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Córdoba: líder en generación distribuida busca más mercados

 


Energía limpia: Córdoba sigue siendo líder en generación distribuida y ahora busca incursionar en el mercado de créditos de carbono en EEUU

Fecha de Publicación
: 27/03/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba


La provincia tiene 786 generadores individuales y comunitarios por casi 15 MW. Además, hay otros 116 proyectos en análisis. La estrategia apunta a que los gases de efecto invernadero que dejan de emitir puedan monetizarse mediante su comercialización en subastas de créditos de carbono con empresas que necesitan reducir su huella. Mientras el Gobierno prepara una nueva licitación, planea que proyectos de captura de metano operen en el mercado de California
La Provincia de Córdoba lideró una vez más el ranking nacional de generación distribuida de energías renovables, tanto individual como comunitaria, al totalizar 786 proyectos activos de 14.542 kilovatios (KW) mientras esperan 116 en estudio por 3.465 KW.
Lejos, en segundo lugar, se ubica la Provincia de Buenos Aires, con 478 activos y 260 en estudio.
En total, Argentina tiene 1.679 proyectos activos por 35.241 KW y otros 591 en carpeta por 15.624 KW.
La foto muestra así que Córdoba tiene el 42% de toda la potencia instalada y operativa en proyectos de energía distribuida individual y comunitaria.
Los datos fueron informados a Comercio y Justicia por Sergio Mansur, secretario de Planificación Energética, área que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Fabián López.
Se trata de uno de los pilares para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, claves para mitigar el cambio climático y cuyos objetivos globales están lejos de alcanzarse.
Otro de los ejes es la sustitución a mayor escala, siempre en referencia a la generación eléctrica, de las plantas de producción con combustibles fósiles por proyectos de energía renovable, es decir, parques solares, eólicos, de producción de biogás o pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, entre otros.

Generación distribuida
Según la información oficial difundida por la Provincia, además de los generadores individuales, o sea quienes tienen equipamiento para un domicilio o comercio, por ejemplo, ya hay seis usuarios generadores comunitarios conectados a la red.
El Parque solar Oncativo con 76,44 KW de potencia; el de Arroyo Cabral, con 70,07 KWP; el de Jovita, con 101,92 KWP; el de Vicuña Mackenna, con 127,4 KWP; el de La Laguna, con 131,04 KWP, y el Maipú, con 828 KWP.
A éstos hay que sumarles dos parques en proceso de conexión: el de La Cumbrecita, con 315 KWP y el de Morteros, con 330 KWP.
“El liderazgo de Córdoba en la materia tiene que ver con la implementación de políticas públicas que tuvo siempre cinco grandes ejes o cinco grandes estrategias o marcos normativos claros y creados por consenso de todas las organizaciones. Una decisión política institucional muy fuerte para acompañar el proceso, una comunicación pública muy activa en muy diversos medios, una plataforma donde uno puede encontrar toda la guía para ser un usuario generador o una plataforma tecnológica en la web que puede servir para encontrar desde instaladores habilitados hasta tramitar las exenciones impositivas y por último un régimen financiamiento a través del Banco Provincia de Córdoba”, enumeró Mansur a este medio.
La inversión total estimada en esos parques comunitarios más los proyectos individuales ronda 30 millones de dólares, según estimó.
Mansur destacó el marco legal vigente -pionero en el país-, que dio sustento a la proliferación de los diferentes proyectos.
En paralelo, destacó el proyecto para generar energía a partir del biogás de residuos cloacales en la planta de saneamiento de Bajo Grande y el proyecto de Biofarma, primer usuario generador distribuidor del país a partir de residuos de feedlot.
Por lo demás, señaló que, en el predio de Arroyo Cabral -propiedad de EPEC- se buscará alojar proyectos importantes tanto de la propia empresa como de inversores privados que quieran generar desde ese lugar para diversos mercados de energía, aprovechando la infraestructura disponible para una potencia superior a los 50 MW.

Planes
En cuanto a los objetivos por delante, Mansur dijo que hay varios ejes para desarrollar, algunos ya avanzados.
“Vamos a mejorar el programa de beneficios para incentivar las inversiones y vamos a introducir la digitalización, la aplicación de blockchain para generar tres tokens: uno  asociado a la potencia instalada, otro que va a representar la monetización de la energía generada mediante una billetera virtual para pagar las facturas de energía y, por último, un token asociado a la reducción de emisiones por esa energía que podrá comercializarse en una plataforma vinculada al carbono”, señaló.
Al mismo tiempo y siempre respecto a los planes futuros, Mansur dijo que el objetivo es triplicar la potencia instalada en un plazo de aquí hasta junio de 2025 para llegar a los 40 o 45 MW de energía distribuida.
“A la par, vamos a avanzar fuerte en políticas de desarrollo de las bioenergías. También en un plan de eficiencia energética, para promover la acción climática y como paliativo para la realidad tarifaria que enfrentamos, y pensar el mediano y largo plazo con muchas herramientas de inteligencia territorial”, concluyó.

El camino a la monetización
“La generación distribuida es la plataforma para que uno pueda establecer subastas, es decir no hay subastas (de créditos de carbono) si no se pueden certificar reducciones de emisiones y compensaciones”, resumió Mansur para introducir el círculo virtuoso que, más allá de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen aquellos que invierten en este tipo de tecnología para generar energía limpia.
En ese sentido, Córdoba es pionera en las subastas de créditos de carbono.
Ya a fines de 2022, se concretó la primera subasta de certificados de carbono desplazado.
Por medio del Ministerio de Servicios Públicos, se lanzó la prueba piloto, por la cual empresas pudieron compensar sus emisiones de carbono.
Se trató de una acción que otorga valor a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para que luego sean compensadas por distintos actores en la órbita del Ministerio de Servicios Públicos.
“Córdoba vuelve a mostrar esa vocación por avanzar en el cuidado del ambiente, en reducir la emisión de carbono con esta subasta inversa que tiene una característica para destacar: no sólo es la primera que se hace en Argentina sino que expresa la participación de la sociedad cordobesa”, expresó entonces el gobernador Juan Schiaretti, quien agregó que hubo 68 oferentes que tomaron medidas para mitigar su huella de carbono y más de 120 interesados en entrar en la subasta y adquirir esa reducción.
La iniciativa tuvo por objetivo generar una plataforma para la puesta en valor de reducciones de emisiones a pequeña y mediana escalas, toda vez que a esa fecha no eran posibles de validar a través de estándares internacionales, en especial por los costos.
A su turno, el ministro López aseguró: “A través del mercado, voluntaria u obligatoriamente, buscaremos que personas jurídicas y físicas disminuyan su huella de carbono por medio de mecanismos de compensación y transitar así a una economía de bajas emisiones”.
En la primera subasta, el precio promedio por cada tonelada de CO2 equivalente fue cotizada en 550 pesos, unos cuatro dólares de entonces.
En tanto, ya desde comienzos del año pasado, las licitaciones que realizó el Ministerio de Servicios Públicos incluyeron en los pliegos un puntaje extra para las empresas que demuestren una reducción en sus emisiones contaminantes, o bien que compensen esas emisiones con la adquisición de bonos de aquellos que sí lograron reducirlas.
Mientras, a fines del año pasado se concretó una nueva subasta con características similares a la primera.

Los objetivos se mantienen
Un punto clave respecto al tema es la continuidad de las políticas públicas. Es que al igual que en la gestión de Juan Schiaretti, con el ministro Fabián López a la cabeza, también Martín Llaryora sostuvo la impronta, confirmando a López en el cargo y también a parte del equipo que impulsó esas políticas, entre ellos a Mansur y también a Pablo Gabutti, quien -si bien anteriormente se desempeñaba en la gerencia de energía del Ersep- hoy es el secretario de Transición Energética. Además, creó el Ministerio de Ambiente y Economía Circular a cargo de María Victoria Flores.
“A fines del año pasado se hizo la segunda subasta de créditos de carbono, que llamamos “unidades de carbono verificadas” y en coincidencia con la fecha de la Cumbre de la Economía Circular”, recordó Gabutti.

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Explosión en la planta industrial de Atanor, fue clausurada

 


Clausuran la planta de Atanor tras la contaminación causada por las explosiones

Fecha de Publicación
: 23/03/2024
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia hizo lugar a una cautelar para que cesen las operaciones en la planta de San Nicolás. El Ministerio de Ambiente de Buenos Aires cerró el sector donde ocurrió el incidente
Tras la explosión de un reactor en la fábrica de agroquímicos Atanor, ubicada en San Nicolás, la Justicia ordenó este miércoles el cierre de la planta hasta que se tomen las medidas de seguridad necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. En caso de no atenerse a la medida, la firma deberá pagar 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento.
La jueza de la provincia de Buenos Aires con jurisdicción en San Nicolás, Luciana Díaz Bancalari, resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el abogado ambientalista Fabián Maggi, de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, en representación de los vecinos. La medida implica también librar oficio a la fiscalía y al ministerio de Medio Ambiente, que encabeza Daniela Vilar.
La Unidad de Respuestas Rápidas de la cartera bonaerense estuvo en San Nicolás e informó que "si bien los aparatos sometidos a presión están en regla, nos encontramos a la espera del informe de los peritos sobre los motivos exactos de lo sucedido".
"Entendiendo que la situación no admite demoras en la adopción de medidas, la empresa se encuentra sin actividad por seguridad y clausuramos el sector de la planta donde ocurrió la explosión hasta tanto estén dadas las condiciones normales de funcionamiento de la planta y se haya realizado y completado todas las tareas de reparación que garanticen la seguridad integral tanto del personal como de los vecinos", agregaron desde el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires, que evaluará posibles sanciones contra Atanor además de solicitar un plan de remediación.

