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La jueza ambiental casada con un empresario minero



La nueva jueza ambiental está casada con un empresario minero

Fecha de Publicación
: 18/03/2019
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy


María Laura Flores asumió como jueza en primera instancia del juzgado ambiental; tras la jura, abogados del foro local hicieron notar su vínculo con Fernando Eleit, vocal de la Cámara Minera y socio en un estudio jurídico que asesora a empresas del rubro.
El jueves 7 de marzo asumió como jueza de primera instancia del juzgado ambiental María Laura Flores, una abogada que había concursado por ese cargo en junio de 2017 y obtuvo la mejor calificación.
Respetando el orden de mérito de la evaluación, el gobernador envió los pliegos a la Legislatura para su aprobación, como indica el mecanismo de selección vigente.
Sin embargo, tras el acto de asunción quedó expuesto un detalle particular: la flamante jueza está casada con un abogado vinculado al sector de la minería.
Se trata de Fernando Eleit, vocal de la Cámara Minera de Jujuy – institución que agrupa a las empresas del rubro en la provincia – y socio en un estudio jurídico, cuya plataforma web destaca que se especializa en el “asesoramiento legal y estratégico para el desarrollo de proyectos mineros en el norte argentino”.
En el acta constitutiva de este emprendimiento, se resalta que “la sociedad tiene por objeto la participación en general de los proyectos de estas actividades”, entre otro fines.
Atentos a esta particularidad, hubo letrados que señalaron la existencia de un notorio conflicto de intereses.
“Cuando se suscite un litigio entre las empresas del rubro, la flamante jueza se vería obligada a apartarse debido al vínculo que sostiene con una de las partes”, explicaron letrados a Jujuy al momento.
“¿De qué sirve una jueza ambiental que no puede intervenir en las causas de la minería?”, añadió otra de las fuentes consultadas.
El comunicado que distribuyó el Poder Judicial tras la asunción de Flores destaca que el juzgado a su cargo se ocupará de los amparos ambientales, los juicios ordinarios por reparación y/o remediación de daños ambientales, incluida la faz resarcitoria privada, los procesos cautelares ambientales y todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental y/o regidos por legislación específica vinculada al ambiente.
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Ingenieros agrónomos y la “grieta” por los agroquímicos



El uso de agroquímicos abre la “grieta” entre los ingenieros agrónomos

Fecha de Publicación
: 18/03/2019
Fuente: El Día (Buenos Aires)
Provincia/Región: Buenos Aires


Hay sectores que los consideran “necesarios, en dosis exactas”. Otros apuntan que son “pesticidas que no deben utilizarse”
El uso de los agroquímicos es uno de los primeros temas que abrió una “grieta” entre los ingenieros agrónomos y forestales. La caja de resonancia de las diferentes formas de ver estos productos es el flamante colegio profesional del sector, donde abrieron el debate sobre el uso de estos productos en la actividad agrícola.
Una de las definiciones de agroquímicos dice que “son sustancias químicas que se emplean con recurrencia en la agricultura y que tienen la finalidad de mantener y conservar los cultivos que esta actividad desarrolla”.
La Plata, según un estudio que se conoció en 2015, es uno de los cordones hortícolas más afectados por el uso de agroquímicos.
“Los agroquímicos utilizados en dosis justas y con control no son perjudiciales. Las dosis justas son responsabilidad de los ingenieros agrónomos. Para hacer una comparación, es como el medicamento recetado para la gente. Este eje realza la labor y el aporte profesional en todos los sistemas de producción agrícola”, asegura Rubén dos Santos, secretario del colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires.
Do Santos también indica que “hay que hacer una ardua tarea de concientización para no confundir a la gente, informar correctamente y ayudar a educar en este terreno. Sabemos que arrancamos en desventaja y hay que hacer un trabajo arduo. Pero hay que afrontar ese desafío, porque estamos preocupados por la calidad de los productos que comemos”.
El debate está abierto a tal punto que ya se están organizando mesas de debate en diferentes distritos con una variada paleta de profesionales que tienen diferentes puntos de vista sobre el tema.
Edgardo Herrera, presidente de la entidad colegiada, asegura que “toda clase de sistema de producción agrícola debe contar con el aporte y la supervisión de un ingeniero agrónomo. Si hay un inconveniente en un espacio de producción que lo asuma el profesional que corresponda y se haga responsable. Nosotros podemos ayudar a los productores y al Estado para contribuir en los controles que muchas veces, por cuestiones presupuestarias, no se llevan a cabo cómo corresponde”.
“Hay una imagen pública pésima de los agroquímicos, que nosotros denominados tratamientos fitosanitarios. Se hizo hincapié en sustancias que dejaron de utilizarse en el campo pero siguen en el rubro de la medicina humana. Nosotros decimos que si todo se hace a conciencia, con conocimiento y supervisión profesional, en su justa dosis, prácticamente no hay daño posible. Los componentes fitosanitarios que se utilizan a mediana y gran escala han tenido un desarrollo tecnológico. Por eso hay que instalar el tema, educar y no irse detrás de un título, un eslogan, que puede vender más pero no es cierto”, agrega Herrera.
Para el ingeniero agrónomo Guillermo Peruzzi, presidente de la delegación Central -con cabecera en La Plata- del flamante colegio profesional, “lo peor que ocurre con los agroquímicos es la plaga del por las dudas: aplicarlos sin saber si es necesario. Es como tomar un medicamento por las dudas, la automedicación que en la mayoría de los casos no lleva a la mejor solución. El rol del ingeniero agrónomo acá es esencial. Porque recorre, diagnóstica a conciencia, evalúa y si es
necesario aplicarlos se hace en las dosis justas, con recetas profesionales. Muchos productores luego agradecen cuando no tienen que aplicar agroquímicos durante un tiempo determinado porque terminan ahorrando partidas de dinero importantes, y les sirve, entre otros fines, para invertir en su tierra”.

PESTICIDAS QUE NO DEBEN USARSE”*
Para el ingeniero agrónomo Santiago Sarandón, investigador y titular de la Cátedra de Agroecología de la facultad de Ciencias Agrarias de la UNLP, “es necesario aclarar que los agroquìmicos son pesticidas. El sufijo cida significa que matan. De esa simple base parto para explicar que no se deben usar en ningún caso. Tras un largo tiempo de resignación, hace varios años comenzó una ola en la que se pudo ver y comprobar que hay modos de producción que no necesitan de agroquímicos.
En la facultad tenemos que concebir qué clase de profesional formamos y en mi caso la idea es que se prescinda totalmente de pesticidas. Los consumidores ya no admiten que se apliquen pesticidas. Me parece muy bien que se proponga desde el nuevo colegio profesional de ingenieros agrónomos una discusión sobre el tema, y que no se hayan abroquelado detrás de una idea de producción que permita en mayor o menor medida el uso de los pesticidas como si fuera un mal necesario”.
“No hay ningún trabajo que diga que no se puede producir sin pesticidas, y con eso se debe impulsar la necesidad de hacer un cambio cultural que impulse un modelo de producción más orgánico, sin productos tóxicos”, agregó el profesional, quien también asegura: “no va más el tapense la nariz, es un problema de aplicación, no del pesticida en si”.
De acuerdo con un informe que se realizó en 2015, encargado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, “en todos los cultivos más del 40% de los productores utiliza principios activos que pertenecen a clases toxicológicas de extremada o alta toxicidad, lo que significa un alto peligro potencial”.
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Otras escuelas brutalmente fumigadas con agrotóxicos



Agrotóxicos sobre dos escuelas rurales

Fecha de Publicación
: 15/03/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


