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La Pampa sigue con acciones contra Portezuelo
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Ziliotto elevó queja por fondos para Portezuelo
Fecha de Publicación: 11/04/2020
Fuente: Ámbito Financiero
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador de La Pampa, el justicialista Sergio Ziliotto, elevó un reclamo formal a Alberto Fernández luego de que trascendiera que el reperfilamiento de los vencimientos de bonos regidos por ley argentina hasta 2021 no incluye a las remesas a Mendoza en dólares para la construcción de la represa hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, cuestionada por todo el arco político pampeano por considerar que asfixia sus recursos hídricos.
“Tenemos confianza en el Presidente, pero hemos iniciado los reclamos”, dijo el mandatario, además de remarcar que “no encontramos ninguna razón por la cual, si todos los acreedores tienen que esperar, por qué no puede hacerlo la provincia de Mendoza”.
“El reclamo lo hice desde mi investidura, por la vía formal; los canales míos son institucionales”, sostuvo.
La primera reacción, intempestiva, había corrido por cuenta del exgobernador peronista Carlos Verna, quien en su cuenta de Twitter aseguró el pasado martes: “El presidente @alferdez defaulteó la deuda de los bonos de legislación nacional, excepto los de Portezuelo. Antes nos cagaba @mauriciomacri, ahora nos cagó un compañero”.
Horas después, Ziliotto remarcó -en declaraciones a La Red- que “la cuestión de la soberanía hídrica en La Pampa está muy arraigada”. “Carlos Verna es una persona que ha luchado muchísimo, nosotros tenemos varios conflictos con Mendoza que ya nos robó el río Atuel a pesar de que la Corte falló que es interjurisdiccional, y ahora esa provincia quiere hacer una represa también en un río interjurisdiccional”, dijo.
“No estamos en contra de que se haga, estamos en contra de que la administre Mendoza; nosotros hemos reclamado ayer (por el martes) al Gobierno Nacional sobre por qué se tomó esa decisión”, subrayó.
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Fecha de Publicación: 11/04/2020
Fuente: Ámbito Financiero
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador de La Pampa, el justicialista Sergio Ziliotto, elevó un reclamo formal a Alberto Fernández luego de que trascendiera que el reperfilamiento de los vencimientos de bonos regidos por ley argentina hasta 2021 no incluye a las remesas a Mendoza en dólares para la construcción de la represa hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, cuestionada por todo el arco político pampeano por considerar que asfixia sus recursos hídricos.
“Tenemos confianza en el Presidente, pero hemos iniciado los reclamos”, dijo el mandatario, además de remarcar que “no encontramos ninguna razón por la cual, si todos los acreedores tienen que esperar, por qué no puede hacerlo la provincia de Mendoza”.
“El reclamo lo hice desde mi investidura, por la vía formal; los canales míos son institucionales”, sostuvo.
La primera reacción, intempestiva, había corrido por cuenta del exgobernador peronista Carlos Verna, quien en su cuenta de Twitter aseguró el pasado martes: “El presidente @alferdez defaulteó la deuda de los bonos de legislación nacional, excepto los de Portezuelo. Antes nos cagaba @mauriciomacri, ahora nos cagó un compañero”.
Horas después, Ziliotto remarcó -en declaraciones a La Red- que “la cuestión de la soberanía hídrica en La Pampa está muy arraigada”. “Carlos Verna es una persona que ha luchado muchísimo, nosotros tenemos varios conflictos con Mendoza que ya nos robó el río Atuel a pesar de que la Corte falló que es interjurisdiccional, y ahora esa provincia quiere hacer una represa también en un río interjurisdiccional”, dijo.
“No estamos en contra de que se haga, estamos en contra de que la administre Mendoza; nosotros hemos reclamado ayer (por el martes) al Gobierno Nacional sobre por qué se tomó esa decisión”, subrayó.
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Una minera aisla un paraje en Córdoba
Sin camino, vecinos de Casa Bamba quedaron aislados
Fecha de Publicación: 07/04/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
“No hay otro medio de acceso que no sea este camino”, lamenta la maestra rural Silvia Flamini, quien vive en el paraje Casa Bamba desde hace 43 años. El paso a su casa por el camino existente le es impedido por el único acceso controlado por la minera Mogote Cortado.
Para los 60 habitantes de este paraje de Sierras Chicas, que se encuentra dentro de la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba, en jurisdicción del municipio de La Calera, el ingreso y egreso siempre fue a través de ese camino, en el que la empresa colocó un portón con candado y personal civil para evitar el libre tránsito. Su argumento es que no se trata de un camino público y que está dentro de su propiedad.
Según Flamini la situación que viven las familias empeoró en las últimas semanas.
Mientras hacía el aislamiento obligatorio por la pandemia, el jueves necesitó salir para comprar medicación, ya que es diabética, y proveerse de alimentos. Junto a su esposo fueron con su autorización a La Calera y, al regresar, no los dejaron pasar.
“Estuvimos desde las 18 hasta las 24 tratando de hablar para que nos dejen ingresar. Hablé con el intendente Facundo Rufeil, y con la Unidad Judicial. Tuvo que venir un médico porque me descompensé”, relató.
La maestra rural rechazó el argumento de la empresa de que ese camino es de su propiedad: “Es público, pasa el río Suquía muy cerca. Y esto se da en plena cuarentena. Somos al menos dos familias las que estamos en esta situación”.
“El intendente se puso en contacto con la minera, pero ellos deciden quién pasa y quién no. Buscan desgastarnos para que nos vayamos. Soy nacida y criada aquí y no me voy a ir”, afirmó la vecina.
Según insistió, si no circulan por ese camino, están completamente aislados y expuestos a peligros. “Pretenden que vayamos por las vías del tren. Cuando llueve tenemos que cruzar a nado porque no tenemos puente. No ingresa ni la ambulancia ni la Policía. Días atrás, un vecino se enfermó y no teníamos cómo cruzarlo. Día a día nos reducen los derechos humanos”, cuestionó.
¿Una pasarela?
El intendente Facundo Rufeil admitió el problema. “El terreno es privado, al igual que el camino. La gestión anterior dio la prefactibilidad de la explotación a la minera por un año, con permiso de Minería y de Ambiente de la Provincia. Ese permiso termina en abril”, señaló.
Rufeil aclaró que el predio está a la vera del río Suquía, con injerencia de la Provincia por la línea de ribera, y frente a la estación Casabamba del Tren de las Sierras, que es de jurisdicción de la Nación.
“El intendente anterior (Rodrigo Rufeil) pidió permiso a la minera para hacer una pasarela, pero luego, al cortarse las relaciones, la empresa nunca permitió que eso suceda, lo que me parece de poca sensibilidad social”, especificó el intendente, primo del anterior.
“Me comuniqué con el propietario (Esteban Camarassa) por este episodio y no me atendió. ¿Y si a estas personas les pasa algo? No hay forma de hacer que nos permitan colocar la pasarela. Para eso tenemos que pasar por el portón, es el único acceso”, manifestó Rufeil, quien aseveró que inició gestiones ante la Nación y Minería de la Provincia para hallar una salida.
De larga data
En 2019, los vecinos denunciaron a la cantera por la instalación del portón que impide, con personal civil, el libre ingreso. Sólo pueden hacerlo si acreditan el domicilio con el DNI.
El portón está ubicado sobre la ruta E-55: la única entrada al paraje y un camino histórico desde hace más de 100 años.
Los vecinos sumaron decenas de reclamos y presentaron un recurso de amparo a la Justicia.
En abril de 2018, el municipio dictaminó el cese preventivo de la cantera Mogote Cortado, porque no presentó un informe de impacto ambiental actualizado ni la resolución aprobatoria de la Dirección de Minería de la Provincia.
Este medio se comunicó con la minera, pero no obtuvo respuestas.
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Fecha de Publicación: 07/04/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
“No hay otro medio de acceso que no sea este camino”, lamenta la maestra rural Silvia Flamini, quien vive en el paraje Casa Bamba desde hace 43 años. El paso a su casa por el camino existente le es impedido por el único acceso controlado por la minera Mogote Cortado.
Para los 60 habitantes de este paraje de Sierras Chicas, que se encuentra dentro de la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba, en jurisdicción del municipio de La Calera, el ingreso y egreso siempre fue a través de ese camino, en el que la empresa colocó un portón con candado y personal civil para evitar el libre tránsito. Su argumento es que no se trata de un camino público y que está dentro de su propiedad.
Según Flamini la situación que viven las familias empeoró en las últimas semanas.
Mientras hacía el aislamiento obligatorio por la pandemia, el jueves necesitó salir para comprar medicación, ya que es diabética, y proveerse de alimentos. Junto a su esposo fueron con su autorización a La Calera y, al regresar, no los dejaron pasar.
“Estuvimos desde las 18 hasta las 24 tratando de hablar para que nos dejen ingresar. Hablé con el intendente Facundo Rufeil, y con la Unidad Judicial. Tuvo que venir un médico porque me descompensé”, relató.
La maestra rural rechazó el argumento de la empresa de que ese camino es de su propiedad: “Es público, pasa el río Suquía muy cerca. Y esto se da en plena cuarentena. Somos al menos dos familias las que estamos en esta situación”.
“El intendente se puso en contacto con la minera, pero ellos deciden quién pasa y quién no. Buscan desgastarnos para que nos vayamos. Soy nacida y criada aquí y no me voy a ir”, afirmó la vecina.
Según insistió, si no circulan por ese camino, están completamente aislados y expuestos a peligros. “Pretenden que vayamos por las vías del tren. Cuando llueve tenemos que cruzar a nado porque no tenemos puente. No ingresa ni la ambulancia ni la Policía. Días atrás, un vecino se enfermó y no teníamos cómo cruzarlo. Día a día nos reducen los derechos humanos”, cuestionó.
¿Una pasarela?
El intendente Facundo Rufeil admitió el problema. “El terreno es privado, al igual que el camino. La gestión anterior dio la prefactibilidad de la explotación a la minera por un año, con permiso de Minería y de Ambiente de la Provincia. Ese permiso termina en abril”, señaló.
Rufeil aclaró que el predio está a la vera del río Suquía, con injerencia de la Provincia por la línea de ribera, y frente a la estación Casabamba del Tren de las Sierras, que es de jurisdicción de la Nación.
“El intendente anterior (Rodrigo Rufeil) pidió permiso a la minera para hacer una pasarela, pero luego, al cortarse las relaciones, la empresa nunca permitió que eso suceda, lo que me parece de poca sensibilidad social”, especificó el intendente, primo del anterior.
“Me comuniqué con el propietario (Esteban Camarassa) por este episodio y no me atendió. ¿Y si a estas personas les pasa algo? No hay forma de hacer que nos permitan colocar la pasarela. Para eso tenemos que pasar por el portón, es el único acceso”, manifestó Rufeil, quien aseveró que inició gestiones ante la Nación y Minería de la Provincia para hallar una salida.
De larga data
En 2019, los vecinos denunciaron a la cantera por la instalación del portón que impide, con personal civil, el libre ingreso. Sólo pueden hacerlo si acreditan el domicilio con el DNI.
El portón está ubicado sobre la ruta E-55: la única entrada al paraje y un camino histórico desde hace más de 100 años.
Los vecinos sumaron decenas de reclamos y presentaron un recurso de amparo a la Justicia.
En abril de 2018, el municipio dictaminó el cese preventivo de la cantera Mogote Cortado, porque no presentó un informe de impacto ambiental actualizado ni la resolución aprobatoria de la Dirección de Minería de la Provincia.
Este medio se comunicó con la minera, pero no obtuvo respuestas.
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Nación comienza a girar fondos atrasados de bosques
Ley de Bosques: Ambiente Nación habilitó la transferencia de fondos 2018 y 2019 a las provincias
Fecha de Publicación: 06/04/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional
Se busca así dinamizar la entrega de recursos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos a las jurisdicciones locales, en consonancia con lo acordado en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible resolvió habilitar la transferencia de los fondos correspondiente a las convocatorias 2018 y 2019 del Fondo Fiduciario para la protección ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). La medida parte del consenso alcanzado entre la Nación y las provincias en el marco del COFEMA, que en la última asamblea abordó la operatoria del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, particularmente las transferencias y rendiciones.
La Resolución 98/2020, publicada hoy en Boletín Oficial, surge de la propuesta para dinamizar las transferencias de fondos a las autoridades locales de aplicación de la ley de bosques, disminuir la cantidad de rendiciones de cuentas pendientes, culminando con una propuesta de transferencias vía coparticipación de manera que se garantice la ejecución eficiente de los fondos.
Al respecto, en la última asamblea extraordinaria del COFEMA el ministro Cabandié afirmó: “Es muy importante haber podido modificar la ejecución del presupuesto que nos va a servir para mejorar sustantivamente las políticas para la protección de los bosques nativos en todo el país, tanto para impedir el desmonte como para fomentar la forestación”. Asimismo, el titular de la cartera de Ambiente señaló que muchas de las autoridades provinciales destacaron “la relevancia que tiene el fondo de bosques para implementar soluciones a las necesidades ambientales de cada provincia”.
La transferencia de los fondos correspondiente a las convocatorias 2018 y 2019 permitirá girar a las provincias $ 660 millones de pesos, es decir más del 60 % del total. El monto que habilitó la gestión de Cabandié estaba pendiente de ser transferido a las jurisdicciones por la anterior gestión del Gobierno nacional.
A su vez, la mencionada resolución habilita la ejecución de la convocatoria 2020, que implica la transferencia de los fondos a las jurisdicciones e implementa un sistema excepcional de ejecución a través de la autoridad nacional de aplicación, mediante la presentación de planes provinciales de desarrollo forestal. Estos planes permitirán agilizar la ejecución, bajar el volumen de rendiciones pendientes y avanzar sobre un esquema de transferencias automáticas de los fondos hacia las provincias.
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Fecha de Publicación: 06/04/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional
Se busca así dinamizar la entrega de recursos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos a las jurisdicciones locales, en consonancia con lo acordado en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible resolvió habilitar la transferencia de los fondos correspondiente a las convocatorias 2018 y 2019 del Fondo Fiduciario para la protección ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). La medida parte del consenso alcanzado entre la Nación y las provincias en el marco del COFEMA, que en la última asamblea abordó la operatoria del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, particularmente las transferencias y rendiciones.
La Resolución 98/2020, publicada hoy en Boletín Oficial, surge de la propuesta para dinamizar las transferencias de fondos a las autoridades locales de aplicación de la ley de bosques, disminuir la cantidad de rendiciones de cuentas pendientes, culminando con una propuesta de transferencias vía coparticipación de manera que se garantice la ejecución eficiente de los fondos.
Al respecto, en la última asamblea extraordinaria del COFEMA el ministro Cabandié afirmó: “Es muy importante haber podido modificar la ejecución del presupuesto que nos va a servir para mejorar sustantivamente las políticas para la protección de los bosques nativos en todo el país, tanto para impedir el desmonte como para fomentar la forestación”. Asimismo, el titular de la cartera de Ambiente señaló que muchas de las autoridades provinciales destacaron “la relevancia que tiene el fondo de bosques para implementar soluciones a las necesidades ambientales de cada provincia”.
