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La Pampa prohibiría temporalmente la venta de pesticidas



La Pampa a días de suspender la comercialización de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 25/01/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa


La comercialización de agroquímicos en la provincia de La Pampa podría prohibirse hasta nuevo aviso a partir del lunes próximo, 28 de enero. La medida podría adoptarla el gobierno de la provincia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, la autoridad de aplicación de la Ley 27279 (de Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios), a menos que todo lo que no se hizo en 270 días se realice en cinco, una misión imposible.
El tema está generando mucha preocupación entre las empresas pampeanas que se dedican a la comercialización de fitosanitarios, tales como las agronomías y las cooperativas agropecuarias, mayormente ubicadas en el norte de la provincia, pero también, aunque en menor medida, en el centro y centro este provincial.

Laboratorios en falta
Las fuentes consultadas ayer por este diario, tanto gubernamentales como ligadas a la venta de fitosanitarios, explicaron que la ley impone a los «registrantes», es decir, a los laboratorios que producen los fitosanitarios, tanto nacionales como trasnacionales, como los responsables de construir Centros de Acopio Transitorio (CAT) de envases vacíos y de darle trazabilidad a los bidones en los que se despacha el producto, de modo de conocer qué cantidad compró un productor agropecuario y cuántos devolvió vacíos.
Para cumplir con esas obligaciones, la cámara que nuclea a los laboratorios internacionales, tales como Dow, Monsanto, Bayer, Basf o Singenta, Casafe, y la que agrupa a los nacionales, como Nova y ACA, denominada Ciafa, crearon la Fundación Campo Limpio. La única finalidad de la ONG era gestionar cada uno de los aspectos a cumplimentar de acuerdo a lo exigido en la Ley 27279.

Campo Limpio
Por ese motivo, en mayo del año pasado, Campo Limpio, a través de una carta documento de 15 páginas, presentó ante la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa, una propuesta de gestión de los envases vacíos. De acuerdo a la Ley de Envases Vacíos, una vez recibida la propuesta, la autoridad de aplicación tiene un plazo para aprobarlo o rechazarlo. En este caso, Ambiente lo aprobó ese mismo mes.
Desde esa fecha, 2 ó 3 de mayo, comenzó a correr el plazo de 270 días -que vence el 28 de enero- que establece el artículo 10 de la ley nacional para que se ponga en funcionamiento el sistema propuesto por Campo Limpio en nuestra provincia. Esa propuesta consistía en la construcción de tres centros de acopio transitorio, pero las obras no avanzaron y en la última inspección que se realizó desde Ambiente, el lunes último, esto fue constatado.
Por lo tanto, la ley dice que, ante el incumplimiento, lo que debe hacer la autoridad de aplicación es prohibir la comercialización de fitosanitarios hasta que los «registrantes» (laboratorios) pongan el sistema en vigencia.

Cuello de botella
Si bien la construcción de los CAT no es compleja, pues consisten en tinglados de 10 metros de ancho por 15 de largo, con un piso de cemento alisado con cierto declive y un cierre perimetral realizado con un tejido romboidal, Campo Limpio ni siquiera ha presentado los estudios de impacto ambiental necesario para que los sitios elegidos para levantarlos sean autorizados. Este proceso incluso podría incluir una convocatoria a audiencia pública, algo que alargaría los plazos y, por ende, la prohibición de comercializar.
Pero esto no es todo, en la Provincia aseguran que el requerimiento de trazabilidad para los bidones también está «verde», lo cual suma otro problema más. En lo que va de esta semana, las reuniones por el tema fueron varias y junto con especialistas en ambiente y fitosanitarios los que tuvieron un rol protagónico fueron los abogados, buscando algún resquicio que permita superar el cuello de botella. Por ahora, las partes siguen trabajando para evitar la prohibición. Mientras tanto, Ambiente realizará el 27 de enero una nueva inspección en los sitios donde iban a construirse los CAT.
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Mendoza sube las multas por provocar incendios



Aumenta el valor de las multas por provocar incendios y llega hasta $ 2,3 millones

Fecha de Publicación
: 25/01/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


La Secretaría de Ambiente informó que se incrementó el valor de la sanción con el fin de prevenir siniestros en zonas rurales de Mendoza.
La sequía que azota a Mendoza se ha vuelto un peligro para la zona rural de Mendoza no solo por la escasez de agua sino también por el alto riesgo de incendios.
Con el fin de prevenir y controlar los siniestros, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial anunció el incremento de las sanciones establecidas para quienes provoquen incendios forestales, dependiendo de los daños y perjuicios podrán recibir multas, por un valor de hasta $2.380.000.
La Dirección de Recursos Naturales Renovables, de quien depende el Plan Provincial de Manejo del Fuego, modificó el art. 17 de la Ley Provincial 6099 de prevención y lucha contra incendios en zonas rurales para elevar el valor de la multa.
Las sanciones que se apliquen tendrán una gradualidad y se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, las consecuencias que haya causado a la propiedad de terceros o al medio ambiente así como también los daños y peligros potenciales a la seguridad física de otras personas, los antecedentes de infracciones ya cometidas y toda otra circunstancia relevante para la aplicación.
Así se busca controlar los incendios rurales que se generan, principalmente, por el uso ilegal de fuego para limpieza de acequias, canales y lotes. El organismo aclaró que el uso de fuego como herramienta de limpieza está prohibido por la Ley provincial 6099. "La Dirección de Recursos Naturales Renovables informa que está prohibida la quema controlada de campos sin la autorización y supervisión del personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego", afirma el comunicado.
También hicieron un llamado a la población para ser responsable y piden abstenerse de prender fuego, sin importar las razones, si no se está preparado para extinguirlo. "También se exige a los productores tener debidamente las picadas cortafuego regularizadas en los campos de los cuales son propietarios, ya que de lo contrario serán pasibles de multa o quita de subsidio por no cumplir esta normativa", aseguraron.
El Código de Contravenciones establece multas entre $7.600 y $47.500 o arresto de 8 a 50 días "para aquellos que, sin causar un incendio, encendieran fuego en zona urbana o rural en los caminos y en zonas de esparcimiento (públicas o privadas), en calles, acequias, puentes, banquinas o basurales, sea quemando hojas, ramas, madera, basura o cualquier otro material susceptible de ser incinerado, sin observar las precauciones necesarias para evitar su propagación. El Código Penal prevé entre 3 y 20 años de prisión dependiendo de los daños ocasionados por incendios".

Acciones prohibidas y multadas
Está totalmente prohibido el uso de fuego para la quema de pastizales, de basura acumulada, la limpieza de lotes, la quema de fincas abandonadas, la preparación de suelos para cultivos, la limpieza de banquinas, acequias y canales, las quemas clandestinas de campos incultos y quema de remanentes de siembra.
Para denunciar estos siniestros, se puede ingresar al sitio de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial: www.ambiente.mendoza.gov.ar, a la Dirección de Recursos Naturales Renovables a los teléfonos 4252090 y 4257065, de lunes a viernes, de 8 a 13 o llamando al 911.
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Demandan a turistas que alzaron pingüinos



Santa Cruz demandó a turistas que alzaron pingüinos

Fecha de Publicación
: 23/01/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Santa Cruz


El Gobierno de Santa Cruz inició acciones legales en contra de las dos turistas que se sacaron fotos sosteniendo cada una a un ejemplar de pingüino de Magallanes y luego publicaron las imágenes en sus redes sociales.
El hecho ocurrió en la Reserva Cabo Vírgenes, a unos 130 kilómetros al sudeste de Río Gallegos. En el lugar se encuentra una de las pingüineras más importantes de la costa atlántica.
El demandante resaltó que el comportamiento fue irresponsable y que al estar prohibido por la legislación local merece sanciones
El Consejo Agrario Provincial (CAP), a través de la Dirección General de Fauna, emitió un comunicado en el que señaló que la normativa protege a los animales que habitan en áreas protegidas y destacó que en el lugar hay carteles que aclaran que no se los puede tocar ni molestar.
El hecho ocurrió en la Reserva Cabo Vírgenes, a unos 130 kilómetros al sudeste de Río Gallegos. En el lugar se encuentra una de las pingüineras más importantes de la costa atlántica.
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Kicillof seguiría con la normativa que limita fumigaciones