El lunes los alumnos debieron dejar las escuelas por los efectos tóxicos de los insecticidas, que les irritaron los ojos y les causaron vómitos. Tras dos días sin clases, recién hoy retomaron las actividades. La fumigación incumple la ley provincial que establece un área de restricción mínima de 2 km entre la zona fumigada y los centros poblados.
Una avioneta fumigadora con agrotóxicos sobrevoló el lunes dos escuelas rurales en Exaltación de la Cruz y pulverizó insecticidas por encima de los techos de los establecimientos educativos, donde los chicos estaban teniendo clases. A pesar de que los maestros del lugar advirtieron en varias oportunidades sobre la aplicación ilegal a la jefatura distrital, la avioneta voló y fumigó desde la mañana hasta la tarde a 150 metros del predio en el que se ubican los colegios de Educación Primaria N° 4 y de Educación Secundaria Técnica N° 1. Por los efectos tóxicos de los insecticidas, que irritaron los ojos y causaron vómitos a algunos docentes y alumnos, las escuelas estuvieron cerradas dos días seguidos y recién hoy retomaron las actividades. “Niños niñas, jóvenes y trabajadoras/es de la educación han sido envenenadas/os, registrándose afecciones en vías respiratorias, irritación en ojos, vómitos y malestar general en varios/as de ellos/as”, denunciaron desde la Multisectorial contra el Agronegocio- la 41, que esta tarde realizará una asamblea para evaluar los pasos a seguir.
Un docente de la escuela N° 1, quien también es ingeniero agrónomo, advirtió el lunes por la mañana a las autoridades de la escuela que sintió un olor particular al ingresar al establecimiento, ubicado aproximadamente en el Km. 78 de la ruta nacional 8, en Parada Robles. Las clases continuaron, los directivos siguieron averiguando la causa del hedor, aunque alrededor del mediodía no necesitaron más pruebas para verificar lo que estaba pasando: vieron cómo un avión estaba desperdigando fitosanitarios a 150 metros de los establecimientos educativos. “Llamé por teléfono a la Jefatura Distrital y a la Policía Ecológica para dar aviso. Me dijeron que ya habían presentado una denuncia y que la Guardia Urbana estaba yendo para el lugar. Dijeron que estaba todo bien. Pero después volvimos a sentir el ruido de la avioneta pasado el mediodía”, contó a Página/12 el ingeniero Gonzalo Sánchez Correa.
En una segunda comunicación de las autoridades escolares, el municipio aclaró que ya habían dado con el dueño del campo y que le habían advertido sobre la ilegalidad de sus acciones, pero de acuerdo al testimonio del docente “en ese mismo momento la avioneta ya estaba justo por arriba de la escuela”. La Provincia no hizo nada para evitar la intoxicación, sólo llamó al poco tiempo para contar que aplicarán una multa al dueño del campo y quitarán la matrícula al piloto de la avioneta.a. “Hubo chicos con vómitos, una de las madres contó que fue a buscar a su nene y que vio a un compañerito y a la maestra con los ojos irritados, fue bastante grave”, relató por su parte Leonardo “Leo” Moreno, docente de la Técnica N° 1 y miembro de la multisectorial.
“La deriva de la pulverización llegó hasta las mismísimas aulas. Es decir, que los químicos que no quedaron en los campos, llovieron literalmente sobre las cabezas de quienes estaban en las instituciones y en los barrios aledaños”, alertó la Multisectorial en un comunicado, que puntualizó que el foco de la fumigación se concretó en un campo que se encuentra a menos de 300 metros de las escuelas, pero luego se acercó hacia los establecimientos educativos.
La pulverización de agrotóxicos incumple concretamente la  ley provincial 1069, que establece un área de restricción mínima de 2 km entre la zona fumigada y los centros poblados, pero también viola la ordenanza municipal 101/12, que indica que se debe informar previamente a las instituciones educativas ante cada fumigación que se vaya a realizar.
El ingeniero Sánchez Correa evaluó que el veneno desperdigado fue un insecticida, el “más peligroso de los fitosanitarios”.  ”Lo peor fue que para mi es una insecticida dentro de la gama de agroquímicos , los más fuertes porque los insectos son los que actúan por vía respiratoria, como nosotros”, explicó, al detallar que los síntomas que causan van desde intoxicaciones crónicas hasta agudas. “El insecticida está hecho para actuar por contacto o por aire, es decir por la dermis del insecto o por vía respiratoria, que también nos puede penetrar a nosotros”, puntualizó.
Uno de los grandes problemas que atraviesan las escuelas, de acuerdo a Moreno, es que no cuentan con protocolos de actuación para estos casos ni con un plan de Prevención de Riesgo. "No sé cómo habrán actuado los docentes porque no hay un protocolo en el caso de fumigación con agrotoxicos. La provincia lo deja a merced de cada institución y no todos lo sabemos", se quejó.
El caso tomó estado público por medio de la denuncia en Twitter del secretario general de Suteba , Roberto Baradel, quien apuntó contra la gobernadora María Eugenia Vidal en el marco de su reclamo por “Escuelas Seguras”. “¿No le importa a la gobernadora? Ah no, ahora entiendo, nombró como ministro de agroindustria a Leonardo Sarquís ex gerente de Monsanto”, denunció el dirigente sindical.
El ministerio de agroindustria provincial aclaró que presentó una denuncia contra el productor y la empresa fumigadora. Ambos fueron imputados y se resolvió clausurar el hangar en el que se alojaba la avioneta fumigadora.
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En Chubut también hay conflicto por agroquímicos



Denuncian el uso de agroquímicos en campos de Chubut

Fecha de Publicación
: 14/03/2019
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut


Un grupo de productores de Cholila está de pie en contra del uso de aqroquímicos, y denunciaron que hay un establecimiento rural, con distinciones nacionales, que manipula el ambiente a la vista de todos, reclamando la aplicación de las leyes en un tema tan complejo y delicado.
Daniel Nataine, en diálogo con Radio 3, contó que “hace dos meses nos enteramos” de que una cabaña “del ejido de Cholila aplicaba agroquímicos en una tarea de fumigación; esto dicho por los propios vecinos que vieron la maquinaria”.
“Nos convocamos en el municipio, le pedimos una entrevista al intendente Silvio Boudargham y también al intendente del Parque Nacional Los Alerces. Efectivamente, funcionarios municipales y provinciales nos confirmaron que en ese establecimiento se utilizan agroquímicos, lo que fue verificado en los galpones de la estancia, de acuerdo a un informe que nos hicieron llegar“, señaló.
Remarcó que “esto generó una preocupación en el pueblo porque Cholila tiene una tradición de producción orgánica, tanto ganadera como de tipo agropecuaria”, remarcó el vecino.
“La utilización de agroquímicos no tiene nada que ver con lo que se requiere en la zona y el agravante que este establecimiento es vecino del Parque Nacional Los Alerces que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, por su estado de conservación”, señaló Nataine en Radio 3.
Por su parte, Roxana Bernardi, otra productora del sector, indicó que “había una persona que trabaja o trabajaba en la estancia que tiene leucemia y otros casos de intoxicación, precisamente en la gente que operaba la maquinaria de fumigación. También han visto los vecinos, y nos han comentado, que no se utilizan ningún tipo de protección para fumigar”.
“No queremos ser un pueblo fumigado como los del norte,como Entre Ríos, Córdoba o Buenos Aires, Sabemos que es una problemática a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud advierte que el uso indiscriminado de agroquímicos genera en primer lugar cáncer, sobre todo leucemia, malformaciones, abortos espontáneos; las consecuencias pueden ser muy graves”, sostuvo la vecina.
Respecto de una ordenanza ya aprobada, Bernardi señaló que “es del año 2015, pero no está reglamentada, o sea no se ha establecido cómo se hace cumplir. La semana pasada le enviamos una nota al intendente en la que pedimos que se agregue a la ordenanza la prohibición de todos los agro tóxicos porque sólo habla de glifosato, que se reformule y se reglamente para seguir avanzando”.
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Intendente condenado a pagar multa por no proteger reserva



Sanción Ejemplar: El intendente de Mar Chiquita deberá pagar una multa por “no proteger” una reserva natural

Fecha de Publicación
: 12/03/2019
Fuente: Todo Provincial
Provincia/Región: Buenos Aires


Con una sanción ejemplar, se sancionó económicamente al intendente del partido de Mar Chiquita, Carlos Ronda por “desproteger” la reserva natural albufera de su distrito. Permitiendo que los concejales de su partido aprueben una ordenanza que permitiría llevar adelante un Barrio Privado “Lagos del Mar”.
Según la resolución dictada por el Juez Salas a cargo del amparo, el jefe comunal de la ciudad bonaerense de Mar Chiquita, Carlos Ronda deberá pagar una multa de 3000 pesos por cada día de retardo hasta que no se llevan adelante acciones que importen el funcionamiento efectivo del comité de gestión de la reserva biosfera por medio de plenarias y el sometimiento de las acciones desplegadas – en la medida que involucren a la reserva de biosfera parque atlántico Mar Chiquita- a su conocimiento y decisión.
Desde la asamblea de vecinos que dicen “No a la urbanización del humedal”, exigen que el Intendente “cumpla con la orden judicial y adopte medidas urgentes tendientes a proteger la Reserva, evitar mayores daños y no efectuar acciones que vayan en contra de la misma como ser la sanción y promulgación de la Ord. 04/19 por la cual autorizó la ejecución del barrio”.
Además desde la asamblea “Salvemos nuestra albúferea” sostienen que “Ante el grave incumplimiento y desobediencia a la orden judicial en que está incurriendo el Intendente Carlos Ronda, se presentará la denuncia por desobediencia e incumplimiento de sus deberes de funcionario público, solicitando además se lo inhabilite para ocupar cargos públicos”.
Las consecuencias de querer  hacer un barrio privado “Lagos del Mar” en medio de los humedales:
La Universidad Nacional de Mar del Plata indicó en un informe que el emprendimiento de urbanización denominado “Lagos del Mar” generará efectos negativos de diversa índole:
1) Aumento de riesgo de inundaciones por perturbación de los humedales (relleno, elevación de cotas, impermeabilización, compactación).
2) Eliminación, reducción y fragmentación del pastizal pampeano.
3) Alteración de la calidad y cantidad de aguas, tanto subterráneas como superficiales:
3.a.) Aumento de la eutrofización de las aguas superficiales de la laguna por ingreso de nutrientes. La eutrofización es el proceso de contaminación más importante de las aguas en lagos, ríos, embalses, etc. Este proceso está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo, procedentes mayoritariamente de la actividad del hombre. 3.b.) Salinización de las aguas subterráneas por exceso de extracción del freático.
3.c.) Contaminación de aguas (superficiales y subterráneas) por distintos compuestos químicos.
4) Introducción de especies exóticas.
4.a.) Especies vegetales, 4.b.) Aumento de áreas disponibles para especies exóticas invasoras ya introducidas (gusano formador de “bochones” Ficopomatus enigmaticus) que reducen el cauce natural de la Albufera, aumentando las áreas inundables.

– En Marzo de 2018, el Juez actuante en la cautelar dispuso (entre otras cuestiones) que el Municipio efectúe el monitoreo de toda el área de Reserva para evaluar el impacto ambiental, trabajo que no ha realizado.
– El pasado martes 22 de enero de 2019 el Concejo Deliberante marchiquitense aprobó la Ordenanza que asigna zonificación extraurbana, “cosa que consideramos improcedente sin el informe y la Declaración de Impacto Ambiental que el Juez exige”, aclaran los vecinos.