La transferencia de los fondos correspondiente a las convocatorias 2018 y 2019 permitirá girar a las provincias $ 660 millones de pesos, es decir más del 60 % del total. El monto que habilitó la gestión de Cabandié estaba pendiente de ser transferido a las jurisdicciones por la anterior gestión del Gobierno nacional.
A su vez, la mencionada resolución habilita la ejecución de la convocatoria 2020, que implica la transferencia de los fondos a las jurisdicciones e implementa un sistema excepcional de ejecución a través de la autoridad nacional de aplicación, mediante la presentación de planes provinciales de desarrollo forestal. Estos planes permitirán agilizar la ejecución, bajar el volumen de rendiciones pendientes y avanzar sobre un esquema de transferencias automáticas de los fondos hacia las provincias.
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Chaco salteño: CorteIDH dio a la razón a indígenas
La Corte Interamericana le dio a la razón a comunidades indígenas
Fecha de Publicación: 04/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
El Estado argentino fue declarado responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, la identidad cultural, el ambiente sano, la alimentación y al agua.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas que habitan 643 mil hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14 (matrículas catastrales 175 y 5557), del departamento Rivadavia, en el Chaco salteño.
El tribunal internacional dispuso medidas de reparación: ordenó que "con la mayor celeridad posible y en un plazo máximo de seis años", el Estado argentino "concluya las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas sobre su territorio. El titulo debe ser único, es decir, uno para el conjunto de todas las comunidades y relativo a todo el territorio, sin perjuicio de los acuerdos de las comunidades sobre el uso del territorio común".
También ordenó que el Estado "Remueva del territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos y concrete el traslado de la población criolla fuera de ese territorio, debiendo promover que ello sea voluntario, evitando desalojos compulsivos durante los primeros tres años y, en cualquier caso, procurando el efectivo resguardo de los derechos de la población criolla, lo que implica posibilitar el reasentamiento o acceso a tierras productivas con adecuada infraestructura predial".
La Corte Interamericana dispuso que esta misma sentencia es una forma de reparación y ordenó también a Argentina "abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena o que puedan afectar su existencia, valor, uso o goce, sin la previa provisión de información a las comunidades indígenas víctimas, así como de la realización de consultas previas adecuadas, libres e informadas".
Agua segura y alimentos
El fallo llegó en momentos en que los habitantes de esa zona soportan una crisis social y sanitaria de envergadura, incluso con la muerte de niños y niñas por causas vinculadas a la desnutrición. Y precisamente, el Tribunal sostuvo que la presencia de animales vacunos, los alambrados y la tala ilegal privan a los habitantes indígenas del goce de sus derechos, y le ordenó al Estado argentino "presentar a la Corte un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación" y "formule un plan de acción para atender esas situaciones y comience su implementación". También ordenó que en el plazo máximo de un año "establezca acciones que deben instrumentarse para la conservación de aguas y para evitar y remediar su contaminación; garantizar el acceso permanente a agua potable; evitar que continúe la pérdida o disminución de recursos forestales y procurar su recuperación, y posibilitar el acceso a alimentación nutricional y culturalmente adecuada" así como crear un fondo de desarrollo comunitario.
La sentencia fue notificada hoy a las partes. La Corte Intermericana "encontró al Estado de Argentina responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas", y también, al derecho a la garantía judicial del plazo razonable. Esto último es porque la Corte de Justicia de Salta se tomó tres años para resolver un amparo presentado por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat.
Es la primera vez que en un caso contencioso, la CorteIDH analiza los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El reclamo de reconocimiento de la propiedad del territorio de ocupación ancestral fue impulsado por comunidades de los pueblos Wichí (o mataco, en la designación occidental), Iyjwaja (chorote), Komlek (qom, o toba), Niwackle (chulupí) y Tapy’y (tapiete).
El territorio, en el extremo noroeste de la provincia, limita con Paraguay y Bolivia, teniendo como centro a la localidad de Santa Victoria Este, comprende 643 mil en donde el Estado argentino construyó el puente internacional de Misión La Paz, que une a Argentina con Paraguay, "sin previa consulta" a las comunidades. "Se ha constatado presencia indígena de modo constante, al menos desde 1629", sostuvo la Corte, que precisó que a partir de inicios del siglo XX esta tierra fue ocupada por criollos.
Un largo proceso
La CorteIDH recordó que el reclamo indígena, el primero de Argentina que llega hasta este Tribunal, fue formalizado en 1991. En 1992 las comunidades se organizaron en Lhaka Honhat, coordinada por el ya histórico líder wichí Francisco Pérez, para exigir el título comunitario de las tierras.
"Durante los más de 28 años que han transcurrido desde entonces, la política estatal respecto a la propiedad indígena ha ido cambiando, y el Estado ha llevado a cabo distintas actuaciones en relación con la propiedad reclamada", sostuvo la Corte. Entre esas idas y venidas, se destacaron las acciones del ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, que buscó fraccionar el territorio y entregar títulos individuales a indígenas y criollos.
En 2007, Lakha Honhat y la Organización de Familias Criollas acordaron que las comunidades se quedarían con 400 mil hectáreas y las restantes 243 mil serían para los criollos. Este acuerdo fue luego refrendado por instrumentos legales del gobierno de Salta.
La Corte Interamericana valoró estos acuerdos, porque "tiene(n) potencialidad para permitir al Estado cumplir sus obligaciones y satisfacer los derechos implicados", y resaltó que el "Estado debe cumplir sus obligaciones respecto a las comunidades indígenas, pero al hacerlo debe observar también los derechos de la población criolla".
Propiedad comunitaria
Sin embargo, el Tribunal observó que "no ha concluido el proceso para concretar la propiedad comunitaria. Luego de más de 28 años desde que se reclamara el reconocimiento de la propiedad, (...) no ha sido garantizado plenamente. El territorio no ha sido titulado de forma adecuada, de modo de brindar seguridad jurídica, no se ha demarcado y subsiste la permanencia de terceros", sostuvo.
La CorteIDH evaluó también que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. Consideró que esta falencia hizo que las comunidades indígenas "no contaran con una tutela efectiva de su derecho de propiedad", y concluyó "entonces, que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, en relación con el derecho a contar con procedimientos adecuados y con las obligaciones de garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno".
En cuanto al derecho a un ambiente sano, la identidad cultural y a la alimentación y el agua, el Tribunal sostuvo que el Estado argentino tuvo una "falta de efectividad" para impedir prácticas como la tala ilegal, y que esta falla "se enmarca, además, en una situación en que Argentina no ha garantizado a las comunidades indígenas la posibilidad de determinar las actividades sobre su territorio", con lo que violó el artículo 26 de la Convención Americana.
Entre otras medidas de reparación, el Tribunal también dispuso que en un plazo máximo de seis meses, Argentina deberá hacer publicaciones de esta sentencia y difundirla por los medios que estén a su alcance, "en lenguas indígenas y en español"; y "en un plazo razonable" debe aprobar medidas legislativas para "dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena".
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Fecha de Publicación: 04/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
El Estado argentino fue declarado responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, la identidad cultural, el ambiente sano, la alimentación y al agua.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas que habitan 643 mil hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14 (matrículas catastrales 175 y 5557), del departamento Rivadavia, en el Chaco salteño.
El tribunal internacional dispuso medidas de reparación: ordenó que "con la mayor celeridad posible y en un plazo máximo de seis años", el Estado argentino "concluya las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas sobre su territorio. El titulo debe ser único, es decir, uno para el conjunto de todas las comunidades y relativo a todo el territorio, sin perjuicio de los acuerdos de las comunidades sobre el uso del territorio común".
También ordenó que el Estado "Remueva del territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos y concrete el traslado de la población criolla fuera de ese territorio, debiendo promover que ello sea voluntario, evitando desalojos compulsivos durante los primeros tres años y, en cualquier caso, procurando el efectivo resguardo de los derechos de la población criolla, lo que implica posibilitar el reasentamiento o acceso a tierras productivas con adecuada infraestructura predial".
La Corte Interamericana dispuso que esta misma sentencia es una forma de reparación y ordenó también a Argentina "abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena o que puedan afectar su existencia, valor, uso o goce, sin la previa provisión de información a las comunidades indígenas víctimas, así como de la realización de consultas previas adecuadas, libres e informadas".
Agua segura y alimentos
El fallo llegó en momentos en que los habitantes de esa zona soportan una crisis social y sanitaria de envergadura, incluso con la muerte de niños y niñas por causas vinculadas a la desnutrición. Y precisamente, el Tribunal sostuvo que la presencia de animales vacunos, los alambrados y la tala ilegal privan a los habitantes indígenas del goce de sus derechos, y le ordenó al Estado argentino "presentar a la Corte un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación" y "formule un plan de acción para atender esas situaciones y comience su implementación". También ordenó que en el plazo máximo de un año "establezca acciones que deben instrumentarse para la conservación de aguas y para evitar y remediar su contaminación; garantizar el acceso permanente a agua potable; evitar que continúe la pérdida o disminución de recursos forestales y procurar su recuperación, y posibilitar el acceso a alimentación nutricional y culturalmente adecuada" así como crear un fondo de desarrollo comunitario.
La sentencia fue notificada hoy a las partes. La Corte Intermericana "encontró al Estado de Argentina responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas", y también, al derecho a la garantía judicial del plazo razonable. Esto último es porque la Corte de Justicia de Salta se tomó tres años para resolver un amparo presentado por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat.
Es la primera vez que en un caso contencioso, la CorteIDH analiza los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El reclamo de reconocimiento de la propiedad del territorio de ocupación ancestral fue impulsado por comunidades de los pueblos Wichí (o mataco, en la designación occidental), Iyjwaja (chorote), Komlek (qom, o toba), Niwackle (chulupí) y Tapy’y (tapiete).
El territorio, en el extremo noroeste de la provincia, limita con Paraguay y Bolivia, teniendo como centro a la localidad de Santa Victoria Este, comprende 643 mil en donde el Estado argentino construyó el puente internacional de Misión La Paz, que une a Argentina con Paraguay, "sin previa consulta" a las comunidades. "Se ha constatado presencia indígena de modo constante, al menos desde 1629", sostuvo la Corte, que precisó que a partir de inicios del siglo XX esta tierra fue ocupada por criollos.
Un largo proceso
La CorteIDH recordó que el reclamo indígena, el primero de Argentina que llega hasta este Tribunal, fue formalizado en 1991. En 1992 las comunidades se organizaron en Lhaka Honhat, coordinada por el ya histórico líder wichí Francisco Pérez, para exigir el título comunitario de las tierras.
"Durante los más de 28 años que han transcurrido desde entonces, la política estatal respecto a la propiedad indígena ha ido cambiando, y el Estado ha llevado a cabo distintas actuaciones en relación con la propiedad reclamada", sostuvo la Corte. Entre esas idas y venidas, se destacaron las acciones del ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, que buscó fraccionar el territorio y entregar títulos individuales a indígenas y criollos.
En 2007, Lakha Honhat y la Organización de Familias Criollas acordaron que las comunidades se quedarían con 400 mil hectáreas y las restantes 243 mil serían para los criollos. Este acuerdo fue luego refrendado por instrumentos legales del gobierno de Salta.
La Corte Interamericana valoró estos acuerdos, porque "tiene(n) potencialidad para permitir al Estado cumplir sus obligaciones y satisfacer los derechos implicados", y resaltó que el "Estado debe cumplir sus obligaciones respecto a las comunidades indígenas, pero al hacerlo debe observar también los derechos de la población criolla".
Propiedad comunitaria
Sin embargo, el Tribunal observó que "no ha concluido el proceso para concretar la propiedad comunitaria. Luego de más de 28 años desde que se reclamara el reconocimiento de la propiedad, (...) no ha sido garantizado plenamente. El territorio no ha sido titulado de forma adecuada, de modo de brindar seguridad jurídica, no se ha demarcado y subsiste la permanencia de terceros", sostuvo.
La CorteIDH evaluó también que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. Consideró que esta falencia hizo que las comunidades indígenas "no contaran con una tutela efectiva de su derecho de propiedad", y concluyó "entonces, que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, en relación con el derecho a contar con procedimientos adecuados y con las obligaciones de garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno".
En cuanto al derecho a un ambiente sano, la identidad cultural y a la alimentación y el agua, el Tribunal sostuvo que el Estado argentino tuvo una "falta de efectividad" para impedir prácticas como la tala ilegal, y que esta falla "se enmarca, además, en una situación en que Argentina no ha garantizado a las comunidades indígenas la posibilidad de determinar las actividades sobre su territorio", con lo que violó el artículo 26 de la Convención Americana.
Entre otras medidas de reparación, el Tribunal también dispuso que en un plazo máximo de seis meses, Argentina deberá hacer publicaciones de esta sentencia y difundirla por los medios que estén a su alcance, "en lenguas indígenas y en español"; y "en un plazo razonable" debe aprobar medidas legislativas para "dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena".
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Denuncian a Minera Livent en Catamarca
Litio: Denuncia contra una minera en Antofagasta de la Sierra
Fecha de Publicación: 26/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca
Pueblos originarios rechazan la minería de litio por sus impactos ambientales y sociales, y por violar los derechos indígenas vigentes en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos. Son comunidades diaguitas de Catamarca, que afirman que la multinacional Livent ya secó un río y busca apropiarse de otro. Denuncian persecución y detenciones arbitrarias contra quienes cuestionan la minería. En Jujuy, comunidades kollas de las Salinas Grandes rechazan que empresas y gobiernos insistan en las actividades extractivas. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un amparo judicial aguarda respuesta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La multinacional FMC Corporation se instaló en Catamarca en la década del 90 (bajo el nombre de Minera del Altiplano). Con su proyecto Fénix (más conocido como Salar del Hombre muerto) fue pionera en la explotación de sales de litio, mineral imprescindible para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. Siempre mantuvo un perfil bajo, eclipsada también por Minera Alumbrera (el mayor emprendimiento de oro y cobro, centro de las denuncias y críticas). En 2018 FMC Corporation, de origen estadounidense, anunció que su unidad de negocios de explotación de litio pasaba a llamarse Livent Corporation.
En 2018 la empresa presentó el informe de impacto ambiental (IIA) para ampliar la explotación (del proyecto Fénix). Para eso requiere grandes volúmenes de agua, que pretende obtener del acuífero de la subcuenca río Los Patos. Propuso la realización de seis pozos de bombeo, los que permitirían proveer 650.000 litros de agua por hora, y trasportar el caudal a través de un acueducto de 32 kilómetros hasta la planta.
Las comunidades indígenas, las asambleas socioambientales y vecinos autoconvocados de Antofagasta de la Sierra rechazan la avanzada empresaria. Afirman que la multinacional ya agotó el recurso del río Trapiche, y que hará lo mismo con el río Los Patos, imprescindible para la vida del lugar.
