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Pedido a Diputados por la ley nacional de gestión de envases
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Envases: en busca de la responsabilidad del productor
Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Diecisiete organizaciones reclaman a la Cámara de Diputados que se avance en el tratamiento de una ley nacional de gestión de envases.
Su objetivo: que las marcas se hagan cargo de los residuos de sus propios productos.
De una bolsa de residuos domiciliarios, en promedio, el 60% son envases. Bebidas, artículos de limpieza, envases y más envases. Las botellas de un sólo uso, elaboradas con plástico PET, son las predominantes entre ellos. Hoy no existe una ley en el país que regule su tratamiento. Una vez cumplido su uso, pasan a ser basura y su gestión queda librada a los circuitos locales de recolección y reciclaje. Frente a ello, 17 organizaciones presentaron una carta ante la Cámara de Diputados argumentando la necesidad de contar con una normativa que garantice su necesaria gestión.
“El debate que se ha dado históricamente sobre la gestión de envases se centra en definir quién va a ser el productor responsable por ese residuo que se genera”, explica Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, una de las organizaciones firmantes, y subraya: “Al definir una red, cuando todos son responsables, no hay nadie responsable”.
El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases y Envases Post Consumo, bajo autoría de la diputada María Emilia Soria, se basa en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP). Es decir, que quien introduce un producto envasado al mercado, considere entre sus costos el residuo que genera. El espíritu del principio es preventivo: generar menos residuos. Presentado el año pasado, el proyecto aún espera y por ello las organizaciones han realizado el pedido de convocatoria a una reunión conjunta para acelerar el debate sobre éste y otro proyecto vinculado a la misma temática, presentado por el diputado Facundo Moyano, con especial foco en la inclusión social.
Bilbao diferencia que, bajo ese principio, el proyecto de Soria identifica al envasador como el responsable de la red: “Es importante desde el punto de vista del impacto en el ambiente, porque el envasador es el que determina toda la cadena. Hay un montón de características que hoy la empresa las define por marketing. Si tuvieran internalizado el costo de lo que es el residuo, van a cambiar su diseño para que sus productos puedan ser reciclados más fácilmente y para generar menos basura”. Según las organizaciones, “hoy el peso económico de la gestión lo afrontan los municipios, comprometiendo entre el 5 y 25% del presupuesto local”.
La lentitud en el tratamiento de proyectos de ley vinculados a cuestiones ambientales no es excluyente a este tema. Según un análisis del Círculo de Políticas Ambientales, “una cantidad significativa de proyectos de ley relativos a la cuestión ambiental (biodiversidad, contaminación, energía y cambio climático, entre otros) no avanza en el trámite parlamentario por diversas cuestiones”. Conforme el reporte, algunos proyectos llevan más de 20 años siendo presentados una y otra vez por distintos legisladores, y no terminan convirtiéndose en normas. Tal es el caso de la gestión de envases. Incluso, algunas de las leyes sancionadas en pos del cuidado del ambiente tienen luego un mínimo de cumplimiento. Pese a ello, Bilbao se muestra optimista respecto de la necesidad de avanzar en una agenda ambiental legislativa: “Las leyes son la única manera de garantizar algún tipo de régimen a futuro. Como sociedad civil, tenemos que seguir los temas para que se cumplan. La única manera de que se puedan instalar políticas públicas, especialmente en estos temas, es a través de leyes”.
Con fecha 6 de agosto pasado, la carta estuvo dirigida al diputado nacional Alejandro Echegaray, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara. Las organizaciones firmantes fueron Fundación Vida Silvestre, Surfrider Foundation Argentina, Fundación FRAAM, Refugio del Sudoeste, AquaMarina, Aves Argentinas, Jardín Botánico Bahía Blanca, Asociación Naturalistas Geselinos, Global Penguin Society, Fundacion Temaikén, Fundación Cambio Democrático, Museo de Ciencias, Instituto de Conservación de Ballenas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, WCS, Fundación Patagonia Natural y Círculo de Políticas Ambientales.
Los envases representan aproximadamente el 30% de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Garantizar su correcta gestión, bajo una responsabilidad extendida al productor, permitirá contribuir al desarrollo de una economía circular en la que los artículos vuelven a adquirir valor en los procesos, se reduce la cantidad de residuos y se privilegia el cuidado del ambiente.
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Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Diecisiete organizaciones reclaman a la Cámara de Diputados que se avance en el tratamiento de una ley nacional de gestión de envases.
Su objetivo: que las marcas se hagan cargo de los residuos de sus propios productos.
De una bolsa de residuos domiciliarios, en promedio, el 60% son envases. Bebidas, artículos de limpieza, envases y más envases. Las botellas de un sólo uso, elaboradas con plástico PET, son las predominantes entre ellos. Hoy no existe una ley en el país que regule su tratamiento. Una vez cumplido su uso, pasan a ser basura y su gestión queda librada a los circuitos locales de recolección y reciclaje. Frente a ello, 17 organizaciones presentaron una carta ante la Cámara de Diputados argumentando la necesidad de contar con una normativa que garantice su necesaria gestión.
“El debate que se ha dado históricamente sobre la gestión de envases se centra en definir quién va a ser el productor responsable por ese residuo que se genera”, explica Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, una de las organizaciones firmantes, y subraya: “Al definir una red, cuando todos son responsables, no hay nadie responsable”.
El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases y Envases Post Consumo, bajo autoría de la diputada María Emilia Soria, se basa en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP). Es decir, que quien introduce un producto envasado al mercado, considere entre sus costos el residuo que genera. El espíritu del principio es preventivo: generar menos residuos. Presentado el año pasado, el proyecto aún espera y por ello las organizaciones han realizado el pedido de convocatoria a una reunión conjunta para acelerar el debate sobre éste y otro proyecto vinculado a la misma temática, presentado por el diputado Facundo Moyano, con especial foco en la inclusión social.
Bilbao diferencia que, bajo ese principio, el proyecto de Soria identifica al envasador como el responsable de la red: “Es importante desde el punto de vista del impacto en el ambiente, porque el envasador es el que determina toda la cadena. Hay un montón de características que hoy la empresa las define por marketing. Si tuvieran internalizado el costo de lo que es el residuo, van a cambiar su diseño para que sus productos puedan ser reciclados más fácilmente y para generar menos basura”. Según las organizaciones, “hoy el peso económico de la gestión lo afrontan los municipios, comprometiendo entre el 5 y 25% del presupuesto local”.
La lentitud en el tratamiento de proyectos de ley vinculados a cuestiones ambientales no es excluyente a este tema. Según un análisis del Círculo de Políticas Ambientales, “una cantidad significativa de proyectos de ley relativos a la cuestión ambiental (biodiversidad, contaminación, energía y cambio climático, entre otros) no avanza en el trámite parlamentario por diversas cuestiones”. Conforme el reporte, algunos proyectos llevan más de 20 años siendo presentados una y otra vez por distintos legisladores, y no terminan convirtiéndose en normas. Tal es el caso de la gestión de envases. Incluso, algunas de las leyes sancionadas en pos del cuidado del ambiente tienen luego un mínimo de cumplimiento. Pese a ello, Bilbao se muestra optimista respecto de la necesidad de avanzar en una agenda ambiental legislativa: “Las leyes son la única manera de garantizar algún tipo de régimen a futuro. Como sociedad civil, tenemos que seguir los temas para que se cumplan. La única manera de que se puedan instalar políticas públicas, especialmente en estos temas, es a través de leyes”.
Con fecha 6 de agosto pasado, la carta estuvo dirigida al diputado nacional Alejandro Echegaray, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara. Las organizaciones firmantes fueron Fundación Vida Silvestre, Surfrider Foundation Argentina, Fundación FRAAM, Refugio del Sudoeste, AquaMarina, Aves Argentinas, Jardín Botánico Bahía Blanca, Asociación Naturalistas Geselinos, Global Penguin Society, Fundacion Temaikén, Fundación Cambio Democrático, Museo de Ciencias, Instituto de Conservación de Ballenas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, WCS, Fundación Patagonia Natural y Círculo de Políticas Ambientales.
Los envases representan aproximadamente el 30% de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Garantizar su correcta gestión, bajo una responsabilidad extendida al productor, permitirá contribuir al desarrollo de una economía circular en la que los artículos vuelven a adquirir valor en los procesos, se reduce la cantidad de residuos y se privilegia el cuidado del ambiente.
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Cinco años más de emergencia para el Riachuelo
Extendieron la emergencia del Riachuelo
Fecha de Publicación: 26/08/2019
Fuente: ADN
Provincia/Región: Riachuelo
La Legislatura porteña aprobó por 36 votos afirmativos y 11 abstenciones una ley por la cual se extendió por cinco años la emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo, a fin de poder continuar con las tareas de saneamiento y de relocalización de los vecinos.
Durante la sesión ordinaria de este jueves la Legislatura porteña sancionó una norma que establece la extensión por cinco años de la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria sobre la Cuenca Matanza Riachuelo a fin de “asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano presente y de las generaciones futuras”.
Además esta normativa contempla que durante el período de la extensión de la emergencia, representantes del Poder Ejecutivo informen anualmente las acciones implementadas y avances sobre el saneamiento de la Cuenca y la relocalización de personas de zonas aledañas, entre otros puntos.
Es que esta es la segunda vez que se amplía ese plazo, dado que la aprobación inicial en 2011 contemplaba cinco años de vigencia de la emergencia, pero en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más que caducará en septiembre, por lo que se planteó una nueva extensión hasta 2024.
En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “el proceso de relocalización de las familias que habitan el Camino de Sirga no ha concluido; en consecuencia, el Paseo Lineal Ribereño muestra un avance del 91%, restando la construcción del 9%, para uso y goce de todos los vecinos de nuestra Ciudad. Además, se mantiene en condiciones de limpieza todo el margen izquierdo del río desde Puente de La Noria a Cuatro Bocas”.
Asimismo remarcaron que “se encuentran en plena ejecución los tres componentes del denominado Sistema Riachuelo, que finalizado significará una enorme diferencia en la calidad del agua de la Cuenca, cuya fecha estimada de culminación está prevista para el año 2023”.
La diputada Laura Marrone (ID) fundamentó la abstención de su bloque, entre otras cosas, porque “no se recibió ningún informe y se pidió la prórroga. Tenemos información preocupante de falta de respuesta a pedidos de relocalización de vecinos. La misma debería haber terminado y según informó ACUMAR en el 2018 faltaban 900 familias todavía”.
Mientras que el diputado Gabriel Solano dijo: “El mundo está conmocionado por lo que está pasando en el Amazonas y se trata este proyecto que no podemos acompañar de ninguna manera. Cuando leemos el articulado se nos está pidiendo un encubrimiento porque se suspende la reunión informativa de octubre. Es decir que no se cumplió lo que se debía hacer y tampoco hay rendición de cuentas”.
La diputada María Rosa Muiños (Bloque Peronista) opinó: “Nosotros queremos que se vote aparte la cláusula transitoria porque entendemos que la emergencia continúa pero consideramos que es contradictorio que el Ejecutivo no venga en octubre a dar el informe establecido por ley y se pase para abril de 2020”.
Respondiendo a las críticas la diputada Mercedes de las Casas (VJ) explicó que se decidió incluir la cláusula transitoria para que no se reitere el informe del Ejecutivo dos veces con meses de diferencia.
También chicaneó a los legisladores de la oposición recomendándoles que asistan a los informes que anualmente brinda el Ejecutivo “porque claramente no lo han hecho” y añadió: “Pedimos esta prórroga para terminar las obras y acompañar el reacomodamiento de la Cuenca para terminar de mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
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Fecha de Publicación: 26/08/2019
Fuente: ADN
Provincia/Región: Riachuelo
La Legislatura porteña aprobó por 36 votos afirmativos y 11 abstenciones una ley por la cual se extendió por cinco años la emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo, a fin de poder continuar con las tareas de saneamiento y de relocalización de los vecinos.
Durante la sesión ordinaria de este jueves la Legislatura porteña sancionó una norma que establece la extensión por cinco años de la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria sobre la Cuenca Matanza Riachuelo a fin de “asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano presente y de las generaciones futuras”.
Además esta normativa contempla que durante el período de la extensión de la emergencia, representantes del Poder Ejecutivo informen anualmente las acciones implementadas y avances sobre el saneamiento de la Cuenca y la relocalización de personas de zonas aledañas, entre otros puntos.
Es que esta es la segunda vez que se amplía ese plazo, dado que la aprobación inicial en 2011 contemplaba cinco años de vigencia de la emergencia, pero en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más que caducará en septiembre, por lo que se planteó una nueva extensión hasta 2024.
En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “el proceso de relocalización de las familias que habitan el Camino de Sirga no ha concluido; en consecuencia, el Paseo Lineal Ribereño muestra un avance del 91%, restando la construcción del 9%, para uso y goce de todos los vecinos de nuestra Ciudad. Además, se mantiene en condiciones de limpieza todo el margen izquierdo del río desde Puente de La Noria a Cuatro Bocas”.
Asimismo remarcaron que “se encuentran en plena ejecución los tres componentes del denominado Sistema Riachuelo, que finalizado significará una enorme diferencia en la calidad del agua de la Cuenca, cuya fecha estimada de culminación está prevista para el año 2023”.
La diputada Laura Marrone (ID) fundamentó la abstención de su bloque, entre otras cosas, porque “no se recibió ningún informe y se pidió la prórroga. Tenemos información preocupante de falta de respuesta a pedidos de relocalización de vecinos. La misma debería haber terminado y según informó ACUMAR en el 2018 faltaban 900 familias todavía”.
Mientras que el diputado Gabriel Solano dijo: “El mundo está conmocionado por lo que está pasando en el Amazonas y se trata este proyecto que no podemos acompañar de ninguna manera. Cuando leemos el articulado se nos está pidiendo un encubrimiento porque se suspende la reunión informativa de octubre. Es decir que no se cumplió lo que se debía hacer y tampoco hay rendición de cuentas”.
La diputada María Rosa Muiños (Bloque Peronista) opinó: “Nosotros queremos que se vote aparte la cláusula transitoria porque entendemos que la emergencia continúa pero consideramos que es contradictorio que el Ejecutivo no venga en octubre a dar el informe establecido por ley y se pase para abril de 2020”.
Respondiendo a las críticas la diputada Mercedes de las Casas (VJ) explicó que se decidió incluir la cláusula transitoria para que no se reitere el informe del Ejecutivo dos veces con meses de diferencia.
También chicaneó a los legisladores de la oposición recomendándoles que asistan a los informes que anualmente brinda el Ejecutivo “porque claramente no lo han hecho” y añadió: “Pedimos esta prórroga para terminar las obras y acompañar el reacomodamiento de la Cuenca para terminar de mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
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Jornada sobre bioeconomía y soluciones sostenibles
Bergman participó de una jornada sobre bioeconomía y soluciones sostenibles
Fecha de Publicación: 17/08/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El evento, organizado por la cartera nacional de Educación y la Fundación Sustentarte, se centró en el bambú como opción innovadora y sustentable para múltiples aplicaciones.
El secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, formó parte del panel de apertura de la jornada “El bambú: una alternativa natural para soluciones sostenibles”, junto a Lino Barañao, su par de Ciencia, Tecnologia e Innovación Productiva y autoridades de Agroindustria.
En la apertura, Bergman se refirió a este nuevo concepto económico: “Nuestra madre Tierra está impregnada de una sabiduría ancestral que hemos minado. La bioeconomía impulsa volver al movimiento circular y cíclico de la naturaleza”. Y continuó, en relación al innovador insumo: “Esperamos que el bambú se transforme en un estándar, para que el Estado pueda regular y a la vez dar incentivos”. Finalmente agregó: “A nosotros, desde la Secretaría a mi cargo, nos toca articular el ambiente con el desarrollo sostenible, creo que ambas dimensiones se vinculan con este insumo”.