Otra clausura
La planta productora de agroquímicos que Atanor tiene en San Nicolás ya fue clausurada hace ocho años, en el marco de un allanamiento por el incumplimiento de medidas judiciales.
En septiembre de 2016, el juez Facundo Puente, por entonces titular del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, ordenó la clausura de la planta tras un allanamiento de Prefectura y Gendarmería en el que confirmó que la empresa no cumplía con ciertas restricciones impuestas por la Justicia para evitar el vuelco de aguas contaminadas al río Paraná, además del uso de grandes cantidades de agua subterránea.
La medida fue el desenlace de una larga lucha de vecinos y organizaciones que reclamaron y denunciaron, por más de 12 años, el impacto de la actividad de la compañía química en la salud de los pobladores, la contaminación del aire, el suelo y el cauce del río.

Condena por contaminar el río Paraná
El año pasado, Atanor fue condenada por vertir desechos tóxicos ilegalmente en el río Paraná. La Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo ambiental por daño ambiental de incidencia colectiva contra la empresa, considerada la tercera productora de herbicidas más importante del mundo, y dictó sentencia definitiva contra la firma ubicada en las inmediaciones del barrio Química de la ciudad nicoleña, donde se estima que murieron cerca de 200 personas en el transcurso de años producto de la contaminación ambiental que ocasionaba la empresa al verter sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin tratamientos, además de enterrar de manera ilegal residuos peligrosos.
La causa fue presentada en 2015 y motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por reiteradas “demoras injustificadas” del Poder Judicial tanto en el ámbito federal como bonaerense, situación que se encuentra en trámite pese al fallo definitivo a la acción de amparo.

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Una explosión en una planta química en San Nicolás hace temer contaminación en la zona

Fecha de Publicación
: 23/03/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa de agroquímicos Atanor sufrió una serie de detonaciones alrededor de las 3:30. Un operario resultó herido de gravedad y los vecinos temen contaminación.
Una explosión en la planta industrial de Atanor, ubicada en San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, dejó un trabajador herido de gravedad y preocupación entre los vecinos de la zona ante una posible contaminación.
El accidente tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles. Según un comunicado de la empresa, en horas de la madrugada, se produjo un incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina que generó la ruptura de la tapa del reactor afectado al proceso.
“Esto dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta, que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco”, señalaron. El operario Julio César Corbalán que trabajaba en el lugar debió ser atendido de urgencia, producto de las heridas recibidas por el derrame de ácidos en el lugar. “Se encuentra internado en el Hospital Interzonal General de Agudos de San Felipe”, informaron fuentes oficiales.
Desde Atanor comunicaron que ahora se encuentran realizando tareas de limpieza de la planta e inmediaciones junto con el Comité Organizado ante Emergencias de San Nicolás y la firma RESTEC, especialista en la atención de emergencias tecnológicas.
La preocupación de los vecinos, que publicaron reportes sobre un fuerte olor a químicos en redes sociales, se debe a la liberación de una nube tóxica. “Debido a la liberación brusca de presión, se generó una emanación de gases propios del proceso productivo y luego, como consecuencia del incendio, se generaron gases de combustión”, indicaron desde la empresa y añadieron que las consecuencias esperables son irritación ocular y de vías aéreas superiores.
“La empresa dio intervención inmediata al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y en conjunto con las autoridades de contralor municipales correspondientes está trabajando para determinar las causas del incidente y evaluando las consecuencias del mismo”, afirmaron.
Las autoridades locales recomendaron evitar circular por las inmediaciones de la planta y permanecer dentro de los hogares para evitar complicaciones en la salud, ya que los productos expulsados son altamente tóxicos.
Según informó La Vaca, hace un año el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás había probado la existencia de contaminación que los propios vecinos denunciaron hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde presentaron un censo con 200 muertes por diversas enfermedades en seis cuadras del barrio, y la jueza Luciana Bancalari consideró probado “el marco de ilegalidad manifiesta” en el que funcionaba la empresa.
Luego, la Cámara Primera de Apelación del distrito le fijó a la empresa, en un fallo histórico, una indemnización sustitutiva por el daño ambiental al Río Paraná de 150 millones de pesos.
Según el informe de una consultora que publica la página del Ministerio de Ambiente bonaerense, la planta de Atanor es la única productora y formuladora de atrazina del Mercosur. Además, sintetiza humectantes y formula herbicidas a base de Ácido 2,4-D, Ácido 2,4-DB, Éster Etilhexílico del Ácido 2,4-D, Ésteres Butílicos de 2,4-DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir, SMetolacloro, Fomesafen, Cletodim e insecticidas.
La atrazina se descompone cuando se calienta intensamente, produciendo humos tóxicos entre los cuales figuran el cloruro de hidrógeno y óxidos de nitrógeno.
En la investigación del caso interviene en principio la Unidad Fiscal 14 de San Nicolás. A la vez, fue informado el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y las autoridades de contralor municipales.
No es la primera vez que Atanor es noticia por un siniestro en su planta de San Nicolás. En noviembre de 2016 hubo otra explosión que generó una densa columna de humo negro y obligó a los Bomberos a un trabajo de varias horas para controlar el fuego desatado en un depósito de bidones plásticos.

Qué es la atrazina
La atrazina, 2-cloro-4-(etilamina)-6-(isopropilamina)-1,3,5-triazina, es un compuesto químico utilizado como herbicida artificial para controlar malezas en la agricultura interfiriendo en el transporte de electrones durante el proceso de la fotosíntesis.
Las triazinas son el segundo grupo de herbicidas más usado en Estados Unidos, pero su uso es materia de controversia ya que produce efectos nocivos en especies a las que no va dirigida, como los anfibios, a causa de la contaminación de las aguas, o en el ser humano.
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Directivos a juicio por contaminar el río Salado

 


Contaminación en el río Salado: Tres miembros del directorio de un frigorífico a juicio

Fecha de Publicación
: 15/03/2024
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Se trata de los responsables de un frigorífico en General Belgrano. Los acusan de poner en riesgo la salud por la contaminación del río Salado.
Tres directivos de un frigorífico de General Belgrano irán a juicio oral, acusados por haber puesto en riesgo la salud de la población en un presunto caso de contaminación del río Salado. La elevación de la causa fue validada por el juez subrogante del Juzgado Federal de Dolores, Martín Bava, a pedido del fiscal Juan Pablo Curi.
La investigación tiene como acusados a tres hombres, integrantes del directorio del Frigorífico General Belgrano S.A., a quienes se acusa del vertido de residuos peligrosos al cauce de un afluente del río Salado durante el periodo comprendido, cuanto menos, entre julio de 2019 y agosto de 2022, precisa el sitio Fiscales.org.

Los fundamentos y las pruebas de contaminación en el río Salado
La acusación fiscal sostuvo que la contaminación ocurrió como consecuencia de no haber desarrollado las medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que generó el frigorífico -como está establecido en el artículo 17 de la ley 24.051- y haberlos volcado sobre el canal pluvial ubicado en las inmediaciones del establecimiento situado en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, que tiene como receptora a la cuenca hídrica del río Salado.
En la investigación constan diversos estudios realizados que dan cuerpo a la acusación. La fiscalía ponderó, por un lado, la información brindada por la Autoridad del Agua, que el 10 de julio de 2019 labró un acta de inspección que dio como resultado que los niveles de DQO (Demanda Química de Oxígeno) excedían, mínimamente, el límite permitido.
En esa oportunidad, el inspector advirtió que “el efluente no estaba siendo clorado” y que desde la firma no se había exhibido ningún certificado de aptitud ambiental.
En noviembre de 2020, a través de tareas ordenadas por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) presentó un análisis que arrojó resultados de valores de DQO por sobre los límites admisibles, incluso superiores a los constatados anteriormente.
Luego fue el OPDS el que realizó una inspección, también a pedido del UFIMA, el 5 de enero de 2021: en ese momento se exhibió un Certificado de Aptitud Ambiental, que estaba vencido.
Ante ello, se requirió a la Autoridad del Agua una nueva inspección, que se realizó el 4 de febrero de 2022. “En dicha inspección se dejó asentado que los efluentes eran evacuados a zanja pluvial, cuenca río Salado, y que se observó que las instalaciones para el tratamiento de los mentados efluentes se encontraban en mal estado de conservación, ya que los separadores de estiércol, el decantador interceptor y el pozo de bombeo, estaban colmados de barros”, destacó el fiscal en su requerimiento de elevación a juicio.
En esa ocasión se extrajo otra muestra, “cuyos resultados demostraron que, no solo había aumentado el nivel de la sustancia que anteriormente se encontraba ya fuera de los límites permitidos -DQO- sino que también fueron objetables los resultados de otros (cuatro) ítems”, entre ellos, DBO (Demanda Biológica de Oxígeno).