“Decimos no al acueducto del río Los Patos. El proyecto de la minera Livent atenta contra nuestra forma de vida y nuestro derecho al agua”, afirmaron en un escrito público la comunidad indígena Atacamaqueños del Altiplano y Vecinos Autoconvocados de Antofagasta de la Sierra. También recordaron que mantienen un corte de ruta selectivo (sobre la ruta provincial 43, donde solo frenan a los vehículos de la minera) y denunciaron el accionar del fiscal Jorge Alberto Flores (del juzgado de Belén), que ordenó el desalojo con la excusa de “proteger la seguridad” de los manifestantes. La comunidad indígena denunció que la policía local los amenaza con la posible llegada de empleados mineros y camioneros para reprimir el corte de ruta.
No sería el primer hecho de violencia. Entre octubre y diciembre de 2019 hubo cuatro hechos de violencia contra quienes se oponen a la explotación de litio en Catamarca. Desde detenciones violentas y arbitrarias (sin notificación previa) hasta amenazas y persecuciones policiales (los efectivos se movilizaban en camionetas de la minera). “En Catamarca es una verdadera política pública de persecución a quienes defienden el agua y el ambiente”, afirmó Evelyn Vallejos, de Pucará. Desde la organización denunciaron el accionar “arbitrario e ilegal” de los fiscales Verónica Saldaño y Jorge Alberto Flores.
Comunidades indígenas y asambleístas tuvieron reuniones y comunicaciones con los gobernadores (Lucía Corpacci --hasta 2019--, y el actual Raúl Jalil), el intendente Julio Taritolay, con el representante del Ministerio de Minería Gustavo Carrizo, y con el gerente de Livent, Fernando Ruiz Moreno. A todos les informaron que “no hay licencia social” para el acueducto minero, les precisaron media docena de irregularidades del informe de impacto ambiental de la empresa y denunciaron la violación de la legislación indígena, principalmente la falta de consulta previa, libre e informada a la comunidad.
En Jujuy la principal lucha contra el litio se da en las Salinas Grandes y cuenca de la Laguna de Guayatayoc. Desde hace una década más de treinta comunidades del Pueblo Kolla y Atacama rechazan la instalación de mineras, que cuentan con apoyo de los gobiernos provinciales y nacional. Clemente Flores, de la comunidad El Angosto (departamento de Tumbaya), explicó que la mayor preocupación actual pasa por “las presiones de parte del gobierno provincial” para que las comunidades firmen estudios de impacto ambiental a la empresa estatal Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), que licitó áreas de Salinas Grandes a la compañía Integra Recursos Naturales. “En enero de 2019 las comunidades le comunicamos por escrito al Gobierno de Jujuy que nuestra decisión era ‘no al litio, sí a la vida’. La presión ahora sobre comuneros para que firmen acuerdos con mineras es claramente violatorio del derecho a la consulta libre, previa e informada que tenemos los pueblos indígenas”, afirmó Flores.
Alicia Chalabe, abogada de las comunidades indígenas, recordó que una causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación de derechos indígenas, y un amparo (presentado junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales--FARN--) está desde diciembre de 2019 en la procuración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La demanda solicita “prevenir el daño grave e irreversible que provocará la minería de litio y borato en el sistema hídrico” de las Salinas Grandes.
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Fecha de Publicación: 26/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca
Pueblos originarios rechazan la minería de litio por sus impactos ambientales y sociales, y por violar los derechos indígenas vigentes en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos. Son comunidades diaguitas de Catamarca, que afirman que la multinacional Livent ya secó un río y busca apropiarse de otro. Denuncian persecución y detenciones arbitrarias contra quienes cuestionan la minería. En Jujuy, comunidades kollas de las Salinas Grandes rechazan que empresas y gobiernos insistan en las actividades extractivas. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un amparo judicial aguarda respuesta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La multinacional FMC Corporation se instaló en Catamarca en la década del 90 (bajo el nombre de Minera del Altiplano). Con su proyecto Fénix (más conocido como Salar del Hombre muerto) fue pionera en la explotación de sales de litio, mineral imprescindible para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. Siempre mantuvo un perfil bajo, eclipsada también por Minera Alumbrera (el mayor emprendimiento de oro y cobro, centro de las denuncias y críticas). En 2018 FMC Corporation, de origen estadounidense, anunció que su unidad de negocios de explotación de litio pasaba a llamarse Livent Corporation.
En 2018 la empresa presentó el informe de impacto ambiental (IIA) para ampliar la explotación (del proyecto Fénix). Para eso requiere grandes volúmenes de agua, que pretende obtener del acuífero de la subcuenca río Los Patos. Propuso la realización de seis pozos de bombeo, los que permitirían proveer 650.000 litros de agua por hora, y trasportar el caudal a través de un acueducto de 32 kilómetros hasta la planta.
Las comunidades indígenas, las asambleas socioambientales y vecinos autoconvocados de Antofagasta de la Sierra rechazan la avanzada empresaria. Afirman que la multinacional ya agotó el recurso del río Trapiche, y que hará lo mismo con el río Los Patos, imprescindible para la vida del lugar.
“Decimos no al acueducto del río Los Patos. El proyecto de la minera Livent atenta contra nuestra forma de vida y nuestro derecho al agua”, afirmaron en un escrito público la comunidad indígena Atacamaqueños del Altiplano y Vecinos Autoconvocados de Antofagasta de la Sierra. También recordaron que mantienen un corte de ruta selectivo (sobre la ruta provincial 43, donde solo frenan a los vehículos de la minera) y denunciaron el accionar del fiscal Jorge Alberto Flores (del juzgado de Belén), que ordenó el desalojo con la excusa de “proteger la seguridad” de los manifestantes. La comunidad indígena denunció que la policía local los amenaza con la posible llegada de empleados mineros y camioneros para reprimir el corte de ruta.
No sería el primer hecho de violencia. Entre octubre y diciembre de 2019 hubo cuatro hechos de violencia contra quienes se oponen a la explotación de litio en Catamarca. Desde detenciones violentas y arbitrarias (sin notificación previa) hasta amenazas y persecuciones policiales (los efectivos se movilizaban en camionetas de la minera). “En Catamarca es una verdadera política pública de persecución a quienes defienden el agua y el ambiente”, afirmó Evelyn Vallejos, de Pucará. Desde la organización denunciaron el accionar “arbitrario e ilegal” de los fiscales Verónica Saldaño y Jorge Alberto Flores.
Comunidades indígenas y asambleístas tuvieron reuniones y comunicaciones con los gobernadores (Lucía Corpacci --hasta 2019--, y el actual Raúl Jalil), el intendente Julio Taritolay, con el representante del Ministerio de Minería Gustavo Carrizo, y con el gerente de Livent, Fernando Ruiz Moreno. A todos les informaron que “no hay licencia social” para el acueducto minero, les precisaron media docena de irregularidades del informe de impacto ambiental de la empresa y denunciaron la violación de la legislación indígena, principalmente la falta de consulta previa, libre e informada a la comunidad.
En Jujuy la principal lucha contra el litio se da en las Salinas Grandes y cuenca de la Laguna de Guayatayoc. Desde hace una década más de treinta comunidades del Pueblo Kolla y Atacama rechazan la instalación de mineras, que cuentan con apoyo de los gobiernos provinciales y nacional. Clemente Flores, de la comunidad El Angosto (departamento de Tumbaya), explicó que la mayor preocupación actual pasa por “las presiones de parte del gobierno provincial” para que las comunidades firmen estudios de impacto ambiental a la empresa estatal Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), que licitó áreas de Salinas Grandes a la compañía Integra Recursos Naturales. “En enero de 2019 las comunidades le comunicamos por escrito al Gobierno de Jujuy que nuestra decisión era ‘no al litio, sí a la vida’. La presión ahora sobre comuneros para que firmen acuerdos con mineras es claramente violatorio del derecho a la consulta libre, previa e informada que tenemos los pueblos indígenas”, afirmó Flores.
Alicia Chalabe, abogada de las comunidades indígenas, recordó que una causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación de derechos indígenas, y un amparo (presentado junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales--FARN--) está desde diciembre de 2019 en la procuración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La demanda solicita “prevenir el daño grave e irreversible que provocará la minería de litio y borato en el sistema hídrico” de las Salinas Grandes.
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Pergamino: confirma competencia en causa por agroquímicos
Confirman la competencia federal en la investigación por el uso de agroquímicos en Pergamino
Fecha de Publicación: 25/03/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara Federal de Rosario rechazó el planteo del intendente de esa localidad y advirtió que la afectación al acuífero Puelche habría alcanzado una extensión interjurisdiccional todavía no delimitada. Durante el proceso ya se había prohibido fumigar con ciertos productos por el impacto en la salud de las personas.
La Cámara Federal de Rosario rechazó un recurso interpuesto por el intendente de Pergamino, Javier A. Martínez, y confirmó la competencia federal de la causa en la que el año pasado se dictó una medida cautelar que prohibió la fumigación en esa localidad y zonas urbanas, luego de que se conocieran estudios que determinaron la “presencia de daño genético en los organismos de las personas” afectadas. En el proceso penal se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos -24.051- y envenenamiento de aguas potables.
La resolución -adoptaba por el camarista Fernando Lorenzo Barbará- fue en línea con lo dictaminado por el fiscal de San Nicolás Matías Di Lello, su colega ante el tribunal revisor, el fiscal general Claudio Palacín, y la querellante Florencia Morales.
El jefe comunal, como pretenso querellante, sostenía que no se encuentra acreditada que “la supuesta contaminación” en “una zona urbana y rural del partido de Pergamino haya afectado otras jurisdicciones”. Lo sostuvo ante el juez federal de instrucción nicoleño, Carlos Villafuerte Ruzo, y luego ante la Cámara Federal rosarina.
“Una realidad mucho más compleja”
El fallo reseñó los argumentos de Di Lello. El fiscal había puesto de resalto que “el trámite de este expediente está develando una realidad mucho más compleja de lo que se estimaba en un primer momento, con aspectos que trascienden el marco de la causa penal pero que hacen a su conocimiento y resultan necesarios para su delimitación”, puesto que “una importante cantidad de ciudadanos de Pergamino están indicando, con estudios médicos que refuerzan sus manifestaciones, que están siendo víctimas de las prácticas de fumigación que se registran en sus medios de vida, con claras consecuencias negativas en su salud”, no obstante persistan medidas en tal sentido.
La fiscalía destacó que “una importante cantidad de ciudadanos de Pergamino” están “siendo víctimas de las prácticas de fumigación que se registran en sus medios de vida, con claras consecuencias negativas en su salud”
“Por otro lado se encuentra aún discutido en autos la calidad del agua que beben en sus domicilios, en el cual en todos los casos se ha detectado la presencia de moléculas correspondientes a compuestos químicos vinculados a los productos pesticidas (tales como glifosato, AMPA, imazaquin, hidroxi-atrazina, etc.)”, señaló el representante del MPF en su intervención previa a la de la Cámara.
Asimismo, Florencia Morales, en su carácter de querellante, refirió que los acuíferos afectados son los Puelche y Pampeano, recurso hídrico subterráneo interjurisdiccional. En cuanto al Puelche, el camarista Barbará valoró su descripción como “la principal reserva de agua potable de la Argentina. Da de beber a buena parte de nuestro mayor conglomerado urbano, provee a sus industrias y riega la zona que genera casi todo el producto bruto agrícola del país”.
Competencia federal
Al resolver, Barbará señaló: “los hechos materia de investigación en la presente causa -presunta contaminación al medio ambiente y afectación a la salud pública-, a lo largo de las pruebas reunidas en el sumario han dejado de ser meramente conjeturales, existiendo probanzas positivas con un grado de convicción suficiente que en principio demostrarían que esa posible contaminación habría alcanzado una extensión territorial que por el momento no se habría delimitado definitivamente, sumado a que podría alcanzar a una población que hasta ahora resultaría indeterminada”.
Esas, entendió el juez, son razones que “constituyen motivo suficiente para rechazar los agravios del recurrente y confirmar la resolución del 27 de agosto de 2019” de Villafuerte Ruzo, que había rechazado la remisión de la causa a la justicia provincial. También se incorporó el memorial del fiscal general Palacín, quien propició la confirmación de la decisión del juez de instrucción.
Medidas adoptadas y sugeridas
A fines de agosto del año pasado, el Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás compartió los argumentos del Ministerio Público Fiscal y las querellas y prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite “restrictivo y de exclusión” de 1095 metros para aplicaciones terrestres y de 3 mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y envenenamiento de aguas potables.
El fallo dispuso el “no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como también respecto de los siguientes plaguicidas: Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacloprid, Desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales ROUNDUP FULL II, ROUNDUP MAX II, ROUDUP ULTRAMAX; en zonas urbanas y periurbanas”.
Luego, en diciembre del año pasado, la Fiscalía sugirió una serie de nuevas medidas, entre las que se destacaban la producción de un informe con carácter urgente por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279 -sobre Productos Fitosanitarios-, “respecto de la situación real” de la región “en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley”.
Hay tres productores rurales procesados por presunta infracción a la ley 24.051; además la Fiscalía impulsó la investigación concerniente “a las acciones u omisiones en que podrían haber incurrido los funcionarios públicos”
El escrito presentado en esa ocasión reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich -profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet-. “En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico”, propuso Di Lello.
En cuanto a las responsabilidades penales, hay tres productores rurales procesados desde octubre de 2019 por presunta infracción a la ley 24.051; además la Fiscalía impulsó, oportunamente, la investigación concerniente “a las acciones u omisiones en que podrían haber incurrido los funcionarios públicos municipales, en orden al control y cumplimiento de las normas vinculadas a la aplicación de pesticidas en el Partido de Pergamino”.
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Fecha de Publicación: 25/03/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara Federal de Rosario rechazó el planteo del intendente de esa localidad y advirtió que la afectación al acuífero Puelche habría alcanzado una extensión interjurisdiccional todavía no delimitada. Durante el proceso ya se había prohibido fumigar con ciertos productos por el impacto en la salud de las personas.
La Cámara Federal de Rosario rechazó un recurso interpuesto por el intendente de Pergamino, Javier A. Martínez, y confirmó la competencia federal de la causa en la que el año pasado se dictó una medida cautelar que prohibió la fumigación en esa localidad y zonas urbanas, luego de que se conocieran estudios que determinaron la “presencia de daño genético en los organismos de las personas” afectadas. En el proceso penal se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos -24.051- y envenenamiento de aguas potables.
La resolución -adoptaba por el camarista Fernando Lorenzo Barbará- fue en línea con lo dictaminado por el fiscal de San Nicolás Matías Di Lello, su colega ante el tribunal revisor, el fiscal general Claudio Palacín, y la querellante Florencia Morales.