A lo largo de la jornada, referentes nacionales e internacionales en la temática expusieron sobre economía del bambú y creación de empleo; un modelo alternativo para la industria alimentaria mediante este elemento; su relación con la industria del papel y en el sector energético brasileño; las fibras de bambú para la fabricación de materiales; el aprovechamiento de la biomasa en el sector energético; ingeniería, arquitectura y diseño sostenible y la utilización de esta especie vegetal para la construcción de bicicletas, prótesis, indumentaria, entre otros temas.
El encuentro estuvo organizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Fundación Sustentarte. Del mismo formaron parte el Ministerio de Producción, la Embajada de Alemania en Argentina, diversas instituciones académicas nacionales y ONG vinculadas a la innovación productiva.
El paradigma de la bioeconomía
En los últimos años, el concepto de bioeconomía adquirió importancia a nivel global como respuesta a las crecientes demandas poblacionales, la menor disponibilidad de recursos fósiles y las consecuencias del cambio climático. Ante estas problemáticas, comienzan a evidenciarse marcadas tendencias hacia patrones productivos más sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental.
La bioeconomía surge como un nuevo paradigma que comprende la convergencia de las nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales, implicando una etapa de transición que busca sustituir el modelo de industrialización actual. El foco de las discusiones se orienta a mayores productividades en el marco de mayor sostenibilidad económica, social y ambiental.
Argentina posee características que ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo de la bioeconomía. El país posee un extenso territorio, gran variedad climática y de biodiversidad, una importante superficie de bosques nativos e implantados y sectores agrícola-ganaderos y agroindustrial altamente competitivos, junto con avances biotecnológicos y capacidades científicos-tecnológicas.
En este marco, las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Agroindustria y de Producción firmaron un acuerdo de trabajo para llevar adelante el desarrollo de la bioeconomía argentina, al cual la Secretaría de Ambiente se sumó en septiembre de 2017.
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Fecha de Publicación: 17/08/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El evento, organizado por la cartera nacional de Educación y la Fundación Sustentarte, se centró en el bambú como opción innovadora y sustentable para múltiples aplicaciones.
El secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, formó parte del panel de apertura de la jornada “El bambú: una alternativa natural para soluciones sostenibles”, junto a Lino Barañao, su par de Ciencia, Tecnologia e Innovación Productiva y autoridades de Agroindustria.
En la apertura, Bergman se refirió a este nuevo concepto económico: “Nuestra madre Tierra está impregnada de una sabiduría ancestral que hemos minado. La bioeconomía impulsa volver al movimiento circular y cíclico de la naturaleza”. Y continuó, en relación al innovador insumo: “Esperamos que el bambú se transforme en un estándar, para que el Estado pueda regular y a la vez dar incentivos”. Finalmente agregó: “A nosotros, desde la Secretaría a mi cargo, nos toca articular el ambiente con el desarrollo sostenible, creo que ambas dimensiones se vinculan con este insumo”.
A lo largo de la jornada, referentes nacionales e internacionales en la temática expusieron sobre economía del bambú y creación de empleo; un modelo alternativo para la industria alimentaria mediante este elemento; su relación con la industria del papel y en el sector energético brasileño; las fibras de bambú para la fabricación de materiales; el aprovechamiento de la biomasa en el sector energético; ingeniería, arquitectura y diseño sostenible y la utilización de esta especie vegetal para la construcción de bicicletas, prótesis, indumentaria, entre otros temas.
El encuentro estuvo organizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Fundación Sustentarte. Del mismo formaron parte el Ministerio de Producción, la Embajada de Alemania en Argentina, diversas instituciones académicas nacionales y ONG vinculadas a la innovación productiva.
El paradigma de la bioeconomía
En los últimos años, el concepto de bioeconomía adquirió importancia a nivel global como respuesta a las crecientes demandas poblacionales, la menor disponibilidad de recursos fósiles y las consecuencias del cambio climático. Ante estas problemáticas, comienzan a evidenciarse marcadas tendencias hacia patrones productivos más sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental.
La bioeconomía surge como un nuevo paradigma que comprende la convergencia de las nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales, implicando una etapa de transición que busca sustituir el modelo de industrialización actual. El foco de las discusiones se orienta a mayores productividades en el marco de mayor sostenibilidad económica, social y ambiental.
Argentina posee características que ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo de la bioeconomía. El país posee un extenso territorio, gran variedad climática y de biodiversidad, una importante superficie de bosques nativos e implantados y sectores agrícola-ganaderos y agroindustrial altamente competitivos, junto con avances biotecnológicos y capacidades científicos-tecnológicas.
En este marco, las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Agroindustria y de Producción firmaron un acuerdo de trabajo para llevar adelante el desarrollo de la bioeconomía argentina, al cual la Secretaría de Ambiente se sumó en septiembre de 2017.
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La industria de biocombustibles sigue reclamando
Reclaman medidas de fomento y reconversión del sector de biocombustibles
Fecha de Publicación: 03/08/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Las dificultades que el mercado de exportaciones presenta este año para la industria de biocombustibles demandarán medidas de fomento a la producción local y el fortalecimiento del mercado interno, pero a la vez la industria deberá abrirse a los productos de segunda generación, que son más baratos y no generan competencia con la producción de alimentos.
Así se desprende del informe sectorial de la consultora suiza KPMG sobre el Desarrollo de Biocombustibles en la Argentina, en el que anticipa que las perspectivas de desempeño de esta industria “podrían ubicarse en torno a un ajuste en los niveles de producción y un nuevo retroceso en las exportaciones hacia fines de 2019.
“Si bien es cierto que la Unión Europea seguirá siendo el principal destino de las exportaciones nacionales de biodiésel durante 2019, lo sucedido con el mercado americano debe conformar un llamado de atención que incentive a las autoridades locales a la implementación de medidas”, planteó el informe en una perspectiva que ya alcanza al próximo gobierno.
El estudio reseña en sus conclusiones la necesidad de avanzar en “medidas de fomento a la producción local de biocombustibles y que, al mismo tiempo, fortalezcan el mercado interno (incrementando los cortes con combustibles fósiles, por ejemplo) y la diversificación de los destinos de exportación”.
También se sostiene que resulta necesario asignar mayores esfuerzos y recursos a la investigación y al desarrollo del sector, en cuanto a la segunda generación de biocombustibles que son los relacionados con la materia prima no consumible o biomasa.
Se explicó en el informe que sus principales ventajas radican en que los insumos utilizados para su producción no generan competencia por la tierra fértil o con la producción de alimentos; no presentan el inconveniente de la disponibilidad, que sí observan los biocombustibles de primera generación (soja, maíz, trigo, sorgo, azúcar, etcétera) y resultan más baratos. Algunos ejemplos de estos biocombustibles son el biodiesel de microalgas, elaborado a partir de aceites vegetales usados o el etanol de celulosa.
Más allá de la coyuntura global para la industria, “la inflación, la presión tributaria, la reinstauración de los esquemas arancelarios a la exportación y la ausencia de reglas claras (precios), conforman actualmente los principales obstáculos al buen desempeño de combustibles alternativos”, afirmó.
El informe recuerda también que la actual ley de fomento a la producción de biocombustibles (26.093) expira en 2021 y “una posible prolongación podría traer algunos de los cambios demandados por el sector como por ejemplo, un incremento del corte con combustibles”.
En cuanto al reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el informe de KPMG señala que “las perspectivas son alentadoras al poder impactar de lleno sobre la industria de los biocombustibles en el mediano plazo, principalmente en materia de exportaciones”.
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Fecha de Publicación: 03/08/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Las dificultades que el mercado de exportaciones presenta este año para la industria de biocombustibles demandarán medidas de fomento a la producción local y el fortalecimiento del mercado interno, pero a la vez la industria deberá abrirse a los productos de segunda generación, que son más baratos y no generan competencia con la producción de alimentos.
Así se desprende del informe sectorial de la consultora suiza KPMG sobre el Desarrollo de Biocombustibles en la Argentina, en el que anticipa que las perspectivas de desempeño de esta industria “podrían ubicarse en torno a un ajuste en los niveles de producción y un nuevo retroceso en las exportaciones hacia fines de 2019.
“Si bien es cierto que la Unión Europea seguirá siendo el principal destino de las exportaciones nacionales de biodiésel durante 2019, lo sucedido con el mercado americano debe conformar un llamado de atención que incentive a las autoridades locales a la implementación de medidas”, planteó el informe en una perspectiva que ya alcanza al próximo gobierno.
El estudio reseña en sus conclusiones la necesidad de avanzar en “medidas de fomento a la producción local de biocombustibles y que, al mismo tiempo, fortalezcan el mercado interno (incrementando los cortes con combustibles fósiles, por ejemplo) y la diversificación de los destinos de exportación”.
También se sostiene que resulta necesario asignar mayores esfuerzos y recursos a la investigación y al desarrollo del sector, en cuanto a la segunda generación de biocombustibles que son los relacionados con la materia prima no consumible o biomasa.
Se explicó en el informe que sus principales ventajas radican en que los insumos utilizados para su producción no generan competencia por la tierra fértil o con la producción de alimentos; no presentan el inconveniente de la disponibilidad, que sí observan los biocombustibles de primera generación (soja, maíz, trigo, sorgo, azúcar, etcétera) y resultan más baratos. Algunos ejemplos de estos biocombustibles son el biodiesel de microalgas, elaborado a partir de aceites vegetales usados o el etanol de celulosa.
Más allá de la coyuntura global para la industria, “la inflación, la presión tributaria, la reinstauración de los esquemas arancelarios a la exportación y la ausencia de reglas claras (precios), conforman actualmente los principales obstáculos al buen desempeño de combustibles alternativos”, afirmó.
El informe recuerda también que la actual ley de fomento a la producción de biocombustibles (26.093) expira en 2021 y “una posible prolongación podría traer algunos de los cambios demandados por el sector como por ejemplo, un incremento del corte con combustibles”.
En cuanto al reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el informe de KPMG señala que “las perspectivas son alentadoras al poder impactar de lleno sobre la industria de los biocombustibles en el mediano plazo, principalmente en materia de exportaciones”.
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Entre Ríos inicia el programa Producción Más Limpia
La Provincia lanzó un plan para disminuir el impacto ambiental de industrias
Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno entrerrianos presentó este martes el programa Producción Más Limpia, destinado en una primera etapa a las industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná. La herramienta apunta a hacer más eficiente el proceso industrial con el menor impacto sobre el ambiente.
El programa Producción Más Limpia es implementado de manera regional en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en el marco de la Región Centro y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Industria, decidió comenzar a trabajar el programa en la provincia con una prueba piloto con 10 empresas radicadas en el Parque Industrial de Paraná que contarán con asistencia técnica y asesoramiento por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuyo personal se formó en la materia a través de la Diplomatura en Producción Más Limpia que se dictó en San Justo, provincia de Santa Fe.
En una segunda etapa se avanzará con las industrias y empresas radicadas en otras ciudades de la provincia.
Este martes se realizó en la capital provincial el lanzamiento del programa con la presencia del secretario de Ambiente, Martín Barbieri; su par de Santa Fe, César Mackler; y el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba, Daniel Molina. También estuvieron presentes los subsecretarios de Industria, Pablo Romero; y de Ambiente, Lucio Amavet; y el representante de la Asociación de Empresas del Parque Industrial (Asempi), Esteban Dorbesan.
En la oportunidad, Barbieri dijo que el lanzamiento de este programa en Entre Ríos “es el resultado de un trabajo articulado entre las tres provincias que integramos la Región Centro y con el sector privado, con componentes productivos y ambientales porque hacia donde tenemos que mirar es hacia un desarrollo sostenible”.
“El camino es ir hacia allí con una mirada abarcativa y amplia con un trabajo conjunto y con el eje en la sostenibilidad”, afirmó el secretario de Ambiente.
Además consideró que el hecho de que el Estado “se ponga al lado de las empresas y las acompañe en los procesos hacia la rentabilidad energética y cuidando el impacto sobre el ambiente”.
El secretario de Ambiente de Santa Fe, César Mackler, comentó que la provincia viene implementando el programa en forma continua desde 2008 y “el éxito del mismo se ha basado en mantener una continuidad en la política de producción más limpia en estos ocho años”. Y precisó que en ese tiempo han asistido a 400 empresas “con resultados diversos pero muy importantes en lo que refiere al tratamiento de efluentes, de emisiones gasesosas y residuos sólidos generados”.
“La producción más limpia surge de la idea de que los residuos sólidos generados por las industrias, las emisiones gaseosas, los efluentes líquidos y el sobre consumo de agua y energía son una materia prima mal utilizada. Si nosotros hacemos más eficiente el proceso industrial, es decir, trabajamos mejor esa materia prima, vamos a contribuir a las políticas ambientales y además vamos a mejorar los costos de la producción”, afirmó Mackler.
Finalmente, el funcionario santafecino sostuvo: “Vemos este evento como un puntapié inicial para que esta provincia hermana y desde la Región Centro también Córdoba, se institucionalice este programa y que la producción más limpia se transforme en una política y herramienta de gestión ambiental y que el desarrollo sustentable se convierta en una política de Estado”.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Daniel Molina, sostuvo que el programa “es una herramienta poderosa sobre todo para las pequeñas industrias y empresas. Si lo llevamos adelante con la seriedad que lo ha hecho Santa Fe obtendremos excelentes resultados”.
Tambiés asistieron representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos, de los municipios de Paraná y Crespo y de industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná.
Detalles
A partir del trabajo que lleva adelante la Comisión de Producción Más Limpia del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que se propone avanzar en la conformación de unidades provinciales a través de las regiones, sumado a que este ha sido un tema indicado como prioritario en la Comisión de Ambiente de la Región Centro, es que resulta conveniente llevar adelante el primer proyecto regional con este destino en la Región Centro.
El Convenio Regional firmado entre los Secretarios de Ambiente de las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba con la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tiene como propósito el fortalecimiento técnico e institucional de la Producción Más Limpia (PML) de las provincias de la Región Centro, centrada en las áreas de ambiente provinciales, a partir de propiciar la creación de Unidades Provinciales de Producción Más Limpia.
La Producción Más Limpia se fundamenta en el uso del sentido común para obtener todo el beneficio posible con el menor uso de recursos y el menor desperdicio posible. Eso resulta de un análisis y corrección permanentes de lo que se hace, cómo se hace, con qué se hace y para qué se hace.
Un proceso eficiente utiliza menos recursos y genera menos desechos. El empresario obtiene más productos con el mismo costo, lo cual se traduce en más rentabilidad y competitividad; y el consumidor ve satisfecha su demanda a menor precio y con menos contaminación a sobrellevar. Los trabajadores realizan solo tareas útiles, en un entorno mucho más seguro y saludable. Todos ganan, inclusive el ecosistema donde estamos inmersos.
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Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno entrerrianos presentó este martes el programa Producción Más Limpia, destinado en una primera etapa a las industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná. La herramienta apunta a hacer más eficiente el proceso industrial con el menor impacto sobre el ambiente.
El programa Producción Más Limpia es implementado de manera regional en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en el marco de la Región Centro y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Industria, decidió comenzar a trabajar el programa en la provincia con una prueba piloto con 10 empresas radicadas en el Parque Industrial de Paraná que contarán con asistencia técnica y asesoramiento por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuyo personal se formó en la materia a través de la Diplomatura en Producción Más Limpia que se dictó en San Justo, provincia de Santa Fe.
En una segunda etapa se avanzará con las industrias y empresas radicadas en otras ciudades de la provincia.
Este martes se realizó en la capital provincial el lanzamiento del programa con la presencia del secretario de Ambiente, Martín Barbieri; su par de Santa Fe, César Mackler; y el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba, Daniel Molina. También estuvieron presentes los subsecretarios de Industria, Pablo Romero; y de Ambiente, Lucio Amavet; y el representante de la Asociación de Empresas del Parque Industrial (Asempi), Esteban Dorbesan.
