Mostrando entradas con la etiqueta industrias - empresas - economía. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta industrias - empresas - economía. Mostrar todas las entradas
Procesamiento a Ex funcionario de Mercado de Liniers
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Ex presidente del Mercado de Liniers procesado por tirar efluentes al Riachuelo
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Roberto Arancedo, y tanto él como el Mercado de Liniers deberán pagar 2,5 millones de pesos por violar la ley 24.051 de Protección Ambiental.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente del Mercado de Hacienda de Liniers, Roberto Arancedo, por supuesta contaminación del arroyo Cildañez y también ratificó embargos en la investigación, según informó Télam.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones redujeron de cinco millones a dos millones y medio los embargos ordenados por el magistrado del caso, Sebastián Casanello, al imputado y al Mercado de Liniers SA.
La investigación se abrió por denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental por presunta violación a la ley 24.051 de Protección Ambiental, a raíz del volcado de efluentes líquidos de los corrales de ganado y lavado de camiones a las aguas del Cildañez, un afluente de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el cable.
La agencia oficial además indica que revocaron la prohibición de salida del país que se le había impuesto al ex directivo, y que en una inspección el 12 de marzo de 2018 se clausuraron las cámaras de toma de muestras de distintos sectores
“No existe debate en punto al hallazgo producido y que acredita que en el curso de la actividad llevada a cabo por el Mercado de Liniers SA -específicamente en el sector de los corrales- se volcaron efluentes en violación a la normativa ambiental”, concluyó la Cámara.
.
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Roberto Arancedo, y tanto él como el Mercado de Liniers deberán pagar 2,5 millones de pesos por violar la ley 24.051 de Protección Ambiental.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente del Mercado de Hacienda de Liniers, Roberto Arancedo, por supuesta contaminación del arroyo Cildañez y también ratificó embargos en la investigación, según informó Télam.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones redujeron de cinco millones a dos millones y medio los embargos ordenados por el magistrado del caso, Sebastián Casanello, al imputado y al Mercado de Liniers SA.
La investigación se abrió por denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental por presunta violación a la ley 24.051 de Protección Ambiental, a raíz del volcado de efluentes líquidos de los corrales de ganado y lavado de camiones a las aguas del Cildañez, un afluente de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el cable.
La agencia oficial además indica que revocaron la prohibición de salida del país que se le había impuesto al ex directivo, y que en una inspección el 12 de marzo de 2018 se clausuraron las cámaras de toma de muestras de distintos sectores
“No existe debate en punto al hallazgo producido y que acredita que en el curso de la actividad llevada a cabo por el Mercado de Liniers SA -específicamente en el sector de los corrales- se volcaron efluentes en violación a la normativa ambiental”, concluyó la Cámara.
.
Etiquetas:
Ley de envases: normativa pendiente en nuestro país
Ley de envases, una deuda pendiente para lidiar con los residuos plásticos
Fecha de Publicación: 07/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En la Argentina se producen aproximadamente 927.000 toneladas de envases plásticos al año. De ese total el 26% se recicla y el resto va a los rellenos sanitarios o basurales del país. Esto genera contaminación y, además, hace que la industria del reciclado funcione solo al 50%, cuando podría representar una fuente de trabajo para miles de personas.
En Europa esta problemática se solucionó con una Ley de Responsabilidad Extendida al productor, que en el plano local intentaron promulgarla bajo el nombre de Ley de Envases. Esta reglamentación hace que los fabricantes de productos que usan envases plásticos se hagan cargo de la gestión de esos residuos, algo que en la Argentina aún está lejos de suceder ya que los distintos proyectos de ley quedaron truncos. Como el Estado se hace cargo de los residuos, para las empresas es más económico volver a producirlos que armar un circuito de reciclado.
"Existen varios motivos vinculados a la demora de más de 25 años por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo para impulsar la Ley de Envases. Uno de ellos es la falta de sensibilidad de quienes ocupan los altos cargos por los distintos problemas ambientales. Es habitual que las políticas nacionales en esta materia la toman funcionarios con sede en la ciudad de Buenos Aires, que poco conocen de la grave situación en las provincias, donde hay basurales a cielo abierto en cada una de ellas, y menos aún conocen lo que sucede en los municipios. Hay un abandono generalizado en esta materia y esto involucra a todos los partidos políticos", dijo Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica.
Hilbrecht también apunta a la "permeabilidad" de los funcionarios estatales a presiones por parte del sector envasador: "El poder de lobby de este sector es enorme, constante y persistente en el tiempo. Con distintas excusas recorren los pasillos del Poder Ejecutivo alertando que una ley de esta naturaleza amenaza las finanzas de sus compañías y que la economía informal quedará fuera de la obligación de cumplir con el pago de la suma monetaria que determine la ley. Todos estos son argumentos falsos y que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente".
Otro aspecto que señala el funcionario es la falta de formación profesional o antecedentes en la materia de quienes asumen en las cartera de medio ambiente, aduce que, por lo general, son cargos que se asignan políticamente como prenda de cambio de las distintas coaliciones de gobierno de turno.
En España, por ejemplo, la sanción de una Ley de Envases dio lugar a Ecoembes, la entidad que asume los costos asociados a la recolección y selección de los residuos de envases domiciliarios. Las cifras muestran el colosal negocio y oportunidad para el mercado laboral que representa un organismo de estas características. En 2018 Ecoembes facturó 494 millones de euros, reciclaron el 80% de los envases de cartón y papel y el 75.8% de los envases de plástico y se generaron 42.600 trabajos formales relacionados la actividad del reciclado.
En la Argentina, por la falta de una ley, las empresas que colocan este tipo de envases en el mercado no se hacen cargo de ellos, como si sucede en los países donde están ubicadas sus casas matrices. "Saben que en otros países deben aportar para gestionar los residuos y colaborar con los municipios, que son los responsables de la basura. De hecho la ONU ya informó quienes son las empresas que más contaminan en el mundo. Digo contaminan porque en el contexto de una Ley de Envases (o Ley de Responsabilidad Extendida del Productor), se ha establecido que ´quien contamina paga´. Esta frase grafica claramente quien es el responsable de financiar y pagar por recuperar del medio ambiente todos los envases de todos los materiales una vez que el público consumió su contenido", dijo Hilbrecht.
"En países de Europa la solución fue el principio de responsabilidad extendida al productor, vigente desde hace más de 20 años, determina que las compañías envasadoras que distribuyen los envases en el mercado deben hacerse cargo de los costos y de la gestión de esos residuos. De esta forma, se ven, por un lado, estimulados a producir menos cantidades de envases y, por el otro, obligados a implementar sistemas de gestión de envases para su reutilización", explicó Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas, una entidad técnica que impulsa el desarrollo sustentable de la industria plástica a través de la promoción del uso correcto y responsable de sus productos.
"Nuestro país tiene, sin dudas, una oportunidad única para implementar políticas y a la vez fomentar su desarrollo. En este marco, la posibilidad de una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, debería aplicarse e interpretarse, entendiendo el deber de cada uno de los envasadores de responsabilizarse objetivamente por la gestión la integral y/o su financiamiento, respecto de los envases puestos por ellos en el mercado local y sus respectivos residuos", agregó Ramos.
Uno de las empresas estatales que lidia con la enorme cantidad de residuos plásticos que terminan en el Río de la Plata o el Paraná, es Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Según Pablo Fernández, director de agua de Aysa, los residuos plásticos que llegan a las rejas por las que fluye el agua que luego es potabilizada, son difíciles de introducir en el circuito de reciclado ya que se encuentran muy sucios y mezclados con otros materiales. "Los residuos son llevados por CEAMSE para su acondicionamiento y disposición final. Es por eso que es muy importante tomar conciencia de que el plástico que no se introduce inmediatamente en el circuito de reciclado, luego es muy difícil o costoso de recuperar cuando alcanza los ríos" expresó.
Según Mariana Carriquiriborde, directora de sustentabilidad de AySA, la cantidad de residuos que retienen las rejas ubicadas en el interior de las plantas es de aproximadamente 15 toneladas mensuales. De esa cantidad, se estima que una proporción del 20% está formada por componentes plásticos
.
Fecha de Publicación: 07/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En la Argentina se producen aproximadamente 927.000 toneladas de envases plásticos al año. De ese total el 26% se recicla y el resto va a los rellenos sanitarios o basurales del país. Esto genera contaminación y, además, hace que la industria del reciclado funcione solo al 50%, cuando podría representar una fuente de trabajo para miles de personas.
En Europa esta problemática se solucionó con una Ley de Responsabilidad Extendida al productor, que en el plano local intentaron promulgarla bajo el nombre de Ley de Envases. Esta reglamentación hace que los fabricantes de productos que usan envases plásticos se hagan cargo de la gestión de esos residuos, algo que en la Argentina aún está lejos de suceder ya que los distintos proyectos de ley quedaron truncos. Como el Estado se hace cargo de los residuos, para las empresas es más económico volver a producirlos que armar un circuito de reciclado.
"Existen varios motivos vinculados a la demora de más de 25 años por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo para impulsar la Ley de Envases. Uno de ellos es la falta de sensibilidad de quienes ocupan los altos cargos por los distintos problemas ambientales. Es habitual que las políticas nacionales en esta materia la toman funcionarios con sede en la ciudad de Buenos Aires, que poco conocen de la grave situación en las provincias, donde hay basurales a cielo abierto en cada una de ellas, y menos aún conocen lo que sucede en los municipios. Hay un abandono generalizado en esta materia y esto involucra a todos los partidos políticos", dijo Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica.
Hilbrecht también apunta a la "permeabilidad" de los funcionarios estatales a presiones por parte del sector envasador: "El poder de lobby de este sector es enorme, constante y persistente en el tiempo. Con distintas excusas recorren los pasillos del Poder Ejecutivo alertando que una ley de esta naturaleza amenaza las finanzas de sus compañías y que la economía informal quedará fuera de la obligación de cumplir con el pago de la suma monetaria que determine la ley. Todos estos son argumentos falsos y que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente".
Otro aspecto que señala el funcionario es la falta de formación profesional o antecedentes en la materia de quienes asumen en las cartera de medio ambiente, aduce que, por lo general, son cargos que se asignan políticamente como prenda de cambio de las distintas coaliciones de gobierno de turno.
En España, por ejemplo, la sanción de una Ley de Envases dio lugar a Ecoembes, la entidad que asume los costos asociados a la recolección y selección de los residuos de envases domiciliarios. Las cifras muestran el colosal negocio y oportunidad para el mercado laboral que representa un organismo de estas características. En 2018 Ecoembes facturó 494 millones de euros, reciclaron el 80% de los envases de cartón y papel y el 75.8% de los envases de plástico y se generaron 42.600 trabajos formales relacionados la actividad del reciclado.
En la Argentina, por la falta de una ley, las empresas que colocan este tipo de envases en el mercado no se hacen cargo de ellos, como si sucede en los países donde están ubicadas sus casas matrices. "Saben que en otros países deben aportar para gestionar los residuos y colaborar con los municipios, que son los responsables de la basura. De hecho la ONU ya informó quienes son las empresas que más contaminan en el mundo. Digo contaminan porque en el contexto de una Ley de Envases (o Ley de Responsabilidad Extendida del Productor), se ha establecido que ´quien contamina paga´. Esta frase grafica claramente quien es el responsable de financiar y pagar por recuperar del medio ambiente todos los envases de todos los materiales una vez que el público consumió su contenido", dijo Hilbrecht.
"En países de Europa la solución fue el principio de responsabilidad extendida al productor, vigente desde hace más de 20 años, determina que las compañías envasadoras que distribuyen los envases en el mercado deben hacerse cargo de los costos y de la gestión de esos residuos. De esta forma, se ven, por un lado, estimulados a producir menos cantidades de envases y, por el otro, obligados a implementar sistemas de gestión de envases para su reutilización", explicó Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas, una entidad técnica que impulsa el desarrollo sustentable de la industria plástica a través de la promoción del uso correcto y responsable de sus productos.
"Nuestro país tiene, sin dudas, una oportunidad única para implementar políticas y a la vez fomentar su desarrollo. En este marco, la posibilidad de una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, debería aplicarse e interpretarse, entendiendo el deber de cada uno de los envasadores de responsabilizarse objetivamente por la gestión la integral y/o su financiamiento, respecto de los envases puestos por ellos en el mercado local y sus respectivos residuos", agregó Ramos.
Uno de las empresas estatales que lidia con la enorme cantidad de residuos plásticos que terminan en el Río de la Plata o el Paraná, es Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Según Pablo Fernández, director de agua de Aysa, los residuos plásticos que llegan a las rejas por las que fluye el agua que luego es potabilizada, son difíciles de introducir en el circuito de reciclado ya que se encuentran muy sucios y mezclados con otros materiales. "Los residuos son llevados por CEAMSE para su acondicionamiento y disposición final. Es por eso que es muy importante tomar conciencia de que el plástico que no se introduce inmediatamente en el circuito de reciclado, luego es muy difícil o costoso de recuperar cuando alcanza los ríos" expresó.
Según Mariana Carriquiriborde, directora de sustentabilidad de AySA, la cantidad de residuos que retienen las rejas ubicadas en el interior de las plantas es de aproximadamente 15 toneladas mensuales. De esa cantidad, se estima que una proporción del 20% está formada por componentes plásticos
.
Mineras y petroleras beneficiadas por Fernandez
Confirmado: Las retenciones al petróleo y minería bajarán al 8%
Fecha de Publicación: 20/12/2019
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Nacional
Así lo establece el artículo 49 de la ley de Emergencia enviada hoy por el presidente Alberto Fernández al Congreso de la Nación.
Las retenciones al petróleo y minería bajarán el 8% según lo establecido en el artículo 49 de la ley de Emergencia enviada este martes por el presidente Alberto Fernández al Congreso de la Nación, que textualmente establece, según el articulado al que tuvo acceso ADNSUR: “Las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el ocho por ciento (8%) del valor imponible o precio oficial FOB”.
De este modo, si bien en un primer momento la aplicación del decreto 37/2019 permitía asimilar la situación de estas producción a la de los productos primarios, que tenían como tope el 12%, el proyecto de ley que fija las bases para atender la situación de emergencia estipula alícuoas específicas para los derechos de exportación, haciendo esta concesión a favor de la actividad petrolera y minera.
“Los derechos de exportación se reducirán para bienes cuya producción implique un mayor agregado de valor a partir de los insumos utilizados y el Poder Ejecutivo nacional desarrollará políticas de estímulo para los productores”, añade el proyecto.
El 70% de la recaudación adicional se destinará a financiar los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
.
Fecha de Publicación: 20/12/2019
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Nacional
Así lo establece el artículo 49 de la ley de Emergencia enviada hoy por el presidente Alberto Fernández al Congreso de la Nación.
Las retenciones al petróleo y minería bajarán el 8% según lo establecido en el artículo 49 de la ley de Emergencia enviada este martes por el presidente Alberto Fernández al Congreso de la Nación, que textualmente establece, según el articulado al que tuvo acceso ADNSUR: “Las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el ocho por ciento (8%) del valor imponible o precio oficial FOB”.
De este modo, si bien en un primer momento la aplicación del decreto 37/2019 permitía asimilar la situación de estas producción a la de los productos primarios, que tenían como tope el 12%, el proyecto de ley que fija las bases para atender la situación de emergencia estipula alícuoas específicas para los derechos de exportación, haciendo esta concesión a favor de la actividad petrolera y minera.
“Los derechos de exportación se reducirán para bienes cuya producción implique un mayor agregado de valor a partir de los insumos utilizados y el Poder Ejecutivo nacional desarrollará políticas de estímulo para los productores”, añade el proyecto.
El 70% de la recaudación adicional se destinará a financiar los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
.
Megaoperativo en Santa Fe por contaminación ambiental
Al menos 11 empresas dieron positivo por contaminación ambiental en el Parque Industrial
Fecha de Publicación: 11/12/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas.
Este miércoles continúan los operativos Al menos 11 empresas dieron positivo por contaminación ambiental en el Parque Industrial En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas. En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas.
Este martes por la mañana personal de la Policía Federal Argentina realizó una serie de allanamientos en el Parque Industrial de Sauce Viejo a raíz de una investigación por presunta contaminación ambiental.
El procedimiento fue encabezado por personal de la PFA, delegación local, junto a las delegaciones de San Nicolás, Paraná, Rosario, y de otras localidades de la región.
El operativo es de una magnitud que no tiene precedentes, motivo por el cual podría durar entre dos o tres días ya que habría afectadas unas 60 empresas.
Extraoficialmente se supo este martes por la tarde que en la primera jornada de trabajo se allanaron e inspeccionaron un total de 25 empresas, de las cuales 11 dieron positivo por contaminación.
Mientras, este miércoles seguirán las tareas en el resto de los establecimientos instalados en el predio ubicado sobre la Ruta 11 frente al Aeropuerto Metropolitano.
.
Fecha de Publicación: 11/12/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas.
Este miércoles continúan los operativos Al menos 11 empresas dieron positivo por contaminación ambiental en el Parque Industrial En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas. En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas.
Este martes por la mañana personal de la Policía Federal Argentina realizó una serie de allanamientos en el Parque Industrial de Sauce Viejo a raíz de una investigación por presunta contaminación ambiental.
El procedimiento fue encabezado por personal de la PFA, delegación local, junto a las delegaciones de San Nicolás, Paraná, Rosario, y de otras localidades de la región.
El operativo es de una magnitud que no tiene precedentes, motivo por el cual podría durar entre dos o tres días ya que habría afectadas unas 60 empresas.
Extraoficialmente se supo este martes por la tarde que en la primera jornada de trabajo se allanaron e inspeccionaron un total de 25 empresas, de las cuales 11 dieron positivo por contaminación.
Mientras, este miércoles seguirán las tareas en el resto de los establecimientos instalados en el predio ubicado sobre la Ruta 11 frente al Aeropuerto Metropolitano.
.
El turismo afectado por el cambio climático
Informe oficial: así afectará el cambio climático al turismo en el norte, la Patagonia y la Costa Atlántica
Fecha de Publicación: 04/12/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Perjudicaría al norte por el aumento de temperaturas y a las zonas cordilleranas por la falta de nieve y podría incrementar el turismo en la Costa Atlántica, que de todos modos no estará exenta de las consecuencias del fenómeno.
El cambio climático produciría un "redireccionamiento" en la demanda turística que perjudicaría al norte por el aumento de temperaturas y a las zonas cordilleranas por la falta de nieve y tendría impacto positivo en la Costa Atlántica, aunque en ese sector del país habría que hacer obras para evitar la pérdida de playas ante el aumento del nivel del mar.
