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Jujuy: buscan cambiar la ejecución de fondos para bosques

Bosques nativos: reunión por cambios en la ejecución de fondos 2020

Fecha de Publicación: 05/06/2020
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy


Autoridades del Ministerio de Ambiente, legisladores nacionales y representantes de la Asociación Foresto Industrial de Jujuy, mantuvieron un encuentro donde analizaron las implicancias de los cambios establecidos por el Ministerio de Ambiente de la Nación en la ejecución de los fondos de bosques correspondientes a la Convocatoria 2020, que contravienen disposiciones de la Ley 26331 Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Del encuentro participaron la Ministra de Ambiente María Inés Zigarán, el senador nacional Mario Fiad, la diputada nacional Gabriela Burgos, el diputado nacional Jorge Rizzotti y el Auditor General de la Nación, Alejandro Nieva, mientras que en representación del sector forestal participaron Pablo Eliano y Bertil Kindgard. Junto a la Ministra estuvieron la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Verónica Sato, la Directora de Bosques Estefanía Sánchez Cuartielles y el Director de Asuntos Jurídicos, Aldo Coca.
Cabe señalar que el Consejo Federal de Ambiente, por propuesta de Nación, aprobó la Resolución 422 que autorizó que los fondos destinados a los planes que implementan los titulares de bosques en las provincias, sean ejecutados por la Nación, previa presentación de Planes de Desarrollo Forestal por parte de la jurisdicción. Esto significa que no se efectuará la transferencia a los titulares de los planes provinciales, lo que implica un perjuicio porque estos podrán recibir bienes, pero no podrán contratar servicios asociados a la conservación de los bosques nativos.
La Resolución 422 fue aprobada en asamblea de COFEMA, con la única objeción de la Provincia de Jujuy que rechazó esa forma de ejecución de los fondos, por violentar lo expresamente señalado por la Ley 26331.
En efecto, el artículo 35 de dicha norma establece que “las jurisdicciones -es decir las provincias- aplicarán los recursos del Fondo (de Bosques) de la siguiente manera: a) El 70 % para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conserven bosques nativos, sean públicos o privados, de acuerdo a sus categorías de conservación. El beneficio consistirá en un aporte no reintegrable, a ser abonado por hectárea y por año-…”.
Esta disposición es la que se ha alterado con lo dipuesto por Cofema y aprobado por Resolución 98 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Durante el encuentro, las autoridades ambientales de Jujuy, los legisladores nacionales y en particular, los representantes del sector forestal, expresaron su preocupación por los cambios producidos en la ejecución de los fondos y coincidieron en señalar que la Provincia debe intervenir para garantizar una ejecución de los fondos, conforme lo señala la normativa vigente.
Asimismo en ese marco, se destacó la performance de la Provincia de Jujuy que es una de las pocas jurisdicciones que tiene actualizado su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, aprobado por ley, pero además es una de las pocas provincias con la rendición de cuentas al día, conducta que se ha mantenido en los últimos cuatro años y que amerita que Nación pueda modificar el criterio adoptado, que en principio busca agilizar la ejecución de los fondos y favorecer a las provincias que -por diferentes motivos- no pudieron cumplir con las rendiciones de los fondos.
El Ministerio de Ambiente de Jujuy, a través de su titular, María Inés Zigarán, anticipó que efectuará una presentación administrativa ante el Ministerio de Ambiente de Nación, para que se respete la Ley 26331 y los fondos 2020 se ejecuten, en relación con Jujuy, conforme se vino haciendo, con transferencia directa a los titulares de las tierras que conservan bosques nativos y que implican un incentivo para profundizar la preservación de la masa boscosa.
El sector forestal, a través de sus representantes, también expresó su malestar por la decisión del Ministerio de Ambiente de la Nación que, según entienden, vulnera el derecho de los productores y las productoras de Jujuy que vienen cumpliendo con las presentaciones de los planes, garantizando un ordenamiento y desarrollo sustentable de los bosques nativos.
Finalmente, los legisladores Fiad, Burgos y Rizzotti, señalaron que acompañarán la decisión que adopte la provincia, trasladando el debate a la esfera política del Congreso, donde desempeñan su rol de defensa de los intereses de la provincia.
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Se presentó el Centro de Información Ambiental



Acceso a la información: se presentó el Centro de Información Ambiental

Fecha de Publicación
: 03/06/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Se trata de una plataforma en línea, a cargo del Ministerio de Ambiente nacional, que facilita la consulta centralizada de información pública del país vinculada a la temática. Se espera que permita, por primera vez, la exhibición de datos en tiempo real.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, encabezado por Juan Cabandié, dio a conocer su Centro de Información Ambiental (CIAM), un sistema integrado de producción, recopilación y articulación de información ambiental del Estado nacional para garantizar la transparencia y facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La plataforma incluye datos de todas las áreas que integran el Ministerio, junto a la Administración de Parques Nacionales.
Asimismo, la iniciativa representa un hito institucional en el camino de la sistematización del esfuerzo de recopilación, confección y reporte de información ambiental, hasta ahora dispersa, que unifica los datos por primera vez en una sola herramienta de sus características. El CIAM permite el acceso centralizado a todas las plataformas de datos, estadísticas, informes de monitoreo, mapas, infografías y otros recursos de información ambiental, lo que permite una rápida y accesible consulta de la ciudadanía en general, decisores del ámbito público y privado, del sector académico y científico, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
En tal sentido, Cabandié afirmó: “El acceso libre y abierto a la información ambiental es fundamental para diseñar políticas, democratizar su acceso y fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones”.
De esa manera, a través del nuevo centro, se puede consultar y poner en relación información ambiental y de la sostenibilidad actualizada y relacionada a las temáticas de agua, biodiversidad, bosques, cambio climático, cooperación internacional, educación, fiscalización, impacto ambiental, normativa ambiental, nuevas tecnologías, participación ciudadana, producción y consumo sustentable, pueblos originarios, residuos, tierra y suelo, y áreas naturales protegidas.
Como parte del desarrollo esperado, está prevista la puesta en funcionamiento de un video wall en la fachada del Ministerio, con monitores que muestren información en tiempo real, de manera continua y permanente. El equipamiento será diseñado con materiales sustentables, en reemplazo de aquellos no biodegradables, e iluminación led de bajo consumo.
La información integrada y sólida, ajustada a metodologías nacionales e internacionales, se convierte así en un recurso clave para obtener un panorama del estado del ambiente a nivel nacional, como así también para el desarrollo, direccionamiento y monitoreo de las políticas públicas ambientales y sus resultados. Asimismo, facilita y potencia la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social en pos del desarrollo sostenible.
Dentro de la cartera de Ambiente nacional, el CIAM depende de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky, y cuenta con la coordinación de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio. Cabe indicar que el centro se desarrolló en cumplimiento de lo establecido por las leyes n.° 25.675 (General del Ambiente), n.° 27.275 (Derecho de Acceso a la Información Pública) y n.° 25.831 (Libre Acceso a la Información Pública Ambiental).
Para acceder al CIAM cliquear aquí.
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Mendoza: presentan proyecto para fomentar la agroecología

Presentan proyectos en apoyo a la agricultura y a la ecología

Fecha de Publicación
: 01/05/2020
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza


