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Entre Ríos: obligan a dar información por arena para fracking

 


Ordenan a la Provincia informar sobre la extracción de arena para fracking

Fecha de Publicación: 25/01/2021
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a una solicitud de acceso a la información ambiental presentada por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, que solicitó saber si hubo estudios de impacto ambiental y audiencias públicas en los proyectos de extracción de arena silícea con destino a la explotación petrolífera de Vaca Muerta.
La resolución tomada por la Justicia fue en el marco de un amparo interpuesto por los administradores de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy y un grupo de vecinos que temen por efectos contaminantes en la extracción de arena silícea.
El material es extraído en esa zona al sur de la provincia, a 363,7 kilómetros de Paraná, y es utilizada para la extracción de hidrocarburos bajo el polémico sistema de fractura hidráulica –fracking– en los yacimientos de Vaca Muerta en la cuenta neuquina.
La resolución fue emitida este lunes 18, en el marco del legajo “Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos LTDA c/ Gobierno de la Provincia de Entre Ríos-Secretaría de Ambiente-S/Acción de Amparo”.
En rigor, el fallo confirmó la sentencia emitida emitido en primera instancia, el 24 de diciembre de 2020, por el juez subrogante de Villa Paranacito, Abel Alfredo Rodríguez, quien hizo lugar a la pretensión de la Cooperativa de acceder a información ambiental.
En su resolución, el magistrado había declarado abstracto el pedido de información sobre el establecimiento minero «El Mangrullo», propiedad de Yacimiento Petrolíferos Fiscales SA (YPF), puesto que el Estado hizo pública la información en una plataforma digital. Fue el único punto que respondió el Estado cuando la Cooperativa requirió información por la vía administrativa.
En tanto, el magistrado hizo lugar a lo solicitado en cuanto a las demás explotaciones que se encuentren instaladas y/o a instalarse en el departamento Ibicuy, para lo cual otorgó a la administración 30 días de plazo para dar información.
Sin embargo, el fallo no se cumplió inmediatamente porque la Fiscalía de Estado, a través de su fiscal adjunto, Sebastián Trinadori, apeló. Entre otros planteos, pidió que la vía del amparo sea declarada inadmisible ya que la petición todavía estaba tramitándose en el ámbito administrativo.
Por el contrario, la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, a través de su apoderado Ricardo José Luciano, reiteró que la instalación en el Departamento Islas del Ibicuy de areneras y canteras de arena preocupa a los administradores de la Cooperativa por los probables efectos contaminantes como así también por la profundizaciones de las napas de agua que por el uso de determinadas prácticas, insumos, técnicas y ausencia de prevención y control, que dichas explotaciones pueden llegar a producir.
Según el documento al que accedió Entre Ríos Ahora, refirió que esa preocupación es compartida por la comunidad de Ibicuy, y contó que junto a vecinos autoconvocados se reunieron con investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quienes aconsejaron la realización de estudios técnicos sobre diferentes aspectos de las explotaciones areneras en la zona, como así también del impacto ambiental que la actividad produce.
En los argumentos para solicitar la información ambiental, explicó sobre la utilidad de la arena sílica -mineral extraído por las areneras y de las canteras situadas en la zona de Ibicuy- para la industria petrolera y particularmente con destino al yacimiento denominado «Vaca Muerta», ubicado en la provincia de Neuquén. La arena se utiliza para el fracking, técnica de fractura hidráulica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
Además, señaló que las prácticas que se realizan para la extracción de arena pueden generar efectos nocivos para la salud humana y los ecosistemas, debido a que producen tanto la volatilización del sílice generada a consecuencia de la extracción de arena sílica por las areneras y canteras, como los producidos por su lavado que efectúan utilizando químicos denominados flucolantes.
El Superior Tribunal de Justicia, de feria, integrado por Bernardo Salduna, Marcelo Baridón y Andrés Manuel Marfil, finalmente confirmó la sentencia de primera instancia este lunes 18.
“Entiendo que con toda razón asiste derecho a la Cooperativa a indagar la información tenida en cuenta por la administración para categorizar a la actividad arenera y consecuentemente exigir o no el estudio de impacto ambiental como así también informarse sobre los resultados del mismo; en la medida en que indudablemente por tratarse de probables efectos nocivos sobre el agua para consumo humano, constituye información de interés público”, dijo Salduna en el voto que comandó el fallo, y al que accedió Entre Ríos Ahora.
Enseguida, recordó que la Cooperativa intimó mediante carta documento a la Secretaría de Ambiente a que brinde la información el 2 de octubre de 2020, y que, ante la falta de respuesta, se interpuso un amparo invocando el artículo 8 del Régimen de Libre Acceso a Información Pública Ambiental.
Más adelante, destacó que el amparo debe prosperar porque se dan dos situaciones: por una lado, la Constitución provincial, en su artículo 13, contempla la obligación de responder toda requisitoria sobre información pública; y por otro que las explotaciones areneras denunciadas se encuentran en una zona geográfica que el Estado de la Provincia de Entre Ríos declaró por ley 9718 «Área Natural Protegida», lo que obliga a la administración a integrar la conservación y el uso sostenible del área; a proteger el ambiente natural, los ecosistemas y particularmente los cursos de agua; a conservar los recursos genéticos y minimizar la erosión de los suelos, entre otros objetivos.
De ese modo, se condenó al Estado provincial a que en el plazo de 30 días hábiles administrativos brinde la información respecto de los establecimientos mineros areneros y canteras de arena instaladas y/o a instalarse y en trámite de instalación en el Departamento Islas del Ibicuy -a excepción del establecimiento minero «El Mangrullo» propiedad de YPF S.A-.
En su respuesta, el Gobierno deberá dar información sobre los siguientes puntos peticionados específicamente por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy:
– 1) Si las plantas extractadoras de arena radicadas en Ibicuy han cumplimentado con lo ordenado en los artículos 11 -obligatoriedad del procedimiento de evaluación ambiental-; 12 -declaración jurada sobre el impacto o no de la actividad y decisión administrativa si corresponde o no estudio de impacto ambiental-; y 13 -contenido del estudio de impacto ambiental- de la ley General de Ambiente N° 25.675;
-2) En relación al floculante utilizado brinde la siguiente información: a) Qué floculante se usa; b) Cantidades; c) Tratamiento del efluente; d) Qué tipo de piletas para el tratamiento de efluentes son utilizadas; e) Dónde y en qué cantidades por arenera por día se descarta floculante en los efluentes; f) Quién es el encargado de fiscalizar el destino de los efluentes, y con qué periodicidad se realizan los controles;
-3) Si dispone algún estudio sobre el impacto ambiental producido por la extracción de arena, cambio en la geografía por las fosas/cavas que quedan producto de la extracción, como así también si hay alguna exigencia de re forestación en las mismas, y si se realizan cuidados sobre la flora autóctona después de producidas las cavas.
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Gobierno de Salta convoca a audiencias para desmontar

 


Greenpeace denuncia que el gobernador de Salta dio vía libre a los desmontes en la pandemia

Fecha de Publicación
: 25/01/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Salta


La organización ecologista denunció que Salta pretende habilitar en un mes más hectáreas de las que se deforestaron durante el año pasado.La agrupación ecologista Greenpeace alertó que el gobierno de Salta convocó a audiencias públicas para habilitar desmontes en siete fincas por un total de 28.311 hectáreas.
“El gobernador (Gustavo) Sáenz aprovecha la pandemia de Covid-19 para darle vía libre a los desmontes. En un mes pretenden autorizar más de lo que se deforestó en Salta durante todo el año pasado. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se encuentra vencida desde 2014 y la realización de audiencias públicas con las actuales restricciones de circulación no garantiza la participación ciudadana y de las comunidades afectadas, además de resultar peligroso a nivel sanitario”, señaló la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.  
En 2020 se desmontaron 20.962 hectáreas en Salta, según el monitoreo que realiza Greenpeace comparando imágenes satelitales.
Cruz agregó que “la destrucción de bosques aumenta las enfermedades, como dengue y leishmaniasis. Cuando arrasan los bosques, destruyen el equilibrio de la naturaleza, entre algunos patógenos y las personas, y se promueve el brote de enfermedades. Con la deforestación actual podríamos estar preparando el escenario de futuras pandemias de origen zoonótico, además de empobrecer la calidad de vida de todos. La actitud del gobierno de Salta es completamente ilegal e irresponsable”, afirmó Cruz.         