Contaminación del río Salado ¿Qué responsabilidad se les adjudica a los directivos del frigorífico?
En cuanto a la atribución de la responsabilidad, la fiscalía indicó que los acusados “no orientaron su gestión empresarial a eludir el resultado lesivo de contaminación del medio ambiente y entonces pusieron en peligro la salud pública, cuando se encontraba en cabeza de aquellos la dirección y orientación productiva de la empresa”.
De acuerdo al requerimiento fiscal, los acusados “conocían que los residuos generados por el frigorífico eran vertidos al cauce de un río, sin el debido tratamiento, por lo que se infringían los requerimientos ambientales determinados mediante normativa específica, establecidos con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de la población”.
El fiscal Curi reparó en que “debe tenerse presente que la firma fue notificada de la realización de las extracciones de muestras efluentes efectuadas tanto por personal policial en el marco de la investigación preliminar de la UFIMA, como aquella realizada por la Autoridad del Agua. Entonces los imputados no podían desconocer que actuaban en contra de la norma legal en juego y generaban, así, un riesgo jurídicamente desaprobado” concluye el informe.
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Presunta contaminación del Paraná por Papel Misionero

 


Espuma blanca invadió el río Paraná y es investigada por Ecología tras denuncia

Fecha de Publicación
: 12/03/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


La comisión del Ministerio tomó muestras del fluido en frascos y bidones para un análisis que se realizará en el laboratorio del Parque Industrial
Una espuma blanca se pudo visualizar sobre la superficie del río Paraná por vertidos de la empresa Papel Misionero y tras una denuncia pública por presunta contaminación, se tomaron muestras del curso de agua, según informó el Ministerio de Ecología de la provincia, que conformó una comisión para investigar la situación. La captura de las muestras se realizó a la altura de Puerto Mineral en el municipio de Puerto Leoni.
Desde la empresa explicaron que la mancha blanquecina se debió a una rotura del caño de descarga de efluentes a una altura por encima del pelo de agua, provocando que el vuelco de efluente ya tratado libre sobre el río generara espuma.
La comisión del Ministerio tomó muestras del fluido en frascos y bidones para un análisis que se realizará en el laboratorio del Parque Industrial y cuyo resultado será informado a la comunidad en los próximos días, consignaron a través de un comunicado. Además, expresaron que hasta en tanto no se obtengan los resultados aún no se puede llevar una advertencia a la población, ya que no se confirmó si existe contaminación o no.
Este medio consultó a Elvio Rivas, intendente de Puerto Leoni, quién mencionó que la calidad del agua potable que se provee a los vecinos no se ve afectada en este caso, "porque la cooperativa de la ciudad extrae el suministro de tres perforaciones para la potabilización y provisión; y no toma del propio río".
Además, aclaró que si bien no hay espacios de acceso al agua para bañistas en la zona de Puerto Mineral, sí hay clubes de pesca que realizan actividades recreativas entorno al río.
La empresa indicó que el vertido se dio el día viernes, que este sábado la situación había mejorado y que la planta está fuera de servicio de manera temporaria. Anticipó además la reparación del caño averiado se completaría en las próximas semanas.
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El Delta del Paraná bajo la presión 'desarrollista'

 


Según The Guardian, desarrolladores inmobiliarios planean un "nuevo Miami" en los humedales del Delta del Paraná

Fecha de Publicación
: 11/03/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Buenos Aires - Litoral Argentino


El medio británico recogió distintos testimonios que muestran un cambio en la fisonomía del lugar, donde en los últimos años se registraron construcciones de comunidades privadas y casas de lujo. Los isleños denuncian que buscan desplazarlos.
Una nota del medio británico The Guardian advirtió que la flora y la fauna del Delta del Paraná están dejando paso a los desarrolladores inmobiliarios, que desde hace un tiempo se encuentran construyendo playas privadas, helipuertos y spas.
“Las islas están siendo tomadas por la fuerza y ​​nuestra gente está siendo desechada”, afirmó Pedro Andino, un hombre de 80 años que vivió toda su vida allí. "Mientras que los isleños ven el delta como el cuarto pulmón de la Tierra, los promotores inmobiliarios lo ven como una oportunidad, y Andino dice que la población y los animales locales están siendo expulsados", expresó en su nota Harriet Barber sobre el fenómeno de avance.
Luego agrega que los desarrolladores describen las parcelas del Paraná como el "Miami del Sur", conformando un espacio de comunidades cerradas y casas de lujo. "El terreno, uno de los deltas fluviales más grandes del mundo, con una extensión de más de 17.500 kilómetros cuadrados, ha sido dividido para crear playas privadas, spas y helipuertos", dice el texto.
Luego recoge nuevamente el testimonio de Andino, quien aseguró que la casa de su padre se incendió, al igual que la de muchos de sus vecinos.
"El cuarto pulmón de la Tierra", como se caracteriza a esta zona repleta de animales y plantas de todo tipo, es un humedal que regula el clima, actúa como sumidero de carbono y también almacena agua.
"Los desechos industriales y los vertidos agrícolas han contaminado el agua, y la deforestación desenfrenada ha alterado la humedad , reduciendo el agua que fluye por sus arroyos. Los incendios provocados casi en su totalidad por humanos se salen de control cada año y han quemado 1.235.000 hectáreas (3.051.751 acres) desde 2020 según Greenpeace", explica Barber.
Además, aseguran que su fisonomía natural ha cambiado por la forestación, la sustitución de pasto para ganado y el uso de pesticidas que contaminan el agua, además de matar a las abejas.
“Somos el cuarto pulmón del mundo. Nuestro delta le da oxígeno al planeta, pero hoy lo están dañando terriblemente”, dijo entrevistado por el medio británico Juan Carlos García, un isleño de 70 años.

Nuevas construcciones y repoblación en el Delta
"A medida que los ricos se mudaron, se instalaron servicios públicos como electricidad, pero algunos isleños dicen que se les ha bloqueado el acceso a ellos", remarca The Guardian. Luego refiere que los dragados que requieren las construcciones de comunidades pueden aumentar la posibilidad de inundaciones.
Sofía Astelarra, profesora de la Universidad de Buenos Aires, le dijo al medio que a partir de los 2000 comenzó una intensa repoblación de las islas. “Querían pagarme por mi casa, pero yo no quería venderla”, relató otro habitante del lugar, Miguel Galloro. Esa vivienda finalmente quedó destruida. El hombre afirmó que fue pescador toda su vida pero le quitaron su bote y sus redes, impidiéndole el paso.
"En toda América Latina, los humedales han disminuido aproximadamente un 35% en 50 años y, a nivel mundial, están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques", explica la periodista en su nota. También agregó que los desarrolladores inmobiliarios no quisieron responder preguntas al respecto,

Los humedales y el gobierno de Milei
Barber también recogió el testimonio de la abogada y directora de biodiversidad de la Fundación Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ana Di Pangracio, quien afirmó que en el país no hay deseo de proteger los humedales.
"Este gobierno será difícil: corremos el riesgo de sufrir una regresión en la protección del medio ambiente, como la ley sobre los bosques y los glaciares", dijo Di Pangracio a  The Guardian.“Y la ley de humedales tiene fuertes grupos de presión en contra: bienes raíces, agricultura, minería”, agregó.
Por otro lado, el texto afirma que los poderes económicos en el país son más fuertes, incluso, que la propia ley. “Se aprovechan de nosotros porque somos vulnerables. Es nuestro deber proteger esta tierra. El delta debe ser la tierra del pueblo”, cerró uno de los isleños.
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Bahía Blanca: se limpió solo parcialmente el derrame

 


La empresa responsable del derrame solo limpió el 25% del ecosistema afectado

Fecha de Publicación
: 27/02/2024
Fuente: InfoGEI
Provincia/Región: Buenos Aires


Un mes después del último incidente hubo un tercer episodio la semana pasada que aún se investiga. Una empresa fue clausurada y multada, pero advierten por daños persistentes por los hidrocarburos tanto en la flora como en la fauna Los dos derrames de petróleo en la zona costera de Bahía Blanca, ocurridos entre finales de diciembre y mediados de enero, dejaron alrededor de 40 hectáreas afectadas que, aún hoy, se siguen limpiando.
Los perjuicios sobre el ecosistema son incalculables por el momento, ya que organizaciones del lugar aseguran que tras las tareas para remover los fluidos quedan sustancias contaminantes invisibles que perduran en el tiempo.
Por ahora, los derrames dañaron una reserva natural que es vital para miles de aves migratorias que pasan por la zona cada año.
Además, el 14 de febrero se originó otro incidente en cercanías a la Base Naval Puerto Belgrano, en la zona de Coronel Rosales, aunque todavía se investiga qué sustancia se vertió al agua y en qué circunstancias.
Uno de los principales problemas es que estos derrames afectan al estuario, que forma parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, un corredor continental de importancia internacional que se extiende desde Argentina hasta Canadá y por el que pasan cientos de miles de ejemplares migradores.
Los derrames de petróleo afectan a la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde (cuenta con 2600 kilómetros cuadrados), un enclave vital para miles de aves migratorias que realizan miles de kilómetros cada año, siendo algunas de ellas especies amenazadas. A su vez, esta contaminación representa un problema mayor porque el entramado de canales e islas no permite que el agua recircule, por lo que la limpieza del agua es aún más compleja.