Desde la Asamblea piden que se vete la ordenanza y a la gobernadora Vidal que analice los informes de las Universidades

“Es por ello que públicamente pedimos en Asamblea al Intendente Carlos Ronda que recapacite y vete la Ordenanza, y a la Sra. Gobernadora de nuestra Provincia que analice los informes de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET sobre el predio, no convalide esta Ordenanza, deniegue la Declaración de Impacto Ambiental que extemporáneamente exigen los desarrolladores tras haber causado graves modificaciones al medio ambiente, con el fin salvaguardar “el Medio Ambiente” de un área natural protegida y a la población del Balneario Parque Mar Chiquita, dado que las modificaciones en el humedal impactan directamente sobre la capacidad de absorber el excedente hídrico, aumentando el riesgo de inundaciones”, expresaron en un comunicado anterior desde la asamblea.
“Consideramos un precedente nefasto la autorización de este tipo de emprendimientos inmobiliarios en áreas de Reserva Natural, porque abren la puerta para la multiplicación de los mismos en un espacio destinado a fin de preservar la biodiversidad y proteger ambientes de vital importancia para el desarrollo humano”, piden los vecinos de Mar Chiquita.
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Documental muestra los efectos de los agroquímicos



Las 'monstruosas' deformaciones infantiles causadas por los agroquímicos en Argentina

Fecha de Publicación
: 12/03/2019
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional


Un impactante documental expone las consecuencias de los agroquímicos en manos de grandes empresas.
En el sitio Mercola, el doctor especialista en enfermedades causadas por productos del agro, detalló un extenso informe sobre las consecuencias de esta atroz industria que no para de causar enfermedades y muertes.
El impactante documental "Genetically Modified Children" revela los horrores de décadas de prácticas agrícolas intensivas en productos químicos en Argentina, donde la mayoría de los cultivos son transgénicos (GM) y rociados de forma cotidiana con agroquímicos peligrosos.
Además, muestra el control absoluto que ejercen las grandes empresas de semillas y sustancias químicas, y las tabacaleras como Philip Morris sobre los agricultores afectados por la pobreza, desesperados por ganar un sustento para vivir.
El documental, producido por Juliette Igier y Stephanie Lebrun, demuestra los efectos devastadores que el sector agrícola ha generado en la salud de los niños de esta región,1 ya que cada vez hay un mayor número de nacimientos con monstruosas deformidades físicas. Algunos de los casos son tan graves que, sin una intervención médica, podría resultar en la muerte de los niños antes de los 5 años de edad.
Este filme comienza cuando el equipo viaja desde el norte de Argentina, en la provincia de Misiones, hasta la frontera brasileña, una región agrícola que fue una de las primeras del país en comenzar a cultivar transgénicos (GMOs) a mediados de los años 90.
En este aparece Ricardo Rivero, jefe regional de la compañía local de electricidad; quien supo que, la razón por la cual las familias no pueden pagar sus cuentas es porque a menudo tienen un niño enfermo o discapacitado, y no reciben asistencia del gobierno argentino.
El documental los presenta cuando visitan la humilde casa de un productor de tabaco, donde conocen a Lucas Texeira, un niño de 5 años de edad con una enfermedad genética de la piel incurable. La familia cree que fue causada por la exposición de la madre al herbicida Roundup de Monsanto al inicio de su gestación, quien indicó que nadie le informó que era tóxico.
La mutación genética que causó el padecimiento de su hijo lo dejó sin poros en su piel, lo que significa que no transpira. El calor de su cuerpo permanece dentro, lo cual le provoca picazón intensa y dolorosa, así como frecuentes ataques de llanto. El Sr. Texeira expresa su tristeza por la enfermedad de Lucas, así como su temor de tener otro hijo con una malformación similar.
Los agroquímicos incrementan los defectos congénitos y deformidades en niños argentinos. Al igual que muchas familias en las zonas rurales de Argentina, durante años, la familia Texeira ha cultivado tabaco transgénico en sus tierras, con un sin número de diversos agroquímicos necesarios para producir un cultivo que sea certificado por Philip Morris, una multinacional estadounidense que fabrica cigarrillos y tabaco (que es una división de Altria Company, desde 2003).
Philip Morris le proporciona a los agricultores semillas de tabaco burley transgénico para el fabricante de cigarrillos de tabaco light. Cada año, los agricultores argentinos se ven obligados a utilizar más de 100 sustancias químicas diferentes para desarrollar un cultivo de tabaco de aspecto perfecto--si esperan obtener beneficios monetarios.
La familia Texeira no es la excepción. Durante más de una década, han tratado sus cultivos de tabaco con glifosato y otros agroquímicos--sin ningún tipo de protección. Sin embargo, después de observar un incremento en los defectos de nacimiento entre los niños de la comunidad, incluso en su propio hijo, comenzaron a temer por su seguridad y se mudaron de sus tierras de cultivo, lejos de los productos químicos tóxicos.
"No es fácil, pero uno tiene que vivir la vida como es", dijo el Sr. Texeira. "Gracias a Dios, el problema de Lucas solo es en su piel. Él está sano y puede comer casi cualquier cosa". Lucas es un milagro, indica el narrador del documental. En esta región, hay una cantidad desproporcionada de niños que nacen con deformidades.
En Argentina, cada año se aplican 300 millones de litros de glifosato en los campos de cultivo. Los cultivos transgénicos empezaron a desarrollarse por primera vez en el país en la provincia Misiones en Argentina, después de que el gobierno autorizó su uso desde 1996, una decisión basada únicamente en estudios realizados por Monsanto y sin investigaciones que lo contradijeran.
Durante más de dos décadas, la tierra fue rociada con glifosato y otros agroquímicos, que contaminaron el suelo y agua de la región. Para 2013, más de 24 millones de hectáreas (59.3 millones de acres)2 de transgénicos fueron cultivadas en Argentina, incluyendo la soya, maíz, algodón y tabaco.
La acumulación de evidencia científica que relaciona el incremento del número de abortos espontáneos, defectos congénitos y cáncer por los transgénicos y agroquímicos no disuadió al gobierno argentino de subsidiar los cultivos transgénicos. Tal vez, en parte esa decisión se deba al 35 % de los impuestos que Argentina recibe de las exportaciones de soya transgénica.
A pesar de los peligros, nadie les advirtió a los productores de tabaco sobre los riesgos. De hecho, fue todo lo contrario. Los agricultores en la provincia de Misiones fueron bombardeados con diversas formas de publicidad, incluyendo comerciales de empresas químicas que insistían en que los agroquímicos eran la clave de la prosperidad.
Los anuncios televisivos promocionaban los beneficios del herbicida Roundup de Monsanto, incluyendo su capacidad para acabar con todo, excepto los transgénicos; y en efecto, el marketing funcionó. Hoy en día, en Argentina se vierten más de 300 millones de litros (79.2 millones de galones) de glifosato cada año en más de 28 millones de hectáreas (69.1 millones de acres) de campos de cultivo.3

Deserción total
El documental muestra cuando el equipo visitó la casa de otro niño enfermo. Lucas Krauss nació con microcefalia congénita, sufre de epilepsia, retraso en el desarrollo motor y mental, atrofia muscular múltiple y muchas otras patologías relacionadas.
El primer médico que consultó la familia dijo que el padecimiento de su hijo se debía a la falta de oxígeno; sin embargo, el neurólogo tuvo una opinión diferente. Al principio, estuvo de acuerdo y dijo que era debido a la falta de oxígeno.
No obstante, cuando lo presionaron más, admitió que la falta de oxígeno no era la única causa, pero se negó a decir lo que creía que era la verdadera causa de la enfermedad de Lucas. Ni siquiera le realizaron exámenes médicos, dijo la madre del niño.
La familia entiende que el padecimiento de Lucas, al igual que muchos otros en la comunidad, probablemente esté vinculado a los agroquímicos utilizados para cultivar el tabaco. Pero la familia no puede abandonar su negocio porque es la principal fuente de ingresos en su área, y lo más importante, es el único sector que brinda seguro social a sus trabajadores.
Sin la ayuda financiera de la industria tabacalera, el padre teme que no pueda atender a su hijo con necesidades especiales.
En 2010, la situación empezó a cambiar. Un grupo de abogados de los Estados Unidos viajó a Misiones para visitar a las familias con niños gravemente discapacitados. Uno de sus destinos incluía la casa de William Núñez, de 17 años de edad, que nació con una grave discapacidad.
No puede hablar ni caminar, y tiene que ser alimentado a través de un tubo de alimentación directo a su estómago. La familia no ha recibido ayuda del gobierno para el tratamiento médico que William requiere; en cambio, han aprendido por sí solos cómo cuidar a su hijo discapacitado.

Ignorancia y explotación
La familia Núñez indica que fueron visitados por abogados de los Estados Unidos, de cuatro a cinco veces en un período de seis meses, así como también por algunos médicos de México y los Estados Unidos. A la familia Núñez se le dijo que no tenían la culpa de usar agroquímicos y que se les podía otorgar hasta US$ 3 millones--en el caso de William.
Los abogados le solicitaron a la familia que firmara un contrato con el compromiso de no discutir su caso con nadie. Y hasta ahora, habían respetado el contrato. Pero no han tenido noticias de los abogados en más de cuatro años y no quieren permanecer callados por más tiempo.
Posteriormente, el documental presenta a un hombre llamado Emilio, hijo de un productor de tabaco que ha creado un sindicato independiente para lidiar con las dos empresas tabacaleras de la región, que a menudo apoyan a las grandes tabacaleras.
El cultivo de tabaco es un trabajo arduo, señaló Emilio, y agregó que las personas sufren mucho porque trabajan todo el año y el incentivo financiero no es muy bueno. Emilio describe a la industria del tabaco en San Jacinto, Argentina, como un sistema de esclavitud, encapsulado por la ignorancia y explotación.
El equipo de filmación visitó un almacén donde todos los productores de tabaco de la región acuden a vender su producto. La cosecha de tabaco de los agricultores es transportada hasta allí al final del ciclo de cultivo, que incluye la siembra, tratamiento, cosecha, secado y clasificación.
Este es el único lugar donde pueden vender su producto, indicó Emilio. El equipo de filmación estuvo ahí el día en que los productores supieron cuánto valdría su trabajo de todo el año. El cultivo debe cumplir con los estrictos estándares establecidos por la cooperativa, que inspecciona cada paquete con rapidez. Examinan la textura, anchura y color de las hojas. El tabaco en su estado natural nunca pasaría la prueba--solo utilizar los agroquímicos podría garantizar un buen resultado.