Pedidos
Greenpeace detalló que los desmontes que el gobierno salteño busca aprobar son:
- 13.257,24 hectáreas en el Establecimiento Ganadero El Tunal,  solicitado por AGRONE S.A., cuyo presidente es Luis Armani, importante empresario de la construcción vial.
- 5.724,74 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Chaguaral, solicitado por Quebracho Colorado S.A., de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel.
- 3.783 hectáreas en la finca Piedra Blanca y Totoral, solicitado por Tranmar S.R.L. y Agro-Inversora Mojotoro S.R.L., cuyo gerente es Martín Wierna, actual Auditor de Proyectos Especiales de la Sindicatura General de la Provincia de Salta.
- 3.383,45 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Cresud,  solicitado por Cresud S.A.C.I.F.yA., cuyos principales accionistas son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain.
- 1.029 hectáreas en la finca San Isidro, solicitado por EMAISA S.A., vinculada al ingenio azucarero y destileria San Isidro.
 - 662 hectáreas en la finca Los Colorados, solicitado por BABA  S.R.L., de los empresarios agropecuarios Sergio Antonio Barzola y Luis María Barzola.
- 472,34 hectáreas en la finca El Molino, solicitado por Campo El Refugio S.A., cuyo presidente es el empresario ganadero Eduardo Agustín Llorente.
Greenpeace está impulsando una petición para que se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales en todo el país.
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Urbanización en sierras de Córdoba luego de los incendios

 


Denuncian loteos en tierras afectadas por los incendios

Fecha de Publicación
: 22/01/2021
Fuente: Hoy Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba


A pocos meses de los devastadores incendios que consumieron más de 300.000 hectáreas en toda la provincia, y tras observarse imágenes desgarradoras en distintos puntos cercanos a zonas urbanizadas, vecinos de Villa Santa Cruz del Lago denunciaron ayer la realización de loteos y trabajos de acondicionamiento en terrenos afectados por las llamas.
En las imágenes difundidas por los residentes de la zona conocida como El Pato se observaron conexiones de agua potable y topadoras abriendo caminos, algo ilegal en virtud de la categorización “amarilla” dada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, y de la vigencia de la nueva Ley Nacional del Fuego (ver aparte).
Frente a la situación, personal de Policía Ambiental y propio intendente de esa localidad Omar De Geovanni, llegaron al lugar y junto a los vecinos lograron frenar las obras. Según trascendió desde la Municipalidad, en principio una empresa constructora habría presentado un proyecto de obra el 29 de diciembre, el cual aún no fue analizado ya que el Concejo Deliberante está en receso. “Por todo eso, la realización de trabajos es ilegal”, señalaron.
“Se abrieron caminos, zanjas y se colocaron caños para agua. No sabemos con qué permisos lo hacen, todo ese sector no se puede tocar”, contó una vecina en declaraciones dadas a conocer por el sitio Carlos Paz Vivo. Incluso, cargó contra las autoridades municipales al sostener que “nos dijeron que iban a labrar un acta, que los van a citar a los responsables, pero la verdad es que no tienen idea de leyes ambientales”.

Grave denuncia
En octubre del año pasado, Gabriel Napal, de la Asociación Civil Villa Parque San Miguel, había denunciado que los incendios fueron “intencionales”. “Se quemó zona de reserva, zona amarilla que no está poblada ni urbanizada donde se quería hacer el complejo Torres del Lago. No son sospechas, el inicio fue intencional. Lo tenemos filmado, dos focos con diferencias de kilómetros en el mismo predio”, especificó Napal, quien dijo que los terrenos rinden económicamente.

La sugestiva oferta de venta por Internet
En octubre del año pasado, la Provincia había presentado una denuncia penal ante la Justicia para que se investigue un hecho vinculado a la supuesta venta por Internet de estos mismos predios, que fueron objeto de feroces incendios.
La denuncia fue realizada por el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, quien estuvo patrocinado por el procurador del Tesoro, Juan Delgado, quienes adjuntaron la documentación que corrobora las ofertas de los terrenos en cuestión. Según se indicó, el lugar se encuentra al límite de la jurisdicción de Carlos Paz y Villa Santa Cruz del Lago. De cualquier manera, al haber sido afectados por las llamas se encontrarían protegidos por la Ley Nacional del Fuego, que prohíbe la modificación de su uso por espacio de entre 30 y 60 años.
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Una bomba ambiental sobre el Paraná

 


Un caso de corrupción reveló una grave amenaza ambiental en Santa Fe

Fecha de Publicación
: 20/01/2021
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe


El interrogante sobre el impacto de los casos de corrupción se hace palpable en la causa judicial que envuelve a la Petroquímica Bermúdez, una planta situada sobre el río Paraná, a cinco kilómetros del límite con Rosario. "Es una bomba ambiental", definió el fiscal Luis Schiappa Pietra, que llevará a una audiencia imputativa al empresario Sergio Tasselli,a su hermano Máximo y al exjefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal, a los que acusará de "pactar" el archivo de una causa en la que se investigaba el desastre ambiental que se originó en la planta de insumos químicos, de 20 hectáreas.
De ese predio, que Tasselli -actualmente procesado en la causa de los cuadernos de las coimas- adquirió en 1998 y cerró en 2013, como otra decena de empresas que compró en los 90, desaparecieron 850 tubos de gas de cloro de una tonelada cada uno, una sustancia altamente tóxica, según el acta 197 del Ministerio de Medio Ambiente que consta en la causa, a la que accedió LA NACION. El escape de gas de tan solo uno de esos tambores provocaría la evacuación de las poblaciones de ciudades cercanas, como Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y el norte de Rosario, señala uno de los informes.
 Nadie sabe adónde fueron a parar esos contenedores de gas cloro, trágicamente conocido por su uso durante la Primera Guerra Mundial como arma química. Se sospecha que podrían haberse tirado al río Paraná o haberse enterrado, algo peor -según señalan los especialistas- porque no se tiene ningún control del daño que podrían causar las sustancias. "Desaparecieron", apuntó el fiscal.
"Es un desastre ambiental que podría tener dimensiones impensadas", explicó Cecilia Bianco, de la ONG Taller Ecologista, entidad que hace cinco años puso en alerta a las autoridades sobre lo que ocurría con el desmantelamiento de Petroquímica Bermúdez. "Detectamos que durante la noche entraban y salían camiones de la planta, con lo cual la principal sospecha es que estaban sacando las bombonas de cloro", advirtió.
 Además del cloro gaseoso, se detectaron otras sustancias altamente tóxicas que contaminaron las napas freáticas por los escapes permanentes de residuos, como cloroformo, benceno, mercurio y lindano (conocido como Gammexane), un insecticida que se fabricó en ese predio. "El peligro es que no se sabe si las napas de los barrios vecinos están contaminadas con estas sustancias, altamente cancerígenas", señaló un exfuncionario que investigó el caso.
Cinco días antes de que se decretara el aislamiento por la pandemia, los pobladores de la zona se reunieron en el club Vecinos Unidos, en el barrio Celulosa, para pedir a las autoridades que intervengan ante esta "bomba ambiental". La pendiente de las napas va hacia el barrio El Espinillo, con lo cual el peligro es que esas sustancias hayan penetrado en el área donde hay consumo de agua de la población.
La planta química se llamaba Electroclor y se inauguró en 1946. En ese momento, los accionistas eran Duperial y Celulosa Argentina, que cerraron la fábrica en 1993, donde antiguamente se aprovechaban y procesaban los residuos de cloro que en ese momento usaban en la papelera.
En 1998, el grupo Tasselli adquirió la planta, donde en esa época solo se producía cloro, acetileno y tricloroetileno, y la nombró Petroquímica Bermúdez. Cinco años después, en julio de 2013, la planta quedó paralizada por un conflicto laboral que terminó en un intento de toma de la fábrica por parte de los trabajadores del gremio químico, que fueron sacados, según denunciaron en ese momento, por una patota. La estrategia que la empresa usó en esta ciudad del Gran Rosario se repitió en otros emprendimientos que fueron desmantelados, como Río Turbio, Altos Hornos Zapla y Agrinar, entre otros.
 ¿Por qué este empresario había comprado una planta química para después cerrarla? La sospecha es que se buscó vender chatarra, según quienes conocen la investigación. El problema es que no era una chatarra cualquiera, sino residuos altamente contaminados y peligrosos.
Desde ese momento, el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe comenzó a exigirle "un cierre seguro" de la planta. Pero Tasselli, según fuentes de la anterior administración de Santa Fe consultadas, "nunca cumplió". Ante ese escenario, a través de la Fiscalía de Estado, en 2016 se presentó una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación, que recayó en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.
En 2017, una auditoría detectó "la presencia de diversos productos químicos peligrosos que ameritan acciones inmediatas para evitar una emergencia ambiental con la afectación de la población". "Ante cualquier emergencia que libere productos tóxicos a la atmósfera, es altamente probable que la nube de gases sea arrastrada por el viento hacia poblaciones que rodean las instalaciones de Petroquímica Bermúdez, hacia el sur, el norte y el oeste", señala el informe, firmado por el ingeniero Andrés Salum.

Causa cerrada, fiscal preso
Cuando la causa penal avanzaba sobre la responsabilidad de Tasselli, según indicaron fuentes judiciales comenzó a gestarse una maniobra para clausurarla, que ahora va a terminar en la imputación de los Tasselli y del exjefe de los fiscales de Rosario Serjal, actualmente preso por el cobro de sobornos en una causa ligada al juego clandestino.
Los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery, que encabezan la Unidad de Crimen Organizado, empezaron a relevar las causas que había cerrado Serjal. Se encontraron con que el 8 de marzo de 2019 el fiscal de San Lorenzo Juan Carlos Ledesma había pedido el archivo de la causa de Petroquímica Bermúdez en una audiencia ante el juez Juan José Tutau. "Es la instrucción de mi superior", dijo, en alusión a Serjal.
La sospecha es que el pago de sobornos en este caso podría haber sido de más 180.000 dólares, revelaron las fuentes. Con el archivo del caso se terminaba la causa penal que preocupaba a Tasselli y a su hermano Máximo, presidente de Petroquímica Bermúdez.
 En la causa, según describió el fiscal Schiappa Pietra, sobraban elementos para seguir la investigación e imputar a los empresarios. Serjal pidió el archivo de la causa porque la Fiscalía de Estado de Santa Fe también había desistido de la acción penal luego de firmar en 2018 un acuerdo de "remediación" -que incluía el traslado seguro de las sustancias contaminantes- de la planta de Capitán Bermúdez, que Tasselli nunca cumplió. Por eso, otro de los llamados a declarar es el fiscal adjunto de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), Gustavo Luzzini, que desistió de seguir con la causa.
El 23 de diciembre pasado, Schiappa Pietra y Edery recibieron la novedad de que el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini había anulado la imputación al considerar que los Tasselli ya habían sido juzgados cuando se archivó la causa, por pedido del exfiscal que está preso por cobrar sobornos.
El 31 de diciembre, sin embargo, la jueza de Cámara Georgina Depetris avaló el pedido de recusación del juez y, tras la finalización de la feria, los Tasselli deberán enfrentar la imputación, que probablemente sea acompañada, según las fuentes judiciales, de un pedido de detención. "Mientras tanto, los vecinos de la zona conviven con una bomba ambiental", afirmó Cecilia Bianco, del Taller Ecologista.
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La ex Botnia no cumpliría con el fallo de La Haya