El jefe comunal, como pretenso querellante, sostenía que no se encuentra acreditada que “la supuesta contaminación” en “una zona urbana y rural del partido de Pergamino haya afectado otras jurisdicciones”. Lo sostuvo ante el juez federal de instrucción nicoleño, Carlos Villafuerte Ruzo, y luego ante la Cámara Federal rosarina.
“Una realidad mucho más compleja”
El fallo reseñó los argumentos de Di Lello. El fiscal había puesto de resalto que “el trámite de este expediente está develando una realidad mucho más compleja de lo que se estimaba en un primer momento, con aspectos que trascienden el marco de la causa penal pero que hacen a su conocimiento y resultan necesarios para su delimitación”, puesto que “una importante cantidad de ciudadanos de Pergamino están indicando, con estudios médicos que refuerzan sus manifestaciones, que están siendo víctimas de las prácticas de fumigación que se registran en sus medios de vida, con claras consecuencias negativas en su salud”, no obstante persistan medidas en tal sentido.
La fiscalía destacó que “una importante cantidad de ciudadanos de Pergamino” están “siendo víctimas de las prácticas de fumigación que se registran en sus medios de vida, con claras consecuencias negativas en su salud”
“Por otro lado se encuentra aún discutido en autos la calidad del agua que beben en sus domicilios, en el cual en todos los casos se ha detectado la presencia de moléculas correspondientes a compuestos químicos vinculados a los productos pesticidas (tales como glifosato, AMPA, imazaquin, hidroxi-atrazina, etc.)”, señaló el representante del MPF en su intervención previa a la de la Cámara.
Asimismo, Florencia Morales, en su carácter de querellante, refirió que los acuíferos afectados son los Puelche y Pampeano, recurso hídrico subterráneo interjurisdiccional. En cuanto al Puelche, el camarista Barbará valoró su descripción como “la principal reserva de agua potable de la Argentina. Da de beber a buena parte de nuestro mayor conglomerado urbano, provee a sus industrias y riega la zona que genera casi todo el producto bruto agrícola del país”.
Competencia federal
Al resolver, Barbará señaló: “los hechos materia de investigación en la presente causa -presunta contaminación al medio ambiente y afectación a la salud pública-, a lo largo de las pruebas reunidas en el sumario han dejado de ser meramente conjeturales, existiendo probanzas positivas con un grado de convicción suficiente que en principio demostrarían que esa posible contaminación habría alcanzado una extensión territorial que por el momento no se habría delimitado definitivamente, sumado a que podría alcanzar a una población que hasta ahora resultaría indeterminada”.
Esas, entendió el juez, son razones que “constituyen motivo suficiente para rechazar los agravios del recurrente y confirmar la resolución del 27 de agosto de 2019” de Villafuerte Ruzo, que había rechazado la remisión de la causa a la justicia provincial. También se incorporó el memorial del fiscal general Palacín, quien propició la confirmación de la decisión del juez de instrucción.
Medidas adoptadas y sugeridas
A fines de agosto del año pasado, el Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás compartió los argumentos del Ministerio Público Fiscal y las querellas y prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite “restrictivo y de exclusión” de 1095 metros para aplicaciones terrestres y de 3 mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y envenenamiento de aguas potables.
El fallo dispuso el “no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como también respecto de los siguientes plaguicidas: Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacloprid, Desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales ROUNDUP FULL II, ROUNDUP MAX II, ROUDUP ULTRAMAX; en zonas urbanas y periurbanas”.
Luego, en diciembre del año pasado, la Fiscalía sugirió una serie de nuevas medidas, entre las que se destacaban la producción de un informe con carácter urgente por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279 -sobre Productos Fitosanitarios-, “respecto de la situación real” de la región “en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley”.
Hay tres productores rurales procesados por presunta infracción a la ley 24.051; además la Fiscalía impulsó la investigación concerniente “a las acciones u omisiones en que podrían haber incurrido los funcionarios públicos”
El escrito presentado en esa ocasión reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich -profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet-. “En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico”, propuso Di Lello.
En cuanto a las responsabilidades penales, hay tres productores rurales procesados desde octubre de 2019 por presunta infracción a la ley 24.051; además la Fiscalía impulsó, oportunamente, la investigación concerniente “a las acciones u omisiones en que podrían haber incurrido los funcionarios públicos municipales, en orden al control y cumplimiento de las normas vinculadas a la aplicación de pesticidas en el Partido de Pergamino”.
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Cada vez más diferencias por la represa Portezuelo
Se profundiza la grieta por la represa Portezuelo del Viento
Fecha de Publicación: 21/03/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional
Mendoza recusó al flamante presidente del Coirco. Se trata del exsecretario de Recursos Hídricos de La Pampa. Deberá resolver el Consejo de Gobierno. La obra controlará el caudal del río Colorado. Río Negro, La Pampa y Neuquén coinciden en la necesidad de un estudio integral de impacto ambiental.
La interna, entre La Pampa y Mendoza, por la construcción de la represa Portezuelo del Viento sumó un nuevo chispazo. Fue durante la última reunión del Coirco, organismo que maneja el caudal del río Colorado.
Con la presencia de los representantes de las cinco provincias, los titulares de Mendoza recusaron al flamante presidente del organismo, Javier Schlegel.
El exsecretario de recursos hídricos pampeano presidió por primera vez la reunión mensual , luego de ser designado por Nación, pero los representantes mendocinos lo recusaron argumentando imparcialidad por su oposición histórica a la represa. Schlegel, en su período de funcionario provincial, fue la voz contante en contra de la obra.
En este escenario, se resolvió llamar a una reunión del Consejo de Gobierno de la que participan todos los gobernadores y el ministro del Interior, Pedro de Wado, para resolver la recusación.
El debate por la obra, que ya tiene presupuesto asignado y Mendoza recibió dos desembolso por un total de 20 millones de dólares , se de un contexto de una crisis hídrica sin precedentes en el Colorado. Se trata de la peor sequía en la historia de la cuenca.
Río Negro tomó comunicación con Schlegel quien explicó que por el momento no puede dar declaraciones.
La obra, que tiene un presupuesto 1.023 millones de dólares, se construirá en Malargüe sobre el río Grande, principal afluente del Colorado.
El actual secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, fue categórico y aseguró que la política de Mendoza con los recurso hídricos ha sido “Siempee igual” .
“A Mendoza no le importa lo que suceda aguas abajo, ellos siempre manejaron los caudales pensando que los ríos son de ellos. No hay conciencia no les importa”, indicó.
El funcionario agregó que “además” se trata de la peor sequía de la historia de la cuenca. “Es el peor momento para una obra de esta envergadura. No tiene ningún sentido derrochar la cantidad de recursos económicos que son del pueblo en una represa que no podrá ser utilizada porque no hay agua”, agregó Lastiri.
La obra está en proceso licitatorio luego del acuerdo que realizaron Alfredo Cornejo -exgobernador mendocino- y el expresidente Mauricio Macri en 2019.
Los puntos críticos que se discuten
Bajo caudal del río. El Colorado atraviesa su peor crisis hídrica de la historia. Los niveles están muy por debajo de la media histórica y los pronósticos no son alentadores.
Antecedentes. El conflicto entre Mendoza y La Pampa tiene un largo historial pero el más importante es la disputa judicial por el caudal del río Atuel.
Impacto integral. El principal reclamo es la elaboración de un estudio completo sobre el impacto que tendrá la obra.
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Fecha de Publicación: 21/03/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional
Mendoza recusó al flamante presidente del Coirco. Se trata del exsecretario de Recursos Hídricos de La Pampa. Deberá resolver el Consejo de Gobierno. La obra controlará el caudal del río Colorado. Río Negro, La Pampa y Neuquén coinciden en la necesidad de un estudio integral de impacto ambiental.
La interna, entre La Pampa y Mendoza, por la construcción de la represa Portezuelo del Viento sumó un nuevo chispazo. Fue durante la última reunión del Coirco, organismo que maneja el caudal del río Colorado.
Con la presencia de los representantes de las cinco provincias, los titulares de Mendoza recusaron al flamante presidente del organismo, Javier Schlegel.
El exsecretario de recursos hídricos pampeano presidió por primera vez la reunión mensual , luego de ser designado por Nación, pero los representantes mendocinos lo recusaron argumentando imparcialidad por su oposición histórica a la represa. Schlegel, en su período de funcionario provincial, fue la voz contante en contra de la obra.
En este escenario, se resolvió llamar a una reunión del Consejo de Gobierno de la que participan todos los gobernadores y el ministro del Interior, Pedro de Wado, para resolver la recusación.
El debate por la obra, que ya tiene presupuesto asignado y Mendoza recibió dos desembolso por un total de 20 millones de dólares , se de un contexto de una crisis hídrica sin precedentes en el Colorado. Se trata de la peor sequía en la historia de la cuenca.
Río Negro tomó comunicación con Schlegel quien explicó que por el momento no puede dar declaraciones.
La obra, que tiene un presupuesto 1.023 millones de dólares, se construirá en Malargüe sobre el río Grande, principal afluente del Colorado.
El actual secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, fue categórico y aseguró que la política de Mendoza con los recurso hídricos ha sido “Siempee igual” .
“A Mendoza no le importa lo que suceda aguas abajo, ellos siempre manejaron los caudales pensando que los ríos son de ellos. No hay conciencia no les importa”, indicó.
El funcionario agregó que “además” se trata de la peor sequía de la historia de la cuenca. “Es el peor momento para una obra de esta envergadura. No tiene ningún sentido derrochar la cantidad de recursos económicos que son del pueblo en una represa que no podrá ser utilizada porque no hay agua”, agregó Lastiri.
La obra está en proceso licitatorio luego del acuerdo que realizaron Alfredo Cornejo -exgobernador mendocino- y el expresidente Mauricio Macri en 2019.
Los puntos críticos que se discuten
Bajo caudal del río. El Colorado atraviesa su peor crisis hídrica de la historia. Los niveles están muy por debajo de la media histórica y los pronósticos no son alentadores.
Antecedentes. El conflicto entre Mendoza y La Pampa tiene un largo historial pero el más importante es la disputa judicial por el caudal del río Atuel.
Impacto integral. El principal reclamo es la elaboración de un estudio completo sobre el impacto que tendrá la obra.
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Integrante del Mocase detenido ilegalmente
Detienen ilegalmente a un integrante del Mocase denunciado por Manaos
Fecha de Publicación: 20/03/2020
Fuente: Notas. Periodismo Popular
Provincia/Región: Santiago del Estero
Se trata del responsable de la secretaría de Tierras y Derechos Humanos de la organización campesina quien fue detenido este martes por efectivos policiales sin presentar orden alguna a raíz de una denuncia del dueño de la compañía de gaseosas.
Sin presentar orden ni notificar a sus familiares, este martes fue detenido en su vivienda de la ciudad de Quimilí, Cariló Olaiz. Se trata de un miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (Mocase – VC). La irregular detención se originó por una denuncia de Orlando Canido, dueño de la empresa de gaseosas Manaos, quien desde hace años pretende quedarse ilegalmente con 500 hectáreas de bosque provincial en una finca donde viven 60 familias campesinas e indígenas.
“Denunciamos la impunidad sistemática de Orlando Canido, dueño de la Gaseosa Manaos y con un largo historial de violaciones a los derechos de los campesinos y campesinas del norte argentino, que ayer mismo se reunió en Fiscalía de Estado de la Provincia con una de las abogadas de dicho organismos”, expresó el Mocase en un comunicado que contó con las firmas de adhesión de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y el Frente Nacional Campesino (FNC), entre otros.
A su vez, el mensaje denunció también la “complicidad de la Fiscalía y el Poder Judicial de Santiago del Estero” a quienes acusaron de favorecer siempre a terratenientes y empresas y actuar “contra las comunidades campesino indígenas”.
Este lunes Canido había pedido reunirse con la abogada Andrea Olmedo, asesora del fiscal de Estado y abogada que representa al Estado provincial en varias causas, muchas de ellas vinculadas a tierras fiscales. Al día siguiente, la fiscal Lorena Belkis ordenó el procedimiento donde fue detenido Cariló Olaiz quien junto a otros miembros del Mocase vienen defendiendo las tierras que Manaos pretende usurpar.
Un empresario con un largo historial de violencia e impunidad
Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa Manaos, presentó en 2014 un título de compra de un campo con dos lotes, de mil y de 1.163 hectáreas, ubicados en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña.
En paralelo, también presentó un proyecto agrícola a la Dirección de Bosques provincial que en un primer momento lo aprobó. Inmediatamente se inició el desmonte de 55 hectáreas que fueron frenadas por la resistencia del Mocase, quienes a su vez realizaron un reclamo judicial por la posesión de las tierras y denuncias a Canido. Frente a esta situación, la Dirección ordenó la suspensión del desmonte. Sin embargo, Canido se burló las regulaciones y avanzó sin realizar una audiencia pública. Desde entonces, los ataques de grupos armados a las comunidades campesino indígenas son sistemáticos.
A comienzos de 2016 el Mocase denunció que Canido pretendía desmontar cuatro mil hectáreas de monte nativo, donde habitan 60 familias. Asimismo informaron que sus topadoras ya habían “arrasado” 500 hectáreas “quemando carbón en 18 hornos, todo de manera ilegal ya que su permiso estaba suspendido desde octubre de 2014 por las denuncias realizadas por el Mocase”.
En julio de ese año, la comunidad Iacu Chiri – Bajo Hondo fue la víctima de una agresión de bandas armadas contratadas por Canido.
“Han roto las piletas donde beben los animales; creemos que han tirado veneno en el pozo; quemaron los corrales de las cabras y los chanchos; quemaron la casa que estaba levantando un compañero de la comunidad; y se han llevado la bomba de agua también”, denunciaron desde la organización en ese momento.
Vale recordar que también en octubre de 2014 se difundió un video donde se veía a paramilitares contratados por la empresa Manaos amedrentando campesinos. En aquella oportunidad el conflicto se dio en el territorio indígena del Lote 5 cerca de Quimilí. Ya por ese entonces el Mocase denunciaba a Canido quién se presentaba “siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y diciendo que compra tierra para Amado Boudou”.
Sin embargo en 2003 se había radicado la primera denuncia contra Canido por “hostigamiento y agresiones a pobladores”. Desde entonces los conflictos no han hecho más que agudizarse.
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Fecha de Publicación: 20/03/2020
Fuente: Notas. Periodismo Popular
Provincia/Región: Santiago del Estero
Se trata del responsable de la secretaría de Tierras y Derechos Humanos de la organización campesina quien fue detenido este martes por efectivos policiales sin presentar orden alguna a raíz de una denuncia del dueño de la compañía de gaseosas.
Sin presentar orden ni notificar a sus familiares, este martes fue detenido en su vivienda de la ciudad de Quimilí, Cariló Olaiz. Se trata de un miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (Mocase – VC). La irregular detención se originó por una denuncia de Orlando Canido, dueño de la empresa de gaseosas Manaos, quien desde hace años pretende quedarse ilegalmente con 500 hectáreas de bosque provincial en una finca donde viven 60 familias campesinas e indígenas.
