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Mendoza habilita la megaminería
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Es ley: los diputados aprobaron los cambios en la 7722
Fecha de Publicación: 21/12/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La sesión especial que comenzó después de las 14 en la cámara baja para tratar el proyecto de reforma de la ley 7722 que, poco menos de una hora antes, fue aprobado por el Senado, finalmente se aprobó por 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención en Diputados.
En sesión especial, la Cámara de Diputados votó aprobar el proyecto de reforma de la ley 7722 que, poco menos de una hora antes, fue aprobado por el Senado. Por 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención, se aprobó en la cámara baja.
El primer turno fue para los senadores. Allí se aprobó en general y en particular la reforma de la ley 7722, que restringe la minería. La norma resultó aprobada por 29 votos positivos contra 7 negativos. La mayoría de la UCR y del PJ votaron en forma positiva. Sin embargo, en ambas fuerzas hubo votos negativos.
Los diputados que votaron en contra de la reforma fueron Pablo Cairo y Mario Vadillo de Protectora; Jorge Difonso y Mauricio Torres del Frente Renovador; Maile Rodriguez del FIT; Maricel Arriaga de la UCR; y Laura Soto, Cristina Pérez, Gustavo Majstruk, Laura Chazarreta y Edgardo González, del Frente de Todos. Además, se abstuvo Mercedes Llano, del Partido Demócrata.
La reforma ha generado resistencia de asambleístas que se convocaron a manifestarse en la puerta de la Legislatura, donde hubo una fuerte presencia policial y luego, los manifestantes se dirigieron al nudo vial donde realizaron cortes en el tránsito vehicular. El operativo de seguridad se diseñó con el objetivo de evitar lo que pasó el último martes, cuando manifestantes bloquearon la Casa de las Leyes y retuvieron en su interior durante horas a legisladores, periodistas y empleados legislativos.
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Fecha de Publicación: 21/12/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La sesión especial que comenzó después de las 14 en la cámara baja para tratar el proyecto de reforma de la ley 7722 que, poco menos de una hora antes, fue aprobado por el Senado, finalmente se aprobó por 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención en Diputados.
En sesión especial, la Cámara de Diputados votó aprobar el proyecto de reforma de la ley 7722 que, poco menos de una hora antes, fue aprobado por el Senado. Por 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención, se aprobó en la cámara baja.
El primer turno fue para los senadores. Allí se aprobó en general y en particular la reforma de la ley 7722, que restringe la minería. La norma resultó aprobada por 29 votos positivos contra 7 negativos. La mayoría de la UCR y del PJ votaron en forma positiva. Sin embargo, en ambas fuerzas hubo votos negativos.
Los diputados que votaron en contra de la reforma fueron Pablo Cairo y Mario Vadillo de Protectora; Jorge Difonso y Mauricio Torres del Frente Renovador; Maile Rodriguez del FIT; Maricel Arriaga de la UCR; y Laura Soto, Cristina Pérez, Gustavo Majstruk, Laura Chazarreta y Edgardo González, del Frente de Todos. Además, se abstuvo Mercedes Llano, del Partido Demócrata.
La reforma ha generado resistencia de asambleístas que se convocaron a manifestarse en la puerta de la Legislatura, donde hubo una fuerte presencia policial y luego, los manifestantes se dirigieron al nudo vial donde realizaron cortes en el tránsito vehicular. El operativo de seguridad se diseñó con el objetivo de evitar lo que pasó el último martes, cuando manifestantes bloquearon la Casa de las Leyes y retuvieron en su interior durante horas a legisladores, periodistas y empleados legislativos.
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Vigilia contra la modificación minera de Mendoza
Los asambleístas de Mendoza en contra de la reforma a la ley de minería
Fecha de Publicación: 20/12/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza
Las asambleas ciudadanas de Mendoza mantienen una vigilia y abrazo a la Legislatura provincial para rechazar la modificación a la ley 7722, que prohíbe la utilización de las soluciones contaminantes en la explotación de la megaminería. "El agua de Mendoza, no se negocia", fue la histórica consigna que se repitió esta tarde en la Plaza Independencia frente al edificio legislativo.
La modificación a la ley 7722 impulsada por el ex gobernador y titular de la UCR Alfredo Cornejo y respaldada por su sucesor Rodolfo Suárez, quien ayer se reunió en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández , despertó el rechazo de miles de vecinos y organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace y Vida Silvestre, que advierten que la marcha atrás en la norma votada en 2007 significaría una violación a la no regresividad de la Ley General de Ambiente.
Los legisladores del oficialista Cambia Mendoza debatieron la iniciativa esta tarde junto con los legisladores del peronismo, que se mostraron dispuestos a la discusión. La ex candidata a gobernadora y vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Anabel Sánchez Sagasti, aseguró que "la actividad minera solo debe desarrollarse en aquellos departamentos donde exista Licencia Social" y consideró que el único distrito donde se había logrado era el de Malargüe. El Frente de Izquierda adelantó su rechazo y resaltaron que la provincia está en "emergencia hídrica".
El debate legislativo se produjo mientras miles de personas mantenían una vigilia fuera del edificio, rodeados por un fuerte operativo policial. "Somos ciudadanos comunes, y estamos pidiendo por la vida nuestra y de nuestros hijos. En Neuquén, San Juan y Catamarca ya ha pasado lo que están planteando los políticos acá en Mendoza; y los resultados han sido terribles. En otros países el fracking ha sido prohibido también", advirtieron algunos manifestantes.
En paralelo, el intendente de la capital mendocina Ulpiano Suárez —sobrino del gobernador— buscó debilitar la protesta al aplicar el polémico código contravencional, votado el año pasado, para multar con 70 mil pesos a un grupo de organizaciones que desde esta mañana mantuvieron cortada la calle Patricias Mendocinas, frente a la Legislatura.
El rechazo a la modificación de la ley 7722, que permitiría la apertura de proyectos de megaminería y fracking, también está respaldado por una decena de organizaciones ambientalistas. "Cualquier modificación negativa significará una violación inconstitucional al principio de no regresión ambiental y al de progresividad, expresamente establecido en la Ley General de Ambiente", advirtió Greenpeace.
Vida Silvestre, la Fundación Biodiversidad y la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, por su parte, subrayaron que "Mendoza se encuentra declarada en crisis hídrica desde hace 10 años" y "la modificación de esta ley dejaría los recursos hídricos en una situación desprotegida y vulnerable, afectando la calidad de vida de sus habitantes y todas las actividades que dependen directa o indirectamente de estos".
Hace pocas semanas, en Chubut, las movilizaciones contra el intento de modificar la Ley 5001, que también prohíbe la megaminería en la provincia, terminaron con represión y detenciones . Pocos días después, asambleas ciudadanas de todos el país firmaron una carta pública dirigida al actual presidente, en la que expresaron la "preocupación" por la designación del ex ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, en la secretaría del área a nivel nacional, y recordaron que la megaminería mantiene en la pobreza a las localidades explotadas. Además se manifestaron "dispuestos a sostener las leyes de protección que no permiten regresividad alguna, un principio insoslayable del derecho ambiental".
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Fecha de Publicación: 20/12/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza
Las asambleas ciudadanas de Mendoza mantienen una vigilia y abrazo a la Legislatura provincial para rechazar la modificación a la ley 7722, que prohíbe la utilización de las soluciones contaminantes en la explotación de la megaminería. "El agua de Mendoza, no se negocia", fue la histórica consigna que se repitió esta tarde en la Plaza Independencia frente al edificio legislativo.
La modificación a la ley 7722 impulsada por el ex gobernador y titular de la UCR Alfredo Cornejo y respaldada por su sucesor Rodolfo Suárez, quien ayer se reunió en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández , despertó el rechazo de miles de vecinos y organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace y Vida Silvestre, que advierten que la marcha atrás en la norma votada en 2007 significaría una violación a la no regresividad de la Ley General de Ambiente.
Los legisladores del oficialista Cambia Mendoza debatieron la iniciativa esta tarde junto con los legisladores del peronismo, que se mostraron dispuestos a la discusión. La ex candidata a gobernadora y vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Anabel Sánchez Sagasti, aseguró que "la actividad minera solo debe desarrollarse en aquellos departamentos donde exista Licencia Social" y consideró que el único distrito donde se había logrado era el de Malargüe. El Frente de Izquierda adelantó su rechazo y resaltaron que la provincia está en "emergencia hídrica".
El debate legislativo se produjo mientras miles de personas mantenían una vigilia fuera del edificio, rodeados por un fuerte operativo policial. "Somos ciudadanos comunes, y estamos pidiendo por la vida nuestra y de nuestros hijos. En Neuquén, San Juan y Catamarca ya ha pasado lo que están planteando los políticos acá en Mendoza; y los resultados han sido terribles. En otros países el fracking ha sido prohibido también", advirtieron algunos manifestantes.
En paralelo, el intendente de la capital mendocina Ulpiano Suárez —sobrino del gobernador— buscó debilitar la protesta al aplicar el polémico código contravencional, votado el año pasado, para multar con 70 mil pesos a un grupo de organizaciones que desde esta mañana mantuvieron cortada la calle Patricias Mendocinas, frente a la Legislatura.
El rechazo a la modificación de la ley 7722, que permitiría la apertura de proyectos de megaminería y fracking, también está respaldado por una decena de organizaciones ambientalistas. "Cualquier modificación negativa significará una violación inconstitucional al principio de no regresión ambiental y al de progresividad, expresamente establecido en la Ley General de Ambiente", advirtió Greenpeace.
Vida Silvestre, la Fundación Biodiversidad y la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, por su parte, subrayaron que "Mendoza se encuentra declarada en crisis hídrica desde hace 10 años" y "la modificación de esta ley dejaría los recursos hídricos en una situación desprotegida y vulnerable, afectando la calidad de vida de sus habitantes y todas las actividades que dependen directa o indirectamente de estos".
Hace pocas semanas, en Chubut, las movilizaciones contra el intento de modificar la Ley 5001, que también prohíbe la megaminería en la provincia, terminaron con represión y detenciones . Pocos días después, asambleas ciudadanas de todos el país firmaron una carta pública dirigida al actual presidente, en la que expresaron la "preocupación" por la designación del ex ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, en la secretaría del área a nivel nacional, y recordaron que la megaminería mantiene en la pobreza a las localidades explotadas. Además se manifestaron "dispuestos a sostener las leyes de protección que no permiten regresividad alguna, un principio insoslayable del derecho ambiental".
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Pergamino: justicia pide informes sobre la contaminación
La Fiscalía pidió un informe urgente sobre la contaminación en Pergamino
Fecha de Publicación: 19/12/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo solicitó el fiscal federal Matías Di Lello a la autoridad de aplicación para verificar el cumplimiento de la ley de productos fitosanitarios.
El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, propuso una serie de medidas en el marco del expediente en el que se prohibió fumigar en Pergamino y zonas urbanas cercanas, luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas". Entre las diligencias se destaca la producción de un informe con carácter urgente, por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279, "respecto de la situación real" de la región "en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley".
La normativa versa principalmente sobre el manejo, el transporte y la disposición final de los envases de agroquímicos como potencial contaminante del ambiente y, en este caso, de las napas freáticas que arrojaron niveles de contaminación inesperados con 18 agrotóxicos. También establece criterios y responsabilidades de los actores en la cadena de importación, venta, distribución y uso de plaguicidas, específicamente vinculados a la alta toxicidad de los productos utilizados en el sistema de cultivo agroindustrial y sus respectivos contenedores.
El escrito presentado ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich, profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet. "En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico", propuso Di Lello.
Por otra parte, ante el cambio de autoridades de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales, el representante del MPF le solicitó al juzgado que notifique personalmente a los titulares de las áreas pertinentes "sobre la existencia de esta causa, su problemática y la necesidad de contar con su intervención efectiva en cumplimiento de los deberes que les incumben".
La medida cautelar
En septiembre de este año el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, en línea con lo postulado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción y dos querellas, prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite "restrictivo y de exclusión" de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de tres mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la ley nacional de residuos peligrosos y envenenamiento de aguas potables, que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas", según se indicó en aquella resolución.
La medida cautelar disponía la prohibición de uso "de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como de los siguientes plaguicidas: atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato, imidacloprid, desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax; en zonas urbanas y periurbanas".
El caso de Pergamino es el primero en el país en el que la Justicia Federal intervino por la contaminación de agroquímicos e impuso límites a su utilización en zonas periurbanas. "En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal", explicó el abogado Fernando Cabaleiro, quien colaboró en la fundamentación del planteo judicial realizado por la abogada Sabrina Ortíz, a LaCapital.
En la valoración de los hechos y pruebas sobre la contaminación con agrotóxicos tanto en las personas como en el agua, debidamente acreditadas en la causa penal, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ponderó la información de carácter científico brindada por profesionales de diversas ramas de la ciencia.
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Fecha de Publicación: 19/12/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo solicitó el fiscal federal Matías Di Lello a la autoridad de aplicación para verificar el cumplimiento de la ley de productos fitosanitarios.
El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, propuso una serie de medidas en el marco del expediente en el que se prohibió fumigar en Pergamino y zonas urbanas cercanas, luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas". Entre las diligencias se destaca la producción de un informe con carácter urgente, por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279, "respecto de la situación real" de la región "en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley".
La normativa versa principalmente sobre el manejo, el transporte y la disposición final de los envases de agroquímicos como potencial contaminante del ambiente y, en este caso, de las napas freáticas que arrojaron niveles de contaminación inesperados con 18 agrotóxicos. También establece criterios y responsabilidades de los actores en la cadena de importación, venta, distribución y uso de plaguicidas, específicamente vinculados a la alta toxicidad de los productos utilizados en el sistema de cultivo agroindustrial y sus respectivos contenedores.
El escrito presentado ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich, profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet. "En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico", propuso Di Lello.
Por otra parte, ante el cambio de autoridades de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales, el representante del MPF le solicitó al juzgado que notifique personalmente a los titulares de las áreas pertinentes "sobre la existencia de esta causa, su problemática y la necesidad de contar con su intervención efectiva en cumplimiento de los deberes que les incumben".
La medida cautelar
En septiembre de este año el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, en línea con lo postulado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción y dos querellas, prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite "restrictivo y de exclusión" de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de tres mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la ley nacional de residuos peligrosos y envenenamiento de aguas potables, que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas", según se indicó en aquella resolución.
La medida cautelar disponía la prohibición de uso "de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como de los siguientes plaguicidas: atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato, imidacloprid, desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax; en zonas urbanas y periurbanas".
El caso de Pergamino es el primero en el país en el que la Justicia Federal intervino por la contaminación de agroquímicos e impuso límites a su utilización en zonas periurbanas. "En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal", explicó el abogado Fernando Cabaleiro, quien colaboró en la fundamentación del planteo judicial realizado por la abogada Sabrina Ortíz, a LaCapital.
En la valoración de los hechos y pruebas sobre la contaminación con agrotóxicos tanto en las personas como en el agua, debidamente acreditadas en la causa penal, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ponderó la información de carácter científico brindada por profesionales de diversas ramas de la ciencia.
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Arcioni insiste con la minería en la meseta central
Chubut: Arcioni vuelve a la carga para habilitar la explotación minera
Fecha de Publicación: 19/12/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut
Poco después de asumir su segundo mandato, alineado ahora con el gobierno del presidente Alberto Fernández, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, reinstaló en la agenda un debate pendiente desde hace más de 10 años en esta provincia: la posibilidad de habilitar la explotación minera en la meseta central.