De acuerdo al informe elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, las modificaciones climáticas no afectarán la demanda turística general en el futuro cercano, aunque "muy probablemente sí se desarrolle un re-direccionamiento hacia diferentes ofertas turísticas".
"Los cambios en el clima pueden modificar el desarrollo del turismo en algunos de los destinos actuales, alterando la demanda turística, la rentabilidad del sector, la inversión y el empleo", señala el documento elaborado por el área ambiental a cargo de Sergio Bergman.
En ese sentido, el aumento de la temperatura que se registraría en el norte del país "podría incrementar las condiciones de estrés, la falta de confort y el riesgo de enfermedades cardíacas, especialmente en los individuos que se exponen a temperaturas elevadas y cambios de altitud o que practican deportes extremos".
"A su vez, las mayores temperaturas pueden aumentar la proliferación de algas y cianobacterias que podrían afectar el consumo y el uso recreativo del agua", añade el informe del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, publicado en el Boletín Oficial.
Por su parte, en "las áreas cordilleranas dedicadas a los deportes de invierno, se esperan reducciones en la cantidad y en los períodos con nieve, afectando destinos turísticos como Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Copahue-Caviahue, Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Esquel, Las Leñas".
"Con el tiempo, y a medida que aumente la temperatura, la producción de nieve artificial será cada vez menos eficiente, más costosa y menos rentable, y la actividad se deberá desplazar a áreas de mayor altitud", advirtieron los especialistas.
Ante este panorama, el informe gubernamental plantea que "es posible que se incremente el turismo en los ambientes acuáticos, especialmente en las playas de la provincia de Buenos Aires y del norte de la Patagonia, alargando la temporada en la primavera y el otoño".
De todos modos, la zona costera no estará exenta de las consecuencias del cambio climático: "Se proyecta una exposición ante la subida del nivel del mar, para lo cual será necesario preparar las infraestructuras y balnearios cercanos a la costa y la reducción de superficie de playa".
.
Fecha de Publicación: 04/12/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Perjudicaría al norte por el aumento de temperaturas y a las zonas cordilleranas por la falta de nieve y podría incrementar el turismo en la Costa Atlántica, que de todos modos no estará exenta de las consecuencias del fenómeno.
El cambio climático produciría un "redireccionamiento" en la demanda turística que perjudicaría al norte por el aumento de temperaturas y a las zonas cordilleranas por la falta de nieve y tendría impacto positivo en la Costa Atlántica, aunque en ese sector del país habría que hacer obras para evitar la pérdida de playas ante el aumento del nivel del mar.
De acuerdo al informe elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, las modificaciones climáticas no afectarán la demanda turística general en el futuro cercano, aunque "muy probablemente sí se desarrolle un re-direccionamiento hacia diferentes ofertas turísticas".
"Los cambios en el clima pueden modificar el desarrollo del turismo en algunos de los destinos actuales, alterando la demanda turística, la rentabilidad del sector, la inversión y el empleo", señala el documento elaborado por el área ambiental a cargo de Sergio Bergman.
En ese sentido, el aumento de la temperatura que se registraría en el norte del país "podría incrementar las condiciones de estrés, la falta de confort y el riesgo de enfermedades cardíacas, especialmente en los individuos que se exponen a temperaturas elevadas y cambios de altitud o que practican deportes extremos".
"A su vez, las mayores temperaturas pueden aumentar la proliferación de algas y cianobacterias que podrían afectar el consumo y el uso recreativo del agua", añade el informe del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, publicado en el Boletín Oficial.
Por su parte, en "las áreas cordilleranas dedicadas a los deportes de invierno, se esperan reducciones en la cantidad y en los períodos con nieve, afectando destinos turísticos como Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Copahue-Caviahue, Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Esquel, Las Leñas".
"Con el tiempo, y a medida que aumente la temperatura, la producción de nieve artificial será cada vez menos eficiente, más costosa y menos rentable, y la actividad se deberá desplazar a áreas de mayor altitud", advirtieron los especialistas.
Ante este panorama, el informe gubernamental plantea que "es posible que se incremente el turismo en los ambientes acuáticos, especialmente en las playas de la provincia de Buenos Aires y del norte de la Patagonia, alargando la temporada en la primavera y el otoño".
De todos modos, la zona costera no estará exenta de las consecuencias del cambio climático: "Se proyecta una exposición ante la subida del nivel del mar, para lo cual será necesario preparar las infraestructuras y balnearios cercanos a la costa y la reducción de superficie de playa".
.
Las empresas se suman a las renovables
Cada vez más empresas producen su propia electricidad y venden lo que les sobra a la red
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Si uno pudiera mirar de arriba el techo de las oficinas de la empresa harinera Gastaldi Hermanos, en el pueblo cordobés de General Deheza, la vería cubierta de rectángulos azules y brillantes. Son 30 paneles solares que generan el 35% de la energía que se consume en ese edificio. Gastaldi Hermanos es una de las empresas que, alentadas por la reciente implementación de la Ley de Generación Distribuida de Energía, completaron los pasos para "enchufarse" a la red pública de electricidad y venderle el excedente de energía generada.
El sistema funciona del siguiente modo. La empresa hace la instalación y, en los momentos que no alcanza a generar toda la energía que necesita, la toma del sistema. En cambio, cuando genera más de la que consume, inyecta automáticamente el excedente en la red. Luego, los saldos se compensan en la factura eléctrica, lo que durante los primeros tres meses le significó a la cerealera más de $20.000 de ahorro solo en las oficinas.
Según los registros oficiales de octubre pasado, en el país hay 48 usuarios-generadores (entre residenciales y empresas) con una potencia instalada de 430 kilovatios (kW). Esto significa el triple respecto del mes anterior, y para fines de noviembre se espera que se sumen otros 33 usuarios con 400 kW adicionales que ya tienen la instalación completa, pero están esperando el cambio de medidor por uno bidireccional, que registra tanto la energía que el usuario toma de la red como la que entrega. Además, hay 267 proyectos en trámite que involucran 2573 kW.
"El trámite para gestionar esto online lo lanzamos en marzo pasado. Hubo unos primeros meses de aprendizaje y la tendencia muestra que desde entonces no solo crecen exponencialmente los usuarios mes a mes, sino que cada vez se instalan equipos más grandes", dijo a LA NACION Ignacio Romero, director de Generación Distribuida en la Secretaría de Energía de la Nación.
Antes de la sanción de la ley 27.424, aprobada en 2017, pero reglamentada e implementada recién éste año, existían ya usuarios particulares que generaban energía, pero se trataba de una motivación fundamentalmente ecológica, porque no existía un método para aprovecharla al 100% y vender el excedente al sistema, aumentando el ahorro económico. La única forma de optimizar el uso de las instalaciones era hacer coincidir el momento de mayor generación con el de mayor consumo.
"Ahora, con lo que generás de día podés cubrir los consumos de la noche; usás a la red de batería, porque al final de mes se compensan lo que vos inyectaste con lo que consumiste", explicó Franco Borrello, fundador y director de Cleanergy Renovables, la firma cordobesa de energía renovable que asesora a Gastaldi Hermanos.
Además, el Gobierno incentiva la autogeneración con créditos fiscales para compensar IVA o Ganancias. "Eso está dinamizando fuerte la demanda en el sector pyme porque estos certificado pueden representar 30% del valor de la inversión", detalló Romero. El monto del certificado es de $30.000 por kW instalado, hasta un máximo de $2 millones por instalación.
Uno de los proyectos en trámite más grandes es el de la bodega Trivento, ubicada en la localidad mendocina de Maipú. La bodega cuenta con un predio industrial de 80.000 metros cuadrados e instaló una planta fotovoltaica de 270 kW, lo que cubre el 10% de su consumo promedio anual. Calculan que generará un ahorro anual promedio de $1,6 millones.
Según dijo el gerente general de la bodega, Marcos Jofré, "no es un ahorro significativo en términos monetarios, pero aporta a un modelo de negocio que se basa en la sustentabilidad". En la instalación de paneles solares Trivento hizo una inversión de $16 millones y calcula que la recuperará en un plazo de entre nueve y diez años.
Rocsa está ubicada en Parque Avellaneda y fue la primera empresa en conectarse a la distribuidora Edesur. Autoconsume el 60% de la energía que genera con los 12 paneles ubicados en su terraza y pasaron de abonar facturas de $3000 a aproximadamente $1200. "Más allá de la intención de contribuir al medioambiente y ser cada vez más sustentables, las pymes tenemos la motivación extra del aumento de las tarifas", señaló Graciela González, gerenta administrativa de Rocsa, empresa dedicada a las energías renovables que importa generadores italianos con baterías de acumulación.
Si bien es muy difícil calcular el precio de los dispositivos, porque depende de sus características y su potencia, González estima que un equipo para una casa, con batería de acumulación, comienza en US$15.000 y uno sin acumulación de 1,3 kW, en US$1000.
Los empresarios del sector aseguran que en los últimos cinco o seis años fueron bajando los costos de los dispositivos por la mejora de las tecnologías y la ampliación de la oferta. La recuperación de la inversión tiene un período aproximado de seis años y los equipos tienen una vida útil de 25 años.
"Todavía tenemos componente de subsidio en las tarifas, pero el costo eléctrico es muy alto para las pymes. Con esto, como la vida útil son 20, 25 años, te aseguras un gran porcentaje de reducción de consumo eléctrico que lo vas a poder sostener en el tiempo y prácticamente sin mantenimiento", agregó Romero.
Este régimen aplica para las empresas medianas y chicas. Las compañías más grandes están encuadradas dentro de la figura de Grandes Usuarios Habilitados y desde la sanción de la ley 27.191, en 2015, están obligadas a cubrir parte de su demanda eléctrica con energías renovables (el objetivo suscrito en el Acuerdo de París es alcanzar el 20% para 2025). Para cumplir pueden comprarle la "energía limpia" a un generador privado (es el caso de Toyota, Budweiser o Coca-Cola) o pueden autogenerarla, como YPF o Aluar. Otra diferencia es que por por su volumen de consumo, les conviene mucho más recurrir a un parque eólico que a paneles solares.
.
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Si uno pudiera mirar de arriba el techo de las oficinas de la empresa harinera Gastaldi Hermanos, en el pueblo cordobés de General Deheza, la vería cubierta de rectángulos azules y brillantes. Son 30 paneles solares que generan el 35% de la energía que se consume en ese edificio. Gastaldi Hermanos es una de las empresas que, alentadas por la reciente implementación de la Ley de Generación Distribuida de Energía, completaron los pasos para "enchufarse" a la red pública de electricidad y venderle el excedente de energía generada.
El sistema funciona del siguiente modo. La empresa hace la instalación y, en los momentos que no alcanza a generar toda la energía que necesita, la toma del sistema. En cambio, cuando genera más de la que consume, inyecta automáticamente el excedente en la red. Luego, los saldos se compensan en la factura eléctrica, lo que durante los primeros tres meses le significó a la cerealera más de $20.000 de ahorro solo en las oficinas.
Según los registros oficiales de octubre pasado, en el país hay 48 usuarios-generadores (entre residenciales y empresas) con una potencia instalada de 430 kilovatios (kW). Esto significa el triple respecto del mes anterior, y para fines de noviembre se espera que se sumen otros 33 usuarios con 400 kW adicionales que ya tienen la instalación completa, pero están esperando el cambio de medidor por uno bidireccional, que registra tanto la energía que el usuario toma de la red como la que entrega. Además, hay 267 proyectos en trámite que involucran 2573 kW.
"El trámite para gestionar esto online lo lanzamos en marzo pasado. Hubo unos primeros meses de aprendizaje y la tendencia muestra que desde entonces no solo crecen exponencialmente los usuarios mes a mes, sino que cada vez se instalan equipos más grandes", dijo a LA NACION Ignacio Romero, director de Generación Distribuida en la Secretaría de Energía de la Nación.
Antes de la sanción de la ley 27.424, aprobada en 2017, pero reglamentada e implementada recién éste año, existían ya usuarios particulares que generaban energía, pero se trataba de una motivación fundamentalmente ecológica, porque no existía un método para aprovecharla al 100% y vender el excedente al sistema, aumentando el ahorro económico. La única forma de optimizar el uso de las instalaciones era hacer coincidir el momento de mayor generación con el de mayor consumo.
"Ahora, con lo que generás de día podés cubrir los consumos de la noche; usás a la red de batería, porque al final de mes se compensan lo que vos inyectaste con lo que consumiste", explicó Franco Borrello, fundador y director de Cleanergy Renovables, la firma cordobesa de energía renovable que asesora a Gastaldi Hermanos.
Además, el Gobierno incentiva la autogeneración con créditos fiscales para compensar IVA o Ganancias. "Eso está dinamizando fuerte la demanda en el sector pyme porque estos certificado pueden representar 30% del valor de la inversión", detalló Romero. El monto del certificado es de $30.000 por kW instalado, hasta un máximo de $2 millones por instalación.
Uno de los proyectos en trámite más grandes es el de la bodega Trivento, ubicada en la localidad mendocina de Maipú. La bodega cuenta con un predio industrial de 80.000 metros cuadrados e instaló una planta fotovoltaica de 270 kW, lo que cubre el 10% de su consumo promedio anual. Calculan que generará un ahorro anual promedio de $1,6 millones.
Según dijo el gerente general de la bodega, Marcos Jofré, "no es un ahorro significativo en términos monetarios, pero aporta a un modelo de negocio que se basa en la sustentabilidad". En la instalación de paneles solares Trivento hizo una inversión de $16 millones y calcula que la recuperará en un plazo de entre nueve y diez años.
Rocsa está ubicada en Parque Avellaneda y fue la primera empresa en conectarse a la distribuidora Edesur. Autoconsume el 60% de la energía que genera con los 12 paneles ubicados en su terraza y pasaron de abonar facturas de $3000 a aproximadamente $1200. "Más allá de la intención de contribuir al medioambiente y ser cada vez más sustentables, las pymes tenemos la motivación extra del aumento de las tarifas", señaló Graciela González, gerenta administrativa de Rocsa, empresa dedicada a las energías renovables que importa generadores italianos con baterías de acumulación.
Si bien es muy difícil calcular el precio de los dispositivos, porque depende de sus características y su potencia, González estima que un equipo para una casa, con batería de acumulación, comienza en US$15.000 y uno sin acumulación de 1,3 kW, en US$1000.
Los empresarios del sector aseguran que en los últimos cinco o seis años fueron bajando los costos de los dispositivos por la mejora de las tecnologías y la ampliación de la oferta. La recuperación de la inversión tiene un período aproximado de seis años y los equipos tienen una vida útil de 25 años.
"Todavía tenemos componente de subsidio en las tarifas, pero el costo eléctrico es muy alto para las pymes. Con esto, como la vida útil son 20, 25 años, te aseguras un gran porcentaje de reducción de consumo eléctrico que lo vas a poder sostener en el tiempo y prácticamente sin mantenimiento", agregó Romero.
Este régimen aplica para las empresas medianas y chicas. Las compañías más grandes están encuadradas dentro de la figura de Grandes Usuarios Habilitados y desde la sanción de la ley 27.191, en 2015, están obligadas a cubrir parte de su demanda eléctrica con energías renovables (el objetivo suscrito en el Acuerdo de París es alcanzar el 20% para 2025). Para cumplir pueden comprarle la "energía limpia" a un generador privado (es el caso de Toyota, Budweiser o Coca-Cola) o pueden autogenerarla, como YPF o Aluar. Otra diferencia es que por por su volumen de consumo, les conviene mucho más recurrir a un parque eólico que a paneles solares.
.
Dictan procesamiento por contaminación del Riachuelo
Procesaron al ex titular del Mercado de Liniers por contaminar un arroyo del Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
En su resolución, el juez le prohibió la salida del país y le trabó embargos por 5 millones de pesos a la firma y su ex titular
El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al ex presidente de la firma Mercado de Liniers S.A., Roberto Arancedo, por la contaminación del arroyo Cildáñez, perteneciente a la cuenca del río Matanza Riachuelo, a través del vuelco de los efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno. En su resolución, el juez le prohibió la salida del país y le trabó embargos por 5 millones de pesos a la firma y su ex titular.
La causa investiga si se contaminó el curso de agua en cuestión de un modo peligroso para la salud, entre los meses de abril de 2017 y marzo de 2018. “Se determinó la presencia de sustancias tóxicas, constitutivas de residuos peligrosos, en los efluentes líquidos del Mercado de Hacienda de Liniers, volcados al arroyo Cildáñez. Se estableció su peligrosidad para la salud y el ambiente, con arreglo a lo dispuesto en aquella ley (de Residuos Peligrosos), y se advirtió en sucesivas tomas de muestra de agua efectuadas en las instalaciones del Mercado que esas sustancias tóxicas superaban los límites máximos establecidos por la Autoridad de Cuenca en el marco de sus atribuciones fijadas por ley”, sostuvo el juez.
A criterio del juez, el imputado “en su carácter de Presidente del Directorio de MLSA, tenía pleno conocimiento y un dominio efectivo en cuanto a la actividad de la firma y la toma de decisiones en su representación, y que en esos términos actuó con dolo”.
La causa se inició el 27 de junio de 2018 a raíz de la denuncia presentada por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental contra la firma Mercado de Liniers S.A. por la posible contaminación del arroyo Cildáñez, perteneciente a la cuenca del río Matanza Riachuelo, a través del vuelco de los efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno.
La Ley de Residuos Peligrosos sostiene que "será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal (3 a 10 años de prisión), el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
El fallo sostuvo que se había intimado “a la empresa a presentar el monitoreo de agua del efluente para todos los analitos establecidos en la Res. ACUMAR 1/2007” y que “para la obtención del permiso de vuelco deberían adoptarse medidas para la disminución del contenido de patógenos del efluente, especialmente para la E. Coli, toda vez que se producía el arrastre de materia fecal animal del suelo del predio”.
“Ha quedado demostrada la materialidad de los hechos imputados a Roberto Arancedo, esto es, haber volcado -en su carácter de Presidente del Directorio de la empresa Mercado de Liniers S.A.- efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno de esa empresa sita en la Av. Lisandro de la Torre 2406 de esta ciudad, al arroyo Cildáñez, perteneciente a la cuenca del Río Matanza Riachuelo. Ese vuelco, se produjo en infracción a la normativa ambiental, contaminando el curso de agua en cuestión de un modo peligroso para la salud, entre los meses de abril de 2017 y marzo de 2018. No se ha producido discusión sobre la generación de desechos y su destino, mas sí sobre el contenido de injusto asignado a su conducta”, se aseguró.
