de todo para pedir que alguien nos cuidara".
Era 2011 y Sabrina cursaba un embarazo de cinco meses. Durante el día, el acostumbrado riego de agrotóxicos en los campos lindantes a su casa de Villa Alicia le provocaba mareos, brotes en la piel y unas contracciones que la convencieron de ir al médico. Esa misma noche, perdió al que iba a ser su tercer hijo.
"El médico –cuenta– me preguntó donde vivía, si tenía campos alrededor, si estaba en contacto con las fumigaciones. Cuando le conté que sí, me dijo que seguro había perdido el embarazo por eso, pero no se animó a ponérmelo por escrito, ni a darme un certificado. Me dijo que le podía traer problemas si lo hacía".
Harta del silencio cómplice, en 2012 Sabrina fundó la Asamblea de la Protección de la Vida y el Ambiente y empezó la carrera de Derecho para "poder hacer algo con las herramientas jurídicas que hasta ese momento no tenía". En 2017, ya recibida y matriculada como abogada, Sabrina decidió acudir a la Justicia Federal.
"Me constituí como querellante en causa propia para ver hasta dónde llegaba el compromiso del juez, y la verdad es que resultó una sorpresa. Trabajó muy bien y enseguida activó la causa".
La denuncia de Sabrina, hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, derivó en el fallo de Villafuerte Ruzo y, posteriormente, en el informe de la Corte que avaló que el agua de la ciudad está contaminada.

Secuelas
"Hasta que no se habló del agua, la gente no se despertó –relata Sabrina–. Si se les habla de las fumigaciones, enseguida piensan que eso no les va a llegar, pero el veneno no sólo está en el agua, está en el aire, en todos lados. En unos años, todos los vecinos de Pergamino van a tener los mismos niveles de glifosato en el cuerpo que tiene mi familia".
A los 34 años, Sabrina ya padeció dos ACV isquémicos, y tiene en el cuerpo glifosato y lambdacialotrina (un insecticida de la marca Syngenta) en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Su hija de 18 años tiene niveles de glifosato cien veces más alto de lo aconsejable para su peso. Su hijo menor, de apenas seis años, ostenta el récord familiar: el nivel de glifosato que lleva en su organismo es 120 veces más de lo inofensivo.
"En mi caso, la lambdacialotrina es neurotóxica y ataca el sistema nervioso. Combinada con glifosato es un cóctel fatal. Tengo temblores en los brazos, de vez en cuando me trabo al hablar, y por lo menos una vez por semana sufro una ceguera fugaz en un ojo. Son las secuelas de las fumigaciones".
El año pasado, Sabrina y su familia tuvieron que abandonar su casa de toda la vida luego del ultimátum del equipo médico del Hospital Austral, de Pilar: o se mudan o los problemas de salud de los chicos van a empeorar.
"Nos fuimos –cuenta con amargura– una noche de lluvia. Cargamos unas pocas cosas en la camioneta de mi papá, mientras mi hijo más chico lloraba. Era como si nos estuviésemos escapando, fue horrible. Por el viento, el veneno se sentía más fuerte". «

Monsanto acumula condenas en Estados Unidos
Hasta enero de este año, Monsanto, integrada a la multinacional Bayer, tenía más de 11 mil denuncias, sólo en los Estados Unidos, por los efectos del herbicida glifosato. En agosto del año pasado, los jurados de un tribunal de California determinaron de manera unánime que Monsanto actuó con "malicia", y que sus herbicidas Roundup y Ranger Pro contribuyeron "sustancialmente" al desarrollo de un cáncer terminal en el organismo del jardinero Dewayne "Lee" Johnson. En una primera instancia, la justicia ordenó a Monsanto pagar una suma de 287 millones de dólares como compensación. Sin embargo, luego de que apelara la sentencia, la cifra se redujo a unos 78 millones.
En marzo de este año, la justicia norteamericana condenó nuevamente a Monsanto, esta vez al pago de 80 millones de dólares a Edwin Hardeman, de 70 años, quien acusó a la multinacional por haberle provocado el cáncer que sufre tras haber aplicado durante años el producto Roundup.
El glifosato, que sigue acumulando denuncias en el mundo, es el herbicida más usado en Argentina.