 


Piden monitorear a Botnia: “El río Uruguay está al borde del colapso”

Fecha de Publicación
: 16/01/2021
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional


Uno de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú indicó a Elonce TV que solicitan a distintos organismos asistencia técnica para medir los “aires transfronterizos” y determinar los niveles de toxicidad.
El intendente de Gualeguaychú Martín Piaggio junto a la Asamblea Ambiental Ciudadana mantuvieron en el ministerio de Ambiente de Nación una reunión donde, realizaron una exposición sobre la situación actual del monitoreo a Botnia, y se insistió en que no se cumple el fallo de La Haya. Lo mismo se hizo con la necesidad de realizar análisis con marcadores biológicos para determinar la toxicidad del río.
Sobre este tema, uno de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú Javier Pretto, indicó a Elonce TV que “queremos medir los aires transfronterizos desde el lado argentino, tenemos el equipo roto y suponemos que a partir marzo va a estar funcionamiento”.
Durante la reunión, se prouso que el ministerio estudie la posibilidad de colaborar con Cancillería y CARU para aportar asistencia técnica para el análisis del pedido de Kemira.
Sobre la contaminación de la empresa Botnia dijo que “el monitoreo que realizan no sirve porque solo se hace un control químico, se debe monitorear en dilución no en cantidad que tiran, hay que utilizar marcadores biológicos”.
A su vez, indicó que “el Uruguay va a ampliar la planta en Fray Bentos, y va a abastecer de insumos químicos a la UPM Dos, o sea que la planta tendría que triplicar su producción. El 18 de diciembre, Uruguay presentó a Cancillería el estudio de impacto ambiental para la consulta argentina y nuestro país tiene 30 días para decir si está de acuerdo o no, y si no contesta se toma como que el país coincide”.
“Esta planta tiene capitales diferentes, nunca se trató el tema, siempre advertimos la situación y nadie nos dio respuestas sobre esto, estamos muy preocupados”, manifestó Pretto.
Durante la entrevista, hizo referencia a la contaminación del río: “el Uruguay está al borde del colapso, hay muchas algas y son exceso de nutrientes, es decir el fosforo, y Botnia tira 70 kilos por día. Si bien no es solo la planta, sino que también tiene que ver los agroquímicos de los componentes que también van a parar a los lechos del río, pero esta planta hace un aporte muy grande al río”.
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Empresa Citric en la mira por contaminación

Contaminación y lavado, todo en un mismo jugo

Fecha de Publicación
: 16/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos


El Carmen, fabricante de los jugos Citric, habría abultado sus ganancias al no cumplir con el tratamiento de efluentes industriales. La UIF avanza en una causa testigo.
La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante en la causa que investiga a la compañía “El Carmen S.A.”, fabricante del jugo Citric, por contaminación ambiental en la ciudad entrerriana de Chajarí.
Tras cinco años de amparos, acusaciones y denuncias contra la empresa fabricante de jugos, el organismo nacional solicitó que se designe un interventor en la causa y sostuvo que "la contaminación de tierras y cursos de agua mediante efluentes volcados por parte de la empresa en el arroyo “Las Alpargatas” de Entre Ríos, podría tratarse de un caso de lavado de activos a partir de un delito ambiental, del cual se obtendrían ganancias de manera ilícita como resultado de su actividad formal". Es que con el volcado de residuos  tóxicos al arroyo, sostiene la denuncia, la institución no sólo omite la obligación legal de tratarlos sino que además se ahorra una importante suma de dinero que pasaría a engrosar sus ganancias. Por este motivo, desde la UIF sugieren que se realice una investigación patrimonial sobre los flujos económicos que genera la producción de El Carmen para conocer la magnitud de los activos.
La empresa se encuentra en la mira desde el 2015 cuando Néstor Masilli, un vecino dueño de una chacra cercana a la rivera, presentó un recurso de amparo por contaminación ambiental. Recién dos años más tarde, una intervención del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), dependiente del Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos, incitó sin éxito a la empresa a disminuir sus descargas tóxicas. En esa ocasión la compañía manifestó contar con un sistema moderno y efectivo para cuidar el medioambiente. Asimismo, aseguró ante el ente regulador que había puesto en marcha nuevas obras en su planta con la intención de disminuir los tóxicos y mejorar los procesos a favor del medio ambiente.
Al no ver ningún cambio en la actitud de la empresa, Masilli insistió nuevamente y presentó en mayo del 2019 una denuncia ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por contaminación ambiental. Esta denuncia fue acompañada por pruebas técnicas que demuestran de qué manera los desechos industriales de la fábrica han derivado en altos índices de contaminación y las consecuencias que tuvieron en el arroyo:  produjo la extinción de todo tipo de vida, imposibilitando la utilización del agua como recurso tanto para el riego de cosecha o como líquido para el ganado.
Entre las pruebas que lograron que la causa avanzara figura el resultado del estudio solicitado por la Escuela Manuel Belgrano ubicada cerca del arroyo, para conocer las condiciones en las que se encontraban las napas de donde extraían agua para consumo. Los resultados de los exámenes fueron concluyentes y demostraron que el agua no es bacteriológicamente potable para el consumo humano. El estudio aportó otro dato: el agua dejó de ser potable al menos desde 2017.
Hacia principios del año anterior y ante la insistencia de las denuncias, El Carmen SA difundió un comunicado en el que aseguró que “sí cuenta con un proceso previo de tratamiento de efluentes. Actualmente los efluentes no son químicos tóxicos sino orgánicos y biodegradables y cuentan con el mencionado proceso previo. Desconocemos el origen del resto de efluentes que recibe el cauce”, ya que “en los últimos tres años la compañía ha disminuido sus efluentes en un 60 por ciento“, aclaró.
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El Consejo de Minería contra la ley de humedales

 


Consejo de Minería dijo que ley de humedales afectaría al sector y a otras actividades productivas

Fecha de Publicación
: 15/01/2021
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional


El Consejo Federal de Minería (Cofemin), el organismo integrado por las provincias y el Estado nacional, planteó que "no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales" y pidió abrir una discusión con participación de la industria minera y las actividades productivas que podrían verse afectadas.
Así lo consideró el organismo en un documento que lleva la firma de su presidente, el secretario de Energía de Chubut, Martín Cerdá, dirigido a los legisladores nacionales sobre el tratamiento de los proyectos de leyes de presupuestos mínimos para el uso racional y sostenible de humedales.
"Creemos que no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales que dejaría más dudas que certezas respecto a su verdadera utilidad al ambiente y aplicación por parte de las provincias, y que a su vez contribuya a crear incertidumbres a las diferentes actividades productivas actualmente en desarrollo y con potencial de hacerlo en el futuro", destaca uno de los párrafos del manifiesto.
En ese mismo sentido el Cofemin consideró que mediante la apertura de un diálogo amplio se está a tiempo de "evitar un proyecto de ley con sólo una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que, al ocuparse exclusivamente de lo natural, se podría cometer el error de perjudicar al hombre y sus necesidades".
Luego de meses de debate y una docena de iniciativas presentadas, en diciembre se logró un dictamen unificado en la comisión de Ambiente y Recursos Naturales sobre un proyecto de Ley de Humedales, y a pesar del pedido de distintas entidades ecologistas no llegó a ser parte del tratamiento en sesiones extraordinarias.
Si bien desde hace un década se presentaron distintos proyectos, la posibilidad de apurar un consenso sobre uno de ellos se dio este año tras los graves incendios ocurridos en el Delta del Paraná.
Algunos de los puntos propuestos están vinculados a la realización de un Inventario Nacional de Humedales, realizar clasificación de los mismos en tanto deban ser preservados o resulten aptos para usos múltiples, la aplicación de penalidades y la creación de un fondo nacional para su sustentación.
Al solicitar "un debate amplio sobre el ambiente y los humedales" el Cofemin pidió la "participación a la industria minera, así como a todas las otras actividades productivas que podrían verse afectadas" por un proyecto que debería apoyarse "en un estudio científico previo".
Para el sector minero, se deberían demostrar previamente "los daños que se pretenden remediar, para así poder realmente avanzar en una ley que respete las autonomías y jurisdicciones provinciales, y fundamentalmente el principio constitucional de razonabilidad".
"Es imperioso que se incorpore en su tratamiento conocimientos técnicos, legales, económicos y sociales", se argumentó al pedir la participación de las comisiones asesoras de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería, de Minería, de Turismo, de Conservación y Desarrollo Humano, de Cultura, de Obras Públicas, de Economías y Desarrollo Regional, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, de Presupuesto y Haciendo, entre otras.
Finalmente, se planteó que una ley de presupuestos mínimos de humedales "no sólo no se debe superponer con la Ley 25.675 (Ley General de Ambiente), sino que debe cumplir con el “principio de razonabilidad” (artículo 28º de la CN), y debe respetar la autonomía y jurisdicción de las provincias en la gestión de sus recursos naturales".
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Salta: una audiencia para desmontar selva de alto valor

 