En su descargo, señaló el juez, “Arancedo comenzó por referirse al vuelco de efluentes líquidos sobre el arroyo Cildáñez como una situación fáctica ajena y preexistente”, pero “desde el año 1992 -cuando se otorgó la concesión- hasta la fecha de los hechos transcurrieron 25 años" y “a lo largo de ese período se modificó la Constitución Nacional y entró en vigencia diversa normativa” que establece el derecho “a un ambiente sano y la obligación de preservarlo en cabeza de todo habitante y de las autoridades estatales”. Por eso, se añadió, “ningún individuo puede considerarse ajeno a ese mandato legal -de jerarquía constitucional y convencional”.
.
Fecha de Publicación: 09/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
En su resolución, el juez le prohibió la salida del país y le trabó embargos por 5 millones de pesos a la firma y su ex titular
El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al ex presidente de la firma Mercado de Liniers S.A., Roberto Arancedo, por la contaminación del arroyo Cildáñez, perteneciente a la cuenca del río Matanza Riachuelo, a través del vuelco de los efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno. En su resolución, el juez le prohibió la salida del país y le trabó embargos por 5 millones de pesos a la firma y su ex titular.
La causa investiga si se contaminó el curso de agua en cuestión de un modo peligroso para la salud, entre los meses de abril de 2017 y marzo de 2018. “Se determinó la presencia de sustancias tóxicas, constitutivas de residuos peligrosos, en los efluentes líquidos del Mercado de Hacienda de Liniers, volcados al arroyo Cildáñez. Se estableció su peligrosidad para la salud y el ambiente, con arreglo a lo dispuesto en aquella ley (de Residuos Peligrosos), y se advirtió en sucesivas tomas de muestra de agua efectuadas en las instalaciones del Mercado que esas sustancias tóxicas superaban los límites máximos establecidos por la Autoridad de Cuenca en el marco de sus atribuciones fijadas por ley”, sostuvo el juez.
A criterio del juez, el imputado “en su carácter de Presidente del Directorio de MLSA, tenía pleno conocimiento y un dominio efectivo en cuanto a la actividad de la firma y la toma de decisiones en su representación, y que en esos términos actuó con dolo”.
La causa se inició el 27 de junio de 2018 a raíz de la denuncia presentada por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental contra la firma Mercado de Liniers S.A. por la posible contaminación del arroyo Cildáñez, perteneciente a la cuenca del río Matanza Riachuelo, a través del vuelco de los efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno.
La Ley de Residuos Peligrosos sostiene que "será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal (3 a 10 años de prisión), el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
El fallo sostuvo que se había intimado “a la empresa a presentar el monitoreo de agua del efluente para todos los analitos establecidos en la Res. ACUMAR 1/2007” y que “para la obtención del permiso de vuelco deberían adoptarse medidas para la disminución del contenido de patógenos del efluente, especialmente para la E. Coli, toda vez que se producía el arrastre de materia fecal animal del suelo del predio”.
“Ha quedado demostrada la materialidad de los hechos imputados a Roberto Arancedo, esto es, haber volcado -en su carácter de Presidente del Directorio de la empresa Mercado de Liniers S.A.- efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno de esa empresa sita en la Av. Lisandro de la Torre 2406 de esta ciudad, al arroyo Cildáñez, perteneciente a la cuenca del Río Matanza Riachuelo. Ese vuelco, se produjo en infracción a la normativa ambiental, contaminando el curso de agua en cuestión de un modo peligroso para la salud, entre los meses de abril de 2017 y marzo de 2018. No se ha producido discusión sobre la generación de desechos y su destino, mas sí sobre el contenido de injusto asignado a su conducta”, se aseguró.
En su descargo, señaló el juez, “Arancedo comenzó por referirse al vuelco de efluentes líquidos sobre el arroyo Cildáñez como una situación fáctica ajena y preexistente”, pero “desde el año 1992 -cuando se otorgó la concesión- hasta la fecha de los hechos transcurrieron 25 años" y “a lo largo de ese período se modificó la Constitución Nacional y entró en vigencia diversa normativa” que establece el derecho “a un ambiente sano y la obligación de preservarlo en cabeza de todo habitante y de las autoridades estatales”. Por eso, se añadió, “ningún individuo puede considerarse ajeno a ese mandato legal -de jerarquía constitucional y convencional”.
.
Ciclo de vida de los plásticos, lineamientos de gestión
Plásticos: Ambiente establece lineamientos para gestionar su ciclo de vida
Fecha de Publicación: 25/10/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
De esta manera el Gobierno nacional apunta a mitigar el impacto en los cuerpos de agua generado por la basura marina y los microplásticos.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, aprobó los lineamientos nacionales para abordar la problemática de los plásticos y su impacto en los ecosistemas acuáticos. Mediante la resolución 407/2019, publicada hoy en Boletín Oficial, se establecieron los ejes de trabajo sobre los distintos aspectos orientados a la producción sustentable, el uso responsable, la gestión integral de los residuos y la mitigación de la contaminación.
El plástico está presente como desecho en los cuerpos de agua debido al manejo ineficiente de residuos y la falta de infraestructura para su gestión ambiental, el escaso reciclado y recuperación y el vertido de estos en la tierra o en los mares, entre otros factores. En respuesta a esta problemática, la cartera de Ambiente nacional desarrolló lineamientos con los que se busca establecer un plan de acción a nivel federal que integre y potencie los esfuerzos locales con vistas a avanzar hacia un objetivo común en pos de detener la contaminación de los cuerpos de agua producida por plásticos y microplásticos.
Para alcanzar esta meta se espera contar con el esfuerzo y la cooperación de diversos sectores, como autoridades nacionales y locales, la industria, el ámbito científico-tecnológico, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos. Cabe destacar que los diversos convenios internacionales y los acuerdos globales voluntarios suscritos por Argentina fueron tomados en consideración para el desarrollo de estos lineamientos, que son el puntapié inicial de una estrategia que apunta a lograr que el país se adecúe a las políticas y decisiones globales sobre esta problemática.
La contaminación por plásticos
En la actualidad, los residuos marinos se encuentran en todos los mares del mundo, alcanzando todas las latitudes y profundidades.
La ocurrencia de estos residuos en los ecosistemas acuáticos son también producto del uso y consumo de artículos cuyos diseños no consideran los impactos que se producen durante el ciclo de vida de los plásticos y las elecciones que hacen los consumidores. Asimismo, las actividades marítimas, tales como la pesca y el transporte, contribuyen con la contaminación plástica del medio marino. Los océanos son el destino final de muchas cadenas de producción y consumo de las sociedades modernas.
Una de las consecuencias del problema es la contaminación de los ecosistemas costero-marinos y sus interacciones con la biodiversidad. Entre las amenazas a la biodiversidad se encuentran los peligros de enmallamientos con artes de pesca perdidos o abandonados, la ingestión de plásticos por parte de diferentes especies marinas, diversos daños al lecho marino y la introducción de especies exóticas invasoras. Esto constituye una problemática compleja, con implicancias no solo ambientales sino también económicas y sociales a nivel global que requiere ser abordada de manera intersectorial.
Entre las propiedades más conocidas del plástico se destaca su durabilidad, razón por la cual los plásticos persisten en el océano durante muchos años. Para evitar que este patrón continúe, se requiere de un esfuerzo colectivo para mejorar la producción y el uso de plásticos, como así también minimizar la proporción de plástico al final de su ciclo de vida productivo que ingresa a la corriente de desechos.
En ese sentido, se debe promover la economía circular y trabajar en la reducción gradual de los llamados plásticos de un solo uso, donde se incluyen los artículos descartables, las bolsas y el packaging, buscando alternativas más amigables con el ambiente.
.
Fecha de Publicación: 25/10/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
De esta manera el Gobierno nacional apunta a mitigar el impacto en los cuerpos de agua generado por la basura marina y los microplásticos.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, aprobó los lineamientos nacionales para abordar la problemática de los plásticos y su impacto en los ecosistemas acuáticos. Mediante la resolución 407/2019, publicada hoy en Boletín Oficial, se establecieron los ejes de trabajo sobre los distintos aspectos orientados a la producción sustentable, el uso responsable, la gestión integral de los residuos y la mitigación de la contaminación.
El plástico está presente como desecho en los cuerpos de agua debido al manejo ineficiente de residuos y la falta de infraestructura para su gestión ambiental, el escaso reciclado y recuperación y el vertido de estos en la tierra o en los mares, entre otros factores. En respuesta a esta problemática, la cartera de Ambiente nacional desarrolló lineamientos con los que se busca establecer un plan de acción a nivel federal que integre y potencie los esfuerzos locales con vistas a avanzar hacia un objetivo común en pos de detener la contaminación de los cuerpos de agua producida por plásticos y microplásticos.
Para alcanzar esta meta se espera contar con el esfuerzo y la cooperación de diversos sectores, como autoridades nacionales y locales, la industria, el ámbito científico-tecnológico, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos. Cabe destacar que los diversos convenios internacionales y los acuerdos globales voluntarios suscritos por Argentina fueron tomados en consideración para el desarrollo de estos lineamientos, que son el puntapié inicial de una estrategia que apunta a lograr que el país se adecúe a las políticas y decisiones globales sobre esta problemática.
La contaminación por plásticos
En la actualidad, los residuos marinos se encuentran en todos los mares del mundo, alcanzando todas las latitudes y profundidades.
La ocurrencia de estos residuos en los ecosistemas acuáticos son también producto del uso y consumo de artículos cuyos diseños no consideran los impactos que se producen durante el ciclo de vida de los plásticos y las elecciones que hacen los consumidores. Asimismo, las actividades marítimas, tales como la pesca y el transporte, contribuyen con la contaminación plástica del medio marino. Los océanos son el destino final de muchas cadenas de producción y consumo de las sociedades modernas.
Una de las consecuencias del problema es la contaminación de los ecosistemas costero-marinos y sus interacciones con la biodiversidad. Entre las amenazas a la biodiversidad se encuentran los peligros de enmallamientos con artes de pesca perdidos o abandonados, la ingestión de plásticos por parte de diferentes especies marinas, diversos daños al lecho marino y la introducción de especies exóticas invasoras. Esto constituye una problemática compleja, con implicancias no solo ambientales sino también económicas y sociales a nivel global que requiere ser abordada de manera intersectorial.
Entre las propiedades más conocidas del plástico se destaca su durabilidad, razón por la cual los plásticos persisten en el océano durante muchos años. Para evitar que este patrón continúe, se requiere de un esfuerzo colectivo para mejorar la producción y el uso de plásticos, como así también minimizar la proporción de plástico al final de su ciclo de vida productivo que ingresa a la corriente de desechos.
En ese sentido, se debe promover la economía circular y trabajar en la reducción gradual de los llamados plásticos de un solo uso, donde se incluyen los artículos descartables, las bolsas y el packaging, buscando alternativas más amigables con el ambiente.
.
Carbio no quiere promesas de Macri
Biocombustibles: rechazan una promesa de Macri y piden avanzar con una nueva ley
Fecha de Publicación: 18/10/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La cámara que agrupa a las grandes empresas productoras de biocombustibles rechazó la prórroga de la actual ley para el sector, como prometió el presidente Mauricio Macri. Además, la Liga Bioenergética, que integran las provincias de Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, se mostró en favor de sancionar una nueva normativa, que se trabajó en los últimos dos años entre diversos actores de la actividad, en lugar de apuntar a una extensión de la ley vigente.
En su última visita a Tucumán de gira electoral, el jefe de Estado se comprometió a extender de 2021 a 2023 la norma sancionada en 2006. Macri en esa provincia, productora de etanol en base a caña de azúcar, habló de prorrogar "la ley de bioetanol", pero en realidad la ley se llama de biocombustibles e incluye tanto al etanol en base de azúcar y de maíz como al biodiésel, elaborado con aceite de soja.
La ley de 2006 creó un marco para que se puedan desarrollar pymes en el interior (hay 54 firmas productoras) como proveedoras de biocombustibles de las petroleras, que mezclan en un 12% el etanol en las naftas y en un 10% el biodiésel en el gasoil. En ese marco, las grandes empresas del sector, agrupadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) y volcadas a la exportación, no pueden competir para la provisión en el mercado interno.
Más allá de la promesa de Macri, en los últimos años su Gobierno cambió varias veces las reglas de juego para la fijación de los precios de los biocombustibles, provocando fuertes críticas en las empresas del sector y con pymes que paralizaron su actividad por valores establecidos de venta que no cubrían sus costos.
"Se generó un mercado de no competencia y hubo polémica por las fórmulas de precios. Es un despropósito prorrogarla (la ley de 2006) cuando funcionó mal", dijo a LA NACION Luis Zubizarreta, presidente de Carbio.
"En el sector terminamos de armar un proyecto y apuntamos a una ley superadora para la actividad", agregó el ejecutivo.
En esta línea, Verónica Geese, secretaria de Energía de Santa Fe y coordinadora de la Liga Bioenergética, señalo a LA NACION que "en este momento sería mejor que prorrogar apoyar esta nueva ley".
La ley que se trabajó en el ámbito de la Liga Bioenergética, donde además de las provincias están las cámaras de biocombustibles y la ciudad de Buenos Aires, apunta a un plazo de 15 años y a aumentar el corte en biodiésel y etanol progresivamente.
En biodiésel estipula que las empresas de Carbio puedan empezar a participar del mercado interno, en tanto que en bioetanol que el maíz se lleve un porcentaje mayor del aumento de corte, según explicó Geese.
"Establece un mercado un poco más liberado por así decirlo, que es lo que este Ejecutivo siempre le criticó a los biocombustibles", indicó la funcionaria.
En bioetanol el corte llegaría a 27% en unos años. En biodiésel se iría a un 15%, pero creando un mercado voluntario tanto en corte como en precio. "Hasta el 15% es regulado, luego libre", señaló la secretaria de Energía de Santa Fe.
Geese afirmó que la postura de la Liga Bioenergética "no es un rechazo" a la idea de Macri, pero remarcó: "Trabajamos mucho en esta ley nueva y hubiera sido bueno que el Ejecutivo la apoyara. Así tendríamos un nuevo régimen por 15 años más sin necesidad de prorrogar algo que todos saben que ya no funciona".
"Lo hablamos con todos, Sica (por el ministro de Producción) y su gente, Agricultura, Energía, Ambiente. Hasta YPF estuvo participando en unas reuniones. No quedó nadie sin consultar", expresó Geese.
.
Fecha de Publicación: 18/10/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La cámara que agrupa a las grandes empresas productoras de biocombustibles rechazó la prórroga de la actual ley para el sector, como prometió el presidente Mauricio Macri. Además, la Liga Bioenergética, que integran las provincias de Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, se mostró en favor de sancionar una nueva normativa, que se trabajó en los últimos dos años entre diversos actores de la actividad, en lugar de apuntar a una extensión de la ley vigente.
En su última visita a Tucumán de gira electoral, el jefe de Estado se comprometió a extender de 2021 a 2023 la norma sancionada en 2006. Macri en esa provincia, productora de etanol en base a caña de azúcar, habló de prorrogar "la ley de bioetanol", pero en realidad la ley se llama de biocombustibles e incluye tanto al etanol en base de azúcar y de maíz como al biodiésel, elaborado con aceite de soja.
La ley de 2006 creó un marco para que se puedan desarrollar pymes en el interior (hay 54 firmas productoras) como proveedoras de biocombustibles de las petroleras, que mezclan en un 12% el etanol en las naftas y en un 10% el biodiésel en el gasoil. En ese marco, las grandes empresas del sector, agrupadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) y volcadas a la exportación, no pueden competir para la provisión en el mercado interno.
Más allá de la promesa de Macri, en los últimos años su Gobierno cambió varias veces las reglas de juego para la fijación de los precios de los biocombustibles, provocando fuertes críticas en las empresas del sector y con pymes que paralizaron su actividad por valores establecidos de venta que no cubrían sus costos.
"Se generó un mercado de no competencia y hubo polémica por las fórmulas de precios. Es un despropósito prorrogarla (la ley de 2006) cuando funcionó mal", dijo a LA NACION Luis Zubizarreta, presidente de Carbio.
"En el sector terminamos de armar un proyecto y apuntamos a una ley superadora para la actividad", agregó el ejecutivo.
En esta línea, Verónica Geese, secretaria de Energía de Santa Fe y coordinadora de la Liga Bioenergética, señalo a LA NACION que "en este momento sería mejor que prorrogar apoyar esta nueva ley".
La ley que se trabajó en el ámbito de la Liga Bioenergética, donde además de las provincias están las cámaras de biocombustibles y la ciudad de Buenos Aires, apunta a un plazo de 15 años y a aumentar el corte en biodiésel y etanol progresivamente.
En biodiésel estipula que las empresas de Carbio puedan empezar a participar del mercado interno, en tanto que en bioetanol que el maíz se lleve un porcentaje mayor del aumento de corte, según explicó Geese.
"Establece un mercado un poco más liberado por así decirlo, que es lo que este Ejecutivo siempre le criticó a los biocombustibles", indicó la funcionaria.
En bioetanol el corte llegaría a 27% en unos años. En biodiésel se iría a un 15%, pero creando un mercado voluntario tanto en corte como en precio. "Hasta el 15% es regulado, luego libre", señaló la secretaria de Energía de Santa Fe.
Geese afirmó que la postura de la Liga Bioenergética "no es un rechazo" a la idea de Macri, pero remarcó: "Trabajamos mucho en esta ley nueva y hubiera sido bueno que el Ejecutivo la apoyara. Así tendríamos un nuevo régimen por 15 años más sin necesidad de prorrogar algo que todos saben que ya no funciona".
"Lo hablamos con todos, Sica (por el ministro de Producción) y su gente, Agricultura, Energía, Ambiente. Hasta YPF estuvo participando en unas reuniones. No quedó nadie sin consultar", expresó Geese.
.
Afirman que Fernández potenciará la minería
Uñac: “Alberto Fernández tiene muchas expectativas en la minería sustentable”
Fecha de Publicación: 17/10/2019
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Nacional
El gobernador de San Juan expuso el viernes último en China sobre las ventajas de su provincia para atraer inversiones destinadas al sector minero. Y habló de la idea al respecto que tiene el candidato presidencial por el Frente de Todos.
En el Día Argentino de la 19º edición de China Mining, la feria del sector minero más importante del mundo, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, expuso sobre las ventajas sociopolíticas de la provincia cuyana para atraer inversiones internacionales para financiar proyectos mineros.