Derrames en Bahía Blanca
Entre finales de diciembre y mediados de enero, dos monoboyas que utiliza la firma alemana Oiltanking sufrieron desperfectos y liberaron petróleo a la ría de Bahía Blanca. Estas estructuras funcionan para que los barcos puedan conectarse y almacenar el petróleo crudo que irá hacia los depósitos.
Las monoboyas se encuentran frente al partido de Coronel Rosales y según señaló el director de la Estación de Rescate de Fauna Marina de Bahía Blanca (Erfam), “la empresa activó tardíamente los protocolos necesarios” que se enmarcan en el Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas (Planacon).

Limpieza de lo afectado
La limpieza la realiza una empresa privada, la cual es fiscalizada por el Ministerio de Ambiente provincial. Son varias personas en lanchas con motoguadañas que cortan la vegetación afectada. Hasta el momento se limpiaron 10 de las 40 hectáreas afectadas.
Sobre el procedimiento, Petracci explicó: “La idea no es sacar de raíz porque el impacto es mayor. Esa vegetación acuática jugó a favor y evitó que el petróleo ingrese más adentro”. Los restos de esa poda se envían a tratamiento y a disposición final como sustancias peligrosas.

El daño continúa
Sin embargo, el petróleo continuará perjudicando el territorio: “El problema son los elementos contaminantes que quedan en el ambiente, que son invisibles y están asociados a la presencia de crudo aunque esté diluido”.
Es por ello que tuvieron que implementar un método para que sobre el área en la que remueven la vegetación no bajen aves a comer en el barro que quedó, ya que pueden alimentarse sobre una superficie contaminada.
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Innovación nacional para la contaminación textil

 


Argentina elaboró el primer proyecto del mundo para resolver la contaminación del agua por la industria textil

Fecha de Publicación
: 26/02/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


En el marco del primer concurso “Proyectos Emprendedores de Innovación Tecnológica” del IUDPT, se propone revolucionar el sector textil. Conocé más sobre el emprendimiento biotecnológico .
El Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (IUDPT) realizó el viernes 16 de febrero el lanzamiento del primer concurso “Proyectos Emprendedores de Innovación Tecnológica”. Junto con Elal Venture, otorgará $1.500.000 a la iniciativa del campo de la biotecnología o la bioingeniería cuyos creadores cuenten con las competencias necesarias para el desarrollo de un nuevo negocio innovador y una empresa de base tecnológica.
En ese marco y como ejemplo de las iniciativas que se llevan a cabo en nuestro país, disertó el biólogo Esteban Silva, fundador y COO de Protiva Bioinks, un emprendimiento biotecnológico cuya meta es brindar soluciones sostenibles a la industria del color. En concreto, se propone revolucionar el sector textil mediante la producción y aplicación de colorantes naturales fabricados en base a bacterias. Se trata de la primera iniciativa en el mundo de esta naturaleza, según destacó el emprendedor.
“La industria textil es responsable del 20% de la contaminación mundial del agua, a raíz del desecho de 200.000.000 de kilos de colorantes sintéticos derivados del petróleo y tóxicos por año”, ilustró el emprendedor graduado en la Universidad Nacional del Sur.
“Como alternativa, sólo existen colorantes vegetales que no son escalables y cuya aplicación es específica, debido a que son muy costosos. Lo que desarrollamos, entonces, es una bio-dye tech. Es decir, usamos bacterias para la fabricación de pigmentos y seleccionamos los que tienen aplicación textil. Ya tenemos cuatro prototipos en escala de laboratorio: rojo, amarillo, azul y negro”, continuó.
“Pero también diseñamos una fórmula de aplicación que sea capaz de cumplir con los estándares textiles para las prendas de lana, algodón y poliéster, es decir la resistencia al lavado y al sol. Nuestro modelo es B2B y está dirigido a empresas tintoreras en los tres primeros eslabones de la cadena de valor, es decir la hilandería, la tejeduría y la confección”, aseguró.
El fundador de Protiva Bioinks sostuvo que se trata de un mercado de u$s11.000 millones anuales. Como consecuencia, se encuentra en la búsqueda de una ronda de inversión de al menos u$s250.000, con el propósito de completar el producto mínimo viable y sumar capacidad de investigación y desarrollo, ya que al momento emplea el laboratorio de tinción de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
De la jornada también participó el químico Julián Rengifo, investigador independiente del CONICET y cofundador de Environtek. El modelo de negocio del emprendimiento, aún en etapa más temprana, consiste en el asesoramiento tecnológico para el desarrollo de un superbiocarbón activado por luz y capaz de adsorber la contaminación del agua, tanto de origen natural por arsénico como producto del uso de fertilizantes en el agro. Se trata de un mercado de u$s1.700 millones anuales.
Al lanzamiento asistieron el presidente de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y fundador del IUDPT, Guillermo Gómez Galizia; el rector del IUDPT, Mariano Álvarez; la secretaria de Ciencia y Tecnología del instituto universitario, Cintia Hernández, y el director de Operaciones de Elal Venture, Federico Peruzzatto, junto con investigadores y docentes.
La convocatoria al concurso “Proyectos Emprendedores de Innovación Tecnológica”, del IUDPT y Elal Venture, estará abierta hasta el próximo 1° de marzo. Para participar, es necesario completar el Formulario de Postulación y el Plan de Trabajo, y enviarlos a: secretariacienciaytecnologia@iudpt.edu.ar.
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Catamarca buscará controlar emisiones

 


Buscan controlar las emisiones gaseosas industriales y mineras

Fecha de Publicación
: 23/02/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


En Catamarca se encuentran radicados diversos establecimientos industriales y empresas mineras en etapa de exploración avanzada y de explotación que generan el vertido de este tipo de efluentes gaseosos a la atmósfera.
El Gobierno Provincial elevará a la Legislatura un proyecto de ley destinado a que empresas entreguen un informe obligatorio -en carácter de declaración jurada- sobre las emisiones gaseosas que promueven a la atmósfera local los diferentes establecimientos que conforman cada compañía. En este sentido aseguraron que el proyecto está dirigido especialmente las empresas que se encuentran en etapa de exploración avanzada y etapa de aprovechamiento general.
En Catamarca se encuentran radicados diversos establecimientos industriales y empresas mineras en etapa de exploración avanzada y de explotación que generan el vertido de este tipo de efluentes gaseosos a la atmósfera, por lo que se considera sumamente necesario medir e informar sobre los niveles de estas emisiones dentro del marco del compromiso con el cumplimiento de la legislación ambiental vigente en la provincia.
La información proporcionada es considerada necesaria a los efectos de implementar una adecuada política de protección de la calidad del aire.
El gobernador Raúl Jalil junto al vicegobernador Rubén Dusso y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, se reunieron con autoridades del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, quienes explicaron el tenor de la iniciativa que establece que las emisiones gaseosas necesitan ser controladas, debido a las consecuencias que representan tanto para la salud humana como también para el medio ambiente.
Gustavo Báez, secretario de Energía y Medio Ambiente, explicó que “el proyecto de ley tiene por objetivo el informe obligatorio por parte de empresas industriales y mineras, en condición de declaración jurada, sobre emisiones gaseosas y que apunta a definir cuál es nivel de carbono que tienen las actividades productivas en nuestra provincia y como generar una compatibilidad con el interés general y reducir los efectos negativos del cambio climático”.
Se espera que el proyecto sea tratado en las sesiones extraordinarias convocadas para marzo.
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Dueños de Comarsa imputados por contaminar

 


Acusan al dueño de Comarsa Neuquén de contaminar y falsear balances

Fecha de Publicación
: 19/02/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


Le formularon cargos al titular de la empresa, al director suplente y a un gerente general. Recibieron cifras millonarias de YPF y otras empresas para remediar residuos a los que nunca le dieron tratamiento.
La Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa) se instaló en 2014 en un predio cedido por la provincia en el Parque Industrial Neuquén para tratar residuos peligrosos. Pero según la acusación de la fiscalía y la querella contra sus responsables, recibió materiales por encima de su capacidad de procesamiento y los dejó sin curar. Además «simuló ganancias a los fines de obtener ventajas patrimoniales, contaminando el ambiente y poniendo en peligro la salud de la población».
Hoy en día, en el predio hay 210.000 metros cúbicos de residuos peligrosos sin tratar, que equivalen a 10.000 camiones. La planta está ubicada a 500 metros de barrios con mucha población, y en el último temporal la lluvia provocó el derrame de lodos empetrolados más allá de su perímetro.
Los datos fueron aportados por el fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, quien junto con la asistente letrada Julieta González formuló la acusación contra el dueño de Comarsa, el ex director suplente y el ex gerente general.
Se los identifica respectivamente con las iniciales JML, HEB y FAP, porque el juez que dirigió la audiencia, Mauricio Zabala, resolvió a pedido de la defensa que no se publiquen sus nombres ni sus fotos.