Agrotóxicos bonaerenses: Kicillof extenderá la suspensión a la norma de Vidal que habilita fumigaciones irrestrictas

Fecha de Publicación
: 18/01/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires


A través de la cartera de Desarrollo Agrario, el gobierno que encabeza Axel Kicillof volverá a suspender la norma 246 que, promovida en tiempos de María Eugenia Vidal al frente de la Provincia, habilita las pulverizaciones con agrotóxicos junto a poblaciones y escuelas rurales en toda la geografía de la provincia de Buenos Aires.
El marco en cuestión, de no congelarse otra vez, también avalaría el uso de plaguicidas pegado a cursos de agua, sitios de bombeo, reservas naturales y áreas de esparcimiento. La 246 entró en vigencia el 1° de enero de 2019, pero tras el rechazo generalizado resultó suspendida por un año.
Con fecha de activación fijada para el próximo 18 de febrero, iProfesional tomó contacto con fuentes de la Gobernación para conocer qué decisión tomará la administración Kicillof al cumplirse el plazo. Ante la consulta de este medio, desde el oficialismo la respuesta fue una sola: "La norma se volverá a suspender. Por ahora, no está definido si se hará por un año o más."
Las voces interpeladas omitieron cualquier referencia a la eventual derogación de la 246. El lapso pautado para la renovada suspensión que se viene quedará definido antes de que comience febrero.
La resolución 246 estimula el uso irrestricto de glifosato, clorpirifos, atrazina, 2,4-D, dicamba, glufosinato de amonio, cletodim, picloram y otros venenos. Fue promovida por Leonardo Sarquís, ex ministro de agroindustria bonaerense con pasado en el área de ventas de uno de los actores clave de la producción de plaguicidas y transgénicos a nivel planetario: la estadounidense Monsanto, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer.
En concreto, el marco -que ahora se volverá a aplazar, por ende no entrará en vigencia- legaliza la aplicación de agrotóxicos sin especificar distancias mínimas de centros urbanos o escuelas rurales. Y tampoco fija límites de protección de ríos, arroyos, lagos y lagunas bonaerenses.
Para los establecimientos educativos ubicados fuera de los ejidos urbanos el único criterio pro alumnos que contempla es el veto a las fumigaciones en horario escolar. Quienes utilizan plaguicidas, de acuerdo al marco, pueden aplicarlos junto a las escuelas hasta un minuto antes del inicio de clases. Y, por supuesto, 60 segundos después de vaciadas las aulas.
Semejante decisión va a contramano de toda la bibliografía científica independiente generada tanto en Argentina –sobre todo por la Universidad de La Plata, con el doctor Damián Marino a la cabeza– como en el resto del mundo.
Un amplio volumen de trabajos técnicos demuestra el alto grado de persistencia en el ambiente que ostentan estos compuestos así como su capacidad para desplazarse –la deriva, una de sus formas– por varios kilómetros vía aspectos atmosféricos y climáticos como el viento, la lluvia, humedad del suelo y la misma temperatura, por citar algunos factores.
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Conflicto por fumigaciones entre Tucumán y Santiago



Aviones tucumanos fumigan con agrotóxicos localidades del noroeste santiagueño

Fecha de Publicación
: 17/01/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


La población de Pozo Hondo se encuentra en alerta por enfermedades y culpan al agrotóxico de las fumigaciones. El padre Sergio Raffaelli encabeza la lucha a favor de los pobladores afectados.
Pobladores de Pozo Hondo y lugares aledaños del departamento Jiménez no la están pasando nada bien. Afirman que ésta es la peor época del año y en la que se exacerban los “síntomas del envenenamiento: problemas respiratorios, manchas en la piel, partos espontáneos, chiquitos con malformaciones”. Todo ello, afirman, a causa de la actividad sojera de la zona, puntualmente de la fumigación de los campos con sustancias agrotóxicas.
Como si la salud de la población no fuera suficientemente alarmante ya, relatan que también se mueren sus animales y sus sembradíos se secan enseguida. Por ello, se encuentran en alerta y abiertamente en lucha contra la desmedida aplicación de las peligrosas sustancias tóxicas en campos muy cercanos a viviendas, escuelas y pobladores en general, que están seguros que aspiran involuntariamente esos venenos, especialmente en época estival, cuando arrecian las fumigaciones.
El cura del pueblo, padre Sergio Marcelo Raffaelli, es una de las personas que se encuentra al frente de reuniones que se vienen desarrollando con el objetivo de ponerle fin a esta situación que provocó enormes inconvenientes de salud en varias personas de la zona desde hace varios años.
“En el pueblo estamos preocupados, en la zona suele llover desde noviembre hasta abril, y se siembra soja, los productores fumigan con las avionetas y largan un tóxico que genera enfermedades de distintos tipos en los pobladores. Se produce una contaminación en la gente, es un tema grave, la gente tiene los recipientes donde juntan agua al aire libre para beber, los animales toman agua en la represa contaminada, y esos animales después se lo comen, los utensilios están en una mesa bajo el árbol, lo poco que siembran se les quema enseguida, entonces se ve afectado el modelo de vida de producción de las familias de la zona. Lo más preocupante es el problema de salud de esas familias”, expresó con tono preocupado el padre.
Raffaelli es párroco de la parroquia La Merced; su trabajo pastoral llega a todos los parajes del departamento. “Con los vecinos hemos logrado armar una mesa de tierra en la parroquia donde nos reunimos mensualmente con las comunidades campesinas, el Inta, el comité de Emergencia. En la última reunión nos acompañó la fiscal federal, Dra. Indiana Garzón, el fiscal de la jurisdicción Río Hondo Jiménez, Dr. Ignacio Guzmán, y el Dr. Santucho de la Defensoría del Pueblo, el defensor adjunto de Niñez y Adolescencia por el tema de las escuelas y el derecho a la salud de los niños. Es una mesa ampliada. Tenemos pensado para el mes de febrero tener una reunión con la Secretaría de Agricultura de la Provincia que es el órgano de control y aplicación y cuenta con las normativas para regular el uso de las herramientas que deben utilizar para la fumigación”, amplió.
“Me cuesta creer que esta gente sea empresaria, la gente de bien da trabajo y persigue una función social, estos son especuladores financieros que poco tienen que ver con un trabajo empresarial. La Dra. Garzón les tomó la denuncia de los vecinos afectados, quienes dieron nombres de las fincas, empresarios. Los campos están ubicados en el límite de los departamentos Jiménez y Río Hondo y la provincia de Tucumán. Las fincas grandes abarcan las dos provincias. La mayoría de las avionetas son de Tucumán, despegan desde la vecina provincia. La fiscal Garzón nos manifestó que la Justicia Federal puede intervenir en este tipo de situaciones. Levantó todos elementos que le sirven como materia de denuncia para realizar allanamientos, investigar y pedir informes”, explicó el sacerdote.
Por último, el padre Raffaelli concluyó: “Estamos esperanzados de que esto tiene que parar, tenemos familias preocupadas por el deterioro de la salud, los agentes sanitarios de la zona pudieron registrar casos de niños que nacen con malformaciones, problemas respiratorios, enfermedad de la piel, la muerte de los animales. Sabemos que estamos luchando contra empresas grandes, pero seguiremos dando batalla”.
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Chubut: Se aleja la modificación de la ley minera