El diputado provincial Marcelo Aparicio (Frente de Todos) ha presentado varios proyectos de ley, entre ellos uno relacionado a la agroecología.
Hace algunos meses, el legislador presentó un proyecto para prohibir el glifosato en Mendoza, tal como ya se prohibió en otros puntos del país, pues se trata de un herbicida de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos pero que al mismo tiempo puede acarrear problemas a la salud, no solo para quienes consumen luego los alimentos que surgen de los campos, sino incluso para los trabajadores que lo manipulan. Además, se trata de un químico que contamina las napas freáticas. “Proponemos un programa que contenga tasas especiales para los productores que trabajen con productos agroecológicos, que impulse el turismo rural, que se genere un registro de los productores que elaboren alimentos con sistemas agroecológicos y la certificación por un organismo de control de la trazabilidad de esos alimentos”, señaló, y destacó que no se trata de algo que ayude únicamente a la comunidad en general, sino a nuestro suelo y al medioambiente. “A nivel mundial viene dándose un cambio de paradigma para pasar de los tóxicos a los productos agroecológicos y saludables y, en ese sentido, promovemos esta ley que hemos presentado hace pocos días”, expresó en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
Además busca promover los “cinturones verdes” de nuestra provincia, a través de otro proyecto de ley. “Es fundamental, porque por el crecimiento urbano, sin la planificación necesaria vemos cómo en hermosas tierras productivas se van creando barrios y lo que decimos es que esos barrios pueden estar alojados en otras tierras que no tengan las riquezas de estos suelos”, explicó.
Por otra parte, impulsaron un fondo único de asistencia alimentaria para los productores frutihortícolas, lo cual tiene como base el salario mínimo, vital y móvil, que es de aproximadamente 6.875 pesos, y dependiendo del registro en que esté anotado el productor, se pagaría medio salario o un salario por hectárea –con un máximo de 10 hectáreas–, pues se trata de trabajadores que están en una grave situación producto de la pandemia.
Al mismo tiempo, busca la creación de un programa de agricultura urbana que incluiría capacitación al respecto, teniendo en cuenta que según datos oficiales, el 42% de la población es pobre. “Creemos que esto puede ayudar a que con muy poco terreno, en el fondo de la casa se pueda crear la huerta necesaria para tener parte de la alimentación para la familia”, resaltó.
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Denuncia penal por quemas en las islas



Rosario pide que la Justicia entrerriana acelere causa por quemas en las islas

Fecha de Publicación
: 30/05/2020
Fuente: El Once
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


La Municipalidad realizó la primera denuncia penal contra los responsables de los incendios hace casi tres meses. El miércoles pasado volvió a presentarse ante la Fiscalía federal de Victoria.
El secretario de Gobierno del municipio de Rosario, Gustavo Zignago, reclamó que la Justicia entrerriana agilice la causa penal iniciada por los incendios que se desatan en las islas, inundando de humo la ciudad de Rosario. "En esta circunstancia en que claramente estas prácticas continúan y, además, está acreditado que la contaminación ambiental colabora con la propagación del virus, creo que es necesario acelerar y profundizar las investigaciones", advirtió el funcionario.
La Municipalidad realizó la primera denuncia penal contra los responsables de los incendios hace casi tres meses. El miércoles pasado volvió a presentarse ante la Fiscalía federal de Victoria para advertirle sobre el crecimiento que tuvieron las quemas en las últimas semanas y, sobre todo, señalando sus consecuencias en el marco de la pandemia por coronavirus.
Citando estudios realizados en Italia, Estados Unidos y Alemania, en la presentación se indica que "la exposición a la polución perjudica el sistema respiratorio y cardiovascular, y aumenta el riesgo de mortalidad, también afecta negativamente a la gravedad de los síntomas de infección por Covid-19, y empeora el pronóstico de esos pacientes.
Según explicó Zignago, durante los primeros días de marzo, la Fiscalía inició algunas acciones, pidiendo algunas medidas al gobierno de Entre Ríos, a la Prefectura y Gendarmería. Sin embargo, el inicio del aislamiento social puso la causa en stand by.
Ayer, desde la intendencia volvieron a advertir a la fiscalía sobre las columnas de humo visualizadas durante este fin de semana, en la zona sur de la ciudad, justo en coincidencia con la habilitación de las salidas recreativas.
Según advertían, en lo que va del año, se detectaron unos 1.700 incendios en la zona de islas frente a Rosario, lo que da cuenta de que se trata de una actividad sistemática, programada y que persigue una utilidad económica (la renovación de pasturas para ganadería) y "no son producto de turistas desaprensivos que visitan las islas y hacen un asado", como el gobierno de Entre Ríos quiso explicar las quemas ocurridas desde febrero.
No fue la Municipalidad la única en denunciar las quemas en la Justicia penal entrerriana. La agrupación El Paraná No Se Toca, junto a otras entidades ambientalistas, también llevaron el problema a Tribunales. La abogada de estos grupos, Romina Araguas, también cuestionó la falta de acción de la Justicia entrerriana. "La denuncia que hicimos no tuvo ningún avance", se quejó.
Según apuntó, la fiscalía se excusa de impulsar la causa "porque nos dicen que no tienen medios para constatar, que no pueden probar donde se realizan los incendios y quiénes son los responsables". Un argumento que considera inaceptable, ya que "existen muchas formas de probar los incendios", por ejemplo "hay páginas de la Nasa que demuestran los focos de incendios con imágenes accesibles a todos".
En esos datos, justamente, se basan los informes que elabora el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso, de la ciudad de San Nicolás. De acuerdo al último informe del monitoreo de incendios, en lo que va de 2020, en el delta del Paraná se registraron 2.086 focos de calor, un número que supera el total de los incendios desatados en todo el año pasado, y también de los contabilizados durante las cuatro temporadas anteriores.
El trabajo incluye un vasto territorio de unos 17 mil kilómetros cuadrados que se extiende del otro lado del río, entre las localidades entrerrianas de Gualeguay, Victoria y Paraná. Toda esta zona se encuentra bajo un régimen especial, el denominado plan integral estratégico para la conservación y el aprovechamiento sostenible de la región delta del Paraná, más conocido como Piecas, por sus siglas.
Se trata de un acuerdo interjurisdiccional consensuado por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires para "establecer pautas de sustentabilidad en las intervenciones territoriales, asegurando su integridad sistémica, no sólo en el presente sino también en el mediano y largo plazo", según se definió hace seis años.
En ese lugar, entre el 11 y el 17 de mayo pasados, "la cantidad de focos observados continuó aumentando, llegando a sumar 362 quemas, contra las 68 de a semana anterior; cinco veces más. El trabajo advierte que muchos de estos focos se detectaron al sur del puente Rosario Victoria, y en la zona frente a la localidad de Villa Constitución.
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Misiones: pedido de informes por tala en tierras indígenas



Piden explicaciones a Ecología por tala en tierra mbya guaraní

Fecha de Publicación
: 23/05/2020
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) envió ayer un pedido de informes al ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Mario Vialey, ante las denuncias de desforestación en tierras de la comunidad indígena Ka’a Kupé en Campo Grande. Se advirtió al ministerio provincial que también se habrían violado derechos constitucionales de la población indígena en la localidad y que la actividad de desmonte se haya realizado en un período de aislamiento social. Se recordó también -al Ministerio de Ecología- la autoridad del Inai sobre el tema y se pidió que evite que una nueva situación similar se repita.
Desde las redes sociales recordaron las amenazas sufridas por quienes intentaron denunciar el derribo de árboles. “Atento a las informaciones remitidas por los afectados e informaciones recabadas por medios periodísticos, la empresa nuevamente ha procedido en los últimos días a realizar desmontes en territorio comunitario, como ya lo hiciera durante el mes de febrero pasado, siendo impedido su continuidad por miembros de la propia comunidad”, se detalló.
Y se explicó desde el organismo nacional que “nuestra mayor preocupación consiste en la posible vulneración de los derechos que tutela el territorio cuyo resguardo se ve amenazado o afectado, violando las prerrogativas constitucionales -artículo 75 inc. 17 CN y Convenio 169 de la OIT-, siendo que el territorio de la Comunidad Kaá Kupe ha sido relevado de acuerdo a la Ley Nacional Nº 26.160 y Resolución Inai 251/14”.
En tanto se apuntó contra el Ministerio de Ecología al reprochar una supuesta autorización, que habrían esgrimido los autores de la extracción ilegal.
“En contramano a la protección legal, que es de orden público, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones, a su cargo, habría autorizado el mencionado desmonte. Sin perjuicio del mérito a la oportunidad y conveniencia de las decisiones administrativas llevadas a cargo por su cartera, de acuerdo a las denuncias efectuadas a este organismo con competencia en materia indígena no se ha cumplimentado con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y se habría violado el artículo 2 de la Ley 26.160, dado que no fue considerado la previsión de los derechos de la Comunidad Kaá Kupe; tampoco es posible encontrar fundamento a la urgencia que llevó al dictado de la autorización en plena emergencia por la declaración de la pandemia Covid-19 que llevó al aislamiento social obligatorio, en este caso, a la comunidad, por lo cual con los antecedentes conflictivos que esta situación contiene, no deja de ser una evidente acción que profundiza el mencionado conflicto”.