Los delitos que les imputan
La fiscalía les imputó los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta.
En la acusación estuvo acompañado por la APDH Neuquén, representada por Bruno Vadalá y Pedro Peralta, y la Asociación Civil de Abogados Ambientalistas, con los letrados Darío Kosovsky, Emanuel Roa Moreno y Enrique Viale.
Los dos principales acusados, que viven en Provincia de Buenos Aires y CABA, siguieron la audiencia por Zoom. El fiscal Breide Obeid no ocultó su molestia ya que había solicitado expresamente que asistan de manera presencial. «Yo no sé si están en sus casas o en el exterior», dijo.
Los defensores del dueño de la empresa y del ex director suplente son Mario Rodríguez Gómez y Marcelo Muñoz. El ex gerente general, quien reside en la región, fue asistido por la defensora pública Eliana Lazzarini.

El pasivo ambiental en números
Breide detalló en su acusación que el perjuicio económico por el delito ambiental es de 5 millones de dólares. Le sumó 2.375.000 dólares que el dueño de la empresa recibió como ganancia.
Se trata de un empresario con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, ya que pagó el impuesto a las grandes fortunas.
Además de Comarsa, es dueño de una empresa que le alquila maquinaria vial y de otras dos firmas dedicadas al rubro gastronómico y la provisión de viandas.
El fiscal jefe pidió la inhibición general de bienes de la empresa, que tiene una planta en el Parque Industrial y otra en Añelo. Sus contratos más grandes son con YPF.

Barrios afectados
Sobre el daño ambiental, indicó que «es inconmensurable la cantidad de vecinos afectados». A menos de 500 metros de la planta hay barrios densamente poblados como 7 de Mayo, el Nido, Loteo Social y Cuenca XV.
De acuerdo con la acusación, los contratos con YPF le reportaron a Comarsa ingresos por más de 700 millones de pesos; que “se cobraron sin haber realizado el tratamiento de los residuos y sin asentar entre sus deudas los residuos pendientes de tratamiento”. Esto permitió a la empresa “simular ganancias y justificar la distribución de honorarios y dividendos”.

El predio en Añelo
Breide Obeid señaló que en 2015 se publicó el Decreto 2263/15 que manda a que las empresas que tratan residuos peligrosos se ubiquen fuera del ejido municipal y al menos a ocho kilómetros de distancia de asentamientos poblacionales.
«Ante la nueva normativa y por la presión social de los vecinos; la empresa presentó a la Provincia un plan de cierre y traslado de sus actividades; por el cual fue beneficiada con la asignación de un terreno en Añelo», continuó.
En este plan Comarsa «declaró tener acopiados 135.000 metros cúbicos de residuos peligrosos; dato falso, ya que la empresa contaba con aproximadamente 244.000 metros cúbicos de residuos peligrosos sin tratamiento».
Investigarán el lote en Añelo, donde hay indicios de que también acopian material sin tratar.

Embargo de las cuentas
La acusación también solicitó, y el juez le hizo lugar, el embargo de las cuentas del dueño y del ex director suplente. Pidió que cubran un monto de 7 millones de dólares. También se dispuso la prohibición de salida del país sin autorización.
La fiscalía y las querellas solicitaron además que se dicte una medida cautelar para que no avance un desarrollo inmobiliario de la Municipalidad de Neuquén a pocos metros de la planta de Comarsa.
El juez Zabala no les hizo lugar porque es un asunto ajeno a la audiencia penal. «Supongo que habrá un estudio de impacto ambiental», arriesgó.
«Hay sectores que se enriquecen y los residuos quedan en la población»
La APDH, al sostener la acusación, afirmó que «Comarsa es el reflejo de la improvisación, la desigualdad y la impunidad con la que se maneja la industria petrolera en Neuquén. Es el ejemplo perfecto: mientras hay sectores que se enriquecen, los residuos quedan en la población».
«Hay seis incidentes ambientales por día, más de 400 sismos en zonas donde no había sismos y millones de toneladas de residuos». Remarcó Bruno Vadalá que «una parte están a cinco minutos de acá si vamos en auto por la Circunvalación».

«¿Qué pasa con los funcionarios?»
Por su parte la Asociación de Abogados destacó que «los imputados ocupaban terrenos públicos sin previa autorización; se instalaban y la obtenían luego».
«Resta por saber dónde están los otros actores, ante esa tragedia ambiental que tenemos, qué pasa con los funcionarios públicos a cargo del control», se preguntó Darío Kosovksy.
Señaló que el dueño de Comarsa tiene empresas «que históricamente se dedicaron a proveer de alimentos a hospitales en Buenos Aires».
Comarsa, añadió, «está dejando un pasivo ambiental para nuestros hijos y nietos. El tratamiento no lo pueden hacer, el traslado de materiales sin tratar es imposible».
Dijo que «es una empresa que dibujaba balances para poder retirar fondos en concepto de honorarios. Simulaba ser tratadora, simulaba ganancias, y aquí nadie sabía nada».
La audiencia comenzó a las 11 y terminó a las 14.40. Este viernes habrá revisión, en particular de los embargos dispuestos por el juez.
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Propuesta de renovables para Chubut para la economía

 


Aseguran que la generación de energía eólica en los campos podría ser una solución a los problemas de Chubut

Fecha de Publicación
: 13/02/2024
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


La actividad lanera y cárnica está en retroceso producto de las condiciones de los mercados a nivel mundial y nacional, la baja rentabilidad, la sequía y los predadores. Ese combo hace que haya venta de campos o el abandono, y observan que la generación eléctrica podría colaborar para cubrir los problemas económicos, productivos y de servicios de la provincia.
En Chubut, hace muchos años que la actividad del campo viene en retroceso. Además de los factores del mercado, financieros, la sequía y los predadores; todo se agudizó ante la falta de políticas claras para el sector que deberían bajar desde el Gobierno nacional que, gestión tras gestión, estuvo ausente en el armado de una línea conductual que permita sostener, no solo al ruralismo, sino que al resto de las actividades económicas.
Los productores abandonan los campos. Los dueños o herederos, no quieren o no pueden mantener en la actividad debido a la baja rentabilidad. El titular de la Sociedad Rural Valle, Ricardo Irianni, ingeniero, adelantó que en la provincia "habrá menos ovejas en el futuro", poniendo en jaque a la actividad lanera y cárnica que identifica a la región.
Pero desde el ruralismo analizan otros factores que podrían servir de oxígeno para la Patagonia y, principalmente, para la provincia de Chubut. Hay una "nueva alternativa de producción" que llegó a la región y que cuenta con varios proyectos en Chubut, Río Negro y Santa Cruz, donde las empresas compran terrenos o alquilan el espacio aéreo (y mantener la producción ovina) para instalar parques eólicos. Irianni consideró que "esto va a cambiar la fisionomía de la provincia".
La provincia está inmersa en un profundo debate: de qué vivirá en el futuro. Se habló largamente sobre lo que pasará con la actividad hidrocarburífera, y hasta quedó atrás el debate sobre la minería. Pero la energía limpia generada por los molinos podría ser un dato alentador y esto debería ser tratado por el Ejecutivo provincial y la Legislatura, ya que "estamos ante la posibilidad de solucionar a mediano plazo los problemas de energía de Chubut".
Chubut tiene un Gobierno con deudas que ahogan las finanzas. Las ciudades están sufriendo un retroceso fuerte, con serios problemas socioeconómicos y con administraciones nacionales que recortan cada vez más la bajada de fondos. Localidades con cero obra pública o de menor impacto en el desarrollo, y serios problemas en el mantenimiento y crecimiento de los servicios básicos.
"Hay que trabajar y anticiparse desde la Legislatura y el Gobierno. Cuando esos parques estén en funcionamiento, el problema de la energía en Chubut estará solucionado. Eso es una oportunidad que hay que aprovechar", concluyó el ingeniero agrónomo.
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Impugnarán el EIA de la extracción de areneras para fracking

 


Impugnarán el estudio de impacto ambiental de las areneras de Ibicuy

Fecha de Publicación
: 06/02/2024
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El próximo 20 de febrero se llevará adelante una Reunión de Participación Ciudadana en Ibicuy, donde se presentará un Estudio de Impacto Ambiental de las areneras silíceas en el sur entrerriano. Así lo dispuso la jueza María Valentina Ramírez Amable, en el marco del amparo ambiental interpuesto por la Fundación Cauce. La instancia se reprogramó para esta fecha, a fin de que interesados puedan evaluar el análisis sobre la explotación que realizan empresas mineras para extraer material que se usa en el método de fracking petrolero.
En este sentido, el abogado Ricardo Luciano adelantó al portal Era Verde que objetará el documento elaborado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El letrado representa a la Cooperativa de Agua de Ibicuy y litiga en otro expediente donde se pretende saber las consecuencias en la salud que tiene el accionar de estas empresas por el uso de acuíferos subterráneos de los cuales también se provén a los vecinos. Sobre alguno de los cuestionamientos dijo que el Plan de Cese propuesto para la actividad minera proyecta “producción ganadera y aprovechamiento de los humedales antrópicos con acuicultura” y que se entiende como ecosistema natural “a las fosas que dejan las areneras luego de su paso depredador”. Al respecto dice que “llamar ‘humedal’ a las fosas que dejan las canteras es una falta de respeto hacia los habitantes de Entre Ríos”.