Las grandes tabacaleras dominan la industria
En el documental aparece la entrevista de uno de los agricultores sobre su sentir acerca de sus ganancias. Indica que recibió $ 11 575 pesos mexicanos (o aproximadamente $ 610 dólares estadounidenses) por 975 kilos de tabaco. Eso es alrededor de $ 3.50 dólares estadounidenses por libra de tabaco. Es un precio bajo, señala. "Para mí, es como un robo. Es injusto".
Los productores señalan que sus ingresos fueron especialmente bajos este año como resultado de los costosos insumos químicos que fueron obligados a utilizar. Las empresas químicas los cobran en dólares estadounidenses, pero pagan en pesos, indica un agricultor frustrado, y agrega que no tiene la manera de abandonar su negocio porque no puede arriesgarse a perder su seguro social.
Las grandes tabacaleras dominan la industria en San Jacinto, Argentina, de tal manera que las empresas como Philip Morris han cambiado por completo el cultivo del tabaco. Hoy en día, los agricultores se encuentran esclavizados por las empresas que producen y venden los agroquímicos necesarios para desarrollar un cultivo que pueda ser certificado por Philip Morris.
El equipo de filmación logró capturar imágenes dentro de un almacén donde los agricultores acuden a comprar pesticidas. Ahí, había estantes altos con herbicidas, fungicidas e insecticidas alineados en las paredes y todo era manipulado con las manos sin guantes.
Entre los insecticidas había un producto químico fabricado por Bayer llamado Confidor, que contiene los insecticidas clotianidina, imidacloprid, tiametoxam y methiocarb,4 que a excepción de methiocarb, pertenecen a una clase de pesticidas para matar abejas, conocidos como neonicotinoides, y que hace poco tiempo fueron prohibidos en todos los cultivos que se producen al aire libre en Europa.5

Tóxico: una palabra constante en Argentina
Antes de abandonar la región, el equipo de filmación hizo una última parada para visitar a Raul Gómez, de 50 años de edad, quien ha creado una lista de todas las sustancias químicas que ha tenido que manipular en las últimas dos décadas, ahora la mayoría están prohibidas debido a su toxicidad.
A Gómez le preocupa tener almacenadas tales sustancias químicas en su propiedad, ya que muchas son demasiado peligrosas para poder eliminarlas. Según comenta, se le había dicho que alguien vendría para llevárselas, pero nadie acudió, por lo que construyó chozas para almacenarlas. Gomez indica que cree que definitivamente fue un conejillo de indias porque se vio obligado a trabajar con sustancias tóxicas muy peligrosas sin tener conocimiento de las implicaciones para la salud de su familia.
Tanto él como otros agricultores señalan que la pregunta no es si se enfermarán, sino cuándo ocurrirá. Todos en esta región tienen sustancias tóxicas presentes en sus cuerpos, indica, y aunque ahora no lo siente, en algunos años sí lo hará. "Así es como sucede. Las consecuencias ocurren después".
Luego, el equipo de filmación viajó a Posadas, la capital de la provincia de Misiones, donde los médicos consideraron una hipótesis aterradora; es decir que, exposición a los agroquímicos en realidad podría modificar el genoma humano.
Se entrevistaron con el Dr. Hugo Gomez Demaio, de 73 años de edad, jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Pediátrico de Posadas, y el Dr. Mario Barrera, neurocirujano de la Facultad de Medicina del Nordeste (ambas instituciones se encuentran en Buenos Aires). Los médicos están dedicados a destacar y tratar la relación entre la exposición al glifosato y otros agroquímicos con los defectos congénitos causados por el daño en el ADN.
Con los años, Demaio ha sido testigo de un número de niños cada vez mayor que padece malformaciones. "Ya no son solo observaciones empíricas, sino una estadística ineludible que ha elaborado con su sucesor, el Dr. Barrera", indicó el narrador del documental.
El 100 % de estos niños con deformidades graves podría morir antes de los 5 años de edad si no se les realiza una intervención médica, señaló Demaio. El documental presenta a dos niñas que padecen hidrocefalia, un padecimiento relacionado con una anomalía que afecta al cromosoma X. La hidrocefalia es la acumulación de fluidos en las profundidades del cerebro.
El exceso de líquidos presiona el cerebro y daña el tejido cerebral. Los síntomas de la hidrocefalia incluyen una cabeza inusualmente grande, aumento rápido en el tamaño de la cabeza y un área abultada en la parte superior.6

'Ellos obtienen el dinero y nosotros las enfermedades'
Las madres de las dos niñas con hidrocefalia dijeron que estuvieron expuestas a agroquímicos, pero de forma indirecta. Aunque los productos agroquímicos no fueron almacenados en su hogar, indicaron que estuvieron expuestas a ellos por medio de la ropa contaminada de los miembros de la familia que cultivan tabaco. Las mujeres lavan la ropa de los hombres en un arroyo cercano, que también sirve como fuente de agua potable.
Demaio indica que la exposición a agroquímicos podría causar daño genético que puede transmitirse a la descendencia de una persona y causar una modificación en la herencia genética. Barrera explica:
"Aun si todo el entorno local está contaminado, no significa que todos los niños se enfermarán". Pero, cuando el padre está expuesto a herbicidas, son absorbidos por su cuerpo, pueden alterar el ADN y luego pasar esa mutación genética a sus hijos".
Al principio, Demaio y Barrera trabajaron solos, pero pronto otros médicos que habían hecho observaciones similares empezaron a colaborar en su investigación. En 2009, publicaron resultados que demostraban que los abortos espontáneos y defectos congénitos entre los recién nacidos eran seis veces más altos que lo normal, y el cáncer en niños pequeños era cinco veces más común que en cualquier otro lugar.7
Los médicos señalaron que los agroquímicos pasaban de las madres a sus hijos y causaban daños en los primeros 28 días de embarazo, lo que generaba monstruosas deformidades que son difíciles de solucionar.
La expresión más común es mielomeningocele,8 un defecto de nacimiento en la columna vertebral y médula espinal. Es la lesión más grave del sistema nervioso central con la que una persona podría vivir. Demaio indicó que el gobierno argentino se ha negado a escucharlo, por lo que ha dedicado su tiempo a educar a los jóvenes en las universidades, muchos han crecido en familias que cultivan tabaco y cerca de pesticidas, pero saben muy poco sobre estos químicos.
Les dijeron que los agroquímicos eran seguros y necesarios para alimentar a las personas. "Ellos obtienen el dinero y nosotros las enfermedades", expresó Demaio, en referencia a las empresas químicas y ganancias que han obtenido de agricultores desprevenidos, forzados a depender de sustancias químicas.

David contra Goliath: Una batalla con grandes desventajas
El equipo de filmación visitó la oficina en Buenos Aires de los abogados que visitaron a las familias hace cuatro años, quienes nunca hicieron el seguimiento posterior. Allí no estaban muy bien informados sobre el caso, por lo que el equipo de filmación visitó la oficina en Nueva York donde los abogados habían trabajado en el archivo hace años.
Hablaron con Steven J. Phillips de la oficina LLP de Phillips & Paolicelli, que se especializa en defender a los niños de los productos tóxicos. Phillips indicó creer que tenía un caso bien sustentado contra Monsanto y Philip Morris. Monsanto diseñó y vendió glifosato a personas en Sudamérica bajo condiciones en las que sabía que habría mujeres embarazadas mezclando las sustancias químicas.
Monsanto sabía que era extremadamente peligroso, pero de todos modos los vendió y obtuvo grandes ganancias económicas, señaló Phillips. Philip Morris insistió en que los productores cultivasen el tabaco de una manera tan específica que incluyera el uso de glifosato, y si no lo hacían, Philip Morris no compraría el tabaco. Entonces, los agricultores no tuvieron otra opción.
"Si obliga a alguien a actuar de forma riesgosa, lo engaña al respecto, y luego sus hijos son afectados, entonces esa es una razón para llevarlos a los tribunales", indicó Phillips. Si bien, los abogados reconocen que esta podría ser una batalla con grandes desventajas, como del tipo David contra Goliat, también saben que la verdad está de su lado.
A menudo, la verdad prevalece, como es el caso del reciente veredicto de culpabilidad en el histórico juicio contra Monsanto. Un jurado en San Francisco, California, otorgó al demandante Dewayne Johnson US$ 289 millones como compensación por daños y perjuicios, después de determinar que su cáncer era causado por estar expuesto al herbicida Roundup de Monsanto.9 La Asociación de Consumidores Orgánicos (OCA) informó:
"La decisión del jurado fue unánime; Monsanto fue culpable de fabricar y vender un producto que había causado el cáncer de Johnson. Además, la empresa sabía que su producto podría causar cáncer y, sin embargo, ocultó de forma intencional este hecho a Johnson y la población".
Este caso es inquietantemente similar al de los productores y sus familias que sufren por la exposición a los agroquímicos, incluyendo al glifosato, en Argentina. Y los productores de tabaco no son los únicos afectados, hay otra región en Argentina que se ha convertido en el símbolo de la lucha contra los agroquímicos.