En la oportunidad, Barbieri dijo que el lanzamiento de este programa en Entre Ríos “es el resultado de un trabajo articulado entre las tres provincias que integramos la Región Centro y con el sector privado, con componentes productivos y ambientales porque hacia donde tenemos que mirar es hacia un desarrollo sostenible”.
“El camino es ir hacia allí con una mirada abarcativa y amplia con un trabajo conjunto y con el eje en la sostenibilidad”, afirmó el secretario de Ambiente.
Además consideró que el hecho de que el Estado “se ponga al lado de las empresas y las acompañe en los procesos hacia la rentabilidad energética y cuidando el impacto sobre el ambiente”.
El secretario de Ambiente de Santa Fe, César Mackler, comentó que la provincia viene implementando el programa en forma continua desde 2008 y “el éxito del mismo se ha basado en mantener una continuidad en la política de producción más limpia en estos ocho años”. Y precisó que en ese tiempo han asistido a 400 empresas “con resultados diversos pero muy importantes en lo que refiere al tratamiento de efluentes, de emisiones gasesosas y residuos sólidos generados”.
“La producción más limpia surge de la idea de que los residuos sólidos generados por las industrias, las emisiones gaseosas, los efluentes líquidos y el sobre consumo de agua y energía son una materia prima mal utilizada. Si nosotros hacemos más eficiente el proceso industrial, es decir, trabajamos mejor esa materia prima, vamos a contribuir a las políticas ambientales y además vamos a mejorar los costos de la producción”, afirmó Mackler.
Finalmente, el funcionario santafecino sostuvo: “Vemos este evento como un puntapié inicial para que esta provincia hermana y desde la Región Centro también Córdoba, se institucionalice este programa y que la producción más limpia se transforme en una política y herramienta de gestión ambiental y que el desarrollo sustentable se convierta en una política de Estado”.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Daniel Molina, sostuvo que el programa “es una herramienta poderosa sobre todo para las pequeñas industrias y empresas. Si lo llevamos adelante con la seriedad que lo ha hecho Santa Fe obtendremos excelentes resultados”.
Tambiés asistieron representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos, de los municipios de Paraná y Crespo y de industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná.
Detalles
A partir del trabajo que lleva adelante la Comisión de Producción Más Limpia del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que se propone avanzar en la conformación de unidades provinciales a través de las regiones, sumado a que este ha sido un tema indicado como prioritario en la Comisión de Ambiente de la Región Centro, es que resulta conveniente llevar adelante el primer proyecto regional con este destino en la Región Centro.
El Convenio Regional firmado entre los Secretarios de Ambiente de las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba con la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tiene como propósito el fortalecimiento técnico e institucional de la Producción Más Limpia (PML) de las provincias de la Región Centro, centrada en las áreas de ambiente provinciales, a partir de propiciar la creación de Unidades Provinciales de Producción Más Limpia.
La Producción Más Limpia se fundamenta en el uso del sentido común para obtener todo el beneficio posible con el menor uso de recursos y el menor desperdicio posible. Eso resulta de un análisis y corrección permanentes de lo que se hace, cómo se hace, con qué se hace y para qué se hace.
Un proceso eficiente utiliza menos recursos y genera menos desechos. El empresario obtiene más productos con el mismo costo, lo cual se traduce en más rentabilidad y competitividad; y el consumidor ve satisfecha su demanda a menor precio y con menos contaminación a sobrellevar. Los trabajadores realizan solo tareas útiles, en un entorno mucho más seguro y saludable. Todos ganan, inclusive el ecosistema donde estamos inmersos.
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Salí-Dulce: fiscal objeta “probation” de contaminadores
Fiscal objeta “probation” en una causa por contaminación en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 29/07/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba a dos exdirectivos de un ingenio azucarero, acusados de contaminar la cuenca Salí - Dulce.
La resolución beneficia con una “probation” a dos empresarios, exdirectivos de la firma Azucarera Argentina SA, a cargo del ingenio La Corona.
El tribunal compuesto por Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Abelardo Basbús, hizo lugar al pedido de la defensa de Silvio José Peluffo y Enrique Fausto González, quienes por el término de 3 años deberán realizar tareas comunitarias 8 horas mensuales, en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Ambos tendrán que comprar elementos sanitarios para el Hospital de Niños de San Miguel de Tucumán, por la suma de $150.000 cada uno.
Esta decisión fue objetada por el fiscal federal general de Tucumán, Gustavo Gómez; y la querella -representada por la ex concejal de Las Termas de Río Hondo, Anita Loto-, quienes se opusieron y exigieron que se haga el juicio oral y público. Así lo indicó a EL LIBERAL el fiscal Gustavo Gómez, quien consideró que no se tuvo en cuenta la dimensión del daño causado al medio ambiente.
El tribunal consideró que la suspensión del juicio a prueba “es una solución alternativa a la pena, menos gravosa y conducente a poner fin al conflicto”.
En los considerandos del fallo, se indica que la audiencia se llevó a cabo el día 27 de julio de 2019, en la oportunidad “el Tribunal entiende que debe quedar claro que la norma constitucional, que dispone la protección del medio ambiente, no implica que toda actividad que genere riesgo de ese tipo, deba ser objeto de protección penal, sino que la fijación del ámbito de protección de esa norma específica está a cargo del Congreso de la Nación”.
También afirma que “este mismo tribunal en esta causa había rechazado al pedido (de la defensa), por carecer de ofrecimiento concreto de los imputados. Al haberlo efectuado, y que consiste en $150.000 por cada uno, reunido por crédito bancario, acreditado en la audiencia, ya que uno de ellos es empleado bajo relación de dependencia con una remuneración estándar y el otro es jubilado, también con un ingreso equivalente, se ha cumplido con la norma que señala “en la medida de lo posible”.
La resolución agrega que “se suma a ello que se los imputó como directores de la empresa, con lo que es a esta ultima a la que se le podría haber exigido una reparación monetaria integral, ello sin perjuicio que tal persona jurídica ya no existe en el medio azucarero, por lo menos”.
Durante la instrucción de la causa que comenzó en 2008, la Justicia Federal de primera instancia, había señalado que estaba “probado que la fábrica arroja residuos tóxicos que desembocan al Río Gastona, y luego a la Cuenca del Río Salí-Dulce”.
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Alertan por el nuevo Código Penal en cuestiones ambientales
"El nuevo Código Penal consagra la impunidad ambiental"
Fecha de Publicación: 26/07/2019
Fuente: Tiempo Argentino - Rebelión
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones y expertos alertan por la derogación de la Ley de Residuos Peligrosos. El proyecto de reforma pretende reemplazarla por una norma que obligue a probar la relación causal entre las empresas extractivistas que contaminan y las víctimas de ese delito.
Impunidad ambiental. Esa es la amenaza latente que, según alertan organizaciones y expertos, activaría la reforma del Código Penal que impulsa el gobierno. Lo dijo con total claridad y contundencia el fiscal federal Gustavo Gómez, con jurisdicción en Catamarca y Tucumán, durante la reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, el 27 de junio pasado: "Una cosa es 'poner en peligro la salud del ambiente' y otra es probar que se causaron 'daños graves' al ambiente. Hasta hoy, el delito de contaminación ambiental tipificado en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos es de peligro abstracto. Eso quiere decir que el sólo hecho de volcar mercurio a un río es suficiente. No tengo que salir a buscar a un chico que haya tomado agua de ese río. El nuevo Código elimina este artículo y propone otro que obliga a probar la relación causal entre el contaminador y la víctima, lo que se llama "delito de resultado". Esta diferencia es lo más grave. Es como pedirme que alguien muera de sobredosis para ir a secuestrar un kilo de cocaína".
El artículo 444 del proyecto de Reforma del Código Penal cambia diametralmente el enfoque de la tipificación del delito, penando a quien, infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales que protegen el ambiente, "provoque o realice emisiones, vertidos, vibraciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause daños graves al aire, el suelo o las aguas, o la flora o fauna".
La alarma ya se encendió entre las organizaciones que protegen el ambiente. Denuncian que el proyecto apunta a consolidar una herramienta jurídica que garantice la impunidad del extractivismo.
"Actualmente, la Ley de Residuos Peligrosos es bastante progresiva respecto a la protección del ambiente, porque alcanza con que se genere el peligro de un daño a la salud. No necesita muertos para que se conforme el delito. Basta con la posibilidad de que alguien pueda ser afectado en su salud. El gobierno quiere eliminar esto y propone una nueva ley en la que haya que probar el daño. En cuestiones ambientales no se puede aplicar el mismo criterio que en el Derecho Penal, donde hay una bala que mata a alguien. En medio ambiente son muchas las balas: la fábrica que arroja residuos, las antenas de celular, la contaminación del agua, del aire. ¿Cómo probás cuál fue la 'bala' que contaminó? Es una ley para que las fábricas, los fumigadores, las mineras queden eximidas de culpa", explica Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
La presente normativa sobre residuos peligrosos entró en vigencia en 1992, durante la gestión de María Julia Alsogaray en la Secretaría de Ambiente, en un contexto de presiones internacionales que, luego de la Cumbre de la Tierra realizada ese año en Río de Janeiro, impulsaba a alcanzar acuerdos básicos sobre protección ambiental. Dicha ley establece en su artículo 55 penas para quien, utilizando ese tipo de residuos, "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
La Comisión que diseñó el proyecto de reforma, presidida por Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, argumentó que la normativa existente tutela dos bienes jurídicos distintos: el ambiente y la salud pública. Y adujo que, con la reforma, se pasa a proteger "al ambiente en sí mismo", con eventuales agravantes si el hecho conllevara potencialmente una afectación a la salud humana.
Para Ávila Vázquez, de aprobarse la derogación de esa norma en el nuevo Código, se violaría "no sólo el principio de prevención en el Derecho Ambiental, sino también el principio de la no regresión ambiental, que establece que las legislaciones siempre tienen que ir por más protección y nunca retroceder en lo que ya se había establecido, nunca desandar el camino avanzado en la protección del ambiente y las poblaciones".
"¿Qué pasa cuando una ley del Congreso deroga artículos de delitos? –se preguntó Gómez– ¿Qué pasa con todas las causas penales en donde incluso se obtuvo condena? Se archivan. Estamos hablando de más de 120 expedientes que pasarían directamente al archivo".
A medida de las empresas
Otra preocupación que genera la propuesta oficial entre los ambientalistas apunta a la redacción del nuevo artículo, más precisamente, cuando habla de infringir "leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales protectores del ambiente".
"Esta ley –remarcó Gómez– le da competencia a las provincias para absolver a aquellos a quienes se les inicia una causa penal por contaminación. Todos sabemos las presiones a las que son sometidos los jueces y fiscales provinciales cuando de inversiones económicas se trata. Cualquier provincia va a poder elevar los niveles autorizados de contaminación y eso va a resultar en prueba imposible a la hora de imputar a los que contaminan".
En ese sentido, el fiscal recordó el caso de la minera La Alumbrera, en Catamarca. El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán procesó a Julián Patricio Rooney, ex CEO de la firma, como "partícipe primario" en la contaminación ambiental con metales pesados, y le trabó un embargo de 500 mil pesos (ver recuadro). La ley por la que se lo condena sería derogada. "Si se aprueba esta reforma, el que puede infringir la ley es un peón de campo, hasta un gerente, pero nunca el responsable va a ser el dueño o el CEO de una empresa", remarcó Gómez.
La actual normativa ha permitido, además, el inicio de causas judiciales y hasta condenas contra fumigadores en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
"La derogación de la ley actual es una petición de las compañías extractivistas, tan vinculadas al gobierno, y en especial, las del agronegocio, como Monsanto, enmarcadas dentro de estos delitos. Aplican agroquímicos, pero en la planta sólo queda el 20%, y el 80% restante va al ambiente –advierte Ávila–. Con el nuevo Código, las grandes empresas podrán contaminar impunemente".
El ex CEO de La Alumbrera, el primer procesado
Julián Patricio Rooney es prácticamente un desconocido. Sin embargo, fue un hombre muy poderoso y quizás lo siga siendo: fue CEO de la minera La Alumbrera y miembro del comité ejecutivo de la empresa durante 17 años, entre 1996 y 2013. Precisamente por su gestión en ese proyecto, pionero en la megaminería a cielo abierto en la Argentina, está procesado por la justicia federal de Tucumán, que le trabó un embargo de medio millón de pesos por daños ambientales. El fallo del Juzgado Federal N° 2 de esa provincia se convirtió en el primero del país en avanzar en contra de un alto ejecutivo de una empresa, en consonancia con la aplicación de la Ley de Residuos Peligrosos sancionada en 1991. Si se aprueba la modificación del Código Penal tal como está dispuesta, Rooney podría eludir su responsabilidad.
La resolución judicial se conoció a principios de mayo y fue apelada por la defensa de Rooney, a cargo de la abogada Roxana Piña. Ahora, el caso es analizado en la Cámara Federal. La causa lleva unos 20 años de instrucción y entró en un barro judicial que al día de hoy no tiene sentencia firme. Vale aclarar que en 2016 el Ejecutivo había sido sobreseído, pero tras la apelación del grupo ecologista Pro Eco, el expediente fue revisado y se solicitaron más medidas de prueba.
La investigación comenzó en 1999, buscando determinar si los residuos extraídos de las mina en Catamarca y tratados en una planta que la empresa tiene en Tucumán, podía generar contaminación de los cursos de agua y daños a la salud de las personas y al ambiente. La justicia estableció que el exCEO no podía desconocer esos peligros. De acuerdo a la Ley de Residuos Peligrosos, se consideró que estos delitos son de acción permanente, a pesar de que no se hubieran registrado daños concretos.
Según el fallo, Rooney tendría que "haber priorizado y puesto todo el empeño posible en adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental, que no hace más que afectar la salud, muchas veces con carácter irreversible".
Rooney también fue vicepresidente de Glencore Xstrata y hoy es socio de una consultora de pomposo nombre: Minería es Desarrollo.
El yaguareté fue a la Corte Suprema
Por primera vez, una especie (y no un ejemplar determinado) demanda por sus derechos. A través de una acción impulsada por Greenpeace y patrocinada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el yaguareté, habitante de la ecorregión del Gran Chaco argentino, "presentó" este viernes un amparo judicial ante la Corte Suprema de Justicia, y contra cuatro provincias (Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero), la Administración de Parques Nacionales y el Estado Nacional, por no cumplir la Ley de Protección de Bosques Nativos, y para que se "permita que dicha especie pueda seguir existiendo, gozar de sus ecosistemas, manteniendo sus planes de vida, salud, bienestar, alimentación, libertad, reproducción y seguridad de los últimos menos de 20 sujetos vulnerables". La medida reclama una política de "deforestación cero" en el hábitat del yaguareté.
En efecto, quedan como mucho 20 yaguaretés en la región chaqueña, además de unos 230 que habitan las yungas y la selva paranaense. "A pesar de haber sido declarado Monumento Nacional, no se está protegiendo su territorio y esto pone en serio peligro su subsistencia", dice Natalia Machain, directora ejecutiva de Greenpeace Andino.
"Se estima que en la Argentina, en los últimos dos siglos, el territorio en el que vive quedó reducido a un 5% de la superficie original", explica Enrique Viale, titular de la entidad que nuclea a los abogados ambientalistas. "Se reconocen derechos a las empresas, que son entes abstractos, pero hasta ahora no se los reconocen a la Naturaleza y sus especies, que son reales, vivos y tangibles".
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Las empresas apunta a la eólica para bajar costos
Crece la demanda de energía eólica por parte de las empresas
Fecha de Publicación: 25/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Pampa Energía inauguró un nuevo parque y Genneia otros dos. A su vez, YPF Luz firmó un contrato de largo alcance con la cementera Holcim.