Participación ciudadana
En el Salón Punto Digital de Ibicuy, ubicado en calle Belgrano 919 de Ibicuy se llevará adelante el 20 de febrero venidero, a las 10, un encuentro de Participación Ciudadana. Se trata de una reunión abierta a la comunidad para interiorizarse y hacer preguntas sobre un análisis de impacto ambiental acumulativo de la actividad minera que se realiza en el Departamento Islas del Ibicuy para extraer arenas silíceas.
La instancia se abrió a partir de un recurso de amparo ambiental iniciado por la Fundación Cauce y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Ibicuy por la autorización y vigencias de los permisos otorgados a las empresas que extraen el material usado para obtener petróleo no convencional en la cuenca neuquina de Vaca Muerta.
En este proceso, a fines del año pasado, se presentó el denominado “Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo para la Extracción de Arena Silícea Islas del Ibicuy–Informe Final”, que fue elaborado por técnicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y fue puesto a consideración pública en un sitio dispuesto por la Justicia. Para saber de qué se trata este estudio, la vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III, María Valentina Ramírez Amable, convocó así para este encuentro informativo.
En esta audiencia pública, el abogado Ricardo Luciano, expondrá lo que entiende son “yerros gravísimos” del Estudio de Impacto Ambiental (EdIA) que fue publicado, adelantó en diálogo con el portal Era Verde. El profesional es actor en otras demandas judiciales respecto al accionar de las empresas de explotación de arena silíceas, y tienen una mirada crítica respecto a los mecanismos para otorgar permisos y controles a estas firmas. Apunta que se trata de “un negocio millonario en dólares que se estima para este año en sólo la arena de sílice extraída en Entre Ríos para Vaca Muerta de 700 millones de dólares. ¿Qué les queda a los entrerrianos? Nada, sólo depredación”, describe para dar cuenta del delicado escenario del que se habla.

Fruto venenoso
De lo analizado, Luciano señala que “contiene yerros inexcusables, burdos, que más que un EdIA es un ‘copia y pegue’ de los estudios ya presentados por las areneras que actúan en la zona, y se sabe que son realizados a medida e interés de las areneras”, criticó. Esto, afirma el letrado, lo ha dicho “en cada audiencia pública que he asistido, lo he manifestado. Pero ni siquiera el ‘copia y pegue’ les impidió caer en el yerro inexcusable que denunciare en su oportunidad”, anticipó. Por este actuar, entiende el abogado, el documento “tiene una pifia, vicio, error de origen que, como dicen los penalistas, todo lo que sigue después es nulo, ‘Fruto del árbol envenenado o fruto del árbol venenoso´”.
El detalle de las observancias tomará forma de impugnación del Estudio de Impacto Ambiental, afirmó Luciano al portal Era Verde, que será presentada “a las autoridades correspondientes: Municipalidad de Ibicuy y Secretaría de Ambiente provincial, y que ambas tendrán que responder, a cada punto”. Hasta tanto no se evacúen las solicitudes de información, la aprobación estará en suspenso, planteó.
Lo que más ha llamado la atención de Luciano, y uno de los ejes de esa impugnación es respecto a lo que se denomina Plan de Cese, “o dicho de otra forma ‘cómo solucionamos los pasivos / daños ambientales generados por la actividad minera’” que, según se menciona en la página 243 se “dan como alternativa a la ‘Acuicultura en canteras’”. En este orden, en el punto 3.13 propone que “el cese y abandono está previsto para el año 2032, con una prórroga por condiciones complementarias hasta 2037. El destino proyectado con el cual se reemplazará a la actividad minera en el establecimiento será producción ganadera y aprovechamiento de los humedales antrópicos con acuicultura como propuesta productiva”. Al respecto, el profesional explicó que “se debe entender como ‘humedal antrópico’ a las fosas que dejan las areneras luego de su paso depredador, es decir dejan como pasivo/daño ambiental una modificación ‘contra natura’ de lo que la naturaleza sabiamente generó durante miles de años”. Y que “llamar ‘humedal’ a las fosas que dejan las canteras es una falta de respeto hacia los habitantes de Entre Ríos”.
Respecto a la cría de “peces en cautiverio”, a Luciano le surgen algunas incógnitas, como “quién instruirá a los lugareños de la zona en la nueva actividad; de donde surgirán los capitales y el agua para la ‘nueva y revolucionaria’ actividad económica; como harán para cambiar la idiosincrasia de los habitantes de la zona que tienen muy arraigada su forma de vida que se sustenta en la cría de ganado bobino, ovino, y equino’.
Finalmente, calificó a quienes realizaron el estudio como “desinformados y faltos de preparación”, que “intentan de cualquier forma hacer parecer viable algo que es inviable”.
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Ley Ómnibus: los biocombustibles sigue en conflicto

 


Biocombustibles: 6 provincias reclaman cambios a la ley ómnibus

Fecha de Publicación
: 27/01/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Presentaron una contrapropuesta, para equilibrar el mercado entre las pymes y las grandes compañías integradas.
Los gobiernos de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy presentaron una contrapropuesta en materia de biocombustibles frente a lo planteado por el Ejecutivo nacional en la Ley Ómnibus, que apunta a acompañar la desregulación, equilibrando la participación en el mercado de pymes y grandes productores, informó el Gobierno de Santa Fe.
El documento tiene como objetivo “apoyar de forma constructiva la intención del Gobierno nacional de mejorar aspectos de la Ley 27.640 de Biocombustibles”.
La secretaria de Energía de Santa Fe, Veronica Geese, sintetizó que se busca fomentar la competitividad y el equilibrio entre pymes y grandes empresas productoras, acompañando el proceso de desregulación que alienta el Gobierno de Javier Milei.
“El proyecto impulsa la existencia de dos segmentos, uno de las no integradas, que son las empresas que no son dueños del aceite; estamos hablando de pymes. Y en el otro, las integradas, que son las dueñas del aceite”, señaló la funcionaria santafesina.
La iniciativa nacional de la ley ómnibus pone como punto de partida en 10% la mezcla de biodiesel con gasoil, que pronto será de un 15%, y la participación en ese 10% inicial se establecerá por licitaciones.
Lo que proponen Santa Fe y las provincias productoras en el proyecto elevado a Nación es que haya licitaciones separadas, en segmentos separados: el 6,5 % del corte del 10% lo licitarían las no integradas y pymes, entre sí; y el otro 3,5 % las integradas o grandes aceiteras, entre ellas.
Además, impulsan la idea que lo que se crezca en el corte, es decir, cuando se pase del 10%, todo ese biodiesel se va a licitar entre todas las empresas, ya sin distinción de tamaños y sin otros segmentos.
“Somos las provincias que más producimos, las mayores productoras de biocombustible. Santa Fe tiene el 82% de la capacidad productiva del biodiesel del país”, destacó Geese.
Muchas empresas pymes se crearon a partir del fomento que se dio a la industria desde mediados de los 2000, pero cuando se bajó el corte, el sector, principalmente las pymes, se vieron comprometidas.
En la Ley Ómnibus del actual Ejecutivo se eleva el corte, pero se establece una desregulación que pone en "situación de desigualdad a pymes contra grandes productores", indica un comunicado del Gobierno de Santa Fe, y añade que esa disparidad es la que se busca saldar desde el punto de vista de la eficiencia, obteniendo el mejor precio posible para cada uno de los segmentos, en licitaciones como propone el Gobierno nacional.
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Las semillas también en peligro por la Ley Ómnibus

 


Además de tierra y agua buscan privatizar las semillas: otro atentado a la soberanía alimentaria

Fecha de Publicación
: 23/01/2024
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Nacional