El gobernador Arcioni cada vez más aislado al querer impulsar la minería

Fecha de Publicación
: 15/01/2020
Fuente: El Agora
Provincia/Región: Chubut


Mariano Arcioni quiere incentivar la minería en Chubut pero además del rechazo popular, existe una intensa oposición política encabezada por el vicegobernador Ricardo Sastre, de la que participan cada vez más sectores del peronismo.
El plan minero de Arcioni no deja de sumar rechazos aunque todavía no haya una medida o proyecto concreto. No obstante, los dichos del Secretario de Gobierno, Carlos Reilly, quien manifestó días atrás que buscan modificar la ley 5.001 que prohibe la minería desde 2003 en Chubut.
“La minería es la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y desarrollo social” manifestó Reilly y rápidamente Arcioni tuvo que bajarle el tono a los dichos de su funcionario, que comenzaron a enardecer la oposición.
Los legisladores nacionales del Frente de Todos que representan a Chubut también se oponen a la minería en la provincia patagónica, de igual modo que un sector oficialista de la Legislatura provincial, y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, hermano del vicegobernador.
Arcioni desmintió que su gobierno pretende modificar la ley 5.001 pero adelantó que piensa habilitar la minería en la zona de la meseta: “Hay que dejar en claro que no queremos una minería que contamine, no queremos minería en la Cordillera, no queremos con cianuro, eso que quede claro”.
Por su parte, el mismo vicegobernador Sastre remarcó: “El PUEBLO de Chubut se ha expresado en contra del desarrollo minero y comprendo que #NoEsNo. En la clase dirigencial debe haber una fuerte autocrítica. Chubut tiene otras alternativas de desarrollo que pueden llevarse adelante con responsabilidad y eficiencia, sin poner en riesgo el agua, y nuestro medio ambiente!”.
A nadie escapa que Sastre posee una gran influencia en la Legislatura, el ámbito donde debería aprobarse una modificación de la Ley 5001.
Como si fuera poco, el kirchnerismo también se opone según los planteos de la senadora Nancy González y del diputado Santiago Igón, de La Cámpora. Ambos se mostraron con carteles contra la minería.
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Procesamiento a Ex funcionario de Mercado de Liniers

Ex presidente del Mercado de Liniers procesado por tirar efluentes al Riachuelo

Fecha de Publicación
: 08/01/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Roberto Arancedo, y tanto él como el Mercado de Liniers deberán pagar 2,5 millones de pesos por violar la ley 24.051 de Protección Ambiental.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente del Mercado de Hacienda de Liniers, Roberto Arancedo, por supuesta contaminación del arroyo Cildañez y también ratificó embargos en la investigación, según informó Télam.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones redujeron de cinco millones a dos millones y medio los embargos ordenados por el magistrado del caso, Sebastián Casanello, al imputado y al Mercado de Liniers SA.
La investigación se abrió por denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental por presunta violación a la ley 24.051 de Protección Ambiental, a raíz del volcado de efluentes líquidos de los corrales de ganado y lavado de camiones a las aguas del Cildañez, un afluente de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el cable.
La agencia oficial además indica que revocaron la prohibición de salida del país que se le había impuesto al ex directivo, y que en una inspección el 12 de marzo de 2018 se clausuraron las cámaras de toma de muestras de distintos sectores
“No existe debate en punto al hallazgo producido y que acredita que en el curso de la actividad llevada a cabo por el Mercado de Liniers SA -específicamente en el sector de los corrales- se volcaron efluentes en violación a la normativa ambiental”, concluyó la Cámara.
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Ley de envases: normativa pendiente en nuestro país



Ley de envases, una deuda pendiente para lidiar con los residuos plásticos

Fecha de Publicación
: 07/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


En la Argentina se producen aproximadamente 927.000 toneladas de envases plásticos al año. De ese total el 26% se recicla y el resto va a los rellenos sanitarios o basurales del país. Esto genera contaminación y, además, hace que la industria del reciclado funcione solo al 50%, cuando podría representar una fuente de trabajo para miles de personas.
En Europa esta problemática se solucionó con una Ley de Responsabilidad Extendida al productor, que en el plano local intentaron promulgarla bajo el nombre de Ley de Envases. Esta reglamentación hace que los fabricantes de productos que usan envases plásticos se hagan cargo de la gestión de esos residuos, algo que en la Argentina aún está lejos de suceder ya que los distintos proyectos de ley quedaron truncos. Como el Estado se hace cargo de los residuos, para las empresas es más económico volver a producirlos que armar un circuito de reciclado.
"Existen varios motivos vinculados a la demora de más de 25 años por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo para impulsar la Ley de Envases. Uno de ellos es la falta de sensibilidad de quienes ocupan los altos cargos por los distintos problemas ambientales. Es habitual que las políticas nacionales en esta materia la toman funcionarios con sede en la ciudad de Buenos Aires, que poco conocen de la grave situación en las provincias, donde hay basurales a cielo abierto en cada una de ellas, y menos aún conocen lo que sucede en los municipios. Hay un abandono generalizado en esta materia y esto involucra a todos los partidos políticos", dijo Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica.
Hilbrecht también apunta a la "permeabilidad" de los funcionarios estatales a presiones por parte del sector envasador: "El poder de lobby de este sector es enorme, constante y persistente en el tiempo. Con distintas excusas recorren los pasillos del Poder Ejecutivo alertando que una ley de esta naturaleza amenaza las finanzas de sus compañías y que la economía informal quedará fuera de la obligación de cumplir con el pago de la suma monetaria que determine la ley. Todos estos son argumentos falsos y que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente".
Otro aspecto que señala el funcionario es la falta de formación profesional o antecedentes en la materia de quienes asumen en las cartera de medio ambiente, aduce que, por lo general, son cargos que se asignan políticamente como prenda de cambio de las distintas coaliciones de gobierno de turno.
En España, por ejemplo, la sanción de una Ley de Envases dio lugar a Ecoembes, la entidad que asume los costos asociados a la recolección y selección de los residuos de envases domiciliarios. Las cifras muestran el colosal negocio y oportunidad para el mercado laboral que representa un organismo de estas características. En 2018 Ecoembes facturó 494 millones de euros, reciclaron el 80% de los envases de cartón y papel y el 75.8% de los envases de plástico y se generaron 42.600 trabajos formales relacionados la actividad del reciclado.
En la Argentina, por la falta de una ley, las empresas que colocan este tipo de envases en el mercado no se hacen cargo de ellos, como si sucede en los países donde están ubicadas sus casas matrices. "Saben que en otros países deben aportar para gestionar los residuos y colaborar con los municipios, que son los responsables de la basura. De hecho la ONU ya informó quienes son las empresas que más contaminan en el mundo. Digo contaminan porque en el contexto de una Ley de Envases (o Ley de Responsabilidad Extendida del Productor), se ha establecido que ´quien contamina paga´. Esta frase grafica claramente quien es el responsable de financiar y pagar por recuperar del medio ambiente todos los envases de todos los materiales una vez que el público consumió su contenido", dijo Hilbrecht.
"En países de Europa la solución fue el principio de responsabilidad extendida al productor, vigente desde hace más de 20 años, determina que las compañías envasadoras que distribuyen los envases en el mercado deben hacerse cargo de los costos y de la gestión de esos residuos. De esta forma, se ven, por un lado, estimulados a producir menos cantidades de envases y, por el otro, obligados a implementar sistemas de gestión de envases para su reutilización", explicó Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas, una entidad técnica que impulsa el desarrollo sustentable de la industria plástica a través de la promoción del uso correcto y responsable de sus productos.
"Nuestro país tiene, sin dudas, una oportunidad única para implementar políticas y a la vez fomentar su desarrollo. En este marco, la posibilidad de una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, debería aplicarse e interpretarse, entendiendo el deber de cada uno de los envasadores de responsabilizarse objetivamente por la gestión la integral y/o su financiamiento, respecto de los envases puestos por ellos en el mercado local y sus respectivos residuos", agregó Ramos.
Uno de las empresas estatales que lidia con la enorme cantidad de residuos plásticos que terminan en el Río de la Plata o el Paraná, es Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Según Pablo Fernández, director de agua de Aysa, los residuos plásticos que llegan a las rejas por las que fluye el agua que luego es potabilizada, son difíciles de introducir en el circuito de reciclado ya que se encuentran muy sucios y mezclados con otros materiales. "Los residuos son llevados por CEAMSE para su acondicionamiento y disposición final. Es por eso que es muy importante tomar conciencia de que el plástico que no se introduce inmediatamente en el circuito de reciclado, luego es muy difícil o costoso de recuperar cuando alcanza los ríos" expresó.
Según Mariana Carriquiriborde, directora de sustentabilidad de AySA, la cantidad de residuos que retienen las rejas ubicadas en el interior de las plantas es de aproximadamente 15 toneladas mensuales. De esa cantidad, se estima que una proporción del 20% está formada por componentes plásticos
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Rechazo de la Justicia a Bayer por patentes de gen