Córdoba, la tierra de la soja transgénica
El equipo de filmación viajó a Córdoba, la segunda ciudad más importante de Argentina, y el último destino de su investigación. Córdoba se caracteriza por la siembra de soja transgénica, donde se aplica glifosato por medio de fumigación aérea.
La ciudad está llena de grafitis contra Monsanto. En 2012, se obtuvo un veredicto histórico10 cuando un agricultor y dueño de un avión de fumigación en Córdoba fueron condenados a tres años de prisión por fumigación aérea ilegal. Habían rociado glifosato a menos de 2 500 metros de un área muy poblada.
El documental presenta a la activista anti-agroquímicos, Sofia Gatica, cofundadora de Madres de Ituzaingó,11 un grupo de madres que trabaja para detener el uso indiscriminado de agroquímicos que han intoxicado a los niños de la región. Gatica perdió a su hija pequeña por una malformación renal, y su hijo perdió su capacidad para caminar después de estar expuesto a una fumigación local de agroquímicos.
Gatica es reconocida por su trabajo en el seguimiento de tasas anormales de cáncer, enfermedad renal y otros padecimientos en áreas cercanas donde el glifosato se fumigó a los cultivos de soja transgénica. Las Madres de Ituzaingó realizaron análisis sanguíneos en sus hijos y descubrieron que 3 de cada 4 niños que vivían en su comunidad tenían rastros de agroquímicos en su sangre, incluyendo pesticidas, cromo, plomo y arsénico.
Con la esperanza de obtener ayuda del gobierno, el grupo presentó los resultados ante funcionarios argentinos, quienes les dijeron que solo mejorarían el agua si las familias renunciaban por escrito a su derecho para demandar por la contaminación del agua.
Gatica ha sido amenazada y agredida físicamente en repetidas ocasiones por sus esfuerzos en la lucha contra las empresas químicas. En una ocasión, en 2014, fue amenazada con un arma de fuego y un hombre le dijo que si no dejaba de manifestarse contra Monsanto, le "volaría los sesos".

Los avances hasta el momento
A pesar de la batalla a contracorriente, las Madres de Ituzaingó y otros activistas han progresado mucho. Como informó OCA:12 "En 2008, el presidente de Argentina le solicitó al ministro de salud que investigara el impacto del uso de pesticidas en Ituzaingó.
El Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realizó un estudio y los resultados se corroboraron con la investigación que las madres habían realizado, que vinculaba la exposición a los pesticidas con muchos de los problemas de salud que padecían las personas de la comunidad.
Además, Gatica logró que se aprobara un decreto municipal que prohibía la fumigación aérea en Ituzaingó, a una distancia menor a 2 500 metros de los hogares.
Y también obtuvieron una gran victoria, ya que un fallo de la Corte Suprema de 2010 prohibió la fumigación de agroquímicos cerca de áreas pobladas y modificó la carga de evidencia--ahora el gobierno y los productores de soja deben probar que las sustancias químicas que utilizan son seguras, en vez de que los habitantes tengan que demostrar que la fumigación los enferma".
A pesar de las victorias, las personas que viven en Argentina y otras regiones saturadas con transgénicos y agroquímicos tienen un camino largo y sinuoso que recorrer. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año 3 millones de personas son intoxicadas con pesticidas.13 Pero los agroquímicos valen US$ 40 mil millones por año, y se prevé que alcancen los US$ 308 mil millones para el año 2025.14
¿Acaso las empresas químicas multinacionales sacrificarán sus ganancias para proteger la salud pública? Solo el tiempo lo dirá; sin embargo, probablemente la solución se encuentre en el sistema legal, que ha dado grandes pasos a nivel mundial para proteger a la población de los agroquímicos nocivos.

Las empresas de biotecnología han obtenido poder para controlar al gobierno
No tengo ninguna duda de que los transgénicos y químicos tóxicos que se utilizan en combinación representan una grave amenaza para el medio ambiente y nuestra salud, sin embargo, las agencias gubernamentales lo omiten y se niegan a actuar--y la razón es muy evidente, favorecen los intereses de los gigantes biotecnológicos.
Es bien sabido que existe un tráfico de influencias entre las agencias gubernamentales y empresas de biotecnología como Monsanto. Si se considera la hipocresía de la FDA; en teoría, los Estados Unidos podría tener las leyes de seguridad alimenticia más estrictas a nivel mundial que regulan los nuevos aditivos alimenticios, pero esta agencia ha permitido una y otra vez que los transgénicos y los pesticidas que los acompañan--como el Roundup--evadan estas leyes.
De hecho, el único sustento legal para permitir que los alimentos transgénicos se comercialicen en los Estados Unidos es la afirmación de la FDA de que estos alimentos son inherentemente seguros, una afirmación bastante ridícula.
Los documentos publicados como resultado de una demanda contra la FDA revelan que los propios científicos de la agencia advirtieron a sus superiores sobre los riesgos perjudiciales de los alimentos transgénicos; pero sus advertencias fueron ignoradas.
La influencia de los gigantes de la biotecnología no se limita a los Estados Unidos. En un artículo publicado en junio de 2017, GMWatch reveló que 26 de los 34 miembros del Comisión Nacional Asesora en Biotecnologia Agropecuaria (CONABIA) de Argentina eran ya sea empleados de empresas de tecnología química o tenían importantes conflictos de interés.
Es posible que sepa que Argentina es uno de los países donde los campos de monocultivo de algodón, maíz y soya transgénicos son predominantes. Asimismo, Argentina es un país que enfrenta una destrucción ambiental severa. Los argentinos están plagados de problemas de salud, que incluyen enfermedades degenerativas y deformidades físicas.
Todo parece indicar que la rápida expansión de los cultivos transgénicos y la posterior disminución en los indicadores nacionales de salud están intrínsecamente relacionados.

¡No se deje engañar por los cómplices de la industria!
El descarado intento de las empresas de biotecnología para lograr sus intereses corporativos se extienden mucho más allá de los pasillos de gobierno. Ahora, en un esfuerzo adicional para engañar al público, Monsanto y sus cómplices les suministran celosamente y a cuenta gotas a los científicos, académicos y periodistas estudios cuestionables que los representan de una manera positiva.
Al contratar a "expertos externos", las empresas de biotecnología podrían tomar información de validez dudosa y presentarla como independiente y autorizada. Esta es una práctica vergonzosa que es mucho más común de lo que podría pensarse.
Un ejemplo notable es Henry Miller, quien fue exhibido completamente como cómplice de Monsanto durante la campaña de la Propuesta 37 sobre etiquetado de GMOs en California. Miller, se hizo pasar falsamente por profesor de Stanford, promocionó alimentos transgénicos durante esta campaña. En 2015, publicó un artículo en la revista Forbes que atacaba los hallazgos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, una división de la Organización Mundial de la Salud, después de clasificar al glifosato como un probable carcinógeno humano.
Después de que se reveló que el trabajo de Miller había sido escrito de forma anónima por Monsanto, Forbes no solo lo despidió, sino que también eliminó todo su trabajo de su sitio. Asimismo, la industria cuenta con muchos grupos de fachada. El Proyecto de Alfabetización Genética y el Consejo Americano Sobre Ciencia y Salud son financiados por Monsanto.
Incluso WebMD, un sitio web que a menudo es presentado como una fuente confiable de información de salud "independiente y objetiva", actúa como lacayo de Monsanto al usar su influencia para promover estrategias y productos de salud respaldados por corporaciones, a través de mostrar anuncios publicitarios y editoriales en nombre de Biotech, lo cual puede impulsar la agenda de la industria biotecnológica--todo por el bien de los beneficios monetarios.
Monsanto ha adoptado tácticas engañosas para comercializar sus productos tóxicos, pero la empresa no puede ocultar la verdad; es decir que, la ingeniería genética, de ninguna manera, podrá moldear ni hacer que el mundo sea un lugar mejor para vivir, no resolverá el hambre, no mejorará los medios de subsistencia de los productores y sin duda no será de utilidad para la salud--de hecho podría ser perjudicial.
No hay mejor momento para actuar que AHORA. Y esto es lo que puede hacer. Entonces, la pregunta es, ¿seguirá apoyando este sistema alimenticio corrupto, tóxico e insostenible que Monsanto, sus cómplices de la industria y lacayos hambrientos por obtener ganancias económicas han elaborado minuciosamente?
En gran medida depende de todos nosotros como consumidores, disminuir y destruir el estricto control de Monsanto sobre nuestro suministro de alimentos. La buena noticia es que los vientos han cambiado.
A medida que los consumidores de todo el mundo se vuelven cada vez más conscientes de los problemas relacionados con los cultivos transgénicos, sustancias químicas tóxicas y pesticidas que se utilizan, más personas se niegan proactivamente a consumir estos alimentos. También, ha habido un fuerte crecimiento en los sectores mundiales de alimentos orgánicos y criados con pastura.
Esto solo demuestra una cosa, que podemos hacer la diferencia si trabajamos constantemente con el mismo objetivo. Una de las mejores medidas que puede implementar es comprar sus alimentos a un productor local que tenga una pequeña empresa y utilice diversos métodos que promuevan la agricultura regenerativa.
También, puede unirse a un programa de agricultura asistida por la comunidad (CSA), donde puede comprar un "porcentaje" de los vegetales producidos en granja, para que pueda obtener un suministro regular de alimentos frescos. Considero que unirse a CSA es una inversión poderosa no solo para su propio bienestar, sino también para su comunidad y economía local.
Además, también debe adoptar estrategias preventivas que puedan ayudar a disminuir la contaminación química tóxica que afecta a su cuerpo.
Monsanto y sus aliados quieren hacerle pensar que controlan todo, pero no es así. Somos nosotros, la población, los que tenemos el poder. Trabajemos todos juntos para derrocar el poderío de la industria de biotecnología. Recuerde--que todo comienza con hacer compras inteligentes y realizar las mejores compras de alimentos para usted y su familia.
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Historico: primer Juzgado Ambiental judicial del país



María Laura Flores, la primer juez ambiental de Jujuy y el País

Fecha de Publicación
: 11/03/2019
Fuente: Página Central
Provincia/Región: Nacional - Jujuy