Cooperación y resguardo
Finalmente concluye la nota expresando “la enorme preocupación de este Instituto Nacional   ante los hechos denunciados, de acuerdo a las competencias establecidas por la ley 23.302, le solicito, a título de especial, colaboración, tenga a bien informarnos de las acciones que está llevando su cartera para considerar las consecuencias de los actos administrativos impulsados y, en consecuencia, el temperamento adoptado o a adoptarse a los efectos de resguardar la integridad territorial y física de los miembros de comunidades indígenas y evitar que hechos de esta naturaleza se repita a los efectos de no conculcar derechos esenciales de la Comunidad Indígena”.

Piden por su protección
La comunidad Ka’a Kupe informó el lunes la decisión de proteger su monte, “con sus cuerpos como única arma, a esto se les responde con amenazas de muerte”. Se detalló que “el lunes alrededor de las 9, Roberto Benítez, un joven de 22 años miembro de la comunidad fue a recorrer su territorio, cuando encontró a un supuesto empleado de la empresa Carba SA cortando árboles con motosierra”. Dijeron que “cuando Roberto le preguntó qué hacía y pretendió sacarle una foto con su celular, esta persona le grito “si me sacás una foto te pego un tiro en la cabeza!”, ante esta amenaza de muerte, con el temor lógico que esto produce, se retiró”, se informó. En una carta enviada a los medios y a la población, la comunidad Ka’a Kupe se cuestiona si esa será la forma en que se pretende manejar este conflicto, si se volverá a la época en que matar indígenas era la solución territorial. Se añadió que desprovistos de toda protección judicial, los fallos en las causas que inician demoran once o más años, con una policía que los ignora y un Estado provincial que no reconoce sus derechos, frente a una Justicia que parece ser no solo ciega sino también sorda, únicamente les queda presentar sus reclamos a nivel internacional.
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Funcionario y guardia de una reserva detenidos por caza furtiva



San Juan: funcionario de Ambiente y un guardia de una reserva detenidos por cazar y matar especies autóctonas

Fecha de Publicación
: 23/05/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: San Juan


El "zorro en el gallinero": los que debían cuidar a los animales fueron sorprendidos junto con un grupo de cazadores luego de haber matado tres guanacos y un suri.
En un hecho cuanto menos insólito e indignante pero que fue detectado "en flagrancia", un funcionario de la Secretaría de Ambiente de San Juan fue sorprendido junto con otras siete personas, entre ellas el encargado de una reserva, cazando en inmediaciones de la Reserva Don Carmelo, en el departamento de Ullum.
En medio del operativo, desarrollado justamente por la Secretaría donde el empleado forma parte, encontraron tres guanacos y un suri muertos, además se secuestraron un rifle calibre 22 con mira telescópica y un revólver calibre 22 también con mira telescópica.
Sobre las actuaciones que se llevarán adelante contra Cristian Javier Riveros, empleado de Ambiente, Raúl Tello, titular del área, aseveró que "se inició el pedido de sumario del agente de planta permanente y en el mismo se solicitó la máxima sanción".
Según detalló  el funcionario, "el procedimiento se inició luego de hacer un seguimiento a un empleado de la secretaría, de quien ya se sospechaba podría estar incumpliendo con su labor de agente provincial de Conservación, y en consecuencia con la legislación ambiental, que prohíbe la caza y la califica como delito (Ley 606-L)", de acuerdo con lo señalado por El Diario de Cuyo.
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Multan a la Barrick de nuevo en San Juan



Multan a Barrick por enterrar residuos peligrosos: $500 mil por un hecho ocurrido en 2012

Fecha de Publicación
: 21/05/2020
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


Luego de 8 años de ocurrido el hecho, finalmente salió el fallo.
En las últimas horas se conoció el fallo por el que la empresa minera Barrick deberá pagar unos 500 mil pesos por enterrar de manera indebida material peligroso.
La noticia fue confirmada por Raúl Tello, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en diálogo con Radio Sarmiento.
"Desde hace mucho tiempo regía en la provincia una norma por la cual ante una falta de una empresa con respecto a residuos peligrosos se instituía un sumario y esto tardaba entre 5 o 6 años en poder determinarlo, ahora ya no. En el 2012  se le inició un sumario a la empresa Barrick por manejos de residuos y mala gestión", dijo.
Por su parte, José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental, indicó además que ya se ha
podido subsanar el problema de la lentitud con la que se lleva adelante un sumario.
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San Juan: piden medidas por caza furtiva

La caza furtiva requiere penas ejemplarizadoras

Fecha de Publicación: 21/05/2020
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


Nada parece frenar la depredación de la fauna silvestre, ni siquiera en cuarentena y restricciones para circular, más cuando hay infractores conocidos y reincidentes.
El mes pasado, en víspera de Semana Santa, señalamos la necesidad de endurecer las penas relacionadas con la depredación de la fauna y flora nativas a fin de frenar la caza furtiva, más en este tiempo, uno de los períodos anuales donde se incrementan las incursiones de los delincuentes. Se esperaba, entonces, menor desplazamiento de los inadaptados debido a las restricciones impuestas por la cuarentena, en particular para movilizarse en el tránsito sin los permisos correspondientes. Sin embargo, en dos operativos de Flora y Fauna en Angaco, sorprendieron a cazadores fuertemente armados y en vehículos todoterreno, junto a una logística que incluía perros adiestrados y elementos para faenar animales.
Ahora se conoce un hecho de mayor gravedad, acaecido en los últimos días en Mogna, donde los cazadores ingresaron en una propiedad privada, amenazaron de muerte al propietario del campo si los denunciaba, cuando fueron descubiertos en un campamento donde tenían restos de animales salvajes. Con intervención policial se secuestraron las dos camionetas 4x4 en las que se movilizaban y un verdadero arsenal que incluía armas de guerra y otras de uso personal pero ninguna autorizada. Los guanacos, liebres criollas y ñandúes abatidos completaron el cuadro de ensañamiento de los ilegales contra la naturaleza.
Al difundirse el caso, los sujetos fueron reconocidos como oriundos de Albardón, dieron sus apellidos a los medios y sus acostumbradas incursiones por el afán de matar a especies autóctonas. El último caso que nos afecta no debe ser considerado como una contravención, tal la calificación con la que la Justicia de Faltas encuadraba a la cacería furtiva por la legislación permisiva que ha permitido aplicar sólo multas a los transgresores.
Los ataques a los recursos naturales requieren sanciones ejemplarizadoras, para evitar luego que la depredación tanto de la fauna como de la flora establezca diferencias como las que se pueden observar entre los campos de San Luís con respecto a los de San Juan, que durante años fueron objeto de una explotación que dejó a estos últimos en inferioridad de condiciones con menos animales y ejemplares de la flora autóctona.
Debemos comprender que la cacería furtiva en San Juan no es una irregularidad circunstancial como podría suponerse, sino por el contrario, hay estadísticas sobre un daño creciente estimado en un 47% el año pasado con respecto a 2018, de acuerdo al informe anual de Medio Ambiente. Esto incluye la persecución a especies en peligro de extinción como aves muy codiciadas en el tráfico ilegal y en este contexto se observa que se trata de depredadores con recursos económicos e influencias para seguir impunes.
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Ciudad de Neuquén tendrá sus guardias ambientales



Neuquén tendrá en un mes sus guardias ambientales

Fecha de Publicación
: 19/05/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