“Denunciamos la impunidad sistemática de Orlando Canido, dueño de la Gaseosa Manaos y con un largo historial de violaciones a los derechos de los campesinos y campesinas del norte argentino, que ayer mismo se reunió en Fiscalía de Estado de la Provincia con una de las abogadas de dicho organismos”, expresó el Mocase en un comunicado que contó con las firmas de adhesión de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y el Frente Nacional Campesino (FNC), entre otros.
A su vez, el mensaje denunció también la “complicidad de la Fiscalía y el Poder Judicial de Santiago del Estero” a quienes acusaron de favorecer siempre a terratenientes y empresas y actuar “contra las comunidades campesino indígenas”.
Este lunes Canido había pedido reunirse con la abogada Andrea Olmedo, asesora del fiscal de Estado y abogada que representa al Estado provincial en varias causas, muchas de ellas vinculadas a tierras fiscales. Al día siguiente, la fiscal Lorena Belkis ordenó el procedimiento donde fue detenido Cariló Olaiz quien junto a otros miembros del Mocase vienen defendiendo las tierras que Manaos pretende usurpar.
Un empresario con un largo historial de violencia e impunidad
Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa Manaos, presentó en 2014 un título de compra de un campo con dos lotes, de mil y de 1.163 hectáreas, ubicados en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña.
En paralelo, también presentó un proyecto agrícola a la Dirección de Bosques provincial que en un primer momento lo aprobó. Inmediatamente se inició el desmonte de 55 hectáreas que fueron frenadas por la resistencia del Mocase, quienes a su vez realizaron un reclamo judicial por la posesión de las tierras y denuncias a Canido. Frente a esta situación, la Dirección ordenó la suspensión del desmonte. Sin embargo, Canido se burló las regulaciones y avanzó sin realizar una audiencia pública. Desde entonces, los ataques de grupos armados a las comunidades campesino indígenas son sistemáticos.
A comienzos de 2016 el Mocase denunció que Canido pretendía desmontar cuatro mil hectáreas de monte nativo, donde habitan 60 familias. Asimismo informaron que sus topadoras ya habían “arrasado” 500 hectáreas “quemando carbón en 18 hornos, todo de manera ilegal ya que su permiso estaba suspendido desde octubre de 2014 por las denuncias realizadas por el Mocase”.
En julio de ese año, la comunidad Iacu Chiri – Bajo Hondo fue la víctima de una agresión de bandas armadas contratadas por Canido.
“Han roto las piletas donde beben los animales; creemos que han tirado veneno en el pozo; quemaron los corrales de las cabras y los chanchos; quemaron la casa que estaba levantando un compañero de la comunidad; y se han llevado la bomba de agua también”, denunciaron desde la organización en ese momento.
Vale recordar que también en octubre de 2014 se difundió un video donde se veía a paramilitares contratados por la empresa Manaos amedrentando campesinos. En aquella oportunidad el conflicto se dio en el territorio indígena del Lote 5 cerca de Quimilí. Ya por ese entonces el Mocase denunciaba a Canido quién se presentaba “siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y diciendo que compra tierra para Amado Boudou”.
Sin embargo en 2003 se había radicado la primera denuncia contra Canido por “hostigamiento y agresiones a pobladores”. Desde entonces los conflictos no han hecho más que agudizarse.
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Buenos Aires: Justicia pide informes sobre agroquímicos
La Justicia quiere saber el real uso de agroquímicos en Buenos Aires
Fecha de Publicación: 17/03/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Buenos Aires
Fecha de Publicación: 17/03/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Buenos Aires
El fiscal Matías Di Lello solicitó a 6 municipios del norte provincial información sobre sus ordenanzas, protocolos y estadísticas de salud. El trámite forma parte de una investigación por contaminación de la napa de agua
El fiscal federal Matías Di Lello pidió conocer cómo trabajan con agroquímicos en seis ciudades al sur de Santa Fe. En el marco de una causa federal por contaminación y afectación a la salud ya recibió detalles de cómo lo hacen en Ramallo y Arrecifes. Restan entregar la información Capitán Sarmiento, San Nicolás, Colón y San Pedro, donde este jueves en el Concejo Deliberante crearon un Comité de Cáncer. En diálogo con El Ciudadano, el fiscal explicó: “Está probado que el uso de pesticidas y herbicidas afecta el agua y a las personas. Queremos saber si y cómo funcionan las zonas de exclusión, cómo trabajan con los productores agrícolas, entre otros detalles”.
El principio
Di Lello lleva adelante una causa en Pergamino, cerca de las localidades del norte bonaerense, para restringir el uso de agroquímicos en los cultivos de la provincia. Según contó, esa causa entra en el fuero federal a pesar de que generalmente ese tipo de reclamo se gestiona en los juzgados provinciales. “Es una causa federal porque afecta al agua y porque quien produce y quien autoriza el uso (Senasa) es utilizado en todo el país”, señaló el fiscal.
Según Di Lello, en Pergamino un grupo de peritos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y del Conicet tomaron muestras de suelo, agua y sangre de las personas. Descubrieron contaminación y fueron a la raíz común: la napa de agua que se extiende por el territorio pampeano.
Para continuar con esa línea de investigación sobre los efectos del uso de agroquímicos, el fiscal giró oficios a los gobiernos vecinos. “Queremos saber cómo y si funcionan ordenanzas que definen límites de fumigación en cada lugar. También si tienen protocolos de aplicación con productores. Y si tienen relevamiento del impacto en la salud de cada población. Hemos tenido muy buena aceptación de intendentes hasta ahora”, resaltó.
En San Pedro, por ejemplo, este jueves el bloque de Frente de Todos presentó un proyecto que se aprobó en el Concejo Deliberante local: la creación del Comité del Cáncer. Ediles, funcionarios del Ejecutivo, profesionales –de la salud y otras disciplinas, como geología– y entidades intermedias –entre ellas la Asociación de Lucha contra el Cáncer (Alucec)– ya llevan tres encuentros para la conformación del cuerpo.
Y también pidieron, como el fiscal, conocer los análisis del agua de la ciudad y su área rural.
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San Juan: capacitarán a fuerzas de seguridad en ambiente
Uñac firmó un convenio para fomentar el cuidado del medioambiente en las fuerzas de seguridad
Fecha de Publicación: 16/03/2020
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
El convenio tiene como eje principal brindar capacitaciones que les permitan establecer un protocolo de actuación ante posibles situaciones que se puedan presentar.
En la jornada de este jueves, el gobernador Sergio Uñac firmó un convenio de asistencia y cooperación entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Secretaria de Ambiente y de Desarrollo Sustentable y la Escuela de Seguridad Dependiente de la Universidad Católica de Cuyo. El acto tuvo lugar en la Sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno y contó con la presencia además del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Raúl Tello; el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga; el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández; el subsecretario de Inspección y Control de la Gestión de la Seguridad Pública, Eduardo Gallastegui; el jefe de la Policía de San Juan, Walter Martínez; el rector de la Universidad Católica de Cuyo, Claudio Larrea; el director de la Escuela de Seguridad dependiente de la Universidad Católica de Cuyo, Carlos Fleury y demás autoridades provinciales.
La necesidad de generar acciones que permitan evitar y/o mitigar ciertas problemáticas ambientales encontradas en la provincia, permitiendo la conservación y protección de los recursos naturales provinciales y la generación de conciencia en la comunidad local, llevó a estas entidades a firmar el mencionado convenio de asistencia y cooperación.
El objetivo es brindarle a las fuerzas de seguridad herramientas que les permitan construir una cultura ambiental que fomente el cuidado y la preservación del ambiente provincial, capacitando a sus integrantes y estableciendo un protocolo de actuación ante posibles situaciones que se puedan presentar.
Las capacitaciones de desarrollarán en la Escuela de Capacitación Policial, a través del dictado de un curso por área, lugar y competencia policial, con los protocolos de acción correspondiente, además de dos talleres prácticos. Las temáticas sobre la que se trabajará, incluyen Flora y Fauna Autóctona y Exótica, Áreas Protegidas, Arbolado Público, Bosque Nativo; Gestión de Residuos Sólidos Urbanos; Residuos Peligrosos y Sustancias Peligrosas; entre otros.
Durante el acto, Uñac destacó el trabajo mancomunado para la realización de este convenio: “Siempre les pedí a los ministros y secretarios que interactuaran entre ellos. Es muy fácil de expresar, quizás más difícil de cumplir. Las secretarías y ministerios no pueden manejarse como compartimientos separados en cada una de las naturales operaciones que depara la función. Si se interrelacionan, si establecen estás líneas de trabajo que vemos en la mañana de hoy entre la Universidad Católica de Cuyo y las secretarías de Seguridad y de Ambiente, vamos a conseguir mejores resultados. Reitero, se puede tomar un camino y establecer políticas de Estado, pero contra más asesoramiento y más confluencia de conocimientos se pueda lograr, vamos a optimizar el desarrollo de la gestión y vamos a hacer una gestión más moderna de cara a los intereses de la propia sociedad sanjuanina”, manifestó Uñac.
Por su parte, Munisaga destacó la importancia de lo logrado con el convenio firmado: “Para nosotros es muy importante este convenio porque en San Juan tenemos una legislación de protección ambiental relevante y frondosa. Es una obligación articular acciones. Es por eso que tomamos la decisión, junto con el secretario de Ambiente, de construir mancomunadamente un sistema de ejecución, de fiscalización y de control de las conductas y acciones que tienen que ver con el cuidado del medioambiente”, expresó Munisaga.
Acto seguido, Tello compartió la política del trabajo mancomunado entre los ministerios: “Todos los ministerios debemos trabajar de manera articulada para tratar de esta manera producir un ahorro en el gasto público y también ser más eficiente en estas articulaciones”.
A su turno, Larrea puso de relieve la política implementada por el gobernador: “Creo que su política es un ejemplo. Son muy pocas las provincias que han dejado la formación de agentes de seguridad a instituciones educativas en conjunto con la Escuela de Policía, que siempre existió. Este convenio nos va permitir incluir contenidos en los planes de estudio de la diplomatura, tecnicatura y la licenciatura sobre el cuidado del medioambiente porque son ustedes los agentes que están en contacto con los ciudadanos y los encargados de transmitir estos contenidos a toda la ciudadanía de la provincia de San Juan”, expuso Larrea.
A continuación expresó: “Sin lugar a dudas el tema ambiental va tomando distintas dimensiones, por lo cual es de mayor interés tomarlo como política de Estado. Esta es una política ecológica que necesita ser desarrollada con la cual tenemos que seguir trabajando juntos con el apoyo de nuestras fuerzas que tiene que irse incrementando”, cerró Tello.
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Fecha de Publicación: 16/03/2020
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
El convenio tiene como eje principal brindar capacitaciones que les permitan establecer un protocolo de actuación ante posibles situaciones que se puedan presentar.
En la jornada de este jueves, el gobernador Sergio Uñac firmó un convenio de asistencia y cooperación entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Secretaria de Ambiente y de Desarrollo Sustentable y la Escuela de Seguridad Dependiente de la Universidad Católica de Cuyo. El acto tuvo lugar en la Sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno y contó con la presencia además del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Raúl Tello; el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga; el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández; el subsecretario de Inspección y Control de la Gestión de la Seguridad Pública, Eduardo Gallastegui; el jefe de la Policía de San Juan, Walter Martínez; el rector de la Universidad Católica de Cuyo, Claudio Larrea; el director de la Escuela de Seguridad dependiente de la Universidad Católica de Cuyo, Carlos Fleury y demás autoridades provinciales.
La necesidad de generar acciones que permitan evitar y/o mitigar ciertas problemáticas ambientales encontradas en la provincia, permitiendo la conservación y protección de los recursos naturales provinciales y la generación de conciencia en la comunidad local, llevó a estas entidades a firmar el mencionado convenio de asistencia y cooperación.
El objetivo es brindarle a las fuerzas de seguridad herramientas que les permitan construir una cultura ambiental que fomente el cuidado y la preservación del ambiente provincial, capacitando a sus integrantes y estableciendo un protocolo de actuación ante posibles situaciones que se puedan presentar.
Las capacitaciones de desarrollarán en la Escuela de Capacitación Policial, a través del dictado de un curso por área, lugar y competencia policial, con los protocolos de acción correspondiente, además de dos talleres prácticos. Las temáticas sobre la que se trabajará, incluyen Flora y Fauna Autóctona y Exótica, Áreas Protegidas, Arbolado Público, Bosque Nativo; Gestión de Residuos Sólidos Urbanos; Residuos Peligrosos y Sustancias Peligrosas; entre otros.
Durante el acto, Uñac destacó el trabajo mancomunado para la realización de este convenio: “Siempre les pedí a los ministros y secretarios que interactuaran entre ellos. Es muy fácil de expresar, quizás más difícil de cumplir. Las secretarías y ministerios no pueden manejarse como compartimientos separados en cada una de las naturales operaciones que depara la función. Si se interrelacionan, si establecen estás líneas de trabajo que vemos en la mañana de hoy entre la Universidad Católica de Cuyo y las secretarías de Seguridad y de Ambiente, vamos a conseguir mejores resultados. Reitero, se puede tomar un camino y establecer políticas de Estado, pero contra más asesoramiento y más confluencia de conocimientos se pueda lograr, vamos a optimizar el desarrollo de la gestión y vamos a hacer una gestión más moderna de cara a los intereses de la propia sociedad sanjuanina”, manifestó Uñac.
Por su parte, Munisaga destacó la importancia de lo logrado con el convenio firmado: “Para nosotros es muy importante este convenio porque en San Juan tenemos una legislación de protección ambiental relevante y frondosa. Es una obligación articular acciones. Es por eso que tomamos la decisión, junto con el secretario de Ambiente, de construir mancomunadamente un sistema de ejecución, de fiscalización y de control de las conductas y acciones que tienen que ver con el cuidado del medioambiente”, expresó Munisaga.
Acto seguido, Tello compartió la política del trabajo mancomunado entre los ministerios: “Todos los ministerios debemos trabajar de manera articulada para tratar de esta manera producir un ahorro en el gasto público y también ser más eficiente en estas articulaciones”.
A su turno, Larrea puso de relieve la política implementada por el gobernador: “Creo que su política es un ejemplo. Son muy pocas las provincias que han dejado la formación de agentes de seguridad a instituciones educativas en conjunto con la Escuela de Policía, que siempre existió. Este convenio nos va permitir incluir contenidos en los planes de estudio de la diplomatura, tecnicatura y la licenciatura sobre el cuidado del medioambiente porque son ustedes los agentes que están en contacto con los ciudadanos y los encargados de transmitir estos contenidos a toda la ciudadanía de la provincia de San Juan”, expuso Larrea.
A continuación expresó: “Sin lugar a dudas el tema ambiental va tomando distintas dimensiones, por lo cual es de mayor interés tomarlo como política de Estado. Esta es una política ecológica que necesita ser desarrollada con la cual tenemos que seguir trabajando juntos con el apoyo de nuestras fuerzas que tiene que irse incrementando”, cerró Tello.