"Demos la discusión que tengamos que dar, de cara a la sociedad", disparó Arcioni durante los actos oficiales del 112º aniversario del descubrimiento de petróleo, en esta ciudad. Las declaraciones llegaron pocas horas después de que el nuevo secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, convocara para hoy a las provincias con potencial minero, entre ellas Chubut.
Esta provincia todavía mantiene el pago escalonado de haberes y analiza avanzar con dos endeudamientos en letras para pagar los aguinaldos y sueldos de diciembre, luego de un conflicto con los gremios estatales que con paros y protestas mantuvieron en vilo la gestión de Arcioni tras su reelección, en junio pasado.
Sin embargo, las expectativas están puestas en el último recambio presidencial y en la posibilidad de que la provincia logre resolver el pago de sueldo a estatales -principal fuente de conflicto-, y los aumentos acordados a partir de un alineamiento político con la Nación.
Hensel, exministro de Minería de San Juan y ahora designado por Fernández en la secretaría nacional, trabaja para avanzar con proyectos en provincias en las que actualmente está restringida la actividad, como Chubut y su Proyecto Navidad (plata, cobre y plomo).
En el marco de los actos en Comodoro, el ministro de Hidrocarburos local, Martín Cerdá, admitió que Chubut analiza asistir a la reunión y que existe por parte de Nación una fuerte impronta para activar proyectos mineros en la provincia.
"Recibimos el jueves último la convocatoria de Hensel. Será un contacto con los ministros de la provincias que tiene actividad minera", dijo Cerdá. Y agregó: "Por los discursos que ha brindado el Presidente, en los que dijo que iba a priorizar el sector hidrocarburífero, minero y del campo, entiendo que se va a trabajar fuerte en ese sentido y veremos nosotros como nos posicionamos a futuro".
Prohibición vigente
Una ley prohíbe en Chubut la explotación minera a cielo abierto y el uso de cianuro, pero impone, en un debate pendiente en la Legislatura desde hace más de 10 años, la necesidad de zonificar los lugares en donde, con consenso social, se podría avanzar con proyectos mineros.
Tras la convocatoria de la Nación, Arcioni sostuvo que "Chubut está capacitada para desarrollar sus recursos naturales con el debido control".
El jueves, el gobernador se refirió a la actividad extractiva y señaló que "a Comodoro Rivadavia no se le consultó en su momento si tenía que ser o no extractivo el petróleo. Al contrario, se fomentó y se apoyó, se creó YPF, se fueron fomentando discusiones, pero lo cierto es que Comodoro fue el motor productivo de nuestro país", afirmó.
Sin embargo, el debate en torno a la nueva actividad productiva deberá sortear la resistencia de grupos antimineros. En una sesión de la Legislatura, a principios de mes, alrededor de 30 manifestantes irrumpieron en una sesión donde se trataba la nueva ley de ministerios.
A la salida del recinto, el grupo se enfrentó a policías que custodiaban la salida de diputados provinciales. El juez de garantías José García abrió una investigación contra seis manifestantes, los que fueron sometidos a una audiencia de control de detención.
Se trata de Juan Gigiarey, Roberta Gogorza, los hermanos Leonardo y Noelia Silva, Jairo Epulef y Fabiana Cartolano. De ahora en adelante, la fiscalía de Rawson tiene seis meses para investigar los hechos ocurrido frente a la Legislatura local. Los incidentes dejaron varios policías heridos.
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Fecha de Publicación: 19/12/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut
Poco después de asumir su segundo mandato, alineado ahora con el gobierno del presidente Alberto Fernández, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, reinstaló en la agenda un debate pendiente desde hace más de 10 años en esta provincia: la posibilidad de habilitar la explotación minera en la meseta central.
"Demos la discusión que tengamos que dar, de cara a la sociedad", disparó Arcioni durante los actos oficiales del 112º aniversario del descubrimiento de petróleo, en esta ciudad. Las declaraciones llegaron pocas horas después de que el nuevo secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, convocara para hoy a las provincias con potencial minero, entre ellas Chubut.
Esta provincia todavía mantiene el pago escalonado de haberes y analiza avanzar con dos endeudamientos en letras para pagar los aguinaldos y sueldos de diciembre, luego de un conflicto con los gremios estatales que con paros y protestas mantuvieron en vilo la gestión de Arcioni tras su reelección, en junio pasado.
Sin embargo, las expectativas están puestas en el último recambio presidencial y en la posibilidad de que la provincia logre resolver el pago de sueldo a estatales -principal fuente de conflicto-, y los aumentos acordados a partir de un alineamiento político con la Nación.
Hensel, exministro de Minería de San Juan y ahora designado por Fernández en la secretaría nacional, trabaja para avanzar con proyectos en provincias en las que actualmente está restringida la actividad, como Chubut y su Proyecto Navidad (plata, cobre y plomo).
En el marco de los actos en Comodoro, el ministro de Hidrocarburos local, Martín Cerdá, admitió que Chubut analiza asistir a la reunión y que existe por parte de Nación una fuerte impronta para activar proyectos mineros en la provincia.
"Recibimos el jueves último la convocatoria de Hensel. Será un contacto con los ministros de la provincias que tiene actividad minera", dijo Cerdá. Y agregó: "Por los discursos que ha brindado el Presidente, en los que dijo que iba a priorizar el sector hidrocarburífero, minero y del campo, entiendo que se va a trabajar fuerte en ese sentido y veremos nosotros como nos posicionamos a futuro".
Prohibición vigente
Una ley prohíbe en Chubut la explotación minera a cielo abierto y el uso de cianuro, pero impone, en un debate pendiente en la Legislatura desde hace más de 10 años, la necesidad de zonificar los lugares en donde, con consenso social, se podría avanzar con proyectos mineros.
Tras la convocatoria de la Nación, Arcioni sostuvo que "Chubut está capacitada para desarrollar sus recursos naturales con el debido control".
El jueves, el gobernador se refirió a la actividad extractiva y señaló que "a Comodoro Rivadavia no se le consultó en su momento si tenía que ser o no extractivo el petróleo. Al contrario, se fomentó y se apoyó, se creó YPF, se fueron fomentando discusiones, pero lo cierto es que Comodoro fue el motor productivo de nuestro país", afirmó.
Sin embargo, el debate en torno a la nueva actividad productiva deberá sortear la resistencia de grupos antimineros. En una sesión de la Legislatura, a principios de mes, alrededor de 30 manifestantes irrumpieron en una sesión donde se trataba la nueva ley de ministerios.
A la salida del recinto, el grupo se enfrentó a policías que custodiaban la salida de diputados provinciales. El juez de garantías José García abrió una investigación contra seis manifestantes, los que fueron sometidos a una audiencia de control de detención.
Se trata de Juan Gigiarey, Roberta Gogorza, los hermanos Leonardo y Noelia Silva, Jairo Epulef y Fabiana Cartolano. De ahora en adelante, la fiscalía de Rawson tiene seis meses para investigar los hechos ocurrido frente a la Legislatura local. Los incidentes dejaron varios policías heridos.
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El peronismo apoyaría la reforma de la 7722
Definen apoyo a la reforma minera
Fecha de Publicación: 17/12/2019
Fuente: Jornada (Mendoza)
Fecha de Publicación: 17/12/2019
Fuente: Jornada (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Los principales referentes del justicialismo mendocino fijarán posición sobre el tratamiento de la reforma de la ley 7722, proyecto enviado por el gobierno de Rodolfo Suárez. Esto dará inicio al profundo debate legislativo que se espera para los próximos días.
Hoy se realizará un plenario entre las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Medioambiente y Minería (de ambas cámaras), con el objetivo de tratar la reforma de la ley minera 7722, presentada por el gobernador Rodolfo Suarez.
Se trata de una ley muy discutida durante los últimos años, ya que limita la explotación minera metalífera a cielo abierto. En este contexto, el oficialismo intentará que el tratamiento del proyecto se realice cuanto antes y no se trabe en la Legislatura.
La buena noticia para Cambia Mendoza es que el peronismo apoyaría la modificación de la 7722, aunque es posible que planteen algunas modificaciones. Es en eso en lo que están trabajando los equipos técnicos de PJ.
Entre los cambios pedirían la creación de una Policía Ambiental, y la territorialización de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
En el plenario de hoy, a realizarse en el Salón Pasos Perdidos desde las 8.30 estarán presentes Anabel Fernández Sagasti, autoridades del PJ, además de los legisladores provinciales y nacionales para expresarse sobre las modificaciones en la Ley 7722.
También se espera que el gobierno provincial envíe esta semana el proyecto del Presupuesto 2020.
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El mejoramiento del basural salteño en la nada
El depósito que sacaría al vertedero del colapso quedó en foja cero
Fecha de Publicación: 17/12/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Se dio marcha atrás con la licitación para comprar la geomembrana que permite habilitar una nueva trinchera. Hace un año que el San Javier trabaja por fuera de su capacidad. La Justicia pidió informes.
Mediante una resolución, se dejó sin efecto el proceso de licitación para la compra de la geomembrana impermeabilizante que permitía habilitar la trinchera 4 del vertedero San Javier para seguir depositando la basura. Sin este nuevo espacio, el relleno sanitario seguirá trabajando por fuera de su capacidad.
El juez que lleva adelante la causa por contaminación que iniciaron los vecinos contra la empresa que está cargo del servicio, Agrotécnica Fueguina, y la Municipalidad pidió informes. Marcelo Domínguez le dio al municipio tres días hábiles para responder el pedido bajo apercibimiento o multas en caso de no contestar.
En el último boletín oficial de la gestión saencista, se dio a conocer que mediante la resolución 3.042, la subsecretaría de contrataciones dejaba sin efecto la licitación que tenía como "presupuesto oficial autorizado" más de 29 millones de pesos.
Se argumentó la resolución en un pedido expreso del subsecretario de Ambiente y Servicios Públicos, Normando Zúñiga, de dejar sin efecto el proceso, del director general de Asesoría Legal de la Secretaria de Hacienda que sugirió lo mismo y por un pedido de informe del Tribunal de Cuentas.
No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas intercede en el proceso de adquisición de la compra de la geomembrana.
En abril del 2017, dictó la resolución 5.505 con la cual pudo tirar abajo la intención de la municipalidad de hacerse cargo de la compra. En aquella oportunidad el organismo observó que "no se encuentra justificado jurídicamente que corresponda a esta Municipalidad" financiar la geomembrana;e indicó que le correspondía a Agrotécnica.
Desde aquel momento la adquisición de la geomembrana comenzó un peregrinar que se vislumbraba cerca de resolverse. A pesar de la primera observación del Tribunal de Cuentas, ante los requerimientos del juez Marcelo Domínguez, el municipio se comprometió a costear el elemento impermeabilizante y aseguró que ya estaba abierto el proceso licitatorio. Sin embargo, con esta última resolución, el proceso volvió a cero.
Desde el tribunal de Cuentas aseguraron que la observación que hicieron en esta oportunidad no tiene que ver con quién la financia sino con que las ofertas de las empresas licitantes fueron presentadas en dólares. "Nosotros en el informe planteamos que no se podía determinar el costo real de la membrana por la cotización en dólares, que se debe determinar el monto real al momento de la operatoria. Había que hacer una actualización de valores", explicó Sócrates Paputsakis, vocal del Tribunal de Cuentas.
Consultado sobre si el financiamiento de la Municipalidad de la geomembrana no iría en contra del primer cuestionamiento que hizo el Tribunal de Cuentas en 2017; el funcionario desmintió la resolución 5.505, y aseguró que en "ningún momento se planteó la compra de la geomembrana, sino la construcción del vertedero 4 que incluía el cavado, la obra completa. Estaba cotizada como una obra de la que se tenía que hacer cargo el municipio", aseveró.
Al no poder habilitar la trinchera cuatro, en 2016 se reabrió la trinchera uno, que había sido cerrada en 1999. A principios de 2018, el coordinador del vertedero, Julio Cabral, indicó que le quedaba un año de vida útil. Es decir que hace casi un año que el vertedero trabaja por fuera de su capacidad.
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Fecha de Publicación: 17/12/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Se dio marcha atrás con la licitación para comprar la geomembrana que permite habilitar una nueva trinchera. Hace un año que el San Javier trabaja por fuera de su capacidad. La Justicia pidió informes.
Mediante una resolución, se dejó sin efecto el proceso de licitación para la compra de la geomembrana impermeabilizante que permitía habilitar la trinchera 4 del vertedero San Javier para seguir depositando la basura. Sin este nuevo espacio, el relleno sanitario seguirá trabajando por fuera de su capacidad.
El juez que lleva adelante la causa por contaminación que iniciaron los vecinos contra la empresa que está cargo del servicio, Agrotécnica Fueguina, y la Municipalidad pidió informes. Marcelo Domínguez le dio al municipio tres días hábiles para responder el pedido bajo apercibimiento o multas en caso de no contestar.
En el último boletín oficial de la gestión saencista, se dio a conocer que mediante la resolución 3.042, la subsecretaría de contrataciones dejaba sin efecto la licitación que tenía como "presupuesto oficial autorizado" más de 29 millones de pesos.
Se argumentó la resolución en un pedido expreso del subsecretario de Ambiente y Servicios Públicos, Normando Zúñiga, de dejar sin efecto el proceso, del director general de Asesoría Legal de la Secretaria de Hacienda que sugirió lo mismo y por un pedido de informe del Tribunal de Cuentas.
No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas intercede en el proceso de adquisición de la compra de la geomembrana.
En abril del 2017, dictó la resolución 5.505 con la cual pudo tirar abajo la intención de la municipalidad de hacerse cargo de la compra. En aquella oportunidad el organismo observó que "no se encuentra justificado jurídicamente que corresponda a esta Municipalidad" financiar la geomembrana;e indicó que le correspondía a Agrotécnica.
Desde aquel momento la adquisición de la geomembrana comenzó un peregrinar que se vislumbraba cerca de resolverse. A pesar de la primera observación del Tribunal de Cuentas, ante los requerimientos del juez Marcelo Domínguez, el municipio se comprometió a costear el elemento impermeabilizante y aseguró que ya estaba abierto el proceso licitatorio. Sin embargo, con esta última resolución, el proceso volvió a cero.
Desde el tribunal de Cuentas aseguraron que la observación que hicieron en esta oportunidad no tiene que ver con quién la financia sino con que las ofertas de las empresas licitantes fueron presentadas en dólares. "Nosotros en el informe planteamos que no se podía determinar el costo real de la membrana por la cotización en dólares, que se debe determinar el monto real al momento de la operatoria. Había que hacer una actualización de valores", explicó Sócrates Paputsakis, vocal del Tribunal de Cuentas.
Consultado sobre si el financiamiento de la Municipalidad de la geomembrana no iría en contra del primer cuestionamiento que hizo el Tribunal de Cuentas en 2017; el funcionario desmintió la resolución 5.505, y aseguró que en "ningún momento se planteó la compra de la geomembrana, sino la construcción del vertedero 4 que incluía el cavado, la obra completa. Estaba cotizada como una obra de la que se tenía que hacer cargo el municipio", aseveró.
Al no poder habilitar la trinchera cuatro, en 2016 se reabrió la trinchera uno, que había sido cerrada en 1999. A principios de 2018, el coordinador del vertedero, Julio Cabral, indicó que le quedaba un año de vida útil. Es decir que hace casi un año que el vertedero trabaja por fuera de su capacidad.
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Mendoza: funcionario explica las "bondades" de cianuro
Un funcionario de Suarez derribó mitos de la minería: "no irá a zonas protegidas y usará el 1% del agua"
Fecha de Publicación: 14/12/2019
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Emilio Guiñazú, el heredado Subsecretario de Energía y Minería del esquema de Cornejo, salió al cruce de los cuestionamientos del proyecto de reforma de la ley antiminera 7722. Además explicó por qué el proyecto contempla el uso de cianuro pero mantiene la prohibición sobre el uso del mercurio.