Tendrán a su cargo la protección de áreas naturales como el Parque Universitario Provincias del Norte, el Parque de los Dinosaurios, la Laguna de San Lorenzo, Parque Bardas Soleadas y el Parque Bardas Norte
Treinta agentes municipales integrarán el cuerpo de guardias ambientales para la ciudad, luego de la aprobación por ordenanza de la creación de la nueva policía ambiental de la comuna.
El subsecretario de Medio Ambiente, Franciso Baggio, dijo que mientras se concreta la reglamentación de la ordenanza sancionada, se instrumentarán los concursos para conformar el grupo.
Serán evaluaciones internas, ya que no está prevista la contratación de nuevo personal , sino la reubicación de municipales interesados en formar parte de la cartera ambiental, como personal de calle.
"No sólo tendrán que ver de que se cumpla el cuidado de las áreas naturales o emitir contravenciones a los vecinos o entidades que provoquen destrozos, sino tenrán ingerencia en que nada anómalo ocurra en las bardas, en el río o en la meseta" dijo Baggio.
Aseguró que habrá un período de capacitación durante el proceso de selección de los postulantes. Deberán conocer las áreas protegidas de la ciudad que deberán estar bajo su cuidado y como difundir la protección ambiental de estos espacios.
"Esta tarea hoy se lleva a cabo por el personal de limpieza urbana, tránsito, inspección", dijo Baggio al tiempo que indico´que los guardias ambientales serán un grupo técnico dedicado en exclusivo a velar por el cuidado de los espacios naturales y reservas de biodiversidad que conviven con la metrópoli neuquina.
La incorporación de los empleados municipales a la tarea de campo se producirá en un poco más de un mes, al término de los concursos, reubicaciones y capacitación del grupo.
"Ya hay un área ambiental que se ocupa de las tareas administrativas, planificación y del cuidado de los espacios, estimo que en un lapso de un mes como mucho, tendremos las personas que con vocación de estar en el terreno, se ocupen de la vigilancia" de las áreas naturales de la ciudad para contrarrestar desmanes, deterioro, basurales o la invasión de terceros en los ecosistemas patagónicos de estepa que fueron reservados de la urbanidad.
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Desmonte en Campo Grande en la Justicia



Comunidades guaraníes recurrieron a la justicia para frenar el desmonte en Campo Grande

Fecha de Publicación
: 16/05/2020
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Nacional


Rechazan la extracción de madera nativa de la empresa Carba, autorizada por el ministerio de Ecología.
Las comunidades Mbya Guaraní Ka’a Kupe; Ko’e Ju y Yvy Chi desde hace varios años iniciaron el expediente N° 9900-01561/2018 ante el Ministerio de Ecología, en rechazo de que la empresa Carba SACIIA ejecute un Plan de Manejo Sustentable Lote 7B, en Colonia Seguin, municipio de Campo Grande.
Desde entonces rechazan que se realicen aprovechamiento de madera en su territorio y recurren administrativa y judicialmente para suspender cualquier actividad forestal en el territorio que habitan.
En 2019 se realizaron consultas y audiencias, “pero con muchas irregularidades, por lo que lo sustancial de agravio de esta última resolución de Ecología es cuando dicen que habilitaron a la empresa a la extracción de árboles nativos a pesar del rechazo manifestado por las comunidades Mbya Guaraní. En todas las consultas de las que participaron dejaron expresado que no quieren que se corte ningún árbol más en su territorio. Por ello, se utilizaron siempre todos los pasos administrativos y que por diversas razones, como traspapelarse la presentación de recurso de reconsideración que fue realizado oportunamente en Ecología, y sobre el cual nunca obtuvimos respuestas. Ahora iniciamos acciones judiciales de amparo para frenar esta situación que se presenta en plena cuarentena”, explicó la abogada y apoderada legal, Roxana Rivas.
Remarcó que “no es cierto que exista consentimiento alguno para que la empresa realice extracción de árboles nativos, de ninguna de las tres aldeas afectadas y que conviven en el territorio con la empresa. En cada trámite administrativo y judicial adjuntamos pruebas de ello”, dijo la abogada.
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Logran detener barco pirata chino




Pesca ilegal. La Argentina logró detener al barco chino que se había fugado

Fecha de Publicación
: 15/05/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Autoridades argentinas lograron retener este miércoles a un buque pesquero chino que era buscado desde el mes pasado, luego de llevar adelante una presunta maniobra de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
El mismo fue escoltado por la Prefectura Naval Argentina rumbo a Puerto Madryn, donde será puesto a disposición de los procedimientos judiciales y administrativos correspondientes, entre ellos el previsto en la Ley Federal de Pesca (24.922), según informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura Carlos Liberman dijo: "Hay una decisión del gobierno nacional de proteger la soberanía ante cualquier acción que atente contra nuestros recursos pesqueros". El funcionario resaltó la coordinación de los ministerios de Agricultura, Defensa, Seguridad y Cancillería para intensificar los controles y las acciones legales tendientes a la búsqueda y captura de embarcaciones que pesquen de manera ilegal. "El Estado Nacional cuidando los intereses de los argentinos y argentinas", sintetizó el responsable de la cartera dependiente del Ministerio de Agricultura.
En la misma línea, el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Eugenio Basterra, resaltó la importancia de "generar un ámbito de trabajo interministerial que aborde la problemática en pos de brindar soluciones específicas y que dé una señal inequívoca del interés del Estado en combatir la pesca ilegal".
De esta manera, la actuación consolida el control permanente por parte del Estado Nacional de la milla 201, que ya había mostrado su eficacia con las capturas de las embarcaciones Calvao, de bandera portuguesa; y HONG PU 16, de bandera China.
El buque pesquero que fue detenido, nombrado LU RONG YUAN YU 668, fue detectado en presunta maniobra de pesca ilegal el día 28 de abril en aguas nacionales y, luego de peligrosas maniobras de persecución, se había dado a la fuga.

Consecuencias de la captura
Las autoridades realizaron un sumario administrativo por presunta infracción al Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922. En tanto, en el orden judicial y bajo la calificación de resistencia a la autoridad, se dio curso a una causa penal en la que interviene el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de la Ciudad de Rawson, a cargo del Dr. Gustavo Lleral, Secretaría Penal a cargo del Dr. Juan Matías González Mazziotti.
Entre las penas establecidas frente a este tipo de acciones se encuentran las relativas al delito de resistencia a la autoridad, multas por pescar sin permiso y el decomiso de la mercadería o su sustitución, depositando la infractora el monto equivalente al valor de dicha mercadería.
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San Juan: la policía se capacitará en ambiente

La Policía de San Juan será capacitada en temas ambientales

Fecha de Publicación
: 12/05/2020
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan


Por segundo año consecutivo, especialistas de la Secretaría de Ambiente capacitarán a agentes en formación en diferentes temáticas ambientales.
Gracias al trabajo interinstitucional desarrollado entre la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la Universidad Católica de Cuyo a través de la Escuela de Seguridad, nuevamente la Policía de San Juan será capacitada en temas ambientales.
En reuniones mantenidas entre la directora de Educación Ambiental, Susana Carrizo; la directora de Articulación, Laura Assandri; la responsable de Calidad de la Secretaría, Jacqueline Gómez y el director de la Carrera de Seguridad de la UCC, Carlos Fleuri; se ultiman detalles sobre las jornadas y talleres virtuales que se dictarán en la carrera de agentes y la incorporación en la currícula de una materia ambiental en las carreras de grado y diplomaturas de la Escuela de Seguridad.
En una primera instancia serán capacitados los agentes en formación, quienes recibirán los conocimientos y herramientas para la detección y tratamiento de problemas ambientales en la comunidad, mediante aplicación de normativas y protocolos de actuación correspondientes. Finalizada esta etapa, serán capacitados los agentes que se encuentran en actividad.
El programa de las capacitaciones se organiza en cuatro módulos, cuyos contenidos incluyen arbolado público, bosque nativo, flora y fauna autóctona y exótica, residuos sólidos urbanos e impactos ambientales en la provincia de San Juan. La instancia práctica consistirá en que los efectivos puedan participar de operativos para detectar diferentes problemáticas y aplicar los conocimientos adquiridos.
El desarrollo de este curso-taller permitirá ejecutar acciones concretas en cuanto a prevención, atención, sanción y erradicación de delitos ambientales, del mismo modo que se fortalece la función policial, simultáneamente se propicia la vinculación interinstitucional en el ámbito de la seguridad pública y la protección ambiental, como elemento esencial.
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Misiones: "la deforestación no se subsana con multas”




“El problema de la deforestación no se subsana con multas”

Fecha de Publicación
: 08/05/2020
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