Negacionismo, de Macri a Bergman
El fallo que ordenó la suspensión inmediata de la aplicación de plaguicidas tóxicos en campos que rodean tres barrios de Pergamino, llegó una semana después de que el presidente Mauricio Macri calificara de “absurda” la prohibición de fumigar cerca de escuelas.
Durante una visita a Gualeguaychú que tuvo como  principal objetivo apuntalar al candidato a gobernador del oficialismo, el radical Atilio Benedetti, a la postre derrotado por el frente peronista, el mandatario cuestionó el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que impide fumigar a una distancia de menos de 1000 metros terrestres y 3000 metros aéreos respecto de escuelas rurales, calificándolo como “irresponsable”. "La ley de distancias de fumigación vigente es absurda", enfatizó Macri y agregó que "pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial de la provincia". Claro, llamó "ley" a la sentencia de un tribunal.
Desde la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos de Entre Ríos repudiaron los dichos del presidente y le recordaron que “nuestros gurises merecen el mismo ambiente que Antonia”, en referencia a la hija menor de Macri.
Días después, el secretario de Ambiente, Sergio Bergman, reforzó la línea del gobierno durante el 25° Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), que nuclea a los grandes pools sojeros y representantes de las compañías que producen agrotóxicos. En su discurso, consideró que fumigar a 200 metros de poblaciones en el ámbito rural no supone problemas para la salud.
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El agronegocio "nervioso" por el nuevo Código Penal



Los delitos ambientales en el nuevo Código Penal: Cartez teme una “cacería de brujas”

Fecha de Publicación
: 26/04/2019
Fuente: Agro Voz
Provincia/Región: Nacional


La entidad ruralista pidió protección para el agro ante la posibilidad de que se apliquen ideológicamente criterios que pueden perjudicar a la producción agropecuaria. 
Sin fecha concreta aún de debate, el Congreso argentino se apresta a discutir una reforma integral del Código Penal que incluye una novedad de importancia para el agro: la incorporación de los denominados “delitos ambientales”.
Se trata de un tema que está encendiendo alertas en el sector agropecuario debido a la posibilidad de que se pudieran considerar actividades penalmente sancionables la aplicación de fitosanitarios o la eliminación de bosque nativo, aun cuando se enmarcaran dentro de la ley, sólo si un fiscal considerara que son contaminantes.
Para advertir sobre el tema, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) emitió un comunicado en el que pidió poner “punto final a la hipocresía demagógica”.

Reclamos
La entidad que preside Gabriel De Raedemaeker se quejó de que este proyecto “pretende equiparar las penas que eventualmente pudieran corresponderles a los productores con las que les caben a ladrones, violadores o asesinos seriales”.
“Cabe preguntarse si es cuerdo suponer que alguien esté dispuesto a arriesgar su capital, su trabajo, su tiempo, su futuro, y eventualmente su libertad, para producir los alimentos y energía que el país le pide a gritos, bajo el estricto cumplimiento de todo el marco legal e impositivo vigente, y aun así quedar expuesto a una cacería de brujas por parte de algún fiscal que, en estricto cumplimiento de su deber pero impregnado de un halo ideológico anti-campo, considere, por ejemplo, que las aplicaciones de productos fitosanitarios constituyen un mecanismo de contaminación ambiental”, señaló Cartez.
Y continuó: “Aparece muy difuso el límite entre lo legal y lo condenable, en una zona gris en la que un determinado posicionamiento ideológico puede conducir a decisiones profundamente equivocadas”.
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El agronegocio arremete nuevamente con la Ley de Semillas



Un semillero de negocios

Fecha de Publicación
: 25/04/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