El funcionario aseguró que hoy hay unos 15 proyectos mineros en la provincia, "que avanzarían en lugares en donde no chocarían con el ordenamiento territorial" y que de aplicarse, la minería en Mendoza "usaría el 1% del agua disponible".
A dos días de haberse conocido el proyecto de Rodolfo Suarez que ingresó a la Legislatura para reformar la ley 7722, Guiñazú salió al cruce de los detractores de la posible reforma.
"Hoy hay unos 15 proyectos mineros en la provincia en zonas en donde sabemos que se puede trabajar, en donde la actividad va a ser bien recibida y no va a tener problemas con el ordenamiento territorial de los municipios. Hay que recordar que las comunas tienen autonomía para definir su ordenamiento y nadie va avanzar sobre lugares donde la actividad sea rechazada", remarcó.
A modo de ejemplo, el funcionario se refirió a la situación del posible avance de la minería en el Valle de Uco, en donde la actividad tiene un fuerte rechazo y hay una importante cantidad de zonas y parques protegidos. "Nadie plantea poner una mina arriba de la Laguna del Diamante y es frustrante que a la gente le metan miedo con ese tipo de afirmaciones", señaló apelando a una exageración.
El ínfimo uso del agua
Otro de los mitos que rebatió Guiñazú fue el del uso del agua que hace la minería, afirmando que esa cantidad "es ínfima y no compite con ningún otro uso del agua a nivel económico ni con el uso humano".
De acuerdo a sus estadísticas esa dicotomía no existe y echó mano a la experiencia sanjuanina para fundamentarlo.
"Las tres mineras de San Juan, trabajando juntas no consumen el 1% del agua, eso es 400 litros por segundo. El río Jachal es un río de 10.000 litros por segundo y no se puede medir algo que vaya por debajo de los 500 metros por segundo, lo que significa que si todas las minas de San Juan estuvieran operando juntas no te darías cuenta en el caudal del río, porque esa ínfima cantidad no se puede medir", insistió.
Acercando la posibilidad de que avancen los proyectos mineros en la provincia, Guiñazú aseguró que el problema de la falta de agua en Mendoza no está atado al posible uso que pueda hacer la minería, sino a la falta de infraestructura que podría saldarse con la inversión que deje la misma minería.
"El 95% del agua de la provincia va a la agricultura, que va a riego, con una eficiencia promedio del 50%. Nosotros haciendo pequeñas inversiones en eficiencia de riego, haríamos disponible mucha más agua que la puede consumir la minería en el escenario más optimista en 10 años. Por ahí escuché que la minería pondría en riesgo el agua de uso potable, eso es una locura, si eventualmente en algún lugar hubiese un problema de agua, no se aprobará y punto, tenemos a la gente de Irrigación y Secretaría de Ambiente para que nos informe eso", rebatió.
Por qué mercurio no y cianuro sí
Entre los cambios que preve el proyecto de reforma de la ley 7722, resalta elque modifica el artículo 1 en donde se detallaba que se prohibía el uso de cianuro y otras sustancias peligrosas. En la nueva letra sólo se prohíbe el mercurio.
"El mercurio es una sustancia extremadamente tóxica que tiene resultados irreversibles, una vez que entra en el medio ambiente o un ser vivo no se puede remover y tiene efectos nocivos a largo plazo. Hoy no se usa obligatoriamente, hoy hay alternativas para separar por ejemplo el oro de la tierra, hoy sólo se usa en la minería artesanal. La persona que está en contacto con eso termina terriblemente enferma", explicó Guiñazú.
Paralelamente señaló que el cianuro tiene un impacto ambiental que cuantificó como mínimo.
"El cianuro, en cambio, es noble desde el punto de vista industrial, no explota, no es cancerígeno, no es mutágeno y no es biotransmisible. Supone que un pescado se muere envenenado con cianuro, si te comes ese pescado no te pasa nada. Se diluye o desaparece en cortísimo plazo. Si algo se mezcla con solución cianurada, se deposita en forma de sal en forma inerte, el riesgo de impacto ambiental o en la salud, es mínimo o nulo",concluyó.
Una dirección con presupuesto propio
Ante el pedido del gobernador Rodolfo Suarez, ahora la nueva Dirección de Minería, que estará a cargo de Santiago Fernández, quien desarrolló un plan bien valorado en el área del petroleo.
"El gobernador nos pidió trabajar con los más altos estándares en minería y por eso vamos a tener un presupuesto específico para esa dirección con la intención de avanzar como se hizo con el petróleo", remarcó Guiñazú.
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Fecha de Publicación: 14/12/2019
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Emilio Guiñazú, el heredado Subsecretario de Energía y Minería del esquema de Cornejo, salió al cruce de los cuestionamientos del proyecto de reforma de la ley antiminera 7722. Además explicó por qué el proyecto contempla el uso de cianuro pero mantiene la prohibición sobre el uso del mercurio.
El funcionario aseguró que hoy hay unos 15 proyectos mineros en la provincia, "que avanzarían en lugares en donde no chocarían con el ordenamiento territorial" y que de aplicarse, la minería en Mendoza "usaría el 1% del agua disponible".
A dos días de haberse conocido el proyecto de Rodolfo Suarez que ingresó a la Legislatura para reformar la ley 7722, Guiñazú salió al cruce de los detractores de la posible reforma.
"Hoy hay unos 15 proyectos mineros en la provincia en zonas en donde sabemos que se puede trabajar, en donde la actividad va a ser bien recibida y no va a tener problemas con el ordenamiento territorial de los municipios. Hay que recordar que las comunas tienen autonomía para definir su ordenamiento y nadie va avanzar sobre lugares donde la actividad sea rechazada", remarcó.
A modo de ejemplo, el funcionario se refirió a la situación del posible avance de la minería en el Valle de Uco, en donde la actividad tiene un fuerte rechazo y hay una importante cantidad de zonas y parques protegidos. "Nadie plantea poner una mina arriba de la Laguna del Diamante y es frustrante que a la gente le metan miedo con ese tipo de afirmaciones", señaló apelando a una exageración.
El ínfimo uso del agua
Otro de los mitos que rebatió Guiñazú fue el del uso del agua que hace la minería, afirmando que esa cantidad "es ínfima y no compite con ningún otro uso del agua a nivel económico ni con el uso humano".
De acuerdo a sus estadísticas esa dicotomía no existe y echó mano a la experiencia sanjuanina para fundamentarlo.
"Las tres mineras de San Juan, trabajando juntas no consumen el 1% del agua, eso es 400 litros por segundo. El río Jachal es un río de 10.000 litros por segundo y no se puede medir algo que vaya por debajo de los 500 metros por segundo, lo que significa que si todas las minas de San Juan estuvieran operando juntas no te darías cuenta en el caudal del río, porque esa ínfima cantidad no se puede medir", insistió.
Acercando la posibilidad de que avancen los proyectos mineros en la provincia, Guiñazú aseguró que el problema de la falta de agua en Mendoza no está atado al posible uso que pueda hacer la minería, sino a la falta de infraestructura que podría saldarse con la inversión que deje la misma minería.
"El 95% del agua de la provincia va a la agricultura, que va a riego, con una eficiencia promedio del 50%. Nosotros haciendo pequeñas inversiones en eficiencia de riego, haríamos disponible mucha más agua que la puede consumir la minería en el escenario más optimista en 10 años. Por ahí escuché que la minería pondría en riesgo el agua de uso potable, eso es una locura, si eventualmente en algún lugar hubiese un problema de agua, no se aprobará y punto, tenemos a la gente de Irrigación y Secretaría de Ambiente para que nos informe eso", rebatió.
Por qué mercurio no y cianuro sí
Entre los cambios que preve el proyecto de reforma de la ley 7722, resalta elque modifica el artículo 1 en donde se detallaba que se prohibía el uso de cianuro y otras sustancias peligrosas. En la nueva letra sólo se prohíbe el mercurio.
"El mercurio es una sustancia extremadamente tóxica que tiene resultados irreversibles, una vez que entra en el medio ambiente o un ser vivo no se puede remover y tiene efectos nocivos a largo plazo. Hoy no se usa obligatoriamente, hoy hay alternativas para separar por ejemplo el oro de la tierra, hoy sólo se usa en la minería artesanal. La persona que está en contacto con eso termina terriblemente enferma", explicó Guiñazú.
Paralelamente señaló que el cianuro tiene un impacto ambiental que cuantificó como mínimo.
"El cianuro, en cambio, es noble desde el punto de vista industrial, no explota, no es cancerígeno, no es mutágeno y no es biotransmisible. Supone que un pescado se muere envenenado con cianuro, si te comes ese pescado no te pasa nada. Se diluye o desaparece en cortísimo plazo. Si algo se mezcla con solución cianurada, se deposita en forma de sal en forma inerte, el riesgo de impacto ambiental o en la salud, es mínimo o nulo",concluyó.
Una dirección con presupuesto propio
Ante el pedido del gobernador Rodolfo Suarez, ahora la nueva Dirección de Minería, que estará a cargo de Santiago Fernández, quien desarrolló un plan bien valorado en el área del petroleo.
"El gobernador nos pidió trabajar con los más altos estándares en minería y por eso vamos a tener un presupuesto específico para esa dirección con la intención de avanzar como se hizo con el petróleo", remarcó Guiñazú.
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Cueva de las Manos: cuestionan exploración minera
Cuestionan la autorización a minera a explorar cerca de Cueva de las Manos
Fecha de Publicación: 12/12/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
El diputado Daniel Roquel (Unidos) ya trabaja para conocer detalles de la autorización a minera que le permite explorar a 17 km del sitio arqueológico. “Nadie se opone por oponerse, sino que se trata de cuidar lugares turísticos y el medio ambiente”, expresó.
La semana pasada, bajo el título “Fallo a favor de una minera le permitiría explorar a 17 km de la Cueva de las Manos”, informábamos que la Justicia había rechazado la apelación interpuesta por una fundación, luego de que la Secretaría de Estado y Minería permitiera los trabajos de exploración a Patagonia Gold en el área denominada Cerro Bandurria.
El fallo con fecha 5 de noviembre del juez Marcelo Bersanelli, a cargo del Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería, fue ante la presentación de la Fundación “Flora y Fauna” por la disposición que permitió a Patagonia Gold iniciar los trabajos de cateo a 17 kilómetros de la Cueva de Las Manos y a 70 kilómetros de la Ruta 40.
Cuidar el ambiente- Desde la oposición, particularmente el nuevo bloque conformado en la Cámara de Diputados, ya se mostraron preocupados por este tema y seguramente harán algún pedido de informes. De hecho, previo al momento de la jura, el diputado Daniel Roquel (Unidos) indicó a TiempoSur que es uno de los primeros temas que abordará como legislador.
“Hay un tema puntual acerca de la minería, de la Cueva de las Manos, en eso creo que tenemos que ser muy cautos. Entendemos que la minería nos deja muchos recursos, pero también hace un daño enorme al medio ambiente si no se hace con cuidado”, manifestó el legislador de Juntos por el Cambio.
Sobre el permiso de cateo a Patagonia Gold, expresó: “Ya estamos estudiando y trabajando sobre qué hacer, porque nadie se opone por oponerse, sino que se trata de cuidar lugares turísticos y el medio ambiente que tenemos, que es uno solo y lo tenemos que preservar”.
Los argumentos del juez- Es importante recordar que la resolución de Bersanelli es de segunda instancia, ya que el accionar en la Secretaría de Minería, al ser autoridad de aplicación, se entiende como la primera, en la cual el área en cuestión permitió la tarea de exploración a la empresa, que solicitó el 7 de octubre de 2015 y que fue autorizado por la Policía Minera en mayo del 2016, previa autorización del informe de impacto ambiental.
En el extenso fallo, de 30 fojas, el magistrado señaló, entre varios puntos, que “la protección del paraje alcanza un área de 600 hectáreas, con más de una zona circundante a modo de buffer, y que dicha área protegida no se encuentra alcanzada por el cateo Bandurria, no se advierte motivo para la intervención de la entidad nacional que reclama la recurrente”.
Agregó que “la relativa cercanía del paraje Cueva de las Manos” ya había sido tenida en cuenta por la Dirección General de Catastro Minero, como así también en el informe de impacto ambiental.
Y que la demandante advierte que los pozos exploratorios que se pretenden realizar “se encuentran dentro del área de máxima protección establecida por la norma y no dentro del área de Amortiguamiento”.
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Fecha de Publicación: 12/12/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
El diputado Daniel Roquel (Unidos) ya trabaja para conocer detalles de la autorización a minera que le permite explorar a 17 km del sitio arqueológico. “Nadie se opone por oponerse, sino que se trata de cuidar lugares turísticos y el medio ambiente”, expresó.
La semana pasada, bajo el título “Fallo a favor de una minera le permitiría explorar a 17 km de la Cueva de las Manos”, informábamos que la Justicia había rechazado la apelación interpuesta por una fundación, luego de que la Secretaría de Estado y Minería permitiera los trabajos de exploración a Patagonia Gold en el área denominada Cerro Bandurria.
El fallo con fecha 5 de noviembre del juez Marcelo Bersanelli, a cargo del Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería, fue ante la presentación de la Fundación “Flora y Fauna” por la disposición que permitió a Patagonia Gold iniciar los trabajos de cateo a 17 kilómetros de la Cueva de Las Manos y a 70 kilómetros de la Ruta 40.
Cuidar el ambiente- Desde la oposición, particularmente el nuevo bloque conformado en la Cámara de Diputados, ya se mostraron preocupados por este tema y seguramente harán algún pedido de informes. De hecho, previo al momento de la jura, el diputado Daniel Roquel (Unidos) indicó a TiempoSur que es uno de los primeros temas que abordará como legislador.
“Hay un tema puntual acerca de la minería, de la Cueva de las Manos, en eso creo que tenemos que ser muy cautos. Entendemos que la minería nos deja muchos recursos, pero también hace un daño enorme al medio ambiente si no se hace con cuidado”, manifestó el legislador de Juntos por el Cambio.
Sobre el permiso de cateo a Patagonia Gold, expresó: “Ya estamos estudiando y trabajando sobre qué hacer, porque nadie se opone por oponerse, sino que se trata de cuidar lugares turísticos y el medio ambiente que tenemos, que es uno solo y lo tenemos que preservar”.
Los argumentos del juez- Es importante recordar que la resolución de Bersanelli es de segunda instancia, ya que el accionar en la Secretaría de Minería, al ser autoridad de aplicación, se entiende como la primera, en la cual el área en cuestión permitió la tarea de exploración a la empresa, que solicitó el 7 de octubre de 2015 y que fue autorizado por la Policía Minera en mayo del 2016, previa autorización del informe de impacto ambiental.
En el extenso fallo, de 30 fojas, el magistrado señaló, entre varios puntos, que “la protección del paraje alcanza un área de 600 hectáreas, con más de una zona circundante a modo de buffer, y que dicha área protegida no se encuentra alcanzada por el cateo Bandurria, no se advierte motivo para la intervención de la entidad nacional que reclama la recurrente”.
Agregó que “la relativa cercanía del paraje Cueva de las Manos” ya había sido tenida en cuenta por la Dirección General de Catastro Minero, como así también en el informe de impacto ambiental.
Y que la demandante advierte que los pozos exploratorios que se pretenden realizar “se encuentran dentro del área de máxima protección establecida por la norma y no dentro del área de Amortiguamiento”.