Así lo manifiestan desde la ONG Kaapuera y sostienen que el Estado debe recomponer el daño. Lamentan la tala de un Palo Rosa de 500 años en Andresito, entre otros delitos ambientales.
Las organizaciones ambientales manifestaron su preocupación por el notable crecimiento de los delitos ambientales (tala, caza, desmonte) en Misiones durante abril.
1- Un centenario Palo Rosa fue talado en Andresito. El árbol caído mide 5 metros de circunferencia en la base y 21 metros de largo; su tala está prohibida por ley desde la década del 80. Los expertos calculan que tenía al menos 500 años de vida. En el mismo predio, también se depredaron palmitos y se destruyó vegetación sobre un curso de agua.
2- Otro desmonte, de unas 600 hectáreas, ocurrió en Dos Hermanas, en un predio situado cerca de Bernardo de Irigoyen, según denunciaron sus propietarios.
3- En Colonia San Juan Bosco, en San Pedro, hay quemas a cielo abierto y destrucción del ecosistema con maquinaria pesada. Es el mismo lugar donde el año pasado se denunció desmonte para el cultivo de maíz transgénico, con todos los daños que esta actividad implica.
4- El 27 de abril por la tarde se realizó un operativo en una chacra de San Vicente donde se encontraron 24 troncos de maderas nativas apeadas que no tienen autorización para la explotación forestal. En total sumaron 35 metros de madera.
No caben dudas que la prioridad hoy es proteger la salud de los ciudadanos ante el avance de la pandemia COVID-19, y es aquí donde el ambiente sano juega un rol fundamental, por lo que la Asociación Civil Kaapuera entiende que las acciones ambientales gubernamentales deben estar también en la primera línea de batalla.
“Es tiempo de redefinir acciones y ordenar prioridades, tanto desde la Provincia como desde Nación, para evitar que el monte se transforme en una tapera, de forma tal que apenas tengamos vía libre para la acción en terreno, la recuperación de los árboles y el agua sea una real política de Estado, recordando que Agua y Monte tienen una relación intrínseca”, sostuvo Rulo Bregagnolo, vicepresidente de Kaapuera.
En esa línea, el abogado Martín Ferroni, presidente de la Asociación Civil Kaapuera, manifestó que “el problema de la deforestación no se subsana con la aplicación de multas. La Ley General de Ambiente 25.675 no deja margen de especulación, el Estado es el responsable final y quien debe recomponer por estos daños ambientales. Las multas resultan una sanción inoperante frente al daño ambiental, que suele estar incluida en las proyecciones de costos de las deforestadoras”, explicó.
Ferroni recordó que la Ley de Bosques Nativos 26.331 estipula que las leyes de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que son sancionadas por cada provincia, deben renovarse cada cinco años.
“Teniendo esto presente, este año debería nuestra provincia renovar este ordenamiento territorial, lo que podría ser una buena oportunidad para que esta tan preciada herramienta de planificación y conservación adopte criterios integrales de zonificación ambiental”, agregó.
Resaltó por último la necesidad de que “esta ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos sea producto de una verdadera instancia de participación ciudadana, en la que se involucren todos los sectores sociales, económicos y políticos de la provincia”.
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Capturan dos barcos de pesca ilegales en aguas argentinas



Pesca ilegal. Capturaron un buque chino y otro de bandera portuguesa

Fecha de Publicación
: 06/05/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Luego de que la semana pasada se le escapara un buque de bandera china que pescaba de manera ilegal , el Gobierno informó la captura de dos embarcaciones en presunta infracción en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE), una china y otra portuguesa.
Según informó el Ministerio de Agricultura de la Nación que conduce Luis Basterra, los buques fueron capturados ayer y hoy con procedimientos de la Armada y Prefectura Naval.
De acuerdo a la información oficial, "Calvao", de bandera portuguesa, fue capturado y puesto a disposición del Juzgado Federal de Viedma, a cargo del Dr. Greca.
En tanto, el buque HONG PU 16, de China, fue detectado en el límite de la milla 200, dentro de la Zona Económica Exclusiva, a la altura del lateral norte de Península Valdez y se encuentra escoltado rumbo al Puerto Ingeniero White, de Bahía Blanca.
La semana pasada, capitanes de flotas pesqueras argentinas habían denunciado la presencia de más de 100 barcos en la milla 201.
En ese contexto, la semana pasada se identificó al barco chino Lu Rong Yuan Yu 688. Se lo persiguió mar adentro pero en medio de un fuerte temporal logró fugarse.
Sobre ese buque, Agricultura informó hoy que "se han iniciado las actuaciones administrativas y judiciales de instancia local e internacional".
En tanto, respecto de los barcos capturados, Carlos Liberman, subsecretario de Pesca y Acuicultura, indicó "que han sido puestos a disposición de la Justicia y serán sometidos al procedimiento previsto en la ley 24.922, para los supuestos de pesca ilegal realizada por buques extranjeros, tendiente a la imposición de multas y decomisos".
Por su parte, el ministro Basterra destacó "la importancia de la interacción entre los distintos organismos de Gobierno, en este caso el Ministerio y Fuerzas de Seguridad para garantizar la soberanía argentina en materia de los recursos naturales que son estratégicos para nuestro país".
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Mendoza regulará la urbanización piedemonte



Así será el nuevo piedemonte que propone Suarez

Fecha de Publicación
: 06/05/2020
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza


 Sólo se podrá urbanizar en un 30% de su superficie total, que es la zona de menor riesgo aluvional. Se permitirán actividades turísticas de bajo impacto y habrá guardaparques.
El gobernador Rodolfo Suarez enviará en los próximos días dos nuevas leyes: la Ley de Piedemonte y la creación de una nueva Área Protegida, que representará el 70% de su superficie. Esto significa que no se podrá urbanizar en unas 50.000 hectáreas, de las 75.000 que comprende el pie de la montaña.
La presentación de esta iniciativa legislativa  pondrá punto final a la proliferación de proyectos urbanísticos que no contaban con el aval ambiental porque se asentaban en zonas de alto riesgo aluvional.
Sólo un 30% de la extensión del piedemonte quedará apta para la continuidad de los emprendimientos, que quedaron en stand by con la declaración de la emergencia ambiental.
El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, dio precisiones del proyecto que se anunció en la Apertura de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo.
“Lo que vamos a presentar esta semana son dos leyes complementarias que vienen a ordenar el piedemonte y a hacer una preservación de una gran zona, donde podrán hacerse actividades recreativas y turísticas pero respetando el medio ambiente”, señaló.
Por otro lado, como es característico del resto de las Áreas Naturales, el lugar estará custodiado por guardaparques.
Para este objetivo final, el Estado mendocino tendrá que expropiar la mayoría de las tierras que están en manos privadas.
“Ya hemos hablado con la mayoría de los titulares de estos terrenos y nos han manifestado no sólo que quieren cooperar, sino que hasta es posible que estas tierras pasen a ser de dominio público, mediante donaciones”, aseguró el funcionario.

Dónde se podrá construir
La normativa que se denomina “Ley de pautas de manejo y disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la precordillera y piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza, viene a dar lineamientos generales a los cuatro municipios que tienen jurisdicción: Las Heras, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Ciudad de Mendoza.
Se habilitará con este ordenamiento los emprendimientos que ya tiene la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y en lo que ya está construido se evaluará la realización de obras que permitan mitigar el peligro aluvional.
El nuevo marco jurídico circunscribe al piedemonte con un límite geográfico definido como la cota 1.150 metros sobre el nivel del mar hacia el oeste, a partir de la cual queda prohibida la localización de barrios, excepto usos de esparcimiento o desarrollo de turismo de bajo impacto, investigación e interpretación ambiental.
Las zonas de menor riesgo deberán respetar los llamados “criterios mínimos” para loteos en el piedemonte, con parámetros para dimensiones de parcelas, pendientes, entre otros requisitos.
Las directrices de este plan se encuentran en un estudio técnico que concluyó la  existencia de un estado de vulnerabilidad ambiental considerable, teniendo en cuenta que la ocupación del territorio de manera no planificada y fuera de los términos establecidos en la legislación genera procesos que afectan negativamente al ambiente y a la población.
Allí se construyeron viviendas sin autorización y sin servicios.
Mingorance indicó que una vez que expiró la emergencia ambiental, los proyectos pendientes fueron avanzando y "fueron los mismos desarrolladores, los que también entendieron que este nuevo marco hace que sus inversiones rindan más".