La necesitad de ahorrar costos de electricidad y de sumarse a la ola sustentable, está siendo prioridad entre las empresas. Sólo este martes se conocieron tres jugadas importantes, en ese sentido.
Por un lado, la cementera Holcim Argentina acaba de firmar un contrato con YPF Luz, a partir del cual, durante 10 años, la petrolera proveerá energía renovable a las cinco plantas que la cementera tiene en el país.
Holcim talla fuerte en la producción de cemento y hormigón para la industria de la Construcción e YPF Luz es el quinto generador de energía eléctrica en el país.
Según este contrato el inicio del suministro empezará a comienzos de 2020, y va a alcanzar al 35% de la demanda total de energía de Holcim al finalizar el primer semestre de ese año. La energía contratada es de un promedio anual de 142 GWh que YPF obtendrá de su Parque Eólico "Los Teros", ubicado en Azul.
Según explicó Carlos Espina, CEO de Holcim Argentina, "con esta iniciativa, Holcim será capaz de producir 1,2 millones de toneladas de cemento por año con energía renovable. Es decir el equivalente a construir 105.000 viviendas o 3.000 km de ruta de dos carriles", ejemplificó el directivo.
También Pampa Energía, que preside el empresario Marcelo Mindlin y que ya opera tres Parques Eólicos, anunció la construcción de un cuarto parque con una inversión de $3.000 millones. Ayer, el Parque Eólico Pampa Energía III, ubicado en Coronel Rosales, que se puso en marcha semanas atrás, recibió la visita del Presidente de la Nación, Mauricio Macri y de la Gobernadora María Eugenia Vidal.
Con este parque, Pampa Energía ya genera 206 MW de energía eólica, lo que significa el 19% de la energía eólica del país, el 13% de la energía renovable y pasará a generar 258 MW en 2020 con el parque anunciado ayer.
También Genneia, que posee el 35% de la capacidad instalada en energía eólica del país, acordó con Pan American Energy, que van a desarrollar dos nuevos parques eólicos en Chubut. Con una inversión estimada de US$ 190 millones, estos proyectos ofrecerán una potencia de 140 megavatios mediante 32 aerogeneradores y entregarán energía equivalente al consumo de 197.000 hogares.
Estos proyectos van a tener una financiación provista por el banco KfW, con garantía de la agencia alemana Hermes.
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Fecha de Publicación: 25/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Pampa Energía inauguró un nuevo parque y Genneia otros dos. A su vez, YPF Luz firmó un contrato de largo alcance con la cementera Holcim.
La necesitad de ahorrar costos de electricidad y de sumarse a la ola sustentable, está siendo prioridad entre las empresas. Sólo este martes se conocieron tres jugadas importantes, en ese sentido.
Por un lado, la cementera Holcim Argentina acaba de firmar un contrato con YPF Luz, a partir del cual, durante 10 años, la petrolera proveerá energía renovable a las cinco plantas que la cementera tiene en el país.
Holcim talla fuerte en la producción de cemento y hormigón para la industria de la Construcción e YPF Luz es el quinto generador de energía eléctrica en el país.
Según este contrato el inicio del suministro empezará a comienzos de 2020, y va a alcanzar al 35% de la demanda total de energía de Holcim al finalizar el primer semestre de ese año. La energía contratada es de un promedio anual de 142 GWh que YPF obtendrá de su Parque Eólico "Los Teros", ubicado en Azul.
Según explicó Carlos Espina, CEO de Holcim Argentina, "con esta iniciativa, Holcim será capaz de producir 1,2 millones de toneladas de cemento por año con energía renovable. Es decir el equivalente a construir 105.000 viviendas o 3.000 km de ruta de dos carriles", ejemplificó el directivo.
También Pampa Energía, que preside el empresario Marcelo Mindlin y que ya opera tres Parques Eólicos, anunció la construcción de un cuarto parque con una inversión de $3.000 millones. Ayer, el Parque Eólico Pampa Energía III, ubicado en Coronel Rosales, que se puso en marcha semanas atrás, recibió la visita del Presidente de la Nación, Mauricio Macri y de la Gobernadora María Eugenia Vidal.
Con este parque, Pampa Energía ya genera 206 MW de energía eólica, lo que significa el 19% de la energía eólica del país, el 13% de la energía renovable y pasará a generar 258 MW en 2020 con el parque anunciado ayer.
También Genneia, que posee el 35% de la capacidad instalada en energía eólica del país, acordó con Pan American Energy, que van a desarrollar dos nuevos parques eólicos en Chubut. Con una inversión estimada de US$ 190 millones, estos proyectos ofrecerán una potencia de 140 megavatios mediante 32 aerogeneradores y entregarán energía equivalente al consumo de 197.000 hogares.
Estos proyectos van a tener una financiación provista por el banco KfW, con garantía de la agencia alemana Hermes.
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Un polo curtidor para aliviar al Riachuelo
Construyen en Lanús un polo curtidor para relocalizar empresas del Riachuelo
Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
El Parque Industrial estará a 10 cuadras del Puente Olímpico. Tratarán los efluentes, que irán a la red cloacal.
En Lanús comenzaron a levantar el Parque Industrial Curtidor (PIC). Con el inicio de los trabajos en el predio de la calle Olazábal al 3500 se da un paso clave para crear un polo especializado en curtiembres en Villa Jardín.
Esta industria es una de las más tradicionales de la zona y la intención es que se puedan mudar empresas pequeñas y medianas.
En el PIC hay 23 lotes en el que se podrán instalar unas 60 empresas. Allí tendrán los recursos necesarios para procesar los residuos propios de la actividad.
De este modo se busca evitar que se los arroje en el Riachuelo, una práctica que aún persiste. Para trabajar los cueros se utilizan sustancias tóxicas o contaminantes como el cromo y algunos sulfuros.
La idea de un polo dedicado a las curtiembres fue presentada por primera vez en 1983, pero recién en los últimos años la reflotaron y los hilos empezaron a moverse.
La intención es concentrar las empresas para que abaraten costos y, a la vez, proveerles el acceso a una planta de tratamiento de residuos.
Así, la industria de la curtiembre -uno de los principales factores contaminantes del Riachuelo- podrá reconvertirse a formas más amigables con el medio ambiente.
Uno de los impulsores del proyecto fue la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Desde allí explican que las tareas que comenzaron a realizar son "la apertura y hormigonado de calles internas y la presentación de factibilidad en cuanto a los servicios de agua, electricidad y gas (las pruebas para constatar que lleguen en las condiciones necesarias para abastecer a las empresas) por parte de las prestadoras. También se iniciará pronto la construcción de desagües pluviales internos".
El parque estará rodeado por muros y rejas y en la entrada habrá una balanza para el control del peso de los camiones que entren y salgan.
Acumar es el ente en el que están representados los tres gobiernos que tienen competencia sobre el Riachuelo: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Tiene a su cargo la fiscalización de toda la cuenca Matanza-Riachuelo y las sanciones a quienes contaminan.
La conveniencia para las empresas de curtiembres instaladas junto al Riachuelo está dada en que "sería muy caro para ellas afrontar los costos de la reconversión de manera separada”.
“La regulación que tiene Acumar en cuanto a los vertidos hacia el curso de agua tiene estándares industriales altos y porque la calidad del líquido que se trata debe cumplir con determinadas características", advierten en el ente que coordina los trabajos.
"Si las empresas procesan los líquidos de la misma manera, les conviene estar todas juntas", destacan. Además, una vez que esto suceda, también esperan que la instalación de firmas le de impulso a una zona humilde del Partido de Lanús.
En relación con el proceso de relocalización, ya está comprometida la participación en el parque de 25 compañías del sector. De ellas, 22 se radicarán dentro el PIC y tres ya están en predios linderos al polo.
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Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
El Parque Industrial estará a 10 cuadras del Puente Olímpico. Tratarán los efluentes, que irán a la red cloacal.
En Lanús comenzaron a levantar el Parque Industrial Curtidor (PIC). Con el inicio de los trabajos en el predio de la calle Olazábal al 3500 se da un paso clave para crear un polo especializado en curtiembres en Villa Jardín.
Esta industria es una de las más tradicionales de la zona y la intención es que se puedan mudar empresas pequeñas y medianas.
En el PIC hay 23 lotes en el que se podrán instalar unas 60 empresas. Allí tendrán los recursos necesarios para procesar los residuos propios de la actividad.
De este modo se busca evitar que se los arroje en el Riachuelo, una práctica que aún persiste. Para trabajar los cueros se utilizan sustancias tóxicas o contaminantes como el cromo y algunos sulfuros.
La idea de un polo dedicado a las curtiembres fue presentada por primera vez en 1983, pero recién en los últimos años la reflotaron y los hilos empezaron a moverse.
La intención es concentrar las empresas para que abaraten costos y, a la vez, proveerles el acceso a una planta de tratamiento de residuos.
Así, la industria de la curtiembre -uno de los principales factores contaminantes del Riachuelo- podrá reconvertirse a formas más amigables con el medio ambiente.
Uno de los impulsores del proyecto fue la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Desde allí explican que las tareas que comenzaron a realizar son "la apertura y hormigonado de calles internas y la presentación de factibilidad en cuanto a los servicios de agua, electricidad y gas (las pruebas para constatar que lleguen en las condiciones necesarias para abastecer a las empresas) por parte de las prestadoras. También se iniciará pronto la construcción de desagües pluviales internos".
El parque estará rodeado por muros y rejas y en la entrada habrá una balanza para el control del peso de los camiones que entren y salgan.
Acumar es el ente en el que están representados los tres gobiernos que tienen competencia sobre el Riachuelo: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Tiene a su cargo la fiscalización de toda la cuenca Matanza-Riachuelo y las sanciones a quienes contaminan.
La conveniencia para las empresas de curtiembres instaladas junto al Riachuelo está dada en que "sería muy caro para ellas afrontar los costos de la reconversión de manera separada”.
“La regulación que tiene Acumar en cuanto a los vertidos hacia el curso de agua tiene estándares industriales altos y porque la calidad del líquido que se trata debe cumplir con determinadas características", advierten en el ente que coordina los trabajos.
"Si las empresas procesan los líquidos de la misma manera, les conviene estar todas juntas", destacan. Además, una vez que esto suceda, también esperan que la instalación de firmas le de impulso a una zona humilde del Partido de Lanús.
En relación con el proceso de relocalización, ya está comprometida la participación en el parque de 25 compañías del sector. De ellas, 22 se radicarán dentro el PIC y tres ya están en predios linderos al polo.
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Córdoba: empresas no quieren cumplir con normativa ambiental
El G-6 pide reabrir la discusión sobre la licencia ambiental
Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
“El que se quema con leche ve una vaca y llora”, asegura un viejo y corroborado dicho popular.
Después de la frustrada radicación de una semillera en Malvinas Argentinas y de otros planteos vinculados con el impacto ambiental de actividades, tanto privadas como públicas, los empresarios cordobeses no quieren correr el riesgo de nuevas frustraciones.
Toda la actividad económica –con escasas excepciones– quedó supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley provincial 10.208 y de los decretos reglamentarios que regulan la política ambiental en el territorio. Pero el alto estándar de exigencias del conjunto de la normativa genera preocupación por el freno que puede implicar a nuevos proyectos de inversión o, incluso, a algunos ya concretados que, tal como están las cosas, deberían desinvertir.
En el fragor de la crisis de Monsanto, el llamado Grupo de los Seis (G-6), que reúne a las principales organizaciones gremial-empresariales de la industria, el comercio, la construcción y los servicios, alertó sobre el desincentivo para las empresas que implicaba dar marcha atrás con la radicación de la semillera, como finalmente ocurrió.
Ahora, con esa experiencia y con nuevos casos, como el de la planta de Porta Hermanos o la habilitación de loteos, la entidad apunta a tratar de compatibilizar con el sector público un esquema más flexible de aplicación de las regulaciones.
Para ello, el lunes está prevista una reunión de dirigentes del G-6 (dos por entidad miembro) con el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y su equipo de colaboradores en la temática.
El G-6 acuerda en que la ley sancionada en 2014 cumple estándares internacionales. El punto es la necesidad de compatibilizar los propósitos enunciados en la normativa “con la realidad productiva del país”, comentó una fuente con conocimiento del análisis que se efectúa a nivel empresarial.
Un dirigente industrial consultado por La Voz consideró que la aplicación de la normativa es en extremo “delicada” para las fábricas. “No es sencillo cumplimentar cada uno de los requisitos, menos sencillo es atravesar una audiencia pública y finalmente, si el tema se politiza, se convierte en un problema con resultado incierto”, comentó ayer. Los plazos de los llamados “sistemas de gestión ambiental” y las audiencias públicas son dos de los ítems más calientes. En apenas tres a seis meses, el interesado en conseguir licencia para un proyecto debe entregar toda la documentación con los estudios correspondientes para que no caduque el trámite.
En el G-6 existe la convicción de que el cumplimiento de la norma “genera una pérdida de oportunidades para la provincia”, comentaron interlocutores consultados ayer. “Tenemos casos en los que se habla de dejar de invertir para no tener que atravesar por una audiencia pública”, dijo otra fuente. “Es otro costo Córdoba que no está a la vista”, agregó.
Si bien en una primera lectura puede entenderse que los casos más comprometidos son aquellos vinculados con la actividad química, petroquímica, minería, desarrollos forestales o las relacionadas con el uso de acuíferos, otras ramas se encuentran también entre la espada y la pared.
Por caso, los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen sobre superficies mayores a las tres hectáreas deben cumplimentar la norma y atravesar por audiencias públicas.
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Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
“El que se quema con leche ve una vaca y llora”, asegura un viejo y corroborado dicho popular.
Después de la frustrada radicación de una semillera en Malvinas Argentinas y de otros planteos vinculados con el impacto ambiental de actividades, tanto privadas como públicas, los empresarios cordobeses no quieren correr el riesgo de nuevas frustraciones.
Toda la actividad económica –con escasas excepciones– quedó supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley provincial 10.208 y de los decretos reglamentarios que regulan la política ambiental en el territorio. Pero el alto estándar de exigencias del conjunto de la normativa genera preocupación por el freno que puede implicar a nuevos proyectos de inversión o, incluso, a algunos ya concretados que, tal como están las cosas, deberían desinvertir.
En el fragor de la crisis de Monsanto, el llamado Grupo de los Seis (G-6), que reúne a las principales organizaciones gremial-empresariales de la industria, el comercio, la construcción y los servicios, alertó sobre el desincentivo para las empresas que implicaba dar marcha atrás con la radicación de la semillera, como finalmente ocurrió.
Ahora, con esa experiencia y con nuevos casos, como el de la planta de Porta Hermanos o la habilitación de loteos, la entidad apunta a tratar de compatibilizar con el sector público un esquema más flexible de aplicación de las regulaciones.
Para ello, el lunes está prevista una reunión de dirigentes del G-6 (dos por entidad miembro) con el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y su equipo de colaboradores en la temática.
El G-6 acuerda en que la ley sancionada en 2014 cumple estándares internacionales. El punto es la necesidad de compatibilizar los propósitos enunciados en la normativa “con la realidad productiva del país”, comentó una fuente con conocimiento del análisis que se efectúa a nivel empresarial.
Un dirigente industrial consultado por La Voz consideró que la aplicación de la normativa es en extremo “delicada” para las fábricas. “No es sencillo cumplimentar cada uno de los requisitos, menos sencillo es atravesar una audiencia pública y finalmente, si el tema se politiza, se convierte en un problema con resultado incierto”, comentó ayer. Los plazos de los llamados “sistemas de gestión ambiental” y las audiencias públicas son dos de los ítems más calientes. En apenas tres a seis meses, el interesado en conseguir licencia para un proyecto debe entregar toda la documentación con los estudios correspondientes para que no caduque el trámite.