La justicia rechazó un reclamo de Bayer de patentar un gen que le da a la soja mas tolerancia al glifosato

Fecha de Publicación
: 04/01/2020
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El Juzgado Federal Civil y Comercial N°8 porteño no dio lugar a la demanda presentada por el gigante alemán contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Organizaciones ambientales celebraron el fallo. "Se priorizó el bien común de toda la sociedad civil por sobre la pretensión apropiadora de la empresa sobre las semillas".
El Juzgado Federal Civil y Comercial N° 8 porteño rechazó la demanda presentada por Bayer en la que reclamaba derechos de patentes por una invención de secuencia genética que les permite a las plantas modificadas con el transgen (el gen extraño que lleva inserta la secuencia genética) tolerar niveles de hasta 4 kg/ha de glifosato. La organización Naturaleza de Derechos, que monitoreó la causa desde su origen en 2012, celebró “el rechazo a la pretensión apropiadora de Bayer sobre las semillas, priorizando el bien común de toda la sociedad civil de Argentina”.
Se trata de la causa "Bayer Crospience SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual" que estuvo frenada hasta noviembre de 2015, cuando la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la pretensión de la empresa (hoy Bayer - Monsanto) que perseguía un objetivo mucho más amplio: patentar la totalidad de las plantas transgénicas. En aquella oportunidad, el tribunal sostuvo que “la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud de Bayer, es materia no patentable”.
Además, consideró que “cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación”.
Frente al revés judicial, Bayer reactivó su reclamo, ya no por una molécula de ADN recombinante y las células vegetales insertas, sino por el reconocimiento de los derechos de patentes de secuencias genéticas, bajo la consideración de que las mismas son construcciones que se realizan artificialmente en los laboratorios, es decir, según el gigante alemán, no formarían parte de la planta, y por ello, serían patentables.
“El transgen con la secuencia genética, que sería como un código de barras, se insertan  en la planta y hace que tolere el glifosato. El primer transgen, de mediados de los 90, hacía que la planta tolerara 0.8 kilos/litros de glifosato por hectárea. El que reclamaba Bayer toleraba 4 kilos/ litros y apunta, sobre todo, a la soja y al maíz. Los nuevos códigos, por ejemplo los de 2019, toleran más de 10 litros”, explica Fernando Cabaleiro, abogado e integrante de Naturaleza de Derechos, la ONG que expuso sobre la pretensión de Bayer en el panel inicial de la Asamblea de los Pueblos, en el marco del Tribunal Monsanto de octubre de 2016 en La Haya.
Ahora, el fallo del juez Marcelo Gota consideró, en base a las conclusiones de peritos, que “la accionante (Bayer) no ha logrado demostrar la ilegitimidad de la conducta del instituto emplazado (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Ante ello, es oportuno reiterar la regla que predica que quien demanda tiene a su cargo la prueba, quien aduce una situación de hecho tiene la carga de aportar evidencia suficiente, punto elemental para fundar su pretensión, porque no es posible dictar una sentencia condenatoria sobre la base de meras conjeturas, máxima en asuntos de ribetes técnico científicos como el presente”.
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Neuquén y el ordenamiento territorial de sus bosques nativos



El ordenamiento territorial de los bosques nativos en Neuquén

Fecha de Publicación
: 04/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


En el marco de la ley nacional Nº 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Provincia del Neuquén promulgó en 2011 la ley provincial Nº 2780 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN). De acuerdo a la normativa nacional mencionada, el OTBN de cada provincia debe actualizarse obligatoriamente cada 5 años. Para ello existe una metodología que se debe respetar, aprobada por el Consejo Federal de Medio Ambiente, un órgano de concertación de las políticas ambientales en el que participan las provincias y el Ejecutivo nacional. En Neuquén, la metodología planteada fue aplicada en su totalidad, garantizando la participación en cada una de las instancias propuestas por la ley nacional.
Un Ordenamiento Territorial es una herramienta de planificación que contempla políticas económicas, sociales, culturales y ambientales. Esto requiere la integración, de manera sustentable, de las actividades económicas, la preservación ambiental y la diversidad cultural. Los ordenamientos territoriales contribuyen a dar respuestas a las problemáticas de los habitantes de ese territorio, orientando el accionar tanto de privados como de organismos públicos. En el caso de los bosques nativos, resulta imprescindible para la priorización de áreas de conservación, restauración y manejo de esos bosques.
En este contexto el ex Ministerio de Producción y Turismo, actual Ministerio de Producción e Industria, inició el proceso de actualización en el 2016, que terminó recién en octubre de 2019.
La normativa nacional considera estas actualizaciones como procesos de revisión integral, incluyendo tanto los aspectos normativos como la zonificación de los bosques a escala provincial.
Esta zonificación es el resultado del análisis del territorio y la aplicación de los 10 Criterios de Sustentabilidad Ambiental establecidos en la ley nacional, en connivencia con talleres participativos y abiertos a las comunidades que se asientan en los sistemas de bosques nativos provinciales, y también con relevamientos a campo para corroboración y ajuste de la información elaborada. Estos resultados se van volcando y analizando sobre un sistema de información geográfica.
El proceso de OTBN que ha finalizado en nuestra provincia ha dado como resultado el aumento de la superficie de bosques nativos en casi 50.000 hectáreas y un aumento considerable de la categoría de máxima conservación (roja).
Ello no se debe a que entre 2011 y 2019 se extendieron los sistemas de bosques, sino a que se trabajó sostenidamente en mejorar la metodología para su análisis, teniendo en cuenta no solo las coberturas existentes de los sistemas de información geográfica, sino que se integraron y analizaron los aportes de los actores sociales presentes en los talleres abiertos (instituciones locales, provinciales y nacionales, organizaciones no gubernamentales, comunidades originarias) que se fueron realizando en las distintas localidades de la provincia, al igual que en las instancias de reunión particulares con comunidades originarias inmersas en el bosque y, por supuesto, las contribuciones de técnicos institucionales y privados, con experiencia en la materia.
Asimismo, y como parte del proceso, se trabajó conjuntamente con las áreas competentes de los municipios que tienen bosques nativos dentro de sus ejidos, con el fin de compatibilizar su planificación territorial –en pos de su autonomía y visión sobre el desarrollo de su comunidad– con la normativa nacional y provincial, objeto de esta actualización.
Si bien la metodología de análisis ha sido perfeccionada, tanto por la existencia de nuevas tecnologías a nivel de sistemas de información geográfica e imágenes satelitales, el estudio de los criterios de sustentabilidad y los talleres realizados, existen ciertas limitaciones de la normativa actual que, en algunos casos, se contraponen con las actividades económicas, sociales, culturales y ancestrales existentes en nuestra provincia, aun décadas antes de que se pensara una ley de presupuestos mínimos para los bosques nativos a nivel nacional.
Esta ley de OTBN permite planificar y ordenar el territorio con presencia de bosques. No tiene competencia en el análisis y aprobación de desarrollos inmobiliarios.
Es por ello que, para respetar las actividades preexistentes a la ley y no cerciorar derechos individuales ni colectivos, en el anteproyecto de ley elevado a la Legislatura provincial se proponen modificaciones a la ley 2780, para poder compatibilizarlas. El caso más representativo es el de los crianceros trashumantes cuyas veranadas se encuentran dentro de las áreas de mayor conservación de los bosques nativos.
Y es por ello que en la categoría roja se incluyó especialmente la consideración de sus actividades, que también se sustentan en la ley provincial N° 3016 de trashumancia, promulgada en 2017.
Asimismo, cabe aclarar que si bien esta ley de OTBN permite planificar y ordenar el territorio con presencia de bosques, no tiene competencia en el análisis y aprobación de desarrollos inmobiliarios, ya sea preexistentes a la sanción de la ley en la provincia, o posteriores.
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Chaco: confirman cautelar por desmontes