En la reunión, que se llevó a cabo el viernes pasado en la ciudad de Tianjin, el país tuvo un espacio reservado para presentar ante el mundo el potencial minero de la Argentina. El mandatario sanjuanino fue uno de los expositores durante la segunda jornada de actividades de la feria que congregó a representantes de las más importantes compañías del mundo en materia minera.
Uñac se refirió al crecimiento de la minería en San Juan a partir de 1993, primero con proyectos de exploración que dieron lugar a explotaciones de emprendimientos metalíferos como Veladero y Gualcamayo, y se refirió al futuro que tiene el sector en la provincia, con 300 mil millones de dólares de potencial en 5 proyectos.
El gobernador enfatizó que el crecimiento es producto de la diversificación de la matriz económica y, sobre todo, de la visión de que el Estado debe proporcionar oportunidades para que el desarrollo privado pueda materializarse, y la inversión sea una realidad.
Apoyándose en cuadros estadísticos, Uñac señaló que en 2004 San Juan realizó exportaciones por 211 millones de dólares y en 2018 lo hizo por casi 1.500 millones de dólares, con un decisivo aporte del sector minero.
Recurso estratégico
El primer mandatario provincial informó que “Argentina se encuentra inmersa en un proceso electoral, y quien ha obtenido un contundente respaldo social en las Primarias es el candidato del PJ, Alberto Fernández”. En ese marco Uñac dijo que “coincidimos en la necesidad de poner en marcha a la minería como recurso estratégico, y hemos podido compartir con él y sus equipos nuestra experiencia”.
“Alberto Fernández tiene muchas expectativas en la minería sustentable como uno de los factores importantes para poner a la Argentina de pie”, manifestó Uñac.
En relación al lugar que ocupa la minería y al contexto socioeconómico que se vive en San Juan dijo que “la diversificación económica en la que la minería tiene un rol protagónico explica nuestra baja desocupación, la gran inversión en infraestructura, el superávit sostenido y que el crecimiento del producto bruto de San Juan duplique al de la Nación en los últimos años”.
Proyectos
Por su parte, el ministro de Minería, Alberto Hensel, expuso los aspectos técnicos más destacados de la industria que es política de Estado en San Juan.
La presentación de los representantes se llamó “San Juan destino de inversiones mineras” y estuvo apoyada en ejes como la seguridad jurídica que presenta la provincia como estado federal y el potencial geológico local.
La principal ventaja que ofrece San Juan, es que los recursos minerales son conocidos y están ampliamente estudiados.
Se trata de 37.5 millones de toneladas de cobre refinado, 20.4 millones de onzas de oro y 596 millones de onzas de plata.
Hensel indicó que lo expuesto tiene que ver con la convicción política de que la minería es la industria que revolucionó la matriz productiva de la provincia y que tiene también una capacidad transformadora incalculable para la región y el país.
.
Fecha de Publicación: 17/10/2019
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Nacional
El gobernador de San Juan expuso el viernes último en China sobre las ventajas de su provincia para atraer inversiones destinadas al sector minero. Y habló de la idea al respecto que tiene el candidato presidencial por el Frente de Todos.
En el Día Argentino de la 19º edición de China Mining, la feria del sector minero más importante del mundo, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, expuso sobre las ventajas sociopolíticas de la provincia cuyana para atraer inversiones internacionales para financiar proyectos mineros.
En la reunión, que se llevó a cabo el viernes pasado en la ciudad de Tianjin, el país tuvo un espacio reservado para presentar ante el mundo el potencial minero de la Argentina. El mandatario sanjuanino fue uno de los expositores durante la segunda jornada de actividades de la feria que congregó a representantes de las más importantes compañías del mundo en materia minera.
Uñac se refirió al crecimiento de la minería en San Juan a partir de 1993, primero con proyectos de exploración que dieron lugar a explotaciones de emprendimientos metalíferos como Veladero y Gualcamayo, y se refirió al futuro que tiene el sector en la provincia, con 300 mil millones de dólares de potencial en 5 proyectos.
El gobernador enfatizó que el crecimiento es producto de la diversificación de la matriz económica y, sobre todo, de la visión de que el Estado debe proporcionar oportunidades para que el desarrollo privado pueda materializarse, y la inversión sea una realidad.
Apoyándose en cuadros estadísticos, Uñac señaló que en 2004 San Juan realizó exportaciones por 211 millones de dólares y en 2018 lo hizo por casi 1.500 millones de dólares, con un decisivo aporte del sector minero.
Recurso estratégico
El primer mandatario provincial informó que “Argentina se encuentra inmersa en un proceso electoral, y quien ha obtenido un contundente respaldo social en las Primarias es el candidato del PJ, Alberto Fernández”. En ese marco Uñac dijo que “coincidimos en la necesidad de poner en marcha a la minería como recurso estratégico, y hemos podido compartir con él y sus equipos nuestra experiencia”.
“Alberto Fernández tiene muchas expectativas en la minería sustentable como uno de los factores importantes para poner a la Argentina de pie”, manifestó Uñac.
En relación al lugar que ocupa la minería y al contexto socioeconómico que se vive en San Juan dijo que “la diversificación económica en la que la minería tiene un rol protagónico explica nuestra baja desocupación, la gran inversión en infraestructura, el superávit sostenido y que el crecimiento del producto bruto de San Juan duplique al de la Nación en los últimos años”.
Proyectos
Por su parte, el ministro de Minería, Alberto Hensel, expuso los aspectos técnicos más destacados de la industria que es política de Estado en San Juan.
La presentación de los representantes se llamó “San Juan destino de inversiones mineras” y estuvo apoyada en ejes como la seguridad jurídica que presenta la provincia como estado federal y el potencial geológico local.
La principal ventaja que ofrece San Juan, es que los recursos minerales son conocidos y están ampliamente estudiados.
Se trata de 37.5 millones de toneladas de cobre refinado, 20.4 millones de onzas de oro y 596 millones de onzas de plata.
Hensel indicó que lo expuesto tiene que ver con la convicción política de que la minería es la industria que revolucionó la matriz productiva de la provincia y que tiene también una capacidad transformadora incalculable para la región y el país.
.
Justicia dejó firme procesamiento de empresario contaminador
Confirmaron el procesamiento de Rocchia Ferro por contaminación
Fecha de Publicación: 15/10/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia Federal determinó que el empresario azucarero enfrente el juicio sin prisión preventiva. La causa comenzó en 2006, a raíz de los informes ambientales sobre los desechos que arrojaba el ingenio La Florida.
La Justicia Federal dejó firme el procesamiento sin prisión preventiva del empresario Jorge Alberto Rocchia Ferro, dueño de la Compañía Azucarera Los Balcanes, por contaminación ambiental. La Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo de Carlos Alfredo Brito, solicitó que se lo investigue al entender que el Ingenio La Florida contaminaba de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Rocchia Ferro ante la sospecha de que el Ingenio La Florida generó un daño ambiental grave. Desde la web oficial Fiscales.gob.ar indicaron que el empresario, que actualmente se desempeña como presidente de la Unión Industrial de Tucumán, enfrenta varias causas por delitos ambientales.
La causa referida se inició en 2006, a raíz de una investigación preliminar del titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción, Antonio Gustavo Gómez. Si bien el imputado fue sobreseído, Casación revocó tal fallo y envió el caso nuevamente a instrucción para que continúe la pesquisa.
Si bien la defensa de Rocchia Ferro alegó que los residuos vertidos no son peligrosos, los camaristas no hicieron lugar al recurso de los abogados y confirmaron el procesamiento. "La contaminación particular impide disponer de uno de los factores determinantes de la salud: el medio ambiente sano", indicaron los jueces entre sus argumentos. Asimismo, de uno de los informes de especialistas en la materia que tuvo en cuenta la Justicia para confirmar el procesamiento se desprende: "La firma Compañía Azucarera Los Balcanes -Ingenio La Florida cumple con los requerimientos típicos del art. 55 de la Ley de fondo, al haber presuntamente lesionado los bienes jurídicos medio ambiente y salud pública, al poner en peligro a esta última mediante la contaminación del medio ambiente por el uso de residuos nocivos".
La zafra 2006, puntapié para la investigación
Gómez comenzó a investigar a La Florida a raíz de un informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán sobre la zafra que estaba en curso en agosto de 2006. Personal de Gendarmería reunió muestras del canal de descarga de efluentes del ingenio, tomó declaraciones en el CAPS y de vecinos de la zona, que señalaron que de la planta salían"olores fuertes del canal de desagüe, cenizas y el hollín de las calderas".
Tras evaluar el material, la Dirección de Policía Científica de Química Ambiental consideró que esos desechos no podían ser liberados sin un previo tratamiento, ya que presentaban "niveles elevados de partículas en suspensión al medio ambiente, fuoreno, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, entre otros".
.
Fecha de Publicación: 15/10/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
La Justicia Federal determinó que el empresario azucarero enfrente el juicio sin prisión preventiva. La causa comenzó en 2006, a raíz de los informes ambientales sobre los desechos que arrojaba el ingenio La Florida.
La Justicia Federal dejó firme el procesamiento sin prisión preventiva del empresario Jorge Alberto Rocchia Ferro, dueño de la Compañía Azucarera Los Balcanes, por contaminación ambiental. La Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo de Carlos Alfredo Brito, solicitó que se lo investigue al entender que el Ingenio La Florida contaminaba de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Rocchia Ferro ante la sospecha de que el Ingenio La Florida generó un daño ambiental grave. Desde la web oficial Fiscales.gob.ar indicaron que el empresario, que actualmente se desempeña como presidente de la Unión Industrial de Tucumán, enfrenta varias causas por delitos ambientales.
La causa referida se inició en 2006, a raíz de una investigación preliminar del titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción, Antonio Gustavo Gómez. Si bien el imputado fue sobreseído, Casación revocó tal fallo y envió el caso nuevamente a instrucción para que continúe la pesquisa.
Si bien la defensa de Rocchia Ferro alegó que los residuos vertidos no son peligrosos, los camaristas no hicieron lugar al recurso de los abogados y confirmaron el procesamiento. "La contaminación particular impide disponer de uno de los factores determinantes de la salud: el medio ambiente sano", indicaron los jueces entre sus argumentos. Asimismo, de uno de los informes de especialistas en la materia que tuvo en cuenta la Justicia para confirmar el procesamiento se desprende: "La firma Compañía Azucarera Los Balcanes -Ingenio La Florida cumple con los requerimientos típicos del art. 55 de la Ley de fondo, al haber presuntamente lesionado los bienes jurídicos medio ambiente y salud pública, al poner en peligro a esta última mediante la contaminación del medio ambiente por el uso de residuos nocivos".
La zafra 2006, puntapié para la investigación
Gómez comenzó a investigar a La Florida a raíz de un informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán sobre la zafra que estaba en curso en agosto de 2006. Personal de Gendarmería reunió muestras del canal de descarga de efluentes del ingenio, tomó declaraciones en el CAPS y de vecinos de la zona, que señalaron que de la planta salían"olores fuertes del canal de desagüe, cenizas y el hollín de las calderas".
Tras evaluar el material, la Dirección de Policía Científica de Química Ambiental consideró que esos desechos no podían ser liberados sin un previo tratamiento, ya que presentaban "niveles elevados de partículas en suspensión al medio ambiente, fuoreno, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, entre otros".
.
Fiscalía pide anular probation de empresario contaminador
Solicitan revertir la suspensión de juicio a empresarios tucumanos por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 07/10/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Los responsables de una compañía azucarera y una destilería estaban procesados por el vuelco de vinaza en diversas fuentes de agua, en reiteradas ocasiones. Pese a la oposición del MPF, el Tribunal les otorgó la probation e impuso que asistan a capacitaciones y paguen una multa de doscientos mil pesos.
La titular de la Fiscalía General de Santiago del Estero, Indiana Garzón, interpuso un recurso de casación contra una resolución del Tribunal Oral Federal de esa provincia que dictó la suspensión de juicio a prueba a dos empresarios acusados por contaminación ambiental. La presentación solicita que se anule la decisión y se dicte una nueva resolución que rechace la probation y ordene la celebración del juicio oral y público.
En la justicia federal de Santiago del Estero y Tucumán tramitan distintas causas por contaminación ambiental vinculadas a la cuenca Salí-Dulce. En Santiago del Estero, los hechos por los que fueron imputados Jorge Rocchia Ferro y José Coronel motivaron el requerimiento de elevación a juicio por el delito de contaminación ambiental por dos hechos en concurso real, y en concurso formal con el de desobediencia judicial.
En esa jurisdicción se investigaron varios vuelcos de vinaza presuntamente efectuados por los imputados en desobediencia de una orden judicial sobre el canal de drenaje conocido como “canal del Este” en 2012 y 2013, cuyos efectos se propagaron desde la provincia de Tucumán hacia la población de El Palomar, en Santiago del Estero.
La causa se inició a raíz de la intervención de oficio de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, que al constatar los hechos formuló la denuncia penal a través de la Fiscalía de Estado provincial, que se constituyó como querellante.
Por su parte, en Tucumán se investigó en otra causa el vuelco de vinaza cuyos efectos se materializaron en territorio tucumano, como consecuencia de la actividad de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA Ingenio y Destilería La Florida, de propiedad y bajo gerencia de los imputados Rocchia Ferro y Coronel, respectivamente.
Antecedentes
En agosto de 2017, la defensa requirió al Tribunal santiagueño la acumulación de las causas tramitadas en Tucumán, algo que finalmente ocurrió a pesar de las objeciones de la Fiscalía Federal de Santiago, sin correr vista a su par de Tucumán ni al querellante particular. Mediante esta resolución, además, el TOF suspendió el debate oral y fijó fecha de audiencia para tratar la suspensión del juicio a prueba de las causas ya acumuladas.
Contra esta resolución, la dependencia del MPF en Santiago del Estero formuló un planteo de nulidad que fue rechazado, decisión a su vez impugnada mediante un recurso de casación. El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero rechazó este recurso en septiembre de 2017, y habilitó un recurso de queja que finalmente la Cámara Federal de Casación Penal terminó rechazando por razones formales. Por su parte, la fiscalía tucumana cuestionó de idéntica manera lo resuelto por el TOF de esa jurisdicción, interponiendo finalmente un recurso de queja ante Casación, lo cual fue rechazado por cuestiones formales.
En la primera audiencia de probation, la fiscalía dictaminó en oposición a la suspensión del juicio a prueba basándose en razones legales, constitucionales y de política criminal. Sin embargo, el Tribunal resolvió rechazar la petición de probation bajo el fundamento de falta de acuerdo entre los imputados y los representantes de las fiscalías de Estado de Santiago del Estero y Tucumán. En una segunda audiencia, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de revocatoria con reserva del recurso de casación, por entender que los jueces omitieron resolver el pedido de rechazo de la renovación de suspensión a juicio a prueba. En esta oportunidad, se argumentó que el procedimiento de una nueva probation contradecía las normas procesales vigentes. Sin embargo, los jueces rechazaron el recurso y fijaron una nueva audiencia en la que hicieron lugar a la suspensión solicitada por la defensa de los imputados por el término de tres años, y dispusieron que realicen estudios de capacitación laboral en materia ambiental, seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a contaminación y dos charlas informativas al respecto. Además, los instó a cumplir con la realización de obras y entrega de lo comprometido con las provincias de Santiago del Estero y Tucumán; a cumplir el plan Vinaza Cero y pagar una multa de 200 mil pesos.
Daño intolerable y afectación a la salud y el ambiente
Para la fiscal Garzón, el tribunal incurrió en una errónea valoración de los hechos, de los antecedentes y constancias agregadas a la causa, e interpretó y aplicó erróneamente la ley sustantiva.
En su resolución, el tribunal había considerado que el dictamen fiscal no era fundamentado y que “en el caso de autos, además de no concretar claramente la posibilidad de una condena efectiva en un juicio oral y público, avanza sobre temáticas ajenas a la competencia funcional en su dictamen, como es la reparación del daño, pretendiendo expropiar el conflicto a las víctimas damnificadas”. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la fiscalía sostuvo que, de ser enjuiciados y condenados, los imputados serían merecedores de una pena de cumplimiento efectivo. El Ministerio Público Fiscal también remarcó que, debido a la acumulación de las causas, en función de la pena que se puede solicitar, teniendo en cuenta los informes, el grado de contaminación y la gravedad del hecho, hay un disvalor apreciable y un daño intolerable para los bienes jurídicos tutelados salud y ambiente, sumado a la conducta infractora permanente de los acusados.
El MPF remarcó que por el grado de contaminación y la gravedad del hecho existía un disvalor apreciable y un daño intolerable para los bienes jurídicos tutelados salud y ambiente, sumado a la conducta infractora permanente de los acusados.
Para la fiscal, todas estas conductas reiteradas en el tiempo ponen de manifiesto la temeridad en el accionar de los encausados, la falta de compromiso con el medio ambiente y el nulo respeto a los derechos de tercero y las mandas judiciales, conforme surge de los informes de la Dirección de Fiscalización Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Tucumán. “No hubo sanción administrativa, como pago de 26 multas, dos apercibimientos, seis causas judicializadas entre los años 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, clausuras preventivas ni inicio de juicios penales que lograran detener la acción contaminante de la empresa de Rocchia Ferro. La reiteración de hechos en puja con el derecho ambiental y la conducta desidiosa del imputado obligan a esta fiscalía a considerar una pretensión punitiva que necesariamente se apartará del máximo legal previsto para la suspensión del juicio a prueba”, agregó la fiscal.
Para la fiscal Indiana Garzón, todas estas conductas reiteradas en el tiempo ponen de manifiesto la temeridad en el accionar de los encausados, la falta de compromiso con el medio ambiente y el nulo respeto a los derechos de tercero y las mandas judiciales.
Sobre la representación de las víctimas y la reparación económica
La fiscalía efectuó también una serie de observaciones sobre la representación de las víctimas y su legitimación para ser consultadas respecto de la reparación ofrecida por los imputados. Garzón cuestionó que las representaciones gubernamentales de Santiago y Tucumán (Fiscalías de Estado) satisfagan suficientemente la representación de las víctimas de estos delitos y que por ello se equivoca el tribunal al pretender arrogarle valor dirimente al consentimiento de ambas dependencias en aras de posibilitar el acuerdo de probation. “A nuestro entender, el comportamiento disvalioso de los imputados pudo reiterarse en el tiempo gracias a la tolerancia negligente de los organismos de control tucumanos”, dijo en su recurso; diferenció en ese punto el accionar de los entes de la provincia de Santiago del Estero quienes impulsaron la acción penal desde el primer momento.