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Piden imputar a ex intendente por contaminación
Pidieron imputar a Ramón Mestre por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 16/03/2020
Fuente: Radio Mitre
Provincia/Región: Córdoba
La fiscal federal Graciela Lopez de Filoñuk solicitó su imputación. Ocurre en el marco de la causa por el volcamiento de líquidos cloacales sin tratar al Río Suquía.
La Justicia Federal solicitó imputar al ex intendente Ramón Mestre por el delito de contaminación ambiental en cumplimiento de los deberes de funcionario público.
El pedido fue solicitado por la fiscal federal Graciela Lopez de Filoñuk, quien ha pedido que el ex mandatario sea imputado en una causa donde se investigan los volcamientos de líquidos cloacales no tratados al Río Suquía.
En el marco de esta causa ya había 8 ex funcionarios de la municipalidad imputados por estos delitos.
Estos pedidos deberán ser avalados por el fiscal federal Hugo Vaca Narvaja.
Antecedentes
En julio de 2019, la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia presentó un informe a la Municipalidad que afirma que los líquidos cloacales que se vierten al río Suquía desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande tienen casi el mismo grado de contaminación que presentan cuando ingresan.
De acuerdo al informe, que acredita reiterados incumplimientos por parte del municipio a la hora del tratamiento de los efluentes, Bajo Grande vuelca líquidos cloacales contraviniendo los parámetros ambientales establecidos en el decreto provincial 847/2016 (aunque allí no registra los porcentajes de contaminación) y se encontraría en violación del artículo 46 de la ley provincial 7.343, que prohíbe la deposición de sustancias contaminantes en el río.
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Fecha de Publicación: 16/03/2020
Fuente: Radio Mitre
Provincia/Región: Córdoba
La fiscal federal Graciela Lopez de Filoñuk solicitó su imputación. Ocurre en el marco de la causa por el volcamiento de líquidos cloacales sin tratar al Río Suquía.
La Justicia Federal solicitó imputar al ex intendente Ramón Mestre por el delito de contaminación ambiental en cumplimiento de los deberes de funcionario público.
El pedido fue solicitado por la fiscal federal Graciela Lopez de Filoñuk, quien ha pedido que el ex mandatario sea imputado en una causa donde se investigan los volcamientos de líquidos cloacales no tratados al Río Suquía.
En el marco de esta causa ya había 8 ex funcionarios de la municipalidad imputados por estos delitos.
Estos pedidos deberán ser avalados por el fiscal federal Hugo Vaca Narvaja.
Antecedentes
En julio de 2019, la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia presentó un informe a la Municipalidad que afirma que los líquidos cloacales que se vierten al río Suquía desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande tienen casi el mismo grado de contaminación que presentan cuando ingresan.
De acuerdo al informe, que acredita reiterados incumplimientos por parte del municipio a la hora del tratamiento de los efluentes, Bajo Grande vuelca líquidos cloacales contraviniendo los parámetros ambientales establecidos en el decreto provincial 847/2016 (aunque allí no registra los porcentajes de contaminación) y se encontraría en violación del artículo 46 de la ley provincial 7.343, que prohíbe la deposición de sustancias contaminantes en el río.
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Represa Portezuelo: negociación “empantanada”
Está “empantanada” la discusión sobre Portezuelo del Viento en el COIRCO
Fecha de Publicación: 14/03/2020
Fuente: APP Noticias
Provincia/Región: Nacional
El pampeano Javier Schlegel debutó ayer como presidente del COIRCO, representando al gobierno nacional, en una reunión que se realizó en Bahía Blanca y que tuvo como tema central la represa Portezuelo del Viento. Uno de los representantes de Mendoza en el encuentro, el propio ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez Rosaz, planteó apartar a Schlegel de la presidencia porque “no acredita la independencia necesaria para ocupar el cargo”, y el pedido terminó teniendo curso formal y será elevado al ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, aunque se prevé que esto no prosperará.
El titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti, reconoció a APP que por la construcción de la represa la discusión “está empantanada, hay mucho trasfondo”. Indicó que “nosotros hemos solicitado, para darle más transparencia a este proceso, la unificación de todos los estudios de impacto ambiental que se han hecho hasta el momento (uno que hizo Mendoza de la obra propiamente dicho y otro encargado por el COIRCO de cómo impactará la obra en toda la cuenca del río Colorado)”.
Dijo que éste último fue presentado pero no lo aceptó el Consejo de Gobierno, “ya que La Pampa no lo aceptó, con lo cual requerimos que se presenten esos estudios al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación y que haga un estudio de impacto ambiental”.
Informó que la cartera nacional pidió una unificación de esos dos estudios y una audiencia pública nacional, cuestión “que en principio lo había aceptado Mendoza pero ahora plantean que no están de acuerdo, argumentando que la situación está judicializada por la provincia de La Pampa, que presentó un amparo a la Corte Suprema, y al no tener ellos el traslado de la demanda a la provincia y no conocer los términos, dentro del COIRCO no se van a expedir del tema”.
Insistió que para Río Negro “el COIRCO es el ámbito para discutir esto, para que cada jurisdicción exponga su postura, defienda sus intereses y avanzar en puntos de acuerdo, pero esto no está ocurriendo”.
“Solicitamos una reunión el Consejo de Gobierno, donde están los cinco gobernadores presidida por el Ministro del Interior, para ver si se puede destrabar esta situación”, consignó.
Insistió que Río Negro, Buenos Aires y Neuquén coinciden en que hay que avanzar en la unificación de los estudios de impacto ambiental con una audiencia nacional.
En la reunión de ayer, la delegación mendocina informó que la licitación de la obra se postergó nuevamente, ahora para principios de julio, y ante la consulta del delegado pampeano Juan Greco sobre la cantidad de pliegos que han sido adquiridos, la respuesta fue reveladora: ninguno.
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Fecha de Publicación: 14/03/2020
Fuente: APP Noticias
Provincia/Región: Nacional
El pampeano Javier Schlegel debutó ayer como presidente del COIRCO, representando al gobierno nacional, en una reunión que se realizó en Bahía Blanca y que tuvo como tema central la represa Portezuelo del Viento. Uno de los representantes de Mendoza en el encuentro, el propio ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez Rosaz, planteó apartar a Schlegel de la presidencia porque “no acredita la independencia necesaria para ocupar el cargo”, y el pedido terminó teniendo curso formal y será elevado al ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, aunque se prevé que esto no prosperará.
El titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti, reconoció a APP que por la construcción de la represa la discusión “está empantanada, hay mucho trasfondo”. Indicó que “nosotros hemos solicitado, para darle más transparencia a este proceso, la unificación de todos los estudios de impacto ambiental que se han hecho hasta el momento (uno que hizo Mendoza de la obra propiamente dicho y otro encargado por el COIRCO de cómo impactará la obra en toda la cuenca del río Colorado)”.
Dijo que éste último fue presentado pero no lo aceptó el Consejo de Gobierno, “ya que La Pampa no lo aceptó, con lo cual requerimos que se presenten esos estudios al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación y que haga un estudio de impacto ambiental”.
Informó que la cartera nacional pidió una unificación de esos dos estudios y una audiencia pública nacional, cuestión “que en principio lo había aceptado Mendoza pero ahora plantean que no están de acuerdo, argumentando que la situación está judicializada por la provincia de La Pampa, que presentó un amparo a la Corte Suprema, y al no tener ellos el traslado de la demanda a la provincia y no conocer los términos, dentro del COIRCO no se van a expedir del tema”.
Insistió que para Río Negro “el COIRCO es el ámbito para discutir esto, para que cada jurisdicción exponga su postura, defienda sus intereses y avanzar en puntos de acuerdo, pero esto no está ocurriendo”.
“Solicitamos una reunión el Consejo de Gobierno, donde están los cinco gobernadores presidida por el Ministro del Interior, para ver si se puede destrabar esta situación”, consignó.
Insistió que Río Negro, Buenos Aires y Neuquén coinciden en que hay que avanzar en la unificación de los estudios de impacto ambiental con una audiencia nacional.
En la reunión de ayer, la delegación mendocina informó que la licitación de la obra se postergó nuevamente, ahora para principios de julio, y ante la consulta del delegado pampeano Juan Greco sobre la cantidad de pliegos que han sido adquiridos, la respuesta fue reveladora: ninguno.
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Desestimación de planteo de desmontador en Chaco
El Superior Tribunal de Justicia desestimó el planteo de un productor multado por un desmonte ilegal
Fecha de Publicación: 13/03/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El máximo tribunal chaqueño desestimó el recurso extraordinario de un productor forestal y dejó firme el rechazo a una medida cautelar que pretendía evitar la aplicación de una multa de la Dirección de Bosques por un desmonte ilegal.
Mientras sigue pendiente de resolución una acción de amparo impulsada por el Defensor del Pueblo del Chaco para suspender los permisos de desmonte en las zonas categorizadas como “Amarillas”, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco dejó firme la desestimación a una medida cautelar impulsada por un productor forestal contra la multa que le impuso la Dirección de Bosques de la provincia del Chaco por un desmonte ilegal en la zona del Departamento Güemes.
La resolución, que difunde como adelanto CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 3 de febrero pasado y lleva las firmas de los cuatro ministros del Superior Tribunal: Iride Grillo, Alberto Modi, Emilia Valle y Rolando Toledo. Fue en el expediente Nº 9538/18-SCA, caratulado: “P. S/MEDIDA CAUTELAR”.
Se trata de una medida cautelar que impulsó un productor forestal contra la multa por más de 17 millones de pesos que le impuso la Dirección de Bosques del Chaco por un desmonte ilegal en un predio de 300 hectáreas ubicado en el Departamento Güemes. La sanción del organismo provincial, de febrero de 2017, se debió a la infracción al artículo 6, inciso B1 de la entonces ley 7153 (hoy 2079-R), que estableció el Régimen de Sanciones para la Actividad Forestal, “por ejecutar un desmonte sin el permiso forestal correspondiente”.
La Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativa había desestimado la medida cautelar y también la demanda contra la sanción de la Dirección de Bosques. No obstante, hizo lugar al planteo para recalcular el monto de la multa luego de una resolución del STJ ante un recurso extraordinario de queja que el productor llevó ante ese tribunal.
“(…) el fallo cuenta con suficiente sustento y constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa, no logrando el apelante extraordinario demostrar los desaciertos que pretende endilgarle”, sostiene en sus fundamentos el fallo del Superior Tribunal de Justicia.
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Fecha de Publicación: 13/03/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El máximo tribunal chaqueño desestimó el recurso extraordinario de un productor forestal y dejó firme el rechazo a una medida cautelar que pretendía evitar la aplicación de una multa de la Dirección de Bosques por un desmonte ilegal.
Mientras sigue pendiente de resolución una acción de amparo impulsada por el Defensor del Pueblo del Chaco para suspender los permisos de desmonte en las zonas categorizadas como “Amarillas”, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco dejó firme la desestimación a una medida cautelar impulsada por un productor forestal contra la multa que le impuso la Dirección de Bosques de la provincia del Chaco por un desmonte ilegal en la zona del Departamento Güemes.
La resolución, que difunde como adelanto CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 3 de febrero pasado y lleva las firmas de los cuatro ministros del Superior Tribunal: Iride Grillo, Alberto Modi, Emilia Valle y Rolando Toledo. Fue en el expediente Nº 9538/18-SCA, caratulado: “P. S/MEDIDA CAUTELAR”.
Se trata de una medida cautelar que impulsó un productor forestal contra la multa por más de 17 millones de pesos que le impuso la Dirección de Bosques del Chaco por un desmonte ilegal en un predio de 300 hectáreas ubicado en el Departamento Güemes. La sanción del organismo provincial, de febrero de 2017, se debió a la infracción al artículo 6, inciso B1 de la entonces ley 7153 (hoy 2079-R), que estableció el Régimen de Sanciones para la Actividad Forestal, “por ejecutar un desmonte sin el permiso forestal correspondiente”.
La Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativa había desestimado la medida cautelar y también la demanda contra la sanción de la Dirección de Bosques. No obstante, hizo lugar al planteo para recalcular el monto de la multa luego de una resolución del STJ ante un recurso extraordinario de queja que el productor llevó ante ese tribunal.
“(…) el fallo cuenta con suficiente sustento y constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa, no logrando el apelante extraordinario demostrar los desaciertos que pretende endilgarle”, sostiene en sus fundamentos el fallo del Superior Tribunal de Justicia.
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Buenos Aires: reunión del Observatorio de Agroquímicos
Primera Reunión del Observatorio Técnico de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/03/2020
Fuente: AgroSitio
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Desarrollo Agrario, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, llevó adelante la primera reunión del Observatorio Técnico de Agroquímicos, con el objetivo de vincular e intercambiar documentos científico-técnicos sobre la utilización de agroquímicos y su impacto en la salud, producción y el medio ambiente en la Provincia de Buenos Aires...
El encuentro estuvo encabezado por el Subsecretario Cristian Amarilla quien recordó que "el objetivo del Observatorio es recopilar y realizar una síntesis de la información generada en las diferentes instituciones científico-tecnológicas para luego ampliar la participación a colegios de profesionales, entidades de productores, y grupos civiles".
La primera reunión contó con la presencia del Vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Marcos Actis y representantes de Universidades nacionales, provinciales, de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), INTA y CONICET, que días atrás fueron convocados por el Ministerio de Desarrollo Agrario.
En esta oportunidad más de diez grupos de trabajo presentaron los ejes que abordaron en cada uno de sus proyectos. Entre los institutos educativos participantes se encuentran la Universidad de Moreno, Hurlingham, 3 de Febrero, La Plata, San Martín, Mar del Plata, Buenos Aires, Avellaneda, Luján, General Sarmiento, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.
Algunos de los temas giraron en torno al sistema de guiado responsable para aplicación, a la detección de residuos de agroquímicos en alimentos frescos, a la necesidad de cambiar los modelos de producción, y al impacto de los fitosanitarios sobre el suelo, napas y aguas.
Por parte de las autoridades provinciales se hicieron presentes el Director de Autoridad del Agua (ADA), Oscar Deina; la Directora Provincial de Gestión Hídrica, Andrea Cumba; los Directores Provinciales de Calidad y Control Técnico, Damian Costamagna, de Residuos Sólidos Urbanos, Francisco Suárez; y en representación de la Subsecretaría de Planificación y Control Sanitario del Ministerio de Salud, Damián Marino.
De la cartera agraria participaron la Directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Viviana Di Marzio; y la Directora de Sustentabilidad y Medio Ambiente, María José Tesoro.
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Fecha de Publicación: 13/03/2020
Fuente: AgroSitio
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Desarrollo Agrario, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, llevó adelante la primera reunión del Observatorio Técnico de Agroquímicos, con el objetivo de vincular e intercambiar documentos científico-técnicos sobre la utilización de agroquímicos y su impacto en la salud, producción y el medio ambiente en la Provincia de Buenos Aires...