Confirman la medida cautelar que suspendió desmontes en “Zona Amarilla” en el Chaco

Fecha de Publicación
: 03/01/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


Lo resolvió la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en un fallo dictado a fines de noviembre. Así, ratificó la medida del juez Julián Flores, quién hizo lugar al planteo de la Defensoría del Pueblo del Chaco pero que aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.
Un fallo de segunda instancia confirmó la suspensión de los permisos para desmontes en “zona amarilla” otorgados por el gobierno del Chaco hasta tanto se resuelva una acción de amparo mediante la cual la Defensoría del Pueblo del Chaco pidió que se declaren nulos todos esos permisos por violar la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos. Así, se confirma la resolución de primera instancia del titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, quién había hecho lugar a la medida cautelar innovativa del ombudsman provincial pero que aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.
La sentencia, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 27 de noviembre pasado, y lleva las firmas de los camaristas Fernando Heñin y Diego Derewicki. Confirma, así, la medida dictada por el juez Flores mientras se sustancia la acción de amparo sobre la que el juez de primera instancia deberá expedirse.
En la presentación realizada por la Defensoría del Pueblo del Chaco se señalaba que por el decreto Nº 298/19 se habían derogado tres disposiciones de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para “regular las presentaciones y evaluación de las solicitudes de revisión de categorías de conservación predial” -eufemismo técnico para referirse a los desmontes-. El decreto del por entonces gobernador Domingo Peppo buscaba crear un ámbito para garantizar la participación ciudadana y así recibir los aportes de las organizaciones ambientalistas. Sin embargo, esa resolución no había suspendido los desmontes por lo que solicitó a la justicia provincial la suspensión de esos permisos ya otorgados.

El fallo de Cámara
En sus fundamentos, el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones recalca que la ley 26.331 señala en uno de sus artículos que no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos en las categorías I (Rojo) y II (amarillo). También subraya cuáles son los requisitos a cumplir por quienes soliciten autorización para manejo sostenible de bosques nativos clasificados en las categorías II (Amarillo) y III (Verde) y que tales planes de acción deberán elaborarse de acuerdo a la reglamentación que para cada región y zona establezca la Autoridad de Aplicación. En el caso del Chaco, esta recae en la Subsecretaría de Recursos Naturales, siempre dependiente del Ministerio de Producción, algo cuestionado por las organizaciones ambientalistas que reclaman que la conservación de los bosques nativos quede bajo el ámbito de las áreas de Ambiente.
El fallo de Cámara advirtió una contradicción en cuanto a la apelación de la medida cautelar por parte de la Fiscalía de Estado, teniendo en cuenta que el propio Poder Ejecutivo había anulado el decreto 233/17 por lo que, según los camaristas, “válido es suponer que lo motiva, o la insuficiencia de tal normativa o su no adecuación a los presupuestos mínimos estipulados en las normas superiores”.

No retroceder
Por otro lado, la sentencia de la Cámara subrayó que “no puede soslayarse que la modificación de las leyes ambientales en modo alguno puede implicar un retroceso en los niveles de protección existentes, sino que debe propender a incrementarlos, puesto que cualquier disminución en la protección colisionaría directamente con los principios ambientales de ‘no regresión ambiental’, ‘equidad intergeneracional’, ‘precautorio’, de ‘progresividad’ y de ‘sustentabilidad'”. En ese contexto, también citaron una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMa), la 236/12, que puntualiza que “los cambios de zonificación prediales deberán ser concedidos solamente para casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática, debiendo manejarse un criterio coherente con el principio de no regresividad en materia ambiental”.
Por último, los camaristas descartaron que con la medida judicial se afecten los derechos de terceros, es decir, de aquellos propietarios de predios rurales que habían solicitado los permisos de desmonte, y también señalaron que la Fiscalía de Estado no contaba con legitimación para presentarse en defensa de derechos de terceros.
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Un triunfo contra la megaminería



Derogaron la ley que permitía el uso de tóxicos para la minería en Mendoza

Fecha de Publicación
: 31/12/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza


La Legislatura mendocina dejó sin efecto la ley 9209 y restauró la vigencia de la 7722. Los manifestantes que se habían movilizado una vez más en defensa del agua a la espera de la derogación celebraron el freno a la explotación minera contaminante.
La Legislatura de Mendoza derogó la ley 9209 , que habilitaba la minería contaminante-- y restauró la vigencia de la 7722. La derogación fue producto de las masivas protestas en rechazo al uso de cianuro y otros químicos peligrosos y fue celebrada por los manifestantes que también hoy se convocaron en defensa del agua a la espera de que los legisladores cumplieran la marcha atrás que el gobernador Rodolfo Suárez había anunciado el último viernes.
El debate arrancó temprano en el Senado mendocino. Con 34 votos a favor y dos en contra, esa Cámara dio media sanción al proyecto de derogación de la ley 9209. Las legisladoras que votaron en contra de la derogación fueron Gladys Ruiz (UCR) e Hilda Quiroga (Frente Elegí). Ambas son de Malargüe, la ciudad en la que la presión de las mineras viene siendo fuerte para que quede excluida de los alcances de la ley 7722 en caso de que se restaure de modo definitivo.
Tras la media sanción en el Senado, el texto fue girado de inmediato a Diputados. En menos de dos horas de debate esa Cámara sancionó la derogación.
Fuera de la Legislatura una concentración con la consigna “Mendoza despertó”, convocada por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), siguió con atención las sesiones especiales. Los mendocinos que esperaron el resultado definitivo con bombos, redoblantes, pancartas y banderas celebraron la sanción de la derogación. La Legislatura estaba vallada y con un fuerte operativo policial.
El viernes el gobernador Rodolfo Suárez anunció que derogaría la ley que habilitaba el uso de sustancias químicas como el ácido sulfúrico y el cianuro en la actividad. Lo hizo ante la fuerte presión de la ciudadanía mendocina, que de plano rechazó la introducción de la minería contaminante en esa provincia.
El último domingo un histórico banderazo fue parte de la espera de la derogación. Sucedió con mucha potencia en los departamentos del Valle de Uco y en Kilómetro 0, en la ciudad; también en Maipú, Malargüe, San Rafael, Luján, Potrerillos, Alvear y Las Heras. Miles de mendocinos se movilizaron con la bandera nacional, con la intención de mostrar que este es un conflicto en que “no hay grietas” ni “colores políticos” dentro de la comunidad. Suscita preocupación el destino del departamento de Malargüe, donde es fuerte la presión de las mineras para quedar por fuera de los alcances de la 7722 (para desarrollar proyectos mineros aunque sin cianuro) que esta tarde quedaría restaurada.
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Hoy se derogaría la rechazada nueva ley minera de Mendoza