La fiscalía federal de Santiago del Estero incluso instruyó una denuncia penal contra quien fuera secretario de Medio Ambiente de Tucumán por su responsabilidad ante las reiteradas faltas de contralor en relación a los imputados. “Por lo tanto, un poder ejecutivo provincial, cuestionado penalmente por no controlar la contaminación ambiental de los aquí imputados no puede válidamente prestar su consentimiento a la suspensión de juicio a prueba, ya que más que víctima resulta prima facie co-responsable”, agregó en relación a la provincia de Tucumán.
Garzón destacó que las víctimas reales no fueron consultadas, y la única vez que manifestaron su voluntad fue en la línea de activar una investigación penal. “El tribunal desestimó un dictamen fiscal suficientemente fundado y lógico, otorgó valor dirimente al consentimiento prestado por las fiscalías de Estado y no analizó la razonabilidad de la reparación bajo el pretexto del acuerdo inter pares”, expuso. También hizo énfasis en que los hechos de contaminación dolosa no fueron resultado de “circunstancias exógenas difícilmente controlables” como sostuvo la defensa de los dos imputados, sino “la consecuencia necesaria de externalizar un costo de la producción de alcohol-bioetanol a terceros ajenos al proceso industrial”.
La Fiscalía remarcó que los hechos de contaminación dolosa no fueron resultado de “circunstancias exógenas difícilmente controlables” como sostuvo la defensa.
Para el Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados “tuvieron un incontrovertible móvil económico, y en ese sentido les resultó a los imputados muchísimo más barato volcar desechos de vinaza sobre canales que ingresaban a la provincia de Santiago Del Estero que invertir en tratamiento saneador de dichos desechos”.
.
Fecha de Publicación: 07/10/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Los responsables de una compañía azucarera y una destilería estaban procesados por el vuelco de vinaza en diversas fuentes de agua, en reiteradas ocasiones. Pese a la oposición del MPF, el Tribunal les otorgó la probation e impuso que asistan a capacitaciones y paguen una multa de doscientos mil pesos.
La titular de la Fiscalía General de Santiago del Estero, Indiana Garzón, interpuso un recurso de casación contra una resolución del Tribunal Oral Federal de esa provincia que dictó la suspensión de juicio a prueba a dos empresarios acusados por contaminación ambiental. La presentación solicita que se anule la decisión y se dicte una nueva resolución que rechace la probation y ordene la celebración del juicio oral y público.
En la justicia federal de Santiago del Estero y Tucumán tramitan distintas causas por contaminación ambiental vinculadas a la cuenca Salí-Dulce. En Santiago del Estero, los hechos por los que fueron imputados Jorge Rocchia Ferro y José Coronel motivaron el requerimiento de elevación a juicio por el delito de contaminación ambiental por dos hechos en concurso real, y en concurso formal con el de desobediencia judicial.
En esa jurisdicción se investigaron varios vuelcos de vinaza presuntamente efectuados por los imputados en desobediencia de una orden judicial sobre el canal de drenaje conocido como “canal del Este” en 2012 y 2013, cuyos efectos se propagaron desde la provincia de Tucumán hacia la población de El Palomar, en Santiago del Estero.
La causa se inició a raíz de la intervención de oficio de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, que al constatar los hechos formuló la denuncia penal a través de la Fiscalía de Estado provincial, que se constituyó como querellante.
Por su parte, en Tucumán se investigó en otra causa el vuelco de vinaza cuyos efectos se materializaron en territorio tucumano, como consecuencia de la actividad de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA Ingenio y Destilería La Florida, de propiedad y bajo gerencia de los imputados Rocchia Ferro y Coronel, respectivamente.
Antecedentes
En agosto de 2017, la defensa requirió al Tribunal santiagueño la acumulación de las causas tramitadas en Tucumán, algo que finalmente ocurrió a pesar de las objeciones de la Fiscalía Federal de Santiago, sin correr vista a su par de Tucumán ni al querellante particular. Mediante esta resolución, además, el TOF suspendió el debate oral y fijó fecha de audiencia para tratar la suspensión del juicio a prueba de las causas ya acumuladas.
Contra esta resolución, la dependencia del MPF en Santiago del Estero formuló un planteo de nulidad que fue rechazado, decisión a su vez impugnada mediante un recurso de casación. El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero rechazó este recurso en septiembre de 2017, y habilitó un recurso de queja que finalmente la Cámara Federal de Casación Penal terminó rechazando por razones formales. Por su parte, la fiscalía tucumana cuestionó de idéntica manera lo resuelto por el TOF de esa jurisdicción, interponiendo finalmente un recurso de queja ante Casación, lo cual fue rechazado por cuestiones formales.
En la primera audiencia de probation, la fiscalía dictaminó en oposición a la suspensión del juicio a prueba basándose en razones legales, constitucionales y de política criminal. Sin embargo, el Tribunal resolvió rechazar la petición de probation bajo el fundamento de falta de acuerdo entre los imputados y los representantes de las fiscalías de Estado de Santiago del Estero y Tucumán. En una segunda audiencia, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de revocatoria con reserva del recurso de casación, por entender que los jueces omitieron resolver el pedido de rechazo de la renovación de suspensión a juicio a prueba. En esta oportunidad, se argumentó que el procedimiento de una nueva probation contradecía las normas procesales vigentes. Sin embargo, los jueces rechazaron el recurso y fijaron una nueva audiencia en la que hicieron lugar a la suspensión solicitada por la defensa de los imputados por el término de tres años, y dispusieron que realicen estudios de capacitación laboral en materia ambiental, seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a contaminación y dos charlas informativas al respecto. Además, los instó a cumplir con la realización de obras y entrega de lo comprometido con las provincias de Santiago del Estero y Tucumán; a cumplir el plan Vinaza Cero y pagar una multa de 200 mil pesos.
Daño intolerable y afectación a la salud y el ambiente
Para la fiscal Garzón, el tribunal incurrió en una errónea valoración de los hechos, de los antecedentes y constancias agregadas a la causa, e interpretó y aplicó erróneamente la ley sustantiva.
En su resolución, el tribunal había considerado que el dictamen fiscal no era fundamentado y que “en el caso de autos, además de no concretar claramente la posibilidad de una condena efectiva en un juicio oral y público, avanza sobre temáticas ajenas a la competencia funcional en su dictamen, como es la reparación del daño, pretendiendo expropiar el conflicto a las víctimas damnificadas”. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la fiscalía sostuvo que, de ser enjuiciados y condenados, los imputados serían merecedores de una pena de cumplimiento efectivo. El Ministerio Público Fiscal también remarcó que, debido a la acumulación de las causas, en función de la pena que se puede solicitar, teniendo en cuenta los informes, el grado de contaminación y la gravedad del hecho, hay un disvalor apreciable y un daño intolerable para los bienes jurídicos tutelados salud y ambiente, sumado a la conducta infractora permanente de los acusados.
El MPF remarcó que por el grado de contaminación y la gravedad del hecho existía un disvalor apreciable y un daño intolerable para los bienes jurídicos tutelados salud y ambiente, sumado a la conducta infractora permanente de los acusados.
Para la fiscal, todas estas conductas reiteradas en el tiempo ponen de manifiesto la temeridad en el accionar de los encausados, la falta de compromiso con el medio ambiente y el nulo respeto a los derechos de tercero y las mandas judiciales, conforme surge de los informes de la Dirección de Fiscalización Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Tucumán. “No hubo sanción administrativa, como pago de 26 multas, dos apercibimientos, seis causas judicializadas entre los años 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, clausuras preventivas ni inicio de juicios penales que lograran detener la acción contaminante de la empresa de Rocchia Ferro. La reiteración de hechos en puja con el derecho ambiental y la conducta desidiosa del imputado obligan a esta fiscalía a considerar una pretensión punitiva que necesariamente se apartará del máximo legal previsto para la suspensión del juicio a prueba”, agregó la fiscal.
Para la fiscal Indiana Garzón, todas estas conductas reiteradas en el tiempo ponen de manifiesto la temeridad en el accionar de los encausados, la falta de compromiso con el medio ambiente y el nulo respeto a los derechos de tercero y las mandas judiciales.
Sobre la representación de las víctimas y la reparación económica
La fiscalía efectuó también una serie de observaciones sobre la representación de las víctimas y su legitimación para ser consultadas respecto de la reparación ofrecida por los imputados. Garzón cuestionó que las representaciones gubernamentales de Santiago y Tucumán (Fiscalías de Estado) satisfagan suficientemente la representación de las víctimas de estos delitos y que por ello se equivoca el tribunal al pretender arrogarle valor dirimente al consentimiento de ambas dependencias en aras de posibilitar el acuerdo de probation. “A nuestro entender, el comportamiento disvalioso de los imputados pudo reiterarse en el tiempo gracias a la tolerancia negligente de los organismos de control tucumanos”, dijo en su recurso; diferenció en ese punto el accionar de los entes de la provincia de Santiago del Estero quienes impulsaron la acción penal desde el primer momento.
La fiscalía federal de Santiago del Estero incluso instruyó una denuncia penal contra quien fuera secretario de Medio Ambiente de Tucumán por su responsabilidad ante las reiteradas faltas de contralor en relación a los imputados. “Por lo tanto, un poder ejecutivo provincial, cuestionado penalmente por no controlar la contaminación ambiental de los aquí imputados no puede válidamente prestar su consentimiento a la suspensión de juicio a prueba, ya que más que víctima resulta prima facie co-responsable”, agregó en relación a la provincia de Tucumán.
Garzón destacó que las víctimas reales no fueron consultadas, y la única vez que manifestaron su voluntad fue en la línea de activar una investigación penal. “El tribunal desestimó un dictamen fiscal suficientemente fundado y lógico, otorgó valor dirimente al consentimiento prestado por las fiscalías de Estado y no analizó la razonabilidad de la reparación bajo el pretexto del acuerdo inter pares”, expuso. También hizo énfasis en que los hechos de contaminación dolosa no fueron resultado de “circunstancias exógenas difícilmente controlables” como sostuvo la defensa de los dos imputados, sino “la consecuencia necesaria de externalizar un costo de la producción de alcohol-bioetanol a terceros ajenos al proceso industrial”.
La Fiscalía remarcó que los hechos de contaminación dolosa no fueron resultado de “circunstancias exógenas difícilmente controlables” como sostuvo la defensa.
Para el Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados “tuvieron un incontrovertible móvil económico, y en ese sentido les resultó a los imputados muchísimo más barato volcar desechos de vinaza sobre canales que ingresaban a la provincia de Santiago Del Estero que invertir en tratamiento saneador de dichos desechos”.
.
Etnoleras al borde de la quiebra
Se agrava la crisis de empresas de etanol de maíz: “Estamos en situación de quebranto”
Fecha de Publicación: 30/09/2019
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
Piden la intervención de la Secretaría de Energía ante los "abusos de posición dominante" por parte de las petroleras.
La situación de las empresas de biocombustibles se agravó en las últimas semanas, luego de los últimos cambios macroeconómicos post PASO, como la suba del dólar y el congelamiento del precio de los combustibles. A eso se sumó que, pese a que anunció un aumento, el Gobierno cambió la fórmula para calcular el precio del biodiesel, y sumó un subsidio para frenar reclamos.
Ahora, las productoras de etanol de maíz aseguran que comenzaron a percibir apenas US$ 0,40 por cada litro de alcohol, el valor mínimo desde que inició en 2012 la producción de la primera planta. Para referenciar, tomaron como indicador al FOB Santos, de Brasil, que actualmente se ubica en US$ 0,49.
“Nos encontramos en un momento de extrema fragilidad por una sumatoria de variables y decisiones que mutilaron nuestro vigoroso crecimiento en el interior productivo del país, y que había nacido bajo la anhelada fórmula de agregar valor a la materia prima en origen. Hoy, ese desarrollo está en serio riesgo si no hay una corrección inmediata”, advirtió la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen.
Esa industria convierte en alcohol el grano de maíz para luego mezclarlo con las naftas, de tal forma que el 12% de cada litro de combustible se produce en las plantas de Córdoba (Río Cuarto, Villa María y Alejandro Roca), Santa Fe (Avellaneda), San Luis (Villa Mercedes) y Santiago del Estero, que consumen entre todas 1,5 millón de toneladas del cereal con el que aportan el 50% del corte de etanol en la Argentina.
Actualmente, la rentabilidad se complicó por la decisión de la Secretaría de Energía de la Nación de eliminar la fórmula que reaccionaba a los cambios de las variables y arrojaba un valor final para el precio del etanol que las petroleras debían pagar a la industria.
“Eso abrió un escenario de precios distorsionados y arbitrarios para las productoras de etanol mientras que comenzó a trasladar mayores beneficios a las petroleras”, dispararon desde la entidad que nuclea a las empresas.
Y aseguraron que las petroleras “no trasladaron al precio que pagan por el etanol ninguna de las mejoras que recibieron por parte del Gobierno Nacional, como los últimos incrementos que les fueron autorizados y que se reflejan en los surtidores”.
Según datos oficiales, el sector emplea a 2.000 personas, entre puestos de trabajo directo e indirectos que “hoy están en peligro”, aseguran.
Por eso, le reclaman al Gobierno “garantizar la continuidad” del sector, con una “decidida intervención” de la Secretaría de Energía para “evitar abusos de posición dominante de otros eslabones que perjudican seriamente la viabilidad” de las firmas.
.
Fecha de Publicación: 30/09/2019
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
Piden la intervención de la Secretaría de Energía ante los "abusos de posición dominante" por parte de las petroleras.
La situación de las empresas de biocombustibles se agravó en las últimas semanas, luego de los últimos cambios macroeconómicos post PASO, como la suba del dólar y el congelamiento del precio de los combustibles. A eso se sumó que, pese a que anunció un aumento, el Gobierno cambió la fórmula para calcular el precio del biodiesel, y sumó un subsidio para frenar reclamos.
Ahora, las productoras de etanol de maíz aseguran que comenzaron a percibir apenas US$ 0,40 por cada litro de alcohol, el valor mínimo desde que inició en 2012 la producción de la primera planta. Para referenciar, tomaron como indicador al FOB Santos, de Brasil, que actualmente se ubica en US$ 0,49.
“Nos encontramos en un momento de extrema fragilidad por una sumatoria de variables y decisiones que mutilaron nuestro vigoroso crecimiento en el interior productivo del país, y que había nacido bajo la anhelada fórmula de agregar valor a la materia prima en origen. Hoy, ese desarrollo está en serio riesgo si no hay una corrección inmediata”, advirtió la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen.
Esa industria convierte en alcohol el grano de maíz para luego mezclarlo con las naftas, de tal forma que el 12% de cada litro de combustible se produce en las plantas de Córdoba (Río Cuarto, Villa María y Alejandro Roca), Santa Fe (Avellaneda), San Luis (Villa Mercedes) y Santiago del Estero, que consumen entre todas 1,5 millón de toneladas del cereal con el que aportan el 50% del corte de etanol en la Argentina.
Actualmente, la rentabilidad se complicó por la decisión de la Secretaría de Energía de la Nación de eliminar la fórmula que reaccionaba a los cambios de las variables y arrojaba un valor final para el precio del etanol que las petroleras debían pagar a la industria.
“Eso abrió un escenario de precios distorsionados y arbitrarios para las productoras de etanol mientras que comenzó a trasladar mayores beneficios a las petroleras”, dispararon desde la entidad que nuclea a las empresas.
Y aseguraron que las petroleras “no trasladaron al precio que pagan por el etanol ninguna de las mejoras que recibieron por parte del Gobierno Nacional, como los últimos incrementos que les fueron autorizados y que se reflejan en los surtidores”.
Según datos oficiales, el sector emplea a 2.000 personas, entre puestos de trabajo directo e indirectos que “hoy están en peligro”, aseguran.
Por eso, le reclaman al Gobierno “garantizar la continuidad” del sector, con una “decidida intervención” de la Secretaría de Energía para “evitar abusos de posición dominante de otros eslabones que perjudican seriamente la viabilidad” de las firmas.
.
La Bolsa de Valores ahora también es "verde"
La Bolsa de Valores lanzará bonos sustentables para la mejora ambiental y social
Fecha de Publicación: 24/09/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Con un leve atraso con respecto a la región, finalmente la Bolsa de Valores de Argentina lanza el primer panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables. Estará integrado por Valores Negociables que apunten a contribuir con la mejora del medio ambiente y/o con problemáticas sociales.
Los emisores de este tipo de bonos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de listad o y, adicionalmente, con aquellos exigidos en el Reglamento de Panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables.
Los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, categorías de proyectos verdes elegibles como energías renovables, conservación de la biodiversidad, entre otros, o categorías sociales elegibles como infraestructura básica asequible (agua potable, alcantarillado, saneamiento), acceso a servicios esenciales (salud, asistencia sanitaria, financiación y servicios financieros) y generación de empleo. Los bonos sustentables son una combinación de ambos.
Los emisores deberán contar con una “revisión externa”, a fin de proporcionar credibilidad y da certeza a los inversionistas sobre los impactos ambientales y/o sociales de los proyectos. Además, será necesario que los emisores desarrollen informes con cierta periodicidad relacionados con el uso de los fondos y/o con el grado de cumplimiento de los beneficios planteados.
Al respecto, el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Ernesto Allaria, explicó: “Este panel está en línea con iniciativas de las bolsas de valores más desarrolladas del mundo, los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y estándares internacionales. Su fin es promover las finanzas verdes y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Cómo se negocian
La negociación de este instrumento se realizará en los sistemas de negociación existentes para los respectivos valores negociables. En la web de BYMA estará disponible toda la información relacionada a la emisión del bono, los reportes y el seguimiento.
Finalmente, Allaria, agregó: “En diciembre pasado lanzamos nuestro panel de Gobierno Corporativo y un Índice de Sustentabilidad enfocado en acciones, ahora creamos el primer producto sostenible para renta fija, lo cual nos permite ampliar el alcance de este compromiso en forma exponencial”.
La Social Bond Principles (SBP) entiende por Bonos Sociales cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles, ya sean nuevos y/o existentes; y que estén alineados con los cuatro componentes principales de los SBP.
Dichos proyectos sociales tienen por objetivo ayudar a abordar o mitigar un determinado problema social y/o conseguir resultados sociales positivos en especial, pero no exclusivamente, para un determinado grupo de la población.
Por su parte, la Green Bond Principles (GBP) define los Bonos Verdes como cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar, o refinanciar, ya sea en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, nuevos o existentes y que se encuentren en línea con los cuatro componentes principales de los GBP.
La Climate Bonds Initiative define a los bonos verdes como aquellos bonos donde el uso de los recursos es segregado para financiar nuevos proyectos y también refinanciar existentes con beneficios ambientales.