Beneficios ambientales
La correcta urbanización permitirá la recarga del acuífero natural que tiene el pie de la montaña y que sirve para el abastecimiento hídrico de la población mendocina.
Además, se desalentarán las posibilidades de inundación, al frenar los desmontes que se venían haciendo históricamente en el lugar.
La realización de obras de infraestructura adecuadas será otra de las instancias superadoras, a lo que hay que agregar que se cortarán las operaciones inmobiliarias realizadas, sin las autorizaciones correspondientes.

La pandemia no demorará el tratamiento de la Ley
Mingorance consideró que la ley será tratada en breve y apuestan a tenerla aprobada este año, "ya que a pesar de la cuarentena se ha avanzado con herramientas como el expediente digital y la Legislatura está trabajando con sesiones virtuales".
Al mismo tiempo, el funcionario recalcó que se han consensuado los últimos detalles de la legislación con los cuatro municipios intervinientes, los que tendrán que adecuar sus planes de ordenamiento territorial a estas leyes.
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Mató a un puma y sus dos crías y presumió sus "trofeos"



Rompió la cuarentena para ir a cazar y mató a un puma y sus crías

Fecha de Publicación
: 04/05/2020
Fuente: Diario el Libertador
Provincia/Región: Santiago del Estero


El hombre presumió sus "trofeos" a través de redes sociales. La Policía y la Subdirección de Fauna lo detuvieron.
El miércoles un hombre rompió la cuarentena por la pandemia de coronavirus para ir a cazar a unos montes de la localidad Villa Mailín, de Santiago del Estero, mató a un puma y sus dos crías y compartió las imágenes a través de las redes sociales, lo que provocó la indignación de los usuarios y vecinos de la zona.
Al viralizarse la imagen de los animales muertos, se alertó a la Subdirección de Fauna de la provincia, que de inmediato dispuso el envío de un inspector, para verificar lo acontecido.
Horas más tarde el poblador del departamento Avellaneda, quedó detenido a disposición de la Fiscalía, luego de haber admitido ser el autor de la caza de tres pumas, acusado de violar la ley 4802 de protección de fauna silvestre, y el artículo 205 del Código Penal, según informó el diario El Liberal.
El autor del hecho fue identificado como Cristian Ledesma, quien en su versión sostuvo que salió armado con la escopeta y disparo para defender a sus perros - de caza - porque el puma adulto los habría atacado para defender a su cría. Por su parte, los especialistas verificaron que los cachorros presentaban señales de haber sido atacados a golpes por lo que algo que hizo caer la explicación de Ledesma.
“El muchacho reconoció que salió a cazar temprano y que mató a estos animales cerca de las 13.30”, dijo Omar Núñez inspector de la Subdirección de Fauna.
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El arroyo El Claro cambió completamente con la cuarentena



La cuarentena cambió el color de un arroyo y pidieron investigar el origen de la contaminación previa

Fecha de Publicación
: 30/04/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires


El Claro, que desemboca en el río Luján, luce irreconocible dado el cierre de actividades industriales. A partir de una comparación de muestras, una ONG quiere determinar responsabilidades
El arroyo El Claro se ve diferente, huele diferente; apenas algo de basura flotante se acumula en algunos embarcaderos. El parate por la pandemia del coronavirus dejó al descubierto un curso de agua que hasta cambió de color. La explicación que parece más obvia es la del freno de los vuelcos industriales, un problema diario de este afluente que atraviesa los distritos de José C. Paz, Malvinas y Tigre, que desemboca en el Río Luján.
Sin embargo, para corroborar el origen de esta contaminación una ONG de la zona que inició una denuncia penal pidió al Juzgado de San Isidro que se les permita tomar muestras del agua.
“El Claro desemboca en el municipio de Tigre y recibe a diario contaminación de fuentes industriales y domiciliarias. Por esa razón su olor es nauseabundo y el color es negro. Durante la cuarentena su aspecto mejoró a simple vista por el cese de la actividad industrial. El agua está impecable, con el color del Delta, sin nada de olor. Esto demuestra que mejorar la salud de los ríos es posible. Pero para determinar las responsabilidades necesitamos que nos permitan tomar muestras para compararlas con las que ya existen en la causa”, explicó a Infobae Hernán Asensio Fernández, patrocinante de la ONG Todos Juntos.
La causa está en manos de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien intimó a la Autoridad de Agua (ADA), al Comité de Cuenca del Río Reconquista (Comirec) y al Comité de Cuenca del Río Luján a que elaboren un informe respecto a diferentes aspectos y según su competencia, como análisis de agua, nómina de empresas que realicen vuelco de efluentes líquidos al Arroyo El Claro y actas de inspección realizadas durante los últimos cinco años.
La jueza también pidió que se incorpore “un plano que refleje el recorrido del Arroyo El Claro y, de existir, un croquis con todas las bocas de vuelco de efluentes a ese cuerpo receptor que se encuentren habilitadas”.
Es que, a la causa por contaminación del curso de agua, que se inició en 2018, los denunciantes aportaron muestras del curso inferior del arroyo El Claro, a partir de la toma de seis muestreos según la influencia del área industrial y residencial en el cual obtuvieron la temperatura, pH, oxígeno disuelto y conductividad. Los estudios arrojaron datos muy preocupantes ya que se constató presencia de metales pesados, y compuestos químicos en niveles peligrosos para salud humana.
“Si entendemos que el agua potable es aquella que se utiliza para el consumos humano, el arroyo es uno de los afluentes de la cuenca donde después muchos isleños la toman directamente. En principio, hoy está contaminada. Lo que buscamos con esta denuncia penal es que se determinen las responsabilidades. Este arroyo recorre un triángulo industrial en la zona y buscamos que se trabaje seriamente. Especialmente los organismos de control, que son los que deben accionar en estos casos”, agregó el abogado.
El arroyo nace en el partido de José C. Paz, recorre entubado unos 4,2 km e ingresa a cielo abierto en Malvinas Argentinas. A lo largo de su recorrido recibe afluentes y, como se dijo, atraviesa zonas residenciales, industriales, rurales y un vertedero de residuos a cielo abierto.
Un estudio realizado por UNGS en 1999 ya daba cuenta del grave deterioro que sufrían los arroyos de Malvinas Argentinas. “El arroyo El Claro, en su tramo que recorre un predio de 78 hectáreas conocido como La Juanita, se presentaba entre los de peor estado junto al arroyo Las Tunas y siguiéndole en calidad se encontraban el Arroyo Darragueira, La Laguna el Polvorín y el Arroyo Claro en la zona de promoción industrial conocida como El Triángulo”, sostiene el informe. En algunos de los cursos de agua, el grado de contaminación presente era severo presentando riesgos tanto para la salud humana como para la vida acuática. La concentración de oxígeno disuelto se encontraba por debajo de los valores normales o los considerados necesarios para el desarrollo de la vida acuática.
En el diagnóstico realizado por la querella de la causa que tramita en el juzgado federal, se detalla que el curso de agua “atraviesa áreas residenciales donde la población es probable que tenga un contacto directo con sus aguas. Y con mayor énfasis, luego de su cruce con la Avenida Benavidez, dentro del Partido de Tigre, donde un gran número de nuevos emprendimientos inmobiliarios se han desarrollado o están en construcción. Por último, y para destacar por su potencial impacto sobre la salud de la población, en su desembocadura se asientan diversas guarderías de lanchas y embarcaciones”.
En el examen de la calidad de agua realizado el año pasado por la ONG se tomaron seis muestras en el curso inferior del arroyo. En todas las muestras el oxígeno disuelto en el agua es insuficiente para la vida acuática; también se detectaron altos niveles de fósforo y presencias elevadas de cromo, cadmio y plomo así como también de mercurio.
“Níquel, arsénico y estaño, fueron detectados por sobre los límites de detección del método, pero en concentraciones menores a los valores de referencia de la normativa utilizados”, se detalla.
“Son diversas las evidencias que, con claridad meridiana, exponen la alta intervención antrópica sobre el arroyo. Los parámetros identificados están vinculados no sólo al impacto sobre el entorno del arroyo (la protección de la flora y la fauna), sino principalmente sobre la salud humana. Es clave que las autoridades, el sector industrial como la comunidad inmersa en esta realidad, asuma acuerdos concretos para revertir en el corto plazo esta situación, y mantenerla en el tiempo”, indica el escrito presentado ante la justicia como forma de conclusión.