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Megaoperativo en Santa Fe por contaminación ambiental
Al menos 11 empresas dieron positivo por contaminación ambiental en el Parque Industrial
Fecha de Publicación: 11/12/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas.
Este miércoles continúan los operativos Al menos 11 empresas dieron positivo por contaminación ambiental en el Parque Industrial En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas. En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas.
Este martes por la mañana personal de la Policía Federal Argentina realizó una serie de allanamientos en el Parque Industrial de Sauce Viejo a raíz de una investigación por presunta contaminación ambiental.
El procedimiento fue encabezado por personal de la PFA, delegación local, junto a las delegaciones de San Nicolás, Paraná, Rosario, y de otras localidades de la región.
El operativo es de una magnitud que no tiene precedentes, motivo por el cual podría durar entre dos o tres días ya que habría afectadas unas 60 empresas.
Extraoficialmente se supo este martes por la tarde que en la primera jornada de trabajo se allanaron e inspeccionaron un total de 25 empresas, de las cuales 11 dieron positivo por contaminación.
Mientras, este miércoles seguirán las tareas en el resto de los establecimientos instalados en el predio ubicado sobre la Ruta 11 frente al Aeropuerto Metropolitano.
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Fecha de Publicación: 11/12/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas.
Este miércoles continúan los operativos Al menos 11 empresas dieron positivo por contaminación ambiental en el Parque Industrial En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas. En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas.
Este martes por la mañana personal de la Policía Federal Argentina realizó una serie de allanamientos en el Parque Industrial de Sauce Viejo a raíz de una investigación por presunta contaminación ambiental.
El procedimiento fue encabezado por personal de la PFA, delegación local, junto a las delegaciones de San Nicolás, Paraná, Rosario, y de otras localidades de la región.
El operativo es de una magnitud que no tiene precedentes, motivo por el cual podría durar entre dos o tres días ya que habría afectadas unas 60 empresas.
Extraoficialmente se supo este martes por la tarde que en la primera jornada de trabajo se allanaron e inspeccionaron un total de 25 empresas, de las cuales 11 dieron positivo por contaminación.
Mientras, este miércoles seguirán las tareas en el resto de los establecimientos instalados en el predio ubicado sobre la Ruta 11 frente al Aeropuerto Metropolitano.
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Salta: los bosques en las rutas
Los bosques nativos, en camiones sobre la ruta
Fecha de Publicación: 10/12/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La tala del monte y los bosques en distintos puntos de la provincia quedan evidenciados cuando la policía secuestra grandes cantidades de madera de bosques nativos sin guías ni permisos legales.
En este contexto los diversos operativos dieron cuenta de miles de kilos de carbón vegetal y de madera en rollo, sobre todo de madera dura.
En el marco de los operativos de seguridad que se llevan a cabo en todo el territorio de la provincia, personal policial realizó diversos controles vehiculares, uno de ellos en la localidad de Morillo y otro en El Quebrachal. Se procedió al secuestro de más de 1.700 productos forestales y 22.000 kg de carbonilla vegetal.
El pasado sábado, cerca de las 2.45 de la madrugada, en inmediaciones de ruta provincial 132. altura del kilómetro 7 de la localidad de Morillo, personal de la comisaría 44 incautó de 1.700 postes de la especie de palo santo, que eran transportados en dos camiones con acoplados, y que al solicitarle la documentación correspondiente no coincidían con los datos antes descriptos.
Los postes habrían sido obtenidos ilegalmente de desmontes ilegales en el Chaco salteño que en los últimos 10 años fueron diezmadas las hectáreas de bosques nativos, las que luego de desmontadas son utilizadas para la agricultura a gran escala.
El Quebrachal
Por otra parte, en El Quebrachal a las 17.45, se realizó un control vehicular a cargo del director de Unidad Regional 5. El operativo se realizó sobre ruta 16, km 580, en cercanías al acceso a la localidad sureña, a un camión marca Scania que transportaba 22.000 kg de carbonilla vegetal, entre la caja y el acoplado, no contando con guía de transporte que avale dicho cargamento, por lo que preventivamente fue secuestrado.
De consulta judicial con la Fiscalía Penal de cada jurisdicción, procedieron a labrar acta de infracción respectiva, y al secuestro de los productos.
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Entre Ríos: buscarán endurecer penas a cazadores
Buscan endurecer las penas tras la matanza ilegal de un puma
Fecha de Publicación: 10/12/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Entre Ríos
El director de Fiscalización de Entre Ríos dijo que no se trata de un delito penal sino de una contravención, que prevé una multa de entre 6 mil y 50 mil pesos en Entre Ríos. "La idea es modificar la ley y ser más duros", anticipó.
En Entre Ríos Buscan endurecer las penas tras la matanza ilegal de un puma El director de Fiscalización de Entre Ríos dijo que no se trata de un delito penal sino de una contravención, que prevé una multa de entre 6 mil y 50 mil pesos en Entre Ríos. "La idea es modificar la ley y ser más duros", anticipó. El director de Fiscalización de Entre Ríos dijo que no se trata de un delito penal sino de una contravención, que prevé una multa de entre 6 mil y 50 mil pesos en Entre Ríos. La idea es modificar la ley y ser más duros", anticipó.
El director general de Fiscalización de la Secretaría de Producción de Entre Ríos, Félix Esquivel, se refirió al nuevo caso de matanza de un ejemplar de puma, una especie protegida que se encuentra en peligro de extinción, que se registró este lunes en la zona Sauce de Nogoyá.
"Nuestra Ley de Caza no faculta penas, castigo ni demanda penal. En ese sentido, estamos hablando de una contravención que prevé una multa que va de los 6 mil pesos en adelante, dependiendo de cada caso y del descargo que haga el infractor, hasta los 50 mil", informó.
Sin embargo, el caso de Nogoyá es muy reciente todavía para hablar de un monto específico. "Ayer se hicieron allanamientos, se decomisó el cuero del puma y otros elementos, y se actuará sobre quien cometió la infracción, que está identificado; el caso está todavía en investigación", indicó el funcionario.
"Estamos trabajando en la modificación de la Ley de Caza y Pesca para ser más duros con los infractores, aquellos que no cuiden el medio ambiente, comercialicen o maten especies que están en extinción", anunció Esquivel. "Como pasa en otras provincias, depende el daño al ecosistema, las multas pueden andar en los 500 mil hasta el millón de pesos. Con esta modificación lo que buscamos, es evitar el tráfico ilegal de la fauna o la acción de los cazadores furtivos o depredadores en el río, para tomar más conciencia del cuidado de nuestros recursos", avisoró.
Finalmente, el director de Fiscalización pidió resaltar "el compromiso del gobernador Bordet en el cuidado de nuestros recursos en la fauna ictícola y silvestre" y la ayuda permanente de la sociedad denunciante. "Siempre recurrimos a la ayuda de la sociedad, que no solamente repudia sino que también nos informa de estos hechos para poder actuar rápidamente", concluyó.
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Fecha de Publicación: 10/12/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Entre Ríos
El director de Fiscalización de Entre Ríos dijo que no se trata de un delito penal sino de una contravención, que prevé una multa de entre 6 mil y 50 mil pesos en Entre Ríos. "La idea es modificar la ley y ser más duros", anticipó.
En Entre Ríos Buscan endurecer las penas tras la matanza ilegal de un puma El director de Fiscalización de Entre Ríos dijo que no se trata de un delito penal sino de una contravención, que prevé una multa de entre 6 mil y 50 mil pesos en Entre Ríos. "La idea es modificar la ley y ser más duros", anticipó. El director de Fiscalización de Entre Ríos dijo que no se trata de un delito penal sino de una contravención, que prevé una multa de entre 6 mil y 50 mil pesos en Entre Ríos. La idea es modificar la ley y ser más duros", anticipó.
El director general de Fiscalización de la Secretaría de Producción de Entre Ríos, Félix Esquivel, se refirió al nuevo caso de matanza de un ejemplar de puma, una especie protegida que se encuentra en peligro de extinción, que se registró este lunes en la zona Sauce de Nogoyá.
"Nuestra Ley de Caza no faculta penas, castigo ni demanda penal. En ese sentido, estamos hablando de una contravención que prevé una multa que va de los 6 mil pesos en adelante, dependiendo de cada caso y del descargo que haga el infractor, hasta los 50 mil", informó.
Sin embargo, el caso de Nogoyá es muy reciente todavía para hablar de un monto específico. "Ayer se hicieron allanamientos, se decomisó el cuero del puma y otros elementos, y se actuará sobre quien cometió la infracción, que está identificado; el caso está todavía en investigación", indicó el funcionario.
"Estamos trabajando en la modificación de la Ley de Caza y Pesca para ser más duros con los infractores, aquellos que no cuiden el medio ambiente, comercialicen o maten especies que están en extinción", anunció Esquivel. "Como pasa en otras provincias, depende el daño al ecosistema, las multas pueden andar en los 500 mil hasta el millón de pesos. Con esta modificación lo que buscamos, es evitar el tráfico ilegal de la fauna o la acción de los cazadores furtivos o depredadores en el río, para tomar más conciencia del cuidado de nuestros recursos", avisoró.
Finalmente, el director de Fiscalización pidió resaltar "el compromiso del gobernador Bordet en el cuidado de nuestros recursos en la fauna ictícola y silvestre" y la ayuda permanente de la sociedad denunciante. "Siempre recurrimos a la ayuda de la sociedad, que no solamente repudia sino que también nos informa de estos hechos para poder actuar rápidamente", concluyó.
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Así es el negocio de los desmontes en la Argentina
Tierra devastada: de Ushuaia a La Quiaca, el negocio de los desmontes en la Argentina
Fecha de Publicación: 09/12/2019
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Un informe de El Investiga retrata una situación alarmante: miles de hectáreas son arrasadas año tras año. La tala afecta el medio ambiente y provoca la extinción de especies exóticas.
La imagen es aterradora: miles de hectáreas de tierra arrasada, un golpe a la ecología y el medio ambiente de la Argentina y el mundo. Los desmontes se replican en distintos puntos del país, una problemática que parece no tener solución y que se agrava con el paso del tiempo. Es que pese a la Ley de Bosques, se registra una intensa actividad de deforestación que no discrimina territorio alguno: la situación se expande de La Quiaca a Ushuaia.
Un informe de El Investiga retrató esta alarmante situación, en la que se entremezcla la decisión del hombre de avanzar sobre la tierra con la inacción de una ley nacional que encuentra límites en las provincias, que tienen la potestad final sobre sus tierras. Son justamente estos gobiernos los que autorizan -de manera legal- una tala que avanza y nada parece detenerla.
Las imágenes registradas en el interior de los bosques de Salta y Ushuaia exponen cómo se deforesta en zonas prohibidas. La ley, sancionada en 2017, obligó a las provincias a realizar un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), es decir, una categorización de sus territorios: rojo (sector de muy alta conservación); amarillo (no puede desmontarse pero puede utilizarse la tierra de manera sustentable); verde (muy bajo nivel de conservación lo que permite la tala).
Pero la normativa no siempre se respeta y el resultado está a la vista.
Salta, tierra arrasada
Bosque adentro, pleno Chaco salteño. Solo unas horas al volante y ya aparecen las primeras señales de lo que está por venir: terreno desolado. El ruido de las topadoras que avanzan sobre un predio de 3000 hectáreas en el departamento de Anta comienza a escucharse.
Se trata de un desmonte legal, que fue autorizado por la provincia en 2007, aunque se frenó en 2018 a raíz de la Resolución 56/2018, del entonces ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que instó a Salta a dejar sin efecto los permisos de tala. Pero en 2019 las autoridades locales revocaron la medida.
El predio está emplazado en una región ubicada a solo 500 kilómetros de Salta capital, que de acuerdo a la Ley de Bosques es una zona amarilla, en donde no se deberían talar árboles.
Las cámaras de El Investiga registraron esta práctica. De hecho, las máquinas están a la vista de cualquiera, no se ocultan.
Así actúan las topadoras en Salta
Rumbo al este el escenario es aún peor. Más desmontes, nuevas irregularidades. Y una naturaleza que sufre el avance desmedido del hombre. Otra zona amarilla, otro sector que no se debería tocar. Un desmonte legal, pero criminal: los árboles nativos caen como papel. Las cadenas gigantes arrasan con todo. Los pájaros vuelan desconcertados ante el avance de las topadoras. Los animales autóctonos mueren.
El terreno debe quedar liso, llano, listo para una posible producción de soja o cría de ganado bovino. La madera, tal vez, encuentre destino comercial.
Un vecino de la zona muestra su preocupación por los cambios climáticos que se registran en la zona en los últimos años. "A veces hay vientos fuertes, los calores son terribles, insoportables, cambios muy bruscos en la zona. Se fue notando. Hay animales que fueron afectados, además de los que matan. Destrozan la naturaleza", narra.
Juan Carlos Travela, de la Agencia de Promoción Científica, explica la importancia de estas tierras para la Argentina: "Dadas sus características, su vegetación, El Impenetrable podría ser el pulmón de la Argentina tranquilamente. Se avanza con el desmonte en una de las zonas más pobres del país".
La ruta del desmonte
En el sur del país la situación no es diferente. Allí, la deforestación se produce por una polémica obra que busca unir Ushuaia con Puerto Almanza, un poblado hacia el este. Se trata, en realidad, de un camino turístico que destruye la naturaleza a la vera del Canal de Beagle.
Son 132 kilómetros financiados por el gobierno de Tierra del Fuego que atravesarán bosques nativos. Se trata de un cuestionado proyecto si se tiene en cuenta que ambas ciudades ya se conectan a través de la ruta nacional 3 y la provincial "J".
Tierra arrasada a la vera del Canal de Beagle
El camino paralelo bordeará el mar, una obra vial que derriba árboles de más de 500 años de antigüedad, un verdadero patrimonio de la naturaleza. "Este es el único lugar del país donde el bosque se une con el mar, es muy particular, mixto, andinopatagónico que tiene representadas casi todas las especies vegetales. Se encuentra casi en el mismo estado antes de la llegada de los europeos", cuenta a El Investiga, Abel Sberna, ambientalista.
El sendero en pocos meses se convertirá en cemento. Incluso el trazado de la ruta pasará por la histórica Estancia Harberton, declarada Monumento Histórico Nacional en 1999. "Es tristísimo, impactante, lo miro y no lo puedo creer. Hay tramos de la ruta que tienen 21 metros de ancho. Una autopista en el medio del bosque", se lamenta Abby Goodall.
El Investiga dialogó con el ministro de Obras y Servicios Público de Tierra del Fuego, Luis Vázquez, que argumentó los motivos por los que se lleva adelante la obra. "El corredor del Beagle es estratégica, hace años que se planifica y por muchos motivos se postergó. Se hizo una audiencia pública, con el tiempo correspondiente, todo aquel que quiso participar se anotó, se presentaron, el fueguino se presentó y manifestó la necesidad de una ruta".
Luego de que el gobierno de Tierra de Fuego aprobó el estudio ambiental, la empresa constructora comenzó a trabajar. Los trabajos están divididos en tres tramos, dos cerrados por cuestiones administrativas. Pero uno que avanza a paso firme.
Al igual que en Salta, la decisión final sobre las tierras quedó en manos de la Provincia que dio luz verde al proyecto. La normativa aprobada en 2007 ampara a los bosques pero los gobiernos locales dictan resoluciones y contra resoluciones. Así, mientras las leyes van y vienen, los árboles mueren y desaparecen.
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Fecha de Publicación: 09/12/2019
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Un informe de El Investiga retrata una situación alarmante: miles de hectáreas son arrasadas año tras año. La tala afecta el medio ambiente y provoca la extinción de especies exóticas.