Consultados sobre cómo se eligen las métricas para informar sobre el impacto ambiental o la eficiencia de los proyectos y quién está a cargo de esta elección, voceros de la BYMA aclararon que para ayudar a las métricas armonizadas entre los emisores de Green Bond, el Grupo de trabajo de informes de impacto de los Principios de Green Bond ofreció sugerencias sobre las mejores prácticas en las métricas de informes de impacto para ciertas categorías elegibles del Proyecto Green Bond.
.
Fecha de Publicación: 24/09/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Con un leve atraso con respecto a la región, finalmente la Bolsa de Valores de Argentina lanza el primer panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables. Estará integrado por Valores Negociables que apunten a contribuir con la mejora del medio ambiente y/o con problemáticas sociales.
Los emisores de este tipo de bonos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de listad o y, adicionalmente, con aquellos exigidos en el Reglamento de Panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables.
Los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, categorías de proyectos verdes elegibles como energías renovables, conservación de la biodiversidad, entre otros, o categorías sociales elegibles como infraestructura básica asequible (agua potable, alcantarillado, saneamiento), acceso a servicios esenciales (salud, asistencia sanitaria, financiación y servicios financieros) y generación de empleo. Los bonos sustentables son una combinación de ambos.
Los emisores deberán contar con una “revisión externa”, a fin de proporcionar credibilidad y da certeza a los inversionistas sobre los impactos ambientales y/o sociales de los proyectos. Además, será necesario que los emisores desarrollen informes con cierta periodicidad relacionados con el uso de los fondos y/o con el grado de cumplimiento de los beneficios planteados.
Al respecto, el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Ernesto Allaria, explicó: “Este panel está en línea con iniciativas de las bolsas de valores más desarrolladas del mundo, los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y estándares internacionales. Su fin es promover las finanzas verdes y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Cómo se negocian
La negociación de este instrumento se realizará en los sistemas de negociación existentes para los respectivos valores negociables. En la web de BYMA estará disponible toda la información relacionada a la emisión del bono, los reportes y el seguimiento.
Finalmente, Allaria, agregó: “En diciembre pasado lanzamos nuestro panel de Gobierno Corporativo y un Índice de Sustentabilidad enfocado en acciones, ahora creamos el primer producto sostenible para renta fija, lo cual nos permite ampliar el alcance de este compromiso en forma exponencial”.
La Social Bond Principles (SBP) entiende por Bonos Sociales cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles, ya sean nuevos y/o existentes; y que estén alineados con los cuatro componentes principales de los SBP.
Dichos proyectos sociales tienen por objetivo ayudar a abordar o mitigar un determinado problema social y/o conseguir resultados sociales positivos en especial, pero no exclusivamente, para un determinado grupo de la población.
Por su parte, la Green Bond Principles (GBP) define los Bonos Verdes como cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar, o refinanciar, ya sea en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, nuevos o existentes y que se encuentren en línea con los cuatro componentes principales de los GBP.
La Climate Bonds Initiative define a los bonos verdes como aquellos bonos donde el uso de los recursos es segregado para financiar nuevos proyectos y también refinanciar existentes con beneficios ambientales.
Consultados sobre cómo se eligen las métricas para informar sobre el impacto ambiental o la eficiencia de los proyectos y quién está a cargo de esta elección, voceros de la BYMA aclararon que para ayudar a las métricas armonizadas entre los emisores de Green Bond, el Grupo de trabajo de informes de impacto de los Principios de Green Bond ofreció sugerencias sobre las mejores prácticas en las métricas de informes de impacto para ciertas categorías elegibles del Proyecto Green Bond.
.
Industria del etanol con un 20% de capacidad ociosa
Estiman que hay un 20% de capacidad ociosa en la industria argentina del etanol
Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El dato surge de un informe especial de la Bolsa rosarina. En el sector proponen aumentar el corte de la nafta con el biocombustible
Se proyecta que la producción argentina de etanol va a terminar el 2019 con unos 1.100 millones de litros, una cifra similar a la del año pasado. El problema es que en las plantas que procesan el maíz y la caña de azúcar hay un 20% de capacidad instalada que está ociosa y que podría aprovecharse -plantean desde el sector- con un aumento en el corte de la nafta con el biocombustible.
“La experiencia de otros países latinoamericanos como Brasil y Paraguay, donde el corte obligatorio para la nafta llega al 27%, indica que esta participación no compromete el buen funcionamiento de los automóviles. El caso brasileño es especialmente pertinente al sector de bioetanol argentino ya que ambos países tienen una flota automovilística muy similar con fabricación conjunta de numerosos modelos de autos”, señala un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que escribió Desiré Sigaudo.
En la Argentina se impuso desde 2010 un corte obligatorio de etanol en la nafta del 5% (E5). En enero de 2014 la mezcla exigida aumentó al 9% y en febrero se elevó el corte al 10%. Dos años después, en 2016, el requerimiento de mezcla de etanol en naftas fue elevado al 12% (E12), y se mantiene en ese porcentaje desde entonces. “La ley determina, además, que la participación de etanol de maíz y etanol de azúcar en el total deberá mantenerse en proporciones idénticas”, precisa el informe.
El aumento de la capacidad ociosa se explica por la incorporación de cinco refinerías que incrementaron en un 16,7% la capacidad instalada nacional pero cuya habilitación no estuvo acompañada de un incentivo de demanda para el bioetanol.
Las posibilidades de orientar este mayor volumen de etanol hacia el mercado externo son escasas en el corto plazo ya que el mercado estadounidense permanece cerrado y la Unión Europea continúa limitando la entrada del bioetanol por volumen y precio.
Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, agrupadas en la “Liga de provincias bioenergéticas”, vienen promoviendo la producción, uso y comercialización de etanol y biodiésel. Los reclamos apuntan a aprovechar de manera más eficiente los bienes de capital instalados en el país al mismo tiempo que se mejora la sustentabilidad del transporte en Argentina. “Sin embargo, la posición del Estado Nacional de cara a la expiración del régimen promocional de biocombustibles en 2021 se orienta a flexibilizar y liberalizar este mercado, dada su imposibilidad de continuar apoyando al sector en el contexto de lograr el déficit cero”, advierte la Bolsa rosarina.
En caso de incrementarse el corte E12 en naftas manteniendo la relación 50-50 para la caña de azúcar y el maíz, la Argentina deberá aumentar su producción azucarera. Actualmente, el país es capaz de autoabastecer su demanda interna de azúcar, exportar azúcar y producir bioetanol para uso como combustible y en industrias. Si el corte obligatorio subiera, la producción de caña de azúcar debería aumentar tanto en área sembrada como en rendimientos para poder hacer frente a una mayor demanda del cultivo para combustibles.
“El caso en el mercado del maíz es sustancialmente diferente ya que Argentina es el cuarto productor mundial cereal y actualmente sólo el 3% de la cosecha se destina a la industria del etanol, por lo que bastaría con reasignar una mayor proporción del producto a esta industria”, concluye el informe.
.
Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El dato surge de un informe especial de la Bolsa rosarina. En el sector proponen aumentar el corte de la nafta con el biocombustible
Se proyecta que la producción argentina de etanol va a terminar el 2019 con unos 1.100 millones de litros, una cifra similar a la del año pasado. El problema es que en las plantas que procesan el maíz y la caña de azúcar hay un 20% de capacidad instalada que está ociosa y que podría aprovecharse -plantean desde el sector- con un aumento en el corte de la nafta con el biocombustible.
“La experiencia de otros países latinoamericanos como Brasil y Paraguay, donde el corte obligatorio para la nafta llega al 27%, indica que esta participación no compromete el buen funcionamiento de los automóviles. El caso brasileño es especialmente pertinente al sector de bioetanol argentino ya que ambos países tienen una flota automovilística muy similar con fabricación conjunta de numerosos modelos de autos”, señala un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que escribió Desiré Sigaudo.
En la Argentina se impuso desde 2010 un corte obligatorio de etanol en la nafta del 5% (E5). En enero de 2014 la mezcla exigida aumentó al 9% y en febrero se elevó el corte al 10%. Dos años después, en 2016, el requerimiento de mezcla de etanol en naftas fue elevado al 12% (E12), y se mantiene en ese porcentaje desde entonces. “La ley determina, además, que la participación de etanol de maíz y etanol de azúcar en el total deberá mantenerse en proporciones idénticas”, precisa el informe.
El aumento de la capacidad ociosa se explica por la incorporación de cinco refinerías que incrementaron en un 16,7% la capacidad instalada nacional pero cuya habilitación no estuvo acompañada de un incentivo de demanda para el bioetanol.
Las posibilidades de orientar este mayor volumen de etanol hacia el mercado externo son escasas en el corto plazo ya que el mercado estadounidense permanece cerrado y la Unión Europea continúa limitando la entrada del bioetanol por volumen y precio.
Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, agrupadas en la “Liga de provincias bioenergéticas”, vienen promoviendo la producción, uso y comercialización de etanol y biodiésel. Los reclamos apuntan a aprovechar de manera más eficiente los bienes de capital instalados en el país al mismo tiempo que se mejora la sustentabilidad del transporte en Argentina. “Sin embargo, la posición del Estado Nacional de cara a la expiración del régimen promocional de biocombustibles en 2021 se orienta a flexibilizar y liberalizar este mercado, dada su imposibilidad de continuar apoyando al sector en el contexto de lograr el déficit cero”, advierte la Bolsa rosarina.
En caso de incrementarse el corte E12 en naftas manteniendo la relación 50-50 para la caña de azúcar y el maíz, la Argentina deberá aumentar su producción azucarera. Actualmente, el país es capaz de autoabastecer su demanda interna de azúcar, exportar azúcar y producir bioetanol para uso como combustible y en industrias. Si el corte obligatorio subiera, la producción de caña de azúcar debería aumentar tanto en área sembrada como en rendimientos para poder hacer frente a una mayor demanda del cultivo para combustibles.
“El caso en el mercado del maíz es sustancialmente diferente ya que Argentina es el cuarto productor mundial cereal y actualmente sólo el 3% de la cosecha se destina a la industria del etanol, por lo que bastaría con reasignar una mayor proporción del producto a esta industria”, concluye el informe.
.
Juicio por derrame en Veladero sin acusados de la empresa
A cuatro años del derrame de la mina Veladero, cinco ex funcionarios nacionales irán a juicio oral
Fecha de Publicación: 18/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio.
Cinco ex funcionarios nacionales, entre ellos tres ex secretarios de Medio Ambiente, irán a juicio oral mientras ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio a cuatro años del derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada de la mina Veladero (San Juan) de la empresa Barrick Gold, recordaron hoy asambleístas ambientales que mantienen una protesta en el municipio de Jáchal.
"Cuando nos enteramos del derrame varios vecinos y vecinas estábamos organizados desde hacía unos meses a raíz del peligro de la instalación de una mina de Uranio", recordó a Télam Domingo Jofré, integrante de la Asamblea Jachal no se Toca, una ciudad situada a 300 kilómetros río abajo de Veladero, ubicado en el Departamento de Iglesia.
Y, continuó: "Fuimos nosotros quienes dijimos al resto: cerremos el agua, hagamos análisis, veamos cómo está la planta potabilizadora, etc.".
Domingo Jofré es uno de los manifestantes que acampa desde hace 1.400 días frente a la Municipalidad para exigir, entre otros temas, "que Veladero cierre y mitigue de alguna manera el daño ambiental que hizo".
Según consta en el expediente judicial entre los días 12 y 13 de septiembre de 2015 "se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviación) lo que ocasionó el derrame un millón setenta y dos millitros de solución cianurada (...) hacia el río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal".
Tras idas y vueltas, en mayo de 2016 la Corte Suprema de la Nación dividió la competencia y definió que la Justicia sanjuanina debía juzgar a los responsables provinciales y de la empresa, mientras que la federal debía investigar la actuación de los funcionarios nacionales.
En el plano federal, el juez Sebastián Casanello dispuso -en octubre de 2018- elevar a juicio oral (causa 10049/15) a Sergio Lorusso (ex secretario de Ambiente), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En junio de 2018, Casanello ya había elevado a juicio oral a Lorusso junto a otros ex secretarios de Medio Ambiente, Juan José Mussi y Omar Judis, y a Ricardo Villaba (ex titular de IANIGLA) por el delito de abuso de autoridad en relación a la Ley de Glaciares en una causa desprendida de la del derrame.
"La justicia federal realizó una gran investigación, aceptó a la Asamblea de Jachal como querellante, contrató un perito internacional que constató los daños y está llevando a juicio oral a las máximas autoridades ambientales, será un juicio histórico", señaló Enrique Viale, abogado de la Asamblea, e informó que si bien ya está asignado el tribunal, no hay fecha fijada para el inicio del juicio.
Por su parte, el entonces el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a ocho empleados de la empresa por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, por actuar con "negligencia o impericia", además de transgredir la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, pero no imputó a ningún funcionario provincial.
A dos años y medio del derrame, tras la renuncia de Oritja al cargo de juez de la Segunda Circunscripción, la causa quedó en manos del Juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, mientras que Sohar Alfredo Aballay asumió como fiscal.
.
Fecha de Publicación: 18/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio.
Cinco ex funcionarios nacionales, entre ellos tres ex secretarios de Medio Ambiente, irán a juicio oral mientras ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio a cuatro años del derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada de la mina Veladero (San Juan) de la empresa Barrick Gold, recordaron hoy asambleístas ambientales que mantienen una protesta en el municipio de Jáchal.
"Cuando nos enteramos del derrame varios vecinos y vecinas estábamos organizados desde hacía unos meses a raíz del peligro de la instalación de una mina de Uranio", recordó a Télam Domingo Jofré, integrante de la Asamblea Jachal no se Toca, una ciudad situada a 300 kilómetros río abajo de Veladero, ubicado en el Departamento de Iglesia.
Y, continuó: "Fuimos nosotros quienes dijimos al resto: cerremos el agua, hagamos análisis, veamos cómo está la planta potabilizadora, etc.".
Domingo Jofré es uno de los manifestantes que acampa desde hace 1.400 días frente a la Municipalidad para exigir, entre otros temas, "que Veladero cierre y mitigue de alguna manera el daño ambiental que hizo".
Según consta en el expediente judicial entre los días 12 y 13 de septiembre de 2015 "se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviación) lo que ocasionó el derrame un millón setenta y dos millitros de solución cianurada (...) hacia el río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal".
Tras idas y vueltas, en mayo de 2016 la Corte Suprema de la Nación dividió la competencia y definió que la Justicia sanjuanina debía juzgar a los responsables provinciales y de la empresa, mientras que la federal debía investigar la actuación de los funcionarios nacionales.
En el plano federal, el juez Sebastián Casanello dispuso -en octubre de 2018- elevar a juicio oral (causa 10049/15) a Sergio Lorusso (ex secretario de Ambiente), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En junio de 2018, Casanello ya había elevado a juicio oral a Lorusso junto a otros ex secretarios de Medio Ambiente, Juan José Mussi y Omar Judis, y a Ricardo Villaba (ex titular de IANIGLA) por el delito de abuso de autoridad en relación a la Ley de Glaciares en una causa desprendida de la del derrame.
"La justicia federal realizó una gran investigación, aceptó a la Asamblea de Jachal como querellante, contrató un perito internacional que constató los daños y está llevando a juicio oral a las máximas autoridades ambientales, será un juicio histórico", señaló Enrique Viale, abogado de la Asamblea, e informó que si bien ya está asignado el tribunal, no hay fecha fijada para el inicio del juicio.
Por su parte, el entonces el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a ocho empleados de la empresa por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, por actuar con "negligencia o impericia", además de transgredir la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, pero no imputó a ningún funcionario provincial.
A dos años y medio del derrame, tras la renuncia de Oritja al cargo de juez de la Segunda Circunscripción, la causa quedó en manos del Juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, mientras que Sohar Alfredo Aballay asumió como fiscal.
.
Pese a alguna medida, las plantas de biodiésel siguen frenaas
Subieron el precio de venta del biodiésel, pero las plantas siguen paralizadas
Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno subió hoy el precio para el biodiésel, pero desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles ( Cepreb) aseguraron que el nuevo mínimo del valor de venta no es suficiente para el funcionamiento de las plantas, que desde la semana pasada están paradas.
De acuerdo a la disposición 199/2019 publicada en el Boletín Oficial, el precio del biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil se fijó en $33.618 por tonelada para las ventas realizadas a partir del 1° de setiembre. El nuevo precio significa un aumento del 10,28% respecto a la última actualización realizada en mayo de este año.
Sin embargo, Francisco Jáuregui, director ejecutivo de Cepreb, dijo a LA NACION que el precio que se publicó es de referencia y no alcanza. "Está muy por debajo de los costos de operación", aseveró. El ejecutivo indicó que las plantas continúan paradas y que no saben si bajo estas condiciones se podrá entregar el biocombustible a las petroleras.
Según datos de la Federación Industrial de Santa Fe ( Fisfe), hay 54 plantas de biocombustibles en el país, de las cuales 19 son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe.
Además, Jáuregui adelantó que según conversaciones que entabló el sector con la Secretaría de Energía, está en vías de reglamentación la posibilidad de que se publiquen partidas extraordinarias a modo de subsidio para compensar el diferencial entre el precio publicado y el que "debería ser".
"En teoría se debería publicar mañana", dijo el ejecutivo. Pero añadió que incluso con ese subsidio el precio continuará sin ser suficiente. "Pasaría a un precio de venta de $35.000 por tonelada, cuando en verdad el valor debería estar cerca de los $40.000", afirmó.
Respecto al precio publicado en el Boletín Oficial, explicó que es un valor de referencia que abre lugar a que cada pyme individualmente pueda acordar las condiciones y el valor de venta con las petroleras para cubrir los costos. En este sentido, sostuvo: "Las pymes quedan a merced de la petrolera, por lo que se requiere del involucramiento del Estado para garantizar que se cumplan las condiciones pactadas". Jáuregui afirmó que en caso de que esto no ocurra no se podrá volver a producir.
En la norma oficial se indica que se realizaron modificaciones al precio de venta "conforme haberse detectado la necesidad de revisar algunas de sus variables, para que la fórmula en cuestión incentive mayor eficiencia en la actividad y refleje la variación de los costos de elaboración del biodiésel en el contexto macroeconómico del país".
La semana pasada, desde el sector de biocombustibles anunciaron la paralización de sus plantas luego de que el congelamiento de precios en las naftas y el gasoil se extendiera a la actividad. También afectó al sector la modificación del cálculo para el precio que, de acuerdo a la industria, dejó valores por debajo de los costos.