La Legislatura de Mendoza tratará la derogación de la ley de mineria

Fecha de Publicación
: 30/12/2019
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Mendoza


Los senadores y diputados mendocinos tratarán este lunes en sesión especial la derogación de la reciente Ley 9.209 que establecía modificaciones a la Ley 7.722, permitiendo el uso de sustancias químicas para la explotación minera, luego de que el gobernador Rodolfo Suárez anunciara el viernes que enviaría un proyecto para restablecer la vigencia de la anterior norma.
El proyecto para dejar sin efecto la norma que habilitaba el uso de sustancias químicas, como el cianuro y el ácido sulfúrico, comenzará a tratarse partir de las 9 en el Senado y después, pasadas las 11, en la Cámara de Diputados.
El tratamiento legislativo para aprobar la derogación de la ley 9.209, y de esta manera restablecer la vigencia de la Ley 7.722, se da luego de que el gobernador Suárez (UCR) anunciara el viernes pasado, tras las protestas en contra de la normativa, que impulsaba la derogación de la norma recientemente aprobada por los legisladores.
Suárez, en conferencia de prensa, señaló que “para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza”.
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Kicillof también piensa en los agrotóxicos para su agenda



Agroquímicos, en la agenda 2020 de Kicillof

Fecha de Publicación
: 30/12/2019
Fuente: ABC Saladillo
Provincia/Región: Buenos Aires


Desde el equipo del gobernador bonaerense anunciaron que se trabajará para establecer pautas de fumigación para los distritos. En la actualidad, no hay una legislación que establezca los sistemas y cada comuna determina los parámetros para la aplicación de fitosanitarios. En ello trabaja el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
Durante una visita a la localidad de Bolívar, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, mantuvo una serie de reuniones en las que avanzó en importantes anuncios. Vale recordar que, Rodríguez fue el encargado de organizar el encuentro entre el hoy gobernador, Axel Kicillof, y la sociedad rural de Bragado allá por febrero de este año donde comenzó a tomar forma la candidatura del ex ministro de Economía.
En definitiva, uno de los hombres que pertenecen al riñón del ex diputado nacional adelantó que la aplicación de los fitosanitarios en el territorio bonaerense será uno de los principales temas de la agenda de la cartera agropecuaria. Casi a la par de la búsqueda de la reactivación de la producción a través de créditos especiales.
De esa manera, Rodríguez anunció que en materia de agroquímicos se “avanzará en generar un espacio en donde podamos incorporar el conocimiento del INTA, universidades y otras organizaciones, con el objetivo de llevar adelante una serie de recomendaciones hacia los municipios sobre las pautas que deberían tenerse”.
Cabe recordar que, como informó LaTecla.info en sus informes especiales, desde hace varios años ya, el glifosato, por caso, pasó a ser la estrella de los agroquímicos en los campos argentinos y su aplicación desmedida trae consecuencias fatales para la sociedad. Vale recordar el emblemático caso de Pergamino, con vecinos afectados de cáncer en unas escasas cuadras de distancia.
En ese sentido, el ministerio de Agroindustria bonaerense que conducía Leonardo Sarquis en la era Cambiemos, ensayó una resolución, sin consenso legislativo, pero debió dar marcha atrás ante la presión judicial.
Conforme lo detallado en su momento, a finales de 2018, desde la cartera se buscó generar una alternativa mientras diputados y senadores avanzan en consensos para legislar sobre la aplicación de fitosanitarios. Lo cierto es que, en los cajones de la Legislatura ni siquiera duerme un proyecto de Ley relacionado a la problemática.
La resolución oficial fue dejada sin efecto una vez que la abogada Florencia Casamiquela, en representación de escuelas rurales de Chivilcoy, presentó un amparo por la fumigación cerca de zonas urbanas y establecimientos educativos. Dicho punto es el que presenta el mayor de los conflictos a la hora de avanzar en una solución a la aplicación de fitosanitarios. Es que, desde sectores productores buscan libertad plena a la hora de aplicar herbicidas sobre las plantaciones. Incluso, una vez que la Provincia dio marcha atrás con la resolución que permitía fumigar cerca de zonas urbanas y escuelas, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), pusieron el grito en el cielo y reclamaron “que tomen el toro por las astas”. Claro, la medida firmada por Sarquis que quedó sin efecto era a gusto de los productores.
Con dicho panorama, Casamiquela remarcó a LaTecla.info que «hacer frente a la problemática supone, en principio, asumir la problemática reconociendo que nuestra provincia se está fumigando indiscriminadamente afectando severamente la salud y la vida de los bonaerenses». De esa manera, subrayó: «Debemos tener voluntad y decisión política para regular la aplicación de fitosanitarios, el mundo entero avanza en esta sintonía. Nuestra provincia no puede seguir regresivamente manteniendo la desregulación, y la política no puede mirar para un costado».
«Establecer límites de respeto a las poblaciones rurales, establecimientos educativos y cursos de agua, acompañado de mecanismos de compensación son indispensables a la hora de garantizar modelos productivos que no afecten ni el derecho a la vida, ni el derecho a la salud, ni el derecho a un medio ambiente sustentable, y que a su vez sea rentable, seguro y saludable tanto para quien los produce como para quien los consume», subrayó la abogada y candidata a diputada bonaerense de Consenso Federal por la Cuarta Sección.
Así, sostuvo que con políticas públicas se puede avanzar en un control. Actualmente, “el contralor está en manos de los municipios, delegando el poder de policía y no tienen el poder suficiente para hacerlo”.
Uno de los casos testigos de la Provincia es el de San Antonio de Areco, que junto con Bolívar, se convirtieron en los primeros distritos en generar ordenanzas que regularicen la aplicación. “Hace 4 años que esta prohibida la fumigación aérea y no hemos tenido ningún problema con eso. Siempre hay puja de intereses con productores y no son todos iguales. Quienes más reaccionaron fueron los grandes, pero hoy convivimos con eso y nadie dejó de producir”, lanzó a este medio, el intendente Francisco Durañona.
En ese marco, sostuvo que “si de verdad queremos promover el arraigo, hay que regular el uso del suelo para el hábitat y la producción, regular la aplicación de agroquímicos con sus límites y prohibiciones, garantizar cinturones y zonas verdes para la agricultura familiar natural, y garantizar propiedad de los predios a los pequeños y medianos productores familiares”.
En tanto, después de la marcha atrás de Agroindustria, y en el contexto de un año en clave electoral, la cartera que conduce Sarquis direccionó su trabajo en materia preventiva y fiscalizadora.
De esa manera, al tiempo que destacan que quienes deben llevar las riendas son los gobiernos municipales, detallaron que se realizaron 211 cursos de capacitación a operarios y se entregaron más de 7 mil carnets habilitantes, además de unas 500 fiscalizaciones. Asimismo, en el equipo provincial destacan la creación de un laboratorio para controlar la plaga de “tucuras”, que deriva en la disminución del uso de agroquímicos.
En definitiva, la aplicación a fitosanitarios no cuenta con una legislación provincial y los distritos están a la suerte de las políticas que puedan –o quieran – impulsar. Mientras, los productores aprovechan el vacío legal para continuar con la utilización desmedida en detrimento de los vecinos. En ese marco, Kicillof puso los fitosanitarios en la agenda 2020.
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El Palomar sigue generando acciones en la justicia

Cierre definitivo de El Palomar

Fecha de Publicación
: 28/12/2019
Fuente: diario1588.com
Provincia/Región: Buenos Aires