La imagen es aterradora: miles de hectáreas de tierra arrasada, un golpe a la ecología y el medio ambiente de la Argentina y el mundo. Los desmontes se replican en distintos puntos del país, una problemática que parece no tener solución y que se agrava con el paso del tiempo. Es que pese a la Ley de Bosques, se registra una intensa actividad de deforestación que no discrimina territorio alguno: la situación se expande de La Quiaca a Ushuaia.
Un informe de El Investiga retrató esta alarmante situación, en la que se entremezcla la decisión del hombre de avanzar sobre la tierra con la inacción de una ley nacional que encuentra límites en las provincias, que tienen la potestad final sobre sus tierras. Son justamente estos gobiernos los que autorizan -de manera legal- una tala que avanza y nada parece detenerla.
Las imágenes registradas en el interior de los bosques de Salta y Ushuaia exponen cómo se deforesta en zonas prohibidas. La ley, sancionada en 2017, obligó a las provincias a realizar un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), es decir, una categorización de sus territorios: rojo (sector de muy alta conservación); amarillo (no puede desmontarse pero puede utilizarse la tierra de manera sustentable); verde (muy bajo nivel de conservación lo que permite la tala).
Pero la normativa no siempre se respeta y el resultado está a la vista.
Salta, tierra arrasada
Bosque adentro, pleno Chaco salteño. Solo unas horas al volante y ya aparecen las primeras señales de lo que está por venir: terreno desolado. El ruido de las topadoras que avanzan sobre un predio de 3000 hectáreas en el departamento de Anta comienza a escucharse.
Se trata de un desmonte legal, que fue autorizado por la provincia en 2007, aunque se frenó en 2018 a raíz de la Resolución 56/2018, del entonces ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que instó a Salta a dejar sin efecto los permisos de tala. Pero en 2019 las autoridades locales revocaron la medida.
El predio está emplazado en una región ubicada a solo 500 kilómetros de Salta capital, que de acuerdo a la Ley de Bosques es una zona amarilla, en donde no se deberían talar árboles.
Las cámaras de El Investiga registraron esta práctica. De hecho, las máquinas están a la vista de cualquiera, no se ocultan.
Así actúan las topadoras en Salta
Rumbo al este el escenario es aún peor. Más desmontes, nuevas irregularidades. Y una naturaleza que sufre el avance desmedido del hombre. Otra zona amarilla, otro sector que no se debería tocar. Un desmonte legal, pero criminal: los árboles nativos caen como papel. Las cadenas gigantes arrasan con todo. Los pájaros vuelan desconcertados ante el avance de las topadoras. Los animales autóctonos mueren.
El terreno debe quedar liso, llano, listo para una posible producción de soja o cría de ganado bovino. La madera, tal vez, encuentre destino comercial.
Un vecino de la zona muestra su preocupación por los cambios climáticos que se registran en la zona en los últimos años. "A veces hay vientos fuertes, los calores son terribles, insoportables, cambios muy bruscos en la zona. Se fue notando. Hay animales que fueron afectados, además de los que matan. Destrozan la naturaleza", narra.
Juan Carlos Travela, de la Agencia de Promoción Científica, explica la importancia de estas tierras para la Argentina: "Dadas sus características, su vegetación, El Impenetrable podría ser el pulmón de la Argentina tranquilamente. Se avanza con el desmonte en una de las zonas más pobres del país".
La ruta del desmonte
En el sur del país la situación no es diferente. Allí, la deforestación se produce por una polémica obra que busca unir Ushuaia con Puerto Almanza, un poblado hacia el este. Se trata, en realidad, de un camino turístico que destruye la naturaleza a la vera del Canal de Beagle.
Son 132 kilómetros financiados por el gobierno de Tierra del Fuego que atravesarán bosques nativos. Se trata de un cuestionado proyecto si se tiene en cuenta que ambas ciudades ya se conectan a través de la ruta nacional 3 y la provincial "J".
Tierra arrasada a la vera del Canal de Beagle
El camino paralelo bordeará el mar, una obra vial que derriba árboles de más de 500 años de antigüedad, un verdadero patrimonio de la naturaleza. "Este es el único lugar del país donde el bosque se une con el mar, es muy particular, mixto, andinopatagónico que tiene representadas casi todas las especies vegetales. Se encuentra casi en el mismo estado antes de la llegada de los europeos", cuenta a El Investiga, Abel Sberna, ambientalista.
El sendero en pocos meses se convertirá en cemento. Incluso el trazado de la ruta pasará por la histórica Estancia Harberton, declarada Monumento Histórico Nacional en 1999. "Es tristísimo, impactante, lo miro y no lo puedo creer. Hay tramos de la ruta que tienen 21 metros de ancho. Una autopista en el medio del bosque", se lamenta Abby Goodall.
El Investiga dialogó con el ministro de Obras y Servicios Público de Tierra del Fuego, Luis Vázquez, que argumentó los motivos por los que se lleva adelante la obra. "El corredor del Beagle es estratégica, hace años que se planifica y por muchos motivos se postergó. Se hizo una audiencia pública, con el tiempo correspondiente, todo aquel que quiso participar se anotó, se presentaron, el fueguino se presentó y manifestó la necesidad de una ruta".
Luego de que el gobierno de Tierra de Fuego aprobó el estudio ambiental, la empresa constructora comenzó a trabajar. Los trabajos están divididos en tres tramos, dos cerrados por cuestiones administrativas. Pero uno que avanza a paso firme.
Al igual que en Salta, la decisión final sobre las tierras quedó en manos de la Provincia que dio luz verde al proyecto. La normativa aprobada en 2007 ampara a los bosques pero los gobiernos locales dictan resoluciones y contra resoluciones. Así, mientras las leyes van y vienen, los árboles mueren y desaparecen.
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Se conocieron las bases de cambio de la 7.722 mendocina
Ley 7.722: estos son los cambios que propone el gobierno
Fecha de Publicación: 06/12/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Se conoció el borrador del proyecto que para habilitar la explotación metalífera. Autoriza el uso de sustancias químicas que la norma vigente prohíbe y saca la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del ámbito de la Legislatura.
La iniciativa del futuro gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, de activar la minería metalífera en Mendoza ya está siendo analizada por la oposición en la Legislatura y el borrador introduce algunos aspectos, como dar luz verde a la utilización de sustancias químicas (como cianuro y ácido sulfúrico, entre otras) que actualmente la ley 7.722 prohíbe.
Por otra parte, aparta a la Legislatura del ámbito de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los emprendimientos mineros que se quieran aplicar a la provincia.
La propuesta mantiene el cepo al uso del mercurio en el ámbito territorial, como se restringe con la actual norma que regula la actividad minera y establece qué sustancias están permitidas y cuáles no.
En lugar de ser la Legislatura donde se discuta el impacto ambiental de un proyecto, el borrador propone la supervisión de diferentes organismos: municipios, el Departamento General de Irrigación, el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y de otros que considere la autoridad de aplicación necesarios.
En los argumentos, el Ejecutivo también hace referencia que en 2007 la actual norma "fue sancionada en un alto de clima de conflictividad social provocada por temor de que la actividad minera metalífera contaminara el agua (...) en aquel momento las jurisdicciones nacional y provincial no contaban con todos los mecanismos necesarios para definir y controlar algunos aspectos de la actividad".
Pero aclara que "desde la fecha a la actualidad se han generado diversos antecedentes en el ámbito legislativo, nacional y provincial, así como también en el judicial a través de las reflexiones vertidas por la Suprema Corte en su sentencia de constitucionalidad de la misma".
Los argumentos del gobierno
Voces del Ejecutivo defendieron el bosquejo que busca ser consensuado con el partido justicialista y recalcan que actualmente hay industrias en la provincia que utilizan el ácido sulfúrico, que se utiliza para el uso del ácido tartárico, con el orujo de la uva.
En referencia al cianuro, una sustancia tan temida por las organizaciones ambientalistas y las asambleas por el agua pura, afirman que se usa en industrias plásticas, como aditivos en pintura y en la actividad vitivinícola.
También remarcaron que en la minería “no se usa en estado puro, sino en disoluciones, o caldos”.
Asimismo, fuentes oficiales aclararon que las sustancias químicas están reguladas y deben ser declarados a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR).
Controles internacionales y un seguro de responsabilidad civil
Entre las innovaciones que introduce el borrador del Ejecutivo, incorpora en su articulado, la posibilidad de contratar auditorías internacionales "preferentemente de las Naciones Unidas u otros organismos de probada experiencia, las cuales deberán hacer un pormenorizado informe del estado de las explotaciones mineras y petroleras(...)".
Entre otros aspectos, busca la implementación de un Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y además para la infraestructura vial y de servicios. El mismo estará conformado por un porcentaje de las regalías mineras, que será fijado anualmente por Ley Impositiva. Un 50% de esa partida será para realizar trabajos de eficientización de riego.
Por último, se incorpora la contratación de un seguro de responsabilidad civil, de caución, fianza bancaria, fondo de reparación u otra garantía para asegurar la recomposición de los eventuales daños ambientales.
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Fecha de Publicación: 06/12/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Se conoció el borrador del proyecto que para habilitar la explotación metalífera. Autoriza el uso de sustancias químicas que la norma vigente prohíbe y saca la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del ámbito de la Legislatura.
La iniciativa del futuro gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, de activar la minería metalífera en Mendoza ya está siendo analizada por la oposición en la Legislatura y el borrador introduce algunos aspectos, como dar luz verde a la utilización de sustancias químicas (como cianuro y ácido sulfúrico, entre otras) que actualmente la ley 7.722 prohíbe.
Por otra parte, aparta a la Legislatura del ámbito de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los emprendimientos mineros que se quieran aplicar a la provincia.
La propuesta mantiene el cepo al uso del mercurio en el ámbito territorial, como se restringe con la actual norma que regula la actividad minera y establece qué sustancias están permitidas y cuáles no.
En lugar de ser la Legislatura donde se discuta el impacto ambiental de un proyecto, el borrador propone la supervisión de diferentes organismos: municipios, el Departamento General de Irrigación, el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y de otros que considere la autoridad de aplicación necesarios.
En los argumentos, el Ejecutivo también hace referencia que en 2007 la actual norma "fue sancionada en un alto de clima de conflictividad social provocada por temor de que la actividad minera metalífera contaminara el agua (...) en aquel momento las jurisdicciones nacional y provincial no contaban con todos los mecanismos necesarios para definir y controlar algunos aspectos de la actividad".
Pero aclara que "desde la fecha a la actualidad se han generado diversos antecedentes en el ámbito legislativo, nacional y provincial, así como también en el judicial a través de las reflexiones vertidas por la Suprema Corte en su sentencia de constitucionalidad de la misma".
Los argumentos del gobierno
Voces del Ejecutivo defendieron el bosquejo que busca ser consensuado con el partido justicialista y recalcan que actualmente hay industrias en la provincia que utilizan el ácido sulfúrico, que se utiliza para el uso del ácido tartárico, con el orujo de la uva.
En referencia al cianuro, una sustancia tan temida por las organizaciones ambientalistas y las asambleas por el agua pura, afirman que se usa en industrias plásticas, como aditivos en pintura y en la actividad vitivinícola.
También remarcaron que en la minería “no se usa en estado puro, sino en disoluciones, o caldos”.
Asimismo, fuentes oficiales aclararon que las sustancias químicas están reguladas y deben ser declarados a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR).
Controles internacionales y un seguro de responsabilidad civil
Entre las innovaciones que introduce el borrador del Ejecutivo, incorpora en su articulado, la posibilidad de contratar auditorías internacionales "preferentemente de las Naciones Unidas u otros organismos de probada experiencia, las cuales deberán hacer un pormenorizado informe del estado de las explotaciones mineras y petroleras(...)".
Entre otros aspectos, busca la implementación de un Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y además para la infraestructura vial y de servicios. El mismo estará conformado por un porcentaje de las regalías mineras, que será fijado anualmente por Ley Impositiva. Un 50% de esa partida será para realizar trabajos de eficientización de riego.
Por último, se incorpora la contratación de un seguro de responsabilidad civil, de caución, fianza bancaria, fondo de reparación u otra garantía para asegurar la recomposición de los eventuales daños ambientales.
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Movilización contra la mina de litio Antofagasta de la Sierra
Convocatoria al Juzgado de Minas
Fecha de Publicación: 05/12/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La asamblea antiextractivista "Valle en movimiento" convocó para hoy a partir de las 10.30, a una movilización frente al Juzgado Electoral y de Minas, en la calle Maipú de esta Capital, para reclamar por la explotación del litio en Antofagasta de la Sierra, con la consigna "No hay licencia social", en alusión a los dichos del juez Guillermo Cerda, quien consideró que la actividad no podría desarrollarse sin un acuerdo con los pueblos.
"Nos movilizamos frente al Juzgado de Minas, con intervenciones artísticas para repudiar la judicialización de la digna protesta de nuestros compañeros defensores de la madre tierra. Por el agua, el territorio y la autodeterminación de los pueblos. No hay licencia social para las mineras", expresaron en la convocatoria que realizaron por las redes sociales, a la que adhirieron miembros de los "Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autoderminación".
En este sentido, tomaron las palabras del juez Cerda, que había señalado que "no puede haber minería sin licencia social", y aseguraron que en Antofagasta de la Sierra los pobladores se oponen a la actividad.
"Tanto los vecinos y vecinas como la comunidad indígena Atacameños del Altiplano se oponen a la construcción del acueducto y no van a permitir la realización de perforaciones que extraerán 260.000 litros de agua por hora del Río Los Patos", cuestionaron. Dos integrantes de esa comunidad fueron detenidos la semana pasada por amenazas.
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Fecha de Publicación: 05/12/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La asamblea antiextractivista "Valle en movimiento" convocó para hoy a partir de las 10.30, a una movilización frente al Juzgado Electoral y de Minas, en la calle Maipú de esta Capital, para reclamar por la explotación del litio en Antofagasta de la Sierra, con la consigna "No hay licencia social", en alusión a los dichos del juez Guillermo Cerda, quien consideró que la actividad no podría desarrollarse sin un acuerdo con los pueblos.
"Nos movilizamos frente al Juzgado de Minas, con intervenciones artísticas para repudiar la judicialización de la digna protesta de nuestros compañeros defensores de la madre tierra. Por el agua, el territorio y la autodeterminación de los pueblos. No hay licencia social para las mineras", expresaron en la convocatoria que realizaron por las redes sociales, a la que adhirieron miembros de los "Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autoderminación".
En este sentido, tomaron las palabras del juez Cerda, que había señalado que "no puede haber minería sin licencia social", y aseguraron que en Antofagasta de la Sierra los pobladores se oponen a la actividad.
"Tanto los vecinos y vecinas como la comunidad indígena Atacameños del Altiplano se oponen a la construcción del acueducto y no van a permitir la realización de perforaciones que extraerán 260.000 litros de agua por hora del Río Los Patos", cuestionaron. Dos integrantes de esa comunidad fueron detenidos la semana pasada por amenazas.
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7.722: ya hay un borrador para modificarla
Suarez ya envió al PJ el proyecto para modificar la 7.722
Fecha de Publicación: 04/12/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
A pocos días de asumir, el gobernador electo intenta consensuar con la oposición un nuevo marco legal que actualmente hace imposible la minería, poniéndola en un nuevo contexto que es la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Glaciares.
Las intensiones del gobernador electo, Rodolfo Suarez, de activar la minería en Mendoza son firmes y en las últimas horas le hizo llegar al peronismo un nuevo borrador para modificar la ley 7.722 para flexibilizar los límites que tiene actualmente para la actividad extractiva.