En el G-6 existe la convicción de que el cumplimiento de la norma “genera una pérdida de oportunidades para la provincia”, comentaron interlocutores consultados ayer. “Tenemos casos en los que se habla de dejar de invertir para no tener que atravesar por una audiencia pública”, dijo otra fuente. “Es otro costo Córdoba que no está a la vista”, agregó.
Si bien en una primera lectura puede entenderse que los casos más comprometidos son aquellos vinculados con la actividad química, petroquímica, minería, desarrollos forestales o las relacionadas con el uso de acuíferos, otras ramas se encuentran también entre la espada y la pared.
Por caso, los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen sobre superficies mayores a las tres hectáreas deben cumplimentar la norma y atravesar por audiencias públicas.
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Audiencia por el Riachuelo: más de lo mismo y enojo de vecinos
Reunión por el Riachuelo: entre la indignación de los vecinos y las explicaciones de los funcionarios
Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
"Estoy indignada. Me voy. Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla". Quien sale de la quinta audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo con esa estrepitosa declaración es Beatriz Mendoza, la vecina que hace 11 años le dio el nombre al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad llevar adelante obras para sanear el Riachuelo.
El fallo Mendoza se convirtió en un hito en el derecho ambiental: por primera vez la Justicia apuntaba a los responsables no de la contaminación sino de las pésimas condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y mandaba a los gobiernos a tomar acciones concretas para cambiar esa realidad. Pero, a once años de ese fallo histórico los cambios no llegaron, según denuncian Mendoza y muchos de los vecinos que esta mañana participaron de la audiencia pública.
El contrapunto era evidente entre los funcionarios que presentaban obras y avances como hitos en la historia del sanitarismo argentino y los vecinos y representantes de las organizaciones sociales que hablaban desde el hartazgo para decir que los cambios no se veían. Incluso hubo un vecino que se quebró y terminó su presentación entre lágrimas.
"Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen", dijo Ramón Acosta, un vecino que forma parte del foro hídrico de Lomas de Zamora. "Hace poco vinieron a mi casa a hacer un censo con vecinos, pero las preguntas eran muy básicas. No se interesaron en la salud. No preguntaron cuántos casos de cáncer hubo en las familias, son muchos", apuntó Natalia Noga, su esposa.
La voz de las autoridades
"El fallo Mendoza lleva 11 años y cuando se plantea así, la gente internaliza que no se hizo nada. Y no es cierto. Eso es una prueba de que esta es una política de Estado y que los proyectos son a largo plazo", argumenta Lucas Figueras, presidente de la Acumar, el ente tripartito que integran Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y que está mandado por la Corte a sanear el Riachuelo.
Figueras asumió hace cuatro meses, después de la renuncia de la directora anterior, que recibió fuertes cuestionamientos por los pocos avances que hace dos años fueron estimados por el cuerpo colegiado de organizaciones que creó la Corte para monitorear las obras. Sólo se avanzó en el 20% del plan, se dijo entonces. El año pasado, las críticas fueron a que los informes presentados por Acumar eran inconsistentes y no les permitían evaluar los avances, que a juzgar por la opinión de los vecinos no les estaban cambiando la calidad de vida a la gente.
"No podemos hablar de plazos. Todas las políticas públicas que se hicieron hasta ahora con el Riachuelo fracasaron. Esta es la primera vez que se está trabajando en serio. La obra del colector del margen izquierdo y la construcción del emisario van a permitir para 2021 o 2022 reducir un 50% el problema de contaminación de la cuenca. Y esa obra tiene un 50% de avance", asegura Figueras. Es decir, que hasta ahora, el avance rondaría el 25%, número que no es enunciado oficialmente por los funcionarios.
"Sólo el 5 % de la contaminación del Riachuelo y su cuenca proviene de las industrias. Y en ese sentido se están haciendo obras que serán de gran importancia, como la planta de tratamiento de efluentes conjunta en Lanús y otras", dice Figueras. "El 95% de la contaminación del río tiene que ver con vertidos cloacales y a eso hay que sumarle el problema de los residuos sólidos urbanos", apunta el director de Acumar.
Cuando distintos funcionarios planearon números similares en la audiencia pública, hubo indignación entre los vecinos presentes. Uno de los funcionarios contó que se habían cerrado los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca: los de Marcos Paz y el de Cañuelas. Pero, en algunos casos, todavía subsisten los microbasurales en las márgenes, dijo y mostró fotos de cómo se habían hecho limpieza de los terrenos en la zona y a los tres días estaba otra vez lleno de montañas de basura.
"Siempre se responsabiliza al vecino, pero yo me pregunto qué haría cualquier vecino si saca la basura y no se la pasan a recolectar. ¿Dónde la lleva? En mi barrio, el camión recolector pasa tres veces por semana, cuando en el centro pasa todos los días. Lo mismo se dice de las cloacas. Se están haciendo obras de plantas de tratamientos. Pero la conexión domiciliaria va a quedar a cargo de los vecinos. Prometen créditos y subsidios, pero piensen qué muchos somos vecinos que no podemos pagar una tarifa social, si van a esperar solucionar la contaminación cloacal con obras que paguen los vecinos, estamos hechos", dice Sergio González, vecino de Lanús que participó como orador.
"Nosotros vamos a tener en cuenta las posibilidades de cada vecino, y se prevén subsidios para quienes no puedan pagar. En dos años ya se conectaron más de mil hogares con subsidios del 100% a la red", apunta Figueras. Un número que contrasta contra los casi 2,2 millones de habitantes de la cuenca que no tienen cloacas.
Un funcionario proyectó los números y los plazos de conexión a las 15 plantas de tratamiento de desechos cloacales: once están en servicio, dos proyectadas, una en obra y una planificada. Un vecino le contestó que era una utopía. Una de las plantas en funcionamiento, la de Lanús, conectará a las cloacas a unos 90.000 vecinos. Hoy, sólo 7000 vecinos están conectados. "Y 4000 de ellos son vecinos porteños, no del partido", denunció González.
"Estamos cansados de escuchar siempre los mismos argumentos. En cada audiencia se habla de lo mismo. Se habla de obras, como si el objetivo del saneamiento del Riachuelo fuera descontaminar un río. Lo que el fallo de la Corte ordenó es un abordaje integral. El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio", apunta Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.
"Siguen haciendo diagnósticos técnicos sin entender el verdadero problema. A otras audiencias veníamos preocupados, ahora venimos angustiados. Porque vemos que no hay una decisión política de sanear el Riachuelo. La gestión de Acumar oscila entre subejecución y desfinanciamiento. En este informe que nos presentan no tenemos datos, no se puede realizar un control. No sabemos si se tira más plomo o benceno. La Corte produjo un diseño institucional de cómo sanear el Riachuelo. Hoy ese diseño no existe. Para controlar que se cumpla el fallo se creó un cuerpo colegiado, formado por organizaciones ambientales y vecinales y presidida por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero como no tenemos un defensor, no hay quién lidere esa defensa. Y la Corte no hace nada. Sólo manda una vez al año un pedido al Congreso para que se designe un defensor", advirtió Fernando Fimognare, de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las cinco organizaciones que conforman el cuerpo colegiado, junto a Greenpeace, el Cels, la Comisión de Vecinos de La Boca y la Asociación Civil de Derechos Humanos que son responsables de monitorear el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que surgió a partir del fallo de la Corte. "No entiendo para qué es esta audiencia. ¿Para qué venimos? ¿Para escucharlos actualizar el estado del Pisa? Nosotros venimos a repetir lo mismo que en las audiencias anteriores. Porque muy poco ha cambiado, no se está avanzando", aseguró Santiago Cane, de Farn. "Acumar coordina la política pública de limpieza del Riachuelo. ¿Quién la define? Los gobiernos, que son los condenados en el fallo de la Corte, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esa política no se ve", aseguró el representante de Farn.
"Usted va a terminar procesado por inacción, porque no hace nada por la contaminación del aire y del agua", terminó su presentación, indignado, Raul Estrada Oyuela, de la Asociación de Vecinos de La Boca, parte del cuerpo colegiado, apuntando al director de Acumar.
"Le pusieron mi nombre a uno de los caños de la obra del margen izquierdo del Riachuelo. Soy el emisario Beatriz Mendoza, cosa que me indignó. Soy el nombre de un fallo histórico. Pero sabés qué es lo triste. Que eso no le cambió la vida a nadie. Cuando la Corte se pronunció, me llené de esperanzas. Pero ahora veo que la gente vive igual o peor. Y la Corte no hace nada. No exige el cumplimiento del fallo. La Acumar y todos los funcionarios juegan a la obsolescencia, a decir que están haciendo mucho pero que no se ve. El problema es que la contaminación es un ente abstracto. Y sus consecuencias no se ven, hasta que llega una inundación como la de La Plata y se cobra muchas vidas. Es lamentable", asegura Mendoza, mientras sale del Centro Metropolitano de Diseño donde se realizó la audiencia.
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Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
"Estoy indignada. Me voy. Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla". Quien sale de la quinta audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo con esa estrepitosa declaración es Beatriz Mendoza, la vecina que hace 11 años le dio el nombre al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad llevar adelante obras para sanear el Riachuelo.
El fallo Mendoza se convirtió en un hito en el derecho ambiental: por primera vez la Justicia apuntaba a los responsables no de la contaminación sino de las pésimas condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y mandaba a los gobiernos a tomar acciones concretas para cambiar esa realidad. Pero, a once años de ese fallo histórico los cambios no llegaron, según denuncian Mendoza y muchos de los vecinos que esta mañana participaron de la audiencia pública.
El contrapunto era evidente entre los funcionarios que presentaban obras y avances como hitos en la historia del sanitarismo argentino y los vecinos y representantes de las organizaciones sociales que hablaban desde el hartazgo para decir que los cambios no se veían. Incluso hubo un vecino que se quebró y terminó su presentación entre lágrimas.
"Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen", dijo Ramón Acosta, un vecino que forma parte del foro hídrico de Lomas de Zamora. "Hace poco vinieron a mi casa a hacer un censo con vecinos, pero las preguntas eran muy básicas. No se interesaron en la salud. No preguntaron cuántos casos de cáncer hubo en las familias, son muchos", apuntó Natalia Noga, su esposa.
La voz de las autoridades
"El fallo Mendoza lleva 11 años y cuando se plantea así, la gente internaliza que no se hizo nada. Y no es cierto. Eso es una prueba de que esta es una política de Estado y que los proyectos son a largo plazo", argumenta Lucas Figueras, presidente de la Acumar, el ente tripartito que integran Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y que está mandado por la Corte a sanear el Riachuelo.
Figueras asumió hace cuatro meses, después de la renuncia de la directora anterior, que recibió fuertes cuestionamientos por los pocos avances que hace dos años fueron estimados por el cuerpo colegiado de organizaciones que creó la Corte para monitorear las obras. Sólo se avanzó en el 20% del plan, se dijo entonces. El año pasado, las críticas fueron a que los informes presentados por Acumar eran inconsistentes y no les permitían evaluar los avances, que a juzgar por la opinión de los vecinos no les estaban cambiando la calidad de vida a la gente.
"No podemos hablar de plazos. Todas las políticas públicas que se hicieron hasta ahora con el Riachuelo fracasaron. Esta es la primera vez que se está trabajando en serio. La obra del colector del margen izquierdo y la construcción del emisario van a permitir para 2021 o 2022 reducir un 50% el problema de contaminación de la cuenca. Y esa obra tiene un 50% de avance", asegura Figueras. Es decir, que hasta ahora, el avance rondaría el 25%, número que no es enunciado oficialmente por los funcionarios.
"Sólo el 5 % de la contaminación del Riachuelo y su cuenca proviene de las industrias. Y en ese sentido se están haciendo obras que serán de gran importancia, como la planta de tratamiento de efluentes conjunta en Lanús y otras", dice Figueras. "El 95% de la contaminación del río tiene que ver con vertidos cloacales y a eso hay que sumarle el problema de los residuos sólidos urbanos", apunta el director de Acumar.
Cuando distintos funcionarios planearon números similares en la audiencia pública, hubo indignación entre los vecinos presentes. Uno de los funcionarios contó que se habían cerrado los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca: los de Marcos Paz y el de Cañuelas. Pero, en algunos casos, todavía subsisten los microbasurales en las márgenes, dijo y mostró fotos de cómo se habían hecho limpieza de los terrenos en la zona y a los tres días estaba otra vez lleno de montañas de basura.
"Siempre se responsabiliza al vecino, pero yo me pregunto qué haría cualquier vecino si saca la basura y no se la pasan a recolectar. ¿Dónde la lleva? En mi barrio, el camión recolector pasa tres veces por semana, cuando en el centro pasa todos los días. Lo mismo se dice de las cloacas. Se están haciendo obras de plantas de tratamientos. Pero la conexión domiciliaria va a quedar a cargo de los vecinos. Prometen créditos y subsidios, pero piensen qué muchos somos vecinos que no podemos pagar una tarifa social, si van a esperar solucionar la contaminación cloacal con obras que paguen los vecinos, estamos hechos", dice Sergio González, vecino de Lanús que participó como orador.
"Nosotros vamos a tener en cuenta las posibilidades de cada vecino, y se prevén subsidios para quienes no puedan pagar. En dos años ya se conectaron más de mil hogares con subsidios del 100% a la red", apunta Figueras. Un número que contrasta contra los casi 2,2 millones de habitantes de la cuenca que no tienen cloacas.
Un funcionario proyectó los números y los plazos de conexión a las 15 plantas de tratamiento de desechos cloacales: once están en servicio, dos proyectadas, una en obra y una planificada. Un vecino le contestó que era una utopía. Una de las plantas en funcionamiento, la de Lanús, conectará a las cloacas a unos 90.000 vecinos. Hoy, sólo 7000 vecinos están conectados. "Y 4000 de ellos son vecinos porteños, no del partido", denunció González.
"Estamos cansados de escuchar siempre los mismos argumentos. En cada audiencia se habla de lo mismo. Se habla de obras, como si el objetivo del saneamiento del Riachuelo fuera descontaminar un río. Lo que el fallo de la Corte ordenó es un abordaje integral. El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio", apunta Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.
"Siguen haciendo diagnósticos técnicos sin entender el verdadero problema. A otras audiencias veníamos preocupados, ahora venimos angustiados. Porque vemos que no hay una decisión política de sanear el Riachuelo. La gestión de Acumar oscila entre subejecución y desfinanciamiento. En este informe que nos presentan no tenemos datos, no se puede realizar un control. No sabemos si se tira más plomo o benceno. La Corte produjo un diseño institucional de cómo sanear el Riachuelo. Hoy ese diseño no existe. Para controlar que se cumpla el fallo se creó un cuerpo colegiado, formado por organizaciones ambientales y vecinales y presidida por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero como no tenemos un defensor, no hay quién lidere esa defensa. Y la Corte no hace nada. Sólo manda una vez al año un pedido al Congreso para que se designe un defensor", advirtió Fernando Fimognare, de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las cinco organizaciones que conforman el cuerpo colegiado, junto a Greenpeace, el Cels, la Comisión de Vecinos de La Boca y la Asociación Civil de Derechos Humanos que son responsables de monitorear el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que surgió a partir del fallo de la Corte. "No entiendo para qué es esta audiencia. ¿Para qué venimos? ¿Para escucharlos actualizar el estado del Pisa? Nosotros venimos a repetir lo mismo que en las audiencias anteriores. Porque muy poco ha cambiado, no se está avanzando", aseguró Santiago Cane, de Farn. "Acumar coordina la política pública de limpieza del Riachuelo. ¿Quién la define? Los gobiernos, que son los condenados en el fallo de la Corte, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esa política no se ve", aseguró el representante de Farn.
"Usted va a terminar procesado por inacción, porque no hace nada por la contaminación del aire y del agua", terminó su presentación, indignado, Raul Estrada Oyuela, de la Asociación de Vecinos de La Boca, parte del cuerpo colegiado, apuntando al director de Acumar.