El encuentro estuvo encabezado por el Subsecretario Cristian Amarilla quien recordó que "el objetivo del Observatorio es recopilar y realizar una síntesis de la información generada en las diferentes instituciones científico-tecnológicas para luego ampliar la participación a colegios de profesionales, entidades de productores, y grupos civiles".
La primera reunión contó con la presencia del Vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Marcos Actis y representantes de Universidades nacionales, provinciales, de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), INTA y CONICET, que días atrás fueron convocados por el Ministerio de Desarrollo Agrario.
En esta oportunidad más de diez grupos de trabajo presentaron los ejes que abordaron en cada uno de sus proyectos. Entre los institutos educativos participantes se encuentran la Universidad de Moreno, Hurlingham, 3 de Febrero, La Plata, San Martín, Mar del Plata, Buenos Aires, Avellaneda, Luján, General Sarmiento, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.
Algunos de los temas giraron en torno al sistema de guiado responsable para aplicación, a la detección de residuos de agroquímicos en alimentos frescos, a la necesidad de cambiar los modelos de producción, y al impacto de los fitosanitarios sobre el suelo, napas y aguas.
Por parte de las autoridades provinciales se hicieron presentes el Director de Autoridad del Agua (ADA), Oscar Deina; la Directora Provincial de Gestión Hídrica, Andrea Cumba; los Directores Provinciales de Calidad y Control Técnico, Damian Costamagna, de Residuos Sólidos Urbanos, Francisco Suárez; y en representación de la Subsecretaría de Planificación y Control Sanitario del Ministerio de Salud, Damián Marino.
De la cartera agraria participaron la Directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Viviana Di Marzio; y la Directora de Sustentabilidad y Medio Ambiente, María José Tesoro.
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Turistas levantaron un ejemplar de guanaco en Jujuy
Jujuy: Solicitan respeto y preservación de la fauna silvestre nativa
Fecha de Publicación: 12/03/2020
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente informa a la comunidad que no se deben extraer de su hábitat natural a los animales pertenecientes a la fauna silvestre nativa, no solo porque está penalizado a través de leyes provinciales, nacionales e internacionales, sino porque además se trata de respetar y preservar a los ejemplares de la fauna local en los ecosistemas que integran y en los cuales prestan servicios ambientales esenciales.
La recomendación surge a partir de un reciente caso de turistas que levantaron un ejemplar de guanaco en una zona cercana a Purmamarca, y que fuera informado oportunamente al Ministerio de Ambiente por parte de la Comisario Fabiola Bracamonte de la Seccional N° 52 de Purmamarca.
En este sentido, la referente de la fuerza policial informó que una familia de turistas que transitaba por la Ruta Nacional N° 52, a la altura de la Cuesta de Lipán, observó un ejemplar de guanaco juvenil macho que se encontraba solo y no divisaban su grupo familiar, por lo tanto lo trasladaron a la seccional de Policía de Purmamarca.
Luego de tomar conocimiento de esta situación, personal técnico especializado del Ministerio de Ambiente buscó al ejemplar en la Seccional de Purmamarca y se trasladó inmediatamente hasta la Cuesta de Lipán nuevamente para observar si encontraban al grupo familiar, obteniendo resultados negativos. Dadas las circunstancias y con la colaboración del equipo técnico de la Secretaría de Calidad Ambiental encabezado por la Directora de Residuos Especiales y Pasivos Ambientales, Marina Giordana, y personal del área de medioambiente de la empresa EXAR que siempre presta colaboración para la conservación de la Biodiversidad en la región, se logró reubicar al animal. En este sentido, el ejemplar fue alojado provisoriamente en el hogar de una familia de ganaderos de la zona, quienes lo recibieron, resguardaron y se comprometieron en alimentar durante su inicial etapa de crecimiento y desarrollo.
Finalmente, se acordó con los miembros de la familia un plan de visitas periódicas para evaluar el estado sanitario y etológico del guanaco, hasta tanto se defina la fecha de liberación en el área natural de su procedencia.
En tal sentido, desde la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, solicitaron a toda la comunidad, local y turistas, no levantar fauna silvestre en las rutas ya que estarían extrayendo de su lugar de origen a estos animales; pueden contraer enfermedades zoonóticas que transmiten los ejemplares de la fauna nativa, o se estarían exponiendo a las agresiones propias de animales silvestres.
Para denuncias por presencia de animales silvestres, o aparición de ejemplares heridos, así como también ante casos de caza, tráfico o venta ilegal, comunicarse al Ministerio de Ambiente (0388-4249264), o bien dirigirse a República de Siria N° 147 del barrio Gorriti.
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Fecha de Publicación: 12/03/2020
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente informa a la comunidad que no se deben extraer de su hábitat natural a los animales pertenecientes a la fauna silvestre nativa, no solo porque está penalizado a través de leyes provinciales, nacionales e internacionales, sino porque además se trata de respetar y preservar a los ejemplares de la fauna local en los ecosistemas que integran y en los cuales prestan servicios ambientales esenciales.
La recomendación surge a partir de un reciente caso de turistas que levantaron un ejemplar de guanaco en una zona cercana a Purmamarca, y que fuera informado oportunamente al Ministerio de Ambiente por parte de la Comisario Fabiola Bracamonte de la Seccional N° 52 de Purmamarca.
En este sentido, la referente de la fuerza policial informó que una familia de turistas que transitaba por la Ruta Nacional N° 52, a la altura de la Cuesta de Lipán, observó un ejemplar de guanaco juvenil macho que se encontraba solo y no divisaban su grupo familiar, por lo tanto lo trasladaron a la seccional de Policía de Purmamarca.
Luego de tomar conocimiento de esta situación, personal técnico especializado del Ministerio de Ambiente buscó al ejemplar en la Seccional de Purmamarca y se trasladó inmediatamente hasta la Cuesta de Lipán nuevamente para observar si encontraban al grupo familiar, obteniendo resultados negativos. Dadas las circunstancias y con la colaboración del equipo técnico de la Secretaría de Calidad Ambiental encabezado por la Directora de Residuos Especiales y Pasivos Ambientales, Marina Giordana, y personal del área de medioambiente de la empresa EXAR que siempre presta colaboración para la conservación de la Biodiversidad en la región, se logró reubicar al animal. En este sentido, el ejemplar fue alojado provisoriamente en el hogar de una familia de ganaderos de la zona, quienes lo recibieron, resguardaron y se comprometieron en alimentar durante su inicial etapa de crecimiento y desarrollo.
Finalmente, se acordó con los miembros de la familia un plan de visitas periódicas para evaluar el estado sanitario y etológico del guanaco, hasta tanto se defina la fecha de liberación en el área natural de su procedencia.
En tal sentido, desde la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, solicitaron a toda la comunidad, local y turistas, no levantar fauna silvestre en las rutas ya que estarían extrayendo de su lugar de origen a estos animales; pueden contraer enfermedades zoonóticas que transmiten los ejemplares de la fauna nativa, o se estarían exponiendo a las agresiones propias de animales silvestres.
Para denuncias por presencia de animales silvestres, o aparición de ejemplares heridos, así como también ante casos de caza, tráfico o venta ilegal, comunicarse al Ministerio de Ambiente (0388-4249264), o bien dirigirse a República de Siria N° 147 del barrio Gorriti.
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Neuquén proyecta crear guardias ambientales
Se vienen los guardias ambientales de Neuquén
Fecha de Publicación: 11/03/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El Ejecutivo municipal creará un grupo encargado de velar por el cuidado de la flora y fauna de las áreas protegidas de la capital. Estará integrado por personal municipal que será capacitado. El proyecto está en análisis en el Concejo Deliberante
La municipalidad busca crear un cuerpo de cuidadores ambientales para la protección de las áreas protegidas de la ciudad, similar a la figura de guardafaunas en la provincia.
El objetivo será la atención de las áreas protegidas de la comuna que en la ciudad son: la laguna San Lorenzo, el parque regional Bardas Norte y el Parque de los Dinosaurios.
Estas áreas con ecosistemas naturales fueron evaluados como únicos en la ciudad de Neuquén , muchos de los cuales están en un estado de descuido por el arrojo indiscriminado de escombros y basura, con poca atención a los cuidados que requiere un sector natural protegido.
El proyecto está en análisis en el Concejo Deliberante. “Estamos pensando en municipales que serían reubicados para formar parte de este grupo de cuidadores”, dijo el subsecretario de Medio Ambiente de la comuna, Francisco Baggio.
Explicó que requiere de un perfil de agente “que tenga compromiso ambiental fuerte y que esté en condiciones de trabajar en el terreno, porque no es un sector para estar en oficina”, destacó.
Baggio dijo que en el inicio de este cuerpo de guardias ambientales, se analiza captar el interés de unos 8 ó 10 municipales interesados en ser parte de la policía ambientalista. “Con la reubicación de sector, vendrá una debida capacitación sobre la labor y funciones”, dijo.
Agregó que el descuido en las áreas naturales protegidas requiere de la atención de más de 2 ó 4 personas por cada lugar, por lo que “se complementará con el resto de la estructura municipal existente”.
Baggio recordó que antes del verano próximo se busca proteger el espacio costero de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay con la designación de área natural protegida.
Se trata de la zona de istmo a pocos kilómetros aguas abajo de la calle Obrero Argentino -y el río Limay- que continuamente es promocionada con visitas guiadas por tierra o flotadas por el agua.
El proyecto establece que se debe velar por el cumplimiento de las ordenanzas vigentes en materia ambiental, el control y vigilancia “social y ecológico de las acciones que atentan contra la estabilidad de ecosistemas y eviten fenómenos de deterioro ambiental”.
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Fecha de Publicación: 11/03/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El Ejecutivo municipal creará un grupo encargado de velar por el cuidado de la flora y fauna de las áreas protegidas de la capital. Estará integrado por personal municipal que será capacitado. El proyecto está en análisis en el Concejo Deliberante
La municipalidad busca crear un cuerpo de cuidadores ambientales para la protección de las áreas protegidas de la ciudad, similar a la figura de guardafaunas en la provincia.
El objetivo será la atención de las áreas protegidas de la comuna que en la ciudad son: la laguna San Lorenzo, el parque regional Bardas Norte y el Parque de los Dinosaurios.
Estas áreas con ecosistemas naturales fueron evaluados como únicos en la ciudad de Neuquén , muchos de los cuales están en un estado de descuido por el arrojo indiscriminado de escombros y basura, con poca atención a los cuidados que requiere un sector natural protegido.
El proyecto está en análisis en el Concejo Deliberante. “Estamos pensando en municipales que serían reubicados para formar parte de este grupo de cuidadores”, dijo el subsecretario de Medio Ambiente de la comuna, Francisco Baggio.
Explicó que requiere de un perfil de agente “que tenga compromiso ambiental fuerte y que esté en condiciones de trabajar en el terreno, porque no es un sector para estar en oficina”, destacó.
Baggio dijo que en el inicio de este cuerpo de guardias ambientales, se analiza captar el interés de unos 8 ó 10 municipales interesados en ser parte de la policía ambientalista. “Con la reubicación de sector, vendrá una debida capacitación sobre la labor y funciones”, dijo.
Agregó que el descuido en las áreas naturales protegidas requiere de la atención de más de 2 ó 4 personas por cada lugar, por lo que “se complementará con el resto de la estructura municipal existente”.
Baggio recordó que antes del verano próximo se busca proteger el espacio costero de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay con la designación de área natural protegida.
Se trata de la zona de istmo a pocos kilómetros aguas abajo de la calle Obrero Argentino -y el río Limay- que continuamente es promocionada con visitas guiadas por tierra o flotadas por el agua.
El proyecto establece que se debe velar por el cumplimiento de las ordenanzas vigentes en materia ambiental, el control y vigilancia “social y ecológico de las acciones que atentan contra la estabilidad de ecosistemas y eviten fenómenos de deterioro ambiental”.
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Chubut: proyecto para crear la Dirección de Policía Ambiental
Presentaron un proyecto de ley para crear la Dirección General de Policía Ambiental
Fecha de Publicación: 11/03/2020
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
El diputado Sebastián López explicó que "lo que nos motivó a impulsar esta iniciativa es la necesidad de que la Provincia reconozca el derecho al aire limpio, al agua potable, a los alimentos sanos, un clima estable, una biodiversidad próspera y un ecosistema saludable".
El diputado provincial de Juntos por el Cambio Chubut, Sebastián López, detalló los dos proyectos de Ley presentados esta semana en la Legislatura de Chubut, uno de los cuales prevé la creación de la Dirección General de la Policía Ambiental, área destinada a la preservación del medio ambiente y que tiene su correlato en "acuerdos nacionales, regionales e internacionales que nuestro país ha firmado y que apuntan a contar con las herramientas necesarias para combatir los efectos del cambio climático", según explicó.
A su vez, el legislador también explicó el alcance del proyecto de Ley para crear el Régimen Provincial de Espectáculos Públicos Masivos, con el fin de brindar un marco de mayor transparencia a la contratación de artistas locales y de otras provincias durante la realización de este tipo de eventos en Chubut. "Creemos indispensable brindar un marco de transparencia, tanto para la contratación desde los ámbitos provinciales y municipales como también de los privados", recalcó López.
Como tercer proyecto ingresado, desde el bloque legislativo pusieron en relieve la realización de las Olimpíadas de la Tercera Edad, que tendrán su trigésimo primera edición en la ciudad de Puerto Madryn, el próximo 7 de marzo.
Policía Ambiental
Al respecto, López mencionó que "este miércoles presentamos tres proyectos por Mesa de Entrada de la Legislatura, uno de los cuales prevé la creación de la Dirección General de la Policía Ambiental" y explicó que "lo que nos motivó a impulsar esta iniciativa es la necesidad de que la Provincia reconozca el derecho al aire limpio, al agua potable, a los alimentos sanos, un clima estable, una biodiversidad próspera y un ecosistema saludable".
En este sentido, precisó que entre los fundamentos del proyecto "vemos que en más de 100 países el derecho a un ambiente sano goza de status constitucional, al igual que lo consagra nuestra Constitución en el Artículo 41. Incluso, en Argentina se han firmado tratados regionales e internacionales de Derechos Humanos, que incluyen explícitamente el derecho a un ambiente sano. Algunos abarcan desde África hasta América Latina, el Caribe, parte de Asia y Europa, y recientemente se ha solicitado a la Asamblea de Naciones Unidas que reconozca el derecho a un ambiente sano, con el fin de articular herramientas necesarias para combatir las consecuencias del cambio climático".