Solicitaron el cierre definitivo del aeropuerto El Palomar tras una nueva denuncia. Fue hecha por el grupo de vecinos que logró un amparo para limitar las operaciones nocturnas. El aeropuerto ubicado en El Palomar sumó una nueva denuncia debido a presunto exceso en límites de ruido que están permitidos. La denuncia fue hecha por los vecinos y presentada ante la jueza Martina Forns. En la nueva presentación se pide la clausura del lugar y que se terminen los vuelos comerciales. Hace algunos meses se habían suspendido los vuelos nocturnos. El abogado que presentó los primeros amparos, Lucas Marisi, expresó que “los funcionarios del Ministerio de Transporte y de la ANAC falsificaron los límites máximos de ruido para ocultar el daño ambiental y el impacto acústico sobre la población”. En cuanto a las denuncias presentadas, la de exceso de límites sonoros se hizo por última vez el 17 de diciembre. Los vecinos pudieron constatar por los últimos informes de mediciones de ruido que las mediciones fueron alteradas.
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Victoria parcial para el ambiente en Mendoza



El gobierno de Mendoza suspendió la polémica reglamentación minera

Fecha de Publicación
: 27/12/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Mendoza


El gobernador Suárez finalmente oyó los reclamos populares y suspendió la reglamentación de la modificación a la ley que regula la actividad en la provincia. Llamó al "diálogo".
"Existe la posibilidad de una consulta popular vinculante, aunque esperamos no llegar a esa instancia", fueron las palabras con las que el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, comunicó la suspensión de la polémica reglamentación de la ley 7.722 que regula la actividad minera en la provincia y que con los últimos cambios parece hecha a pedido de las grandes empresas del sector.
El anuncio del mandatario provincial fue durante una conferencia de prensa en la que se refirió a la polémica reforma, que provocó un descontento social que derivó en multitudinarias manifestaciones no solo en Mendoza sino también en distintos puntos del país. La situación se volvió violenta cuando días atrás la policía local reprimió a quienes protestaban.
Entre otros puntos que hicieron estallar el repudio a la modificación de la norma (aprobada el martes de la semana pasada por todas las bancadas de la legislatura provincial) se destaca el que permite el uso de sustancias tóxicas en la explotación minera.
Pese al rechazo generalizado, el gobernador remarcó su posición ampliamente favorable al permiso otorgado a las mineras. “Vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo para que la gente se informe, para que dé información genuina. ¿Por qué no se hizo antes? Participé en siete debates, lo dije en cada pueblo, la gente votó pero hay una realidad y es muy fácil inculcar miedo. Vamos a invitar a todas las entidades a que opinen. Aquí viven mis hijos, mis nietos y lo que más quiero es cuidar el agua”, disparó el mandatario, claramente posicionado del lado de las mineras.
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La Pampa lista para debatir una nueva Ley de Agroquímicos

Ya está el texto para la nueva Ley de Agroquímicos

Fecha de Publicación
: 26/12/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa


El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción, ya terminó con la tarea de elaboración de la nueva ley de agroquímicos provincial. Así lo confirmó el titular de la cartera, Ricardo Moralejo, quien señaló que, cuando se retomen las actividades en la Cámara de Diputados, elevarán el proyecto para su tratamiento.
El proceso de elaboración de una nueva ley de agroquímicos para la provincia de La Pampa, que se viene desarrollando desde marzo de este año, finalmente llegó a su fin. La novedad fue confirmada a LA ARENA por el ministro Moralejo, quien afirmó que «el proyecto, desde el Ejecutivo, está terminado y está para elevarlo». Esto, según indicó el funcionario, ocurrirá cuando se reanuden las actividades en la Cámara de Diputados.
Tal como había anticipado este diario, entre los cambios que se prevén con el proyecto de una nueva normativa, y que sería una actualización de la actual ley 1173, el Ejecutivo provincial busca obtener «una acción mucho más rápida y efectiva».

Postergación.
Si bien la idea era presentarlo en el mes de noviembre, el trámite legislativo se pospuso para el 2020 ¿La razón? El cambio de composición de la Legislatura. Desde el Ministerio de Producción consideraron respetuoso que los legisladores y legisladoras que asumieron tengan tiempo de analizarla y luego tratarla.
Por estos motivos, esperarán hasta el 1 de marzo, día en el que se reanudarán las actividades en la Cámara de Diputados y se dará inicio formalmente al año legislativo, para elevar el proyecto. «Cuando vuelva la Legislatura lo vamos a enviar, pero ya está elaborado», precisó el funcionario.
En esa línea, el ministro Moralejo insistió en que «desde el Ministerio ya se ha formalizado el proyecto y está siguiendo el tramite administrativo de elevación para que pueda ser tratado».

Acción más rápida.
La intención del Gobierno provincial de avanzar en una nueva normativa fue anunciada por el propio Moralejo, durante el discurso que brindó en la inauguración de la Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios, que se desarrolló en octubre de este año.
En aquel momento, y ante la consulta de este diario, Moralejo había adelantado que «la idea es que sea mucha más dinámica en la aplicación de la norma», y como ejemplo mencionó los controles de envases, de productos y de depósitos.
A su vez, había señalado que la necesidad de una nueva normativa se fundamenta en la necesidad de «tener una acción mucho menos burocrática». En ese sentido, consideró que la ley 1173 de agroquímicos, que actualmente rige en territorio pampeano, «no es mala» pero es necesaria «una actualización para hacerla más dinámica en la acción».
«Vamos a seguir trabajando con los artículos que están y adecuación de algunos. La idea es que sea dinámica en la aplicación», había enfatizado Moralejo.
Entre los cambios, el proyecto busca que se «identifique mejor los organismos competentes y le dé atribuciones más concretas. Eso nos va a permitir tener una acción mucho más rápida y efectiva».
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Mendoza: nueva ley de minería promulgada



Tras los incidentes en una marcha, el Gobierno de Mendoza promulgó la nueva ley de minería

Fecha de Publicación
: 25/12/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Mendoza


Pese a las manifestaciones de los últimos días en contra de la iniciativa aprobada por la Legislatura, la medida fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia
El gobierno de Mendoza promulgó este martes las reformas a la ley 7.722 que permiten el uso de algunas sustancias químicas en la actividad minera, medida que generó en los últimos días el rechazo por parte de cientos de ciudadanos y miembros de organizaciones ambientalistas que realizaron manifestaciones, algunas de las cuales terminaron en incidentes con la Policía. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia.
Tras haberse aprobado el viernes pasado en la Legislatura local, la iniciativa fue ampliamente cuestionada por algunos sectores de la oposición que amenazaron con ir a la Justicia para declararla inconstitucional.
Puntualmente, los senadores y diputados mendocinos sancionaron la modificación de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la mencionada ley para flexibilizar así algunas limitaciones que existen con respecto al uso de químicos en la minería.
Los cambios que proponía el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, al que se le agregaron otros propuestos por el Partido Justicialista, dieron origen durante toda la semana pasada a protestas que incluyeron cortes de rutas.
Este lunes, con la normativa ya aprobada, hubo una multitudinaria movilización a la gobernación que terminó con corridas e incidentes entre los manifestantes y la Policía local, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar la protesta.
La marcha había comenzado un día antes en diferentes localidades mendocinas y culminó en la Plaza Independencia, donde se produjeron los disturbios. Según fuentes policiales los enfrentamientos dejaron un saldo de 45 policías heridos y 16 manifestantes aprehendidos.
Por otra parte, cuatro personas fueron detenidas por amenazas al teléfono celular del gobernador Rodolfo Suárez. Los sospechosos, tres hombres y una mujer, oriundos de San Carlos y de General Alvear, quedaron a disposición del fiscal Gustavo Fehlmann que podría imputarlos en las próximas horas.
De acuerdo con la ley promulgada este martes en el Boletín Oficial, se establece que “el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto y estará limitado a aquellos productos cuya producción, importación y uso esté permitido en la República Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales”.
Mientras algunos ciudadanos protestaron en contra de las modificaciones, otros marcharon a favor de la nueva normativa y de la actividad minera. La mayor concentración de este grupo se vio en el puente del río Malargüe, de la homónima localidad, donde por la tarde del lunes hubo cerca de dos kilómetros de autos encolumnados.
Además los empresarios del sector condenaron lo que calificaron como “manifestaciones intimidatorias y delictivas” por parte de quienes rechazan la medida y aseguraron que su “interés es realizar propuestas que posibiliten el mejoramiento de la vida de la sociedad mendocina en su conjunto”.
Entre otras cosas, la ley también flexibiliza la legislación que estaba vigente en esta materia ya que permite el uso de sustancias como el cianuro, aunque mantiene la prohibición sobre el mercurio.
Por otra parte, establece que “en todos los casos, las Audiencias Públicas fijadas en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros, deberán llevarse a cabo en los Departamentos donde se localicen éstos con el fin de garantizar la participación de la ciudadanía local”.
También crea una Policía Ambiental de Actividades Extractivas, encargada de “el control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia debiendo informar todas las actividades desarrolladas semestralmente a la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y Seguimiento de Actividades Extractivas”.
Por último, la ley también agregó un artículo que ordena que “todo proyecto minero metalífero mediano y grande, deberá contemplar y privilegiar la generación de energía eléctrica para autoconsumo a partir de fuentes renovables” y la contratación de mano de obra de la zona.
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Mendoza: tras los cambios en la ley minera hay movilización