Audiencia para desmontar casi 6 mil hectáreas en Orán  

Fecha de Publicación
: 14/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El lugar donde se propone el "cambio de uso de suelo" se superpone con el Área de Gestión Territorial Integrada Los Palmares y el Corredor Yaguareté propuesto y zonificado por la provincia.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a una audiencia pública para tratar un pedido de la firma Quebracho Colorado SA para desmontar un total de 5.794,77 hectáreas en la finca Chaguaral, en el departamento Orán. Llamativamente, la Provincia considera ahora la posibilidad de autorizar deforestar una zona donde ella misma avaló la puesta en práctica de un plan de conservación de la reserva de flora y fauna Los Palmares.
Esta contradicción fue destacada por el doctor en Ciencias Ambientales Andrés Leake, de la Fundación Refugio, y por la organización ambientalista Greenpeace, que en una carta al gobernador Gustavo Sáenz y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, destacó que se pretende desmontar "uno de los últimos macizos de quebracho colorado de la región chaqueña" y además, el territorio que se quiere destinar a agroganadería "se superpone con el Área de Gestión Territorial Integrada Los Palmares y el Corredor Yaguareté propuesto y zonificado por la Provincia".
Según se detalla en la convocatoria a la audiencia pública, publicada en el Boletín Oficial de Salta, Quebracho Colorado pidió hacer un cambio de uso de suelo con fines de agroganadería en el inmueble 30.737, donde prevé ejecutar el proyecto en dos módulos productivos, por un lado, "la habilitación de 2.764,97 ha netas en la primera etapa y 2.959,77 ha netas en la segunda etapa", lo que da el total de 5.794,77 hectárea.
Asimismo, la firma propone dejar 3.865,86 hectáreas "de protección y reserva" y la Secretaría de Ambiente indicó que la habilitación, el control, monitoreo y aprobación de los módulos queda supeditada a la presentación por parte de la firma de "un informe circunstanciado".
La audiencia pública es para que quienes tengan interés o derecho se expresen sobre el impacto ambiental y social que provocará el cambio de uso de suelo propuesto por la firma. La audiencia se hará hoy, a partir de las 9, en el salón/tinglado "Rómulo Anselmo Torres", ubicado en la intersección de las rutas provinciales 5 y 13, en la pequeña localidad de La Estrella, en el mismo departamento Orán.
"Se trata de áreas críticas de conectividad regional, entre las Yungas, el Chaco, la zona ribereña del Bermejo. Justo por esta zona también pasa la propuesta del Corredor Yaguareté", enfatizó Leake, quien ratificó que se trata de una zona de monte en buen estado de conservación, donde se encuentra "el último macizo grande de quebracho colorado en esa zona". "Hay un montón de motivos por los cuales no se debería estar tocando esta zona", añadió.
Destacó que si bien la zona fue categorizada como verde en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), realizado bajo las disposiciones de la Ley de Bosques, esto estaría demostrando "la necesidad de revisar el OTBN", porque no se actualizó desde 2014 y "yo creo que eso juega a favor de quienes tienen interés en desmontar".
Leake también resaltó "la contradicción tan fuerte que hay en la misma Secretaría (de Ambiente de Salta), que por un lado avaló ese trabajo de 2013" del Área de Gestión Territorial Integrada Los Palmares y el Corredor Yaguareté propuesto y zonificado por la Provincia y ahora permite avanzar un desmonte en una de las zonas más críticas, sabiendo de esa situación, y eso no está reflejado en el plan de desmonte".

Crisis climática-sanitaria
El especialista ambiental consideró "lamentable" que la Provincia avance con autorizaciones de desmontes "sin realmente tomar en cuenta y medir la dimensión de la crisis ambiental ante la cual estamos: el cambio climático, la pandemia, la relación de la pandemia con el deterioro ambiental. Nada de eso parece estar contemplado en estos planes", advirtió.
Estas son las primeras audiencias que se hacen este año. El año pasado, debido a la pandemia, las autorizaciones para desmontar habían quedado suspendidas. En cambio, ahora están "haciendo convocatorias a audiencias públicas pero justo a fin de año y a principios de año, cuando la gente está de vacaciones. El 7 de enero, en Joaquín V. González, se hizo una audiencia para desmontar 662 hectáreas con fines agroganaderos en la finca Los Colorados. Varios vecinos se opusieron, pero las audiencias no son vinculantes.
En su carta a Sáenz y al ministro Cabandié, Greenpeace manifestó su "gran preocupación" porque en la provincia las convocatorias a audiencias públicas para cambio de uso de suelo "se siguen realizando, desconociendo la actual crisis climática-sanitara que atraviesa el planeta". "Los desmontes representan un indiscutible crimen que debe ser detenido. No hay ninguna razón más importante que la propia supervivencia mientras estemos a tiempo de conservar los bosques que aún se encuentran en pie, más allá de la zonificación otorgada en el mapa de OTBN", señaló la ONG.
Asimismo, afirmó que ya "es tiempo de que se revea el paisaje regional ya que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, se encuentra vencido desde 2014".
Y recordó que, según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, han desaparecido entre 2014 y 2019, 176.563 hectáreas de bosques en Salta, provincia que ha liderado la deforestación en Argentina en los últimos años, junto a Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
Respecto al pedido de autorización de Quebracho Colorado para desmontar las casi 6 mil hectáreas en Chaguaral, la ONG sostuvo que "al estar comprendida esa zona en el corredor de Yaguarete y Chaco - Yungas, mas AGTI de Los Palmares, no debería autorizarse dicho desmonte".
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Jáchal con poca agua y contaminada con mercurio

 


San Juan: denuncian falta de agua potable en Jáchal y contaminación por la megaminería

Fecha de Publicación
: 12/01/2021
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: San Juan


Vecinos de ese departamento sanjuanino reclaman que el sistema de distribución domiciliaria trae agua del río Jáchal, que contiene mercurio y otros residuos peligrosos.
“El acceso al agua en el norte de la provincia de San Juan es desde hace décadas un verdadero problema. Pero con la aparición de la explotación megaminera Barrick Gold, que consume el agua en grandes proporciones, la situación ha empeorado”, describen vecinos de Jáchal, que reclaman de diferentes formas – incluidas las protestas callejeras- la falta de agua potable en ese departamento.
“Hay familias aisladas por el Covid que no tienen para higienizarse”, advierten desde la Asamblea Jáchal No Se Toca. En diciembre, un grupo de vecinos presentaron una demanda judicial por esta problemática.

Agua con mercurio
A partir de la explotación megaminera, comenzaron a hallarse altos índices de mercurio en el agua del río Jáchal. Por este motivo, las redes domiciliarias de agua potable comenzaron a nutrirse a partir del acuífero de Huachi.
Sin embrago, ahora el recurso escasea y las y los vecinos advierten que se está mezclando agua del río contaminado para sostener el servicio. Denuncian que para estos fines volvieron a reutilizarse las piletas que toman agua del Jáchal para su distribución en las redes domésticas. Piden el cese de esas operaciones.
Este martes los jachalleros de los barrios altos volvieron a cortar la Ruta Provincial 491 a la altura del El Topón reclamando el servicio de agua potable y pidiendo la eximición de cargos a los vecinos detenidos mientras se desarrollaba la manifestación de este lunes.   
En este marco, la concejala Analía Carrizo afirmó al Diario Huarpe que el titular de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado), Guillermo Sirerol, le confirmó que la falta de agua continuará por unos días ya que están haciendo una depuración de la cañería.
“Me dijo que habían encontrado bacterias en la cañería de la zona norte y por eso todavía no podían habilitar las mejoras en el servicio”, dijo la legisladora.

A la Justicia
El 17 de diciembre la Asamblea Jáchal No Se Toca realizó una presentación judicial con el patrocinio letrado de Diego Seguí y Marcelo Arancibia. El hecho que se denuncia es el envenenamiento de aguas y apunta a funcionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) de San Juan. También se denuncia a los funcionarios de Jáchal: al Intendente Miguel Ángel Vega y a todos los concejales por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio.
A los funcionarios también se les atribuye el delito de abandono de persona, tipificado en el art. 106 del Código Penal.
Según la denuncia, los funcionarios no previeron las obras de infraestructura que hubieran evitado la reutilización de las piletas con agua con residuos peligrosos (mercurio) proveniente del Río Jáchal. Pero además violaron en forma grosera la obligación de informar a la población de Jáchal que se estaba mezclando el agua del Río Jáchal (que contiene mercurio) y que se distribuía domiciliariamente. Tampoco informaron los posibles efectos que puede provocar su consumo.
Desde la OSSE, según informaron los vecinos, la explicación fue que la producción de agua no alcanza para abastecer a todos los barrios del departamento. El 28 de diciembre pasado, el presidente del Concejo Municipal de Jáchal, Felipe Táñez, propuso al intendente Miguel Vega conformar una “Mesa del agua”.
Tomar mercurio
En 2017 se realizó la toma de muestra de agua de la red de agua potable de Jáchal en el Camping Vivero Municipal. Allí se detectaron cuatro microgramos de mercurio por litro de agua (es decir 0,004 miligramos de mercurio por litro de agua). En esa misma fecha se tomó la muestra de agua del Río Jáchal a la altura del Dique Pachimoco y se encontraron tres microgramos de mercurio por litro de agua (es decir 0,003 miligramos de mercurio por litro de agua). Esa es una prueba fehaciente de que el agua contaminada del Río Jáchal ingresa a la red de agua para consumo humano.
El Código Alimentario Argentino establece que el agua para consumo humano no debe contener mas de un microgramo de mercurio por litro de agua (es decir 0,001 miligramo de mercurio por litro de agua).
En Jáchal el mercurio excede en un 300% más el límite permitido para que el agua de red no cause daño al ser humano.
La exposición al mercurio ha sido asociada con efectos tan disímiles como infartos de miocardio, autismo, fibromialgias, síndrome de fatiga crónica, lupus eritematoso sistémico, demencia, mal de Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, otros cuadros neurológicos, metabólicos, hormonales, renales, dermatológicos. La exposición a esta sustancia durante la etapa fetal puede afectar ulteriormente al pensamiento cognitivo, la memoria, la capacidad de concentración, el lenguaje y las aptitudes motoras y espacio-visuales finas del niño.
En la población de Jáchal se ven en forma manifiesta diversas enfermedades mencionadas en diferentes documentos científicos.
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Aseguran "controles estrictos" a la mina Agua Rica