Antecedentes regionales
Asimismo, el diputado provincial expuso que "como antecedentes para esta Ley hemos encontrado como antecedente que, en Colombia, funciona la Policía Ambiental, acaso el primer antecedente de este tipo en la región. En la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa creó años atrás la Policía Ambiental, encargada de la vigilancia de los parques ecológicos, la tala clandestina de árboles y la ocupación ilegal de áreas naturales para tirar basura, entre otras cuestiones. También, en la República Federativa de Brasil existe la Policía Ambiental, y en el ámbito nacional nos encontramos con estructuras y antecedentes similares en las provincias de Córdoba, Salta y San Juan, que dependen de distintos estamentos".
Preservar el medio ambiente
"Por ende", continuó López, "hemos creado la Dirección General de la Policía Ambiental, que va a pertenecer a la Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental, dependiente de la cartera de Ambiente del Chubut".
"Esta iniciativa tiene que convocarnos a todos los chubutenses, porque la protección ambiental debe ser un factor aglutinante de todas las fuerzas políticas. Entendemos el cuidado del ambiente como un pilar fundamental de nuestra sociedad, ya que nuestra provincia posee muchísimos recursos naturales y ello nos obliga a cuidar y preservar nuestro medio ambiente, entendiendo que se trata de algo fundamental para la calidad de vida", expresó.
"Una Ley para todos los chubutenses"
En el mismo sentido, López planteó que el primer proyecto de Ley presentado fue el que prevé la creación de esa Dirección "ya que nuestra gestión estará siempre orientada a cuestiones fundamentales, donde esta división estará especializada en materia ambiental. Obviamente, esperamos el acompañamiento de los distintos bloques, como así también los aportes y modificaciones que eventualmente puedan sumarse para confluir en una legislación que podamos construir entre todos, y para todos los chubutenses".
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Fecha de Publicación: 11/03/2020
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
El diputado Sebastián López explicó que "lo que nos motivó a impulsar esta iniciativa es la necesidad de que la Provincia reconozca el derecho al aire limpio, al agua potable, a los alimentos sanos, un clima estable, una biodiversidad próspera y un ecosistema saludable".
El diputado provincial de Juntos por el Cambio Chubut, Sebastián López, detalló los dos proyectos de Ley presentados esta semana en la Legislatura de Chubut, uno de los cuales prevé la creación de la Dirección General de la Policía Ambiental, área destinada a la preservación del medio ambiente y que tiene su correlato en "acuerdos nacionales, regionales e internacionales que nuestro país ha firmado y que apuntan a contar con las herramientas necesarias para combatir los efectos del cambio climático", según explicó.
A su vez, el legislador también explicó el alcance del proyecto de Ley para crear el Régimen Provincial de Espectáculos Públicos Masivos, con el fin de brindar un marco de mayor transparencia a la contratación de artistas locales y de otras provincias durante la realización de este tipo de eventos en Chubut. "Creemos indispensable brindar un marco de transparencia, tanto para la contratación desde los ámbitos provinciales y municipales como también de los privados", recalcó López.
Como tercer proyecto ingresado, desde el bloque legislativo pusieron en relieve la realización de las Olimpíadas de la Tercera Edad, que tendrán su trigésimo primera edición en la ciudad de Puerto Madryn, el próximo 7 de marzo.
Policía Ambiental
Al respecto, López mencionó que "este miércoles presentamos tres proyectos por Mesa de Entrada de la Legislatura, uno de los cuales prevé la creación de la Dirección General de la Policía Ambiental" y explicó que "lo que nos motivó a impulsar esta iniciativa es la necesidad de que la Provincia reconozca el derecho al aire limpio, al agua potable, a los alimentos sanos, un clima estable, una biodiversidad próspera y un ecosistema saludable".
En este sentido, precisó que entre los fundamentos del proyecto "vemos que en más de 100 países el derecho a un ambiente sano goza de status constitucional, al igual que lo consagra nuestra Constitución en el Artículo 41. Incluso, en Argentina se han firmado tratados regionales e internacionales de Derechos Humanos, que incluyen explícitamente el derecho a un ambiente sano. Algunos abarcan desde África hasta América Latina, el Caribe, parte de Asia y Europa, y recientemente se ha solicitado a la Asamblea de Naciones Unidas que reconozca el derecho a un ambiente sano, con el fin de articular herramientas necesarias para combatir las consecuencias del cambio climático".
Antecedentes regionales
Asimismo, el diputado provincial expuso que "como antecedentes para esta Ley hemos encontrado como antecedente que, en Colombia, funciona la Policía Ambiental, acaso el primer antecedente de este tipo en la región. En la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa creó años atrás la Policía Ambiental, encargada de la vigilancia de los parques ecológicos, la tala clandestina de árboles y la ocupación ilegal de áreas naturales para tirar basura, entre otras cuestiones. También, en la República Federativa de Brasil existe la Policía Ambiental, y en el ámbito nacional nos encontramos con estructuras y antecedentes similares en las provincias de Córdoba, Salta y San Juan, que dependen de distintos estamentos".
Preservar el medio ambiente
"Por ende", continuó López, "hemos creado la Dirección General de la Policía Ambiental, que va a pertenecer a la Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental, dependiente de la cartera de Ambiente del Chubut".
"Esta iniciativa tiene que convocarnos a todos los chubutenses, porque la protección ambiental debe ser un factor aglutinante de todas las fuerzas políticas. Entendemos el cuidado del ambiente como un pilar fundamental de nuestra sociedad, ya que nuestra provincia posee muchísimos recursos naturales y ello nos obliga a cuidar y preservar nuestro medio ambiente, entendiendo que se trata de algo fundamental para la calidad de vida", expresó.
"Una Ley para todos los chubutenses"
En el mismo sentido, López planteó que el primer proyecto de Ley presentado fue el que prevé la creación de esa Dirección "ya que nuestra gestión estará siempre orientada a cuestiones fundamentales, donde esta división estará especializada en materia ambiental. Obviamente, esperamos el acompañamiento de los distintos bloques, como así también los aportes y modificaciones que eventualmente puedan sumarse para confluir en una legislación que podamos construir entre todos, y para todos los chubutenses".
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Reunión por una agenda legislativa sobre ambiente
Massa y Cabandié analizaron la agenda legislativa en Medio Ambiente para 2020
Fecha de Publicación: 06/03/2020
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El titular de Diputados y el ministro del área dialogaron en una reunión sobre potenciales proyectos en la materia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, compartieron un encuentro de trabajo en el que dialogaron sobre posibles proyectos en materia de protección ambiental.
Entre las potenciales iniciativas, los participantes conversaron sobre la creación de una Agencia Federal de Residuos, leyes de Envases, de Residuos Peligrosos y de Aire, Suelo y Agua.
A través de sus redes sociales, el titular de la Cámara baja resaltó “la importancia de constituir una Agencia Federal de Residuos” para otorgarle un marco federal a la implementación de las medidas.
Además, indicó que “el Estado tiene un rol central en el cuidado del medioambiente, un desafío grande, global y urgente del que todos somos responsables”.
La reunión se llevó a cabo en el Ministerio de Medio Ambiente y contó con la participación también de Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación.
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Fecha de Publicación: 06/03/2020
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El titular de Diputados y el ministro del área dialogaron en una reunión sobre potenciales proyectos en la materia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, compartieron un encuentro de trabajo en el que dialogaron sobre posibles proyectos en materia de protección ambiental.
Entre las potenciales iniciativas, los participantes conversaron sobre la creación de una Agencia Federal de Residuos, leyes de Envases, de Residuos Peligrosos y de Aire, Suelo y Agua.
A través de sus redes sociales, el titular de la Cámara baja resaltó “la importancia de constituir una Agencia Federal de Residuos” para otorgarle un marco federal a la implementación de las medidas.
Además, indicó que “el Estado tiene un rol central en el cuidado del medioambiente, un desafío grande, global y urgente del que todos somos responsables”.
La reunión se llevó a cabo en el Ministerio de Medio Ambiente y contó con la participación también de Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación.
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Cabandié pidió discutir el glifosato
Juan Cabandié: “Hay que abrir la discusión sobre el uso del glifosato”
Fecha de Publicación: 06/03/2020
Fuente: CitricaRadio
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable manifestó que “no podemos permitir que una empresa extranjera deje los pasivos ambientales acá mientras en sus países hacen todo bien” y planteó que “debemos tener minería, pero no a cualquier precio y en cualquier lugar “, en comunicación con Daniel Tognetti en Siempre es Hoy, por Cítrica Radio.
“Tiene que respetarse el consenso social de la población para desarrollar la actividad”, agregó en relación a la actividad minera.
También planteó que hay que abrir la discusión sobre el uso del glifosato: “Ese veneno está causando mucho daño: contamina el agua, fumigan en la cara de los niños, y ya una mujer murió en Gualeguaychú”.
Comentó que “en enero comenzó un plan para adaptar y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030”, y señaló que “la transición a un desarrollo sustentable sólo puede hacerse con justicia social”.
Por otra parte, sostuvo que “tenemos que construir un Nunca Más a los ciclos de sobreendeudamiento, es un problema estructural donde siempre terminan los gobiernos peronistas y kirchneristas pagando la deuda de otros, mientras los funcionarios responsables están esquiando en Europa”.
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Fecha de Publicación: 06/03/2020
Fuente: CitricaRadio
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable manifestó que “no podemos permitir que una empresa extranjera deje los pasivos ambientales acá mientras en sus países hacen todo bien” y planteó que “debemos tener minería, pero no a cualquier precio y en cualquier lugar “, en comunicación con Daniel Tognetti en Siempre es Hoy, por Cítrica Radio.
“Tiene que respetarse el consenso social de la población para desarrollar la actividad”, agregó en relación a la actividad minera.
También planteó que hay que abrir la discusión sobre el uso del glifosato: “Ese veneno está causando mucho daño: contamina el agua, fumigan en la cara de los niños, y ya una mujer murió en Gualeguaychú”.
Comentó que “en enero comenzó un plan para adaptar y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030”, y señaló que “la transición a un desarrollo sustentable sólo puede hacerse con justicia social”.
Por otra parte, sostuvo que “tenemos que construir un Nunca Más a los ciclos de sobreendeudamiento, es un problema estructural donde siempre terminan los gobiernos peronistas y kirchneristas pagando la deuda de otros, mientras los funcionarios responsables están esquiando en Europa”.
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Denuncia penal quema de pastizales en las islas del Litoral
Rosario denunció a los responsables de la quema de pastizales en las islas
Fecha de Publicación: 05/03/2020
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Litoral Argentino
La Municipalidad presentó la demanda penal en Paraná por delitos "contra la seguridad pública y el medioambiente".
La Municipalidad de Rosario, a través de la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, presentó en los Tribunales de Paraná una denuncia penal contras los productores responsables de los incendios de pastizales en la zona de islas entrerrianas ubicadas frente a Rosario y contra los funcionarios "responsables y encargados de controlar el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia", en caso de que la Fiscalía lo considere necesario.
La información incluso fue confirmada por el intendente rosarino Pablo Javkin, quien aseguró que la subsecretaria legal y técnica se encontraba en Paraná realizando una denuncia penal "contra aquellos responsables de las quemas intencionales de pastizales en la zona de islas del Alto Delta del Río Paraná, enmarcados en la figura de delitos contra la seguridad pública y como así también en distintas figuras referidas al medioambiente".
En su presentación, Conti señaló: "Tal como se ha expresado precedentemente, se ha detectado en el espacio aéreo la presencia de gran cantidad de humo y cenizas a causa de los incendios producidos intencionalmente en los pastizales en el Alto Delta del Río Paraná, frente a la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe (Rosario), perjudicando a una cantidad de actores: la fauna íctica de los cuales viven gran número de los habitantes de nuestra ciudad y zonas aledañas, la flora, los pobladores ribereños, los transeúntes, los turistas, y los habitantes de Rosario también se encontrarían perjudicados".
"A manera de ejemplo –redondeó Conti– decimos que el humo junto con la niebla dificulta la visibilidad en las rutas propendiendo a la producción de accidentes automovilísticos; la atmósfera, el aire contaminado afecta el sistema espiratorio, entre otras cuestiones de salud".
Más adelante expresó que "ante esta situación, es de marcada urgencia constatar por parte de las autoridades de contralor, responsables del área, si estos incendios fueron ocasionados de manera intencional y además de las sanciones administrativas que puedan corresponder (Ley 9868), individualizar a sus responsables a fin de someterlos al proceso penal correspondiente en resguardo del resto de la población y el medio ambiente definido como el 'medio vital para la vida de los seres humanos'".
La funcionaria destacó que "la presente denuncia se efectúa contra los responsables de la quema intencional e indiscriminada de pastizales en la zona de islas-humedales Alto Delta del Río Paraná, y, en su caso, de valorarlo la Fiscalía, contra los funcionarios responsables y encargados de controlar el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia".
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Fecha de Publicación: 05/03/2020
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Litoral Argentino
La Municipalidad presentó la demanda penal en Paraná por delitos "contra la seguridad pública y el medioambiente".
La Municipalidad de Rosario, a través de la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, presentó en los Tribunales de Paraná una denuncia penal contras los productores responsables de los incendios de pastizales en la zona de islas entrerrianas ubicadas frente a Rosario y contra los funcionarios "responsables y encargados de controlar el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia", en caso de que la Fiscalía lo considere necesario.
La información incluso fue confirmada por el intendente rosarino Pablo Javkin, quien aseguró que la subsecretaria legal y técnica se encontraba en Paraná realizando una denuncia penal "contra aquellos responsables de las quemas intencionales de pastizales en la zona de islas del Alto Delta del Río Paraná, enmarcados en la figura de delitos contra la seguridad pública y como así también en distintas figuras referidas al medioambiente".
En su presentación, Conti señaló: "Tal como se ha expresado precedentemente, se ha detectado en el espacio aéreo la presencia de gran cantidad de humo y cenizas a causa de los incendios producidos intencionalmente en los pastizales en el Alto Delta del Río Paraná, frente a la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe (Rosario), perjudicando a una cantidad de actores: la fauna íctica de los cuales viven gran número de los habitantes de nuestra ciudad y zonas aledañas, la flora, los pobladores ribereños, los transeúntes, los turistas, y los habitantes de Rosario también se encontrarían perjudicados".
"A manera de ejemplo –redondeó Conti– decimos que el humo junto con la niebla dificulta la visibilidad en las rutas propendiendo a la producción de accidentes automovilísticos; la atmósfera, el aire contaminado afecta el sistema espiratorio, entre otras cuestiones de salud".
Más adelante expresó que "ante esta situación, es de marcada urgencia constatar por parte de las autoridades de contralor, responsables del área, si estos incendios fueron ocasionados de manera intencional y además de las sanciones administrativas que puedan corresponder (Ley 9868), individualizar a sus responsables a fin de someterlos al proceso penal correspondiente en resguardo del resto de la población y el medio ambiente definido como el 'medio vital para la vida de los seres humanos'".
La funcionaria destacó que "la presente denuncia se efectúa contra los responsables de la quema intencional e indiscriminada de pastizales en la zona de islas-humedales Alto Delta del Río Paraná, y, en su caso, de valorarlo la Fiscalía, contra los funcionarios responsables y encargados de controlar el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia".
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