La Juez de Primera Instancia del Juzgado Ambiental, Dra. María Laura Flores, asumió su cargo en una ceremonia realizada en el Superior Tribunal de Justicia.
El acto fue presidido por los jueces Clara Aurora De Langhe de Falcone – presidente –, Federico Francisco Otaola, Sergio Ricardo González y Pablo Baca.
La nueva magistrada, que prestó juramento de ley, fue posesionada en el cargo por la Dra. Clara de Falcone, y tiene a su cargo el primer y único Juzgado Ambiental judicial del país, el cual fue creado en el marco de la Reforma de la justicia provincial, que se inició en diciembre de 2015.
En la ceremonia estuvieron presentes la Fiscal General Adjunta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Aída Elena Dajer; el ministro de Seguridad de la Provincia, Dr. Ekel Meyer; la ministra de Ambiente de la Provincia, María Inés Zigarán; la presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Dra. Norma Issa; jueces y funcionarios judiciales; e integrantes del Tribunal de Evaluación de los Concursos para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.
En nombre del Superior Tribunal de Justicia, la Dra. Clara de Falcone dio la bienvenida a la nueva jueza al Poder Judicial y la instó a cumplir su tarea con compromiso, dedicación y capacitación permanente, resaltando la responsabilidad que le cabe a la Dra. Flores por las problemáticas ambientales sobre las que deberá resolver.
Los dos Juzgados Ambientales, creados por Ley Nº 5899/2015, son órganos jurisdiccionales especializados con competencia en materia ambiental; se ocuparán de los amparos ambientales; los juicios ordinarios por reparación y/o remediación de daños ambientales, incluida la faz resarcitoria privada; los procesos cautelares ambientales; y todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental y/o regidos por legislación específica vinculada al ambiente.
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Anulan absoluciones por contaminación (nuevamente)



Por segunda vez, anulan absoluciones por contaminación ambiental

Fecha de Publicación
: 09/03/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tucumán


La causa involucra a los dos socios propietarios de la SRL que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad. Se les reprocha envenenar el territorio y el aire circundante a una finca tucumana donde se vertían sustancias sin tratamiento
Por segunda vez, la Sala I de la máxima instancia en lo penal del país anuló las absoluciones de los dos socios propietarios de la empresa Azucarera del Sur SRL, que explotaba el Ingenio y Destilería La Trinidad, por contaminación ambiental.
El tribunal sentenció en línea con el recurso presentado por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
A los encartados se les reprocha adulterar y contaminar el territorio y el aire circundante a una finca donde se vertían sustancias sin el correspondiente tratamiento.
La causa comenzó en febrero de 2007, a raíz de un pedido para que se investigara si los responsables del ingenio infringieron la Ley de Residuos Peligrosos (24051).
En ese contexto, en agosto de ese año se dispuso el allanamiento del establecimiento, ubicado en el sur tucumano, y se tomaron muestras de agua que evidenciaron la presencia de agentes contaminantes.
Además, se determinó que los dueños permitieron el vertido de residuos industriales y fabriles como vinaza y despojos derivados del tratamiento de la caña de azúcar, y su circulación por el canal a cielo abierto Monteagudo, hasta ingresar en la estancia Austerlitz -alquilada por la firma-, donde se acumulaban en un piletón denominado Laguna del Sacrificio. En tanto, se constató que ante el desborde de ésta se producían filtraciones por sus paredes y se formaban canales que, tras recorrer diversas fincas, desembocaban en el río Chico o Medina, afluente de la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce.
Finalmente, se imputó a los empresarios por violentar lo dispuesto por los artículos 55 y 57 de la ley 24051.
Sin embargo, en junio de 2015, el Tribunal Oral Federal de Tucumán los absolvió, lo que motivó el recurso del fiscal General interino Pablo Camuña.
Al resolver la cuestión, en noviembre de 2016, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la anulación del decisorio y el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento acorde a las pautas establecidas. Sin embargo, en agosto de 2017, desoyendo lo dispuesto oportunamente por la Casación, el a quo volvió a desvincular a los acusados sin fundar qué circunstancias lo llevaron a concluir que la contaminación de las aguas no ponía en peligro la salud.
Paralelamente, no subsanó la carencia de fundamentación de la primera sentencia absolutoria sino que sus falencias fueron reeditadas.
Ahora, con nueva integración, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a intervenir en el caso y anuló el segundo fallo, al considerar que el tribunal dictó una sentencia definitiva sin realizar un nuevo juicio, acto procesal que -en las particulares circunstancias del caso- constituía su presupuesto ineludible. En su voto, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar sostuvieron que tal proceder vulneró los principios de inmediación y concentración procesal, lo que evidenció una causal de nulidad absoluta de la decisión cuestionada.
Además, argumentaron que no es posible conocer de qué manera los vocales del tribunal inferior generaron convicción para decidir en el sentido que lo hicieron sin haber tenido contacto con la prueba, porque no surge de las actuaciones que existan registros fílmicos del debate desarrollado o que los hayan visto en forma previa a sentenciar.
Después de recordar que no se admite el dictado de un fallo sin la celebración de la audiencia de debate, anularon el decisorio recurrido y ordenaron que con la celeridad que el caso impone se lleve adelante un nuevo juicio y se dicte un pronunciamiento con sujeción a los lineamientos que fijaron.
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Denuncian desmonte de 1600 hectáreas en Chaco



El Centro Mandela denunció nuevo megadesmonte en una zona protegida del Chaco

Fecha de Publicación
: 09/03/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


Al igual que en la Estancia Monterrey, cuya portentosa tranquera está sobre la ruta interprovincial entre Chaco y Santiago del Estero, la Dirección de Bosques también otorgó un permiso de desmonte de más de 1600 hectáreas, a tala rasa, para ampliar la frontera agrícola transgénica en un campo ubicado en zona protegida (Amarilla, Categoría II), denunció la organización que coordina el abogado Rolando Núñez
Según informó el Centro Mandela, el nuevo permiso se ejecutó en el campo La Fabiana, que tiene una superficie total de 2.449 hectáreas. Está ubicado en la Parcela 35, Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. Según el Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN), todo el desmonte se produjo en Zona Amarilla. Este predio está ubicado a diez kilómetros lineal del Establecimiento Monterrey.
Allí, se desmontaron 1.679 hectáreas a través de la aplicación del “amañado y generalizado Plan de Aprovechamiento de Cambio de Uso de Suelo”, que justamente es el mecanismo que vienen cuestionando severamente Greenpeace y las organizaciones chaqueñas que se nuclearon en el espacio llamado “Somos Monte Chaco”.
La autorización para desmontar, que irregularmente otorgó la Dirección de Bosques, fue ordenada por Disposición Nº PF0191/17, Permiso 0531004896, que en los papeles favoreció a Marcos Andrés Maggi, siendo el técnico responsable Víctor Hernández. La empresa de desmonte fue la de J. Collado. Intervino la Oficina Forestal de Los Frentones, una de las tantas que viene siendo cuestionada el Centro Mandela en lo relacionado a los otorgamientos de permisos de desmontes en zona protegida.

Otras irregularidades
Las irregularidades denunciadas por el Centro Mandela no se limitan a la autorización desmonte encubierto en una zona prohibida, sino que vienen desde antes con quién sería el actual titular del predio. Según revela, la Estancia La Fabiana aparece a nombre de Maggi pero todo el campo era fiscal. En ese sentido, precisa que “el Instituto de Colonización lo adjudicó en venta a Fabiana Mariela Brauer y, después, apareció el negocio inmobiliario rural, en primer término, para luego desmontar y hacer chacra. Este caso, al igual que otros, es un típico negociado de tierras fiscales en plazo corto”.
De acuerdo a lo consignado por la institución que coordina el abogado Rolando Núñez, con posterioridad a la adjudicación de las tierras públicas a Brauer, no existieron compraventas posteriores o transferencias compulsivas del campo registradas a favor de terceros, según la matricula llevada por el Instituto de Colonización. “Si hubieran querido blanquear la o las operaciones de venta del campo, no hubiera sido posible ese trámite de nueva inscripción o inscripciones porque está prohibido hacerlo hasta el 2024, diez años desde la titularización del predio a favor de la adjudicataria, Fabiana Mariela Brauer, según las pautas legales que maneja Colonización”, remarca.
De acuerdo a constancias judiciales, había pasado poco más de un año desde que las tierras fueron adjudicadas a Brauer hasta que repentinamente aparecieron tres “usufructuarios”, Marcos Andrés Maggi, Valeria Mercedes Del Bianco y Mary Isabel Pagnan. El que aparece en el cartel al lado de la tranquera de La Fabiana es Maggi, quien se benefició con la recategorización del predio a través del Plan de Aprovechamiento de Cambio de Uso de Suelo, para que poco después obtuviera un permiso de desmonte entregado por la Dirección de Bosques para deforestar 1.679 hectáreas en su campo.
El expediente administrativo E5-2015-1428-E, que desembocó en el permiso de desmonte, fue iniciado en la Delegación Forestal Sáenz Peña de la Dirección de Bosques el 8 de septiembre de 2015. El desmonte fue autorizado en 2017, pese a que desde abril de 2014 Brauer era la adjudicataria del Instituto de Colonización y la única que podía tramitar tanto la recategorización como el pedido de desmonte.
El Centro Mandela subrayó que, paralelamente, desde el 17 de octubre de 2016, Maggi inició una ejecución hipotecaria (Expte. Nº 958/16) contra Brauer para cobrarle 750.000 pesos que supuestamente le adeudaba. El juicio se inició ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Sáenz Peña. Brauer reconoció la deuda y se allanó total e incondicionalmente ante la pretensión del demandante. El 9 de agosto de 2018 el campo fue subastado. En el remate los compradores se quedaron con el campo por una cifra que no figura en el sistema informático del Poder Judicial. Tales compradores son socios Compañía de Insumos y Granos S.A. de Córdoba, que está dedicada a los mega-agronegocios y son comprovincianos de Maggi.
De acuerdo a la investigación del Centro Mandela, en el edicto de publicación del remate  Maggi aparece “como usufructuario a título oneroso desde una fecha que puede presumirse que era anterior a la iniciación de la ejecución. De hecho, la solicitud de Maggi para obtener el cambio de uso de suelo del campo (recategorización) y luego desmontar para habilitar chacra comenzó en diciembre de 2015, poco después de que el Instituto de Colonización le otorgara el título de propiedad Brauer, con lo cual han violado las pautas legales que debe aplicar Colonización que viene funcionando bajo numerosas irregularidades por decisiones que toma o por las que deja de disponer, lo que provoca un extraordinario daño patrimonial del último activo colectivo que le queda a los chaqueños, que son las tierras y los montes fiscales”.
Según conjetura el abogado Rolando Núñez, Bauer y Maggi se habrían puesto de acuerdo para que el último y sus restantes socios “tomaran posesión del campo como “usufructuarios” y dispusieran del mismo, para luego solicitar la recategorización del predio y lograr el permiso de desmonte dado por la Dirección de Bosques, que luego posibilitó desmontar 1.679 hectáreas desde abril de 2018 para explotar allí una chacra de cultivos transgénicos.
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Desmontes en Chaco y planteos de ONGs