Uno de los artículos de la Ley Ómnibus busca que Argentina adhiera a la UPOV 91. Se trata de una convención internacional que avanza sobre la actual Ley de Semillas. Denuncian que de aprobarse, los derechos de la propiedad intelectual quedarán en manos de corporaciones trasnacionales
Pocas cosas simbolizan tan claramente el futuro como una semilla. Fecundación y reproducción de la especie, continuidad, vida por venir. La Ley de Semillas que intenta modificar el Gobierno nacional pone en riesgo el futuro de la soberanía alimentaria. Así lo resaltan cientos de organizaciones socioambientales, asambleas y productores de todo el país en rechazo a uno de los 664 artículos introducidos en la Ley Ómnibus que se debe definir en el Congreso de la Nación: la adhesión de Argentina a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales de 1991, conocida como UPOV 91. Denuncian que de aprobarse, los derechos de propiedad intelectual de las semillas quedarán en manos de las grandes corporaciones transnacionales, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva, o las nacionales como Bioceres o Don Mario. Y que lo que está impulsando es la privatización de un bien común que se ejerce hace diez mil años a lo largo y ancho del planeta.
La adhesión de Argentina al UPOV 91, propuesta en el artículo 241, sumó el rechazo de más de 1.400 organizaciones de todo el país que adhirieron a un pronunciamiento público emitido por la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas) y difundido la semana pasada en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación donde se debate el proyecto de la Ley Ómnibus.
“Quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”, dijo Marcos Ezequiel Filardi en representación de la Red Calisas que nuclear más de medio centenar de espacios que defienden el modelo agroecológico y la soberanía alimentaria.
“Para el paradigma de la Soberanía Alimentaria las semillas son la base de la reproducción de la vida misma y un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad”, agregó Filardi que leyó parte del documento que rechaza la adhesión de Argentina a la UPOV 91.
Al respecto señaló que la Convención de 1991 es la última versión del tratado sobre propiedad intelectual de semillas, “un viejo anhelo de las corporaciones semilleras transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, y nacionales como Bioceres o Don Mario”.
En ese sentido sostuvo que “desde hace años este puñado de corporaciones a través de sus organizaciones, buscaron infructuosamente la modificación de la Ley de Semillas actual (N° 20.247 de 1973) que reconoce derechos de propiedad intelectual (de obtentor) para las empresas, pero también garantiza derechos de los y las agricultoras sobre los frutos de sus cosechas con semillas certificadas. Los intentos de modificación de la ley fueron sistemáticamente rechazados por un conjunto amplio de organizaciones de productores y de la sociedad civil”.
Según explicó Filardi, la incorporación de Argentina a la UPOV 91 implicaría la modificación de la actual Ley de Semillas que debería ser adecuada a las disposiciones, como sucede con los países que firman acuerdos de libre comercio, ya que por tratarse de una Convención Internacional tiene jerarquía de leyes.
“Una discusión que lleva más de una década de debate parlamentario sin consensos, pretende zanjarse por arriba, sin debate específico, en el marco del tratamiento express de una Ley Ómnibus y en sesiones extraordinarias”, esgrimió.
En esa línea recordó que la adhesión de Argentina a la versión 1978 de UPOV, realizada en 1994, llevó dos años de tratamiento y discusión en el Congreso de la Nación: “Ahora se pretende aprobar una versión mucho más restrictiva de los derechos en menos de un mes, sin dar a conocer el texto y sin una discusión profunda en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, como corresponde habitualmente”.
Al continuar con la lectura del pronunciamiento, Filardi expresó: “La adhesión a UPOV 91 representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria: reconoce mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, amputa derechos de las y los productores cercenando la posibilidad que tienen de hacer «uso propio» de sus reservas de semillas, extiende la «protección» también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas”.
Y agregó: “Lo que está en juego en el artículo 241 del proyecto es trascendental: quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”.
En ese sentido remarcó “que lo único que se opone al control absoluto de 4, 5 empresas es el uso propio «gratuito», reconocido por la Ley de Semillas actual y la versión 78 de UPOV a la que nuestro país ha adherido, y que se enmarca en una concepción del «derecho de las y los agricultores» tal como contempla el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA)”.
Por último dijo que las organizaciones firmantes reclaman al Congreso de la Nación el rechazo a la adhesión a UPOV 91 “en amparo de la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo”.
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Otro derrame de petróleo en Bahía Blanca

 


Se produjo otro derrame de petróleo en la ría por la empresa Oiltanking

Fecha de Publicación
: 19/01/2024
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires


Luego del incidente ocurrido a fines de diciembre, se produjo un nuevo siniestro aunque esta vez la pérdida se habría controlado en menor tiempo.
Un nuevo derrame de petróleo en el estuario de Bahía Blanca y Coronel Rosales se produjo esta madrugada, debido a un desperfecto en una maniobra de descarga en la monoboya operada por la empresa Oiltanking.
Según la petrolera, esta vez se actuó con mayor celeridad para contener la fuga, que se detectó a las 5:30, durante la operación de descarga del buque tanque "San Matías", por lo que "se activó el Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos en el Agua (PLANACON) mediante aviso a Prefectura Naval Argentina (PNA), Distrito Bahía Blanca".
De acuerdo con la información oficial, un elemento de medición de presión presentó una falla, lo que generó una fuga que fue observada por personal de la empresa a bordo y que obligó a "la inmediata interrupción de la operación" y se realizaron trabajos de "contención, control y retirado total de la mancha".
El anterior derrame fue el 27 de diciembre. En aquella oportunidad, se informó que el problema sucedió por una mala maniobra en el amarre de un buque.
Tanto ambientalistas como representantes del sector pesquero denunciaron el incidente sucedido: "Otra vez fue en la monoboya Punta Cigüeña frente a Punta Alta. Por lo que tengo entendido, esta vez actuó el sistema de contención, pero por supuesto que nunca es el 100 % lo que se puede recuperar, siempre se genera un daño en el agua", afirmó por LU2 el representante legal de los pescadores artesanales, Lucas Beier.
Por el derrame de diciembre, los Municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales presentaron una denuncia penal contra la firma Oiltanking Ebytem S.A. Terminal Marítima Puerto Rosales. Aseguran que la empresa no comunicó a tiempo el inconveniente ni activó debidamente el Plan de Contingencias previsto para estos casos.
Tras el primer episodio, la compañía (que opera un oleoducto en esta región desde 2008) inició un plan de remediación auditado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.
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Crecen los residuos industriales y su es tratamiento pésimo

 


Creció la cantidad de residuos industriales que se producen en el país: el 93% se descarta de forma errónea

Fecha de Publicación
: 15/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


En 2023, el país generó 18,2 millones de toneladas, siete más que un año antes, pero su tratamiento no creció en igual proporción. Multas bajas y falta de legislación, desinsentivan las inversiones en ese área.
En 2023, en la Argentina, más de 400.000 empresas produjeron más de 18,2 millones de toneladas de residuos, entre peligrosos, no peligrosos y patogénicos, de los cuales casi el 93% se descartó de forma incorrecta. Son datos del informe elaborado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a través de su Observatorio de Residuos Peligrosos, y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La mala gestión de los residuos industriales agrava los problemas ambientales, como consecuencia de la contaminación del agua, del aire y de la tierra.
“El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema. Las consecuencias más directas son un aumento en los niveles de contaminación ambiental y efectos graves en la salud de las personas. Lo que genera, entre otras cosas, el calentamiento global que estamos viviendo”, evaluó a la presidenta de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales (CATRIES), Claudia Kalinec.
CATRIES y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA) fueron las dos organizaciones que aportaron los datos para la elaboración del informe de las universidades.

Qué reveló el estudio
De acuerdo con el informe, en el último año, en la Argentina se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos, de los cuales únicamente se trató el 7,1%, es decir, unas 1.293.820 toneladas.
Se estima que en Argentina existen alrededor de 402.711 empresas responsables de la generación de residuos industriales y peligrosos, y solo unas 33.983 firmas, el 8,44%, les dan tratamiento con un proveedor habilitado.
Si se toman en cuenta las cifras publicadas en el informe anterior del Observatorio (mayo 2021-abril 2022), en el país se habían producido un total de 11.251.862 toneladas de residuos industriales y de este total se había tratado el 9,6%, equivalente a 1.080.029 toneladas. Esto implica que de un año a otro se generaron casi siete toneladas más, pero su tratamiento no creció en igual proporción.
“Los niveles de residuos que recibieron tratamiento son muy similares en ambos períodos contemplados por los informes, pero el volumen de residuos total creció más de la mitad”, explicó Kalinec. Según dijo, “hace tiempo que el número de residuos que se tratan quedó estancado y no supera el 10%”.
Por su parte, Gustavo Solari, presidente de CAITPA, consideró pidió “sensibilizar acerca de la relevancia de manejar de forma adecuada los residuos peligrosos”. “Están clasificados de esa manera por una razón, y el impacto que generan es innegable. Las estadísticas son preocupantes y urge iniciar un cambio en la situación actual”, reclamó.