Cuenca del Luján
La cuenca del arroyo El Claro forma parte de la cuenca del Río Luján, comprende una superficie de aproximadamente 4000 hectáreas y abarca los municipios de José C. Paz, Malvinas Argentinas, Escobar y Tigre.
En sus 128 kilómetros de extensión, la cuenca del Luján atraviesa 13 partidos de la provincia de Buenos Aires con distintos usos del suelo y el agua. Un informe publicado en marzo del año pasado por el gobierno bonaerense reconoce que en el Río Luján “hay dos zonas de alto deterioro”. Según el documento, una de corresponde al tramo que va desde Mercedes hasta Luján, afectada por “una moderada influencia de la actividad agropecuaria que produce aporte de nutrientes” y la otra recorre el polo industrial de Pilar, causado por “el vertido de residuos urbanos e industriales complejos”.
La doctora en Ecotoxicología Leticia Peluso, integrante del Centro de Investigaciones Medioambientales (CIMA) de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora del CONICET, realizó un bioensayo de toxicidad en sedimentos de varios cuerpos de agua de la región, entre los que incluyó al Río Luján. “Los químicos encontrados en los sedimentos del río Luján –explica- incluyen principalmente metales pesados y plaguicidas, sin embargo en algunos sitios se encontró también una elevada cantidad de materia orgánica”.
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Guardias Ambientales tienen el OK en Neuquén

Apoyan la creación de guardias ambientales

Fecha de Publicación
: 25/04/2020
Fuente: Noticias NQN
Provincia/Región: Neuquén


Los concejales que integran la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas se reunieron a través del sistema de videoconferencia en el marco de la emergencia sanitaria, para tratar seis proyectos. Cinco de ellos resultaron con despachos aprobados.
El Cuerpo de Concejales aprobó esta mañana, el despacho de un proyecto de ordenanza que autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal una prórroga de 30 días hábiles -a partir del 22 de abril de 2020- para elevar a consideración del Concejo Deliberante la Memoria Anual y la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal del año 2019, cuyo plazo ha vencido el 31 de marzo del corriente. La solicitud se basa en que debido a la pandemia por COVID-19 y la plena vigencia del decreto de emergencia sanitaria, se generó un lógico atraso en los mecanismos administrativos.
También aprobaron un despacho con proyecto de ordenanza que determina un aumento del 50 por ciento del subsidio mensual que el Municipio otorga desde 2017 al refugio nocturno para varones en situación de calle Gabriel Brochero. El importe actual es de 2000 módulos y ahora quedará en 3000 módulos mensuales.
En el encuentro virtual, participó el concejal Juan Luis Ousset quien explicó que se trata de un refugio que atiende aproximadamente a 30 personas en situación de alta vulnerabilidad, sustentado básicamente con el trabajo solidario y voluntario. Especificó que la asociación ha participado activamente de diversas mesas de articulación tendientes a la generación de fuentes de estadística y al diseño de políticas públicas que atiendan a las problemáticas de las personas en situación de calle. Asimismo, aclaró que al aporte económico del municipio se suma un aporte del gobierno provincial, que en el actual contexto económico y sanitario se han tornado insuficientes. Finalmente, Ousset calificó como “invaluable” el trabajo de contención llevado a cabo por el Refugio, en el marco del aislamiento obligatorio cuyo objetivo principal es prevenir contagios.
En otro orden, los concejales dieron el visto bueno al proyecto de comunicación que solicita al Órgano Ejecutivo Municipal que, a través del área que corresponda, efectúe una evaluación socioeconómica financiera y detalle los consecuentes pasos a seguir con el trámite de condonación solicitado por la Asociación Padres de Paralíticos Cerebrales y culminaron el encuentro virtual, firmando por mayoría, los despachos de los proyectos que la contaduría municipal elevó con las rendiciones correspondientes a los meses de julio y agosto del año pasado.
Desde las 11, las y los concejales integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, se reunieron mediante Videoconferencia. Dieron tratamiento a cuatro temas del Orden del Día que resultaron con despachos por mayoría.
Entre los puntos abordados, hicieron énfasis en el Proyecto de Ordenanza presentado por el Ejecutivo Municipal sobre creación de Guardias Ambientales que contó con nueve firmas.
Las Guardias Ambientales persiguen los objetivos de preservación, prevención, el control y ejercicio de la vigilancia social en materia ambiental. Entre sus funciones, se contemplan acciones de control para la conservación de la fauna y flora tanto autóctona como exótica; la circulación de vehículos con productos forestales, animales, minerales, químicos y/o de cualquier naturaleza que puedan afectar el ambiente, la planificación de tareas de prevención de fuegos no deseados que afecten la masa boscosa del Ejido Municipal y de áreas lindantes y la colaboración a los cuerpos de bomberos y guardavidas municipales, entre otras. El proyecto establece que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana – o la que en el futuro la reemplace. El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente norma en un plazo ciento ochenta días a partir de su promulgación.
Por otro lado, se emitió despacho de dos proyectos de comunicación presentados por el Bloque de Frente de Todos: el primero solicita al Órgano Ejecutivo Municipal, informe sobre las empresas habilitadas para la disposición final de aceite y otros residuos hidrocarburíferos. El segundo, requiere información sobre oleoductos provenientes de la estación de bombeo Centenario que atraviesa el Barrio Parque Industrial de la Ciudad de Neuquén.
El concejal Marcelo Zúñiga explicó que ambos se fundamentan en el incendio ocurrido en la empresa Tiser, ubicada en el Barrio Ciudad Industrial -Don Jaime de Nevares-.
Finalmente, obtuvo despacho con tres firmas, el proyecto de Comunicación del Bloque FIT- Unidad el cual solicitan que la comuna informe sobre residuos en el marco de la Ordenanza 13.938.
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Río Negro: millonaria multa a empresa por contaminar



Condena millonaria a ALPAT por contaminación ambiental

Fecha de Publicación
: 21/04/2020
Fuente: La Mañana de Cipolletti
Provincia/Región: Río Negro


Se trata de la empresa ALPAT, de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, condenada por arrojar desechos industriales en un predio rural. Deberán pagar más de $4,9 millones.
La titular del Juzgado Civil, Comercial y Minería N° 1 de Viedma, María Gabriela Tamarit, condenó a la empresa ALPAT a pagar una indemnización de 4.912.303,87 más intereses a los propietarios de un campo vecino al bajo El Riñón, un paraje situado a unos 8 kilómetros al noroeste de San Antonio Oeste.
Allí la firma productora de carbonato de sodio, propiedad del holding que encabezan Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, y una de las principales fuentes de trabajo de la zona (cerca de 450 puestos), arroja desde fines de 2005 sus desechos industriales en cuatro enormes cuencos construidos en el sector rural.
El fallo conocido recientemente –y que puede ser apelado- revela los gravísimos daños que el acopio de residuos líquidos y sólidos provoca en el medio ambiente de toda la región, y que vecinos preocupados por esta problemática lo habían advertido.
La jueza valoró en la sentencia informes periciales que determinaron de manera coincidente el grado de contaminación progresivo que se registra.
Especialistas subrayan en el dictamen que se deben tomar medidas para mitigar los efectos.
La demanda en este caso la inició Oscar Sánchez, y ante su fallecimiento fue continuada por familiares.
La denuncia apunta a los perjuicios que padecieron en el establecimiento rural por los líquidos con altos niveles de salinidad y amoníaco que se filtran desde el predio que utiliza como vertedero la firma, que elevaron la napa freática y contaminaron los pozos del agua que bebe el ganado vacuno que allí producen.
Agregaron los gastos que les demandó el transporte de agua en camiones para el consumo de los animales, y que el daño registrado provocó que la actividad ganadera resultara inviable, y una notable desvalorización del campo, que ocupa 4.000 hectáreas.
Destacaron que no solo ellos aparecen afectados, sino otros campos de la zona, por lo que el escenario alcanzaría “la dimensión de un desastre ambiental”.
La presentación puntualiza que los cuencos receptores “no se encuentran debidamente impermeabilizados, sino que por el contrario tienen constantes infiltraciones que invaden y contaminan el suelo, los cursos de agua subterráneos y toda la zona del Bajo Riñón”.