El PJ había advertido que no analizaría cambios en un tema tan delicado y resistido por sectores ambientalistas, hasta tanto no asumiera el sucesor de Alfredo Cornejo y como hasta el momento las propuestas que se presentaron en la Legislatura -lanzadas por dos legisladores peronistas- no lograron el consenso necesario, había que poner sobre la mesa una idea superadora. Por otra parte, desde el oficialismo se había manifestado la necesidad de que en el paquete de leyes sobre Presupuesto también se incluyera el tema minero.
Fuentes gubernamentales confirmaron contactos entre el actual subsecretario de Energía de Mendoza, Emilio Guiñazú, y el presidente del justicialismo, Guillermo Carmona -que durante la gestión de Celso Jaque fue secretario de Ambiente-.
Este nuevo boceto también estaría supervisado por el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, quien en una charla que ofreció este jueves en las XV Jornadas Argentina Sustentable 2019 aseguró que se está trabajando en una nueva legislación poniendo en un pie de igualdad la minería, junto con las otras actividades industriales en cuanto al uso de sustancias químicas.
El proceso, según se pudo reconstruir de la presentación en la UNCuyo, tiene que ver con una adecuación de una reforma de la 7.722 a dos leyes claves que en 2007 -cuando fue sancionada- no existían: la de Ordenamiento Territorial y la de Glaciares.
El Régimen para la Preservación de Glaciares impide la realización de tareas de esta naturaleza en donde se han inventariado los glaciares y periglaciares.
Si bien no trascendieron detalles del proyecto, se pudo saber que en los fundamentos se invoca la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que también limita este tipo de industrias.
Otro de los aspectos que viene a tomar en cuenta este nuevo diseño es la Ley de Ordenamiento Territorial y cómo cada municipio ha dispuesto la organización de áreas naturales, industriales y urbanas.
Se busca que la utilización de las sustancias que hoy no están permitidas se haga bajo las normas internacionales y los exhaustivos controles que también se aplican en el mundo, tal como rezaba el proyecto del senador Alejandro Abraham.
Análisis de los equipos técnicos
Con el borrador en la mano, ahora el peronismo mendocino hará la consulta a sus equipos técnicos para dar a conocer una única posición.
Desde el interior del partido el senador Juan Agülles y Abraham habían planteado dos ideas para dar un puntapié a la minería pero ninguna logró el aval necesario en 2018, como tampoco en 2019.
En tanto, algunos intendentes del oficialismo que pertenecen a departamentos eminentemente agrícolas -donde hay una fuerte resistencia a los cambios impulsados por los sectores promineros- ya han manifestado que darían su aval a un proyecto de reforma que zonifique la minería a ciertas zonas, como es el caso de Malargüe.
Legisladores del PJ indicaron que no descartan que la norma salga aprobada durante el mes de diciembre si es que se arriban a los acuerdos necesarios, aunque adelantaron que serán muy cuidadosos en aventurar algún tipo de opinión.
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Fecha de Publicación: 04/12/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
A pocos días de asumir, el gobernador electo intenta consensuar con la oposición un nuevo marco legal que actualmente hace imposible la minería, poniéndola en un nuevo contexto que es la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Glaciares.
Las intensiones del gobernador electo, Rodolfo Suarez, de activar la minería en Mendoza son firmes y en las últimas horas le hizo llegar al peronismo un nuevo borrador para modificar la ley 7.722 para flexibilizar los límites que tiene actualmente para la actividad extractiva.
El PJ había advertido que no analizaría cambios en un tema tan delicado y resistido por sectores ambientalistas, hasta tanto no asumiera el sucesor de Alfredo Cornejo y como hasta el momento las propuestas que se presentaron en la Legislatura -lanzadas por dos legisladores peronistas- no lograron el consenso necesario, había que poner sobre la mesa una idea superadora. Por otra parte, desde el oficialismo se había manifestado la necesidad de que en el paquete de leyes sobre Presupuesto también se incluyera el tema minero.
Fuentes gubernamentales confirmaron contactos entre el actual subsecretario de Energía de Mendoza, Emilio Guiñazú, y el presidente del justicialismo, Guillermo Carmona -que durante la gestión de Celso Jaque fue secretario de Ambiente-.
Este nuevo boceto también estaría supervisado por el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, quien en una charla que ofreció este jueves en las XV Jornadas Argentina Sustentable 2019 aseguró que se está trabajando en una nueva legislación poniendo en un pie de igualdad la minería, junto con las otras actividades industriales en cuanto al uso de sustancias químicas.
El proceso, según se pudo reconstruir de la presentación en la UNCuyo, tiene que ver con una adecuación de una reforma de la 7.722 a dos leyes claves que en 2007 -cuando fue sancionada- no existían: la de Ordenamiento Territorial y la de Glaciares.
El Régimen para la Preservación de Glaciares impide la realización de tareas de esta naturaleza en donde se han inventariado los glaciares y periglaciares.
Si bien no trascendieron detalles del proyecto, se pudo saber que en los fundamentos se invoca la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que también limita este tipo de industrias.
Otro de los aspectos que viene a tomar en cuenta este nuevo diseño es la Ley de Ordenamiento Territorial y cómo cada municipio ha dispuesto la organización de áreas naturales, industriales y urbanas.
Se busca que la utilización de las sustancias que hoy no están permitidas se haga bajo las normas internacionales y los exhaustivos controles que también se aplican en el mundo, tal como rezaba el proyecto del senador Alejandro Abraham.
Análisis de los equipos técnicos
Con el borrador en la mano, ahora el peronismo mendocino hará la consulta a sus equipos técnicos para dar a conocer una única posición.
Desde el interior del partido el senador Juan Agülles y Abraham habían planteado dos ideas para dar un puntapié a la minería pero ninguna logró el aval necesario en 2018, como tampoco en 2019.
En tanto, algunos intendentes del oficialismo que pertenecen a departamentos eminentemente agrícolas -donde hay una fuerte resistencia a los cambios impulsados por los sectores promineros- ya han manifestado que darían su aval a un proyecto de reforma que zonifique la minería a ciertas zonas, como es el caso de Malargüe.
Legisladores del PJ indicaron que no descartan que la norma salga aprobada durante el mes de diciembre si es que se arriban a los acuerdos necesarios, aunque adelantaron que serán muy cuidadosos en aventurar algún tipo de opinión.
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Ahora proponen una consulta popular vinculante por la 7.722
Proponen una asamblea popular para tratar la reforma de la Ley 7.722
Fecha de Publicación: 03/12/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza
Ante un debate que no se acalla y donde hay mucha presión de diferentes sectores para que no se toque, y otros que dicen lo contrario, para que haya explotación minera, surge una propuesta de consulta popular vinculante.
La participación de la gente, con el mismo sistema de las primarias, es impulsada por el senador provincial Marcelo Romano (Protectora Fuerza Política). Él considera que esto terminaría con el reiterado debate de anular o no el efecto protector sobre el agua de la ley, que no permite la utilización de sustancias químicas para extraer metales en la explotación minera.
Para el oficialismo y el entorno del gobernador electo Rodolfo Suarez, esta idea es improcedente, ya que, según dicen, el 52% del electorado aprobó la propuesta de Cambia Mendoza que habló de modificar la Ley 7.722 para que en la provincia haya explotación minera.
Sin embargo, el promotor del plebiscito asegura que luego de que Suarez escuchó los argumentos le habría expresado que realizaría un sondeo entre la gente para medir si hay consenso para convocar a esa consulta popular, aunque sin aclarar cómo y cuándo llevaría a cabo el sondeo.
Solo prohíbe sustancias químicas contaminantes
El Ciudadano habló con el senador Romano, quien explicó lo que le propuso a Suarez cuando estuvieron reunidos para hablar del tema. “La implementación de una consulta popular vinculante, para que el ciudadano se exprese si se modifica o no la Ley 7.722. Recordemos que esta ley prohíbe la utilización de sustancias químicas en la explotación minera metalífera a cielo abierto”, comentó el legislador.
“Le dije al gobernador electo que me parecía que el pueblo de Mendoza es el que debería autorizar o no que se modifique la ley. Es la gente la que en definitiva tiene que tomar esa decisión en una cuestión tan vital, donde está comprometido el recurso estratégico como es el agua”, agregó.
Al consultarle sobre la respuesta que dio el gobernador electo dijo: “Me contestó que él ya tenía plebiscitada su propuesta electoral, que incluía la modificación de la 7.722 y que eso fue votado por el 52% de los mendocinos. No obstante habló de abrir una suerte de debate para que la comunidad mendocina comience a dejar su opinión sobre si es preciso o no el referéndum”.
Sobre el proyecto del exsenador Juan Antonio Agulles (PJ) de la creación de parques mineros, respondió que “el problema de la zonificación lo está viviendo Chile, país que se ha transformado en un enorme basurero de desechos mineros y no saben cómo trasladarlos al desierto de Antofagasta, por lo que la zonificación no es una solución. Tal como es el caso de Malargüe, que está pegado a la cabeza de un río de cuenca vital en el Sur mendocino, como es el Atuel”.
Para Romano, “la solución es hacer minería no con el método de lixiviación, algo que ha hecho estragos en San Juan con Jachal o en Catamarca con pueblos devastados como Belén y Andalgalá. Por eso, creo que ante la posibilidad de que el oficialismo y el PJ den quorum de dos tercios para que se traten proyectos que modifiquen la 7.722, le solicito al gobernador electo que le pida a su bloque que pare esta iniciativa y permita que la gente se expida”.
El PJ espera el proyecto oficial
Al respecto se le consultó al senador provincial Adolfo Bermejo (PJ) qué piensa sobre la propuesta de Romano de una consulta popular vinculante.
El legislador respondió que “toda aquella metodología donde la ciudadanía pueda participar, expresarse, elegir y votar, es un mecanismo que hay que profundizar a futuro, porque en ellos la gente participa y eso es bueno para la democracia. De todas maneras, al gobernador electo Suarez no lo veo con predisposición de avanzar sobre una consulta popular vinculante”.
“Me parece que tomará una determinación en el sent, formulando un proyecto propio de reforma de la ley y ahí que muestre lo que siempre le hemos solicitado: cuál será su plan estratégico de minería durante su gestión”, amplió Bermejo.
Cuando se le pidió la postura de su bloque sobre la cuestión minera, respondió que “este tema corta transversalmente a todos los partidos políticos. El oficialismo internamente no tendría todos los votos, ya que hay legisladores que pertenecen al Valle de Uco, donde ya se han expresado en contra de la modificación de la 7.722, y lo mismo ocurre en nuestro bloque. Aún así creo que es un tema que es imposible que salga con una mayoría importante y que se consigan los consensos políticos que tanto se piden para semejante tema, una clara muestra de que difícilmente salga por unanimidad”.
La consulta popular es un gasto innecesario
También fue entrevistado por nuestro diario el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien fue directo en cuanto a su posición. “Creo que no es necesario (el plebiscito), porque la Legislatura es representación de la ciudadanía y sus demandas. Le recuerdo que ampliar la matriz productiva de la provincia fue un tema de debate durante la campaña, donde Rodolfo Suarez fue muy claro respecto a eso”.
“Allí mostró interés en modificar la Ley 7.722 para poder desarrollar la minería con controles absolutos, el cuidado del agua y licencia social en los departamentos donde se pueden llevar adelante esos procesos. Creo que el pueblo de Mendoza ya opinó y lo hizo en las elecciones donde votó un programa de gobierno que representa Cambia Mendoza”, argumentó.
Y agregó que “las asambleas populares por el agua expresan una voz, pero creo que hoy tenemos que escuchar a la representación de todos los mendocinos, como son las cámaras empresariales y los sindicatos, también en el marco de un gobierno y en la definición de un plan estratégico para la provincia. Esto último ya se dio con mucha altura y calidad en la campaña provincial”.
Finalmente consideró que “una consulta popular vinculante es un gasto innecesario, porque la ciudadanía ya se expresó ante algo que no ocultó en toda la campaña Suarez. En ese sentido fue muy claro en afirmar que hay que desarrollar la minería en Mendoza, por lo que no encuentro la necesidad de ir a un plebiscito”.
“Se desarrollará minería con los parámetros que marcó nuestro gobernador electo en aquellos departamentos donde haya licencia social”, sentenció Lombardi.
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Fecha de Publicación: 03/12/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza
Ante un debate que no se acalla y donde hay mucha presión de diferentes sectores para que no se toque, y otros que dicen lo contrario, para que haya explotación minera, surge una propuesta de consulta popular vinculante.
La participación de la gente, con el mismo sistema de las primarias, es impulsada por el senador provincial Marcelo Romano (Protectora Fuerza Política). Él considera que esto terminaría con el reiterado debate de anular o no el efecto protector sobre el agua de la ley, que no permite la utilización de sustancias químicas para extraer metales en la explotación minera.
Para el oficialismo y el entorno del gobernador electo Rodolfo Suarez, esta idea es improcedente, ya que, según dicen, el 52% del electorado aprobó la propuesta de Cambia Mendoza que habló de modificar la Ley 7.722 para que en la provincia haya explotación minera.
Sin embargo, el promotor del plebiscito asegura que luego de que Suarez escuchó los argumentos le habría expresado que realizaría un sondeo entre la gente para medir si hay consenso para convocar a esa consulta popular, aunque sin aclarar cómo y cuándo llevaría a cabo el sondeo.
Solo prohíbe sustancias químicas contaminantes
El Ciudadano habló con el senador Romano, quien explicó lo que le propuso a Suarez cuando estuvieron reunidos para hablar del tema. “La implementación de una consulta popular vinculante, para que el ciudadano se exprese si se modifica o no la Ley 7.722. Recordemos que esta ley prohíbe la utilización de sustancias químicas en la explotación minera metalífera a cielo abierto”, comentó el legislador.
“Le dije al gobernador electo que me parecía que el pueblo de Mendoza es el que debería autorizar o no que se modifique la ley. Es la gente la que en definitiva tiene que tomar esa decisión en una cuestión tan vital, donde está comprometido el recurso estratégico como es el agua”, agregó.
Al consultarle sobre la respuesta que dio el gobernador electo dijo: “Me contestó que él ya tenía plebiscitada su propuesta electoral, que incluía la modificación de la 7.722 y que eso fue votado por el 52% de los mendocinos. No obstante habló de abrir una suerte de debate para que la comunidad mendocina comience a dejar su opinión sobre si es preciso o no el referéndum”.
Sobre el proyecto del exsenador Juan Antonio Agulles (PJ) de la creación de parques mineros, respondió que “el problema de la zonificación lo está viviendo Chile, país que se ha transformado en un enorme basurero de desechos mineros y no saben cómo trasladarlos al desierto de Antofagasta, por lo que la zonificación no es una solución. Tal como es el caso de Malargüe, que está pegado a la cabeza de un río de cuenca vital en el Sur mendocino, como es el Atuel”.
Para Romano, “la solución es hacer minería no con el método de lixiviación, algo que ha hecho estragos en San Juan con Jachal o en Catamarca con pueblos devastados como Belén y Andalgalá. Por eso, creo que ante la posibilidad de que el oficialismo y el PJ den quorum de dos tercios para que se traten proyectos que modifiquen la 7.722, le solicito al gobernador electo que le pida a su bloque que pare esta iniciativa y permita que la gente se expida”.
El PJ espera el proyecto oficial
Al respecto se le consultó al senador provincial Adolfo Bermejo (PJ) qué piensa sobre la propuesta de Romano de una consulta popular vinculante.