Qué proponen como solución
Como promotores de esta situación, tanto CATRIES como CAITPA apuntan, por un lado, a “la ausencia de control y sanción por parte del Estado y de políticas que promuevan la protección ambiental” como “factores clave”, pero también a la necesidad de actualización del monto de las multas, que desincentiva inversiones para el tratamiento de residuos industriales.
“El Estado, a través de sus distintos organismos y áreas, es el encargado de renovar los permisos de todas las industrias, no solo las de nuestro rubro, y son quienes deberían controlar el cumplimiento de la normativa”, dijo Kalinec.
Ambas cámaras promueven el avance de un proyecto para actualizar el valor de las multas, una iniciativa que ya tiene media sanción de Diputados, que reclaman que sea tratada por el Senado antes de fin de año, para que no pierda estado parlamentario.
“Se trata de la Ley 24.051 de residuos peligrosos que tiene más de 30 años desde su sanción y cuyos montos quedaron totalmente desactualizados, con un tope que hoy no pasa los $500.000, valor que no cumple el rol de desalentar la mala disposición de los residuos para las industrias, ya que no es significativo en la facturación de una pyme o gran empresa”, señalaron las cámaras en un comunicado conjunto.
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Investigan la recuperación de especies de peces en Salta

 


Estudian los efectos de un área protegida en la recuperación de tres especies de interés pesquero

Fecha de Publicación
: 05/01/2024
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Salta


El trabajo realizado por especialistas del CONICET analiza el rol del Parque Nacional El Rey (Salta) en la protección de poblaciones de peces atractivas para la actividad turística.
Un grupo de especialistas del CONICET analizaron los efectos de la protección del Parque Nacional El Rey sobre las poblaciones del dorado (Salminus brasiliensis), el sábalo (Prochilodus lineatus) y la boga (Megaleporinus spp.), tres especies de interés pesquero.
El trabajo se desarrolló en el río Popayán (dentro y en los límites del Parque Nacional), parte cuenca del río Bermejito, y fue encabezado por Alejo Irigoyen, investigador madrynense del  Consejo en el Centro para el Estudios de Sistemas Marinos (CESIMAR, CONICET). Junto a él trabajaron Gastón Trobbiani y Agustín De Wysiecki, del mismo Instituto; Gastón Aguilera, Guillermo Terán y Baltasar Bugeau, de la Unidad Ejecutora Lillo (UEL, CONICET-FML);  Felipe Alonso, del Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO, CONICET-UNSa), y Miguel Casalinuovo, fallecido el 16 de julio de 2022.
“El trabajo surgió por iniciativa de Felipe Alonso, que es un ictiólogo salteño, y un grupo de trabajo del CONICET en Tucumán. La idea era llevar nuestra especialidad, que es la estimación de abundancia y tamaño de peces en el mar con métodos no destructivos de observación, a los ríos de la selva yungueña de Salta, que tienen agua clara”, explicó Alejo Irigoyen.
El método utilizado por los científicos del CESIMAR consiste en un ‘censo visual’, que ya llevan practicando en el mar hace unos 20 años, mediante buceo: “Se hacen transectas donde uno cuenta y estima el tamaño de los peces en un área determinada, entonces, se sabe cuántos hay y de qué tamaño”, completó el especialista.
En julio de 2022 se realizaron censos visuales de dorados, bogas y sábalos en pozones de tres áreas distintas: un área protegida sin actividad de furtivismo registrada, un área protegida con actividad de furtivismo registrada y un área desprotegida con actividad de furtivismo registrada. En cada pozón se registró la abundancia de cada especie, profundidad máxima y el largo del mismo.
El análisis de datos indicó que la abundancia de las tres especies fue menor en áreas con furtivismo o desprotegidas, que en la zona protegida sin furtivismo, representando una disminución de un 74% en dorados, 58% en bogas  y 45% en sábalos, mientras que el tamaño de los dorados fue mucho mayor en el área protegida.
“Gracias a un trabajo mancomunado con los guardaparques nacionales, registramos una situación muy buena dentro de un sector del parque, donde encontramos hembras de dorado gran tamaño, que posiblemente sostengan toda la población, y, por otro lado, una situación hacia afuera de explotación de pesca recreativa y también furtiva, donde las poblaciones están muy deprimidas. Hay un contraste brutal desde los límites del parque nacional hacia arriba o hacia abajo, que es donde accede la gente a pescar”.
Según indican los autores, las especies y los hábitats de agua dulce se encuentran entre los más amenazados del mundo. En este contexto, las áreas protegidas (AP) son una herramienta clásica para proteger tanto a los ecosistemas y especies como al patrimonio natural y cultural que contienen. Sin embargo, en áreas continentales, las AP se establecen mayormente sobre valores de conservación terrestres, mientras que la protección de ambientes acuáticos y de peces es casual.
Con estos datos sobre la mesa, los autores aseguran que el manejo de las especies de estudio y dentro y fuera del Parque Nacional El Rey representa un desafío, dadas las dimensiones reducidas del sector de río donde se encuentran bien conservadas las poblaciones de peces, sobre todo de adultos reproductores de dorados. Si se lograra evitar el furtivismo, este factor propiciaría la recuperación rápida de, al menos, los sectores del río estudiados.
La situación actual, además del pasivo ambiental y el riesgo de contar con poblaciones en baja densidad y pocos reproductores, se puede considerar como un pasivo social dada la actividad económica que podría generar la actividad de pesca recreativa.
“Algo que tiene el dorado, por ejemplo, es que es una especie que mueve muchísimo turismo extranjero, muchas empresas se dedican a traer gente a pescar dorado, es una economía emergente. Entonces hablamos no solo del cuidado del patrimonio natural y cultural que es esta especie, sino que también son economías muy rentables y que ayudan a la gente del lugar si se hacen adecuadamente”.
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Salta: justicia pide plan de contingencia para el río Arenales

 


Aguas del Norte deberá atenuar el vertido de desechos al Arenales

Fecha de Publicación
: 26/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La Justicia le ordenó presentar un plan de contingencia urgente en las próximas 48 horas hábiles.
En el marco de la audiencia solicitada con carácter de urgente por el Ministerio Público Fiscal por la contaminación hídrica en el río Arenales, el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, intimó a la empresa Aguas del Norte que dé estricto cumplimiento a lo ordenado oportunamente en la sentencia del amparo de 2018 y cese inmediatamente el vertido de fluidos cloacales sin tratamiento adecuado en el río Arenales.
Para la semana que viene deberá presentar además, en un plazo de 48 horas hábiles, un Plan de Contingencia Urgente para atenuar o suprimir los efectos nocivos del vuelco de deshechos cloacales en el río. El proyecto deberá contemplar plazos de ejecución razonables y próximos en atención a la situación de alerta epidemiológica por el brote de salmonella que existe en la ciudad de Salta. Mientras, la empresa sostuvo que la obra final que impediría el vuelco del fluido, recién se finalizaría en 2025.
La audiencia se convocó por un pedido que elevó la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, luego de una resolución del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), que el lunes último confirmó que una finca de hortalizas ubicada en el camino a La Isla había realizado una toma ilegal sobre el lecho del río, a solo 20 metros del vertido del líquido cloacal.

Más letreros
Por pedido de la Unidad Fiscal, Colombo también ordenó al municipio de Salta la colocación de letreros indicativos de fácil lectura en todos los lugares de acceso público a lo largo del trayecto del río que cruza la ciudad de Salta. Todo ello deberá estar cumplido y acreditado para el 15 de enero.
Esta disposición se reitera pues ya desde 2018 se había ordenado su ejecución en la resolución de un amparo presentado por vecinas y vecinos de la ribera del Arenales. Este amparo se presentó en 2011, luego de que por una inundación y la crecida del río, vecinas y vecinos perdieran la totalidad de sus pertenencias. Ya en aquel momento se alertaba sobre los efectos nocivos en la población a causa de la contaminación.
También se resolvió que los estados provincial y municipal y la empresa Aguas del Norte pongan en marcha una amplia campaña de difusión para prevenir el uso o utilización del río Arenales debido a la contaminación existente, por cualquier medio de difusión masiva.

Vigilancia
El juez Colombo también estableció que se deberá realizar una demarcación y vigilancia sanitaria de las zonas consideradas peligrosas, de manera conjunta por parte de la Provincia y la Municipalidad. Esto implica verificar el cese de la actividad clandestina e ilegal desplegada por productores ribereños del río Arenales y de la captación de aguas contaminadas con efluentes vertidos en su sistema cloacal, destinada al riego de sembradíos y cualquier otra utilización clandestina que se detecte.
El fallo dispone que la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta deberá de manera urgente controlar las malezas en las adyacencias de las zonas afectadas; limpiar inmediatamente los obstáculos a lo largo del curso del río para evitar zonas de aguas quietas; evitar y controlar la distribución y utilización de agua del afluente para riego y consumo humano o de animales, bajo apercibimiento de multas.

Una situación conocida
En la decisión del juez se recordó que el Ministerio Público Fiscal viene advirtiendo desde 2022 sobre los riesgos de la contaminación hídrica en la subcuenca Arias-Arenales. El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, creó en abril de 2023, la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales conformada por el fiscal penal Federico Jovanovics; el fiscal en lo Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Rodrigo Erazo Schmidt, el secretario relator de Medio Ambiente, Sebastián Lloret, y la asesora técnica del Cuerpo de Investigadores Fiscales, Leonor Barrenechea, con el objetivo de proteger y restaurar integralmente la zona geográfica de los ríos Arias y Arenales.
La formación de esta Unidad resolvió diversos obstáculos, entre ellos unificando la atención de expedientes relacionados con la contaminación de los ríos y acumulando otras causas en trámite para mejorar la atención integral en toda la subcuenca hídrica, tal como indican los protocolos técnicos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ya el primero de diciembre pasado, la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales puso en conocimiento del Juzgado que continuaba el vuelco de líquidos cloacales en el lecho del río, sin adecuado tratamiento. Pidió nuevamente que se haga una audiencia pública y requirió la colocación por parte de Aguas del Norte de cartelería en la zona de la planta depuradora, con la advertencia de que las aguas no son aptas para consumo, uso, ni riego, y que implican un grave riesgo para la salud.
Como no se resolvió su pedido, el 20 de diciembre el Ministerio Público Fiscal solicitó una audiencia urgente, que finalmente se hizo el viernes último.
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