 


Raúl Jalil aseguró que la mina Agua Rica no funcionará si afecta al medioambiente

Fecha de Publicación
: 11/01/2021
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca


Tras el fallo de la Corte el mandatario salió a respaldar los reclamos de los vecinos de los Valles Calchaquíes.
El fallo de la Corte de Justicia de Catamarca, fue un cachetazo para los vecinos de Andalgalá. La declaración de inconstitucional a la ordenanza 09/16 del municipio que prohibía la explotación minera a cielo abierto fue un baldazo de agua fría para la comunidad. El gobernador Raúl Jalil sostuvo que el fallo fue ajustado a derecho, porque la responsabilidad de legislar en materia minera corresponde a los estados provinciales. No obstante, les aclaró a los titulares de la minera Agua Rica, que la explotación no se llevará a cabo si no hay garantías de que no se afectará al mediambiente.
“Yo hablé con el intendente de la localidad, Eduardo Córdoba, y le dije que yo me encargo de lo mío. La Constitución Provincial dice que Catamarca tiene que promover la minería, incluso hasta de la refinería habla. Y con respecto al medioambiente es un tema donde se debe presentar el Informe de Impacto Ambiental, sea Agua Rica, Livent o los proyectos que están en la puna”, señaló el mandatario al ser consultado sobre el polémico falle del tribunal supremo de justicia de la provincia.
No obstante, aún falta que Agua Rica haga el informe de impacto ambiental. Los últimos que había presentado antes de que se judicialice la explotación fueron bastante cuestionados. Ahora, luego de tantas idas y vueltas, se estima que los inspectores serán bastante estrictos con la empresa. La minera debe demostrar que la explotación no afectará al medioambiente, ni a la vida cotidiana o al desarrollo cultural de la región. “Los proyectos que tengan el impacto favorable se van a hacer y los que no lo tengan no se van a hacer”, señaló Raúl Jalil.
Jalil, también se refirió a una posible ausencia de consenso social que pareciera haber en Andalgalá respecto de Agua Rica, ya que, si bien hay un sector “prominero” que pide por la puesta en marcha del proyecto, hay otro importante sector que se manifesta en las calles andalgalenses en contra de ese emprendimiento. En este sentido, el mandatario respondió que “ni Jesús Cristo tuvo consenso social. Pero acá (Agua Rica) tiene que tener el Impacto Ambiental (aprobado), ver que agua se va a usar y demás”.
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Justicia suspende venta de terrenos públicos

 


La Justicia suspende la venta de Costa Salguero y los playones ferroviarios de Villa Crespo

Fecha de Publicación: 08/01/2021
Fuente: Diario Z
Provincia/Región: CABA


Al borde del inicio de la feria judicial, el pasado 31 de diciembre, el juez de primera instancia Andrés Gallardo suspendió la venta de 86 hectáreas de tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires.
El magistrado del fuero Contencioso Administrativo  y Tributario porteño dictó una medida que  afecta varios terrenos sobre los que hay debate. Son los de un sector de la Villa 31 de Retiro, el triángulo de Costa Salguero y Punta Carrasco, los playones ferroviarios en Villa Crespo, y los pertenecientes al ex Mercado de Hacienda.
Algunos de estos lotes fueron los que la Nación le transfirió a la Ciudad en 2018, cuando Mauricio Macri era presidente. En ese momento, la excusa para la transferencia fue que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se haría cargo del financiamiento de la última etapa de la obra del Paseo del Bajo.
En los considerandos del fallo, Gallardo expuso que no se cumplió con las audiencias públicas obligatorias ni con el procedimiento de doble lectura para sancionar la ley. Esto está ordenado por los artículos 89 inciso 4 y 90 de la Constitución de la Ciudad.
En el caso de Costa Salguero, la audiencia pública se viene realizando con una participación inédita. Y la mayoría de los inscriptos rechaza la privatización del predio.
El recurso de amparo había sido presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniera de la UBA, entre otras instituciones.
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Santa Fe en conflicto con pescadores por veda

 


Pescadores cortan rutas en Santa Fe contra la veda impuesta por la Justicia

Fecha de Publicación
: 06/01/2021
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santa Fe


Grupos de pescadores cortaban desde las primeras horas de hoy el tránsito en varios puntos de la provincia de Santa Fe, entre ellos la autopista que une la ciudad capital con Rosario, para repudiar la prohibición de la pesca hasta el 31 de marzo, dispuesta por un juez.
Los pescadores interrumpían el tránsito en el acceso a Puerto Reconquista,sobre la ruta nacional 11 a la altura de Tacuarendí, en el kilómetro 51 de la autopista Brigadier López (Santa Fe-Rosario), en la ruta provincial 1, en el puente Rosario-Victoria, y se iban a manifestar frente a los Tribunales de Santa Fe y de Rosario.
La protesta es contra la resolución del Juez en lo Civil y Comercial de la 11 Nominación de Rosario, Luciano Carbajo, quien declaró "veda total para la pesca deportiva y comercial en todo el cauce del río Paraná correspondiente a la provincia de Santa Fe".
La medida rige entre el 29 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021 y exceptúa solo la pesca denominada de subsistencia.
Carbajo dio lugar a una medida cautelar que realizaron diputados provinciales y las organizaciones "El Paraná no se toca" e "Identidad Ecológica".
Voceros de esas ONGs indicaron que se trata de proteger la fauna ictícola del sistema Río Paraná, golpeado por la extraordinaria bajante y la actividad de sobrepesca en toda su cuenca.
El juez Carbajo le ordenó al Gobierno de la provincia que "arbitre los medios necesarios para intensificar la fiscalización y control en procura del estricto cumplimiento" de su resolución y que "en un plazo no mayor a 90 días" informe a la Justicia los resultados.
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26 empresarios a indagatoria por contaminación en Santa Fe

Indagatorias por contaminación

Fecha de Publicación
: 04/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


El juez federal Bailaque citó a 26 directivos. La fiscalía reunión pruebas del vertido de residuos peligrosos sin tratamiento.
El juez federal Marcelo Bailaque ordenó la indagatoria de 26 directivos de nueve empresas del Parque Industrial de Sauce Viejo en una causa que los investiga por supuesta “contaminación ambiental peligrosa para la salud” que el Código Penal reprime con penas de tres a diez años de prisión. Las audiencias se realizarán después de la feria judicial, a fines de abril y principios de mayo, y entre los convocados sobresalen varios empresarios del círculo rojo: el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe Javier Martín; uno de los directivos del grupo Clarín, Héctor Mario Aranda, que preside Artes Gráficas del Litoral (AGL), la planta impresora de conglomerado. Y el presidente del Centra Puerto SA, Osvaldo Arturo Reca, que opera la Central Termoeléctrica Brigadier López -con una potencia instalada de 280 megavatios-, construida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero que Mauricio Macri vendió a su amigo, Nicolás Caputo, radicado hoy en Estados Unidos.
Las 26 indagatorias fueron solicitadas por el fiscal federal Walter Rodríguez el 9 de diciembre último, pero Bailaque las ordenó según los tiempos y la agenda del Juzgado, así que recién se realizarán dentro de tres meses. Rodríguez investiga los focos de contaminación del Parque Industrial de Sauce Viejo desde 2016. El hecho es conocido en los barrios de los alrededores, sobre todo por los malos olores, pero es la primera vez -en años- que el Ministerio Público avanza en una investigación que considera a los vecinos –según la doctrina ambiental- personas vulnerables que no pueden ejercer su derecho a vivir en un ambiente sano.
La primera denuncia fue por el derrame de productos químicos que se volcaban al río Coronda, sin tratamiento previo. El fiscal comenzó a producir pruebas. Solicitó la intervención del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal que extrajo muestras de un desagüe a cielo abierto al norte del Parque que vuelca en el río Coronda. En abril de 2017, el resultado reveló la presencia de níquel, plomo y cromo en concentraciones muy superiores a las permitidas por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Otra sorpresa: los análisis demostraron también la presencia de bacterias eschericichia coli, que la ley también considera residuos peligrosos.
En setiembre de 2017, el fiscal Rodríguez realizó una inspección en el Parque Industrial y luego solicitó un allanamiento que se realizó hace un año. En el procedimiento, participó no sólo el equipo de Delitos Ambientales de la Policía Federal, sino también grupos de científicos del Conicet y de tres laboratorios de la Universidad Nacional del Litoral, que trabajaron entre el 10 y el 12 de diciembre de 2019. Rodríguez invitó a los investigados a presenciar el acto y designar profesionales de su confianza para controlar la prueba.
El 9 de diciembre, ya con los resultados de los estudios en la causa, el fiscal solicitó la indagatoria de 26 directivos de nueve empresas del Parque Industrial, que deberán comparecer ante el juez Bailaque desde fines de abril hasta principios de mayo.
*Frigorífico Goggi: Gastón Delconte y Diego Goggi.
*Veneto SA: Sergio Carballo y Víctor Rozycki.
*Leiner Argentina SA: Javier Martín (presidente de la Unión Industrial de Santa Fe), Horacio Planiscig y Gabriel Racca.
*Espro SA: Leonardo Raimondi Martin.
*Sánchez y Sánchez SRL (procesadora de pollos): Cristóbal, Eduardo y Raúl Sánchez, Pablo Cameroni, Francisco Strubia y Ricardo Boneto.
*Vinagres Halconero: Julián, Gustavo y Gabriela Carrivale y Rubén y Sebastián Caporizzo.
*Artes Gráficas del Litoral (planta impresora del grupo Clarín y el diario El Litoral): Héctor Mario Aranda, Andrés Fiasconaro y su gerente industrial: Luis Enrique Carrara.
*Central Puerto SA (que opera la central Brigadier López): Osvaldo Arturo Reca, Lucía Franco y Pamela Ulloa Henríquez.
*Curtipiel SRL: Roberto Altuna.
Los hechos que se investigan se encuadran en el artículo 55 de la ley 24.051, esto es la contaminación, adulteración y/o envenenamiento de manera peligrosa para la salud pública del agua y del ambiente mediante la utilización de residuos peligrosos. La norma reprime con las mismas penas del artículo 200 del Código Penal (tres a diez años de prisión) a quienes utilizando los residuos a que se refiere la ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
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Desmonte en Salta con resolución innovadora