El legislador respondió que “toda aquella metodología donde la ciudadanía pueda participar, expresarse, elegir y votar, es un mecanismo que hay que profundizar a futuro, porque en ellos la gente participa y eso es bueno para la democracia. De todas maneras, al gobernador electo Suarez no lo veo con predisposición de avanzar sobre una consulta popular vinculante”.
“Me parece que tomará una determinación en el sent, formulando un proyecto propio de reforma de la ley y ahí que muestre lo que siempre le hemos solicitado: cuál será su plan estratégico de minería durante su gestión”, amplió Bermejo.
Cuando se le pidió la postura de su bloque sobre la cuestión minera, respondió que “este tema corta transversalmente a todos los partidos políticos. El oficialismo internamente no tendría todos los votos, ya que hay legisladores que pertenecen al Valle de Uco, donde ya se han expresado en contra de la modificación de la 7.722, y lo mismo ocurre en nuestro bloque. Aún así creo que es un tema que es imposible que salga con una mayoría importante y que se consigan los consensos políticos que tanto se piden para semejante tema, una clara muestra de que difícilmente salga por unanimidad”.
La consulta popular es un gasto innecesario
También fue entrevistado por nuestro diario el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien fue directo en cuanto a su posición. “Creo que no es necesario (el plebiscito), porque la Legislatura es representación de la ciudadanía y sus demandas. Le recuerdo que ampliar la matriz productiva de la provincia fue un tema de debate durante la campaña, donde Rodolfo Suarez fue muy claro respecto a eso”.
“Allí mostró interés en modificar la Ley 7.722 para poder desarrollar la minería con controles absolutos, el cuidado del agua y licencia social en los departamentos donde se pueden llevar adelante esos procesos. Creo que el pueblo de Mendoza ya opinó y lo hizo en las elecciones donde votó un programa de gobierno que representa Cambia Mendoza”, argumentó.
Y agregó que “las asambleas populares por el agua expresan una voz, pero creo que hoy tenemos que escuchar a la representación de todos los mendocinos, como son las cámaras empresariales y los sindicatos, también en el marco de un gobierno y en la definición de un plan estratégico para la provincia. Esto último ya se dio con mucha altura y calidad en la campaña provincial”.
Finalmente consideró que “una consulta popular vinculante es un gasto innecesario, porque la ciudadanía ya se expresó ante algo que no ocultó en toda la campaña Suarez. En ese sentido fue muy claro en afirmar que hay que desarrollar la minería en Mendoza, por lo que no encuentro la necesidad de ir a un plebiscito”.
“Se desarrollará minería con los parámetros que marcó nuestro gobernador electo en aquellos departamentos donde haya licencia social”, sentenció Lombardi.
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Neuquén: la modificación a Ley de Bosques trabada
Se traba en Neuquén polémica modificación a Ley de Bosques impulsada por Gutiérrez
Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Neuquén
Oposición no daba al oficialismo de MPN votos en Comisión de Medio Ambiente para tratar el proyecto antes del recambio legislativo. Críticas de grupos ambientalistas, académicos y grupos mapuches a la iniciativa.
Pese a la decisión del gobernador Omar Gutiérrez de acelerar el tratamiento de la Ley de Bosques para reordenar las áreas protegidas de Neuquén antes del recambio legislativo, el oficialismo del MPN no contó con los votos necesarios en comisiones y el proyecto quedará en stand by, hasta que asuman los nuevos diputados provinciales, en medio de críticas de grupos ambientalistas, académicos y comunidades mapuches.
Se trata de una revisión de la Ley 2780, sancionada en 2011, y en el marco de los pedidos de actualización de una ley nacional. Sin embargo, por tratarse de un reordenamiento territorial de los bosques nativos, sensible para diferentes actores, la modificación se ha ido demorando. Ahora, el Ejecutivo que comanda Gutiérrez buscaba un tratamiento express, pero la oposición no le dio los votos en la Comisión de Medio Ambiente. Con lo cual, los tiempos se encaminan para que sean la nueva composición de la Legislatura la que defina la cuestión, ya que el proyecto no perderá estado parlamentario.
El proyecto define áreas en rojo, amarillo y verde, en donde las rojas son las de máxima protección, y donde no puede haber desarrollos con fines económicos. Si bien estas áreas crecen en el proyecto, también hay un crecimiento de las áreas amarillas, donde ONGs advierten que en verdad se busca impulsar emprendimientos inmobiliarios en las zonas de los centro invernales.
Chapelco, Cerro Bayo y la última pista de ski de Caviahue son eje de disputa. Por un lado, las cortas temporadas invernales llevaron a que para hacer rentables los medios de elevación las empresas necesiten extenderse a nuevos desarrollos. Sin embargo, la oposición pide que se realicen audiencias públicas con ambientalistas y comunidades originarias para avanzar con la aprobación. Y Gutiérrez quiere tratar la modificación cuanto antes.
El segundo punto de tensión está ligado a las comunidades mapuches y sus reclamos por las tierras ancestrales. Reclamos que en Neuquén también aparecen áreas de Vaca Muerta y puntos con valor turístico. En ese sentido, también los grupos mapuches se oponían al tratamiento express.
Sobre esto último, investigadores de la Universidad Nacional de Comahue difundieron un comunicado en el que expresan preocupación por "la intención de concretar de manera expeditiva una iniciativa que no cuenta con el acuerdo de sectores de la sociedad civil de las comunidades que habitan esos territorios". Y agregan que es “llamativo en un contexto internacional en el que la cuestión ambiental se instala como tema prioritario de las agendas públicas”.
Asimismo, Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA manifestó en un texto que un “sugestivo apuro” por tratar la modificación. Y alertó sobre “el nivel de disputa con diversos actores locales y las comunidades mapuches” en Cerro Bayo y Cerro Chapelco “donde el interés para emprendimientos inmobiliarios es evidente”. De la misma manera, Greenpeace también expresó su “profunda preocupación por el proyecto de modificación de la Ley 2.780 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Neuquén”.
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Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Neuquén
Oposición no daba al oficialismo de MPN votos en Comisión de Medio Ambiente para tratar el proyecto antes del recambio legislativo. Críticas de grupos ambientalistas, académicos y grupos mapuches a la iniciativa.
Pese a la decisión del gobernador Omar Gutiérrez de acelerar el tratamiento de la Ley de Bosques para reordenar las áreas protegidas de Neuquén antes del recambio legislativo, el oficialismo del MPN no contó con los votos necesarios en comisiones y el proyecto quedará en stand by, hasta que asuman los nuevos diputados provinciales, en medio de críticas de grupos ambientalistas, académicos y comunidades mapuches.
Se trata de una revisión de la Ley 2780, sancionada en 2011, y en el marco de los pedidos de actualización de una ley nacional. Sin embargo, por tratarse de un reordenamiento territorial de los bosques nativos, sensible para diferentes actores, la modificación se ha ido demorando. Ahora, el Ejecutivo que comanda Gutiérrez buscaba un tratamiento express, pero la oposición no le dio los votos en la Comisión de Medio Ambiente. Con lo cual, los tiempos se encaminan para que sean la nueva composición de la Legislatura la que defina la cuestión, ya que el proyecto no perderá estado parlamentario.
El proyecto define áreas en rojo, amarillo y verde, en donde las rojas son las de máxima protección, y donde no puede haber desarrollos con fines económicos. Si bien estas áreas crecen en el proyecto, también hay un crecimiento de las áreas amarillas, donde ONGs advierten que en verdad se busca impulsar emprendimientos inmobiliarios en las zonas de los centro invernales.
Chapelco, Cerro Bayo y la última pista de ski de Caviahue son eje de disputa. Por un lado, las cortas temporadas invernales llevaron a que para hacer rentables los medios de elevación las empresas necesiten extenderse a nuevos desarrollos. Sin embargo, la oposición pide que se realicen audiencias públicas con ambientalistas y comunidades originarias para avanzar con la aprobación. Y Gutiérrez quiere tratar la modificación cuanto antes.
El segundo punto de tensión está ligado a las comunidades mapuches y sus reclamos por las tierras ancestrales. Reclamos que en Neuquén también aparecen áreas de Vaca Muerta y puntos con valor turístico. En ese sentido, también los grupos mapuches se oponían al tratamiento express.
Sobre esto último, investigadores de la Universidad Nacional de Comahue difundieron un comunicado en el que expresan preocupación por "la intención de concretar de manera expeditiva una iniciativa que no cuenta con el acuerdo de sectores de la sociedad civil de las comunidades que habitan esos territorios". Y agregan que es “llamativo en un contexto internacional en el que la cuestión ambiental se instala como tema prioritario de las agendas públicas”.
Asimismo, Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA manifestó en un texto que un “sugestivo apuro” por tratar la modificación. Y alertó sobre “el nivel de disputa con diversos actores locales y las comunidades mapuches” en Cerro Bayo y Cerro Chapelco “donde el interés para emprendimientos inmobiliarios es evidente”. De la misma manera, Greenpeace también expresó su “profunda preocupación por el proyecto de modificación de la Ley 2.780 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Neuquén”.
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Salta: vertedero judicializado sin nada resuelto
Confirman que la trinchera IV del vertedero no se habilitará este año
Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Hubo una audiencia por la acción colectiva que iniciaron vecinos por la posible contaminación del relleno sanitario San Javier. También se supo que a la geomembrana la instalará la próxima gestión.
En la denuncia de fondo de los vecinos de la zona sudeste de la capital, quienes presentaron un amparo colectivo contra la Municipalidad de Salta y Agrotécnica Fueguina no hay nada resuelto. A poco más de dos años de iniciado ese proceso judicial, que se supone que debe ser expeditivo, el juez a cargo de la causa, Marcelo Domínguez, todavía no pudo determinar si el vertedero San Javier contamina o no. Tampoco pudo lograr que la actual gestión municipal cumpla con uno de sus principales pedidos, que es la habilitación de la trinchera IV del relleno sanitario.
Esa certeza de que nada cambia, por ahora, fue la que quedó tras la audiencia informativa que se realizó ayer a la mañana en la Ciudad Judicial. La jornada fue convocada por el titular de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y participaron representantes del Ejecutivo comunal, de la empresa a cargo de la higiene urbana de la ciudad y los vecinos que iniciaron la acción colectiva en agosto de 2017.
El 25 de septiembre pasado venció el plazo de cuatro meses que el magistrado Domínguez le había dado a la Municipalidad para que presente informes sobre el impacto ambiental del vertedero y el avance de los procesos para la compra de una geomembrana (una especie de tela plástica) para cubrir la base de la trinchera IV y evitar que la basura contamine las napas freáticas o el río arenales.
Recién ayer los representantes comunales brindaron respuestas a los pedidos del juez.
En cuanto a la geomembrana, se terminó por confirmar que la actual gestión municipal, que vence el 9 de diciembre, no la instalará. El director de Servicios Públicos, Normando Zúñiga, explicó que ya se concretó la licitación para la compra de ese producto y ahora están a la espera de que el Tribunal de Cuentas apruebe el proceso de contratación de la empresa que resultaría adjudicataria. Luego de ese trámite, detalló que la contratista tendría 45 días para instalar el producto, que en marzo pasado, previa devaluación, salía $25 millones.
Domínguez no pecó de ingenuo sobre esa promesa y advirtió al final de la audiencia que posiblemente la habilitación de la trinchera IV se demore aún más.
"Asumo una realidad -dijo el juez-, el cambio de gestión municipal, y más allá de la continuidad jurídica del Estado, puede generar que haya una dilación en el tiempo. Preguntar cuándo va estar la geomembrana me parece aventurado. Cualquier manifestación al respecto pecaría de poco seria porque no van a ser ustedes (le espetó a los funcionarios) los que van a tener que llevar adelante esa instalación".
Estudios
Sobre los estudios de impacto ambiental en el vertedero hubo una controversia entre los denunciantes y los acusados, que derivó, una vez más, en que no se asuma si es que existe contaminación en la finca San Javier.
Zúñiga aseguró que esta vez sí terminaron los informes y los documentos se encuentran en etapa de "evaluación".
"Durante todo este año hemos realizado todos los estudios preliminares con relación a la construcción del San Javier cuatro, algunos ya estaban y faltaban otros para la instalación de la geomembrana, Se realizaron estudios de suelo, hidrogeológicos y de impacto ambiental", aseguró el funcionario.
Después presentó al técnico de la Municipalidad con especialidad en Química, Carlos Bonín, quien afirmó que en base a los resultados del monitoreo ambiental que se realiza de manera periódica en el vertedero desde hace nueve años puede certificar que no existe contaminación en el lugar.
Fue rebatido por Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias Ambientales, investigador del Conicet y docente de la UNSa. El académico sostuvo en la audiencia que en el vertedero ocurre todo lo contrario de lo que afirma la comuna.
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Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Hubo una audiencia por la acción colectiva que iniciaron vecinos por la posible contaminación del relleno sanitario San Javier. También se supo que a la geomembrana la instalará la próxima gestión.
En la denuncia de fondo de los vecinos de la zona sudeste de la capital, quienes presentaron un amparo colectivo contra la Municipalidad de Salta y Agrotécnica Fueguina no hay nada resuelto. A poco más de dos años de iniciado ese proceso judicial, que se supone que debe ser expeditivo, el juez a cargo de la causa, Marcelo Domínguez, todavía no pudo determinar si el vertedero San Javier contamina o no. Tampoco pudo lograr que la actual gestión municipal cumpla con uno de sus principales pedidos, que es la habilitación de la trinchera IV del relleno sanitario.
Esa certeza de que nada cambia, por ahora, fue la que quedó tras la audiencia informativa que se realizó ayer a la mañana en la Ciudad Judicial. La jornada fue convocada por el titular de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y participaron representantes del Ejecutivo comunal, de la empresa a cargo de la higiene urbana de la ciudad y los vecinos que iniciaron la acción colectiva en agosto de 2017.
El 25 de septiembre pasado venció el plazo de cuatro meses que el magistrado Domínguez le había dado a la Municipalidad para que presente informes sobre el impacto ambiental del vertedero y el avance de los procesos para la compra de una geomembrana (una especie de tela plástica) para cubrir la base de la trinchera IV y evitar que la basura contamine las napas freáticas o el río arenales.
Recién ayer los representantes comunales brindaron respuestas a los pedidos del juez.
En cuanto a la geomembrana, se terminó por confirmar que la actual gestión municipal, que vence el 9 de diciembre, no la instalará. El director de Servicios Públicos, Normando Zúñiga, explicó que ya se concretó la licitación para la compra de ese producto y ahora están a la espera de que el Tribunal de Cuentas apruebe el proceso de contratación de la empresa que resultaría adjudicataria. Luego de ese trámite, detalló que la contratista tendría 45 días para instalar el producto, que en marzo pasado, previa devaluación, salía $25 millones.
Domínguez no pecó de ingenuo sobre esa promesa y advirtió al final de la audiencia que posiblemente la habilitación de la trinchera IV se demore aún más.
"Asumo una realidad -dijo el juez-, el cambio de gestión municipal, y más allá de la continuidad jurídica del Estado, puede generar que haya una dilación en el tiempo. Preguntar cuándo va estar la geomembrana me parece aventurado. Cualquier manifestación al respecto pecaría de poco seria porque no van a ser ustedes (le espetó a los funcionarios) los que van a tener que llevar adelante esa instalación".
Estudios
Sobre los estudios de impacto ambiental en el vertedero hubo una controversia entre los denunciantes y los acusados, que derivó, una vez más, en que no se asuma si es que existe contaminación en la finca San Javier.
Zúñiga aseguró que esta vez sí terminaron los informes y los documentos se encuentran en etapa de "evaluación".