"Le pusieron mi nombre a uno de los caños de la obra del margen izquierdo del Riachuelo. Soy el emisario Beatriz Mendoza, cosa que me indignó. Soy el nombre de un fallo histórico. Pero sabés qué es lo triste. Que eso no le cambió la vida a nadie. Cuando la Corte se pronunció, me llené de esperanzas. Pero ahora veo que la gente vive igual o peor. Y la Corte no hace nada. No exige el cumplimiento del fallo. La Acumar y todos los funcionarios juegan a la obsolescencia, a decir que están haciendo mucho pero que no se ve. El problema es que la contaminación es un ente abstracto. Y sus consecuencias no se ven, hasta que llega una inundación como la de La Plata y se cobra muchas vidas. Es lamentable", asegura Mendoza, mientras sale del Centro Metropolitano de Diseño donde se realizó la audiencia.
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Departamentos de Mendoza reticentes al fracking
El director de Turismo municipal dijo que San Rafael debe fijar postura en relación al fracking
Fecha de Publicación: 16/07/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
“Hay departamentos, como General Alvear o San Carlos, que ya tienen una posición definida en torno a lo que quieren para el futuro”, fueron las filosas palabras del titular de la Dirección de Turismo de San Rafael en torno a la fractura hidráulica (fracking) como método de extracción de petróleo y gas.
El funcionario comunal dijo que “toda la ciudadanía debe involucrarse en el tema” y de una vez por todas “definir el destino económico de San Rafael”.
“Es momento de discutir si vamos a optar por el fracking o no. Tenemos que poner sobre la balanza muchas cosas y definir la matriz productiva. Ver si será la minería, el turismo o la agricultura”, deslizó Javier Muñoz.
Invitó a los prestadores turísticos a marcar postura y adjuntó: “No hay que olvidarse que el turista que viene a San Rafael prefiere el contacto con la naturaleza y pide productos orgánicos”.
Sin vueltas lanzó que prefiere un departamento “limpio y sin contaminación, preservando todo lo que tiene que ver con la naturaleza”.
Al tiempo que pidió mayor compromiso a otros sectores, manifestó: “Hay que mirar hacia el futuro y tener en cuenta lo que le dejamos a futuras generaciones. Tenemos que respetar nuestro lugar y convivir con la flora y la fauna”.
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Fecha de Publicación: 16/07/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
“Hay departamentos, como General Alvear o San Carlos, que ya tienen una posición definida en torno a lo que quieren para el futuro”, fueron las filosas palabras del titular de la Dirección de Turismo de San Rafael en torno a la fractura hidráulica (fracking) como método de extracción de petróleo y gas.
El funcionario comunal dijo que “toda la ciudadanía debe involucrarse en el tema” y de una vez por todas “definir el destino económico de San Rafael”.
“Es momento de discutir si vamos a optar por el fracking o no. Tenemos que poner sobre la balanza muchas cosas y definir la matriz productiva. Ver si será la minería, el turismo o la agricultura”, deslizó Javier Muñoz.
Invitó a los prestadores turísticos a marcar postura y adjuntó: “No hay que olvidarse que el turista que viene a San Rafael prefiere el contacto con la naturaleza y pide productos orgánicos”.
Sin vueltas lanzó que prefiere un departamento “limpio y sin contaminación, preservando todo lo que tiene que ver con la naturaleza”.
Al tiempo que pidió mayor compromiso a otros sectores, manifestó: “Hay que mirar hacia el futuro y tener en cuenta lo que le dejamos a futuras generaciones. Tenemos que respetar nuestro lugar y convivir con la flora y la fauna”.
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Crédito fiscal para quienes generen con renovables
El Gobierno dará hasta $ 1 millón de crédito fiscal a quienes generen su propia energía renovable
Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno dará hasta $ 1 millón de crédito fiscal a los usuarios que generen electricidad a partir de fuentes de energías renovables, y la vuelquen a la red de distribución.
Lo decidió a través de la disposición 83/2019 de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La norma aprobó el "Procedimiento para la Obtención del Certificado de Crédito Fiscal del Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energías Renovables", y dispuso los montos a asignar como beneficio promocional.
El Certificado de Crédito Fiscal se otorgará a usuarios generadores que instalen nuevos equipos de generación distribuida.
La compra del mismo por el cual se solicita el beneficio deberá ser posterior a la fecha de entrada en vigencia de la disposición 48 del 16 de abril de 2019 de la Subsecretaría.
Un usuario generador podrá recibir como máximo un Certificado de Crédito Fiscal, por punto de suministro, identificado con el correspondiente Número de Identificación de Suministro (NIS).
El monto de este beneficio será equivalente a $ 15 por unidad de potencia expresada en vatios, para aquellos usuarios generadores que hayan instalado un equipo de generación distribuida con conexión a la red de distribución.
Este monto será otorgado hasta un máximo de $ 1 millón, y será aplicable para las solicitudes de reserva de cupo aprobadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
El Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública procura establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo con eventual inyección de excedentes a la red. Para ello se establecieron beneficios promocionales.
La resolución precisó que la instrumentación y aplicación del Certificado de Crédito Fiscal, será regulada por la Subsecretaría y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los bonos electrónicos representativos de los Certificados Fiscales emitidos tendrán una vigencia de cinco años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de otorgamiento.
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Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno dará hasta $ 1 millón de crédito fiscal a los usuarios que generen electricidad a partir de fuentes de energías renovables, y la vuelquen a la red de distribución.
Lo decidió a través de la disposición 83/2019 de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La norma aprobó el "Procedimiento para la Obtención del Certificado de Crédito Fiscal del Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energías Renovables", y dispuso los montos a asignar como beneficio promocional.
El Certificado de Crédito Fiscal se otorgará a usuarios generadores que instalen nuevos equipos de generación distribuida.
La compra del mismo por el cual se solicita el beneficio deberá ser posterior a la fecha de entrada en vigencia de la disposición 48 del 16 de abril de 2019 de la Subsecretaría.
Un usuario generador podrá recibir como máximo un Certificado de Crédito Fiscal, por punto de suministro, identificado con el correspondiente Número de Identificación de Suministro (NIS).
El monto de este beneficio será equivalente a $ 15 por unidad de potencia expresada en vatios, para aquellos usuarios generadores que hayan instalado un equipo de generación distribuida con conexión a la red de distribución.
Este monto será otorgado hasta un máximo de $ 1 millón, y será aplicable para las solicitudes de reserva de cupo aprobadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
El Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública procura establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo con eventual inyección de excedentes a la red. Para ello se establecieron beneficios promocionales.
La resolución precisó que la instrumentación y aplicación del Certificado de Crédito Fiscal, será regulada por la Subsecretaría y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los bonos electrónicos representativos de los Certificados Fiscales emitidos tendrán una vigencia de cinco años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de otorgamiento.
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Gobierno de Entre Ríos fomenta el ecoturismo
El gobierno promueve circuitos de Ecoturismo en la provincia
Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
A los ya implementados en Paraná y Victoria, se suman los nuevos circuitos en Santa Elena y Gualeguaychú, que se inaugurarán próximamente. La iniciativa se enmarca en las acciones que lleva adelante el programa Cuidadores de la Casa Común, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social.
El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, impulsa el programa Cuidadores de la Casa Común mediante el cual se lleva adelante un proyecto de turismo comunitario que impulsa circuitos de Ecoturismo en diversas localidades, con el fin de poner en valor los espacios verdes en territorio, cuidar el medioambiente y preservar la flora y fauna local, además de proporcionar una salida laboral sustentable a aquellos jóvenes en condición de vulnerabilidad económica.
Acerca de esta iniciativa, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, manifestó: “Este programa funciona porque está integrado por jóvenes que están convencidos de que pueden transformar sus vidas, mejorar su comunidad y cuidar el medio ambiente, porque Cuidadores de la Casa Común cobra sentido cuando no pensamos únicamente en el proyecto de trabajo de cada uno, sino cuando podemos ver el impacto que esto tiene en nuestra comunidad. Nosotros tenemos que aportar a una buena convivencia, saber lo que le pasa a mi vecino y ser solidario. Estamos convencidos de que si entre todos nos comprometemos podemos construir una casa común más digna y que nos contenga a todos”.
De esta manera, actualmente funcionan dos circuitos de Ecoturismo en la localidad de Paraná y de Victoria, pero se está trabajando para que en un corto lapso de tiempo, puedan inaugurarse en las localidades de Santa Elena del departamento La Paz, y en Gualeguaychú.
A este respecto, una de las coordinadoras de la propuesta, Soledad Ferreira, explicó: “Esto se implementa en algunas de las localidades donde se encuentra el programa Cuidadores de la Casa Común, queremos construir otra forma de hacer turismo, que tenga que ver con las comunidades, que sean ellas quienes decidan qué y cómo contar, como mostrarse y dar diferentes servicios. Cada localidad tiene sus particularidades porque hay que salir y despegarse del turismo comercial, tiene que ver con la forma de vivir, de ser, con el patrimonio cultural y ambiental”.
En la capital provincial, jóvenes integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común junto a la organización Eco Urbano y Baqueanos del Río, generaron un proyecto ambiental denominado Humedales del Río Paraná, el mismo está ubicado en el Barrio San Martín y cuenta con un itinerario orientado al reconocimiento de la bio-diversidad de la zona, la flora y fauna autóctona, el avistaje de aves, las lagunas y cavas, además de poder disfrutar de productos gastronómicos locales hechos por los propios cuidadores.
En este sentido, uno de los primeros en sumarse a este proyecto, fue el baqueano del Río Luis Romero, quien detalló: “El Ministerio de Desarrollo Social me invitó a participar hace unos años, al comienzo del programa Cuidadores de la Casa Común con el fin de concientizar y sensibilizar a los jóvenes que participan de Cuidadores de los temas ambientales, asi que pasamos directamente a trabajar sobre el territorio y a conocerlo de tal manera que uno pueda ser consciente de lo que está trabajando. Por eso, es en los humedales del río Paraná que estamos llevando a cabo un emprendimiento de turismo comunitario donde podemos descubrir la naturaleza, es una belleza imponente y frágil, que deja sorprendido a la gente que nos visita, porque se expresa con sus lagunas, su vegetación, su flora y su fauna. Nosotros queremos transformar una realidad, estamos soñando un proyecto de turismo comunitario que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos de Paraná”.
Asimismo, en la localidad de Victoria, se lleva a cabo un recorrido histórico de ecoturismo en el Barrio Quinto Cuartel, con avistaje de aves y de plantas nativas por la costa. Los guías, integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común, conocen el territorio de las islas y costa de la Cuenca Sur del Río de la Plata – Río Paraná y brindan información al respecto a los turistas, y, paralelamente protegen los cursos de agua.
Una de las integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común, que participa del proyecto, es la joven Verónica de la localidad de Victoria: “Empezamos con turismo comunitario hace un año, con el objetivo de revalorizar nuestro barrio, el Quinto Cuartel, mostrando todo lo que es la historia y también lo que tiene que ver con la naturaleza que tiene el barrio”.
En la localidad de Santa Elena, del departamento La Paz, se están delineando los circuitos en base a la historia del frigorífico y la pesca artesanal; en este sentido, María, que es parte de los Cuidadores de la localidad, contó cómo se está desarrollando la iniciativa en su comunidad: “Este es el tercer año que estamos con Cuidadores, pero recién este año comenzamos con turismo comunitario, es algo nuevo para nosotros, hay muchos lugares que no se conocían y ya estuvimos viendo varios para hacer el circuito, nos encontramos con muchas cosas que desconocíamos, está muy bueno y es muy interesante. Hace meses que estamos funcionando y preparando todo, creemos que el mes que viene, en agosto, podremos empezar con los circuitos con gente que vendrá a recorrer y visitarnos”.
De igual manera en Gualeguaychú, los jóvenes Cuidadores de la Casa Común se encuentran trabajando para delinear un circuito turístico ecológico basado en los caminos del Gualeyán y el arroyo Las Moras. En ese sentido, uno de los talleristas de turismo comunitario, Federico, explicó: “La idea de este proyecto es poder incorporar que no existe el turismo comunitario sin la comunidad, porque es la comunidad la que se organiza para poder desarrollar la actividad. Nuestra matriz es la idea de que con nuestra presencia podemos ocupar un espacio, darle movilidad a los diferentes lugares de los barrios de dónde venimos, y mostrar una forma de hacer turismo alternativa a las que se conocen al día de hoy”.
Para finalizar, Ferreira, destacó la importancia del tendido de redes en turismo comunitario: “Estamos trabajando en Victoria, Paraná, Santa Elena y Gualeguaychú, siempre hay condimentos ambientales, culturales que se van cruzando, un peso de la historia que todos queremos reflotar, porque si la comunidad misma no las rescata, otros no lo va a hacer, entonces sobre eso es que trabajamos fuertemente desde este turismo comunitario”.
Sobre el programa
Cuidadores se implementa en diversas localidades de Entre Ríos, tales como Paraná, Villaguay, Victoria, Cerrito, Santa Elena, Gualeguaychú y Concordia, y comenzó a aplicarse en 2016 como experiencia piloto a partir de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, en la que se realiza un llamado a los gobiernos y a los jóvenes a trabajar por el cuidado de la naturaleza, generando proyectos productivos que permitan un trabajo digno.
En este marco, los jóvenes que participan de la propuesta llevan adelante distintos rubros laborales como reciclado, gastronomía, peluquería, trabajos con telas y carpintería, entre otros.
Este programa promueve el proceso de inserción socio-laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad, brindando capacitación, acompañamiento y contención para la realización de proyectos laborales sustentables. Los principales objetivos que persigue son el desarrollo personal, la construcción de lazos comunitarios y el cuidado del planeta.
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Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
A los ya implementados en Paraná y Victoria, se suman los nuevos circuitos en Santa Elena y Gualeguaychú, que se inaugurarán próximamente. La iniciativa se enmarca en las acciones que lleva adelante el programa Cuidadores de la Casa Común, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social.
El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, impulsa el programa Cuidadores de la Casa Común mediante el cual se lleva adelante un proyecto de turismo comunitario que impulsa circuitos de Ecoturismo en diversas localidades, con el fin de poner en valor los espacios verdes en territorio, cuidar el medioambiente y preservar la flora y fauna local, además de proporcionar una salida laboral sustentable a aquellos jóvenes en condición de vulnerabilidad económica.
Acerca de esta iniciativa, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, manifestó: “Este programa funciona porque está integrado por jóvenes que están convencidos de que pueden transformar sus vidas, mejorar su comunidad y cuidar el medio ambiente, porque Cuidadores de la Casa Común cobra sentido cuando no pensamos únicamente en el proyecto de trabajo de cada uno, sino cuando podemos ver el impacto que esto tiene en nuestra comunidad. Nosotros tenemos que aportar a una buena convivencia, saber lo que le pasa a mi vecino y ser solidario. Estamos convencidos de que si entre todos nos comprometemos podemos construir una casa común más digna y que nos contenga a todos”.
De esta manera, actualmente funcionan dos circuitos de Ecoturismo en la localidad de Paraná y de Victoria, pero se está trabajando para que en un corto lapso de tiempo, puedan inaugurarse en las localidades de Santa Elena del departamento La Paz, y en Gualeguaychú.
A este respecto, una de las coordinadoras de la propuesta, Soledad Ferreira, explicó: “Esto se implementa en algunas de las localidades donde se encuentra el programa Cuidadores de la Casa Común, queremos construir otra forma de hacer turismo, que tenga que ver con las comunidades, que sean ellas quienes decidan qué y cómo contar, como mostrarse y dar diferentes servicios. Cada localidad tiene sus particularidades porque hay que salir y despegarse del turismo comercial, tiene que ver con la forma de vivir, de ser, con el patrimonio cultural y ambiental”.