El descargo de la empresa
Desde ALPAT negaron las acusaciones y aseguraron haber cumplido con la legislación y reglamentación ambiental.
Sostuvieron que la salinidad de los pozos se debe a que “puedan ser afectados por la intrusión de agua marina”, mientras que arguyeron respecto al amoniaco que “dicha sustancia puede encontrarse naturalmente en el medio”.
En su defensa, la firma aseveró que “los hechos en que gira la demanda son falsos y que, por 1o tanto, no podrán ser acreditados”.
En tanto que recordaron que “desde el año 2004 el Sr. Sánchez junto a otros interesados, intentaron sin fundamento científico, relacionar los valores resultantes del agua extraía de sus pozos, con la actividad productiva de ALPAT”.
Concluyeron que “no existe comunicación alguna entre las correntías subterráneas del Bajo y los pozos del Sr. Sánchez”.
Como otro punto del argumento, aclararon que esa zona fue declarada “de sacrificio”, y que las muestras del agua subterránea tomadas en 2002 “indicaban que ésta era inapta para todo uso (doméstico, ganadero y para riego)”.
Pese a las aseveraciones de la compañía, por esta causa se inició otra por el delito de “contaminación de residuos peligrosos” que investiga la Unidad fiscal 3 de Viedma, con competencia en “Delitos Complejos”, indica el dictamen.
Pero además las sospechas del daño al entorno natural que provocarían los efluentes en el Riñón tiene un antecedente: en 2016 había sido advertido por el Observatorio Ambiental Permanente, que conformaron integrantes de la Escuela de Ciencias marinas de la Universidad del Comahue, la fundación Inalafquen y del Instituto de Formación Docente.
En agosto de ese año brindaron una charla, en la que especialista afirmaron que los líquidos desechados escurren a las aguas subterráneas y drenan a la ría que penetra por el norte del ejido urbano.

Pericias relevantes
En los fundamentos, Tamarit consideró relevantes los distintos informes periciales que reunió el expediente, pruebas que fueron impugnadas por ALPAT, pero validadas por la jueza.
El perito designado de oficio Néstor Martín Delfor, detectó “altísima concentración de sales, principalmente Cloruro de Calcio” y “una sustancia considerada contaminante para el ambiente como lo es el Amoníaco”.
Adjudicó esos componentes a “las grandes fallas en el proyecto ingenieril del repositorio o Área de Sacrificio pretendida por la Empresa”, y los perjuicios son progresivos.
Con posterioridad se solicitó otra pericia química efectuada por la ingeniera Laura Magnani, quien realizó los análisis en el laboratorio CIATI S.A, de Villa Regina, que e posee un área especializa en medio ambiente.
La jueza Tamarit destacó que los resultados hallados por Magnani fueron similares a los de Delfor.
Pero además Magnani aconsejó “efectuar obra acorde a la condición del lugar para impermeabilizar (los cuencos) y aplicar soluciones de ingeniería sobre el efluente para que cumpla con los parámetros legales del vuelco”.
Advirtió, en este mismo sentido, la ampliación del daño. “La calidad del agua subterránea se verá cada vez más afectada extendiéndose a la geografía de la zona de acuerdo a la escorrentía subterránea”, resaltó.
Otro peritaje fue solicitado al ingeniero Mario Oscar Carmody para determinar el estado sanitario del campo.
Describió que lo observó “seco; la plantación natural muerta”.
Informó que “a partir de la construcción del reservorio de ALPAT, la explotación quedó sujeta a una utilización real de aproximadamente el treinta (30) por ciento del predio, es decir entre. un mil doscientas (1200) y un mil cuatrocientas (1400) hectáreas”.
Tamarit acordó con Carmody acerca de que el establecimiento de 4.000 hectáreas sufrió un deterioro del 75%, lo que también reduce la explotación de ganado.
También se incluyen informes del Departamento Provincial de Aguas que la magistrada consideró “contundentes”, en el que se indicó entre otros datos que el escurrimiento “podría alcanzar la ría”.
Con el cúmulo de pruebas y ante la ausencia de elementos que las rebatieran, la magistrada determinó la responsabilidad de ALPAT.
Resolvió que la sentencia resarcitoria por 4.912.303,87 pesos, corresponden 774.890 a daño emergente de gasto de agua; 2.574.583,87 por lucro cesante y 1.562.830 por daño moral.
Además, le impuso a la empresa el pago de las costas del juicio y defirió la regulación de honorarios de los abogados intervinientes “hasta que existan pautas totales para ello”.
En tanto, ordenó informar el fallo a Ministerio Público Fiscal -Temática Ambiental-; al Departamento Provincial de Aguas de Río Negro y a la Secretaría de Medio Ambiente y desarrollo sustentable Provincial.
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Chaco: multarán a desmontadores de Pampa del Infierno



Multarán a los responsables del desmonte de cerca de 80 hectáreas en Pampa del Infierno

Fecha de Publicación
: 13/04/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


Tras el informe difundido por Greeanpeace, dando cuenta del desmonte de más de 79 hectáreas en Chaco, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, indicó que se encuentran en proceso de determinar las sanciones tanto por el desmonte como por la violación del aislamiento obligatorio. Dijo que se trataría de una Sociedad Anónima y que la ley establece una multa de casi dos salarios mínimo, vital y móvil por hectárea desmontada.
El subsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, dialogó este jueves con CIUDAD TV, tras el último informe nacional difundido por Greenpeace que incluye el desmonte de más de 79 hectáreas al Norte de Pampa del Infierno.
El funcionario provincial confirmó los datos y aseguró que las cerca de 80 hectáreas desmontadas fue en el periodo de tiempo “en los que por el decreto 433 del Gobernador (Jorge Capitanich), del 18 de marzo estábamos en aislamiento obligatorio”.
Indicó que, a partir de los primeros días de abril, por decisión de la cartera productiva y del Ejecutivo se decretó “esencial” el Servicio de Fiscalización Forestal.  “A partir de abril empezamos a desarrollar nuestras actividades en el interior, a través de las delegaciones e inspectores y ya empezamos a trabajar en identificar el responsable de este desmonte en Pampa del Infierno para poder aplicar las sanciones que corresponden y, obviamente, ya se coordinó con la Jefatura de Policía para poder hacer la denuncia por incumplimiento del aislamiento decretado”, informó.
En relación a la fecha, aseguró que las imágenes determinan que el trabajo se hizo entre el 17 de marzo y los últimos días del mismo mes. “Aparte de aplicar las sanciones a la ley de Bosques que correspondan hacemos las denuncias que implican incumplimiento del aislamiento obligatorio que se ordenó a nivel nacional y a nivel provincial por el decreto del gobernador Capitanich”.
Precisó que, a partir de la sanción de la ley 7153, se establecieron una serie de sanciones. “La primera es detener las actividades, es una facultad que nos da la ley; segundo, aplicar sanciones pecuniarias, económicas, aproximadamente dos salarios mínimo, vital y móvil por hectárea. Es un procedimiento administrativo que recién arranca”.
Dijo que el próximo paso es determinar con precisión cuáles fueron las hectáreas afectadas en el predio y dar pie a la defensa del responsable. “Por último, la aplicación de la sanción”, manifestó.
Según la información que les otorga la Dirección de Catastro, se trata de un desmonte ejecutado en un inmueble perteneciente a una Sociedad Anónima

Proyecto de ley
Por otro lado, comentó el funcionario que se impulsa un proyecto de ley, para ser ingresado al Parlamento chaqueño en cuanto se reanude la actividad legislativa, “para poder, no solo agravar el valor de las multas sino también poder requerir que restauren las hectáreas de bosque que se hayan afectado”. “Es una medida complementaria que, apenas se trate la ley, vamos a poder exigir”, sostuvo.
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