En estos días vuelve a rondar por los pasillos del Congreso el rumor de que el Gobierno buscará modificar la actual Ley de Semillas en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Creo necesario, en función de la importancia de la semilla y el agro para el desarrollo de nuestro país, poner en discusión algunos de los argumentos que utiliza cierto sector empresarial del campo junto con el Gobierno para presionar y aprobar finalmente esta ley.
La semilla no es un insumo más en la agricultura, sino que es la llave más importante que determina el modo en que se producen los alimentos y, finalmente, qué es lo que come la sociedad en su conjunto. De la genética de la semilla depende el cuándo y el cómo se siembra, se maneja el cultivo, y se cosecha. Esto lo aprendieron rápidamente las empresas de la industria agroquímica que adquirieron casi todas las semilleras del mundo durante los últimos 20 años.
Por ejemplo: para el 2005 Monsanto había adquirido 27 empresas semilleras en el mundo, Bayer a 21, Dow a 12, Dupont a 51, y Syngenta a 20. De ese modo se aseguran unir a la semilla con el paquete tecnológico que ellas mismas venden al mercado. Además, la reducción en el número de empresas genera consecuencias económicas y biológicas indeseables. Pero la concentración continuó y en el 2018 Bayer adquirió a Monsanto, Dow y Dupont se fusionaron y Chemchina (la gigante agroquímica China) adquirió a Syngenta y a una de las semilleras argentinas más importantes: Nidera. Esto hizo que actualmente sólo tres empresas en el mundo concentren el 60 por ciento de las ventas de semillas y el 70 por ciento de los agroquímicos.
En este contexto se discuten en Argentina, bajo la intensa presión de estas empresas, las modificaciones a la Ley de Semillas. Se plantea que la Ley actual es vieja y que las modificaciones deberían promover las "inversiones" de las empresas semilleras en nuevos desarrollos para los agricultores argentinos. El eje de las modificaciones pasa por quitar a los productores el derecho de uso propio, es decir el productor deberá pagar por volver a utilizar una semilla que compró.
Mientras tanto, durante el debate de la Ley en la Comisión de Agricultura de Diputados se argumentó (por ejemplo) que en el Chaco sólo se siembra una variedad de algodón cuando años atrás se sembraban 30 cultivares diferentes; la explicación que se dio es que la actual Ley "desalienta la inversión". Sin embargo, olvidaron plantear que --debido a la hiperconcentración del mercado-- quien es dueño del cultivar (Bayer-Monsanto) no requiere de nuevos materiales ya que con uno solo monopoliza la producción. Es casi ingenuo creer que los productores argentinos y más aún los pequeños productores tendrán mayor acceso a las nuevas tecnologías si se cambia la Ley de Semillas.
Si nos planteamos como objetivo lograr un desarrollo productivo económico, social y ambientalmente sustentable, tenemos que tener como país la capacidad de decidir. La simbólica degradación del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva a Secretaría muestra que la orientación es depositar el desarrollo tecnológico en las empresas transnacionales, y no en un desarrollo nacional. La soberanía tecnológica es, entre otras cosas, poder tomar decisiones sobre qué y cómo producir. Si este proyecto de ley se aprueba, esas decisiones relevantes no serán tomadas por los intereses del pueblo Argentino, sino por las ecuaciones económicas de estos tres grandes grupos empresarios.
Para que los productores argentinos tengan acceso a nuevas tecnologías se debe fortalecer el sistema científico tecnológico argentino. Aún en Estados Unidos, los conocimientos y las tecnologías agrícolas más relevantes fueron generadas por las universidades y los organismos públicos de investigación, y no por las empresas semilleras. Dar la libertad al productor para elegir si conservar su semilla o adquirir una nueva, constituye un desafío para que los mejoradores generen cultivares que presenten cada vez nuevas ventajas productivas.
Se plantea que la Ley de Semillas es vieja y no contempla las nuevas tecnologías, sin embargo, en el proyecto del Poder Ejecutivo no se hace mención alguna a las nuevas tecnologías genéticas. Tampoco se piensa en qué mejoramiento realizar y cuáles son los objetivos que como país productor de alimentos debemos tener.
Resulta imprescindible plantearse qué tipo de alimentos queremos generar, pensar no sólo en cantidad sino en calidad y en una producción saludable. Como se dijo al inicio de la nota, la semilla y su genética condiciona el cómo se produce y qué alimento se genera, esa es la discusión de fondo y el verdadero interés de las empresas transnacionales con el proyecto que se quiere sancionar. Debatir la Ley de Semillas nos debe dar la oportunidad para decidir de qué modo queremos producir, no puede ser un medio para que el país pierda más soberanía.

Gustavo Schrauf es profesor titular de la Cátedra de Genética, director del Criadero Cultivos del Sur, Facultad de Agronomía (UBA).
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Río Negro: tratamineto de proyecto que limita la megaminería



La Legislatura comenzó a tratar el proyecto que prohíbe el uso del agua para la megaminería

Fecha de Publicación
: 25/04/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


El proyecto que presentaron las asambleas socioambientales se analiza en la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones.
Comenzó en la legislatura provincial el tratamiento del proyecto que  prohíbe el uso del agua en la explotación megaminera metalífera a cielo abierto. Es una iniciativa impulsada por integrantes de  asociaciones socioambientales.
“Nadie puede hoy dar garantía que con este tipo emprendimiento  en la provincia no vamos a lamentar una tragedia ambiental”, expresó Sandra Ferrero,  integrante de la Asamblea socioambiental de  Junín de los Andes y afirmó que  “no es una actividad compatible con la vida”.
Mencionó que en 2015  hubo intentos de empresas de hacer esta actividad en las nacientes del río Catal Lil, en Huinganco y antes en Loncopue,  y que se frenaron en gran parte por la movilización de los vecinos de cada lugar.
“Queremos disminuir la amenaza de los riesgos de desastres ambientales  como ya  se vieron por ejemplo en Brasil”, marcó Sandra sobre la iniciativa.
El proyecto N°11.520 inició su tratamiento esta mañana en  la comisión de Hidrocarburos de la Legislatura. “Queremos que no exista la megaminería en la provincia”, ratificó Ferrero.
En el texto del proyecto se argumenta que “la minería metalífera a cielo abierto demanda enormes cantidades de agua y contamina frecuentemente las cuencas hídricas con metales pesados y sustancias químicas como el cianuro, sumado a una cantidad importante de desechos”.
Sandra Ferrero dijo que “es un principio precautorio” y “no queremos que se hable de daño cuando ya pasó”.
“Hay más de 50 pedidos de exploración en la cordillera neuquina y estamos muy preocupados”, aseguró.
Sobre los riesgos de la minería metalífera Ferrero comentó  que “en un informe que presentó la empresa que quería hacer la explotación en las nacientes del Catan Lil ocupaba la misma cantidad de  litros de agua que usaban todo los pobladores de Las Coloradas”.
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