 


Innovadora sanción por participar de un desmonte en Salta

Fecha de Publicación
: 30/12/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Salta


La resolución de la Justicia constituye un precedente novedoso que involucra la restauración del predio afectado a su estado previo y el financiamiento de material de concientización sobre esta problemática.
A partir de una sentencia inédita que constituye el primer antecedente de este tipo en el país, dos productores rurales del sur de la provincia de Salta deberán plantar ejemplares de quebracho blanco y colorado y financiar una campaña local de concientización para prevenir la tala indiscriminada en esa zona, según lo resuelto por el juez federal de Garantías Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas en el marco de la causa iniciada por una denuncia de la Administración de Parques Nacionales (APN) en diciembre de 2019, tras detectar un cargamento de quebracho que era extraído desde la Reserva Nacional Pizarro.
En la causa intervino el Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal general Francisco Snopek, y la acusación se enmarcó en la figura de “encubrimiento por ánimo de lucro”. Aunque no provocaron el daño de la tala de manera directa, la Fiscalía señaló en la imputación la participación activa de ambos productores rurales en la cadena de logística necesaria para el traslado de los ejemplares extraídos ilegalmente de la Reserva Nacional.
De acuerdo a lo establecido por la Fiscalía, los ejemplares talados pertenecían al Lote 1 de la Reserva Nacional Pizarro. En el mismo se encuentra la Comunidad wichí Eben Ezer, que cuenta con un acuerdo con la APN para habitar un área determinada y desarrollar allí proyectos comunitarios sostenibles.
En este sentido, la coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la APN, Natalia Cardozo, indicó: “Es la primera vez que resolvemos de esta manera un litigio de estas características, incluyendo material de concientización para cumplir con la Ley General del Ambiente y la restauración del predio afectado a su estado inicial, antes de producirse el daño. Por eso se trata de un precedente novedoso”.
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Ecocidio en puerta por Vaca Muerta

 


Una denuncia reactiva las sospechas ambientales en Vaca Muerta

Fecha de Publicación
: 29/12/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas dijo que recopiló información desde 2014 para hacer la presentación judicial que originó un allanamiento en la empresa que debía sanear el basurero petrolero de Neuquén.
El jueves pasado, la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales recibió una denuncia penal en contra de Comarsa. La presentación, que se hizo vía mail, acusaba por contaminación a la empresa de tratamiento de residuos peligrosos. Así, una vez más, la mirada se volcó hacia lo que algunos llaman “el lado B de Vaca Muerta”.
“Residuos petroleros ultra contaminados, producto de la perforación de pozos mediante la técnica del fracking en la formación Vaca Muerta, se están acumulando a niveles escandalosamente peligrosos en “plantas de tratamiento” que no funcionan o sólo lo hacen en apariencia. Los establecimientos no sólo están dentro de los ejidos municipales de las ciudades de Neuquén y Añelo —contraviniendo las regulaciones ambientales—, sino que, además, funcionan en terrenos fiscales”, afirma la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA).
No apuntaron únicamente contra Comarsa, sino también hacia las empresas petroleras generadoras, entre ellas YPF, Chevron, Shell y Exxon, por el principio “de la cuna a la tumba”. “También son responsables por los residuos que producen, independientemente si después fueron trasladados para su tratamiento”, señaló uno de los integrantes de la organización, Rafael Colombo.
Además, en la presentación se señala la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, por no fiscalizar a las compañías que se dedican al tratamiento de tales residuos peligrosos. “Las autoridades gubernamentales concedieron casi 50 hectáreas de tierras fiscales para que la empresa Comarsa disponga de zonas liberadas entre Neuquén y Añelo para contaminar descontroladamente y generar un desastre con un pasivo ambiental valuado aproximadamente en 5 mil millones de pesos”, sostiene la exposición.
En la denuncia acusan a los tres actores – la empresa de tratamiento, las firmas petroleras productoras de residuos y funcionarios públicos- por: contaminación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y asociación ilícita. Exigen la “clausura inmediata de las plantas de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén y de Añelo” y que “se ordene el saneamiento inmediato, completo y definitivo”.
Tras hacerse de la extensa exposición, que según informaron desde la AAAA consta de 160 carillas, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid ordenó el lunes pasado que se allanara la planta ubicada en la capital neuquina y la sede que Comarsa tiene en Añelo. El Ministerio Público Fiscal comunicó que, durante las diligencias, se secuestró diferente documentación que puede servir a la causa. Sin embargo, no dieron mayores precisiones.
Anteriormente a los allanamientos, el funcionario judicial solicitó informes sobre el funcionamiento de la compañía a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia. Desde la cartera indicaron que contestaron a los requerimientos del fiscal jefe de inmediato, el viernes pasado, tan sólo un día después de que se presentara la exposición penal en la Justicia.
Según afirmaron fuentes del área, quienes no pidieron información al organismo fueron los integrantes de la AAAA. “No conocemos a los abogados, pero sabemos que no son de Neuquén”, remarcaron y agregaron que “nunca” se presentaron a solicitar los expedientes. Desde la cartera indicaron que no tuvieron acceso a la denuncia penal y que se hicieron eco de la noticia a través de los medios.
Respecto a la denuncia en contra de la gestión del gobierno provincial, se mostraron muy seguros, pues señalaron que han hecho las fiscalizaciones correspondientes. “Hemos exigido estudios de sondeo verticales, que se hacen al nivel del subsuelo para ver si el hidrocarburo se está infiltrando. Ellos dan cuenta de que no hay infiltración. Está funcionando perfectamente”, recalcaron.
La presentación penal de la AAAA desempolvó la denuncia por contaminación contra la empresa Treater presentada en diciembre de 2018 y archivada en 2019. En ese entonces, la fiscalía solicitó que se analizaran las muestras de la planta de tratamiento.
Los resultados arrojaron valores normales, por debajo de los límites establecidos por la Ley, por lo que el caso no prosperó, ya que según explicó Breide Obeid en su momento, no había delito contra la afectación de la salud. Sin embargo, hace 10 días atrás se realizó una audiencia en la que la jueza Ana Malvido dispuso que se active la investigación y se desarchive la causa.
En mayo de este año, además, el mismo ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, avivó las dudas respecto a la contaminación que producen los yacimientos no convencionales. "Es inconcebible lo que está pasando en Vaca Muerta", aseveró durante una exposición que brindó a mediados de mayo en la comisión de Ambiente del Senado.
Aunque sostuvo que una inspección de su cartera había revelado que eran "alarmantes" los residuos que deja la actividad hidrocarburífera, con los que las empresas se manejaban con “total impunidad”, Breide Obeid desmintió que el funcionario haya presentado una denuncia formal en la Justicia.
Tras los dichos del ministro, la Subsecretaría de Ambiente elevó los informes sobre el funcionamiento de las plantas de tratamiento de residuos peligrosos a la cartera nacional. Además, invitaron al equipo de Cabandié a recorrer las instalaciones de las firmas: “Los pasamos a buscar y los llevamos hasta la planta. Ellos mismos redactaron las actas de la inspección, donde asentaron que no había irregularidades”.
Siete meses después, la contaminación en Vaca Muerta vuelve a reflotar tras una extensa denuncia que presentaron abogados ambientalistas. Queda esperar a la investigación que ya inició la fiscalía de Delitos Ambientales. Los denunciantes analizan constituirse como querellantes para contribuir con las averiguaciones.

Denuncian una “asociación ilícita” entre el estado y las empresas
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas impulsó una denuncia de 160 carillas que incluye mapas, datos, fotos e imágenes satélites, junto con más documentación. El integrante de la organización Rafael Colombo remarcó que brindaron pruebas suficientes para develar las “fraudulentas maniobras” detrás de un “negocio millonario” que gira entorno a las compañías de tratamientos de residuos peligrosos, las empresas productoras de petróleo y el Estado neuquino.
La presentación judicial indica que existe una “comunidad ilícita” entre los tres actores, a quienes les compete responsabilidades penales.
El abogado ambientalista sostuvo que detrás de la denuncia hay un exhaustivo trabajo de investigación que se inició en 2014. Como antecedente, recoge el informe “20 mitos y realidades del fracking”, un trabajo realizado por Pablo Bertinat, Eduardo D´Elia, el Observatorio Petrolero Sur, Roberto Ochandio, Maristella Svampa y Enrique Viale. “Es una publicación que recoge testimonios de ingenieros, abogados, sociólogos, con aportes de las organizaciones de la sociedad civiles y de multisectoriales que deriva, entre otras acciones, en la presentación de esta denuncia”, señaló Colombo.
El letrado recalcó que la presentación tiene tanto “sustento”, que el mismo fiscal autorizó dos allanamientos contra Comarsa 48 horas hábiles después.
Aunque desde la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén aseguraron que la AAAA “nunca” solicitó los expedientes, Colombo afirmó: “Ya los tenemos. Los hemos acompañado en la causa, junto a las ordenanzas municipales, decretos del gobernador y resoluciones. Todo lo que a nuestro modo deber revela el montaje de una ingeniaría legal en favor de Comarsa, para que actúe en condiciones de absoluta impunidad e ilegalidad”.
“Pedimos que se investigue a los funcionarios que avalan a una empresa que dice que está tratando los residuos, pero en realidad los está acumulado indiscriminadamente, sin bioseguridad e impermeabilización, con efectos dañosos en el aire, la tierra, el agua y la salud”, enfatizó el abogado ambientalista.

La Subsecretaría de Ambiente aseguró que Comarsa siempre fue monitoreada
Desde la Subsecretaría de Ambiente se desprendieron de la responsabilidad que les fue adjudicada en la denuncia presentada por la AAAA. Aseguraron que Comarsa ha sido monitoreada desde que se asentó en la localidad en 2008, cuando comenzó con el tratamiento de aceites usados.
Indicaron que en cada fiscalización la empresa no presentó inconveniente, hasta el avance de las urbanizaciones en 2015. En abril de ese año la Subsecretaría suspendió a la compañía por el mal funcionamiento del horno de desorción hasta mayo, cuando acreditaron mejorías.
Luego, en noviembre se dictó el Decreto 2263/15 que regula toda la actividad. En la norma se establece que las plantas de tratamiento y disposición final deben ubicarse a 8 kilómetros de las urbanizaciones.
Según un informe enviado por la Subsecretaría, tras el decreto, Comarsa solicitó tierras fiscales en Añelo y comenzó a tramitar la habilitación para una nueva planta de tratamiento de residuos especiales en el Ecoparque de la ciudad.
En agosto de 2016 la firma inició un plan de cierre y abandono de la planta, tras las demandas de los vecinos que vivían a pocos metros de la sede en Neuquén. “Vimos que no estaba cumpliendo con los plazos en el cronograma. Pidieron prórrogas, no se las dimos y los llenamos de infracciones”, afirmaron desde el área.
“Los expedientes hablan por sí solos. No podemos vulnerarlos y podemos dar cuenta de todas nuestras actuaciones. La puerta está abierta para todo el mundo, le dimos toda la información al fiscal”, aseguraron fuentes del organismo y remarcaron: “La función del organismo como autoridad de aplicación la podemos dar acabadamente”.
Por otro lado, desde la Subsecretaría señalaron que las plantas de tratamientos de residuos peligrosos son necesarias para el desarrollo de la industria hidrocarburífera. “Como el tratamiento siempre es tercerizado, hay que incentivar las inversiones con un esquema jurídico claro, como lo es el decreto, y después, como en cualquier actividad, se otorgan tierras fiscales”, explicaron.

Datos de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
-La Planta de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén está ubicada a 25 metros de viviendas, a sólo 500 metros de un barrio muy poblado y a 50 cuadras del centro de la ciudad.
-Allí hay acopiados 330.000 metros cúbicos de recortes de perforación. Equivale a 594.000 toneladas y 33 manzanas urbanas de 1 metro de altura.
-En Añelo la planta de tratamiento alberga 71.500 metros cúbicos de materiales contaminantes, lo que equivale a 128.700 toneladas.
-Las dos plantas de Comarsa tienen una superficie total de 46,5 hectáreas, el equivalente de 24 Plazas de Mayo con residuos peligrosos.
-Acumulan un total de 401.000 metros cúbicos de material altamente tóxico, equivalente a 722.700 toneladas o 500 piletas olímpicas.
-La denuncia es por: contaminación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y asociación ilícita.
-Exigen la “clausura inmediata de las plantas de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén y de Añelo” y que “se ordene el saneamiento inmediato, completo y definitivo”.
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Otro proyecto para desalentar los incendios forestales

 


Protección de los bosques: proponen penas duras para frenar los incendios intencionales

Fecha de Publicación
: 29/12/2020
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Nacional


Ante un año signado por las llamas descontroladas, y considerando que, de acuerdo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, un alto porcentaje de los incendios forestales es producido “por intervenciones humanas”, la diputada nacional Fernanda Vallejo, del Frente de Todos, presentó un proyecto de Ley en pos de establecer una modificación al Código Penal, para crear un régimen sancionatorio que tienda a evitar la destrucción o degradación de bosques nativos, ya que, según se considera, las multas actuales no resultaron suficientes para proteger los ecosistemas.
La regla está prevista para que alcance, con penas de entre dos y diez años, a quien, sin autorización e intencionalmente, ocasione “el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos”, “queme a cielo abierto productos o subproductos derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles de bosques”, “realice la actividad de quema o de toda labor de eliminación de la vegetación mediante el uso del fuego”, o cause “incendio, explosión, liberación de patógenos, tóxicos o energía, inundación, derrumbe, emisión de radiaciones o cualquier otra situación capaz de producir estrago”.
Más allá de las condenas previstas en los casos citados, el proyecto establece que, si las acciones descriptas encierran un peligro para la vida, “el máximo de pena será de doce años”, y, en caso de que se “produjera la muerte de una o más personas”, la condena máxima “será veinticinco años de prisión”.
Se considera un agravante “la reincidencia en los delitos de naturaleza ambiental”, como también que el fuego se haya cometido “para obtener ventaja pecuniaria”, “coaccionando a otros para la ejecución material del delito”, “afectando o exponiendo al peligro, de manera grave, a la salud pública”, “alcanzando áreas urbanas o cualquier asentamiento humano o a una superficie de considerable importancia”, “por la noche”, “en épocas de sequía o inundaciones”, “mediante fraude o abuso de confianza”, con “abuso de derecho de licencia, permiso o autorización ambiental”, o “con la colaboración de un funcionario público en ejercicio de sus funciones”. A esto se le suma cuando “del hecho resulta la disminución de aguas naturales, o graves efectos erosivos en el suelo, o la modificación del régimen climático”, o se afectaran “bienes que sean de propiedad, uso y/o territorio de comunidades indígenas campesinas o de pequeños productores”, se alteraran “significativamente las condiciones de la vida animal o vegetal” o “algún espacio natural protegido, reservas, parques, áreas protegidas nacionales o provinciales o de alto valor de conservación”.
En las circunstancias mencionadas, “la escala penal prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo”.
Lo mismo, de acuerdo al proyecto, sucederá cuando los delitos fueran cometidos por funcionarios o empleados públicos, caso en que, además, se impondrá “la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública”.
Para el funcionario que, contra la normativa vigente, habilitara o autorizara “la tala, desmonte, degradación o destrucción de bosques nativos”, más allá de la inhabilitación para cargos públicos, se dispone prisión de entre seis meses y cuatro años.
Cuando la falta sea de una persona jurídica, las sanciones serán: multa, cancelación de la personería jurídica, suspensión total o parcial de actividades, clausura total o parcial de establecimiento, publicación total o parcial de la sentencia, prestaciones obligatorias vinculadas con el daño producido, suspensión del uso de patentes y marcas, pérdidas o suspensión de beneficios estatales, suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales, suspensión en los registros estatales.
En lo referido a las multas, “cuando no pudiera determinarse el valor de la ventaja económica obtenida por la acción sancionada”, los montos serán “entre diez y treinta mil Salarios Mínimos Vitales y Móviles por cada hectárea de bosque nativo en la cual se hubiere producido el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción”.
Se advierte que, si el valor referido pudiera determinarse, “la multa podrá aumentarse”, siendo el máximo “el valor correspondiente al doble de la ventaja económica obtenida por la acción sancionada”.
También se aclara que podrán actuar como querellantes el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (o el organismo que en el futuro lo reemplazara) y las asociaciones o fundaciones cuyo objeto estatutario se vincule con la defensa del medioambiente.
El proyecto de la diputada Fernanda Vallejo culmina con una cita del Papa Francisco, que, en su Carta Encíclica Laudato (“Cuidado de la Casa Común”), dice: “Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún problema ambiental”.
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Catamarca: no se puede prohibir la minería según la justicia

 


La minería gana en Catamarca: la Corte provincial declaró «inconstitucional» su prohibición en Andalgalá

Fecha de Publicación
: 28/12/2020
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca


El máximo tribunal hizo lugar a la acción interpuesta por la empresa Minera Agua Rica en contra de la localidad.
Este jueves, la Corte de Justicia de Catamarca dictó un fallo que favorece a la minería a cielo abierto, ya que considera «inconstitucional» que el municipio de Andalgalá la prohíba. El máximo tribunal judicial de la provincia hizo lugar de esta manera a la acción interpuesta por la empresa Minera Agua Rica en contra de la localidad norteña.
Andalgalá es una ciudad de 15.000 habitantes del centro norte de la provincia y capital del departamento homónimo, a 248 kilómetros al norte de la capital provincial San Fernando del Valle de Catamarca. Según NA, Agua Rica es un proyecto minero ubicado a unos 25 kilómetros al norte de dicha localidad, en el sector sur de la Sierra del Aconquija, en la provincia de Catamarca, donde se explota oro, cobre, plata y molibdeno a 3.300 metros sobre el nivel del mar.
En este marco, la Corte de Justicia decidió declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal 029/2016 sancionada por el Concejo Deliberante de la localidad por la que prohibía la actividad minera en el departamento. Además, tras cuatro años de tener la causa en su poder, el máximo tribunal de Justicia resolvió imponer las costas del proceso a la Municipalidad de Andalgalá.
El fallo de 86 páginas lleva las firmas de la presidenta del tribunal Vilma Juana Molina y de los ministros José Ricardo Cáceres y Miguel Figueroa Vicario. Y participaron los camaristas María Alejandra Azar y Manuel de Jesús Herrera por la inhibición de Amelia Sesto y Raúl Cippitelli, informaron medios de prensa de la provincia. En su voto, Figueroa Vicario dijo que la Constitución Provincial contempla a la minería entre las actividades industriales como fuente genuina de riquezas y señaló que la Carta Orgánica de la Municipalidad de Andalgalá dice que el municipio «promoverá y estimulará las actividades mineras». «Prohibir la actividad minera como lo expone la ordenanza N.º 029/16 colisiona con la Carta Provincial contradiciendo e incumpliendo precisamente el alcance dado a la autonomía municipal de asegurar y fomentar la actividad minera que auspicia la Constitución y ratifica la Carta Orgánica», dijo el ministro.  
Cáceres fue el único que voto en contra de dictar la inconstitucionalidad al sostener que la ordenanza objetada no ha hecho más que cumplimentar un deber constitucional, dado que la provincia no ha legislado los aspectos ambientales que conlleva la práctica de la minería a cielo abierto con la utilización de determinadas sustancias químicas tóxicas.  «Y ante tal vacío legal era más que pertinente que el municipio asuma su competencia en la materia y dicte esa regulación ambiental», señaló el funcionario, quien formuló también que varias provincias dictaron leyes en contra de la actividad minera.