Suspensión de desmontes: el Ejecutivo recibió planteos y aportes de ONGs en Buenos Aires

Fecha de Publicación
: 04/03/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


El ministro del área, Martín Nievas, mantuvo un encuentro con distintas organizaciones ambientalistas del país para trabajar en acciones de preservación del bosque nativo chaqueño, a partir de la decisión del gobernador Domingo Peppo de suspender los desmontes.
El ministro de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica, Martín Nievas, acompañado de la secretaria de Inversiones, Asuntos Internacionales y Promoción María Elina Serrano, mantuvo este miércoles una reunión con distintas ONG nacionales para trabajar en conjunto sobre lineamientos a futuro para la preservación de los bosques nativos, en base a la decisión del gobernador Domingo Peppo de suspender los desmontes en la provincia.
Reunidos en la Casa del Chaco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el funcionario fue receptor de agradecimientos por parte de las organizaciones debido al espacio de diálogo que se generó. En ese sentido, resaltaron con creces la decisión del mandatario de derogar los permisos de desmontes que estaban vigentes, al punto de considerarlo un modelo a seguir para otras provincias.
El mismo decreto establece que se realicen estos espacios de intercambio, buscando recibir todos los aportes, las recomendaciones y las críticas de dichos espacios ambientalistas en post de mejorar la preservación de los bosques nativos, como así también en modificar y actualizar el nuevo Ordenamiento Territorial que hace a la Ley de Bosques.
“Ha ido una muy buena reunión, en la que me voy con el compromiso de generar una comisión de seguimiento, para que ellos, de manera online, puedan ir viendo cuáles son los avances y al mismo tiempo puedan seguir realizando aportes referidos a este tema, para que no se agoten solo en reuniones”, indicó Nievas.
Además, el compromiso también se extendió en la revisión de todos los permisos otorgados de desmonte, las cuales fueron suspendidas por el decreto. Cada una de dichas aprobaciones será de nuevo juzgada bajo las apreciaciones que se deriven de la fiscalización pertinente como también de estos aportes recabados de las ONG.
En el encuentro, dijeron presente representantes de la Fundación Vida Silvestre, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Sustentabilidad Sin Fronteras, Bosques Nativos Argentinos y el Foro Gualamba, entre otros.
“Todos ellos han dejado en claro la postura de que no están en contra del desarrollo productivo de nuestra provincia, sino que quieren aportar en los nuevos métodos que se conjugarán para construir una panorama armónico entre estas cuestiones. Por eso fue una decisión acertada y valiente la del gobernador la de suspender los desmontes para generar estos espacios”, aportó el ministro.
Por último, Nievas resaltó la importancia de hacer cumplir la reglamentación existente, y para ello trabajará en construir formas efectivas de aplicarla. “Nosotros, junto con Dirección de Bosques de Nación, estamos abocados a mejorar y volver mucho más eficiente el sistema de monitoreo satelital, para poder en tiempo real estar en el territorio al momento del hecho. En segundo lugar, buscamos que las infracciones detectadas sean inflexibles, y que se multe tanto económicamente como también en obligar al infractor a reforestar”, concluyó.
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Acumar cambia otra vez de presidente, sin grandes avances



Riachuelo: la Acumar tendrá nuevo presidente

Fecha de Publicación
: 02/03/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo


La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) tendrá un nuevo presidente, el quinto desde que asumió Mauricio Macri en 2015. Se trata de Lucas Figueras, un hombre cercano al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cartera de la que depende el organismo.
Dorina Bonetti, quien era la titular, seguirá como directora ejecutiva del organismo encargado del plan de saneamiento del Riachuelo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2008. "La dirección de la gestión seguirá como hasta el momento", indicaron en el organismo consultados por Infobae.
Los cambios en la Acumar comenzaron a fines del año pasado cuando Interior o sus dependencias fueron absorbiendo funciones y controles sobre distintos programas de la entidad.
En el Cuerpo Colegiado, que debe velar por el cumplimiento del fallo de la Corte que ordenó el saneamiento del Riachuelo, lo ven como una virtual intervención: "Si Interior también tiene control sobre Aysa, que es la empresa que ejecuta parte de ese préstamo en la obra de los colectores cloacales, concentra más poder y deja con menos libertad a Acumar. Nosotros celebramos que la obra avance (colectará las cloacas de 4,5 millones de personas y dejarán de caer al río), pero no sólo eso es el saneamiento", indicó a Infobae Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Nápoli se refiere a la obra que el gobierno nacional ha tomado como insignia que es financiada por el Banco Mundial por 840 millones de dólares. Se trata de los colectores cloacales que luego descargarán en el Río de la Plata. Allí hace algunas semanas Macri celebró su cumpleaños: "Ya llegamos a la mitad. Esta obra avanza a razón de 30 metros o más de túnel por día. Parte del cambio tiene que ver con que las obras hay que hacerlas si son importantes para la gente, no si se ven o no cuando terminan", dijo el Presidente.
"Esta obra no se va a ver. El caño está 40 metros debajo del lecho del Río de la Plata. Pero uno tiene que trabajar resolviendo los problemas de base. Un país donde todos los argentinos no tienen cloacas no tiene igualdad de oportunidades", sostuvo.
La obra completa, según los plazos previstos por la administración, culminará en 2023. Y será uno de los ejes de campaña.
"Vemos muy poca eficiencia en estos casi cuatro años de gestión y que faltan muchos puntos por atender a lo que se suma el desfinanciamiento por los recursos que se destinan a Acumar", aseguró Nápoli.
Un trabajo de FARN analizó el ejercicio presupuestado para este año e indica que, a pesar de la inflación, las partidas no han aumentado; excepto las que tienen que ver con la ejecución del empréstito. "Según los datos del presupuesto 2019, el único monto que se incrementa para Riachuelo serán los gastos vinculados a las obras en la cuenca comprometidas con el BIRF, que respecto a este año se incrementarían en un 44%. Sin embargo, al quitar el efecto de la inflación proyectada (del 23%), el incremento real es de un 28%".
Por su parte, en cuanto a las partidas presupuestarias financiadas por el Tesoro Nacional, los montos son similares para 2019 respecto de 2018. Esto implica que en términos reales implica una reducción del 23% de la inflación proyectada para 2019, detalla el análisis de la ONG.
El trabajo sostiene que la Acumar tiene una asignación presupuestaria de $810 millones, que a pesos constantes del 2018 serían $623 millones. Según datos del Presupuesto Abierto, el presupuesto inicial para 2018 era de $950 millones, sin embargo, el vigentes es de $550 millones (datos aproximados), lo que implica una reducción del 40%.
Las obras que se detallan para este año son los mismas que figuraban como objetivos para el año pasado: las obras de saneamiento del colector y varias en partidos bonaerenses y el plan de salud.
"Hay claramente varias deudas del plan de saneamiento: no se menciona al Polo Petroquímico de Dock Sud; con los basurales a cielo abierto y su erradicación sigue el pase de pelota entre los municipios y Acumar y nadie resuelve y claramente falta el control industrial que no se menciona en ningún lado", agregó Nápoli quien también sostuvo que desde el Cuerpo Colegiado creen que sería necesario continuar con las audiencias públicas por parte de la Corte y haya un mayor involucramiento de la justicia en la causa.
Otra de las grandes deudas del plan tiene que ver con la mudanza de las personas que viven en el camino de sirga, proyectos que están muy demorados. También la atención y seguimiento de los vecinos que presentan síntomas y enfermedades relacionadas con la contaminación.
La Acumar tiene un alto nivel de volatilidad institucional, tuvo ocho presidentes en su poco tiempo de existencia. Sólo durante la última gestión estuvieron al frente Amílcar López, Julio Torti, Gladys González y Bonetti.
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Continúan los desmontes ilegales en Chaco



Greenpeace denuncia que siguen los desmontes ilegales en El Impenetrable

Fecha de Publicación
: 27/02/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


Hace pocas semanas, el gobernador Domingo Peppo firmó el decreto 298/19 (1) que derogó los permisos de desmonte en bosques nativos. Esta semana, Greenpeace fiscalizó el departamento de Almirante Brown, al este de la provincia y colindante con Santiago del Estero, y comprobó el avance de las topadoras.
A través de un comunicado, la organización dio a conocer que detectó días atrás el avance del desmonte a través del monitoreo de imágenes satelitales, por lo que se hizo presente en el lugar.
El desmonte que sería ilegal pertenece al establecimiento Monterrey, que se encuentra ubicado en El Impenetrable chaqueño y abarca cerca de 5.700 hectáreas. Actualmente llevan desmontadas más de 750 hectáreas de bosque protegido.
“Estos bosques nativos están clasificados en la Categoría II – amarillo del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos del Chaco y es lindera al Parque Nacional Copo (Santiago del Estero) y la Reserva Provincial La Pirámide (Chaco)”, recordó la organización.
Este caso fue denunciado en un informe de la organización presentado en diciembre pasado (2 y 3). Esta finca, junto a otras recategorizadas, se encuentra sobre la zona delimitada como corredores de conservación del Gran chaco.
“Al permitir esta destrucción, el gobernador Peppo, está poniendo en grave peligro al Parque Nacional Copo, que alberga una gran biodiversidad. Está en sus manos cancelar la ejecución de los desmontes en las fincas recategorizadas y avanzar en un plan de restauración de los bosques ilegalmente desmontados.  No hay otro camino que respetar la ley de bosques”, sostuvo Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según exponen desde la ONG, el desmonte se encuentra en una zona de amortiguación del Parque Nacional. “Esta es una zona lindante al Parque Nacional Copo, y debe respetarse. Las máquinas están matando al bosque a muy pocos kilómetros, perforando esta zona del Corredor del Gran Chaco”, agregó Cruz.
Greenpeace advierte a su vez, serias consecuencias en la fauna autóctona. Especies que habitan el Impenetrable están en peligro, como es el caso del Yaguareté. Quedan menos de 20 ejemplares en la región chaqueña. También la zona alberga al tatú carreta y al oso hormiguero, entre otros; todos ellos en peligro.
El 28 de enero, el gobernador del Chaco firmó el decreto que derogó los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspendió el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia.
Greenpeace destacó la medida, pero reclama que aún no fueran cancelados los permisos otorgados y que tampoco se dispuso un plan de reforestación para los desmontes ya ejecutados.
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Más acciones legales por la contaminacion en Nahuel Huapi