En la capital provincial, jóvenes integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común junto a la organización Eco Urbano y Baqueanos del Río, generaron un proyecto ambiental denominado Humedales del Río Paraná, el mismo está ubicado en el Barrio San Martín y cuenta con un itinerario orientado al reconocimiento de la bio-diversidad de la zona, la flora y fauna autóctona, el avistaje de aves, las lagunas y cavas, además de poder disfrutar de productos gastronómicos locales hechos por los propios cuidadores.
En este sentido, uno de los primeros en sumarse a este proyecto, fue el baqueano del Río Luis Romero, quien detalló: “El Ministerio de Desarrollo Social me invitó a participar hace unos años, al comienzo del programa Cuidadores de la Casa Común con el fin de concientizar y sensibilizar a los jóvenes que participan de Cuidadores de los temas ambientales, asi que pasamos directamente a trabajar sobre el territorio y a conocerlo de tal manera que uno pueda ser consciente de lo que está trabajando. Por eso, es en los humedales del río Paraná que estamos llevando a cabo un emprendimiento de turismo comunitario donde podemos descubrir la naturaleza, es una belleza imponente y frágil, que deja sorprendido a la gente que nos visita, porque se expresa con sus lagunas, su vegetación, su flora y su fauna. Nosotros queremos transformar una realidad, estamos soñando un proyecto de turismo comunitario que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos de Paraná”.
Asimismo, en la localidad de Victoria, se lleva a cabo un recorrido histórico de ecoturismo en el Barrio Quinto Cuartel, con avistaje de aves y de plantas nativas por la costa. Los guías, integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común, conocen el territorio de las islas y costa de la Cuenca Sur del Río de la Plata – Río Paraná y brindan información al respecto a los turistas, y, paralelamente protegen los cursos de agua.
Una de las integrantes del programa Cuidadores de la Casa Común, que participa del proyecto, es la joven Verónica de la localidad de Victoria: “Empezamos con turismo comunitario hace un año, con el objetivo de revalorizar nuestro barrio, el Quinto Cuartel, mostrando todo lo que es la historia y también lo que tiene que ver con la naturaleza que tiene el barrio”.
En la localidad de Santa Elena, del departamento La Paz, se están delineando los circuitos en base a la historia del frigorífico y la pesca artesanal; en este sentido, María, que es parte de los Cuidadores de la localidad, contó cómo se está desarrollando la iniciativa en su comunidad: “Este es el tercer año que estamos con Cuidadores, pero recién este año comenzamos con turismo comunitario, es algo nuevo para nosotros, hay muchos lugares que no se conocían y ya estuvimos viendo varios para hacer el circuito, nos encontramos con muchas cosas que desconocíamos, está muy bueno y es muy interesante. Hace meses que estamos funcionando y preparando todo, creemos que el mes que viene, en agosto, podremos empezar con los circuitos con gente que vendrá a recorrer y visitarnos”.
De igual manera en Gualeguaychú, los jóvenes Cuidadores de la Casa Común se encuentran trabajando para delinear un circuito turístico ecológico basado en los caminos del Gualeyán y el arroyo Las Moras. En ese sentido, uno de los talleristas de turismo comunitario, Federico, explicó: “La idea de este proyecto es poder incorporar que no existe el turismo comunitario sin la comunidad, porque es la comunidad la que se organiza para poder desarrollar la actividad. Nuestra matriz es la idea de que con nuestra presencia podemos ocupar un espacio, darle movilidad a los diferentes lugares de los barrios de dónde venimos, y mostrar una forma de hacer turismo alternativa a las que se conocen al día de hoy”.
Para finalizar, Ferreira, destacó la importancia del tendido de redes en turismo comunitario: “Estamos trabajando en Victoria, Paraná, Santa Elena y Gualeguaychú, siempre hay condimentos ambientales, culturales que se van cruzando, un peso de la historia que todos queremos reflotar, porque si la comunidad misma no las rescata, otros no lo va a hacer, entonces sobre eso es que trabajamos fuertemente desde este turismo comunitario”.
Sobre el programa
Cuidadores se implementa en diversas localidades de Entre Ríos, tales como Paraná, Villaguay, Victoria, Cerrito, Santa Elena, Gualeguaychú y Concordia, y comenzó a aplicarse en 2016 como experiencia piloto a partir de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, en la que se realiza un llamado a los gobiernos y a los jóvenes a trabajar por el cuidado de la naturaleza, generando proyectos productivos que permitan un trabajo digno.
En este marco, los jóvenes que participan de la propuesta llevan adelante distintos rubros laborales como reciclado, gastronomía, peluquería, trabajos con telas y carpintería, entre otros.
Este programa promueve el proceso de inserción socio-laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad, brindando capacitación, acompañamiento y contención para la realización de proyectos laborales sustentables. Los principales objetivos que persigue son el desarrollo personal, la construcción de lazos comunitarios y el cuidado del planeta.
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Indagatoria por contaminación de la papelera de La Plata
Indagarán a responsables de una papelera de La Plata acusados de delitos ambientales
Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3 de La Plata citó a declaración indagatoria a los responsables de la Cooperativa de Trabajo Papelera Platense, ubicada en Camino Centenario y calle 514, por arrojar efluentes líquidos sin el adecuado tratamiento al arroyo El Gato, informaron hoy fuentes judiciales.
El arroyo El Gato, de 35 kilómetros de longitud, cruza de oeste a este el partido de La Plata y Ensenada, y unas 380 mil personas habitan en su cuenca, muchas en asentamientos precarios.
Un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) advirtió que el vertido de líquidos por parte de la papelera impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, y en la causa interviene la fiscal Ana Miriam Russo.
Al momento de formular el requerimiento de instrucción del caso, la Fiscalía solicitó diversas medidas de prueba: requirió peritajes sobre los efluentes líquidos, informes a la agencia ambiental de La Plata y su posterior allanamiento, con el fin de acreditar los hechos investigados y acumular la mayor cantidad de evidencia.
Una vez realizadas las medidas, el juez federal citó a declaración indagatoria a las autoridades de la cooperativa, indicaron las fuentes.
Durante el desarrollo de la investigación intervinieron distintos organismos y se dispusieron medidas sobre el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Autoridad del Agua (ADA), la municipalidad de La Plata y la Facultad de Ingeniería.
El informe de la UNLP advirtió que "el vuelco de la papelera, en las condiciones actuales, impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, resultando necesario modificar las características del vuelco a efectos de que cumpla con los valores de la normativa y descargue de manera controlada en el cauce del arroyo El Gato".
La investigación comenzó con la denuncia realizada en junio de 2015 por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González, sobre los responsables de la firma Cooperativa de Trabajo Papelera Platense Ltda, empresa dedicada al reciclado y comercialización de papel y cartón.
En ese documento, la unidad especializada advirtió sobre los posibles efectos para la salud de la población y el ambiente general.
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Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3 de La Plata citó a declaración indagatoria a los responsables de la Cooperativa de Trabajo Papelera Platense, ubicada en Camino Centenario y calle 514, por arrojar efluentes líquidos sin el adecuado tratamiento al arroyo El Gato, informaron hoy fuentes judiciales.
El arroyo El Gato, de 35 kilómetros de longitud, cruza de oeste a este el partido de La Plata y Ensenada, y unas 380 mil personas habitan en su cuenca, muchas en asentamientos precarios.
Un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) advirtió que el vertido de líquidos por parte de la papelera impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, y en la causa interviene la fiscal Ana Miriam Russo.
Al momento de formular el requerimiento de instrucción del caso, la Fiscalía solicitó diversas medidas de prueba: requirió peritajes sobre los efluentes líquidos, informes a la agencia ambiental de La Plata y su posterior allanamiento, con el fin de acreditar los hechos investigados y acumular la mayor cantidad de evidencia.
Una vez realizadas las medidas, el juez federal citó a declaración indagatoria a las autoridades de la cooperativa, indicaron las fuentes.
Durante el desarrollo de la investigación intervinieron distintos organismos y se dispusieron medidas sobre el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Autoridad del Agua (ADA), la municipalidad de La Plata y la Facultad de Ingeniería.
El informe de la UNLP advirtió que "el vuelco de la papelera, en las condiciones actuales, impacta de manera negativa en la calidad del agua del arroyo, resultando necesario modificar las características del vuelco a efectos de que cumpla con los valores de la normativa y descargue de manera controlada en el cauce del arroyo El Gato".
La investigación comenzó con la denuncia realizada en junio de 2015 por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González, sobre los responsables de la firma Cooperativa de Trabajo Papelera Platense Ltda, empresa dedicada al reciclado y comercialización de papel y cartón.
En ese documento, la unidad especializada advirtió sobre los posibles efectos para la salud de la población y el ambiente general.
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Cuenca Salí-Dulce: indagatoria a directivos de empresas
Citarán a directivo y funcionarios por vuelcos cloacales en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 03/07/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Luego del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que revocó el sobreseimiento y ordenó la indagatoria del extitular de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT), Alfredo Calvo, por contaminación de la cuenca Salí-Dulce con líquidos cloacales, la querellante particular Elba Ledesma advirtió que la planta San Felipe no realizaría el tratamiento adecuado de los efluentes que se vuelcan al curso hídrico.
Ledesma que junto con el fiscal general federal Gustavo Gómez apeló la resolución en primera instancia que había favorecido a Calvo, señaló que el fallo de la Cámara Federal también ordenó que el juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña cite a dar explicaciones ante la Justicia las actuales autoridades de la SAT y del ente controlador del servicio.
La mujer, vecina de la zona donde está la planta San Felipe de tratamiento de líquidos cloacales, apuntó que también la Cámara pide que se realice un nuevo relevamiento en los barrios colindantes por parte del Ministerio de Salud. También, que la Secretaría de Ambiente y la Gendarmería, realicen informes sobre los vuelcos que realiza la SAT en la cuenca.
Como se recordará, la Cámara Federal había revocado el fallo que sobreseyó a Calvo, extitular de la SAT, considerando que carecía de fundamentos. Al respecto, señaló en su fallo ya que no se tuvieron en cuenta los informes del Laboratorio de Toxicología y Química Legal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación y de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, que mostraban que los efluentes no cumplían con los parámetros legales del tratamiento debido.
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Fecha de Publicación: 03/07/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Luego del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que revocó el sobreseimiento y ordenó la indagatoria del extitular de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT), Alfredo Calvo, por contaminación de la cuenca Salí-Dulce con líquidos cloacales, la querellante particular Elba Ledesma advirtió que la planta San Felipe no realizaría el tratamiento adecuado de los efluentes que se vuelcan al curso hídrico.
Ledesma que junto con el fiscal general federal Gustavo Gómez apeló la resolución en primera instancia que había favorecido a Calvo, señaló que el fallo de la Cámara Federal también ordenó que el juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña cite a dar explicaciones ante la Justicia las actuales autoridades de la SAT y del ente controlador del servicio.
La mujer, vecina de la zona donde está la planta San Felipe de tratamiento de líquidos cloacales, apuntó que también la Cámara pide que se realice un nuevo relevamiento en los barrios colindantes por parte del Ministerio de Salud. También, que la Secretaría de Ambiente y la Gendarmería, realicen informes sobre los vuelcos que realiza la SAT en la cuenca.
Como se recordará, la Cámara Federal había revocado el fallo que sobreseyó a Calvo, extitular de la SAT, considerando que carecía de fundamentos. Al respecto, señaló en su fallo ya que no se tuvieron en cuenta los informes del Laboratorio de Toxicología y Química Legal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación y de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, que mostraban que los efluentes no cumplían con los parámetros legales del tratamiento debido.
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Industria azucarera proyecta mejoras ambientales
El desafío azucarero de cultivar energía
Fecha de Publicación: 28/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional - jujuy
El sector se propone contribuir a mitigar el cambio climático con diferentes productos energéticos sustentables.
El suelo como clave para la productividad, la remolacha azucarera contra la caña de azúcar, el cambio climático, diseños mejorados de molienda, estrategias para hacer frente al lobby anti azúcar, etanol de caña solución sustentable para el transporte del futuro, son algunos de los temas que técnicos y científicos de diferentes países expondrán en el primer Congreso Mundial del Azúcar que se realizará en septiembre en Tucumán, Salta y nuestra provincia. Las principales empresas de maquinarias, instituciones, ingenios, laboratorios, exportadores e importadores y demás empresas vinculadas al sector confirmaron su presencia. Con el slogan "Cultivando energía. La próxima página", el comité organizador del congreso se propone el desafío de contribuir con diferentes productos energéticos al consumo de una población mundial en constante crecimiento que ya no solo demanda alimento. El mundo necesita cantidades crecientes de energías renovables, con soluciones sustentables para mitigar los efectos negativos en el cambio climático derivados del uso de petróleo y gas.
"Confiamos en que con el inmenso potencial de la caña de azúcar y el esfuerzo de sus técnicos, este congreso nos brindará la oportunidad de establecer conocimientos e ideas, desarrollando así nuevos lineamientos para un futuro mejor", explicó.
Se apuesta a que el congreso sirva para sentar las bases de un proceso que asegure a futuro una industria mucho más eficiente de la que es hoy con el aprovechamiento integral de todo su potencial energético. Para ello, el país tiene que orientarse con mayor firmeza hacia políticas que apoyen los productos renovables como el aprovechamiento de la biomasa de la caña de azúcar y disminuir el uso de hidrocarburos.
El Congreso está organizado por la Sociedad Internacional de Tecnólogos de la Caña de Azúcar y la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar. Se espera la visita de dos mil especialistas de unos ochenta países, más una cantidad similar de investigadores y técnicos argentinos.
Las actividades se iniciarán con un pre congreso, a realizarse del 31 de agosto al 1 de septiembre en Tucumán, que incluirá visitas a instituciones, industrias y campos de producción de caña de azúcar. Mientras tanto, el congreso tendrá lugar del 2 al 5 de septiembre en Tucumán, con sesiones plenarias, presentación de trabajos científicos y técnicos, exhibición de productos y maquinarias. Proseguirá del 6 al 8 de septiembre en Jujuy y Salta con una gira destinada a mostrar el desarrollo y la tecnología aplicada en la producción y los procesos industriales.
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Fecha de Publicación: 28/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional - jujuy
El sector se propone contribuir a mitigar el cambio climático con diferentes productos energéticos sustentables.
El suelo como clave para la productividad, la remolacha azucarera contra la caña de azúcar, el cambio climático, diseños mejorados de molienda, estrategias para hacer frente al lobby anti azúcar, etanol de caña solución sustentable para el transporte del futuro, son algunos de los temas que técnicos y científicos de diferentes países expondrán en el primer Congreso Mundial del Azúcar que se realizará en septiembre en Tucumán, Salta y nuestra provincia. Las principales empresas de maquinarias, instituciones, ingenios, laboratorios, exportadores e importadores y demás empresas vinculadas al sector confirmaron su presencia. Con el slogan "Cultivando energía. La próxima página", el comité organizador del congreso se propone el desafío de contribuir con diferentes productos energéticos al consumo de una población mundial en constante crecimiento que ya no solo demanda alimento. El mundo necesita cantidades crecientes de energías renovables, con soluciones sustentables para mitigar los efectos negativos en el cambio climático derivados del uso de petróleo y gas.
"Confiamos en que con el inmenso potencial de la caña de azúcar y el esfuerzo de sus técnicos, este congreso nos brindará la oportunidad de establecer conocimientos e ideas, desarrollando así nuevos lineamientos para un futuro mejor", explicó.
Se apuesta a que el congreso sirva para sentar las bases de un proceso que asegure a futuro una industria mucho más eficiente de la que es hoy con el aprovechamiento integral de todo su potencial energético. Para ello, el país tiene que orientarse con mayor firmeza hacia políticas que apoyen los productos renovables como el aprovechamiento de la biomasa de la caña de azúcar y disminuir el uso de hidrocarburos.