"Durante todo este año hemos realizado todos los estudios preliminares con relación a la construcción del San Javier cuatro, algunos ya estaban y faltaban otros para la instalación de la geomembrana, Se realizaron estudios de suelo, hidrogeológicos y de impacto ambiental", aseguró el funcionario.
Después presentó al técnico de la Municipalidad con especialidad en Química, Carlos Bonín, quien afirmó que en base a los resultados del monitoreo ambiental que se realiza de manera periódica en el vertedero desde hace nueve años puede certificar que no existe contaminación en el lugar.
Fue rebatido por Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias Ambientales, investigador del Conicet y docente de la UNSa. El académico sostuvo en la audiencia que en el vertedero ocurre todo lo contrario de lo que afirma la comuna.
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Juez ava la licencia social excluyente en minería
Cerda dijo que no puede haber minería sino cuenta con licencia social
Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Consideró que se necesita el apoyo mayoritario de la población para desarrollar Agua Rica.
El juez electoral y de Minas, Raúl Guillermo Cerda, fue contundente al señalar que no se puede desarrollar la minería sino hay consenso social. Y puntualmente consideró que el proyecto Agua Rica no podrá concretarse si antes no tiene el respaldo de la mayoría de la población.
"No puede haber minería sino hay licencia social, si el pueblo no está de acuerdo en su mayoría- porque obviamente uno no pretende la unanimidad. La licencia social es un requisito fundamental", dijo el magistrado al referirse a la necesidad de que cualquier proyecto minero tenga consenso.
Cerda recordó que lleva 35 años como juez de Minas y fue quien suspendió la actividad minera cuando en febrero de 2015 se produjo una revuelta en contra de la explotación en Andalgalá.
El magistrado señaló que idénticas condiciones son necesarias para la explotación de Agua Rica. "La licencia social es fundamental, no podemos iniciar ninguna actividad sino tenemos el consenso social", reiteró en declaraciones radiales.
La Perla del Oeste vive un intenso debate por el futuro de la minería. Está en vigencia una ordenanza que la prohibe y también hay una acción de amparo presentada en la Justicia que todavía espera la sentencia final.
Cerda se refirió también al conflicto que se vivió en Antofagasta de la Sierra con la familia Morales, cuando fue desalojada por una orden de la Fiscalía de Belén al impedir que se abra un camino para el paso del tránsito pesado por sus terrenos. "Lo de Antofagasta fue un problema por la falta de comunicación y de diálogo que suscitó este gran inconveniente con la familia. No quiero inmiscuirme en temas de justicia penal, pero me parece que este inconveniente podría haberse evitado en la medida que se hubiera podido conversar más. Yo creo que con el diálogo se evitaba este problema serio. Por suerte, creo que ahora se está conversando y ya está encausada la situación", afirmó.
Código
El magistrado se refirió también al Código de Procedimientos Mineros que el viernes pasado se entregó a la gobernadora Lucía Corpacci.
El anteproyecto fue redactado por el Consejo Asesor Minero y se elevará a la Legislatura provincial para su debate.
" Estuvimos debatiendo e introduciendo todas las reformas que hacían falta al viejo Código para adecuarlo a los tiempos que vivimos. Al finalizar su mandato queríamos entregarle el anteproyecto por el que estuvimos trabajando", sostuvo.
"El código consiste en actualizar un montón de figuras del Código anterior que tiene ya 52 años de vigencia y que hacía falta adecuarlo al siglo XXI ", explicó el magistrado.
Según comentó, se introdujo la tecnología para concretar los procesos mineros, "que es importante porque le da celeridad al trámite y por supuesto al empresario minero le permite hacer más rápido los pedidos de concesiones, haciendo hincapié en la cuestión ambiental".
En ese marco puntualizó que la normativa contempla todos los requerimientos para el cuidado del medio ambiente que antes no eran exigibles, por cuanto recién se pusieron en vigencia a partir del desarrollo de la minería a gran escala.
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Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Consideró que se necesita el apoyo mayoritario de la población para desarrollar Agua Rica.
El juez electoral y de Minas, Raúl Guillermo Cerda, fue contundente al señalar que no se puede desarrollar la minería sino hay consenso social. Y puntualmente consideró que el proyecto Agua Rica no podrá concretarse si antes no tiene el respaldo de la mayoría de la población.
"No puede haber minería sino hay licencia social, si el pueblo no está de acuerdo en su mayoría- porque obviamente uno no pretende la unanimidad. La licencia social es un requisito fundamental", dijo el magistrado al referirse a la necesidad de que cualquier proyecto minero tenga consenso.
Cerda recordó que lleva 35 años como juez de Minas y fue quien suspendió la actividad minera cuando en febrero de 2015 se produjo una revuelta en contra de la explotación en Andalgalá.
El magistrado señaló que idénticas condiciones son necesarias para la explotación de Agua Rica. "La licencia social es fundamental, no podemos iniciar ninguna actividad sino tenemos el consenso social", reiteró en declaraciones radiales.
La Perla del Oeste vive un intenso debate por el futuro de la minería. Está en vigencia una ordenanza que la prohibe y también hay una acción de amparo presentada en la Justicia que todavía espera la sentencia final.
Cerda se refirió también al conflicto que se vivió en Antofagasta de la Sierra con la familia Morales, cuando fue desalojada por una orden de la Fiscalía de Belén al impedir que se abra un camino para el paso del tránsito pesado por sus terrenos. "Lo de Antofagasta fue un problema por la falta de comunicación y de diálogo que suscitó este gran inconveniente con la familia. No quiero inmiscuirme en temas de justicia penal, pero me parece que este inconveniente podría haberse evitado en la medida que se hubiera podido conversar más. Yo creo que con el diálogo se evitaba este problema serio. Por suerte, creo que ahora se está conversando y ya está encausada la situación", afirmó.
Código
El magistrado se refirió también al Código de Procedimientos Mineros que el viernes pasado se entregó a la gobernadora Lucía Corpacci.
El anteproyecto fue redactado por el Consejo Asesor Minero y se elevará a la Legislatura provincial para su debate.
" Estuvimos debatiendo e introduciendo todas las reformas que hacían falta al viejo Código para adecuarlo a los tiempos que vivimos. Al finalizar su mandato queríamos entregarle el anteproyecto por el que estuvimos trabajando", sostuvo.
"El código consiste en actualizar un montón de figuras del Código anterior que tiene ya 52 años de vigencia y que hacía falta adecuarlo al siglo XXI ", explicó el magistrado.
Según comentó, se introdujo la tecnología para concretar los procesos mineros, "que es importante porque le da celeridad al trámite y por supuesto al empresario minero le permite hacer más rápido los pedidos de concesiones, haciendo hincapié en la cuestión ambiental".
En ese marco puntualizó que la normativa contempla todos los requerimientos para el cuidado del medio ambiente que antes no eran exigibles, por cuanto recién se pusieron en vigencia a partir del desarrollo de la minería a gran escala.
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Mendoza obliga a registrar el uso de agroquímicos
A partir de diciembre es obligatorio registrar la compra - venta y uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Iscamen puso en marcha un Sistema Informático de Registro Obligatorio para los proveedores de estos productos en Mendoza.
Desde la semana que viene entra en vigencia la obligatoriedad de informar la compra y venta y uso de agroquímicos de banda roja ane la Provincia. Según explicaron con esta determinación se busca mejorar la trazabilidad de todo el proceso de compra-venta y aplicación de estos productos altamente peligrosos.
El Iscamen ha desarrollado para este objetivo un Sistema Informático de Registro Obligatorio, por el cual las casas de venta de agroquímicos deben registrar el stock, compra-venta y el lugar de aplicación de los productos bandas roja, amarilla y azul, comercializados en Mendoza.
Toda venta que se realiza en una agroquímica mendocina requiere que el comprador presente el RUT o Registro Único de la propiedad rural, lo que permite determinar quién compra un agroquímico, qué compra, cuánto compra y dónde lo aplica. Este sistema informático es un avance importante hacia la trazabilidad y el registro de estos productos, a los que ahora se agrega el carbofuran granulado.
Carbofuran granulado es un producto banda amarilla (moderadamente peligroso) que fue oportunamente exceptuado por Senasa de la prohibición que recayó sobre las formulaciones líquidas de este producto.
Al no estar prohibido y ser utilizado en nuestra provincia, ya que no tiene sustitutos en las producciones locales de ajo y papa; el Iscamen busca mejorar los sistemas de contralor en cuanto a trazabilidad y registro de los aplicadores para este agroquímico y para los de banda roja. Para ello, es fundamental que el Sistema Informático de Registro Obligatorio, sea también la herramienta para garantizar la trazabilidad de los movimientos no solo de los registrantes, distribuidores y expendedores, sino también de los aplicadores que estarán en la base de datos del sistema, condición obligatoria para acceder a la compra del producto.
Procedimiento y actores intervinientes
Los laboratorios que registran productos de banda roja y carbofuran granulado deben presentar al Iscamen la documentación fehaciente de los volúmenes que ingresan a la provincia, la empresa transportista y los compradores del producto; sean estos distribuidores y/o comercios minoristas registrados en la provincia. La declaración jurada deberá ser cargada y enviada en forma digital a la oficina virtual de Iscamen, previa obtención de clave digital que brindará el organismo solicitud de la empresa vía correo electrónico. Esta declaración jurada debe ser enviada antes de 48 horas de ser transportado a nuestra provincia. La misma deberá indicar la empresa transportista, matrícula de máquina-acoplado y datos identificatorios del chofer que ingresará a Mendoza por los puestos de Barreras Sanitarias.
Asimismo se deberán registrar en el Registro de Aplicadores de Iscamen las personas físicas o jurídicas que sean usuarios y aplicadores tanto de carbofurán granulado como de productos banda roja. Esto es fundamental para minimizar el riesgo potencial, tanto para el aplicador como para el ambiente y los consumidores.
En este sentido la norma considera “Aplicador”a toda persona física o jurídica, pública o privada, que aplique o libere al ambiente productos agroquímicos. El aplicador es el único responsable de la técnica de aplicación. Se considera “Usuario Responsable” a toda persona física o jurídica que tenga RUT o RENSPA y explote, en forma total o parcial, un cultivo con independencia del régimen de tenencia de la tierra. Es todo aquel que se beneficia con el empleo de un producto químico o biológico de uso agropecuario.
Las únicas personas físicas y/o jurídicas que podrán comprar el producto cuyo activo sea carbofuran formulado en gránulos, como también la compra de productos de banda roja, serán los registrados y habilitados en Iscamen como aplicadores y la aplicación se realizará en los cultivos permitidos; de no ser así se considerará un desvío de uso constituyéndose en una falta grave.
Los distribuidores, expendedores mayoristas y minoristas, deberán registrar el movimiento de estos productos ya sea compra, venta, devolución mediante remito y/o factura, en el Sistema Informático de Registro Obligatorio. La actualización del registro para el producto en cuestión será cada 7 días corridos.
La nueva normativa, que amplía el Sistema Informático de Registro de productos banda roja, azul y amarilla existente en la actualidad e incorpora la obligación de Registro para los aplicadores de estos productos, fue discutida recientemente en una reunión convocada por la Cámara Empresaria de Agroquímicos de Mendoza (CEAMEN). En la oportunidad, se trató además, la modificación realizada en la Cámara de Senadores de la provincia del artículo 13 de la Ley Provincial de Agroquímicos, referido a la receta agronómica.
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Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Iscamen puso en marcha un Sistema Informático de Registro Obligatorio para los proveedores de estos productos en Mendoza.
Desde la semana que viene entra en vigencia la obligatoriedad de informar la compra y venta y uso de agroquímicos de banda roja ane la Provincia. Según explicaron con esta determinación se busca mejorar la trazabilidad de todo el proceso de compra-venta y aplicación de estos productos altamente peligrosos.
El Iscamen ha desarrollado para este objetivo un Sistema Informático de Registro Obligatorio, por el cual las casas de venta de agroquímicos deben registrar el stock, compra-venta y el lugar de aplicación de los productos bandas roja, amarilla y azul, comercializados en Mendoza.
Toda venta que se realiza en una agroquímica mendocina requiere que el comprador presente el RUT o Registro Único de la propiedad rural, lo que permite determinar quién compra un agroquímico, qué compra, cuánto compra y dónde lo aplica. Este sistema informático es un avance importante hacia la trazabilidad y el registro de estos productos, a los que ahora se agrega el carbofuran granulado.
Carbofuran granulado es un producto banda amarilla (moderadamente peligroso) que fue oportunamente exceptuado por Senasa de la prohibición que recayó sobre las formulaciones líquidas de este producto.
Al no estar prohibido y ser utilizado en nuestra provincia, ya que no tiene sustitutos en las producciones locales de ajo y papa; el Iscamen busca mejorar los sistemas de contralor en cuanto a trazabilidad y registro de los aplicadores para este agroquímico y para los de banda roja. Para ello, es fundamental que el Sistema Informático de Registro Obligatorio, sea también la herramienta para garantizar la trazabilidad de los movimientos no solo de los registrantes, distribuidores y expendedores, sino también de los aplicadores que estarán en la base de datos del sistema, condición obligatoria para acceder a la compra del producto.
Procedimiento y actores intervinientes
Los laboratorios que registran productos de banda roja y carbofuran granulado deben presentar al Iscamen la documentación fehaciente de los volúmenes que ingresan a la provincia, la empresa transportista y los compradores del producto; sean estos distribuidores y/o comercios minoristas registrados en la provincia. La declaración jurada deberá ser cargada y enviada en forma digital a la oficina virtual de Iscamen, previa obtención de clave digital que brindará el organismo solicitud de la empresa vía correo electrónico. Esta declaración jurada debe ser enviada antes de 48 horas de ser transportado a nuestra provincia. La misma deberá indicar la empresa transportista, matrícula de máquina-acoplado y datos identificatorios del chofer que ingresará a Mendoza por los puestos de Barreras Sanitarias.
Asimismo se deberán registrar en el Registro de Aplicadores de Iscamen las personas físicas o jurídicas que sean usuarios y aplicadores tanto de carbofurán granulado como de productos banda roja. Esto es fundamental para minimizar el riesgo potencial, tanto para el aplicador como para el ambiente y los consumidores.
En este sentido la norma considera “Aplicador”a toda persona física o jurídica, pública o privada, que aplique o libere al ambiente productos agroquímicos. El aplicador es el único responsable de la técnica de aplicación. Se considera “Usuario Responsable” a toda persona física o jurídica que tenga RUT o RENSPA y explote, en forma total o parcial, un cultivo con independencia del régimen de tenencia de la tierra. Es todo aquel que se beneficia con el empleo de un producto químico o biológico de uso agropecuario.
Las únicas personas físicas y/o jurídicas que podrán comprar el producto cuyo activo sea carbofuran formulado en gránulos, como también la compra de productos de banda roja, serán los registrados y habilitados en Iscamen como aplicadores y la aplicación se realizará en los cultivos permitidos; de no ser así se considerará un desvío de uso constituyéndose en una falta grave.
Los distribuidores, expendedores mayoristas y minoristas, deberán registrar el movimiento de estos productos ya sea compra, venta, devolución mediante remito y/o factura, en el Sistema Informático de Registro Obligatorio. La actualización del registro para el producto en cuestión será cada 7 días corridos.
La nueva normativa, que amplía el Sistema Informático de Registro de productos banda roja, azul y amarilla existente en la actualidad e incorpora la obligación de Registro para los aplicadores de estos productos, fue discutida recientemente en una reunión convocada por la Cámara Empresaria de Agroquímicos de Mendoza (CEAMEN). En la oportunidad, se trató además, la modificación realizada en la Cámara de Senadores de la provincia del artículo 13 de la Ley Provincial de Agroquímicos, referido a la receta agronómica.
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