Odarda se suma a la querella para frenar contaminacion en Nahuel Huapi
 
Fecha de Publicación: 27/02/2019
Fuente: Agencia APP
Provincia/Región: Río Negro


La senadora Magdalena Odarda, desde su carácter de co-promotora del último amparo por el vertido de líquidos cloacales al Lago Nahuel Huapi, se presentó ante el Ministerio Público Fiscal de San Carlos de Bariloche junto al Legislador Alejandro Ramos Mejía y los abogados patrocinantes,  Darío Rodríguez Duch, Jorge Olguin, Horacio Brucellaria y Karina Chueri, luego de lo cual mantuvieron una reunión con el Fiscal de Cámara Dr. Martín Lozada y el Fiscal Guillermo Lista, a cargo de la referida causa, a fin de sumarse a la querella iniciada por la co amparista Ana Wieman y de brindar continuidad a la investigación propuesta en la referida causa, hasta tanto se esclarezcan las responsabilidades penales en que pudieran haber estado comprometidos los funcionarios intervinientes en relación con el último vuelco de efluentes al Lago Nahuel Huapi durante los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2018.
Luego de haber presentado en diciembre pasado, junto a la militante ambientalista Ana Wieman, la acción de amparo que derivara en la medida cautelar dispuesta por el Juez Rubén Marigo para frenar en el futuro el vuelco de los residuos cloacales en crudo al Lago Nahuel Huapi; y habiéndose dispuesto la remisión de las actuaciones a las fiscalías provincial y federal para investigar la posible comisión de delito ambiental y de incumplimiento de deberes de funcionario público, la Senadora Magdalena Odarda hizo efectiva su presentación como querellante en las nuevas actuaciones iniciadas.
A través de la referida medida cautelar, el Juez Rubén Marigo hizo lugar al planteo de las amparistas al ordenar a la Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda a que “cese el volcado de líquidos crudos al Lago Nahuel Huapi iniciado el día 10 del corriente, hasta tanto acredite la existencia de otro método que evite el daño ambiental que provoca dicho volcado o la existencia de una evaluación de impacto ambiental efectuado por una institución independiente y especializada”, si bien la medida llegó en la última etapa del proceso, finalmente se dispuso el traslado de la causa principal a la justicia federal para continuar con el planteo de fondo.
A través del seguimiento en la querella de la causa penal iniciada, se brindará continuidad al reclamo de las amparistas y vecinos, a fin de encontrar y sancionar a los responsables de la permanente contaminación que viene realizándose sobre el Lago Nahuel Huapi, poniendo en ejecución el derecho de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano y de acceder al agua potable en condiciones de salubridad.
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La 7.722 mendocina nuevamente en la Corte Suprema



El reclamo por la 7.722 llegó a la Corte de la Nación

Fecha de Publicación
: 21/02/2019
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza


Doce años después de su sanción, la ley “antiminera” (7.722), sigue dando que hablar en el ámbito de la actividad. Ahora, la acción de inconstitucionalidad presentada en 2007 por la minera San Jorge deberá ser analizada por la Corte Suprema de la Nación, que deberá decidir si acepta revisar la norma que el tribunal local declaró constitucional.
La minera San Jorge, cuyo proyecto de extraer oro y cobre en Uspallata quedó trunco desde el 2008, presentó un recurso extraordinario federal para habilitar una revisión en la Corte Suprema de la Nación. Esa acción había sido rechazada, sin embargo tras un nuevo recurso de queja en la Corte Suprema, el caso tomará relevancia nacional.
Teniendo en cuenta que en Mendoza la norma fue declarara constitucional por el máximo tribunal local, la Corte Suprema es la última instancia que tienen la empresas para reclamar.
Según explicó el presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), Raúl Rodríguez, el máximo tribunal local “no tiene nada más que hacer porque resolvió a favor de la ley”, explicó. Es por eso que para que la causa quede en manos de la nación, la Suprema Corte debe remitirle los antecedentes para que decidan si se abocarán a una revisión de la ley o no.
Hay que recordar que en 2015, el máximo tribunal local ratificó por unanimidad la constitucionalidad de la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería.
Entre los planteos que hizo San Jorge para pedir la inconstitucionalidad están los primeros artículos de la ley entre los que se prohíbe el empleo de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la actividad minera metalífera. Además cuestionaron la exigencia de la adecuación de las actividades en curso a las nuevas disposiciones de la 7.722 y la intervención del Poder Legislativo para la ratificación posterior de la Declaración de Impacto Ambiental.
Tras el rechazo que generó el proyecto, los accionistas de la empresa en 2016 presentaron otro plan alternativa para extraer el cobre y el oro en Mendoza pero luego trasladarlo y procesarlo en San Juan. En 2017 el gobierno resolvió rechazar el informe de impacto ambiental de San Jorge y según manifestó Rodríguez el año pasado presentaron un nuevo informe.

Nuevo estudio de impacto ambiental
Sobre el caso de San Jorge, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, explicó que la empresa presentó un nuevo estudio de impacto ambiental con mejoras respecto del anterior que había sido rechazado.
Ahora la tarea del Ejecutivo es estudiar la manera en que se va a analizar la información y este proceso tendrá al menos una demora de seis meses.
En cuanto al proyecto de la minera, se apunta a la extracción y procesamiento en la provincia a través del proceso de flotación, que no utiliza ácido sulfúrico, cianuro, ni mercurio ni sustancias tóxicas. En total la inversión prevista es de 600 millones de dólares.
“Presentaron el nuevo estudio de impacto ambiental y se resolverá la evaluación que se le dará al estudio cumpliendo leyes y decretos”, concluyó Guiñazú.
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Un basural salteño bajo la mirada de la justicia



Los vecinos y el río, en la mira judicial

Fecha de Publicación
: 20/02/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


El juez consultó por la distancia del vertedero al barrio Justicia y el Arenales.
Durante la inspección ocular por la causa que iniciaron vecinos del vertedero contra Agrotécnica Fueguina y la Municipalidad por contaminación, el juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, consultó específicamente por las distancias.
"¿A cuánto está del barrio Justicia?", consultó el juez. "A 450 metros", indicó Julio Cabral, coordinador de Servicios de Agrotécnica Fueguina.
El Tribuno publicó el año pasado un informe en el que varios vecinos del barrio Justicia contaron que sufren enfermedades en la piel, incluso varios niños mostraron partes del cuero cabelludo peladas, donde no les volvió a crecer el cabello. También aseguraron que no pueden respirar por el mal olor, que es casi cotidiano y los obliga a quedarse adentro de sus casas.
"El olor, ¿es así siempre o en días de calor es más fuerte?", preguntó Domínguez. "Sí, es fuerte, pero hay que tener en cuenta que está la planta de líquidos cloacales", indicó Cabral. "El olor es de la basura, sé diferenciar entre un olor y otro", salió al cruce Jorgelina Fanco, vecina del barrio Solidaridad y una de las denunciantes en la causa.
El magistrado también consultó por la distancia de las trincheras que funcionan hoy en el vertedero hasta el río Arenales. Cabral indicó que son "300 metros".
La cercanía al río fue cuestionada la semana pasada por la concejal del Partido Obrero Cristina Foffani durante su visita al vertedero. En esa oportunidad Alberto Soria, director de Inspección y Certificación de la Secretaría de Ambiente Municipal reconoció que, si logran ubicar la trinchera cinco donde la proyectan, el depósito quedaría "en algunos tramos, a cuatro metros del río".

Líquidos lixiviados
"Vuelvo a insistir, ¿lo más peligroso de todo son los lixiviados? Sí, soy recurrente con los lixiviados", reconoció Domínguez tras las diferentes consultas que realizó sobre los afluentes que salen de la basura depositada en las trincheras. El juez se detuvo en diferentes oportunidades en este punto.
"¿Cómo llegan hasta la pileta?", preguntó. "Tenemos un camión atmosférico que, por el estado de los caminos, no está funcionando. Tenemos una bomba instalada en el módulo tres y tenemos una cañería desde el módulo dos que va a la pileta de homogeneización", contestó Cabral.
Domínguez consultó además sobre si el líquido que emanan las pilas también terminan allí. La respuesta fue positiva de parte de la empresa, pero Gastón Galíndez, secretario de Ambiente Municipal, intervino y advirtió que "no hay tratamiento en ningún basural, en ninguna parte del planeta".
En este punto, los vecinos pidieron ir hasta la "laguna" de líquidos lixiviados que está en la trinchera dos, que se clausuró en el 2011. "Cuando tengamos la ampliación de la planta de tratamiento vamos a procurar traer todos los líquidos que tenemos acá. Aún están ahí, eso demuestra que el suelo es impermeable", resaltó Cabral.
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