El biocombustible para el gasoil y la nafta tiene los siguientes componentes: el biodiésel se mezcla en un 10% con el gasoil y se hace con aceite de soja, y el etanol, que se incorpora en un 12% en las naftas, se elabora con maíz y caña de azúcar. El sector nació tras la ley de biocombustibles de 2006 que brindó un apoyo para que las pymes abastecieran el mercado interno, con el objetivo de desarrollar las economías regionales.
.
Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno subió hoy el precio para el biodiésel, pero desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles ( Cepreb) aseguraron que el nuevo mínimo del valor de venta no es suficiente para el funcionamiento de las plantas, que desde la semana pasada están paradas.
De acuerdo a la disposición 199/2019 publicada en el Boletín Oficial, el precio del biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil se fijó en $33.618 por tonelada para las ventas realizadas a partir del 1° de setiembre. El nuevo precio significa un aumento del 10,28% respecto a la última actualización realizada en mayo de este año.
Sin embargo, Francisco Jáuregui, director ejecutivo de Cepreb, dijo a LA NACION que el precio que se publicó es de referencia y no alcanza. "Está muy por debajo de los costos de operación", aseveró. El ejecutivo indicó que las plantas continúan paradas y que no saben si bajo estas condiciones se podrá entregar el biocombustible a las petroleras.
Según datos de la Federación Industrial de Santa Fe ( Fisfe), hay 54 plantas de biocombustibles en el país, de las cuales 19 son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe.
Además, Jáuregui adelantó que según conversaciones que entabló el sector con la Secretaría de Energía, está en vías de reglamentación la posibilidad de que se publiquen partidas extraordinarias a modo de subsidio para compensar el diferencial entre el precio publicado y el que "debería ser".
"En teoría se debería publicar mañana", dijo el ejecutivo. Pero añadió que incluso con ese subsidio el precio continuará sin ser suficiente. "Pasaría a un precio de venta de $35.000 por tonelada, cuando en verdad el valor debería estar cerca de los $40.000", afirmó.
Respecto al precio publicado en el Boletín Oficial, explicó que es un valor de referencia que abre lugar a que cada pyme individualmente pueda acordar las condiciones y el valor de venta con las petroleras para cubrir los costos. En este sentido, sostuvo: "Las pymes quedan a merced de la petrolera, por lo que se requiere del involucramiento del Estado para garantizar que se cumplan las condiciones pactadas". Jáuregui afirmó que en caso de que esto no ocurra no se podrá volver a producir.
En la norma oficial se indica que se realizaron modificaciones al precio de venta "conforme haberse detectado la necesidad de revisar algunas de sus variables, para que la fórmula en cuestión incentive mayor eficiencia en la actividad y refleje la variación de los costos de elaboración del biodiésel en el contexto macroeconómico del país".
La semana pasada, desde el sector de biocombustibles anunciaron la paralización de sus plantas luego de que el congelamiento de precios en las naftas y el gasoil se extendiera a la actividad. También afectó al sector la modificación del cálculo para el precio que, de acuerdo a la industria, dejó valores por debajo de los costos.
El biocombustible para el gasoil y la nafta tiene los siguientes componentes: el biodiésel se mezcla en un 10% con el gasoil y se hace con aceite de soja, y el etanol, que se incorpora en un 12% en las naftas, se elabora con maíz y caña de azúcar. El sector nació tras la ley de biocombustibles de 2006 que brindó un apoyo para que las pymes abastecieran el mercado interno, con el objetivo de desarrollar las economías regionales.
.
El agua de Mar del Plata muy contaminada
Petróleo, bacterias fecales y pescado podrido en el agua de Mar del Plata: la contaminación que investiga la Justicia
Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad costera confirmó el procesamiento de empresarios que fabrican harina de pescado. Los desechos vertidos en la zona del puerto son el eje del caso
En el mismo mar donde durante el verano miles de familias empapan y relajan sus cuerpos de vacaciones, una fábrica de harina de pescado volcó durante años sustancias tóxicas con total impunidad. Se presume que fue así, al menos, hasta que el olfato (literalmente) de dos agentes de Prefectura Naval, alertados por una aroma nauseabundo durante un recorrido por la playa del puerto de Mar del Plata, abrió una investigación paradigmática a cargo del juez federal Santiago Inchausti en relación con los delitos ambientales de la ciudad costera.
Siete directivos de la compañía Coomarpes, cuyos nombres no trascendieron, fueron los primeros empresarios de la historia judicial marplatense en haber sido investigados y procesados por un delito federal que podría significarles una pena de hasta 10 años de prisión por violar la ley nacional de residuos peligrosos y contaminar el ambiente.
Si bien la causa se abrió en 2016, la situación de estos empresarios se complicó el pasado 5 de septiembre cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento que había dictado el juez Santiago Inchausti, el embargo de $2 millones a cada uno de los imputados y la conformación de un incidente de control y verificación de impacto ambiental contra Coomarpes.
La investigación comenzó el 25 de febrero de 2016 cuando la Justicia federal buscaba pruebas en la zona del puerto marplatense en otra causa por contaminación. Durante ese trabajo, dos agentes de Prefectura Naval Argentina detectaron en un desagüe pluvial de la "playa del puerto" –un espacio público ubicado entre la zona de embarcaciones y Punta Mogotes, que en verano es frecuentado por bañistas– la "descarga de un líquido color oscuro con elevado olor a putrefacción", según indica el expediente, al que tuvo acceso Infobae.
Los agentes rápidamente detectaron que los líquidos provenían de diferentes bocas de tormenta cercanas a la fábrica de harina de pescado y ese mismo mes comenzó una investigación que descubrió una presunta práctica sistemática y cotidiana de vertido de sustancias tóxicas sin el proceso obligatorio de tratamiento de residuos que impone la ley.
El juez Inchausti ordenó enseguida la toma de 12 muestras del líquido y el barro encontrado en distintos puntos del recorrido (el desagüe pluvial que desemboca en la playa, la tubería de PVC de la planta de la empresa, la tapa de registro de agua de la planta de la firma y el espejo de agua de la playa), que fueron analizadas por distintos expertos. Y, dos días después, indicó la extracción de otras 24 muestras.
Los resultados de esos análisis demostraron que las sustancias tóxicas provenían del galpón de la fábrica de harina de pescado, del taller y del área de lavado de cajones y que estaban en el agua hasta en proporciones 20 veces mayor que el límite permitido. "Superaban ampliamente los parámetros cualitativos y cuantitativos de los normados como límites
admisibles que regula la Resolución 336/03 de la Autoridad del Agua", remarcó Inchausti en el fallo donde procesó a los empresarios y al que accedió Infobae.
Las sustancias encontradas fueron amoníaco, nitritos, sulfuros, cobre, grasas, aceites, petróleo, materia fecal y plomo, entre otros. Los expertos consultados en la causa explicaron que este material tóxico provoca la obstrucción de las cañerías por acumulación de grasas y sedimentos en los pozos de bombeo de las estaciones elevadoras de la empresa del servicio de agua, con la consecuente rotura de éstas.
Y, sobre el medio ambiente, la polución de altas concentraciones de materia orgánica y grasas provoca la generación de malos olores por desprendimiento y la contaminación del agua de mar, con los peligros que eso trae para la salud de los animales que habitan el océano y los eventuales bañistas.
Los abogados defensores de los siete acusados, directivos de la Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria (el nombre formal de Coomarpes), cuestionaron al juez Inchausti y plantearon que no generaban residuos peligrosos, que no estaba probado que se hubiera contaminado el mar y que no se podía hablar de delito ecológico. Pero los jueces de la Cámara desestimaron la semana pasada las observaciones.
En la última audiencia, celebrada en marzo, la querella del caso destacó que el color y el olor de los líquidos son consecuencia de la presencia de desechos de pescados y mariscos en estado de descomposición y que resultan altamente contaminantes por sus altos niveles de DQO/DBO (cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas), que suponen un riesgo para la salud humana.
El fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler, remarcó en esa misma oportunidad que "se ha verificado un innegable hecho contaminante", que "demostraron indudablemente la presencia de coliformes fecales, los cuales –según las conclusiones periciales– afectan la salud de la población, de los niños que juegan en la playa del puerto, playa pública por cierto".
"Pensé que las defensas iban a reconocer el hecho indudablemente contaminante, que iban a ponerse a disposición de la Justicia, a encauzar esto a través de la responsabilidad social empresaria; nada de eso. Han venido a negar el hecho, un hecho indudable, dentro de un puerto que está en una situación vergonzosa en cuanto a suciedad, que se evidencia en esta causa que lleva muchísimo tiempo, por lentitud e ineficacia de la Justicia federal de Mar del Plata", advirtió Adler, que calificó la actitud de los imputados como "pertinaz y rebelde frente a la ley".
Los procesados por el caso son, precisamente, los más altos directivos de Coomarpes: presidente, vicepresidente, secretario, vocales titulares, síndico titular y gerente.
Los acusados, que siempre se negaron a declarar, están en libertad y esperarán el juicio (sin fecha estimada por ahora) en esa condición. "Es un delito relativamente leve dentro del Código Penal y siempre han estado sujetos a derecho, por lo que no existe riesgo procesal ni de fuga en el camino al juicio", explicó una fuente del caso, para justificar por qué no se dictó la prisión preventiva.
No obstante, la Cámara de Apelaciones entendió que los imputados "decidieron con conocimiento y voluntad desechar esos residuos contaminantes por los pluviales", lo que conformaría un dolo directo y eso agravaría la pena, que se estima de hasta 10 años de prisión.
El caso de Coomarpes sienta un precedente grave sobre contaminación en el puerto de Mar del Plata, pero no es el único. "Hemos detectado varios buques pesqueros que dentro de su mecánica de producción diaria arrojaban los desechos líquidos directamente al mar en la zona del puerto", comentó una fuente judicial.
Entre los vecinos del sur de Mar del Plata siempre existió la sospecha de contaminación de parte de las fábricas de harina de pescado de la zona. "Acá siempre hubo mucho olor feo, a podrido, en la zona del puerto, y siempre se trató de determinar si era de la producción de la harina de pescado, es un olor muy molesto y que se siente a varias cuadras", comentó un habitante de la zona, que prefirió no dar su nombre.
En su página web, Coomarpes relata que funciona desde 1950: "Hoy Coomarpes agrupa a más de 80 embarcaciones de distintas dimensiones, que utilizando diferentes métodos y artes de pesca se dedican a la captura de diversas especies, totalizando alrededor de 30.000 toneladas anuales. Con una administración fundada en la transparencia, honestidad y alto sentido de la responsabilidad social, posibilita el desarrollo directo e indirecto de más de cinco mil familias relacionadas al sector pesquero".
Los jueces de Cámara Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez además ordenaron al magistrado Inchausti que profundice la investigación "con el objeto de aportar nuevos elementos de cargo que permitan contar con mayores detalles sobre la modalidad y particularidad del proceso de toma de decisiones, y las responsabilidades funcionales inherentes de los sindicados en la empresa investigada".
Sobre los embargos de dos millones de pesos a cada imputado justificaron: "No puede desconocerse que los delitos ambientales suelen generar daños cuya reparación, sea en modalidad de restitución o indemnización, demandan grandes recursos económicos".
"Ordenamos formar un legajo de seguimiento, con la idea de cortar esta práctica de ahora en adelante. Pedimos a las agencias de control que hagan chequeos bimestrales y hagan inspecciones en la empresa periódicamente", comentó a Infobae uno de los investigadores, quien resaltó: "Es la primera vez que se procesa a una empresa por este tipo de contaminación. En la zona hay playas de bañistas, hay varios clubes que tienen sus sectores dentro del espejo de agua del puerto. Además de la contaminación de la reserva de lobos marinos, peces y organismos vivos, puede perjudicar seriamente la salud de las personas".
.
Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad costera confirmó el procesamiento de empresarios que fabrican harina de pescado. Los desechos vertidos en la zona del puerto son el eje del caso
En el mismo mar donde durante el verano miles de familias empapan y relajan sus cuerpos de vacaciones, una fábrica de harina de pescado volcó durante años sustancias tóxicas con total impunidad. Se presume que fue así, al menos, hasta que el olfato (literalmente) de dos agentes de Prefectura Naval, alertados por una aroma nauseabundo durante un recorrido por la playa del puerto de Mar del Plata, abrió una investigación paradigmática a cargo del juez federal Santiago Inchausti en relación con los delitos ambientales de la ciudad costera.
Siete directivos de la compañía Coomarpes, cuyos nombres no trascendieron, fueron los primeros empresarios de la historia judicial marplatense en haber sido investigados y procesados por un delito federal que podría significarles una pena de hasta 10 años de prisión por violar la ley nacional de residuos peligrosos y contaminar el ambiente.
Si bien la causa se abrió en 2016, la situación de estos empresarios se complicó el pasado 5 de septiembre cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento que había dictado el juez Santiago Inchausti, el embargo de $2 millones a cada uno de los imputados y la conformación de un incidente de control y verificación de impacto ambiental contra Coomarpes.
La investigación comenzó el 25 de febrero de 2016 cuando la Justicia federal buscaba pruebas en la zona del puerto marplatense en otra causa por contaminación. Durante ese trabajo, dos agentes de Prefectura Naval Argentina detectaron en un desagüe pluvial de la "playa del puerto" –un espacio público ubicado entre la zona de embarcaciones y Punta Mogotes, que en verano es frecuentado por bañistas– la "descarga de un líquido color oscuro con elevado olor a putrefacción", según indica el expediente, al que tuvo acceso Infobae.
Los agentes rápidamente detectaron que los líquidos provenían de diferentes bocas de tormenta cercanas a la fábrica de harina de pescado y ese mismo mes comenzó una investigación que descubrió una presunta práctica sistemática y cotidiana de vertido de sustancias tóxicas sin el proceso obligatorio de tratamiento de residuos que impone la ley.
El juez Inchausti ordenó enseguida la toma de 12 muestras del líquido y el barro encontrado en distintos puntos del recorrido (el desagüe pluvial que desemboca en la playa, la tubería de PVC de la planta de la empresa, la tapa de registro de agua de la planta de la firma y el espejo de agua de la playa), que fueron analizadas por distintos expertos. Y, dos días después, indicó la extracción de otras 24 muestras.
Los resultados de esos análisis demostraron que las sustancias tóxicas provenían del galpón de la fábrica de harina de pescado, del taller y del área de lavado de cajones y que estaban en el agua hasta en proporciones 20 veces mayor que el límite permitido. "Superaban ampliamente los parámetros cualitativos y cuantitativos de los normados como límites
admisibles que regula la Resolución 336/03 de la Autoridad del Agua", remarcó Inchausti en el fallo donde procesó a los empresarios y al que accedió Infobae.
Las sustancias encontradas fueron amoníaco, nitritos, sulfuros, cobre, grasas, aceites, petróleo, materia fecal y plomo, entre otros. Los expertos consultados en la causa explicaron que este material tóxico provoca la obstrucción de las cañerías por acumulación de grasas y sedimentos en los pozos de bombeo de las estaciones elevadoras de la empresa del servicio de agua, con la consecuente rotura de éstas.
Y, sobre el medio ambiente, la polución de altas concentraciones de materia orgánica y grasas provoca la generación de malos olores por desprendimiento y la contaminación del agua de mar, con los peligros que eso trae para la salud de los animales que habitan el océano y los eventuales bañistas.
Los abogados defensores de los siete acusados, directivos de la Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria (el nombre formal de Coomarpes), cuestionaron al juez Inchausti y plantearon que no generaban residuos peligrosos, que no estaba probado que se hubiera contaminado el mar y que no se podía hablar de delito ecológico. Pero los jueces de la Cámara desestimaron la semana pasada las observaciones.
En la última audiencia, celebrada en marzo, la querella del caso destacó que el color y el olor de los líquidos son consecuencia de la presencia de desechos de pescados y mariscos en estado de descomposición y que resultan altamente contaminantes por sus altos niveles de DQO/DBO (cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas), que suponen un riesgo para la salud humana.
El fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler, remarcó en esa misma oportunidad que "se ha verificado un innegable hecho contaminante", que "demostraron indudablemente la presencia de coliformes fecales, los cuales –según las conclusiones periciales– afectan la salud de la población, de los niños que juegan en la playa del puerto, playa pública por cierto".
"Pensé que las defensas iban a reconocer el hecho indudablemente contaminante, que iban a ponerse a disposición de la Justicia, a encauzar esto a través de la responsabilidad social empresaria; nada de eso. Han venido a negar el hecho, un hecho indudable, dentro de un puerto que está en una situación vergonzosa en cuanto a suciedad, que se evidencia en esta causa que lleva muchísimo tiempo, por lentitud e ineficacia de la Justicia federal de Mar del Plata", advirtió Adler, que calificó la actitud de los imputados como "pertinaz y rebelde frente a la ley".
Los procesados por el caso son, precisamente, los más altos directivos de Coomarpes: presidente, vicepresidente, secretario, vocales titulares, síndico titular y gerente.
Los acusados, que siempre se negaron a declarar, están en libertad y esperarán el juicio (sin fecha estimada por ahora) en esa condición. "Es un delito relativamente leve dentro del Código Penal y siempre han estado sujetos a derecho, por lo que no existe riesgo procesal ni de fuga en el camino al juicio", explicó una fuente del caso, para justificar por qué no se dictó la prisión preventiva.
No obstante, la Cámara de Apelaciones entendió que los imputados "decidieron con conocimiento y voluntad desechar esos residuos contaminantes por los pluviales", lo que conformaría un dolo directo y eso agravaría la pena, que se estima de hasta 10 años de prisión.
El caso de Coomarpes sienta un precedente grave sobre contaminación en el puerto de Mar del Plata, pero no es el único. "Hemos detectado varios buques pesqueros que dentro de su mecánica de producción diaria arrojaban los desechos líquidos directamente al mar en la zona del puerto", comentó una fuente judicial.
Entre los vecinos del sur de Mar del Plata siempre existió la sospecha de contaminación de parte de las fábricas de harina de pescado de la zona. "Acá siempre hubo mucho olor feo, a podrido, en la zona del puerto, y siempre se trató de determinar si era de la producción de la harina de pescado, es un olor muy molesto y que se siente a varias cuadras", comentó un habitante de la zona, que prefirió no dar su nombre.
En su página web, Coomarpes relata que funciona desde 1950: "Hoy Coomarpes agrupa a más de 80 embarcaciones de distintas dimensiones, que utilizando diferentes métodos y artes de pesca se dedican a la captura de diversas especies, totalizando alrededor de 30.000 toneladas anuales. Con una administración fundada en la transparencia, honestidad y alto sentido de la responsabilidad social, posibilita el desarrollo directo e indirecto de más de cinco mil familias relacionadas al sector pesquero".