Masiva marcha en Mendoza contra la ley que permite usar cianuro en la minería

Fecha de Publicación
: 24/12/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza


Miles de personas marcharon este domingo en distintas localidades de Mendoza en contra de la reciente modificación de una ley que prohibía desde 2007 el uso de sustancias tóxicas en la minería.
Vecinos, productores locales y ambientalistas iniciaron este domingo por la mañana la protesta en la localidad de San Carlos, perteneciente al Valle de Uco, a unos 100 kilómetros de la capital provincial. Con el objetivo de llegar hoy a la casa de gobierno local, los manifestantes exigen que el gobernador radical Rodolfo Suárez evite promulgar la modificación de la ley 7722, impulsada por él y aprobada el viernes en un trámite exprés con el apoyo del peronismo.
La norma habilita el uso de sustancias como el cianuro, y el ácido sulfúrico (solo limita el mercurio) que, según ambientalistas, provocará la contaminación del agua en la provincia. La minería metalífera, agregan, demanda grandes cantidades de agua, un recurso vital y escaso en la región.
Pese a que el impulso del debate contó con el aval del presidente Alberto Fernández, la votación provocó grietas dentro del peronismo. El presidente del Partido Justicialista de la provincia, Guillermo Carmona, por ejemplo, se hizo eco de las manifestaciones y le pidió al gobernador que no promulgue la ley. "Ante la amplia y creciente expresión popular en contra de la sanción de la reforma de la ley 7722 por usted impulsada, le solicito gobernador Suárez que la misma no sea promulgada", escribió Carmona en Twitter.
Más tarde, el dirigente difundió un comunicado para aclarar que su postura fue personal y que no era atribuible a todo el espacio.
Los activistas de la marcha, que se inició en uno de los bastiones históricos de resistencia a la minería y defensa del agua de Mendoza, tienen previsto llegar esta mañana a la Casa de Gobierno. Entre ellos estará el exintendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso, quien confirmó que esa comuna irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley.
El clima tenso alrededor de la iniciativa no comenzó este domingo, sino que ya se hizo notar la semana pasada, mientras se acercaba el momento de la votación. Hubo cortes de ruta en toda la provincia.
Sin embargo, el viernes el proyecto obtuvo en el Senado 29 votos a favor y 7 en contra, y en Diputados 36 apoyos y 11 rechazos.
El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones pedidas por el Partido Justicialista.
Durante las protestas que comenzaron la semana pasada se difundió el celular de Suárez en las redes sociales, lo que provocó que el funcionario recibiera amenazas. Hasta ahora ya hubo cuatro detenidos, según fuentes judiciales.
Pasada la medianoche los manifestantes llegaron a Luján de Cuyo. Tienen previsto dormir en la ruta nacional 40 y mañana continuar hacia la capital de Mendoza.
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Otra limitación legal de fumigaciones en Buenos Aires



Agroquímicos: un juez prohíbe las fumigaciones a menos de 1.500 metros

Fecha de Publicación
: 23/12/2019
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires


Una denuncia penal presentada en la Unidad Fiscal de Investigaciones en materia ambiental derivó en una resolución judicial con impacto en todas las zonas urbanizadas del frente costero marchiquitense.
Integrantes de diversas organizaciones ambientales y residentes del partido de Mar Chiquita recibieron el aval del juez en lo Civil y Comercial, Héctor Fabián Casas, quien resolvió a favor de la petición realizada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en materia ambiental Nº 11 para detener el uso y la aplicación de agroquímicos en diversas urbanizaciones de la zona costera del distrito.
Preocupados por la ausencia de resguardo sanitario y ambiental por parte de los funcionarios públicos del municipio, desde el Poder Judicial decretaron una medida protectora inmediata y decidieron impedir que los privados continúen con las acciones contaminantes y degradantes en todo el corredor poblacional que se extiende desde Santa Clara del Mar hasta la laguna de Mar Chiquita.
Casas resolvió la cuestión tan sola una semana después de realizada la presentación, lo que para los afectados muestra lo "contundente de la realidad adversa que vivimos".
La organización comunitaria en torno a esta grave problemática se inició hace un año, cuando varios vecinos decidieron comenzar a realizar diversas acciones para cambiar la situación impuesta por los explotadores agrícola-industriales en los campos lindantes a diversos barrios y localidades, entre ellos: Playa Dorada, Santa Elena, Frente Mar, Atlántida, Santa Clara del Mar, Camet Norte, La Caleta, Mar de Cobo, La Baliza, Parque Lago y el balneario Mar Chiquita.
El juez ordenó a los demandados abstenerse de aplicar, manipular, trasladar y disponer de agroquímicos y/o cualquier tipo de residuo peligroso a una distancia menor a mil quinientos metros (1.500 mts) de zonas pobladas, escuelas rurales, núcleos de viviendas habitadas, cursos de agua tales como arroyos, lagunas y el Mar Argentino, postas sanitarias, centros asistenciales, villas recreativas y deportivas.
Las miradas están puestas sobre las firmas "Los Grobo Agropecuaria S.A.", "Echevarria Santiago y Echevarria Juan Sociedad de Hecho", "Garcia Carlos Alberto y Garcia Hector Roberto Sociedad de Hecho", "29 de junio S.A.", "Espartina S.A..", "Surco Sociedad Anónima Inmobiliaria Financiera Comercial e Industria", "Ganadera San Ramon S.A.", "Toledo Adalberto Obdulio", " Lavigne Jose Maria", "Ganadera San Ramón" y "Voyaguer S.A.".
Casas también dispuso a las empresas demandadas a abstenerse de circular con los equipos de aplicación terrestre (denominados "mosquitos" o cisternas contenedoras de químicos por medios de arrastre) por centros poblados y aclaró que, en caso de tener que hacerlo por extrema necesidad, deben concretarlo sin carga, limpios y sin picos pulverizadores.
La determinación judicial deberá ser comunicada además al Instituto Provincial de Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Ambiente de la Nación y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Asuntos Agrarios y Pesca de la Provincia de Buenos Aires y, en su carácter de Autoridades de Aplicación de las leyes vinculadas, a la Municipalidad de Mar Chiquita y a la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.
Además, se le requirió a la Municipalidad de Mar Chiquita informar en el término de cinco días hábiles sobre la existencia de reglamentación local que regule la aplicación, manipulación, traslado y disposición de agroquímicos y/o cualquier tipo de residuos peligrosos. De no existir, el poder Ejecutivo y los concejales deberán avanzar en la conformación de una ordenanza.
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