Repudian el fallo de la Corte Suprema de Catamarca a favor de la contaminación que causa la megaminería

La licenciada Luciana Gagliardo, presidente de Conciencia Solidaria, habló en exclusiva con El Intransigente.
La licenciada Luciana Gagliardo, presidente de Conciencia Solidaria, habló en exclusiva con El Intransigente acerca del fallo de la Corte Suprema de Catamarca a favor de la contaminación que causa la megaminería y repudió la decisión judicial. En ese marco, dijo que “básicamente, desde diferentes organizaciones nos declaramos en repudio absoluto y total respecto de esta sentencia definitiva, que declara la inconstitucionalidad de la ordenada que en Andalgalá prohíbe la mega minería en cualquier de sus formas”.
Cabe recordar que a tan solo dos días de la Navidad y a poco de concluir el año en que la minería se declaró “actividad esencial” en plena pandemia, la Corte Suprema de Justicia de Catamarca declaró “inconstitucional” la Ordenanza 029/2016. La misma, prohíbe la explotación minera en cualquiera de sus formas a desarrollarse en la cuenca del río Andalgalá, ubicada en la localidad catamarqueña del mismo nombre.
En ese sentido, Luciana Gagliardo manifestó que “esta ordenanza la particularidad que tiene, además de prohibir esta actividad extractivista que ya tiene consecuencia a nivel ambiental de pasivos ambientales, sociales y económicos en la localidad de Anadalgalá y alrededores, tiene la particularidad que, independientemente del posicionamiento en los bloques políticos del Consejo Deliberante local, fue aprobada por todos y cada uno de sus representantes”.
“Es decir, es un fiel reflejo de la voluntad popular, de la voluntad de este pueblo que hace más de una década lucha para frenar esta actividad extractivita en su territorio”, explicó. Asimismo, añadió que “la justicia provincial catamarqueña, está avasallando en forma absoluta y brutal este derecho a la autodeterminación, a la voluntad popular que esta respaldada por el órgano legislativo municipal y tanto el gobierno provincial aduciendo que los recursos naturales son de las provincias, son administrados por la provincia”.
No obstante, expresó que “la empresa propiamente dicha manifiesta claramente que la minería es una actividad de corte legal, avanzan sobre una ordenanza que lo único que hace es prohibir una actividad comprobadamente nociva, tanto para la salud de las personas, como para la actividad del ambiente. Así como también va en detrimento de los genuinos procesos de sostenimiento de las economías regionales”.
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La grieta minera en Chubut y Río Negro

 


La minería divide a Chubut y Río Negro se pone en guardia

Fecha de Publicación
: 26/12/2020
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Chubut - Río Negro


El proyecto del gobernador Arcioni, frenado en la Legislatura y con denuncias de corrupción. Asambleas rionegrinas activan protestas y una iniciativa popular.
El proyecto de zonificación productiva de la meseta impulsado por el gobernador Mariano Arcioni enardeció el clima social de Chubut. El plan minero, ahora trabado en la Legislatura y rodeado de un escándalo de corrupción, provocó una frontal oposición que dividió en dos a la sociedad de esa provincia y que tiene su réplica, por ahora de menor escala, en Río Negro.
A través de una iniciativa popular, las organizaciones ambientales rionegrinas buscan prohibir la minería metalífera y pusieron en marcha la recolección de firmas para que el parlamento trate este proyecto. Al mismo tiempo, organizaciones de pueblos originarios anunciaron una movilización a Valcheta, donde se encontró uranio, en contra de la actividad.

Al alargue
La actividad extractiva es rechazada históricamente por vastos sectores en la Patagonia. Sin embargo, acuciado por el déficit de las cuentas públicas y una pila de bonos de deuda, Arcioni avanzó con su propuesta de desarrollo minero con el objetivo de inyectarle dólares a la economía chubutense y revitalizar una zona postergada del territorio a su cargo. Se trata del segundo intento en pocos años, luego de que el gobierno de Mauricio Macri buscara reflotar el Proyecto Navidad de la firma canadiense Pan American Silver.
El proyecto oficialista “para la ampliación sustentable de la matriz productiva" provincial habilita la explotación minera en la meseta y afirma que deja a salvo de riesgo ambiental tanto a la cordillera como al río Chubut. Sin embargo, la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut se opone y reunió unas 30.000 adhesiones que le permitieron presentar en el poder legislativo una Iniciativa Popular en favor de la sustentabilidad ambiental. A esta acción, le sumaron numerosas marchas bajo la consigna "No es No". Algunas de ellas, sorprendieron por su virulencia y radicalización, inclusive a muchos chubutenses que ya han pasado más de una vez por situaciones de este tenor.
La polarización social que abrió el proyecto minero en Chubut también se trasladó a la política y enturbió la sanción del proyecto de Arcioni, que a priori contaba con los votos necesarios para su aprobación. La unificación del peronismo chubutense erigió a un nuevo actor, que quiere participar del debate y exige más tiempo para discutir el proyecto. Encabezado por el exintendente de Comodoro Rivadavia Carlos Linares y con el regreso al partido de dirigentes que en 2019 acompañaron al gobernador en la coalición Chubut al Frente, el PJ trabó el trámite legislativo: algunos votos que parecían seguros dejaron de serlo y la iniciativa ya no será tratada en las sesiones ordinarias. No está claro si el gobernador apelará al alargue de las Extraordinarias para tratar de imponer el plan minero.
Pese a todo, Arcioni intentó mostrar respaldo en una movilización de sindicatos. En Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew salieron a la calle los gremios vinculados a la actividad productiva, como la UOCRA, Camioneros y Petroleros.
El jefe provincial, apuntado por el descalabro económico y el malestar social, fue el único orador del acto en la cuenca petrolera. “Somos un ejemplo de lo que significan los procesos exploratorios y extractivos. Y sabemos muy bien luego de 113 años de petróleo, lo que significa cuidar el medio ambiente”, comenzó el mandatario, aliado del gobierno nacional pero con el PJ en la oposición  provincial. “Hoy tenemos la oportunidad de dar la discusión, no vamos a permitir que quieran instalar falsos dogmas que lo único que hacen es perjudicar la reconversión productiva de Chubut”.
El ejemplo que Arcioni cita no convence a buena parte de la sociedad. Letra P informó las numerosas manifestaciones para que se frene el plan de la meseta, que tendrá una nueva movilización en contra este martes. La previa de la marcha de antorchas está signada por una denuncia de la diputada Leila Lloyd Jones (Interbloque) en la que acusa a otros legisladores de recibir 10 millones de pesos para acompañar la zonificación minera y por la filtración de un video del legislador provincial del PRO, Sebastián López, en el que reclamaba 100 mil pesos para hacer lobby por la actividad.
Sobre este tema, como pudo saber Letra P, la titular nacional del partido, Patricia Bullrich, estaba al tanto antes de que trascendiera. La decisión del partido que ideó Mauricio Macri fue repudiar a su diputado y espera que avance la investigación. López, jaqueado desde ese momento en la alianza Juntos por el Cambio, responsabiliza al diputado nacional Ignacio Torres por el corrimiento que sufre dentro de JxC. El primer resultado fue la fractura del bloque provincial: los dos legisladores de la UCR se despegaron de López y armaron rancho aparte.
 
En guardia
Con ese álgido panorama al sur del paralelo 42, en Río Negro las asambleas socioambientales buscan curarse en salud y ya proyectan una segunda etapa de su plan de acción. Después de constituir una comisión de legales, empezará el 28 de diciembre el proceso de recolección de firmas para que el proyecto sea tratado en el parlamento local. “Estamos comprometidos con el medioambiente, con la vida. Estamos bregando para que no se instale la megaminería en nuestra provincia, por eso presentamos el proyecto”, coincidieron en una reunión virtual este martes diferentes integrantes de la asamblea Curru Leufu (Río Negro).
Como lo marca la Ley provincial 3654, el proceso de iniciativa suscribe requisitos básicos como el sustento de la firma del 3% de los ciudadanos inscriptos en el Padrón Electoral de la última elección. En total, un número cercano a las 17.000 adhesiones. Para conseguir ese número, aunque apuestan a un respaldo mayor, recorrerán diferentes localidades con las planillas que dispondrá la Legislatura. Tienen casi todo el 2021 para trabajar en este proyecto.
A esta movida se le suma el anuncio de una marcha a la región del Bajo Gualicho, en Valcheta. En esa localidad de la región sur, que se fundó tras la instalación de un campo de concentración de la Campaña del Desierto, la Coordinadora del Parlamento Mapuche–Tehuelche realizará una protesta para plantear el rechazo a lo que sucede en la vecina provincia y ante la presencia de empresas en el territorio.
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