El Congreso está organizado por la Sociedad Internacional de Tecnólogos de la Caña de Azúcar y la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar. Se espera la visita de dos mil especialistas de unos ochenta países, más una cantidad similar de investigadores y técnicos argentinos.
Las actividades se iniciarán con un pre congreso, a realizarse del 31 de agosto al 1 de septiembre en Tucumán, que incluirá visitas a instituciones, industrias y campos de producción de caña de azúcar. Mientras tanto, el congreso tendrá lugar del 2 al 5 de septiembre en Tucumán, con sesiones plenarias, presentación de trabajos científicos y técnicos, exhibición de productos y maquinarias. Proseguirá del 6 al 8 de septiembre en Jujuy y Salta con una gira destinada a mostrar el desarrollo y la tecnología aplicada en la producción y los procesos industriales.
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Otro empresario a que se le revocó sobreseimiento
Cámara Federal revocó sobreseimiento a directivo acusado de contaminación
Fecha de Publicación: 27/06/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán revocó un sobreseimiento que beneficiaba al presidente de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT) ingeniero Alfredo Calvo. En el fallo, ordena que se lo cite a prestar declaración indagatoria, imputado por el delito de contaminación ambiental con líquidos cloacales que se tiran a la cuenca del río Salí-Dulce.
“Es un importante antecedente jurisprudencial para todos los vecinos de nuestro país que hoy sufren la contaminación con efluentes cloacales, denuncien este delito. Por fallos como estos no podemos permitir que el proyecto de Código Penal derogue la ley 24.051”, señaló al respecto el fiscal federal ante la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez.
La causa tiene como querellante a la exconcejal de Las Termas de Río Hondo, Anita Loto, y data de más de una década.
El Tribunal revocó la resolución de fecha 12 de diciembre de 2017 que fue emanada por el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Instrucción de Tucumán, Fernando Poviña, y “disponer que vueltas las actuaciones al Juzgado de origen, sea ordenado el llamado a prestar declaración indagatoria”.
En su fundamentación ante la Cámara Federal, el fiscal Gómez señaló que el imputado “nunca prestó declaración indagatoria y que ostenta un grandilocuente plexo probatorio adverso”, por lo cual sostuvo “carecía de fundamento” el sobreseimiento de Calvo.
El funcionario del Ministerio Público Fiscal añadió que en virtud de las pruebas, se “estaría en presencia de una clara contaminación de un canal de agua con diversas aplicaciones, entre ellas riego, desagüe y consumo humano, ya que el río es utilizado cuenca abajo para esos fines habida cuenta de las probanzas elocuentes en cuanto a la eliminación de efluentes cloacales sin el debido tratamiento, consumándose la maniobra mediante canales ocultos”.
Por lo expuesto, el fiscal federal general entiende que existió una “maniobra artera de quien quiere ocultar su delito”.
Agregó que sobre la base de informes de Laboratorio de Toxicología y Química Legal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación y la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, “la SAT estaría realizando un fraude porque no realiza el debido tratamiento en su planta de San Felipe y arroja residuos cloacales y de agroquímicos prohibidos sin ser tratados al río Salí, con afectación” a Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba.
Gómez concluyó en su fundamentación ante el tribunal, que “se encontraría totalmente probado en los informes de los peritos bioquímicos -antes referenciados-, la peligrosidad inminente para la salud pública en base a las muestras analizadas de los efluentes arrojados”. Por ello, sostuvo que “la sentencia apelada carecería de fundamentos” y solicitaba “su revocación y la continuación de la tramitación de esta causa”.
A partir de la decisión de la Cámara Federal, el juez Poviña tendrá que citar a Calvo y proceder a tomarle declaración indagatoria.
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Fecha de Publicación: 27/06/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán revocó un sobreseimiento que beneficiaba al presidente de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT) ingeniero Alfredo Calvo. En el fallo, ordena que se lo cite a prestar declaración indagatoria, imputado por el delito de contaminación ambiental con líquidos cloacales que se tiran a la cuenca del río Salí-Dulce.
“Es un importante antecedente jurisprudencial para todos los vecinos de nuestro país que hoy sufren la contaminación con efluentes cloacales, denuncien este delito. Por fallos como estos no podemos permitir que el proyecto de Código Penal derogue la ley 24.051”, señaló al respecto el fiscal federal ante la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez.
La causa tiene como querellante a la exconcejal de Las Termas de Río Hondo, Anita Loto, y data de más de una década.
El Tribunal revocó la resolución de fecha 12 de diciembre de 2017 que fue emanada por el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Instrucción de Tucumán, Fernando Poviña, y “disponer que vueltas las actuaciones al Juzgado de origen, sea ordenado el llamado a prestar declaración indagatoria”.
En su fundamentación ante la Cámara Federal, el fiscal Gómez señaló que el imputado “nunca prestó declaración indagatoria y que ostenta un grandilocuente plexo probatorio adverso”, por lo cual sostuvo “carecía de fundamento” el sobreseimiento de Calvo.
El funcionario del Ministerio Público Fiscal añadió que en virtud de las pruebas, se “estaría en presencia de una clara contaminación de un canal de agua con diversas aplicaciones, entre ellas riego, desagüe y consumo humano, ya que el río es utilizado cuenca abajo para esos fines habida cuenta de las probanzas elocuentes en cuanto a la eliminación de efluentes cloacales sin el debido tratamiento, consumándose la maniobra mediante canales ocultos”.
Por lo expuesto, el fiscal federal general entiende que existió una “maniobra artera de quien quiere ocultar su delito”.
Agregó que sobre la base de informes de Laboratorio de Toxicología y Química Legal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación y la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, “la SAT estaría realizando un fraude porque no realiza el debido tratamiento en su planta de San Felipe y arroja residuos cloacales y de agroquímicos prohibidos sin ser tratados al río Salí, con afectación” a Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba.
Gómez concluyó en su fundamentación ante el tribunal, que “se encontraría totalmente probado en los informes de los peritos bioquímicos -antes referenciados-, la peligrosidad inminente para la salud pública en base a las muestras analizadas de los efluentes arrojados”. Por ello, sostuvo que “la sentencia apelada carecería de fundamentos” y solicitaba “su revocación y la continuación de la tramitación de esta causa”.
A partir de la decisión de la Cámara Federal, el juez Poviña tendrá que citar a Calvo y proceder a tomarle declaración indagatoria.
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Otra audiencia pública por la cuenca Matanza Riachuelo
Convocan a audiencia pública para propuestas de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 22/06/2019
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
El organismo busca promover la participación ciudadana para establecer tres nuevas líneas de acción para el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el aviso publicado este martes en el Boletín Oficial
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) convocó a una audiencia pública para la presentación de propuestas destinadas al saneamiento de ese espejo de agua altamente contaminado.
El organismo busca promover la participación ciudadana para establecer tres nuevas líneas de acción para el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el aviso publicado este martes en el Boletín Oficial.
La Audiencia Pública se llevará a cabo el viernes 12 de julio de 2019 a las 9:00 en el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires.
El encuentro será presidido por el presidente de Acumar, Lucas Figueras.
Los interesados en participar en la Audiencia Pública, sean personas humanas o jurídicas, deberán inscribirse a partir del 25 de junio hasta el día 9 de julio de 2019 inclusive, en la página web de la ACUMAR donde también podrán tomar vista del expediente.
La inscripción será libre y gratuita, y se realizará a través del formulario el cual estará disponible para su carga online en la página web antes citada durante los días precedentemente mencionados.
En el formulario los participantes informarán el orador designado y detallarán brevemente el contenido de la exposición a realizar en relación al documento de consulta, el cual estará disponible en la página web citada.
El Matanza-Riachuelo es uno de los cursos de agua más contaminados del país, un drama que afecta a alrededor de 5 millones de personas que viven en la Cuenca homónima.
En julio de 2004 un grupo de vecinos de la denominada Villa Inflamable, en el partido bonaerense de Avellaneda, realizaron una presentación judicial contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación y solicitaron la remediación del ambiente dañado.
Cuatro años más tarde, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo histórico y determinó la responsabilidad de los gobiernos de las distintas jurisdicciones en materia de prevención y recomposición del daño ambiental existente en la Cuenca Matanza- Riachuelo.
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Fecha de Publicación: 22/06/2019
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
El organismo busca promover la participación ciudadana para establecer tres nuevas líneas de acción para el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el aviso publicado este martes en el Boletín Oficial
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) convocó a una audiencia pública para la presentación de propuestas destinadas al saneamiento de ese espejo de agua altamente contaminado.
El organismo busca promover la participación ciudadana para establecer tres nuevas líneas de acción para el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el aviso publicado este martes en el Boletín Oficial.
La Audiencia Pública se llevará a cabo el viernes 12 de julio de 2019 a las 9:00 en el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires.
El encuentro será presidido por el presidente de Acumar, Lucas Figueras.
Los interesados en participar en la Audiencia Pública, sean personas humanas o jurídicas, deberán inscribirse a partir del 25 de junio hasta el día 9 de julio de 2019 inclusive, en la página web de la ACUMAR donde también podrán tomar vista del expediente.
La inscripción será libre y gratuita, y se realizará a través del formulario el cual estará disponible para su carga online en la página web antes citada durante los días precedentemente mencionados.
En el formulario los participantes informarán el orador designado y detallarán brevemente el contenido de la exposición a realizar en relación al documento de consulta, el cual estará disponible en la página web citada.
El Matanza-Riachuelo es uno de los cursos de agua más contaminados del país, un drama que afecta a alrededor de 5 millones de personas que viven en la Cuenca homónima.
En julio de 2004 un grupo de vecinos de la denominada Villa Inflamable, en el partido bonaerense de Avellaneda, realizaron una presentación judicial contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación y solicitaron la remediación del ambiente dañado.
Cuatro años más tarde, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo histórico y determinó la responsabilidad de los gobiernos de las distintas jurisdicciones en materia de prevención y recomposición del daño ambiental existente en la Cuenca Matanza- Riachuelo.
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Llegó el rotulado de eficiencia energética para autos
El 15 % de los autos que se comercialice tendrá una etiqueta de eficiencia energética
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La misma incluye datos sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2. El etiquetado pone a disposición de los usuarios información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente.
A partir de hoy, al menos un 15% de los autos que se venden en los mismos. Km de distancia recorrida) y las emisiones de CO2 (en gramos por kilómetro recorrido).
El etiquetado tiene como finalidad la disposición de los usuarios la información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente, la información sobre la hora de elegir y adquirir un vehículo.
Se trata de autos livianos (hasta 3.500 kg) con la etiqueta informativa de eficiencia energética, según Resolución 85/2018 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la norma IRAM-AITA 10274. En lo sucesivo se agregan más modelos hasta alcanzar, en junio de 2020, la totalidad de los vehículos nuevos comercializados.
Así lo anunciaron este mediodía el secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y los representantes de la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda, el coordinador de Transporte de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Fernando Lía, y el director de Educación y Fomento en Uso Responsable de la Energía, Juan Manuel Ojea, en el evento “Sin contaminación del aire”, en el marco de la celebración por el Día Mundial del Ambiente realizada en la Plaza de las Armas Ejército Argentino.
Allí, Bergman aseguró: “Junto con nuestros compañeros de energía, les presentamos esta iniciativa de etiquetado vehicular. La idea es que progresivamente todos los vehículos tienen un etiquetado ”. Al tiempo de señalar: “No nos olvidamos de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es reflexionar sobre cómo producir, cómo consumir y cómo cambiamos nuestros hábitos”; en particular, sobre el sector automotriz, remarcó la importancia "de que esa industria tiene una calificación en términos de cómo impacta en el ambiente y cuánto se impacta en la salud de la gente".
Finalmente, el funcionario nacional destacó: "Nos alegra poder hacer lo que el Presidente nos pide, trabajar como un equipo, todas las secretarías y ministerios de diferentes incumbencias, haciendo juntos este trabajo convergente".
El evento también contó con la presencia del subsecretario de fiscalización y la recomendación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Trebino; El embajador de Canadá, David Usher; El presidente de APRA, Juan Filgueira Risso, entre otros.
Beneficios de la etiqueta de eficiencia energética:
· Hacer una comparación entre los vehículos según su consumo y desempeño;
· Poder optar por el auto más eficiente, es decir, el que menos energía consumir, manteniendo la misma prestación;
· Ahorrar dinero como producto del ahorro de combustible.
La información se convirtió en la etiqueta se obtuvo la redacción se obtuvo en la redacción IRAM / AITA 10274-1, que se describe la información que se debe seguir para realizar la transmisión de emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos livianos.
El formato de la etiqueta debe cumplirse según lo detallado en la norma IRAM / AITA 10274-2 y debe incluir la información de la marca comercial, modelo, tipo de combustible, cilindrada del motor, marchas del automóvil y nivel de emisiones. La correspondiente norma europea de cumplimiento.
En su parte inferior, por su parte, se incorporó un código QR que remite al sitio web oficial de etiquetado vehicular.
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Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La misma incluye datos sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2. El etiquetado pone a disposición de los usuarios información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente.
A partir de hoy, al menos un 15% de los autos que se venden en los mismos. Km de distancia recorrida) y las emisiones de CO2 (en gramos por kilómetro recorrido).
El etiquetado tiene como finalidad la disposición de los usuarios la información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente, la información sobre la hora de elegir y adquirir un vehículo.
Se trata de autos livianos (hasta 3.500 kg) con la etiqueta informativa de eficiencia energética, según Resolución 85/2018 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la norma IRAM-AITA 10274. En lo sucesivo se agregan más modelos hasta alcanzar, en junio de 2020, la totalidad de los vehículos nuevos comercializados.
Así lo anunciaron este mediodía el secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y los representantes de la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda, el coordinador de Transporte de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Fernando Lía, y el director de Educación y Fomento en Uso Responsable de la Energía, Juan Manuel Ojea, en el evento “Sin contaminación del aire”, en el marco de la celebración por el Día Mundial del Ambiente realizada en la Plaza de las Armas Ejército Argentino.
Allí, Bergman aseguró: “Junto con nuestros compañeros de energía, les presentamos esta iniciativa de etiquetado vehicular. La idea es que progresivamente todos los vehículos tienen un etiquetado ”. Al tiempo de señalar: “No nos olvidamos de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es reflexionar sobre cómo producir, cómo consumir y cómo cambiamos nuestros hábitos”; en particular, sobre el sector automotriz, remarcó la importancia "de que esa industria tiene una calificación en términos de cómo impacta en el ambiente y cuánto se impacta en la salud de la gente".
Finalmente, el funcionario nacional destacó: "Nos alegra poder hacer lo que el Presidente nos pide, trabajar como un equipo, todas las secretarías y ministerios de diferentes incumbencias, haciendo juntos este trabajo convergente".
El evento también contó con la presencia del subsecretario de fiscalización y la recomendación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Trebino; El embajador de Canadá, David Usher; El presidente de APRA, Juan Filgueira Risso, entre otros.
Beneficios de la etiqueta de eficiencia energética:
· Hacer una comparación entre los vehículos según su consumo y desempeño;
· Poder optar por el auto más eficiente, es decir, el que menos energía consumir, manteniendo la misma prestación;
· Ahorrar dinero como producto del ahorro de combustible.
La información se convirtió en la etiqueta se obtuvo la redacción se obtuvo en la redacción IRAM / AITA 10274-1, que se describe la información que se debe seguir para realizar la transmisión de emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos livianos.
El formato de la etiqueta debe cumplirse según lo detallado en la norma IRAM / AITA 10274-2 y debe incluir la información de la marca comercial, modelo, tipo de combustible, cilindrada del motor, marchas del automóvil y nivel de emisiones. La correspondiente norma europea de cumplimiento.
En su parte inferior, por su parte, se incorporó un código QR que remite al sitio web oficial de etiquetado vehicular.
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