Los jueces de Cámara Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez además ordenaron al magistrado Inchausti que profundice la investigación "con el objeto de aportar nuevos elementos de cargo que permitan contar con mayores detalles sobre la modalidad y particularidad del proceso de toma de decisiones, y las responsabilidades funcionales inherentes de los sindicados en la empresa investigada".
Sobre los embargos de dos millones de pesos a cada imputado justificaron: "No puede desconocerse que los delitos ambientales suelen generar daños cuya reparación, sea en modalidad de restitución o indemnización, demandan grandes recursos económicos".
"Ordenamos formar un legajo de seguimiento, con la idea de cortar esta práctica de ahora en adelante. Pedimos a las agencias de control que hagan chequeos bimestrales y hagan inspecciones en la empresa periódicamente", comentó a Infobae uno de los investigadores, quien resaltó: "Es la primera vez que se procesa a una empresa por este tipo de contaminación. En la zona hay playas de bañistas, hay varios clubes que tienen sus sectores dentro del espejo de agua del puerto. Además de la contaminación de la reserva de lobos marinos, peces y organismos vivos, puede perjudicar seriamente la salud de las personas".
.
Argentina con buenos vientos a futuro para el mercado eólico
Según un informe internacional Argentina será un mercado eólico líder en la región
Fecha de Publicación: 13/09/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Argentina se convertirá en los próximos años en un "mercado eólico líder de América Latina" si logra superar los desafíos vinculados a la búsqueda de nuevas fuentes de capital, aumentar su infraestructura de transmisión eléctrica, indicó hoy un informe del Consejo Mundial de Energía Eólica (Gwec).
Además, señaló que Argentina debe continuar las actuales políticas de energías renovables y resolver la competencia inversora del desarrollo del gas de Vaca Muerta.
Así lo planteó la entidad en un informe sobre el desarrollo sectorial de la Argentina, en un contexto en el que advierte "una volatilidad que históricamente ha arruinado su crecimiento económico" pero con la expectativa de que "cualquier nueva administración sea pro-eólica".
"La alta inflación y la débil situación fiscal del Estado afectaron la confianza de los inversores, dificultaron el cierre financiero de los proyectos y frenaron la rápida expansión del sector de las energías renovables" es el análisis que la realizó la mayor entidad de la industria eólica.
Como parte de las dificultades, el informe también destacó que Argentina necesita "aumentar sus inversiones en infraestructura de red, un cuello de botella clave que impide un mayor progreso de la energía eólica como una fuente de electricidad sostenible y competitiva en costos para el país".
También los desafíos económicos incluyeron, según el reporte, "la salud financiera de las empresas de servicios públicos, que pueden ocasionar demoras en la ejecución de los proyectos, ya que los acuerdos de adquisición y los acuerdos de compra de energía (PPA) no se pueden finalizar".
Sobre la inminencia de las elecciones de octubre la entidad destacó que con el éxito de los recientes programas de subastas de energía eólica y el apoyo a las energías renovables "en todo el espectro político", la expectativa es que "el resultado de las elecciones no alterará el camino de Argentina para convertirse en un mercado eólico líder en América Latina".
"GWEC espera que el impacto en el sector eólico sea limitado, ya que es probable que cualquier nueva administración sea pro-eólica y renovables", afirmó el informe.
El Consejo analizó el renovado énfasis en las discusiones de políticas sobre el potencial de exportación y generación de ingresos de las grandes reservas de gas en el complejo Vaca Muerta y su interacción con las necesidades que demanda el desarrollo de la energía eólica y renovables.
"Si no se cumplen las expectativas sobre los precios de exportación y el crecimiento de la demanda (global) de gas se desacelera, Vaca Muerta podría terminar siendo una decepción costosa", advirtió.
Y, señaló que los riesgos de que "el gobierno termine dando prioridad al gas para la producción de energía doméstica" podría terminar afectando a la economía argentina con "una opción más costosa para la demanda de energía y canalizando inversiones de infraestructura muy necesarias en el gas en lugar de la transmisión de energía".
.
Nación está matando la industria del biodiésel
Nación prioriza a petroleras y sentencia al sector biodiésel
Fecha de Publicación: 12/09/2019
Fuente: El Ciudadano Web
Provincia/Región: Nacional
El congelamiento de combustibles compromete a la industria con valor agregado y pone en riesgo 60 mil empleos en el país. Desde el sector denuncian que grandes cerealeras violan la ley acaparando el mercado interno
El sector del biodiésel llegará al final del mandato de Cambiemos habiendo padecido cada una de las decisiones en materia de política económica y energética. Tras el conflicto por la fórmula impuesta para el precio de venta de biocombustibles, desde el sector se vieron obligados a paralizar su producción a raíz del congelamiento impuesto tras las Paso y además denuncian que su mercado está siendo acaparado por grandes exportadoras, que abastecen a grandes petroleras, una maniobra prohibida por ley.
Una actividad que alberga a 4.500 empleados de forma directa en Santa Fe, y a 60.000 en 54 plantas productoras de 10 provincias del país, se ve al borde del colapso producto de las decisiones del ministro de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui. “Destrozó una industria generada con mucho esfuerzo”, apuntaron desde el sector perjudicado.
Hace más de tres semanas que la industria del biodiésel se encuentra paralizada. El congelamiento de los combustibles, dispuesto luego de las Paso, incluyó a este sector, caracterizado por el agregado de valor y generación de empleo en su elaboración. Efectivamente se les impuso no aumentar su precio de venta, de por sí ya fijado con arbitrariedad por Lopetegui, sin importar que su producción requiera de insumos dolarizados.
Por otra parte manifestaron, incluso en reuniones con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, que en Santa Fe se está vulnerando la ley de combustibles 26.093. La misma estipula que en el mercado interno, solo las pymes que industrializan biodiésel pueden abastecer a las petroleras. Denuncian el incumplimiento, ya que mientras las plantas se encuentran paralizadas, grandes cerealeras (que solo pueden exportar) están abasteciendo a las petroleras.
Congelamiento de la actividad
Federico Pucciarello es referente de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) y titular de Rosario Bioenergy. En diálogo con El Ciudadano, analizó: “La situación en el sector hoy es realmente devastadora, están todas las plantas paradas hace 20 días, sin previsibilidad de arranque”. De acuerdo a los números solo de agosto, por planta perdieron entre 70 y 80 millones de pesos.
Estas cifras son, no solo producto del irrisorio precio de venta que les impusieron desde la secretaría de Energía de la Nación, sino también por la pérdida que les ocasionó la devaluación pos Paso. Por estos días están cobrar lo entregado entre julio y agosto con un dólar a 44 pesos.
“Desde que vino Lopetegui a la cartera, dejó sin efecto la fórmula, puso un precio a ojo, siempre en favor de la petrolera”, explicó Pucciarello. A esto, se le sumó la decisión del gobierno nacional de congelar los combustibles. A partir de ahí las petroleras pasaron a tener dos tercios de su negocio “descongelado”.
Esto se explica a partir de que el gas (insumo necesario para el combustible) quedó liberado al precio del mercado
Por su parte, el biocombustible no corrió la misma suerte y el precio de venta quedó congelado, sin importar su dependencia directa con la evolución del precio de las conmodities para su elaboración. En ese sentido, el titular de Rosario Bioenergy aseguró: “Nosotros lo que no queremos es echar gente, un paro general de petroleras o 60 mil personas en la calle”.
Transferencia de recursos
Desde el sector biodiésel, sostienen que las decisiones tomadas por la cartera energética, mantienen una lógica constantemente favorable al sector más concentrado de la cadena. “Toda esta transferencia de recursos va a las petoleras”, sentenció Pucciarello.
“Esto es ideológico y personal, el señor Lopetegui destrozó una industria generada con mucho esfuerzo durante más de quince años, acá hay un intencionalidad clara de fundir a las pyme de biocombustibles”, agregó.
Mientras las plantas locales intentan sobrevivir, desde Energía a nivel nacional, la preocupación pasa por abastecer a las petroleras. En medio del conflicto, productores pymes aseguran que se les permitió a las grandes exportadoras de biodiésel vender a un precio por encima del estipulado para las pequeñas. “Hoy Vicentín o Cargill venden a YPF a 39.000 pesos la tonelada mientras pretenden que nosotros la vendamos a 31.500”, detalló el referente del sector.
La denuncia tiene que ver con una clara violación a la ley 26.903 de combustibles. La norma de comercialización vigente establece que las pequeñas acaparen el mercado interno y las multinacionales se orienten al mercado exportador. Pero Pucciarello aseguró que desde la cartera que conduce Lopetegui, se le dio un permiso especial a las petroleras para comprar el producto final a grandes cerealeras, incluso “muy por encima del precio al que pueden vender las pymes”.
Números en la provincia
La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, sigue de cerca el conflicto y forma parte de la negociación entre el sector local y referentes de la cartera nacional. Aseguró a este diario que entre puestos directos e indirectos, la industria del biodiésel sostiene un total de 4.500 empleos en Santa Fe.
“Son empresas que están paralizadas por esta situación y que además dependen de un sistema financiero con una tasa al 84% de interés, con bancos que ven que las empresas están sin precios y sin cupo de venta, no se arriesgan a seguir sosteniendo créditos”, aseguró.
En relación a la posición tomada por la cartera conducida por Lopetegui, Geese consideró: “Todo indica que odian a las pymes, no hay otra interpretación posible, hay intención de favorecer a otro sector de la cadena, si se prioriza la concentración en pocas manos, para los más pequeños es una sentencia de muerte”.
En relación a una posible resolución del conflicto, sostuvo: “Cualquier medida que se tome ahora y que no cubra los costos operativos no es ningún paliativo, es seguir acelerando la muerte de las empresas”. De hecho, junto con las pyme sostiene que una solución parcial puede llegar sin necesidad de subsidios o de inyección de dinero por parte del gobierno nacional.
“Hoy las petroleras están convalidando un precio mayor a los 31.500 pesos (por tonelada), que tiene regulado el sector pyme del biodiésel, lo que hay que hacer es tomar la decisión política de que la renta vaya al sector que le corresponde”, finalizó.
Más allá de instancias de negociación que se llevan adelante por estos días entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y referentes del sector de biocombustibles, la gravedad de la situación parece haber alcanzado un grado difícil de revertir. Mientras la relación con Lopetegui parece haberse quebrado, aguardan por alguna respuesta que desactive la problemática.
Maniobra judicializable
La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, advirtió que “no existe ninguna resolución por parte de Nación” para permitir la venta de biocombustibles de grandes cerealeras a petroleras del mercado interno. “Si llegara a haber una autorización se estaría incumpliendo la ley y estaríamos dispuestos a ser querellantes de la situación, porque eso es algo totalmente ilegal que se posibilite esa situación”, sentenció.
Agregó que si se detecta que las grandes cerealeras están abasteciendo a petroleras del mercado interno “estarían yendo en contra de la ley”. Por eso mismo, y a pesar que desde Nación dicen desconocer esta situación, desde la cartera energética santafesina se mantienen en alerta, ya que consideran, “todas las decisiones que se toman a nivel nacional son siempre en contra de las pymes”.
Geese explicó que, de darse esta situación que vulnera la ley, “las petroleras que estén comprando (a grandes cerealeras) también se exponen a una acción legal, y si eso es con el aval de nación, estamos hablando de algo flagrantemente ilegal”.
.
Fecha de Publicación: 12/09/2019
Fuente: El Ciudadano Web
Provincia/Región: Nacional
El congelamiento de combustibles compromete a la industria con valor agregado y pone en riesgo 60 mil empleos en el país. Desde el sector denuncian que grandes cerealeras violan la ley acaparando el mercado interno
El sector del biodiésel llegará al final del mandato de Cambiemos habiendo padecido cada una de las decisiones en materia de política económica y energética. Tras el conflicto por la fórmula impuesta para el precio de venta de biocombustibles, desde el sector se vieron obligados a paralizar su producción a raíz del congelamiento impuesto tras las Paso y además denuncian que su mercado está siendo acaparado por grandes exportadoras, que abastecen a grandes petroleras, una maniobra prohibida por ley.
Una actividad que alberga a 4.500 empleados de forma directa en Santa Fe, y a 60.000 en 54 plantas productoras de 10 provincias del país, se ve al borde del colapso producto de las decisiones del ministro de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui. “Destrozó una industria generada con mucho esfuerzo”, apuntaron desde el sector perjudicado.
Hace más de tres semanas que la industria del biodiésel se encuentra paralizada. El congelamiento de los combustibles, dispuesto luego de las Paso, incluyó a este sector, caracterizado por el agregado de valor y generación de empleo en su elaboración. Efectivamente se les impuso no aumentar su precio de venta, de por sí ya fijado con arbitrariedad por Lopetegui, sin importar que su producción requiera de insumos dolarizados.
Por otra parte manifestaron, incluso en reuniones con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, que en Santa Fe se está vulnerando la ley de combustibles 26.093. La misma estipula que en el mercado interno, solo las pymes que industrializan biodiésel pueden abastecer a las petroleras. Denuncian el incumplimiento, ya que mientras las plantas se encuentran paralizadas, grandes cerealeras (que solo pueden exportar) están abasteciendo a las petroleras.
Congelamiento de la actividad
Federico Pucciarello es referente de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) y titular de Rosario Bioenergy. En diálogo con El Ciudadano, analizó: “La situación en el sector hoy es realmente devastadora, están todas las plantas paradas hace 20 días, sin previsibilidad de arranque”. De acuerdo a los números solo de agosto, por planta perdieron entre 70 y 80 millones de pesos.
Estas cifras son, no solo producto del irrisorio precio de venta que les impusieron desde la secretaría de Energía de la Nación, sino también por la pérdida que les ocasionó la devaluación pos Paso. Por estos días están cobrar lo entregado entre julio y agosto con un dólar a 44 pesos.
“Desde que vino Lopetegui a la cartera, dejó sin efecto la fórmula, puso un precio a ojo, siempre en favor de la petrolera”, explicó Pucciarello. A esto, se le sumó la decisión del gobierno nacional de congelar los combustibles. A partir de ahí las petroleras pasaron a tener dos tercios de su negocio “descongelado”.
Esto se explica a partir de que el gas (insumo necesario para el combustible) quedó liberado al precio del mercado
Por su parte, el biocombustible no corrió la misma suerte y el precio de venta quedó congelado, sin importar su dependencia directa con la evolución del precio de las conmodities para su elaboración. En ese sentido, el titular de Rosario Bioenergy aseguró: “Nosotros lo que no queremos es echar gente, un paro general de petroleras o 60 mil personas en la calle”.
Transferencia de recursos
Desde el sector biodiésel, sostienen que las decisiones tomadas por la cartera energética, mantienen una lógica constantemente favorable al sector más concentrado de la cadena. “Toda esta transferencia de recursos va a las petoleras”, sentenció Pucciarello.
“Esto es ideológico y personal, el señor Lopetegui destrozó una industria generada con mucho esfuerzo durante más de quince años, acá hay un intencionalidad clara de fundir a las pyme de biocombustibles”, agregó.
Mientras las plantas locales intentan sobrevivir, desde Energía a nivel nacional, la preocupación pasa por abastecer a las petroleras. En medio del conflicto, productores pymes aseguran que se les permitió a las grandes exportadoras de biodiésel vender a un precio por encima del estipulado para las pequeñas. “Hoy Vicentín o Cargill venden a YPF a 39.000 pesos la tonelada mientras pretenden que nosotros la vendamos a 31.500”, detalló el referente del sector.
La denuncia tiene que ver con una clara violación a la ley 26.903 de combustibles. La norma de comercialización vigente establece que las pequeñas acaparen el mercado interno y las multinacionales se orienten al mercado exportador. Pero Pucciarello aseguró que desde la cartera que conduce Lopetegui, se le dio un permiso especial a las petroleras para comprar el producto final a grandes cerealeras, incluso “muy por encima del precio al que pueden vender las pymes”.
Números en la provincia
La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, sigue de cerca el conflicto y forma parte de la negociación entre el sector local y referentes de la cartera nacional. Aseguró a este diario que entre puestos directos e indirectos, la industria del biodiésel sostiene un total de 4.500 empleos en Santa Fe.
“Son empresas que están paralizadas por esta situación y que además dependen de un sistema financiero con una tasa al 84% de interés, con bancos que ven que las empresas están sin precios y sin cupo de venta, no se arriesgan a seguir sosteniendo créditos”, aseguró.
En relación a la posición tomada por la cartera conducida por Lopetegui, Geese consideró: “Todo indica que odian a las pymes, no hay otra interpretación posible, hay intención de favorecer a otro sector de la cadena, si se prioriza la concentración en pocas manos, para los más pequeños es una sentencia de muerte”.
En relación a una posible resolución del conflicto, sostuvo: “Cualquier medida que se tome ahora y que no cubra los costos operativos no es ningún paliativo, es seguir acelerando la muerte de las empresas”. De hecho, junto con las pyme sostiene que una solución parcial puede llegar sin necesidad de subsidios o de inyección de dinero por parte del gobierno nacional.
“Hoy las petroleras están convalidando un precio mayor a los 31.500 pesos (por tonelada), que tiene regulado el sector pyme del biodiésel, lo que hay que hacer es tomar la decisión política de que la renta vaya al sector que le corresponde”, finalizó.
Más allá de instancias de negociación que se llevan adelante por estos días entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y referentes del sector de biocombustibles, la gravedad de la situación parece haber alcanzado un grado difícil de revertir. Mientras la relación con Lopetegui parece haberse quebrado, aguardan por alguna respuesta que desactive la problemática.
Maniobra judicializable
La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, advirtió que “no existe ninguna resolución por parte de Nación” para permitir la venta de biocombustibles de grandes cerealeras a petroleras del mercado interno. “Si llegara a haber una autorización se estaría incumpliendo la ley y estaríamos dispuestos a ser querellantes de la situación, porque eso es algo totalmente ilegal que se posibilite esa situación”, sentenció.
Agregó que si se detecta que las grandes cerealeras están abasteciendo a petroleras del mercado interno “estarían yendo en contra de la ley”. Por eso mismo, y a pesar que desde Nación dicen desconocer esta situación, desde la cartera energética santafesina se mantienen en alerta, ya que consideran, “todas las decisiones que se toman a nivel nacional son siempre en contra de las pymes”.
Geese explicó que, de darse esta situación que vulnera la ley, “las petroleras que estén comprando (a grandes cerealeras) también se exponen a una acción legal, y si eso es con el aval de nación, estamos hablando de algo flagrantemente ilegal”.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios